Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3401-VII, martes 29 de noviembre de 2011

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a respetar el estado de derecho en el marco de la disputa por la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados federales Claudia Edith Anaya Mota y Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010, estableció en el artículo vigésimo tercero lo siguiente:

Vigésimo Tercero. La liberación de los recursos públicos que en cualquier modalidad han sido aprobados en el presente decreto para la realización de la obra “Acueducto Independencia”, con la finalidad de llevar agua de la presa Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, deberá contar con el proyecto ejecutivo correspondiente y la autorización previa y resolución favorable por parte de las autoridades competentes, que en su caso apliquen en materia de:

A) Evaluación del impacto ambiental;

B) Manifestación de impacto regulatorio;

C) Prevención, mitigación y compensación de los daños a la ecología y al medio ambiente en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

D) El estudio geológico autorizado por las autoridades correspondientes.

Por otro lado, deberá acreditar ante las autoridades federales correspondientes el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la realización de la obra y que cuenta con los títulos de posesión de los derechos de vía de paso que correspondan para la misma.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le asignó 400 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la obra tendrá un costo total de 3 mil 800 millones de pesos.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 51, párrafo cuarto, establece:

Artículo 51. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las dependencias.

...

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender , diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera , reportando al respecto en los informes trimestrales.

Señalamos lo anterior, en virtud de que el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, recibió recursos de la federación para la construcción del Acueducto Independencia, y de acuerdo con la juez octavo de distrito, María del Rosario Alcántara Trujillo, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, la obra dejaría a los agricultores del municipio de Cajeme sin agua para el desarrollo de la agricultura, lo que generaría desempleo, migración y aumento en los niveles de pobreza de la región.

La juez ordenó resolución definitiva para suspender la construcción del Acueducto Independencia, con el cual se pretendía dotar a los habitantes de Hermosillo de 75 millones de metros cúbicos anuales de agua proveniente de los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva. Obra de 130 kilómetros de longitud entre la presa El Novillo y la capital sonorense

La resolución obedece a que desde el catorce de marzo el Gobernador Guillermo Padrés Elías se encuentra en desacato de suspensión provisional que prohibía continuar los trabajos de construcción del acueducto, dictada por la misma juez el pasado treinta y uno de agosto.

La juez María del Rosario Alcántara Trujillo 2 resolvió ordenar de inmediato al fondo de operación de obras del Sonora Sí, suspender los trabajos de la mencionada obra y dio vista al agente del ministerio público federal “para que haga valer lo que a su representación corresponda”, e inicie una averiguación previa contra las autoridades.

La decisión de la juez 3 implica frenar los trabajos, ya que queda sin efecto la licitación de la obra que se anunció el 6 de octubre de 2010 y en la cual se adjudica su construcción a un consorcio de 16 empresas sonorenses. Además, un acuerdo publicado el 24 de mayo por el juzgado octavo de distrito solicita a la mencionada autoridad encargada de la obra que gire instrucciones a quien corresponda a fin de dar cabal cumplimiento al anterior ordenamiento.

A pesar de todo lo anterior, y desde entonces, el presidente de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, por razones político-partidarias y distantes de la ley, se pronunciaron y se comprometieron con la conclusión de la obra.

Por su parte, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el 11 de marzo de este año, en reunión con sectores productivos en el Centro Cultural Musas, señaló que la obra, es una acción “necesaria y urgente”, 4 asimismo, aseveró estar convencido de que el trasvase de agua entre cuencas dentro del propio estado de Sonora no daña a nadie y se comprometió a continuar apoyando al Sonora SI –que es el Fondo de Operación de Obras estatal.

El pasado jueves 20 de octubre 5 el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, en el foro internacional Desde lo local, aseguró que los recursos financieros para concluir la construcción del Acueducto Independencia están garantizados, cuando la obra presenta un avance del 50 por ciento, señalo que en el caso del agua, sí se puede transferir las concesiones de un ámbito agrícola o industrial, hacia un ámbito del uso público municipal” sin embargo, y con respecto a la situación legal del proyecto del Acueducto, el Secretario no emitió comentario alguno

A su vez, el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, en comunicado de prensa 071-11, 6 de fecha 3 de octubre de 2011, informó que la construcción del Acueducto Independencia lleva un avance de 45 por ciento, que la construcción es un asunto de seguridad nacional y reitero el apoyo financiero al gobierno panista de Sonora.

