Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3395-V, jueves 17 de noviembre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública y Servicios Educativos a analizar, autorizar y pedir al gobierno de Morelos que pague la prima de antigüedad al magisterio jubilado local, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Antecedentes
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, creado mediante decreto el 18 de mayo de 1992.
El IEBEM tiene como objeto dirigir, administrar, operar y supervisar los establecimientos y servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la indígena y la especial, así como los recursos humanos, financieros y materiales que la Secretaría de Educación Pública transfiera a Morelos; reconoce los derechos laborales adquiridos por el personal docente y administrativo de los servicios educativos transferidos en términos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y los convenios suscritos entre el Ejecutivo federal, el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en términos de sus estatutos sindicales y las correspondientes condiciones generales de trabajo.
La pensión jubilatoria constituye una prestación de seguridad social que tiene su origen en los riesgos a que el trabajador está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez y que se otorga mediante renta vitalicia. En tanto, la prima de antigüedad es una prestación derivada del trabajo y acorde con el tiempo de permanencia en él; se paga en una sola exhibición y tiene como finalidad compensar el tiempo laborado.
Por otro lado, en la jurisprudencia 2a. /J. 113 /2000, de rubro “Prima quinquenal y prima de antigüedad. Son prestaciones laborales de distinta naturaleza jurídica, por lo que el pago de la primera no excluye el de la segunda”.
Con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y de salud, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y el 25 de septiembre de 1996, se estima que en el caso de los organismos públicos descentralizados creados por los gobiernos de los estados, como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, los trabajadores que prestaron servicios en las dependencias de nivel federal (Secretarías de Educación Pública, y de Salud) y que fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
Consideraciones
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de julio de 2011 (con motivo de la descentralización de la educación básica y en cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y que fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales), concluye que en el caso de los organismos públicos descentralizados creados por los gobiernos de los estados, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo a partir de esa transferencia, independientemente de que hayan recibido el pago de la prima quinquenal y una pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad es de naturaleza jurídica distinta de estas prestaciones.
Por ello no hay argumento jurídico para seguir denegando la prima de antigüedad a los trabajadores jubilados de la educación básica dependientes del IEBEM.
A continuación se transcriben los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los que se hace referencia en párrafos anteriores:
Registro número 161432
Localización: Novena época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, julio de 2011
Página: 973
Tesis: 2a. LVIII/2011. Tesis aislada
Materia(s): laboral
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en la tesis jurisprudencial 2ª./J.101/2011, de rubro “Prima de antigüedad de trabajadores de organismos públicos descentralizados estatales. El otorgamiento de la jubilación, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, hace presumir que la separación del trabajo fue voluntaria, para efectos de determinar la procedencia del pago de aquélla”, que con relación a la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y reclamada por los trabajadores jubilados de organismos públicos descentralizados estatales y que previamente prestaron servicios conforme a las reglas del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (como es el caso de los trabajadores jubilados del IEBEM), procede su pago cuando
a) Se separen voluntariamente si cumplieron por lo menos 15 años de servicios;
b) Se separan por causa justificada; y
c) El patrón los separa, justificada o injustificadamente, sin importar el tiempo de servicios.
A continuación se transcriben los criterios jurisprudenciales adoptados por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación:
Registro número 161516
Localización: Novena época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, julio de 2011
Página: 692
Tesis: 2a./J. 101/2011. Jurisprudencia
Materia(s): laboral
Por lo expuesto, y como es el caso de los trabajadores jubilados del IEBEM, quienes se han separado del servicio después de cumplir 30 años o más de labores y teniendo derecho al pago de la prima de antigüedad que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública y Servicios Educativos a analizar, autorizar y, a su vez, exhortar al gobierno de Morelos a realizar el pago de la prima de antigüedad al magisterio jubilado del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2011.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para reconocer la labor del gobernador y del procurador general de Justicia de Chiapas por las recientes operaciones de rescate de víctimas de explotación sexual, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La trata de personas con fines sexuales es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas, a escala mundial. Genera aproximadamente 10 mil millones de dólares al año. En México, los lugares donde se facilita dicha conducta son las fronteras; la pobreza y la falta de educación operan contra los migrantes ilegales y las clases menos favorecidas, que son víctimas de fácil engaño, debido a su necesidad económica. Se torna más frágil su seguridad cuando atraviesan países enteros sin documentos que acrediten su origen e identificación.
2. Precisamente esa preocupación llevó al gobierno de Chiapas a reformar su marco normativo y generar acciones para erradicar de forma eficaz el problema. El 22 de marzo de 2009, el gobernador, Juan Sabines Guerrero, presentó ante el Congreso local la iniciativa de Ley para combatir, prevenir y sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, la cual tiene como objeto la prevención y sanción enérgica del delito, así como adoptar medidas de protección, atención y asistencia necesaria para garantizar los derechos de las víctimas. La iniciativa fue aprobada y publicada el 3 de abril de 2009 en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, convirtiéndose en la segunda entidad en el país que cuenta con una ley específica, que incluye no sólo la persecución del delito sino su prevención y la atención de las víctimas. Dicha ley es la primera en incluir el tema de trata de migrantes y de hijos de trabajadores migrantes.
3. El 3 de junio de 2009 se instaló en Chiapas el Comité Regional contra la Trata de Personas, con objeto de coordinar esfuerzos interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno con la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de cooperación, a fin de trabajar en medidas para prevenir la trata de personas, y proteger y dar asistencia a las víctimas del delito. Con ello, Chiapas fue en el quinto estado en instituir dicho comité.
4. Con base en la legislación estatal aprobada, el 19 de agosto de 2009 agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de Inmigrantes de la Procuraduría de Chiapas, con apoyo de la Interpol, aprehendieron a la ciudadana Lilian Elizabeth Aguilar, acusada de trata de personas agravada, en perjuicio de una menor migrante de origen guatemalteco. El delito se consignó en la averiguación previa número 138/ FEDCCI-CJT1/ 2009. Finalmente, el 21 de febrero de 2011, el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tapachula le dictó sentencia condenatoria, con la penalidad de 13 años 6 meses de prisión y multa de mil 125 días de salario mínimo vigente. Ésta es la primera sentencia condenatoria por el delito de trata de personas obtenida en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
5. El pasado 5 de septiembre, elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, luego de una denuncia anónima, realizaron una operación en el bar El Elefantito, en San Cristóbal de las Casas, donde rescataron a nueve mujeres que eran explotadas sexualmente, entre ellas tres centroamericanas, así como la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de Juan Antonio Guillén Hernández y Mario Grajales Gómez, propietario y encargado del establecimiento, respectivamente.
El 3 de octubre de 2011, la Procuraduría del estado logró rescatar a 137 víctimas de trata de personas, en su mayoría menores de edad y migrantes. Por último, el pasado 6 de noviembre policías ministeriales desarticularon en Tuxtla Gutiérrez un bar clandestino y rescataron a 3 mujeres víctimas de trata de persona. De acuerdo con lo publicado en los diarios del estado, en dicho sitio, además de operar sin los permisos correspondientes, se “enganchaba” a mujeres como meseras, las obligaban a ingerir bebidas alcohólicas y sostener relaciones sexuales con los clientes.
6. Con las recientes operaciones, suman ya más de 130 las víctimas rescatadas y liberadas desde la entrada en vigor de la actual legislación, 46 procesos penales y 12 personas sentenciadas en el estado por este delito. Todo ello, como resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales, la correcta y oportuna intervención ciudadana en la denuncia y la aplicación de un marco normativo que responde a la realidad del estado.
Considerandos
Primero. Que la trata de personas es un delito y una nueva forma de esclavitud, en la que por medio de la violencia física y moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Segundo. Que ciertos factores sociales en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia. También inciden en esa vulnerabilidad el estatus particular ante el sistema jurídico, o que en el sector donde convive es aceptada o, al menos, ignorada la explotación.
Tercero. Que ante la gravísima situación de violación de los derechos humanos con motivo de la trata de personas en zonas de la frontera sur del país, los diputados federales, conscientes del problema, reconocemos la labor de las entidades federativas cuando realizan acciones contundentes para combatir con eficacia las conductas delictivas. Por ello, como representantes de la sociedad facultados para elaborar normas de convivencia social, nos congratulamos por la labor de quienes en su ámbito territorial armonizan su legislación a la realidad local y en su actuar cumplen a cabalidad la función que les ha sido encomendada, pues de esa manera contribuyen al fortalecimiento del estado de derecho y al respeto de la legalidad.
Cuarto. Que la trata de personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento, por lo que para la Cámara de Diputados resulta fundamental que los estados de la federación, en particular los de las zonas fronterizas, realicen acciones que protejan y salvaguarden el tejido social, en especial cuando se trata de proteger a quienes son vulnerados como víctimas del delito de trata. Sin duda, es de destacar la agenda de acciones del gobierno de Chiapas tendente a combatir y erradicar el delito de trata de personas.
Quinto. Que si bien constituye un precedente valioso y debemos reconocer la sensibilidad y el trabajo desarrollado por el gobierno y la Procuraduría de Chiapas para lograr detenciones y el rescate de más de 100 víctimas de trata, no perdemos de vista que los esfuerzos deben ser múltiples para inhibir esta conducta, que se da con mayor recurrencia en zonas fronterizas. Por tanto, al tiempo de expresar nuestro reconocimiento a las autoridades que con valor y eficacia han combatido este delito, también es importante exhortar a todas las entidades federativas a sumar resultados para que tan grave delito no quede impune.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se reconoce y felicita la labor del ciudadano Juan Sabines Guerrero y del licenciado Raciel López Salazar, gobernador y procurador general de Justicia del Estado de Chiapas, respectivamente, por lograr el rescate de víctimas del delito de trata de personas, en aplicación de la ley en la materia, aprobada recientemente por el congreso local.
Segundo. Se exhorta a las entidades federativas a intensificar las correspondientes operaciones, en su ámbito de competencia, que posibiliten que también obtengan resultados en el rescate de víctimas, y la detección y el castigo de quienes cometen el delito de trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva del Fovissste a modificar el acuerdo número 5336.845.2011 para instaurar el programa de recuperación de créditos otorgados en demasía, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Francisco Hernández Juárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE a modificar el acuerdo 5336.845.2011, para instrumentar el Programa de Recuperación de Créditos Otorgados en Demasía, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de la realización de una auditoría, la administración de FOVISSSTE detectó la existencia de créditos otorgados que exceden los montos a los que los trabajadores y trabajadoras tenían derecho considerando su capacidad de pago.
La administración del fondo decidió investigar estas irregularidades solicitando la intervención de la Secretaría de la Función Pública. Esta secretaría a su vez, envía a la Procuraduría General de la República a iniciar averiguaciones previas en contra de más de cuatro mil trabajadoras y trabajadores de diferentes dependencias públicas, cuya consecuencia llegó hasta la detención de algunos de los acreditados, principalmente de trabajadores de la Procuraduría General de la República.
Para que dieran inicio las averiguaciones previas, a las trabajadoras y trabajadores afectados se les imputaron delitos como el de fraude y la alteración de documentos para incrementar el monto de sus salarios y así poder acceder a créditos con montos superiores.
En las acciones contra los afectados, en ningún momento se consideró que ellos no tenían posibilidades de modificar los documentos ni intervenir en el procedimiento para la autorización de sus créditos; los acreditados solamente realizaron el trámite indicado por las empresas constructoras y financieras que tenían interés en vender sus inmuebles, mismas que convencieron a los afectados de que sus créditos serían autorizados.
