De la Cámara de Senadores, con las que remite 13 proposiciones con puntos de acuerdo, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la ampliación de recursos para el fortalecimiento de la política migratoria del Estado mexicano.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Quien suscribe, senador Julio César Aguirre Méndez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la ampliación de recursos para el fortalecimiento de la política migratoria del Estado mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los Estados Unidos actualmente radican 11.5 millones de mexicanos, que representan 11 por ciento del total de la población total mexicana. Los migrantes provienen tanto del medio urbano como del rural y de todas las entidades federativas; pero el 45 por ciento del total proviene de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, estado de México y Zacatecas. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos reconoce que existen al menos 10.8 millones de inmigrantes ilegales y de ellos 6.6 millones son mexicanos. De acuerdo con las cifras oficiales, los mexicanos representan más de la mitad de todos los indocumentados en ese país.
El número de los sin papeles en Estados Unidos era de 8.5 millones en el 2000 y llegó a 11.8 millones en el 2007, para luego bajar a 11.6 millones en el 2008 y seguir cayendo para alcanzar los actuales números. La tendencia va a la baja y todo indica que se mantendrá.
En Estados Unidos hoy viven 30.7 millones de hispanos de origen mexicano, de acuerdo con el Pew Hispanic Center. Representan 75 por ciento de un poco más de 42 millones de hispanos que ahora radican en la Unión Americana, que es ya la primera minoría en ese país, por arriba de los afroamericanos.
La falta de una reforma migratoria integral en los Estados Unidos y el predominio de una visión unilateral sobre el mismo, ha convertido a la inmigración mexicana como un problema de seguridad nacional. Lo anterior sumado con un reforzamiento de la seguridad fronteriza ha ocasionado en los últimos años en un incremento de las muertes de mexicanos en los cruces fronterizos, que de acuerdo a la CNDH, al menos 5 mil mexicanos han fallecido en la frontera norte. Otras de la consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos ha registrado la repatriación voluntaria (antes deportación) durante el año fiscal 2011 a casi 400 mil indocumentados, el dato más alto de la historia.
En la parte de políticas migratorias, de acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, en lo que va del 2011 los legisladores de Estados Unidos presentaron un total de 600 iniciativas contra los indocumentados, tomando como modelo la Ley SB 1070 Arizona. La tendencia antiinmigrante se ha incrementado en todos los estados del país. El año pasado se decretaron 346 fallos que condenan la inmigración indocumentada. En 2008 se promovieron cerca de 800 iniciativas antiinmigrantes, y en 2007 se llevaron a la mesa de la discusión legislativa mil 400 iniciativas de ley relacionadas con el empleo de trabajadores indocumentados.
Esta nueva etapa de políticas estatales antiinmigratorias en Estados Unidos se concentra en elevar las penas contra el inmigrante indocumentado, aun cuando estas violen sus derechos humanos, como:
• Sanciones a empresas que realicen ventas al gobierno y que empleen indocumentados.
• Aplicación de penas civiles, administrativas o penales en contra de empleadores privados y de los inmigrantes indocumentados contratados por aquéllos.
• Utilización del e-Verify, sistema de identificación in situ para revisar el estatus migratorio del trabajador por parte de los empleadores, policías o agentes de seguridad en las cárceles, o por las autoridades cuando una persona es detenida por algún delito menor o de carácter administrativo (por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo).
• Aplicación de las leyes federales de migración por autoridades locales.
• Sanciones a quienes alquilen inmuebles u hospeden a indocumentados.
• La imitación parcial o total del uso de servicios y beneficios públicos. La parcial se refiere a cuando se permite atención médica de emergencia a indocumentados; la total limita incluso la asistencia a ancianos.
• Restricciones al registrar un automóvil para personas sin estatus migratorio en regla; restricciones para la compra de un automóvil y para la expedición de licencias a inmigrantes indocumentados. Estas disposiciones incluye la imposibilidad de recuperar un automóvil después de un decomiso para personas sin documentos migratorios.
• Eliminación de incentivos económicos para empleadores privados que contraten a inmigrantes indocumentados.
• Retención de parte del salario por parte de los empleadores a personas que no cuenten con un número de seguridad social válido.
• Elevan las penas severas por el uso de documentación falsa o usurpada utilizada con el fin de obtener un trabajo.
• Sanciones por transportar, albergar, alojar u ocultar a indocumentados.
• La aceptación o rechazo de migrantes en Estados Unidos de América parece depender del grado de educación de las personas, de los políticos del área, de la percepción general de la comunidad y, finalmente, del número de inmigrantes concentrados en el estado.
Aunque la aplicación de las leyes sobre inmigración corresponde exclusivamente al gobierno federal, media docena de estados han promulgado y otros treinta se plantean leyes que convierten en delito la presencia en sus jurisdicciones de inmigrantes indocumentados.
Las leyes promulgadas permiten que la policía local y estatal requiera la documentación a las personas de las cuales exista la sospecha que son inmigrantes indocumentados. La aplicación de esas leyes ha quedado en suspenso por apelaciones de grupos defensores de los inmigrantes y recursos del gobierno federal.
Este endurecimiento de las políticas de control y deportación ha permitido al gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en el año fiscal de 2011 deportar a casi 400 mil indocumentados, la mayor cifra registrada hasta ahora, y lo sobresaliente es que casi la mitad son personas cuentan con antecedentes penales. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informó casi el 55 por ciento de los extranjeros deportados, 216.698 personas, eran individuos con antecedentes penales. Los datos de ICE para el período fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre significan que el gobierno del presidente Obama deportó en 2011 a unas 27 mil personas más que las deportadas en el último año de la presidencia de George W. Bush. Sobresale del comunicado oficial que de las 216 mil 698 personas deportadas fueron condenadas por delitos, 44 mil 600 recibieron sentencias por delitos vinculados a la droga; 35 mil 927 por conducir vehículos en estado de ebriedad; 5,848 por crímenes sexuales y mil 119 por homicidio.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Migración de 2008, al mes de agosto de 2011, por los estados fronterizos se han deportado por Baja California 789 mil 309 personas, por Sonora 569 mil 154 personas, por Chihuahua 137 mil 091 personas, por Coahuila 79 mil 646 personas, por Tamaulipas 306 mil 741 personas. Las cifras presentadas representan miles de extranjeros y connacionales que son deportados de Estados Unidos a México por las ciudades fronterizas de Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nogales, San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa y que representan un problema serio para la capacidad de los servicios públicos municipales y estatales.
El fenómeno de las deportaciones masivas se han convertido en una prioridad para los municipios limítrofes con Estados Unidos, de acuerdo con el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, los migrantes deportados representan un alto costo económico, tan es así que la Oficina de Atención al Migrante, que se reactivó en octubre de 2010, fue cerrada en julio. En sus palabras:
“(Representan) un alto costo financiero y de salud, porque no nomás no tenemos los recursos para cubrir las necesidades básicas en muchos casos de los propios juarenses, y aun así estamos cargando en muchas ocasiones con programas importantes de repatriación.”
“Nomás en puro transporte estábamos gastando en dos meses casi un millón de pesos. No es posible que si tenemos tantas necesidades en muchas áreas, nosotros tengamos que atender a cosa muy sentida, yo lo siento, pero que no es de nuestra competencia.”
De acuerdo con Iveth Alonso, coordinadora de la Oficina de Atención a Migrantes del Municipio, cuyas puertas cerró hace un mes, indicó que desde octubre de 2011, cuando inició la actual administración, hasta el mes de junio se atendieron 2 mil 777 personas.
El alcalde de Reynosa, Everardo Villarreal Salinas, señaló que las deportaciones masivas sin control que realiza el país vecino provocan perjuicio económico en la ciudad de recepción. Representantes altruistas de organismos civiles de atención a migrantes señalan que la problemática es una falta de control del Instituto Nacional de Migración para los deportados.
“Sin dinero, sin documentos, sin familiares, con hambre y desesperados, los repatriados que llegan a la frontera mexicana caen en la tentación de delinquir para satisfacer sus necesidades”, dijo la fuente civil.
Adicionalmente al problema de seguridad, es la vulnerabilidad al que son sometidos los menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en los procesos de deportación por las autoridades migratorias de Estados Unidos, en lo que va del año han sido deportados por Nuevo Laredo mil 22 niños, mientras que en todo 2010 la cantidad fue de mil 42, lo que indica que esa cifra será fácilmente rebasada.
Las condiciones de pobreza en algunos de sus lugares de origen, además de que los padres viven en Estados Unidos, son las razones que los obligan a salir de sus hogares. Originarios de comunidades marginadas de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, estado de México y Veracruz, aunque últimamente se han visto niños de Querétaro, Guerrero, Sonora y Chihuahua. El 80 por ciento del total de menores que son deportados por esta frontera cruzaron solos el río Bravo, y son menores que van en busca de sus padres que los abandonaron cuando eran muy pequeños. Pero lo más preocupante es que muchos de los niños deportados por las autoridades estadounidenses llegan al Instituto Nacional de Migración y al albergue enfermos del estómago, con lesiones y llagas en sus pies de tanto caminar, semideshidratados e incluso algunas niñas embarazadas.
A partir del endurecimiento de las políticas migratorias a nivel federal y estatal en Estados Unidos, la población flotante que representan los deportados ha crecido a un punto que representan una importante carga fiscal para los gobiernos locales, es indispensable que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 dichas entidades y municipios donde se registra la mayor cantidad de deportados cuenten con recursos federales para atender las necesidad de salud, seguridad, transporte, en coordinación con los esfuerzos del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación.
El Senado de la República se ha pronunciado enérgicamente durante este año contra la debilidad estructural del marco jurídico para la protección de los inmigrantes y transmigrantes indocumentados, por estas mismas razones y frente al descrédito de México frente al mundo en materia de respeto a los derechos humanos el 24 de febrero de 2011, el Senado de la República aprobó por unanimidad una Ley de Migración, que tiene por objeto elevar a rango de política de Estado la protección del migrante, este esfuerzo fue respaldado por la Colegisladora el 29 de abril de 2011 al aprobar la reforma migratoria en sus términos con 432 votos a favor. Sin olvidar los diferentes exhortos que han solicitado acciones contundentes contra la corrupción del Instituto Nacional de Migración, y demás autoridades responsables del control de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Sin embargo, contar con la Ley de Migración sin los recursos suficientes para implementar las diversas disposiciones que el Senado de la República estableció en su cuerpo normativo significa una legislación muerta y sin ninguna consecuencia practica para mejorar la infraestructura de atención a los transmigrantes, los repatriados, a los grupos vulnerables, al personal de la dependencia, entre otras tareas pendientes.
