Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3363-VII, jueves 6 de octubre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a solucionar el problema de salarios adeudados al personal académico que presenta el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 plantea como uno de sus objetivos (3.6.) “impulsar la educación abierta y a distancia” poniendo especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados. Para ello, se propone la creación de la Universidad Abierta y a Distancia la cual busca contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación.
Con ese objetivo, en 2009 la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el “Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia” (ESAD) dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior. El modelo educativo del programa busca satisfacer la demanda de educación superior de la sociedad mexicana mediante un plan de estudios flexible, inclusivo, accesible, interactivo y utilizando tecnologías de vanguardia.
El programa, ofrece a los estudiantes interesados en continuar sus estudios universitarios 13 carreras que se pueden cursar, sin costo económico, bajo la modalidad no presencial, e incluso el programa está adaptado para atender a los estudiantes que presentan alguna discapacidad motriz, visual o auditiva, y también se encuentra dirigida a mexicanos radicados en el extranjero.
El modelo educativo y pedagógico del programa está diseñado para facilitar el acceso a la educación superior ya que todas las carreras se imparten en línea, a través de internet. El modelo permite a los estudiantes planear su tiempo y ritmo de estudio, además, lo hace compatible con el trabajo u otra actividad que realice, de manera que cada alumno es el encargado de combinar sus horarios y la metodología de su aprendizaje.
El programa ha abierto 138 Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) los cuales son puntos de encuentro educativo y se encuentran localizados en todo el territorio nacional en instituciones del sistema de educación superior tecnológica: universidades politécnicas, universidades tecnológicas e institutos tecnológicos.
Los CAAU cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para que los alumnos que lo deseen asistan a recibir asesorías en línea, a estudiar, dar seguimiento a sus actividades académicas y estar en comunicación con otros estudiantes del sistema abierto y a distancia.
Asimismo, el modelo está diseñado para que cada estudiante reciba una atención personalizada en cada una de sus asignaturas, ya que cuenta con el apoyo de un tutor y de profesores facilitadores del aprendizaje, cuya misión es brindarle la orientación y seguimiento a su desempeño y trayectoria educativa.
En este modelo pedagógico, los facilitadores del aprendizaje desempeñan un rol primordial ya que como expertos en la asignatura a su cargo, su papel es básicamente académico y de apoyo a los alumnos en su formación; además, realizan una labor de monitoreo de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, apoyándolos para un mejor progreso de sus estudios, y proporcionando la retroalimentación necesaria para el desarrollo de sus actividades.
Para el ciclo escolar 2010, la matricula registrada en ESAD fue de 27 mil 234 estudiantes inscritos en alguna de sus 13 carreras. En tanto que el número de profesores facilitadores del aprendizaje para el mismo calendario fue de mil 300.
No obstante a las cualidades, el programa ESAD presenta una serie de problemas administrativos, académicos, así como en su capacidad de operación y funcionalidad.
Actualmente, el programa adeuda el pago de salarios a su plantilla de facilitadores-docentes y supervisores correspondientes al último cuatrimestre de 2010 y primer cuatrimestre de 2011. Según datos de los facilitadores la demora en el pago es una práctica repetitiva y constante, ya que incluso se les adeudaba el pago de aguinaldos correspondientes a 2010. Cabe señalar, que para agosto de 2011 tanto facilitadores como supervisores seguían sin cobrar. Ante tal situación, muchos facilitadores han solicitado información a las autoridades del ESAD y al no obtener respuesta, y por la falta de pago, se han venido retirando de las plataformas respectivas quedando un gran número de grupos sin docentes.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asignó al programa presupuestario Universidad Virtual (E045), la cantidad de 192 millones de pesos, de los cuales 110 millones de pesos son destinados al pago de honorarios. Por consiguiente, se requiere el pago a los facilitadores del aprendizaje (la lista de facilitadores aceptados para el ciclo escolar junio-noviembre de 2011, se publica en la página de Internet de la Gaceta).
Tanto los facilitadores como los supervisores trabajan sin contrato ni prestación alguna, quedando desprotegidos del marco legal.
La atención a los facilitadores y supervisores por parte de las autoridades responsables del programa es muy deficiente ya que no dan respuesta a las necesidades de los facilitadores y supervisores para brindar un mejor servicio a los alumnos.
La plataforma del programa presenta deficiencias en la operación de herramientas internas relativas al acceso, actividades y tareas de los alumnos.
Ante la situación imperante, lo cual repercute en el detrimento de la atención y calidad educativa que reciben los más de 27 mil alumnos inscritos en el programa de ESAD, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que realice las acciones necesarias para solucionar los problemas que presenta el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia relativo al pago de salarios que se adeuda a los facilitadores y supervisores, y dentro del marco legal de sus facultades, lleven a cabo las acciones que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, la auditoría de los recursos públicos aplicados en la Educación Superior Abierta y a Distancia y el cumplimiento de la función pública de los responsables de la operación del programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 5 de octubre de 2011.
Diputado José Trinidad Padilla López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al desastre natural ocurrido el 6 de septiembre de 2009 en Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, México, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados que suscriben, y el diputado Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura; con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en relación al desastre natural ocurrido el día 6 de septiembre de 2009 en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza del estado de México, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El domingo 6 de septiembre de 2009, se registró una lluvia atípica en los límites de los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, ambos del estado de México, que provocó entre otras situaciones, la ruptura del emisor poniente, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado.
El Túnel Emisor Poniente, que fue construido en la década de los sesenta, conduce las aguas pluviales que se reciben en el vaso regulador El Cristo, y son conducidas hasta el tramo a cielo abierto que se ubica en los límites de los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.
Según estimaciones de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) la precipitación pluvial, ocurrida la noche del 6 de septiembre de 2009, alcanzó en un lapso muy corto los 100 milímetros de altura, que al combinar esta situación con las lluvias generalizadas en el Valle de México, saturó el sistema de drenaje.
El impacto estimado producido por este desastre natural, es el siguiente:
• Más de 2,500 viviendas inundadas;
• De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los daños en vehículos asegurados fue de alrededor de $197, 000,000.00 (ciento noventa y siete millones de pesos);
• Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en viviendas, infraestructura de educación, salud, e infraestructura hidráulica, se perdieron aproximadamente $396,786.000.00 (trescientos noventa y seis millones, setecientos ochenta y seis mil pesos);
• Asimismo el Cenapred –en su documento preliminar de 2009, en la página 26–, señala que se inundaron 65 manzanas; 40 corresponden al fraccionamiento Valle Dorado.
Se presentan las siguientes lesiones:
• Se presenta el grave caso de un vecino de 36 años de edad, el cual presenta un pioderma gangrenoso, derivado de una enfermedad llamada lupus eritematoso sistemático , que al entrar en contacto con el agua residual, empeora hasta causar una llaga de 22 centímetros de largo por 12 de ancho. Debido al agresivo avance de la enfermedad, esta persona pierde el cartílago dejando sin movilidad su pie, de igual forma presenta una disminución ósea.
Se presentan las siguientes pérdidas de vidas
• En la parte humana, pierden la vida dos vecinos del fraccionamiento Valle Dorado; Jesús Badillo Vázquez, de 82 años de edad, quien murió ahogado en su recamara; asimismo fallece una mujer de 71 años, quien vivía en el número 144 de la calle Budapest, de la misma localidad.
Por otro lado, a raíz de la ruptura del Emisor Poniente –acontecida el 6 de septiembre de 2009–, se han llevado a cabo acciones por parte de diversas dependencias y organismos de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, sin atender integralmente el impacto social y económico de los vecinos afectados.
Es importante señalar que la Conagua, a través de la Coordinación de Proyectos para el Valle de México, elabora el proyecto ejecutivo del Túnel Emisor Poniente II, que traerá como beneficio los siguientes aspectos:
• Mayor capacidad de desalojo de los escurrimientos pluviales de la zona y en general del sistema principal de drenaje de la zona metropolitana.
• Reducción del riesgo de ruptura del Túnel Emisor I.
• Se estima una población total beneficiada de 2,126,742 habitantes para los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza.
Sin embargo a más de dos años de los acontecimientos ocurridos, aún no se encuentran atendidos los siguientes aspectos, entre otros:
• El análisis preventivo de las principales causas de la inundación;
• El desarrollo de los trabajos y las estrategias para la recuperación después del desastre ocurrido;
• La evaluación del impacto social y económico a nivel local y municipal;
• El balance real de los daños en la infraestructura municipal y patrimonial;
• Los efectos actuales ambientales;
• La recapitulación de daños;
• Los efectos macro y micro económicos.
Finalmente en el marco de la Ley de Aguas Nacionales en su artículo noveno, fracción IX, señala que es atribución de la Conagua, programar estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales.
Por lo anteriormente descrito sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, de Seguridad Social, de Vivienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta LXI Legislatura, para que citen a comparecer respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en relación a la inundación en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza en el estado de México, ocurrida el 6 de septiembre de 2009.
Segundo. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a constituir un grupo especial de trabajo para dar seguimiento a los casos de las personas fallecidas, lesionadas y afectadas a causa del fenómeno natural descrito.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para que se lleve a cabo un exhaustivo análisis que le permita a la Comisión Nacional del Agua, construir la primera etapa del proyecto del nuevo Túnel Emisor Poniente II, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México.
Cuarto. Se exhorta al titular de la Comisión del Agua del estado de México y a los funcionarios de los organismos públicos descentralizados para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, para que de manera conjunta hagan propicia una reunión con todos los vecinos y lesionados a efecto de conocer de viva voz sus inquietudes, solicitudes y demandas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputados: Carlos Bello Otero, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Sergio Saldaña del Moral, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Oaxaca y federal a realizar acciones para enfrentar la situación de urgencia de la población de Santa Cruz Mitlatongo, emitir la declaratoria de desastre correspondiente y liberar los recursos del Fonden, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo siguiente:
Consideraciones
La comunidad de Santa Cruz Mitlatongo, municipio de Magdalena Jaltepec, distrito de Nochixtlán, Oaxaca, desde el 3 de septiembre anterior y a consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas en días previos, se encuentra gravemente afectada por agrietamientos, deslaves, hundimientos de tierra y el desgajamiento del cerro La Peña.
A consecuencia de esos fenómenos, hidrometeorológico y geológico, la población ha debido ser desalojada y desplazada a la vecina zona de Loma de Trigo, cuyos terrenos son reclamados por la comunidad de Santiago Mitlatongo, con la que la primera mantiene un conflicto agrario de años.
A las calamidades generadas por la acción de la naturaleza se suman las derivadas de la falta de entendimientos y de la disputa por la tierra.
Ello ocasiona que los aproximadamente mil 300 habitantes de Santa Cruz Mitlatongo padezcan actualmente una situación de riesgo y urgencia, con un múltiple componente: carencia absoluta de servicios públicos, precariedad de sus sistemas de subsistencia, incertidumbre sobre el futuro de su hábitat y propiedades, inseguridad personal, temor respecto a la salvaguarda de su cohesión comunitaria, peligro de agresiones derivadas del conflicto agrario, etcétera.
Con las perturbaciones de la naturaleza, la gente de Santa Cruz Mitlatongo ha perdido su medio de vida y visto deterioradas sus oportunidades de desarrollo. La mayoría de los pobladores padece de la destrucción de sus viviendas, de la pérdida de su ganado, del daño a sus siembras y cosechas, de la suspensión del suministro de energía eléctrica, agua potable y abasto de alimentos, así como de la supresión de los servicios educativos y de salud.
Con el problema por tierras ha perdido la tranquilidad personal y la certeza para trabajar en paz y en orden y progresar.
La situación de estos connacionales es dramática y requiere, por tanto, el auxilio inmediato y efectivo de nuestras instituciones.
Sin duda, Santa Cruz Mitlatongo reúne las previsiones establecidas en la Ley General de Protección Civil para ser considerada zona de desastre y su población para tener la categoría de damnificada y ser susceptible del apoyo gubernamental para sobrevivir y recuperar su entorno.
Sólo se requiere satisfacer cuanto antes los requisitos normativos que conduzcan a la declaración formal y oficial de zona desastre por la autoridad competente.
Pasar de los paliativos a las decisiones de fondo que amerita la urgencia.
Transitar de las visitas de cortesía y de los ofrecimientos políticos a la acción efectiva de los estudios de campo, de la aplicación inmediata de los convenios interinstitucionales en la materia, de la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre correspondientes.
Realizar, como establece la ley, las acciones de urgencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población de Santa Cruz Mitlatongo, particularmente en materia de protección de la vida, salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, el restablecimiento de las vías de comunicación, y la reanudación del servicio eléctrico y el abastecimiento de agua; y destinar recursos del fondo de desastres autorizado para la atención de urgencias y desastres.
En suma, reconocer que en esa comunidad se ha dado un fenómeno perturbador que ha causado daños severos a la población y cuya atención rebasa las capacidades locales.
