Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3361-VII, martes 4 de octubre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la SEP, a cargo de la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a rendir cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y la utilización de los recursos del fideicomiso creado con motivo de los festejos patrios de 2010 asignados a la Comisión Nacional Organizadora, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Óscar Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la sexagésima primera legislatura, con fundamento en lo estipulado en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a cargo de la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, para que rinda cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y utilización del recurso del fideicomiso creado para los festejos patrios de 2010, asignado a la Comisión Nacional Organizadora, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante dos siglos de historia, era un deber de memoria hacer justicia y recordar con dignidad los movimientos fundadores de nuestra mexicanidad.
Como mexicanos del siglo XXI teníamos el compromiso moral de recordar esos orígenes y de transmitir su significado a los mexicanos de hoy y de mañana.
Antes que una verdadera celebración de la república y de la nación, la celebración de los centenarios se convirtió en un evento mediático, en un diluido compromiso de gobierno.
El fideicomiso asignado para estas conmemoraciones creció de manera sustancial, ya que en octubre de 2007, se contó con un presupuesto inicial por 50 millones de pesos, aportado por el ramo 27 de la Secretaria de la Función Pública.
Sin embargo las aportaciones gubernamentalmente continuaron y según sabemos hoy, la cifra alcanzó casi los 8 mil millones de pesos.
Pero más graves fueron y siguen siendo, los elevados y excesivos costos de los eventos.
Se contrató a una empresa extranjera para organizar la Noche del Grito, Intantia Producciones del australiano Ric Brich. Se le pagaron 580 millones de pesos más IVA.
También se sabe que el Fideicomiso del Bicentenario favoreció a Turissste –una entidad del Estado que entre sus atribuciones no está la de organizar este tipo de eventos– con la adjudicación directa de 14 contratos, por un monto de 447 millones de pesos. A la fecha se han negado a mostrar los términos de los mismos.
La polémica ceremonia de exhumación de los restos de los héroes de la patria costó 2 millones 387 mil pesos; y el costo del programa de eventos conmemorativos, transmitido por televisión, se ubicó alrededor de 19 millones 253 mil pesos.
Dentro de los 231 contratos del Fideicomiso del Bicentenario se destinó 140 millones 870 mil pesos a la adquisición de obras de arte, para dos colecciones de la Independencia y de la Revolución, para considerarlos en la Exposición México 200 años de Palacio Nacional. Asimismo, en estos conceptos se contemplan, por ejemplo, gastos de viajes que ascienden a un millón 53 mil 401 pesos.
Según el mismo secretario de Educación Pública, el maestro Alonso Lujambio, tan solo la pura Noche Bicentenaria, del 15 de septiembre, tuvo un costo de 667 millones de pesos.
El pasado mes de febrero de 2011, la Auditoria Superior de la Federación presento a la Cámara de Diputados los resultados de la revisión de la cuenta pública 2009.
En dicha revisión, la ASF detectó irregularidades cuya responsabilidad atribuye “en términos generales respecto de la muestra auditada del 15.4 por ciento de los recursos del fideicomiso, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, al no cumplir con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del fideicomiso creado para conmemorar las fiestas patrias del año 2010.
La construcción del monumento al Bicentenario, la llamada joya de la corona Bicentenaria, conocida como “La Estela de Luz”, que se dijo se inauguraría el 15 de septiembre, nos la anunciaron con un costo de 200 millones de pesos.
Pero resultó que después nos dijeron que no costaba eso, que el costo sería de 400 millones de pesos el cual se ha incrementado hasta alcanzar los 889 millones, y que no se podría construir para entregarla en septiembre de 2010, sino hasta el último trimestre del 2011.
Nada más la pura convocatoria para esta obra costó 7.5 millones de pesos y se autorizaron 16 millones 373 mil 706 pesos para pagar al proyectista César Pérez Becerril. Todavía más, la ceremonia de colocación de la primera piedra nos costó 1 millón 567 mil pesos.
El autor del proyecto arquitectónico Estela de Luz, César Pérez Becerril, Acusó al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, de presionarlo de diversas formas para impedirle hablar públicamente sobre los actos de corrupción en dicha obra.
El arquitecto Pérez Becerril comenzó la queja el pasado 12 de julio de 2011 en una carta dirigida al legislador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Función Pública de la Cámara de Diputados, a quien ofreció la documentación que, a su juicio, acredita las irregularidades del caso.
Denunció una campaña de las autoridades y de las empresas constructoras para desacreditar su proyecto y justificar así las irregularidades que permearon desde el primer día.
En una entrevista con Milenio Televisión el pasado 12 de julio del presente año, el secretario de Educación Pública federal, Alonso Lujambio negó “categóricamente” que haya solicitado al arquitecto César Pérez Becerril callar frente presuntos actos de corrupción en construcción del monumento Estela de Luz.
Sobre el presupuesto que ha ido incrementando de 400 a poco más de 800 millones, Alonso Lujambio, argumentó que desde agosto de 2010 le aclaró al arquitecto que la propuesta técnica era impertinente y que se debía reestructurar.
De las características irregulares de la construcción, el secretario de Educación comentó que no estaba clara la profundidad de la cimentación, pues ahora es de 50 metros y originalmente era de 35 metros.
Además de estas irregularidades en la construcción del “Monumento Estela de Luz”, la empresa III Servicios pretende cobrar 80 millones de pesos adicionales; en el último contrato “de un plumazo” desapareció el “Espacio Conmemorativo”, el proyecto establecía la construcción de un desarrollo integral del Monumento Conmemorativo, que incluía el espacio alterno y el Monumento Estela de Luz, del cual la empresa recibirá un monto equivalente al 13% como representación por sus servicios.
Compañeras y compañeros diputados: la sociedad nos reclama transparencia y una clara rendición de cuentas, ya no es posible que el discurso oficial se hable de que las cosas van bien, cuando la gente tiene una percepción distinta.
Por ello es que se requiere poner orden en el tan opaco ejercicio presupuestal.
Ante esta situación resulta más que urgente reordenar el ejercicio del gasto público, rendir cuentas, salir de la opacidad, empezando por saber cuál debe ser el tamaño más conveniente del gasto público en nuestro país.
A partir de ahí, analizar el presupuesto capítulo por capítulo y determinar qué políticas y dependencias están funcionando y cuáles no, para ajustar los egresos conforme al desempeño, o seguiremos en el círculo vicioso de la opacidad y los subejercicios, en un círculo sin fin, de apariencias, simulación y malos resultados de la gestión pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, solicito ante esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a cargo de la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución mexicana, para que rinda cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y utilización del recurso del fideicomiso creado para los festejos patrios 2010, asignado a la Comisión Nacional Organizadora.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2011.