A pesar de los argumentos y de la problemática planteada con anterioridad, el fortalecimiento de la política migratoria en su parte de protección al migrante y atención consular a connacionales no es parte de las prioridades del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.
Aunque contamos con poca información del Instituto Nacional de Migración (INM) en cuanto a si el ejercicio de los recursos corresponde a la magnitud de las necesidades de las personas migrantes. En general los recursos presupuestarios destinados al INM han disminuido desde 2008, fecha donde contaba con un presupuesto de 2 mil 183 millones de pesos y ha disminuido hasta llegar a 1,832 millones de pesos presupuestados para 2012, una caída en términos reales de 16 por ciento de 2008 a 2012. El Proyecto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal sólo considera un incremento de uno por ciento en términos reales respecto a 2011 sobre el presupuesto autorizado de mil 832 millones de pesos –un incremento de solo 9 millones de pesos– monto que no alcanza a cubrir ni el recorte presupuestal realizado en 2011 del orden de los 80 millones de pesos, ni dar suficiencia presupuestaria a las nuevas facultades que le otorgo el Congreso de la Unión en materia de protección de los derechos humanos de los transmigrantes.
El mismo criterio se observa con la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el rubro de Programas de Protección Consular, donde están destinados 1.1 millones de pesos, de cuales se tiene que destinar para una población de 11.5 millones de mexicanos en Estados Unidos en materia de atención a detenidos, Repatriación de enfermos, protección a menores, traslados de restos a territorio nacional, atención a víctimas de crímenes violentos, visitas a connacionales detenidos en centros penitenciarios, ayuda económica directa a mexicanos en situación de indigencia, asesoría legal, recuperación de salarios y pertenencias, indemnización por lesiones, sucesión testamentaria, presunciones de nacionalidad, y localización de personas.
A partir de la argumentación presentada y por la magnitud de la población que requiere de los recursos federales para fortalecer la política migratoria a través del Instituto Nacional de Migración, de los gobiernos de los estados con altos índices de deportación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su programa de atención de los mexicanos en el extranjeros, a efecto de hacer cumplir los compromisos del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes y protección consular de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, proponemos una adecuación presupuestal para 2012, las siguientes propuestas:
a) Para el apoyo de los estados fronterizos que tienen que atender las consecuencias del fenómeno de las repatriaciones (deportaciones) masivas de connacionales y extranjeros de autoridades norteamericanas, la creación de un programa federal de apoyo a entidades fronterizas con un presupuesto de 100 millones de pesos , a distribuirse proporcionalmente entre los estados de la frontera norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
b) Ampliar los recursos presupuéstales del Instituto Nacional de Migración a un monto de 2 mil 241 millones de pesos para cumplir con los objetivos de la Ley de Migración.
c) Ampliar los recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores destinados a protección y asistencia consular de 1.1 millones de pesos a 800 millones de pesos, específicamente en el programa de protección a mexicanos en el exterior, a efecto de fortalecer la contratación de servicios jurídicos para la defensa y protección de familias de escasos recursos, indocumentados o en situación de vulnerabilidad como niños, mujeres embarazadas, enfermos o personas de la tercera edad frente a las políticas antimigratorias implementadas actualmente en la Unión Americana. Estos recursos buscarían atender al 11 por ciento de la población mexicana en Estados Unidos que demanda la intervención del Estado mexicano su protección y defensa ante los abusos de las autoridades federales y locales.
Por lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar adecuaciones presupuestarias del proyecto de Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012, para fortalecer la política migratoria del Estado mexicano en el territorio nacional y la protección de los mexicanos radicados en Estados Unidos, conforme a las siguientes propuestas:
a) Creación del programa federal de apoyo a entidades con alto índice de deportaciones por un monto de 100 millones de pesos.
b) Ampliación de los recursos al Instituto Nacional de Migración a 2 mil 241 millones de pesos.
c) Ampliación de los recursos destinados a la Secretaria de Relaciones Exteriores para los programas de atención consular por a un monto de 800 millones de pesos para la protección y defensa de los mexicanos en condición de vulnerabilidad radicados en Estados Unidos.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.
Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la ampliación de 900 millones de pesos a los recursos propuestos originalmente por el Ejecutivo y que serán destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López, Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, integrantes de la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 108; 276; y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la ampliación de 900 millones de pesos a los recursos propuestos originalmente por el Ejecutivo y que serán destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes y, eventualmente, considerarlo como un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias y de fomento a la inversión productiva, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Primera. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, de los migrantes mexicanos devueltos en 2010, 23 por ciento había realizado 2 o más intentos de cruce durante el viaje de la entrevista Además, 30 por ciento declaró que contaba con viajes o experiencias migratorias previas por motivos laborales. 1
Entre 1995 y 2000 se incrementaron las aprehensiones y devoluciones de migrantes mexicanos en condición migratoria irregular por las autoridades estadounidenses. Ahora bien, las cifras de 2000 a 2010 indican una tendencia a la baja de manera gradual y paulatina, que en este periodo se mostró un declive de 75 por ciento de los mexicanos aprehendidos: pasaron a 1 millón 744 mil a 428 mil eventos en la materia. Igualmente, el número de migrantes devueltos se redujo en 67 por ciento.
Aunque esos datos se refieren a migrantes de condición migratoria irregular, la tendencia coincide con el comportamiento general de la emigración mexicana. Por tanto, es posible afirmar que en la última década se presenta un declive de la emigración mexicana hacia Estados Unidos.
Las aprehensiones y devoluciones han marcado la tendencia de la emigración mexicana porque más de la mitad (cerca de 60 por ciento) de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos no cuentan con documentos migratorios. Se estima que aproximadamente 3 de cada 4 mexicanos que se desplazaban en el vecino país del norte lo hacían sin autorización migratoria.
Ambos flujos, de regulares e irregulares, han respondido a coyunturas sociales, económicas o políticas, y las políticas de control migratorio han tenido poca influencia en los flujos migratorios, aunque ello parece estar cambiando en los últimos años.
Desde la creación de la Patrulla Fronteriza, en 1924, la mayoría de los aprehendidos era de nacionalidad mexicana. Aún en 1997, cerca de 97 por ciento eran mexicanos. Sin embargo, el índice de aprehensiones de mexicanos se redujo en 83 por ciento en 2010. Esto indica que la composición de los flujos migratorios empezó a cambiar en los noventa, donde prevalecen las personas de nacionalidad centroamericana, cuya mayoría busca atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos.
Segunda. El desarrollo de la crisis mundial y el estancamiento económico de Estados Unidos se han acompañado de dos hechos importantes que inciden en los flujos migratorios: la aparente disminución de la migración indocumentada mexicana y el incremento de las deportaciones de migrantes llevadas a cabo por el gobierno estadounidense.
De ese modo, la recesión económica estadounidense afectará de diversas maneras a un buen número de trabajadores migrantes y, por ende, a sus familias.
Por otra parte, las consecuencias de la estrategia estadounidense de refuerzo de la frontera se pueden resumir de la siguiente manera: 2
– Los grupos ilegales se han distribuido a lo largo de la frontera suroeste.
– El costo económico del ingreso ilegal se ha incrementado en más del cuádruple (aumentando también el uso de los polleros y los precios de éstos).
– Los migrantes indocumentados permanecen más tiempo en Estados Unidos y una mayor proporción se asienta permanentemente.
– Las muertes de migrantes han aumentado significativamente.
– Ha habido un incremento alarmante en la actividad antiinmigrante del tipo vigilante (Minuteman y otras).
Tercera. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 se establece el Fondo de Apoyo a Migrantes, en el anexo 12, “Programas del ramo 23, ‘Provisiones salariales y económicas’”, recursos por 100 millones de pesos que se ejercieron a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Frente a ello, resulta imprescindible que la Cámara de Diputados incluya en el PEF de 2012 que pueda ampliarse el Fondo de apoyo a Migrantes y, con la mayor brevedad, se considere el fondo como un programa establecido en el PEF, que pretende ser un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias y de fomento a la inversión productiva.
Actualmente, el Fondo de Apoyo a Migrantes opera sólo en 24 entidades federativas, de conformidad con los indicadores de migración y marginación social del Inegi. Sin embargo, las 8 entidades restantes también demandan el apoyo del nuevo programa, utilizando un coeficiente de las bases estadísticas más importantes sobre marginación y migración del Inegi, del Conapo, del Coneval y del Inami, lo cual justifica su inclusión en dicho programa.
Se prevé que la aplicación de este programa beneficiará a 1.8 millones de familias, que hasta 2010 recibieron regularmente remesas del exterior.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Cámara de Diputados que de conformidad con lo que establece la fracción del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, presentado por el Ejecutivo federal, amplíe los recursos destinados al ramo administrativo 23, “Provisiones salariales y económicas”, se prevean 900 millones de pesos adicionales destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes y, eventualmente, considerarlo como un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias, y de fomento a la inversión productiva.
Notas
1 Véase Berumen, Salvador; Luis Felipe Ramos; e Isabel Ureta (2011). “Migrantes mexicanos aprehendidos y devueltos por Estados Unidos. Estimaciones y características generales”, en Apuntes sobre Migración, México, DF, Centros de Estudios Migratorios del INM, número 2, septiembre.
2 Véase Vega Briones, Germán; e Ilescas Vela, Virginia. Algunas características de los migrantes devueltos por la Patrulla Fronteriza, Departamento de Estudios de Población, El Colegio de la Frontera Norte, en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-35502009000100005& ;script=sci_arttext
Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García (rúbricas).
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Rubén Camarillo Ortega, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos; así como los recursos extraordinarios por 14 millones de pesos con el fin de crear la licenciatura en artes audiovisuales en dicha universidad, lo anterior en base a las siguientes:
Consideraciones
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos y para que el subsidio federal sea equitativo conforme a lo otorgado a las demás universidades públicas de otras entidades federativas.
Lo anterior, considerando la importancia de la educación superior en nuestro país, tal es así que México se ha constituido como uno de los referentes en educación superior en América Latina, ya sea por sus reformas o innovación educativas o por sus sistemas de financiamiento, que contemplan la participación activa de diversos organismos nacionales e internacionales, creándose mecanismos de asignación presupuestal para las Instituciones de Educación Superior (IES).
