Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3366-VI, martes 11 de octubre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar gestiones para que, en términos del artículo 41 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, éste se difunda en español y en las lenguas indígenas al inicio y al término de las trasmisiones de radio y televisión, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Jorge González Ilescas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El artículo 2o. constitucional, en su segundo párrafo, reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y con objeto de dar viabilidad a este atributo, la Ley de General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3o. establece que “Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana”.
Además, la ley arriba citada señala, en el artículo 4o., que las lenguas indígenas y el español “son lenguas nacionales... y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen”.
Con objeto de promover el uso de este patrimonio nacional, la ley de referencia, establece la obligación de los tres órdenes de gobierno, de preservar, reconocer y proteger el desarrollo y uso de las lenguas nacionales; y para ello, en el artículo 6 ordena que el estado destine un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, para la difusión de las lenguas indígenas.
Una de las tareas que con mayor empeño ha emprendido el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), ha sido la traducción del Himno Nacional a lenguas indígenas y conforme lo establece el artículo 39 Bis, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Secretaría de Gobernación ha autorizado 16 traducciones.
Además, de las mejores formas de promover el aprecio y uso de las lenguas indígenas entre la población nacional, y valorarlas como lenguas nacionales es difundir las interpretaciones ya autorizadas del Himno Nacional.
Sobre la interpretación del Himno Nacional, el artículo 41 de la Ley sobre El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a la letra dice: “Del tiempo que por Ley le corresponde al Estado en las frecuencias de la radio y en los canales de televisión, en los términos legales de la materia, se incluirá en su programación diaria al inicio y cierre de las transmisiones la ejecución del Himno Nacional Mexicano y en el caso de la televisión, simultáneamente la imagen de la Bandera Nacional. El número de estrofas que deberán ser entonadas será definido por la Secretaría de Gobernación”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a realizar las gestiones para que en los términos del artículo 41 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se difunda la interpretación del Himno Nacional, además de en español, en las lenguas indígenas al inicio y término de las trasmisiones de radio y televisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputado Jorge González Ilescas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a destinar 33.6 millones de pesos del PEF de 2012, partida “Sanidades”, del PEC, a la ejecución del proyecto de trabajo de la campaña contra moscas nativas de la fruta en la Huasteca potosina, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Enrique Octavio Trejo Azuara, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, de la partida presupuestal “sanidades” del Programa Especial Concurrente se destinen 33.6 millones de pesos para la ejecución del proyecto de trabajo de la campaña contra moscas nativas de la fruta en la zona Huasteca del estado de San Luis Potosí.
Consideraciones
Que el artículo 91 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de sanidad agropecuaria, señala que la política se orientará a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad y facilitar la comercialización nacional e internacional de los productos.
Que el artículo 3o., párrafo segundo, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, dispone que la Sagarpa establecerá las medidas para la reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, necesarias para minimizar la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos y microbiológicos.
Que la zona Huasteca de la entidad federativa San Luis Potosí, cuenta con una superficie de 55 mil hectáreas con organismos que albergan Moscas de la Fruta, incluidas áreas comerciales, marginales y urbana.
Que de los organismos hospederos de moscas de la fruta los cítricos tienen una superficie aproximada de 35 mil hectáreas, con una producción anual de 280 mil toneladas y un valor de la producción de 140 millones de pesos.
Que la actividad citrícola de la entidad beneficia de manera directa a 19 mil 237 productores, genera aproximadamente 280 mil jornales por cosecha y genera encadenamientos productivos transportistas, acopiadores, procesadores, proveedores de insumos y prestadores de servicio.
Que las declaratorias de zona libre y baja prevalencia de moscas de la fruta en la zona altiplano y media, respectivamente, hacen necesario llevar a cabo el manejo integrado contra moscas de la fruta en la zona Huasteca, para facilitar el tránsito de embarque de cítricos por estas zonas, con dirección hacia Guadalajara, Jalisco, y León, Guanajuato, principales mercados destino.
Que de acuerdo al Plan Rector del Sistema Producto Cítricos 2007, en la Huasteca prevalecen problemas de sanidad que son agravados debido a la falta de organización, capacidad técnica y económica.
Que el proyecto de trabajo de la campaña contra moscas nativas de la fruta en la Zona Huasteca del estado de San Luis Potosí, en el Año 2011, realizado de manera conjunta entre la Sagarpa, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y el gobierno del estado, representa un esfuerzo para llevar a cabo acciones que reduzcan los niveles de infestación de moscas de fruta en huertos de cítricos de 18 municipios de la zona Huasteca, además de huertos de mango de municipios de Valles.
Que la estrategia operativa de dicho proyecto contempla acciones de trampeo, diagnóstico, muestreo, control químico, control mecánico, seguimiento y evaluación, capacitación, divulgación y administración.
Que contar con el proyecto de trabajo de la campaña contra moscas de la fruta es un gran avance que debe ser capitalizado con la ejecución de la estrategia planteada.
Que la ejecución del Proyecto demanda recursos físicos y financieros para su ejecución, entre los que se encuentran recursos humanos, recursos materiales y servicios, que suman una inversión total de $33’664,430.00 (treinta y tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional).
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Servicios
Plan Presupuestal
Que con la realización del proyecto se espera una relación costo-beneficio equivalente a que por cada peso invertido se protegerán 4.16 pesos de producción, a favor del sector citrícola de la región y de los productores de la zona Huasteca.
Que además de reducir el MTD y larvas/kilogramo de moscas de la fruta en 35 mil hectáreas se posibilitará la certificación de huertos como temporalmente libres de moscas de la fruta de cultivos de cítricos, lo que facilitará la comercialización de los productos, así como su movilización a mercados ubicados en áreas libres y de Baja Prevalencia.
Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, como parte del Programa Especial Concurrente, dentro del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos existe una partida presupuestal para Sanidades.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, de la partida presupuestal “Sanidades”, del Programa Especial Concurrente, se destinen 33.6 millones de pesos para la ejecución del proyecto de trabajo de la campaña contra moscas nativas de la fruta en la zona Huasteca del estado de San Luis Potosí.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de octubre de 2011.
Diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP y a los gobiernos estatales que formen una comisión mixta de trabajo para atender la homologación salarial de los empleados y diversos asuntos administrativo-laborales del Conalep, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
María Araceli Vázquez Camacho y Onésimo Mariscales Delgadillo, integrantes de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a conformar una comisión mixta para atender el tema de la homologación salarial de los trabajadores, así como diversos asuntos laborales y administrativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es una institución educativa del nivel medio superior que forma parte del sistema nacional de educación tecnológica. Fue creado por decreto presidencial en 1978 como un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al amparo del artículo 3 Constitucional.
Desde su creación, hace 33 años, el Conalep es la institución educativa diseñada para responder a las necesidades de formación de cuadros técnicos que demandan las unidades económicas del aparato productivo del país. Lo anterior, en plena armonía con la norma constitucional que establece la rectoría económica del Estado.
Hoy esta institución educativa busca mejoras para cumplir las expectativas de estudiantes, docentes y empresarios: trabaja para que la población estudiantil se realice como profesionales técnicos capaces de laborar en cualquier empresa o institución nacional o internacional, con base en un modelo educativo basado en competencias laborales certificadas, diseñadas en conjunto con los sectores productivos, cuyos principios son la calidad para la competitividad.
El proceso de federalización emprendido por el Conalep desde 1998 dio origen al establecimiento del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, integrado por oficinas nacionales como órgano rector y 30 colegios estatales de educación profesional técnica creados como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. El término colegio estatal se le da a la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de cada entidad federativa.
El Conalep cuenta con aproximadamente 30 mil trabajadores a nivel nacional, pero a diferencia de los demás docentes que laboran en otras instituciones de gobierno en educación media superior, el pago de sus labores es de un 50 por ciento menos que éstos últimos; verbigracia, están los 104 pesos de pago por hora en Conalep, mientras que en un Colegio de Bachilleres el pago por hora es de 350 pesos. Conalep proporciona educación de nivel profesional técnico en más de 500 planteles que preparan a más de 290 mil jóvenes para desempeñar diferentes especialidades técnicas y que representan aproximadamente el 77.6 por ciento de los alumnos del nivel profesional técnico en el país, con la finalidad de que sus egresados se incorporen al sector productivo con mayores posibilidades de éxito.