Cabe mencionar que el Fovissste no tiene mecanismo alguno sobre supervisión o vigilancia hacia las Sofoles, Sofomes, constructoras o bancos que les permita exigir el cumplimiento de los procedimientos que esta institución establece. Se deja así a las y los trabajadores indefensos ante la manipulación de información, ya que las empresas intermediarias se presentan con el logo del ISSSTE para promover la venta de los inmuebles, con actitudes dolosas o de franca corrupción.
La situación se ha vuelto un círculo vicioso, porque con la revisión caso por caso, se ha detonado una gran cantidad de problemas administrativos, en que los paganos de esta ineficiencia e irregularidades son las y los trabajadores, a quienes se obliga a realizar pagos que no fueron descontados en tiempo y forma por la institución.
Ante esta situación de ineficiencia administrativa y la detección de las irregularidades, la Comisión Ejecutiva del Fovissste, para recuperar los prestamos avalados y otorgados por la misma institución, estableció el Acuerdo 5336.845.2011, para instrumentar el Programa de Recuperación de Créditos Otorgados en Demasía que tiene las siguientes características:
• El objetivo es la regularización de créditos.
• Tendrá una vigencia limitada de seis meses, hasta el 30 de enero de 2012.
• El Fovissste otorgará el perdón y con ello se desistirá de la querella penal en contra de aquellos acreditados que obtuvieron créditos en demasía, siempre y cuando opten por el pago del saldo total del crédito o bien o por el pago solamente de la cantidad que recibió en demasía de crédito.
• Los acreditados que no cuenten con el recurso necesario para reducir a cero el importe de crédito obtenido en demasía, podrán conjuntar el recuso que tengan disponible para tal efecto con el que puedan obtener en cofinanciamiento de una de las entidades financieras con las que el Fovissste tenga celebrado convenio de concertación de acciones; en este caso, el Fondo compartirá en primer lugar y en la proporción que corresponda la garantía hipotecaria con la entidad cofinanciadora.
Esta propuesta de pago es inalcanzable para los más de cuatro mil trabajadoras y trabajadores, los bajos salarios aunado a los préstamos otorgados como parte de sus prestaciones económicas, les impide cumplir con los requisitos que establece este acuerdo.
Las y los trabajadores manifiestan el reconocimiento de su deuda, pero niegan que ellos hayan intervenido en la defraudación del Fovissste, por lo cual es importante y necesario resolver el problema de las demandas penales y de las acciones jurídicas que siga la función pública y el ministerio público respecto al posible fincamiento de responsabilidades por daño patrimonial.
Existe la disposición de los afectados de encontrar salidas negociadas para el pago de su deuda, considerando que el Acuerdo 5336.845.2011, y el Programa de Recuperación de Créditos Otorgados en Demasía, no permite esto, por lo cual requieren que se modifiquen los criterios, ampliando las opciones para el pago de los adeudos.
La Comisión Ejecutiva del Fovissste es la facultada para modificar dicho acuerdo, por lo que se propone
1. Establecer un nuevo acuerdo modificando los criterios para la recuperación de los adeudos derivados de los Créditos Otorgados en Demasía considerando, en su caso la ampliación de los tiempos para la recuperación y el incremento en los porcentajes de retención de los salarios.
2. Se considere en el citado acuerdo la situación particular de cada caso, en lo particular las y los trabajadores con ingresos bajos; los casos de madres solteras; incapacitados; adultos mayores y pensionados.
3. Se establezcan con los afectados los convenios que correspondan para garantizar el pago.
4. Se considere el desistimiento de las acciones penales emprendidas.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Ejecutiva de Fovissste a modificar el acuerdo 5336.845.2011, para instrumentar el Programa de Recuperación de Créditos Otorgados en Demasía, tomando en consideración las siguientes propuestas:
1. Establecer un nuevo acuerdo modificando los criterios para la recuperación de los adeudos derivados de los Créditos Otorgados en Demasía considerando, en su caso la ampliación de los tiempos para la recuperación y el incremento en los porcentajes de retención de los salarios.
2. Se considere en el citado acuerdo la situación particular de cada caso, en lo particular las y los trabajadores con ingresos bajos; los casos de madres solteras; incapacitados; adultos mayores y pensionados.
3. Se establezcan con los afectados los convenios que correspondan para garantizar el pago.
4. Se considere el desistimiento de las acciones penales emprendidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de noviembre de 2011.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de la reunión de la cumbre de líderes del G20 en México en junio de 2012, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Maurilio Ochoa Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que el G20 es un foro de cooperación y consultas conformado por las autoridades financieras de los países más industrializados y por un grupo de naciones emergentes, que se reúne una vez al año; desarrolla sus trabajos con el objetivo de proporcionar a los ministros del área económica y a los gobernadores de bancos centrales informes y análisis específicos sobre la situación financiera y económica en el mundo.
Segundo. Que el 4 de noviembre de 2011, México asumió la presidencia del G20, al término de la cumbre de jefes de estado celebrada en Cannes, Francia.
Tercero. Que la Cámara de Diputados aprobó el día 25 de octubre del año en curso, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que hace suya la proposición presentada ante dicho órgano de gobierno por el diputado Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo resolutivo exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la celebración de la reunión del G20 en el país se realice en fecha posterior al proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo año, y solicitar informe la forma con base en la cual se determinarán las fechas para este tipo de reuniones.
Cuarto. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Gobernación remitió respuesta al acuerdo de mérito señalando que: “las fechas para la celebración de las cumbres de líderes han sido fijadas de común acuerdo, con base en dos criterios centrales. En primer lugar, las tendencias económicas imperantes y su potencial efecto en las perspectivas de crecimiento y desarrollo de los países que forman el grupo, en particular el mayor o menor sentido de urgencia que imponga la situación vigente en la economía global. En segundo lugar, la disponibilidad de espacios en las agendas de los jefes de estado y de gobierno que forman dicho foro, a fin de propiciar la mayor participación posible por los mandatarios”.
Quinto. Que la propia cancillería manifestó en su respuesta que: “correspondió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto que Sherpa de la participación de nuestro primer mandatario en los encuentros de líderes del G20, realizar las gestiones necesarias para acordar las fechas de la próxima cumbre” y que “tomó más de tres meses consensuar entre los países participantes las fechas para la celebración de la cumbre del G20 en México”.
Sexto. Que los grupos parlamentarios representados en esta soberanía reconocemos la importancia y trascendencia el mecanismo multilateral, así como de la relevancia de la temática materia de la cumbre. No obstante, insistimos en la necesidad de llevar a cabo todas las acciones posibles para que la reunión del G20 tenga lugar una vez transcurrido el proceso electoral federal.
Séptimo. Que no se puede soslayar la circunstancia que a menos de 15 días de la celebración de elección, el país se encontrará inmerso en condiciones políticas en las que se requerirá mesura de los actores políticos.
Octavo. Que es imperativo la prudencia en las declaraciones y en la actuación de los Poderes del Estado y de quienes los conforman, por lo que cualquier posición o definición del gobierno mexicano en el marco del evento, no debe contribuir a enrarecer el clima de estabilidad, imparcialidad y equidad que debe prevalecer en la contienda.
Noveno. Que como se reconoce en la respuesta en comento, fue la propia secretaría la que se dio a la tarea de establecer los mecanismos y contactos de alto nivel para proponer la fecha de la celebración del encuentro; por lo que resulta necesario insistir en posibilitar los buenos oficios del gobierno de la república, para negociar con los países que integran el bloque, en consideración a la preocupación de la representación nacional el cambio de fecha de un evento de tal magnitud.
Décimo. Que el proceso electoral federal es un asunto de primer orden del estado, que debe ser prioridad en la agenda nacional, pues no sólo se trata de la fecha en que por disposición legal se deberá llevar a cabo el proceso de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, sino de la definición política del país en los próximos años.
Undécimo. Que la presencia en el país de los líderes mundiales propiciará la presencia de grupos organizados de distintas partes del mundo que acudirán a manifestarse como lo han venido haciendo en los últimos eventos de esta naturaleza, lo que puede generar disturbios y enfrentamientos que no abonan a la estabilidad y paz que debe imperar en la recta final de las campañas políticas.
Duodécimo. Insistimos con énfasis que las razones esgrimidas por la cancillería no son suficientes para sostener una posición intransigente ante la delicada circunstancia que se vislumbra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo todas las acciones a su alcance, con el fin de que la realización de la cumbre de líderes 2012 del G20, prevista para los días 18 y 19 de junio de 2012, se lleve a cabo en fecha posterior a la jornada electoral del domingo 5 de julio de ese año, al ser un asunto de primer orden del Estado mexicano, y para garantizar la imparcialidad y la equidad en la contienda electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre 2011.
Diputado Maurilio Ochoa Millán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conade a difundir y fortalecer la práctica del ajedrez y no considerarlo deporte de exhibición, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputa Yulenny Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y fracciones I y II del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Se ha definido al ajedrez como un juego de ingenio, para dos jugadores, en el que el azar no interviene en absoluto y que requiere un importante esfuerzo intelectual; es un deporte basado en el ejercicio mental de procesos estratégicos simbólicos en forma de juego, que conquistó fácilmente un reconocimiento masivo e institucional.
En este contexto, se ha catalogado al ajedrez como deporte desde hace muchos años, además de realizarse año con año torneos y mundiales; en especial los infantiles y juveniles. Cabe señalar, que en la lista de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide), se pueden encontrar los nombres de grandes mentes que comenzaron desde niños y hoy están ubicados en el top 20 del mundo.
Es preciso señalar que en muchas partes del mundo se apoya a los ajedrecistas para que asistan al extranjero, practiquen y representen a sus naciones en este deporte. En algunos países europeos existen escuelas que tienen como materias curriculares al ajedrez; en México se ha intentado desde hace muchos años y poco a poco se ha ido avanzando ya que el ajedrez ha cobrado importancia como deporte; tan es así que el número de participantes afiliados a la Federación Nacional de Ajedrez de México, A C (Fenamac) ha crecido, y los niños y jóvenes han dado pruebas de mejoras en las diversas competencias que se han realizado.
Incluso, cabe resaltar que, en esta disciplina, las olimpiadas nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) son clasificatorias, ya que el primer lugar de cada categoría y rama, obtiene el derecho de representar a nuestro país en torneos panamericanos y mundiales, en categorías infantiles y juveniles que va desde los 8 hasta los 18 años.
No obstante lo anterior, la Conade anunció hace unos días la modificación a la convocatoria de cara a la edición 2012 de la Olimpiada Nacional, la cual busca empatar las categorías con relación a las competencias internacionales y así potenciar su calidad como semillero del alto rendimiento en el país. En este sentido, el ajedrez quedaría en las olimpiadas nacionales 2012 como un deporte de exhibición, y las preseas obtenidas no serán contabilizadas en el medallero general de cada estado.
Desde nuestro punto de vista, dicha declaración implica un retroceso, toda vez que atenta en contra de un deporte que no sólo en el ámbito nacional, sino internacional, ha obtenido una gran importancia.
