Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3266, lunes 23 de mayo de 2011
Iniciativas
Que adiciona el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recibida del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o. fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado mexicano ha tenido una permanente actitud de tutela jurídica y asistencia social a la niñez. Como muestra de ello, el Ejecutivo federal suscribió y la Cámara de Senadores aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.
Asimismo, en reconocimiento y como muestra de preocupación respecto de los múltiples flagelos y peligros que acechan a las niñas y niños de México, particularmente a aquéllos que forman parte de los grupos sociales más desfavorecidos, con fecha 7 de abril del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4o. constitucional por la cual se elevó a éste rango el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.
Asimismo, se estableció el deber de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Finalmente se estableció que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
A fin de implantar y hacer efectivos estos derechos, el 29 de mayo del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Como podemos advertir, los instrumentos jurídicos mencionados anteriormente representaron un gran avance en la protección de los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes. No obstante, es necesario seguir avanzando en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los menores en los diferentes espacios cotidianos en los que se desenvuelven: hogar, escuela y comunidad.
Las niñas, niños y adolescentes son particularmente susceptibles de ser víctimas de una serie de delitos especialmente graves, por lo que debemos otorgar especial protección a fin de evitar que sean objeto de cualquier forma de explotación, maltrato, y abuso.
El problema de los niños desaparecidos es complicado y multifacético. Hay diferentes tipos de menores desaparecidos, y esto incluye sustracción por un familiar, menores que se encuentran en peligro y se escapan de sus casas, secuestro por personas que no son de la familia y menores perdidos, heridos o que desaparecen de alguna otra manera.
En cualquiera de estos casos, la prevención, así como la atención inmediata y coordinada de las diferentes instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como la participación activa de la sociedad juegan un papel de suma relevancia.
El jueves 28 de abril, tras una serie de reuniones de preparación, se hizo el lanzamiento oficial del programa denominado Alerta Amber México. Éste programa tiene por objeto desarrollar y coordinar los esfuerzos de las agencias de orden público, de los diversos medios de comunicación, de transporte, de sectores sociales y empresariales para aumentar la participación del público en el rescate de niños sustraídos, secuestrados o desaparecidos a través de la capacitación, la comunicación efectiva y la administración de los recursos.
Se trata de una acción de suma trascendencia para la protección de los intereses de los menores, al instaurar un mecanismo de acción inmediata para la búsqueda de los menores sustraídos, ya que esto otorga mayores oportunidades de éxito en su localización.
Las bondades de este tipo de programas son innegables. No obstante, su implementación se realiza sobre la base de la operación de las diferentes instancias de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la intervención voluntaria del sector privado y organizaciones no gubernamentales, por lo que la celebración de convenios resulta imperativo para el éxito de estos programas.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el ordenamiento jurídico que regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema en el que participan la federación, las entidades federativas y los municipios conforme a la competencia concurrente establecida por el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Su importancia radica en que establece las bases de coordinación interinstitucional, permitiendo que por su conducto se tomen las resoluciones tendentes a la implantación de los sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para la búsqueda y localización de menores sustraídos.
Asimismo, entre los órganos que integran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cuenta con un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, instancia facultada para promover la coordinación de las instancias integrantes del sistema para algunos objetivos específicos, así como para promover la participación de la ciudadanía, por lo que su participación en la implementación de programas de este tipo resulta imperativa a fin de garantizar el éxito en la convocatoria a todos los sectores de la sociedad.
Por tal motivo, considero necesario reformar el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de señalar como atribución del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la instrumentación de las acciones necesarias a fin de establecer sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para la búsqueda y localización de menores sustraídos.
De este modo estaremos otorgando un sustento normativo a la implantación de este tipo de programas, y promoviendo una mayor participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general.
Al garantizar la continuidad de los programas para la búsqueda y localización de menores sustraídos, estaremos reiterando el compromiso que nuestro país tiene con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por que se adiciona el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Único. Se adiciona el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:
Artículo 129. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana.
Para el caso de la sustracción de menores, deberán implementarse sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para su búsqueda y localización, en el que coadyuven con los integrantes del sistema, las corporaciones de emergencia, medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2011.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Mayo 18 de 2011).
Que reforma los artículos 64 a 66 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
I. Proemio
El suscrito, José Luis Jaime Correa, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 64 a 66 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo siguiente:
II. Planteamiento del problema
En el país, uno de los poderes que tiene mayor desprestigio es el Legislativo, debido a que se le considera muy ineficiente, que no está a la altura de las complejidades del país.
Falta rigor en el trabajo en comisiones legislativas y falta profesionalismo para generar acuerdos entre los grupos parlamentarios en los procesos legislativos, lo cual genera baja productividad en las reformas y provoca que de legislatura a legislatura se herede un importante rezago legislativo.
III. Argumentos
Ambas Cámaras del Congreso de la Unión se caracterizan por tener una muy baja productividad debido a que el Poder Legislativo no está sujeto a ningún control, ni está obligado a rendir cuentas respecto al cumplimiento de sus responsabilidades, situación que contrasta con la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de someterse año con año a un proceso de evaluación y rendición de cuentas ante el Congreso, así como a la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Cámara de Diputados.
Lo anterior explica por qué en las Cámaras de Diputados, y de Senadores es muy normal ver que el acervo de las comisiones legislativas esté colmado de asuntos sin dictaminar. Por esa razón también es muy normal que los legisladores incumplan deliberadamente sus obligaciones y sin remordimiento pospongan indefinidamente decisiones tan importantes como la correspondiente a los diputados de nombrar a los consejeros electorales.
En el Congreso se ha vuelto una práctica utilizar el llamado “reloj legislativo” para incumplir los plazos límite que marca la Constitución.
Por otro lado, las convocatorias para llevar a cabo reuniones en comisiones no siempre son atendidas por los legisladores y ésa es una de las razones principales que ha generado la ya tradicional “congeladora”.
Lamentablemente, todas estas nocivas prácticas que se realizan en el Congreso se han convertido en prácticas parlamentarias y como no hay sanción por el incumplimiento de sus obligaciones, el Legislativo se ha convertido en un poder impune, caracterizado por la negligencia y la irresponsabilidad.
La rendición de cuentas tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de las obligaciones del encargo. Sin embargo, este concepto se ha distorsionado completamente en el Congreso, ya que gran parte de los legisladores concibe la rendición de cuentas como la oportunidad de lanzar anualmente campañas de difusión mediática que les permitan figurar en carteles y espectaculares para promover su imagen personal durante 13 días con el argumento de presentar su informe de labores.
Sin embargo, dicho informe no da cuenta de los temas relevantes, como su participación en el trabajo en comisiones y en los procesos de dictamen.
El trabajo de los legisladores ha tenido desde su origen un marco jurídico muy poco riguroso, y eso ha propiciado y potenciado la ineficiencia y la irresponsabilidad porque no sólo no hay consecuencias por el incumplimiento de su labor sino que, también, cuentan con periodos de receso muy largos y, por tanto, los tiempos que se establecen para aprobar proyectos de ley son insuficientes para desahogar todos los asuntos pendientes.
La Constitución marca dos periodos ordinarios al año, que suman sólo 6.5 meses de trabajo; es decir, cada legislatura cuenta con 19 meses en total, lo cual abona a la parálisis y a la congeladora porque no hay tiempo suficiente para aprobar proyectos de ley.
Otro asunto que tampoco abona en la eficiencia del Congreso es la falsa concepción que se ha generado acerca de que el buen desempeño legislativo está vinculado con la presentación masiva de iniciativas.
Si bien ésta es una parte esencial del proceso legislativo, resulta importante que la iniciativa esté acompañada por la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas para lograr un dictamen favorable en comisiones y, posteriormente, la aprobación en el pleno porque la simple presentación de una iniciativa, sin el riguroso seguimiento del proceso, representa un trabajo inconcluso, que se queda a nivel de la propuesta; y eso, en términos concretos, es en realidad intrascendente.
Algunos académicos y analistas políticos del país han expresado en distintos momentos, que las causas de la parálisis legislativa están relacionadas con la deficiente formación parlamentaria de los legisladores; con la falta de continuidad en el trabajo legislativo y con la ausencia de instrumentos que permitan a los ciudadanos que evalúen y sancionen a los diputados y a los senadores que incumplan su obligación.
Por eso muchos de ellos han expresado la necesidad de que se haga una reforma constitucional que permita la reelección inmediata de legisladores, porque ello eliminaría la improvisación parlamentaria y la baja productividad. Sin embargo, esta reforma implicaría eliminar uno de los principios básicos del Estado mexicano, el de “sufragio efectivo, no reelección”, refrendado en la reforma de 1933, y esto no resolvería el problema.
La profesionalización parlamentaria la proporciona en parte la experiencia; sin embargo, si un legislador no tiene una formación profesional, ni tiene rigor de análisis, ni le interesa participar en los procesos de dictaminación, ni construye acuerdos, difícilmente podrá ser un legislador eficiente, independientemente de que tenga la posibilidad de formar parte de varias legislaturas.
Otro argumento que plantean los analistas respecto a la ineficiencia del trabajo legislativo tiene que ver con el poco tiempo que dura una legislatura, que resulta insuficiente para que los legisladores puedan aplicar sus conocimientos parlamentarios porque es supuestamente al final de la legislatura cuando ellos están mejor preparados para legislar y es justo el momento en el que tienen que dejar el cargo. Sin embargo, la experiencia del Congreso demuestra que la aprobación de dictámenes y de proyectos de ley normalmente se genera durante el segundo año de ejercicio de la legislatura porque el tercer año representa dificultades, sobre todo para la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios que están más centrados en el proceso electoral.
Se ha señalado también que la imposibilidad de ser reelegidos para el periodo inmediato elimina la oportunidad para que los legisladores le den seguimiento a los asuntos legislativos de una legislatura a otra.
Estos argumentos quizás podrían aplicarse al caso particular del trabajo de los diputados, porque éstos solo duran en su cargo tres años, sin embargo, los senadores tienen otros tiempos porque ellos duran en su cargo dos legislaturas, es decir seis años y sin embargo ello no ha sido suficiente para que la Cámara de Senadores se caracterice por haber eliminado su rezago legislativo.
Por otro lado, quiero dejar claro que la sanción ciudadana hacia los legisladores sí existe, ya que muchos de ellos se reeligen para distintos cargos de elección popular. De hecho, la mayoría tiene experiencia legislativa en congresos locales y en ambas Cámaras federales; lo han logrado gracias a que legislatura a legislatura han privilegiado su relación con el electorado por encima del trabajo parlamentario, que muchas veces es considerado por ellos como una gran pérdida de tiempo y por eso siempre privilegian sus visitas y gestión distrital, que su trabajo en las comisiones, que son los espacios destinados para dictaminar.
Además, los electores no tienen claridad sobre el trabajo que desempeña un legislador e incluso muchas veces existe una distancia muy grande entre las prioridades que plantean los legisladores con el contenido de las agendas legislativas ya que las demandas de los ciudadanos tienen que ver con asuntos particulares de gestión, mientras que los legisladores como representantes de la nación obedecen a temas de trascendencia nacional y es importante que esto no se desvirtúe.
Por todo esto, más allá de plantear la reelección legislativa como la panacea, es fundamental que ampliemos los periodos ordinarios de sesiones, regulemos el trabajo en comisiones ligando el desempeño de los legisladores a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y fortalezcamos a los grupos parlamentarios para que el seguimiento de los proyectos legislativos no sea a título personal, sino del colectivo que representa una expresión ideológica.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman los artículos 64 a 66 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión de Cámara o de comisión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de enero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
(...)
(...)
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
(...)
Artículo 70. (...)
(...)
La ley determinará las formas y procedimientos de los grupos parlamentarios en que se organizarán los diputados y los senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Los grupos parlamentarios se integrarán por lo menos con diez diputados o diez senadores en cada cámara y sólo podrá haber uno por cada partido con representación nacional.
(...)
Artículos Transitorios
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá impulsar las reformas de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para armonizar con ésta las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de las comisiones.
Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la Ley Orgánica del Congreso para hacer cumplir lo dispuesto en este decreto a más tardar cien días a partir de la entrada en vigor de él.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente reforma.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2011.
Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2011.)
Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
Antecedentes
El 25 de enero de 2010 se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que es en sí mismo una estrategia del gobierno federal a fin de implantar políticas públicas para prevenir el sobrepeso y la obesidad.
En el marco del referido encuentro, el titular del Ejecutivo federal realizó el siguiente llamado: “Este reto nos convoca a todos, desde luego, al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y a los municipales, a los Poderes de la Unión y, en particular, al Legislativo, a los empresarios y, sobre todo, a cada una y a cada uno de los mexicanos”.
En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 29 de abril de 2010 se presentó la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita la creación de la comisión especial para la salud alimentaria.
El 5 de octubre de 2010, la Junta de Coordinación Política, por consenso de los grupos parlamentarios, propuso al pleno de la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país, el que fue aprobado por esta soberanía y que tiene por objeto el que se deriva de su denominación.
El 7 de octubre de 2010, la Junta de Coordinación Política comunicó a la asamblea los nombres de los integrantes del Grupo de Trabajo que da seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país.
El 20 de octubre de 2010 se instaló formalmente e iniciaron los trabajos del multirreferido grupo de trabajo, con la asistencia de todos los grupos i parlamentarios y la participación de funcionarios del gobierno federal, académicos y empresarios así como organizaciones de la sociedad civil.
Al Poder Legislativo apremia concretar acciones en el corto plazo y que se reconozcan los problemas de malnutrición, como la obesidad, la desnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles, de manera multidisciplinaria, con el propósito de formular leyes y políticas públicas en favor de una mejor salud alimentaria de la población mexicana.
En tal virtud, y por los razonamientos expuestos, elevo a consideración de esta soberanía que se establezca con carácter de ordinaria la comisión para la salud alimentaria, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La alimentación engloba una serie de fenómenos involucrados en la obtención de sustancias medioambientales que garantizan la ingestión adecuada de alimentos, necesarios para el desarrollo y bienestar del individuo. Por ello es importante vigilar la disponibilidad de alimentos de una población desde el punto de vista biológico, cultural, educativo, económico y de inocuidad.
Los problemas actuales más graves de salud pública están relacionados con una mala alimentación, tanto por deficiencia como anemia, desnutrición, talla baja, el sobrepeso y la obesidad.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reporta, en los últimos 10 años, una disminución en la prevalencia de talla baja en niños menores de 5 años (de 34.1 a 18.3 por ciento). Pese a lo anterior, las zonas rurales del país continúan siendo las más afectadas. El retraso en la velocidad de crecimiento en el niño (bajo peso y baja talla) es el resultado directo de una dieta inadecuada en cantidad o calidad, del efecto recurrente de infecciones o de la mala alimentación de la madre durante la gestación y la lactancia. Y muchas de estas complicaciones son irreversibles.
En contraste, la prevalencia de sobrepeso y obesidad afecta a más de 70 por ciento de los adultos mayores de 20 años, a 32.5 de los adolescentes del país y a 26 por ciento de los niños escolares. Estos resultados señalan el avance de la problemática de salud. Por eso es necesario poner énfasis en las medidas para controlar la obesidad a edades tempranas y prevenir complicaciones metabólicas y económicas que se manifestaran en enfermedades crónicas no transmisibles.
Las complicaciones de una alimentación deficiente se detectan con un inadecuado crecimiento, con un déficit en el desarrollo físico, mental y reproductivo, que en casos más graves puede provocar la muerte. Actualmente se relaciona una alimentación deficiente en periodos críticos de desarrollo como la gestación o la lactancia con un bajo peso al nacer y mayor predisposición a enfermedades metabólicas en la edad adulta del individuo, por lo que ambos extremos de deficiencia y exceso en la alimentación están estrechamente relacionados.
Las enfermedades no transmisibles o metabólicas generalmente no se presentan aisladas sino como parte de un cuadro clínico sistémico que degenera el organismo. Así como en los adultos, la obesidad en niños se complica con la aparición de otros trastornos, como aumento de triglicéridos y colesterol sanguíneos, diabetes mellitus y complicaciones cerebrovasculares a edades cada vez más tempranas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe La obesidad y la economía de la prevención, dio a conocer que México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad. Además, señala que las personas que padecen obesidad severa fallecen entre 8 y 10 años antes que las personas con peso normal. El informe proyecta la obesidad como una enfermedad de alto costo, ya que el gasto dedicado a preservar la salud de las personas obesas es 25 por ciento más alto que para una persona con peso normal.
Se reconoce que en 10 años, los costos indirectos que el país tiene que enfrentar para atender enfermedades relacionadas con la obesidad representarán 150 mil millones de pesos, lo que hará una carga insostenible del financiamiento del sistema de salud de nuestro país (El Financiero, miércoles 2 de febrero de 2011, página 38). Por eso es necesario establecer con la mayor brevedad medidas para frenar las complicaciones.
La obesidad es causa de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto de energía: por un lado, la ingestión de dietas con características inadecuadas, como la elevada cantidad de energía a partir de grasa, azúcares simples y bebidas azucaradas, bajo consumo de fibra dietética; y, por el otro, una escasa actividad física, asociada a la urbanización, al crecimiento económico, y a la disponibilidad de tecnología que cambian el estilo de vida y de recreación.
La mala alimentación (la deficiencia y el exceso) tiene causas biológicas, socioeconómicas y culturales, como el acceso insuficiente a alimentos nutritivos, prácticas inapropiadas de selección de alimentos, servicios de salud deficientes y saneamiento ambiental inadecuado. Éstos se agravan con la distribución desigual de recursos, de conocimientos y de oportunidades entre los miembros de la sociedad. Juntos son elementos suficientes para que esta situación epidemiológica se complique en su atención.
En un estudio realizado con niños preescolares, derivado de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999, reportó desde hace ya 13 años que los alimentos industrializados correspondían a 35 por ciento del consumo y aportaban 48 por ciento de la energía. Interesantemente los jugos y refrescos industrializados figuran entre los de mayor consumo y aporte de energía. Esta información es una alerta sobre los malos hábitos alimentarios que desde la edad preescolar tenían los que actualmente son adolescentes y que seguramente conservaron o agravaron, desde entonces, su consumo de alimentos industrializados.
Actualmente, la Procuraduría Federal del Consumidor reporta que los mexicanos gastan entre 30 y 40 por ciento (13 mil pesos anuales) de su presupuesto familiar en comida no adecuada para su necesidad energética, como refrescos, golosinas, pasteles, botanas, chicles, tortas, antojitos y productos de alto contenido calórico. En un año, un consumidor destina mil 920 pesos en adquirir una botella diaria de refresco de 600 mililitros, 2 mil 640 pesos en café de máquina y 216 pesos en paquetes de chicles.
Con lo anterior queda clara la amplia disponibilidad en el mercado de este tipo de productos, aunada a la deficiente selección de los alimentos, que repercute en una carente cultura de consumo inteligente y en la falta de regulación efectiva de la publicidad de estos productos.
El Poder Legislativo, pese a múltiples propuestas, que tienen como objeto central la regulación en la venta de comida chatarra, entre ellas las bebidas carbonatadas y su publicidad, mejorar el acceso al agua potable y actividad física menos sedentaria, poco ha avanzado.
Para el Estado mexicano, urge que se concreten acciones en el corto plazo, que se analicen y desarrollen propuestas de manera multidisciplinaria y en un horizonte claro con metas y objetivos para garantizar la salud alimentaria de la población.
El Estado en sus distintos órdenes de gobierno está obligado a declarar como prioridad el control y el combate de los problemas de alimentación, ya que ocasionan enfermedades graves y crónicas no transmisibles de salud pública.
Ante tales circunstancias, se requieren programas y políticas públicos integrales y diferenciados, centrados en fomentar la buena alimentación y selección de alimentos por los consumidores y concienciar sobre la responsabilidad de la industria alimentaria.
En ese sentido, el Programa Sectorial de Salud ha establecido el objetivo de revertir el aumento de la prevalencia de obesidad y de sobrepeso en los infantes de 2 a 5 años de edad y estabilizar el problema en edades de 5 a 19 años. Aunque se proyecta que para revertirlo de manera plena en los adolescentes y estabilizarlo en los adultos se requieren entre 10 y 20 años, es imperioso legislar al respecto con un grupo consolidado responsable.
La OCDE considera que la cooperación entre los distintos ámbitos de gobierno y el sector privado es clave para combatir con éxito la obesidad. Una estrategia de prevención asociando campañas de promoción de la salud, regulación gubernamental y un seguimiento de los programas específicos implantados por el sector salud evitaría cada año la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles de varios centenares de miles de personas. También es necesario prepararse para la rehabilitación de las personas afectadas por las complicaciones de la mala alimentación, con espacios de recreación dignos.
Es necesario que los tres niveles de gobierno relacionados con la salud y el deporte, así como organizaciones civiles, la industria y cualquier mexicano vinculado al problema, la prevención y combate de la mala alimentación, participen en juntar esfuerzos para informar, prevenir y realizar acciones especificas que coadyuven a cumplir los objetivos de salud y garantizar el bienestar y estilos de vida saludables.
Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numeral 2, 68, 69, numeral 1, 76, numeral 1, fracción II, 77, 78, 89, numeral 2, 97, 102, 105 y 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión para la salud alimentaria
Decreto
Primero. Se adiciona la fracción XXXV del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue:
Capítulo VI
De las Comisiones y Comités
Artículo 39
1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
I. a XXXIV. ...
XXXV. Comisión para la Salud Alimentaria.
XL. ...
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Artículo Transitorio
Único. La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sede de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2011.