La Secretaría de Administración del Conalep, en su página web, dentro del rubro “Seguimiento y evaluación del presupuesto asignado para 2011, tercer semestre” reporta el siguiente comportamiento presupuestal:
Cabe destacar que en el proyecto del PEF de 2011, el rubro relativo al otorgamiento de recursos para iniciar la homologación salarial de los trabajadores del Conalep estaba cero pesos, sin embargo, al final de los acuerdos y negociaciones, se etiquetaron 200 millones de pesos en el decreto del PEF de 2011 para dicho homologación. Estos recursos, en el concepto “incorporación primera etapa” en la partida 12 201 del Conalep, han permitido iniciar un cambio en esta situación, posibilitando la incorporación de un creciente número de docentes a esquemas de seguridad social, en virtud de cambios introducidos en el régimen de contratación, o el de obtener alguna prestación faltante. El contar con recursos financieros ha resultado la condición fundamental para esta modificación en beneficio de los docentes.
A continuación se presentan los avances del proceso de transferencia de recursos para mejoramiento de las condiciones laborales y sociales de los docentes del sistema Conalep por entidad federativa:
Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León
Avance: 100 por ciento.
Estatus actual: El colegio estatal ya recibió los recursos.
Pendientes: Aplicación de los recursos.
Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas
Avance: 90 por ciento.
Estatus actual: El recurso ya fue radicado al estado. El colegio está tramitando la transferencia de los recursos con la tesorería estatal.
Pendientes: Radicación de recursos al colegio estatal. Programado para liberarse en septiembre.
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Tamaulipas
Avance: 85 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por las autoridades estatales, apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de SEMS, autorización de finanzas SEMS, firma de recibo de ministración.
Pendientes: Transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
Chiapas, Nayarit, Sinaloa
Avance: 80 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por las autoridades estatales, apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de SEMS, autorización de finanzas SEMS, firma de recibo de ministración.
Pendientes: Transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
San Luis Potosí
Avance: 80 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por los participantes, apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de SEMS, autorización de finanzas SEMS.
Firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal. Radicación programada para octubre.
Michoacán, Tabasco
Avance: 70 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por todos los participantes, apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de recibo de ministración
Pendientes: Autorización de finanzas SEMS, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
Querétaro
Avance: 70 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por todos los participantes, apertura y registro de cuenta en TESOFE, autorización de finanzas SEMS.
Firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal. Radicación programada para octubre.
Guerrero, Veracruz, Yucatán
Avance: 60 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por todos los participantes, autorización de finanzas SEMS.
Pendientes: Apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
Durango
Avance: 60 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por todos los participantes, apertura y registro de cuenta en TESOFE.
Pendientes: Autorización de finanzas SEMS, firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
Campeche
Avance: 40 por ciento.
Estatus actual: Convenio firmado por las autoridades estatales, apertura y registro de cuenta en TESOFE.
Pendientes: Corrección de contrato, firma SEMS, autorización de finanzas SEMS, firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
Puebla
Avance: 10 por ciento.
Estatus actual: Firma de convenio por autoridades estatales.
Pendientes: Apertura y registro de cuenta en TESOFE, firma de SEMS, autorización de finanzas SEMS, firma de recibo de ministración, transferencia a la tesorería estatal y radicación de recursos al colegio estatal.
En el caso del Distrito Federal y Oaxaca, no se reporta el proceso de ministración toda vez que el tema educativo en cada una de estas entidades requiere de una particular atención, de ahí la importancia de considerar a estos 2 estados como un asunto particular en los trabajos de la comisión mixta.
Por estas razones, radica la importancia de impulsar este punto de acuerdo para que mediante una comisión mixta de trabajo en la que confluyan autoridades educativas, federales (SEP y Conalep), estatales representadas por los gobernadores de los estados y/o secretarios estatales de Educación, directores generales de los Conalep de los estados, docentes, sindicato y demás actores involucrados puedan abordar los siguientes objetivos de corto, mediano y largo plazos:
a) De manera inmediata se propone que en la comisión mixta de trabajo, se informe y explique la manera y montos de ministración de los recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores del Conalep fijada a un proceso gradual en 5 años de cantidad total requerida para la culminación del proceso de homologación que equivale a una cifra de aproximadamente 900 millones de pesos.
b) En el mediano plazo se propone la revisión y de ser procedente la reelaboración o restructuración del decreto que creó el Conalep de 1993.
Cabe destacar que para el próximo ejercicio fiscal 2012, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación establece un gasto programable equivalente a mil 427 millones 276 mil 985 pesos para el Conalep.
En la actualidad los Conalep estatales reciben recursos federales a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ramo 33. El monto de este fondo que proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación asciende a 5 mil 136 millones 680 mil 525. Tratándose del ramo 11 en la Secretaria de Educación Publica se propone un incremento de 5.5 por ciento. en su presupuesto. El gasto directo muestra un incremento mayor que el total, alcanzando un 27.8 por ciento. Destacan los aumentos en la Subsecretaria de Educación Media Superior (13.8 por ciento.) y en la Subsecretaria de Educación Superior (8.4 por ciento.). Es importante tomar en consideración la radicación del presupuesto para el Conalep en el ramo respectiva para un mejor flujo y aplicación del recurso.
La obligatoriedad de la educación a nivel medio superior esta en puerta, únicamente falta que la Cámara de Senadores apruebe la minuta que remitió esta LXI de la Cámara de Diputados. Ello obliga a revisar e impulsar desde su ámbito legislativo y presupuestario los cambios necesarios y la promoción de puntos de acuerdo para unificar un esquema que homologue todo el nivel medio superior. El presente punto de acuerdo va orientado en esa línea de homologación tratándose del Conalep.
Por lo expuesto y fundando, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Publica, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y a los gobiernos de los estados a atender los asuntos presupuestales de homologación salarial, laborales y administrativos del Conalep.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Publica, a los 31 gobernadores de los estados y/o secretarios de Educación Pública estatal, al director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a los directores generales de los Conalep de los estados, docentes y la representación sindical a conformar una comisión mixta de trabajo para atender y dar seguimiento permanente a los siguientes temas:
– Seguimiento del status de la ministración de recursos aprobados por la Cámara de Diputados equivalentes a los 200 millones de pesos, respecto al proceso de homologación salarial de los trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
– Revisión y en su caso modificación o restructuración del clausulado del convenio que establece las condiciones laborales de los trabajadores del Conalep, para la atención de problemas laborales como despidos y demás asuntos administrativos.
– Revisión del decreto por el que se crea el Conalep, y en su caso, la modificación o reelaboración respectiva que reconozca la naturaleza legal de los trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Publica a diseñar una estrategia de homologación académica y laboral en aras de la reforma que hace obligatoria la educación de nivel media superior.
Salón de sesiones honorable Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: María Araceli Vázquez Camacho, Onésimo Mariscales Delgadillo, Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Lizbeth García Coronado, María Guadalupe García Almanza, José Luis Jaime Correa, Claudia Edith Anaya Mota, Laura Arizmendi Campos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Mary Telma Guajardo Villarreal, José M. Flores Robledo, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Laura Itzel Castillo Juárez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Armando Meza Castro, Francisco Hernández Juárez, Ramón Jiménez López, Gerardo Leyva Hernández, Silvia Puppo Gastélum, Marcos Carlos Cruz Martínez, Juan Carlos López Fernández, Ariel Gómez León, Olga Luz Espinosa Morales, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Martha Angélica Bernardino Rojas, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Esthela Damián Peralta, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Emiliano Velázquez Esquivel, Armando Ríos Piter, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Alejandro Encinas Rodríguez, Florentina Rosario Morales, Filemón Navarro Aguilar, Domingo Rodríguez Martell, Rodolfo Lara Lagunas, Adán Augusto López Hernández, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, César Francisco Burelo Burelo, Israel Madrigal Ceja, Guadalupe Acosta Naranjo, Luis Felipe Eguía Pérez, Leticia Quezada Contreras, Adela Robles Morales, Patricio Chirinos del Ángel, Luis Antonio Martínez Armengol, Daniela Nadal Riquelme, María Isabel Pérez Santos, Genaro Mejía de la Merced, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Antonio Benítez Lucho, Omar Rodríguez Cisneros, Armando Corona Rivera, David Ricardo Sánchez Guevara, Olivia Guillén Padilla, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Cora Pinedo Alonso, Blanco Roberto Pérez de Alva, Francisco Herrera Jiménez, José Alberto González Morales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar las condiciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por los hechos ocurridos ahí el 28 de septiembre de 2011 para verificar que la concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, cumpla los protocolos de mantenimiento y seguridad en las instalaciones, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado miércoles 28 de septiembre, alrededor de 237 vuelos y 14 mil pasajeros fueron afectados por un apagón que dejó sin energía eléctrica las pistas de despegue y aterrizaje de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
2. Según reporte del director del AICM, Héctor Velázquez, se detalló que del total de vuelos afectados, 30 no pudieron despegar de sus terminales de origen, 29 no pudieron despegar del aeropuerto capitalino y 42 tuvieron que ser desviados.
