Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3400, lunes 28 de noviembre de 2011
Actas
De la Comisión de Seguridad Pública, referente a la sexta reunión ordinaria, efectuada el miércoles 17 de marzo de 2010
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 10:35 horas del 17 de marzo de 2010 y con la asistencia inicial de 16 legisladores, el diputado presidente, declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de siguientes proyectos de dictamen.
5. Informe de actividades Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las acciones que se implementan para atender la problemática de inseguridad en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
6. Informe avance en los trabajos de las Subcomisiones
1. Del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Legislación Penal.
2. De Fiscalización y Análisis del Presupuesto en materia de Seguridad Pública.
3. De Fortalecimiento al Federalismo en materia de Seguridad Pública.
4. De Prevención del Delito.
5. De Profesionalización y Dignificación de los Policías.
6. De Seguridad Privada.
7. De Sistema Penitenciario.
8. De Seguridad Pública Municipal.
9. De Participación Ciudadana.
7. Asuntos generales.
Descripción de la reunión
A solicitud del presidente de la comisión, el diputado Sergio González Hernández, consultó a la asamblea si había algún comentario sobre el orden del día, al no haberlo se aprobó por unanimidad.
A petición del presidente, sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, dispensando la lectura de esta, toda vez que se les hizo llegar con anterioridad a esta reunión, siendo aprobada por unanimidad, considerando del comentario del diputado Fernando Cárdenas Gracia, quien solicitó que se precisara el sentido de votación de cada dictamen, para mayor referencia.
Segundo. A continuación, el diputado Ovando Patrón explicó a la asamblea que los dictámenes por desahogar en la sesión serían únicamente proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la presente legislatura.
Solicitó la palabra la diputada Aguirre Maldonado para señalar que sería importante que la ciudadanía que sigue el Canal del Congreso supiera acerca del contenido de los dictámenes a ser votados.
Tercero. Se inició la presentación de los dictámenes con la siguiente votación:
1. Punto de acuerdo, por el que se propone crear el programa urgente de canasta básica escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, suscrita por las diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD.
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 20; en contra: 0; abstenciones: 0.
2. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar mediante las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales un informe acerca del sistema de supervisión y control vehicular, así como de la detección de armas y del contrabando de mercancías en Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 20; en contra: 1; abstenciones: 0.
Al respecto, intervino el diputado Camilo Ramírez Puente para solicitar a la presidencia que se remitiera copia del dictamen a la Comisión de Aduanas para conocimiento y en su caso, seguimiento.
3. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear una fiscalía especial para investigar el robo de arte sacro, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 20; en contra: 1; abstenciones: 0.
4. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedena, de la Semar, de la SSP, de la PGR y de las Procuradurías estatales de Justicia a formar un grupo interinstitucional que elabore un plan nacional de prevención social del delito, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD.
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 21; en contra: 0; abstenciones: 0.
5. Punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública federal rediseña el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Al respecto, intervinieron los diputados Márquez Lizalde, quien solicitó revisar más a detalle el contenido y solicitar a la SSP mayor información al igual que a la Semarnat. Se pronunció en contra. La diputada Aguirre se manifestó en el mismo sentido, al igual que el diputado Cárdenas Gracia. El diputado Caro se pronunció preocupado por el proyecto y solicitó a la Subcomisión de Sistema Penitenciario abocarse a hacer un estudio y en un plazo de 30 días presentar un análisis del proyecto para tener mayores referencias de dictaminación.
Por lo anterior, este punto de acuerdo fue retirado de la votación.
6. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública federal, al subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social del país a impulsar mayores acciones para mejorar la calidad de vida de los niños que permanecen junto con las madres en los centros de reclusión, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 21; en contra: 0; abstenciones: 0.
7. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en caso de aplicar un plan específico al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible de la economía nacional, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Grupo Parlamentario del PRI.
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 16; en contra: 4; abstenciones: 0.
8. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SSP a explicar los criterios por los que se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a penales federales en los estados, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 18; en contra: 1; abstenciones: 0.
9. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa integral de reinserción social de ex convictos deportados al país, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN.
Al respecto, pidió la palabra el diputado Ricardo Sánchez Gálvez, para solicitar que se retirara de la votación para una más profunda revisión y pidió discutirlo en la próxima sesión. Lo anterior fue avalado por el diputado Ovando Patrón. El diputado Márquez Lizalde solicitó abordar el tema con la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior fue apoyado por el diputado Cárdenas Gracia.
Por lo anterior, el dictamen fue retirado para posterior revisión.
10. Punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su enérgica condena por las recientes declaraciones del gobernador de Coahuila sobre el secuestro y el asesinato del periodista Valentín Valdez Espinosa y lo exhorta a sujetarse a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrito por el Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen en sentido negativo
A favor: 16; en contra: 3; abstenciones: 0.
En el siguiente punto del orden del día, se tocaron los asuntos generales.
Cuarto. En el siguiente punto, intervino el diputado Ovando Patrón para tocar el quinto punto: informe de actividades del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las acciones que se implementan para atender la problemática de inseguridad en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cedió la palabra al diputado Márquez Lizalde, quien procedió a informar a la asamblea al respecto de las reuniones sostenidas con distintos funcionarios, autoridades y organizaciones interesados en el tema. Se acordó planificar reuniones de trabajo tanto con autoridades federales y autoridades locales. Trabajar en la redacción de un exhorto a fin de que cada autoridad cumpla con la responsabilidad que le toca y que el proceso electoral no impacte negativamente los ciudadanos de Juárez.
Intervino el diputado Eduardo Yáñez para mencionar sobre la visita que realizaron a la Comisión de Seguridad Pública, familiares de jóvenes asesinados a finales de enero pasado, en Ciudad Juárez, Chihuahua y de la gran oportunidad que se estaba abriendo para los diputados.
Tomó la palabra el diputado Omar Fayad para externar su interés en conocer la propuesta que en materia de seguridad ha presentado el Ejecutivo Federal.
El diputado Presidente intervino para comentar que fueron emitidas al titular de la Secretaría de Seguridad Pública algunas preguntas parlamentarias que hicieron el GPPAN y el GPPRI acerca de la estrategia del Ejecutivo federal en materia de seguridad pública. En cuanto se tenga respuesta se hará del conocimiento de los integrantes de la comisión.
Quinto. Finalmente, el diputado Ovando Patrón consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los presentes y con quórum final de veintidós legisladores dio por terminada la sexta reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, siendo doce horas y treinta y ocho minutos del día 17 de marzo de 2010.
Diputados que asistieron: José Luis Ovando Patrón (PAN), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (PRI), J. Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Adriana Sarur Torre (PVEM), Teresa Incháustegui Romero (PRD), Miguel Álvarez Santamaría (PRI), Óscar Martín Arce Paniagua (PAN), Víctor Hugo Círigo Vázquez (Convergencia), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Salvador Caro Cabrera (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Omar Fayad Meneses (PRI), Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), Rosi Orozco (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (PAN), Camilo Ramírez Puente (PAN), Ricardo Sánchez Gálvez (PAN).
De la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente a la octava reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 1 de junio de 2010
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 10:45 horas del 1 de junio de 2010 y con la asistencia inicial de 16 legisladores, el diputado presidente, declaró abierta la sesión:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y en su caso aprobación de proyectos de dictamen.
5. Trabajos de las subcomisiones
6. Asuntos generales
Descripción de la reunión
A solicitud del presidente, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, quien fungió como secretaria, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad. Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, dispensando su lectura toda vez que se les hizo llegar con anterioridad, siendo aprobada por unanimidad.
Segundo: El diputado José Luis Ovando Patrón instruyó para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la comisión. Mencionó que a petición de compañeros legisladores retiraría del orden del día la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular, a fin de allegarse de mayor información.
Tercero. Se inició la presentación de los dictámenes con la siguiente votación.
1. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Reinserción Social.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (PRD).
Dictamen en sentido negativo.
A favor 18; en contra 0; abstenciones 1.
Intervino el diputado Jaime Fernando Cárdenas para comentar la necesidad de plantear una iniciativa que, a su parecer, contenga los aspectos que la presente no consideró o que abordó de manera imprecisa.
Puntos de acuerdo
1. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que implemente un programa integral de reinserción social de los ex convictos deportados a nuestro país.
Diputado Francisco Vega de Lamadrid (PAN).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra 0; abstenciones: 0.
Intervinieron los Diputados Cárdenas Gracia, María de Jesús Aguirre Maldonado y Felipe Amadeo Flores Espinosa para hacer consideraciones en cuanto a la interpretación de la palabra “resguardo” y su posible eliminación.
2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país.
Diputado Jesús Alfredo Navarrete Prida (PRI).
Se retiró.
Tras las intervenciones de los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Teresa Incháustegui Romero, María de Jesús Aguirre Maldonado, Herrera Rivera, Eduardo Yáñez Montaño y Arturo Santana Alfaro se acuerda retirar el dictamen para fundamentarlo, rescatar lo más importante y dictaminarlo en otro sentido
3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los Gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios, para que en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policíacos del país, el acceso a créditos para la adquisición de vivienda y vehículos automotores.
Diputado Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella y otros (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0.
4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubiesen adecuado su marco legal en materia de Seguridad Pública, realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia de fecha 18 de junio de 2008.
Diputado José Luis Ovando Patrón (PAN).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado intervino para destacar la oportunidad del tema y someter ante los presentes considerar exhortar a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, un informe los avances en la homologación de la reforma penal.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas sugirió dejar constancia en el dictamen de las entidades que hayan cumplido lo mandatado.
La diputada Teresa Incháustegui comentó el intercambio de términos de “homologar” por “armonizar”.
Finalmente se consideró elaborar un punto de acuerdo abocado a la reforma penal constitucional que se refiere a la implementación del sistema acusatorio, además de citar al titular del SETEC para que abundara al respecto.
5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rinda un informe a esta soberanía respecto el estado que guarda la negociación del anunciado Tratado de Armas Convencionales, así como las medidas que ha tomado su gobierno para frenar la introducción de armas a territorio nacional.
Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0.
Intervino la diputada Teresa Incháustegui para proponer enviar un exhorto al Parlamento estadounidense para que tome medidas al respecto.
Tomó la palabra el diputado José Luis Ovando Patrón para mencionar que también podría dirigirse a otras instancias en las que ambos países formaran parte a lo que el diputado Miguel Ortega Joaquín propuso exhortar a la Comisión Permanente para que sea la vía.
6. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhortan a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública implementen un programa de regularización vehicular en el estado de Chihuahua para los vehículos usados de procedencia extranjera.
Diputada Adriana Terrazas Porras (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0.
7. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al poder Ejecutivo federal a implementar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida, con el fin de lograr los objetivos establecidos en la misma.
Diputada Adriana Sarur Torre (PVEM).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 18; en contra: 1; abstenciones: 0
El voto en contra fue del diputado Jaime Fernando Cárdenas quien comentó estar a favor de la propuesta; sin embargo, desde su punto de vista, la Iniciativa Mérida cuente con el fundamento constitucional adecuado.
8. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a implementar los programas de reestructuración, capacitación y profesionalización que sean necesarios, a fin de lograr erradicar totalmente los altos niveles de corrupción que en la actualidad imperan en los diferentes mandos de la Policía Federal, división caminos.
Diputado Joel González Díaz (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra 0; abstenciones: 0
9. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que realice una reunión de trabajo con las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en el estado de Coahuila, con el objeto de seguir coordinando esfuerzos para apoyar el ayuntamiento de Torreón en la problemática de su policía.
Diputado Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0.
10. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública realice consultas la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores, en relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas correspondientes.
Diputado Salvador Caro Cabrera (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 16; en contra: 2; abstenciones: 0.
Tras intervenciones a favor y en contra de los diputados Miguel Ortega Joaquín, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Teresa Incháustegui Romero, María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Yáñez Montaño, Felipe Amadeo Flores Espinosa y Rosi Orozco, se procedió a la votación.
11. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal para que en acatamiento al laudo dictado por la autoridad competente, proceda a establecer una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública.
Diputado Amador Monroy Estrada (PRI).
Se retiró.
Tras intervenciones de los diputados Ovando Patrón, Arturo Santana Alfaro, Teresa Incháustegui Romero, Eduardo Yáñez Montaño, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Miguel Ortega Joaquín, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Teresa Incháustegui Romero, María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Yáñez Montaño, Felipe Amadeo Flores Espinosa y Rosi Orozco, se procedió a retirarlo de la mesa para posterior análisis en función de la materia del mismo.
Tercero . El diputado presidente prosiguió con el orden del día, y preguntó sobre las actividades de las subcomisiones.
Intervino el diputado Miguel Ortega, Presidente de la Subcomisión de Seguridad Pública Municipal y comentó sobre la reunión que se tuvo con el Secretario de Seguridad Pública.
Tomó la palabra el diputado Miguel Álvarez Santamaría, presidente de la Subcomisión del Sistema Penitenciario quien comentó sobre la visita pendiente a las Islas Marías.
Asimismo, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Presidente de la Subcomisión de Prevención del Delito, quien mencionó que requieren información que han solicitado a distintas autoridades, mismas que no le ha llegado. Además, solicita una reunión con el titular de la unidad de prevención del delito y participación ciudadana. Hizo uso de la palabra el diputado Caro Cabrera para comentar que en la visita a las Islas Marías y pidió que no se utilizara aeronave de la SSP y que la visita tendría que hacerse para conocer el proyecto que impulsa el gobierno federal y que potencialmente afecta al medio ambiente de la zona.
La diputada Teresa Incháustegui comentó su preocupación por no tener convocatoria a la Subcomisión de Fiscalización y Análisis del Presupuesto en materia de Seguridad Pública, misma que no se ha instalado a la fecha.
En el siguiente punto del orden del día, se tocaron los asuntos generales.
Cuarto . El diputado José Luis Ovando Patrón informó que se está a la espera de que se defina la fecha en que vendrían a comparecer al seno de la comisión el secretario de Seguridad Pública así como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto se notifique por la Junta de Coordinación Política, se hará del conocimiento de los miembros de la Comisión. Mencionó sobre una visita al Centro de Internamiento Especial para Adolescentes en Veracruz, a invitación del diputado Amadeo Flores Espinosa. La fecha estaría por definirse.
A su vez, solicitó a los presentes definir las fechas de las próximas plenarias en julio y agosto.
Intervino el diputado Miguel Ortega para proponer que fuesen la tercera semana de julio y de agosto.
Consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los presentes y dio por terminada la octava reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 13:20 horas del 1 de junio de 2010.
Los diputados que asistieron:
Diputados que asistieron: José Luis Ovando Patrón (PAN), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Felipe Amadeo Flores Espinosa (PRI), J. Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Adriana Sarur Torre (PVEM), Teresa Incháustegui Romero (PRD), Miguel Álvarez Santamaría (PRI), Víctor Hugo Círigo Vázquez (Convergencia), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Salvador Caro Cabrera (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Omar Fayad Meneses (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Rosi Orozco (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (PAN), Miguel Ortega Joaquín (PAN), Arturo Santana Alfaro (PRD), Ricardo Sánchez Gálvez (PAN).
De la Comisión de Seguridad Pública, relativa a la novena reunión ordinaria, realizada el miércoles 11 de agosto de 2010
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 13:00 horas del 11 de agosto de 2010 y con la asistencia inicial de 17 legisladores, el diputado presidente declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
6. Clausura y cita.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del Presidente, el diputado Bonifacio Herrera Rivera, quien fungió como secretario, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día, y al no haberlo se aprobó por unanimidad.
Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior y el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicitó el uso de la palabra para manifestar: “una modificación muy menor en la página cinco, respecto al punto siete dice: ...el voto en contra fue del diputado Cárdenas, quien comentó estar a favor de la propuesta. Sin embargo, desde su punto de vista, la Iniciativa Mérida –dice– no cuenta con el fundamento... y dice aquí: “cuente con el fundamento constitucional adecuado”.
Entonces, quiero que diga que “la Iniciativa Mérida no cuenta con el fundamento constitucional adecuado”.
En consecuencia el diputado presidente solicitó se hiciera la modificación.
Segundo. El diputado presidente presentó ante el pleno de la comisión al licenciado Fernando M. Ponce Ulver como nuevo secretario técnico, posteriormente instruyó a la secretaría para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la comisión:
Iniciativas
4.1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza)
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 17; en contra: 2; abstenciones: 0.
Intervino el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para manifestar que su voto sería en contra, ya que considera importante el esquema de centralización que propone el legislador, autor de la iniciativa, para respetar lo dispuesto en los artículos 21 y 124 constitucional.
Posteriormente las diputadas María de Jesús Aguirre Maldonado y Teresa del Carmen Incháustegui Romero declararon estar de acuerdo con el sentido del dictamen, porque consideran que el proponente no lo abordó de manera correcta y propusieron elaborar una nueva iniciativa a través de una mesa de trabajo.
4.2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Federal de Trabajo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Diputada Irma Figueroa Romero (PRD)
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 18; en contra: 0; abstenciones: 0.
Proposiciones con puntos de acuerdo
* Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios, que presentan mayor incidencia delictiva.
Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 16; en contra: 3; abstenciones: 0.
* Relativo al clima de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chihuahua.
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez PRD.
Dictamen en sentido negativo.
A favor: 17; en contra: 0; abstenciones: 0.
* Por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente, una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública.
Diputado Amador Monroy Estrada (PRI).
Dictamen en sentido positivo.
A favor: 19; en contra: 0; abstenciones: 0.
* Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las policías cibernéticas a fortalecer a su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgo en el uso de Internet.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).
Hizo uso de la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para manifestar su acuerdo en relación con el sentido del dictamen y proponer una nueva redacción en el acuerdo único para quedar como sigue: “Se exhorta a las secretarías de Seguridad Pública a nivel federal, estatal o municipal y a las policías cibernéticas”.
Por su parte, la María de Jesús Aguirre Maldonado señaló la importancia de unificar los criterios que existen entre policías cibernéticas que dependen de las Secretarías de Seguridad Pública y policías que dependen de las Procuradurías Generales de Justicia.
Ante esto, el diputado presidente decidió retirar esta proposición del orden del día para realizar las modificaciones conducentes.
En el siguiente punto del orden del día, se abordaron los asuntos generales.
Tercero. El diputado Presidente precisó que en el periodo de receso hubo reuniones de mesa directiva para desahogar dos temas importantes; uno de ellos era la visita al penal de Islas Marías y la visita para conocer el Centro de Internamiento Especial para Adolecentes del Estado de Veracruz. Por cuestiones de agenda se postergaron y se solicitó al pleno de la comisión que hagan llegar sus propuestas de agenda a la secretaría técnica.
En otro orden de ideas, el diputado Salvador Caro Cabrera solicitó el uso de la palabra para manifestar sus inquietudes respecto a los temas: Mando Único y la Estrategia General del Gobierno para el combate del crimen organizado, proponiendo: “...abrir un espacio para el análisis permanente y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la política de combate a las drogas”.
Por su parte la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado señaló su interés porque la Comisión de Seguridad Pública participe en el análisis de la iniciativa de reforma constitucional que presentaron los diputados federales de Nuevo León en relación con los mandos únicos para establecer una mejor coordinación entre los mandos federales y estatales para combatir eficientemente al crimen organizado y fomentar una cultura de prevención del delito. La iniciativa de referencia fue turnada en la Comisión Puntos Constitucionales.
Subsiguientemente la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero señaló: “...El trabajo de la dictaminación ha sido bueno, incluso, académico, diría, en mucha perspectiva, pero no así hemos cumplido con la labor de seguimiento, de vigilancia, de deliberación, no hemos tenido esa presencia.
”Me parece que como comisión hemos tenido un bajo perfil; y me parece que de alguna manera está muy a modo de una política de seguridad que no admite críticas, ni reflexión, ni evaluación, ni escrutinio, porque a lo largo de todo este año no hemos recibido un sólo informe de la Secretaría de Seguridad Pública, de su ejercicio, de sus avances, de qué tanto está logrando su metas.
”...Incluso, también, aprovecharía para señalar que también la Comisión de Ciudad Juárez que formamos, pues nada más fue una vez. Han pasado un montón de cosas, pasan a diario cuestiones. Nosotros no hemos vuelto. Acaba de suscitarse un tema muy importante, muy crítico, como es esto de los policías federales que denunciaron a sus jefes y que han sido reprimidos, prácticamente, porque les aplicó el orden disciplinario en lugar de premiar la actitud de estar en silencio mientras todo mundo hace declaraciones de prensa. Me parece que en ese punto no estamos haciendo lo que nos toca hacer.”
Por su parte los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Eduardo Yáñez Montaño denotaron su apoyo a las opiniones vertidas por las Diputadas María de Jesús Aguirre Maldonado y Teresa del Carmen Incháustegui Romero.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes hizo tres peticiones concretas: “...Una de ellas es que sí definiéramos aquí de qué manera podemos participar en el asunto de Ciudad Juárez, de esos comandantes de la Policía Federal.
”La otra es que pudiéramos definir, presidente, una forma de trabajo, independientemente del inicio del periodo de sesiones para empezar a revisar el tema de Ley Nacional de Seguridad, la Ley para Combatir el Secuestro.
”Y la otra es: que nos coordináramos de mejor manera para cuando haya eventos importantes relacionados con seguridad, a nivel nacional o a nivel local, seamos informados y convocados los integrantes de esta comisión.”
Ante la inquietud de los legisladores presentes en la sesión ordinaria de la comisión, el diputado presidente estableció citar a comparecer al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública; así como organizar reuniones de trabajo con funcionarios para analizar el tema de policía única, sistema penitenciario, presupuesto y subejercicios. Lo anterior fue acordado por el pleno de la comisión.
Finalmente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la novena reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 16:00 horas del día 11 de agosto de 2010.
Los diputados que asistieron:
Diputados que asistieron: José Luis Ovando Patrón, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, María de Jesús Aguirre Maldonado, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Teresa Incháustegui Romero, Miguel Álvarez Santamaría, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Omar Fayad Meneses, Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente.
De la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente a la décima reunión ordinaria, llevada a cabo el jueves 30 de septiembre de 2010
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las 9:30 horas del día 30 de septiembre de 2010 y con la asistencia inicial de 16 legisladores, el presidente declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas legislaciones.
5. Asuntos generales.
6. Clausura y cita de la próxima reunión.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del presidente, el diputado Eduardo Yáñez Montaño, quien fungió como secretario, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y el acta correspondiente a la sesión anterior, al no haber se aprobaron por unanimidad.
Segundo. El presidente expuso ante la asamblea los aspectos generales de la minuta en materia de secuestro y concedió el uso de la palabra a la maestra Daniela Avelar Bautista para exponer el contenido del dictamen.
Tercero. En este tenor, el presidente concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para manifestar su voto particular en relación con el dictamen de referencia:
“Este desde luego es un tema, una minuta, un dictamen muy importante como lo explicó el presidente de esta comisión y como hemos tenido oportunidad de estudiarlo en la propia minuta, en el propio dictamen que fue sometido a nuestra consideración.
Quiero decirles que es uno de esos temas en los que uno se debate jurídica y moralmente, por un lado el dolor que sufren las víctimas y desde luego los del secuestro, los familiares y por otro lado está también el tema de los derechos y de las garantías de las personas que realizan este tipo de hechos delictivos.
En un principio consideré que tenía que respaldar, se lo dije al presidente y a varios diputados y varias personas de esta comisión totalmente esta minuta y este dictamen, pero en las últimas horas, cuando tuve la oportunidad de revisar a detalle la minuta, sí en mi ánimo de abogado, en mi ánimo de profesor de la universidad de derecho constitucional me generó muchos conflictos de lo que uno enseña y lee e investiga en la universidad.
Creo que este dictamen tiene elementos muy valiosos, aquí se explicaron por ejemplo toda la parte que tiene que ver con la reparación y protección a las víctimas, a los testigos, la parte vinculada con la transparencia y la relación con las universidades, con el medio académico, en general con la sociedad, con la sociedad civil.
Hay desde luego elementos muy importantes y rescatables en la minuta, no todo lo que está en la minuta es erróneo o es equivocado, hay un paso muy importante porque se intenta incorporar a la sociedad civil, a la investigación, al tratamiento de estos asuntos.