En razón de ello someto a consideración de esta soberanía, con la solicitud de que se tramiten como de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de Oaxaca y federal a realizar coordinadamente las acciones necesarias para enfrentar la situación de urgencia que presenta la población de Santa Cruz Mitlatongo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir con la mayor brevedad la declaratoria de desastre en Santa Cruz Mitlatongo, afectada por las lluvias recientes; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a liberar urgentemente los recursos considerados al respecto en el Fondo de Desastres Naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al procurador general de Justicia de San Luis Potosí a realizar esfuerzos coordinados para esclarecer el secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 24 de mayo de 2011, Adriana Martínez Campuzano, menor de trece años de edad y residente del municipio de Tamuín, en San Luis Potosí, desapareció al dirigirse a la escuela Ponciano Arriaga, donde cursaba sus estudios. Su madre, la señora Sandra Campuzano Nava, al percatarse de la desaparición de su hija, acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público en Ciudad Valles a levantar la denuncia correspondiente dando parte a las autoridades. En su declaración inicial, la señora Campuzano manifestó que “durante algunos días y antes de que desapareciera su hija, ésta había sido abordada por personas en un vehículo color negro, quienes trataron de subirla a la unidad sin conseguirlo”, y que de este hecho estaban enterados, incluso, los docentes de los planteles educativos del municipio de Tamuín.
2. Desde ese momento, la señora Sandra Campuzano Nava ha dicho que emprendió una ardua búsqueda de su hija, estableciendo contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como con diversas organizaciones no gubernamentales motivada por la falta de voluntad de las autoridades estatales y las deficientes indagatorias llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia del estado, que establecieron como única línea de investigación el supuesto de que la menor “huyó de su hogar con un amigo por problemas familiares relacionados con maltrato físico y psicológico, y que se tienen indicios confiables de que se encuentra en el estado de Veracruz”; línea de investigación que incluso difundió la Procuraduría estatal a través de un boletín de prensa fechado el 7 de junio de 2011.
3. Como consecuencia de los nulos resultados en las investigaciones por parte de la Procuraduría estatal, así como de graves inconsistencias y falta de atención al caso, la señora Sandra Campuzano estableció contacto con la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización nacional Alto al Secuestro y con la periodista Denise Maerker, cuyo equipo de reporteros se trasladaron al municipio de Tamuín para realizar una entrevista y una investigación al respecto.
4. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la señora Campuzano para localizar a su hija, el lunes 13 de junio por la noche fue encontrado el cuerpo de Adriana Martínez Campuzano, en un predio del ejido La Fortaleza, en el municipio de Tamuín, muy cerca del lugar de la desaparición, hasta donde se trasladaron representantes de la Subprocuraduría de Justicia en la zona huasteca, así como agentes de las policías ministerial y estatal, quienes confirmaron que el deceso ocurrió aproximadamente 20 días antes de la localización del cuerpo de la menor, debido a asfixia por ahorcamiento.
5. En entrevista para el programa Punto de Partida, la señora Sandra Campuzano manifestó la falta de seguimiento a las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, así como el nulo interés de las autoridades por atender el caso; incluso es manifiesto el desprecio de la autoridad estatal por brindar a la señora Campuzano una respuesta. De lo anterior da cuenta la declaración hecha por parte del gobernador de San Luis Potosí, la cual fue videograbada, transmitida en el citado espacio noticioso y de la que da cuenta el periódico regional Huasteca Hoy:
“El camino no es pedir la destitución de la autoridad, sino pedirle a la autoridad que sea competente, que hagamos todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues para que logremos esclarecer este caso y llegar al castigo de quienes hayan cometido ese atropello.
“Hemos hecho toda la indagatoria correspondiente para poder esclarecer el caso y que se reportaron cinco desapariciones de jovencitas en los últimos días, aunque una de ellas, Adriana Martínez, fue encontrada en las inmediaciones de Tamuín, muerta desde hacía varios días. Yo le podría decir (a la madre de la jovencita muerta) que si está al nivel del señor procurador, académicamente hablando, pues entonces sí lo puede calificar, pero si no tiene esa capacidad, pues es difícil hablar sin tener todos los elementos de juicio, creo que este gobierno ha dado muestras significativas de trabajar de manera fehaciente”, mencionó enfático.
6. El 21 de junio de 2011, la señora Sandra Campuzano interpuso una denuncia ante la Unidad de Tráfico de Órganos y Menores Indocumentados de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, así como una queja formal en contra del director y la psicóloga de la escuela secundaria Ponciano Arriaga, debido a que, días antes de la ubicación física de la menor fallecida y derivado de las investigaciones que la señora Campuzano llevó a cabo, las autoridades escolares señaladas le solicitaron no involucrar a la escuela por el “desprestigio que esto les generaría”. Asimismo, el 23 de junio del 2011, la señora Campuzano interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde deja constancia de todos y cada uno de los hechos anteriormente citados y solicita que se investigue la actuación de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados en el caso.
7. El caso del secuestro y homicidio de Adriana Martínez Campuzano ha puesto al descubierto la opacidad, discrecionalidad y colusión de las autoridades encargadas de investigar, esclarecer y fincar responsabilidad penal a quienes cometen delitos ya que, a partir de las denuncias hechas por la señora Sandra Campuzano ante las instancias legales, las organizaciones civiles, los medios de comunicación y organismos de defensa y promoción de derechos humanos, se ha descubierto la realidad que impacta en Tamuín, considerado en la Huasteca un pueblo “de paso” entre Ciudad Valles y el puerto de Tampico, cuya ubicación y bajo perfil se vuelven estratégicas para el tráfico de menores raptados y su traslado hacia estados vecinos como Veracruz e Hidalgo; incluso, organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de otros hechos de menores desaparecidas como el caso de Rosamaría Sánchez González o el intento de secuestro frustrado de Imelda Pérez, quien incluso ha llegado a reconocer a María del Carmen Tolentino y a su hija Belem como integrantes de una red de secuestradores que operan de manera impune bajo el conocimiento de los propios habitantes de Tamuín, que en diversas ocasiones han denunciado y que actúan bajo la protección de las autoridades, quienes se limitan a afirmar estos hechos como “aislados” y, por ende, a investigar.
Considerandos
Primero. Que para los diputados federales es fundamental diseñar esquemas de ley que permitan que las autoridades desempeñen de manera plena y transparente sus atribuciones; más aún cuando se trata de la protección y salvaguarda de los intereses primigenios de la sociedad.
Segundo. Que para la honorable Cámara de Diputados es preocupante e indignante el papel de una autoridad cuya evidente falta de conocimientos, sensibilidad y vocación de servicio traen como consecuencia no la protección sino la pérdida de vidas humanas, sobre todo cuando se trata de los menores de edad.
Tercero. Que como diputados federales alzamos la voz de manera enérgica, exigiendo a cabalidad la aplicación de la ley, cuando como en el caso de la desaparición y homicidio de una menor, la falta de profesionalismo de las autoridades, la corrupción y su evidente ineficiencia produce pérdidas irreparables, daños imborrables a las familias de quienes son las víctimas, un impacto doloroso en su entorno y gran indignación social.
Cuarto. Que en el caso que nos ocupa, todas las documentales y testimonios nos sugieren una falta de sensibilidad, el desprecio por el cuidado y la protección de los ciudadanos, una carencia de conocimientos por parte de la autoridad estatal en cada uno de sus ámbitos y la probable colusión de las propias autoridades con quienes se dedican al tráfico de menores en el poblado de Tamuín, lo que se tradujo en una deficiente investigación en el secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano.
Quinto. Que el artículo 21 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho humano de cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, contrariamente a lo que señaló el gobernador de San Luis Potosí, de evaluar a las instituciones de seguridad pública. Igualmente, el artículo 2o. del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, establece la obligación de respetar y proteger la dignidad humana, así como mantener y defender los derechos humanos de todas las personas.
Sin embargo, es evidente que, en el caso, el gobernador de San Luis Potosí y el procurador general de Justicia de la misma entidad federativa, incumplieron las obligaciones antes descritas.
Sexto. Que a lo largo de los últimos meses, diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, han denunciado hechos similares, donde menores de edad han sido vigilados, perseguidos y secuestrados y al día de hoy no se conoce por parte de las autoridades el resultado de alguna de las investigaciones; por el contrario, debido a su estratégica ubicación geográfica en la Huasteca Potosina y a la lejanía de la vigilancia y el control que las autoridades le proveen, el municipio de Tamuín se ha convertido en probable centro de operación y de secuestro de menores de edad, presumiblemente con fines de trata para ser enviados a otros estados de la república, por lo que el caso que nos ocupa ya no constituye un hecho aislado sino relevancia nacional.
En virtud de lo expuesto y fundado, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados hace un exhorto a las autoridades encargadas de la investigación de los hechos ocurridos durante la investigación del secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano a realizar esfuerzos coordinados para el esclarecimiento de éstos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a manifestar a través de la SRE su indignación, rechazo y enérgica condena por la Ley HB56, promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador de Alabama, Robert Bentley, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción I y II, numeral 2, fracciones I, II y III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, en su carácter de representante del Estado mexicano, a manifestar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su indignación, rechazo y su más enérgica condena por la reciente aprobación de la Ley HB56 promulgada el 9 de junio pasado por el gobernador de Alabama, Robert Bentley, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La HB56, llamada Ley Alabama, fue promulgada el 9 de junio pasado por el gobernador de Alabama, Robert Bentley, como parte de los esfuerzos de varios estados contra la población indocumentada.
Alabama es el segundo estado, después de Arizona, al que el Departamento de Justica demanda por sobrepasar su autoridad en tratar de regular la inmigración. El impacto de estas leyes no sólo afectará a los inmigrantes indocumentados. Estas leyes son una amenaza para las libertades y derechos civiles de todos los residentes de Alabama.
En el mismo sentido, esta legislación nulifica los contratos realizados entre ciudadanos de Estados Unidos e inmigrantes indocumentados, salvo en casos de renta de un cuarto de hotel por una noche, compra de comida, servicio médico o transporte para regresar a su país; e incluye la cláusula que penaliza con 100 dólares de multa y hasta 30 días de cárcel a todos aquellos que no porten documentación para probar su situación migratoria.
Con la entrada en vigor de dicha pieza legislativa, el estado de Alabama tiene la facultad de otorgar y ampliar el poder que ya tienen algunas agencias del orden para ejecutar acciones de inmigración como parte de sus funciones.
En los últimos años se han propuesto en Estados Unidos al menos 23 leyes estatales para controlar y desalentar la migración indocumentada de México a los Estados Unidos, principalmente en los estados de Arizona, Texas, Virginia y California.
Dichas legislaciones van desde restricciones en la transferencia de remesas, limitación en el acceso a empleos y a vivienda, y retirar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados.
Las disposiciones vigentes en el estado de Alabama permiten seguir calificando a la HB56 como la más rigurosa de las legislaciones similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.
Esta ley ratifica el requisito de controlar el estatus migratorio de los estudiantes de escuelas públicas y avala que la policía verifique el estatus de un detenido cuando exista “sospecha razonable” de que se encuentra de forma ilegal en Estados Unidos, tal como lo contemplaba la SB 1070 de Arizona.
Aunado a lo anterior, en días recientes el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), anunció la detención de 2 mil 901 indocumentados con antecedentes penales, entre ellos mil 600 condenados por delitos graves, en una redada hecha la semana pasada y que forma parte de la llamada operación Cross Check para reforzar la seguridad nacional.
Respetuosos del derecho internacional, que establece que la determinación de políticas migratorias es una decisión propia de cada estado o nación; también somos conscientes de que las mismas políticas nacionales deben tener como eje transversal el respeto a los derechos humanos.
Por ello, hoy frente a iniciativas y la emisión de normas y leyes que los pretenden desconocer, debemos reflexionar y cuestionamos hasta dónde los principios e intereses de una nación y el concepto de nacionalidad, pueden desconocer y subordinar los derechos fundamentales de los individuos, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace énfasis entre la conexión de la migración y los derechos humanos, que en su artículo 13 dispone que toda persona puede circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado.
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), los estados han reafirmado su propósito de consolidar en el Continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
En el numeral 8, del artículo 22 de la convención señala que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
En el mismo orden de ideas y en virtud de lo establecido por el artículo 64 de dicha convención, los estados miembros podrán consultar a la corte su opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales, ya que la obligación de los estados americanos de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos “va más allá del simple hecho de contar con un orden jurídico que garantice el cumplimiento de tales derechos”.
Asimismo, se reconoce que estos derechos no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos del individuo, razón por la cual justifican la protección universal, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos.
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, la Ley HB56, del gobierno de Alabama, establece una violatoria de dichas convenciones internacionales.
Migrar no es un delito. No puede serlo, aunque diversas tendencias parezcan encaminarse hacia una definición legal que así lo considere.
Por esta razón, debemos manifestar nuestro rechazo al empleo de estas medidas que atentan contra los derechos fundamentales de miles de personas que trabajan en Estados Unidos de América.
La atención a la problemática de la migración irregular entre México y Estados Unidos, naciones vecinas y amigas, debe centrarse en el fortalecimiento de la colaboración, el respeto mutuo y la generación de esquemas coordinados para actuar frente al fenómeno migratorio.