El ajedrez es una actividad honorable, que fomenta valores, que enseña a ser prudente y amable con el oponente, a respetar reglas, demuestra que sin la fuerza es posible ganar una contienda y ayuda, cognitivamente, a pensar en las acciones y responsabilidades que se contraen tras ejecutar una jugada. Es una herramienta fundamental para elevar en niños y jóvenes el nivel cognoscitivo, de atención, concentración y memoria. Igualmente contribuye a desarrollar la creatividad, la imaginación y el pensamiento lógico-matemático.
Además, el ajedrez es una actividad que no cuesta practicarla, basta un tablero y unas piezas que se compran una vez y duran muchos años, incluso puede ser jugado por Internet sin implicar gasto alguno.
En este sentido, si bien coincidimos con el titular de la Conade en que se debe poner especial énfasis en las disciplinas que integran los calendarios olímpico y panamericano; estimamos que sin duda alguna el ajedrez es un deporte muy importante por los beneficios que implica su práctica, por lo que resulta indispensable continuar apoyando este deporte y fortalecer que se continúe practicando.
Desde mi punto de vista, considerar al ajedrez como un deporte de exhibición en las olimpiadas nacionales lejos de contribuir al fortalecimiento del mismo, a fin de que cada vez más niños y jóvenes encuentren en él una disciplina deportiva en la que puedan destacar, lo debilita.
Compañeras y compañeros diputados, el deporte es muy importante toda vez que contribuye a conservar personas más sanas, tanto física como mentalmente, y el ajedrez no es la excepción; si bien no es considerado un deporte olímpico, debemos buscar que al menos en nuestro país no sea sólo un deporte de exhibición sino que se le dé la importancia que representa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a realizar las acciones necesarias y pertinentes a fin de difundir y fortalecer el ajedrez, y a no considerarlo sólo como un deporte de exhibición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2011.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a solicitar la comparecencia y, en su caso, destitución del embajador Eduardo Medina Mora, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 62, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A la fecha el Poder Ejecutivo federal no ha esclarecido la introducción ilegal de armas al territorio nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos de la operación fraguada en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, respecto del tráfico de armas que permitieron autoridades estadounidenses hacia nuestro país constituyendo una violación a la soberanía nacional como al derecho internacional en el operativo denominado Rápido y Furiosos.
Además las secretarias de Estado se han negado a comparecer ante los Congresistas de estas Cámara de Diputados “por sus agendas saturadas”, y de las comparecencias solicitadas por la Colegisladora en los puntos de acuerdo, estos fueron dictaminados en sentido negativo, por considerara la comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, del 17 de marzo de 2011, se había explicado el tema de rápido y furioso, dando por concluido el ingreso ilegal de armas al país.
Asimismo, no hay informes rendidos por parte de la Procuraduría General de la República, respecto de la operación rápido y furioso, si existe alguna averiguación previa, solo se concretan a decir enfáticamente que las autoridades del Gobierno Federal no tenían conocimiento del operativo implementado por Estados Unidos a través la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Sin embargo y en contradicción con lo expresado por el gobierno de los Estados Unidos publicado en diversos medios periodísticos el día 5 noviembre de 2011, las agencias de seguridad indican que autoridades de PGR y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Publica, conocían de la estrategia “dejar caminar armas”, supuestamente como método de investigación, el cual resultó fallido, de acuerdo a la versión oficial que rindió el 26 de julio el exjefe de la oficina en Phoenix de la ATF, William Newell, quien dijo que desde 2009, la PGR tenía información e incluso se invito a fiscales mexicanos a las reuniones para informarles del caso, aun más el día 4 de noviembre de 2011, se difundió un documento fechado el 16 de noviembre de 2007 y que forma parte de la investigación del legislador republicano Darrel Issa sobre la operación “Rápido y Furioso”, lo cual demuestra que el ex titular de la PGR Eduardo Medina Mora, conocía de entregas “vigiladas” del armamento que se trafica de Estados Unidos a México.
El ex procurador y ahora embajador de México en Reino Unido Inglaterra, Eduardo Medina Mora, dio respuesta del comunicado de Estados Unidos, a los Congresistas de la Cámara de Senadores donde negó que autorizara, de manera “formal o informal”, la entrega controlada de armas o drogas que involucrara a México, Estados Unidos u otro país, afirmando además -“No es porque no hubiese facultades para ello, sino porque no se consideraba pertinente y nunca fue ni planteado puntualmente ni autorizado”-. Cabe resaltar que el procurador no tiene facultad alguna para autorizar ni negociar con ningún país.
De igual manera es necesario que del análisis como de las respuestas dadas por embajador, si resultare responsabilidad, se solicite su destitución por los posibles delitos, al autorizar y permitir la introducción de armas de manera ilegal al país amén de haberse tipificado conductas delictivas punibles, incluso como miembro del gabinete de Seguridad Nacional.
Igualmente la secretaria de Estado Norteamericana, Hillary Clinton, investigará la responsabilidad que el Departamento de Estado pudo tener en la operación “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada ilegal de armas a México.
Finalmente el día de 8 de noviembre de 2011, fue citado a comparecer el fiscal general estadounidense Eric Holder ante la Comisión Especial AFP (por sus siglas en inglés) ante senadores del Congreso de Estados Unidos, para aclara sobre el mismo tema aceptando que -“Rápido y Furioso nunca debió haber ocurrido y no debe volver a ocurrir”-, lo cual se traduce que el gobierno de México si dio la autorización para permitir la entrada a nuestro país.
Ahora bien, si uno de los grandes problemas a lo que se enfrenta la ciudadanía, en nuestro país, es la deficiente procuración e impartición de justicia, al darse la corrupción o el tráfico de influencias, lo que resulta más grave es que internacionalmente nuestra Soberanía es vituperada, al permitir que otro país indebidamente tome decisiones e introduzca armas de manera ilegal, violando de forma evidente los derechos fundamentales de manera irreparable.
Es inminente que un tema tan importante de Seguridad Nacional, que viola la soberanía de nuestro país, no se debe pasar por alto ni olvidarse, mucho menos permitir que servidores públicos se excusen de no presentarse ante el pleno de esta soberanía para responder por las imputaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos. Por tanto ante la negativa de los secretarios de Estado a comparecer ante el Pleno de esta Cámara ya que constitucionalmente están obligados y como responsables de las aéreas a su cargo, no debemos permitirlo, por tano con es necesario mandarlo a citar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Senadores en el ámbito de sus facultades solicitar a comparecer y en su caso solicitar la destitución del embajador Eduardo Medina Mora, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos, se presenten a comparecer para que explique quien autorizo la introducción de la armas de manera ilegal a nuestro territorio y responda por las imputaciones del gobierno Estadounidense, lo cual lo debe hacer ante el pleno de esa Cámara y no ante comisiones por ser un asunto de seguridad nacional.
Segundo. Del análisis de las respuestas como de las pruebas recabadas y ofrecidas, si se considera haberse tipificado conductas delictivas punibles solicitar la destitución del cargo de embajador, además deberá explicar ante esta soberanía donde está facultado el Procurador General de la República para autorizar la entrada de armas al país como lo manifestó.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2011.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su beneplácito por el fortalecimiento de las acciones conjuntas para combatir la trata de personas entre el gobierno de México y la oficina de la ONU contra la droga y el delito, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 11 de abril de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio expedido por el entonces presidente de la República, relativo a la adopción por nuestro país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000.
2. El 27 de noviembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio expedido por el titular del Ejecutivo federal, relativo a la adopción por México del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
3. En el marco de ambos instrumentos internacionales, opera la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque se estableció desde 1997. Dicha institución es líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y delincuencia internacional. Igualmente se constituye como la entidad de las Naciones Unidas para la entrega de asistencia jurídica y técnica para prevenir el terrorismo.
4. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importantísima reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la cual se privilegia el deber del Estado mexicano de respetar los derechos humanos.
5. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la trata es una de las actividades ilegales más lucrativas después del narcotráfico y el contrabando de armas.
Se calcula que cerca de dos millones y medio de personas son víctimas de trata, ya sea para explotarlas sexual o laboralmente. Hasta un 80 por ciento de ellas son mujeres y niñas.
5. Que el 4 de agosto de 2011, la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado de prensa (ver wwwupdate.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=21509) para exponer que el Gobierno de México y la Oficina de la ese organismo contra la Droga y el Delito fortalecerán su alianza contra la Trata de Personas y en los próximos meses lanzarán un nuevo proyecto para evaluar la magnitud de ese flagelo en el país.
Considerando
Primero. Que conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
Segundo. Que la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene su sede en Viena, Austria, opera 54 oficinas en todo el mundo, cubriendo a 150 países miembros, entre los que se encuentra México.
Esta oficina de la ONU también se encarga de coordinar las iniciativas en el combate a la delincuencia organizada trasnacional, como la trata de personas, en los planos nacional, regional y trasnacional.
El trabajo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se realiza en cinco ejes temáticos principales:
• Crimen organizado y el tráfico ilegal.
• Corrupción.
• Reforma de la justicia penal.
• Salud y medios de subsistencia.
• Prevención del terrorismo.
Igualmente está encargada de diseñar y operar una estrategia internacional, en consulta con los Estados miembros, donde se contienen actividades de prevención centradas en la comunidad así como prevención y tratamiento del VIH/sida, en relación con la comisión del delito de trata de personas.
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito actúa como un catalizador para la acción a través del desarrollo e implementación de programas que se adaptan a las necesidades de los países y regiones en cuanto a asistencia y coordinación y con enfoques integrados para erradicar o mitigar las condiciones que fomentan la comisión de delitos, especialmente el crimen electrónico, la Trata de Personas, el Tráfico de Drogas y el Terrorismo.
Tercero. Que es compromiso del gobierno de México, proteger a toda persona que se encuentre en territorio nacional de ser víctima de los delitos, especialmente de aquellos que atentan gravemente contra la vida, la libertad y la dignidad humana, como es el caso de la trata de personas.
Cuarto. Que en el presente mes de agosto de 2011, el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizaron acciones positivas para fortalecer su coordinación y cooperación, inclusive con un nuevo proyecto para evaluar la magnitud de la comisión del delito de Trata de Personas en México.
Felipe de la Torre, experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito contra la trata de personas en la región, además de informar lo anterior, reconoció que, en abril de 2010, nuestro país fue el primero en el orbe en adoptar la iniciativa Corazón Azul de las Naciones Unidas contra la trata de personas.
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito resaltó el trabajo del gobierno mexicano para sancionar la trata y encomió la reciente enmienda a tres artículos de su Constitución General para proteger a las víctimas de ese delito y vigorizar las leyes que lo combaten.
Se reconoció que en estas reformas, se protege la identidad de las víctimas y garantiza su integridad, en especial cuando comparezca ante Tribunales, además de promover su reintegración social así como la obligación del Congreso de la Unión para emitir una nueva ley general que orqueste la lucha de los gobiernos de los tres órdenes contra la trata de personas.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, manifiesta su beneplácito respecto al fortalecimiento de las acciones conjuntas en contra de la trata de personas entre el gobierno de México y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a denegar el registro como candidato del PAN al ciudadano Ernesto Javier Cordero Arroyo mientras no aclare su responsabilidad en la operación Rápido y Furioso, por la entrada ilegal de armas de fuego en el país cuando fue titular de la SHCP y el encargado de la Administración General de Aduanas, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 62, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A la fecha el Poder Ejecutivo federal no ha esclarecido la introducción ilegal de armas, concretándose únicamente a expresar a través de las dependencia, que no tenían conocimiento de nada, lo cual resulta contradictorio con lo expresado por el gobierno de Estados Unidos publicado en diversos medios periodísticos el día 5 noviembre de 2011. Las agencias de seguridad indican que autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Publica, conocían de la estrategia “dejar caminar armas”, supuestamente como método de investigación, el cual resultó fallido, de acuerdo a la versión oficial que rindió el 26 de julio el exjefe de la oficina en Phoenix de la ATF, William Newell, quien dijo que desde 2009, la PGR tenía información incluso se invitó a fiscales mexicanos a las reuniones para informarles del caso.