Desde luego, también hay una vinculación de este tema con el tema de trata de personas, que desde luego el Poder Legislativo debe seguir apoyándolo y respaldándolo. En fin, hay muchos asuntos positivos en la minuta.
Sin embargo, voy a apartarme de votar a favor de la misma y voy a explicar, porque, voy a entregar un voto particular, impreso y también en medio magnético.
Las razones son las siguientes, a mí preocupa mucho la tendencia de los últimos gobiernos, no voy de esto señalar exclusivamente al Partido Acción Nacional, sino a los últimos gobiernos, los últimos gobiernos priistas y los estados de la república, una tendencia a pensar que a través de las penas, de las cárceles, de la represión se van a solucionar los problemas de la delincuencia de este país.
Creo, como lo propongo en el voto particular, los problemas del crimen, los problemas de la delincuencia tanto común como organizada, no se van a resolver en México hasta que logremos construir efectivamente un estado de derecho, una democracia efectiva, auténtica y una sociedad más igualitaria.
Ésa es mi convicción, considero que en muchas de las líneas de esta minuta, aparece de manera muy peligrosa, como apareció en la reforma constitucional de 2008, en materia penal esta concepción del derecho penal, que algunos teóricos han denominado derecho penal del enemigo.
Es decir, el infractor, el que comete un delito es un enemigo del Estado, es una persona a la que se le excluye totalmente de sus derechos fundamentales. En el voto particular, recojo algunas citas en donde Jakobs enumera tres características fundamentales del derecho penal del enemigo. Se considera en la doctrina penal que el derecho penal del enemigo es un derecho penal antitético o del estado de derecho.
Según Jakobs un derecho penal del enemigo se caracteriza por un amplio –así lo dice Jakobs– adelantamiento de la punibilidad. La perspectiva del ordenamiento jurídico en prospectiva.
En segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas; y tres, determinadas garantías procesarles son relativizadas o incluso suprimidas.
Considero que en este proyecto existen elementos que se acercan peligrosamente a ese derecho penal del enemigo, que es antitético, que es opuesto al estado de derecho.
Quiero hacer una breve síntesis de lo que entiendo por derecho penal del enemigo que se opone al estado de derecho y a la democracia; el derecho penal del enemigo propone en síntesis un estado policiaco y no un estado de derecho; no constituye un derecho garantista o mínimo, sino máximo; no incluye a los ciudadanos infractores para rehabilitarlos, sino que los excluye del tejido social; no forma parte del derecho penal ordinario, sino que es un derecho de excepción; no busca corregir o rehabilitar, sino eliminar; no es consecuente con la dignidad de las personas, sino que destruye la dignidad; no maximiza derechos humanos, sino que los minimiza, y es propio de regímenes antidemocráticos. Por lo tanto, no es compatible con el Estado constitucional.
Es un derecho para la venganza y el Estado se transforma en el enemigo de los ciudadanos.
Cuando estuve escribiendo esto, aunque aquí no lo cito, me acordé de una lectura que tuve en la preparatoria de una famosa obra de Michael Foucault, que se llama Vigilar y castigar . Esa obra, los que tuvieron oportunidad de leerla, las diputadas, los diputados, señala, comienza describiendo un proceso de sanción en el periodo de la Santa Inquisición; entonces, describe el expediente de la inquisición, todos los tormentos a los que es sometido el responsable: cómo se le rompen las vértebras, cómo se le descuartiza, cómo se le desolla, en fin, y no pude dejar de pensar en el libro de Foucault: Vigilar y castigar , cuando estaba escribiendo este voto particular.
En concreto, para no darle rodeos, ¿por qué considero que este proyecto se inscribe en la lógica del derecho penal del enemigo? Por lo siguiente; en primer lugar, se prevé que la autoridad judicial y ministerial actúen oficiosamente, sin respetar el equilibrio procesal. Esto lo encontramos en el artículo primero y tercero del proyecto de ley; en segundo lugar, el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro son imprescriptibles, artículo 5o del proyecto; en tercer lugar, no hay reserva de averiguación previa, el ministerio público está obligado a ejercitar la acción penal, artículo 6o; en cuarto lugar, las penas, como aquí se nos ha mostrado, son desproporcionadamente altas, mayores que en otros tipos penales.
Es decir, uno de los delitos que será más severamente castigado en el derecho penal será este delito de secuestro, por encima de otros delitos tan graves, como el homicidio, etcétera, son penas desproporcionadamente altas, como propone Jakobs cuando caracteriza al derecho penal del enemigo.
Basta revisar los artículos 9, 10 y 11, entre otros, de la iniciativa.
En quinto lugar, se establece la figura de inexcusabilidad del testigo; en sexto lugar, los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley no tendrán derechos a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, artículo 19.
Séptimo. La autoridad judicial puede ordenar vigilancia policial hasta por 5 años a los reos que hayan sido liberados, artículo 20.
Octavo. Establece un sistema de testigos protegidos que ha demostrado en México su ineficacia y que además, rompe con el equilibrio procesal, artículo 26.
Noveno. Las atribuciones de la policía son excesivas e imprecisas, artículo 43.
Décimo. A los procesados y sentenciados se les pueden aplicar medidas especiales de vigilancia en los centros penitenciarios, artículo 46.
Undécimo. Hay adelantamiento de la punibilidad, hay que leer el artículo 55 del Código Penal Federal, que se nos está proponiendo.
Duodécimo. Debiendo aplicarse las reglas del concurso ideal de delitos, en el secuestro siempre se aplicarán las del concurso real, artículo 64 del Código Penal Federal.
Decimotercero. No se concede libertad preparatoria, artículo 85 del Código Penal Federal;
Decimocuarto. Se restringen los derechos de defensa, artículo 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, entre otras muchas limitaciones a los derechos fundamentales.
Además de estas limitaciones a los derechos de los infractores hay un asunto que me preocupa, que tiene que ver con el federalismo.
El dictamen contiene además errores que atentan contra el federalismo, sostengo, se trata, como dice el enunciado de esta ley, de una ley general; es decir, las leyes generales se caracterizan por establecer con nitidez las competencias de la federación y de los estados.
Lo hace, desde luego esta ley, sí establece el reparto de competencias, pero lo hace siempre a favor de la federación.
Por ejemplo, el artículo 23 de este proyecto de ley antisecuestro: los delitos –dice el artículo 23–, se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación. Es decir, hay una desproporción o hay un desequilibrio a favor del papel de la federación, lo que desde mi punto de vista viola el estado federal mexicano, el artículo 40 y el artículo 73, fracción XI, de la Constitución.
Por otra parte, considero que haya un pequeño error hasta de redacción en el artículo 1o de ley, que dice que es una ley reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, cuando debe decir que es una ley general y a continuación, como establece el enunciado de la ley, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
En fin, creo que por esas razones y por otras más, considero que no podemos seguir legislando para violentar, limitar, relativizar, reducir, menoscabar, derechos fundamentales de los infractores. Los delincuentes, los infractores no son animales, también son personas, también tienen dignidad y deben tener plenos derechos fundamentales.
Por esas consideraciones y porque considero que el derecho penal del enemigo no es compatible con el estado de derecho, votaré en contra, presidente. En este momento le entregaré el impreso con mi voto particular, junto con un disquete. Muchas gracias, por la atención de todos ustedes”.
Cuarto. Acto seguido, el diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez coincidió con el diputado Cárdenas en este sentido:
“... Efectivamente, coincido con la preocupación del diputado Cárdenas cuando nos dice: a ver, si un sentenciado cumple condena y dice lo que vamos a aprobar, porque creo que lo vamos a aprobar, que hay que mantenerle vigilancia durante cinco años. ¿Esto es constitucional? ¿No lo es? Yo creo que efectivamente sí hay un riesgo, sinceramente lo digo, creo que es materia de amparo. En un momento dado sí puede haber ese riesgo.
Sin embargo, con toda franqueza lo digo también, coincido con el diputado Bonifacio, que más vale en este caso en particular del secuestro, dar esa garantía a la sociedad que esta persona no reincidirá en este tipo de delito por lo terriblemente delicado, lesivo, meramente difícil de entender, porque aquí estamos ante cuestiones de otra naturaleza, que son fundamentalmente clínicas. Efectivamente de un proceso evolutivo del delincuente que cada vez va a intentarlo una, otra y otra vez”.
Quinto. Por su parte, el diputado Bonifacio Herrera Rivera mencionó:
“...Creo que tenemos que equilibrar mayor esfuerzo, compromiso en la prevención, pero sobre todo en abatir la impunidad. Por eso aunque sí hay razones, pudiera haber algunas razones de forma y algunas razones de fondo que debiésemos de modificar y si pudiéramos en este momento modificarlo y mandarlo a la Mesa Directiva y que se aprobara, yo estaría porque se modificaran. Pero en tanto no, estaría también de acuerdo en suscribir algunos de los planteamientos hechos aquí para iniciar procesos de reforma y fortalecer esta ley”....
Sexto. Por su parte, el diputado Camilo Ramírez Puente indico:
“...Verdaderamente tenemos que hacer un frente común, y no lo digo exclusivamente por la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad de esta Cámara, sino de todo el pleno, de toda la sociedad. Nosotros, en el ámbito que nos toca, la sociedad a la que le toca participar y denunciar y de una puntual exigencia para que cada uno de nosotros cumplamos con la obligación que tenemos y que asumimos y que aquél que tenga temor de hacer el trabajo, simple y sencillamente lo deje para aquél que quiera venir a hacerlo de una forma cabal como se demanda.”...
Séptimo. La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía solicitó crear una mesa de trabajo para subsanar las presuntas omisiones del dictamen para que en un término de 90 días pulir este documento.
Octavo. La diputada Adriana Sarur Torre, en representación del Partido Verde Ecologista de México expresó:
“... Quiero refrendar el compromiso del Partido Verde. Esto no termina aquí. Sabemos que hay algunas leyes que se pueden modificar dentro de esta reforma, la sociedad nos lo demanda. Por eso quiero refrendar. Mi voto será en positivo sobre esta ley”...
Noveno. La Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero externó:
“Como ya lo señaló mi compañero diputado, de la fracción, Arturo Santana, en el PRD estamos... y Samuel González que han estado acompañando y animando esta iniciativa.
Como ya lo señaló mi compañero diputado de la fracción Arturo Santa, en el PRD estamos a favor de esta minuta, con en el fin de contribuir efectivamente a que la sociedad a través de las autoridades públicas tengan un instrumento más efectivo para combatir este delito que por desgracia ha dejado de ser un delito que victimizaba al 0.2 por ciento de la población, como era el caso todavía de hace 10 años atrás, en donde solamente sectores acomodados eran víctimas para ser dolorosamente democratizado a través de las figuras de secuestro express que victimizan a cualquier persona que pueda transitar en la calle.
Ratifico lo que señalara la diputada Sarur, es un delito que lesiona, que lastima libertades y principios fundamentales en nuestra sociedad.
Le encuentro aspectos positivos, porque desde mi perspectiva incorpora todas estas novedades que dolorosamente han emergido como esta generalización, también la participación de familiares o el autosecuestro que todavía hasta hace unos años explicaban casi el 20 por ciento de los casos de secuestro, la participación de elementos de instituciones de seguridad o de fuerzas armadas, en levantotes y secuestros.
Incluso, yo diría que en el tema de esto que señalaba el diputado Cárdenas sobre el derecho al enemigo, ciertamente hay unos aspectos que pudieran expresar una racionalidad jurídica de este corte, sin embargo también hay aspectos en donde se muestra cierto nivel de indulgencia con los... delincuentes por ejemplo, con aquellos responsables que provean información, con aquellos que entreguen a las víctimas, que se obliguen a no molestar, que no violen, que no lesionen, que no aniquilen.
Me parece que eso es positivo, me parece que eso es un acierto. Me parece que tiene, sin embargo algunas cuestiones que justamente, como decía el diputado Camilo, y la propia diputada Teresa Ochoa, hay que abordar en los próximos días, porque se centra de nuevo en el último eslabón de la cadena que es impartición de justicia, como sabemos, es un embudo al que llegan solamente nueve por ciento de los delitos denunciados y desde esa perspectiva necesitamos una legislación que prevenga, que trabaje, dijéramos, en la configuración de un marco de política pública en materia preventiva de este tipo.
Hace falta también que incorpore, por ejemplo, y armonice todo el tema de tráfico de datos personales, porque muchas veces funcionario, trabajadores, tanto públicos como de instituciones bancarias proveen información que pone a las víctimas, eso también hay que penalizarlo porque es una conducta que daña.
Me parece también que a pesar de que tiene el enorme acierto de incorporar por primera vez la participación ciudadana en la evaluación de programas, en el seguimiento de los avances, de los resultados de las políticas, tiene el pecado de amarrar a estos órganos a la decisión de las autoridades públicas que nuestro país, por desgracia, todavía tiene muchísima resistencia el escrutinio público a la transparencia y a la evaluación.
En ese sentido me parece que nuestro siguiente paso es avanzar, en dotar de mayor autonomía de recursos y de trabajo a las organizaciones ciudadanas a este consejo, para que efectivamente actúe con libertad, con autonomía, con responsabilidad, pero que sea realmente un espejo en el que pueda mover lo que está ocurriendo y la actuación de las instituciones públicas.
Hace falta también un tema que me parece que es precisar la obligación irrenunciable de los poderes públicos para la investigación del secuestro. No puede ser que autoridades públicas digan: no, no me meto con esta investigación, ni con esta persecución para no entorpecer las negociaciones de la familia, como está ocurriendo en el caso de Diego Fernández de Ceballos, tenemos más 120 días sin tener ninguna noticia de eso. Me parecería que también tendríamos que abundar en la parte del tratamiento a víctimas, y definir no solamente reparación del daño en términos económicos, sino también en términos de tratamientos psicológicos, emocionales.
Finalmente me parecería que falta precisar el tema, no solamente de la participación de reclusos de redes, de organizaciones de secuestros, sino incluso la participación de custodios y de directores de penales que permiten que salgan reclusos a perpetrar este tipo de delitos.
Creo que con eso estaríamos copando las lagunas que faltan, desde mi perspectiva, en esta legislación. De cualquier modo refrendo mi voluntad de dar un voto a favor”
Décimo. El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde detalló:
“... El delito, como fenómeno social, producto de la conducta humana, se desplaza en el tiempo y se desplaza en el espacio. Las circunstancias que hoy vive nuestro país demandan de esa soberanía que actuemos con prontitud, que apresuremos el paso para poder dar un respuesta ante un fenómeno delictivo, un fenómeno social, que lacera de manera muy sensible las entrañas de la sociedad”...
Undécimo. Finalmente, el presidente sometió a discusión el dictamen de referencia, el cual fue aprobado por mayoría.
Finalmente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la décima reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, a las 11:31 horas del jueves 30 de septiembre de 2010.
Diputados asistentes: José Luis Ovando Patrón, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Teresa Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Victor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Camilo Ramírez Puente, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez.
De la Comisión de Seguridad Pública, relativa a la undécima reunión ordinaria, celebrada el jueves 21 de octubre de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 11:00 horas del jueves 21 de octubre de 2010 y con la asistencia inicial de 10 legisladores, el presidente declaró abierta la sesión:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior y, en su caso aprobación.
3. Presentación de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011.
4. Asuntos generales.
5. Clausura y cita para la próxima sesión.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del presidente, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía fungió como secretaria, acto seguido procedió a consultar a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad. Posteriormente el presidente comentó a los presentes que, por errores de control, algunos diputados informaron que no habían recibido el acta a tiempo y por ende no tuvieron la oportunidad de revisarla a detalle, en consecuencia se suspendió su aprobación hasta el cierre de esta sesión.
Segundo. El presidente dio la bienvenida al diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez como secretario de la comisión que suscribe.
Tercero. El presidente manifestó que esta reunión tuvo por objeto aprobar la propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2011 en materia de seguridad pública, que elaboró este órgano a efecto de presentarlo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuarto. En lo tocante al tema presupuestario, el diputado Ardelio Vargas Fosado manifestó que era menester dotar de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública pero sin descuidar a las entidades federativas, así como los compromisos adquiridos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.
Por su parte, el diputado Sergio González Hernández externó una inquietud sobre si la comisión analizará los 2 mil millones de pesos destinados al mando único, para tomar las previsiones suficientes para aplicar este recurso que ya viene etiquetado en el presupuesto. Lo anterior debido a que el proyecto no ha sido aprobado por la Cámara de Senadores.
Enseguida la diputada Rosi Orozco reveló que no se había etiquetado presupuesto para combatir el delito de trata de personas, lo cual consideró fundamental para contar con un trabajo de inteligencia contra el tercer negocio del crimen organizado.
Después el diputado Salvador Caro Cabrera hizo pública su desconfianza hacia el secretario de Seguridad Pública, así como en la forma en que conduce la secretaría y los asuntos de la misma, por tanto consideró importante analizar si la propuesta de presupuesto de 2011 a diversas líneas estratégicas, corresponde a la asignación de recursos entre los estados y la federación.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero declaró que existe una desconcentración de recursos con una centralización de enfoques que no permite realmente el desarrollo del gobierno local y ahí es donde se está fallando, consideró que se requiere de un buen diagnóstico para plantear salidas respecto al problema del gobierno local desde una perspectiva más amplia y no solamente del mando único.
Reiteró que, respecto a la parte presupuestal, en el caso de seguridad pública, por falta de una estructura curricular homogenizada y estandarizada no hay certificación, es decir, que no se han generado normas de competencia especiales. En ese sentido, estimó la posibilidad, a partir de la cláusula 41 y otras del decreto de presupuesto, de poner candados a las capacitaciones, para certificar a los policías.
Inmediatamente los diputados Eduardo Yáñez Montaño y Manuel de Esesarte Pesqueira coincidieron con los argumentos vertidos por la diputada Incháustegui.
Quinto. Consecutivamente el presidente concedió el uso de la palabra a la maestra Daniela Avelar Bautista para iniciar con la presentación de la propuesta de presupuesto en materia de seguridad pública para 2011.
Sexto. Posteriormente el presidente declaró un receso reiterando a los presentes, la invitación para asistir a la comparecencia de diversos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo al oficial mayor, a efecto de esclarecer dudas o manifestar inquietudes en materia de presupuesto. Asimismo, el presidente felicitó públicamente a la diputada Rosi Orozco por su arduo trabajo en el combate contra la trata de personas. A esta felicitación se sumaron los diputados Salvador Caro Cabrera, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía y Miguel Álvarez Santamaría.
Séptimo. El 26 de octubre del año en curso, el presidente reanudó los trabajos de la undécima sesión proyectando una tabla que denota un parámetro en donde se manejó el porcentaje del gasto programable en seguridad pública, que representa el 2.3 por ciento del presupuesto global, a efecto de identificar cuánto se destina a esta área que se integra por los Ramos 4, 36 y 33, y el FASP. El monto general de gasto es de 49 mil 560 millones de pesos que también es una variación en cuanto a 2010 ya que presenta un incremento de 4.38 por ciento.
Por lo anterior, el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas consideró oneroso el recurso destinado a cámaras de vigilancia y consultó a la Presidencia si es rentable este concepto. En consecuencia el presidente puntualizó que hay estudios que demuestran la eficiencia de esta herramienta y reiteró que este sistema se encuentra vinculado a Plataforma México. En este orden de ideas, el diputado Aarón Irízar López no estuvo de acuerdo con la eficacia de este sistema ya que considera que no inhibe la actividad delictiva.
Consecutivamente el diputado Arturo Santana Alfaro manifestó su preocupación sobre la interpretación que el oficial mayor y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan al artículo 115 constitucional respecto a la conformación del mando único, pero sobretodo el asunto de la asignación de los 2 mil 400 millones de pesos para las entidades federativas.
Además dejó en claro que no comparte la visión institucional respecto de Plataforma México, pese a los argumentos que expusieron los funcionarios.
Por otra parte el diputado Sergio González dijo que estará muy atento a las reglas de operación que en su momento manejará el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los criterios con los que se va a distribuir este recurso que suma aproximadamente 7 mil millones de pesos.
Octavo. En relación con los argumentos anteriormente vertidos, el presidente consultó a la Asamblea si el tema se consideraba suficientemente discutido y procedió a someter a votación la propuesta de presupuesto en materia de seguridad pública para 2011, la cual fue aprobada por mayoría.
Finalmente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la undécima reunión de la Comisión de Seguridad Pública, a las 13:00 horas del martes 26 de octubre de 2010.
Los diputados que asistieron:
José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinoza, Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Manuel Álvarez Santamaría, Víctor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Omar Fayad Meneses, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón
Presidente
De la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente a la duodécima reunión ordinaria, llevada a cabo el jueves 9 de diciembre de 2010
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 10: 00 horas del 9 de diciembre de 2010 y con la asistencia inicial de 16 legisladores, el presidente declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
Dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las policías cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet, presentada por el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el cumplimiento por parte del secretario de Seguridad Pública de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar en las personas que se encuentren en reclusión un ambiente propicio para una readaptación social, así como realizar adecuadamente y dentro de los lineamientos legales y respeto a los derechos humanos que correspondan, una eficaz labor de vigilancia y resguardo de los penales en el país, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables del sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, implementen medidas de prevención y sanción contra la explotación sexual y la trata de personas en la población penitenciaria del país, presentada por la diputada Rosi Orozco (PAN).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal para que de forma pronta y expedita refuercen de manera permanente la presencia de elementos del Ejército mexicano y de la Policía federal, además se pueda contar con vigilancia aérea, en los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe Distrito Bravos y para el Valle de Juárez en Chihuahua, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda (PRI).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios, para que otorguen a los servidores públicos que la integran un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, presentada por el diputado Sergio González Hernández (PAN).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y el lavado de dinero, presentada por el diputado Juan José Cuevas García (PAN).
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN).
Dictámenes de minutas
• De la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
• Que aprueba una minuta en sus términos. Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan las fracciones XII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
• De la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
• Sobre una minuta recibida del Senado, con observaciones, en los términos del apartado e del artículo 72 constitucional. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
5. Asuntos generales.
6. Clausura y cita.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del presidente, el diputado Eduardo Yáñez Montaño, quien fungió como secretario consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad.
Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior misma que fue aprobada por unanimidad.
Segundo. Posteriormente el diputado Jaime Cárdenas solicitó el uso de la palabra para externar lo siguiente: “tiene que ver con una solicitud durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública le hicimos para que el área correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública, de prevención social del delito y derechos humanos, tuviese una reunión de trabajo con nosotros para conocer de manera precisa los programas de prevención social del delito y de derechos humanos, que tiene a su cargo esa secretaría.
Hasta el momento no se ha dado esa reunión de trabajo con esa área de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces, le pediría que arrendáramos para una próxima reunión, una próxima sesión ese encuentro con los funcionarios competentes de la Secretaría de Seguridad Pública para verificar qué es lo que están haciendo en esa materia en derechos humanos y en previsión social del delito.
Otro comentario genérico, sobre el orden del día, que tradicionalmente en la Cámara, sé que eso habría que meditarlo, fraseamos los puntos de acuerdo. Se exhorta muy respetuosamente. Porque no pensamos en un estilo diferente mucho más directo, en lugar de exhortar decir se solicita para que de inmediato se haga tal o cual en el ámbito de su competencia etcétera.
Por qué no pensamos en un fraseo en los puntos de acuerdo, que constituyen exhortos una petición directa, una solicitud, no es una orden, se solicita para que de inmediato... Creo que sí debiéramos de revisar la manera en la que la Cámara se dirige a otras instancias gubernamentales, tomando en cuenta que somos un poder público, somos los representantes de la nación.
En ocasiones ese fraseo resulta o da la impresión, a algunos, de que nos estamos subordinando al Poder Ejecutivo, a otra instancia de autoridad. Entonces, sí pediría que si se analizara, que se estudiara jurídicamente, si es viable utilizar otro tipo de redacción en los puntos de acuerdo para que la petición a las autoridades fuera directa y para que las autoridades se sintiesen más constreñidas a cumplir con lo que la Cámara o esta comisión, acordará presidente”.