3. El cortocircuito que provocó el apagón en el aeropuerto de Ciudad de México, y que provocó un caos perjudicial para miles de personas, fue causado por falta de mantenimiento en un transformador de las instalaciones del aeropuerto.
4. Citando al periódico mexicano Reforma, el cual presentó un dictamen preliminar elaborado por personal del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el transformador responsable de la falla registró una sobrecarga de potencia.
5. El aparato además tiene una antigüedad de 20 años y no recibe el mantenimiento mensual que requiere. Además, según reportes de diversos medios de comunicación, se informó que tampoco hay detalles de las verificaciones que se le hacen sobre los niveles de aceite dieléctrico, la rigidez dieléctrica, pruebas de hermeticidad ni limpieza en las terminales.
6. De acuerdo al reporte citado por Reforma, la DGAC señaló la necesidad de reemplazar el transformador que provocó el cortocircuito, al que se le hicieron reparaciones emergentes para reanudar las operaciones de la central aérea, que sin embargo no garantizan que el mecanismo no vuelva a fallar.
7. Las autoridades se limitaron a decir que el incidente no fue provocado y que el corto quemó el cableado completo del interruptor de transferencia automática.
8. Empleados del aeropuerto, según el medio, informaron que al menos en dos años no se asignó presupuesto para pagar el mantenimiento de dicho transformador y que debido a la falta de recursos la concesionaria no ha podido realizar el mantenimiento.
9. El martes 1 de junio de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CV, una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas que al momento del otorgamiento, era una empresa de participación estatal mayoritaria titular de los derechos contenidos en la presente concesión.
10. Derivado de esa concesión se establece que para la seguridad y condiciones de mantenimiento del aeropuerto, la concesionaria se sujetará a las reglas que establece la Ley de Aeropuertos en su respectivo capítulo.
11. Hasta la fecha se ha ordenado un operativo de monitoreo permanente en las instalaciones eléctricas de la terminal aérea, principalmente en pistas y torre de control, a fin de evitar un nuevo incidente como el ocurrido la semana pasada, aunque el transformador dañado ubicado en el cárcamo seis, no ha sido sustituido.
12. Además, resultado de este siniestro, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunciaron un proyecto de inversión por más de 30 millones de pesos para modernizar instalaciones eléctricas, no contemplado en el proyecto de presupuesto para 2012.
13. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos, como parte fundamental del desarrollo integral de la nación, la promoción del correcto cumplimiento de nuestro orden jurídico ya que sólo de esta manera lograremos que todos los actores de nuestra sociedad cumplan con responsabilidad su función.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise de manera urgente, de acuerdo a sus facultades, las condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los hechos ocurridos en sus instalaciones el pasado 28 de septiembre con el fin de verificar que la concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CV cumpla con todos los protocolos de mantenimiento y seguridad en las instalaciones del aeropuerto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explicar por la Secretaría de Economía los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6; fracción I, 79; numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I a VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso, dentro de los 80 productos que de acuerdo al Banco de México componen la Canasta Básica, se encuentra enlistado en octavo lugar el pollo en piezas.
La inclusión de los productos en esta categoría o lista no puede ser inducida, pues para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. Desde luego, la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) realizada por el Inegi proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
En la alimentación del mexicano, el sector avícola juega un papel importante, ya que 6 de cada 10 personas incluyen en su dieta productos avícolas (huevo y pollo); esto se debe a una cuestión cultural y a que ambos son alimentos nutritivos y versátiles en su preparación. Igualmente, en México con datos de la propia Unión Nacional de Avicultores, el consumo per cápita de pollo ha aumentado de 15.83 kilogramos en 1994 a 26 kilogramos durante 2010 y para este 2011, se estima que el consumo de pollo alcance los 26.1 kilogramos.
En cuanto a la producción, en 2010 se produjeron 2 822 millones de toneladas de carne de pollo, muy por encima de los demás cárnicos y, de esta forma, la avicultura mexicana en 2010, aportó 0.7 por ciento en el producto interno bruto (PIB) total, 19.5 por ciento en el PIB agropecuario y 38.1 por ciento en el PIB pecuario.
Las importaciones mexicanas de carne de ave se han incrementado gradualmente. En 2010 se importó 20.2 por ciento más que el año anterior, pero lo doble de los últimos 15 años, lo que significa que la tasa de crecimiento anual de 1996 al 2010 es de 10.2 por ciento.
El pollo con hueso, incluidas las piernas y muslos, representa 20.7 por ciento de los bienes consumidos por los sectores más pobres de la población, sólo después de la tortilla, que representa 27.9 por ciento.
Consecuentemente, el precio de los productos de la canasta básica como el pollo en piezas, es un asunto de trascendencia nacional, puesto que lo que ocurra con este producto, influye en la alimentación del pueblo de México y desde luego en su economía.
Ahora bien, la importación de estos productos se inscribe en la lógica de la apertura de mercados y del libre comercio, que favorecen a los consumidores finales, y en contra del proteccionismo que tanto daño ha causado a la economía nacional.
Bajo el argumento que ha desplazado a la rama de producción nacional y la ha puesto en riesgo porque el producto en cuestión tiene bajo o nulo valor agregado y baja rentabilidad, una vez que las solicitantes obtuvieron el precio de exportación promedio de pierna y muslo de pollo del periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, ajustado por concepto de flete, lo compararon con el valor reconstruido y calcularon un margen de dumping alto.
Sin embargo, la empresa Bachoco ha concentrado 92 por ciento del crecimiento de la industria del pollo en México en los últimos cinco años, y esta misma empresa impulsó la demanda por presuntas prácticas de dumping contra la importación de pierna y muslo de pollo; el 2 de julio de 2010 las empresas avícolas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Agropecuarios de Tehuacán, SA de CV (Patsa) y Buenaventura Grupo Pecuario, SA de CV (Buenaventura), solicitaron el inicio de una investigación por prácticas desleales de comercio internacional (dumping), en importaciones de pierna y muslo de pollo desde Estados Unidos.
Bachoco representa 89 por ciento de las tres promoventes.
Ante la proximidad de la resolución a esta demanda por dumping, es oportuno señalar lo siguiente:
Lo que en realidad pretenden estas empresas es que se impongan, a la introducción de muslos y piernas de pollo, cuotas compensatorias, lo que favorecería su dominancia en el ramo, pues obligaría a las empresas competidoras a elevar sustancialmente sus precios con la consiguiente repercusión negativa en el gasto familiar.
La Secretaría de Economía está ante la disyuntiva de atender las necesidades de millones de mexicanos, o de dar preferencia a los intereses de una empresa dominante en el mercado, la cual ya de por sí, ha gozado de un ambiente proteccionista ya que a diferencia de otros sectores agropecuarios que hoy son competitivos y que han estado abiertos al mercado internacional durante 25 años, Bachoco gozó de la protección primero de los 8 años entre la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), posteriormente de los 10 años iniciales que otorgó el mismo TLCAN y finalmente por la salvaguarda de 5 años que se aplicó a estos productos, bajo el mismo argumento que utilizan hoy; pero lejos de haberse preparado para la competencia internacional, ahora pretende ampliar las condiciones que le han permitido crecer en valor de ventas 65 por ciento en los últimos 5 años, mientras que el valor de la producción nacional de pollo sólo creció 56 por ciento.
No debemos perder de vista el contexto económico que priva actualmente en el mundo y en nuestro país, el director de la División de Comercio y Mercados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), David Hallam, ha dicho que "La situación general de los cultivos agrícolas y los productos alimenticios es de tensión, con los precios mundiales en niveles obstinadamente altos, lo que supone una amenaza para muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos".
Recientemente, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, dijo que la nula competencia para casi la mitad de los productos de la canasta básica que consumen los mexicanos de menores ingresos, provoca que tengan precios mayores al índice inflacionario, Carstens refirió "Si hubiera competencia en esos productos, los precios serían mucho más bajos". De acuerdo con la propia Comisión Federal de Competencia, entre 40 y 50 por ciento de los productos de la canasta básica que consumen los mexicanos, no tienen competencia y eso los encarece.
El incremento en los precios de la gasolina, el gas y el diesel, impactan a los bienes de la canasta básica sumados a la elevación de tarifas de los bienes y servicios públicos, está afectando la economía de millones de familias mexicanas, sobre todo en función de que los salarios no suben en la misma proporción de los aumentos, bajando drásticamente el poder adquisitivo de la población.