Han quedado lejos los tiempos en que la solución a la migración eran los muros, la persecución y la discriminación; vivimos en otras épocas y es de exigirse una actitud más objetiva, serena y sobre todo más elevada de equidad y de justicia. Es hora de erradicar prácticas que la historia habrá de relegar como una página obscura, quizá de las más dolorosas para el México contemporáneo.
Por lo expuesto, me permito someter con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, en su carácter de representante del Estado mexicano, a manifestar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su indignación, rechazo y su más enérgica condena por la reciente aprobación de la Ley HB56, promulgada el 9 de junio pasado por el gobernador de Alabama, Robert Bentley; e inste a la aplicación de mecanismos jurídicos que a nivel nacional o internacional permitan detener y suspender los efectos de dicha ley que actúa en perjuicio de nuestros connacionales, así como aquellos que se encuentran en proceso en otros estados de los Estados Unidos de América.
Segundo. Esta soberanía exhorta de manera muy respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la embajada y los consulados de México en los Estados Unidos de América, brinden la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar midiendo y evaluando las acciones de simplificación administrativa de trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada federal por la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012 con base en las siguientes
Consideraciones
En el contexto de la globalización de nuestros días, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales.
El desarrollo de la competitividad nacional es de suma importancia para mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este contexto, debemos reconocer que nuestro país ha perdido varias posiciones en los índices de competitividad a nivel internacional.
En materia de competitividad el país ha avanzado sin duda, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial, México es el país con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina. En el reporte 2011, México avanzó seis posiciones con respecto al año previo al pasar del lugar 41 al 35.
Por su parte en el Anuario de competitividad 2011 , del Institute for Management Development, el país avanzó nueve posiciones, del lugar 47 al 38 respecto al año pasado, principalmente por su desempeño económico y la eficiencia de los negocios.
En el índice global de competitividad en manufactura de 2010, publicado por Deloitte y el Consejo de Competitividad de Estados Unidos, México se situó como el séptimo país más competitivo para la producción de manufacturas en el mundo.
Finalmente en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, nuestro país escaló ocho lugares en el ranking de 142 naciones, al pasar de la posición 66 a la 58. Dicho informe revela que México se encuentra dentro de los 10 países que más posiciones ascendieron. En el continente americano es el que mayores avances reportó en el último año.
Cabe mencionar que el gobierno federal ha instrumentado importantes medidas para impulsar la competitividad del país como es el sistema de apertura rápida de empresas (SARE), la creación del portal tuempresa.gob.mx, para simplificar los trámites federales asociados a la creación de nuevas empresas. Así mismo, se aprobaron importantes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fomentar una mayor competencia en la economía nacional.
Analistas internacionales han establecido una relación directamente proporcional entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico, por lo que se estima que un incremento del 10 por ciento en la calidad del marco regulatorio, asumiendo que otros factores no cambien, puede tener un efecto positivo de 0.5 por ciento en el crecimiento del PIB.
El gobierno federal ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la competitividad del país, no obstante ello, es necesario profundizar en dichas políticas para colocar a nuestras empresas en posición de competir con éxito en el mercado internacional, sobre todo en sectores vulnerables a la competencia.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha venido impulsando la instalación de sistemas de apertura de empresas, como un programa de coordinación, entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mediante el cual se pretende simplificar los trámites para la apertura de empresas, disminuyendo los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
De acuerdo con el último estudio nacional 2011 del Banco Mundial, México se encuentra en el lugar 35 es decir, mejoró 6 posiciones con relación al ranking 2010 donde se ubicaba en el lugar 41 a nivel mundial en facilidad para hacer negocios, por lo que a continuación se presenta la tabla elaborada por dicha institución:
Ver tabla completa en la siguiente dirección electrónica: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
Como parte de estos esfuerzos, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (conocida por sus siglas como Cofemer) ha organizado diversas reuniones denominadas Reuniones nacionales de mejora regulatoria, con la participación de los gobiernos estatales y municipales. En dichos foros se han presentado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa y se han compartido las experiencias exitosas, contado con la participación de las organizaciones del sector privado.
Como parte de la evaluación del desempeño de dicho programa, la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha venido realizando el estudio Doing Business, a nivel subnacional, en dicho estudio se pretende evaluar y comparar los esfuerzos que los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, han realizado para simplificar y mejorar la regulación en México.
Además en dicho estudio se ha efectuado una análisis del clima general de negocios en las ciudades mexicanas seleccionadas, en donde se han considerado y evaluado los aspectos relativos a los tiempos para obtener el registro de una propiedad, el cumplimiento de un contrato, la apertura de una empresa, así como el procedimiento para obtener la licencia de construcción.
El referido estudio, por su carácter nacional e internacional, permite tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria a nivel federal, estatal y municipal con otras regiones del mundo.
En ese sentido, nos parece necesario fortalecer su aplicación, logrando que el estudio de Doing Business, a nivel subnacional, se practique anualmente con la finalidad de tener una evaluación objetiva de los avances en el procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, con la finalidad de que los ciudadanos e instituciones de gobierno conozcan con certeza los avances que el tema de simplificación administrativa tiene en México.
En virtud de lo anterior, propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012
Por lo expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012.
Solicito a esta asamblea la publicación íntegra en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse en el G20, como presidente de éste, contra las prácticas desleales de comercio ejercidas por la República Popular China y a promover el diálogo para que su gobierno flexibilice la política cambiaria, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el seno de los países del G20, y como presidente de éste, se pronuncie en contra de las practicas desleales de comercio ejercidas por la República Popular de China y se promueva el diálogo para que el gobierno de China flexibilice su política cambiaria.
Exposición de Motivos
La República Popular China es hoy la segunda economía más grande del mundo y el principal exportador del planeta. Su crecimiento se ha sustentado en la ampliación del comercio, en la alta inversión en manufactura y en profundas reformas que la han conducido a transitar hacia una economía de mercado. Sin embargo, su crecimiento también se debe en buena parte a una serie de medidas que se contraponen a los principios leales de comercio y de libre competencia.
Una de las claves del crecimiento chino fue su incorporación, en diciembre de 2001, a la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, ese país incumple, de manera continua y persistente, algunos de sus compromisos más importantes con la Organización Mundial de Comercio, lo cual afecta al desarrollo de la industria manufacturera en varias partes del mundo, incluyendo México.
La industria manufacturera de china goza de beneficios de los que sus competidores carecen y que son contrarios a las reglas de la OMC: subsidios, manipulación de los impuestos de exportación y de consumo, acceso desleal a materias primas a precios bajos, incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, participación directa del Estado en empresas productoras, entre otros.
Una de las prácticas competitivas chinas que más críticas ha recibido en el mundo es la manipulación de su moneda: el renminbi o yuan. El gobierno de China mantiene el valor de su moneda artificialmente bajo, lo que impulsa las exportaciones y bloquea las importaciones, esto representa una competencia desleal con productores de otros países.
Esta manipulación de su moneda ha afectado a miles de productores de todo el mundo. En México, diversos sectores industriales han expresado en diversas ocasiones su preocupación por la creciente invasión de productos chinos contra los cuales no logran competir debido a los bajos precios a los que estos ofertan, precios que no cubren ni siquiera los costos de producción de los industriales nacionales.
Gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales han procurado, a través del diálogo, convencer al gobierno chino de flexibilizar su política monetaria. Incluso el gobierno de México ha señalado en el pasado su intención de referirse a este tema dentro del G20 en virtud de que “las políticas que protegen a una moneda son una especie de subsidio”.
En respuesta a las críticas internacionales, el gobierno de la Republica Popular China ha realizado pequeños ajustes a lo largo del tiempo que sin embargo han resultado insuficientes y que aun hoy se niegan a valorar su moneda de conformidad con el modelo internacional de comercio.
De acuerdo con las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, para junio de 2011 se estimaba que el yuan estaba subvaluado entre 25 y 30 por ciento de su valor real, esto por si sólo vuelve merecedores de una cuota compensatoria de la misma magnitud a los productos chinos, sin embargo, el gobierno mexicano no ha impuesto cuotas de tal envergadura.
Existe un claro consenso en el sentido de que la economía mundial se beneficiaría sustancialmente con una revaluación de la moneda china. Se estima que, como resultado de nuevas exportaciones hacia China, las principales economías del mundo aumentarían su producto interno bruto, generando millones de empleos. 1
La existencia de un tipo de cambio subvaluado en China afecta directamente a la economía mexicana en dos sentidos: por una parte, un porcentaje importante de sus exportaciones ha sido desplazado; por la otra, se registra un ingreso masivo de productos chinos al país, lo que ha afectado severamente la planta productiva de México.
México es hoy el tercer socio comercial de Estados Unidos y el quinto de Canadá. En virtud de sus exportaciones hacia Norteamérica. Sin embargo, con un crecimiento superior al 30 por ciento anual entre 2000 y 2010, China nos ha superado en ambos países: es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el tercero de Canadá. En el caso del comercio bilateral con China, México registra un déficit que a finales de 2010 alcanzó los 41 mil millones de dólares.
La participación de la producción manufacturera en el PIB total de México ha tenido una reducción de casi tres puntos porcentuales en sólo diez años, situación que se traduce en la pérdida de cientos de miles de empleos. La subvaluación de la moneda china, es la herramienta causante de la perdida de participación en el comercio con nuestros principales socios así como de un desempleo masivo a causa de la reducción de la producción de las manufacturas nacionales.
Como única respuesta sobre esta situación, el gobierno federal mexicano a través de la secretaría de economía envió el pasado 28 de septiembre una carta al ministro de Comercio de la República Popular China, en la cual expresa su preocupación hacia las constantes prácticas desleales de comercio ejercidas por ciertas empresas de aquel país, y en la que se invita al gobierno de esa nación a crear un grupo bilateral que se encargue de analizar la situación y ofrecer soluciones.
Lo anterior, debe decirse, es un llamado tibio que no está acorde con la magnitud de los efectos nocivos que estas prácticas desleales han causado sobre los industriales nacionales, la economía nacional y el empleo. Es necesario se haga un llamado enérgico a respetar las practicas internacionales de comercio y sus reglas, y de lo contrario aplicar sanciones que compensen las diferencias que dan ventaja a sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, México forma parte —desde su fundación en 1999— del llamado Grupo de los 20 (G20), organismo que agrupa a los ministros de finanzas y a los directores de los bancos centrales de 19 naciones más la Unión Europea.
Las naciones del G20 representan el 90 por ciento del PIB mundial, el 80 por ciento del comercio internacional, y dos terceras partes de la población global.
En noviembre de 2011 México asumirá la Presidencia del G20, durante la cumbre que se efectuará en Cannes, Francia, y en ese sentido, tendrá la oportunidad de impulsar una agenda para alcanzar acuerdos que promuevan el desarrollo económico mundial con base en el cumplimiento de reglas aceptadas por todos los participantes, y por tanto pronunciarse en contra de la manipulación del valor de la moneda china, acto que perjudica de manera directa a todas las naciones apegadas al libre comercio y que respetan las reglas de mercado.
El gobierno de México tendrá la oportunidad de aprovechar la dirigencia del G20 para presentar e impulsar propuestas que exijan el respeto pleno de las reglas de comercio exterior donde no existan distorsiones en los mercados por subvaluaciones forzadas con un objeto premeditado como lo es hoy la manipulación de la moneda china. Con ello se dará voz a los industriales manufactureros de diversas regiones del mundo que hoy se ven reducidos como consecuencia de prácticas desleales de comercio de un país que insiste en darle un valor artificial a su moneda.
Un pronunciamiento que repruebe estas prácticas es imprescindible a fin de detener el efecto de desindustrialización que enfrentan diversas naciones entre ellas México, todo esto en pro de contribuir al crecimiento de nuestra economía y a la generación de empleos. Se debe pugnar por el pleno respeto de la libre competencia y donde las distorsiones causadas intencionalmente no tendrán lugar o serán toleradas.
Es preocupante el grado de tolerancia que el gobierno federal de México otorga a las prácticas desleales de comercio de un país aún cuando los efectos son tan evidentemente dañinos, y a los cuales incluso defienden negándose a corregir vía instrumentos como las cuotas compensatorias o barreras arancelarias estas distorsiones.
Por todo lo expuesto consideramos urgente y necesario que México, en voz del gobierno federal, haga un llamado ante la comunidad internacional para la toma de acciones efectivas que reduzcan los efectos nocivos del comercio con China y la formulación de una agenda de trabajo especial en el marco del G-20 para afrontar esta problemática global. Con ello, las máximas autoridades del país mostrarían un mayor compromiso hacia la defensa de las empresas y los trabajadores mexicanos.
Por lo anteriormente descrito, los diputados que suscriben, presentan a esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que durante la reunión cumbre del Grupo de los 20, por celebrarse los días 3 y 4 de noviembre de 2011 en Cannes, Francia, haga un pronunciamiento en contra de las prácticas desleales de comercio realizadas por la República Popular China.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que promueva ante los países integrantes del Grupo de los 20 la creación de un grupo de trabajo que analice la situación del comercio a nivel global y genere una agenda para atender la problemática y los efectos que tienen las violaciones a las reglas de comercio internacional.