Diputados: Perla López Loyo, Yolanda de la Torre Valdez, Juan José Cuevas García, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Mary Telma Guajardo Villarreal, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, José Luis Velasco Lino, Eduardo Ledesma Romo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, María del Pilar Torre Canales, Cora Pinedo Alonso, Laura Arizmendi Campos, Laura Piña Olmedo (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Mayo 18 de 2011.)
Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 47 de la Ley General de Educación, recibida de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
La que suscribe, Ana Estela Durán Rico, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Cuando se habla de educación en México, es necesario plantear que existen diferencias por género que se dan al interior del mundo escolar y que al parecer el Estado al diseñar ciertas políticas públicas ignora.
El concepto de equidad de género está referido a la igualdad de circunstancias y condiciones de las relaciones sociales y jurídicas que existen entre hombres y mujeres. Ello ha sido un cometido constante de las sociedades en donde la democracia ha de ser considerada una forma de vida.
Es por esto que en el artículo tercero de nuestra ley fundamental, se establece que el Estado diseñará programas de estudio para cumplir con los fines nacionalistas, democráticos y de fomento a la convivencia humana. Tal es el caso de que el mismo precepto constitucional menciona a la educación normal, considerando que esta es un pilar del Sistema Educativo Nacional, por lo cual dichos programas abarcan este nivel educativo.
En este tenor, los programas de estudio para el campo de formación específica tienen como finalidad que los profesores y estudiantes normalistas dispongan de una guía para organizar y desarrollar el trabajo educativo cotidiano con metas claramente definidas y congruentes con los rasgos del perfil de egreso. Los propósitos y los contenidos en un programa son elementos centrales que dan una idea global de lo que se va a estudiar en un curso y lo que se pretende lograr en él.
Las actuales condiciones de nuestro país requieren de la integración de políticas educativas y modelos curriculares coherentes con las demandas sociales actuales y futuras, en las que se busca que el maestro de educación básica sea un elemento central en la transformación social y que cuente con un alto sentido de la responsabilidad, de la justicia social, de la equidad y de la pluralidad.
En lo referente a los contenidos de los programas escolares, hay que excluir de ellos la marcada diferenciación de papeles masculinos y femeninos que impiden a las mujeres escoger libremente actividades y formas de vida que las orillan a destinar su tiempo exclusivamente y desde pequeñas a los trabajos domésticos del grupo familiar alejándolas de un desarrollo personal autónomo y profesional. Con referencia a ello, los mapas curriculares de la educación normalista deben adoptar nuevos conocimientos para generar conciencia sobre la perspectiva de género, ya que al comprender este tema a detalle, se logrará optimizar su proceso de formación profesional y por ende permitirá transmitir la cultura del respeto y la equidad de género a los educandos de educación básica.
La civilidad de un país contempla a la educación como el principal medio para que los individuos puedan ejercer sus derechos fundamentales y satisfacer sus necesidades al participar plenamente en el proceso evolutivo de la sociedad.
Es por lo anterior, que esta iniciativa pretende hacer realidad la incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en los programas curriculares de la formación docente.
La educación y la formación profesional son esenciales porque condicionan el acceso de los individuos a las posibilidades de empleo, salud, vivienda, trabajo y también porque ofrecen una alternativa de vida a las mujeres de este país, puesto que se les permite desarrollarse en otros ámbitos y no solo en el hogar. Este mensaje tiene que difundirse en los aspirantes a educadores, puesto que en ellos recae la responsabilidad de formar los valores morales y democráticos en los educandos, los cuales deben incidir en una mejor convivencia entre varones y mujeres.
Incluir la obligatoriedad de asignaturas que tengan que ver con la equidad de género por mandato de la Ley General de Educación vigente, cumple con los convenios internacionales ratificados por México. Además se contribuye para que se proporcionen nuevos modelos que aporten el fomento de valores como la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de encaminar a los aspirantes educadores a tomar conciencia y armonizar sus relaciones sobre nuevos equilibrios teniendo como fin la erradicación de la discriminación y la violencia de género.
Es por todo lo anteriormente expuesto que me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 47 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.
(...)
Las autoridades educativas deberán garantizar la inclusión dentro de los contenidos de los planes y programas para la educación normal, la visión y desarrollo de los conceptos de igualdad, de equidad de género y respeto a los derechos humanos.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, a 18 de mayo de 2011.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Mayo 18 de 2011.)
Que reforma y adiciona el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, recibida de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
La suscrita, Ana Estela Durán Rico, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El sistema financiero mexicano es el eje central del desarrollo de nuestro país y cuenta con las autoridades que tienen a su cargo la supervisión, vigilancia e inspección de los intermediarios, y que son fundamentalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para Retiro (Consar), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Segunda. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un organismo público descentralizado, de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es promover, as esorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero.
Este órgano es especialista en asuntos de materia financiera, ya que hizo uso de los recursos presupuestales, humanos y materiales que anteriormente tenían encomendado otras Comisiones, mismas que absorbió la Condusef.
Tercera. La Condusef, en términos de su ley, cuenta con diversos mecanismos y medios de protección a los usuarios de servicios financieros como lo son, la asistencia, recepción de reclamaciones por parte de los usuarios en contra de Instituciones Financieras, así c omo llevar a cabo entre estos el procedimiento conciliatorio y de arbitraje, prestar el servicio de defensoría legal gratuita, emitir dictámenes técnicos, decretar un pasivo contingente o una reserva técnica, entre otros.
Cuarta. La Condusef, carece de facultades jurisdiccionales, sólo puede actuar como mero conciliador y arbitro en la solución de conflictos en el ámbito administrativo, sus funciones de conciliador o regulador ante las instituciones financieras no constituyen una r esolución judicial, lo anterior dado que sus pronunciamientos carecen de fuerza ejecutoría, se limitan a una decisión arbitral o un arreglo entre las partes, lo cual implica un obstáculo o debilidad para el adecuado cumplimiento de su objetivo prioritario y fundamental.
Así pues, en virtud del poco poder coercitivo que ostenta la Condusef debido a que sus funciones se centran en ser conciliador entre los usuarios y las instituciones, además de proporcionar información, así como emitir recomendaciones. Esta propuesta intenta otorgar mayor confianza en esta institución para que sean atendidos de manera eficaz sus reclamos, imponiendo la coercitividad para que las partes se sometan al arbitraje.
En relación con el procedimiento de arbitraje como medio de heterocomposición para resolver conflictos, la propia Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece que los usuarios y las instituciones financieras, podrán celebrar convenios para someterse al arbitraje. Teniendo en consideración que esta alternativa pueda ayudar bastante por ser un procedimiento rápido y sencillo, llevado por expertos, privado, y siempre contando con la buena voluntad de las partes. Pero en la realidad esto último es lo que representa un obstáculo para que los usuarios puedan obtener una respuesta rápida a sus reclamos, debido a que la ley no obliga a las partes a someterse al arbitraje.
Esta propuesta pretende que cuando se inicie el procedimiento de sustanciación de una reclamación del usuario, y si de éste se desprende que existe razón fundada de éste último, la Condusef podrá obligar a la institución que brinda el servicio financiero a someterse al arbitraje, so pena de multa.
En el actual esquema en el que opera la Condusef para atender los reclamos de los usuarios, no se constituye propiamente un procedimiento eficaz para que se resuelvan las controversias, por lo que simplemente es una mediación por parte de la autoridad, sin obligarlas a que estas se sometan a una determinada jurisdicción.
Por ello, la presente iniciativa busca dotar a la Condusef de mayores facultades dirigidas a fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de la banca, mediante la imposición de obligaciones a las instituciones financieras consistentes en informar al público sobre los servicios que ofrecen, así como de imponer una cuantiosa multa por negarse a someterse al arbitraje.
Por lo expuesto se somete a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue:
Artículo 68 Bis. Cuando del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del usuario, un acuerdo de trámite que contenga el dictamen, siempre y cuand o la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea válida, cierta, exigible y líquida a juicio de la misma comisión, así como la obligación impuesta a la institución financiera para que se someta al procedimiento de arbitraje previsto en el capítulo II del presente título.
(...)
De cumplirse con lo establecido en el primer párrafo de este artículo, la negación al sometimiento del arbitraje por parte de la institución financiera será sancionada con las multas establecidas en el título octavo de esta ley, a juicio de la Comisión.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, a 18 de mayo de 2011.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 18 de 2011.)
Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
La que suscribe, Lucía del Carmen Gallegos Camarena, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa que reforma el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las últimas décadas se ha atestiguado un cambio drástico en el papel de las mujeres en la sociedad. Se han abierto puertas para que participen en todas las facetas de la vida pública. Por lo menos dos tendencias han contribuido a ello; la primera ha sido el renacimiento del movimiento internacional de la mujer. Este movimiento resurgió después de décadas de silencio y generó una concienciación a escala mundial de la condición de la mujer y un activismo por sus derechos. La segunda tendencia involucró los efectos de la globalización y la revolución de las comunicaciones. Ambos han resultado en el quiebre de las fronteras geográficas e informativas, facilitando la difusión global de información sobre la mujer, su cambio de papeles y sus logros en la vida pública, así como sobre la formación de coaliciones internacionales de derechos de la mujer.
Desde entonces, la región ha atravesado por un proceso creciente de democratización, o redemocratización, enfatizando la democracia representativa y cada vez más participativa. Esta ola democrática ha cortejado a las votantes mujeres y les ha permitido expresar y desempeñar sus propias preferencias políticas. Las mujeres han florecido en este nuevo escenario democrático como votantes con poder de decisión, como lideresas políticas y como organizadoras políticas de movimientos de base.
No obstante lo expuesto, se puede afirmar que, pese a que en todos los países hay un movimiento generalizado de democratización, y que en el nuestro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el artículo 4o. la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, las mujeres suelen estar insuficientemente representadas en los ámbitos donde se toman las decisiones políticas y económicas; es decir, esta igualdad de jure no se ha logrado traducir en la presencia y participación igualitaria de facto de mujeres y de hombres en los espacios de poder y representación política.
Para alcanzar y ejercer el poder real, las mujeres deben vencer múltiples barreras. Entre éstas, el BID señala primero que muchas mujeres siguen teniendo la completa responsabilidad de las tareas domésticas y la crianza de niños. En una encuesta realizada entre 187 mujeres políticas de 65 países, 67 por ciento declaró que sus intentos de equilibrar el tiempo dedicado a compromisos familiares y a las actividades políticas constituían la dificultad principal que debían sobrellevar cuando postulaban su candidatura al Congreso. Resulta claro que las mujeres más pobres van a tener mayores dificultades para participar en la vida política si su principal preocupación es satisfacer sus necesidades básicas.
Segundo, a menos que se adapten o cambien el “modelo masculino” de vida política, las mujeres pueden encontrarse excluidas del dominio real de poder. Debido a que los hombres siempre han dominado la escena política, muchas instituciones han sido diseñadas para ajustarse a los estándares masculinos, o sus estilos de vida y actitudes políticas. Al ingresar en la escena política, muchas mujeres no tienen acceso o las “tradicionales redes masculinas”, lo cual limita su habilidad para obtener fondos para sus campañas políticas, y participar en las negociaciones y en el cabildeo informal que tiene lugar a puerta cerrada.
Tercero, para influir en el desarrollo económico, político y social de su país, las mujeres tienen que continuar luchando para ganar acceso a comités poderosos y ministerios relacionados con la política exterior, la economía y las finanzas. Aunque esta situación está cambiando rápidamente, las mujeres siguen siendo relegadas a temas tradicionales, como salud, ambiente, familia, género y educación.
Cuarto, algunas mujeres deben superar barreras ideológicas y psicológicas, como funciones sociales predeterminadas asignadas a mujeres y a hombres, sus propias percepciones de la política como un “juego sucio”, sus bajos niveles de autoestima y la poca publicidad que los medios de comunicación dan a la contribución de la mujer y su potencial o los estereotipos que transmiten.
Quinto, según algunos argumentos, los estereotipos respecto a la eficiencia, honestidad y capacidad de la mujer pueden actuar como arma de doble filo. Como resultado, muchas veces se tienen expectativas más elevadas respecto a las mujeres que los hombres. Si se espera más de ellas, las mujeres pueden encontrarse con mayores dificultades para probar sus aptitudes y ser elegidas.
Finalmente, el proceso de reclutamiento, las prácticas de nominación, las reglas y estructuras de los partidos políticos también pueden obstaculizar el ingreso de la mujer en la política. El éxito de las mujeres en cuanto al reclutamiento y la nominación parece estar influido por el tipo de sistema electoral y partidario vigente, pero también por las reglas y normas partidarias.
Por ello es preciso subrayar que las restricciones de la participación política que padecen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales (aptitudes, personalidad y habilidades personales) sino que son expresión de una cultura política androcéntrica, que realza los valores masculinos y establece oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general de que la participación política de las mujeres se concentre en las posiciones de base, mientras que las de liderazgo, las de mayor estatus y ampliamente valoradas, sean ocupadas mayoritariamente por hombres (Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados. La participación política de las mujeres en el ámbito municipal, México, 2008).
En el país, el Congreso de la Unión lamentablemente no es la excepción: la Cámara de Diputados se integra en 72.4 por ciento por hombres y en 27.6 por mujeres. El Senado de la República se integra en 79 por ciento por hombres y en 21 por mujeres.
Como una medida para abatir la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas, muchos países, incluido el nuestro, han instituido cupos para que las mujeres tengan un mínimo de representación.
Los cupos políticos para la mujer han funcionado bien en la región porque han contribuido a aumentar la cantidad de postulantes bien calificadas, han aumentado las oportunidades en lugar de asegurar los derechos, han beneficiado a personas de todos los grupos socioeconómicos y han hecho que las mujeres líderes sean consideradas modelos por seguir, ya que están ayudando a cambiar los estereotipos culturales, en razón de que son consideradas más accesibles, cooperadoras, incluyentes y más sensibles a las necesidades y demandas del electorado.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ha sido la vía por la que se han impuesto los cupos o cuotas de género, iniciando con 70/30, el que al cumplir su objeto se modificó hace unos años a 60/40, para quedar como se encuentra en la actualidad.
No obstante lo anterior, consideramos que dicho cupo ha cumplido su objetivo, ya que desde su inserción en la legislación electoral federal, la participación política de las mujeres se ha incrementado, por lo que resulta necesario dar el siguiente paso, que no es otro que el que nos lleva de la equidad a la paridad; es decir, es el establecimiento de una cuota de 50/50.
El establecimiento de esta cuota constituye sin duda un avance fundamental en el logro de la “democracia paritaria”, concepto que se basa en la premisa de que la sociedad está compuesta por igual de mujeres y de hombres y de que el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanos y de ciudadanas depende de una representación equitativa de ambos en la toma de decisiones políticas. Reconoce el hecho de que la humanidad está formada por mujeres y por hombres con igual dignidad y valor, e implica que la democracia no puede ser genuina si no comprende a los seres humanos tal y como son realmente, es decir, mujeres y hombres; además, reconoce que ambos pueden aportar algo a la sociedad.
Este concepto puede interpretarse como la plena participación de las mujeres en pie de igualdad, en todos los niveles y aspectos del funcionamiento de una sociedad democrática. Significa, asimismo, que la participación de cada uno de los sexos en los órganos decisorios debe darse en condiciones de igualdad.
Consideramos además indispensable que los cupos referidos no se apliquen de manera exclusiva a las candidatas y a los candidatos propietarios: debemos incluir la figura de la suplencia a fin, primero, de hacer más efectivo el acceso de las mujeres a los puestos de decisión y, segundo, de evitar la manipulaciones que pudieran realizar algunos partidos o candidatos de esta disposición jurídica, como es el caso de las llamadas “juanitas”, ya por todos conocido.
Estamos convencidos de que los cambios en la vida política y en la toma de decisiones, así como el interés por la utilización eficaz de los recursos humanos y sus capacidades, son factores que crean un entorno favorable para conseguir un equilibrio entre los sexos en materia de representación e influencia. La presencia cada vez mayor de las mujeres en las instituciones y en los órganos decisorios, particularmente en el ámbito legislativo, supone una renovación de valores, ideas y formas de comportamiento beneficiosas para la sociedad en su conjunto y contribuye a conseguir el objetivo de democracia paritaria.
El objeto de esta iniciativa es precisamente impulsar el acceso de las mujeres a puestos decisorios, a través de una reforma que promueva la paridad en la integración del Poder Legislativo, con lo que el Congreso de la Unión estará contribuyendo al empoderamiento de las mujeres y su participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder, elementos fundamentales para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz.
En atención de lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Único. Se reforma el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 219
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género, garantizando la paridad.
2. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2011.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 18 de 2011.)
Que adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
Con fundamento en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado, Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo quinto y un sexto a los artículos 4o. y 27 respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer como un derecho fundamental de toda persona el acceso al agua y su saneamiento respetando los principios de libre determinación, no discriminación e igualdad entre los géneros, que presenta el diputado federal Juan Carlos Natale López,.
Problemática
El pasado 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió mediante una histórica resolución (64/292) la determinación de reconocer en forma explícita el acceso al agua y su saneamiento como derechos humanos fundamentales.
Este hecho por sí mismo contiene una connotación que trasciende los regímenes jurídicos internos de los países miembros en el sentido de que a partir de este momento, cualquier acción u omisión por parte de empresas, particulares o gobiernos que afecte o limite el acceso de las personas al agua y al saneamiento podrá constituir una violación a los derechos humanos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, la salud física y mental de la persona.
Si bien en su momento este resolutivo fue aprobado por un total de 37 Estados-nación representados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, es de advertirse que esta determinación que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, adquiere un carácter vinculante y por tanto hace que sea de acatamiento obligatorio para todos los países integrantes al ser una resolución avalada por la propia Asamblea General de dicho organismo internacional.
En este tenor, el objeto materia de la presente propuesta de reforma, alude a constitucionalizar como un derecho fundamental de toda persona el acceso al agua y su saneamiento respetando los principios de libre determinación de los pueblos indígenas, la no discriminación e igualdad entre los géneros.
Lo anterior con el propósito de que el acceso al agua y su saneamiento debe ser reconocido y garantizado como un derecho humano en concordancia con la resolución de la ONU al formar parte de nuestro catálogo de derechos fundamentales indispensables para posibilitar integralmente un nivel de vida adecuado a través de altos niveles de salud pública, del disfrute a una vivienda digna y decorosa y una alimentación y un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.
Por lo que este derecho que proponemos adicionar a la Carta Magna, de igual forma que los establecidos en la parte dogmática de dicho ordenamiento jurídico, debe considerarse integralmente con los otros derechos consagrados tanto en la Carta Internacional de Derechos Humanos como en la Constitución del país.
Argumentación
La Organización de Naciones Unidas ha expuesto que “uno de los desafíos y retos que enfrentan las sociedades y gobiernos de todo el mundo es el tema del agua, problemática que exige hoy en día la máxima atención y compromiso decidido para hacerle frente con acciones científicas y tecnológicas, así como con políticas públicas eficientes y responsables.”
Lo anterior en razón de que la ONU ha estimado que para el año 2015, el 47 por ciento de la población mundial vivirá en zonas áridas y para 2030 unos 700 millones de personas podrían dejar sus lugares de origen por la escasez de agua y falta de saneamiento básico, siendo el apoderamiento del recurso hídrico motivo de turbulentos movimientos y disputas sociales y en donde la venta y comercialización del recurso no respetará derecho fundamental alguno.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que:
1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesidades para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia, médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Los antecedentes que subyacen a la resolución de la ONU, se encuentran plasmados desde el año 2000 cuando se elaboró el Cometario General, en el cual se hizo un reconocimiento implícito del acceso al agua potable como derecho humano, a partir de una consideración integral del derecho a la salud.
Este comentario expresamente señaló que:
“Al elaborar el artículo 12 del pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de Salud, que concibe la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al “más alto nivel posible de salud física y mental no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”.
Este reconocimiento es importante porque aunque ya se establecía de manera implícita el acceso al agua potable como un derecho humano, bajo el entendido de que éste es un recurso indispensable para alcanzar otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, sentó precedentes para la elaboración de un marco normativo para que la sociedad pudiera exigir a sus gobiernos el acceso equitativo al agua potable; además de incentivar la elaboración de programas específicos y políticas públicas encaminados a la plena observancia de este derecho.
Otras instancias internacionales en donde se reconoce implícitamente el acceso al agua como un derecho humano son la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en la cual en el artículo 24 se hace referencia a la necesidad de “combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”, así como la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1979), que en el artículo 14 establece toda mujer tiene derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”.
Asimismo, en noviembre de 2002 el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró el Comentario General sobre el derecho al agua. Lo atinado y novedoso de éste radica en la cualidad de que por primera vez el vital líquido fue reconocido explícitamente como un derecho humano fundamental, para lo cual, los Estados que lo ratificaron (145 entre ellos México) deberán asegurar progresivamente que su población tenga acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación.
El comentario general señala que: “el derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos”. Además, solicita a los Estados elaborar estrategias y programas específicos a fin de afianzar el derecho de la población al agua potable bajo cinco consideraciones esenciales:
1. Estar basadas en leyes y principios de los derechos humanos.
2. Abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las correspondientes obligaciones de los países.
3. Definir objetivos claros.
4. Fijar metas a alcanzar y los plazos requeridos.
5. Formular políticas adecuadas y los correspondientes indicadores.
Por su parte, en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2006, intitulado “Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace énfasis en el tema al afirmar que el garantizar el derecho humano al agua es un fin en sí mismo, a la vez de que es un medio para dar fundamento a otros derechos recogidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en otros instrumentos legales, incluido el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a un hogar digno. Así como “garantizar que cada persona disponga de acceso de al menos 20 litros de agua limpia al día para cubrir sus necesidades básicas es un requerimiento mínimo para respetar el derecho al agua, y una meta mínima para los gobiernos”.