Por ello, la pertinencia en el tema de esta proposición con punto de acuerdo ya que no podemos permitir que de manera irresponsable se impida a millones de compatriotas el acceso a una alimentación de calidad a precios justos producto de la competencia.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que por conducto del secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta Secretaría a aceptar la investigación anti dumping (prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios), a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia; solicitadas por las empresas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Agropecuarios de Tehuacán, SA de CV, (Patsa) y Buenaventura Grupo Pecuario, SA de CV (Buenaventura); antes de emitir una resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se promueven la creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se promueve la creación y fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en Nayarit con base en las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos años, las políticas públicas para impulsar el adelanto de las mujeres y alcanzar el ejercicio pleno del principio de igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en nuestro país, este hecho se refleja en los procesos de institucionalización de este principio a través de las aprobaciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, del mismo modo, esto se ha replicado en las entidades federativas al aprobarse leyes estatales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de combate a la violencia de género, así como la creación de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.
De igual forma, la aprobación de esta normatividad y los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres, ha logrado permear en la vida institucional en los gobiernos de los diferentes niveles, incluso ha permitido la armonización de la normatividad así como la asignación de recursos presupuestales para el cumplimiento de dichos compromisos de orden internacional y nacional.
Al respecto, en el ámbito municipal se ha ido avanzando en la consolidación de políticas públicas que reconozcan los derechos de las mujeres y que han generado las condiciones de oportunidades para el adelanto de las mujeres y su desarrollo en las diferentes esferas. En este sentido, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Mujeres hasta la actualidad se han creado más de mil 200 instancias municipales de mujeres, lo que significa que todavía quedan un poco más del 50 por ciento de municipios sin instancias de mujeres. En este tenor, en Nayarit, de 20 municipios que integran la entidad, únicamente tres cuentan con estas instancias.
La importancia de estas instancias de mujeres en los gobiernos municipales es por el encargo de establecer programas, proyectos y acciones para la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de las mujeres de manera permanente e integral en el municipio.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creó en 2005 el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, a partir de 2008 se reformula la estrategia del fondo, dando especial importancia al ámbito local como parte primordial para lograr una transformación en las políticas públicas de los municipios que posibiliten el desarrollo local incluyente. Con este propósito se crea el Fondo para Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (Fodeimm).
El objetivo del Fodeimm es favorecer el desarrollo de las instancias municipales de las mujeres (IMM) para aumentar su capacidad de incidencia en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas locales encaminadas a lograr la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo municipal a través del proceso de institucionalización y transversalidad del enfoque de género.
Por otra parte, Nayarit se encuentra entre las entidades federativas con índices de desigualdad de género más bajos, sin embargo, en un estudio realizado por Flérida Guzmán Gallangos, Hilda Eugenia Rodríguez Loredo y Priscila González Moreno se resaltan algunos problemas trascendentales como el embarazo adolescente que presenta índices en la entidad en proporciones más altas que en el resto del país, esto obviamente tienen consecuencias como que el cuidado de hijas (os) en edades tempranas restringe las oportunidades de las mujeres para avanzar en su formación profesional y laboral.
Otras de las conclusiones particulares de las autoras, permite enfatizar los avances de Nayarit en educación superior. Mencionan que es notable la participación de las mujeres en el nivel posgrado que supera el 50 por ciento de la matrícula, sin embargo, sólo falta garantizar que esa oportunidad se traduzca para las mujeres en mejores ocupaciones y lugares en la toma de decisiones de política para el desarrollo de la entidad. Aunque se observa que las mujeres han logrado alcanzar niveles educativos a la par que los hombres en el estado de Nayarit, esto no ha garantizado su incorporación favorable al mercado de trabajo, los espacios de decisión, ni una distribución equilibrada del trabajo doméstico.
Otro de los argumentos que las autoras explican es en materia laboral pues como ellas comentan “las tasas de participación económica de las mujeres son más bajas; se puede corroborar la división tradicional del trabajo por sexo claramente pues la proporción de mujeres en la PEA disminuye notablemente en comparación con su presencia entre la población en edad de trabajar. Las mujeres ocupadas se concentran en los rangos de ingreso más bajos y en las jornadas de trabajo menores. Cuentan con prestaciones en un proporción un poco mayor que los hombres y son, en menor porcentaje que ellos, empleadoras”.
En cuanto a la situación de la población indígena, Nayarit presenta amplios rezagos en la situación de las mujeres, esto es, si bien la entidad muestra un comportamiento como el promedio nacional, la población indígena del estado manifiesta serios atrasos en relación al estado, que indican condiciones de vida de las mujeres que ahondan la de por sí precaria situación de los pueblos indígenas.
El documento explica que “la diferencia en los niveles del promedio de años de escolaridad y de la tasa de alfabetismo entre los hombres y mujeres indígenas plantean la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades educativas para favorecer el incremento de los años promedio de escuela en términos equitativos que permitan dar acceso a las mujeres en las mismas condiciones que a los hombres”.
Estos son sólo algunos datos de las situaciones que presentan las mujeres respecto a los hombres en la entidad federativa y que ateñan a muchos de los aspectos locales, de ahí la necesidad que desde el ámbito microregional se puedan atender las demandas de las mujeres nayartitas que reclaman condiciones de igualdad en derechos y oportunidades. Por esta razón resulta conveniente que las instancias municipales de mujeres sean creadas en el corto plazo y puedan desarrollar políticas púiblicas con enfoque de género para abonar al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Por lo expuesto, se hace la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del estado de Nayarit a crear y fortalecer las instancias municipales de mujeres con objeto de incorporar las políticas públicas con perspectiva de género.
Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres que coadyuve en la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de mujeres en Nayarit.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía solicite la comparecencia del titular de la SCT para que informe sobre la problemática que se vive en el tramo Guadalajara-Zapotlanejo por la instalación de casetas de peaje a la altura de El Cortijo, suscrita por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Jorge Arana Arana y David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados exhorte comparecer ante esta soberanía al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe, de manera particular, la problemática que se vive en el tramo carretero de Guadalajara a Zapotlanejo, por la instalación de casetas de cobro o peaje a la altura de El Cortijo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de septiembre de 2011, los diputados del estado de Jalisco de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentamos un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al jefe del Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le retire la concesión a la empresa Red de Carreteras de Occidente, de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en su tramo del puente Fernando Espinosa hasta el nodo vial Revolución, y se le otorgue al gobierno del estado de Jalisco para que éste se encargue de su mantenimiento y así, se convierta en una vialidad local que garantice de manera gratuita la libertad de tránsito a todos los usuarios, así como se exhorte al Jefe del Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le exija a la concesionaria el retiro inmediato de las casetas de cobro o peaje mencionadas.
Asimismo, los diputados del estado de Jalisco de los grupos parlamentarios de los partidos mencionados anteriormente, también en la misma fecha, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que quedó de la siguiente manera:
Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría no podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a mexicanos, particulares, estados, municipios o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas en los términos que establecen esta Ley y los reglamentos respectivos, cuando no se garanticen vías alternas libres de peaje seguras y que mantengan condiciones similares a las concesionadas para transitar.
Los artículos transitorios en este proyecto de iniciativa son fundamentales, ya que tratan de dar solución pronta a las demandas de miles de usuarios que están siendo afectados por la imposición arbitraria, con dolo, de las casetas de peaje por parte de la Empresa Red de Carreteras de Occidente, así como regularizar los casos en los que la población es la más afectada por el mal diseño de ubicación de una caseta de cobro o peaje:
Artículos Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de los 180 días siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes a los reglamentos interiores y demás disposiciones reglamentarias; así como, crear un tabulador de multa de este tipo de infracción en lo específico a quienes incumplan este precepto y a efecto de garantizar certeza jurídica y evitar discrecionalidad en su aplicación.
Artículo Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los concesionarios mexicanos, particulares, estados, municipios o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establecen esta ley y los reglamentos respectivos, contarán con un plazo de 360 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para regularizar cualquier omisión o irregularidad respecto del cumplimiento de la presente normatividad.
Artículo Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los concesionarios mexicanos, particulares, estados, municipios o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas en los términos que establecen esta ley y los reglamentos respectivos, garantizarán el libre tránsito, implementando un mecanismo de exención de cobro para los pobladores residentes de las localidades que se encuentren en un perímetro no mayor a 10 kilómetros alrededor de las casetas para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, excepto los internacionales, que no cuentan con una ruta alterna libre de peaje para entrar y salir de su localidad y que se ven obligados a pagar, hasta que se construyan o habiliten éstos.
Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y preocupación de los legisladores de Jalisco de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados; al esfuerzo de las autoridades municipales de Tonalá y de legisladores locales y de los diversos sectores de la sociedad del área metropolitana de Guadalajara, el Director del Centro SCT Jalisco ha hecho caso omiso a las demandas, y en ningún momento ha dado señales ni muestras de querer participar en la solución de esta problemática que, de no encontrarse una solución inmediata, podría generar inestabilidad social en la región.
Finalmente, es de destacarse que este problema ya tiene varios años. Durante la LIX Legislatura, los diputados federales David Hernández Pérez, Sergio Armando Chávez Dávalos, Francisco Javier Guízar Macías, Enrique Guerrero y José Manuel Carrillo Rubio, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un punto de acuerdo el 1 de marzo de 2005, solicitando la comparecencia del entonces Secretario de Gobernación, Licenciado Santiago Creel Miranda, para que informara sobre el incumplimiento del compromiso con la Cámara de Diputados, de resolver el acuerdo del 9 de diciembre, firmado en la Secretaría de Gobernación, relativo a la caseta de cobro de Guadalajara-Zapotlanejo:
Único. Se solicita que comparezca ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, Licenciado Santiago Creel Miranda, para que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía de resolver el acuerdo del 9 de diciembre, firmado en la Secretaría de Gobernación, relativo a la caseta de cobro de Guadalajara-Zapotlanejo.
Infortunadamente, la falta de responsabilidad y de criterio mostrado hasta el momento por parte de las autoridades federales para resolver este problema ha prevalecido, sin llegar a ninguna solución.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía su apoyo para aprobar el siguiente punto de acuerdo para que se convoque al funcionario público en mención a comparecer ante esta soberanía, con base en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice en su segundo párrafo:
Artículo 93. ...
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados exhorte comparecer ante esta soberanía, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe, de manera particular, la problemática que se vive en el tramo carretero de 26 kilómetros ubicado del nodo Revolución, municipio de Tlaquepaque, al puente Fernando Espinoza por la Calzada Lázaro Cárdenas, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, carretera que conecta a Guadalajara con las autopistas que van a Lagos de Moreno (centro norte del país) y a la Ciudad de México, por la instalación de casetas de cobro o peaje a la altura de El Cortijo, situación que ha generado un fuerte reclamo social debido a su mala ubicación y al elevado cobro que afecta no sólo a los vecinos, sino también a las localidades circunvecinas de Guadalajara y de su zona metropolitana.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala a efecto de que se actúe con imparcialidad y estricta sujeción a la ley en el caso de la destitución de 16 notarios en la entidad y se salvaguarden los derechos de los particulares que hicieron trámites ante ellos, suscrita por los diputados Julián Francisco Velázquez y Llorente y Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Julián Francisco Velázquez y Llorente y Oralia López Hernández, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El caso que nos ocupa, versa sobre el procedimiento de destitución de 16 notarios en el estado de Tlaxcala por parte del gobernador de dicha entidad federativa, cuyas consecuencias legales pueden afectar seriamente a los ciudadanos que válidamente realizaron diversos trámites ante dichas notarias.
Cabe señalar, que los titulares de las notarias afectadas fueron nombrados por el anterior gobernador de Tlaxcala, y rindieron protesta en septiembre de 2010, y habían venido ejerciendo sus funciones desde hace un año prestando regular y oportunamente sus servicios a la población tlaxcalteca, sin embargo, en fechas recientes fueron sometidos a un proceso de cancelación de sus patentes, alegando vicios en el procedimiento de su designación.
Asimismo, debemos señalar que el notariado es una función de orden público, y de una importancia capital para la seguridad jurídica de las personas, ya que se da fe y constancia de los diversos actos jurídicos que se celebran y otorgan ante los notarios, precisando que como cualquier servicio público, éste debe estar sujeto al principio de regularidad, fundamento que se ha vulnerado al iniciarse un procedimiento, presuntamente arbitrario y con tintes personales, de cancelación de las patentes, poniendo en riesgo la regularidad del servicio, y de igual manera se pone en entredicho, la certeza y validez de los actos protocolizados por dichos fedatarios públicos.
La actuación pública debe estar basada en estricto sujeción a la ley, y en la imparcialidad de la autoridad encargada de su aplicación, sin hacer alusión a posiciones partidistas o ideológicas, ya que constituye un claro desvío de poder, por lo que se hace un atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Tlaxcala para que se regularice prontamente el procedimiento de revisión y análisis exhaustivo conforme a derecho, respecto a la cancelación de las patentes notariales señaladas.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Tlaxcala para que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de notariado, actúe con imparcialidad y estricta sujeción a la ley en el caso de la destitución de 16 notarios en el estado de Tlaxcala, asimismo para que se salvaguarden y garanticen los derechos de los ciudadanos que hicieron trámites ante los notarios que les fue cancelada su patente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: Julián Francisco Velázquez y Llorente, Oralia López Hernández (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar en el Sistema Nacional de Salud los cuidados paliativos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a implementar en el sistema nacional de salud los cuidados paliativos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación y adición a la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.
Se reformó la fracción I del inciso B del artículo 13; la fracción III del artículo 27; el artículo 59; la fracción III del artículo 112; y el artículo 421 Bis; se adicionaron la fracción XXX, recorriéndose las demás al artículo 3o., y la fracción IV al artículo 33, todos de la Ley General de Salud.
Asimismo, se creó un Título Octavo Bis denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, en el que se reconocen los derechos de los pacientes con enfermedades incurables y terminales y de sus familiares, así como los derechos y obligaciones de los médicos, el personal sanitario y las instituciones de salud.
Con esta adición se estableció que las instituciones del sistema nacional de salud deberán:
I. Ofrecer el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal;
II. Proporcionar los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular;
III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus familiares o persona de su confianza;
IV. Proporcionar los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento;
V. Fomentar la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal; y
VI. Garantizar la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal.
Así, es materia de salubridad general el tratamiento integral del dolor, modificación consignada en el artículo tercero de dicho ordenamiento. En este sentido, es competencia de los gobiernos de los estados atender esta disposición.
De acuerdo con los artículos transitorios primero y segundo de ese decreto, la Secretaría de Salud debió emitir los reglamentos y normas oficiales mexicanas que fuesen necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos que concede este título en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del dicho decreto, y a más de dos años de este ordenamiento, no se ha emitido ninguno de estos lineamientos.
Las autoridades de la Secretaría de Salud al parecer no tienen el mínimo interés de, en primer lugar, cumplir con su obligación como servidores públicos de cumplir con la ley y, después, de no tener el mínimo respeto por la calidad de vida humana, en particular, de los enfermos en fase terminal. Este desinterés ha generado que la atención paliativa que se brinda en las instituciones de salud mexicanas sea mínima.
La Ley General de Salud en su artículo 166 Bis 1, numeral III, define el concepto de cuidados paliativos como el “cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.”
En el artículo 33, numeral IV de la misma ley, se establece que las actividades de atención médica son “paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario”.
“La dignidad de la persona es intocable”, como indica la primera frase de la constitución alemana. El enfoque de atención dignifica el proceso de morir en los seres humanos; el final de la vida no tiene por qué estar exento de dignidad.
Los cuidados paliativos son una estrategia de atención integral que inicio en 1967; en Europa y Estados Unidos se encuentran muy desarrollados, como en España, que tiene más de 200 unidades.
En Latinoamérica se desarrolla esta especialidad médica desde hace 25 años, tal es el caso de Costa Rica, Brasil y Argentina.
Hoy es una nueva especialidad médica y en México, ya se están formando los recursos humanos.
Los equipos de atención profesional y multidisciplinario pueden ser constituidos por tres personas, por un médico especialista con conocimientos de medicina paliativa, un psicólogo y una enfermera.
Es importante destacar que si se crean 300 plazas, podrían implementarse 100 unidades de este tipo en hospitales de tercer nivel en todo el país, a razón de tres por estado, aproximadamente. Esto cambiaría rápidamente el sistema de salud mexicano.
Los cuidados paliativos son reconocidos en muchas partes del mundo como una forma adecuada de atención para pacientes que se encuentran en la fase final de la vida, por cursar con una enfermedad en la fase terminal o por tener lesiones neurológicas avanzadas, incurables, muchas veces progresivas, que han limitado gravemente su calidad de vida.
Estos cuidados vindican los derechos de los pacientes, fortalecen la relación médico-paciente, deteriorada actualmente, y fomentan la humanización del ejercicio médico, impulsando una cultura que señala que la muerte es parte de la vida, y que todos los seres humanos merecemos un final digno.