Finalmente el día de 8 de noviembre de 2011, fue citado a comparecer el fiscal general estadounidense Eric Holder ante la Comisión Especial AFP (por sus siglas en ingles) ante Senadores del Congreso de Estados Unidos, para aclara sobre el mismo tema aceptando que -“Rápido y Furioso nunca debió haber ocurrido y no debe volver a ocurrir”-, lo cual se traduce que el gobierno de México si dio la autorización para permitir la entrada a nuestro país, consecuentemente las autoridades de nuestro país si sabían y si dieron la autorización.
Consecuentemente el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba en funciones a la fecha del “operativo rápido y furioso”, por tanto mientras no aclare quien autorizó el permiso para la introducción ilegal de armas al país, por parte del gobierno de los Estados Unidos de la operación fraguada en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), respecto del tráfico de armas que permitieron autoridades estadounidenses hacia nuestro país constituyendo una violación a la soberanía nacional como al derecho internacional en el operativo denominado “Rápido y Furioso”, esto en razón de saber quien le ordenó o de qué manera se permitió que se introdujeran las armas al país a la Administración General de Aduanas, evidentemente por ser la dependencia encargada de vigilar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país a otro, toda vez que es la primera dependencia implicada que permitió la introducción del armamento.
Ahora bien, si uno de los grandes problemas a lo que se enfrenta la ciudadanía, en nuestro país, es la deficiente procuración e impartición de justicia, al darse la corrupción o el tráfico de influencias, lo que resulta más grave es que internacionalmente nuestra soberanía es vituperada, al permitir que otro país indebidamente tome decisiones e introduzca armas de manera ilegal, violando de forma evidente los derechos fundamentales de manera irreparable.
Es inminente que un tema tan importante de seguridad nacional, que viola la soberanía de nuestro país, no se debe pasar por alto ni olvidarse, mucho menos permitir que servidores públicos se excusen de no presentarse ante el pleno de esta soberanía para responder por las imputaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos. Por tanto ante la negativa de los secretarios de Estado a comparecer ante el pleno de esta Cámara ya que constitucionalmente están obligados y como responsables de las aéreas a su cargo, no debemos permitirlo, por tano con es necesario mandarlo a citar.
De ahí el exhorto de negar el registro como candidato, considerando que es un tema de seguridad nacional, además de ser el responsable de los subordinados a su cargo y tiene la obligación de estar informador de las actividades que se desempeñen en la dependencia a su cargo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Negar el registro como candidato del Partido Acción Nacional al ciudadano Ernesto Javier Cordero Arroyo, mientras no aclare su responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso, de quien autorizo la entrada ilegal de armas de fuego al país, siendo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estar a su cargo la Administración General de Aduanas, lo que implica que es el primer responsable de permitir la introducción del armamento a territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de noviembre de 2011.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la labor del gobernador y del procurador general de Justicia de Baja California por lograr la detención y el primer auto de formal prisión por el delito de trata de personas, y se exhorta a las entidades federativas a intensificar las correspondientes operaciones que den resultados en el rescate, la detección y el castigo de quienes cometen ese delito, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La trata de personas con fines sexuales, es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas a nivel mundial. Genera, aproximadamente, diez mil millones de dólares al año.
2. En México, los lugares donde se facilita dicha conducta son las fronteras; la pobreza y la falta de educación, operan en contra de los migrantes ilegales, los que son víctimas de fácil engaño, debido a su necesidad económica. Se torna más frágil su seguridad, cuando atraviesa países enteros sin documentos que acrediten su origen e identificación. Así como en las entidades que tienen costas en el océano Pacífico.
3. Presenta su mayor porcentaje, en estados de la frontera; en la parte sur, para enganchar centroamericanos, recorriendo el país, llegar a los de la zona norte y cruzar la frontera con Estados Unidos. El estado de Baja California, presenta graves problemas; uno de sus municipios, Tijuana, es tan atractivo para la práctica del turismo sexual con menores, que los pederastas lo consideran como la Bangkok de América Latina.
Estos grupos de extranjeros, se suman a otros, de por lo menos 10 países de América, Europa y Asia, pobres la mayoría, así como a mujeres de catorce Estados del país, que son engañadas y reclutadas por bandas dedicadas a la trata de personas. También hay mujeres menores de edad de una clase económica alta que son secuestradas y explotadas sexualmente en salas de masaje ubicadas en la línea fronteriza de la comunidad de Mesa de Otay, en la frontera con la ciudad de San Diego, en Estados Unidos.
4. Se calcula que en México hay (a noviembre de 2010), un millón doscientas mil personas víctima de trata de personas, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Con ello, se ubica al país en el quinto lugar de esta zona entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. La propia coalición, calcula que de cada diez personas que son víctimas de explotación dos son menores de edad; que ha aumentado la cantidad de personas originarias de Rusia y Bulgaria, explotadas sexualmente en el país.
5. Estudio realizado por la investigadora Fabiola Vargas Valencia, del Colegio de la Frontera Norte, refiere que cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
La investigación, identificó cinco rutas de tratantes de personas:
I. La primera inicia en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco y de ahí va hacia Baja California, a través de Los Cabos. Las mujeres, la mayor parte indocumentadas, son explotadas en bares o table dance.
II. La segunda inicia en Centroamérica hasta Tijuana directamente, con vertientes como el traslado desde El Salvador a Veracruz y de Guatemala a Chiapas. Las víctimas llegan con contactos que establecieron en sus lugares de origen y las trasladan a hoteles, donde son obligadas a prostituirse para pagar las “deudas” del viaje, el hospedaje y la comida.
III. La tercera ruta se ubica en el interior de Baja California, desde Tijuana a Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate. Se explota a mujeres deportadas o que no pudieron cruzar la frontera por falta de dinero. Se les ofrecen hasta 400 dólares diarios en la prostitución.
IV. La cuarta ruta es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la citada investigadora, refieren que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
V. La quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego. En ella están involucrados “polleros” y los puntos donde opera la red son Vista, en La Escondida; Las Antenas, en Carlsbad; Carrizales, en Oceanside, Del Mar y Los Gatos en Valley Center. Los polleros trasladan a mujeres, niños y niñas con documentos falsos o de forma indocumentada por la sierra o escondidos en cajuelas o consolas delanteras de autos y camionetas, en ocasiones, con la complicidad de la Patrulla Fronteriza.
6. Baja California, particularmente Tijuana, es ciudad de destino y operación de la trata de personas, pero también de traslado hacia Estados Unidos, con la misma finalidad.
Centenas de migrantes llegan a diario para tratar de cruzar la frontera de manera ilegal. Cada año alrededor de 10 millones de personas pasan por Tijuana en su camino, legal o no, hacia Estados Unidos. En la sala de llegadas del aeropuerto se localizan polleros, quienes prometen un cruce seguro a cambio de entre dos mil y cinco mil dólares.
Muchos migrantes deben quedarse, hasta reunir ese dinero o para volver a intentar el cruce luego de ser deportados por la patrulla fronteriza estadunidense. La vulnerabilidad provoca que niños dejados por sus padres o mujeres sin dinero para seguir el viaje sean enganchados, convirtiéndose en presa fácil de las redes de trata, ofreciéndoles un trabajo por medio de engaños.
Muchos niños abandonados o extraviados por sus padres durante la migración, son llevados a casas hogar que en algunos casos funcionan como lugares de explotación sexual. Según la organización Bilateral Safety Corridor Coalition, con sede en California, la mayoría de estos lugares son operados por ciudadanos estadounidenses con nexos con las mafias de pedofilia en ese país. Estas células mexicanas también proveen de videos de sexo y violencia explícitos con adolescentes y niños.
7. El 1 de julio de 2011, entró en vigor en el estado de Baja California, la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la trata de personas.
8. El 1 de septiembre de 2011, fue consignado por el Ministerio Público del Fuero Común el ciudadano Pedro Águila Flores, alias “Pedrín”, como presunto responsable del delito de trata de personas, a quien el juez tercero de lo penal, le dictó auto de formal prisión, el 7 del mismo mes y año, constituyendo el primero que se dicta en Baja California por el referido delito, con fundamento en la nueva ley.
9. Ello fue resultado de las pruebas aportadas por el Ministerio Público del Fuero Común, con base en las indagatorias de agentes de la policía ministerial de Baja California, del Grupo para la Atención de Delitos Sexuales y Violencia Familiar.
Quedó probado que Pedro Águila Flores, alias “Pedrín”, de 24 años, sustrajo a una joven de 23 años, del poblado de Tehuitzingo, Puebla, quien tenía problemas en su casa, conoció a su victimario, a quien le tomó confianza. Este aprovechó la situación y la convenció de viajar a Tijuana, con el engaño de que cruzarían hacia Estados Unidos. En Tijuana, la mantuvo privada de su libertad y se dedicó a explotarla sexualmente.
El 30 de agosto, Aguilar Flores fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva, luego de ser denunciado por la explotación sexual de la referida joven poblana, a quien se canalizó para recibir atención psicológica y asesoría jurídica.
Considerandos
Primero. Que la trata de personas es un delito, así como una forma de esclavitud, que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas, para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Segundo. Que hay factores sociales, que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia, entre otros. También inciden en esa vulnerabilidad, el status particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación.
Tercero. Que ante la gravísima violación a derechos humanos con motivo de la trata de personas, en zonas de la frontera norte del país, como en el caso, en Tijuana, Baja California, se hace necesario urgir a las autoridades de todos los niveles de gobierno a buscar soluciones que eviten los riesgos en zonas que se ubican territorialmente en la frontera con los Estados Unidos, tomando en cuenta que la víctima debe ser la prioridad siempre.
Cuarto. Que la situación de indocumentados los hace presa fácil de delincuentes. Su intención de cruzar a Estados Unidos, los convierte vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino. Con frecuencia, son víctimas del crimen organizado. Las mujeres migrantes, ven acentuada su condición de vulnerabilidad al ser víctimas de los secuestradores, aunado a abusos sexuales y violaciones. En otras ocasiones, las mujeres migrantes están expuestas a la amenaza de ser prostituidas o vendidas con fines sexuales a los tratantes de personas, riesgos que al convertirse en realidad, constituyen actos reprobables de victimización múltiple y continuada que hay que prevenir y castigar.
Quinto. Que la trata de personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento.
Sexto. Que si bien constituye un precedente valioso y debemos reconocer la sensibilidad y el trabajo desarrollado por el gobierno de Baja California y la Procuraduría local, para lograr la detención y primer auto de formal prisión y sujeción a proceso por delito de trata de persona, por otra parte no perdemos de vista que los esfuerzos deben ser múltiples para inhibir esta conducta que se da con mayor recurrencia en zonas fronterizas, por tanto, exhortar a todas las entidades federativas a sumar resultados para que este grave delito no quede impune.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se reconoce y felicita la labor del ciudadano José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, y el ciudadano Rommel Moreno, procurador general de Justicia del mismo estado, por lograr la detención y primer auto de formal prisión por el delito de trata de personas, en aplicación de la ley en la materia recientemente aprobada por su Congreso local.