Sin embargo, es innegable que hoy en día las universidades se han visto superadas por la demanda de los servicios educativos en este nivel, en casi la mayoría de las entidades federativas de nuestro país existe solamente una institución pública de educación superior que atienda a este sector de la población; son muchas las causas de la falta de crecimiento de la IES, sin embargo la principal a decir de la propias autoridades universitarias, es la falta de recursos económicos que les permita acrecentar por ejemplo la matricula, ampliar su infraestructura u ofrecer nuevas carreras que se adapten a nuestro acontecer.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes no escapa a esta situación, en donde los espacios de ingreso de nuevo alumnado resultan insuficientes, así como su infraestructura y recursos para hacer frente a la demanda de los jóvenes estudiantes. Por ello en días pasados el rector Mario Andrade Cervantes explicó “que la oferta educativa en el Estado debe incrementarse, para evitar que miles de jóvenes sigan quedando en una situación vulnerable, que los obligue a incursionar en prácticas desafortunadas, al no contar con la oportunidad de continuar con su formación profesional”.
Destacando el papel que ha tenido la Universidad en el desarrollo mismo del estado y sus posibilidades para contribuir con este mismo crecimiento de Aguascalientes en los siguientes años, argumentando que la población debe tener la seguridad de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirá el presupuesto necesario para la consolidación de su crecimiento, tanto en infraestructura como en su operatividad, máxime cuando el crecimiento de la matrícula de la educación superior acrecienta con los años, requiriéndose la expansión de recursos económicos para su cobertura con calidad y equidad.
Por tal motivo, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en cuanto a convertir a la educación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento, se concluye que es necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, destine mayores recursos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para incrementar la cobertura que tiene dicha universidad y dé cumplimiento a sus objetivos educativos prioritarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos, así como los recursos extraordinarios por 14 millones de pesos con el fin de crear la licenciatura en artes audiovisuales en dicha universidad.
Atentamente
Senador Rubén Camarillo Ortega (rúbrica)
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Cultura de la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se considere presupuestar al proyecto de expresión cultural Yolotzin, de Tlaxcala.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Quien suscribe, Alfonso Sánchez Anaya, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 276 y 172, numeral 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, las siguientes:
Consideraciones
El Programa Nacional de Cultura 2007-2012 establece las necesidades de actualización de la administración cultural y la redefinición de las políticas públicas en la materia.
La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF) destinó a la cultura 12 mil 059 millones 916 mil 23 pesos, monto superior a la propuesta original del Ejecutivo Federal de 8 mil 920 millones de pesos.
De ese monto se etiquetó 979 millones 200 mil pesos a las instituciones culturales del gobierno federal; a los organismos estatales de cultura, 480 millones a razón de 15 millones de pesos para cada entidad; también incluyó 155 millones para las ciudades del país declaradas patrimonio de la humanidad.
Mil 525 millones 100 mil pesos se destinaron a donativos y apoyos a proyectos de diversa índole; el resto se aprobó para restaurar museos, programas de promoción de la cultura, rescate al patrimonio nacional, equipamientos a casas de cultura, festivales y ferias de libro.
En el PEF 2012, el Ejecutivo Federal, propuso para la cultura 12 mil 821 millones de pesos, lo que significa aumentar 239 millones de pesos respecto a los 12 mil 059 millones 916 mil pesos del presente año.
La propuesta expresa los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este ámbito; por ejemplo, remodelar la Cineteca Nacional requiere 380 millones de pesos; rescatar la Ciudadela, 550 millones, y los Estudios Churubusco, 240 millones.
Como se puede apreciar, el proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, permite adecuaciones al gasto federalizado que se encuentra constituido por una diversidad de programas, entre los que se ubican el Programa Nacional de Cultura y establece subsidios que se entregan a las estados y organizaciones para impulsar el desarrollo cultural y regional que fortalezcan con su desempeño, eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades de la población en materia de desarrollo cultural.
El presente punto de acuerdo adjunta una síntesis del proyecto de expresión cultural Yolotzin de Tlaxcala, promovido por la asociación civil Compañía de Artes Vitaminas, organización que ha reunido esfuerzos de diferentes instituciones del gobierno federal, redes y organismos internacionales, empresas benefactoras y patrocinadores independientes con el afán de realizar su labor altruista.
Desde su fundación en 2004, tiene cuatro vertientes de acción. El programa Se Busca atiende personas en situación de abandono, reclusorios, adicciones, migrantes y ancianos. Otro programa denominado Arte en Microrregiones y Comunidades Marginadas se inspira en el concepto del arte y la cultura para reconstruir el vínculo con la sociedad que los llevó a esa situación.
El Mundo sin Agua plasma la versión del daño posible por tal catástrofe con el objeto de enfrentar el reto y evitar el desastre ecológico; logrado a través de títeres y talleres de creación literaria, pintura y cerámica. Viajes al extranjero cumple el propósito de integrar a los jóvenes artistas a la comunidad internacional a través del arte, sin perder nuestra identidad, raíz e historia.
El proyecto de expresión cultural Yolotzin tiene el propósito de desarrollar la cultura comunitaria en zonas de atención prioritaria de Tlaxcala. Su ámbito comprende los municipios de Atltzayanca, Tequexquitla, Totolac, Tizatlán, Tetlanohcan y Tlalcuapan.
En atención a la convocatoria emitida para tal efecto, la asociación civil presentó el proyecto de expresión como susceptible de financiamiento en el presupuesto 2012. También acudió a la Comisión de Cultura de la honorable Cámara de Diputados.
Requiere del PEF 2012, 5 millones 375 mil pesos respecto al total de 8 millones 511 mil pesos.
Se apega a los lineamientos que señala el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, al considerar como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que consta de elementos de diagnóstico y de acción.
Se acopla a la Ley de Planeación al constituir una estrategia de impulso para el desarrollo del país en apoyo del sistema integral de desarrollo de la cultura comunitaria en zonas de atención prioritaria de Tlaxcala y se vincula al proceso presupuestal que la Cámara de Diputados aprueba año con año.
Aunque las asimetrías en el desarrollo cultural nacional y regional constituyen un problema estructural endémico de México, existen formas de apoyo a la cultura y su fomento en zonas prioritarias como lo es por excelencia el presupuesto.
El incremento presupuestal para el 2012, en sí mismo no es suficiente, implica gastar bien a favor de un desarrollo real, que jerarquice y atienda las necesidades más apremiantes y proteja a los sectores más vulnerables.
Adquiere importancia configurar en el PEF, el apoyo a los territorios donde los programas culturales otorguen sentido a las acciones coordinadas de los distintos ámbitos de gobierno e incentiven la verdadera planeación.
Se trata de promover el financiamiento de las zonas prioritarias desde la federación, en la lógica congruente de la coordinación intergubernamental, para que se promueva la cultura, como ya se hace en diversas instituciones diseminadas en el país.
El panorama de destinar recursos escasos para la expresión cultural y la necesidad de optimizar el dinero, hace indispensable que en todos los documentos de referencia del PEF 2012, se exija que sea una constante la transparencia y rendición de cuentas.
En mérito de lo expuesto me permito someter a esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; así como a la de Cultura de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se considere presupuestar al proyecto de expresión cultural Yolotzin, de Tlaxcala.
Segundo. Se etiqueten en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 cinco millones 375 mil pesos para financiar al proyecto de expresión cultural “Yolotzin” de Tlaxcala.
Dado en el salón de sesiones, a los 8 días del mes de noviembre de 2011.
Senador Alfonso Sánchez Anaya (rúbrica)
México, DF, a 8 de noviembre de 2011
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca un aumento de recursos federales destinados a la inversión al estado de Nayarit.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Raúl Mejía González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno del Senado del a República, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en las siguientes
Consideraciones
Nayarit es el penúltimo estado en participación del producto interno bruto, PIB, nacional, esto debido a la falta de inversión, lo que ha provocado que en los últimos años el porcentaje de participación del estado en la economía nacional sea muy bajo, conforme a los datos siguientes:
Periodo Nayarit
2003 0.58
2004 0.60
2005 0.60
2006 0.66
2007 0.61
2008 0.63
2009 0.65
Asimismo, los ingresos propios representan sólo el 5.53 por ciento de los recursos del estado; siendo las participaciones y aportaciones federales la base del presupuesto del gobierno estatal:
Fuente: Sexto Informe de Gobierno, Nayarit, 2011.
El Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, establece en un estudio la particularidad del estado en cuanto a sus ingresos, ya que: “el caso de Nayarit es interesante porque el aumento o reducción de los ingresos parece tener una relación con el crecimiento del PIB local. En particular, aumentos en ingresos estatales han venido acompañados de aumentos signi?cativos en el PIB en 2006 y en 2008. Por otro lado, caídas en los ingresos en 2005 y 2008 observaron caídas en el PIB. Lo anterior sugiere que existe una conexión signi?cativa entre el gasto público del estado y su desarrollo económico.”
Asimismo el CIDAC determina que gasto del estado es muy dependiente de las decisiones federales, lo que reduce la autonomía local y limita oportunidades de inversión para detonar áreas de crecimiento o desarrollo social.” (http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Nayarit)
Esta limitación de los ingresos del estado ocasiona que se el empleo se estanque, y el que exista sea de poca productividad, ya que una parte importante del presupuesto se destina a gasto de inversión.
Los ingresos del estado se están reduciendo, si consideramos, el impuesto a la tenencia. En el 2009 el estado recibía 111 millones 286 mil 889.42 pesos, mientras que en el 2010 se recaudaron 43 millones 514 mil 840.94 pesos, es decir, una reducción de más del 50 por ciento.
Las participaciones federales que integran el ramo 28 para el estado, se han visto reducidas dos años seguidos, aunque el gasto se está incrementando de manera constante.
Existen limitaciones importantes en la infraestructura del estado lo que limita su desarrollo industrial. Por ejemplo, no se tienen instalaciones eléctricas suficientes, aunque el estado aporta una parte importante del fluido al país mediante las presas que se encuentran en su territorio.
Otro aspecto importante de la economía del estado de Nayarit, es la reducción de la producción de cultivos, en particular el tabaco; producto que a nivel nacional el estado participa con el 86 por ciento. Las tierras destinadas al cultivo se han reducido en un 80 por ciento. Hacen falta recursos para implementar la adopción de nuevos cultivos que sustituyan al tabaco.