Actualmente se considera que para que las actividades sustantivas de un sistema de salud sean de calidad y puedan cubrir las necesidades de un país, deben estar orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:
1. Medicina preventiva. Es la primera prioridad de manera indiscutida. Esto permite garantizar en gran medida salud en los pueblos y optimizar sus recursos. En México es prioritaria la prevención de accidentes, de enfermedades infecciosas, del sobrepeso y sus grandes complicaciones. Si no se previene en esta última materia, será tal la cantidad de personas obesas que claudicará el sistema de salud al atender sus complicaciones.
2. Mantenimiento de la salud. Es la segunda prioridad, actuando con atención médica oportuna y de calidad, basada en las mejores evidencias científicas con prácticas médicas seguras.
3. Aceptación de la enfermedad crónica y vivir con la mayor calidad de vida y por el mayor tiempo posibles, como en el caso de enfermos diabéticos, enfermedades reumatológicas, algunos con cáncer, entre otros.
4. Ante la inminencia de la muerte, medicina paliativa eficaz. Es la cuarta prioridad. Todos los seres humanos llegaremos a esta fase en forma inevitable. Cuando se padece una enfermedad en la fase terminal, es decir, cuando ésta es incurable, progresiva y sin haber ninguna posibilidad de recuperarse, la medicina paliativa ofrece una estrategia de atención que evita el sufrimiento, alivia el dolor, evita agonías prolongadas y dignifica el proceso de morir. Esta forma de atención se puede proporcionar en el hospital o en el domicilio.
Debe insistirse en que los cuidados paliativos no son la primera prioridad de un sistema de salud. Naturalmente, las tres primeras prioridades deben ser atendidas en forma primaria, pero el proceso de morir, que es universal, no debe ser menospreciado y debe ser atendido con dignidad. Esta es la finalidad de la medicina paliativa.
Las reformas hechas a la Ley General de Salud prevén que la atención paliativa pueda darse en casa, lo cual incide positivamente en el ánimo del paciente, pues pasa sus últimos momentos en su hogar, con sus seres queridos, en lugar de en hospital frío, lleno de sufrimiento, soledad y agonía. De esto deriva, además, la optimización de los recursos materiales de una clínica, pues la atención en casa genera un gran ahorro financiero para los sistemas de salud.
En México, un día-cama en un hospital de tercer nivel cuesta 4 mil 700 pesos y en terapia intensiva 28 mil pesos. Si se considera que el pronóstico de un enfermo terminal es de seis meses —así define a estos pacientes la Ley General de Salud—, por paciente el ahorro asciende a 820 mil pesos, como mínimo, durante este periodo.
Muchos países del mundo no promueven estos servicios, argumentando que se encuentran en crisis económica y que hay que priorizar los recursos; que no pueden invertir en estos programas.
Sin embargo, este argumento debe ser la base para impulsar las unidades de cuidados paliativos ya que, además de los beneficios médicos y sociales referidos, otro importante es el ahorro que promueven para los sistemas de salud.
El ahorro generado permite optimizar los recursos económicos y materiales en otros rubros también de importancia. Los programas de cuidados paliativos son innovadores y sustentables; son alternativas que pueden considerarse muy exitosas, debido a que los pacientes reciben ayuda, fallecen de manera digna, se apoya a la familia, los hospitales se humanizan y ahorran.
Son programas donde todos ganan, por lo que deben ser implementados como política de Estado en países como el nuestro, en el que muchos mueren por enfermedades curables, y en el que muchos mueren sin dignidad.
Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sean aprobados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud para que emita los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes al Título Octavo Bis de la Ley General de Salud, en un plazo de 60 días, y así se dé cumplimiento a los artículos primero y segundo transitorios del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2009, que a la letra indican:
Artículo Primero. La Secretaría de Salud deberá emitir los reglamentos y normas oficiales mexicanas que sean necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos que concede este título.
Artículo Segundo. La Secretaría de Salud tendrá 180 días naturales para expedir el reglamento respectivo de este título, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite al titular de la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía, de manera inmediata, los motivos por los que no se ha dado cumplimiento a los artículos primero y segundo transitorios del mencionado decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2009, con base en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que dice:
Artículo 7. El secretario tendrá las siguientes facultades no delegables:
...
IX. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, del estado que guarden la secretaría y el sector coordinado, e informar, siempre que sea requerido por cualquiera de las Cámaras, cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el ámbito de su competencia.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine los recursos necesarios para que sean correctamente implementados los cuidados paliativos en las instituciones del sistema nacional de salud.
Se somete este punto de acuerdo a consideración del pleno de esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez, Jaime Sánchez Vélez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a defender por las instancias correspondientes los intereses de los productores ganaderos, con la impugnación de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La exportación de becerros para engorda a los Estados Unidos de América es una actividad que data de principios del siglo XX. Los principales estados exportadores de ganado se ubican en el norte del país: Chihuahua, Sonora y Coahuila. Como se ha hecho evidente, la ganadería en esta región se ha convertido en un eslabón para el sistema ganadero de los Estados Unidos. La venta de becerros al destete, proporciona al ganadero norteamericano un animal en condiciones propicias para lograr su peso comercial en pocos meses, con el ahorro de las etapas previas de preñez, parto y lactancia.
De 1994 al 2005, las exportaciones de ganado en pie registraron un promedio anual de 1.02 millones de cabezas; sin embargo, en los últimos años se ha ubicado en 818,400 cabezas. Es decir, hay una notable disminución en el número de cabezas exportadas; la exportación de becerros de México a Estados Unidos se ha reducido anualmente desde el año 2004 a una tasa promedio de 19.8 por ciento, como respuesta a la disminución del precio pagado por el ganado en pie importado desde México y a la introducción de la cuota por cabeza, impuesta por la ley norteamericana sobre el etiquetado de país de origen.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía del estado de Sonora, específicamente en el sector externo, presenta un decremento en la balanza de pagos, pasando de un máximo de 332 millones de dólares en el 2007, a 277 y 291 millones de dólares en el año 2009 y 2010, respectivamente. En el caso de Coahuila, las exportaciones de becerros hacia Estados Unidos se han visto afectadas de manera significativa debido a la reducción de precios de este ganado en dicho país. Tan sólo las exportaciones de becerros de Coahuila generan divisas por más de 500 millones de pesos cada año, exportando en condiciones normales 100 mil becerros al año. Sin embargo, la disminución en los precios y la introducción de la cuota, han ocasionado que los ganaderos retengan a sus animales, lo que les genera gastos adicionales de sustento y cuidado, en la espera de que mejore el precio en los Estados Unidos.
Lo anterior, ha motivado a los criadores de becerros en nuestro país a aprovechar las oportunidades del mercado interno para conseguir mejores niveles de rentabilidad. Sin embargo, por el otro lado, esta reducción de exportaciones de becerros disminuye el ingreso de divisas al país. Aunque se esperaría en este caso, una reducción en la importación de carne, no se ha logrado este objetivo secundario. En los últimos años, debido a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha existido una desmedida protección por parte del gobierno estadounidense a sus productores en todos los sectores de su economía. Es decir, en el caso de la ganadería, el grado de especialización alcanzado por los productores ganaderos de México es alto, competitivo y eficiente a nivel internacional, por lo que cuando los productores de ambos países compiten en igualdad de condiciones, los productores extranjeros ven afectados sus intereses e inmediatamente solicitan la protección de su gobierno, aún cuando no habría razón legal para hacerlo.
Los argumentos utilizados carecen de sustento técnico y científico para imponer alguna barrera no arancelaria a nuestros productos o servicios. Existen numerosos ejemplos de esta situación: el caso de los transportistas, de los productores de aguacate, de jitomate y de algunas hortalizas.
Recientemente, en Estados Unidos entró en vigor la Ley de Etiquetado por País de Origen (COOL por sus siglas en inglés), la cual es una clara e injusta barrera no arancelaria que ha afectado de forma muy grave al libre comercio y, en específico, a la exportación de becerros hacia ese país. Aunado a lo anterior, también hay una afectación económica al sector ganadero causada por la referencia que el becerro de exportación genera para el establecimiento de los precios del ganado en pie nacional; en este sentido, se habla de pérdidas estimadas de alrededor de 12 mil 500 millones de pesos al año.
Ante este panorama, el gobierno federal ha sido omiso en la defensa de los productores a nivel internacional, a la fecha, no se ha asumido ningún compromiso a efecto de defender los intereses de este sector fundamental de la economía nacional ante otros gobiernos que de manera unilateral, establecen medidas y barreras injustificadas al acuerdo de libre comercio.