Asimismo, el Informe de Desarrollo Humano de 2008, señala que la interrupción de los medios de sustento, la escasez y la mala calidad del agua provocan riesgos para la seguridad humana, que incluso, tienen mayores repercusiones que los conflictos violentos.
Desde esta perspectiva, la ONU ha exhortado recurrentemente a los Estados miembros a que emitan en su régimen interior Leyes efectivas y precisas, una agenda plural y coordinada, que destinen recursos presupuestarios óptimos, personal capacitado, métodos científicos y tecnológicos, así como esquemas alternos de organización social y productiva en aras de incidir de manera más definida y corresponsable en el cuidado, preservación y saneamiento de ríos, lagunas, cuencas y mantos acuíferos; así como el impulso de una cultura ciudadana en el uso y aprovechamiento del agua, más aun cuando por nuestra indolencia, una de las consecuencias del cambio climático es la alteración de los ciclos hidrológicos originado por el calentamiento global.
Es por ello que para México al igual que para muchos países del mundo, resulta ineludible acatar la determinación de la ONU en cuanto a garantizar y socializar el derecho al acceso al agua y su saneamiento mediante la elaboración de instrumentos y mecanismos adecuados, que puedan comprender legislación, planes y estrategias integrales para el sector, incluidos los referentes al aspecto financiero para alcanzar paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de saneamiento, sobre todo, en las zonas en que actualmente esos servicios no se prestan o son insuficientes.
Lo anterior se hace más imprescindible cuando los diagnósticos sobre la situación del agua en el mundo han preocupado a la mayoría de los gobiernos en materia hídrica. Sobresale lo relativo a la escases del agua para consumo humano producto de la sobrexplotación de mantos acuíferos y del consumo irracional en aglomeraciones urbanas para uso doméstico y actividades económicas diversas y lo relativo a los altos niveles de contaminación.
En cuanto al consumo, resalta el hecho de que en países totalmente desarrollados se consumen en promedio hasta 300 litros diarios por persona, en países subdesarrollados sólo se consumen 25 litros. Paradójicamente en México, a pesar de ser un país clasificado como subdesarrollado, se consumen hasta 260 litros en zonas urbanas cuando la lógica de sustentabilidad nos marca un uso racional del recurso promedio diario de tan sólo 120 litros por persona.
Aunado a lo anterior, seguimos perdiendo más de 12 mil litros de agua por segundo lo que hace que el 40 por ciento del agua potable se pierda en fugas y que el 6 por ciento de la población urbana carezca del servicio. Por otro lado, sólo se cobra la mitad del líquido que llega al usuario y el saneamiento de aguas residuales sigue siendo marginal y altamente costoso para los gobiernos.
En consecuencia, es obvio que la degradación y deforestación de nuestros suelos y bosques; el consumo irrestringido y desproporcionado del agua; el desperdicio que se presenta en la conducción del recurso; el alto grado de subsidiariedad y de sobreconcesión; el ineficaz sistema de sanciones administrativas, económicas y penales para quienes derrochan o contaminan el agua, así como un gasto público limitado en infraestructura hidrográfica y de saneamiento, han hecho que el 75 por ciento de los mantos acuíferos en el país se encuentren sobreexplotados con un margen de retorno, a 15 años, de sólo el 25 por ciento si corremos con tal suerte.
Si bien es cierto que este tema es preocupante para unos, y omiso y hasta incómodo para otros, lo real es que no hemos asimilado seriamente lo grave que puede llegar a representar la escases del vital líquido.
Según datos oficiales de la misma Comisión Nacional del Agua sólo en poco más de trescientas localidades en 23 estados del país, se están promoviendo acciones de conservación del agua sin que ello signifique la gestión de una política integral que conlleve visos de coordinación intergubernamental; de un programa rector de cultura en la racionalidad en el uso del agua y de sanciones; y mucho menos, de una reconfiguración técnica en el aprovechamiento del recurso en la agricultura o para fines industriales en donde persiste un mayor uso del líquido; además de que, en lo más mínimo, se está alentando a la creación de medidas que analicen objetivamente las tarifas de costo-beneficio por extracción y suministro así como la proporcionalidad del líquido per-cápita de acuerdo a actividades y usos así como en el desaprovechamiento por el desperdicio en su conducción.
En este sentido, se afirma la responsabilidad del Estado de garantizar la efectividad de un derecho fundamental desde el orden Legislativo para regular el acceso el agua y su saneamiento en beneficio de la población.
Sin embargo, queremos dejar en claro que a pesar de que este derecho pretendido parte de un derecho subjetivo que requiere de una reglamentación propia para poder obtener fuerza normativa vigente y aplicable, cabe destacar que la prescripción de derechos reconocidos constitucionalmente y sin reglamentación, poseen sólo una trascendencia sólo y cuanto existan disposiciones procedimentales para hacer posible tal o cual derecho (social) que, en caso de incumplimiento o vulneración a la misma y, sin ley reglamentaria, no es posible su exigibilidad ante la autoridad competente.
En suma, la seguridad y el derecho al acceso al agua debe ser un derecho incluido en el catálogo de derechos enmarcados en nuestro sistema jurídico mexicano como parte integral de la seguridad humana, materialmente consistente a que cada persona disponga de un recurso confiable, a una cantidad suficiente y con calidad y a un costo asequible para lograr una vida saludable, digna y productiva, al mismo tiempo de que persiga el objetivo de preservar los sistemas ecológicos que proporcionan agua y que también dependen del vital líquido.
En tal virtud y en concordancia con la necesidad por reconocer y garantizar el derecho al agua y su saneamiento de acuerdo al resolutivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, me es pertinente proponer la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que el derecho de acceso al agua y su saneamiento sea un derecho fundamental respetando los principios de no discriminación e igualdad entre los géneros.
Fundamentación
De conformidad con la fracción II del artículo 71, III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; fracción I del numeral 1 del artículo 6, y fracción VIII del numeral 1 del artículo 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se propone la presente Iniciativa con proyecto de decreto.
Denominación del proyecto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos quinto y sexto a los artículos 4o. y 27 respectivamente, recorriéndose los párrafos subsecuentes, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o.; y un párrafo sexto al artículo 27, recorriéndose los párrafos subsecuentes respectivamente, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
...
...
...
El Estado garantizará el acceso al agua para consumo humano y su saneamiento respetando los principios de no discriminación e igualdad entre los géneros. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso al agua y su saneamiento con base a lo establecido en el artículo 27 de esta Constitución en materia de dominio de aguas.
...
...
...
...
...
...
Artículo 27. ...
...
...
...
...
Las aguas tendentes para consumo humano se considerarán como de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones de la Ley Reglamentaria respectiva.
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I. a XX. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil once.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2011.)
Que reforma y adiciona la Ley de Aguas Nacionales, recibida de diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
I. Título de la propuesta
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Aguas Nacionales en materia de emergencia hídrica y falta de disponibilidad de agua, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
El conjunto de reformas y adiciones que a continuación se presenta están orientadas a subsanar las insuficiencias y omisiones que Ley de Aguas Nacionales acusa en materia de limitantes y restricciones a la explotación de aguas nacionales y en la operación del régimen de concesiones y asignaciones bajo situaciones de escasez, contaminación, sobreexplotación de acuíferos y desastres naturales.
Debemos reconocer que la actual Ley de Aguas Nacionales fue diseñada a partir de una percepción social y administrativa que concebía al recurso agua como siempre abundante y la mayor de las veces explotable. Una resultante de esta concepción es que mientras las disposiciones que este ordenamiento contiene para permitir, reglamentar y otorgar derechos para la extracción y explotación de las aguas son detalladas y profusas, las disposiciones para restringir y limitar su explotación así como las destinadas a conservar y reservar volúmenes de agua son limitadas y difusas.
En particular la Ley de Aguas Nacionales no prevé la ejecución de actos de autoridad que establezcan restricciones a la explotación de las aguas asignadas y concesionadas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o por la incidencia de actividades antropogénicas que pongan en riesgo la disponibilidad de las mismas, ya sea que estas actividades o los fenómenos naturales propicien escasez, ostensible contaminación a los cuerpos de agua, generen desequilibrios hidrológicos; o pongan en riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico.
Los componentes anteriormente citados tipifican una situación de emergencia hídrica que este conjunto de reformas define, articula y sistematiza. Es así que la presente iniciativa propone la creación de la figura de emergencia hídricaconcepto actualmente inexistente en el articulado la Ley de Aguas Nacionales.
De igual modo se propone la definición en la Ley de la Sobreexplotación de Acuíferos, concepto inexplicablemente carente de definición en la Ley de Aguas Nacionales. Técnicamente se considera sobreexplotados un acuífero cuando la extracción a la que es sometido es mayor a volumen de su recarga total en un periodo determinado. Debe considerarse que la persistencia de esta condición por largos periodos de tiempo ocasiona severos desequilibrios hidroecológicos como lo pueden ser el agotamiento o desaparición de manantiales, lagos, humedales; disminución o desaparición del caudal en los ríos; abatimiento de los mantos freáticos; formación de grietas y hundimientos diferenciales de los suelos urbanos; intrusión salina y migración de agua de mala calidad. Estos desequilibrios inciden negativamente en la disponibilidad del agua generando escasez y constituyen de acuerdo a la reforma propuesta una condición componente de una situación de emergencia hídrica .
Es también notoria la ausencia de una definición de fenómeno hidrometereológico en la Ley de Aguas Nacionales aun cuando existen varios pasajes en la Ley de Aguas Nacionales en los que se alude a la ocurrencia de este tipo de fenómenos y máxime cuando la Autoridad del Agua forma parte y está obligada a participar en el Sistema Nacional de Protección Civil para prevenir y atender situaciones contingentes causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos. Con inclusión de la figura de emergencia hídrica resulta imprescindible distinguir entre las situaciones que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas o que generen desequilibrios hidrológicos; o propicien la sobreexplotación persistente de acuíferos que son propias de una emergencia hídrica y de aquellas en donde la ocurrencia de heladas; sequías; huracanes; inundaciones pluviales, fluviales costeras y lacustres; ondas cálidas y gélidas; tormentas de nieve generen una situación contingente propia de la simple ocurrencia de esta clase de fenómeno hidrometereológico.
Toda vez definidas las situaciones y componentes de una emergencia hídrica en la ley al adicionar el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales este conjunto de reformas también propone dotar a la autoridad del agua de facultades para dosificar la extracción o restringir la explotación de las Aguas Nacionales concesionadas y asignadas ante la ocurrencia de la misma. Para poder instrumentar este acto de autoridad se propone la figura de declaratoria de emergencia hídrica que se implantaría de modo similar que al que ya se hace con el establecimiento, modificación o extinción de zonas de veda y de zonas reglamentadas, así como declaratorias de reserva de aguas nacionales y de zonas de desastre; para ello se propone la adición de una fracción XI al artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales que establece las competencias generales del Ejecutivo federal y también la modificación de la fracción XLII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales referente a las atribuciones y facultades de la Comisión Nacional del Agua para proponer al titular del Poder Ejecutivo federal la expedición de decretos.
Un reflejo de las omisiones que la Ley de Aguas Nacionales acusa ante la ocurrencia de fenómenos y situaciones que comprometen la disponibilidad de las aguas es que mientras este ordenamiento dota a la Comisión Nacional del Agua de la atribución de emitir declaratorias de zona de desastre estas no son caracterizadas ni tampoco se describen los requisitos que deben sustentar la emisión de la misma; peor aun es que los conceptos de desastre y zona de desastre no estén definidos en la Ley de Aguas Nacionales cuando la Autoridad del Agua ostenta la facultad de emitir declaratorias de zona de desastre. Lo anterior ha provocado que las declaratorias sean en los hechos una mera acepción cosmética de la Ley. La presente Iniciativa de reformas pretende subsanar tales omisiones y deficiencias. En primer lugar adiciona diversas fracciones al artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales trasladando los conceptos de desastre y zona de desastre definidos en la Ley General de Protección Civil y por otra parte articula y amplia en el concepto de emergencia hídrica la acepción sucintamente descrita en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales que refiere a la zona de desastre como aquella donde se presenta “un riesgo irreversible en un ecosistema”.
En consecuencia y de aprobarse las reformas aquí propuestas se podrán distinguir entre sí las declaratorias de emergencia hídrica, de las de desastre y zona de desastre, a su vez estas declaratorias sustentaran actos de autoridad fundados y con alcances plenamente definidos tal y como lo establece el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley de Aguas Nacionales el cual indica que “El derecho del concesionario o asignatario sólo podrá ser afectado por causas establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, debidamente fundadas y motivada. Sin embargo, a lo largo de los 124 artículos de la Ley de Aguas Nacionales no se estipulan en forma específica causas por las cuales estos derechos puedan ser afectados a pesar de que la propia ley vigente en sus artículos 22 y 38 considera situaciones “distintas a las normales” o “situaciones de desastre”.
Es así que las modificaciones propuestas clarifican y refuerzan las funciones y atribuciones de la Autoridad del Agua para dosificar la extracción o restringir la explotación de las aguas nacionales concesionadas y asignadas en situaciones de emergencia hídrica y de una baja en la disponibilidad media de las aguas del subsuelo, eliminado las ambigüedades, omisiones e insuficiencias que se observan en la Ley de Aguas Nacionales sobre el ejercicio de este tipo de actos de autoridad.
Al resolver estas insuficiencias y omisiones fortalecemos la capacidad reguladora y otorgamos nuevos elementos a la Autoridad del Agua para intervenga dosificando el consumo de los usuarios y ajustando su demanda de agua.
Esta reforma pretende generar el sustento jurídico que propicie la corresponsabilidad de todos los usuarios del agua ante situaciones de emergencia hídrica y de falta de disponibilidad de agua por acuífero, cuenca y región hidrográfica, de manera tal que las medidas que emprenda la Autoridad del Agua y los gobiernos locales por el ahorro de este vital y preciado recurso se tornen eficaces y garanticen la solidaridad de todos los usuarios evitando que este esfuerzo se concentre en un solo tipo de uso o sector de usuarios del agua como actualmente sucede.
III. Argumentos que la sustentan
El estado que guarda la disponibilidad de agua en nuestro país obliga a propiciar un cambio en nuestros hábitos de consumo relacionados con el agua; nos obliga también a desarrollar nuevas tecnologías y difundir las ya existentes para un uso y explotación responsable y sustentable del recurso; pero sobre todo, nos obliga a reorientar las políticas públicas y adecuar el marco jurídico vigente para ajustarlo a un nuevo paradigma que ya no conciba a el agua como un recurso infinito o en el mejor de los casos abundante, sino como un bien escaso, cuya preservación no solo sea asunto de interés público sino asunto de seguridad nacional y factor de estabilidad política y social.
El agua es el elemento natural de mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático cuyas consecuencias en México se han manifestado en recurrentes y devastadoras inundaciones a la vez de ampliar los periodos y regiones de sequía e intensificando con ello el abatimiento de los acuíferos.
Los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en México han comenzado en forma tardía aplazando reformas necesarias que permitan mejorar la gestión integral del agua. Debemos además reconocer que las recurrentes inundaciones y la escasez en la disponibilidad de agua por contaminación o por abatimiento de las fuentes de suministro ha generado situaciones sistemáticas de emergencia hídrica, lo que significa que esta emergencia no será un asunto pasajero ni de coyuntura, la falta de disponibilidad de agua y la drástica variación de los ciclos hidrometereológicos son problemas que afectaran la vida presente y futura de millones de mexicanos a lo largo y ancho de vastas regiones en nuestro país.
Ejemplo de lo anterior es que durante los últimos 50 años, la disponibilidad de agua en nuestro país se redujo de 18 mil metros cúbicos por habitante al año, a tan sólo 4 mil 50 metros cúbicos en la actualidad, con lo que México pasó de ser un país con alta disponibilidad hídrica a uno de stress hídrico con una baja disponibilidad de agua para consumo humano.
De acuerdo a con la edición 2010 de las Estadísticas del Agua en México, de la Comisión Nacional del Agua, de un total de 653 acuíferos existentes en el territorio, 101 se encuentran sobreexplotados y otros 69 poseen un grado de sobreexplotación entre el 80 y el 100 por ciento de su disponibilidad, lo que implica que en los próximos 10 años cerca de 70 acuíferos aprovechables dejaran de existir como fuente de suministro afectando a grandes concentraciones de población ubicadas en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara, León, Saltillo, Tijuana y Torreón así como distritos y unidades de riego ubicados en el valle de Mexicali, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas y la Comarca Lagunera. Se tienen también identificados 16 acuíferos con problemas de intrusión salina, ya que la excesiva extracción de agua, ha provocado la entrada de agua de mar en acuíferos de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora y de Veracruz.; además de 32 acuíferos con intrusión salina por contaminación salobre de suelos afectando a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán.
De los acuíferos sobreexplotados se extrae el 58 por ciento del agua subterránea para todos los usos, a su vez del volumen total de agua que se consume entre todos los usos en nuestro país el 41 por ciento tiene como fuente de extracción acuíferos del subsuelo, de ahí la importancia de implantar acciones para revertir la tendencia de sobreexplotación de acuíferos y garantizar la disponibilidad de estas fuentes de abastecimiento.
Ante esta situación, estimamos necesario implantar un conjunto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales a fin de proveer a la Autoridad del Agua del Estado mexicano de un instrumental jurídico que le permita afrontar en forma eficaz situaciones de emergencia hídrica y a su vez garantizar en forma razonable, responsable y sustentable el suministro de agua entre los distintos usos y usuarios del agua en nuestro país;
IV. Fundamento legal
En ejercicio de la facultad concedida por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 76, numeral 1, fracción II, 78, 97 y 102 del mismo ordenamiento referente a las características y elementos para la presentación de iniciativas.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
VI. Ordenamientos a modificar
Artículo Único del proyecto de decreto. Se adicionan las fracciones XXII Bis; XXVII Bis; XXVII Ter; L Bis y LXI Bis al artículo 3, la fracción XI al artículo 6 y la fracción XVII Bis al artículo 29 Bis 4 y se reforman la fracción XLII del párrafo séptimo del artículo 9; el artículo 13 Bis 4; los párrafos cuarto y quinto y el inciso d) del párrafo séptimo del artículo 22; el párrafo primero del artículo 23; el artículo 26; la fracción X del artículo 30; el segundo párrafo del artículo 38 y el segundo párrafo del artículo 39 todos de la Ley de Aguas Nacionales.
VII. Texto normativo propuesto
Ley de Aguas Nacionales
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. a XXII. ...
XXII Bis. “Desastre”: Estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.
XXIII. a XXVII. ...
XXVII Bis. “Emergencia hídrica”: Situación provocada por fenómenos naturales o por actividades antropogénicas que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas comprometiendo por escasez o por contaminación su explotación, uso o aprovechamiento o que generen desequilibrios hidrológicos; ostensible contaminación a los cuerpos de agua; sobreexplotación persistente de acuíferos o pongan en riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico. Para enfrentar una situación de emergencia hídrica la autoridad del agua adoptará medidas contingentes limitando o restringiendo derechos de los usuarios emitiendo la declaratoria correspondiente en términos del artículo 26 de la presente ley.
XXVII Ter. “Fenómeno hidrometeorológico”: Acción violenta de agentes atmosféricos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas.
XXVIII. a L. ...
L Bis. “Sobreexplotación de acuíferos”: Se consideran sobreexplotados los acuíferos cuya extracción es mayor que su recarga total en un periodo determinado, de tal forma que la persistencia de esta condición por largos periodos de tiempo ocasiona alguno o varios de los siguientes desequilibrios hidroecológicos: agotamiento o desaparición de manantiales, lagos, humedales; disminución o desaparición del flujo base en ríos; considerable abatimiento del nivel del agua subterránea; formación de grietas; asentamientos y hundimientos diferenciales del terreno; intrusión salina en acuíferos costeros; migración de agua de mala calidad. Estos desequilibrios inciden negativamente en la disponibilidad del agua generando escasez.
LI. a LXI. ...
LXI Bis. “Zona de desastre”: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres.
LXII. a LXVI. ...
...
Artículo 6. Compete al Ejecutivo federal:
I. a X. ...
XI. Expedir por causas de utilidad pública o interés público declaratorias de emergencia hídrica así como los decretos para su modificación o supresión.
XII. Las demás atribuciones que señale la presente ley.
Artículo 9. “La comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la secretaría”, que se regula conforme...
“La comisión” tiene por objeto
...
...
...
...
Son atribuciones de “la comisión” en su nivel nacional, las siguientes:
I. a XLI. ...
XLII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo federal la expedición de decretos para el establecimiento, modificación o extinción de zonas de veda y de zonas reglamentadas para la extracción y distribución de aguas nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como declaratorias de reserva de aguas nacionales, emergencia hídrica y zonas de desastre;
XLIII. a XLIX. ...
L . En situaciones de emergencia hídrica y bajo previa declaratoria de la misma, resolver la imposición de limitaciones y restricciones temporales a los derechos para la explotación de agua existentes y a los respectivos volúmenes de agua concesionados y asignados para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales intentando en todo momento garantizar el abastecimiento para el uso doméstico y público urbano.
Artículo 13 Bis 4. Conforme a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, “la comisión”, a través de los Organismos de Cuenca, consultará con los usuarios y con las organizaciones de la sociedad, en el ámbito de los Consejos de Cuenca, y resolverá la imposición de limitaciones y restricciones temporales a los derechos de agua existentes y a los respectivos volúmenes de agua concesionados y asignados para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales a fin de enfrentar situaciones de emergencia hídrica; bajo el mismo tenor, resolverá y establecerá las limitaciones que se deriven de la existencia o declaración e instrumentación de zonas reglamentadas, zonas de reserva y zonas de veda. En estos casos tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano.