Segundo. Se exhorta a las entidades federativas a que intensifiquen los correspondientes operativos en su ámbito de competencia, que posibilite que también obtengan resultados, en el rescate, detección y castigo de la trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reasignar al Programa de Apoyo al Subsidio del Diesel Agropecuario el recorte realizado a la Sagarpa; y a la ASF, a investigar sobre dicha partida porque no se ejerció ni 30 por ciento de lo aprobado y autorizado por esta soberanía, a cargo de Guadalupe Pérez Domínguez y suscrita por Manuel Guillermo Márquez Lizalde, diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Consideraciones
La suspensión del programa de diesel agropecuario exhibió que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) usó recursos etiquetados para ese apoyo con el supuesto de ayudar a entidades que sufrieron contingencias climáticas en 2011, lo que resulta difícil de creer.
La última semana de octubre, productores agricultores y ganaderos de la región de Chihuahua expusieron que las gasolineras no surtirán más diesel agropecuario, pese a que las tarjetas con que contaban disponen de reservas de combustible.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se aprobaron 2 mil 150 millones de pesos para el programa de diesel agropecuario en todo el país. La Secretaría de Hacienda, de lo aprobado para ejercer en este año en la Cámara de los Diputados, sólo autorizó para todo el año mil 707 millones de pesos, de los cuales han autorizado dispersar en el primer semestre (enero-junio) 593 millones; y de este monto se han ejercido en el país sólo 588.5 millones de pesos.
Una de las preguntas que surgieron respecto al presupuesto es cuál era la razón de que si había un recurso no solamente aprobado sino autorizado de igual manera por la Secretaría de Hacienda, qué había pasado con el resto del recurso presupuestado; a qué obedecía que se hubiera suspendido la dispersión de este recurso, ya que se nos informó por funcionarios de la Sagarpa que los mil 200 millones faltantes de ejercer, el gobierno federal decidió destinarlo para atender los efectos de las contingencias climáticas que se presentaron en febrero pasado y la sequía que actualmente afecta el campo. Chihuahua no recibió tal apoyo, pese a que hubo daños significativos y cuantiosos a los agricultores y ganaderos.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar los recursos autorizados y aprobados por esta soberanía para el rubro del apoyo al subsidio del diesel agropecuario, los cuales fueron quitados a la Sagarpa.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a dar cuenta a la opinión pública sobre el no ejercicio de la partida presupuestaria para el apoyo al subsidio del diesel agropecuario durante el segundo semestre del año.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar sobre dicha partida, dado que no se ejerció ni en 30 por ciento lo aprobado y autorizado por esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2011.
Diputados: Guadalupe Pérez Domínguez, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear por la SHCP y la Secretaría de Salud un fondo para financiar proyectos de apoyo a las adolescentes ante embarazos no planeados ni deseados, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Pedro Peralta Rivas, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Según la UNICEF, en América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo. Un promedio de 38 por ciento de las mujeres de la región se embarazan antes de cumplir los 20 años, además, casi el 20 por ciento de nacimientos vivos en la región son de madres adolescentes.
En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 del Consejo Nacional de Población, 61.8 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 19 años, tuvieron su primera relación sexual sin utilizar algún método para el control de su fertilidad.
Esta situación, implica un importante riesgo para más de la mitad de las adolescentes mexicanas de enfrentar un embarazo no planificado. De hecho, existe el reporte de que uno de cada cuatro embarazos entre las adolescentes no fue planeado, mientras que uno de cada diez tampoco fue deseado.
Este escenario hace del embarazo adolescente un importante problema social, ya que el embarazo no planeado se constituye en una amenaza para el desarrollo integral de las adolescentes, debido a las implicaciones que tiene para ellas al poner en peligro su salud y retrasar o suspender los procesos de capacitación para la vida y para el trabajo productivo.
De hecho, como el organismo de la mujer adolescente aún no se ha desarrollado por completo, durante el embarazo enfrenta mayores riesgos de sufrir complicaciones, tales como hipertensión, parto prematuro, anemia grave, preeclampsia e incluso la muerte, pues la mortalidad relacionada con el embarazo y el parto es de dos a cinco veces más alta entre las mujeres menores de 18 años de edad que entre las de 20 a 29 años de edad. 1
Es más, se tienen reportes de que las adolescentes aún se encuentran por debajo de las cuatro revisiones recomendadas durante el embarazo, lo cual es particularmente inquietante, en el entendido de que las adolescentes embarazadas se encuentran expuestas a mayores riesgos de salud que ameritarían un seguimiento más cercano del proceso gestacional.
Otro dato relevante al respecto, es el referido a que en 2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no estudian y se encuentran casadas, viven en unión libre o están divorciadas (19.2 por ciento) con respecto a los hombres (4.5 por ciento) del mismo grupo de edad.
A lo anterior hay que unir el hecho de que muchas adolescentes y jóvenes se encuentran profundamente confundidas acerca de lo que deberían hacer durante su embarazo, situación que les impide prever las consecuencias físicas, mentales y sociales que tendrán ante las pocas salidas que se constituyen como opciones para ellas, como el aborto.
Por eso, es imprescindible que se impulsen acciones que permitan a este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, tomar decisiones informadas con apoyo y acompañamiento especializado. Decisiones que coloquen en primer lugar su bienestar físico, emocional y social; y les permitan elegir opciones que privilegien la vida de la persona concebida, inclinándose finalmente por terminar el proceso gestacional, y decidirse por mantener al recién nacido junto a ellas, o bien, darlo en adopción.
En ello puede aprovecharse la experiencia y los conocimientos que tienen al respecto muchas asociaciones públicas y privadas serias que, con el apoyo del gobierno, pueden ofrecer información, y brindar apoyo y acompañamiento integral en el sentido expuesto en este punto de acuerdo, a las adolescentes, ante embarazos no planeados y no deseados.
En el Grupo Parlamentario del PAN el derecho a la vida es inviolable por ser fundamento de todos los demás derechos, y por tanto, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del derecho. Para nosotros no existe un valor superior al de la vida humana, pues sin éste ningún otro valor ético o jurídico tendría sentido o razón de ser.
Por tanto, estamos conscientes de que sin alternativas que promuevan y brinden las mejores condiciones para la vida, seguirá sucediendo que los embarazos no planeados y no deseados en adolescentes, traigan como consecuencias altamente probables: abortos inseguros, secuelas físicas y psicológicas para las adolescentes –muchas veces irreparables– que pueden culminar en la muerte, e interrupción de su formación y desarrollo.
Hoy, es una realidad social el incremento de embarazos no planeados y no deseados en las adolescentes mexicanas. Ante ello, además de continuar con las acciones de prevención, reconocemos que es necesario llevar a cabo acciones para la atención de éste que se ha constituido ya en un problema social. Y es que los acercamientos de políticas y programas públicos para atender este tema, hasta la fecha han sido principalmente de corte bio-médico más que social y sin una perspectiva integral.
Los embarazos no planeados y deseados en las adolescentes, hacen evidente la necesidad de que las autoridades nos ocupemos de esta preocupante problemática y fortalezcamos las acciones y programas dirigidos a las y los adolescentes.
No ignoremos que esta situación tiene consecuencias sociales y económicas que impactan de forma directa el futuro de una nación. Ocupémonos en dotar de oportunidades a las adolescentes ante embarazos no planeados y no deseados, de manera que conserven su salud y la del concebido, y tengan mejores perspectivas en cuanto a su desarrollo de vida.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, se cree un fondo cuyo objetivo sea financiar proyectos que tengan como fin ofrecer información, apoyo y acompañamiento integral a las adolescentes ante embarazos no planeados y no deseados, y les permita tomar decisiones que se orienten, en todo momento, a preservar su bienestar físico, mental y social.
Nota
1 The second decade: improving adolescent health and development. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1998.
Congreso de la Unión, a 17 de noviembre de 2011.
Diputado Pedro Peralta Rivas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a nombrar delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Antecedentes
La tenencia de la tierra en el México de principios del siglo XX encuentra su precedente político, económico y social, como estrategia de organización de la vida nacional en el movimiento revolucionario de 1910-1917.
La Constitución Política de 1917, en el artículo 27, establece el ordenamiento de la tierra, propiedad de la nación, donde los terrenos ejidales y comunales adquieren un impulso nunca antes visto, en cuanto a reparto, producción agrícola y control de tenencia.
A partir de 1920, los gobiernos revolucionarios emiten diversas disposiciones y ordenes, dentro del Poder Ejecutivo, para dar credibilidad al reparto justo y equitativo de la tenencia de la tierra como una práctica institucional de hacer justicia a quienes lucharon en la Revolución Mexicana.
Para 1970 el Ejecutivo federal crea el Programa Nacional de Regularización de Zonas Ejidales (Pronarzue), coordinado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) y el Fondo Nacional del Fomento Ejidal (Fonafe), con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal con asentamientos humanos irregulares.
El 20 de agosto de 1973, por acuerdo presidencial, surge el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) como un organismo desconcentrado de la administración pública federal con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de origen privado. Dicho Comité se encontraba dentro de la estructura organizativa del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.
Consideraciones
A partir de 1999, la comisión está integrada al sector social del gobierno federal, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el marco de la planeación nacional de las políticas de combate a la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos en los centros de población.
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra tiene como objetivos principales los siguientes:
• Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social (ejidal y comunal) y de propiedad federal.
• Promover la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda.
Es política de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra regularizar asentamientos humanos irregulares dando certeza jurídica a sus ocupantes, a través de servicios de calidad eficientes, oportunos y transparentes con una mejora continua de los procesos, servicios y la eficacia del sistema de gestión de calidad a fin de satisfacer los requisitos de los usuarios.
El sistema de gestión de la calidad Corett ha sido certificado según la norma ISO 9001:2000, con alcance a la elaboración, expedición y resguardo de la escritura institucional, en las delegaciones estatales de Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Actualmente, Morelos cuenta con 2 zonas metropolitanas –Cuernavaca y Cuautla–, las cuales a pesar del enorme crecimiento poblacional, económico, cultural, de infraestructura y de servicios públicos de los últimos años, presentan un rezago significativo en la regularización de la tenencia de la tierra.
Si esto se presenta en las zonas metropolitanas, sobra mencionar que en el resto del estado la problemática se incrementa.
Existen varios procesos iniciados ante Corett que presentan avances considerables, sin embargo se han detenido ante la falta de un delegado encargado de este organismo en el estado.
El licenciado Gaspar Trejo Quezada fue el último delegado en la entidad, mismo que hace poco más de 3 meses dejó el cargo sin que hasta la fecha haya sido remplazado. Existen reportes que la responsable es la arquitecta Elizabeth Neri González, quien carece de atribuciones legales para dar continuidad a los procesos ya iniciados.