Si consideramos lo que establece el CIDAC, que entre más ingresos el PIB aumenta, y estos dependen en su mayoría de la Federación, solicitamos mediante este punto de acuerdo un aumento de recursos para Nayarit, ya que consideramos que esto va a favorecer el desarrollo del estado, que tiene una situación privilegiada en cuanto a su posición geográfica y clima, y que un peso invertido ahí, se va a multiplicar.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora, Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una aumento de los recursos para inversión al estado de Nayarit.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.
Senador Raúl Mejía González (rúbrica)
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos, al igual que los 41 millones 656 mil 908.10 pesos requeridos para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa culmine la reconstrucción del Instituto Tecnológico de Mexicali, siniestrado tras el terremoto del 4 de abril de 2010, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
La educación hoy en día constituye una parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones, al ser la herramienta primaria para hacer frente a los imponentes desafíos que plantea el entorno global que evoluciona con rapidez, por lo que la introducción de sistemas pedagógicos en materia de ciencia y tecnología permitirá que los estudiantes de hoy, sean los investigadores, técnicos y científicos del mañana de cara a un mundo cada vez más tecnológico y competitivo.
En México se crearon en 1948 los primeros institutos tecnológicos en Durango y Chihuahua, seguidos por los de Saltillo en 1951 y Ciudad Madero en 1954, dependientes del Instituto Politécnico Nacional hasta 1959, año en que son desincorporados de éste para depender directamente de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, a partir de lo cual, devinieron transformaciones en el panorama organizacional de la educación tecnológica, como la de 1979 cuando surge el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, que integró al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), hasta que una nueva reestructuración en 2005 del Sistema Educativo Nacional por niveles, incorporó a los institutos tecnológicos a la Subsecretaría de Educación Superior (SES) transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), a la cual también se agregó el nivel superior 1 .
Es así, como se constituye el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) coordinado por la DGEST dependiente de la SES, que para junio de 2010 se integró por 249 instituciones, 114 de las cuales son institutos tecnológicos federales, 129 institutos tecnológicos descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet), atendiendo en el periodo 2010-2011 a un total de 413 mil 929 estudiantes de licenciatura, licenciatura técnica y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal 2 .
Mediante un proceso educativo basado en el Modelo Educativo para el Siglo XXI que opera el SNEST, se alimentan cinco procesos estratégicos, el académico, el de planeación, el de administración de recursos, el de vinculación y difusión de la cultura y el de innovación y calidad, con el anhelo y visión de “consolidar una nación reconocida y respetada por su sistema de gobierno; por el respeto y promoción de los derechos humanos, y el impulso al desarrollo integral de sus ciudadanos con una clara perspectiva de género, así como por su eficacia en la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en favor del ser humano”, en aras de que sus egresados contribuyan a impulsar la innovación, creación y desarrollo tecnológico que requiere nuestro país.
En ese sentido, los institutos tecnológicos contribuyen de manera activa en la construcción de alternativas para hacer frente a los desafíos que el SNEST plantea sobre la transición demográfica, económica, política y social que enmarca el presente y perfila el devenir histórico del país, formando actualmente a 40 por ciento de los ingenieros que contribuyen significativamente a la vida productiva y al desarrollo tecnológico de México, atendiendo no sólo la formación técnica y profesional, sino también, el desarrollo integral de la persona.
Para ello, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) de la Subsecretaría de Educación Superior, tiene como prioridad la formación de profesionales con las competencias necesarias para coadyuvar al desarrollo nacional, mediante planes y programas de estudio que respondan a las particularidades y realidades de cada región, formando ingenieros y profesionales de las áreas administrativas en sus 218 instituciones ubicadas en los 31 estados de la república.
Sin embargo, el costo anual destinado por alumno de los institutos tecnológicos alcanzó en 2010 apenas 31 mil pesos, el monto más bajo en promedio entre las instituciones de educación superior, siendo también escasas las aportaciones extraordinarias dirigidas al incremento de la oferta educativa y la calidad de dichos institutos comparadas con las destinadas a las universidades públicas, entre otras problemáticas que padecen a pesar del plausible servicio educativo que brindan a los estudiantes y a México, por lo que resulta pertinente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, se destinen los recursos necesarios a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, se impulse y fortalezca la labor de los institutos tecnológicos de nuestro país.
Aunado a lo anterior, en el caso particular del estado de Baja California, que cuenta con tres institutos tecnológicos federales, el de Ensenada, el de Tijuana y el de Mexicali, lamentablemente a raíz del sistema telúrico de abril de 2010 registrado en el municipio de Mexicali, éste último instituto, que desde 1981 contribuye generación tras generación al desarrollo nacional a través de la formación de profesionistas, reportó 10 edificios con averías, de los cuales, 5 se encontraban en reconstrucción por daño severo, conforme al Informe de Rendición de Cuentas 2010 del Instituto Tecnológico de Mexicali .
Dicho informe señala que el evento sísmico destruyó 44 aulas, frente a lo cual con apoyo de la Subsecretaria de Educación Superior y la gestión de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, se adquirieron 15 módulos de 2 aulas móviles para un total de 30 aulas con instalación eléctrica, con una inversión operada a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife-BC) de 3 millones 500 mil pesos, con lo cual se permitió solventar la necesidad de salones para impartir las clases.
Asimismo, se presentaron daños considerables en dos laboratorios implicando su acondicionamiento en otro edificio con disponibilidad de red eléctrica, red de datos, dispositivos de conectividad y mobiliario. Asimismo, se vieron afectadas las instalaciones académicas y administrativas del edificio industrial siendo necesaria la reubicación del equipamiento del laboratorio de ingeniería y del Departamento de Servicios Escolares, acciones que en conjunto demandaron una inversión de más de 100 mil pesos.
Tal situación, de acuerdo con el informe del Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM), trajo consigo rezagos en los avances de ciertas metas institucionales, como la de atender una matrícula de 2 mil 897 alumnos de licenciatura como contribución al logro de 30 por ciento de cobertura de educación superior establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, alcanzando sólo a 2 mil 535 alumnos debido, en parte, a que el sistema telúrico indujo baja en la matrícula.
De igual modo, la meta del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) de realizar, a partir del 2010, un diagnostico de la infraestructura física del 100 por ciento de sus instituciones, ante la cual el ITM había iniciado un plan maestro de desarrollo y consolidación de la infraestructura educativa que incluía dicho diagnóstico, no pudo lograrse debido a los graves daños que el terremoto provocó en la infraestructura del tecnológico.
No obstante, en el informe se menciona que se logró alcanzar la mayoría de los objetivos y metas planteadas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 del Instituto Tecnológico de Mexicali a pesar del terremoto, logrando la reconstrucción de 5 edificios con recursos federales del Inife-Fonden a través del Inife-BC, sin embargo, se establece como reto principal para el presente año, la reconstrucción de los otros 5 edificios averiados que a febrero de este 2011 registraba pocos avances, para proceder posteriormente con la reinstalación de laboratorios, talleres, aulas, cubículos y equipamientos en los edificios correspondientes.
Por su parte, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica refiere que el Instituto Tecnológico de Mexicali, además de los cinco edificios dañados ostensiblemente y que aún requieren de obras de reforzamiento, cuenta con 16 edificios que necesitan reparaciones importantes, proyectándose una afectación a 46 aulas, 12 aulas-laboratorio, 41 cubículos de docentes y 10 módulos de servicios sanitarios, entre otras instalaciones, lo que impacta severamente en el quehacer educativo e institucional de 1 mil 950 estudiantes, que equivale a 71.45 por ciento del total del ITM, y de 56.48 por ciento del total de docentes, es decir, 135 de ellos.
Al respecto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California estima que la reparación íntegra del Instituto Tecnológico de Mexicali demanda un monto de 41 millones 656 mil 908.10 pesos, para concluir las obras necesarias que permitan a sus miles de estudiantes volver a contar con las instalaciones adecuadas para recibir la educación de calidad que merecen y demandan.
Bajo esta tesitura, resulta imperante que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa lleve a cabo las gestiones pertinentes para que sean ejercidos con prontitud los recursos económicos que permitan la reconstrucción total del Instituto Tecnológico de Mexicali severamente afectado por el sistema telúrico del 4 de abril de 2010 que afectó dicho municipio, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en su capítulo IV, artículo 16, el Inifed está encargado de fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, además, desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo, encargándose de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal, como lo es el instituto en cuestión, o cuando así se convenga con las autoridades estatales.
Toda vez que la educación superior tecnológica es reconocida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en razón a su papel estratégico en la generación del conocimiento científico-tecnológico y su impacto positivo en el desarrollo humano del país, es menester de los tres órdenes de gobierno, proveer a los institutos tecnológicos de nuestro país de los medios precisos para que más mexicanos tengan acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante el disfrute de su derecho a la educación de calidad.
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección de Educación Superior Tecnológica, impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos de nuestro país.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los 41 millones 656 mil 908.10 pesos, requeridos por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para culminar la reconstrucción del Instituto Tecnológico de Mexicali, siniestrado tras el terremoto del 4 de abril de 2010, en aras de garantizar su cabal funcionamiento en beneficios de miles de estudiantes y docentes bajacalifornianos.
Notas
1. Página web de la Dirección de Educación Superior Tecnológica, http://www.dgit.gob.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superi or-tecnologica
2. Ibídem
Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2011.
Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del libramiento ferroviario de Córdoba, Veracruz.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del Libramiento Ferroviario de Córdoba en el Estado de Veracruz, lo anterior en base a las siguientes
Consideraciones
La actual vía del ferrocarril constituye un problema urbano para la región de Córdoba ya que no permite un sano desarrollo económico y turístico, además de generar problemas viales, embotellamientos y accidentes, debido a que tiene más de 30 cruces con calles.
Cabe mencionar que por la ciudad de Córdoba circulan a diario más de 200 convoy ferroviarios, la mayoría de itinerario largo procedente de Veracruz y Coatzacoalcos hacia la capital del país, lo que genera muchos cortes a la circulación y con ello pérdidas en la economía local.
La conclusión del libramiento ferroviario en la zona de Córdoba permitirá a la región un crecimiento armónico de la ciudad una vez que la vía del ferrocarril no pase por los cruces de calles de la ciudad.
A lo anterior cabe mencionar que la obra de construcción del libramiento ferroviario de Córdoba fue autorizada a través de los recursos para construcción y modernización de carreteras del ramo 09 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.
Es necesario mencionar que el proyecto ejecutivo del libramiento ferroviario de Córdoba fue realizado y validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace casi diez años, en la misma época se adquirió el derecho de vía.