Artículo 22. ...
...
...
Son situaciones distintas de las normales, cuando se declaren zonas de desastre conforme a lo señalado en la fracción LXI del articulo 3 y en el párrafo segundo del artículo 38 de la presente ley; cuando se enfrenten situaciones de emergencia hídrica definidas en la fracción XXVII Bis del articulo 3 o se emita la declaratoria correspondiente en términos de la fracción L del artículo 9 y del artículo 26 de esta ley; cuando existan previamente o se declaren e instrumenten zonas reglamentadas, zonas de veda y zonas de reserva, con base en los contenidos de las fracciones LXIII, LXIV y LXV del artículo 3 de la presente ley. En todos los casos citados se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 13 Bis 4, 14 Bis 5, 26 y en el Título Quinto, de la presente ley.
Las concesiones y asignaciones expedidas por “la Autoridad del Agua”, en los casos referidos en el Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, señalarán expresamente las condiciones de variabilidad de la fuente de agua de la cual se realizará la extracción respectiva, las condiciones y restricciones a las cuales estará sujeta la extracción de volúmenes ante situaciones de emergencia hídrica y sequías los títulos de concesión o asignación no garantizan la existencia o invariabilidad de los volúmenes que amparan. Ante situaciones de sequía se tomarán en consideración los volúmenes aprovechables en las fuentes señaladas en tales títulos, conforme lo dispongan los reglamentos de la presente ley.
...
I. ...
II. ...
Además de lo dispuesto anteriormente para el trámite de títulos de concesión, los municipios, los estados y el Distrito Federal, en su caso, en su solicitud de asignación presentarán ante “la Autoridad del Agua” lo siguiente:
a) a c) ...
d) La asunción de las obligaciones de usar racional y eficientemente el agua; respetar las reservas, las limitaciones impuestas en las declaratorias de emergencia hídrica ; respetar los derechos de terceros aguas abajo inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua; cumplir con las normas y condiciones de calidad en el suministro de agua y en la descarga de agua residual a cuerpos receptores; y pagar oportunamente y en forma completa las contribuciones o aprovechamientos federales a su cargo, con motivo de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, la descarga de aguas residuales y los servicios ambientales que correspondan, y
e) ...
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Artículo 23. El título de concesión o asignación que otorgue “la Autoridad del Agua” deberá expresar por lo menos: nombre y domicilio del titular; la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, municipio y localidad a que se refiere; el punto de extracción de las aguas nacionales; el volumen de extracción y consumo autorizados; el volumen o porcentaje del volumen de extracción que deberá reservarse y reducirse bajo situaciones de emergencia hídrica; se referirán explícitamente el uso o usos, caudales y volúmenes correspondientes; el punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad; la duración de la concesión o asignación, y como anexo el proyecto aprobado de las obras a realizar o las características de las obras existentes para la extracción de las aguas y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico.
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...
Artículo 26. Los volúmenes de extracción de aguas concesionados o asignados podrán ser afectados bajo situación de emergencia hídrica. La declaratoria que para tal efecto emita el Ejecutivo federal establecerá las limitaciones y reducciones a dichos volúmenes por acuífero, cuenca o región hidrlógico administrativa.
Artículo 29 Bis 4. La concesión, asignación o permiso de descarga, así como el permiso provisional aplicable, podrá revocarse en los siguientes casos:
I. a XVII. ...
XVII a. Por incumplir las restricciones y limitaciones establecidas en las declaratorias de emergencia hídrica.
XVIII. ...
...
Artículo 30. “La comisión” en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán:
I. a IX. ...
X. Las zonas reglamentadas, de veda, las declaratorias de reserva de aguas nacionales y de emergencia hídrica establecidas conforme a la presente ley y sus reglamentos.
...
...
...
Artículo 38. El Ejecutivo federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica y las necesidades del ordenamiento territorial nacional, regional y local, así como lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la presente ley, podrá decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la reserva de aguas.
Cuando se presenten situaciones de emergencia hídrica de acuerdo con las circunstancias descritas en el artículo 3 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, ambos de la presente ley, el Ejecutivo federal emitirá la declaratoria de emergencia hídrica. Adicionalmente, el Ejecutivo federal podrá declarar como zonas de desastre a aquellas regiones afectadas severamente por fenómenos hidrometerológicos extremos.
Artículo 39 . En el decreto que establezca la zona reglamentada a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo federal fijará los volúmenes de extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, las modalidades o límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones especiales que se requieran por causa de interés público.
Bajo situaciones de emergencia hídrica los volúmenes de extracción de aguas concesionados o asignados podrán ser afectados por la declaratoria que para tal efecto emita el Ejecutivo federal establecerá las limitaciones y reducciones a dichos volúmenes por acuífero, cuenca o región hidrológico administrativa.
VIII. Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
IX. Lugar
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
X. Fecha
Dada a los 18 días de mayo de 2011.
XI. Nombre y rúbrica de los iniciadores que presentan en nombre del grupo parlamentario
César Francisco Burelo Burelo, José María Valencia Barajas,
XII. Nombre y rúbrica de los diputados representantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Armando Ríos Piter (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera.
XIII. Nombre y rúbrica de los diputados representantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Permanente
Juanita Arcelia Cruz Cruz, (rúbrica), Rosendo Marín Díaz, Vidal Llerenas Morales.
(Turnada a la Comisión de Recusros Hidráulicos. Mayo 18 de 2011.)
Que adiciona el artículo 36 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, recibida del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 36 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Toda infraestructura para el traslado de personas y productos es parte esencial de nuestras sociedades, y mientras más crece la complejidad cultural, comercial e industrial a nivel nacional e internacional, más difícil se vuelve el tránsito vial en calles, caminos, puentes y carreteras. Resulta lógico que la observancia de leyes y reglamentos de tránsito también deba ir en aumento, lo mismo que las acciones de prevención de accidentes y la promoción y difusión de medidas de educación cívica y vial que permitan a los usuarios de las vías de comunicación desarrollar competencias.
Cada día, miles de personas pierden la vida o sufren traumatismos en nuestras carreteras. Hombres, mujeres y niños que se dirigen a pie, en bicicleta o en coche a la escuela o al trabajo, que juegan en la calle o emprenden viajes largos nunca volverán a casa, y dejarán tras de sí familias y comunidades destrozadas. Cada año, millones de personas pasarán largas semanas hospitalizadas por causa de choques graves, y muchas de ellas nunca podrán vivir, trabajar o jugar como solían hacerlo. Los esfuerzos actualmente desplegados para promover la seguridad vial son insignificantes al lado de ese sufrimiento humano creciente.
Las lesiones ocasionadas por trauma son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Se estima que cada año más de 5 millones de personas mueren por lesiones, principalmente por accidentes de tránsito producidos por vehículos automotores. Cada año 15 millones de personas sufren lesiones por efectos de accidentes de tránsito.
Investigaciones sobre el tema estiman que cada habitante del mundo, durante toda su vida, tiene la probabilidad de uno en siete de sufrir, algún día, un accidente de tránsito por vehículo automotor. Ya en 1993 el Banco Mundial en su informe sobre desarrollo estimó que las lesiones por accidentes de tránsito en la población mundial económicamente activa, ocuparon el tercer lugar entre las principales causas de defunción.
El Instituto Nacional de Salud Pública, a través del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, llevó a cabo en junio del 2010, el seminario “Consecuencias económicas de los accidentes de tránsito para el sistema de salud mexicano”, presentado por la doctora Leticia Ávila Burgos investigadora del centro.
En dicho estudio menciona que las lesiones por accidentes de tránsito (AT) en México ocupan el cuarto sitio como causa de mortalidad general, además de que generan un impacto económico y social. La doctora Ávila señaló que 26 por ciento las personas que demandaron atención en las salas de urgencia de hospitales públicos (IMSS, SSSTE y Ssa) en México durante 2007 lo hicieron debido a alguna lesión (1 millón 229 mil 667 lesionados); y de éstas 13 por ciento (49 mil 497) fueron debido a lesiones provocadas por un AT.
Otro elemento destacado son los casos de hospitalizados: 49 mil 449 personas; en promedio un lesionado por AT permanece 5 días hospitalizado. Considerando los costos para las instituciones del sector salud, así como los gastos en daños materiales en vehículos involucrados en AT en los que hubo lesionado, más los costos indirectos debido a mortalidad prematura se estima que las pérdidas sociales atribuibles a los lesionados por AT suman una cifra de 82 mil 498 millones de pesos en ese año.
El tema es altamente sensible para personas, familias y sociedad entera, por la elevada mortalidad, discapacidad, disminución de la calidad de vida, sufrimiento y pobreza a los que se asocia, ya que en no pocas ocasiones las víctimas son el principal sostén de la familia, o niños y adolescentes
La prevención de los traumatismos causados por el tránsito debe formar parte integrante de una amplia variedad de actividades, entre ellas el desarrollo y la gestión de la infraestructura vial, la producción de vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la planificación de la movilidad, la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios y servicios de protección infantil, y la planificación urbana y ambiental. La colaboración del sector sanitario en este proceso es importante. Sus funciones consisten en fortalecer la base científica, dispensar servicios adecuados de atención previa a la hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación, desplegar actividades de promoción y contribuir a la aplicación y la evaluación de las intervenciones.
En nuestro país existen algunos estados de la república que para el trámite de licencia de conducir solicitan entre otros el tipo sanguíneo del automovilista, esta situación considero es importante y puede servir tanto de acción preventiva acompañada de educación vial y correctiva al poder salvar una vida en caso de emergencia automovilística, también en este contexto es importante concientizar principalmente a los jóvenes sobre las consecuencias de este tipo de accidentes, donde puede llegar hasta la muerte, y es por ello que al incluir en el tramite la decisión del conductor de donar o no sus órganos puede lograr este objetivo.
Donar es traspasar a otro algo o el derecho que sobre ello se tiene (Diccionario de la Lengua Española, 2001). Por lo tanto, en la donación de órganos y tejidos el donante es quien tiene el derecho de donar o no sus órganos. Además, ante la pregunta “¿quién decide sobre él o sobre sus intereses?”, es el donante o futuro donante quien decide y que es la familia quien ratifica dicha decisión. De ahí la relevancia de estar informado y que existan medios pertinentes para ello en una sociedad efectivamente organizada.
El mundo se halla ante una crisis de la seguridad vial que aún no se ha reconocido totalmente y que seguirá agravándose a menos que se adopten medidas adecuadas, creando conciencia en la prevención de accidentes, así como plena alerta de las consecuencias de éstos mediante campañas de información y educación al público sobre los riesgos que entraña conducir irresponsablemente y las consecuencias sociales y jurídicas de hacerlo.
En México la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos mexicanos son donadores de órganos (donador tácito). Sin embargo, la ley también reconoce el derecho de un ciudadano a no ser donador. Es decir, el camino está abierto para tomar cualquiera de las dos decisiones.
El Centro Nacional de Trasplantes recomienda si se decide ser donador, informarlo a su familia o a sus seres queridos. Esto es importante ya que cuando una persona pierde la vida y sus familiares están enterados de su decisión de ser donador, les es más fácil tomar la decisión para autorizar la donación.
El Centro Nacional de Trasplantes creó una tarjeta de donador, que se puede obtener en el portal o página electrónica del centro, además recomienda guardar la tarjeta junto con los papeles más importantes.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 36 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo Único. Se adiciona un artículo 36 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 36 Bis. En todo tipo de licencia de conducir se registrará el grupo sanguíneo de su titular, además este podrá optar por incluir en la misma, si desea ser donador, mostrando la tarjeta emitida por el Centro Nacional de Trasplantes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 18 de mayo de 2011.
Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Mayo 18 de 2011).
Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gerardo de los Cobos Silva, en nombre propio y del diputado Arturo Ramírez Bucio, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
El que suscribe, Arturo Ramírez Bucio, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Debemos tener presente que el actual diseño de representación política en México ha sido resultado de un continuo proceso de modernización, por medio de diversos cambios que han sido fruto de las exigencias de la ciudadanía. Dicho proceso ha concedido adecuar las instituciones electorales a las características y necesidades de nuestro país. El desarrollo de este sistema en las últimas décadas, deja ver una dureza entre el impulso por incorporar el disenso en los canales institucionales y la preocupación constante por la gobernabilidad.
Por lo que hace a la integración de la Cámara de Diputados a lo largo de la historia constitucional de México independiente podemos identificar dos grandes etapas: la primera que parte desde la Constitución de 1824 hasta antes de 1977 y la segunda que va de la reforma constitucional del 6 de diciembre de ese año en adelante. La primer etapa se caracteriza, en términos generales, por una integración de la Cámara Baja a partir de un criterio poblacional, conforme al cual el número de diputados se hacía depender de un cierto número de habitantes, o bien de fracción de éstos determinados por el texto constitucional 1
Por otra parte, en la etapa que inicia a partir de 1977, el número total de diputados está predeterminado en la Constitución y se estableció un sistema electoral de tipo mixto, según el cual una parte de los integrantes de la Cámara se elegía mediante el sistema mayoritario en distritos electorales y el resto a través del sistema proporcional a partir de listas de candidatos determinadas por cada partido político.
En relación con lo anterior, la reforma electoral de 1977 tuvo como uno de sus pilares la transformación radical de la composición y del modo de integración de la Cámara de Diputados, pues por primera vez desde nuestra independencia se establecía un número fijo de 400 legisladores, 300 de los cuales serían elegidos mediante el sistema electoral de mayoría relativa y los 100 restantes mediante el sistema electoral de representación proporcional, con lo cual se introdujo un sistema electoral mixto para la Cámara Baja.
Con la reforma electoral de 1986, los alcances de la integración proporcional en la Cámara de Diputados crecieron significativamente al duplicarse el número de legisladores elegidos mediante este sistema (de 100 a 200), aumentando así el número total de diputados (de 400 a 500). Asimismo, se impuso una cláusula de gobernabilidad que garantizaba al partido mayoritario tantos escaños como requiriera para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Se estableció, en cambio, un techo de representación tal que ningún partido pudiera obtener más del 70 por ciento del total de escaños en la Cámara.
En el año de 1990 se modificó la cláusula de gobernabilidad, de forma tal que al partido que obtuviera por lo menos 35 por ciento de la votación nacional se le asignarían los diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara, así como dos escaños adicionales por cada punto porcentual obtenido por encima de ese porcentaje base y hasta 60 por ciento.
En 1993, nuevamente se modificó la legislación y se eliminó la cláusula de gobernabilidad. Se precisó que la asignación de escaños para la Cámara de Diputados se realizaría conforme a la votación nacional emitida. El límite de representación de un partido en esa Cámara disminuyó a 63 por ciento. Ningún partido con menos de 60 por ciento de la votación podría obtener más de 300 escaños, sumando los obtenidos por mayoría y los derivados de la representación proporcional. Pero aún con más de 60 por ciento de la votación, ningún partido podría obtener más de 315 escaños.
La reforma de 1996, tuvo un gran significado, puesto que estableció las bases del actual sistema electoral. En ella, se implantó un nuevo umbral de acceso a la representación en la Cámara de Diputados, aumentando a 2 por ciento la votación mínima necesaria para participar en el reparto de escaños por representación proporcional. El límite de representación se modificó: ningún partido podría obtener más de 60 por ciento de los escaños de esa Cámara. El tope máximo de sobrerrepresentación que un partido podía obtener sería de ocho puntos porcentuales sobre el porcentaje de votación nacional.
En la actualidad la Cámara de Diputados se integra con 500 legisladores: 300 uninominales, elegidos mediante el sistema de mayoría relativa; y 200 plurinominales, por representación proporcional, correspondiendo a 40 diputados por cada una de las cinco circunscripciones que integran el país. Como podemos observar, esta composición es resultado de una larga sucesión de reformas electorales. La evolución de nuestro sistema de representación muestra cómo la preocupación del Constituyente Permanente se orientó, a dar voz a la pluralidad política del país, pero siempre con el interés de mantener la capacidad para alcanzar decisiones.
Garantizar la gobernabilidad de nuestra democracia y dar cauce institucional a las problemáticas, constituyen hoy en día nuestra prioridad principal. La capacidad de alcanzar mayorías ha dejado de ser un resultado deseable del sistema electoral y se ha convertido en una necesidad apremiante. La capacidad de tomar decisiones y de construir acuerdos a partir del diálogo fructífero entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, son realmente una condición indispensable para avanzar hacia el futuro que la ciudadanía exige y que México necesita.
Tomando como base los argumentos antes expuestos, es que la presente iniciativa propone reducir el tamaño de la Cámara de Diputados, mediante la reducción de 100 diputados de representación proporcional, con lo cual quedarían 400 diputados integrantes de la Cámara. Asimismo, dicho interés por reducir el tamaño actual de la Cámara atiende a dos propósitos, el primero busca facilitar los mecanismos de negociación y concreción de acuerdos legislativos. El segundo es atender a una preocupación ciudadana que se ve reflejada a través de los datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, los cuales muestran que cuatro de cada cinco mexicanos apoyarían este cambio.
La Cámara de Diputados representa al pueblo, y es por ello que las diputaciones de mayoría relativa representan directamente a los ciudadanos y legitiman la representatividad del órgano legislativo. Sin embargo, en atención de la pluralidad, los diputados de representación proporcional deben subsistir, prevaleciendo el sistema mixto de elección.
De esta forma, la disminución de diputados plurinominales no afectaría la pluralidad camaral y sí daría un mayor peso a la representación popular que ejerció el acto democrático del voto por un candidato de su comunidad.
Adicionalmente, y con relación proporcional a la disminución hecha, se reduce también de 300 a 240 el número máximo que podrá tener un partido político, por ambos principios, en la Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de disminuir 100 diputados de representación proporcional para que finalmente sean 400 diputados los que integren la Cámara de Diputados
Primero. Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Segundo. Se reforma el artículo 53 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 53.
...
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Tercero. Se reforma el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 54. La elección de los 100 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. a III. ...
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios;
V. a VI. ...
Artículo Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar las leyes secundarias conducentes en un término de 120 días.
Notas
1 H. Fix Zamudio y S. Valencia Carmona, Derecho constitucional mexicano y comparado, segunda edición, México, Porrúa, 2001, p. 650.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de mayo de 2011, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Diputado Arturo Ramírez Bucio (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2011.)
Que modifica el artículo 1 y adiciona un párrafo al artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, recibida de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
La suscrita, diputada federal Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos siguientes:
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
La mejora regulatoria es la política pública que promueve una mayor calidad en el marco regulatorio, a fin de que se generen mayores beneficios que costos y el máximo bienestar social. Si bien, la regulación es uno de los mecanismos más utilizados por los gobiernos para intervenir en la economía y asignar eficientemente los recursos, cuando los mercados por sí mismos no lo pueden hacer, la manera en que los reguladores diseñan dichos mecanismos impone costos que, en algunas ocasiones, pueden resultar excesivos e innecesarios.
Que objetivamente la mejora de una regulación implica entre otros esfuerzos la de simplificar requisitos, disminuir tiempos de respuesta y automatizar un procedimiento administrativo. El ciudadano percibe que un trámite es simple cuando el procedimiento administrativo que lo sustenta es sencillo y la respuesta es rápida.
Durante los últimos años, las economías del mundo han modificado el marco regulatorio que rige sus mercados. Cambios tecnológicos vertiginosos, el nuevo papel del Estado en la economía y el profundo proceso de globalización experimentado en años recientes, han propiciado un incremento significativo en la actividad regulatoria de casi todos los países. Asimismo, durante 2009, las economías del mundo experimentaron un entorno adverso y México no fue la excepción. En este contexto, la política de reforma regulatoria ha sido un valioso instrumento que contribuye, sin duda, a fortalecer los sectores clave de la economía. La intervención regulatoria, esa mano visible en la economía, exige mecanismos y agencias que garanticen que las regulaciones promuevan un mejor funcionamiento de los mercados.
La mejora regulatoria recibió un nuevo impulso en el marco del Tercer Informe de Gobierno. El presidente Felipe Calderón anunció una serie de medidas para cambiar estructuralmente a México. Una de ellas consiste en que el gobierno federal lleve a cabo una reforma regulatoria de fondo. El Presidente fue muy claro en cuanto a su objetivo: “de lo que se trata es de facilitar la vida de los ciudadanos, de simplificar todos los trámites que realizan las empresas, de acercar el Gobierno a las necesidades de la gente”.