Por lo expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que nombre urgentemente un delegado responsable de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett delegación Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2011.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la SFP posibles irregularidades en la asignación, la contratación y el desarrollo de obras de la delegación de la SCT en Colima cometidas de enero de 2006 a julio de 2011, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Pedro Peralta Rivas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre posibles irregularidades en la asignación, contratación y desarrollo de obras a cargo de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Colima, cometidas de enero de 2006 a julio de 2011, y, en caso de ser procedente, dicte las sanciones que conforme a derecho correspondan, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inversión pública se diferencia del gasto público en cuanto al destino del dinero, el cual se espera genere beneficios sociales como la construcción de carreteras.
Los objetivos y beneficios de la inversión pública son la redistribución de los ingresos entre la población, la prestación de los servicios básicos, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos sociales sostenibles en el tiempo, el cubrimiento en salud y educación, el garantizar una vivienda digna para cada familia, entre muchos otros.
Para que una comunidad pueda beneficiarse de la inversión pública es indispensable que las autoridades encargadas de realizarla, lo hagan con estricto apego a los principios de eficiencia, eficacia y honradez, es decir, se requiere de un buen ejercicio de la función pública.
En este sentido, el sistema internacional de códigos de la función pública y de los servidores públicos no es una moda mundial, sino una forma indispensable de conducir al gobierno y de conducirse en él, dondequiera que los actores involucrados se encuentren.
El Estado de derecho, protector de los principios esenciales de la democracia, es el orden constituido al provenir de la Ley y está estructurado en una Constitución Política. En este camino, el orden jurídico gubernamental da cuenta de las reglas a las que ha de sujetarse cada uno de los poderes públicos en los distintos ámbitos de gobierno.
Las leyes constituyen el puente a través del cual podemos transitar a favor del interés general al estar establecidas en ellas las facultades, atribuciones y funciones de los órganos del poder público y de quienes ahí laboran y operan: los servidores públicos. En tal virtud, las decisiones y procesos pueden converger ordenadamente y las obligaciones y derechos de los servidores públicos se identifican claramente. A tales leyes han de servir, los códigos de conducta, herramientas orientadoras del quehacer cotidiano atendiendo a los valores y principios preestablecidos en el orden jurídico mencionado. 1
Lamentablemente, más a menudo de lo que quisiéramos nos enfrentamos con casos de servidores públicos cuya conducta es discordante con estos códigos, valores y principios.
Este es quizás el caso de algunos servidores públicos de la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el estado de Colima, particularmente de la Subdirección de Obras a cargo de Alejandro Domínguez Aguirre, en donde encontramos algunos hechos de los que se pudieran desprender posibles irregularidades.
De acuerdo a algunas denuncias ciudadanas, a partir de la gestión del entonces encargado de la Delegación de la SCT en Colima, Rogelio Sahagún Ontiveros, presumiblemente se contrataron obras por un precio mucho mayor al de su costo real, en las que al parecer se utilizaron materiales de dudosa calidad. Además, tenemos conocimiento de diversas obras que a la fecha se encuentran inconclusas, aparentemente debido a posibles incumplimientos en los plazos de entrega.
Entre éstas se encuentran por ejemplo, el dragado y la apertura total de la Boca de Tepalcates en la Laguna de Cuyutlán, por donde deberán ingresar los barcos metaneros; la construcción de una vía alterna para los habitantes de Campos, que el día de hoy sólo cuentan con el puente provisional Tepalcates, recientemente dañado a consecuencia de las altas marejadas; la edificación de la propia carretera alterna que correrá a bordo de la laguna, pasando por la Alameda, Libertad, Punta Chica, Punta Grande, hasta desembocar en el Puente de Panteones en el Colomo y sin la cual se fuerza a pipas y tráileres a atravesar la ciudad de Manzanillo para encaminarse a la autopista; la construcción de un nuevo trazo ferroviario y del distribuidor vial en el cruce del llamado Arco Sur y la autopista Colima-Manzanillo.
Lo anterior ha generado que los colimenses, lejos de alcanzar los beneficios que debe traer aparejada la intensa inversión federal que desde del año 2005 ha marcado a su estado, se vean seriamente afectados.
Las conductas fuera de los principios, valores y códigos que la ley señala cometidas por hombres y mujeres en el servicio público dan cuenta de la calidad moral de un sistema político o de un gobierno.
De ahí la importancia de que la Secretaría de la Función Pública, en estricto ejercicio de las funciones que por ley le han sido atribuidas, lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la presuntas irregularidades aquí planteadas, respecto a la asignación, contratación y desarrollo de obras a cargo de la delegación de la SCT en Colima a partir del mes de enero de 2006 y hasta el primer semestre del presente año y, en caso de que ser procedente, dicte las sanciones que conforme a derecho correspondan.
Los servidores públicos tenemos el deber primario de lealtad con nuestro país, a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a nuestras vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza, sólo cumpliendo con éste deber alcanzaremos el fin de la función pública: el bien común.
En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre posibles irregularidades en la asignación, contratación y desarrollo de obras a cargo de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Colima, cometidas de enero de 2006 a julio de 2011, y, en caso de ser procedente, dicte las sanciones que conforme a derecho correspondan.
Nota
1. Administración Pública, una visión de Estado. José R. Castelazo. Instituto Nacional de Administración Pública. Puede verse en www.inap.org.mx/portal/.../admpublunavisiondeestadocastelazo.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de noviembre de 2011.
Pedro Peralta Rivas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer de manera obligatoria en los programas de estudio la materia de educación musical en todas las escuelas de nivel básico, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Antecedentes
Desde hace bastante tiempo los científicos están investigando de qué manera afectan la música y la armonía al desarrollo cerebral, especialmente en aquellas personas que estudian música y en las que se evidenciaron mayores interconexiones neuronales que en aquellas personas que son indiferentes a la música o que no estudian ningún instrumento musical.
Estudios recientes han comprobado que el ritmo musical, las melodías y la armonía musical estimulan varias áreas particulares del cerebro, lo cual sugiere que la música puede ser utilizada para ayudar en casos de problemas del habla y en varios tipos de problemas intelectuales vinculados a la vez con el cerebro y con los sonidos.
El doctor Mark Tramo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. “La música es biológicamente una parte de la vida humana tanto como lo artístico en sí mismo es parte de la pasión humana.”, agrego. El doctor Gottfreid Schlaug, del Centro Médico Israelí de la ciudad de Boston, ha reportado que el cerebelo es más grande de lo normal en estudiantes masculinos de música clásica que en hombres que no estudian música.
Se han utilizado equipos de resonancia magnética nuclear para comparar los cerebros de 32 instrumentistas clásicos diestros con los de otros 24 hombres también diestros que no tocaban ningún instrumento musical. Él ha encontrado una diferencia de 5 por ciento en el volumen de sus cerebelos. “Encontrar evidencia como esta es muy importante. La estructura del cerebro parece adaptarse y predisponerse a la música. Debe dejarse en claro que los músicos mencionados no han nacido con estas diferencias en comparación con las otras personas comparadas.
Una investigadora en neuropsiquiatría del Instituto de Neurología McGill, de Montreal, en Canadá, ha estudiado las respuestas emocionales a la música entre gente que ni estudia ni escucha habitualmente música. Los mapeos cerebrales mostraron que algunas partes definidas del cerebro responden especialmente a la música armónica pero no a los sonidos más brutos, vinculados a los ruidos fuertes e inarmónicos. Cuando, en el estudio mencionado, se pasaba de música placentera y armoniosa a música menos placentera y más ruidosa, las áreas mencionadas dejaban de mostrar actividad para pasar a mostrar actividad en un área específica del cerebro llamada “parahipocampal Gyrus”.
Consideraciones
Vemos hoy en día como una necesidad esencial la obligatoriedad de la materia de música, no sólo por los antecedentes antes mencionados, sino por los beneficios que de ello se obtendría, entre los más importantes están los siguientes: acelera o retarda las principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión y metabolismo); incrementa o disminuye el tono y la energía muscular; modifica el sistema inmunitario; altera la actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y para las actividades de alto rendimiento, entre otros.
Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer, y puede provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria olores y colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y del tiempo, suscita el placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la expresión de uno mismo e induce a la colaboración intergrupal y al entendimiento cultural.
Intelectualmente, la música desarrolla la capacidad de atención y favorece la imaginación y la capacidad creadora; estimula la habilidad de concentración y la memoria a corto y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y del análisis. Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y ejercita la inteligencia, ya que favorece el uso de varios razonamientos a la vez al percibir diferenciadamente sus elementos, y sintetizarlos en la captación de un mensaje integrado, lógico y bello.
Terapéuticamente hablando, la música se utiliza en el tratamiento de dolencias, hipertensión arterial, ansiedad, depresión, estrés, y alteraciones del sueño, se emplea en la rehabilitación de pacientes psicóticos, niños autistas y adolescentes con trastornos del comportamiento. Se ocupa del mantenimiento, la restauración y el acrecentamiento de la salud, tanto física como mental, mediante técnicas específicas se pueden estimular los neurotransmisores endógenos del cerebro, de tal forma que provoquen reacciones químicas que mejoren, aceleren o favorezcan el aprendizaje, en el individuo.
La melodía influye directamente sobre el ámbito de la afectividad, se relaciona con estados subjetivos de placer-displacer, alegría-tristeza. El ritmo, en su condición de elemento dinámico, actúa como un estimulante del estado físico y anímico.
Recordemos que estamos en una etapa de competitividad no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional para que nuestra juventud obtenga cada vez mejores oportunidades y desarrollo, no sólo en el ámbito personal, sino también en el profesional.
La música como parte integral del desarrollo del alumnado posee la capacidad de cambiar nuestros estados de ánimo, puede alegrarnos o calmarnos, dependiendo del ritmo, instrumento u tono que se prefiera, por lo que es considerado como otro medio de expresión, que manifiesta lo que sentimos pero no podemos decir con palabras o imágenes, además de esto como se ha mencionado con anterioridad, se sabe que la música incrementa el aprendizaje, mejora el funcionamiento integral del cerebro y las habilidades de comunicación. Siendo este un beneficio mucho mayor si se adquiere la habilidad de tocar algún instrumento musical como lo son la guitarra, la flauta, el piano u el violín.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje, que constituyen, en buena medida, la razón de ser de este tipo de prácticas musicales dentro de los procesos educativos tienen lugar en el centro medular de la institución y que están afectados por un conjunto de relaciones mutuas entre ellos. Así, por ejemplo, la efectividad de la labor docente de un profesor no es independiente de la consideración que de él posean sus compañeros y la dirección; la eficiencia del aprendizaje de los alumnos está condicionada por el clima escolar de que goce el centro educativo; ambas circunstancias están afectadas por el liderazgo de la dirección y por la eficacia de la acción directiva y éstos, a su vez, son estimulados por los buenos resultados y por el reconocimiento y apoyo de la comunidad educativa. De ahí la necesidad de situar las acciones de mejora de la calidad en una perspectiva de gestión suficientemente amplia. Dentro de un medio que goce de la enseñanza y aprendizaje del arte musical.
Por lo antes expuesto someto al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública para que dentro de los programas de estudio se establezca, de manera obligatoria, la materia de educación musical en todas las escuelas a nivel básico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2011.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que las Comisiones de Salud, y de Economía de esta soberanía exhorten a las dependencias federales facultadas a instaurar medidas que procuren prohibir la venta de fórmulas lácteas para consumo humano o, en su caso, a disponer que los envases incluyan una leyenda sobre posibles daños a la salud, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Miguel Ángel García Granados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La presente propuesta que someto a consideración del pleno recoge un sentido y justo reclamo de productores de leche, quienes han demandado de mi intervención como diputado federal, ante una situación que califican de alto riesgo para la salud de la población mexicana.