A lo que el presidente contestó que iba a ser atendida esta solicitud en el punto relativo a asuntos generales.
Tercero. Posteriormente el presidente instruyó a la secretaría para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la comisión para someterlos a su respectiva votación.
Proposiciones con punto de acuerdo
3.1) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las policías cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).
Dictamen positivo.
Unanimidad.
Acto seguido el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicitó el uso de la palabra para señalar:
“Respecto a este... ya lo votaron... de conformidad con él; también respecto al segundo que propuso la diputada Sarur Torres, para que en los centros de reclusión exista un ambiente adecuado que permita la readaptación social. Ahí no tengo ninguna objeción.
Hay otro muy interesante de la diputada Rosi Orozco, que es el tercero. Estoy a favor del mismo, pero creo que le falta algo, porque mis comentarios, aunque estoy a favor del punto de acuerdo. La diputada Rosi Orozco trata sobre el problema de la prostitución en los reclusorios, que los medios de comunicación han reportado, sobre todo en los reclusorios del Distrito Federal o en algunos reclusorios del DF, en donde los funcionarios de los juzgados se prestaban a esta práctica y eran como intermediarios de estas prácticas.
Creo que el exhorto está dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que informe a esta soberanía sobre los avances en las investigaciones de la presunta red de prostitución que opera en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Me parece bien, pero por qué no incluimos también, porque pueden tener información al respecto, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Sería importante porque el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por ejemplo, tiene facultades de investigación, de disciplina, para sancionar a jueces, a magistrados, a funcionarios judiciales, y sería importante, sobre todo al Consejo de la Judicatura dirigirle también el exhorto y no exclusivamente a la Procuraduría o a la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Entonces mi solicitud es que se incluya al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Luego hay otro caso que la diputada Rosi Orozco plantea en su documento, en su propuesta, que tiene que ver con Tamaulipas, donde ella pide exhortar a la Procuraduría Estatal de Tamaulipas el informe sobre el avance de investigaciones referidas a trata de personas, pero en los puntos resolutivos del exhorto se les olvida mencionar a la Procuraduría estatal de Tamaulipas. Mi pregunta es: ¿Por qué no se incluyó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas en esta petición que hizo la diputada Orozco, y que se incluya también al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por lo que ve a la presunta red de prostitución que existe en el penal de Santa Martha Acatitla, presidente.
A lo que el presidente precisó: “La intención de preguntarle a los compañeros legisladores sobre si hubiera alguna postura en contra de alguno de los puntos de acuerdo que se presentan tiene que ver con acelerar un poco y que no nos alcance la sesión de pleno”.
Por su parte el diputado Cárdenas indicó: “Presidente, le puedo decir que estoy de acuerdo en el 1, en el 2, en el 3 —con las observaciones que acabo de hacer—, en el 6, que es una propuesta del diputado Juan José Cuevas García, del PAN, y con el 7 de la diputada Gabriela Cuevas Barron; con eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el punto 4 y el 5 de puntos de acuerdo. Respecto a dos no estoy de acuerdo”
3.2) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el cumplimiento por parte del secretario de Seguridad Pública de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar en las personas que se encuentren en reclusión un ambiente propicio para una readaptación social, así como realizar adecuadamente y dentro de los lineamientos legales y respeto a los derechos humanos que correspondan, una eficaz labor de vigilancia y resguardo de los penales en el país.
Diputada Adriana Sarur Torre (PVEM).
Dictamen positivo.
Unanimidad.
3.3) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables del sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, implementen medidas de prevención y sanción contra la explotación sexual y la trata de personas en la población penitenciaria del país.
Diputada Rosi Orozco (PAN)
Dictamen positivo.
Unanimidad.
En el desarrollo del análisis del presente dictamen, la diputada proponente precisó, respecto a la observación del diputado Jaime Cárdenas, que:
“...los dos presuntos ya están libres. Desgraciadamente, y el tema más importante a resolver es que no hay juzgados para mujeres, las mujeres son llevadas siempre a los de varones y me parece eso un acto totalmente discriminatorio hacia la mujer, un acto que no hay realmente equidad de género en esto y es un asunto que debemos de seguir insistiendo hasta que las mujeres sean tratadas con la misma dignidad que los varones en nuestra capital, en nuestro Distrito Federal, pero sí, gracias por eso, también me parece excelente adicionarlo”.
3.4) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal para que de forma pronta y expedita refuercen de manera permanente la presencia de elementos del Ejército mexicano y de la Policía federal, además se pueda contar con vigilancia aérea, en los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe Distrito Bravos y para el Valle de Juárez en Chihuahua.
Diputado Jaime Flores Castañeda (PRI).
Dictamen positivo.
A favor 16, en contra 2, abstenciones 2.
En este dictamen, el diputado Jaime Cárdenas puntualizó:
“... Pero mi objeción no solamente es en ese sentido, sino en otro sentido porque ya hemos manifestado —y lo decía hace un momento a su manera la diputada Teresa Incháustegui—; hemos pensado algunos diputados de esta comisión que los problemas de seguridad pública del país no se resuelven incrementando la presencia de efectivos policiacos.
Consideramos que debería haber en este punto de acuerdo, aunque así no haya sido planteado, alguna postura por lo que ve, por ejemplo, a la prevención social del delito. El enfoque de incrementar fuerzas policiacas en municipios y en estados como mecanismo principal para resolver el problema de la inseguridad pública no nos parece el adecuado. Consideramos que la forma de atender los problemas de inseguridad pública, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, consiste en fortalecer programas sociales, incrementar los niveles de garantía a los derechos humanos, fortalecer la prevención social de delito, fortalecer la policía de proximidad, etcétera.
Por ese motivo yo manifiesto mi desacuerdo con este punto porque estimo, repito, que la solución no consiste en incrementar fuerzas policiacas en estados y en municipios, presidente.”
Posteriormente la diputada Incháustegui externó:
“En el mismo sentido, del diputado Cárdenas. No es una negativa lo que a mí me anima; es decir, lo único que tenemos es que haya más policías, más despliegue, más presencia de efectivos militares y entonces si decimos que no, pues entonces estamos dejando en indefensión a la población. No es eso.
Quisiéramos ver un plan, un programa en donde se diga qué se va a hacer, cuáles son las acciones, cómo puede la población recuperar sus espacios. Hay mucha experiencia en otros países. En el mismo México aquí nosotros hemos recibido propuestas de organizaciones sociales, de expertos, que tienen alternativas y que están ofreciendo ése saber hacer como parte de alternativas efectivamente que involucren a la población.
La gobernabilidad del delito no puede lograrse a través, solamente, de medidas represivas y de acciones que están nada más basadas en el despliegue territorial, efectivo, ni con el armado, solamente logístico de los cuerpos policiales.
Entonces, lo que estaríamos nosotros impulsando y yo propongo al pleno, es que se haga un programa. Este programa de Todos Somos Juárez, no funcionó, y no funcionó porque se llevaron las misma cosas que ofrecen en todos lados, que son además programas asistencialistas que no tienen perspectiva ciudadana y de derechos, a un lugar que necesita alternativas específicas desarrolladas, las mismas organizaciones de Juárez, de los universitarios, los académicos y muchas organizaciones presentes ahí, tienen muchas otras cosas qué ofrecer, están demandando otras cosas y las autoridades ni locales ni estatales ni federales los atienden ni los involucran.
Yo he escuchado a empresarios, académicos, a organizaciones civiles que no están demandando la mayor presencia de efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), sino programas integrales en donde además se especifique cuáles son las metas de esos dispositivos y en qué plazos se van a lograr, cuáles son los recursos, quién va a poner los recursos.
Tenemos, por ejemplo, el caso de todo el despliegue militar que en dos años se dio en Ciudad Juárez, que empobreció por completo las arcas del municipio, a costa de los recursos municipales se mantenían los espacios, el alojamiento y la manutención de la tropa.
Entonces, todo eso es lo que se tiene que plantear. De lo contrario estamos haciendo, como ya he dicho muchas veces, políticas en Braille, así al tanteo, y no son esos los mecanismos con los que se pueden lograr resultados efectivos.
Mi propuesta es que exhortemos o demandemos al titular del Poder Ejecutivo federal y a los locales que articulen un programa con metas, con propuestas, con indicadores, con participación ciudadana, con participación de las organizaciones civiles, con monitoreo; o sea, tenemos que ayudar, fortalecer, empoderar a la ciudadanía juarense y de Chihuahua que está despojada de sus derechos y de su dignidad y aterrorizada, pero es parte de las labores empoderar a estas organizaciones. Esa es mi propuesta”.
Acto seguido el diputado Caro Cabrera declaró:
“Gracias, presidente. Yo iba a proponer lo que ya ha comentado la diputada Incháustegui. Creo que la exigencia debe ser un plan, un plan integral construido entre los tres órdenes de gobierno para poder dar respuesta a través de objetivos concretos y de cuestiones que sean mediables.
Les quisiera hacer una invitación a que pensáramos, utilizáramos ese método de John Rawls, del velo de la ignorancia, y nos paráramos en nuestra colonia en donde vivimos, y que ahí, a partir de hoy hubiera elementos del Ejército, elementos de la Policía federal, más elementos de la policía estatal y más elementos de la policía municipal, no la pasaríamos bien. No nos sentiríamos cómodos, no estaríamos, digamos, felices y con una sensación de tranquilidad.
Montarnos en los zapatos de los ciudadanos de distintos puntos del país que tienen graves problemas de seguridad, desde esa perspectiva nos da una idea de que la exigencia debe ser en otro sentido. Por supuesto, en un primer momento podemos pensar en eso, pero lo fundamental es tener ese plan para lograr metas. Y yo les reitero la invitación de que nos pongamos tras el velo de la ignorancia para poder entender cuál sería el resultado de lo que el día de hoy estaríamos aprobando”.
Finalmente la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía enunció:
“En el mismo sentido, presidente. Yo creo que es entendible, en un momento dado, a lo mejor la razón que tuvo la diputada o el diputado proponente, Jaime Flores Castañeda, para este punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos en contra de que la sociedad se sienta segura, pero yo creo que aquí, también, ya hace tiempo, como lo comentó la diputada Incháustegui, cuando se lanza ese programa de Todos Somos Juárez, y se implementan una serie de beneficios, tampoco es medible cuáles han sido los resultados o no tenemos hasta el momento un reporte de cómo ha impactado todo ese programa, y yo creo que también es algo importante que se debe de tener.
Si lo votamos a favor, creo que estaríamos haciéndolo de una forma muy ligera, y si lo votamos en contra también la sociedad percibe que no es una de nuestras preocupaciones lo que es la cuestión de seguridad. Yo creo que aquí sí estamos todos en favor de que la sociedad, las comunidades y en especial estos municipios, sientan que sí son atendibles, pero seguramente debería de enriquecerse más a lo mejor la forma en cómo quedara la redacción, cómo se ha hecho en los otros anteriores y entonces sí estar incluidas todas estas inquietudes y que sea, también, el área de nuestra competencia”.
3.5) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios, para que otorguen a los servidores públicos que la integran un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.
Diputado Sergio González Hernández (PAN).
Dictamen positivo.
A favor 19, en contra 1, abstenciones 0.
3.6) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y el lavado de dinero.
Diputado Juan José Cuevas García (PAN).
Dictamen positivo.
A favor 19, en contra 2, abstenciones 1.
3.7) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal.
Diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN).
Dictamen positivo.
Unanimidad.
Dictámenes de minutas
3.8) De la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Senador Tomás Torres Mercado (PRD).
Dictamen negativo.
Unanimidad.
3.9) Que aprueba una minuta en sus términos. Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan las fracciones XII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Senadores Humberto Aguilar Coronado y Felipe González González (PAN).
Dictamen positivo.
Unanimidad.
3.10) De la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Senador Jorge Legorreta Ondorica (PVEM).
Dictamen negativo.
Unanimidad.
3.11) Sobre una minuta recibida del Senado, con observaciones, en los términos del apartado e del artículo 72 constitucional. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Senador Cleominio Zoreda Novelo (PRI).
Dictamen positivo.
Unanimidad.
Cuarto. En cuanto a asuntos generales, el presidente hizo uso de la voz para comentar a los presentes que, respecto a las propuestas de los diputados Teresa Incháustegui Romero, Jaime Cárdenas Gracia y Sergio González, consistentes en:
• Solicitar la presencia de funcionarios del área de Prevención del Delito y Derechos Humanos.
• Que la Secretaría de Seguridad Pública informe trimestralmente a esta Cámara de Diputados sobre la aplicación de los fondos y subsidios en la materia.
• Esta presidencia notificará a la Secretaría de Seguridad Pública para que se dé cabal cumplimiento de dichas disposiciones.
Quinto. Finalmente el presidente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la duodécima reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 11:50 horas del 9 de diciembre de 2010.
Diputados asistentes: José Luis Ovando Patrón, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Victor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Luis Alejandro Guevara Cobos, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega J., María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro, Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Seguridad Pública, concerniente a la decimoquinta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 6 de abril de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 10:25 horas del miércoles 6 de abril de 2011, con la asistencia inicial de 23 legisladores, el presidente declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
Dictámenes de iniciativas
4.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública sobre diversas iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de pena de muerte.
4.2. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.3. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 126 bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.4. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal, presentada por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Dictamen de proposición con punto acuerdo
4.5. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “policía social”, presentada por el Diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
5. Asuntos generales.
6. Reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lic. Juan Miguel Alcántara Soria, a efecto de abordar los siguientes temas:
• Inseguridad en el país (coordinación de los tres niveles de gobierno).
• Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Subsidio Policía Acreditable (SPA).
• Avances en la estrategia nacional de prevención social en el contexto de flujos migratorios.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del Presidente, el Diputado Sergio González Hernández, quien fungió como Secretario consultó a la Asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y el acta de la sesión anterior, y al no haberlo se aprobaron por unanimidad.
Segundo. Posteriormente el Diputado Secretario consultó a la Asamblea Presidente instruyó a la Secretaría para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la Comisión para someterlos a su respectiva votación:
Dictamen de iniciativa
2.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública sobre diversas iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de pena de muerte.
Dictamen negativo.
A favor en contra abstenciones.
Tercero. Acto seguido el Diputado Presidente así como la Asamblea consideraron oportuno desahogar en la próxima XVI Sesión Plenaria los asuntos que no fueron agotados a efecto de dar la bienvenida al Lic. Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y comenzar con la reunión de trabajo.
Cuarto: El Diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la Diputada Incháustegui para comenzar con su posicionamiento: “Muchas gracias, señor presidente. Para saludar la presencia del doctor Juan Manuel Alcántara Soria, en uno de estos ejemplos de buenas prácticas legislativas y de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, nos congratula mucho que demos inicio este año con su participación.
El papel del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la política de Seguridad es fundamental. Simplemente recordar que la ley que establece la bases de coordinación, que es dijéramos el modo cómo el gobierno de Zedillo interpreta la crisis que ya en ese momento se estaba viviendo en la política de seguridad justamente por la distribución de competencias entre los tres niveles, crea esta ley de bases para generar los elementos técnicos y políticos necesarios para una coordinación de esta política.
Dentro de eso le da al Secretariado Ejecutivo los mecanismos que pudiéramos considerar que son las venas donde deben de fluir los elementos esenciales para las decisiones y para la operación que son los registros, el sistema nacional de información, los esquemas y mecanismos de profesionalización, certificación y evaluación.
Porque hasta ese momento no existía un registro nacional de policías y se daba esto de que unos que eran despedidos por corruptos en un lugar, pudieran entrar en otro. No había mecanismos de evaluación ni criterios de profesionalización y de formación policial. No había una política de profesionalización y remuneración. El secretariado era el corazón de estos acuerdos en el consejo para hacerlos viables.
Sin embargo, a 2010 encontramos todavía que a pesar de lo que nos ha costado desde 1999 a la fecha, todos los recursos que se han erogado solamente en el sistema, no han dado los resultados esperados y seguimos arrastrando una serie de saldos en estos mecanismos que son justamente los que nos pueden permitir realizar una política de seguridad profesional eficaz, coordinada. No los tenemos.
Por eso se impone este tipo de prácticas como las que ya el colega Jaime Gracia comentaba de jefes policiales que aplican esta consigna de mátennos en caliente, que es lo que está representando tantos costos sociales y tantos costos a la democracia.
Si nosotros analizamos sus datos y analizamos también los resultados de la Auditoría, encontramos retrocesos incluso en el registro del personal policial, justamente en aquellas entidades en donde el problema de la inseguridad es verdaderamente angustiante. Encontramos que hay falta de registro de armas, no están tampoco completados, hay un 35 por ciento en promedio, por ejemplo, casi todos los registros.
En ese sentido, estos registros que han sido el caballito de batalla con el cual han trabajado el secretariado desde 1999 muestran que no hay verdaderamente avance en esta parte. Seguimos arrastrando los saldos.
Lo mismo ocurre en el modelo de evolución y en el control de confianza en la certificación y en la profesionalización. Todavía tenemos una gran cantidad de policía que no tiene el mínimo de aptitudes, de capacidades y habilidades para desempeñar su trabajo.
Desde esa perspectiva nos preocupa mucho que se estén incrementando los recursos al mismo tiempo que se está incrementando la delincuencia, que se incrementen los costos sociales de esta estrategia y al mismo tiempo hayan oídos sordos a todas las reconvenciones que hacemos y que hacen distintos sectores de la sociedad para revisar a fondo esta política y para evaluar por qué no caminan ninguno de estos instrumentos. No hay vinculación efectiva, no hay coordinación, etcétera.
Si nosotros por ejemplo preguntar, aquí hay datos en el presupuesto que nos llenan de interrogantes, porque tenemos que desde 1999 a 2009 el presupuesto del secretariado ha sido muy errático, pero por ejemplo se duplicó en el 2006, se triplicó en el 2008 y luego volvió a bajar en 2009 y 2010 a niveles incluso por debajo del presupuesto inicial con el que empezó el secretariado en 99.
¿A qué se explica esto? ¿Por qué este pico de 2008 y por qué bajo? Quiere decir que en la política actual el gobierno federal ha decidido que el secretariado es una entidad otrora creciente y que va de salida. ¿A qué se debe esta disminución?
Segundo. Preguntaría cuántos policías tienen la capacidad, aptitudes y habilidades necesarias para realizar su función. ¿Cuál es el perfil, cómo se ha definido este perfil de capacidades, habilidades y aptitudes en esta parte?
¿Por qué están en rojo en las entidades con menos evaluaciones justamente aquellas entidades que están con más altos problemas de inseguridad como es el caso de Coahuila, de Durango, de Michoacán?
Usted tiene un cuadro en donde habla del tiempo estimado para evaluar y hay entidades en las que parece que nos vamos a llevar 14 años para terminar con el rezago en materia de registros. Es decir ¿cuáles son sus alternativas ante este tipo de rezagos; qué propone?
Me gustaría, no pretendo que vaya a responder ahora a esta última pregunta, pero cuáles son los programas concretos que están en los siete ejes estratégicos en materia de políticas y cuáles son los indicadores de desempeño que se aplican para evaluar lo que se alcanza en cada uno de ellos.
Reiterar, secretario, que nuestro ánimo no está ni cuando cuestionamos ni cuando preguntamos, estamos con un ánimo partidizado. Consideramos que el tema de la seguridad es un tema de Estado que nos preocupa a todos y que cuando cuestionamos la manera en cómo se está realizando básicamente lo hacemos porque no vemos resultados, porque vemos que el problema cada vez escala y porque no vemos sensibilidad y respuesta. Es cuanto, muchas gracias.”
Posteriormente el Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas manifestó: “A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, agradecer la presencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria y de los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública en esta reunión de trabajo en la que estamos llevando temas tan importantes como la coordinación existente entre los tres órdenes de gobierno, que me permito hacer un paréntesis ahí.
Los comentarios de la diputada Incháustegui son buenos planteamientos, sólo parece que al momento de exponerlos confunde a la ciudadanía entre qué corresponde a qué orden de gobierno.
Dos. La seguridad de migrantes y los resultados del ejercicio de los recursos destinados a las entidades federativas.
Secretario, México está pasando por tiempos difíciles, tiempos complejos. Estamos en una etapa nacional donde la sociedad demanda nuestro mayor esfuerzo y nuestro compromiso total ante un problema lacerante como es la inseguridad.
En ese ánimo y respondiendo a esa exigencia social, los diputados federales estamos trabajando a esta reunión de trabajo.
El PRI, ante el tema de seguridad, lo considera un tema de Estado, que debe desligarse de la política más de la política electoral. Hemos concedido lo razonable a todas las peticiones de reforma legal y constitucional al titular del Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario del PRI avala y coincide en que haya un enfrentamiento al crimen organizado en abatir los índices de delincuencia, pero no compartimos ni la estrategia, ni los resultados del gobierno federal hasta este momento.
Nuestro grupo parlamentario pronuncia por efectividad en materia de seguridad y de combate al crimen. Por una vinculación entre la política social y el abatimiento de los índices delictivos. Tenemos casi 5 años de propuestas, de buenos deseos y de experimentos, pero estamos dentro de una espiral de violencia como país.
Primero. Plataforma México, está planteado como un esquema de respaldo a la seguridad pública. ¿Cuánto se ha gastado y cuánto se ha logrado en este rubro? Dentro de las facultades que el artículo 21 constitucional le da al secretariado técnico y al propio sistema.
Quisiéramos conocer los avances en el programa de procuración de justicia que es poco comentado y conocer desde la perspectiva suya, en qué fallo el procurador saliente en términos del programa. La procuración de justicia es un punto fundamental es un punto fundamental para acabar con la impunidad y poder revertir los índices delictivos.
En cuanto al papel del sistema nacional, quisiera dar un ejemplo de una policía que se está contaminando, la del estado de Jalisco, comandos de policías encapuchados con matriculas cubiertas con cinta negra que llegan a extorsionar a ciudadanos en distintos del estado y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Qué ese hace en ese tipo de cuestiones?, ¿cómo se les está dando seguimiento?
Cuántos mandos han reprobado las certificaciones de confianza y que ha hecho el sistema nacional en enterarse que un director o un secretario tiene vínculos inadecuados, o los ha tenido, para desempeñar su tarea de acuerdo a los estudios, o si ha resultado de todos los que se presentan a los exámenes son santos impolutos.
Qué avances concretos se tienen en términos de eficacia por la coordinación de los policías en los 3 órdenes de gobierno, responden las policías estatales ¿cuáles sí, cuáles no?, las policías municipales ¿qué experiencia se tiene?, ¿qué debemos de hacer para que funcione de mejor manera esa coordinación?
En 2011, con el cambio de reglas de la asignación de recursos en FAS y en Subsemun en términos de avance porcentual respecto al primer semestre de los años anteriores y particularmente del pasado, que nos presenta usted datos exitosos ¿cuál está siendo el comportamiento en términos, repito, porcentuales para este año? y ¿cuál es el avance comparativamente?
En cuanto a los centros de control de confianza, el gobierno federal y sus instituciones no han avanzado en sus evaluaciones de control de confianza, de acuerdo a lo que nos presenta. Estamos en un promedio del 54 por ciento, no hay apoyo, hay algunas organizaciones o algunas instituciones que se han puesto difíciles, ¿no cree usted que, son las instituciones federales las que deben de poner el ejemplo?, ¿hay capacidad instalada para avanzar más rápido?, ¿qué debemos de hacer en la materia para que esto funcione a favor de la institución que usted representa?
Reconocemos que ha habido retrocesos en la relación con organizaciones ciudadanas, particularmente... la relación con el Isesi, en lo que era Encuesta Nacional de Índices Delictivos. Aquí, queremos saber materialmente, las relaciones de participación ciudadana y también con el sector académico.
Por otra parte, para cuándo estarán disponibles los fondos federales para el eje estratégico 2, de prevención del delito y participación ciudadana que es un tema que nos interesa, muy especialmente a los diputados del Grupo Parlamentario del PRI.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con la información en el Centro Nacional de Información a detalle de las características de las armas. Es decir: tipo, calibre, series, que se introdujeron al país con motivo de la operación Rápido y Furioso. Si es correcto, ¿cuántas de esas armas han sido elementos de tipo penal comprometidos en hechos vinculados a la delincuencia organizada? y ¿cuáles en delitos del fuero común? Si es negativa la respuesta, por qué no se tienen esos datos.