Derivado de reuniones con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Veracruz se acordó que la SCT ejerciera 75 millones de pesos en un frente de construcción, y que el gobierno del Estado ejerciera 125 millones de pesos en otro frente de construcción, ambos frentes en una primera etapa que sumaba 200 millones de pesos de los 450 millones estimados como costo total de la obra.
Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se presupuestaron 70 millones de pesos más para el libramiento ferroviario mismos que fueron transferidos en septiembre de 2008 de igual forma al gobierno del estado. Sumando un total de 275 millones asignados para este proyecto. Sin embargo al día de hoy es preocupante la lentitud de los trabajos realizados en el mencionado libramiento ferroviario de Córdoba.
Es importante decir, que he sido portavoz de diversas demandas de la ciudadanía como es el caso particular por el cual he promovido diversos exhortos a través del Senado de la República para solicitar se concluya la construcción del libramiento ferroviario de Córdoba, además, se solicitó a la Auditoria Superior de la Federación revisara y auditara –ampliamente– que los recursos estén dentro del fideicomiso formado para este fin, entre otros.
Estoy convencido que la conclusión de esta obra será un beneficio importante para miles de automovilistas, además permitirá reducir el número de siniestros en cruces a nivel y garantizar la seguridad en zonas urbanas a través del mejoramiento de la infraestructura del transporte ferroviario.
En razón de lo anterior y con la intención de avanzar con las obras que permitan generar un crecimiento y bienestar en la economía de los veracruzanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del libramiento ferroviario de Córdoba en el estado de Veracruz.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, 4 de noviembre de 2011.
Senador Juan Bueno Torio (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Serrano Serrano, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Asuntos Indígenas, de la Cámara de Diputados que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere, en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas y se considere un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
María Serrano Serrano, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, ambas de la Cámara de Diputados, para que en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas y se considere un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Del 22 al 24 de junio del 2011, se llevó a cabo la XIV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano en la Ciudad de México. En esta reunión se formuló la declaración respecto a las asignaciones presupuestales nacionales para el desarrollo de los pueblos indígenas. En la XV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano celebrada los días 27 y 28 de octubre de 2011, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se ratificó el contenido de dicha declaración. Este documento establece lo siguiente
“Declaración de la Comisión de Pueblos y Etnias del Parlamento Latinoamericano respecto a las asignaciones presupuestales nacionales para el desarrollo de los pueblos indígenas
Considerandos:
América Latina tiene una configuración pluriétnica, expresada en la presencia diversa de pueblos indígenas cuya población, según estimaciones, asciende a un número que fluctúa entre 40 y 50 millones de indígenas que representa aproximadamente 10 por ciento de la población regional.
Su peso demográfico, en los diferentes países de América Latina es diverso, “...hay países cuya población indígena es menor a 1 por ciento del total nacional (Brasil y Costa Rica)... otros que no cuentan con más de 4 por ciento de población indígena...(Paraguay, Colombia, El Salvador, Venezuela, Argentina, Guyana Francesa), y en otros...que... fluctúan entre 5 y 20 por ciento (Belice, Honduras, México, Panamá, Nicaragua, Chile, Guyana, Surinam), o entre 20 y 40 por ciento (Perú y Ecuador), Bolivia y Guatemala superan esta marca, llegando a tener una mayoría indígena dentro de sus fronteras que supera 50 por ciento de la población total... países que no cuentan ya con población indígena (Uruguay y Cuba, Jamaica, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros países caribeños)...”
El estudio Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México , elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta los bajos índices de desarrollo humano (IDH) que tienen los pueblos indígenas, entre los datos relevantes que muestran la grave situación indígena, destaca, que para el año 2008:
• 93.9 por ciento de la población indígena, estaba privada de al menos, uno de los seis derechos básicos –educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación–, establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición de la pobreza multidimensional y 64.2 por ciento al menos de tres de los 6 derechos citados;
Pese a los bajos índices de desarrollo humano (IDH) que presentan los pueblos indígenas en América Latina, los presupuestos asignados para atender esta circunstancia son sumamente limitados, la proporción del presupuesto nacional, destinada para atender esta problemática, en la mayor parte de nuestros países es menor a la proporción de la población indígena: en el caso de México los datos señalan que nuestro país destina 1.42 por ciento de su presupuesto nacional con una población indígena de 13.35 por ciento.
Sin embargo, no sólo es un asunto de asignación presupuestal, recordemos que estamos hablando de pueblos indígenas, quienes tienen formas propias de existencia, de tal manera que las acciones desarrolladas con los pueblos indígenas tienen que considerar, sus propias cosmovisiones que reflejan sus perspectivas de vida, como lo señala el propio PNUD “...las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y desigualdad de oportunidades que afligen a los indígenas deben al mismo tiempo respetar sus referentes culturales...”, es por ello urgente que las asignaciones presupuestales respondan a programas y políticas públicas ancladas en la formulación de un desarrollo indígena.
Por lo antes expuesto, esta comisión acuerda:
1. Que en la formulación de los presupuestos nacionales se apruebe un monto para el desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo a su proporción poblacional en cada uno de nuestros países.
2. Que estos recursos presupuestales sean ejercidos por las instituciones y gobiernos indígenas.
3. Que estos presupuestos estén reflejados en cada una de las dependencias gubernamentales, en los diferentes programas que para estos fines existan.
4. Se instituyan mecanismos que permitan el seguimiento y verificación de su aplicación.
5. Que los parámetros de medición del desarrollo indígena, utilizados para la definición de presupuesto y programas para el desarrollo de los pueblos indígenas, incorporen indicadores a partir de la concepción de los propios pueblos.”
Por otro lado, es importante señalar que en el 5o. Informe del gobierno federal enviado por el presidente de la República al Congreso de la Unión, en relación al Eje 3. Igualdad de Oportunidades, Grupos Prioritarios, Pueblos y Comunidades Indígenas, se informó que:
La población indígena de 15 años y más en condición de alfabetización ascendió a 3 millones 867 mil 870 personas, es decir, 72.1 por ciento; en cuanto al número de analfabetas, éste es de 1 millón 463 mil 116 personas, que implica 27.1 por ciento de dicha población.
Por rangos de edad, el índice de analfabetismo en la población indígena de 15 a 24 años del país se estima en 7.3 por ciento; en cuanto a la población indígena de 45 años y más, este índice se calcula en 47.7 por ciento.
Los resultados anteriores se presentan, pese a los grandes esfuerzos presupuestales realizados durante los últimos años para la atención de los pueblos y comunidades indígenas.
Es importante considerar que las asignaciones presupuestales federales para la atención de este sector de la población muestran incrementos considerables, según el cuadro siguiente:
Y para el ejercicio presupuestal de 2011 se asignó un total de 49 mil 101 millones 209 mil 701 pesos.
Sin embargo, y tomando en cuenta las evaluaciones que elabora el Coneval, persiste un gran rezago en el desarrollo y falta de oportunidades de progreso para los pueblos y comunidades indígenas, por lo que resulta indispensable el incremento del presupuesto correspondiente.
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, la proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas considerando un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente.
Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.
Senadora María Serrano Serrano (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el ejercicio presupuestal de 2012 se incrementen los recursos necesarios a la Universidad Juárez del estado de Durango.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Ricardo Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Es ampliamente conocido el papel que juega la educación en el desarrollo de un país, pues a través de ésta se pueden generar inventos y producir fuentes de trabajo, que inciden favorablemente en la calidad de vida de su población.
La educación es un derecho universal reconocido en nuestra Carta Magna, en la Ley General de Educación así como en diversos instrumentos internacionales.
Desafortunadamente, mantenemos una deuda histórica con nuestros jóvenes en este rubro ya que a pesar de las acciones y esfuerzo que ha realizado el gobierno para abatir el rezago educativo, aún queda camino por recorrer.
Lo anterior, a pesar de que entre el año 2000 y 2011 los proyectos de presupuesto presentados por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados los ha incrementado en cerca de 60 mil millones de pesos.
Ante este panorama y con el objeto de incrementar la competitividad, la equidad y el bienestar social de los mexicanos es imperante impulsar la formación profesional y/o técnica de nuestros jóvenes, pues de esta manera contribuiremos al desarrollo sostenido del país.
El último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que nuestro país invierte solamente mil 284 dólares por alumno, cuando el costo que ejerce una universidad pública es 4 veces superior.
Para lograr nuestro objetivo debemos destinar mayores recursos a las universidades públicas de las entidades federativas con el fin de tener mejor infraestructura, garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Hoy existe un movimiento a nivel mundial en defensa de la educación pública, en los medios de comunicación impresos y electrónicos podemos observar las protestas de los jóvenes universitarios, que no sólo exigen gratuidad o apoyo del gobierno para iniciar o concluir sus estudios, sino también calidad.
En consecuencia, debemos preservar y apoyar a nuestras universidades públicas, las cuales representan un factor importante en el desarrollo no sólo de la región sino también de las comunidades aledañas al estado.
En el caso del estado de Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) manifestó que es necesario obtener un incremento de los recursos en el presupuesto 2012, a fin de mejorar la atención de los estudiantes, esto en virtud de que dicha institución recibe un trato inequitativo ya que a pesar de contar con una matrícula similar a otras universidades del país recibe entre 30 y 40 por ciento menos de subsidios federales.
Aunado a lo anterior, la ciudad universitaria de Durango ya no tiene espacio suficiente para atender la demanda de estudiantes. Dentro de las principales necesidades se encuentra la creación de un centro de cómputo institucional que permita a los alumnos abocarse a la realización de tareas y trabajos de investigación en mejores condiciones.
La petición que se plantea es válida ya que, en los últimos cuatro años la Secretaría de Educación Pública ha distinguido a la UJED como una institución pública que ofrece programas educativos de calidad, que la coloca dentro de las primeras 10 de entre 43 instituciones de educación superior en el país.
Asimismo, desde enero de 2009 forma parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), organismo que reúne sólo a las instituciones que cumplen, mantienen y mejoran estándares de calidad en la educación superior de México y que las ayuda a establecer relaciones con universidades extranjeras.
Durante la administración del rector Luis Tomás Castro Hidalgo se acreditó el programa de ciencias de los materiales de la Facultad de Ciencias Químicas Durango.
En junio pasado se reacreditó el programa de ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura del campus de la UJEDI en Gómez Palacio.