Diputado Óscar Lara Salazar. (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del PEF de 2012 consideren los puntos de vista de las asociaciones y cámaras empresariales para facilitar la creación de empresas y empleos, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada por la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77, 78, 79, punto 3, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 contemplen, los puntos de vista expresados por las asociaciones y cámaras empresariales con la finalidad de facilitar la creación de empresas y empleos en México, con base en las siguientes
Consideraciones
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
En el marco de lo dispuesto en el artículo constitucional antes referido y atendiendo a que es el Poder Ejecutivo, el órgano de gobierno que ha elaborado y presentado ante el Congreso de la Unión, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes, y atendiendo a la difícil situación económica mundial que ha dificultado la creación de empresas y empleos, es prioridad para el desarrollo económico de nuestro país, que en el siguiente paquete de reformas fiscales se facilite y aliente la creación de empleos en beneficio de los mexicanos.
En la planeación del paquete fiscal, el gobierno federal consideró en 2010 la posible existencia de un déficit presupuestal provocado por factores coyunturales y estructurales, destacan entre los factores estructurales:
• Enorme dependencia de los ingresos petroleros (40 por ciento) y la caída en la producción petrolera de 3.4 a 2.5 millones de barriles por día.
• Acentuada debilidad en la captación fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB). En América Latina, México capta 9 por ciento mientras Chile capta 18.9 por ciento. Incluso Haití capta un porcentaje mayor (10.45).
• Reducida base de contribuyentes cautivos y sobre explotados
• Desmedida proporción de la actividad económica desarrollándose en la economía informal e ilegal (se estima 60 por ciento).
De los factores antes destacados mencionados, la existencia de la economía informal que afecta en forma importante la recaudación de impuestos. La informalidad como fenómeno económico y jurídico tiene que ver, entre otros aspectos, con la enorme carga regulatoria que se impone a una empresa para iniciar y operar.
De acuerdo con lo anterior, diversas cámaras empresariales y asociaciones de ciudadanos han presentado una serie de iniciativas para lograr el objetivo de simplificar y hacer más sencillo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la finalidad de disminuir los costos y con ello promover la creación de empleos, dentro de un régimen de formalidad jurídica.
Bajo esta lógica, estudios realizados por el Banco Mundial (BM) han indicado que existe una relación directa entre la facilidad para cumplir con la regulación y el nivel de formalidad o informalidad en la economía, es decir, a mayor carga burocrática y regulatoria, las empresas, micro y pequeñas, se ven forzadas a operar en la informalidad, a menor carga regulatoria y burocrática, se estaría alentando la creación de empleos y empresas dentro de la economía formal.
En México, alrededor de 93 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas no cuentan con los recursos económicos necesarios para cumplir con todas las regulaciones gubernamentales que le impone la ley, en ese sentido, una reforma fiscal importante debe considerar simplificar y disminuir las obligaciones formales y no sólo las netamente impositivas para alentar la creación de empresas.
Adicionalmente, las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen, en forma importante, con los siguientes aspectos de la economía nacional:
• Generan alrededor de 40 por ciento de la producción y el empleo nacional.
• Contribuyen de manera relevante en el desarrollo regional.
Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que presentan economías de escala.
No obstante, también presentan serias desventajas como las siguientes: estructura administrativa inadecuada, falta crónica de capital, difícil acceso al financiamiento, desconocimiento de programas de apoyo del gobierno, entre otros.
En el marco de la planeación democrática que establece nuestra Constitución es necesario que la elaboración de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Sistema de Administración Tributaria, consideren las propuestas que han sido formuladas por el sector privado con la finalidad de alentar la economía, así como para profundizar en las medidas de simplificación administrativa a que nos ha exhortado el titular del Poder Ejecutivo federal.
En este entorno, el tema de la eficiencia tributaria cobra relevancia y la desregulación y simplificación para las empresas debería también ser materia de una discusión seria para alentar su competitividad.
La actividad reguladora y fiscalizadora se convierte así en un pesado lastre que evita que los empresarios puedan concentrarse en su objetivo primordial que es la de producir, generar empleos y utilidades.
En el marco de las propuestas presentadas por el sector privado a continuación presentamos un catálogo de las mismas, las cuales tienen como finalidad alentar el desarrollo económico del país:
• Desregulación fiscal en trámites relacionados con el comercio exterior;
• Desregulación fiscal: eliminar los requisitos excesivos de comprobantes fiscales;
• Eliminación de comprobante en pago de parcialidades fiscales;
• Revisión de requisitos relativos a la obligatoriedad de dictámenes fiscales;
• Simplificación del trámite para realizar compensaciones de impuestos;
• Ampliación de las opciones y formas del pago de impuestos;
• Reducción de plazos para hacer devolución de impuestos;
• Disminución de requisitos en deducciones fiscales;
• Reducción de número de declaraciones parciales;
• Reducción el número de declaraciones informativas, la cual sólo sea obligatoria para contribuyentes mayores;
• Otorgamiento de facilidades de pago de impuestos vía tarjeta de crédito;
• Agilización del trámite para obtener citas ante el Sistema de Administración Tributaria;
• Homologación de criterios en las distintas administraciones, y
• Creación de estímulos fiscales para la generación de empleos
• Creación de estímulos por promover la energía limpia.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Respetuosamente solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 contemplen, los puntos de vista expresados por las asociaciones y cámaras empresariales con la finalidad de facilitar la creación de empresas y empleos en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Baja California y de Tijuana a detener la destrucción de la plaza cívica Benito Juárez de esa ciudad, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Bajo la artimaña de una legislación a todas luces inconstitucional, el gobierno de Baja California, sin mediar alguna demanda o petición popular, ni tampoco alguna opinión pública, promovió ante el Congreso estatal, la Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para Baja California, que fue publicada el 30 de octubre de 2009, con el fin de operar infraestructura pública o privada a favor de las élites estatales.
Con esta ley, las autoridades de los gobiernos estatal y municipal podrán asociarse con particulares para realizar todo tipo de contrataciones y convenios de servicios, de obra pública, adquisiciones, compra-venta, aprovechamiento e hipotecas de los bienes de la propiedad pública, sin necesidad de convocatorias o licitaciones, ni mucho menos de rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, en la misma ley establece en su artículo 3 que el estado no podrá celebrar contratos de asociación público-privadas con los bienes o servicios que por disposición constitucional o legal no proceda su concesión o uso por parte de particulares.
El presente punto de acuerdo denuncia públicamente el uso que las autoridades municipales y estatales de Baja California pretenden dar el parque Benito Juárez, pretendiendo una tala de más de un millar de árboles para destruir el emblemático centro cívico de la ciudad de Tijuana, para apoyar la construcción de un templo religioso, violentando con ello, el estado de derecho puesto que el propio gobernador ha señalado en repetidas ocasiones, que autorizará recursos públicos a fondo perdido.