Tercero. Se hace un llamado al Ejecutivo federal a que detenga inmediatamente la desgravación unilateral de aranceles a las importaciones provenientes de la República Popular China y se analice la posibilidad de incrementarlos en la magnitud en que se compense la subvaluación de su moneda, considerando los márgenes de imposición de aranceles que señala como lícitos la Organización Mundial del Comercio.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía se integre un grupo de trabajo que dé seguimiento a los efectos que tienen las prácticas desleales de comercio impuestas por China sobre la planta productiva nacional.
Nota
1 Robert Scott, “Briefing papers 318: the benefits of revaluation”, en Economic Policy Institute. Junio 17, 2011. Fred Bergsten, “Correcting the chinese exchange rate: an action plan”, testimonio ante la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, 24 de marzo de 2010. Disponible en www.iie.com
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).
Con punto de acuerdo, relativo al daño ambiental causado en la bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el que suscribe, diputado federal Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, realiza proposición con puntos de acuerdo en torno al daño ambiental causado en la Bahía de Guaymas, Sonora, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. Guaymas, formalmente Heroico Puerto Guaymas de Zaragoza, también conocida como La Perla del Mar de Cortés, es una ciudad portuaria y cabecera del municipio del mismo nombre en el estado de Sonora. Está ubicada en una pequeña bahía en el Golfo de California cerca de la boca del río Yaqui, a 117 kilómetros al sur de Hermosillo, capital del estado y tiene una población de 113 mil 82 habitantes, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 1
El municipio de Guaymas tiene un área de 12 mil 206.18 kilómetros cuadrados, de ahí que sea uno de los más grandes del estado; y cuenta con una infraestructura para el transporte consistente en una red carretera de 986.8 kilómetros, de los cuales 118.2 corresponden a la red principal, 184.6 a la red secundaria y 684 kilómetros son caminos rurales o vecinales. Tiene además un ramal de líneas férreas de 4.5 kilómetros, un aeropuerto internacional, 8 aeropistas y un puerto con una longitud total de atraque de 17 mil 602 metros distribuidos entre el puerto de altura y la extensión de atraque para la actividad pesquera; siendo considerado como el segundo más grande en la costa pacífica de México, tan sólo rebasado por Manzanillo.
Cuenta con más del 83 por ciento de los muelles que operan en el estado; y con una flota compuesta por 359 embarcaciones camaroneras, 32 sardineras, 3 escameras y 910 embarcaciones menores, haciendo un total de 1,304.
2. En atención a su ubicación geográfica, Guaymas se ha destacado por tener una economía fundamentada en la pesca y otras actividades relacionadas con el mar; es una de las principales productoras de camarón en el norte del país y anteriormente se destacó también por su captura de ostras.
La pesca ocupa a 11 mil 800 personas en la captura y otras 325 en la acuacultura. El 80 por ciento de esas personas proviene de las comunidades ribereñas de la misma región; el 15 por ciento de otras localidades del estado; y sólo un 5 por ciento de otros estados, particularmente de Sinaloa y Nayarit.
La ciudad de Guaymas aporta el 70 por ciento de la producción pesquera total el estado, siendo las principales especies capturadas la sardina, el camarón y el calamar. El 55 por ciento de esos productos se comercializa en Sonora y el resto tiene como destino final el mercado nacional y el exterior. El camarón que se exporta tiene un alto precio en el mercado internacional, lo que hace a la pesca guaymense muy dependiente de las condiciones de este mercado.
3. Guaymas también tiene una importante industria turística. La zona de playa orientada a esta actividad se ubica al noroeste del puerto, y está formada principalmente por la bahía de San Carlos y sus alrededores, y por la bahía de Bacochibampo o Miramar.
Entre los atractivos ecoturísticos se encuentran las reservas estero de El Soldado, Isla de San Pedro Nolasco, Cajón del Diablo y Cañón de Nacapule, en los que habitan especies endémicas, esto es, que no existen en otro lugar del mundo. 2
Además, la bahía de Guaymas ofrece atractivos turísticos tales como: golf, snorquel, pesca deportiva, cabalgata, tours ecoturísticos, ciclismo, buceo, kayak y un centro histórico, entre otras opciones.
II. Consideraciones
1. La contaminación puede definirse como aquel proceso de transmisión y difusión de humos o gases tóxicos, particularmente, la atmósfera y el agua; así como de polvos y gérmenes y ruido provenientes de la actividad del ser humano en el medio ambiente.
Hoy día, el desarrollo y progreso tecnológico han originado diversas formas de contaminación que finalmente son factores de alteración del equilibrio ecológico y del propio ser humano. Éste es un problema más crítico que en épocas pasadas.
Entre esas modalidades, se identifica la “contaminación marítima”, la cual se define como la “Introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energías en el ámbito marino que produzcan efectos tan perjudiciales como dañan a los recursos vivos, peligro para la salud humana, obstáculo a las actividades marinas, deterioro a la calidad del agua de mar para su uso, y reducción de los turísticos”.
Si bien desde hace muchísimos años el hombre ha volcado sus desechos en las aguas, en condiciones normales éstos podían auto depurarse: las aguas arrastraban los desechos hacia los océanos, las bacterias utilizaban se encargaban de degradar los compuestos orgánicos, y aquéllas eran consumidas por los peces y las plantas acuáticas que devolvían el oxígeno y el carbono a la biosfera.
Empero, este proceso se fue haciendo más difícil y complejo, pues los desechos provenientes, por ejemplo, de las industrias y urbes, son cada más grandes y contienen materiales sintéticos de estructura compleja que no pueden ser degradados por las bacterias, lo cual impacta en el volumen de oxígeno que respiramos que se ve disminuido sensiblemente.
Tratándose de sustancias químicas inorgánicas como ácidos, compuestos de metales tóxicos como mercurio y plomo; sustancias químicas orgánicas como el petróleo, plásticos, plaguicidas o detergentes; o sustancias radioactivas, es bastante difícil y a veces, casi imposible de transformar o depurar.
La contaminación con petróleo es de las más dañinas para el ecosistema. Los accidentes de los buques tanques, los escapes en el mar (petróleo que escapa desde un agujero perforado en el fondo marino), y el petróleo de desecho arrojado en tierra firme que termina en corrientes fluviales que desembocan en el mar, son algunos de sus factores.
Los efectos de esta contaminación varían según el tipo de petróleo (crudo o refinado), la cantidad liberada, la distancia del sitio de liberación a la playa, la época del año, la temperatura del agua, el clima y las corrientes oceánicas.
Los hidrocarburos orgánicos volátiles del petróleo matan inmediatamente varios animales, especialmente en sus formas larvales. Otras sustancias químicas permanecen en la superficie y forman burbujas flotantes que cubren las plumas de las aves que se zambullen y mueren al hundirse. Los componentes pesados del petróleo que se depositan al fondo del mar pueden matar a los animales que habitan en las profundidades como cangrejos, ostras, etc., o los hacen inadecuados para el consumo humano.
La limpieza del mar en estos casos lleva a la utilización de diversos métodos complejos y costosos como son el tratamiento del petróleo derramado con sustancias químicas dispersantes rociadas desde aviones; quemar con un láser colocado en helicópteros los componentes volátiles del petróleo; usar barreras mecánicas para evitar que el petróleo llegue a la playa; y bombear la mezcla petróleo-agua a botes pequeños llamados “espumaderas”, donde máquinas especiales separan el petróleo del agua y bombean el primero a tanques de almacenamiento.
Ello ha conducido a señalar diversos métodos de prevención, como pudieran ser la disminución en el uso y desperdicio de petróleo; prohibir la perforación y transporte de petróleo en áreas ecológicamente sensibles y cerca de ellas; aumentar en alto grado la responsabilidad financiera de las compañías petroleras para limpiar los derrames de petróleo; requerir que las compañías petroleras pongan a prueba rutinariamente a sus empleados; y reglamentar estrictamente los procedimientos de seguridad y operación de las refinerías y plantas.
Los mares y océanos también se ven afectados por la contaminación mediante efecto termal causado por las grandes termoeléctricas que emplean el agua como refrigerante, originando que las aguas de los mares y ríos eleven su temperatura y la destrucción de la flora y fauna existente en ellos.
Para enfriar las plantas de vapor termoeléctricas se toma agua fría de un cuerpo cercano de agua superficial, se hace pasar a través de los condensadores de la planta y se devuelve calentada al mismo cuerpo de agua. El problema es que las temperaturas elevadas disminuyen el oxígeno disuelto en el agua y los peces adaptados a una temperatura particular mueren por choque térmico (cambio drástico de temperatura del agua).
Un efecto parecido pero a la inversa se produce con el llamado “enriquecimiento térmico”, proceso en el cual se usa el agua caliente para producir estaciones más larga de pesca comercial, con la consecuente reducción de las cubiertas de hielo en las áreas frías.
Entre los métodos existentes para combatir la contaminación térmica del agua destacan la disminución en el uso y desperdicio de electricidad; limitar el número de plantas de energía que descarguen agua caliente en el mismo cuerpo de agua; entregar el agua caliente en un punto lejano de la zona de playa ecológicamente vulnerable; utilizar torres de enfriamiento para transferir el calor del agua a la atmósfera; y la descarga de agua caliente en estanques, para que se enfríe previo a devolverla al mar o bien, permitiendo su reutilización.
Otra modalidad es la contaminación por aguas residuales , esto es, por aquellas aguas que contienen sustancias fecales y orina procedentes de desechos orgánicos humanos o animales.
Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. La ausencia de tratamiento o inadecuado genera graves problemas de contaminación, principalmente de los mares, donde van a desembocar los canales o ductos que las transportan.
La contaminación de la zona costera por aguas residuales o negras, debe tomarse como una alarma histórica. Desde la Agenda de Estocolmo ya se había advertido sobre este problema. En la Cumbre de Río (1992) se dijo que en el 2005 habría que intentar disminuirlas a un 50 por ciento, lo cual ha sido imposible de lograr.
El mayor problema es que su reducción depende de un proceso de tratamiento para su desinfección y reutilización, siendo que apenas el 20 por ciento de este tipo de aguas recibe un tratamiento adecuado.
Todas las actividades humanas que se desarrollan en la costa, y en especial aquellas que involucran manejo de aguas residuales, dependen para la descarga de sus desechos, por un lado, de la posición que ocupan dentro de una cuenca hidrológica y, por otro, de las corrientes marinas. Esto es lo que define la dilución de las mismas y la mitigación de sus efectos.
Dentro de los métodos existentes para combatir este tipo de contaminación y para su prevención, se encuentran fundamentalmente, la construcción de plantas de tratamiento adecuadas que permitan disminuir su volumen o sus efectos negativos.
2. Lamentablemente, en la bahía de Guaymas, Sonora, se presentan estos tres tipos de contaminación , que aunados a otros factores han propiciado un grave deterioro en el medio ambiente, afectando negativamente en la región.
En orden de importancia, pueden señalarse los siguientes factores de contaminación:
a) La Comisión Federal de Electricidad mantiene en operación en la bahía de Guaymas desde el 6 de diciembre de 1973, la central termoeléctrica Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) con una capacidad efectiva instalada de 484 megavatios. 3
Según reportes rendidos por la termoeléctrica Guaymas al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus emisiones de bióxido de carbono, bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles son una de las fuentes más importantes de contaminación al aire; además de que tales emisiones son causa del efecto invernadero y origen de serios problemas respiratorios, irritación en piel, ojos, nariz, y garganta. 4
El 90 por ciento de las plantas que generan electricidad en México son termoeléctricas y la mayoría de ellas son obsoletas; la de Guaymas no es la excepción, pues tiene casi 40 años de estar en operación a base de combustóleo, siendo una de las causas más poderosas del cambio climático y de la contaminación del aire.
Así lo señaló la Comisión para la Cooperación Ambiental 5 al mencionar que 46 de los 50 principales agentes contaminadores en América del Norte fueron centrales termoeléctricas, pues sus emisiones son factor importante del calentamiento global, de lluvia ácida, smog y tóxicos atmosféricos. 6
En el caso de la central termoeléctrica de Guaymas, Sonora, también es un importante agente de contaminación del mar, pues la planta cuenta con torres de enfriamiento que descargan en el mar el agua caliente resultado del proceso, lo que provoca la muerte de toda clase de alevines, base de la cadena alimenticia de la vida marina.
b) Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene en operación la terminal marítima Guaymas, Sonora, en el extremo este del recinto portuario, para la recepción de buques con amoniaco, combustóleo, diesel, gasolina, turbosina, etc., y para la entrega de algunos de estos productos a embarcaciones tipo “chalán” o combustibles a embarcaciones comerciales menores. Cuenta con tres posiciones de atraque para buques tanque y chalanes y 8 para remolcadores, abastecedores y otras embarcaciones menores. 7
Para la realización de tales actividades, cuenta con grandes depósitos de almacenamiento para 800 mil barriles de hidrocarburos en los alrededores de la bahía de Guaymas, que permiten su manejo y distribución en la zona Noroeste del país.