Actualmente, están en proceso de acreditación los programas de médico cirujano e ingeniero químico en alimentos, ambos pertenecientes al campus Gómez Palacio; y también se trabaja con programas de otra oferta a fin de que una vez egresada su primera generación sea sujeta a evaluación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de urgente resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se incrementen los recursos necesarios a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a fin de que se amplíen los espacios educativos y mejoren la oferta educativa, así como la infraestructura.
Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.
Senadores: Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).
México, DF, a 4 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhortan a la Comisión Nacional de Vivienda a proveer en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnaran a la Comisión de Vivienda los dos siguientes.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Jaime Rafael Díaz Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a que dentro de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, prevea estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados de éstas, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
La vivienda, concebida como el espacio que reúne las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan realizar de manera digna su proyecto de vida, se reconoce como uno de los derechos humanos que integra los derechos económicos, sociales y culturales catalogados de segunda generación, que se caracterizaron en primera instancia por su carácter eminentemente prestacional y asistencialista con un contenido precisado en forma programática, visión que ha ido transitando en el ámbito del derecho internacional de los derecho humanos hacia el reconocimiento de su carácter subjetivo, como garantía efectiva de su cumplimiento.
Cabe tener en cuenta que el carácter prestacional de estos derechos se traduce en la instauración de políticas públicas, que considerando la disponibilidad presupuestaria, delinean las condiciones prácticas para garantizar su disfrute.
En ese tenor, el gobierno federal opera diversos programas centrados en garantizar el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa bajo los instrumentos y apoyos necesarios que permitan alcanzar este objetivo, centrando los esfuerzos en el sector de la población económicamente más desfavorecida mediante el otorgamiento de subsidios a través de diversos programas operados por la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Uno de los programas de mayor efecto en el sector, alcanzando a 16 de octubre del presente año, un otorgamiento de 149 mil 789 subsidios con una inversión de 4 mil 670 millones de pesos, es el de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda Ésta es tu Casa, operado por la Conavi, cuyo objetivo es apoyar a la población de bajos recursos a dar solución a su necesidad de vivienda mediante un apoyo económico, subsidio, otorgado por el gobierno federal, con el que, de manera conjunta con el financiamiento de parte de alguna de las entidades financieras u organismos del sector que cumplan con los criterios establecidos en las reglas de operación para ser entidad ejecutora, y una aportación del beneficiario, éste puede tener acceso a alguna de las soluciones habitacionales que apoya el programa.
Para el logro de tal fin, el programa se orienta a la población que habita en el ámbito urbano, labora en el sector formal o fuera de él, con ingresos de hasta cinco salarios mínimos y capacidad de obtener un crédito hipotecario, en aras de que puedan adquirir una vivienda nueva o usada, o un lote con servicios; mejoras o autoconstrucción, a la vez que incentiva la sustentabilidad en su ámbito ecológico, económico y social a nivel del ordenamiento territorial, la planeación urbana y la edificación de vivienda sustentable.
Las reglas de operación del programa prevén criterios para fomentar el desarrollo habitacional sustentable apoyando iniciativas como los desarrollos urbanos integrales sustentables, la redensificación urbana y las ecotecnologías.
A partir de septiembre de 2008 se exige que todas las acciones de vivienda subsidiadas a través del programa cuenten con un paquete básico de ecotecnias, basadas principalmente en el uso eficiente de la energía y el agua, así como en el manejo adecuado de los residuos sólidos, además de otros criterios de sustentabilidad enfocados en el análisis del lugar y mantenimiento para el caso de las viviendas horizontales, y en aspectos urbanos y sociales para las verticales.
De la incorporación de dichos elementos, devino el incremento del valor de la vivienda económica sujeta al monto máximo del subsidio, pasando de 118 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (VSM) a las 128 VSM actuales, equivalentes a 224 mil pesos, lo que representó un incremento en su costo equivalente a 10 VSM. Así, el monto del subsidio va descendiendo a medida que el precio de la vivienda rebasa ese nivel hasta un máximo de 158 VSM, es decir, 276 mil pesos que corresponde a la casa popular.
No obstante, a pesar que la oferta de propuestas innovadoras de vivienda verde y desarrollos urbanos sustentables para la población económicamente más necesitada en primera instancia resulta más onerosa, cabe señalar que en el largo plazo representa la opción más redituable no sólo en términos económicos y ambientales, al incidir en la reducción significativa de los costos de servicios básicos como luz, agua y gas, sino también en materia de salud, como ha referido la Organización Mundial de la Salud al sostener que existe la oportunidad de reducir padecimientos relacionados con la vivienda en la construcción de edificaciones sustentables, 1 por lo que resulta indiscutible y esencial que la política de vivienda impulse en sus acciones la sustentabilidad, como en su caso lo hace el programa Ésta es tu Casa.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio Situación inmobiliaria México, presentado en enero de 2011 por BBVA Research, la vivienda sujeta a subsidios, tanto económica como popular, es la que más atributos ha perdido entre 2007 y 2010, toda vez que “tiene menos espacio, una mayor proporción se vende sin cocina y el precio por metro cuadrado ha crecido más que en el resto de los segmentos”, caso contrario a las no subsidiadas, las cuales han mantenido de manera prácticamente constante sus atributos, e incluso, en algunos casos se aprecia una reducción en los precios.
Se observa que la calidad y el funcionamiento de la vivienda no están recibiendo prioridad, lo que se refleja en menor cantidad y calidad de acabados y equipamiento que acelera su deterioro y disminuye su plusvalía, así como, en su construcción generalmente alejada de los centros de trabajo, lo que implica la pérdida de productividad por los tiempos de traslado de tres a cuatro horas en promedio, mayores gastos económicos en transporte y reducción en tiempo de convivencia familiar, factor que puede incidir en la desintegración de los núcleos familiares acarreando efectos que pueden escalar hasta el colectivo social.
Con relación al tema, resulta oportuno traer a colación lo advertido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en la observación general número 4:
El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al pacto. Así pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta 2000 en el párrafo 5: “el concepto de ‘vivienda adecuada’... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.
Considerando lo expuesto, resulta claro que el reto actual es lograr calidad constructiva y de acabados a nivel de la vivienda, del conjunto habitacional y del entorno urbano que cumplan el contenido y alcance de conceptos como la habitabilidad, calidad física y sustentabilidad.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha a partir de enero de 2007 el índice de calidad de la vivienda (Icavi), como una herramienta de orientación sobre las características de calidad que tiene la vivienda, el conjunto habitacional donde ésta se halla, así como el entorno que la rodea.
Dicho índice permite medir los atributos de calidad de la vivienda nueva, determinados a partir del avalúo que se lleva a cabo para otorgar el crédito, considerando para tal fin los espacios, los elementos, las instalaciones, las obras, los servicios, la infraestructura y el equipamiento, que brindan al usuario de la vivienda un valor agregado en su calidad de vida.
La vivienda que se adquiere a través de un crédito del Infonavit debe contar con características básicas de calidad, dentro de las que cabe destacar el cumplimiento de parámetros tales como, seguridad legal, que implica que la vivienda cuente con escrituras en el Registro Público de la Propiedad; seguridad estructural, que indica que cumple el reglamento de construcción estatal o municipal; que tenga los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado; que cumpla los estándares de habitabilidad que garanticen los espacios para la convivencia, además de ofrecer la iluminación y ventilación necesaria; que cumpla la calidad constructiva verificada y certificada, y que su valor comercial corresponda al del mercado como resultado del avalúo realizado por un profesional.
Así, actualmente los derechohabientes del Infonavit adquieren viviendas que reúnen condiciones de calidad controlada a través de la instauración de tres procesos: un registro único de oferta de vivienda, otro de verificación de obra y el de avalúo inmobiliario, a través de los cuales se vigila y garantiza que la vivienda cumpla las expectativas y preferencias del acreditado al ponderar aspectos como la ubicación, cercanía a servicios y equipamiento urbano, tipo de vivienda, funcionamiento de la vivienda (iluminación, ventilación, distribución de espacios), tamaño, disponibilidad de espacios (recámaras, sala, comedor, baño o baños, área de lavado, cocina), servicios básicos (agua potable, drenaje y electricidad), tamaño del terreno, áreas comunes, tipo de acabados, telefonía, vigilancia, seguridad, sistema de ahorro de agua, red de gas natural, equipo de bombeo y elementos para discapacitados.
El Icavi ha resultado una referencia útil para monitorear la satisfacción del acreditado con su vivienda, asegurando un nivel básico de calidad de ésta, por lo que resultaría conveniente que su aplicación fuera general para el sector.
Para ilustrar la situación, cabe tener en cuenta que los verificadores certificados del Infonavit reportan que de cada 100 unidades que revisan, 10 por ciento presenta fallas o no cumple la calidad exigida, tratándose de deficiencias en los acabados en la mayoría de los casos. 2
La mala calidad de los materiales de construcción, con los vicios y los desperfectos en la estructura que generan agrietamientos y problemas de transminación, provocan la demanda de quienes habitan las viviendas de interés social ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, instancia que de enero a noviembre de 2008 recibió 100 denuncias al respecto. 3
En el estudio, BBVA Research-México señala que la carencia de infraestructura y servicios urbanos adecuados, con la ubicación de las viviendas construidas para el sector subsidiado, figura entre los obstáculos que el programa Ésta es tu Casa afronta para cumplir de manera eficiente su objetivo, sobre todo porque la política de subsidios de monto fijo que ofrece dicho programa para la adquisición de una casa nueva, no cuenta con mecanismos de calificación de la vivienda, pasando a ser irrelevante aspectos tales como su tipo y calidad, siempre y cuando cuente con las ecotecnologías a que obligan las reglas de operación del programa.
Dicha situación representa uno de los múltiples factores que incentivan el abandono de las viviendas, que hoy representa uno de los mayores retos del sector. Además, las deficiencias en su calidad devalúan su precio, perdiendo atractivo en el mercado inmobiliario, que puede derivar en cartera vencida que perjudica tanto a los acreditados como a las instituciones crediticias.
El escenario planteado evidencia la conveniencia de incorporar criterios que garanticen estándares de calidad de las viviendas en las Reglas de Operación del programa Ésta es tu Casa, similares a los aplicados por el Icavi, permitiendo ofrecer viviendas con subsidio que cumplan atributos básicos de calidad en materia de construcción, funcionalidad y acabados, observando con ello los fines de la política nacional de vivienda.