El Director detalló que se continúa con la construcción de caminos para el traslado de maquinaria, equipos y materiales, así como de zanjas para la instalación de la línea de conducción de agua y que La obra se acredita con el registro en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP, número 1016B040002, y se encuentra inscrita dentro de los programas y proyectos de inversión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, lo cual lo que significa que la cantidad de recursos en el 2012 se realizará, a pesar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 y del juicio en curso.

Lo anterior demuestra que la obra es prioridad para los gobiernos federal y estatal panistas acosta del Poder judicial estatal y de los legítimos intereses de los habitantes de los municipios del sur del estado.

La obra continua bajo el argumento de que el agua debía utilizarse de forma prioritaria para el consumo humano y las extracciones de la presa El Novillo no pondrían en riesgo la actividad agrícola.

La resolución, ya lo anunció el gobierno del Estado, será combatida en la segunda instancia de un tribunal colegiado, donde el gobierno presume estar seguro de que ganará el proceso judicial, al demostrar que constitucionalmente el agua debe usarse de forma prioritaria para el consumo humano de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Mexicana.

Lo anterior, se encuentra fuera de tiempo jurídico, ya que la reforma constitucional del derecho humano al agua y a un ambiente sano el Senado de la República lo aprobó y lo turnó el 29 de septiembre del presente a revisión al Constituyente Reformador que representan los congresos de los estados, lo cual lo hace un argumento notoriamente inaceptable.

Cabe destacar que la obra contempla tres etapas, que son preparación del sitio –levantamiento topográfico, maniobras de acarreo, entre otras–; la construcción –tendido de tubería, excavación y varios procesos más–; y la operación y mantenimiento –con la extracción de agua de la presa, la conducción, etcétera.

La obra fue licitada a favor de Exploraciones Mineras del Desierto, SA de CV; 7 con registro federal de contribuyentes EMD-950206-SRA; domicilio Del Cobre s/n, 95, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, CP 83290; giro u objeto social de la empresa: construcción de obras civiles, arrendamiento y venta de maquinaria y equipo. Cuenta con empresas asociadas: Representante Exploraciones Mineras del Desierto, SA de CV, Samuel Fraijo Flores. Mezquite Construcciones, SA de CV, Francisco López Contreras. Terracerías, Construcciones y Vías Férreas, SA de CV, Miguel Ángel Ayala Guerrero. Constructora Miramar, SA de CV, Fernando Gutiérrez López. Inmobiliaria Carlos Alberto, SA de CV, Fernando Gutiérrez Cohen. Tecnoasfaltos y Terracerías, SA de CV, Alberto Mendívil Baranzini. Proyectos y Consultorías del Desierto, SA de CV, Carlos Alfonso Peñúñuri Soto. Gluyas Construcciones, SA de CV, Marcos Francisco Gluyas Solórzano. Constructora Trax, SA de CV, Jesús Roberto Sitten Ayala. La Azteca Construcciones y Urbanizaciones, SA de CV, José María Gallegos Campoy. Grupo Krene, SA de CV, Vernon Pérez Rubio Artee. Afel Constructores, SA de CV, Vernon Pérez Rubio Artee. Desarrollos Tecnológicos del Noroeste, SA de CV, Martín Alberto Flores Huerta. CSI Ingenieros México, SA de CV, Juan Ángel Cameto Umpierrez. Acuícola del Desierto, SA de CV, Armando Fraijo Flores. Proyectos y Supervisión JH Romero, SA de CV, Jesús Heriberto Romero Feliz. La licitación, de acuerdo con la juez Alcatara Trujillo, es ilegal y se ordenó su reposición.

Como sostenemos, esta obra se llevará a cabo por sobre lo que sea necesario.