Desde 1921 el gobierno de la República determinó en el Diario Oficial de la Federación, que la superficie de la naciente ciudad de Tijuana tendría el rango jurídico de propiedad del dominio público de la nación. Más adelante, el 14 de julio de 1978, se decretó en el artículo primero, inciso III, que se otorgaba la manzana 231 para la plaza cívica de la ciudad de Tijuana, con una superficie de 43,257.89 metros cuadrados.
En dicho decreto el entonces presidente José López Portillo incluyó una condicionante en la donación, en el artículo tercero, señalando que: “Si el gobierno del estado de Baja California le diere a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión a favor del gobierno federal”.
El decreto del 30 de noviembre de 1984, reitera que la plaza cívica en cuestión, tiene un carácter de parque urbano, y con ello se tiene entendido que tal determinación tiene rango de ley, y es propiedad del dominio público, por lo que no puede –bajo ninguna causal– ser enajenada, ni trastocada en su esencia, ni embargada, ni hipotecada, ni ser concesionada a particulares, ni modificada en sus dimensiones originales, y mucho menos, darle un uso diferente al que se le condicionó en la donación presidencial.
De manera colateral, el representante de la iglesia católica, Rafael Romo Muñoz, se hizo de la posesión de las manzanas 20 y 21 del fraccionamiento primera etapa del Río Tijuana, con alrededor de 23 mil metros cuadrados, sin que obre en el Registro Público de la Propiedad, donde se construye la catedral de Tijuana, la cual invade la calle de 100 metros que divide a las manzanas.
Además, se plantea la construcción de un inmueble con capacidad de 120 mil criptas que tienen un valor unitario de ocho mil dólares. Es necesario que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, así como la Procuraduría General de la República, esclarezcan las limitaciones que establece la ley complementaria al uso de tales inmuebles para la comercialización de las criptas para obtener alrededor de mil millones de dólares; para que inicien una indagatoria para aclarar si se trata o no de una manera encubierta de lavado de dólares producidos por la delincuencia organizada.
Resulta sospechoso que se pretenda construir un templo de un costo de 300 millones de dólares, con un cupo de 30 mil feligreses, sobre la falla tectónica denominada La Revolución , cuya arquitectura no considera salidas de emergencia y cuya puerta lateral se encuentre situada a ocho y medio metros altura, sobre la rasante de la banqueta paralela al bulevar Centenario de Tijuana.
Recientemente se conformó un patronato denominado Zócalo 11 de julio, que representa la fecha fundacional de la ciudad. El gobernador tomó la protesta al patronato y anunció que estaba integrado por particulares y funcionarios públicos, con el fin de llevar a cabo la construcción de una plaza cívica, como sitio de identidad y encuentro social, aduciendo que Tijuana carecía de un lugar adecuado para reunir a la población. En el acto, el Ejecutivo estatal señaló que la obra tendría un costo de 300 millones de pesos, en poco menos de un año, se publicó que en la misma obra se invertirían 900 millones de pesos. Pero al finalizar el año 2010, el gobernador declaró que la obra costaría mil 200 millones de pesos, donde dos terceras partes de la inversión estaría a cargo del patronato y la otra tercera parte sería aportada por el gobierno del estado, y que éste recurriría a la Cámara de Diputados, para solicitar 400 millones de pesos a fondo perdido de algún subejercicio presupuestal.
El proyecto de la nueva plaza cívica contempla diversas obras, tales como: estacionamiento de tres niveles con capacidad para 2 mil 700 autos; edificio emblemático, edifico para el instituto de cultura con plaza, escenario, áreas verdes; explanada para 35 mil espectadores; conexión peatonal al centro comercial; calzada para conectar al centro cultural de Tijuana; zonas de servicio; así como una estación para transporte urbano. Sin embargo, lo que no se dice, es que todo el conjunto arquitectónico estará construido a una altura de más de ocho metros sobre el nivel de la calle, construyéndose en realidad, en lo que cualquier persona sensata conoce como una azotea. Tratándose de una estructura destinada a soportar 35 mil personas, que pudiesen estar o bailando o brincando repetidamente, podrían crear el efecto de reverbero y provocar el colapso espontáneo con las consecuencias trágicas de miles de muertos.
Cabe señalar que ni el gobierno municipal de Tijuana, ni el gobierno del estado de Baja California, han solicitado en sus respectivos presupuestos de egresos, los rubros para invertir en un estacionamiento de cobro en el primer caso, ni una plaza cívica en el segundo. Ni mucho menos, tales obras se encuentran plasmadas en sus planes de desarrollo. Así como el gobierno estatal tampoco contempla dentro de su Constitución, ni dentro de sus facultades, intervenir en obras de infraestructura urbana, puesto que esto sólo es facultad de los ayuntamientos municipales.
Con la prisa por construir un estacionamiento para el palacio municipal, el cual quedó inconcluso y se encuentra bajo investigación por parte de la nueva administración del XX Ayuntamiento de Tijuana, se destruyeron más de cien árboles de 30 años de edad, así como la explanada de adocreto que servía para la celebración de los principales actos oficiales de la ciudad.
Ante estos atropellos, la población de Tijuana se ha manifestado de manera pacífica en defensa del parque Benito Juárez, y el rechazo total al proyecto que pretende destruir más de mil árboles para concesionar el espacio a los integrantes del oprobioso patronato, por un plazo de 30 años. De tal manera que se beneficiarán de las edificaciones que se contemplan construir. Hasta el momento se cuenta con 80 mil testimonios de rechazo de los tijuanenses al insensato proyecto del gobernador Osuna Millán y su simulado patronato
El cabildo municipal de Tijuana en pleno, –que ha sido calificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el municipio más endeudado en el país– sin convocatoria pública y sin licitación real, salvo la que inventaron en la memoria de debates de la sesión del 30 de octubre de 2009, señala en el punto “4.3 dictamen XIX-OPS-007/2009 relativo a la adjudicación en la licitación pública CONC-002TJ-2009, realizada para otorgar sujetar al régimen de concesión, la construcción y operación de un estacionamiento público”
Sobre el anterior tema, el actual oficial mayor del XIX Ayuntamiento de Tijuana expresó que debido a que se invertirían 166 millones de pesos de capital privado, se realizaría un concurso privado para otorgar la concesión, en el que participó únicamente la empresa que hizo la propuesta, cuya denominación social es Administración de Obras y Concesiones SA de CV. Se ignora quién la representa, pero lo que es evidente y sumamente delicado es que simularon la sesión extraordinaria del cabildo número 32, se realizó exclusivamente con ese propósito. De haberse llevado a cabo, les habría tomado tres días desahogar todos los temas, con los debates respectivos que en ella se consigna.