Sin duda, sustentabilidad y calidad son condiciones que actualmente resultan insoslayables en todo desarrollo de vivienda que ofrezca el mercado inmobiliario y que con mayor razón no deben ser omitidos en las viviendas de interés social, porque no basta incorporar sólo uno de ellos, perdiendo de vista y excluyendo los atributos de calidad que garanticen viviendas habitables y equipadas, con los espacios y las instalaciones necesarios que faciliten la vida y las actividades que en ellas se desarrollarán, más aún si tenemos en cuenta que gracias a los buenos resultados que ha arrojado este programa y a la necesidad de incrementar las acciones de vivienda con subsidio, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 registra un incremento de 69.4 por ciento respecto al aprobado en 2011 para el programa Ésta es tu Casa, lo que coadyuvará, de ser aprobado en dichos términos, a que el sector vivienda registre una sensible reactivación y que una porción mayor de la población más necesitada de nuestro país se beneficie con un subsidio para la adquisición de su vivienda, al preverse un aumento aproximado de 250 mil acciones de vivienda. 4
Pasando a otro tema, llaman también la atención las estadísticas del subprograma para no asalariados de Ésta es tu Casa, toda vez que dicha población en la actualidad demanda más soluciones de vivienda, además de que este sector, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, representa 30 por ciento de su mercado, por lo cual si bien se reporta que a esta porción de la población se dirige el segundo mayor número de acciones, con un total de 34 mil 334, resulta inquietante que el total invertido en ellas sea de sólo 310 millones 926 mil 63.98 pesos, que representa menos de 10 por ciento de lo destinado a las 71 mil 525 acciones realizadas a 23 de octubre de 2011 para los derechohabientes del Infonavit, que alcanzaron 3 mil 170 millones 756 mil 288.83 pesos.
Además, cabe destacar que de los más de 30 mil subsidios otorgados por el programa Ésta es tu Casa a no asalariados, tan sólo 2,068 fueron destinados para la adquisición de vivienda y 447 para autoconstrucción, lo que permite inferir que la atención a quienes laboran fuera del sector formal es muy reducida a pesar del esfuerzo por solventar el rezago habitacional de dicho segmento, como el impulsado por la Sociedad Hipotecaria Federal que expandió su red de intermediarios financieros para ofrecer productos a esta población y creó el programa Ahorra SHF mediante el cual las personas que no tienen la posibilidad de comprobar ingresos, que no cuentan con un salario fijo o desean mejorar su calificación crediticia, pueden acceder al crédito hipotecario mediante el ahorro que al mismo tiempo los lleva a reunir el enganche para su casa, y les permite, en su caso, obtener el subsidio de Ésta es tu Casa.
La necesidad de vivienda que impera entre el sector poblacional insertado en el empleo informal resulta indiscutible de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señalan que este sector alcanzó una tasa de 28.5 por ciento en el primer trimestre del año, lo que significa que poco más de 12.97 millones de personas no tienen acceso a seguridad social y, por ende, son ajenas a las diversas prestaciones que de ella derivan y a cumplir los requisitos generales para obtener un crédito hipotecario, lo que exige que programas como Ésta es tu Casa que abarcan también a esta población, deban enfocar y reforzar sus esfuerzos para aumentar las acciones dirigidas a la misma.
Compañeras y compañeros legisladores: de ser aprobado el presupuesto de 9 mil 609 millones 296 mil 73 pesos propuesto para la Conavi para el año fiscal de 2012, que representa un aumento cercano a 70 por ciento del otorgado en 2011, sin duda alguna redundará en el bienestar de miles de mexicanos que hoy en día demandan una vivienda digna y decorosa, que cumpla con los estándares de calidad necesarios para brindar bienestar a quienes la habiten, asimismo, permitirá promover el incremento de acciones dirigidas al sector laboral informal en aras de atender cabalmente los requerimientos de vivienda de ese sector.
En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que apruebe para el Presupuesto de Egresos de 2012 el monto de 9 mil 609 millones 296 mil 73 pesos propuesto por el Poder Ejecutivo para la Comisión Nacional de Vivienda.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda a que dentro de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, prevea estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados de éstas.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda a que rinda un informe cualitativo y cuantitativo acerca de las acciones realizadas en cada uno de los subprogramas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, especificando la distribución de los recursos destinados a ellas.
Notas
1 “Apuesta OMS por viviendas sustentables”, por Adriana Alatorre, en Reforma, martes 5 de julio de 2011.
2 “Promotores y certificadores de vivienda, los expertos de su casa”, por Felipe Gazcón, en Excélsior, domingo 20 de febrero de 2011.
3 “Fallas en casas de interés social afloran con lluvias”, por Agustín González, en Milenio, 25 de noviembre de 2008.
4 “Busca recursos históricos”, por Rolando Ramos, en El Economista, octubre de 2011.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2011.
Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre jubilados y pensionados.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnara a la Comisión de Seguridad Social el segundo de ellos.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el siglo XX, el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos adquirió gran importancia en la agenda internacional. Los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación y a la seguridad social fueron incorporándose a las leyes nacionales, plasmando la responsabilidad del Estado en la provisión del bienestar.
El propósito de las políticas de bienestar es otorgar protección a las personas garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos.
De esta forma, la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previsibles o no, permanentes o temporales que mermen la capacidad económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empleadores y los trabajadores.
La seguridad social incluye cinco rubros básicos: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la seguridad social es “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
Así, el objetivo de la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad –sea temporal o permanente– de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”.
En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta ley.
México es el país con menor gasto en seguridad social con un 2.9 por ciento del PIB, por lo que la cobertura de pensiones de adultos mayores solo abarca sólo el 19 por ciento y una inversión de 756 dólares per cápita en servicios de salud. Mientras países como Argentina destinan el 9 por ciento del PIB, Brasil el 9 por ciento y Chile el 7 por ciento. Asimismo, la cobertura de pensiones es en Brasil del 86 por ciento, Argentina del 68 por ciento y Chile del 64 por ciento y su inversión en salud es tan sólo en Argentina de 1,665 dólares per cápita. 1
No es posible que se siga violentando este derecho. El Estado debe velar y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a la seguridad social, cubriendo los cinco rubros básicos ya mencionados.
Los gobernantes deben cambiar la forma en que distribuyen los recursos, para que de esta forma, aquellos ciudadanos que no tengan acceso a este derecho puedan hacerlo sin tener que caer en un problema financiero, al no disfrutar de una protección social adecuada que cubra o reembolse dichos gastos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a aumentar el presupuesto destinado a la seguridad social en por lo menos el 7 por ciento del PIB, para lograr mayor inclusión y una mejora importante en los cinco rubros básicos: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares, de la seguridad social.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las acciones correspondientes en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respecto al manejo de los fondos dedicados a los cinco rubros de la seguridad social: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares.
Nota
1 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2011/07/04/caen-ingresos-p etroleros-shcp
Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.
Senadores: Ricardo Monreal Ávila, Rosario Ibarra de Piedra (rúbricas).
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Norma Esparza Herrera, Carlos Jiménez Macías, María del Socorro García Quiroz, Francisco Arroyo Vieyra y Antonio Mejía Haro, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2012 para los proyectos territoriales transversales a través de la Sagarpa-Conaza para los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería los dos siguientes.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos senadores Norma Esparza Herrera, Carlos Martín Jiménez Macías, María del Socorro García Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Mejía Haro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Dentro de los acuerdos en materia agropecuaria a los que se llegaron en la reunión de gobernadores zona centro norte, en la que participan los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, de fechas pasadas, fue buscar y solicitar en la estructuración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para que se destinara una bolsa de recursos específica de al menos 10 millones de pesos para la realización de acciones de infraestructura, innovación tecnológica, reconvención productiva y cosecha de agua, para revertir los desastrosos efectos de las sequías recurrentes en las entidades.
La sequía que se ha presentado en muchos estados de la república de unos años hacia la fecha, hace necesario que los esfuerzos por atender la situación cuenten con el consenso y apoyo de los gobiernos estatales, gobierno federal, senadores y diputados, ya que del resultado de ese trabajo, se podrán mitigar los graves estragos que ha dejado el fenómeno natural, ya que debido a este tipo de situaciones climatológicas ha aumentado la pobreza, la no producción de los productos básicos y la muerte de cabezas de ganado, y en cadena, la afectación a las demás áreas de producción y comercio.
Desde abril de este año los estados, a través de sus gobiernos, han realizado gestiones de manera directa con las instancias competentes del gobierno federal, para encontrar alternativas de apoyo al sector rural buscando la declaratoria de desastre por sequía atípica, situación que sólo ha ocurrido para algunas zonas o municipios de algunos estados. En el caso de Aguascalientes, se ha seguido el proceso de declaratoria, a la fecha ya cuenta con el dictamen técnico emitido por la Conagua desde el mes de agosto de este año, sin embargo, en el dictamen se señala que únicamente 8 municipios del estado tienen las condiciones para recibir los apoyos de gobierno federal para la sequía, dejando fuera de este beneficio a los municipios de Cosío, Asientos, y Rincón de Romos, los cuales también han sido afectados por la falta de lluvia.
La situación de sequía en el país es muy grave, a nivel nacional este fenómeno ha llevado a la pérdida de 80 por ciento de los cultivos, en especial de frijol y maíz blanco; para Aguascalientes la situación no ha sido distinta: de 101 mil hectáreas de temporal, este ciclo sólo se sembraron 56 mil hectáreas de las cuales 53 mil ya se perdieron, y de continuar la situación de sequía las restantes también se perderán.
Para el sector ganadero también las noticias han sido malas a causa de la sequía aguda, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes informó en fechas pasadas que se sacrificarían cinco mil vacas debido a que “resulta más caro mantenerlas”.
Esta situación también la padecen los estados de Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, y la consecuencia es el encarecimiento de los productos de consumo básico, y aunque no se ha dado una declaratoria nacional para eso, es la realidad que viven todos los habitantes de los estados aquí mencionados.
Desde fechas pasadas varios legisladores han solicitado que se hagan llegar los recursos a la gente de los estados que están padeciendo esta lamentable circunstancia, fue así como en el mes de septiembre, desde Cámara de Diputados, se solicitó la declaratoria de desastre natural para hacer llegar los recursos al sector rural. Misma situación que se ha presentado desde el Senado, continuamente escuchamos propuestas de compañeros que solicitan apoyo para remediar esta situación.
Durante todo este proceso y entre el papeleo burocrático para hacer llegar a los estados recursos para el sector afectado por el fenómeno natural, todos los estados han seguido buscado recursos y apoyos de Sagarpa en el programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el Componente de Atención a Desastres Naturales en el sector agropecuario y pesquero.