En abono a nuestro argumento central, el 4 de febrero de este año se desarrollo una consulta pública sobre el Acueducto Independencia 8 en la ciudad de Hermosillo, entre las 45 personas que se apuntaron para presentar una ponencia en la reunión destaca que lo dicho por los académicos de la Universidad de Sonora, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, El Instituto Tecnológico de Sonora y el Centro mexicano del Derecho Ambiental, señalaron que el manifiesto de impacto ambiental presentado por el gobierno de Sonora requiere una notable transformación para que se toquen temas no contemplados en el actual documento, como son los efectos ecológicos que tendrá en la flora y fauna de las cuencas de origen y destino del agua; las consecuencias para las comunidades de la zona proveedora de agua; el efecto que podría tener el cambio climático en el suministro de agua; la existencia o no de zonas arqueológicas por donde pasará el proyecto, sobre todo porque existen indicios de que esto es posible; el consumo y disponibilidad de agua en Hermosillo y su zona costera como solución alterna a la problemática de abasto para el consumo humano ; cuáles serán los efectos sociales, económicos y de salud en la población de Hermosillo y Obregón por estas obra; la evaluación total sobre el proyecto y no de efectos fragmentarios como es la construcción de un tubo . Todas estas observaciones y otras sobre el manifiesto del impacto ambiental permiten sostener que la conclusión razonable es que este proyecto en su estado actual, no ha demostrado tener los elementos necesarios para poder ser aprobado.

El asunto, materia de la presente proposición, ya también lo está atendiendo el Congreso del estado, a través de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la cual aprobó se audite a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal del Agua y otras dependencias involucradas en la compra de derechos de uso de agua en Huásabas y Granados, a fin de verificar que el procedimiento haya sido apegado a la legalidad.

Dicha solicitud de auditoría surge a raíz de una denuncia presentada por ejidatarios del Valle del Yaqui, quienes solicitaron se investigue el uso de recursos públicos estatales para la compra de derechos caducos de agua para el acueducto Novillo, según se desprende de un dictamen de la Comisión Nacional del Agua.

No cabe duda, el gobernador Padrés se encuentra en rebeldía toda vez de que en resolución al proceso de amparo promovido bajo el expediente 865/2010, no se ha detenido la obra.

Cabe recordar que ya hay una solicitud ante la Procuraduría General República para que haga valer lo que a su representación corresponda e inicie una averiguación previa contra las autoridades por los hechos aquí descritos.

Las promociones en contra de la obra han sido presentadas por el Movimiento Ciudadano por el Agua, integrado por productores agrícolas y empresarios del Valle del Yaqui, enclavado en el sur de Sonora.

La respuesta al Movimiento de las autoridades estatales y federales, a la defensa de sus derechos, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9 presentó una denuncia penal contra los opositores a la construcción del Acueducto Independencia, quienes el martes 6 de septiembre bloquearon la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas.

Esta Cámara no pude estar al margen del uso indebido de los recursos públicos federales, debe, por el contrario, estar al pendiente del riesgo que corren los dineros del erario público en obras sujetas a juicios.

Ya que como autoridades, las federales y estatales, juraron guardar y hacer guardar la Constitución, en términos del artículo 128:

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Y con lo expuesto, las autoridades en comento faltan a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Esta Cámara se debe de pronunciar por la prevalencia del Mn el caso del Acueducto Independencia, en Hermosillo, Sonora, y en las actuaciones de autoridades panistas de los ámbitos federal y estatal, así como por la no partidización del dinero público, que sólo dejan beneficio al partido en turno en el ejecutivo estatal.

El pasado 3 de noviembre para cumplir la resolución ordenada vía exhorto por la titular del juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón, Rosario Alcántar Trujillo, poco antes del mediodía el personal de la judicatura federal, con el apoyo de dos agentes del Ministerio Público de la Federación más de una docena de elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, se apersonaron en diferentes puntos de la obra para ordenar a operadores de maquinaria detener los trabajos que se venían realizando. Sin embargo la suspensión solo duró unas horas y actualmente los trabajos de la obra prosiguen.