Si bien en términos de las Reglas de Operación del Puerto de Guaymas y otras disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Organización Marítima Internacional, en el trasiego del muelle a los tanques elevados, de petróleo y derivados, deben observarse medidas de seguridad, desde 1961 en que se construyó el muelle de Pemex para la descarga de fluidos y para el suministro de buques, se han suscitado y documentado diversos derrames durante esas acciones que han dañado de manera importante el ecosistema.
De acuerdo con datos de Pemex Refinación publicados en 2009, el sedimento marino en la región se caracteriza por contener –en grandes cantidades– sustancias altamente dañinas para la vida marina como son cianuros, fierro, mercurio, plomo y arsénico. 8
c) La bahía de Guaymas también se ha visto afectada por la contaminación de aguas residuales, dado que la ciudad descarga gran parte de las aguas negras provenientes del drenaje sanitario directamente en el mar, sin que previamente sean objeto de algún tratamiento para su desinfección, lo que es causa de un grave y permanente daño en el ecosistema.
Adicionalmente, la bahía se ve afectada por la descarga de aguas negras de las plantas pesqueras de Yavaros; y de los drenes urbanos no sólo de Guaymas, sino también de Obregón, Navojoa y Huatabampo. También causan severos daños los drenes agrícolas con fertilizantes provenientes del Valle del Yaqui. 9
Las plantas empacadoras de camarón y pescado también contribuyen al menoscabo ambiental al tirar los desechos y vísceras del producto directamente en la bahía como destino final; a lo cual se suma que en el malecón cercano al muelle se acumula basura de la ciudad que llega al mar por acción del viento o bien porque las personas la tiran directamente en el agua.
El problema se torna mayor dado que faltan plantas de tratamiento y no hay una debida reutilización de la poca agua tratada, todo lo cual contribuye al déficit de agua existente y que se cuantifica en 200 litros por segundo; no obstante ello, las tarifas de agua que se cobran son bajas y no son acordes a las necesidades de producción. Más grave aún, se estima que un 40 por ciento del agua se pierde en fugas, y no llega a los tanques de almacenamiento por problemas con las redes. 10
Reconociendo la gravedad del problema y en el marco del plan integral de agua Sonora SI, el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, impulsó recientemente la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Guaymas.
La instalación tendrá capacidad para tratar 300 litros por segundo y será construida y operada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para lo cual se ha destinado un presupuesto de 240 millones de pesos, según datos publicados por el gobierno local en su sitio de Internet.
Dicho proyecto, también contempla la edificación de nuevas presas y embalses, además de un acueducto de 250 kilómetros para suministrar agua potable a la capital del estado, Hermosillo. 11
3. A esos problemas de contaminación ambiental se suma el hecho de que la entrada a la bahía es reducida, lo conoce como de “boca angosta”, cuestión que impide la circulación del agua de mar en forma natural y la renovación natural de las aguas de la bahía.
Esto sólo podría resolverse mediante la construcción de un canal de aproximadamente 5 kilómetros de largo para dar circulación al agua de la bahía y así renovar sus aguas con las del mar abierto.
Paralelamente, es menester impulsar un proceso de reforestación de la bahía, pues con el paso de los años se ha visto deforestada casi totalmente en sus manglares por parques acuícolas y por la utilización de productos químicos en la pesca del camarón, así como por la construcción de carreteras.
La paulatina escasez de recursos pesqueros en la región, que se agravó en las últimas décadas con el incremento de la contaminación marina, ha orillado a los pobladores de Guaymas a buscar otras actividades económicas, al grado de que actualmente gran parte de la actividad laboral guaymense se basa en la industria maquiladora y el turismo, más que en la pesca, máxime con la reciente llegada de cruceros de la compañía Holland America Line.
Hoy día, la actividad turística genera más de 8 mil empleos, de los cuales 2 mil 700 son directos. Guaymas cuenta con una oferta de hospedaje consistente en 24 establecimientos, entre hoteles, moteles y casas de huéspedes; y un total de mil 801 habitaciones. Cuenta además, con 4 condominios turísticos, 2 marinas con espacios para dar albergue a 798 embarcaciones y 5 campos para remolques con un total de 729 espacios.
Lo cierto es que aunque la población ha buscado otra opción productiva en el turismo, este sector también se ha visto afectado sensiblemente por la contaminación que aqueja a la bahía.
Así lo pone de relieve la clausura de la playa Miramar por causa de la contaminación por aguas negras. En agosto de 2008, la Secretaría de Salud Pública (SSP) estatal estimó que los bañistas corrían un grave riesgo de adquirir alguna infección en la piel o de tipo gastrointestinal en ese lugar. El monitoreo de las aguas en esa playa perteneciente a la bahía de Bacochibampo, arrojó elevados índices de enterococos y materia fecal, provenientes de los drenajes de las colonias urbanas Fátima, Las Palmas, Las Golondrinas y Centinela, todas del puerto de Guaymas.
Durante el verano de ese año, en atención a los altos índices de contaminación, el Comité Municipal de Seguridad en Salud instalado para monitorear factores de riesgo en infecciones gastrointestinales, respiratorias y de la piel, prohibió el consumo de productos en la vía pública, permitiendo únicamente expender alimentos para su empaque y posterior consumo en el hogar. 12
De acuerdo con los diagnósticos de sustentabilidad de la Agenda 21, 13 realizados por la Secretaría de Turismo, la grave sobreexplotación de los recursos naturales, los altos niveles de contaminación y los rezagos en infraestructura, son los principales problemas que aquejan a la ciudad de Guaymas. Además, no se cuenta con programa de ordenamiento ecológico y territorial ni con un reglamento de imagen urbana.
Sobre el problema que desde hace años enfrenta la bahía de Guaymas, Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México señaló en 2008 que: “La región noroeste de México está saturada de desarrollos para el turismo masivo, lo que representa grandes cargas ambientales. Eduardo Bours, gobernador de Sonora, y el gobierno federal han permitido este crecimiento desordenado y los rezagos en infraestructura y daños ambientales. Sonora no cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente ni de Turismo, esto se refleja en la falta de planeación en estos dos sectores... Es necesario cambiar el modelo de desarrollo turístico en México y cambiarlo por otro que no sea depredador”. 14
4. Con el paso de los años, los océanos se han convertido en el “basurero del mundo”, con efectos negativos para la humanidad, pese a las campañas y esfuerzos desplegados por gobiernos y organizaciones no gubernamentales ecologistas y ambientalistas.
La mayoría de las áreas costeras en el mundo están contaminadas por las descargas de aguas negras, sustancias químicas, basura, desechos radiactivos, petróleo y sedimentos. Entre los mares más contaminados se encuentran los de Bangladesh, India, Pakistán, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas.
A nivel internacional, desde hace años se ha puesto especial atención a las acciones indispensables para la protección de la integridad estructural y funcional de los recursos de la zona costanera, y los procesos de eliminación de desechos que actualmente desembocan en el océano, incluyendo los materiales contaminados de dragado, muestra de ello son las Convenciones de Oslo de 1974; de París de 1978; y de Londres sobre la Descarga de Desechos de 1972.
Años después, con el propósito de revertir y controlar el impacto y deterioro que la civilización ha causado en el medio ambiente, en 1992, a partir de los acuerdos multilaterales de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, surgió la llamada “Agenda 21”, con la misión de impulsar el desarrollo sustentable y frenar las tendencias del deterioro ambiental.
Este documento establece en sus capítulos 17 y 18 que los estados deben hacer frente a los graves problemas de salud pública y la degradación de los ecosistemas costeros que resultan de la descarga de las aguas residuales municipales sin el tratamiento adecuado.
Contempla también, entre otros compromisos, el que los gobiernos, según la capacidad y los recursos de que dispongan y con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos, deberían disponer para el año 2000 de criterios de calidad, objetivos y normas referentes a la eliminación y tratamiento de los desechos, que estén basados en la naturaleza y capacidad de asimilación del medio receptor; además disponer de capacidad suficiente para vigilar los efectos de la contaminación proveniente de desechos y mantener una vigilancia permanente, incluida la vigilancia epidemiológica, así como velar porque, para el año 2005, por lo menos el 50 por ciento de las aguas cloacales, las residuales y los desechos sólidos, se traten o eliminen de conformidad con directrices nacionales o internacionales de calidad ambiental y sanitaria.
También se dispuso eliminar para el 2025 todas las aguas cloacales, las aguas residuales y los desechos sólidos de conformidad con directrices nacionales o internacionales de calidad ambiental. Lamentablemente, el gran atraso que existe en el cumplimiento de estas metas es innegable.
En 1995, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 15 retomó estos objetivos y los integró en un documento para su discusión en la Conferencia Intergubernamental para la Adopción de un Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra; reunión de la que derivó la adopción del programa del mismo nombre conocido como Programa de Acción Mundial (PAM).
En dicha conferencia 16 se estableció como prioridad al tratamiento y manejo de las aguas residuales municipales, como parte de una ordenación hídrica y para conservar la calidad de las aguas marinas y costeras. Además, el PAM reconoce que la economía de subsistencia de grandes poblaciones costeras, en particular de países en desarrollo, como es el caso de los de América Latina y el Caribe, se basan en el aprovechamiento de los recursos marinos vivos.
Dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe destacan tres iniciativas que se encuentran dentro del Programa de Mares Regionales: la Región del Gran Caribe, el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, y el Plan de Acción del Pacífico Nordeste.
Bajo el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe, conocido como Convenio de Cartagena, se ha venido negociando el Protocolo de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina, el cual fue adoptado en 1999 y hasta la fecha ha sido firmado por 15 países y por lo tanto no ha podido entrar en vigor.
En apoyo a esos esfuerzos, la Organización Marítima Internacional de la cual México es parte desde el 17 de marzo de 1958 y que tiene entre sus objetivos el combate a la amenaza de contaminación del mar por los buques, principalmente la ocasionada por los hidrocarburos o productos químicos transportados en buques tanque, ha elaborado normas internacionales comunes e impulsado la adopción de más de 40 convenios y protocolos que contienen lineamiento para puertos, a fin de evitar y controlar las liberaciones y descargas desde los barcos. Todos estos instrumentos jurídicos son vinculantes una vez puestos en vigor, y sus prescripciones deben ser observadas por todos los estados que los han suscrito.
Entre ellos, destacan el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973, modificado en 1978 y 1997; el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos por Combustibles de los Buques de 2001; y el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques de 2004. 17
Empero, es innegable que para dar solución a estos tipos de contaminación por derrames de petróleo y sus derivados, o bien por aguas residuales, se necesitan no sólo los instrumentos y el marco jurídico sino los recursos para instrumentarlos.
Por ello, se advierten como necesidades urgentes el financiamiento, la adquisición de infraestructura, la capacitación, concientización, educación y participación de la población, así como un debido seguimiento y evaluación de los programas.
Si bien no existen soluciones ideales, es importante adoptar un proceso de planificación y desarrollo sostenible; estudiar las características de las aguas costeras previo a autorizar cualquier desarrollo; incorporar estudios de costo beneficio, pues los impactos del desarrollo marítimo difieren según su ubicación, así como debido a variaciones en aspectos tales como geografía, hidrología, geología, ecología, industrialización, urbanización y tipos de embarque; fomentar la voluntad para pagar por los servicios por parte de los usuarios; e involucrar a la sociedad en la toma de decisiones.
Sólo así puede asegurarse el éxito del comercio marítimo, de la industria pesquera y del sector turístico, que dependen evidentemente de la infraestructura, capacidad, modernidad y desarrollo de los puertos y bahías, de ahí la importancia de un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de esos recursos costaneros y marinos, bajo la premisa que la alteración de las aguas naturales y la construcción de estructuras artificiales, puede resultar en impactos directos sobre el agua, así como impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas y comunidades cercanas.
5. En México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 prevé entre sus ejes rectores el de “sustentabilidad ambiental”; y en congruencia con ello, establece como uno de los objetivos nacionales el de “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras”. 18
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales. Precisamente, uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.
En el PND se considera que México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.
La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo, para lo cual en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales.
Asimismo, indica el documento, se promoverá una mayor participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto para atender problemas que afectan a todos como son el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la contaminación del suelo y el agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad.
Para ello, el gobierno federal diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales.
En el caso del agua, el PND reconoce que es importante atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores demográficos, climáticos y contaminantes.
Por ello, señala el documento rector de la gestión nacional, “es imprescindible que los municipios se sumen a esta tarea, desarrollando políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para lograr un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda, además de reducir el deterioro de los cuerpos receptores”.
”Los ambientes costeros y oceánicos poseen una elevada riqueza biológica que contribuye a la megadiversidad y a la actividad económica de las zonas costeras y marinas del país. La riqueza natural de estas regiones atrae diversas actividades económicas como la agropecuaria, la extracción de hidrocarburos, el turismo, la industria, la acuacultura y la pesca; desafortunadamente, el desarrollo desordenado de éstas y otras actividades, así como el crecimiento poblacional han provocado graves problemas en ecosistemas altamente vulnerables. En México, 14.9 por ciento de la población se asienta en áreas costeras y las políticas públicas en torno a estas zonas han sido mayoritariamente sectorizadas y han carecido además de una visión sustentable e integral de desarrollo económico y social. Esto ha provocado que los esfuerzos realizados no tengan el impacto deseado.”