Es importante señalar que existe un decreto presidencial que determina que el origen y destino de los bienes inmuebles de que se trata, por ser de propiedad del dominio público, no se podrá cambiar tal condición, ni será legal darle un fin diferente al señalado en el decreto por el que dicha propiedad fue donada. No podrá hipotecarse ni parcial ni totalmente, ni podrán ser gravados con un fin determinado por el gobierno y menos por un particular, sea persona moral o física, ni podrán causar derechos de propiedad a quien los posea por cualquier título, ni podrán modificarse en sus medidas originales, ni podrán enajenarse, o quedar sujetos a la licitación que intente la traslación de la propiedad de dichos inmuebles.
Con base en las consideraciones previas, someto al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se integre una subcomisión representada por todas las fracciones parlamentarias para que lleve a cabo una indagatoria, y se sometan a votación las conclusiones a las que haya llegado.
Segundo. Que no se le otorgue al gobierno del estado de Baja California, ni al gobierno municipal de Tijuana, ningún recurso que tenga como fin complementar los gastos de inversión en obras con carácter suntuario, o para obras de tipo religioso. Así como tampoco autorizar un recurso cuya finalidad sea la de concesionar un bien público a una empresa particular, para que ésta lucre o disfrace el lavado de dinero.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a de la Función Pública, para que revisen la pertinencia constitucional y legal, que implicaría que los gobiernos del estado de Baja California y el del ayuntamiento municipal de Tijuana, utilicen recursos de particulares en inmuebles de la propiedad del dominio público, cuyo origen sea poco transparente. Además que se vigile que los particulares, sean personas físicas o morales, o una asociación religiosa no graven por algún empréstito, algún inmueble cuyo origen sea el de una donación por parte del gobierno federal, y que mantengan la condición de ser propiedad del dominio público, y por ende sean imprescriptibles, invendibles, inembargables, inalienables e ingravables.
Cuarto. Que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, conforme a sus atribuciones y facultades, procedan a investigar la procedencia de los recursos que se inviertan en la construcción de la catedral de Tijuana, el estacionamiento del palacio municipal de Tijuana, y las que se pretenden realizar por los particulares y los funcionarios públicos del patronato Zócalo 11 de julio, en los predios de la plaza cívica de Tijuana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a mantener el suministro de gasolinas y de diesel a todos los distribuidores en la república conforme al marco jurídico vigente hasta en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva los procedimientos mediante los cuales se ha impugnado la legalidad de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos publicadas en el DOF el 30 de marzo de 2011, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, 82, numeral 2, fracción I, 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
I. Planteamiento del Problema
1. El 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos, aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex el 25 del mismo mes y año.
2. Estas disposiciones administrativas tienen como propósito substituir el actual esquema de distribución de derivados del petróleo, formalizado en los actuales Contratos de Suministro y Franquicia, por otro que funcionaría a través de centros de distribución operados por “terceros autorizados”, que se formalizaría con los distribuidores a través de un nuevo instrumento denominado Contratos de Venta de Primera Mano y Franquicia.
3. En el artículo 5o. transitorio de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos se establece que, a más tardar el 30 de septiembre de 2011, los organismos descentralizados deberán haber modificado o substituido los contratos de ventas de primera mano que corresponda a fin de que guarden congruencia con las disposiciones jurídicas vigentes, es decir, con las normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2011.
4. Miles de distribuidores en toda la República han recurrido al juicio de amparo para evitar que Pemex les imponga, de manera unilateral, el nuevo contrato para la distribución de gasolinas y diesel. A la fecha estos juicios se encuentran pendientes de resolución en los juzgados federales, por lo que la legalidad del acto reclamado se encuentra pendiente de ser dirimida.
5. El 12 de mayo de 2011, la Cámara de Diputados presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la aprobación de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos por estimar que su contenido invade la esfera de competencia de este órgano legislativo y vulnera el orden constitucional en su integridad. Esta Controversia está listada para resolución en la Sesión Pública Ordinaria de la Primera Sala a celebrarse el 5 de octubre de 2011.
6. Desde la publicación de la norma administrativa mencionada, los distribuidores de Pemex en toda la República han venido siendo presionados y hostigados para que firmen el modelo de contrato que formaliza el nuevo esquema de distribución que pretende imponer Pemex, bajo la amenaza de suspenderles el suministro de combustible a partir del 30 de septiembre de 2011 a quienes no lo hagan. Es decir, a partir del viernes próximo, Pemex amenaza con dejar sin gasolina y diesel a 8 mil gasolineras distribuidas en todo el territorio nacional.
II. Exposición de Motivos
Primero: La norma administrativa en la que Pemex pretende apoyar su decisión de suspender el suministro de combustible a los distribuidores que no acepten suscribir el nuevo modelo de contrato, denominado “contrato de venta de primera mano y franquicia”, es una norma cuya validez está siendo impugnada a través de miles de juicios de amparo y de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedimientos que se encuentran en pleno desarrollo procesal, sin embargo, es importante señalar que en los juicios de amparo la autoridad judicial ha concedido varias suspensiones definitivas, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de suspender o restringir a los quejosos el suministro de los combustibles.
Segundo: Es necesario destacar que en el supuesto de que Pemex decida suspender, de manera arbitraria, el suministro de combustible a los distribuidores que no acepten el nuevo contrato a partir del 30 de septiembre de 2011, se causaría un daño severo e irreparable a la economía nacional, tanto por los ingresos fiscales que dejarían de recaudarse –más de mil 700 millones de pesos en un solo día– como por la afectación de las actividades productivas en general al dejar sin gasolinas y diesel aproximadamente al 80 por ciento de las 9 mil 979 gasolineras que operan en el país.
Tercero: Es evidente que este órgano legislativo no puede ignorar la gravedad que implica para la economía y la estabilidad nacional una decisión unilateral, arbitraria y fuera de toda lógica, como la que amenaza con tomar la burocracia que dirige Pemex, por lo que, ante el inminente riesgo de que este despropósito se actualice a partir del 30 de septiembre de 2011, estimo indispensable que este pleno emita el exhorto que es materia de esta proposición con la oportunidad que el caso amerita.
Por lo expuesto, me permito someter esta proposición como de urgente y obvia resolución, al pleno de la Cámara, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a que tome las medidas necesarias para mantener el suministro de gasolinas y diesel a todos los distribuidores en la República Mexicana bajo el marco jurídico vigente, de manera regular e ininterrumpida, hasta en tanto el Poder Judicial de la federación resuelva de manera definitiva los procedimientos mediante los cuales se ha impugnado la legalidad de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales a emprender acciones conducentes a la homologación salarial y de prestaciones de los policías, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En 2009 se publica la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, con la cual se busca la reglamentación del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y por tanto tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.
2. En la citada ley, se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol). Dicho sistema establece la homologación salarial y de prestaciones para todos los policías de nuestro país.
3. El Sistema Nacional de Seguridad Publica reporta que a nivel nacional existe un sueldo promedio de un policía estatal de 9 mil 250 pesos mensuales, pero Tamaulipas representa el extremo más bajo.