En lo que corresponde al sistema, cuáles son los avances de los acuerdos firmados en 2008, se vencieron, prácticamente, todos los plazos, tenemos la duda de que muchos estados no respondieron tampoco a los compromisos, ¿cómo está esa situación?
Finalmente, señor secretario, el periodo de gobierno se acaba ¿Qué pendientes quedarán para el próximo gobierno en la materia que lo tiene a usted presente en esta reunión? Muchísimas gracias.”
Por su parte, el Diputado Rosendo Marín Díaz expresó: Quisiera empezar con el planteamiento respecto a lo que está ocurriendo en estos días y que en primer lugar creo que como muchos asumimos el señalamiento, porque el señalamiento a los actores del Estado mexicano, no solamente es al Poder Ejecutivo, sino al Congreso también, y lo que nos toca, en lo que respecta a su servidor, asumo plenamente a estas críticas. Pero, también asumo que antes de cualquier otro asunto somos representantes de la sociedad.
Me voy a permitir leer un párrafo de la carta abierta que dirige Javier Sicilia, el poeta a políticos y criminales y dice:
“Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos. Porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida –perdón es que se me movió el...–, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia han sido incapaces a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder, de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad, sin la cual este país no tendrá salida.
Estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esa corrupción, que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filosofo Giorgio Agamben, llamó con palabra griega ZOE, la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente.
Estamos hasta la madre, porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y con ello un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones.
Estamos hasta la madre, porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos no solo sean asesinados, sino después criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación.
Estamos hasta la madre, porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno... estamos hasta la madre, porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su ejército, y tiene miedo y dolor. Estamos hasta la madre, porque lo único que les importa, además de un poder impotente, que sólo sirve para administrar la desgracia es el dinero.
El fomento de la competencia, de su pinche competitividad, y del consumo desmesurado que son otros nombres de la violencia. Este párrafo expresa perfectamente la opinión que en todo el país está señalando la total y el absoluto fracaso de una política de combate al crimen organizado, donde se han abandonado los intereses, las preocupaciones de millones de jóvenes, de millones de personas, y creo que cualquier señalamiento que varios de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado son insuficientes para remarcar que el país está en una grave crisis, y que si no se modifica esta visión que se tiene, el país va rumbo al desastre absoluto.
Por eso, no quiero perder la oportunidad de señalar, con las palabras del poeta Sicilia, lo que la gente, en general está planteándose, que le preocupa, y que le preocupa demasiado, porque ahora la violencia está llegando a las puertas de nuestros hogares. La violencia ya es parte consustancial de nuestras vidas, y que si no expresamos, por lo menos estas preocupaciones en este tipo de reuniones, donde se están tomando decisiones o donde se informa de los avances, o supuestos avances en el combate a la delincuencia organizada, podemos ser también corresponsables.
Algo que creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos estar pensando es ser o cómplices o dejar pasar las cosas. Por eso hago este señalamiento que es también una pregunta que es: ¿cuántos muertos más se necesitan para acabar con esta absurda y torpe política de combate a la delincuencia organizada?
Por los argumentos anteriormente vertidos por los Diputados Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respondió: “Coincido en que debemos partir de una visión de Estado para definir cómo establecer un sistema de rendición de cuentas de todos los órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos, como lo acaba de plantear el diputado Marín.
Indudablemente que también el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un órgano del Estado mexicano; no es una dependencia del Poder Ejecutivo federal; el órgano superior de decisión del sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Pública donde participan todos los gobernadores y gobernadora, en el caso del país, junto con el gabinete de seguridad nacional.
De tal manera que con este enfoque, primero me congratulo por las participaciones que he tenido oportunidad el día de hoy de conocer. No sólo me congratulo por el respeto a quien me ha precedido, y no esperaba por supuesto algo distinto, sino para decir que los cuestionamientos que se han hecho en todas las participaciones previas son muy pertinentes y merecen respuestas.
No me quiero referir sólo a la pregunta que nos hacía hace un momento el diputado Marín, que con respecto a un cálculo de cuántos muertos, pues no creo que nadie tenga, en el mundo, posibilidades de dar respuesta a la misma; lo que sí me parece que podemos adelantar es que la estrategia nacional tiene cuatro ejes estratégicos.
Éstos son, en primer lugar el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que tenemos que fortalecer a los ministerios públicos, las policías, a los jueces, los peritos, los custodios y en general a la totalidad de la institucionalidad responsable desde la prevención social de la violencia, la prevención del delito, hasta el nivel último de la cadena en la que se integran las políticas públicas de seguridad que tienen que ver con la reinserción social.
La segunda estrategia tiene que ver con la prevención social de la violencia y el delito. En esto no hemos puesto el énfasis suficiente y por eso hace un momento les presenté a ustedes cómo se están canalizando tanto los recursos de FAT para los estados, como de Subsemun para los municipios para generar programas, políticas públicas aterrizadas de prevención social de la violencia y de prevención del delito.
El tercer eje estratégico tiene que ver precisamente con lo que ya varios de ustedes, desde el diputado Cárdenas y varios lo han señalado, que es la participación ciudadana. No hay mejor componente para garantizar que una estrategia de seguridad pública de Estado tenga continuidad, sea eficiente y se pidan cuentas que el involucramiento en la sociedad civil, y sobre esto espero tener oportunidad más delante de profundizar al respecto.
Finalmente, el cuarto eje estratégico tiene que ver con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los poderes públicos de los mismos, en su caso, en materia de seguridad. Simplemente señalar, como dato último, que de la totalidad de la incidencia delictiva del país al 31 de diciembre de 2010, el 92 por ciento de esa incidencia son delitos del fuero común, secuestros, extorsiones, homicidios o robos a los que se refería en su oportunidad la diputada Adriana Sarur, son precisamente los delitos que ella mencionó como de mayor reproche social pues son indudablemente delitos que corresponden al ámbito del fuero común y por eso hablamos del fortalecimiento de los ministerios públicos y de las... estatales, como ese eslabón fundamental en la persecución del delito. Por el tiempo, diputado, creo que no me va a dar oportunidad de algo más”.
En el marco de esta reunión, el diputado Bonifacio Herrera Rivera cuestionó al secretario ejecutivo señalando: “Agradecerle al señor secretario, doctor Juan Miguel Alcántara Soria que nos acompañe el día de hoy a esta sesión de trabajo de la comisión. Ya lo veníamos comentando en anteriores ocasiones la necesidad de tener una mayor comunicación y tener este acercamiento de una manera más constante.
Dentro de los datos presentados muy sucintamente, desde luego no vimos parte de la estadística que el secretariado viene recogiendo respecto del número de homicidios dolosos; sin embargo, yo quisiera referirme a algunas de las cifras que han estado siendo publicadas en el portal de Internet y que, por ejemplo, en noviembre del 2010, se reportan por parte de algunos estados. Creo que hay una inconsistencia.
La importancia que requiere el que podamos contar con la fiabilidad de todos estos datos que ahí se contienen porque a partir de ahí podemos rediseñar o darle un mejor rumbo a nuestras acciones.
Al corte del 30 de marzo de 2010, en el país hubo aproximadamente 20 mil 127 homicidios dolosos. De ellos 3 mil 806 habrían ocurrido en Chihuahua; sin embargo, la Fiscalía General del estado de Chihuahua, en el 2010, acaba de reconocer que hubo para ese periodo 7 mil 209, o sea hubo un ejercicio ahí de reconocer que efectivamente no eran los 3 mil 806 sino 7 mil 209 homicidios dolosos, casi un 90 por ciento ejercicio ahí de reconocer que efectivamente no eran los 3 mil 806, sino 7 mil 209 homicidios dolosos, casi un 90 por ciento más de los que se reportaron, la verdad es que no sabemos cuál sea la cifra buena.
En el estado de México, por ejemplo, tenemos que en el 2007 fueron reportados 2 mil 672 homicidios dolosos, cifra muy similar a la de diez años anteriores, a las que se reportaron en el año 2000, pero reporte en el 2008, un año después, mil 261, o sea, baja una incidencia, un 53 por ciento, contrariamente a lo que hemos estado viendo en todo el país.
Vuelve nuevamente en el 2010 a reportar mil 168 homicidios. La verdad es que es una evidencia de la manipulación o el cuchareo de cifras por parte de las entidades federativas o de la ineficiencia en que estamos recogiendo estos datos.
En el estado de Durango, al corte, al primero de diciembre de 2010 se reportaron mil 268 homicidios, pero después aparece otra cifra reportada al 30 de marzo con una cifra de mil 25, hay un rasure ahí de cifras.
¿Qué vamos a hacer, señor secretario, para tratar de construir un mecanismo que nos permita tener confianza en este tipo de datos que aportan las entidades federativas? Algo sucede también con las cifras que se aportan con respecto a la incidencia de las cifras de secuestro.
Las entidades federativas hacen el reporte pero no están consolidadas respecto también de las averiguaciones previas que se inician por parte de la Procuraduría General de la República. La procuraduría informa en febrero del 2011, que se han iniciado aproximadamente 2 mil 179 averiguaciones previas y se refieren que en la república las entidades federativas registran mil 262.
Habría que hacer un ejercicio, me parece, de consolidar estas cifras y ver efectivamente si estas cifras reflejan el tamaño del problema que tenemos con respecto al secuestro.
Y por último, acerca de los salarios que perciben los policías, usted nos hacía una declaración recientemente de la dificultad que se tenía para reclutar policías, por ejemplo en Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. Conocer cuál es el sueldo que perciben los policías federales preventivos en este momento, si se tiene previsto para este ejercicio presupuestal tener una mejora en los ingresos de los policías y si se requiere, cuál sería el salario mínimo que deberíamos de cómo sociedad, como gobiernos, garantizarles a nuestros policías y de qué tamaño sería el impacto presupuestal para ir previendo en el próximo paquete económico de 2012. Por sus respuestas, muchas gracias y por su presencia también, señor...”
En consecuencia, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respondió: “Con mucho gusto, diputado Herrera, respecto a las bases de datos que el Sistema General de Información de Seguridad Pública ha ido conformando, le comentaría a usted que en primer lugar efectivamente hay muchas discrepancias, muchas inconsistencias en la información que suben los responsables de las conexiones estatales que son la Secretaría de Seguridad Pública, las procuradurías, los Centros de Prevención Social o los Centros de Control de Confianza, inclusive las secretarías de finanzas.
A partir del año pasado, por primera vez en el segundo semestre del 2010 subimos a la página web del secretariado, toda la incidencia delictiva del país, estado por estado, delito por delito, desde los últimos 12 años y esto ha permitido que se pueda a la luz pública, detectar e identificar las inconsistencias, luego hasta las manipulaciones dolosas que hay de información, entonces ya hay manera ahora sí de cotejar cifras, de cotejar datos en las bases que lleva el Centro Nacional de Información y esto nos está llevando a una segunda etapa que es ya el proceso de verificación de esta información, de tener las cualidades fundamentales, los criterios de suministro, calidad y oportunidad, que son los tres criterios con los cuales hemos...
Con un grupo de expertos se conformó un grupo técnico que incluso se publicaron ya las reglas con las que este grupo técnico de academia, del Inegi y de otras instancias universitarias nos están permitiendo revisar cómo se está bajando y subiendo información a partir de estos criterios de suministro, calidad y oportunidad, para que podamos asegurarnos que los que suben las bases de datos, quienes tienen la conectividad a estas bases de datos, nos estén proporcionando información efectivamente confiable.
Por lo que toca a incidencia delictiva en lo particular, las fuentes son las procuradurías de justicia en los estados y hay procuradurías que ya han entendido que tienen que subir información verificable, de calidad, pero también hay procuradurías que luego tienen instrucciones de decir “bueno, no queremos vernos con una incidencia delictiva grave, vamos a tratar de reducir la expresión de inseguridad en el estado”.
Lo que está sucediendo con esto, según clase de actitudes, es que incluso ya pueden empezar a rayar con los linderos del ilícito penal, puesto que evidentemente también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tipifica, entre otros delitos, por supuesto el de no subir información veraz, como también desviar recursos públicos federales que van a temas de seguridad pública y es en este terreno donde ahora vamos a trabajar con los estados, particularmente la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública para que nos aseguremos de que todo mundo esté subiendo la información que es la que es de calidad y con la oportunidad que necesitamos y que en el caso de que alguien esté subiendo información que no sea de calidad, que no sea veraz, en los términos de la propia legislación, podamos hacer del conocimiento de la procuraduría, esas conductas que pueden ser de carácter ilícito.
En cuanto a lo muy particular, el tema de los salarios, déjeme usted decirle que el Sistema de Desarrollo Integral Policial que exige la ley, el tabulador salarial que conforme al servicio de carrera policial se debe de establecer en todas las fuerzas policiales del país, nos exige que en este momento un policía municipal deberá estar ganando, si adopta el tabulador salarial que también se adopta en etapas, no es de golpe porque sí implica un fuerte impacto a las finanzas, ya sean del municipio o de la entidad federativa, según sea el caso, si hay una adopción gradual del tabulador salarial, pero le diría a usted que el promedio de un policía preventivo municipal, el mínimo que debería de estar ganando, si es la Unidad de Reacción, la Unidad de Operación, que son las unidades que tienen dentro de ese tabulador el nivel salarial más bajo, debería estar en el orden de los 8 mil pesos y en el caso de las policías estatales, debería de estar en el orden de los 10 mil pesos el nivel más bajo, adoptando el tabulador salarial dentro de la unidad irreductible que es un modelo terciario de policía para las distintas unidades. No gana lo mismo la Unidad de Análisis Táctico de Inteligencia, que la Unidad de Reacción o de Operación.
En este momento sólo 189 corporaciones municipales de las 2 mil 200 en números redondos, corporaciones municipales... perdón, dentro de las 2 mil corporaciones municipales que hay en el país, estoy cerrando el número de municipios en 2 mil 400, hay 400 municipios que no tienen ningún cuerpo policial, quedan 2 mil municipios que sí tienen algún tipo de cuerpo policial, bueno, de estos 2 mil, 189 son los únicos que están implementando el Sistema de Desarrollo Integral Policial que exige la Ley General y por lo tanto son sólo 189 las que están implementando este tabulador salarial al que me acabo de referir, ya con estos sueldos que empiezan a tener la posibilidad de ser elementos de un proyecto de vida respetable, digno, para los elementos policiales.
Y de las policías estatales, no hay en este momento ninguna de las 32 entidades federativas que esté implementando el sistema de desarrollo integral policial y por consecuencia, ninguna de las 32 entidades federativas tiene servicio civil de carrera implementado en cuerpo policial estatal.
Estamos, con base en lo que presenté, esta policía estatal acreditable que es este primer embrión que va a permitir que ahora sí los estados vayan conformando, al adoptar el sistema de desarrollo integral policial, tener una pirámide salarial adecuada para los estados.
Con este subsidio estamos dando el primer incentivo para llegar a ello y esperemos que en el mediano plazo los estados puedan ya pagar, incluyendo, porque es el tema salarial al que se refería, puedan ya pagar conforme al tabulador salarial que exige la ley general.”
Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, el Diputado Manuel Guillermo Lizalde cuestionó: “Gracias, diputado presidente. Saludar y agradecer al licenciado Juan Miguel Alcántara Soria el que haya atendido la invitación de esta Comisión de Seguridad Pública.
Son dos los planteamientos que pretendo dejar sobre la mesa, señor licenciado Alcántara. En principio, a finales del año pasado, en el mes de noviembre, si no me falla la memoria, compareció ante esta comisión el secretario de Seguridad Pública federal y entre otros temas se abordó el programa de infraestructura penitenciaria. Ahí le planteé yo la necesidad de que se tomara en cuenta el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua –yo soy diputado por ese estado– para la construcción de un centro penitenciario federal de alta seguridad, ya que en el estado de Chihuahua, a pesar de la alta incidencia en materia del crimen organizado, no contamos con un centro que pueda dar atención a los reos federales de alta peligrosidad.
Recuerdo que, entre otras cosas, él señalaba que se iba a impulsar un programa con inversión privada para ejercerlo en los últimos meses de este gobierno, por supuesto a partir de 2011. Sin embargo, a la fecha no hemos tenido noticia de que se haya hecho un planteamiento para iniciar con los proyectos de construcción, porque se hablaba, si no me falla la memoria, de la construcción de 12 centros de alta seguridad.
Quisiera saber qué hay al respecto y si se está contemplando al estado de Chihuahua, de manera muy particular el municipio de Juárez, en la construcción de este centro.
Por otro lado, quisiera que se abundara en este cuadro que usted nos hizo favor de explicar de manera muy precisa respecto a los centros de evaluación y control de confianza. Estoy convencido y coincido con usted en que es una tarea medular y sustantiva para poder mejorar y ser más eficaces, como lo planteaba y lo solicitaba el diputado Caro, precisamente la certificación y acreditación del personal policial. Lamentablemente, vemos que tenemos un gran rezago en esa materia y no sólo en la evaluación a los elementos que forman parte de las instituciones de seguridad pública, sino más allá, en la creación o fortalecimiento de estos centros.
Quisiera que explicara qué significa el proceso de alineación al modelo nacional. Qué significa el proceso de certificación y cuáles son los que están con procesos certificados, a diferencia de los que ya tengamos como centros acreditados porque estoy convencido que mientras no avancemos en esta materia, difícilmente vamos a poder avanzar en materia de combate a la corrupción al interior de las corporaciones policiacas.
Un primer esfuerzo es hacer una evaluación inicial o un examen de confianza a quienes forman parte de los cuerpos de policía, pero es una tarea interminable porque se tiene que estar evaluando, si no una vez al año, cuando menos dos veces al año, una vez que están en operación o están trabajando.
Yo quisiera que se abundara en qué es lo que se tiene que hacer para lograr agilizar el paso. La diputada Incháustegui decía que es preocupante el poder realizar estas estadísticas o esta proyección en cuanto al tiempo, ya que hay estados como Jalisco que pareciera que requieren 14 años, según se dice aquí, para poder concluir su etapa de evaluación al personal de seguridad pública. Es cuanto.”
A lo que el Secretario Ejecutivo respondió: “Decirle primero, diputado, que efectivamente está comprometido el secretario de Seguridad Pública a que para diciembre del año que viene la totalidad de los internos, sean procesados o sentenciados por delitos del orden federal, deberán estar en centros federales y, según la ruta crítica, en la construcción de estos 12 centros federales de readaptación social que él comentó, se va trabajando para cumplir en tiempo con esas 12 instalaciones nuevas, adicionales, que den la seguridad de que todos los internos, sentenciados o procesados, repito, del orden federal, ya estén en centros federales y no graviten sobre las capacidades de los estados.
Le voy a acercar hoy mismo cuál es el nivel de avance de la construcción de estos 12 centros. Lo que no tengo en el radar de momento, porque la memoria no me está ayudando, es si hay alguno en Ciudad Juárez. No estoy seguro y prefiero hacerle llegar la respuesta.
Por lo que toca a su segunda pregunta en relación a cuál es la diferencia entre los centros acreditados con procesos de certificación o los que tienen procesos de certificación y apenas los que están alineando, en pocas palabras, los cuatro centros que están en la lámina presentados como centros acreditados, quiere decir que no sólo las cinco evaluaciones que se practican en los mismos se hacen absolutamente conforme al modelo nacional, sino que además de que esos procesos de evaluación sicológica, poligráfica, toxicológica, médica y de análisis socioeconómico del servidor o servidora público que integra alguna institución de seguridad pública o procuración de justicia están hechos conforme a los lineamientos, sino que además, por ejemplo, que el archivo de la documentación personal, que se tiene que asegurar la confidencialidad de las evaluaciones que de manera personal se le practicaron a la persona, sea un archivo absolutamente confiable, que no pueda ser sujeto de un robo, de una alteración.
Eso hace la diferencia entre el centro acreditado, que ya tiene totalmente toda su infraestructura administrativa completa y no sólo los procesos de evaluación, con los que tienen procesos certificados, esto es, que las cinco evaluaciones se practican escrupulosamente conforme al modelo nacional, pero a la mejor hay temas administrativos o de infraestructura, como puse el ejemplo del archivo mismo, los accesos, las vigilancias a los centros para que queden entonces con procesos certificados, pero todavía con algún pendiente que ya no son los procesos, sino la infraestructura alrededor de la cual se practican las evaluaciones.
En cambio, los que están en amarillo quiere decir que todavía sus procesos, algunos de los cinco o los cinco procesos evaluatorios no están totalmente alineados al modelo nacional. Puede ser que, por ejemplo, no tengan los reactivos para los toxicológicos suficientes o porque todavía no tienen el polígrafo debidamente practicado conforme lo exige el modelo nacional.
Quiere decir que sí están ya cerca de que los cinco procesos de evaluación se realicen conforme al modelo, pero que les falta alguna de esas cinco evaluaciones para acabar de alinearse conforme al modelo nacional.
Estos que están en el primer rango de amarillo ya estamos seguros que en el próximo semestre – no me traje esa gráfica– ya tenemos cómo van avanzando estos de amarillo para asegurarnos que en el próximo semestre ya van a estar en verde.
Los que apenas empiezan a estar en proceso de alineación quiere decir que apenas están contratando a los poligrafistas, a los sicólogos, a los médicos para practicar las evaluaciones. Éstos son los que van más retrasados y en esta última banda de amarillo sí estamos pensando que pueden durar aproximadamente de un año más –hoy mismo le hago llegar la gráfica– a dos años en acabar de pasar del amarillo hacia procesos certificados, o sea, hacia el verde.
Como dije, Quintana Roo sí está definitivamente muy atrasado. Ya hemos hablado con el gobernador que acaba de tomar posesión, Duarte, para hacerle ver la realidad del centro estatal de evaluación y control de confianza. El gobernador está consciente de esta demora y se ha comprometido a en el corto plazo recuperar el tiempo para que pueda practicar tanto a las policías en el ámbito municipal, como a la procuraduría del estado, a los centros de reclusión del estado, puedan practicar las evaluaciones y todo está dependiendo de la insuficiente capacidad”
Por parte del Partido del Trabajo el Diputado Jaime Cárdenas Gracias cuestionó al Secretario Ejecutivo precisando: Gracias, presidente. Me perdí algunas de las respuestas, pido una disculpa, pero estamos en votaciones en pleno y había que intervenir por un asunto del nombramiento de la procuradora, la ratificación en el Senado, que era importante, porque creo que no se cumplió con un trámite parlamentario en la Comisión de Gobernación.
Sin embargo, la pregunta. Tengo aquí 3 o 4 preguntas que son muy puntuales, doctor Alcántara Soria. La primera, una cosa que a mí, desde que estoy en esta Comisión de Seguridad Pública siempre me inquieta, es el argumento que se da a nivel estatal o municipal, se dice que en los estados y municipios, pues no cumplimos, no avanzamos porque las reglas de operación que determina la Secretaría de Hacienda son muy complicadas de satisfacer, hacen imposible que pueda solicitar de manera adecuada que estos recursos bajen a estados y municipios.
Ése es un argumento recurrente. En los estados le echan la culpa a las reglas de operación de la Secretaría de Hacienda. Yo sé que eso no es competencia del sistema del secretario ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero yo quiero saber, por ejemplo, qué vínculos tiene usted con los funcionarios de Hacienda cuando usted recibe esas quejas de las autoridades de seguridad pública de los estados o de los gobernadores que le indican: no cumplimos porque las reglas de operación son difíciles de cumplir.
¿Qué medidas, qué sugerencias se le han hecho a la Secretaría de Hacienda a fin de flexibilizar o facilitar estas reglas de operación para que los estados puedan ejercer adecuadamente los recursos? Eso, desde luego, sin que implique que no existan mecanismos de fiscalización o de evaluación sobre el cumplimiento de las reglas de operación o sobre la manera en que se ejercen los recursos por estados y municipios.
Yo creo que ahí hay un problema en el tema de las reglas de operación y en la vinculación entre la Secretaría de Gobernación, el sistema desde el cual usted es secretario ejecutivo y la Secretaría de Hacienda.