Derivado de ello, entre los distintos objetivos y estrategias que se prevén en el PND cobran relevancia los siguientes:
• Coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno para identificar la vocación y el potencial productivo de las distintas regiones, y orientar las actividades productivas hacia la sustentabilidad ambiental;
• Formular, expedir, ejecutar, evaluar y modificar, desarrollar y publicar los ordenamientos ecológicos del territorio, incluyendo zonas costeras y marinas;
• Formular políticas para el manejo integral de los recursos naturales que permitan una estrecha coordinación entre estados y municipios, para concluir los ordenamientos ecológicos locales en las zonas con alto potencial de desarrollo turístico, industrial, agropecuario, acuícola y pesquero;
• Establecer herramientas y mecanismos para la prevención y adaptación ante la vulnerabilidad a la que están expuestos los ecosistemas y las poblaciones humanas;
• Promover el desarrollo de la infraestructura apropiada para la gestión integral de los residuos peligrosos;
• Intensificar las regulaciones y controles para la gestión integral de residuos peligrosos;
• Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales; y
• Mejorar los mecanismos que el sistema educativo utiliza para dar a conocer y valorar la riqueza ambiental de nuestro país.
En congruencia con esos objetivos y estrategias, el día 7 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que vino a sustituir el Fondo de Inversión en Infraestructura, y cuya función principal es promover y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, a través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables que mejoren la capacidad de los proyectos para atraer financiamiento. 19
Algunos de los proyectos que se están desarrollando con los recursos del Fonadin son precisamente, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. El gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 que ha permitido poner en operación 322 plantas de tratamiento durante este sexenio.
Una de ellas fue precisamente la de Aguas Blancas en Acapulco, Guerrero, que forma parte de las obras encaminadas al saneamiento integral de la bahía que durante décadas ha recibido las aguas negras de la ciudad.
Ese proyecto tuvo como antecedente que a mediados de 2007, se generó una situación de insolvencia en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, que puso en riesgo el suministro del líquido y las condiciones de sanidad del municipio, además que lesionaba seriamente la actividad turística. Ese evento desafortunado puso de relieve la necesidad de llevar a cabo varias obras para garantizar el saneamiento integral de la bahía.
A partir de entonces, ante a la importancia de incrementar el nivel de saneamiento de las aguas residuales de la bahía, los gobiernos federal y estatal tomaron la decisión de renovar la planta de tratamiento Aguas Blancas, que resultaba obsoleta.
En agosto de 2008, al participar en la reunión de seguimiento del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, recalcó que el tema requería de acciones concertadas y consistentes para recuperar el principal atractivo de ese destino turístico.
Finalmente, el 2 de enero de 2009, se firmó un convenio entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 75 millones 550 mil pesos, a destinarse en obras de rehabilitación, adecuación, construcción y cambio del proceso básico físico-químico a biológico secundario de la planta de tratamiento de “Aguas Blancas”; e implicó una inversión total de 304.26 millones de pesos.
El acuerdo también incluye la rehabilitación de colectores y ampliación de cobertura en las atarjeas de la zona de influencia de esa planta, la introducción de drenaje sanitario en partes altas del anfiteatro para evitar la contaminación de arroyos, canales pluviales y la bahía, además de la construcción de una red de colectores y atarjeas para el encauzamiento de las aguas residuales generadas hacia la planta de tratamiento. 20
En el acto inaugural, en presencia del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, el director general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, aseveró que la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Blancas contribuye al cumplimiento de una de las metas más importantes del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía de Acapulco, pues con su funcionamiento, aunado al de 11 plantas más que ya operan, se tratará 100 por ciento de las aguas negras colectadas en la de Acapulco. 21
Lógicamente, esas acciones no sólo constituyen un beneficio ambiental, sino también económico y social, ya que eleva la competitividad de la zona y su potencial para el sector turístico, principal fuente de ingresos de la entidad. El programa de saneamiento de la bahía también contribuye a reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico en la población y a facilitar el restablecimiento de las condiciones ambientales de la región, en beneficio de 431 mil habitantes de esta zona turística, así como de los más de 6 millones de turistas que llegan a la región anualmente. 22
Lamentablemente, este tipo de proyectos integrales de saneamiento, incluyendo la instalación o modernización de plantas de tratamiento de aguas residuales que comprendan el 100 por ciento de aguas negras, no se han autorizado ni puesto en marcha tratándose de la bahía de Guaymas, Sonora, no obstante el gran deterioro causado a través de diversos agentes contaminantes.
Sólo se tiene noticia que en agosto de este año, apenas se planteó la posibilidad de hacer un estudio en la región para determinar la factibilidad de implementar otra planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para 500 litros por segundo y una inversión total aproximada de 850 millones de pesos, provenientes del Fonadin. 23
III. Pronunciamiento
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, el gobierno del estado de Sonora y el ayuntamiento de Guaymas, diseñe e implemente un Programa de Saneamiento Integral de la Bahía de Guaymas, Sonora, que comprenda, entre otras, las acciones siguientes:
a) Protección y recuperación de la flora y fauna de la región;
b) Conservación y recuperación de manglares;
c) Rehabilitación de colectores y construcción y modernización de plantas de tratamiento que permita tratar el 100 por ciento de las aguas residuales;
d) Realización de un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial;
e) Revisión del estado físico y desempeño de ductos, tanques de almacenaje y procedimientos de trasiego, así como las medidas de seguridad y procedimientos de control y vigilancia para evitar derrames de petróleo y sus derivados;
f) Establecimiento de métodos adecuados para el tratamiento y remediación de las áreas afectadas por derrames de petróleo; y
g) Implementación de procesos y métodos alternativos que eviten la contaminación de las aguas por el efecto termal generado por la termoeléctrica Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II).
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010, consultable en www.inegi.org.mx
2 En la fauna características del municipio destacan la tortuga del desierto, cachora, camaleón, coralillo, chicotera, víbora sorda, de cascabel, cahuama, víbora de mar, burra, venado cola blanca, borrego cimarrón, puma, lince, coyote, jabalí, mapache, ardilla, tlacuache, juancito, ratón de campo, rata cerdosa algodonera, iguana, tórtola, paloma morada, lechuza, tecolote cornudo, carpintero de Arizona, cuervo cuello blanco, toro negro, garcita verde, pato prieto, entre otras especies.
3 Información publicada en http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgenerad oras/
4 Información publicada en http://www.mexicotoxico.org.mx/comision-federal-de-electricidad-cfe-cen tral-termoelectrica-guaymas-i
5 Desde 1994, Canadá, Estados Unidos y México han colaborado en la protección del medio ambiente de América del Norte en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), que entró en vigor al mismo tiempo que el tratado de Libre Comercio de América del Norte, y representa el compromiso de los tres países en favor de que la liberalización del comercio y el crecimiento económico en América del norte se acompañen de la cooperación eficaz y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de cada país. En el marco del ACAAN se estableció un organismo internacional, la Comisión para la Cooperación Ambiental, a fin de atender las preocupaciones regionales relativas al medio ambiente; ayudar a prevenir posibles conflictos ambientales y comerciales; y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Información publicada en http://www.cec.org/
6 Las centrales eléctricas son la principal fuente de contaminación tóxica del aire en América del norte, consultable en http://www.cec.org
7 Proyecto de dragado de mantenimiento de la terminal marítima de Pemex, Guaymas, Sonora; Pemex Refinación, consultable en http://sinat.semarnat.gob.mx/
8 Ídem.
9 Problemas identificados en la Ugas prioritarias; consultable en http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/docume ntos_golfo/sesiones/plenarias/compendio%20de%20problemas%20II.pdf
10 Sonora, amenazado por el turismo depredador, bahía Kino, Guaymas y Puerto Peñasco reprobadas en sustentabilidad, 24 de octubre de 2008, consultable el http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/
11 Guaymas inicia obras en planta de tratamiento de aguas residuales de US$19,1mn, 17 de junio de 2010, consultable en http://www.bnamericas.com/news/aguasyresiduos/
12 Clausuran playa Miramar en Guaymas por contaminación, en Notimex, 9 de septiembre de 2008, consultable en http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2008/09/08/34588
13 Diagnósticos Agenda 21. Solicitud de información formulada a través del IFAI con No. de Folio 0002100001608, y recurso de revisión No. 1076/08.
14 Sonora, amenazado por el turismo depredador; obra citada.
15 El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. Información consultable en http://www.pnuma.org/AcercaPNUMA.php
16 Asistieron 108 países, los dos órganos de Naciones Unidas (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), los nueve especializados de Naciones Unidas, siete organizaciones intergubernamentales y 29 organismos no gubernamentales.
17 Información consultable en http://www.semarnat.gob.mx/temas/internacional/Paginas/OMI.aspx
18 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, consultable en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx
19 Información consultable en http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/decreto_creacion_fni
20 Políticos prometen obras para frenar contaminación en bahía de Acapulco, 14 de agosto de 2009; consultable en http://www.bionero.org/sociedad/politicos-prometen-obras-para-frenar-co ntaminacion-en-bahia-de-acapulco
21 En conjunto, las 11 plantas de Acapulco sanean 848 litros por segundo, en tanto, la renovada planta Aguas Blancas trata mil 350 litros por segundo, lo que contribuye a que se eleve a 71 por ciento el nivel de tratamiento de aguas residuales colectadas en el estado de Guerrero.
22 Información consultable en
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/
23 Conagua, Proyectos Estratégicos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; Programa Nacional de Infraestructura; 19 de agosto de 2011; consultable en www.conagua.gob.mx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la elaboración y difusión de cápsulas informativas sobre los valores universales, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre de los diputados federales de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Todo ser humano requiere vivir en sociedad. Para que esa sociedad funcione, se necesita aprender a convivir; esa convivencia es producto de la educación que se recibe en la casa, escuela, amigos, medios de comunicación, entre otros.
Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos.
Los valores ayudan a las personas a lo largo de su paso por la tierra, les ayudan a tomar decisiones, son útiles en sus creencias, sentimientos, convicciones, en las actitudes, juicios de valor y muy notablemente en las acciones, los valores son útiles para orientar al ser humano para que lleve una buena vida moral.
Entonces se puede concluir que los valores son trascendentales primero en la personas y después en la sociedad, ya que de este orden dependerá que los valores empiecen a tomar fuerza de nuevo.
De acuerdo con el documento Valores para la vida, editado por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Coahuila de Zaragoza, “los valores son formas de conducta que parten de la convicción de ser mejores personas y mejores ciudadanos. Como tales, no pueden aplicarse en forma aislada; cada uno de ellos es parte integrantes de los demás”.
Dicho documento señala que vivir los valores contribuye al desarrollo de sociedades más justas y equilibradas. Asimismo, reconoce que el espacio por excelencia para educar en valores es la familia, sin embargo el aprendizaje no se restringe a ella en particular; se aprenden valores en la escuela como institución formativa, en los medios de comunicación, en los espacios públicos y privados en todas sus manifestaciones.
Los valores permiten la interacción armoniosa entre los integrantes de una comunidad, facilitan alcanzar los objetivos. Los valores sirven de guía, ejercen influencia importante en nuestras acciones y comportamientos.
Al promover la formación de valores se contribuye al desarrollo integral del ser humano en el que los pilares de la educación se traducen en prácticas concretas, mediante las cuales, las personas aprenden a conocer, aprenden a hacer, aprenden a convivir y aprenden a ser, aprendizajes que son fundamentales en el transcurso de su vida y promueven que las personas descubran e incrementen progresivamente sus posibilidades creativas sintiéndose plenas y realizadas.
El contar con una sólida formación en valores permite estar en mejores condiciones para hacer frente a los retos personales y colectivos, producto de una sociedad cambiante y compleja.
Vivir los valores no sólo es una cuestión de transformación personal para ser mejores sino que contribuye de forma proactiva a transformar las condiciones de los espacios sociales de los cuales se forma parte.
En la medida en que todas las personas vivamos plenamente los valores, habremos de lograr mejores resultados, tanto en el ámbito personal como en el colectivo; con el esfuerzo de todos y cada uno, contribuiremos al logro de una sociedad donde las formas de vida se basen en la verdad, justicia, libertad y felicidad. Es precisamente la práctica de los valores fundamentales los que hay que fortalecer continuamente, ya que enaltecen la dignidad humana.
Además de los valores fundamentales, es necesario incorporar una serie de valores como el amor, la cooperación, la humildad, la paz, la sencillez, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la honestidad que en su conjunto posibilitan avanzar hacia el logro de sociedades más respetuosas, basadas en criterios de equidad, libertad, justicia y dignidad.
Ante la ausencia de valores en nuestra sociedad, estamos convencidos de que es necesario contribuir a su difusión a través de cualquier medio que tengamos disponible.