Al respecto, el “objetivo específico del componente es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos.
La población objetivo es: productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por los siguientes fenómenos naturales (sequía) perturbadores relevantes, según Anexo LII, para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola” [1]
Para poder acceder a los recursos que oscilan entre 600 a 2 mil pesos, según el rubro a apoyar, es necesario el dictamen emitido por Conagua, de ahí se elaboran actas de diagnóstico de daños y se envían a las oficinas generales de Sagarpa, para que el comité dictaminador, emita el fallo correspondiente.
Acto seguido se tiene que formular y firmar un anexo técnico, en el que se estipula que el gobierno del estado afectado, está de acuerdo en aportar el pari passo correspondiente, el cual está establecido en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 2010, en su artículo 27 referente al componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, que establece que el monto máximo de aportación será en porcentaje apoyos directos 50 por ciento federal y 50 por ciento estatal.
Esta situación sin lugar a dudas, pone a los gobiernos estatales en situaciones apremiantes, ya que dicho recurso no está contemplado en los presupuestos y pone a las administraciones de las entidades federativas en riesgo de no cumplir con otros compromisos ya establecidos con la sociedad, a fin de atender un desastre natural atípico como el de la sequía.
Sabemos de la buena disposición de la administración federal ante los desastres naturales pues apenas en días pasados el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró que los recursos en caso de emergencia llegarán a la gente a la brevedad.
Con este antecedente, el día de hoy, solicitamos al Ejecutivo federal la simplificación y facilitación de trámites, para que por fin lleguen los recursos al campo dañado severamente por la sequía en los estados de la zona centro del país. Además de ser posible desaparecer la aportación pari passo o que el gobierno federal pueda absorberla.
Es necesario solicitar el apoyo de nuestros compañeros diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se destinen al menos 10 millones de pesos para que los estados afectados por la sequía puedan realizar acciones de infraestructura y de innovación tecnológica para que los efectos de las sequías que son cada vez más comunes para los estados sean menos gravosas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito la resolución de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que considere recursos suficientes para el ejercicio presupuestal de 2012, para los proyectos territoriales transversales a través de la Sagarpa-Conaza para los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a su vez instruya al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que dentro del componente de atención a desastres naturales (Cadena), disminuya el pari passo estatal, lo desaparezca, o sea el gobierno federal quien lo absorba, a fin de que los recursos puedan llegar en tiempo inmediato a la población afectada por la sequía atípica que sufren los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a su vez instruya al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el dictamen técnico de siniestro para el estado de Aguascalientes, se incluyan a los municipios de Cosío, Asientos, y Rincón de Romos, que también padecen sequía.
Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2011.
Senadores: Norma Esparza Herrera (rúbrica), Carlos Martin Jiménez Macías (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), María del Socorro García Quiroz (rúbrica).
México, DF, a 8 de noviembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar mayores recursos para la realización de las acciones necesarias para la implantación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y exhorta a los Ejecutivos estatales y a las legislaturas locales a que lleven a cabo la armonización de su marco jurídico en relación dicha ley.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera el primer resolutivo a la Cámara de Diputados y se turnara a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el segundo de ellos.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Emma Lucía Larios Gaxiola, senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a su consideración la siguiente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es muestra de que la sociedad organizada y voluntad política, puede hacer la diferencia, es el resultado del compromiso de familias que decidieron unirse, por un interés legitimo de justicia.
El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo, Sonora fue el escenario de una de las peores tragedias infantiles en la historia de nuestro país, ocurrió un incendio en la bodega ubicada en avenida Ferrocarril y calle Mecánicos sin número, colonia Y Griega, la cual era arrendada por la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que se propagó al inmueble contiguo donde se situaba la guardería ABC, SC, en donde perdieron la vida 49 niñas y niños y resultaron lesionados 75 más, todos entre cinco meses y seis años de edad.
Esta tragedia, marco la vida de cientos de padres de familia, sentida por cada uno de los sonorenses como si hubiese sido propia y lamentada por todos los mexicanos, coloco en el escenario nacional la prestación de servicios de cuidado infantil.
Los centros que prestan servicios de cuidado infantil, son un instrumento muy útil en esta creciente incorporación laboral a las actividades económicas de las mujeres mexicanas. De ahí que su existencia viene a resolver un problema social importante y cuando funcionan de forma óptima son una ayuda muy valiosa para que las niñas y los niños, estén seguros, con una nutrición apropiada y estimulados correctamente, procurando así su crecimiento sea en un ambiente de cariño y seguridad.
Sin embargo, la experiencia de la Guardería ABC, motivo que se revisara detalladamente la operación y la atención que ofrecían tales centros de cuidado infantil.
Ello motivo, que en aras de contar con instrumentos jurídicos tendientes a la protección de los derechos de las niñas y los niños que se encuentren en guarderías u otra modalidad de atención de cuidado infantil. Las Legislaturas de las entidades federativas de Calima, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roa y Tabasco expidieron leyes específicas para regular las guarderías, estancias infantiles y en general para los establecimientos encargados del cuidado infantil. Asimismo, estados como Baja California, Nuevo León y Yucatán han expedido reglamentos en la misma materia.
En el ámbito federal, consientes de la necesidad apremiante de generar un instrumento útil que permitiera allanar todo vacío legal, para evitar que esta tragedia volviera a suceder, como un primer esfuerzo el 15 de julio 2009, se presento la iniciativa para expedir la Ley General de los Servicios de Guarderías Infantiles y desde entonces hemos trabajado intensamente para generar una ley acorde a las necesidades de cada modalidad pero sobre todo, les permita operar adecuadamente.
Asimismo, a estos trabajos se han fueron incorporando respetuosamente las propuestas presentadas con el mismo objetivo, uniendo esfuerzos e ideas de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, especialistas, así como de la participación de distintas autoridades institucionales, para lograr un sólido y concreto instrumento jurídico.
El día 23 de octubre de 2011, se firmó el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, después de un proceso de dos años, considerado como un esfuerzo realizado por la sociedad civil y la voluntad política, en donde se privilegio el interés superior del menor.
Esta Ley, representa un paso fundamental para garantizar las mejores condiciones de seguridad para las niñas y los niños que acuden a las guarderías y a las estancias infantiles del país, sean públicas, privadas o mixtas.
Se establecen las condiciones esenciales de protección civil, que deberán cumplir los Centros de Atención y Desarrollo Integral Infantil. Se contemplan aspectos fundamentales, como la necesidad de que cada centro cuente con un programa interno de protección civil; se señalan, de la misma forma, las medidas de seguridad que deberán cumplirse, tanto en las instalaciones, como la capacitación, por ejemplo, que deberán recibir quienes presten ahí sus servicios o laboren en esos centros.
Se determina, por ejemplo, que ningún establecimiento que por sí mismo pueda poner en riesgo la integridad física o emocional de las niñas y los niños, podrá estar ubicado a una distancia menor a 50 metros de estos centros.
Desde luego, se señalan los requisitos que deberán cumplir los establecimientos para poder entrar en operación, así como los aspectos que las autoridades, de acuerdo a su respectivo nivel de competencia, deberán supervisar periódicamente para velar por el buen funcionamiento de estos centros.
Se fortalecen dos instrumentos muy importantes: la política pública en la materia, por una parte, y por la otra, se crea el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil.
Por lo que se refiere al primer aspecto, a la política pública; ésta deberá, entre otros aspectos, reconocer, desde luego, la dignidad de las niñas y los niños, establecer criterios estandarizados de calidad y, sobre todo, de seguridad para la prestación de los servicios, y contribuir a su mejoramiento progresivo, así como promover el acceso de estos servicios a, por ejemplo, niños con discapacidad, niños que se encuentren en situación de calle, niños que habiten en el medio rural o en comunidades indígenas y, en general, que habiten en las zonas marginadas o de extrema pobreza.
Con esta política, quedarán establecidas, con claridad, las pautas a seguir en la prestación de estos servicios y, también, se podrán estructurar los esfuerzos, tanto de los distintos niveles de gobierno, como de los sectores social y privado, para ofrecer la mejor atención a las niñas y a los niños.
El consejo sustituye al Sistema Nacional de Guarderías, que fue creado por mi gobierno, el 10 de mayo de 2007. El consejo, desde luego, retama los esfuerzos emprendidos por el sistema, y en él participarán diversas dependencias y entidades del gobierno federal, así como diferentes actores sociales.
Este consejo tendrá la responsabilidad de continuar diseñando la política nacional en la materia, así como los programas específicos que se requieran para asegurar el buen funcionamiento de los Centros de Atención y Desarrollo Integral Infantil.
Asimismo se instaura un Registro Nacional de Centros de Atención, así como registros estatales, que deberá ser alimentado por los gobiernos estatales y por cada una de las dependencias federales, que tengan guarderías o estancias infantiles.
De los cuales través de estos registros, se podrá dar y contar con información actualizada acerca de los Centros de Atención, así como de los prestadores de servicio; información que será manejada bajo los más estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas, para que los ciudadanos puedan conocer dónde se prestan los servicios de atención infantil, y quiénes lo hacen.
La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías, sean un lugar seguro, donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad. Y todas las autoridades estamos, desde luego, obligadas a responder con hechos a esta legítima demanda.
Por ello es de vital importancia, que se exhorte a las Legislaturas y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para que realicen las acciones necesarias con la finalidad de contar con una ley estatal y políticas públicas que sean acordes a las condiciones y necesidades del estado, siempre privilegiando la seguridad y el bienestar del menor de edad.
Asimismo, propongo que se exhorte a la honorable Cámara de Diputados con la finalidad de que realicen un estudio para que consideren mayores recursos para la realización de las acciones necesarias con la finalidad de implantar esta ley.
Es importante que la sociedad y todos los niveles de gobierno y los poderes públicos, trabajemos unidos para seguir generando las leyes, las políticas y las instituciones que el país necesita, sólo de esta manera, habremos de garantizar un futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro México.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se consideren mayores recursos para la realización de las acciones necesarias para la implementación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Segundo. El Senado de la República, exhorta a los Ejecutivos estatales y a las legislaturas locales a que lleven a cabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para realizar acciones, medidas o propuestas legislativas en torno a la materia de la prestación del servicio de cuidado infantil, y estas sean acordes a lo establecido en la mencionada ley.
Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 8 de noviembre del 2011.
Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica)