Otro problema, es el argumento de las autoridades federales. Los estados, dicen, las reglas de operación son muy complicadas. La Federación ¿qué dice? Que no estamos bien coordinados. El sistema de coordinación de los tres niveles de gobierno fracasa.
Yo sé que implica hasta reformas de carácter, tal vez constitucional, pero ustedes, por ejemplo, cuando diseñan y ven todos los problemas de coordinación con los estados y municipios no piensan en cómo, por ejemplo, apoyar al Congreso proponiendo las reformas de carácter legal o proponiendo reformas de carácter constitucional o en el ámbito administrativo o reglamentario. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista normativo para perfeccionar esos mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno?
Después tengo otras dos preguntas más, finales, la tercera es acerca de la cantidad de municipios tan grande que existe en el país sin policía. Cuando no hay policía en los municipios, por razones presupuestales o de otra índole, qué medidas toma el sistema nacional de seguridad pública o qué orientación le da a los gobiernos estatales o a los propios alcaldes para tratar de solventar, para tratar de resolver ése problema, porque no puede haber municipios sin policía.
Muchos de esos municipios son municipios de gran emigración a los Estados Unidos o municipios que se quedan despoblados y donde efectivamente el alcalde es el alcalde, tal vez el secretario del ayuntamiento, no hay más funcionarios públicos. Cómo se puede atender a esos municipios sin policías.
Y el tema que le pregunté en mi primera intervención, de la policía privada. Ése desorden legal, administrativo cómo ha tratado de enfrentarlo el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿Cómo podemos poner orden? ¿Cómo podemos también incorporar a esos policías privados a esquemas de control de confianza, de capacitación, de profesionalización, etcétera? ¿Qué se puede hacer? Esas son mis 4 preguntas muy puntuales señor secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”
A lo que el Secretario Ejecutivo respondió: “Diputado, con mucho gusto le comparto a usted, a partir de esta lámina que presenté en mi presentación inicial, que los recursos de los estados ya fueron entregados en esas fechas que se pueden ver en la lámina.
El 31 de enero se entregaron en todo el país 712 millones de pesos, y ahí viene el desglose de estado por estado, porque en el caso de los recursos a los estados, decía yo que se entrega en 10 parcialidades, en 10 entregas a los estados y ahí ya está visto que al 29 de marzo todas las secretarías de finanzas tienen su tercera administración ya enterada.
¿Qué hace que luego los estados no lo puedan ejercer? Que alguno de los anexos técnicos en lo particular, que tiene que ver con los compromisos que los estado adquirieron en el proceso de concertación que celebramos entre el mes de enero y el mes de febrero, algunos de los anexos no los hayan entregado.
Que por ejemplo van a adquirir, por decirle algo, a usted patrullas, nos digan, bueno, cuáles son, conforme al modelo nacional de patrullas que tiene patrullas de doble cabina, porque estamos hablando de la unidad terciaria y para que sea terciaria tienen que ir tres elementos como mínimos, el vehículo tiene que permitir que vaya tres elementos en el mismo, que nos digan, bueno, pues yo voy a adquirir mi programa de adquisición de vehículo va a ser este, de estas características.
Nosotros no sugerimos proveedores, no proponemos adquirir nosotros directamente nada, todo va hacia los estados. Entonces, el asunto para ejercer estos recursos, es que simplemente nos entreguen los anexos técnicos conforme fue convenido con el secretariado ejecutivo e inmediatamente ya pueden ejercer lo que ya está en las secretarias de Finanzas de los estados.
Por lo que se refiere a las otras preguntas, incluso, su intervención inicial me da tiempo de compartir con usted alguna reflexión de fondo.
Yo creo que nadie queremos la militarización de la seguridad pública del país. Yo creo que todos entendemos que, precisamente dadas las debilidades de las instituciones policiales municipales y de las instituciones policiales estatales, se hace necesaria una presencia que debe ser acotada en el tiempo y acotada en regiones.
La presencia del Ejército no se va a percibir o no se debe percibir en aquellas entidades donde hay fortalezas estatales y municipales. Mientras un gobierno estatal o los gobiernos municipales sean capaces de atender ellos los problemas de incidencia delictiva del fuero común, hablo de secuestro, hablo de robo, hablo de homicidios, no se debe entender que se justifique la presencia de las fuerzas federales, llámese policía federal, llámese Fuerzas Armadas o Marina.
¿Dónde presencia las fuerzas federales o de la Armada de la Marina? En aquellos estados que tienen tales debilidades institucionales propias, no tienen policía estatal suficiente, no tienen policías municipales y entonces ahí se hace necesaria esta presencia, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que estamos trabajando ahorita de manera directa con los gobernadores de Tamaulipas, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Chihuahua, hasta en tanto están construyendo sus propias fortalezas institucionales, esto es ministerios públicos esto es policías estatales investigadoras o policías preventivas estatales para que entonces se pueda replegar las fuerzas federales.
Yo le puedo asegurar a usted, diputado, que estamos construyendo un calendario muy puntual con el gobernador de Tamaulipas o el de Nuevo León o el de Chihuahua, por mencionarle algunos o ahora con el de Michoacán, para exigirles que fortalezcan sus capacidades estatales porque nos vamos a salir y los vamos a dejar más allá de ése calendario, sin fuerza federal ni policía federal ni Ejército de Marina.
Hay un calendario, pues, todo ellos se ha acordado para el repliegue gradual, paulatino de la fuerzas federal en la medida que los estados están conformando la policía estatal confiable, profesional, bien evaluada, bien pagada para que se haga cargo de la responsabilidad en materia de prevención, como de investigación y persecución del delito.
Y refiriéndome ya a las otras preguntas que usted nos hacía, por supuesto que tratándose los municipios y policías y no sólo me refiero a como dije hace un momento, de los 2 mil 400 municipios del país, hay 400 municipios que no tienen ningún tipo de policía, pero a eso hay que agregar: los municipios que sí teniendo policía municipal ya es totalmente inconfiable, se le han retirado, ya no aparece o los... ya no se han presentado, esto se da particularmente en municipios del norte del país, es el caso de municipios de Tamaulipas, de municipios de Nuevo León.
En este caso qué estamos construyendo con los gobernadores estatales. Que los gobernadores estatales asumen el servicio policial que necesitan los municipios que no tienen capacidades de diversa índole... del norte del país, es el caso de los municipios de Tamaulipas, de municipios de Nuevo León. En este caso qué estamos construyendo con los gobernadores estatales, que los gobernadores estatales... el servicio policía que necesitan los municipios que no tienen capacidades de esa índole, puede ser insuficiencia de capacidad financiera o lo que hoy es más grave; no hay personal que quiera ya desempeñar el servicio policial en algunos estados del país.
Lo he mencionado hace algunos días, estamos trabajando de cerca con el gobierno de Tamaulipas, de Sinaloa y de Nuevo León para reclutar jóvenes, mujeres y hombres en otras entidades del país, porque los procesos de reclutamiento que están realizando estos gobiernos estatales para apoyar también a los municipios que no tienen suficiente policía o ninguna policía inclusive, no han sido exitosos, entonces... apoyando con una estrategia básicamente... educación media y media superior del país, algo... del Conalep y otras instituciones, para buscar que puedan adherirse a la convocatoria de estas entidades, municipios que no tienen policía.
Preguntaba usted también sobre el tema de la rehabilitación de adicciones en las cárceles. Comprometimos a la totalidad de los estados a que se cree una unidad de tratamiento de adicciones, una cuando menos en este primer año, en todos los centros estatales de prevención y readaptación social... compartimos su propuesta de la rehabilitación en materia de adicciones en las cárceles, y se está trabajando en ello.
... tiempo no..., pero por escrito le hago llegar...
El tema de la policía privada... efectivamente, la policía privada en este momento representa el 13 por ciento de los elementos que hay en... seguridad pública o privada... del país. A nivel estatal y municipal, nada más estoy hablando en el nivel municipal, en este momento tenemos en nuestro registro 490 896 elementos, y de éstos 490 mil 896 elementos de seguridad pública a nivel estatal y municipal, el 13 por ciento son elementos de seguridad privada.
Hay un problema, que la mayor parte de... privada no hay ningún control por parte de las secretarías estatales, que son las que en teoría deberían estar evaluando a este personal. Ahora que estamos cerca de todos los centros estatales de control de confianza les estamos diciendo que en el... del universo a evaluar, y esto me permite referirme rápidamente a la meta.
La meta a evaluar del 100 por ciento del universo de seguridad pública y privada, está fijada para enero de 2013 y cuando yo cursé esas gráficas de quiénes van a poder cumplir en ese tiempo y quiénes no, es precisamente con base a la... del transitorio de la ley general que nos define la fecha de cumplimiento. Ahí van incluidos también los elementos de seguridad privada, pero lamentablemente no hay la suficiente reglamentación en los estados para poder exigirnos la... por su profesionalización, por su capacitación y por su evaluación de esos elementos de seguridad privada que necesitamos, y éste es un tema que muy seguramente... también se va a plantear. Gracias”.
En este tenor, el Diputado Sergio González Hernández cuestionó: Señor secretario Alcántara Soria, bienvenido a esta Cámara. Con la preocupación también del diputado Cárdenas, acerca de la coordinación con los estados y municipios.
Usted, en la primera lámina que nos presentó nos hace el reconocimiento de... que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha celebrado con estados y municipios y tenemos el del desarrollo de plataforma México, el modelo nacional de evaluación y control de confianza..., el acuerdo nacional por la Seguridad Pública..., el sistema integral de desarrollo policial, modelo policial de mando único confiable y el de policía estatal acreditable.
Quiero comentarle, señor secretario, que su servidor presentó un punto de acuerdo para conocer los avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que de haber sabido y haber conocido los... presentado el acuerdo completo para conocer los avances de todos estos... relevantes que se han celebrado.
Por qué la intención de solicitar la información del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Porque... el acuerdo... no es solamente las instancias de seguridad pública de los estados acordados, sino que también en este tema se involucró a las procuradurías, a los sistemas de justicia de los estados, a los mismos municipios y a la sociedad civil.
Sin embargo, de los 74 acuerdos que se han firmado, públicamente no tenemos conocimiento de qué avances y qué compromisos han realizado los estados y los municipios, las procuradurías de los estados, los sistemas de procuración de justicia y los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados.
La sociedad civil ha hecho mediciones en torno al cumplimiento de estos acuerdos, sin embargo me parece que en el tema específico de la estrategia nacional, aquí hay una gran parte en la que se ha fundamentado esta estrategia, sin embargo la falta de cumplimiento que se ha dado por diferentes entes, los diferentes órganos de gobierno e inclusive los poderes, porque también estuvieron involucrados los poderes, nos dice que realmente si no se cumple con la estrategia es porque también muchos están dejando de hacer la tarea.
Para nosotros es muy importante conocer, señor secretario, y ésta es la pregunta concreta, los avances que se tienen en estos temas, y ahorita hablamos que en 2007 se signó, se acordó, se combino con los estados el desarrollo de Plataforma México... mi pregunta ya no se va únicamente al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sino también conocer hasta dónde ya tenemos la conectividad con los diferentes entes en los estados y en los municipios.
Ya del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, ya sería muy repetitivo porque ya vimos que... hasta 2013 en algunos casos, pero con la estadística que está presentando muchos de ellos... Aquí, señor secretario preguntar, en qué términos... si no hay acciones en este tipo de acuerdos que nos permitan, aparte de la medición... algún tipo de sanción, que yo creo que deben estar contempladas en la Ley de Seguridad Nacional, porque creo que es muy... dejando de hacer la tarea, y eso es preocupante, señor secretario.
¿Qué avances tenemos en estos acuerdos reales?, si no nos los puede... todos, que nos haga llegar y que nos haga del conocimiento de esta soberanía, qué avances tenemos reales en... acuerdos que se han firmado con estados y con municipios. Muchas gracias por sus respuestas”.
Por lo anterior, el Secretario Ejecutivo respondió: “Diputado González, efectivamente el Acuerdo Nacional por la... tenemos la responsabilidad de darle seguimiento, además del acuerdo de Chihuahua, que también se firmaron por los... del año pasado... cada mes yo hago llegar a los gobernadores un reporte mensual del grado de avance o de... en el...
Tenemos un seguimiento en forma de semáforo que entregamos a las organizaciones de la sociedad civil que están participando en este seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y por supuesto le haremos llegar a todos los miembros de esta Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, al corte al 31 de marzo... al 28 de febrero, pero varias de las... ya están al 31 de marzo, cómo van todos y cada uno de los compromisos por parte del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de los poderes públicos en relación con este acuerdo.
Esta información la tenemos mes a mes permanentemente actualizada. Lo que creo que debo hacer precisamente para efectos de que esta información sea consultable, es subir a la página Web y de esta manera todos los interesados puedan ver mes a mes el seguimiento a los compromisos de todos los... de este acuerdo.
También le quiero comentar, a propósito de las sanciones, la ley general prevé algunas. Como ya mencioné hace un momento, hay sanciones agravadas para el caso de... También le quiero comentar, a propósito de las sanciones, la ley general prevé algunas, como ya mencioné hace un momento, hay sanciones agravadas para el caso de desvío de recursos públicos federales en... pública, en la propia ley general; hay sanciones para quienes o no suben información o suben información falsa. Esto también es un tema que ya por Internet vamos ahora a avanzar en esa dirección, pero pudiera haber otro tipo de sanciones que no tienen que ser del ámbito penal, más bien sanciones de carácter político, para que podamos asegurarnos que sea eficaz, no sólo las normas, sino también las políticas públicas que se van definiendo desde el ámbito del proceso nacional de seguridad pública.
Sí le comento que a partir del año 2011 se realizaron las variables y los componentes de la fórmula de... a la seguridad pública de los estados para castigar aquellos estados que no habían avanzado en materia de control de confianza. Ya en la fórmula que este año se fijó de este fondo a los estados, los que fueron más retratados en sus programas de control de confianza ya tuvieron una merma, porque valía 5 por ciento de la... total de las variables de... de los estados, valían lo que eran los avances en control de confianza.
Entonces, Quintana Roo, por ejemplo, como ustedes pudieron ver ahí, por esa variable ya no pudo distribuir ese dinero.
Lo platicaba con el senador Pedro Joaquín Coldwell, algún día precisamente, cómo el no avanzar ya tiene implicaciones de carácter financieras.
También se incorporó... en materia de bases de datos; quienes estén alimentando oportunamente y con calidad las bases de datos tendrán un incentivo; quien no lo haga igual podrá ser ya castigado.
Pero seguramente por... referenciado a las fórmulas con las cuales se distribuyen los fondos federales.
Quizá valga la pena y me ofrezco a trabajar con ustedes, para que si pudiéramos revisar la ley general, el punto de encontrar otros mecanismos para incentivar sí al que trabaja y para sancionar de distinta manera al que no está avanzando en los lineamientos que se van generando dentro del sistema nacional, creo que es un esfuerzo que podemos conjuntamente realizar”
Posteriormente el Diputado Presidente concedió el uso de la palabra al Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez a efecto cuestionar al Secretario Ejecutivo: “Muchas gracias. Bienvenido, señor secretario. Al inicio es necesario poner el acento en el tema de la prevención, que es uno de los ángulos más estudiados de la estrategia de seguridad nacional.
Hace apenas unos días, el 7 de marzo de este año, el Ejecutivo federal creó por decreto la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional contra las Adicciones, desde 51 meses después de que el gobierno federal inició la guerra contra el narco, se concretó un documento y bueno, si bien es cierto, no debió haber sido la única, pero sí llevar paralelamente esta lucha, pues obviamente es una lucha muy importante, igual que la que emprendió el gobierno federal, tan importante o más, porque hemos visto los resultados de lo que es solamente atacar por una vía.
Tal vez en ese hecho encontremos las razones del por qué se ha incrementado en 14 por ciento las adicciones en nuestro país, desde el 2002 al 2008. Por otro lado, también las 35 mil vidas perdidas.
Creo que aquí no estamos atendiendo el artículo 2 y el 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tampoco el eje uno, de que se habla de estado de derecho y seguridad, relativo al tema de prevención del delito y prevención de adicciones, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Como lo expresa el análisis del informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2009, donde habla de los indicadores en materia de homicidios en el país, donde dice: se infiere que las acciones de los entes que componen el sector seguridad pública no hemos tenido la atención necesaria para la prevención del delito, pues a pesar del tamaño del problema de la Comisión de delitos en el país durante 2009, en el marco del programa de promoción del conocimiento e investigación del delito sólo se presentaron 11 eventos, que se circunscriben a 5 entidades federativas.
Agrega que también hay indicios de acciones realizadas en el marco de los programas integral de gestión e investigación para la prevención del delito y de la formación de proyectos de prevención del delito, en los cuales sólo llevaron a cabo 20 cursos de especialización para 566 servidores públicos; se realizaron investigaciones en 9 de los municipios que componen toda la república; se elaboraron dos metodologías para su aplicación en estados y municipios.
Pudiéramos seguir con una serie de puntos... muchos ya se han mencionado, pero en el tema de prevención sí me interesa mucho, ¿por qué? Porque reflejan, por lo menos en este documento de la Auditoría Superior de la Federación un inexplicable desinterés, en este tema que nos debe y coincido que a todos los compañeros nos debe de tener mucha mayor preocupación.
Por otro lado, no está la diputada Rosi Orozco, pero el tema de trata de personas, darle el nivel, es un tema de seguridad nacional y darle, meter como un tema que se debe de atender de manera integral, así como todos los otros delitos.
Por último, ¿qué va a enfocarse en la policía acreditable? Es decir, procuración, investigación, prevención, para que no se dupliquen las funciones y que no se dilapiden recursos, que en los estados y municipios luego es la queja recurrente, de que no tienen y para que no haya una...
¿En qué consiste la estrategia en materia de flujos migratorios? O sea, la implementación, ¿en qué consiste? Muchas gracias”.
A lo que el Secretario Ejecutivo respondió: “La lámina vecina, por favor. Efectivamente, coincido con usted, diputado Acosta, en que, como lo dije también en mi presentación en original, no hemos puesto el énfasis suficiente, la fuerza de la gente en el sistema de prevención social de la violencia y prevención del delito y si lo diferimos, a partir de lo que efectivamente aquí se ha comentado ya por varios de ustedes, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto al ejercicio 2009, efectivamente en aquel año yo no tenía todavía el privilegio de incorporarme en el secretariado ejecutivo, hay muchas, prácticamente no hay ningún trabajo desde el secretariado en esta materia, es estrictamente a partir del año pasado, del año 2010 y sobre todo del 2011, que estamos alineando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con la participación social, ciudadana, en materia de prevención.
Por eso me permití en una de las láminas, esta que refiere los 16 programas, los 16 proyectos, los 16 diagnósticos en su caso, que estamos inculcando en el ámbito estatal y también en el ámbito municipal, en unos casos con... en otros casos con Subsemun, para ir resolviendo estos rezagos en materia de políticas públicas de prevención social de la violencia y con participación ciudadana.
Eso no significa que aquí no se reconozca que hay otras políticas que tienen que ver con recuperación de espacios públicos, escuela segura y otros programas en el ámbito federal, estatal y municipal que se están haciendo, que también pueden tener vinculación incluyendo, por supuesto, a algo que es fundamental, las oportunidades de educación y las oportunidades de empleo, que son complementarias de toda una estrategia nacional en materia de seguridad pública, que hay que tener consideradas.
Aquí me estoy refiriendo exclusivamente a lo que es la prevención social de la violencia y del delito, en lo particular, con participación ciudadana y desde esa óptica, sí creo, como usted bien lo señala, que tenemos que también involucrar el tema de trata de personas.
Cuando presentamos, si me permiten también poner la estrategia de la prevención social en temas de flujos migratorios, y ahí hay una parte que también tiene que ver con trata y qué bueno que usted lo menciona, efectivamente... poner más adelante, ahí lo va a ver usted.
Estamos destinando recursos con los estados, para comprender mejor el problema en estas regiones, no me quiero detener en el tema específico de porqué Tlaxcala se ha convertido en un espacio que nos exige poner atención particular en el tema de trata de personas, a partir del diagnóstico que estamos elaborando, queremos construir con los procuradores del sur del país, ya está generándose, lo que prevé también la Ley General de Sistema, que llama Instancias Regionales de Coordinación.
Las Instancias Regionales de Coordinación que están previstas en la Ley General nos dieron pie, nos dieron fundamento para que conjuntamente con las Procuradurías de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Morelos, y ahora también se piensa Tlaxcala, podamos atender en este corredor el problema de trata que por supuesto es más extenso, aquí me acompaña la titular del Centro de Nacional de Prevención de... Participación Ciudadana, Laura Carrera, con la que podemos, el día que ustedes gusten, hacer una sesión de trabajo para específicamente ver los problemas de trata, cómo los estamos enfocando, queriendo resolver, esto dentro de un marco más general que tiene que ver con la política de prevención social de la violencia con Participación Ciudadana.
Yo me comprometo con ustedes a poder tener una sesión de trabajo, por los tiempos no vamos a poder hacerlo ahorita, ya que nos informaron que rebasamos el tiempo previsto en el formato. Pero sí a trabajar con ustedes para que revisemos qué es lo que estamos haciendo en materia de trata y ustedes puedan participar en ayudarnos a enriquece en la política correspondiente:”
Para finalizar, el Diputado Miguel Álvarez Santamaría preguntó al Secretario Ejecutivo: “Hace dos, tres días salió un comunicado, se lo voy a leer textualmente, dice: El titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Juan Manuel Alcántara Soria, informó que ya programó para el pago de los próximos días, más de mil millones de pesos para 206 municipios y demarcaciones políticas de 29 estados, del Distrito Federal, correspondiente a la primera administración de subsidio para la seguridad pública de los municipios.
Por lo que exhorto a los municipios que aún tienen requisitos pendientes por cumplir, regularizarse en las próximas 72 horas, de lo contrario estarán en riesgo de perder definitivamente el subsidio.
Mi inquietud es la siguiente, si nos podría hacer favor de entregarnos o enviarnos una relación de esos 206 municipios programados para el pago del Subsemun, indicarnos también cuáles son los requisitos que los municipios necesitan para regularizarse y de esta manera no perder definitivamente el subsidio al que tiene derecho.
Si es factible también que se les amplié el tiempo para regularizarse, ya que 72 horas me parece que es un tiempo muy corto. Esas serían mis preguntas y mi comentario.”
Ante ello el Secretario Ejecutivo respondió: “Con mucho gusto, diputado Miguel Márquez, le hago llegar hoy mismo la relación, ya se publicó en la página Web desde el día 1 de abril, la lista de los 206, de 220 municipios que fueron elegidos para recibir el subsidio a la seguridad pública municipal.
Tuvimos en las últimas horas del 31 de marzo, porque es la fecha conforme a la cual las reglas de operación de este subsidio a los municipios en la que debían estar cubiertos todos los requisitos preliminares por parte del gobierno del estado, que es abrir una cuenta bancaria, el estado para recibir el recurso y luego la Secretaría de Finanzas reencausarlo hacia las tesorerías o secretarías correspondientes de los municipios.
Al final estuvimos apurando a los gobiernos de Coahuila y Baja California Sur, porque no nos abrían la cuenta bancaria estatal, junto con Hidalgo. Fue sólo el estado de Hidalgo y se entiende, la transición de equipo del gobierno estatal, sólo fue Hidalgo el único estado que no alcanzó a abrir la cuenta bancaria como lo marca las reglas, por lo mismo, esos municipios se quedaron en ese primer corte, al 31 de marzo, sin poderles acreditar en la cuenta bancaria estatal, el subsidio para los municipios de esta entidad.
Afortunadamente estamos trabajando con el gobierno entrante para que subsanara este tema.
¿Cuáles son los, a su vez, requisitos que los municipios no han cubierto, para que luego los estados les reenvíen a las tesorerías el subsidio? Cosa muy sencilla, una cuenta bancaria ya aperturaza en este ejercicio, como lo marcan las reglas para recibir el mismo o circunstancias análogas, yo me comprometo, como usted lo está solicitando, pero repito, ya está en la página web, desde el 1 de abril, cuáles son los 206 municipios, cuánto les corresponde recibir y en qué... porque algunos cumplieron desde mediados de marzo, con todos los requisitos y esos son los primeros que recibirán, por supuesto, la primera administración.