Productores en comento precisan que de acuerdo a informes de carácter técnico, las llamadas fórmulas lácteas que se expenden en el mercado son sólo compuestos a base de manteca vegetal, polvos de desecho lácteo y aditivos diversos, comúnmente provenientes de Asia y que están elaborados con elementos químicos que no tienen relación con los componentes de la leche genuina.
Agrupados en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, los productores en comento puntualizan asimismo que al igual que algunas presentaciones de bebidas, la mayoría de los productos lácteos elaborados a base de fórmulas, son sólo derivados sintéticos que carecen de contenidos de proteína y están adicionados con componentes químicos y algunos neutralizantes obtenidos del petróleo.
Estos componentes, afirman, son incluidos bajo el consentimiento de la propia Secretaría de Salud que mediante la Norma Oficial Mexicana 243-SSA1-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de septiembre de 2010, permite el uso de gran cantidad de aditivos en fórmulas lácteas que suelen resultar dañinos para la salud de quienes los consumen. Ello, no obstante que el uso de muchos de estos aditivos está prohibido en mercados de otras regiones, como el europeo.
Otra de las dependencias, cuyo desempeño afecta a la producción lechera nacional, es la Secretaría de Economía, la cual, denuncian productores, autoriza la importación de fórmulas lácteas adquiridas principalmente a empresas transnacionales, mediante la implementación de regulaciones como la Norma Oficial Mexicana 181-SCFI-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de noviembre de 2010, que permite reducir condiciones de autenticidad a un derivado lácteo de alto consumo como es el yogur.
En abono a esto, me permito citar los resultados de un análisis reciente, a cargo de laboratorios de la Procuraduría Federal del Consumidor, denominado “No todo lo que parece leche lo es”, y en el cual se informa que “de un tiempo para acá, en los anaqueles del supermercado, los consumidores encontramos, situados junto a la leche, productos que parecen serlo pero no lo son. Se trata en realidad de fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”.
Concluye el análisis que la diferencia principal de la leche con las fórmulas lácteas y productos lácteos combinados es la menor cantidad de proteínas que estos últimos contienen. Se precisa también que de acuerdo con la normatividad, la fórmula láctea es un producto que debe elaborarse a partir de los ingredientes propios de la leche.
El análisis aplicado a 17 fórmulas lácteas concluye que 15 de las marcas no cumplen con los contenidos obligatorios de proteínas, lactosa y sólidos no grasos. Esto, se agrega, puede ser un indicador de que en su elaboración no se utilizan suficientes ingredientes lácteos.
Aún más, las tablas de resultados indican que dos de las marcas analizadas presentaron problemas en la información comercial o incluyen leyendas que pueden generar confusión entre los consumidores. Es decir, siendo productos a base de fórmulas lácteas, sugieren en sus nombres que son leche, lo cual induce a un error.
Además, cinco de las 17 fórmulas analizadas presentaron desviaciones en sus contenidos de grasa, proteína y lactosa. Esto significa que contienen porcentajes menores a los debidos de estos ingredientes.
Productores sostienen que las fórmulas lácteas adicionadas a base de composiciones químicas son letales para el organismo humano, pues son agregadas además con elementos que causan efectos nocivos en la salud de quien las consume, sin que dependencia de salubridad alguna haya hecho caso de las recomendaciones que se han manifestado en diversas investigaciones médicas.
Alertan que un consumo prolongado de las fórmulas referidas puede ocasionar problemas de obesidad, daños irreversibles en riñones y en el sistema cardiovascular.
El problema radica en que, debido a que ese tipo de productos son más económicos que la leche genuina, la gente los consume en mayor medida, ya que incluso se estima que por cada litro de leche pura, se venden casi dos de fórmula láctea.
Vale reiterar que la adulteración de los productos lácteos, permitida en nuestro país a partir de la importación de componentes cuyas fórmulas son de calidad inferior, va en detrimento también de la nutrición de la población.
Según informes del sector salud de nuestro país, los casos de obesidad en México han aumentado de manera peligrosa, pero algo más grave aún, el número de fallecimientos por infartos debido al colesterol van al alza de forma preocupante y sus causas son relacionadas directamente con el consumo de fórmulas lácteas. No obstante ello, se sigue permitiendo su venta a gran escala sin que la autoridad haga algo por evitarlo, sostienen los productores.
Incluso subrayan que gracias a las recientes normas aprobadas, por las que se permite la inclusión de aditivos diversos a las fórmulas lácteas, no se tiene control en la venta de estos productos que son de alto riesgo para la salud de la población. Resulta cuestionable, pues, la actuación de las autoridades.
Es lamentable que en nuestro país se sigan destinando más recursos económicos a construcción y operación de hospitales, a salarios de personal médico y a la compra de medicamentos, en vez de invertir en prevenir los daños que se tienen precisamente por el consumo de fórmulas lácteas nocivas para la salud. Una práctica, que sigue cobrando víctimas en una población que consume químicos que ponen en riesgo su vida.
Como referente a ello, es conveniente citar que en 2010 la tasa de mortalidad infantil mexicana presentó una cifra tres veces superior a la media del resto de las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en el presente año, se hizo oficial que nuestro país ocupa el primer lugar en diabetes y obesidad infantil con 4 millones y medio de niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 11 años, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, argumentan los productores.
Además de los riesgos que se tienen en materia de salud, la excesiva invasión de fórmulas lácteas en el mercado nacional está causando la ruina de la producción nacional de leche, afirman ganaderos. Hasta hoy, se tiene contabilizada una baja de 600 mil productores.
La problemática de los ganaderos nacionales se agrava si tomamos en cuenta que gracias a la apertura del mercado mexicano, cualquier producto lácteo puede importarse libre de arancel de los países con quienes nuestra nación tiene firmados tratados comerciales. Situación que no ocurre en favor de los productores nuestros.
Durante el año pasado, la venta de fórmulas lácteas llegó a 400 millones de litros, en tanto que la venta de leche genuina bajó a 250 millones. Es decir, un producto está sustituyendo a otro, con las consecuencias que esto representa en perjuicio no únicamente de la salud de la población, sino también de la estabilidad y competitividad de los productores nacionales.
En contexto de la presente Proposición, informo que el Congreso del Estado de Hidalgo acordó en fecha reciente exhortar al gobierno federal para que obligue a las grandes empresas transnacionales a colorear las fórmulas lácteas que se expenden para consumo humano, a fin de diferenciar estos productos de la leche auténtica.
El exhorto, que fue elaborado de manera conjunta por las Comisiones de Industria, Comercio y Servicios, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable del Congreso del Estado de Hidalgo, establece además la necesidad de que el gobierno federal lleve a cabo acciones urgentes para ayudar a los productores lecheros.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se convoca a las Comisiones de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados a que exhorten a aquellas dependencias del gobierno federal facultadas para que instrumenten medidas que procuren prohibir la venta para consumo humano de las llamadas fórmulas lácteas o, en su caso, dispongan se agregue una leyenda en los envases que señale que estos productos pueden ser nocivos para la salud de quien lo consume, o bien se les adicione un colorante que los distinga de la leche genuina de vaca.
Segundo. Se convoca a las Comisiones de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados a que exhorten a aquellas dependencias del gobierno federal facultadas para que ordenen a los productores de derivados de la leche a que fijen una norma de autenticidad en los productos que oferten, de tal suerte que el consumidor tenga conocimiento de que el producto que adquiere está hecho a base de leche genuina de vaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 17 de noviembre de 2011.
Diputado Miguel Ángel García Granados (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión bicamaral encargada de investigar el ingreso ilegal de armas de fuego en territorio nacional con la operación Rápido y Furioso, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 1, artículo 42 de la Ley Organiza del Congreso de la Unión, artículos 79 y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
El Congreso de la Unión ha contado históricamente con las camisones como la base en la cual se llevan a cabo los trabajos internos de la materia correspondiente, en done se analizan, discuten y dictaminan todos los asuntos, ya sean legislativos, políticos o económicos, para ser sometidos a la consideración del pleno de cualquiera de las Cámaras, para ser aprobadas, modificadas o desechadas.
De ahí que las comisiones bicamerales constituyen la célula legislativa de todo Congreso para que a través de las reuniones interparlamentarias se estudien analicen e investiguen asuntos de orden nacional, resultando trascendentes su conformación para resolver los asuntos en las materias especificas encomendadas.
Por consiguiente, en atención con los hechos ocurridos a partir de marzo de 2011, respecto a la introducción ilegal de forma deliberada cerca de dos mil armas de fuego al país, además la Embajada de Estados Unidos en México, desmintió a la Procuraduría General de la República, al sostener que autoridades mexicanas fueron notificadas de la operación denominada “Rápido y Furioso”.
A la fecha el Poder Ejecutivo Federal, no ha esclarecido la introducción ilegal de armas al territorio nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de la operación fraguada en la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que permitieron autoridades estadounidenses constituyendo una violación a la Soberanía Nacional, como al derecho internacional en el operativo denominado Rápido y Furiosos.
En relación a las Secretarías de Estado, estas se han negado a comparecer ante los Congresistas de esta Cámara de Diputados, debido a que sus agendas estaban saturadas. Por otro lado la Secretaria de Relaciones Exteriores en su comparecencia ante el Senado de la República el pasado 17 de marzo de 2011, no cubrió las expectativas acerca del operativo Rápido y Furioso, quedando pendiente, el saber quien autorizó y la ruta de ingreso del armamento ilegal al país.
Asimismo no hay informes rendidos por parte de la Procuraduría General de la República, respecto de la operación Rápido y Furioso, únicamente se concretan a decir enfáticamente que las autoridades del gobierno federal no tenían conocimiento del operativo implementado por Estados Unidos por parte de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Sin embargo y en contradicción con lo expresado por el gobierno de Estados Unidos publicado en diversos medios periodísticos el día 5 noviembre de 2011, las agencias de seguridad indican que autoridades de PGR y servidores públicos de la Seguridad de Seguridad Pública, conocían de la estrategia “dejar caminar armas”, esto como método de investigación, el cual resultó fallido, de acuerdo a la versión oficial que rindió el 26 de julio el exjefe de la oficina en Phoenix de la ATF, William Newell, quien dijo que desde 2009, la PGR tenía información incluso mencionó que fueron invitados fiscales mexicanos a las reuniones para informarles sobre el operativo, aun más el día 4 de noviembre de 2011, se difundió un documento fechado el 16 de noviembre de 2007 y que forma parte de la investigación del legislador republicano Darrel Issa sobre la operación “Rápido y Furioso”, el cual demuestra que el ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, conocía de entregas “vigiladas” del armamento que se trafica de Estados Unidos a México.
El ex procurador y ahora embajador de México en Inglaterra, Eduardo Medina Mora, dio respuesta del comunicado de Estados Unidos, a los Congresistas de la Cámara de Senadores, negando que autorizara, de manera “formal o informal”, la entrega controlada de armas o drogas, en donde estuvieran involucrados los gobiernos de México, Estados Unidos u otro país, afirmando además el ex procurador “no es porque no hubiese facultades para ello, sino porque no se consideraba pertinente y nunca fue ni planteado puntualmente ni autorizado”. Cabe resaltar que el procurador no tiene facultad alguna para autorizar ni negociar con país alguno.