El pasado martes 8 de los corrientes, una vez más el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el expresó aquí su apoyo a la construcción del acueducto El Novillo-Hermosillo que lleva a cabo el gobierno estatal, que encabeza el panista Guillermo Padrés Elías. El presidente, señalo que “vamos a seguirle recio”, indicó el mandatario en alusión a la obra, misma que un juez de distrito ordenó detener al resolver a favor de los quejosos usuarios del distrito de riego 041 del Valle del Yaqui un amparo contra dicha construcción hidráulica.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobernador constitucional del estado de Sonora a que instruya al director del organismo público descentralizado del gobierno de Sonora denominado “Fondo de Operación de Obras Sonora Si”, a que acate el mandato judicial de suspensión de la obra “Acueducto Independencia”, hasta en tanto no haya una resolución definitiva.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a mantenerse al margen, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, del litigio entre el estado de Sonora e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua por la construcción de la obra “Acueducto Independencia”.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspender las ministraciones pendientes de transferir a la obra “Acueducto Independencia” establecida en el artículo vigésimo tercero transitorio el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en virtud del procedimiento judicial en curso.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desistirse de la denuncia penal en contra los opositores a la construcción del Acueducto Independencia, quienes bloquearon la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas, Sonora.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones sobre el desacato del gobernador de Sonora y, en su caso, dar vista a esta Cámara para procesar lo que en derecho corresponda.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=581016, 26 de mayo de 2011

3 http://www.eluniversal.com.mx/estados/79863.html

4 http://www.diariodesonora.com.mx/nota/3436

5 http://www.noticiasmegavision.com/seccion-sonora/15571-los-recursos-fin ancieros-para-concluir-la-construccion-del-acueducto-independencia-esta n-garantizados.html

6 http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/NotaP/Comunicado%20de%20Prensa%20071.p df

7 http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/Busqueda Ejemplares.asp?numnota=865019&fecha=11/10/2010

8 http://foroson.com.mx/post/2011/02/04/Consulta-publica-sobre-el-Acueduc to-Independencia-La-obra-tendria-que-esperar.aspx

9 http://www.jornada.unam.mx/2011/09/08/estados/035n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2011.

Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco a respetar de manera total los derechos de sus trabajadores, con el pago inmediato de los salarios que ilegalmente les han retenido, y a garantizar el cumplimiento de las prestaciones correspondientes, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ignacio Téllez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que es obligación de los diputados como representantes sociales, velar el irrestricto cumplimiento de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes que de ella emanen y en general ser un vinculo de nuestros representados, garantizando que en el caso de que se presenten violaciones legales sistemáticas y graves en contra de los derechos de los ciudadanos, podamos ser el medio para su denuncia y en determinado momento podamos ser un factor para corregir esas situaciones.

Hoy traigo a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una denuncia precisamente por violaciones graves y sistemáticas a nuestro marco normativo, especialmente en relación con los derechos laborales de los ciudadanos, violación que se ve aún más grave al venir de la autoridad que la inflige y la situación que la propicia.

Para que se entienda el sentir que causa el caso, que hoy expongo, se impone una breve pero completa narración de los hechos. Así, tendré que señalar que en el Congreso del Estado de Jalisco, se está dando una situación que debe ser señalada como totalmente inusitada e incluso increíble para quienes no han dado seguimiento a tan bochornosos antecedentes.

Tenemos que señalar que desde inicios de la actual Legislatura en el Congreso del Estado de Jalisco, se han dado una serie de atropellos a los más elementales derechos laborales de sus trabajadores, atropellos que han quedado registrados a través de una gran cantidad de demandas laborales, denuncias o incluso quejas ante el organismo defensor de los derechos humanos de esa entidad federativa.

Pero estos atropellos laborales no vienen solos, se han acompañado precisamente desde el inicio de esa Legislatura Local la LIX (Quincuagésimo novena Legislatura) de una serie de señalamientos escandalosos en el manejo de la administración del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, primero a manos de un joven político priista el C. Carlos Corona Martín del Campo, quien a pesar de la defensa de la mayoría de diputados priistas, apoyados por las fracciones parlamentarias del PRD y del PVEM que negaron una y otra vez, la posibilidad de malos manejos, debió ser cesado en sus funciones ante señalamientos de malos manejos, abuso de poder y finalmente la gota que derramó el vaso, de un posible enriquecimiento ilícito o por lo menos inexplicable, pero que extrañamente tuvo como resultado que ante la mayor fortuna de éste ex secretario, quien al final de su gestión conducía dos extravagantes y lujosos vehículos nuevos, menor fue la capacidad del Congreso del Estado de Jalisco, de salir adelante con sus compromisos. Esta situación generó la salida precipitada de este funcionario encargado de administrar los recursos del Congreso quien sin embargo, dejó a ese Poder Legislativo en una precaria situación endeudado y con nula posibilidad de manejo financiero.