Ahí vienen las fechas en las cuales las tesorerías estatales les reenviarán a los municipios su primera administración del Subsemun, les haré yo llegar, eso sí no viene publicado en la página web porque no pudimos hacer todo el desglose, pero yole hago llegar con mucho gusto, puntualmente qué es lo que le falta a cada uno de los municipios que están demorados y porqué los estamos apurando para que conforme a la normatividad no vayan a perder este recurso”.
Quinto. Finalmente el Diputado Presidente agradeció la presencia del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como de los legisladores y dio por terminada la Décimo Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 14:35 horas del 6 de abril de 2011.
Diputados que asistieron: José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Miguel Álvarez Santamaría, Víctor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Gustavo Antonio Miguel Ortega, Benigno Quezada Naranjo, Camilo Ramírez Puente, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Benigno Quezada Naranjo.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón
Presidente
De la Comisión de Seguridad Pública, derivada de la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevó a cabo el miércoles 3 de agosto de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 14:15 horas del miércoles 3 de agosto de 2011 y con la asistencia inicial de 19 legisladores, el presidente declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
Dictámenes de iniciativas
4.1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, presentada por el Diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.
4.2. Iniciativa que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular; presentada por los Diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI) y Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Sin Partido). Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.
4.3. Iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Turno: Comisión de Seguridad Pública.
4.4. Iniciativa que reforma los artículos 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado Sergio Arturo Torres Santos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Turno: Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
Dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo
4.5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “Policía Social”, presentada por el Diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Turno: Comisión de Seguridad Pública.
4.6. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a la SSP y a la PGR, implementen un programa de denuncia ciudadana, el cual tenga por objetivo descubrir tomas clandestinas en los ductos de Pemex en toda la República, presentada por la Diputada Janet Graciela González Tostado, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Turno: Comisiones Unidas de Energía y de Seguridad Pública.
5. A consideración y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2010-2011 de la Comisión de Seguridad Pública, así como del segundo y tercer informes semestrales.
6. Asuntos generales.
Descripción de la reunión
Primero. Antes de someter a votación el orden del día, el Presidente propone invertir uno de los puntos para que sea tocado como el primer punto a desahogar. Esto es, la aprobación, en su caso, del Programa anual de Trabajo y de los informes segundo y tercero semestrales. A lo cual, el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, solicito el uso de la palabra para manifestar lo siguiente: “La parte financiera de los recursos que maneja la comisión sí también se incluyen en los correspondientes informes.”
El presidente respondió: “Sí, se incluye lo que nos compete a nosotros, lo que nos toca en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y desahogo de las sesiones. El aspecto financiero no está incluido, eh. Eso lo fiscaliza directamente...”
El diputado Cárdenas señaló: “En algunas comisiones, presidente, tenemos un, por ejemplo en Puntos Constitucionales, un apartado de los recursos que maneja directamente la comisión. Por ejemplo, se gasta tanto en papelería o en cosas así, y es un recurso menor.
No sé cómo sea en su caso, pero acá no sé de cuánto estemos hablando, pero sí sería importante para rendir cuentas y por transparencia, que hubiese algún tipo de desglose. Yo nada más sugeriría que incluyera en el informe cómo se ejercen los recursos.”
Por su parte el Diputado Presidente puntualizó: “Con muchísimo gusto vemos el tema. No está incluido ahorita...
Con mucho gusto diputado Cárdenas, y por supuesto lo circulamos a todos los integrantes el cómo están los recursos a los cuales tiene acceso esta comisión, y la manera en cómo se han utilizado. Yo les debo de decir que no se ha utilizado absolutamente nada...
No, ni siquiera no se ha utilizado, pero si gustan más adelante entramos a detalles...
Con mucho gusto lo incluimos para conocimiento, con mucho gusto. Ya después, para que no sea tampoco un espacio de quejas de un servidor hacia otros órganos internos de la Cámara, abrimos un espacio en especial en mesa directiva, si ustedes gustan.
Pero bueno, a reserva a de que hubiese alguien más, diputado secretario si es tan amable de preguntarles si alguien tiene un comentario en el orden del día.”
A lo cual a solicitud del Presidente, el Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien fungió como Secretario consultó a la Asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad.
Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior misma que fue aprobada por unanimidad.
Segundo. Posteriormente la Diputada Teresa del Carmen Icháustegui Romero solicitó el uso de la palabra para externar lo siguiente: “El comentario fundamental es que este programa de trabajo así como está presentado, pues más parece una descripción de funciones que un programa de acciones que se vayan a realizar.
O sea, está, dijéramos, en términos de infinitivo, o sea, verificar, se dará seguimiento pero no se establecen actividades concretas netas y propósitos concretos que se vayan a realizar, tendrían que tener ése tipo de formulación, porque si no, pues más bien parece como un reglamento de funciones que un programa de trabajo en el que hay tareas, objetivos, metas responsables, etcétera. En esa parte creo que haría falta, la carnita, porque esto es como lo que hay, lo que tiene que hacer cada subcomisión pero no lo que va a hacer, en esa perspectiva.”
Asimismo, el Diputado Cárdenas realiza la siguiente pregunta al Diputado Presidente: ¿Sobre el programa tenemos plazo, todavía, para reelaborarlo o ya estamos también en tiempo?
A lo que el Diputado Presidente contestó que ya se va fuera de tiempo, y es por eso que les comentaba que lleva varios meses de entregado el planteamiento y pues con mucho gusto será atendido.
A lo que el Diputado Cárdenas replicó: “Porque sí sería importante que se incluyeran algunas acciones concretas, tanto de la comisión como de las subcomisiones.”
Siendo así las cosas, el Diputado Presidente señaló: “Sí, lo que podemos hacer, si me permiten, lo aprobamos, como corrió con tiempo y la verdad yo ya siento la presión de tener que entregarlo porque vamos desfasados con el tema, si me permiten, lo aprobamos, como corrió con tiempo y la verdad yo ya siento la presión de tener que entregarlo porque vamos desfasados con el tema, si me permiten, y por supuesto, que con el ánimo de siempre, de construir una mejor propuesta, lo aprobaríamos en los términos y hacemos llegar de inmediato, a lo mejor en alcance, algún planteamiento que se quiera hacer al respecto, y con mucho lo hacemos llegar. Lo circulamos debidamente con los compañeros y lo hacemos llegar en alcance.
Si no hubiera algún otro comentario al respecto, y si me permiten en un solo momento yo le pediría al diputado secretario que someta, para su aprobación, en su caso, tanto el plan de trabajo como el segundo y tercer informe semestral, ya que no hubo comentarios al respecto.”
En consecuencia se aprobaron por votación económica el plan de trabajo, el segundo y el tercer informe de labores.
Tercero. Posteriormente el Diputado Presidente instruyó al Secretario para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la Comisión para someterlos a su respectiva votación. Sin embargo, antes de dar lectura a los Dictámenes, el Diputado Presidente hace del conocimiento de la Asamblea que la iniciativa presentada por el Diputado Arturo Zamora, ha sido requerido para que sea detenida su presentación para realizar sobre esta un análisis más profundo. No habiendo mas aclaraciones sobre la presentación, acto seguido comenzará la presentación del resto de los dictámenes:
Dictámenes de iniciativas
5.1. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, presentada por el Diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen Positivo
A favor 17, en contra 2, 1 abstención.
En cuanto a la discusión de este dictamen, el Diputado Jaime Cárdenas solicitó el uso de la palabra para indicar: “Sí, presidente, como lo había yo dicho de manera informal con anticipación, yo votaré en contra de este dictamen porque creo, aunque es discutible si se trata o no de una pena inusitada la prisión vitalicia, porque puede ser excesiva o no estar ya en la mayor parte de los sistemas penales de democracias avanzadas, con la excepción, ya sabemos, de los Estados Unidos, que en eso son bastante retrógrados.
Me preocupa otro artículo de la Constitución no solamente el 22, y si la pena vitalicia o la prisión vitalicia es inusitada, sino me preocupa principalmente el artículo 18 de la Constitución, porque el artículo 18 de la Constitución indica que la finalidad de la pena o una de sus finalidades y más importantes, es la reinserción social, la rehabilitación, la readaptación del delincuente.
Entonces, yo me pregunto, con prisión vitalicia de qué manera lo vamos a readaptar para que se inserte nuevamente en la sociedad. Entonces, tal vez no viole, y eso tendría mis dudas, el artículo 22 de la Constitución, pero sí podría estar hablando de una violación al artículo 18 de la Constitución porque no se le conceden al sentenciado posibilidades de reinserción social cuando se determina esta prisión vitalicia o cadena perpetua. Entonces, votaré en contra, presidente, por esas razones.”
Del mismo modo, el Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, solicita el uso de la voz para manifestar lo siguiente: “Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, buenas tardes.
Yo en realidad, estando de acuerdo con el contenido del dictamen y en el entendido de que efectivamente se pretende modificar la pena máxima de 50 años a prisión vitalicia para que el secuestrador que además prive de la vida a su secuestrado, sin lugar a dudas creo que debemos de hacer un poco de memoria sobre que este mismo tema ya había sido presentado en el Senado de la República.
Me parece que era una iniciativa del titular del Ejecutivo federal y en esa ocasión fue desechada, o por mayoría fue desestimada. Digamos, en el Senado esta misma iniciativa, todavía no ocurría este cambio de criterio de la Corte, también es correcto aclararlo.
Yo la única reserva que tengo, de aprobar, como yo votaré a favor del mismo dictamen, pero la reserva que tengo es ¿qué tanto esto n el Senado va a avanzar? ¿Qué tanto en el Senado esto ha sido ya procesado o cabildeado para que un dictamen nuestro no sea votado en contra en el Senado?
¿Qué es lo que propongo? Que quizá valdría la pena, en conferencia con la Comisión correspondiente del Senado de la República, tocar el tema y votarlo, pero en este momento no sería un riesgo, me pregunto hacerlo aquí, y que en el Senado este criterio no ha cambiado, que repito, ellos hayan desechado en su oportunidad esta misma iniciativa, esa es mi reserva, presidente.”
A lo cual el Diputado Presidente manifestó: “Claro que sí. A reserva de poder ahondar en el tema, sólo comentarle diputado Círigo, que estaríamos nosotros primero planteándole a ustedes y, en su caso, aprobando un dictamen y que tendríamos que también compartir con los compañeros senadores cuando reciban el dictamen los criterios que tuvimos aquí para sacarlo adelante.
Como bien lo señala, pues había criterio diferente. Eso ayuda al tema, y pues esperemos ser lo suficientemente convincentes en su momento si nos lo cuestiona, para que podamos también convencer, insisto, aunque suena redundante, a los compañeros senadores.
Me parece que eso no nos debe de retrasar en un dictamen que ya está listo y que está en espera de ser, en su caso, revisado por ustedes y aprobado, si así lo desean. Pero el trámite legislativo tendrá que surgir, tendrá que surcarse de todos modos.
Si no hubiese... Sí, diputado Caro, adelante, por favor. Pero el trámite legislativo tendrá que surgir, tendrá que surcarse de todos modos. Si no hubiese... Sí, diputado Caro, adelante, por favor.”
Subsecuentemente el Diputado Salvador Caro Cabrera indicó: Presidente, con permiso de usted, de los compañeros, quiero expresar que votará a favor de este proyecto de dictamen, porque me parece que esta medida por encima de muchas cosas, persigue un fin disuasivo y me parece que su contenido para este momento, para esta circunstancia, viene a ser muy oportuno.
El secuestro es un delito que en este momento hace que nuestra sociedad esté muy sensible al tema; hace que haya un reclamo muy particular al Poder Legislativo; y me parece que la fórmula que propone el ponente en este caso es una respuesta en varios sentidos útil que puede contribuir mucho a la eficacia del poder del Estado, para enfrentar este reto tan importante que tenemos en este momento todos, particularmente nosotros los diputados.
Subsiguientemente el Diputado Presidente expresó: Gracias, diputado. Yo nada más quiero compartir brevemente un planteamiento que modifica de manera muy ligera el dictamen que a ustedes se les hizo llegar. Es un aspecto muy concreto. En el dictamen que se corrió para los integrantes de la comisión se incluye también la posibilidad de aplicar la prisión vitalicia cuando se agrava por delito de parentesco el delito de secuestro.
Toda vez que hubo un acercamiento del diputado Eduardo Yáñez que, con argumentos jurídicos, pero también con una visión lógica de la aplicación de esta sanción que sí es severa, nosotros estamos planteando el retirar de este tipo de sanciones a quienes por parentesco incluso de encuentren incurriendo en este delito y agravándolo, por una lógica muy sencilla y esto es en atención a no sobrevictimizar a quien ya fue víctima del secuestro.
En un escenario posible de que un pariente cercano –por darles un ejemplo un hijo– hubiese participado en la comisión del delito contra su padre y por esto se agravara el delito en su contra y pudiera entonces sancionársele con la prisión vitalicia, se le estaría también –de una manera si quieren ustedes no tan directa– sancionándosele a la propia víctima al imponerle la prisión vitalicia a su hijo. Es un aspecto que estamos cuidando nada más para efectos de no sobrevictimizar a quien ya se le secuestró.
De todos modos estamos cuidando que no queden excluidos por parentesco, por supuesto en una redacción –si me permite la maestra Daniela Avelar– si puede leer en qué sentido queda ya esta corrección, si me permiten ustedes. Lo que se busca es al final del camino que quien ya fue víctima del secuestro, no tenga también que sufrir que un ser querido cercano, él sea víctima por una sanción a un ser querido.
El escenario que más pudimos construir fue ese, el de un hijo que participa en el secuestro de su padre. Para el padre doloroso sería el secuestro y seguramente sería más doloroso saber que su hijo va a pasar a cumplir una pena de prisión vitalicia. Nada más en ese entendido estamos en ese caso separando ese supuesto. Es precisamente lo que le estoy pidiendo a la maestra Avelar, que le dé lectura.
Si guardamos, sí cuidamos que por parentesco sí se agrave, eso no lo podemos desechar ni mucho menos, al contrario. Adelante, maestra.
A lo cual la Maestra Daniela Avelar Bautista indicó: La modificación sugerida para la redacción sería que el inciso b) del artículo 10 que señala de 25 a prisión vitalicia cuando se dé la circunstancia de que el o los autores tengan vínculos de parentesco, se sube a la fracción I del artículo 10 de la Ley en materia de Secuestro para establecer una penalidad –en ese supuesto– de 25 a 45 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa si en la privación de la libertad concurre la circunstancia de parentesco que menciona el diputado Ovando.
Con esta situación quedaría sancionado este supuesto en el tipo y además se le reducen cinco años; de 50 años como pena máxima a 45 quedaría la pena máxima en este supuesto.
Ante la lectura anterior, la Diputada Icháustegui, se inconformó de la manera siguiente: Uno de los principios que están establecidos en el artículo 1o. de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es que no puede haber discriminación en la aplicación de los principios ni tampoco pueden haber penalidades...
Es decir, no se puede poner en esa condición que para los hijos sea menor la pena. O todos hijos o todos entenados. La ley tiene que ser igual para todos. No puede ser para unos de una manera y para otros de otra manera. En ese sentido, creo que sería un principio contrario a lo que señala el artículo 1o.
Secundada por el Diputado Cárdenas quien agregó: Contra ese tipo de argumentos. Primero. Yo sé que hay un gran malestar social por los delitos de secuestro en nuestro país, pero estamos llevando las cosas a los extremos, como en su momento lo debatimos cuando se aprobó la Ley Antisecuestro. De nuevo vuelvo a preguntar, ¿cuál es la finalidad de la pena?
Cuando los primeros sistemas penales medievales, en fin, antes del humanismo establecían las penas en los sistemas jurídicos de aquella época, la pena era una venganza del monarca, después pasó a ser una venganza del Estado.
Los sistemas humanistas a partir del siglo XVIII en adelante –el siglo de las luces–, la pena tuvo otra finalidad: la retribución, la restitución del daño afectado, del daño causado a la víctima. La finalidad era restitutiva, resarcitoria.
Hoy día, la finalidad de la pena no puede ser solamente restitutoria; la finalidad de la pena tiene que generar condiciones de reconciliación en la sociedad. De ahí la importancia que tiene la readaptación social de los sentenciados. Y la pena de prisión vitalicia no ayuda, no favorece la reinserción de ninguna persona. ¿Cómo se va a reinsertar si es imposible que lo haga por estar sujeto a una prisión preventiva?
Por otra parte, el segundo argumento, como dice la diputada Teresa Incháustegui y aunque aquí no tengo el texto completo de la reforma al artículo 1o. de la Constitución en materia de derechos humanos que se publicó el 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación de este año, sin embargo el anterior texto y el texto de ahora lo mantiene, establece que debe tenerse siempre cuidado en que las medidas del Estado no atenten contra la dignidad humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Pienso que la condena a prisión perpetua, la prisión a perpetuidad o vitalicia, puede tener un efecto grave en la dignidad de las personas porque sí menoscaba o puede anular sus derechos y sus libertades. Es una persona que no está completa, es una persona que no pude desarrollarse jamás. Es el segundo punto que considero importante.
En tercer lugar, presidente, una cuestión de mera formalidad, de procedimiento. Yo creo que sería bueno que todas las diputadas y los diputados de esta comisión tuviésemos el texto íntegro de la adición o de la modificación que usted propone para tener mayores elementos de juicio. Si no tenemos el texto íntegro de la modificación, tal vez habría que posponer este dictamen para otra ocasión hasta tenerlo y poderlo estudiar con mucha precisión, presidente.
A lo que el diputado Arturo Santana Alfaro, agregó: Gracias, presidente. De inicio el dictamen como lo están presentando me parece que es correcto, estaba bien estructurado. Lo que sí me genera un poco de dudas y confrontación de carácter jurídico es esta propuesta que se acaba de hacer, por las siguientes causas.
Me parece que no es motivo de insertar una atenuante el hecho constituye una causa de gravedad en la comisión del ilícito que se comete. Entonces creo que en este caso en particular, me parece que no va acorde con los propios principios generales del derecho. Me parece bien el dictamen, la pena debe ser asequible a la gravedad de la comisión del hecho delictivo y en todo caso también tendríamos que ver en qué grado de parentesco o hasta qué grado de parentesco vendría a aplicar esta atenuante en materia de delitos de secuestros.
Por otra parte, estamos prácticamente metiéndonos a otro capítulo que es el de penas y medidas de seguridad, pero aparte dándole una calidad específica al sujeto o de alguna manera discriminando, como bien lo comentan los compañeros, la calidad del sujeto.
Entonces, sí me parece que hay que reconsiderar esa propuesta. Con toda honestidad, no veo la doble victimización del sujeto pasivo del delito y por el contrario, sí veo que estamos planteando una atenuante que iría en contra de los principios fundamentales del derecho. Es cuanto.
Finalmente, puntualizó el Diputado Eduardo Yáñez Montaño: Muchas gracias, diputado presidente. Analicé desde luego con toda atención el proyecto de dictamen que fuera presentado, analizando también los comentarios del diputado Cárdenas en el sentido de la propia sanción, que coincido con él parte en cuanto a la posibilidad de una reinserción a la sociedad de quienes son en principio se les instruye un proceso, y luego viene una sentencia.
En cuanto a la sanción que vamos hasta la posibilidad de que pudiera imponerse de manera vitalicia la privación de su libertad en cumplimiento de una sentencia, se está señalando exclusivamente como una posibilidad, se le está dejando al juez precisamente esa libertad. No se está señalando que necesariamente se imponga, y yo creo que estaríamos llegando al extremo.
Estamos hablando o estamos considerando que se estaría tratando precisamente de un sujeto en el que, de acuerdo a todo el análisis, a los antecedentes, a los propios dictámenes periciales que seguramente estará analizando el juzgador, es imposible que pudiera ya insertarse a la propia sociedad, y en razón de ello estaríamos en esa última consecuencia para poner esa sanción, que nada lo tenemos que hacer ya en la propia sociedad y considerando algo importante; la víctima, su tranquilidad.
Siempre se tiene la angustia después de que es sujeto pasivo en la comisión de un delito, y de manera especial en este tipo de delitos que tanto laceran, una intranquilidad que abarca para toda la familia y que luego todavía, que pudiéramos estar considerando que en determinado momento pudiera salir. La víctima del delito yo creo que se queda protegida cuando ya en este caso muy específico, que mereciera esa sanción de vitalicia en cuanto a su privación de libertad.
Considerando en la propuesta, diputado presidente, le agradezco en cuanto a la atención que haya realizado a mis comentarios y mis comentarios y la propuesta es precisamente pensando nuevamente en la víctima, y así como lo está señalando el diputado presidente, proponente de esta iniciativa.
Si nos vamos a ese extremo en el que en la propia práctica lo hemos observado, que hay quienes se involucran en estas organizaciones criminales y participan precisamente como sujetos activos, relacionados íntimamente con la víctima, una relación cercana como el parentesco, imagínense ustedes a un padre que después de haber cursado por este periodo de negociaciones en cuanto a su privación, negociar el secuestro y que después en una sanción que estaría imponiendo un juez, y que como resultado su hijo de manera en su sanción, en su privación de su libertad en cumplimiento de una sanción en forma vitalicia, la interpretación es en el sentido que seguiría la víctima siendo afectado considerando a ese familiar, que lo tiene en un reclusorio cumpliendo una sanción.
La propia ley en algunos otros casos, aun considerando el propio principios generales del derecho, hace sus excepciones, hace las excepciones de tal manera relacionadas con el propio parentesco, que tratándose de un delito doloso, sólo se lo señalo, culposo sólo por ejemplo, por tránsito de vehículos, cuando a consecuencia de ello muere su cónyuge, un familiar muy cercano, no merece una sanción el sujeto activo. Entonces se da precisamente en protección al propio... a las consecuencias que pudiera tener la misma pena, la misma sanción, pero estoy de acuerdo en los dos aspectos, diputado presidente, inclusive si representa una mala interpretación o una aplicación de esta ley, esta iniciativa que pudiéramos en sus términos, que fuera presentada, en su caso estaría de acuerdo a que fuera aprobado por lo mismo.
Derivado del debate que antecede el Diputado Presidente manifestó: Muchas gracias, diputado Yáñez. Como ya se ha debatido el tema y si ustedes no tuvieran alguna otra consideración, si me permiten someteríamos para su aprobación en su caso, en los términos que les fue enviado el dictamen para que no hubiera duda sobre la redacción o el impacto de su constitucionalidad. Lo someteríamos en esos términos originales. Entonces, si es tan amable, diputado secretario, de someterlo para su aprobación en su caso, a los miembros de esta comisión.
5.2. Iniciativa que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular; presentada por los Diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI) y Jaime Arturo Vázquez Aguilar (sin partido).
Dictamen Positivo.
A favor 16, en contra 0 y 1 abstención.
A lo que el Diputado Cárdenas, solicitó el uso de la voz para manifestar una duda consistente en: Gracias, presidente. Yo tengo información de que el Registro Público Vehicular no ha funcionado muy bien, en las experiencias previas ha constituido un fracaso. Éste es un tipo especial de registro para vehículos blindados, entonces yo me pregunto qué tan eficaz será la realización de este registro, si no implicaría nuevos recursos públicos, más presupuesto para tener el registro.
El dictamen señala en unos puntos si no implicaría nuevos recursos públicos, más presupuesto para tener el registro.
El dictamen señala en unos puntos, en el punto séptimo que con la información que tienen no habría que gastar recursos adicionales para contar con este registro, pero yo no sé sobre qué base lo señalan, si no hay que crear nuevas estructuras administrativas o nuevos gastos operativos, en fin, no hay un desarrollo del punto séptimo para que nosotros estemos seguros de que no va a implicar un mayor gasto público.
Además, la experiencia –repito–, aquí hablo por la experiencia previa de este tipo de registros, ha habido ahí, en el pasado, manejos muy oscuros que han hasta terminado con la vida de funcionarios encargados del registro o con actos de corrupción.
Yo quiero preguntar si este tipo de análisis también se hizo en el dictamen correspondiente, presidente, porque aunque en principio parece una buena idea que exista un registro de vehículos blindados, no sabemos cómo va a operar, con que estructuras administrativas, si se van a requerir más o menos estructuras administrativas –el dictamen dice que no– y con qué tipo de transparencia vamos a contar en este registro.