Finalmente la Secretaria de Estado Norteamericana, Hillary Clinton, investigará la responsabilidad que el Departamento de Estado pudo tener en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada ilegal de armas a México.
Es importante resaltar que si uno de los grandes problemas a lo que se enfrenta la ciudadanía en nuestro país, es la deficiente procuración e impartición de justicia, al darse la corrupción o tráfico de influencias, lo más grave es que internacionalmente nuestra Soberanía es vituperada al permitir que otro país indebidamente tome decisiones e introduzca armas de manera ilegal, violando de forma evidente los derechos fundamentales de manera irreparable.
Es inminente que un tema tan importante de Seguridad Nacional, que viola la soberanía de nuestro país, no debe pasar por alto, ni permitir que servidores públicos se excusen de no presentarse ante el pleno de esta soberanía para responder por las imputaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos, por tanto ante la negativa de los Secretarios de Estado a comparecer que constitucionalmente están obligados, como responsables de las aéreas a su cargo, no debemos permitirlo, por tano con fundamento en las disposiciones Constitucionales que obligan a los servidores públicos a comparecer ante el Congreso, es necesario mandarlos a citar.
Por consiguiente al ser un tema de seguridad nacional que merece la atención inmediata del Congreso de la Unión para que se lleve a cabo una investigación profunda, somera y detallada de la introducción ilegal de las armas de fuego a nuestro País y toda vez que existe un Gabinete de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional y
Considerando
Primero. Que el Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 1 artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión; a efecto de crear la Comisión Bicameral que se encargue de investigar quién autorizo, por donde entró, así como que autoridades fueron informadas del operativo sobre la entrada de armamento ilegal a nuestro país.
Segundo. Que existe un Gabinete de Seguridad Nacional como un Consejo de Seguridad Nacional. Encargados de la inteligencia y estrategia para preservar cuidar vigilar investigar para la estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Tercero . Que la Administración General de Aduanas es la dependencia encargada de vigilar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país a otro, deberá ser informado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por ser el titular de la dependencia, quien autorizó la entrada al país, así como la ruta por la cual ingreso el armamento a nuestro País.
Cuarto . Que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está para contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, deberá de explicar los por menores de la operación “Rápido y Furioso”, a través del Secretario de Gobernación.
Quinto . Que la Sección Segunda (G2) del Estado Mayor Presidencial, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, como sección de inteligencia coordina y dirige la inteligencia Nacional como Internacional, deberá informar sobre el operativo Rápido y Furioso.
Sexto . Que a la Secretaría de Marina, como miembro del Gabinete de Seguridad Nacional, debe rendir un informe del operativo Rápido y Furioso.
Séptimo . Que la Coordinación General de la Secretaría de Seguridad Pública, como integrante del Gabinete de Seguridad Nacional, la cual se encarga de conformar la información criminal estratégica; está obliga a informar del operativo Rápido y Furioso a través del titular.
Octavo. Que el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la Procuraduría General de la República, deberá responder por las imputaciones del gobierno de los Estados Unidos, sobre haber recibido información referente al denominado operativo Rápido y Furioso, así como explicar sobre la introducción ilegal de armas al país.
Noveno. Que la Secretaria de Relaciones Exteriores, rinda un informe del operativo Rápido y Furioso, incluyendo los tratados que fueron violados por Estados Unidos, así mismo solicitar al departamento estadounidense un informe detallado del operativo instrumentado por la oficina de Control de Tabaco, Alcohol y Armamento.
De igual manera solicitar la comparecencia del ex procurador, Eduardo Medina Mora, en el cual aclare sobre las imputaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos en relación al operativo Rápido y Furioso, de igual forma deberá explicar ante esta soberanía las facultades que tiene la Procurador General de la República para autorizar la entrada de armas al país como lo manifestó.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados promueva con la colegisladora la creación de la Comisión Bicameral, a efecto de investigar quien autorizó, que autoridades estaban informadas así como los detalles sobre la introducción ilegal del armamento a territorio Nacional, misma que tendrá como finalidad investigar todo lo referente a la entrada del armamento, y en caso de encontrar responsables solicitar su destitución, para que respondan penal y civilmente por su responsabilidad.
Segundo. Esta Comisión Bicameral estará integrada por 15 legisladores 8 Diputados y 7 Senadores en base a su representación proporcional, designados por los Grupos Parlamentarios representados ante esta soberanía.
Tercero. La vigencia de esta Comisión Bicameral será al término de la presente legislatura, debiendo presentar informes mensuales al pleno de ambas Cámara y a la Comisión Permanente.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el pleno de la LXI Legislatura de la honorable Congreso de la Unión
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2011.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la representación de un grupo formado por padres de los niños fallecidos y de los lesionados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta soberanía a fin de que participen en el diseño del Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos por los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, numeral 2; y, 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 24 de octubre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuya vigencia efectiva surte sus efectos a partir del día siguiente 25 de octubre de 2011. La aplicación efectiva de algunas de sus disposiciones, sin embargo, está sujeta al cumplimiento de muy diversos términos, como es el caso de aquellas que regulan al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuya instalación deberá realizarse en un plazo que no deberá exceder los 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, en el entendido de que el mencionado Consejo dispondrá, a su vez, de un plazo de 180 días, a partir de la fecha de su instalación, para elaborar un diagnóstico sobre el estado que guarden los centros de atención a nivel nacional.
Otro caso es el de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se encuentren operando con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, quienes contarán con un plazo de un año para adecuar los centros de Atención y su normatividad interna de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
En otro orden, las entidades federativas dispondrán de un año, a partir del inicio de vigencia de la ley, a efecto de expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes al texto de la Ley General, mismo plazo que dicha Ley concede a los órdenes de gobierno federal y estatal a efecto de que éstos realicen las adecuaciones y adiciones a la legislación en materia de protección civil, a efecto de establecer las condiciones de seguridad de niñas y niños en los Centros de Atención.
Por último, el artículo segundo transitorio de la Ley General concede al Ejecutivo Federal un plazo de 180 días a efecto de que éste expida las disposiciones reglamentarias de la misma. Es precisamente en torno de este artículo segundo, y considerando las circunstancias que dieron lugar a este ordenamiento, que se hace necesario solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal que contemple, en el desarrollo de los trabajos tendientes a la formulación del Reglamento de la Ley General, la participación de los padres de familia de las niñas y niños fallecidos y lesionados con motivo del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, de sus asesores jurídicos y de compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara Legislativa.
No escapa a las consideraciones que dan sustento a esta atenta petición, el decisivo papel que dichos padres de familia y sus asesores particulares jugaron al impulsar las discusiones que tuvieron lugar en ambas Cámaras, a través de sus propuestas y puntos de vista que fueron factor determinante en lo que en su momento fue la elaboración de la minuta y, finalmente, lo que hoy es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de tal modo que podemos afirmar que dicho instrumento legal no hubiera sido posible tal como lo conocemos de no haber ocurrido la decisiva y generosa participación de los deudos de las niñas y niños fallecidos durante aquella lamentable tragedia.
Asimismo, están presentes en estas consideraciones la vastedad de compromisos que con la promulgación de la ley adquieren los distintos órdenes de gobierno, por conducto de sus dependencias, dados los mecanismos de concurrencia previstos en la misma así como de los sectores social y privad que participan en la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y las distintas modalidades bajo las cuales se clasifican los establecimientos de cuidado infantil, sin perjuicio de que subsiste la rectoría del Estado en la prestación de dichos servicios, a efecto de garantizar su adecuado funcionamiento vía monitoreo, supervisión y evaluación de los mismos.
Queda claro que las disposiciones de la Ley relacionadas con la adecuada regulación en materia de protección civil, el control estadístico de los establecimientos, la capacitación del personal, la verificación administrativa para la prevención de riesgos y la adopción de medidas precautorias, así como la evaluación de la política nacional en la materia y muchas otras que sería prolijo mencionar, requieren, para hacer posible su eficacia práctica, de un adecuado tratamiento reglamentario, no solo en cuanto a la oportunidad con que debe ser publicado, es decir, dentro del término previsto por la disposición transitoria correspondiente, sino por su contenido que conlleve a una verdadera y exitosa implementación .La prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil necesita a su vez de una regulación operativa que garantice los aspectos fundamentales en la materia, den voz a los interesados y, de ser necesarios, creen espacios claros de mediación o negociación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudimos a este honorable pleno para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que se reconozca la representación de un grupo conformado por padres de familia de las niñas y niños fallecidos y lesionados con motivo del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, así como por integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables de esta Cámara de Diputados, para que los mismos participen en la formulación del Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que deberá ser expedido por el Poder Ejecutivo Federal dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la misma.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2011.
Diputados: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas en Ojinaga, Chihuahua, pues cuenta con clima extremoso, a cargo del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El municipio de Ojinaga, Chihuahua, presenta un clima extremoso por ser desértico, y su temperatura en la época de verano asciende por encima de los cincuenta grados centígrados y en la temporada de invierno, ésta desciende hasta los dieciséis grados centígrados bajo cero y su régimen de lluvias es muy poco, todo esto, trae como consecuencia que las familias en el afán de mantener un clima templado artificial en el interior de sus hogares recurren a la utilización de aparatos eléctrico como aires acondicionados, ventiladores, calentones, calefacción, etc; para protegerse y hacerle frente a las temperaturas tan extremas.
Además, si a esto sumamos el uso de energía de los electrodomésticos que diariamente se utilizan en casa para satisfacer las necesidades básicas de la vida moderna, tenemos una elevación lógica en los consumos de energía, lo que representa un gasto muy elevado para los habitantes del municipio de Ojinaga, que no cuentan con los recursos suficientes para sufragarlo.
La temperatura extremosa, es el factor más importante que influye para que el consumo de energía eléctrica sea mayor en determinadas zonas ó regiones, por lo que la política de fijación de precios para el cobro de este servicio debe de ser justa, equitativa y precisa, considerando siempre la necesidad social diferente que existe en las regiones con climas extremos y húmedos que obliga a la población como en el caso del municipio de Ojinaga a consumir mayores volúmenes de electricidad y no como un lujo, sino como una necesidad primordial.
Existe la inquietud de que las mediciones de temperatura, así como el registro y método utilizado para determinar la temperatura media mínima en cada localidad no son del todo correctos, y constantemente la ciudadanía de Ojinaga ha manifestado su inconformidad por la inflexibilidad con que se clasifica a su municipio con otra tarifa asignada y que no es la apropiada de acuerdo al clima y temperaturas que presenta.
En la actualidad dicho municipio cuenta con la tarifa 1D, misma que es destinada para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, por lo que no corresponde por las temperaturas presentadas durante las diferentes temporadas del año y que es por tanto consideramos prudente y de inmediato que se aplique la tarifa 1F, servicio doméstico para localidades con temperaturas media mínima en verano de 33 grados centígrados.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que realice la formal solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique la tarifa eléctrica que está vigente en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua, debido a que su clima extremoso conlleva, a que sus habitantes consuman cantidades my altas de energía eléctrica.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a la mayor brevedad posible, una vez realizada la debida solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de la Secretaría de Energía se modifiquen las tarifas y se fijen de acuerdo a la solicitud referida.
Lo anterior con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Dado en el palacio legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de noviembre de 2011
Diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