Ante la salida del joven e inexperto administrador del Congreso del estado de Jalisco, la mayoría de los diputados priístas, nuevamente con el incondicional apoyo de las fracciones del PRD y del PVEM, impulsaron para que llegue a la Secretaría General y, por lo tanto, a la administración de los recursos públicos del Congreso, al experimentado político y abogado, José Manuel Correa Ceseña, quien no obstante que por lo menos dejó de lado el hostigamiento laboral y persecución de trabajadores por su pertenencia o afinidad a un partido político en especial, no hizo nada por enderezar la problemática financiera que ahora tiene al Congreso del estado de Jalisco, en uno de los peores escándalos que se recuerden en su historia, escándalo que se ha generado por el simple hecho de que faltando dos meses del presente ejercicio presupuestal, de manera totalmente irresponsable y con un gran desconocimiento legal, algunos diputados han declarado al Congreso de Jalisco, en “Quiebra”, han dejado de cumplir obligaciones con proveedores y acreedores y han declarado que no les es posible cubrir el salario de los trabajadores.

Segundo. Es en este punto donde cabe hacer unas importantes precisiones, según los principios generales del Derecho Laboral, el salario de los trabajadores es preferente a cualquier otro adeudo.

El artículo 53 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así lo establece expresamente como a continuación se transcribe:

Artículo 53. El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación de las Entidades Públicas.

De lo que se desprende una violación grave por parte de quien administra los recursos en el Congreso del estado de Jalisco, violación que es grave y es sistemática pues el negar el sueldo a los trabajadores, implica la misma violación para cientos de personas que son el sustento de su familia y que a éste momento ya se ganaron el sueldo que ya les ha sido negado, por no hablar de otras prestaciones que están vigentes y a puntos de ser exigibles como lo es el pago de aguinaldos, mismos que están evidentemente comprometidos ante este irregular manejo de recursos públicos.

Por otro lado, es evidente que en el presupuesto anual del Congreso del estado de Jalisco, existe una partida destinada al pago de los trabajadores, partida presupuestal que al quince de noviembre de 2011, ha sido reconocido por quienes administran los recursos en el Congreso del Estado de Jalisco, no queda remanente o saldo alguno, lo que nos lleva a la conclusión de que el dinero de esa partida que debió ser destinada únicamente al pago de los trabajadores del Congreso, fue distraída de su objeto real. Lo anterior no es otra cosa que el delito de peculado, según lo señala el artículo 148 del Código Penal del Estado de Jalisco.

Lo hasta aquí expuesto, no queda meramente en la negación de derechos fundamentales a personas específicas, ni siquiera en la posible comisión de conductas tipificadas como delito por el Código Penal del estado de Jalisco, esta situación tiene como consecuencias en el corto plazo, la parálisis de uno de los Poderes del Estado de Jalisco, ya fue suspendida una sesión, el Palacio Legislativo está tomado por los trabajadores, el Congreso de Jalisco, está entrando en una etapa de gran actividad relacionada con las leyes de ingresos de los Municipios, la del estado así como la necesarias aprobación del Presupuesto 2012. Sin embargo nada de esto podrá llevarse a cabo, ante la insostenible situación que he descrito.

Compañeros diputados es claro, es evidente que nosotros como representantes sociales, pero además como legisladores no podemos permitir que sigan estos atropellos contra los trabajadores de Jalisco, pero tampoco podemos permitir los abusos por quienes administran recursos públicos en el Congreso del estado de Jalisco, debemos actuar, debemos manifestarnos y exigir en un primer momento el respeto a los derechos laborales de quienes ahora no pueden cobrar ni la quincena que ya trabajaron, pero debemos además exigir el esclarecimiento de esta situación. En el problema que he expuesto, hay responsables que lo investiguen que determinen responsabilidades y que sancionen a quien corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Jalisco, para que a la brevedad posible, se garantice el irrestricto respeto de los derechos laborales de los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; se garanticen el pago de los sueldos y prestaciones que por ley les corresponden, se realice una investigación para determinar quién es el responsable de la distracción indebida de los recursos públicos del Congreso del Estado de Jalisco y en su momento se apliquen las sanciones a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre 2011.

Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a implantar programas que permitan la continua evaluación, capacitación y perfeccionamiento del quehacer del Ministerio Público, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, así como en el numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la perspectiva jurídica, la violencia está asociada con transgresiones a la ley y a la violencia que se enmarcan dentro de los acontecimientos criminales; para la salud pública, la violencia se define en relación con la agresión física que provoca intencionalmente daños, capaces de producir secuelas temporales o permanentes e incluso llegar a la muerte.

De los principales costos de la falta de un estado de derecho, resultado del crimen y la violencia, destacan el deterioro del acervo de capital físico de muchas formas, dentro de las cuales está la destrucción de infraestructura, el impacto negativo en el medio de los negocios que, al generar incertidumbre, desalienta la inversión y la generación de empleo, la pérdida de capital humano y la desviación de recursos, entre otros, todo esto, da como resultado, la destrucción del capital social conformado por las leyes, las normas e instituciones que hacen posible la organización social, provocando que la delincuencia induzca a las personas a involucrarse en actos criminales,

La delincuencia es uno de los escollos que mayor daño hace a México, ya que conforme pasan los días, se ha ido incrementando y generando una serie de problemas que dañan a todos en general.

Entre las causas principales de la delincuencia se encuentran la polarización económica, la falta de trabajo y oportunidades y la poca eficacia en ciertos sectores encargados de impartir justicia.

Prevenir la delincuencia consiste en tomar medidas sobre sus causas, ya sea reduciendo las oportunidades para que los delincuentes cometan delitos o afrontando las situaciones económicas y sociales que generan la criminalidad.

En diversas etapas de la evolución de las sociedades humanas se instrumentaron acciones concretas para combatir la inseguridad, por lo que de ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.

En la actualidad se han abierto varios frentes para combatir a la delincuencia en nuestro país, lamentablemente, de acuerdo al papel que el Estado y las leyes le han conferido a algunas instituciones, éstas per se no se han erguido o no han protagonizado un medio de amenaza o castigo para la delincuencia; por lo que le han permitido a la delincuencia, un crecimiento exponencial como si se encontrase en caldo de cultivo.

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, Números rojos del sistema penal (2010), determina que el 69 por ciento de las causas por las que la ciudadanía no denuncia los delitos, son causas atribuibles a la autoridad, por lo que, el promedio nacional de delitos que no se denuncian es de 83 por ciento, es decir, 8 de cada 10 delitos, nunca son conocidos por la autoridad.

Asimismo, del total de delitos que se cometen en nuestro país, sólo el 20 por ciento se investigan; y del total de delitos denunciados, únicamente en el 7 por ciento de estos, hubo un castigo; por otro lado, del total de delitos cometidos, sólo el 1 por ciento se castigan, además de que en los últimos 10 años, se ha observado que los índices de impunidad en México, han permanecido estables; por último, de acuerdo a las cifras oficiales que se tienen, de enero de 2010 a septiembre de 2012 se han cometido 3 mil 114 casos de secuestro.

Por lo expuesto, propongo ante la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a girar sus instrucciones a la titular de la Procuraduría General de la República para que implemente mayores programas que permitan la evaluación continua, capacitación y perfeccionamiento del quehacer del Ministerio Público Federal.

Segundo. S e exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal a implementar más programas de evaluación y capacitación para los jueces y magistrados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2011.

Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a efecto de que el periodista Ernesto Valenzuela Acosta reciba la indemnización correspondiente por la afectación que sufrió, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En marzo del año pasado, el señor Ernesto Valenzuela Acosta sufrió un accidente al salir de un restaurante ubicado en la esquina de las calles Ignacio Ramírez y Cerrada Vallarta, en la Delegación Cuauhtémoc.

Al salir del local para dirigirse a una reunión de trabajo, tropezó con uno de los bloques irregulares levantados de la banqueta de las obras del bicentenario en el Monumento de la Revolución, lo que provocó su caída y el inevitable choque de la cabeza con el suelo.

Como consecuencia de su accidente, perdió la visibilidad en el ojo derecho y tuvo que ser sometido a diversas y costosas intervenciones quirúrgicas.