Asimismo, las autoridades administrativas han mostrado complacencia ante productores de otros países y comerciantes nacionales que introducen al país productos alimenticios de muy baja calidad, que incluso no son capaces de vender en sus países de origen, renunciando a su compromiso de protección a los consumidores nacionales.
El gobierno federal no ha realizado las acciones pertinentes para la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales; ya que las autoridades no han entablado la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio. Asimismo, diversas organizaciones ganaderas han solicitado a esta honorable Cámara de Diputados, la implementación de mecanismos de apoyo al ingreso objetivo, similares a los que se otorgan a los productores de granos del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudimos a este honorable pleno para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo, entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes instrumente un mecanismo similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos de nuestro país, para otorgarlo a los productores nacionales de becerros.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de octubre del año 2011.
Diputados: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP a integrar los recursos extraordinarios que la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió para el ejercicio fiscal de 2011 como parte de su fondo irreductible a partir del Presupuesto de Egresos de 2012, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere un incremento en la partida presupuestal para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Exposición de Motivos
Es de todos conocida la situación de violencia que priva en el estado de Sinaloa; el incremento de la violencia ha generado que miles de jóvenes sufran sus estragos, producto de una guerra que no fue acordada por los poderes federales que conforman el Estado; ante ello, los “daños colaterales” han afectado a miles de jóvenes en el país; quienes no ven más futuro que formar parte del crimen organizado, del desempleo, de ser migrantes o de sufrir los estragos de una política social desigual.
Ante ello, es pertinente implementar medidas de política pública más eficaces, que incidan directamente en el combate de este flagelo, vistas desde la arista de la política social y no de la política armada, pues “la violencia genera más violencia”.
Siendo conscientes de esta situación, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo coincidimos en la necesidad de trabajar directamente con los jóvenes; para que estos no sean un capital de reserva al servicio del crimen, del desempleo y de la subcultura “nini”. Sin embargo, en el discurso nos hemos visto muy eficientes; pero en la práctica no hemos sido eficaces, pues no nos hemos mostrado benevolentes para poder emprender una acción simple que permita que la inversión en las Universidades Públicas de nuestro país y particularmente en nuestro estado se vea favorecida con recursos suficientes para poder combatir dicho problema.
Hoy en día, las Universidades Públicas del país se están convirtiendo en factores de estabilidad social para la mayoría de los estados, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no es la excepción, pues la ampliación de su cobertura permite que miles de jóvenes tengan un propósito en esta vida y sobre todo algo que hacer para no ser atraídos por estos problemas.
La UAS, presenta ante los ojos de la ciudadanía y las autoridades sus logros y datos respecto a su situación, la cual no es nada alentadora en materia de deudas económicas; como consecuencia de optar por la atención de esos jóvenes que necesitan de ella y que pese a poner en riesgo la estabilidad financiera de la institución hoy vela por aquellos jóvenes que están siendo abandonados por el gobierno. Recurriendo a la universidad como un cobijo frente a las irresponsabilidades que ha tenido la nación frente a ellos.
Es necesario fortalecer la visión que dio origen a la universidad; la generación de ciudadanos libres, pensantes y capacitados para enfrentar la vida pública; la de proveer de mano de obra calificada a la inversión en el país; la de crear profesionistas identificados con el desarrollo de un estado y superación de una nación. Esto nos mueve a buscar un fortalecimiento a una universidad que en números ha dado resultados a los ciudadanos, una universidad que busca estar a la altura de un estado que día a día contribuye con una parte importante en la producción y generación de riqueza para el país. Por eso la UAS, merece la atención de todos ustedes.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es la institución de educación superior más grande y reconocida en el noroeste de México, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a matricula; ofrece para el estado de Sinaloa servicios educativos en sus 18 municipios, atendiendo a 125,319 alumnos; lo que representa en atención estatal el 41.2 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar su bachillerato (16-18 años) y al 61.6 por ciento de jóvenes atendidos en cuanto a Educación Superior (19 a 23 años). Es por esto que se encuentra entre las diez mejores universidades públicas del país.
La matrícula que atiende para el ciclo escolar 2011-2012 está distribuida de la siguiente manera:
El 83 por ciento de esta matricula proviene de familias con ingresos mensuales en promedio no mayor a seis mil pesos al mes; una de cada 4 familias sinaloenses tiene a uno o más de sus hijos estudiando en algún plantel de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, ocupa el quinto lugar a nivel nacional en indicadores de calidad; pues, es una universidad que ha mostrado altos indicadores de capacidad y competitividad académica; 43 de sus programas educativos han sido reconocidos y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. El 82.2 por ciento de los profesores es de tiempo completo y tienen un posgrado. La universidad cuenta con 154 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); dentro del posgrado 16 programas están inscritos en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La presencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los municipios marginados es muy importante, pues presenta un plantel de educación en cada uno de los 18 municipios del estado con presencia en niveles educativos como el nivel medio superior, carreras técnicas y servicios asistenciales en municipios calificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de alto grado de marginación, como el caso de Cosala.
Además de ser baluarte en la preparación de los futuros ciudadanos de Sinaloa y de nuestra nación, la universidad también tiene un impacto social en la comunidad sinaloense, es pues un referente en la asistencia social, pues un gran porcentaje de la población que recibe un sueldo inferior a dos salarios mínimos ha acudido a recibir servicios sociales que presta la universidad.
Sin embargo, pese a estas y otras virtudes, desgraciadamente la UAS, es una universidad que está dentro de las diez universidades públicas que reciben menos financiamiento. A pesar de ser una de las universidades que presenta la tercera matricula más grande de las universidades y uno de los costos más pequeños por estudiante (32 mil 566.00 pesos), mientras que la media nacional está en 43 mil 175.00 pesos por alumno.
De no contar con el apoyo solicitado, las repercusiones para los jóvenes y las mismas familias sinaloenses serían muy fuertes; la matricula no podría ampliarse; se pondría en riesgo la gobernabilidad de la universidad; no se podría contribuir a la estabilidad social; no podríamos atender a una demanda creciente y se pondría en riesgo los indicadores de calidad.
Si consideramos, que la educación es la punta de lanza para el crecimiento de este país; consideramos que es necesario se tenga una visión de mediano y largo plazo; por ello la inversión en escuelas consolidadas y con resultados es necesaria, el caso de la UAS es uno de ellos por eso solicitamos que la inversión en la Universidad se haga presente en el Presupuesto de Egresos del 2012, con ello se logrará contribuir con el bienestar de miles de familias sinaloenses que tanto lo requieren.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Educación Pública considere los recursos extraordinarios que recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2011, se integren como parte de su Fondo Irreductible a partir del Presupuesto de Egresos 2012
Segundo. Se considere un presupuesto adicional y un calendario de asignación mediante convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública en los años subsiguientes, a fin de lograr el saneamiento financiero que requiere la institución.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: Germán Contreras García (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez, Óscar Javier Lara Aréchiga, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rolando Zubía Rivera, Miguel Ángel García Granados, Óscar Guillermo Levín Coppel, María de la Paz Quiñones Cornejo, José Trinidad Padilla López, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Víctor Manuel Castro Cosío, Roberto Pérez de Alva Blanco, Onésimo Mariscales Delgadillo, Francisco Herrera Jiménez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a dictar instrucciones para promover un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública tenga a bien girar las instrucciones necesarias a efecto de promover un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco.
Exposición de Motivos
1. Para atender las necesidades de crecimiento de los planteles educativos dependientes de los Organismos Descentralizados de Educación Superior (ODES), la Secretaría de Educación Pública tiene como antecedente inmediato el denominado Proceso de Programación Detallada (Prodet) que hasta 2006 operó la Dirección General de Planeación y Programación de dicha secretaría, la cual autorizó los recursos de gasto corriente. Dicho mecanismo se transfiere, a partir de 2007, a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la dependencia de referencia, operando actualmente bajo el programa denominado Fondo de Ampliación a la Cobertura Educativa.
2. En este orden de ideas, el programa en comento atiende los rubros de construcción, mantenimiento, equipamiento y ampliación de la cobertura a Unidades Educativas Públicas de los 31 estados de la República, bajo el esquema de coinversión de recursos que integraron los Fondos de Infraestructura, Ampliación de la Cobertura y de Innovación, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y del sector privado. En 2008, 2009, 2010 y 2011, la SEMS desarrolla el programa bajo las reglas de operación con los Fondos de Infraestructura, Ampliación a la Cobertura y de Innovación, en este último utilizando nuevas variantes.