Ante dicha duda, la Maestra Avelar le manifestó: Respecto a la duda del tema presupuestario, diputado, no tiene un impacto presupuestal porque el propio artículo 8 de la Ley del Registro Público Vehicular señala que implica el número de identificación vehicular que ya se está llevando a cabo actualmente en los registros que maneja el secretario ejecutivo, las características esenciales del vehículo en donde formalmente en las características y entraría el blindaje del vehículo y aunado a eso el nombre de denominación o razón social del propietario, lo que suministren las autoridades federales y en general los avisos que actualizan la información del vehículo ya sea cuando se compre o se venda el vehículo en comento.
Nosotros lo consultamos con la Secretaría de Seguridad Pública federal, con el secretariado ejecutivo y efectivamente no tiene un impacto presupuestal puesto que eso ya se lleva a caso inclusive con los vehículos blindados. La situación que plantea el dictamen, por lo cual se ve viable la propuesta, es que si bien es cierto que eso ya materialmente se lleva a cabo, en la ley expresamente no menciona los automóviles blindados. Es por esa razón que lo único que se adiciona es: quienes fabriquen, ensamblen o blinden vehículos –porque en México se blindan– también deberán dar aviso y realizar el registro público. Pero materialmente eso ya se lleva a cabo.
Subsecuentemente el Diputado Caro, agregó: Aquí estamos en un terreno donde nosotros como legisladores queremos hacer algo positivo, pero no estamos seguros de estar respaldados por el aparato administrativo.
Hay una frase en una película reciente que toma el contexto del narcotráfico en México y dice que ya cualquier muchacho con una pistola quiere tomar la plaza. Yo agregaría que lo que estamos viviendo es que cualquier muchacho con una pistola en un automóvil blindado está disputando las plazas. Es la manera de funcionar de los jóvenes que han sido atrapados por el crimen organizado.
Observo, yo provengo de Guadalajara, en la zona metropolitana que hay un mercado muy amplio de blindaje de automóviles. Los jóvenes que participan de estas actividades lo que hacen es blindar parcialmente sus vehículos, blindan su puerta y el vidrio delantero, y no estoy seguro de que vayan a una institución que les registre, que les verifique esto.
Yo voy votar a favor porque creo que es una cuestión positiva, pero quiero dejar establecido que lo hago con la conciencia de que espero que pase algo, pero no creo que haya un aparato administrativo que respalde que esto vaya a suceder y que también no veo a las autoridades contrarrestando o buscando controlar el blindaje de automóviles que ya es una actividad con un mercado subterráneo muy amplio, que no se hace necesariamente en empresas establecidas que pagan impuestos y que creo que ése es el grave peligro que en su vinculación con el crimen genera la presencia de estos vehículos.
Subsecuentemente, el Diputado Acosta solicito el uso de la voz para manifestar: Primero que nada, el registro no solamente es para el carro blindado, sino para las empresas que estén calificadas para brindar este servicio. Algo muy importante es que según la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos hay entre 13 mil y 16 mil autos blindados ahorita, para 2020 aproximadamente el crecimiento, vamos a tener 50 unidades blindadas en el país.
Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces el crimen organizado utiliza este tipo de herramientas para cometer esos delitos y no sabemos quién ni cómo ni qué procedencia y se compran autos de segunda mano ya blindados; y la otra es que del 5 por ciento que era en el 2009 el blindaje que se llevaba a cabo, según las estadísticas de esta asociación, en talleres de blindaje pirata ahorita está creciendo cada año un 5 por ciento más.
Es cierto, yo también coincido, pero nosotros no podemos dejar por un lado al crimen organizado que en este caso, que suena sencillo o suena un poco fuera de nuestro alcance, pero aquí en la Ciudad de México y en las ciudades ya medianas está habiendo muchísimo crecimiento de carros blindados y no sabemos quién los trae y no sabemos quién lo hace y no sabemos para qué propósito.
Nosotros no queremos coartar la libertad de los empresarios, de las personas que quieren seguridad para ellos y para sus familias ante lo que está sucediendo en nuestro país, lo que queremos es que quien lo haga sea calificado y no sean ellos mismos quienes estén brindando este servicio, porque al final del día ellos van a tener más información que nosotros.
Yo creo que es importante, nosotros somos Legislativo y esperemos que en lo operativo ya, las otras autoridades hagan lo correspondiente. De otra manera no podríamos estar legislando en casi nada porque nosotros tenemos que dar el crédito de que se realice y se cumpla la ley por parte de la autoridad, el Ejecutivo en este caso.
A lo cual el Diputado Cárdenas precisó: Sí, presidente, hago dos reflexiones: una desde la teoría del derecho y otra desde la eficacia, como decía el diputado Caro.
Desde la teoría del derecho, a nosotros nos enseñaron, los que somos aquí abogados, que la norma jurídica para que fuera óptima tenía que ser por un lado vigente, es decir, aprobarse por una autoridad competente mediante el procedimiento establecido, tenía que ser la norma jurídica además válida, es decir, tenía que estar en consonancia con las normas superiores, con la Constitución, con los tratados. Pero también nos enseñaron que tenía que ser la norma jurídica eficaz, no aprobar normas jurídicas que no van a ser eficaces.
Yo me pregunto qué eficacia va a tener esta medida. Hace unos días en la televisión –no sé si ustedes lo vieron, creo que sí porque fue en cadena nacional, en un noticiero, el noticiero que más se ve en la noche del canal del... bueno, no digo el canal, del canal que más se ve en este país– aparecieron unos vehículos blindados del crimen organizado, había camiones, había como tanquetas, tanques, en fin, hechizos.
¿Quién blinda todo eso? No van a una agencia de blindaje certificada. Ellos mismos blindan sus vehículos en sus propios talleres. ¿Quién blinda en México vehículos? Los millonarios que no quieren o que no desean como cualquier mexicano ser secuestrado. ¿Quién tiene también vehículos blindados en México? Los jefes policiacos, ministeriales, los jueces, los magistrados, que tienen protección especial, los militares y el crimen organizado.
Todos sabemos cuál es el mercado del blindaje: o se es millonario o alguien muy importante que evita ser secuestrado o sufrir un atentado o se es un policía de alto nivel o un Ministerio Público de alto nivel, delegado de la Procuraduría General de la República en un estado, secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal o en un estado, el presidente de los Tribunales de Justicia en los estados; en el Distrito Federal, por ejemplo, el presidente, yo me he subido a ese vehículo blindado del blindaje o se es millonario o alguien muy importante que evita ser secuestrado sufrir una atentado o se es un policía de alto nivel o un Ministerio Público de alto nivel, delegado de la Procuraduría General de la República en un estado, secretario de Seguridad Pública en el distrito federal o en un estado, el presidente de los tribunales superiores de justicia en los estados.
En el Distrito Federal, por ejemplo me he subido a ese vehículo blindado, tiene un vehículo blindado una camioneta, además de esos funcionarios otras personas que tienen vehículos blindados son los integrantes del crimen organizado.
Entonces, creo que está bien, como dice el diputado Caro, es una medida positiva, es una norma vigente y valida, pero tal vez no sea eficaz y no cumpla ese triple requisito de las normas jurídicas que hace muchos años nos enseño don Eduardo García Maynes en su libro de introducción al estudio del derecho. Entonces, me voy a abstener presidente. La medida es positiva pero creo que no va hacer eficaz.
5.3. Iniciativa que reforma los artículos 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado Sergio Arturo Torres Santos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen negativo.
A favor 18, en contra 0, abstenciones 0.
Dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo:
5.4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “Policía Social”, presentada por el Diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen positivo
Unanimidad
5.5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a la SSP y a la PGR, implementen un programa de denuncia ciudadana, el cual tenga por objetivo descubrir tomas clandestinas en los ductos de Pemex en toda la República, presentada por la diputada Janet Graciela González Tostado, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Dictamen negativo
Votos a favor 16; en contra 2; 0 abstenciones.
Cuarto. En cuanto a Asuntos Generales, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: En sesión de Mesa Directiva, les estaremos... también para asuntos generales diputado Caro en asuntos generales quiero informarles que la Mesa Directiva de esta comisión tomó algunos acuerdos. Los detalles de los acuerdos se los estaremos haciendo llegar a sus respectivas oficinas, pero quiero adelantarles algunos de los puntos ya que algunos de estos acuerdos son con motivo de previos acuerdos que ya habíamos tomado.
En este caso, si ustedes lo recuerdan bien, había sido planteado por varios compañeros legisladores, integrantes de esta comisión, el poder citar a reuniones de trabajo a funcionarios para que nos pudieran aclarar dudas, explicar sobre todo previo al proceso de presupuesto que estaremos viviendo en los siguientes meses cómo ha sido utilizado este recurso, cuáles son los resultados que se han obtenido con esos recursos, y para ello se armó un calendario, se armó una agenda que en su momento fue aprobado por esta comisión pero que hay que decirlo con toda claridad, con motivo del receso ha sido casi imposible estar atendiendo este tipo de agenda.
El día de hoy la Mesa Directiva acordó reprogramar para, de ser posible, desahogar las reuniones de trabajo con estos funcionarios lo más pronto posible durante el mes de septiembre, a más tardar. Entonces en su momento les estaremos informando a ustedes lo que es este calendario para que puedan ustedes considerar su presencia en estas reuniones de trabajo y puedan aclarar sus dudas sobre los temas que ya habían sido en su momento aprobados para ser atendidos por estos funcionarios y los integrantes de la comisión.
Otro de los planteamientos que se acordaron en Mesa Directiva fue el retomar la agenda de foros que habíamos planteado en algún principio con la intención precisamente de robustecer, de fortalecer a los integrantes de esta comisión de mayores elementos, de experiencias exitosas para hacer la presentación, en su caso, de nuevas iniciativas, de nuevas leyes o de modificaciones a nuestro marco legal.
También el día de hoy se acordó en Mesa Directiva el retomar esa agenda, ese calendario de foros. A la brevedad procuraremos estar haciendo una propuesta y hacerles llegar con tiempo los temas de los foros y sobre todo el calendario de desahogo de los mismos para efectos de su participación y su aprobación, en su caso. Sí, diputado Cárdenas. Sobre el tema.
A lo cual el Diputado Cárdenas señalo lo siguiente: Me parece muy bien esto de los foros y de las invitaciones. Solamente, presidente, insistirle en el tema de prevención social del delito. Ya ve que el subsecretario encargado del ramo... primero hubo un problema con el director general que no lo habían designado, el de Derechos Humanos, en fin, ahí la Secretaría de Seguridad Pública, y cuando vino el subsecretario, Alejandro Rubido, él quedó con nosotros, y también el Secretario de Seguridad Pública, que a eso la secretaría le iba a dar una gran importancia.
Yo creo hoy más que nunca que la Secretaría de Seguridad Pública debe fortalecer sus áreas de derechos humanos y de prevención social del delito. Yo sí le quiero pedir en ambos casos, en los foros y en las invitaciones, que se insista a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que haya un énfasis en esos temas, en esos aspectos y que los diputados reclamamos que ese asunto sea atendido, presidente.
A lo que el Diputado Presidente señaló: Con mucho gusto, diputado Cárdenas. Así será e incluso debo comentarle, compartirle que al momento de darle una... como surgieron muchas propuestas de posibles foros, porque hay muchos temas que han manifestado ustedes como integrantes de esta comisión, deben atenderse por esa vía de consulta y de trabajo, digamos que la prioridad que se estableció precisamente fue la del tema de la prevención del delito. Entonces estará siendo atendida su inquietud, no se preocupe.
Entonces yo hasta aquí quiero, en cuanto a los informes de los acuerdos que se han tomado por mesa directiva, la sesión anterior que no fue posible desarrollar, yo hice un comentario y nada más quiero ratificárselo: estaremos trabajando por ahí en una propuesta de reforma a nuestro Reglamento interno para el tema de lo de la obligatoriedad de las sesiones y sobre todo el manejo de los tiempos, en periodo de receso, principalmente.
Es complicado y debo decirles que el trabajo no se ha detenido pero sí es complicado el realizar las sesiones de la comisión durante un periodo de receso, sobre todo en donde lo que nos han manifestado compañeros legisladores también es muy válido. Están en presencia en sus distritos rindiendo informes, teniendo acercamientos, realizando eventos, precisamente acercamiento ciudadano, el estar convocando a sesiones como nos obliga el Reglamento, por lo menos mensual, sí estaremos planteando a lo mejor alguna alternativa para los periodos, por lo menos de receso.
En este caso éste que es el receso más largo; en el otro no es tan complejo el desahogo de las sesiones. Yo hasta aquí quisiera, en cuanto lo que le corresponde a esta Presidencia informar. Le daría, por tanto, el uso de la voz al diputado Aarón Irízar, si es tan amable.
Del mismo modo, solicitando el uso de la voz el Diputado Aarón Irízar López comentó: Presidente, someter a la consideración de los compañeros y la tuya propia para citar a la Procuraduría General de la República para que nos informe la razón por la cual en un solo acto fueron despedidos 21 delegados de la PGR dejando en una situación difícil y de mucha incertidumbre a toda la sociedad; sobre todo a muchos funcionarios tenían tiempo.
No sabemos las razones, si fue pérdida de confianza o si realmente tenían situaciones que complicaban su responsabilidad, pero la sociedad nos pregunta, sobre todo a los que somos miembros de esta comisión, a ver si estamos enterados, qué es lo que hizo que la autoridad tomara una decisión tan seria, que si tienen el reemplazo de esos funcionarios, de por sí la procuración de la justicia no tiene mucho qué aplaudirle, y cuándo serían esos reemplazos. ¿Por qué razones fue la decisión tan drástica? Y si era así, por qué no se tomó en otro tiempo.
Tomando en consideración esta declaración, el Diputado Presidente asintió: Claro que sí, con gusto. Si me permiten, y si es el acuerdo de los integrantes de esta mesa, de manera formal, a nombre de los integrantes de esta comisión yo solicitaría que se nos informe en los términos que ha planteado el diputado Irízar sobre los motivos y sobre todo la preocupación manifiesta de los integrantes de esta comisión de que no se deje de procurar la justicia por la parte que le corresponde como institución a la Procuraduría General de la República en esas entidades donde fueron removidos los 21 delegados, qué se estará haciendo para que no se deje de cumplir con la función de procuraduría. Lo haríamos a manera de oficio, si me lo permiten. Miren, lo comparto rápidamente, para efectos de lo que nos toca impactar como Comisión de Seguridad Pública, nosotros podemos pedir, por supuesto la comparecencia, sin embargo, los temas de procuraduría están en la Comisión de Justicia.
Sin embargo, creo yo que es muy válida la inquietud; es muy válida porque sabemos la vinculación de la procuración de justicia con la seguridad pública de una comunidad y yo en lo personal secundo también el planteamiento que hace el diputado Irízar de pedir el informe, nada más para conocimiento.
Queremos saber, nos preocupa esta realidad y queremos saber qué está haciendo el área de procuración general de la república para poder informar a nuestros electores nosotros también, con certeza. Si me lo permiten lo haría en esos términos para efectos de darle celeridad incluso al tema. Gracias. Sí, diputada Ochoa.
En uso de la voz la Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía aclaró: Muchas gracias. Sería sobre el mismo tema. Nada más es para aclararlo. Sería el documento para que se nos informe acerca de si ya quedaron cubiertos y si se está atendiendo el área de Justicia, o también a qué se debió –como mencionó el diputado– las causas por las cuales, en bloque y bajo qué circunstancias se está dando.
A lo cual el diputado presidente indicó: Sería para los dos motivos. Primero como lo planteó el diputado Irízar, conocer los motivos que sustentaron la acción; y segundo, para que nos den certeza de que ya se está actuando para que no se deje de cumplir con lo que la ley le obliga a la Procuraduría General de la República, sobre todo en esas entidades en donde fue la remoción o la renuncia o lo que haya aplicado, en su caso, que se nos informe. Gracias, diputada Ochoa. Le daría el uso de la voz al diputado Salvador Caro para el asunto que desea plantear.
Por otra parte, el Diputado Caro, manifestó: Gracias, presidente. Es para llamar la atención sobre un tema que tiene sentido de oportunidad. Desde que llegamos a esta legislatura recibimos un diagnóstico de la situación de la seguridad pública y nos planteaban cómo era el robo el soporte de la pirámide delictiva en el país. Eso me quedó muy grabado y a partir de esa herramienta he venido yo trabajando, dándole seguimiento. Lo que encontramos es que se hacen muchas cosas pero no se atiende precisamente esa cuestión.
Hay una Subcomisión de Presupuesto; yo encabezo una subcomisión que tiene que ver con el tema de concatenar los esfuerzos desde una perspectiva federal en materia de seguridad pública. Ustedes recordarán el debate, la lucha que tuvieron que dar algunos diputados y diputadas principalmente, para lograr un presupuesto en prevención del Ustedes recordarán el debate, la lucha que tuvieron que dar algunos diputados y diputadas principalmente, para lograr un presupuesto en prevención del delito.
Lo que observo es que a lo largo y ancho del país el producto del robo –a la gente le roban celulares, le roban medidores de su casa, acumuladores de sus vehículos, aparatos electrónicos, joyas, que van a las casas de empeño; las baterías a talleres mecánicos porque las empresas que las fabrican dan un bono a sus clientes, que son talleres mecánicos, a cambio de que les den una usada; los celulares se venden en tianguis, mercados, incluso en comercios establecidos–, el producto del robo, que genera para que la base de la delincuencia adquiera principalmente drogas en el mercado del narcomenudeo, ahí está todo eso, está a la vista de todos y me parece que en los tres órdenes de gobierno se está trabajando con poca eficacia porque se están atendiendo cosas que generan noticias, pero no estamos yendo a la base.
Quién está evaluando que las policías municipales estén cumpliendo con su papel para contrarrestar los índices delictivos en ese tipo de cuestiones. Quiénes están evaluando el papel de las policías estatales. Ya sabemos que la policía federal, por razones obvias, no está actuando en ese sentido.
Pero lo más grave es que la gente está el día de hoy harta de ser víctima y no se han podido, a cinco años, no se han podido concatenar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Necesitamos crear los mecanismos en el próximo presupuesto para que la interrelación en el caso de Subsemun, de FASP, de los fondos especiales para prevención del delito y también de los recursos que ejerza la Secretaría de Seguridad Pública, se correspondan a un esquema de verdadera coordinación que proteja al ciudadano común que es víctima una vez por semana. Ése es el primer asunto.
El otro asunto relacionado con lo mismo es igual: el esquema de gasto para los centros de control de confianza en el nivel local. Ya no podemos seguir como estamos. Debe obligarse a los estados a gastar en centros de control de confianza que incluyan a funcionarios del Poder Ejecutivo, a todos los funcionarios del Poder Judicial y por supuesto a los que se correspondan del orden municipal y todos los policías.
Creo que esta comisión puede hacer mucho si, en lugar de atender los proyectos que traigan los gobernadores, en lugar de atender las peticiones, que muchas veces son obras millonarias sobre las que no quisiera agregar nada más pues no nos van a dar las soluciones, brindemos las soluciones que requieren los ciudadanos que van en un sentido muy práctico. Necesitamos estrangular la posibilidad de que lo robado se venda; eso es lo primero que tienen que hacer los tres órdenes de gobierno.
Nosotros, como integrantes de esta comisión, necesitamos fijar criterios para ver a quién le vamos a dar recursos, a cambio de qué se les van a entregar y con qué propósitos. Es lo que tendría yo que decir.
Acto seguido, el Diputado Cárdenas, secundo agregando: Brevemente. Estoy de acuerdo con las dos materias que plantea el diputado Caro: evitar que lo robado se venda y exigirle tanto al gobierno federal como a los estatales y municipales que tomen medidas. Por ejemplo, las autoridades de Hacienda podrían, mediante inspecciones, evitar que en ciertos comercios o negocios se vendan productos robados.
Por lo que ve al otro asunto de los fondos federales, de las aportaciones federales de programas como Subsemun, hace unos días –tiene relación con lo que decía el diputado Caro– leímos en la prensa declaraciones del subsecretario de Gobernación, el licenciado Juan Marcos Gutiérrez, respecto a que en el municipio de Ciudad Juárez se iban a suspender o se habían suspendido los recursos de Subsemun. Posteriormente, otra noticia decía que también en el Distrito Federal, aunque aclaró el secretario de Gobierno del Distrito Federal que él no tenía conocimiento.
Creo que así como se va a pedir un informe a la Procuraduría para que nos indique cuál fue la causa del despido de los delegados de la Procuraduría General de la República en el país, sería importante pedir un informe al subsecretario Juan Marcos Gutiérrez para que nos precise los motivos o las causas por las que están dejando de entregar los recursos del Subsemun en algunos municipios.
Todos creemos que eso tiene que ver con que no se han realizado los exámenes de control de confianza o no existen los centros de control de confianza. Seguramente ha de ser por eso. Pero sí es importante que las diputadas y los diputados tengamos una información precisa relacionada con a qué se debe que se estén retirando los fondos del Subsemun en algunos municipios y en entidades federativas, presidente.
Subsecuentemente el Diputado Presidente estableció: Gracias, diputado Cárdenas. En cuanto a los planteamientos que hace el diputado Caro, yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Precisamente hemos visto cómo en la esfera que nos corresponde, que es el orden federal, hemos trabajado para intentar revisar, modificar generar un nuevo marco legal en aquellos delitos que son competencia del orden federal que tienen impacto o pueden impactar en algunas ocasiones el orden local.
El tema del robo es un delito del orden común –como bien lo dice, diputado Caro– que si bien nosotros no podemos legislar al respecto desde la esfera federal, sí deberemos encontrar esos mecanismos enlazados a lo mejor al tema presupuestal para asegurarnos que las autoridades correspondientes sean las que cumplan con este delito, atendiendo la problemática que genera este delito y por ello creo que estamos en el mejor momento para empezar a hacer planteamientos y con ello, al momento de recibir el presupuesto, hacer nuestras propuestas y empujarlas para que nos den resultados como ciudadanos.
Eso en cuanto a lo del robo. Considero urgente que se revise en el aspecto de aquellos lugares donde se puede vender lo robado y revisar si tenemos la posibilidad de hacer alguna modificación al marco legal sobre lo que se comercializa aquello que es producto de un delito o podemos pedir que se realice esa modificación en los marcos legales de las entidades.
En cuanto al tema de los centros de control de confianza, ése sí es un tema que podemos pelear directamente y revisar qué podríamos plantear para que fueran los indicadores y que con ello se vieran los estados beneficiados con los recursos, o que tuvieran que hacer un esfuerzo más grande para poder acceder a ellos.
El planteamiento que se hace por parte del diputado Cárdenas del tema de lo de Juárez, si ustedes están de acuerdo en solicitar algún tipo de informe que lo hiciéramos a la autoridad que corresponde, que en este caso es el Sistema Nacional de Seguridad Pública; no es la Segob ni es el subsecretario.
Si alguien puede informarnos al respecto los criterios y el cumplimiento de lo que nosotros mismos hemos acordado que sean los indicadores para entregar o retirar los recursos, debe ser entonces a la autoridad competente. Yo no tendría ningún inconveniente en solicitarlo.
Se los comparto. La propia página de Internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya contiene la información, es información abierta, está al público, pero le podemos dar formalidad para que se vea que hay un interés por parte de los integrantes de esta comisión.
Lo que sí es un hecho es que hemos hablado mucho aquí en la comisión de la necesidad de que lo que aquí aprobamos de recursos tengamos la certeza de que se está convirtiendo en acciones que realmente beneficien a las mexicanas y los mexicanos. Ahí tendremos una tarea muy importante para revisar éste y otros temas en el tema presupuesto 2012, diputado Cárdenas; yo lo apoyo y por supuesto que estaremos trabajando al respecto. Adelante, diputado.