Así que la importancia de los valores radica en que se convierte en un elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano. Estos valores garantizan el buen comportamiento, las relaciones entre individuos, el equilibrio personal y social.
En la sociedad la falta de valores está presente en muchas acciones cotidianas algunos ejemplos, la falta de valores hace que las personas y la sociedad pierdan el rumbo, es evidente que en la actualidad la sociedad está sufriendo por una crisis de valores. A través de diversos medios nos enteramos de lamentables manifestaciones como suicidios, homicidios, secuestros, violencia en contra de niños y niñas, racismo, en mucho, consecuencia de la falta de valores.
Para nadie es un secreto que nuestro país atraviesa por una marcada ausencia de valores en nuestra sociedad, que ha traído como consecuencia una fuerte crisis en diversos ámbitos y ha contribuido al deterioro del tejido social.
Una de las manifestaciones más reiterativas de la falta de valores es la corrupción, que se ha intensificado en los últimos años y que de acuerdo con Transparencia Mexicana, en 2010 costó a los mexicanos 32 mil millones de pesos. Los actos de corrupción en nuestro país pasaron de 197 millones de actos de corrupción en 2007 a 200 millones en 2010 y por cada mordida en promedio se pagó de 138 pesos a 165 pesos. Es decir, por concepto de mordidas o actos de corrupción los mexicanos pagaron en promedio un 14 por ciento del ingreso de sus hogares y hasta alrededor del 33 por ciento de sus ingresos para quienes reciben un salario mínimo.
Otra de las manifestaciones que ha cobrado mayor relevancia en lo que va de este sexenio y particularmente por la decisión del Presidente Calderón de continuar en su cruzada mesiánica contra el narcotráfico es la inseguridad, que junto con la corrupción tienen un costo para los mexicanos de alrededor de 130 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente 15 por ciento del PIB y se sitúa por arriba de la media en los países de América Latina.
La corrupción y la inseguridad frenen el crecimiento y desarrollo económico regional. Lo anterior, debido a la baja calidad de las instituciones públicas y los desincentivos a la inversión. Este flagelo de la sociedad constituye un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico debido a que significa la destrucción gradual de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y la pérdida de valores. Una sociedad con instituciones corruptas e inseguras no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y por consiguiente una sociedad injusta.
En resumen, la ausencia de valores en nuestro país ha provocado los altos niveles de corrupción que tanto cuestan a las familias mexicanas, la inseguridad que impera a lo largo y ancho de nuestro país, los altos índices de suicidios en los jóvenes, el acoso escolar en los distintos niveles educativos, la discriminación en todas sus modalidades, la indiferencia ante los efectos causados al medio ambiente y como consecuencia de todos estos males, también han generado pobreza.
Para abatir los males anteriormente descritos es fundamental la educación, por lo que se debe impulsar en ésta, una cultura de la legalidad, que permita fortalecer los valores ciudadanos y de convivencia entre los mexicanos. Por ello proponemos el diseño y la difusión de cápsulas informativas sobre los valores para tratar de regresar a una sociedad más justa, equitativa y en paz.
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley General de Educación, los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7o., conforme a los criterios establecidos en el artículo 8o. En este sentido creemos que dichos medios pueden hacer grandes aportaciones en la difusión y fomento de los valores en nuestra sociedad que coadyuvarán a desterrar los graves males que nos aquejan.
Por lo expuesto y fundado, es que acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades de esta Cámara de Diputados a instruir al Canal del Congreso para que elabore y difunda, a través éste, cápsulas informativas sobre los valores universales.
Segundo. Se exhorta a las diversas dependencias del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus competencias diseñen y difundan cápsulas informativas sobre los valores universales en los tiempos oficiales a que de acuerdo con la Ley de Radio y Televisión tienen derecho.
Tercero. Se hace una atenta solicitud a los medios de comunicación masiva nacionales para que en la medida de sus posibilidades consideren el diseño y difusión de cápsulas informativas sobre los valores universales en los tiempos que así lo determinen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputados: Diana Patricia González Soto, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y se invita a la ONU-DH, a instituciones académicas y a organizaciones sociales a enviar propuestas sobre los artículos segundo a quinto y octavo transitorios del decreto del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila de Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de motivos
En fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 1 el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
De acuerdo a la misma publicación, la fecha de entrada en vigor de las modificaciones constitucionales mencionadas fue a partir del 11 de junio 2011, es decir que la vigencia y aplicación del cuerpo de decreto, incluyendo el régimen transitorio, empieza en ese momento.
Los cambios sustanciales fueron realizados a los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, con lo que se favorece a la esfera jurídica de las personas y se fortalece a los sistemas no jurisdiccional y jurisdiccional de los derechos humanos. Asimismo, se logran avances en el proceso de armonización legislativa con los instrumentos internacionales en la materia.
Con la reforma se logra dar supremacía constitucional a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano, lo que significó, dar cavidad a una de las demandas fundamentales de la sociedad mexicana y de especialistas en la materia, quienes fueron parte importante en el proceso jurídico y político con el que se logró la reforma.
Con ello, evolucionó el constitucionalismo mexicano al integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, en la que se reconocen plenamente estos derechos así como su universalidad, progresividad e indivisibilidad, conservando siempre la unidad de la dignidad humana.
La reforma, entre otras cosas establece que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la interpretación de estos debe de beneficiar a la persona humana y los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución.
Se consagra también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto a los derechos humanos; se establecen los casos de asilo político y refugio tratándose de causas de tipo humanitario y se señala que la política exterior se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Obliga al sistema penitenciario a organizarse con fundamento en el respeto a los derechos humanos; se dispone un catalogo de derechos que no podrán suspenderse o restringirse en casos de excepción; queda la base del debido proceso para hacer salir del país a personas extranjeras y agrega el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos.
Se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar violaciones graves a garantías individuales; otorga la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer de asuntos laborales; posibilita que la Cámara de Senadores cite a funcionarios que rechazan recomendaciones para comparecer y explicar sus negativas.
También se faculta a la CNDH para investigar violaciones graves a derechos humanos y amplía las facultades de la Comisión para interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales que limiten derechos humanos y de materias que les sean propias.
Como efecto de los importantes cambios constitucionales surgen nuevas necesidades normativas que se disponen como mandatos constitucionales en el régimen transitorio del decreto. Estructuras normativas que deberán publicarse en fecha 11 de junio de 2012 de acuerdo a los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 8o. transitorios, en los que establece lo siguiente:
Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo deberá ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, en materia de expulsión de extranjeros, en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.
Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Como consecuencia de lo anterior, el quehacer legislativo para cumplir el mandato constitucional se incrementa, y hace necesario fortalecer la esfera jurídica de las personas y la dignidad del pueblo mexicano con opiniones calificadas en la materia para garantizar leyes a la altura de las circunstancias con la participación de todas y todos.
Ante esa situación, la convergencia de los actores y especialistas correspondientes en la creación y perfeccionamiento normativa requiere del compromiso que los legisladores tenemos con la sociedad y de dar cumplimiento a los compromisos que tiene nuestro país en materia internacional de los derechos humanos.
Es por ello imprescindible, sin menoscabo de los trabajos realizados al respecto por esta Cámara, convocar a organismos autónomos, sociales, académicos, especializados nacionales e internacionales para que contribuyan a la producción legislativa reglamentaria con el cuidado y calidad que se requiere.
Vale la pena mencionar que la CNDH con pleno respeto a su autonomía constitucional puede contribuir al quehacer legislativo con su experiencia y profesionalismo, como lo hizo durante el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.
De la misma manera, con fundamento en el artículo III, incisos B del acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Organizaciones Unidas para los Derechos Humanos y los Estados Unidos Mexicanos sobre la continuidad de actividades en México, 2 de febrero de 2008, éste organismo puede dar una contribución invaluable a trabajo legislativo.
Por otra parte, diversas instituciones académicas y de investigación han demostrado su convicción por contribuir responsablemente a los cambios que vive nuestro país y con seguridad estarán al pendiente de este tema, como de otros, por lo que deben ser invitados a tan importante creación y readecuación legislativa.
Asimismo, la organizaciones de la sociedad civil han demostrado su interés y han sido aliadas incondicionales de esta causa a favor de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Incluso han realizado propuestas que contribuyeron a la reforma constitucional, por lo que ese necesario fortalecer esas alianzas y conocer sus ideas y propuestas.
Por lo descrito y fundado, acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le exhorta a enviar sus propuestas y reflexiones relativas a la expedición y adecuación de los ordenamientos, a los que se refieren los artículos transitorios 2o., 3o., 4o., 5o., y 8o. del decreto de fecha 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.
Segundo. Con fundamento y pleno respeto al acuerdo de cooperación del Estado mexicano con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de la Naciones Unidas, se le invita a cooperar con la Cámara de Diputados en los trabajos conducentes para elaboración de la emisión y readecuación de las leyes en materia de derechos humanos establecidas en los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., y 8o. transitorios del decreto, de fecha 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.
Tercero. Que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, de acuerdo a las facultades que le confiere la normatividad vigente, coordine y planee los trabajos de consulta que se deriven del presente acuerdo, así como que establezca las relaciones con instituciones académicas especializadas y con organismos de la sociedad, a fin de dar cumplimiento oportuno al mandato constitucional establecidos en los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., y 8o. transitorios del decreto, de fecha 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación, México, primera sección, viernes 10 de junio de 2011, página 5.
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Organizaciones Unidas para los Derechos Humanos y los Estados Unidos Mexicanos sobre la continuidad de actividades en México [en línea] ONU-DH, México, URL: http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/Acuerdo%20Propuesta2.pdf [consulta: 19 de septiembre de 2011].
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.
Diputados: Noé Garza Flores, Francisco Saracho Navarro, Diana Patricia González Soto, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Héctor Fernández Aguirre, Josefina Rodarte Ayala, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a incluir en el PEF de 2012 la distribución de los “tiempos de Estado” cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, señala en su artículo 20 las disposiciones para el destino de los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión de los Poderes Legislativo y Judicial, de los entes autónomos, así como de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En esa misma disposición, se incluye también la prohibición para llevar a cabo campañas de comunicación en la entidades federativas en donde se celebrarán elecciones; las limitaciones para difundir en los medios de comunicación toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales; la administración, distribución y seguimiento de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal; además de las bases bajos las cuales deberán ejecutarse las campañas de comunicación, entre otras disposiciones.
Objetivo
La presente propuesta busca que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados no sólo realice la distribución del denominado tiempo fiscal a que se refiere el “Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación”, establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1968; sino también la distribución del denominado tiempo de Estado, a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Justificación
El denominado tiempo de Estado , previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es un bien público que las concesionarias otorgan al Estado por disposición del propio ordenamiento legal. Es un ingreso público allegado al erario perfectamente previsto en la legislación fiscal mexicana bajo la modalidad de “aprovechamiento”, en términos de lo que dispone el artículo 4° del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, un bien público federal distribuible como egreso por el poder legislativo.
Origen y naturaleza de los tiempos oficiales
1. Los tiempos de Estado
Los tiempos de Estado o del Estado se establecieron en la Ley Federal de Radio y Televisión del 19 de enero de 1960, cuyo artículo 59, desde entonces, señala en su párrafo primero:
“ARTÍCULO 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”
De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de Radio y Televisión, “Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía.”
Además de los tiempos expresamente señalados como de Estado , la ley contempla otras dos figuras de tiempos a disposición del Estado, que en sentido estricto también implican el otorgamiento de transmisiones gratuitas por parte de las estaciones de radio y televisión, pero que no están referidas al mencionado concepto de “tiempo de Estado” que menciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino a la ejecución coactiva de acciones a favor de la sociedad contempladas en el diverso artículo 60 y que pueden ser definidas como “prestaciones informativas obligatorias” del radiodifusor, que por tanto no son materia de este análisis.
Además de lo anterior, las estaciones de radio y televisión tienen la obligación de establecer cadenas de transmisión cuando la autoridad lo juzga pertinente, en las cuales se debe transmitir la emisión de manera continua, exclusiva y simultánea. En este caso, tampoco se trata de tiempo adicional a los establecidos en los artículos 59 y 60 de la citada Ley Federal de Radio y Televisión, sino una forma de utilizarlos, ya sea como tiempo de estado o de emisiones relacionadas con prestaciones informativas obligatorias.
2. Los tiempos fiscales
Por su parte, los tiempos fiscales proceden de una normatividad un poco más compleja. Nacen el 1° de julio de 1969, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo del presidente Gustavo Díaz Ordaz con base en artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación de 1969, por el que autorizaba a la Secretaría de Hacienda a recibir de los radiodifusores comerciales el pago en especie de un impuesto aprobado por el Congreso seis meses antes, y que como hasta la fecha, grava con el 25% de los ingresos facturados por las concesionarias, el cual sería cubierto con el 12.5% del tiempo de transmisión de cada estación para que el Estado, a través del Ejecutivo, lo utilizara.