3. En los criterios para los procesos incluidos en los Programas de Ampliación a la Cobertura, se tiene contemplada la compactación y promoción docente, que es el proceso mediante el cual el personal docente puede ser promovido de categoría o nivel, en el momento en el que se efectúa el proceso de promoción a la categoría inmediata superior dentro de los tabuladores vigentes.
4. Cabe señalar que dentro del proceso de homologación de los Colegio de Bachilleres (Cobach) y Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) con relación al personal adscrito a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), ya inició el proceso en comento, y en este sentido, dentro de la minuta del 27 de noviembre de 2007 firmada por los representantes de los Cobach y del la SEMS, se acordó que los docentes pasarían a una plaza con categoría inmediata superior, aplicándose para el año 2008.
5. En este orden de ideas, en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (Cobaej), institución dedicada a impartir educación media superior con capacitación para el trabajo en las modalidades semiescolarizada, abierta y a distancia, sólo ha sido aplicada la recategorización o promoción docente autorizada hasta 2007, ya que durante los años 2008, 2009 y 2010 no se autorizó dentro del Programa de Ampliación a la Cobertura, y en el 2011 aún está pendiente si se autoriza o no la compactación y promoción docente.
6. Es de destacar que el Cobaej ha presentado un crecimiento de sus centros educativos, pasando de 59 centros en el 2007, a 85 de ellos en 2011, y aumentando su población educativa de 13 mil 574 alumnos en 2007, a 18 mil 600 alumnos en 2011. Debido a este incremento, existen docentes que han ido aumentando sus cargas horarias, además de su antigüedad en el organismo, sin poderles retribuir con lo establecido dentro del proceso de homologación.
7. El reconocimiento económico al desarrollo individual del docente para hacer atractiva la oferta laboral que ofrece el Cobaej coadyuva a fortalecer la identidad con el organismo y su comunidad, ya que se tiene presencia educativa en comunidades apartadas de difícil acceso. Es de destacar que la oferta educativa que brinda el Cobaej ha colocado a esta institución en la segunda mejor opción dentro de las instituciones de educación media superior en el estado de Jalisco.
8. La planta docente del Cobaej asimismo, ha luchado unida y de manera solidaria por lograr mejores condiciones en su carrera laboral que les permita su continua superación así como la impartición de una enseñanza de calidad a los alumnos.
9. En 2011, el Cobaej solicitó un monto de 23 millones 393 mil 491 pesos 66 centavos con participaciones federales y estatales para la compactación y promoción docentes, debiendo ser autorizado para aplicarse en septiembre del presente año. Con base en lo anteriormente expresado, la presente iniciativa solicita a la Secretaría de Educación Pública sea promovido un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública tenga a bien girar las instrucciones necesarias a efecto de promover un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (Cobaej).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco a realizar acciones a efecto de entregar al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara los 300 millones de metros cúbicos de agua apta para consumo humano que tiene concesionados de acuerdo con los decretos federales de 1995 y 1997, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que, de conformidad con sus facultades, realicen las acciones que correspondan a efecto de entregar al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA) los 300 millones de metros cúbicos de agua apta para consumo humano que se le tienen concesionados de acuerdo con los decretos federales de 1995 y 1997 del Río Verde y tomada del mismo río para la zona conurbada de Guadalajara, en virtud de tener dieciséis años de retraso en este proyecto.
Exposición de motivos
1. El 13 de abril de 1987, el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, logró el acuerdo para preservar el Lago de Chapala, siendo suscrito por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y los gobernadores de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Asimismo, el 23 de febrero de 1990 se firmó el convenio de colaboración entre Jalisco y Guanajuato, el cual también fue suscrito por el entonces presidente de la República. En este sentido, el 22 de mayo de 1990 se tenía ya aprobado el proyecto La Zurda-Calderón, para darle a la zona conurbada de Guadalajara 12 mil 500 litros por segundo de agua.
2. En noviembre de 1994, los ciudadanos Carlos Rivera Aceves y Carlos Medina Plascencia, en ese entonces gobernadores de Jalisco y Guanajuato, firmaron el acuerdo por medio del cual se reservaron 504 millones de metros cúbicos, siendo 120 millones de metros cúbicos para León y 384 millones de metros cúbicos para Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. En ese sentido, el 7 de abril de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, elevó a decreto federal el acuerdo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, el 17 de mayo de 1996, Alberto Cárdenas Jiménez, entonces gobernador de Jalisco, convino con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se le despojara de 12 millones de metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.
3. El 22 de mayo de 1997 se firma el nuevo acuerdo de colaboración entre los entonces gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, Vicente Fox Quesada y Alberto Cárdenas Jiménez, respectivamente, estando como testigo el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Este nuevo acuerdo fue elevado a decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997, y en dicho documento quedó establecida la entrega de 120 millones de metros cúbicos para León y 372 millones de metros cúbicos para Guadalajara y su zona conurbada que incluye Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
4. En el año 2000, Francisco Javier Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, creó la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), nombrando como director al ingeniero Enrique Dau Flores. En este tiempo el Ejecutivo estatal gestionó, mediante un proyecto de decreto, un crédito por 6 mil 700 millones de pesos: 3 mil 200 millones para el proyecto de abasto de agua y 3 mil 500 millones para el proyecto de saneamiento. El Congreso de Jalisco aprobó el decreto 19985 por el cual se estipuló construir un sistema de bombeo en el Río Verde.
5. Con la entrada en funciones de la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco, el Ejecutivo estatal envió a dicho poder una iniciativa de decreto en donde sin fundamento ni técnico ni legal, se cambió el afluente de abasto de agua que se establecía en los decretos federales que es el Río Verde incluyendo el Río Santiago que es exclusivamente para saneamiento, uno de los ríos más contaminado de América Latina. El Congreso rechazó la propuesta mediante el acuerdo legislativo 238/04 del 7 de junio del 2004.
6. No obstante a lo anterior, el Ejecutivo estatal decidió hacer la presa en el Río Santiago y omitió dotar de agua a León, Guanajuato, razón por la cual en 2004 se firmó un acuerdo para construir la presa de San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, en la comunidad del mismo nombre, así como en San Gaspar, comunidad que sería inundada y en la cual los pobladores se opusieron defendiendo su iglesia que data de la época colonial.
7. Por la oposición social de los pobladores de San Gaspar, que defendieron sus tradiciones y su patrimonio cultural y natural, el entonces gobernador del Jalisco dirigió el oficio número CJ/13/2005 a Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua, por el cual notificó la cancelación del proyecto debido a dicha oposición, dando la instrucción de que la presa que sustituyera a la cancelada se realizara en un sitio en donde no se afectara a ninguna comunidad ni tierra agrícolamente rentable, proponiendo con absoluta irresponsabilidad el sitio de El Zapotillo, en donde se inundarían las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, además de 4 mil 500 hectáreas de terreno fértil. El encargado de llevar a cabo dicho proyecto fue el titular del CEA, quien no revisó una nueva propuesta, lo que ha originado un problema social mayúsculo por la afectación y oposición de los habitantes de las tres comunidades antes mencionadas.
8. El 1 de septiembre de 2005, el entonces gobernador Ramírez Acuña firmó un acuerdo de colaboración con Guanajuato, dando origen formal al proyecto El Zapotillo-Arcediano, por el cual fue instruido el entonces titular del CEA para disminuir la provisión de agua a Jalisco y a su zona metropolitana de Guadalajara a sólo 6 mil 600 litros por segundo de los 9 mil 600 que asignaron los decretos federales multirreferidos que programaron darle a la zona conurbada de Guadalajara solamente 3 mil litros por segundo de los 9 mil 600 litros por segundo a los que la región tenía derecho. De esta manera, le quedaron a Guadalajara solamente 4 mil 400 litros por segundo sumando los mil 400 litros por segundo de la presa El Purgatorio (en proyecto) lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de la zona metropolitana que crece sin planeación sustentable.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que, de conformidad con sus facultades, realicen las acciones que correspondan a efecto de entregar al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA) los 300 millones de metros cúbicos de agua apta para consumo humano que se le tienen concesionados de acuerdo con los decretos federales de 1995 y 1997 del Río Verde y tomada del mismo río para la zona conurbada de Guadalajara, en virtud de tener dieciséis años de retraso en este proyecto.
Segundo. Se exhorta al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA) para que, de acuerdo a las facultades de su convenio intermunicipal y su responsabilidad constitucional, tenga a bien concluir los estudios que están pendientes en el sitio de Loma Larga II del Río Verde desde hace ocho años, y que al mismo tiempo estudie otras alternativas en el Río Verde, a fin de tomar los 300 millones de metros cúbicos que tiene concesionados de agua apta para consumo humano de este río para la zona conurbada de Guadalajara.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