Finalmente el Diputado Caro mediante el uso de la voz solicitó: Presidente, para pedirle ayuda para que por su conducto, en mi carácter de subcomisionado en esta comisión, poder acceder a información oficial que tenga el sistema nacional sobre incidencia delictiva a nivel municipal en los delitos de alto impacto; segundo, sanciones por mal ejercicio de recursos de FASP y Subsemun segundo, sanciones por mal ejercicio de recursos de FASP y Subsemun; tercero, evolución, un informe sobre la evolución de los Centros de Control de Confianza en las entidades federativas. Es muy importante conocer quiénes están haciendo la tarea. Y, cuarto, proponer a la comisión –presidente, por su conducto– que solicitemos que la Auditoría Superior de la Federación aplique las auditorías correspondientes a todas las obras que han sido apoyadas por esta comisión en las distintas entidades federativas, para ver sí se están cumpliendo los objetivos para los que les otorgamos recursos.
Sexto. Finalmente el presidente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la decimoséptima reunión de la Comisión de Seguridad Pública a las 16:21 horas del 3 de agosto de 2011.
Diputados que asistieron: José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Aarón Irízar López, Rosi Orozco (se retiró al inicio de la reunión por motivos de salud), Gustavo Antonio Miguel Ortega, Benigno Quezada Naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro.
De la Comisión de Seguridad Pública, relativa a la decimoctava reunión ordinaria, celebrada el jueves 6 de octubre de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 9:00 horas del 6 de octubre de 2011, y con la asistencia inicial de 24 legisladores, el presidente de la comisión declaró abierta la sesión:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva para el desahogo de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.
Descripción de la reunión
Primero. El presidente sometió a votación el orden del día, a lo cual a solicitud del presidente, el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien fungió como secretario, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad.
Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior misma que fue aprobada por unanimidad.
Segundo. Siguiendo con el orden del día, el presidente instruyó al secretario para dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
A lo cual, el secretario, por instrucciones del presidente, dio la lectura correspondiente al acuerdo en mención, y no habiendo aclaraciones sobre el mismo, acto seguido se continuó con el orden del día.
Tercero. De conformidad con el quinto punto en el orden del día, el presidente instruyó al secretario a dar lectura al acuerdo de la junta directiva para el desahogo de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.
En esta tesitura, el secretario hizo del conocimiento de los integrantes de la comisión el mencionado acuerdo en relación con la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, por llevarse a cabo el 12 de octubre de 2011, a las 11:00 horas, y al efecto manifestó:
“Con objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, de fecha 4 de octubre del año en curso, en particular la del secretario de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción VII del artículo 158, fracción III del artículo 163, 198, 199 y 200 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 22, 25, párrafo primero, 26, fracción V, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, se emite el presente acuerdo por el que se específica el formato y desarrollo de la comparecencia referida.
Primero. Para el establecimiento del orden de participación de cada grupo parlamentario presente, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 7o., numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las “intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas”, siendo el orden el siguiente:
• Grupo Parlamentario de Convergencia
• Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Segundo: La dinámica de desarrollo de la comparecencia será de la siguiente manera:
• Intervención inicial del secretario de Seguridad Pública hasta por 15 minutos.
• Posicionamiento de los grupos parlamentarios en el orden establecido en el numeral primero del presente acuerdo hasta por 10 minutos.
• Realización de rondas de preguntas y respuestas sucesivas por parte de los grupos parlamentarios, que serán hasta por 5 minutos, el secretario contará con 5 minutos para sus respuestas, mientras que los Grupos parlamentarios contarán con 5 minutos para hacer comentarios sobre las respuestas a las preguntas realizadas.
• El presidente de la comisión, al final de la segunda ronda, consultará si el objeto motivo de la comparecencia se encuentra suficientemente desahogado. De ser así, se dará por concluida la comparecencia.
• El presidente de la comisión podrá llamar al orden y exhortar a los diputados a avocarse al tema motivo de la comparecencia.
Tercero. A fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto del citado acuerdo, la Comisión de Seguridad Pública recibirá hasta el martes 11 de octubre, a las 12:00 horas, las notificaciones enviadas por los grupos parlamentarios donde se haga del conocimiento de la que suscribe, el nombre de los diputados que participarán en la comparecencia en comento.
Cuarto: La participación de los diputados asistentes a la comparecencia deberá respetar en todo momento el orden de intervención establecido en el numeral segundo del presente acuerdo.”
Una vez concluida su lectura, el presidente instruyó al secretario a someter a la aprobación de la asamblea el acuerdo en cuestión, a lo cual, al consultar a la asamblea, mediante votación económica, fue aprobado por unanimidad.
Sexto. Finalmente, el presidente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera, y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la decimoctava reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 10:35 horas del 6 de octubre de 2011.
Los diputados que asistieron:
José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Salvador Caro Cabrera, Victor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Ernesto de Lucas Hopkins, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Benigno Quezada Naranjo, Alma Carolina Viggiano Austria.
De la Comisión de Participación Ciudadana, correspondiente a la decimonovena reunión ordinaria, realizada el miércoles 26 de octubre de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 14:00 horas del día 26 de octubre de 2011 y con la asistencia inicial de 27 legisladores, el Diputado Presidente declaró abierta la sesión:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Opinión de la Comisión de Seguridad Pública respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Descripción de la reunión
Primero. El presidente sometió a votación el orden del día; a solicitud del presidente, el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien fungió como Secretario consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y al no haberlo se aprobó por unanimidad. Posteriormente sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior misma que fue aprobada por unanimidad.
Segundo. Siguiendo con el orden del día el presidente instruyó al secretario para dar lectura al programa anual de trabajo, a lo cual, el secretario –por instrucciones del presidente– dio la lectura correspondiente al programa en mención y no habiendo aclaraciones sobre éste, el presidente indicó al secretario que sometiera a la aprobación de la asamblea el mencionado proyecto. El cual fue aprobado por unanimidad.
Tercero. Continuando con el quinto punto en el orden del día, el presidente procedió a presentar a la asamblea el proyecto de opinión de la Comisión de Seguridad Pública respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. Una vez terminada la exposición, el presidente instruyó al secretario a someter el mencionado proyecto a la aprobación de la asamblea, ante lo cual, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia emitió un voto particular en sentido negativo en contra de la determinación de la mayoría en virtud de las siguientes consideraciones:
• El proyecto de Presupuesto de Egresos contribuye a promover un Estado policiaco al margen del estado de derecho, manifestándose en contra de la militarización de amplias zonas del país y el uso de fuerzas armadas en tareas que no le son propias conforme a la Constitución.
El aumento al presupuesto destinado a seguridad pública es directamente proporcional al índice de criminalidad y violencia, debiendo ser lo correcto que a mayores recursos destinados a la seguridad pública disminuyera la violencia y la criminalidad.
Es la prevención social del delito y el control de las adicciones deberían de ser el eje central de la política de seguridad pública, así como privilegiar al combate a las estructuras financieras del crimen organizado y fomentar el respeto a los derechos humanos en todas las instituciones de seguridad pública.
Los resultados que arrojan las auditorías realizadas en diversos rubros de seguridad pública, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no abonan a favor de los incrementos en las asignaciones presupuestales al Ramo 36 para el 2012, de entre las cuales destaca que la tarea de prevención y readaptación social no está funcionando y que Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad de adquisiciones.
La información presupuestal de que se dispone se encuentra agregada a nivel de Ramos, Fondos Federales, clasificación económica y administrativa del gasto, no está suficientemente detallada, a nivel de concepto, partidas de gasto y metas específicas.
Los requerimientos no se encuentran asociados a indicadores de desempeño y cumplimiento de objetivos concretos, situación contraria a lo que establece la fracción V del artículo 6° de la Constitución.
Es necesario contar con información detallada para el deslinde de las responsabilidades que correspondan respecto de los subejercicios que se registran en el FASP y el SUBSEMUN, de acuerdo con los recursos programados.
En esta tesitura el secretario informó al presidente que el proyecto de opinión de la Comisión de Seguridad Pública respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 fue aprobado por 26 votos a favor y 1 voto particular en contra.
Sexto. Finalmente el presidente consultó a la asamblea si habría algún otro asunto en cartera y al no haberlo, agradeció la presencia de los legisladores y dio por terminada la décimo octava reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 15:10 horas del día 26 de octubre de 2011.
Diputados asistentes: José Luis Ovando Patrón, presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel de Esesarte Pesqueira, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa Incháustegui Romero, María Teresa Ochoa Mejía secretarios; Miguel Álvarez Santamaría, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez.
Del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, tocante a la séptima reunión ordinaria, que tuvo lugar el martes 24 de mayo de 2011
Presidencia del Diputado Omar Fayad Meneses
A las 12:30 horas del martes 24 de mayo de 2011, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se inicia la séptima reunión ordinaria del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el viernes 20 de mayo de 2011, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 27 de abril de 2011.
4. Reporte del análisis de los artículos del Reglamento de la Cámara relacionados con el funcionamiento del comité.
5. Asuntos generales.
6. Citación para próxima reunión y clausura.
Se encuentran presentes Omar Fayad Meneses, presidente; Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, José Óscar Aguilar González, Fernando Ferreyra Olivares, Francisco Saracho Navarro, Sonia Mendoza Díaz, Arturo Santana Alfaro, Pedro Vázquez González, María Rosario Brindis Álvarez, Gerardo del Mazo Morales y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía.
El presidente, Omar Fayad Meneses, solicita al licenciado César Bécker Cuéllar, director general del CEDIP, que funja como secretario de la reunión para poner a consideración del comité los asuntos de la reunión. Para iniciar presenta el orden del día propuesto, el cual es votado de manera económica; se aprueba por unanimidad.
El licenciado César Bécker propone la dispensa de lectura del acta de la sexta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 27 de abril de 2011, a las 14:00 horas, porque se entregó con anterioridad a los diputados para su revisión, sin que se recibieran comentarios. La moción que se aprueba por unanimidad.
Se pregunta a los presentes si tienen algún comentario sobre el acta. Sin que se reciban señalamientos, se somete a votación su aprobación, que se da por unanimidad. Se instruye para que se tome nota y se realicen los trámites para publicarla en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente menciona que a continuación se abordará el tema central de la reunión: el reporte del análisis del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados vinculados con el funcionamiento de los comités, que realizó el CEDIP, pues a cinco meses que tiene de aplicación, ciertos aspectos no están muy claros. Deja constancia de que al finalizar la exposición, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas.
De acuerdo con el señalamiento del diputado Fayad Meneses, el director general del CEDIP presenta a los maestros Jesús Ruiz Munilla y Juan Carlos Cervantes Gómez, director de Estudios de Constitucionalidad e investigador A del centro de estudios, respectivamente, quienes han realizado estudios del nuevo Reglamento y participaron en los cursos organizados por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para darlo a conocer y actualizar a los diputados y a los asesores de Cámara. De ahí que fueran designados como los encargados de presentar el reporte del análisis a los miembros del comité y asistentes a la reunión.
El maestro Jesús Ruiz Munilla presenta el resultado de su análisis, que abarca los artículos 1, 2, 3, “Disposiciones generales”; 6 y 8, “Derechos de diputados y diputadas”; 146, 147 y 148, “Instalación de comisiones y comités”; 149, “De la junta directiva”; 150, 151, “Obligaciones del presidente y de la secretaría de la junta directiva”; y 155 y 156, “De las convocatorias”.
Señala que el análisis es el resultado de una labor de muchos meses por el equipo adscrito al CEDIP que, entre otras funciones, ha estado –por instrucciones del diputado Omar Fayad Meneses, como presidente del comité, y del licenciado César Bécker Cuéllar, como director general– dedicado a revisar el trabajo, desde antes de su publicación.
El maestro Juan Carlos Cervantes Gómez informa de los artículos 193, 194, 195 y 197, sobre las inasistencias y la sustitución de integrantes; 205, 206, 207 y 208, que aborda las definiciones de los comités y sus tareas; 208, “Deberes de las juntas directivas”; y 214, 239, 243, 244, 256 y 258, para lo relativo a publicidad, difusión y acceso a la información de las comisiones y de los comités.
El diputado Omar Fayad Meneses agradece la participación de los expositores y la claridad en su planteamiento. Resalta la importancia que tiene este tipo de análisis de la normativa relacionada con el funcionamiento del comité, para ir perfeccionando su aplicación y el cumplimiento de lo establecido. Sin que haya preguntas de los asistentes, se da por concluido este punto.
En asuntos generales, el presidente deja constancia de la justificación de asistencia de Pedro Vázquez González a la cuarta y quinta reuniones del comité, entregadas en su oportunidad, porque atendía encomiendas de la Cámara.
Cubiertos los asuntos del orden del día, sin más temas por tratar en asuntos generales, a las 14:05 horas del martes 24 de mayo de 2011, el presidente, Omar Fayad Meneses, da por clausurados los trabajos de la séptima reunión ordinaria del Comité del CEDIP. Señala que la fecha y el horario de la próxima reunión se les harán llegar con oportunidad.
Así lo acuerdan los integrantes de
El Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
Diputados: Omar Fayad Meneses (rúbrica), presidente; Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, secretarios; Fermín Alvarado Arroyo (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).
Del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, relativa a la novena reunión plenaria, celebrada el jueves 19 de mayo de 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, el jueves 19 de mayo del 2011 y teniendo como sede la honorable Cámara de Diputados, en el salón E del edificio G, a las diez horas treinta minutos, dio inicio la novena reunión ordinaria del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, conforme lo establece el artículo 167 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, existiendo el quórum estipulado, se inició la reunión contando con la asistencia y participación de las siguientes diputadas y diputados:
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta; Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Rosa Adriana Díaz Lizama, Margarita Gallegos Soto, Elsa María Martínez Peña, Enoé Margarita Uranga Muñoz.
La presidenta del comité, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (PAN) dio inicio a la reunión ordinaria brindando un mensaje de bienvenida y, en virtud de que las dos secretarias estában ausentes, procedió a solicitar al pleno que fungiera como secretaria por esta única ocasión la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, lo cual se sometió a votación y quedó aprobado por unanimidad, por lo que acto seguido dio inicio la reunión ordinaria, una vez verificado la existencia de quórum, tal como se establece en el artículo 167 inciso 2. Seguidamente, se dispuso la lectura del orden del día siendo ésta la siguiente:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior
4. Informe sobre lo siguiente:
• Jornada Médica a favor de las Mujeres, en el estado de Chiapas, celebrada del 30 de abril al 2 de mayo de 2011.
• Solicitud de celebrar convenio de colaboración con el Congreso de Chiapas y con el Senado de la República para integrarse al Sistema Mexicano de Información Legislativa.
5. Asuntos generales:
• Propuesta de mecanismo para la presentación del informe semestral del Comité del CEAMEG correspondiente al primer semestre de 2011 y seguimiento de convenios aprobados.
• Participación del Foro nacional sobre acceso a la justicia para las mujeres.
Con el desahogo del punto dos, la secretaria procedió a la lectura del orden del día, por lo que posteriormente se sometió a aprobación. Las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad el orden del día.
En el punto tres, la secretaria hizo del conocimiento que el acta de la sesión anterior se les mandó de manera previa y pidió la autorización de la misma. Las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad por lo que se procedió a la firma.
Acto seguido, en relación con el punto cuatro del orden del día, relativo a informar sobre los resultados de la Jornada Médica a favor de las Mujeres , realizada en el estado de Chiapas del 30 de abril al 2 de mayo de 2011, la presidenta expuso que en cumplimiento al acuerdo del comité del 29 de septiembre de 2010, se procedió a realizar la jornada médica tomando en cuenta el criterio de marginación para definir la sede en el municipio de las Rosas, Chiapas. Se propició la vinculación de la honorable Cámara de Diputados, a través del comité, con las autoridades municipales, estatales y federales de la Secretaría de Salud, del Inapam, de la Sedesol, del Seguro Popular, de la Secretaría del Empoderamiento de las Mujeres, del Municipio de las Rosas y del DIF Municipal. Por los resultados en materia de atención y prevención en niños, mujeres y adultas mayores, se amplió dos días más la jornada, quedando en cinco días de ofrecer servicios a la población femenina que lo solicitó. La diputada Margarita Gallegos Soto y el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia se sumaron a expresar un reconocimiento por la labor de enlace que se realiza desde el poder legislativo a la ciudadanía, considerando llevar esta jornada a otras localidades en diferentes entidades con condiciones de marginación social.
Por lo que se refiere a la solicitud de celebrar convenio de colaboración con el Congreso de Chiapas y con el Senado de la República para integrarse al Sistema Mexicano de Información Legislativa, la presidenta, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, expuso que la propuesta surgía de sendos oficios de solicitud del CEAMEG, los cuales se encontraban en su carpeta. Se abrió una ronda de comentarios de integrantes, así como del coordinador de los Centros de Estudio, licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, todos a favor de fortalecer los vínculos con ambas instituciones, así como de ampliar la vinculación con todos los congresos de las entidades federativas con el propósito de potenciar la información que se genera desde el CEAMEG en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos humanos. Las diputadas y los diputados aprobaron por unanimidad que el CEAMEG celebre convenio de colaboración con el Congreso de Chiapas y con el Senado de la República para integrarse al Sistema Mexicano de Información Legislativa.
Pasando al quinto punto del orden del día, referente a los asuntos generales, la presidenta comentó la propuesta de mecanismo para la presentación del informe semestral del Comité del CEAMEG correspondiente al primer semestre de 2011 para dar cumplimiento al acuerdo al artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados aprobado el 15 de diciembre de 2010. Tomando en consideración que el Comité se instaló en febrero de 2010 y, al año siguiente, en ese mes se presentó el informe anual de actividades. La presidenta propuso para agosto del presente año realizar el primer informe semestral 2011. En cuanto al seguimiento de convenios aprobados, se informó que se venían realizando los trámites correspondientes a la formalización jurídica de los mismos, llevando un buen avance del proceso. Las diputadas y los diputados aprobaron por unanimidad que se presentara el informe de actividades semestral del Comité en agosto de 2011.
Por último se comentó sobre la participación del Comité en el Foro nacional sobre acceso a la justicia para las mujeres, convocado por la Subcomisión de Armonización Legislativa de la Comisión de Justicia, la Comisión Nacional para atender y prevenir la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación y el Comité del CEAMEG, el cual se celebró el 12 de mayo del presente año. Para el desahogo de este asunto, la presidenta cedió el uso de la palabra a una de las promoventes, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien definió el alcance de la propuesta materia del foro como una reforma penal y procesal penal sustantiva con perspectiva de género que pretende transformar de fondo el acceso de las mujeres a la justicia, por lo que después de incorporar las propuestas recibidas durante el foro de consulta a especialistas, se procederá a buscar el consenso de todas las fuerzas políticas para su aprobación en el siguiente período de sesiones.
Para concluir, se puso a consideración que la próxima reunión plenaria se llevara a cabo el martes 13 de julio, a lo cual todas y todos manifestaron estar de acuerdo, y no habiendo más puntos en el orden del día, la presidenta agradeció la presencia de todas y todos y dio por concluida la reunión a las doce horas con treinta minutos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de mayo de 2011.
El Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Diputados: Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), presidenta; María Elena Pérez Tejada (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarias; Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Elvia Hernández García (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, Adela Robles Morales (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz.
Del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, relativa a la duodécima reunión de junta directiva, llevada a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de septiembre de 2011 y teniendo como sede la honorable Cámara de Diputados, en las oficinas del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, en el edificio D, primer piso, a las 13:53 horas, dio inicio la duodécima reunión de junta directiva del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, conforme lo establece el artículo 167 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, existiendo el quórum estipulado, la reunión contó con la asistencia y participación de las diputadas Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta, y Magdalena Torres Abarca, secretaria.
La presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (PAN), da inicio a la reunión de mesa directiva brindando un mensaje de bienvenida y acto seguido da inicio la reunión de junta directiva una vez verificada la existencia de quórum tal como se establece en el artículo 167 inciso 2. Seguidamente se dispone la lectura del orden del día, siendo éste el siguiente:
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior (novena reunión).
4. Solicitud de aprobación de lo siguiente:
• Programa de trabajo 2011 del CEAMEG, apartado de asesorías de investigación.
• Informe semestral del Comité del CEAMEG correspondiente al periodo febrero-agosto de 2011 y del CEAMEG correspondiente al primer semestre del 2011.
5. Informes sobre lo siguiente:
• Remodelación del espacio del Comité del CEAMEG para la sala de reuniones.
• Comentarios emitidos por el CEAMEG a los proyectos del Ramo 01 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011.
• Invitación de la AECI para realizar la Comisión de Trabajo Interparlamentaria en Guatemala.
• Puntos de acuerdo presentados relativos al CEAMEG.
6. Asuntos generales:
• Próximos Convenios de Colaboración del CEAMEG por celebrarse.
• Determinar sobre el Encuentro Nacional Legislativo “México avanzando en los Derechos Humanos de las Mujeres con Justicia y Equidad”.
• Solicitudes que realicen al comité los diputados y las diputadas.
• Acuerdo de fecha de la siguiente reunión ordinaria.
La diputada Mirna Camacho procedió a dar lectura al orden del día, sometiéndolo a aprobación tanto para esta reunión de junta directiva como para la sesión plenaria que se realizará a continuación de ésta.
Se aprueba el orden del día.
Enseguida, como tercer punto del orden del día, la diputada presidenta, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, solicita la aprobación del acta de la reunión anterior, explicando que dicha acta corresponde a la novena reunión de junta directiva, dado que la décima y la undécima reuniones se declararon sin quórum.
Se aprueba por las diputadas el acta de la novena reunión de la junta directiva.
Acto seguido, al abordar el punto cuatro, la diputada Mirna explica que en este se contempla la solicitud para que el CEAMEG contrate asesorías externas para realizar trabajos de investigación.
Explicó que la Dirección del Centro informará en la sesión plenaria los detalles sobre estas asesorías, a fin de que haya total transparencia sobre el ejercicio de estos recursos. Igualmente, solicita la aprobación del informe semestral del Comité del CEAMEG correspondiente al periodo febrero-agosto de 2011, explicando que éste aunque tendría que haberse presentado en el mes de agosto no se hizo hasta ahora por la falta de quórum legal en las 2 sesiones convocadas anteriormente.
La diputada Mirna Camacho precisó que este informe fue enviado por correo electrónico a todas las y los integrantes del comité para que pudieran hacer sus observaciones, adhesiones y precisiones que consideraran, dándoseles un lapso de tiempo suficiente para sus respuestas.
No hubo ningún reporte de observaciones en las confirmaciones de respuesta, excepto lo que pueda darse al interior del pleno.
Enseguida, de acuerdo con el punto número cinco del orden del día, explicó acerca de la información que se dará al pleno sobre las nuevas oficinas del Comité del CEAMEG que se han remodelado, explicó sobre los comentarios emitidos por el CEAMEG respecto de los proyectos correspondientes al Ramo 01 del PEF 2011 presentados por diputados y diputadas en los que se precisa quiénes presentaron esos proyectos y en qué consisten.
El CEAMEG en dicho informe hace algunas observaciones y se pide a los diputados y diputadas que se apeguen estrictamente a la normatividad que la Cámara de Diputados establece en cuanto a la perspectiva de género que debe de incluirse en todo proyecto.
También se solicita que se defina la respuesta que se dará a la Cámara de Diputados de Guatemala en cuanto a la invitación recibida para integrar una Comisión de Trabajo Interparlamentaria, para abordar en dicha visita de trabajo todo lo que se etiqueta en materia de feminicidios, trata de personas y violencia. Se planteó integrar una delegación de diputadas.
En los asuntos generales se revisan los convenios pendientes de firmarse, así como los detalles sobre el Encuentro Nacional Legislativo “México avanzando en los Derechos Humanos de las Mujeres con Justicia y Equidad”.
La diputada Mirna solicitó la aprobación de los contenidos de los temas del orden del día presentados y su inclusión en la sesión plenaria.
Se aprueban los contenidos presentados en el Orden del Día.
Se solicita la firma del acta de la novena reunión de la junta directiva.
Se realiza firma del acta de la novena reunión de junta directiva.
Al no haber más puntos en el orden del día, la presidenta dio por concluida la reunión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.
Firmas del acta de la duodécima sesión de junta directiva del Comité del CEAMEG.
Diputadas: Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), presidenta; María Elena Pérez de Tejada Romero, secretaria; Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarias.