2. Una vez en proceso de recuperación, el periodista solicitó el apoyo de las autoridades capitalinas para que se le indemnizaran los daños que le ocasionó el mal estado en que se encontraba la banqueta de la calle Ignacio Ramírez, ya hubiera sido por la falta de mantenimiento de la misma, o bien, por la instalación de postes con cámara de vigilancia que se encontraban bajo la conducción del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, dependiente de la Jefatura de Gobierno.

Ante la inacción de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, Ernesto demandó la reparación de los daños por la vía judicial.

Una vez que se valoró la demanda interpuesta por el periodista, la juez séptimo de lo civil resolvió condenar a los “enjuiciados jefe delegacional en Cuauhtémoc y titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de manera solidaria al pago de la cantidad que resulte en ejecución de sentencia por concepto de daño moral, así como de daños y perjuicios, así como al pago de los gastos erogados por el actor por su tratamiento médico, de igual manera al pago de la indemnización correspondiente que establece el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

3. Cabe mencionar que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal establece que la Jefatura de Gobierno debe proponer a la Asamblea Legislativa el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse expresamente para cubrir las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial de las dependencias, entidades de la administración pública y órganos políticos administrativos a fin de garantizar la indemnización de las personas que sufran un daño personal como consecuencia de la actividad administrativa irregular del gobierno del Distrito Federal.

Cientos de capitalinos sufren daños a sus bienes y derechos por la actividad administrativa irregular de los entes públicos. Sin embargo, desisten de reclamar la indemnización que les corresponde porque las autoridades utilizan toda clase de subterfugios legales para evitar o retrasar el pago del daño causado.

El caso del señor Ernesto Valenzuela debe ser paradigmático para el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno, quienes están obligados a poner todo su empeño en ejercer con oportunidad, eficiencia y eficacia todas las atribuciones que les otorga la ley o, en su caso, indemnizar a los ciudadanos afectados por su deficiente desempeño o negligencia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a girar las instrucciones necesarias para que el señor Ernesto Valenzuela Acosta reciba la indemnización que le corresponde por la afectación que sufrió en su vida e integridad física como consecuencia del mal estado en que se encuentra la banqueta de la calle Ignacio Ramírez en la Delegación Cuauhtémoc.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 29 de noviembre de 2011.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a pronunciarse sobre la problemática territorial existente en las comunidades de Doctor Salvador Allende, San Carlos y Xochicuatepec, en Álamo Temapache, a cargo del diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal por el estado de Veracruz a esta LXI Legislatura Bernardo Margarito Téllez Juárez, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En el estado de Veracruz, a mediados del año de 1990 un grupo de personas pertenecientes a una organización no gubernamental conocida como “Movimiento Nacional de los 400 Pueblos”, logró que el entonces gobierno de la entidad le donara una gran extensión de terrenos dentro de la circunscripción que ocupa el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, mismos en los que una gran parte de la militancia de la mencionada organización fincó su lugar para vivir.

Estas personas, que edificaron ahí sus viviendas y tierras de trabajo, constituyeron 3 comunidades a las que dieron por nombre “Dr. Salvador Allende”, “San Carlos”, y “Xochicuatepec”, mismas que fueron reconocidas como rancherías pertenecientes al municipio mencionado en el párrafo precedente, por el Congreso del estado de Veracruz en ese mismo año.

Corriendo el año de 1996 quienes ya eran pobladores de la ranchería de Dr. Salvador Allende, y de San Carlos, (de esta última en su mayoría), tomaron la decisión de separarse del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos por lo que consideraron un desvío de los loables objetivos en los que creían causando con esto la molestia de los dirigentes de aquella, y originando a partir de ese momento severas represalias traducidas en agresiones, incluso de quienes habitan en la ranchería de Xochicuatepec, que en su totalidad siguen militando en dicha organización. Las agresiones en comento han consistido, por ejemplo, en que habitantes de esa localidad tiran basura en Dr. Salvador Allende y San Carlos en lugares públicos y hasta enfrente de las casas; insultos, de unos a otros y en general se ha originado un desmedido encono entre quienes militaban en ese “Movimiento Nacional”, y los que aun militan.

Con fecha once de febrero del año en curso el Congreso del estado de Veracruz aprobó la convocatoria a elecciones de agentes y subagentes municipales emitida por el honorable ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, en la que se programaba el día 26 de marzo para la correspondiente en las Rancherías de San Carlos y Xochicuatepec, y 2 de abril en la también ranchería de Dr. Salvador Allende, todas en este año de 2011.