4. Este incumplimiento al sistema provoca además de los antecedentes de corrupción en cada estado, un aumento de ésta, ya que ante los índices tan elevados de delincuencia organizada, igualmente se presenta la necesidad de los funcionarios públicos de participar en tal actividad al no percibir prestaciones acordes con su labor.
5. Según el análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública se señala que los estados cuyas policías obtienen las mayores percepciones son Baja California, con 17 mil 636 pesos; Campeche, 13 mil 234; Zacatecas, 12 mil; San Luis Potosí, 11 mil 277; Sonora, 11 mil; Jalisco, 10 mil 91; Querétaro, con 9 mil 994; y Nuevo León, con 9 mil 460 pesos.
6. En contraste, los estados con policías peor pagados son, además de Tamaulipas, Quintana Roo, con 4 mil 894 pesos; Nayarit, 5 mil 762; Oaxaca, 5 mil 951; Tabasco, 6 mil 271; Yucatán, 7 mil 625; Colima, 7 mil 685; y Guerrero con 7 mil 736 pesos mensuales.
7. Por lo que se refiere a los sueldos de los mandos medios y superiores de las corporaciones de policía estatal, igualmente corresponden los registros más bajos a Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, y los sueldos más altos se encuentran en Coahuila, Campeche, Durango y Guanajuato en cuarto sitio.
8. Siendo el estado de Tamaulipas uno de los mayores índices delictivos del país, un agente de la policía estatal de Tamaulipas percibe, en promedio, un sueldo de 3 mil 618 pesos mensuales, igualmente con la misma diferencia en prestaciones de sus cargos.
9. A nivel nacional, a pesar del sueldo promedio de 9 mil 250 pesos de un policía estatal, es la entidad federativa de Aguascalientes la que tiene a los agentes estatales mejor pagados del país, con percepciones de 18 mil 173 pesos por mes.
10. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos como parte fundamental del desarrollo integral de la nación la promoción del correcto cumplimiento de nuestro orden jurídico, ya que sólo de esta manera lograremos que todos los actores de nuestra sociedad cumplan con responsabilidad su función.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales a emprender acciones para garantizar lo establecido en la Ley de General del Sistema de Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), que a su vez prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones para los policías.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar las zonas rurales de Hidalgo afectadas por desastres climáticos y a liberar tanto los recursos del Fonden como los del FAPRACC, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I y II, 82 y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a apoyar las zonas de Hidalgo afectadas por los desastres climáticos en las áreas rurales y liberar tanto los recursos del Fonden como los del FAPRACC.
Exposición de Motivos
Los productores agrícolas de Hidalgo han sido afectados en su importante labor para la entidad, pues en el periodo 7-10 de septiembre del presente año ocurrieron heladas tempranas, que afectaron de manera grave los cultivos de temporal que se tenían, concretamente las cosechas de cebada, maíz, frijol, avena, canola y haba.
Las heladas registraron temperaturas bajo cero, entre menos 2 y menos 4 grados Celsius, según estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
La región del altiplano es totalmente de temporal, por lo que se tienen que esperar unos 14 meses para obtener un ingreso por las cosechas, siempre que no ocurra otro desastre.
En Hidalgo se han suscitado en los tres últimos años fenómenos naturales negativos, lo que ha afectado de manera gradual el capital de los campesinos.
La región en comento considera 150 mil hectáreas y 17 mil productores afectados.
Por si eso fuera poco, dichas heladas ocurrieron en un mes de cosecha, por lo que ya se ha realizado toda la inversión en el cultivo, dejando a los productores endeudados con empresas, bancos y diversas entidades financieras. Es alarmante la afectación económica de los productores y campesinos como resultado de las heladas, pues el poco grano de cebada que aún queda no tiene calidad maltera por muerte del embrión.
No olvidemos, compañeros diputados, que el cultivo del campo es la base histórica de la economía nacional. El deterioro económico que ya mostraba el campo mexicano, por la mala planeación y pésima estrategia para competir en el mercado internacional, se agrava con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales que hemos sufrido en diversas entidades del país.
Afortunadamente, la Cámara de Diputados reconoció en días recientes la existencia de zonas de emergencia y de desastre en entidades como Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y México, a fin de exhortar al gobierno federal a liberar los recursos correspondientes para enfrentar estas situaciones, derivadas de la naturaleza.
Sin embargo, Hidalgo aún no cuenta con los apoyos de los Fondos de Desastres Naturales (Fonden), y para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC).
Hoy más que nunca necesitan los recursos del Fonden, un programa emergente y permanente de apoyo al empleo y la reactivación productiva del sector agrícola y del FAPRACC.
Por ese motivo solicito la sensibilidad solidaria de esta asamblea a efecto de que se emita la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de Hidalgo, y se puedan liberar los recursos para enfrentar dichas contingencias.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de Protección Civil, a emitir la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de Hidalgo por las intensas heladas de las últimas semanas.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, a acelerar el proceso de liberación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y apoyar directamente a los productores agrícolas de Hidalgo afectados.
Tercero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a acelerar en el marco de sus atribuciones y las normas vigentes el proceso para implantar, por sus diferentes programas federales, uno emergente y permanente de apoyo al empleo y la reactivación productiva del sector agrícola en Hidalgo.
Cuarto. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a apoyar –por el Programa de Atención a Desastres Naturales del Sector Agropecuario y Pesquero y otras acciones de política pública que considere pertinentes– a los productores de Hidalgo afectados por las heladas recientes, con acciones que permitan la recuperación de su capacidad productiva, recobrar la liquidez de los productores, dar certidumbre a la comercialización y asegurar el abasto de alimentos a la población.
Quinto. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a realizar en el marco de sus atribuciones una revisión minuciosa del efecto generado por las intensas heladas en Hidalgo, con objeto de establecer las posibilidades y que los productores afectados reciban apoyos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climáticas, y enfrentar los problemas generados por el evento natural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar por la Secretaría de Salud las acciones necesarias a fin de detectar, prevenir, tratar y controlar el cáncer de pulmón mediante programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta sobre el padecimiento, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, numeral 1, fracciones I y VIII, 62, numeral 2, 65, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, 82, numeral 2, fracción I, 100, 113 y 139, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La vida es el don más preciado del ser humano, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, el estado debe proteger la vida y la salud de sus gobernados.
La intención constante experimentada por el hombre de vivir el mayor tiempo posible, lo ha impulsado a encontrar los medios adecuados para lograr una vida más sana y duradera.