En aquel momento, el Jefe del Ejecutivo justificó su resolución diciendo que “es necesario que el Ejecutivo Federal disponga de tiempo para la transmisión en las estaciones radiodifusoras comerciales para el cumplimiento de sus propios fines, y siendo atribución del Ejecutivo Federal modificar la forma de pago y procedimiento de liquidación de los gravámenes fiscales, por lo que acuerda autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto correspondiente”.
El Acuerdo precisaba, además, que “los tiempos de transmisión serán distribuidos proporcional y equitativamente dentro del horario total de transmisiones de la radiodifusora de que se trate, por conducto del órgano que se designe, el que oirá previamente al Consejo Nacional de Radio y Televisión.”
Asimismo, disponía que “Estos tiempos de transmisión no serán acumulables, ni su uso podrá diferirse, aun cuando no sean utilizados, pues se entenderá que el concesionario cumple con su obligación con sólo poner tiempo a disposición del Estado”.
“Si el Ejecutivo Federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión”.
La resolución del Presidente Díaz Ordaz tenía, y sigue teniendo, fundamento en la “Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, que estableció el “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”, que a la letra dice:
Artículo 1º.
“El impuesto a que esta ley se refiere grava el importe total de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para uso de bienes de dominio directo de la Nación, cuando la actividad esté declarada expresamente de interés público por la ley. El objeto del impuesto comprenderá:
a).- Los pagos al concesionario;
b).- Los pagos a las empresas que por arreglos del concesionario contraten los servicios y presten los que sean complementarios;
c).- Los pagos a cualquiera otra empresa que intervenga entre el que cubra el costo total del servicio y el concesionario.”
El numeral 4° de dicha Ley, dispone que la base del impuesto “será el monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los conceptos señalados en el artículo 1° de esta ley”; y, por su parte, el artículo 5° dispuso que “El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% a la base señalada en el artículo que antecede.”
La citada Ley contempla como sujetos pasivos del gravamen a los contribuyentes que efectúen los pagos por los servicios obtenidos de empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la Nación; y como responsables solidarios de las obligaciones que impone la Ley, a las personas que reciban dichos pagos, asignándoles la obligación de recabar y enterar el impuesto a cargo de los contribuyentes.
Según el artículo cuarto transitorio de la Ley, dicho impuesto entraría en vigor el 1° de julio de 1969. Sin embargo, el gravamen no fue aplicado a la industria de la radiodifusión, toda vez que el Acuerdo de ese mismo día, otorgó a los concesionarios de radio y televisión, el peculiar beneficio temporal del pago en especie.
El uso inequitativo e irregular de este recurso llegó a tal extremo de opacidad y desinterés fiscal, que no sólo se degrado la utilización efectiva del tiempo fiscal, sino que también, por muchos años, se mantuvo ausente de la normatividad hacendaria como forma tributaria y, hasta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, ni siquiera fue considerado por el Ejecutivo como un recurso público y menos aún como de distribución obligatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. La reducción del 12.5 al 1.25%
El 10 de octubre de 2002, el titular del Ejecutivo Federal emitió un decreto que abrogó el de julio de 1969 anteriormente citado, y por el que se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto con una nueva equivalencia del pago en especie originario.
Se derogó el 12.5% del tiempo de transmisión como pago en especie del impuesto a que se refiere la Ley del 1968, y se estableció que los concesionarios de radio y televisión que tengan esta obligación “...pagarán la contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios en el caso de las estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en forma genérica...”
¿Por qué el gobierno se resiste a que la Cámara distribuya los tiempos?
Con la omisión de las facultades de la Cámara sobre los tiempos del Estado , el Ejecutivo sólo distribuye entre todos los órganos del Estado los denominados tiempos fiscales : 18 minutos de Televisión y 35 de Radio; en tanto se reserva discrecionalmente el tiempo de Estado disponible para radio y televisión: 30 minutos diarios en cada medio concesionado de toda la República. No obstante casi consumir el paradójicamente denominado tiempo de Estado , el Ejecutivo participa, también del tiempo fiscal .
Aunque para efectos de un análisis de equidad son insumables los tiempos de Estado y los fiscales , ya que los primeros sólo son “spoteables” o divisibles en una tercera parte, en tanto los segundos lo son en el 100%, se puede ver que aún en la suma de unos y otros, el abuso del Ejecutivo es desproporcionado. Los argumentos para explicar la disparidad siempre han sido los mismos: “los otros poderes carecen de materiales y presupuesto para producción”, como si no fuera posible reciclar los materiales con más repeticiones.
La voluntad republicana de la Cámara de Diputados para distribuir equitativamente los tiempos oficiales
Un grupo de legisladores preocupados por hacer un mejor uso de estos tiempos del Estado, propusimos y aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, una equitativa y nueva distribución de los tiempos fiscales en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal, asignándose porcentajes en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial de la Federación y 20 por ciento a los entes públicos autónomos creados por disposición expresa de la Constitución.
Así, con la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004, el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, desarrollara las acciones necesaria para recibir los materiales por parte de los entes autorizados para ello, e incorporarlos a las pautas y al proceso de distribución a cargo de los concesionarios de radio y televisión de todo el país.
Este esfuerzo legislativo sentó un importante precedente, pues supuso un avance significativo en la distribución equitativa, que no parcial y autoritaria como lo venía haciendo el Ejecutivo Federal, de los tiempos fiscales a través de los medios electrónicos de comunicación masiva.
Sin embargo, para el ejercicio fiscal del 2005, el Ejecutivo Federal omitió deliberadamente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, establecer la distribución de los tiempos fiscales como dispuso esta Soberanía en el Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2004.
Advirtiendo lo anterior, fue fundamental para el Congreso de la Unión establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, no sólo la distribución de los tiempos fiscales sino también la distribución de los tiempos de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La doctrina tributaria
La doctrina jurídica mexicana ha estudiado poco la fiscalidad de la radio y la televisión; mucho menos la conceptualización y el comportamiento de una figura tributaria como la obligación de los concesionarios de radio y televisión establecida en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Sin embargo, no se requiere mayor exploración para concluir que el tiempo del Estado no es una de las “contribuciones” que define el Código Fiscal de la Federación. Dicho ordenamiento únicamente considera en esa categoría a los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras y a las aportaciones de seguridad social. Afirmar que dicho pago no es un impuesto o una contribución, no es novedad; porque realmente no lo es. Lo que sí es, en cambio, es un “aprovechamiento”; que no es lo mismo.
a) Los Impuestos
Son “impuestos” las contribuciones establecidas en las leyes, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho, previstas por las mismas y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. La obligación de los concesionarios de otorgar gratuitamente tiempo de transmisión al Estado no tiene, por supuesto, el carácter de un impuesto. Nadie lo ha clasificado así o pretende hacerlo, debido en primer lugar a que no tiene como supuesto una obligación tributaria preexistente; y además a que ese impuesto ya existe bajo la forma de tiempo fiscal que aparece en especie por la derivación del decreto que autoriza esa modalidad, vigente a partir de 1969.
b) Los Derechos
Los “derechos” son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. El pago basado en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, no es un derecho por el uso del espectro radioeléctrico, puesto que el específico ya está incorporado en la Ley Federal de Derechos. Por otra parte, resulta además que el citado pago no tiene los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, hecho imponible, sujeto, base, tasa alícuota.
c) Las Aportaciones de Seguridad Social
Las “aportaciones de seguridad social” son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. A su vez, las “contribuciones de mejoras” son las establecidas en ley, que están a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
d) Los Créditos Fiscales
Los créditos son aquellos a los que tienen derecho de percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provienen de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
e) Los Aprovechamientos
De acuerdo con el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación, “son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los ‘productos’ que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal” por la realización o prestación de sus servicios o bienes.
El Tiempo de Estado: un Aprovechamiento
El pago en especie que comentamos tiene todo el viso de un ingreso fiscal como “aprovechamiento”, no sólo por apegarse a la definición del Código Fiscal de la Federación sino porque sus elementos constitutivos se apegan al principio de legalidad que rige a las aportaciones fiscales. Estos elementos deben estar sujetos a normas sustantivas con rango de ley (El artículo 5º del Código Fiscal de la Federación establece los elementos que están sujetos a la reserva de ley: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El 6º establece el tiempo de pago de las contribuciones). Resulta así que el pago y sus formas de hacerlo sí están establecidas en norma de rango legal de acuerdo a lo que establece para las contribuciones el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
El hecho que el pago establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión se inscriba en una ley “no fiscal” y derive directamente de una concesión, si bien evita que se le considere como una “contribución” de las señaladas en el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, no la exime de su calidad fiscal como “aprovechamiento” según la definición del artículo 4º del propio Código Fiscal de la Federación; es decir, como un ingreso que causa créditos fiscales, pues tiene los elementos de constitutivos de toda obligación tributaria: nacimiento, sujetos, cuantía, estructura y extinción.
El maestro Andrés Serra Rojas señala que la concesión administrativa es “un acto administrativo discrecional por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico, para ejercer ciertas prerrogativas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial”.
La obligación a que me refiero, es claramente una prestación patrimonial coactiva que si bien tiene alguna semejanza con categorías del derecho administrativo, tales como el servicio militar o el trabajo gratuito en el servicio de funcionarios electorales de casilla, se distingue de esas aportaciones en algo fundamental: que éstas no son contribuciones que coadyuven al ahorro del gasto de la hacienda pública, sino que se trata de obligaciones cívicas intransferibles no consumibles e imposibles de utilizar de manera distinta que la que el propio aportante pueda entregar y auto-consumir. El tiempo de Estado es, pues, un “aprovechamiento” en toda la extensión legal del concepto.
El pago en especie del tiempo de Estado no altera esa situación. El otorgamiento de ese tiempo constituye una obligación patrimonial coactiva derivada de una concesión administrativa de interés público de aprovechamiento o explotación de un bien del dominio directo de la nación, para el uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo territorial donde se propagan las ondas electromagnéticas.
El pago es legal, puesto que para serlo requiere de la existencia de una obligación tributaria que haya sido determinada y líquida; también que se cumpla con el principio de identidad, lo que significa que debe cumplirse con la prestación que es objeto de la obligación tributaria y no otra, tal es el caso de que la deuda tributaria haya sido establecida en dinero o especie por ley. El pago en especie de los tiempos de Estado está sujeto al principio ex lege, como es el expreso caso del artículo 59 de la ley del ramo. De acuerdo además con el principio de identidad, el Legislativo, a través de una ley, es el único que puede permitir el pago en especie y de forma excepcional como ocurre aquí.
El otorgamiento de esta prestación patrimonial coactiva al Estado asume la forma de pago en su modalidad de aprovechamiento. También, se vincula positivamente con el principio de igualdad, puesto que lo pagan todos los concesionarios por igual. Por otra parte, la doctrina reconoce distintas formas de extinción de la obligación tributaria: el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la pérdida de la cosa sin culpa del deudor, la consignación, la adjudicación de los bienes mediante subasta y la prescripción.
Este pago es constitucional porque es un tributo ex lege que al posibilitar el ahorro de recursos económicos al Estado en el pago de tiempos de transmisión por el que los concesionarios podrían comercializar, se considera un deber de colaboración con la hacienda pública.
Distribuir el tiempo de estado : facultad de la Cámara de Diputados
En ese orden de ideas, corresponde a la Cámara de Diputados distribuir no sólo el tiempo fiscal , establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos” de 1968; sino también establecer la asignación del tiempo de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, previene que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; señalando además que toda aportación que bajo las diversas figuras tributarias ingresan al erario o al patrimonio público, debe destinarse a cubrir las necesidades del Estado.
Luego entonces, los tiempos oficiales, “fiscal y de Estado ”, otorgados por los medios concesionados son un ingreso en especie que, basado en la ley, contribuye al mantenimiento del gasto del Estado.
En ese contexto, esta Soberanía debe, bajo parámetros de proporcionalidad, equidad y descentralización, distribuir entre los poderes públicos y los órganos constitucionales autónomos, los tiempos gratuitos de transmisión en medios, que por las obligaciones legales antes expuestas otorgan las estaciones de radio y televisión al Estado, con lo que se propiciaría un mejor beneficio social en la utilización de los espacios públicos en los medios; se alcanzaría una mayor eficiencia en el grado de utilización de los tiempos oficiales disponibles, así como un mayor grado de eficacia comunicacional; se abatiría sustantivamente la discrecionalidad del manejo gubernamental de un bien público que corresponde al conjunto del Estado; se mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas públicas, y; se restablecería la competencia constitucional de la Cámara de Diputados en la asignación republicana de un bien intangible de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se incluya la distribución de los “tiempos de Estado” a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los entes autónomos, cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, para quedar el decreto correspondiente como sigue:
“Artículo 20. .....
.....
.....
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo y previendo lo dispuesto en el artículo 59 BIS de la Ley Federal de Radio y Televisión, supervisará la administración y distribución de los tiempos oficiales que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, denominados tiempo fiscal y tiempo de estado. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.
La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará seguimiento a la utilización de los tiempos oficiales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo.
Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos oficiales, así como sobre las reasignaciones que, en su caso, realice.
.....
.....
.....
.....
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.....
.....”
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de octubre de 2011.
Atentamente
Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica)