En cuanto a los aspectos que aborda la presente iniciativa la misma se recoge de las propuestas que fueron estudiadas y formuladas por el Consejo Coordinador Empresarial en su publicación denominada “Agenda de competitividad. Prioridades de sector empresarial 2010-2011”, de dicha publicación destacamos las siguientes aportaciones:
“Actualmente el despacho aduanero de mercancías en las aduanas aún requiere de la presentación física de documentos (pedimento y anexos), lo que genera un volumen considerable de archivo físico, tanto para la autoridad aduanera como para el contribuyente (agentes y apoderados aduanales, así como importadores y exporta dores), y al mismo tiempo, impacta en el costo y tiempo requeridos para la administración y glosa de dichos documentos. 1
”En el caso de México, la sobrerregulación se complica por el hecho de que más de 80% de las exportaciones se concentran en el mercado norteamericano, y las autoridades de ese país, luego de los eventos del 11 de septiembre, adoptaron una serie de medidas de seguridad para regular con mayor rigor la internación de productos. En tal virtud, es necesario entrar a un proceso profundo de simplificación de regulaciones a que se ven expuestas las empresas mexicanas que realizan operaciones de importación y exportación, proceso que se recomienda someter previamente a una amplia consulta con el sector productivo en cuanto a sus implicaciones. Asimismo, es también factible mejorar los beneficios a que tienen derecho las empresas que han sido certificadas, dada su continua y transparente movilización de mercancías a nivel internacional.” 2
Para atender las inquietudes planteadas y con la finalidad de introducir en la operación de las Aduanas de nuestro país el procesos de mejora regulatoria en forma obligatorio se propone eliminar la excepción prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para incluir la obligación de las autoridades aduana les de cumplir con las medidas de simplificación administrativa que sean establecidas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
En tal sentido se propone crea un Comité Especializado de Comercio Exterior dentro de la Cofemer integrado por las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía y representantes del sector privado, mismo que se encargue de llevar a cabo los procesos de simplificación dentro de las Aduanas de México.
II. Perspectiva mundial de México en la competitividad y comercio exterior
El Informe de Competitividad de México 2009 aparece en un momento crítico para México, dada la agenda del país la reforma nacional y el actual panorama económico mundial. En el contexto de una de las crisis más graves, problemas económicos y financieros en décadas para los Estados Unidos y el resto del mundo, se vuelve aún más crucial para el gobierno de México y el sector privado el participar en la definición e implementación de una agenda de competitividad, y las políticas relacionadas, capaz de garantizar un crecimiento económico sostenido y el bienestar de todos los mexicanos en el largo plazo. 3
Asimismo, en el último reporte de competitividad mundial efectuado por el World Economic Forum 2011, México se colocó en el lugar 60 al 66 del ranking mundial de entre más de 130 economías comparadas. Comparativamente quedaron mejor posicionados Brasil y Costa Rica. En el reporte continúa Chile siendo la economía más competitiva de la región latinoamericana, ubicándose en el lugar 30, seguido de Puerto Rico, en el lugar 41. 4
El indicador donde México se ubicó en el lugar 106 es el entorno institucional que se refiere precisamente al marco legal y regulatorio para mejorar el ambiente de negocios, por poner un ejemplo se encuentra mejor posicionado en este estudio Barbados que se ubica en el lugar 22. El indicador institucional es definido por los autores de dicho reporte, en los términos siguientes:
“El entorno institucional está determinado por el marco jurídico y administrativo dentro del cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar ingreso y la riqueza en la economía. La importancia de un entorno institucional sólido y justo se ha hecho aún más evidente durante la crisis económica, tomando en cuenta el papel cada vez más directo que desempeña el Estado en la economía de muchos países”.
“La calidad de las instituciones tiene una gran influencia en la competitividad, influye en la inversión, decisiones y la organización de la producción y juega un papel fundamental en la manera en que las sociedades se distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias de desarrollo. Por ejemplo, los propietarios de la tierra, las empresas, accionistas no están dispuestos a invertir en la mejora y el mantenimiento de su propiedad si sus derechos como propietarios no están debidamente protegidos. El papel de las instituciones va más allá de los marcos legales. Implica la actitud del Gobierno hacia los mercados, las libertades y la eficiencia de sus operaciones son también un factor importante debido al exceso de burocracia y el papeleo, exceso de reglamentación, lo que propicia la corrupción, la deshonestidad en el trato con el público, la falta de transparencia y confiabilidad, y la dependencia política del sistema judicial al imponer importantes costos económicos para las empresas y frenar el proceso de desarrollo económico.”
De acuerdo con lo anterior, la lógica de la iniciativa que se presenta tiene como finalidad abordar este importante tema de la regulación y establecer las bases para iniciar el proceso de simplificación de los procedimientos relacionados con el comercio exterior, que actualmente ya de hecho realiza la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que son la puerta de entrada para facilitar la competencia y la inserción de México en el mercado mundial.
En este sentido, la propuesta tiene como propósito crear un comité al interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que tenga como finalidad dirigir en forma especializada los esfuerzos para simplificar los procedimientos administrativos vinculados con el despacho aduanero y, en general, con el comercio exterior.
La propuesta no implica la creación de un nuevo organismo, por lo que no se pretende generar un costo presupuestal adicional en operación para Cofemer, sino simplemente de dotar de las atribuciones legales para que puede realizar las acciones de simplificación con mayor eficacia.
Es importante puntualizar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, desde su promulgación en el año de 1994, expresamente excluyó de su regulación a la materia fiscal, dentro de la cual se encuentra el tema de fiscal vinculada con las operaciones de comercio exterior.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito simplemente establecer que la materia fiscal y sus autoridades correspondientes estarán obligadas a cumplir con las medidas de simplificación administrativa que sean establecidas por la Cofemer.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad modernizar y aportar los pasos iniciales para transformar y simplificar los procedimientos vinculados con el comercio exterior.
En atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada federal Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Único. Se modifica el artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos siguientes:
Artículo 1. ...
...
...
...
Las dependencias y entidades de la administración pública federal que se relacionen con las operaciones de comercio exterior y aduanas quedarán obligadas a cumplir con las recomendaciones de simplificación administrativa emitidas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Artículo 69-F. La comisión contará con un consejo que tendrá las siguientes facultades:
I. ...;
II. ..., y
III. ...
...
...
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria contará con un Comité de Mejora Regulatoria Especializado en Comercio Exterior y Aduanas que se encargará de elaborar el Plan Anual de Simplificación y Mejora de los procedimientos administrativos relacionados con el comercio exterior y el despacho aduanero.
El Presidente de dicho Comité será nombrado por el Secretario de Economía a propuesta de las Cámaras Empresariales. Dicho Comité lo conformará el titular de la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de la Administración General de Aduana, el Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 5 representantes del sector privado elegidos, por el Secretario de Economía a propuestas de las Cámaras Empresariales.
las recomendaciones de dicho Comité son obligatorias en su cumplimiento por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal que se relacionen. con operaciones de comercio exterior y aduanas.
El funcionamiento de dicho Comité se regulará en su reglamento interior respectivo.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria tendrá un plazo de 2 meses para expedir el Reglamento Interior del Comité de Mejora Regulatoria Especializado en Comercio Exterior y Aduanas.
Notas
1 Agenda de Competitividad. Prioridades de Sector Empresarial 2010-2011. CCE, página 189.
2 Obra citada, CCE, página 190.
3 The México Competitiveness Report 2009. Ricardo Hausmann; Harvard University. Emilio Lozoya Austin; World Economic Forum. Irene Mia; World Economic Forum. Prefacio
4 The Global Competitiveness Report 2010-2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de Mayo de 2011.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de la Función Pública. Mayo 18 de 2011.)
Que reforma el artículo 113, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y le adiciona un párrafo cuarto, recibida de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
La suscrita, Clara Gómez Caro, diputada de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 113, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y le adiciona un párrafo cuarto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 17 constitucional, que tutela el derecho a la administración de justicia, ordena que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
En ese sentido, en el artículo 113, párrafo primero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se privilegia el orden público al disponerse que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al quejoso la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Además, se impone al Ministerio Público la obligación de cuidar que se cumpla lo anterior.
Pese a ello, en la reforma al artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 1994, se introdujo la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo con la finalidad, según se esgrimió, de otorgar seguridad jurídica. En tal virtud, se ordenó que esa caducidad ocurrirá en los términos que lo establezca la ley reglamentaria.
Por tanto, mediante el decreto que se publicó el 17 de mayo del 2001 en el Diario Oficial de la Federación se adicionaron los párrafos segundo y tercero al invocado artículo 113 de la Ley de Amparo, creando, sin excepciones, la caducidad de los procedimiento tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por inactividad procesal o falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles, precisando que sólo los actos y promociones que revelen un interés por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.
En el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, predominantemente por razones de justicia distributiva, está regulada la suplencia de la deficiencia de la queja en los supuestos ahí previstos, con la obligación de los tribunales de amparo de aplicarla tanto en lo relativo a los conceptos de violación como en lo atinente a los agravios que se formulen al interponerse los recursos de revisión o queja (incluso, en amparos de materia penal, se impone el deber de aplicar la suplencia aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo). Así se tiene que el alcance de la suplencia comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías hasta el período de la ejecución de sentencia en caso de concederse el amparo.
En esta tesitura, se justifica precisar en el artículo 113 de la Ley de Amparo que no ha lugar a la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, en aquéllos juicios en que cabe la suplencia de la queja instituida, como ya se vio, en el diverso precepto 76 Bis.
Al resolverse la contradicción de tesis 39/2007-PL, por diferencia de criterios entre la primera y la segunda salas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por apretadísima votación de seis votos a favor y cinco en contra, decidió que para decretar la caducidad de los procedimientos inherentes al cumplimiento de las ejecutorias de amparo se requiere la concurrencia necesaria de la falta de promoción de parte interesada como de la inactividad procesal. Especificándose que la inactividad procesal se interrumpe con actuaciones oficiosas del juzgador de amparo por privilegiarse el orden público en que se cumplan sus sentencias, ya que tiene la obligación a que se refiere el párrafo primero del artículo 113 de la Ley de Amparo de no archivar el expediente relativo sin que quede enteramente cumplida su sentencia.*
La precitada interpretación de la mayoría de ministros, integrantes del pleno del más alto tribunal de la república, es correcta tomando en cuenta que el cumplimiento de los fallos protectores es de eminente orden público, de ahí que las resoluciones oficiosas o a petición de partes que emitan los juzgadores de amparo con el objetivo de lograr su cumplimiento, sean eficaces para interrumpir la caducidad de esos procedimientos.
Empero, dicha interpretación podrá variar en sentido contrario si el referido pleno abandona ese criterio jurisprudencial, emitiendo otro; o bien, si lo modifica a solicitud de parte legitima.
Propuesta de la iniciativa
Con el propósito de una mejor regulación de la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de los fallos protectores se propone lo siguiente:
I. Reformar el párrafo tercero del artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que la caducidad se interrumpirá tanto por promoción de la parte quejosa que revele un interés por la prosecución del procedimiento para lograr que se cumpla con la sentencia de amparo, así como todas las resoluciones judiciales que sean pronunciadas por los juzgadores de amparo para lograr el cumplimiento de sus fallos protectores.
Al disponerse, con la reforma que se propone, que la caducidad se interrumpirá con promoción de la parte quejosa, se corrige el texto actual en que se utiliza la denominación de recurrente, expresión que atañe al que hace valer un recurso (revisión, queja, queja de queja o reclamación), lo que no es apropiado, máxime que para lograr el cumplimiento de la sentencia la parte interesada es la quejosa a cuyo favor sea concedido el amparo.
II. Adicionar un párrafo cuarto al mismo artículo 113 de la ley en cita disponiendo que no ha lugar a la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se hayan pronunciado en aquéllos juicios de garantías en que tenga aplicación la suplencia de la deficiencia de la queja instituida en el diverso artículo 76 Bis.
En razón de lo anterior se evitará que caduque el procedimiento de referencia si el amparo es concedido:
a) En cualquier materia, si el acto reclamado se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
b) En materia penal, si fue quejoso el reo.
c) En materia agraria, si el quejoso fue núcleo de población ejidal o comunal, ejidatario o comunero.
d) En materia laboral, si el quejoso fue el trabajador.
e) En favor de menores de edad o incapaces.
f) En otras materias, en el caso de que haya habido en contra del quejoso una violación manifiesta a la ley que lo haya dejado sin defensa.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 113, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y le adiciona un párrafo cuarto
Artículo Único. Se reforma el artículo 113, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se le adiciona un párrafo cuarto, para quedar como sigue:
Artículo 113. ...
...
Los actos y promociones que revelen un interés del quejoso por la prosecución del procedimiento, así como todas las resoluciones judiciales que se pronuncien para obtener el cumplimiento de las sentencias de amparo, interrumpen el término de caducidad.
No ha lugar a la caducidad en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo que se pronuncien en los juicios en que por su naturaleza tenga aplicación la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 76 Bis de esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
* Véase: “Caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, para que opere debe actualizarse la inactividad procesal y la falta de promoción de parte interesada.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXX. Agosto de 2009. Página 5.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, a 18 de mayo de 2011.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 18 de 2011.)
De decreto, por el que se establece como Semana Nacional de Turismo la última de febrero, recibida del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece la última de febrero de cada año como Semana Nacional de Turismo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo guarda estrecha relación con el desarrollo, y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido el turismo en motor clave del progreso socioeconómico.
El turismo es una de las principales actividades económicas del país, al que representa ingresos importantes a través de los destinos divididos en centros de playa, turismo de aventura, pueblos mágicos, turismo social, de negocios y otras áreas que pretenden presentar una oferta atractiva para el visitante nacional e internacional.
La idea fundamental que nos expresa la realidad actual es que en los años siguientes habrá de consolidares la orientación hacia el turismo innovador e inclusivo, que considere todas las clases sociales y a las personas de cualquier condición.
México contiene en sí mismo diversidad de características que lo hacen naturalmente un destino turístico. Es además un centro económico, social, político y cultural apto para este tipo de actividad. Por ésa y otras razones, desde 1929 se ha visto el turismo como una fuente de ingresos importante para la economía del país y un sector sumamente explotable.
El mercado doméstico es de gran importancia en la actividad turística, pues se estima representa alrededor de 80 por ciento de la actividad turística de México. Desde que se llevó a cabo en 2001 la Encuesta Urbana de Turismo Doméstico en Hogares, no se contaba con información sobre el comportamiento de los viajeros residentes de la República Mexicana.
En 28 de febrero de 2011, el presidente, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, los gobernadores, los secretarios de Estado y un grupo de empresarios firmaron en Palacio Nacional, el Acuerdo Nacional por el Turismo, con el cual se pretende que México sea uno de los cinco destinos más importantes del mundo.
El Acuerdo Nacional por el Turismo contiene 10 ejes principales:
1. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito para generar un aumento del número de asientos por cielo, mar y tierra en el país y hacia México, así como para agilizar la llegada, el tránsito y la salida de los turistas.
2. Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística y fomentar el ordenamiento urbano que mejore las condiciones de los destinos turísticos y favorezca su competitividad, en beneficio de los visitantes y de las comunidades vinculadas a estos lugares.
3. Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero para mejorar significativamente la imagen de México como destino competitivo y difundir su amplia y diversa oferta turística.
4. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar el financiamiento al sector turístico, con medidas que incentiven el flujo de recursos para el desarrollo de los destinos turísticos y estimulen el crecimiento y la participación de las pequeñas y las medianas empresas en el sector.
5. Elevar la competitividad de los destinos y de las empresas turísticos para garantizar la experiencia del turista a través del desarrollo de programas de mejora continua, capacitación de personal, certificación de procesos de instalaciones turísticas y otras medidas que incidan favorablemente en la satisfacción de las expectativas del viajero.
6. Diversificar y enriquecer la oferta turística con destinos, productos y servicios de mayor calidad, modernos y diferenciados a fin de incrementar la estadía y el gasto del turista en el país.
7. Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales para incrementar por las empresas del sector turístico el consumo de productos y servicios de las regiones del país.
8. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura turística que desarrolle una conciencia nacional sobre la importancia del turismo y la conservación del patrimonio cultural y natural, a través de acciones educativas, de difusión, de capacitación y de formación de recursos humanos.
9. Impulsar cambios regulatorios en favor del sector turismo para crear condiciones que faciliten y fortalezcan el desarrollo del sector.
10. Promover el desarrollo equilibrado sustentable para que los prestadores de servicios turísticos actúen con conciencia y criterios de conservación del ambiente, de ahorro de energía y de preservación de las riquezas naturales.
El sector debe ser continuamente reconocido como pieza clave en el desarrollo económico del país. Asimismo, debe garantizarse que el crecimiento del sector respete los entornos naturales, culturales y sociales. Justamente la riqueza de México en términos de cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta atraen y diferencian al país de otras naciones.
Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre. La fecha fue elegida como el día, de 1970, en que se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. La aprobación de éstos se considera un hito en el turismo mundial.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Dado que el sector turismo tiene varias características que lo convierten en prioridad nacional por su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, destacando su elevada productividad y empleo bien remunerado, así como que en muchas ocasiones se desenvuelve en regiones de menor desarrollo económico, considero indispensable reconocer los logros del turismo en el país y fortalecer este sector en forma continua, seleccionando para ello no sólo un día nacional del turismo sino la Semana Nacional del Turismo.
La riqueza cultural y natural de México implica que hay amplias oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado adecuadamente, y establecer la Semana Nacional de Turismo nos permitirá reconocer y fomentar tan importante sector, así como evaluar y favorecer áreas de oportunidad que incidan en su competitividad y sostenibilidad.
Para tal efecto y dado que el 28 de febrero de 2011, con la participación de la federación, de los estados y el sector privado, se firmó el Acuerdo Nacional por el Turismo, propongo que la última de febrero de cada año sea considerada Semana Nacional de Turismo.
Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se establece como Semana Nacional de Turismo la última de febrero
Artículo Primero. Se declara Semana Nacional de Turismo la última de febrero de cada año.
Artículo Segundo. En el marco de la Semana Nacional de Turismo, las dependencias del Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de competencia y coordinadas por la Secretaría de Turismo, a través del Consejo de Promoción Turística de México, desarrollarán lo siguiente:
I. La celebración de la Semana Nacional de Turismo; y
II. La promoción de acciones destinadas al fortalecimiento del sector turístico.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de mayo de 2011.
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Turismo. Mayo 18 de 2011.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a considerar en 2012 una partida específica para el Instituto Nacional de Pesca destinada a la adquisición de un buque de investigación oceanográfica en el Golfo de México y el Mar Caribe, así como a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a prever en el Presupuesto de Egresos de ese año recursos que permitan la adquisición de dicha embarcación, recibida del senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del PAN, y de diversos legisladores en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
De los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Jaime Rafael Díaz Ochoa, y de los diputados Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, José Manuel Marroquín Toledo y Miguel Martín López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 8, fracción II 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar, en la formulación del presupuesto para su ejercicio público del 2012, una partida específica al Instituto Nacional de Pesca, para la adquisición de un buque de investigación oceanográfica pesquera para operar en aguas del Golfo de México y Mar Caribe, así como a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese mismo año, el presupuesto que permita la adquisición de dicho buque, con el principal objetivo de cumplir con su principal encomienda de investigación científica en nuestros mares a favor del sector pesquero nacional. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a nivel mundial nuestro país destaca por la extensión de sus litorales al poseer 11, 122 kilómetros, de los cuales 7, 828 corresponden al océano Pacífico y 3, 294 al Golfo de México y Mar Caribe. Conjuntamente adopta la jurisdicción en sus aguas marinas correspondientes a las 200 millas de zona económica exclusiva que cubren aproximadamente 2 millones 900 mil kilómetros cuadrados
Estas características geográficas, aunadas a las ambientales y ecológicas permiten que en nuestros litorales la actividad pesquera continúe siendo una fuente generadora de alimento, empleo e ingreso para cientos de miles de mexicanos que dependen directa e indirectamente de esta noble actividad. Además, en algunas regiones, por sus limitadas, carentes e inexistentes actividades productivas, la pesca se ha consolidado en el presente como el único medio de subsistencia para los miles de habitantes de un gran número de comunidades costeras.
En diversas zonas localizadas en los extensos litorales, la pesca actualmente es una actividad productiva de suma importancia, además de constituirse como la mejor opción para el desarrollo económico y social de la población local y regional de los sectores más desfavorecidos asentados en nuestras costas. Adicional a esto, el aprovechamiento de los recursos pesqueros permite proveer de alimento con alto contenido proteínico a la población nacional, contribuyendo a subsanar el grave problema de la producción de alimentos nutritivos que cada vez son más necesarios, debido a los grandes problemas de salud causados por la escasez de alimentos saludables y por la mala y deficiente alimentación.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos años, la producción pesquera nacional se ha estabilizado en alrededor de 1.4 millones de toneladas anuales, aportando cerca del 1.1 por ciento de la producción pesquera y acuícola mundial, esto le ha permitido situarse entre los veinte países con mayor producción pesquera y tercero en América Latina. La aportación al producto interno bruto nacional de este sector es de alrededor del uno por ciento, con la contribución de más de un millón de empleos u ocupaciones directos e indirectos.
En el litoral del Pacífico se concentra la mayor parte de la actividad pesquera nacional, en estos mares se extrae alrededor del 76 por ciento de la producción pesquera, principalmente de los estados costeros del noroeste del territorio, destacando las entidades de Sonora y Sinaloa, los cuales aportan cerca del 50 por ciento de la producción; en tanto el Golfo y Caribe se captura el 20 por ciento, principalmente de los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Entre las principales especies que sostienen la producción pesquera nacional están: la sardina, atún y similares, camarón, calamar, mojarra, ostión, carpa, tiburón y cazón. En el caso del Pacífico se encuentran las especies de camarón, atún, sardina, calamar, tiburón y cazón, en el caso del Golfo y Mar Caribe se encuentran el ostión, pulpo, mero, camarón, lisa, lebrancha, sierra, tiburón, cazón, rubia y jaiba.
Con base a los datos estadísticos preliminares del volumen de la producción pesquera nacional del 2009, la producción total fue de 1,768 toneladas, de las cuales 1,943 toneladas correspondieron al Pacífico y 238 mil toneladas al Golfo y Caribe. En el caso del Golfo de México y Caribe las entidades federales con la mayor producción fueron Veracruz y Tamaulipas que en conjunto aportaron cerca del 50 por ciento Y las entidades de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roa contribuyeron en suma, con el restante 50 por ciento. Cabe aclarar que cinco de las entidades de este litoral se encuentran dentro de las diez entidades que aportan los mayores volúmenes de producción nacional, es decir, a nivel de litoral, estos estados son de gran importancia para el total de la producción nacional.