El cáncer es una enfermedad que a nivel mundial reporta 10.9 millones de nuevos casos por año, incluyendo a la población por debajo de los 18 años de edad. Actualmente, mueren más personas a causa del cáncer de pulmón que de cáncer de mama, de colon y de próstata juntos. La tasa de incidencia es ligeramente más alta en los países desarrollados que en los que están en vías de desarrollo, sin embargo en los países con ingresos medios y bajos la incidencia de cáncer se ha incrementado debido a la mejora de los estándares de vida de la población. Se estima que en el 2020 el cáncer puede matar a 10,3 millones de personas si no se actúa con presteza.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en México, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en índice de mortalidad por tumores malignos y amenaza a más hombres mexicanos que cualquier otro tipo de cáncer, se detectan cerca de 120 mil nuevos casos de cáncer anualmente, de los cuales 74 mil personas (61.6%) fallecen por esa patología.
Entre los factores para desarrollar este tumor se encuentra el tabaquismo como uno de los más frecuentes, pero no es el único, ya que hay otros como exposición ocupacional (alquitrán y hollín y metales de la construcción) y a la radiación (rayos X y rayos gamma); contaminación ambiental (especialmente humo de combustibles y carcinógenos aéreos) y contaminación del aire dentro de los hogares (producido por combustión de calentadores y cocinar).
El tabaco es responsable de más del 90 por ciento de los casos no sólo directamente sino indirectamente (tabaquismo pasivo) y en asociación con otras sustancias. Sin embargo, existen otras causas (polución ambiental, laboral o en los hogares) y factores modificadores del riesgo individual como la dieta o la susceptibilidad genética. El consumo de cigarro es lo que da el carácter de epidemia a la enfermedad, sin embargo en nuestro país 30% de los pacientes de esta enfermedad no son fumadores, entonces el desarrollo del cáncer se debe a la inhalación indirecta del humo de cigarro o de sustancias y agentes tóxicos, como la contaminación del aire. A pesar que mayormente el tabaco es la causa de éste cáncer, no en todos los casos de cáncer de pulmón existe una causa concreta detectada, ni la presencia de un agente etiológico conlleva siempre la aparición de cáncer de pulmón (por ejemplo, sólo el 10-15% de los fumadores desarrollará un cáncer de pulmón a lo largo de su vida). Estos hechos hacen pensar en la existencia de efectos aditivos y sinérgicos entre las distintas causas para determinados casos; así como en la existencia de factores de predisposición y de riesgo para el cáncer de pulmón que quizás por sí solos no son suficientes para la carcinogénesis pero asociados a otros factores conducen a la aparición del tumor (por ejemplo, factores de susceptibilidad genética).
El mayor problema de esta enfermedad es que es difícil de detectar. Una prueba de esta dificultad es que el 75% de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que disminuye en gran medida la supervivencia del paciente. Dado este panorama, no es de sorprender que el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón fallezcan en los siguientes 10 meses de su detección.
Entre los síntomas principales que pueden alertar sobre un posible tumor en el pulmón se encuentran las crisis respiratorias agudas durante largos periodos y que no ceden con los tratamientos convencionales, pérdida de peso, falta de aire y la presencia de tos con sangre en las etapas avanzadas.
En México la detección temprana de esta neoplasia se hace en un bajo porcentaje y la mayor parte de los pacientes llegan con el oncólogo cuando el cáncer está muy avanzado o ya presenta metástasis en hueso, cerebro o pulmón contralateral.
Es posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención de la enfermedad así como a la detección temprana la cual debe consistir en conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el diagnóstico y el tratamiento antes de que la enfermedad siga avanzando, así como los programas de diagnóstico temprano idóneos en los lugares de pocos recursos donde la mayoría de las neoplasias se diagnostican en fases muy avanzadas.
Actualmente la forma de tratar este cáncer se hace de forma integral, es decir, multidisciplinario, el cual incluye a neumólogos, cirujanos de tórax, radioterapeutas y oncólogos médicos. Existen avances importantes en el diagnóstico de estos pacientes, así como en el tratamiento con mejoría importante en la sobrevida, pero sobretodo en su calidad de vida.
Entre las terapias nuevas que existen para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas destacan las denominadas de blanco molecular, que en estudios internacionales han demostrado una alta efectividad en pacientes que presentan el factor de crecimiento epidérmico.
Este factor de crecimiento para las células tumorales es de gran importancia en el desarrollo de la neoplasia, el cual origina que las células cancerígenas se activen más rápidamente y proliferen, por lo que hacen al tumor más agresivo.
El tratamiento inhibe al receptor de la célula que actúa en el factor de crecimiento epidérmico y en pacientes mexicanos ha logrado remitir el tumor, ofreciendo una sobrevida de entre dos y cinco años y la calidad de vida que les permite realizar sus actividades normales, reduciendo eventos adversos que pueden presentarse frecuentemente con la terapia convencional.
La salud es una responsabilidad compartida, no solamente de los legisladores sino también del Gobierno Federal, en el cual no solo es garantizar la salud de los mexicanos, si no que debemos trabajar en acciones que faciliten un estilo de vida, precisamente para aspirar a una mayor esperanza de vida con calidad.
Por anterior, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento, así como para que la Secretaría de Salud evalué las ventajas y viabilidad que se tendrían al utilizar la terapia denominada de blanco molecular, en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a actualizar la NOM-033-ZOO-1995, respecto al sacrificio humanitario de animales de compañía; y al secretario de Salud, a intervenir –en el ámbito de su competencia– y aportar opiniones para modificarla, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT
En 1995 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitió la Norma Oficial Mexicana 033-ZOO-1995 referente al “Sacrificio Humanitario de Animales Silvestres y Domésticos”, argumentando que en ese entonces nuestro país carecía de normas que regularan la aplicación de técnicas de sacrificio humanitario de animales.
Han transcurrido 16 años desde la publicación en el Diario Oficial de la NOM 033, tiempo en el que las técnicas de sacrificio distan mucho de ser humanitarias y la aplicación de éstas no necesariamente atiende a las muy generales recomendaciones que la norma establece.
Estamos seguros de que el trato que una sociedad brinda a su entorno es reflejo del grado de madurez cultural o del atraso de la misma.
Tengo la certeza de que todos los legisladores, representantes de tan disímbolos sectores de la sociedad, coincidimos en la aspiración de construir un país fincado sobre valores firmes y el hecho de reconocer nuestras deficiencias y mostrar voluntad para resolverlas es un signo claro de nuestro compromiso con la nación.
Considerando
Es necesario y urgente que las instituciones públicas del país promuevan y fomenten una cultura de respeto a los animales.
Consideramos que la electrosensibilización a la que se refiere la NOM ZOO 033-1995 es una técnica de sacrificio animal inhumana y obsoleta, razón por la cual debe de derogarse de la norma, sobre todo en lo referente a perros, gatos y aves de compañía, dejando su aplicación exclusivamente para la ejecución de animales de abasto y de consumo humano.