A razón de lo anterior el pasado día 24 de marzo la multicitada organización literalmente irrumpió el honorable ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, tomando las instalaciones para hacer una manifestación desnudándose por completo, sin importarles la presencia de menores de edad en el lugar, exigiendo el que el Presidente Municipal suspendiera las elecciones que ya se encontraban a pocos días de realizar, toda vez de que las tres rancherías varias veces referidas, debían desaparecer para formar una sola a la que se denominaría “El Coyote”.

A partir de ese momento este tipo de manifestaciones y exigencias no se han detenido, todas con las mismas características, y elevando el grado de hostilidad al realizarlas. Militantes del Movimiento de los 400 Pueblos se trasladan a la comunidad de Dr. Salvador Allende y San Carlos a cerrarles las escuelas y en general los caminos de acceso para el arribo de los habitantes. En resumidas, cuentas, el problema que se ha creado en ese lugar es de muy delicados alcances.

Tanto el presidente municipal de Álamo Temapache, Veracruz, como los habitantes de las dos rancherías afectadas se han dirigido al Gobernador, y al Congreso del estado de Veracruz pidiendo su ayuda e intervención en lo que consideran un problema que les impide vivir en tranquilidad golpeándoles económicamente de manera grave. En respuesta no han obtenido la atención necesaria y el conflicto sigue creciendo.

Consideraciones

La Constitución General de la República consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas. No obstante es ahí mismo en donde se encuentran limitantes a este derecho los que se rebasan cuando se ataca la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; supuestos que en el caso que nos ocupa se actualizan uno por uno.

Por su parte la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave estipula en su artículo 33 lo siguiente:

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:

I. a X. ...

XI. Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de sus Integrantes, previa opinión del o los Ayuntamientos interesados y del Gobernador del Estado, conforme a los requisitos que establezca la Ley:

a) La fijación del territorio límites y extensión que corresponda a cada municipio;

b) La creación de nuevos municipios;

c) La supresión de uno o más municipios;

d) La modificación de la extensión de los municipios;

e) La fusión de dos o más municipios;

f) La resolución de las cuestiones que surjan entre los municipios por límites territoriales, competencias o de cualquier otra especie, siempre que no tengan carácter contencioso; y

g) La modificación del nombre de los municipios a solicitud de los ayuntamientos respectivos.

De lo anterior claramente se infiere que la Autoridad envestida de la competencia necesaria para resolver esta problemática es el Congreso del estado de Veracruz.

Una comunidad pacífica, y dedicada al trabajo no puede ser rehén de las pretensiones de un grupo que quiere imponerle por la fuerza su voluntad, en este caso traducida en sanción por haber dejado de pertenecer a su militancia. La propia Constitución General de la República protege el derecho de libre asociación, por lo que si algún individuo libremente manifiesta su intención por dejar de pertenecer a una determinada organización es menester respetarle en su decisión.

Finalmente no cabe duda que en esta problemática que se vive en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, lo más grave lo constituye la falta de pronunciamiento del Congreso del estado tomando en consideración el que en innumerables ocasiones, el presidente municipal así como los propios habitantes de la región en conflicto se han dirigido a ese Poder Legislativo estatal sin que hasta el momento colabore a la resolución de este problema que en caso de no imponérsele un alto por conducto de la legalidad, corre el riesgo de llegar a niveles insospechados.

No es óbice mencionar el que conforme a la legislación estatal vigente es el Congreso del estado de Veracruz la única entidad facultada para reconocer o desconocer territorios como parte de la circunscripción que ocupa. En ese sentido resulta infructuoso y muy perjudicial las manifestaciones que el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos realizan en el honorable ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, las que trasgreden los límites tolerables legalmente y se dirigen a una autoridad incompetente para ese efecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la LXII Legislatura del Congreso del estado de Veracruz a pronunciarse en relación a la problemática territorial que existe en las comunidades de “Dr. Salvador Allende”, “San Carlos”, y “Xochicuatepec”, pertenecientes al municipio de Álamo Temapache.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2011.

Diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica)


Inklusion
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