Los datos anteriores pueden ser alentadores para la actividad pesquera que se presenta en nuestros litorales, sin embargo, la pesca a nivel nacional, en general continua enfrentando graves problemas ambientales, ecológicos y socioeconómicos tales como la sobreexplotación y deterioro de especies; afectación de ecosistemas; deterioro de pesquerías; sobrecapitalización y subutilización; flota excedente y caduca; sobreesfuerzo pesquero, así como la falta de financiamiento y apoyos para su desarrollo e investigación científica y tecnológica.
A ello se debe agregar, los efectos por el cambio climático, que ya no son una novedad en algunas zonas de la República Mexicana y que están teniendo graves repercusiones con importantes consecuencias para la seguridad alimentaria de algunas poblaciones. Entre los efectos observados se encuentran las variaciones en los procesos climáticos y en los fenómenos meteorológicos (El Niño) que han aumentado en frecuencia e intensidad, golpeando y causando grandes desastres a las comunidades pesqueras. Además de los cambios registrados en la distribución de los peces en respuesta a las variaciones climáticas, desplazándose las especies a diferentes zonas ausentándose de los caladeros habituales de alta producción pesquera.
En el caso específico del Golfo de México y Caribe, en la problemática pesquera identificada en las últimas décadas, se ha detectado el descenso de las capturas de una fracción importante de sus principales pesquerías, el esfuerzo pesquero se ha incrementado notablemente, también se ha provocado una sobrepesca de los recursos, un sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero y se han generado notorios conflictos sociales.
Adicional a la problemática anterior, se continúan presentando grandes dificultades entre la pesca ribereña y de altamar o mediana altura por la aplicación de medidas regulatorias como es el establecimiento de vedas, tal es el caso particular de la pesquería de camarón que se realiza en los sistemas lagunarios estuarinos y el de altamar.
A todo esto hay que añadir los grandes problemas ecológicos y ambientales causados en estas aguas por los derrames petroleros que han contaminado y provocado graves e incalculables daños a la biodiversidad de la zona, dentro de estas especies, a sus recursos pesqueros de peces, crustáceos y moluscos. Entre las principales consecuencias están los deterioros e impactos causados a las especies pesqueras de mayor importancia de las que dependen miles de familias de la región, como el camarón, atún, tiburón, pulpo y ostión, así como a otras especies de tortugas y mamíferos marinos, además de otras que se encuentran en peligro de extensión.
Es preciso mencionar que, en general, la pesca en nuestros litorales, actualmente presenta la carencia y rezago de desarrollo científico e innovación tecnológica que ha provocado innegables atrasos y a limitado su modernidad y competitividad internacional, además de obstaculizar que exista un mayor crecimiento y un mejor aprovechamiento sustentable. Todo esto en perjuicio directo del sector pesquero, el medioambiente nacional y, por ende, del país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), que por precepto es la institución responsable de diseñar conducir e instrumentar la política en investigación pesquera y acuícola de país; la situación de los recursos pesqueros es preocupante y delicado, ya que investigaciones y evaluaciones realizadas por este mismo instituto, así como por diversas instituciones académicas y de investigación, han determinado y concordado que aproximadamente el 65 por ciento de las pesquerías marinas están al máximo sustentable y el 23 por ciento muestran indicios de sobreexplotación, y sólo un 12 por ciento de las pesquerías en operación podrían crecer en cuanto a captura tales como la merluza, pelágicos menores, calamar, cangrejo de profundidad y langostilla, entre otras
De las pesquerías del Golfo de México y Mar Caribe que mayores indicios de sobreexplotación y deterioro presentan se encuentra el pulpo, los ostiones y el camarón, de estas el camarón ha sido en los últimos años la más vulnerable.
Otro aspecto a considerar, es que la pesca en nuestros país se ha caracterizado por la captura tradicional y aprovechamiento de ciertos recursos pesqueros de valor comercial que han sostenido las principales pesquerías de sus mares, pero no se han explorado desde hace mucho tiempo zonas en las que se estima existe un gran número de especies factibles de ser aprovechadas a través de su industrialización y comercialización, mismas que contribuirían a minimizar el esfuerzo aplicado a los recursos que son capturados habitualmente, así como a disminuir la presión de estos mismos por las grandes flotas, con lo que se permitiría inducir a la recuperación de sus poblaciones.
Expertos nacionales e internacionales, advierten que debido al estado en el que actualmente se encuentran los recursos pesqueros de zonas costeras, es indispensable llevar a cabo investigación y exploración de nuevas pesquerías esencialmente de especies de aguas profundas que se localizan alejadas de la costa. Esta es la alternativa más viable para el mejor y amplio conocimiento de nuestros mares y de nuevas especies marinas; así como poder incrementar los volúmenes de captura, diversificar las pesquerías y minimizar los esfuerzos pesqueros en diversas zonas costeras que han sido y continúan sido sumamente afectadas.
Los mismos especialistas indican que con base a los resultados de los estudios de investigación y exploración que se lleven a cabo, se apoyaría en la toma de decisiones para el mejor manejo de las zonas costeras, como la reducción de la presión de pesca de las pesquerías tradicionales de! país, las cuales en su mayoría se encuentran al máximo sostenible o sobre explotadas, mismas que se capturan en las primeras 25 millas de la costa, y también se induciría al conocimiento de otros recursos potenciales susceptibles de ser aprovechados y que se encuentran en aguas profundas de nuestros litorales.
En el Golfo y el Mar Caribe algunos buques de investigación han realizado diferentes estudios referentes a diferentes áreas o disciplinas de ciencias del mar como oceanografía física, oceanografía química, oceanografía biológica y pesquera, entre otras, mismos que han contribuido al conocimiento de estos mares, pero en la actualidad aparte de continuar con dichos estudios es necesario buques de investigación modernos para realizar trabajos científicos que estén enfocados con aguas profundas, entre otros aspectos para el conocimiento de especies de profundidad marina, el sustrato de estas zonas, así como recabar información científica para la determinación de los efectos causados por el fenómeno del cambio climático y contaminación e impacto de los derrames petroleros, y que estén equipados con tecnología de punta.
Además, nuestros litorales tienen diferentes particulares y en el caso concreto de las aguas del Golfo de México y Mar Caribe las características geográficas, ambientales y oceánicas, las hacen peculiares y distintas a las de otras zonas litorales, sus amplias plataformas continentales de aguas cálidas y abundantes arrecifes de coral, en las que abundan especies asociadas a estos ecosistemas de arrecife y plataforma, con un gran número de especies y pocos individuos, así como sus diversas corrientes. Asimismo el relieve de la zona costera es bastante amplio si se le compara con el del Pacífico, siendo este último más estrecho y pronunciado, tales características implican la necesidad de características diferentes y adecuadas para la operación de buques de investigación específicos.
Sin embargo, desde hace muchos años, México no cuenta con buques modernos de investigación apropiados y equipados con tecnología de vanguardia y con las características especificas que son necesarias para realizar este tipo de prospecciones de gran profundidad. Además muchos de los buques de investigación con que se cuenta son muy antiguos. Algunos ya son obsoletos y/o cercanos a cumplir con su vida funcional y operativa. Además, debido a que por diferentes causas y diversos problemas desde hace muchos años ya no operan para la realización de estudios de investigación y prospección pesquera y oceanográfica.
De la misma forma es preciso aclarar, que no obstante a que el país cuenta una gran infraestructura de universidades e instituciones de investigación en ciencias del mar distribuidas en el territorio nacional, ninguna de estas instituciones de investigación y/o académicas, cuenta con algún buque de investigación que pueda realizar este tipo de investigaciones, principalmente porque no tienen el equipo y la tecnología de vanguardia apropiada, como la que es necesaria para operar equipos y sistemas de captura y prospección en aguas profundas. Además los buques existentes fueron adquiridos, construidos y diseñados en su momento para la realización de otro tipo de estudios de investigación, enfocados a pesquerías específicas y en referencia con otras necesidades y problemáticas de antaño.
Esto es importante resaltar toda vez que este tipo de buques de investigación son necesarios para los trabajos y estudios de investigación que son requeridos en nuestros mares y como se ha mencionado ninguna institución del país cuenta con este tipo de embarcaciones; no obstante de que México posee extensos litorales con recursos potenciales, en comparación con otros países pesqueros del mismo continente y del mundo.
A este respecto, los estudios que desarrollan los buques de investigación pesquera y oceanográfica en las zonas de pesca nacionales e internacionales adquieren una gran relevancia al suministrar de valiosa información científica a las autoridades pesqueras de los países, afín de adoptar las medidas regulatorias y de manejo que garanticen el desarrollo y uso sostenible de los recursos pesqueros.
Por la importancia que tiene la investigación de los mares, en los foros internacionales existe cada vez una mayor insistencia y preocupación en que las medidas de administración y gestión de los recursos deben basarse en la mejor información científica disponible. Ello implica que la gestión de la actividad pesquera tenga que sustentarse sobre una investigación solida que esté sostenida en el mejor conocimiento de la actividad pesquera, con respecto a la biología de los recursos pesqueros, las artes pesca empleadas, su medio ambiente y los ecosistemas en que se asientan, para poder hacer una adecuada evaluación biológica y pesquera de tales recursos.
Es por ello, que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, insta a los estados a proveer a sus instituciones responsables de la investigación pesquera, de los incentivos y recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo investigaciones que tengan como objetivo primordial el conocimiento de los recursos pesqueros y sus pesquerías en beneficio de los pescadores y sus flotas, con el propósito de obtener la sustentabilidad del aprovechamiento, a través del uso responsable de los recursos pesqueros, respetando y cuidando el medio ambiente y los ecosistemas y teniendo presente que la pesca como ya se ha mencionado es una actividad económica con un fuerte componente social.
A nivel mundial, la mayor parte de las potencias pesqueras, poseen flotas de investigación científica marina, con un gran número de buques de investigación pesquera y oceanográfica, modernos y sofisticados con equipos con tecnología avanzada y altamente especializada que los convierte en verdaderos laboratorios y estaciones flotantes para el conocimiento de los mares y sus especies, siendo esto uno de los ejes prioritarios para la salvaguardia y aprovechamiento sostenido de sus recursos marinos en beneficio de su actividad pesquera y su soberanía alimentaria. Estas naciones no han escatimado las aplicación y orientación de recursos presupuestales para la construcción y/o adquisición de estos buques, considerando la importancia que la investigación y desarrollo tecnológico en estos sectores implica y que cada vez son más necesarios para el mejor aprovechamiento de sus recursos marítimos.
La investigación científica en el mar no es, como se le considera, “costosa” sino una inversión que exige de apoyo tecnológico y cooperación. El monto del presupuesto que normalmente asigna el Estado a la investigación científica marina en México es mínimo. En México, a diferencia de los países desarrollados, la inversión pública que se hace en el área de ciencia y tecnología es baja; actualmente se invierte menos del 0.4 por ciento del producto interno bruto. De esta inversión, se considera que para los aspectos de pesca y acuacultura son mínimos estos recursos.
Si se aspira a un desarrollo integral y sustentable del país es fundamental se incremente la inversión pública en investigación, además de fortalecer y dotar a las instituciones oficiales responsables en la materia, con los recursos necesarios que permitan enfrentar las situaciones actuales y los retos que en materia pesquera y acuícola tendrán que enfrentar.
Como legisladores de ambas Cámaras del Congreso estamos convencidos que es apremiante que debido a !a importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca en nuestros litorales, es necesario que se incremente el presupuesto público que se otorga a las instituciones responsables de la investigación pesquera y acuícola a fin de que cuente con los recursos presupuestales necesarios para desarrollar con eficiencia las funciones que por ley le fueron encomendadas y para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un respetuoso exhorto:
a. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2012 contemple una partida especial al Instituto Nacional de Pesca para la adquisición de un buque de investigación oceanográfica pesquera para operar en el litoral del Golfo de México y Caribe.
b. A las Comisiones de Pesca, Ciencia y Tecnología, así como de Presupuesto y Cuenta Pública de de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, consideren y apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de la Pesca, para la adquisición de dicho buque de investigación, por el orden de los 150 millones de pesos, etiquetando dichos recursos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo de 2011.
Senadores: Luis Alberto Coppola Joffroy (rúbrica), Humberto Andrade Quezada, Sebastián Centeno Calderón, Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica).
Diputados: Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, José Manuel Marroquín Toledo, Miguel Martín López, Ninfa Clara Salinas Sada.
(Turnada a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 18 de 2011.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se fortalezca el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, recibida del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
El Partido Acción Nacional ha instrumentado una campaña nacional de desinformación responsabilizando al PRI de bloquear las reformas que el país necesita. Curiosamente, dentro de esta campaña no se hace mención de otra de las reformas que el país necesita, que tiene que ver con las modificaciones de orden fiscal, en donde el PRI en el Senado de la República ya ha presentado una iniciativa al respecto.
No obstante las mentiras que el PAN pretende hacer verdades, es necesario precisar algunos datos duros que permitirán situar que, más que un tema de reformas, es un tema de capacidad o más bien de incapacidad de Acción Nacional. Durante su periodo, el presidente Fox envío un total de mil 966 asuntos al Congreso de la Unión, entre iniciativas, instrumentos internacionales, permisos y ratificación de nombramientos, de los cuales le fueron aprobados un total de mil 879, es decir casi el 95 por ciento. En el caso de la administración del presidente Calderón se han enviado mil 870 y se han aprobado mil 709, es decir, el nivel de aprobación de asuntos en este sexenio esta cercano al 91 por ciento.
Los gobiernos panistas han gozado de la colaboración innegable del Congreso y del PRI al tener un nivel de aprobación mayor al 90 por ciento.
En el caso específico de iniciativas de ley, las administraciones panistas alcanzan un nivel de aprobación de más del 70 por ciento. Ante la veracidad de los números es un hecho evidente que el Congreso de la Unión ha dotado al Ejecutivo federal de las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad. En este contexto, el sofisma en el que se basa el argumento del partido en el poder sobre el bloqueo de las reformas por parte del PRI se hace evidente. El hecho real es que el PAN ha sido omiso e incapaz al gobernar.
El interés por el acuerdo del Congreso y del PRI no sólo se ha visto reflejado en la aprobación de asuntos legislativos sino en la fundamental aprobación de presupuestos. En el periodo que va de 2003 a 2011 el presupuesto de la administración central, en donde se encuentra la Presidencia de la República, las diversas Secretarías de Estado, entre otras instituciones, se ha incrementado en más de 800 mil millones de pesos. Por ejemplo, en el lapso referido, la SCT ha casi triplicado su presupuesto, la Secretaría de Educación Pública ha incrementado sus recursos en más de 110 mil millones de pesos, los recursos en materia de seguridad pública se han incrementado en más de 300 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Social ha visto crecer su presupuesto de 18 mil a más de 80 mil millones de pesos.
No obstante, el Ejecutivo federal ha dilapidado la confianza y la colaboración del Congreso y de la sociedad mexicana.
Recientemente un estudio del CIDE reporta que el 2.9 por ciento de los funcionarios de la burocracia federal acaparará, durante 2011, el 22 por ciento del presupuesto para sueldos y prestaciones de 18 secretarías de Estado, de la Procuraduría General de la República y de la Presidencia de la República.
Lo que implica que apenas 31 mil servidores públicos, concretamente la alta burocracia del gobierno federal que llegó con Fox a Los Pinos en el 2000 y se ha consolidado con Calderón, ganan hasta 3.3 millones de pesos al año. Es imperdonable que con los niveles de pobreza en el país, que crecen sin parar, o con la violencia que es el pan de cada día, o el déficit en la creación de empleos, que es de cientos de miles, tengamos ahora que lidiar con el abuso de funcionarios burbuja que se sirven de los recursos públicos con la cuchara grande.
El Ejecutivo federal ha ido en contra del mandato de la Cámara de Diputados establecido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación desde 2009, a través del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público que precisaba la racionalización del gasto de operación, la compactación de estructuras administrativas, así como una puntual revisión de plazas con duplicidad de funciones y una reducción salarial de la alta burocracia, como subsecretarias jefaturas de unidad, direcciones generales, etcétera.
Es por ello que se considera necesario que la Comisión Permanente exprese un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que haga una revisión puntual de los alcances del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, de los incumplimientos por parte del Ejecutivo federal y de medidas concretas que endurezcan su aplicación.
En tal virtud me permito proponer a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco del análisis, modificación y, en su caso, aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se realice una valoración puntual de los alcances del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público a efecto de realizar los ajustes necesarios que deriven en su fortalecimiento.
Recinto de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2011.
Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 18 de 2011).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a exhortar, a su vez, a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público a dictaminar el proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social que fue presentado por el Ejecutivo federal en febrero de 2009, recibida del senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2011
El suscrito, Ángel Alonso Díaz-Caneja, senador de la República, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados a fin de que, a su vez exhorte a las Comisiones Unidas de Vivienda, y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social que fue presentado por el Ejecutivo federal en febrero de 2009, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 10 de febrero de 2009, el Ejecutivo de la Unión, licenciado Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de 2009. Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La iniciativa en comento plantea la intención de redistribuir las aportaciones a cargo del patrón, entre el ahorro para la vivienda y el de retiro, al tiempo de que éstas puedan ir acompañadas de un mayor control por parte del trabajador. Con la iniciativa pendiente de dictamen por las comisiones antes mencionadas, los trabajadores menores de 30 años de edad, con un ingreso menor a tres salarios mínimos, podrán complementar los recursos que hasta ahora utilizaban para adquirir vivienda, con 30 por ciento de los recursos de su subcuenta de retiros, cesantía y vejez; de este modo se permitirá que los trabajadores, principalmente los jóvenes y los de bajos ingresos, puedan acceder a un crédito a la vivienda en condiciones que hasta hoy no son permitidas por vicios normativos.
La propuesta del Ejecutivo también plantea mejorar la capacidad de operación financiera y de fiscalización del Instituto, lo que le permitirá más opciones de financiamiento para otorgar créditos de vivienda en mejores condiciones, y con mayor certidumbre para los trabajadores; del mismo modo se traza en la Iniciativa actualizar el sistema de portabilidad de derechos a fin de armonizar los contenidos de la ley del instituto y permitir que los trabajadores que hayan cotizado a dos sistemas distintos de seguro social, puedan sumar las cotizaciones de sus diversos periodos laborales en ambos regímenes y con ello se les pueda otorgar el pleno disfrute de las prestaciones, tal como ya se establece para los trabajadores del Estado en la Ley del ISSSTE.
La necesidad de analizar y dictaminar la propuesta antes citada estriba en la urgencia de contar con un sistema de seguridad social más eficiente en cuanto al uso y destino de los recursos de los trabajadores y, al mismo tiempo, contrarrestar los efectos de la actual coyuntura que vive el país, incentivando la contratación de créditos accesibles para la adquisición de viviendas a las personas de escasos recursos, y principalmente a los jóvenes, gracias a la fortaleza financiera que presenta hasta el momento el instituto.
Actualmente se estima que 3 millones 435 mil derechohabientes del Infonavit están en condiciones de usar ese 30 por ciento del ahorro para el retiro para adquirir una vivienda, cantidad que podrá ser utilizada bajo cualquier esquema crediticio, según datos del propio instituto.
No podemos soslayar que México es un país joven, ya que la edad promedio de la población es de 29 años de edad, mientras que la mitad del país tiene menos de 26 años. Los resultados del censo de población y vivienda 2010, indican que 32 millones 915 mil, tienen menos de 15 años, 72 millones 345 mil están en la etapa productiva que comprende entre los 15 y los 64 años de edad, y siete millones 77 mil, son mayores de 65 años.
Vemos de este modo que en México la población joven asciende a 27,2 millones de personas, la cual equivale a 28.5 por ciento del total de la población. De este volumen, 48 por ciento son hombres y 52 mujeres.
Considerando también que, la etapa de la vida en que la mayor parte de la población deja la escuela, se incorpora a la actividad económica, inicia su vida en pareja, ocurre entre los 15 y 29 años de edad. También es en estas edades cuando ocurren con mayor frecuencia los cambios de residencia, ya sea para independizarse del hogar paterno o bien buscar mejores condiciones de vida; para desgracia de este sector, en México no contamos aún con un esquema de seguridad social de cobertura universal y adecuado al tiempo que vivimos, sumado a la constante movilidad laborar que padece este sector por la falta de empleos más estables y con mejores emolumentos.
Si bien, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes suscrita en octubre de 2005 en la ciudad española de Badajoz, establece en su artículo 30 que:
1. Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de comunidad.
2. Los Estados parte adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movilización de recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas se concretarán en políticas de promoción y construcción de viviendas por las Administraciones Públicas y de estimulo y ayuda a las de promoción privada. En todos los casos la oferta de las viviendas se hará en términos asequibles a los medios personales y/o familiares de los jóvenes, dando prioridad a los de menos ingresos económicos.
Las políticas de vivienda de los Estados Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo desarrollo y madurez de los jóvenes y de la constitución por éstos de nuevas familias.
México no ha sido capaz de actualizar su sistema de seguridad social por la falta de concesos, inhibiendo con ello el derecho que asiste a los jóvenes de adquirir viviendas bajo esquemas accesibles durante su vida productiva.
Y teniendo presente la demanda actual y futura de la población mexicana que aspira a ser propietaria de una vivienda, la cual estima el Instituto será para el periodo 2010-2050, alrededor de 12.7 millones de financiamiento entre sus afiliados y de 32.3 millones a nivel nacional, según datos contenidos en el Plan Financiero 2011-2015 del Infonavit. Al tiempo de que sólo el 20 por ciento de la población derechohabiente con necesidades de vivienda, cuenta actualmente con un crédito de Infonavit.