Compartimos la idea de que es necesario evitar la sobrepoblación de animales domésticos o de compañía, sin embargo, esta situación no debe de resolverse a través del exterminio, sino mediante la esterilización, acompañada de intensas campañas de concientización de responsabilidad sobre la tenencia de animales de compañía. Por esta razón, es preciso eliminar párrafo señalado con el numeral 6.1.1 sobre el sacrifico humanitario de perros y gatos.
Se requiere que dentro de la NOM 033 ZOO 1995 se considere la instalación de centros en los que se procure brindar una adecuada atención animal en todas la delegaciones de la Sagarpa. Estos centros deben de contar con una cantidad suficiente y necesaria de barbitúricos y anestésicos de aplicación animal.
Se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, a efecto de que modifique el texto de la NOM 033 ZOO-1995 para excluir totalmente la aplicación de la electrosensibilización en el sacrificio de animales de compañía, conservando su aplicación exclusivamente para la ejecución de animales de abasto y consumo humano.
Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, a intervenir en la nueva redacción del texto de la NOM 033-ZOO-1995 y coadyuve para garantizar la dotación de barbitúricos y anestésicos, así como para definir la ubicación y funcionamiento de los centros en los que se procure una adecuada atención animal.
Tercero. Se exhorta al secretario de Salud a intervenir en la instrumentación de campañas de esterilización animal a nivel nacional, así como de difusión sobre concientización de responsabilidad sobre la tenencia de animales de compañía.
Cuarto. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a eliminar el párrafo señalado con el numeral 6.1.1 sobre el sacrifico humanitario de perros y gatos y, en cambio, promover campañas de esterilización de perros y gatos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los métodos de laboratorio para detectar el virus del papiloma humano, a cargo de la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María del Carmen Guzmán Lozano, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tener el virus de papiloma humano (VPH) no es sinónimo de cáncer, el VPH es una causa necesaria pero no suficiente, es decir, no puede haber cáncer sin la presencia del virus, pero el hecho de que una mujer esté contagiada no quiere decir que desarrollará el cáncer.
La presencia de este virus es la más frecuente entre las enfermedades de transmisión sexual, ya que 50% de los que iniciaron su vida sexual activa la padecen.
Es una enfermedad rara de una infección común: existen 100 tipos de VPH, pero no todos desembocan en lesiones leves o graves. En las infecciones agudas, 85% de los virus se eliminan con o sin tratamiento, esto ocurre mayoritariamente con mujeres jóvenes y sanas. A aquellas que no pueden eliminarlo y no se tratan a tiempo les provocará lesiones de alto grado y cáncer.
El virus se contagia por la fricción de tejidos, y si encuentra una lesión en el cuello de la matriz, éste penetra y se va inmediatamente hacia las células basales creando así una infección de moderada a grave.
En nuestro país, se ha implementado un programa de prevención bien estructurado, el cual ha mostrado avances importantes en los últimos años como lo son la disminución de la mortalidad. A pesar de que la Secretaría de Salud es pionera en México y en América Latina en la aplicación de la prueba de laboratorio captura de híbridos.
Sin embargo, este método no es el único método de laboratorio basado en biología molecular empleado para detectar HPV de tipos oncogénicos.
En la actualidad las técnicas de biología molecular permiten un diagnóstico certero de infección por virus del papiloma humano, se puede realizar actualmente mediante diversos procedimientos de laboratorio basados en la biología molecular, hibridación y la reacción de la cadena de la polimerasa (PCR).
Si bien la captura de híbridos es una herramienta útil, ya que puede distinguir entre familias de HPV de bajo y alto riesgo, sin embargo, no provee información específica acerca de los genotipos de HPV presentes en una muestra cervical. La detección de genotipos individuales de HPV en muestras cervicales podría servir para una más precisa estratificación del riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino.
Se han desarrollado pruebas basadas en PCR para identificar un amplio espectro de genotipos de HPV en muestras clínicas, utilizando una única reacción de PCR. Estas pruebas son capaces de identificar individualmente los genotipos de HPV de mayor poder oncogénico, HPV 16 y HPV 18, adicionalmente a los genotipos de identificados como de alto riesgo, proporcionando información clínica de mejor uso para la estratificación de la atención a las pacientes en riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino.
Por lo anterior mencionado es conveniente que la Secretaría de Salud federal realice una convocatoria para licitación pública a efecto de que laboratorios que manejen el método de laboratorio basado en biología molecular empleado para detectar HPV de tipos oncogénicos, puedan participar en el programa de salud de detección al virus del papiloma humano para atender de una mejor manera el padecimiento de cáncer cérvico-uterino, en bienestar del interés común y la Salud Pública de la sociedad mexicana, siendo que el método utilizado en la actualidad por el gobierno federal a través de su dependencia de salud ha sido a través del método de captura de híbridos; contratado mediante el procedimiento de adjudicación directa. Y al no justificarse los casos de urgencia; peligro o alteración del orden social, en la economía, de la salubridad, de los servicios públicos, en la seguridad y el ambiente o que se tenga que realizar con fines militares o sean necesarios para garantizar la seguridad nacional; o exista caso fortuito o de fuerza mayor; por secreto de estado; por la existencia de una sola marca determinada; o que sea patente única, que motiven a optar por el dicho procedimiento de adjudicación directa como única vía, consideramos que el próximo ejercicio presupuestal se deberá ajustar para permitir realizar el procedimiento de contratación a través de licitación pública, con el objetivo para que entre los concursantes también participen otras empresas que manejen tanto el método captura de híbridos como el método de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), ya que se conoce la existencia de corporaciones que cuentan con la capacidad de respuesta inmediata, así con los recursos técnicos, financieros que están relacionadas con el programa de salud en ejecución.
Es por ello que, con base en la implementación de nuevas tecnologías de diagnóstico en materia prevención del cáncer cérvico-uterino, se pretende exhortar a las Comisiones de Salud y Presupuesto y Cuenta Publica para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se tome en cuenta una partida presupuestal exclusiva para cubrir los gastos correspondientes para convocar una licitación pública para el programa de salud de detección al virus del papiloma humano, independiente de lo que se destine al programa respectivo, esto con fundamento en el artículo 126 constitucional, y el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece lo siguiente:
Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.
Siendo este honorable Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, el lugar idóneo para el debate que permita la solución de problemas, es que consideramos que, antes de que crezca la afectación a la salud de los habitantes de las zonas contaminadas y se complique la solución, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sin mayor afán que el bienestar de nuestros representados, pongo a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva determinen que los Métodos de laboratorio basado en biología molecular empleado para detectar HPV de tipos oncogénicos, sean mediante procedimiento de licitación pública y no solamente hacer uso del programa de detección bajo el método de captura de híbridos, permitiendo la participación de metodologías alternas como la de PCR, asimismo que las metodologías participantes cuenten al menos un protocolo de análisis de efectividad en tamizaje poblacional a nivel nacional o internacional no menor a 45,000 pruebas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 4 de octubre de 2011.