El mismo documento, estima que con los productos de financiamiento disponibles, sólo es capaz de atender al 37 por ciento de las necesidades actuales, es decir, 1.2 de 3.2 millones, lo que evidencia que el modelo actual es insuficiente. Se calcula que la demanda atendible por este concepto podría cubrirse en cinco años, a razón de 240 mil créditos por año. En cuanto que las necesidades futuras, se estima, requerirán un flujo de financiamiento del orden de 310 mil por año; lo que, sumado, arroja una demanda anual de 550 mil créditos hasta 2015, y de 310 mil a partir de 2016.
Actualmente, las leyes en materia de vivienda han presentado cambios significativos orientados a mejorar las condiciones del sector, sin embargo, la modificación a la Ley del Infonavit es de las más importantes debido a que permitirá al Instituto ampliar su régimen de inversión, brindar a sus derechohabientes flexibilidad en el fondeo y otorgará más créditos a los trabajadores mexicanos; razones estas por las cuales debemos reflexionar los legisladores que es tiempo de avanzar y tomar las decisiones necesarias para sacar provecho de las ventajas competitivas que tenemos, por lo que la reforma a la Ley del Instituto será un cambio integral que permita a los jóvenes contar con amplias posibilidades de adquirir una vivienda digna bajo condiciones justas.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados a exhortar, a su vez, a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, presentado por el Ejecutivo federal en febrero de 2009.
Salón de pleno de la Cámara de Senadores, a 18 de mayo de 2011.
(Turnada a las Comisiones de Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público. Mayo 18 de 2011.)
Actas
De la Comisión de Transportes, relativa a la décima reunión plenaria, efectuada el jueves 28 de abril de 2011
A las 17:00 horas del jueves 28 de abril de 2011, en los salones 1 y 2 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Transportes, de conformidad con la convocatoria publicada, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Presentación de la minuta que reforma el artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, por la Asociación Mexicana de Armadores de Remolcadores (Asomar)
Se dio inicio a dicha presentación con el tema de servicio de remolque en México, toda vez que la minuta consiste principalmente en la opción de llevar a cabo la contratación del servicio portuario de remolque para los cruceros turísticos, siempre y cuando cuenten con las disposiciones tecnológicas. Se comentó que dicho servicio se utiliza para la evasión de accidentes, para mejorar la seguridad, no sólo de personas, medio ambiente, sino las propias instalaciones portuarias y embarcaciones.
Se utilizó la presentación de indicadores para el conocimiento del papel que juegan en los puertos de México, llegando a la conclusión que en los últimos cinco años, se han triplicado los accidentes marítimos, no obstante los adelantos tecnológicos. Asimismo, que el servicio es considerado como un elemento de seguridad para personas, embarcaciones, medio ambiente e infraestructura. En cuanto a los equipos de propulsión y aparatos electrónicos con los que cuentan los cruceros, son elementos que ayudan y facilitan la navegación de atraque, pero nunca tendrán la maniobrabilidad de un grupo de remolcadores asistiendo al barco.
El diputado presidente Javier Gil Ortiz agradeció la presentación de la asociación, resaltando la importancia de ésta, para en su momento emitir el dictamen respecto a la minuta mencionada junto con la Comisión de Marina.
2 y 3. Lista de asistencia y verificación de quórum
El diputado Javier Gil Ortiz, solicitó a la secretaría, informara la asistencia de los miembros de la comisión, para efecto de dar inicio a la décima reunión plenaria, informando el diputado Alfredo Rodríguez Dávila, la presencia de 25 legisladores, encontrándose los diputados Francisco Javier Gil Ortiz, presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Francisco Lauro Rojas San Román, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Benjamín Clariond Reyes Retana, Paula Angélica Hernández Olmos, Juan José Guerra Abud, Silvio Lagos Galindo, Pedro Ávila Nevarez, José Antonio Arámbula López, Olga Luz Espinosa Morales, secretarios; Hugo Héctor Martínez González, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Leobardo Soto Martínez, Heliodoro Díaz Escárraga, Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo, Adolfo Rojo Montoya, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Oscar Román Rosas González, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, César Mancillas Amador y Ricardo Urzúa Rivera.
Posteriormente el secretario dio lectura al orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Exposición y comparecencia del conciliador y administrador de Mexicana de Aviación.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de seis proyectos de dictamen previamente remitidos a los diputados.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Por lo anterior, por unanimidad de los presentes, fue aprobado el orden del día.
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la comisión, diputado Javier Gil Ortiz, dio por iniciada la reunión.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior
A continuación, el diputado presidente Javier Gil Ortiz, solicitó a la secretaría consultar si se omitiría la lectura de la misma, toda vez que había sido previamente distribuida a cada uno de los integrantes de la comisión. El secretario, diputado Javier Rodríguez Dávila, puso a consideración el acta, y se aprobó por unanimidad en votación económica.
4. Exposición y comparecencia del conciliador y administrador de Mexicana de Aviación
El presidente, diputado Javier Gil Ortiz, dio la bienvenida al licenciado Gerardo Badín Cherit, conciliador y administrador en el tema de Mexicana de Aviación; al contador público Horacio Torres, auxiliar del conciliador; al licenciado Roberto Sánchez, integrante del jurídico del concurso mercantil; al ingeniero Adolfo Crespo, coordinador de Comunicación Social; al capitán Fernando Perfecto, secretario general del Sindicato de Pilotos de ASPA; y a Lizette Clavel, secretaria general del Sindicato de Sobrecargos.
El objeto principal de la invitación fue tener una radiografía clara del estatus que guarda el caso de Mexicana de Aviación, como lo pidió el diputado Heliodoro Díaz Escárraga en la plenaria anterior de la comisión.
El licenciado Gerardo Badín procedió a dar una semblanza respecto a la situación actual de Mexicana manifestando lo fundamental que es para la industria aérea de México.
Mexicana tiene 18 mil millones de pesos en pasivos, de los cuales 4 mil 700 son pasivos laborales, que es la liquidación de los contratos colectivos de trabajo, mil 300 millones son pasivos fiscales, de impuestos y una cantidad aproximada de 900 millones más son sueldos en marcha de los trabajadores.
Ésos, en un concurso mercantil, no dan quitas y no entran a la votación, por lo cual quedan 8 mil 600 millones que sí entran a la negociación, 9 mil 500.
De esos se requiere el 50 por ciento más un centavo para lograr el convenio concursal. A este momento se llevan quitas por 4 mil 900 millones que significa el 57 por ciento de todos los acreedores. Esto quiere decir que prácticamente el concurso, ya se tienen los elementos para celebrar el convenio concursal, sin embargo no se puede hacer hasta que no haya capitalización, toda vez que se ha logrado el 97.1 por ciento de quitas, quiere decir que en lugar de 8 mil 600 millones, se va a pagar 247.
Se quitaron el 97 por ciento de todos sus adeudos, la mayoría de los acreedores. Los que restan, el 43 por ciento que falta, dice la ley que si no se otorgan, se saca el promedio y les aplica esa quita.
En consecuencia, de los 8 mil 600 millones, si se les aplica a todos el 97 por ciento de quitas se pagará aproximadamente 350, 400 millones de pesos.
El licenciado Gerardo Badín comentó acerca del plan de negocios de Fisicapital. El plan de negocios de Fisicapital, preveía 27 aviones. El plan de negocios que se tiene es el plan de negocios que ya ha sido probado financieramente por expertos, ya se ha tenido siete pernes opinion al respecto y éste es resultado de ellos.
Se contaría, para fines del 2011, con 39 aviones en vuelo y cinco en reserva para mantenimiento y por cualquier otra situación y iría hasta el 2015, con 48 aviones. Sin embargo con los grupos que hemos estado platicando para lograr la capitalización, la cifra de 48 aviones para el 2015 es casi con la que pretenden terminar en el 2011. En consecuencia, teniendo un inicio de operaciones con 39 aviones, se tendría mano de obra para 3 mil 644 empleos.
De los tres sindicatos y personal de confianza, los 4 mil 750 millones que son necesarios para liquidar, el contrato colectivo de trabajo anterior, firmar el nuevo y volar, serían pagados de la siguiente forma:
Se necesitarían 971 millones, que es parte de esa capitalización que se está requiriendo para pagar 3 más 12 que sería lo que recibiría cada trabajador en caso de una quiebra, pero lo recibirían en el momento preciso, muy rápido, en lugar de esperarse un par de años a que se vendieran los pocos activos de la empresa.
Un segundo pago que se haría con un bono de deuda, en donde anualmente se les pagaría únicamente los intereses que asciende a una cantidad muy similar, 920 millones y al séptimo año se les pagaría esto a efecto de que no les pegue fiscalmente al primer año, nada más se pagaría el servicio de la deuda y al último año, a los siete años, se liquidarían otros 918 millones.
Y el 5 por ciento de las acciones, para todos los empleados. Las acciones van individualizadas, sin embargo por opción, entrarían a un fideicomiso que ellos mismos formarían.
Con los nuevos contratos colectivos que han sido rubricados ya por los tres sindicatos y que están en poder del secretario, en depósito con el secretario del Trabajo y Previsión Social, hay un comparativo de compensaciones.
La Nueva Mexicana, tendría un costo promedio, en el caso de los pilotos, de 59 mil 500 pesos; Interjet trae un costo promedio de 53 mil 308 pesos y Volaris trae un costo promedio de 59 mil 78 pesos. Prácticamente en el caso de los pilotos, estamos muy cerca de lo que es Volaris y un poquito arriba de Interjet.
Para el caso de sobrecargos, la Nueva Mexicana tendría 13 mil 850 pesos, en el caso de Interjet, traen un promedio de 14 mil 200 y en el caso de Volaris 11 mil 600. Prácticamente los 3 contratos son muy semejantes.
En cuanto a los slots, se comentó que la competencia constantemente está sacando noticias negativas para Mexicana. Los slots están todos totalmente intactos. No se han quitado ni un solo slot tanto en México como en todos los destinos que se va a volar.
Por otro lado se ha cuidado el flujo, se formó un comité de cobranza, el cual es de lo que está viviendo Mexicana en este momento, de los vuelos que se hicieron y no se había pagado. Es un Comité de Vigilancia de caja y se han hecho las negociaciones con los acreedores, con los cuales se ha seguido trabajando en cuanto a la condonación de pagos hasta del 100 por ciento en muchos casos.
Acto seguido, al contar con la presencia del diputado Mario di Contanzo, el diputado solicitó al licenciado Gerardo Badín llevar a cabo una exposición más detallada de la situación de Mexicana, toda vez que en reuniones anteriores, el conciliador había manifestado lo mismo.
El licenciado Badín comentó al respecto que hay tres grupos, los cuales uno es TG Group, el otro es Iván Varona y el otro es Avanza Capital.
Avanza Capital cuenta con su expediente, ya mostró cartas de crédito, son cartas que efectivamente vienen sujetas entre esas cartas de 3 mil millones de dólares y la construcción de un aeropuerto.
En el caso de Iván Varona, se cuenta con una carta donde demuestra que cuenta con 200 millones de euros, hacia el martes o miércoles va a tener que ir una persona, para que ellos vean la certeza y llegará dando la fecha definitiva en que puede traer el capital.
Y en el caso de TG Group, no se ha manifestado en forma fehaciente que se baja, como vulgarmente se dice. Sin embargo, se ha mostrado al día de hoy una carta prueba de fondos del Banco HSBC por 45 millones de dólares que a este momento no se puede dar todavía por escrito la certeza de esa carta.
El diputado Silvio Lagos Galindo, al hacer uso de la palabra, solicitó al conciliador le comentara qué acciones legales llevaría a cabo Mexicana ante el presente escenario, por lo que el conciliador y administrador determinó que él se encuentra en estos momentos más dedicado a la capitalización y en su caso las partes, acreedores reconocidos, la empresa y trabajadores, son los que pudieran hacer lo que a su derecho asiste.
Por su parte el diputado Samuel Herrera comentó que de las intervenciones realizadas, habría que hacer una reflexión, sobre todo de las irregularidades que ha tenido este proceso, desde el rescate mal habido por parte del Fobaproa.
Asimismo, cuando Mexicana y Aeroméxico eran bienes de la nación y su valor se estimaba cerca de dos mil millones de dólares. Por lo que propuso solidarizarse con los trabajadores para que puedan conservar su empleo y en su caso lograr el rescate de la empresa.
Se tiene que actuar en consecuencia, porque ahí hubo intereses políticos desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde la misma Presidencia de la República y la gente cercana a este proceso, en la cual hubo irregularidades; hubo intereses políticos, que posiblemente se quiere dar un interés para privilegiar a un grupo de empresarios, que están junto con Aeroméxico.
Acto seguido el diputado presidente Javier Gil Ortiz, agradeció la presencia al licenciado Gerardo Badín y a todo su equipo de trabajo, así como a los líderes representantes de los respectivos sindicatos. Asimismo, resaltó la importancia de lo comentado por el diputado secretario Javier Rodríguez Dávila, en cuanto a coadyuvar permanentemente en el presente caso, toda vez que el mismo es competencia de la Comisión de Transportes.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictamen brevemente remitidos a los integrantes de la comisión
Posteriormente se dio lectura a los proyectos de dictamen, dando lectura únicamente al título de éstos y su correspondiente resolutivo, siendo los siguientes:
1. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicie los trabajos de construcción del libramiento vehicular de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestales que se registren durante el ejercicio fiscal de 2011, para la construcción de la obra del libramiento Tlapa de Comonfort.
Acuerdo. Se desecha la proposición de punto de acuerdo.
Del presente proyecto el diputado secretario puso a disposición de los diputados presentes el mismo, haciendo uso de la palabra el diputado Javier Gil Ortiz, manifestando, que en coordinación con los asesores se había llegado a la conclusión de desecharlo el proyecto en virtud de que no se contaba con los elementos necesarios. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el sentido resuelto.
2. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instruya lo necesario a efecto de que las casetas de peaje instaladas en las carreteras del país sean sometidas a un proceso de modernización que mejore la eficiencia en sus operaciones.
Acuerdo. Se realiza el exhorto en forma afirmativa a la secretaría.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández al hacer uso de la palabra, cuestionó el costo que se reflejaría al llevar a cabo esta modernización, por lo que el diputado Javier Gil únicamente manifestó que era un exhorto para de alguna manera impulsar esta propuesta, asimismo, que en caso de aprobarse la misma sería para nuevos concesionarios, toda vez que no se podría aplicar retroactivamente en perjuicio de los mismos. En consecuencia el proyecto fue aprobado por la mayoría de los presentes.
3. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Transporte y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Al ponerse a discusión el presente dictamen, el presidente, diputado Javier Gil, determinó que de la reunión llevada a cabo con la mesa directiva se concluyó que la presente propuesta es muy buena, toda vez que es necesario federalizar los delitos que se lleven a cabo en las carreteras federales. Sin embargo, este dictamen va en comisiones unidas con la Comisión de Justicia, y por tratarse de estar discutiendo la competencia en cuanto a qué autoridad es la que debe de ejercer la ley en tales lugares, la sugerencia que tenemos nosotros es bajarla de la comisión y que se dictamine primero por la Comisión de Justicia, que creemos que le compete mucho más el tema que a la Comisión de Transportes en sí. Ésa es la conclusión, a reserva de lo que opinen los diputados presentes.
En consecuencia el diputado secretario puso a consideración lo propuesto por el presidente, para efecto de detener la votación del citado proyecto de dictamen y declinar la competencia para que la elaboración del proyecto quede a cargo de la Comisión de Justicia.
4. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, así como el párrafo primero del artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, minuta de la Cámara de Senadores, clasificación de autotransporte federal de turismo y que todos los vehículos de autotransporte de carga, peaje y turismo, deberán de cumplir con verificaciones técnicas de sus condiciones físico mecánicas y de seguridad.
La presente minuta fue aprobada por unanimidad de los presentes.
5. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma un artículo 5o., de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, la regulación de tarifas para el peaje de motocicletas.
Respecto al presente proyecto de dictamen, el diputado secretario Javier Rodríguez Dávila comento, primero decir que en el fondo de la Iniciativa o el objetivo de la misma, creo yo que es correcto. El impacto presupuestal que tiene para la Secretaría de Hacienda es prácticamente nulo. Quisiera poner a su consideración que parte del texto que se pide, que se incluya en la redacción para lograr el objetivo, que ya todos tenemos muy claro porque lo hemos platicado en varias ocasiones, podría generar otro tipo de problemas, los cuales quisiera yo plasmar a su consideración y la propuesta de un servidor es, después de verter estos comentarios e información, la propuesta es detener la votación del dictamen para hacer modificaciones que no tengan el impacto rebote, comentaré a continuación:
En el artículo 5o., fracción VIII, que habla de las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice a la letra actualmente: “Establecer equitativamente las bases generales de regulación tarifaria. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones, en base a los elementos que ellos consideran, establecen esas tarifas y se le pide que se agregue lo siguiente: para la determinación del monto a cubrir por concepto de peaje en las carreteras del país, se deberá tomar en consideración la longitud del recorrido, los costos de la infraestructura, el de mantenimiento y operativos, así como de desgaste de las carreteras cruzado por tipo de vehículos automotores”.
Analizando un poquito más a profundidad este tema, el costo que se cobra en cada una de las autopistas, está establecido en cada una de las concesiones, la cual tiene muchas variantes; hablar del 100, porque no tengo la seguridad, de los cálculos para cobrar las cuotas de peaje en estas autopistas, no incluye el 100 por ciento de la infraestructura, caso que nosotros le estamos pidiendo que lo incluya. ¿Por qué? Porque hay concesiones que tienen subvenciones y tienen financiamientos federales, esos costos los absorbe precisamente el gobierno federal para que sea viable el costo que se va a cobrar en ese peaje y el aforo vehicular que tendría para poder pagar, quiere decir que lo que estaríamos haciendo nosotros al modificar estas reglas, es decirle a Hacienda “tus criterios que has tenido durante toda la vida, con los que has concursado todo este tiempo, van a ser modificados y me vas a incluir el costo total de la infraestructura”, como quien dice súbele el precio, que yo sé que no es el objetivo que estamos buscando, pero es algo a lo que sí podemos llegar.
Entonces la propuesta que tiene un servidor en este dictamen es detenerlo para hacer una modificación y lograr el objetivo, sin poder generar otro tipo de causas o problemas colaterales, no tenemos ninguna intención de generar. Es cuánto.
Por lo citado, el diputado Silvio Lagos manifestó: Fredy me inspira. Así que cada vez que hable Fredy, yo voy a hablar. Yo creo que es un muy buen dictamen y que en la mayoría de los estados y en los municipios, muchas de las veces el modo de transportación el tema de la motocicleta. Entonces, creo que en algunas autopistas se viene haciendo ya este tema, en algunas no, únicamente uniformar un criterio que ya viene, en algunas casetas aparece donde está el costo del peaje, aparece un dibujo de una moto y de remolques o de otras cosas.
Entonces, creo que es un tema que se ajusta a lo que muchos municipios y muchas comunidades viven y que tiene cerca tramos de peaje y que únicamente se estaría haciendo un ajuste, nada más a este tema. Gracias, presidente.
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo comentó: La solicitud que estoy haciendo en esta iniciativa podríamos decir y definir como equidad.
En ningún momento se ha pretendido alterar la metodología de los costos que se dan del cobro en las casetas. Entonces, respetando eso que ya está estipulado en los contratos de concesión, realmente es la equidad. No es lo mismo dos llantas que cuatro, no es lo mismo dos ejes que seis, y de esa manera, proporcionalmente en un análisis que yo les entregue, si está considerado.
Otra cuestión que yo quisiera también comentar, es el menor peso vehicular, el material blando de los neumáticos que hacen menor área de contacto. Establece una tarifa diferenciada al reconocer esto.
En conclusión del presente proyecto, es importante mencionar que el mismo fue detenido, toda vez que el aprobarlo al vapor en dicha reunión, generaría, algún problema en cuanto a la redacción y en consecuencia se modificaría el espíritu de lo propuesto por la diputada.
6. Proyecto de dictamen en sentido negativo, de las Comisiones unidas de Transportes y de Función Pública, sobre la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, presentada por el diputado Ángel Aguirre Herrera.
Del presente proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad en el sentido en que fue resuelto.
6. Asuntos generales
En este apartado, el presidente dio la bienvenida a la diputada Sofía Castro Ríos, toda vez que acudió a la décima reunión plenaria para sustentar una iniciativa turnada a la comisión consistente en reformar el artículo 46 de la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, y relativa básicamente a la regularización de un servicio público de transporte que hoy por hoy se da en diversas partes del país, y fundamentalmente en el sur-sureste de México, la cual fue dictaminada previamente, para efecto de sustentarla y llegar a una conclusión.
Al respecto la diputada comentó que se trata de darle certeza jurídica tanto al prestador de servicios que es el transportista, el chofer, el conductor, el titular de ese bien, como al usuario. Hoy en el caso de Oaxaca, 55 mil vehículos de este modelo, que nosotros hemos denominado en la Iniciativa como vehículos utilitarios, son usados por las personas para transportarse, como medio de transporte en regiones que no da cobertura ni la línea principal que tiene este país, ni las líneas de segunda clase.
En ese sentido no sólo se trata de garantizar esta persuasión de servicio o de darle un oficio socialmente útil al que se refiere el artículo 123 constitucional o el artículo cinco constitucional, habla de que toda persona podrá dedicarse a cualquier arte, oficio, profesión que le acomode, siempre y cuando se trata de un oficio lícito y estas dos potestades constitucionales no pueden relegarse frente a una realidad, hoy cualquier ciudadano que salga aquí en la avenida Zaragoza se va a encontrar con este tipo de vehículos, vehículos utilitarios que son usados por personas que se trasladan del DF al estado de México, a los municipios conurbados y que usan la carretera federal.
Así como acontece en el DF, en el Estado de México, acontece en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, en Tabasco, son vehículos utilitarios que se están usando y que no hay una concesión para estas personas que se dedican a este trabajo, como consecuencia no están contribuyendo al fisco, no están contribuyendo a la federación y son sancionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien ejecuta la sanción impuesta por el Federal de Caminos, después de tres, cuatro, cinco meses de trabajo tienen una sanción de 60 mil pesos que tienen que pagar y me parece incorrecto, porque ellos debieran pagar tenencia vehicular año con año y eso generaría una contribución al erario mexicano.
En conclusión, el presidente manifestó la importancia de lo expuesto por la diputada, pero que por el momento es algo que no estaba totalmente discutido, por lo que consideró que la iniciativa fuera objeto de una mesa de trabajo, por lo que agradeció a la diputada la exposición hecha al respecto.
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la comisión, diputado Javier Gil Ortiz, dio por concluida la reunión del jueves 28 de abril de 2011.
Atentamente
Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica)
Presidente
De la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México, correspondiente a la reunión plenaria del miércoles 13 de abril de 2011
El miércoles 13 de abril de 2011, a las 16 horas, en el salón F del edifico G se realizó la reunión plenaria de la comisión especial, encontrándose presentes las diputadas Teresa Incháustegui Romero, Adriana Terrazas Porras, Sofía Castro Ríos, Caritina Sáenz Vargas, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Lizbeth García Coronado; y con las inasistencias justificadas de las diputadas Antonieta Pérez Reyes, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Pérez de Tejada.
La secretaria de la comisión especial, diputada Adriana Terrazas Porras, inició la reunión ordinaria, declarando quórum y dando lectura al orden del día.
1. Registro de asistencia
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión ordinaria del 16 de febrero de 2010.
5. Seguimiento a los acuerdos de la reunión ordinaria del martes 26 de octubre de 2010.
6. Turno a opinión de la comisión especial, de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar el feminicidio, presentada por la comisión especial el 9 de marzo de 2011.
7. Turno para opinión de la comisión especial, de la iniciativa que reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, el jueves 3 de marzo de 2011.
8. Asuntos generales.
9. Conclusiones y acuerdos.
10. Clausura y convocatoria para la siguiente reunión.
Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, la diputada presidenta dio cuenta del seguimiento de acuerdos.
Se tomó conocimiento respecto de la participación de la comisión especial en el foro “Hacia la consolidación de los presupuestos públicos con perspectiva de género en México,” el 23 de febrero en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Equidad de Género, así como de ONU Mujeres. Sus resultados pueden consultarse en la página electrónica de la comisión especial.
Se informó sobre el cumplimiento de la entrega del oficio dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitando información a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura Federal sobre los avances en los acuerdos tomados en el marco de la Misión Internacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres.
Se informó que se envío la solicitud de información a los gobiernos de todas las entidades del país para que informen de las acciones que han desarrollado en relación con los feminicidios.
Se informó que el presidente de la Comisión de Presupuesto dirigió oficio al doctor Eduardo Sojo Garza, presidente del Inegi el 22 de marzo de 2011 relativo al destino de los recursos radicados en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 por un monto de 178 millones 511 mil 793 pesos asignados al Programa Presupuestario P002 “Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional” para la realización de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2011. Se informó también que la Comisión de Equidad y Género convocará al doctor Sojo a una reunión de trabajo. La diputada Caritina Sáenz propuso que se solicitara a la Comisión de Equidad la participación de la comisión especial para los feminicidios en dicha reunión de trabajo, se aprobó hacer la solicitud.
La diputada presidenta propuso, en relación con el acuerdo de realizar reuniones regionales con procuradores, que se convocaran durante el mes de junio.
En el marco de la gestión de proyectos para la realización del Programa de Trabajo de la comisión especial, la diputada Incháustegui informó que había sido enviada a todas las diputadas integrantes de la comisión especial la información sobre los lineamientos para el ejercicio del presupuesto asignado en el anexo 10, Ramo 01 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 establecidos por la Junta de Coordinación, el pleno estableció como fecha límite para que las diputadas interesadas en presentar propuestas de proyectos es el lunes 25 de abril de 2011.
La diputada Caritina Sáenz propuso incluir giras de trabajo en algunos estados para tener encuentros de la comisión especial con organizaciones y familias de las víctimas y de esta forma, tener un diagnóstico más certero de las acciones que realizan las autoridades en relación a los Feminicidios.
En relación con las dos opiniones que debe realizar la comisión especial sobre la tipificación del feminicidio la diputada Incháustegui informó que se entregan las iniciativas completas en la carpeta de trabajo, así como un cuadro comparativo. Informa que se iniciará un proceso de análisis conjunto y que la Comisión de Justicia, responsable del dictamen, creará una subcomisión de trabajo ad hoc. El pleno tomó el acuerdo de solicitar información a la Comisión de Justicia sobre el programa de trabajo previsto para este fin. La diputada presidenta propuso la realización de una reunión de trabajo para analizar las iniciativas de tipificación del feminicidio, se aprobó su realización el 27 de abril a las 17:00 horas.
La presidenta de la comisión informó que fue solicitada opinión del Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y del CIDE. La diputada Sofía Castro propuso solicitar opinión de la iniciativa de la comisión especial al área de género de la Clínica de Derecho de la UNAM, ella enviará la información de contacto.
La diputada Castro expresó que en el proceso de tipificación del feminicidio la pena es central para mandar un mensaje de no impunidad. Hizo énfasis en el valor de la iniciativa presentada por la Comisión de Feminicidio al ser producto del análisis realizado a partir de la información oficial que entregaron a la Comisión Especial procuradores de justicia de diversas entidades. Asimismo, externó su preocupación por que sea creado un tipo penal que sea de utilidad y pueda ser seguido al pie de la letra.
La diputada Incháustegui insistió en la ausencia de un modelo de registro único en todo el país que dé cuenta de en qué condiciones se priva de la vida a las mujeres, la información entregada por los procuradores no ofrece condiciones para compararla y la información más consistente es la que se encuentra en las actas de defunción, en este contexto, han sido presentadas iniciativas de tipificación de índole diversa en varias entidades.
Para finalizar la diputada Caritina Sáenz propuso al pleno que se envíe comunicación a la Junta de Coordinación Política en relación con las diputadas que han acumulado tres faltas consecutivas sin justificar, se aprobó.
Acuerdos
1. Solicitar a la Comisión de Equidad y Género la participación de las diputadas de la comisión especial en la reunión programada con el titular del Inegi.
2. La fecha límite para que las diputadas interesadas en presentar propuestas de proyectos es el lunes 25 de abril de 2011.
3. Solicitar información a la Comisión de Justicia sobre el programa de trabajo previsto para el dictamen de las iniciativas de tipificación del feminicidio.
4. Realizar una reunión de trabajo para analizar las iniciativas de tipificación del feminicidio el 27 de abril a las 17 horas.
5. Solicitar a la Clínica de Derecho de la UNAM información sobre la iniciativa de tipificación del feminicidio de la comisión especial con información de contacto.
6. Enviar comunicación a la Junta de Coordinación Política en relación con las diputadas que han acumulado tres faltas consecutivas sin justificar.
Diputadas: Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica) y Lizbeth García Coronado (rúbrica).
Del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, perteneciente a la octava sesión de junta directiva, realizada el martes 12 de abril de 2011
En México, Distrito Federal, el martes 12 de abril de 2011, en la Cámara de Diputados, en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), edificio D, primer piso, a las 16:30 horas, se inició su octava sesión de junta directiva, conforme lo establece el artículo 208 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.
Con el quórum, se inició la reunión, con la asistencia de las diputadas Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta; María Elena Pérez de Tejada Romero, Magdalena Torres Abarca, secretarias.
La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité del CEAMEG, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (Partido Acción Nacional), quien tras saludar a las presentes propuso la lectura del orden del día:
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.
4. Asuntos relativos al CEAMEG que requieren aprobación:
4.1. Informe del cumplimiento del programa operativo anual de 2010;
4.2. Programa de trabajo para 2011;
4.3. Informe del avance programático correspondiente al trimestre enero-marzo de 2011; y
4.4. Informe de los resultados e impacto de la representación del CEAMEG en cada uno de los foros nacionales e internacionales en que ha participado.
5. Actividades próximas:
• Primer congreso nacional legislativo México avanzando en los derechos humanos de las mujeres con justicia y equidad.
6. Asuntos generales:
• Seguimiento de los convenios de colaboración aprobados.
En el desahogo del punto dos, se leyó el orden del día, por lo que posteriormente se sometió a aprobación. Las diputadas lo aprobaron por unanimidad.
La secretaria hizo del conocimiento de las asistentes que el acta de la sesión anterior se les mandó de manera previa y pidió que la autorizaran. La aprobaron por unanimidad.
Con relación al punto cuatro del orden del día, la presidenta presentó los documentos relativos al CEAMEG que requieren aprobación, los cuales les han sido enviados para su conocimiento y análisis en el tiempo previsto. Se formularon comentarios pertinentes y se dieron por enteradas del desahogo del punto.
En el punto cinco del orden del día, la presidenta mencionó el primer congreso nacional legislativo, aprobado en sesión anterior. Para solventar los gastos de su realización, se propuso que se elaborase y presentase el proyecto, mediante los lineamientos para el ejercicio del presupuesto asignado en el anexo 10, ramo 01, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a fin de que lo analicen las instancias correspondientes.
Informadas las integrantes de la junta directiva, la secretaria les solicitó la aprobación de que se elaborase el proyecto. Se aprobó por unanimidad.
En asuntos generales, sexto punto del orden del día, se abordó el seguimiento de los convenios de colaboración del CEAMEG.
Se hizo del conocimiento que a la fecha se contaba con la aprobación del texto de los convenios, en virtud de que su objetivo es fortalecer vínculos institucionales del CEAMEG con instituciones académicas, dependencias públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Una vez incorporados los comentarios de los integrantes del comité, procede realizar de manera conjunta las gestiones del proceso de validación jurídica con las instituciones interesadas, a fin de continuar los trámites procedentes y llevar a término su celebración.
Como no hubo más puntos en el orden del día, la presidenta agradeció la presencia de todas y dio por concluida la reunión a las 17:00 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Firmas de la acta de la octava sesión de junta directiva del Comité del CEAMEG.
Diputadas: Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta; María Elena Pérez de Tejada Romero, Magdalena Torres Abarca, secretarias (rúbricas).
Convocatorias
De la Comisión de la Función Pública
A la decimocuarta reunión ordinaria, por efectuarse el martes 24 de mayo, a las 10:00 horas, en lugar por confirmar.
Atentamente
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente
De la Comisión de Asuntos Indígenas
A la reunión ordinaria por efectuarse el martes 24 de mayo, a las 11:00 horas, en el patio sur, sito en el basamento de los edificios A y B.
Orden del Día
1. Registro inicial de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.
5. Agenda legislativa: proyecto de dictamen para discusión y, en su caso, aprobación por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.
6. Calendario de comisiones de diputados de este órgano legislativo para supervisar la aplicación del Presupuesto de 2011 en las comunidades y los pueblos indígenas.
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva.
8. Asuntos generales.
9. Registro final de asistencia.
Atentamente
Diputado Jorge Venustiano González Ilescas
Presidente
De la Comisión de Comunicaciones
A la reunión que tendrá lugar el martes 24 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Ignacio Rubí Salazar
Presidente
De la Comisión de Energía
A la reunión extraordinaria que tendrá verificativo el martes 24 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edifico I.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Exposición de los siguientes servidores públicos para abordar el tema de la seguridad de operación y programas de seguridad en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde:
• Ingeniero Rafael Fernández de la Garza, gerente de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad;
• Ingeniero Juan Eibenschutz Hartman, director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; y
• Licenciada Ana Lucía Hill Mayoral, directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
4. Sesión de preguntas de los diputados para los invitados.
Atentamente
Diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez
Presidente
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
A la reunión que se realizará el martes 24 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el primer piso del edificio F.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Asuntos específicos.
5. Asuntos generales.
6. Cita para la próxima reunión, y clausura.
Atentamente
Diputado Jesús María Rodríguez
Presidente
Del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
A la séptima reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 24 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Atentamente
Diputado Omar Fayad Meneses
Presidente
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 24 de mayo, a las 13:00 horas, en el salón D del edificio G.
Atentamente
Diputada Ninfa Salinas Sada
Presidenta
De la Comisión de Agricultura y Ganadería
A la cuadragésima novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, situadas en calzada Antonio Narro número 1923, Buenavista, Saltillo, Coahuila.
Orden del Día
1. Apertura de los trabajos, por el diputado Cruz López Aguilar, presidente de la comisión.
2. Palabras de bienvenida, por el doctor Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
3. Mensaje e inauguración de la cuadragésima novena reunión ordinaria de la comisión, por el licenciado Jorge Torres López, gobernador constitucional interino del estado de Coahuila de Zaragoza.
• Receso
4. Declaración de quórum, por el presidente de la comisión.
5. Presentación del diputado Héctor Elías Barraza Chávez como integrante de la comisión.
6. Propuesta y elección del diputado secretario para la conducción de los trabajos.
7. Aprobación del orden del día.
8. Aprobación del acta de la cuadragésima sexta reunión ordinaria, efectuada el6 de abril de 2011.
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación, de los siguientes asuntos legislativos:
9.1. Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
9.2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a no desaparecer el Programa de Atención de Problemas Estructurales de la Industria Pesquera Nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina rivereña y diesel marino; y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para dicho plan.
9.3. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel en todo el país; y a los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Sagarpa a modificar las reglas de operación de los Programas de Subsidio del Diesel Agropecuario y Marino, y de la Gasolina Ribereña para que el subsidio del precio por litro sea de 49 por ciento, igual que en 2003, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI y 22 diputados más de diferentes grupos parlamentarios que lo subscriben.
10. Entrega para estudio y análisis, de los siguientes asuntos legislativos turnados en comisiones unidas:
10.1. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente sobre la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Bienestar Animal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
10.2. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 48, 68 y 85 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a fin de fomentar y fortalecer los instrumentos para dar seguridad a los productores del sector agropecuario ante posibles pérdidas por eventos fortuitos, presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
11. Informe sobre las gestiones para la obtención de recursos económicos especiales para atender los daños y perjuicios ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas los días 2, 3 y 4 de febrero del año en curso en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.
Entrega de la minuta de trabajo de la reunión celebrada para atender a los productores de Zacatecas.
12. Informe sobre el estado que guarda la norma oficial mexicana sobre la leche, formula láctea y producto lácteo combinado.
13. Asuntos generales:
13.1. Intervención del doctor Eladio Heriberto Cornejo Oviedo.
13.2. Intervención de los diputados federales y locales.
13.3. Intervención del secretario de Fomento Agropecuario, licenciado Román Alberto Cepeda González, o del secretario de Medio Ambiente, ingeniero Juan Francisco Martínez Ávalos, o de ambos.
13.4. Participación de los diputados federales y locales.
13.5. Fecha de la próxima reunión ordinaria de la comisión.
• Propuesta: 22 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en Mérida, Yucatán.
14. Clausura.
Atentamente
Diputado Cruz López Aguilar
Presidente
De la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones
A la novena reunión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 25 de mayo, a las 9:00 horas, en el salón C del edifico G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura del orden del día.
4. Invitación de la Red de Proveedores para la Industria Turística a las expo ferias que se llevarán a cabo los días 4 y 5 de agosto en el World Trade Center de Veracruz, y el 29 y 30 de septiembre en la Expo-Guadalajara.
5. Sesión de preguntas y respuestas.
6. Asuntos generales.
7. Clausura y cita.
Atentamente
Diputado David Hernández Pérez
Presidente
De la Comisión de Ciencia y Tecnología
A la vigésima reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 25 de mayo, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Reyes Tamez Guerra
Presidente
De la Comisión de Relaciones Exteriores
A la sesión de junta directiva por efectuarse el miércoles 25 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones del órgano legislativo convocante.
Orden del Día
1. Informe de la duodécima reunión Interparlamentaria México-Cuba, llevada a cabo del jueves 12 al sábado 14 de mayo de 2011 en Mérida, Yucatán.
2. Asuntos turnados por la Mesa Directiva.
3. Anteproyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior.
4. Anteproyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 32, 41, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del voto de los mexicanos en el extranjero.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
A la reunión del grupo de trabajo de reformas a reglamentos que se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el primer piso del edificio F.
Atentamente
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Presidente
De la Comisión de Marina
A la decimoctava reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Orden del Día
a) Verificación de quórum.
b) Lectura del orden del día.
c) Lectura y aprobación del texto del acta correspondiente a la reunión anterior.
d) Presentación y en su caso aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, turnada por la Mesa Directiva a esta comisión el 4 de marzo de 2010 (se anexa proyecto de dictamen que incluye las distintas propuestas de los miembros de este órgano legislativo).
e) Presentación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, turnada por la Mesa Directiva a esta comisión el 22 de febrero de 2011, procedente de la Cámara de Senadores (dicho documento se envió a los integrantes de este órgano legislativo en fecha 18 de marzo del año en curso). Pilotaje.
f) Presentación de la minuta con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 59, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, turnada por la Mesa Directiva a esta comisión el 8 de marzo de 2011 procedente de la Cámara de Senadores (dicho documento se envió a los integrantes de este órgano legislativo en fecha 18 de marzo del año en curso). Remolque.
g) Presentación para estudio y opinión de la iniciativa que expide la Ley que Establece las Bases y Regula la Responsabilidad, las Actividades y las Pensiones, Medios Personales, Materiales y Servicios de Seguridad de los Ciudadanos que Hayan Ocupado el Cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, enviada en cuarto turno a este órgano legislativo por la Mesa Directiva el 29 de abril de 2011.
h) Informe sobre el Foro de consulta para la modernización del marco jurídico portuario, celebrado en el puerto de Ensenada, Baja California, el viernes 6 de mayo, por los diputados Carlos Martínez Martínez y Silvia Puppo Gastélum.
i) Asuntos generales
j) Clausura.
Atentamente
Diputado Alejandro Gertz Manero
Presidente
De la Comisión de Transportes
A la undécima reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado Francisco Javier Gil Ortiz
Presidente
De la Comisión Especial de impulso a la calidad educativa
A la reunión con la directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la Secretaría de Educación Pública, maestra Marcela Santillán Nieto, que tendrá lugar el miércoles 25 de mayo, a las 14:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Reyes Tamez Guerra
Presidente
De la Comisión de Vivienda
A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el jueves 26 de mayo, a las 13:30 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Asuntos generales.
4. Clausura.
Atentamente
Diputado Martín Rico Jiménez
Presidente
De la Comisión de Vivienda
A la sesión ordinaria que se llevará a cabo el jueves 26 de mayo, a las 14:30 horas, en el salón C del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Asuntos generales.
4. Clausura.
Atentamente
Diputado Martín Rico Jiménez
Presidente
De la Comisión de Participación Ciudadana
A la reunión que se llevará a cabo el jueves 26 de mayo, a las 18:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Intervención del invitado especial, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, doctor Leonardo Valdés Zurita.
4. Asuntos generales.
5. Clausura y cita para la próxima reunión.
Atentamente
Diputado Arturo Santana Alfaro
Presidente
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el viernes 27 de mayo, a las 12:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto piso del edificio D.
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
A la reunión plenaria (privada) que se realizará el viernes 27 de mayo, a las 14:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
De la Comisión de Pesca
A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 31 de mayo, de las 11:00 a las 13:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Orden del Día
1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión del cuerpo técnico de esta comisión, sobre el siguiente proyecto de dictamen:
a) En sentido positivo, a la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Ángel Aguirre Herrera, por el que exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones que promuevan la investigación biológica, ecológica y pesquera de los tiburones en aguas marinas y continentales del país, que generen la conciencia de conservación y que eviten la caza indiscriminada.
4. Asuntos turnados a la comisión.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputado Felipe Cervera Hernández
Presidente
De la Comisión de Turismo
A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 31 de mayo, a las 13:00 horas, en el salón D del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Declaratoria de instalación.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la decimoquinta reunión ordinaria.
5. Informes:
5.1. Del presidente de la comisión respecto del Acuerdo Nacional por el Turismo.
6. Discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de opinión:
a) Sobre la iniciativa que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva para análisis y resolución.
8. Asuntos generales.
9. Declaratoria de conclusión de la reunión.
Atentamente
Diputado Carlos Manuel Joaquín González
Presidente
De la Comisión de Pesca
A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 1 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Orden del Día
1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión del cuerpo técnico de esta comisión sobre el siguiente proyecto de dictamen:
a) En sentido positivo, a la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado César Mancillas Amador, por el que se exhorta a las legislaturas locales de los estados costeros del país a expedir su legislación en materia pesquera y acuícola y crear sus respectivas Secretarías de Pesca y Acuacultura, a efecto de dar puntual cumplimiento a la concurrencia en materia, como señala expresamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
4. Asuntos turnados a la comisión.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputado Felipe Cervera Hernández
Presidente
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
A la duodécima reunión de junta directiva, que se efectuará el miércoles 8 de junio, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto piso del edificio F.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 15 de junio, a las 12:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edifico I.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