Diputada María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala a emprender acciones a fin de contar con registros eficientes de información que permitan conocer la situación de la trata de personas en el estado y tomar medidas para prevenirla y combatirla, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1 fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Que el pasado junio fue dado a conocer el Informe sobre Tráfico de Personas 2011, 1 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se destaca que durante 2010, la mayoría de víctimas del tráfico identificadas en México eran de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. El municipio de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, es identificado como una de las principales fuentes de mexicanos víctimas de tráfico sexual explotados en México y en Estados Unidos.
2. El pasado cuatro de agosto, la directora de la Red Nacional de Refugios, Rosa María Salazar, dio a conocer que al menos 47 redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual operan en México, favorecidas por la impunidad, siendo Tlaxcala el “foco rojo”. Destacó que de acuerdo a informes basados en investigaciones hechas en Estados Unidos, en los que se evaluaron 195 países, se reveló que esas redes explotan cada año, sexual y laboralmente, a 800 mil adultos y 20 mil niños.
Del mismo modo precisó que Tlaxcala se convierte en el centro de operaciones de lenones y tratantes, destacando que la justicia estadounidense señala que las bandas de trata que han detectado en Estados Unidos, que van desde México, la mayoría de ellos operan en Tlaxcala, principalmente en los municipios de San Pablo del Monte, Tenancingo, Mazatecochoco, Teolocholco y Acuamanala.
Salazar expuso que la ruta incluye los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, así como países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde son la mayoría de las mujeres explotadas, y quienes son trasladas a Tlaxcala. De ahí son distribuidas al norte del país, con mayor demanda en Tijuana y Ciudad Juárez, así como Acapulco y Cancún, son los principales destinos de turismo y comercio sexual con infantes.
3. El pasado cinco de agosto la procuradora del estado de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, declaró que Tlaxcala ni es foco rojo contra trata de personas con fines de explotación sexual, ni centro de operaciones de redes, y menos se ha hecho caso omiso ante este delito, asimismo agregó que se ha estigmatizado al estado por el hecho de que los detenidos por trata de personas y explotación sexual son originarios de Tlaxcala.
Considerandos
Primero . Que la trata de personas es una actividad oprobiosa que lesiona la dignidad humana con diversas manifestaciones, la mayoría de ellas fijan como objetivo central la explotación laboral y sexual de menores y mujeres, estas últimas generalmente jóvenes de quince a veinte años de edad, quienes son presa fácil del engaño debido a su condición de vulnerabilidad por haber nacido pobres, por no tener una instrucción, o por no haber sido educadas para defenderse.
Segundo . Que diversos estudios y diagnósticos elaborados por organismos nacionales e internacionales coinciden en subrayar la problemática del Estado mexicano en el combate a la trata de personas, éstos concuerdan en situar al estado de Tlaxcala como un foco rojo en el tema de la trata de personas, señalando que es una entidad federativa donde existe una importante red de lenones.
Tercero . Que en el interior del estado de Tlaxcala no se desconoce esta problemática, diversas son las investigaciones que de forma particular lo analizan, entre las que destacan Prostitución, pobreza y políticas públicas dirigidas hacia las mujeres en la región sur de la zona de Tlaxcala ,2 en dicho estudio se realizó un análisis regional e institucional que mostró que comunidades enteras dependen económicamente de la prostitución, del tráfico de mujeres y niños a otros estados de la República Mexicana y a ciudades de Estados Unidos.
Otros estudios sobre el tema son el Diagnóstico de la explotación sexual comercial infantil en el estado de Tlaxcala, 3 y La trata de mujeres en Tlaxcala, 4 en donde se destaca que la mayoría de las personas conoce los municipios donde se sitúan, pueden describir la forma en que se mueven los grupos delictivos y hasta los lugares donde están situadas las casas de seguridad, conocen los mecanismos de reclutamiento, que van desde el matrimonio hasta el secuestro, la violación y las amenazas.
Cuarto . Que uno de los factores a los que se enfrenta actualmente el Estado mexicano en el combate a la trata de personas es que genera una millonaria fuente de ingresos y por tanto existe un fuerte motivo económico impulsor del delito, aunado a la ignorancia, indiferencia o complicidad que exhiben muchas autoridades gubernamentales, quienes demuestran una vez más, la poca importancia que le dan a los diagnósticos, estudios y recomendaciones en torno a la violencia contra las mujeres y de manera particular, a la explotación sexual de la que son víctimas.
Además de la intolerancia que muestran diversas autoridades del estado de Tlaxcala, a los estudios que exhiben la presencia de un fenómeno desbordante de trata de personas y la incapacidad para enfrentarlo por parte de las mismas, existe la pasividad e incumplimiento para generar registros y datos estadísticos que comprometan la elaboración y ejecución de acciones y mecanismos para combatirlo.
Quinto . Que hoy día los datos estadísticos y diagnósticos basados en éstos, representan herramientas al servicio del Estado de suma trascendencia para la toma de decisiones gubernamentales. Los datos que arrojan estos instrumentos de análisis y medición permiten en primera instancia conocer en plenitud la dimensión de un problema, valorar la situación y finalmente proponer programas y políticas gubernamentales adecuadas y eficaces ante la presencia de un fenómeno de naturaleza social.
Sexto . Que el estado de Tlaxcala no cuenta con registros oficiales que permitan corroborar o refutar los datos emitidos por distintos organismos nacionales e internacionales, no obstante que la Ley para la Prevención de la Trata de Personas de dicha entidad federativa dispone que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas tiene la atribución de crear registros suficientes y eficientes para actualizar la información sobre trata de personas y proponer las investigaciones y estudios necesarios para conocer la situación de la trata de personas en el estado en comento.
Se destaca que este consejo se encuentra integrado por diversas secretarías estatales, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala y la Procuraduría General de Justicia, cuya titular ha reaccionado de manera enérgica y contraria a la publicación de los datos contenidos en el diagnóstico emitido por la directora de la Red Nacional de Refugios.
Séptimo . Que la honorable Cámara de Diputados tiene la atribución de asumir posturas de carácter institucional respecto a asuntos no legislativos, de interés nacional o en nuestras relaciones con las entidades federativas, por lo que en merito de lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Tlaxcala a girar las instrucciones al encargado de la Secretaría de Gobierno del estado para que, a través del Consejo Estatal contra la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala, y dentro de las directrices del marco normativo, lleve las acciones necesarias que le permitan contar con registros eficientes de información a efecto de conocer la situación de la trata de personas en dicho estado y permita tomar medidas para su prevención y combate.
Notas
1 Cfr. http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf
2 Realizado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre el Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC.
3 Elaborado por la División de Estudios de Posgrado del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la universidad estatal.
4 Elaborado a propuesta del Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
