Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3232-VI, jueves 31 de marzo de 2011
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.
2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.
3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:
a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.
b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.
c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.
d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.
e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.
f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.
g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Tercero.
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.
Notas
1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.
Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Durante los años 2009 y 2010 se implementó el programa “Rápido y Furioso” en el cual se enviaron ilegalmente casi dos mil rifles de grueso calibre a grupos que trabajan con la delincuencia organizada en México, según la oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco y Armas, el objetivo era rastrear la cadena de contrabando; sin embargo, perdieron la huella del envío. Entre el arsenal se encontraban los fusiles de asalto AK47 comúnmente usados por los sicarios mexicanos, así como el rifle Barret calibre .50 capaz de atravesar blindajes.
2. Con fecha 15 de febrero de 2011, fue asesinado el agente Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos denominado ICE, cuando circulaba por una carretera en San Luis Potosí, junto con el agente Víctor Ávila quien resultó herido. El arma empleada, fue importada de los Estados Unidos.
3. Desde el inicio de la lucha contra la delincuencia organizada iniciada por el gobierno de México, se han decomisado miles de toneladas de armas empleadas por los grupos delictivos, las cuales tienen su origen de comercialización y manufactura en el vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:
Considerandos
Derivado de los últimos acontecimientos como el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien falleció cerca de San Luis Potosí como consecuencia de un ataque con un arma de fuego que provenía precisamente, de Estados Unidos y del fracaso del operativo encubierto de nombre “Rápido y Furioso” información que fue dada a conocer por John Dodson, agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF por sus siglas en inglés), en el que dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran en México cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino final, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. SE PRESENTA UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL PARA QUE SE CONFORME UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES, INTEGRADO PREFERENTEMENTE POR AQUELLOS QUE HAN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS QUE SE CELEBRARÁ EN ESA NACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES, A EFECTO DE QUE SE REÚNAN CON SUS CONTRAPARTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO NORTEAMERICANO Y DEL GOBIERNO FEDERAL DE ESA NACIÓN, PARA AMPLIAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO AL TRÁFICO DE ARMAS, Y ANALIZAR OTROS TEMAS DE LA AGENDA COMÚN RELATIVOS A LA SEGURIDAD REGIONAL QUE PUEDAN SER ANALIZADOS CONJUNTAMENTE EN DICHO MECANISMO BILATERAL. Se propone que en dicha reunión se entregará un expediente de las 65,000 armas norteamericanas decomisadas incluyendo la pistola con la que fue asesinado Jaime Zapata y pedazos de las armas destruidas por la Secretaria de la Defensa, de manera simbólica.
México vive tiempos violentos que nos han llevado a realizar un recuento del número de muertos en nuestro país desde 2006, año por año, después mes por mes, semana por semana, hasta hacerlo día por día.
Repetidamente hemos levantado la voz, porque dicha violencia sería inexplicable sin las armas que se trafican a nuestro país provenientes de los Estados Unidos de América, 65,000 armas confiscadas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
En diciembre del año pasado, en Arizona, supuestos narcotraficantes mexicanos le quitaron la vida también con un arma de fuego estadounidense a Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza.
Estos hechos, sumamente graves y lamentables, han puesto de relieve la operación del crimen organizado en México con armas de los Estados Unidos. De la mano con esto, va el incremento en la violencia que vivimos en el país. Este panorama se torna mucho más lamentable, al enterarnos que el gobierno estadounidense no solo ha sido omiso y poco cooperativo en la materia, sino que peor aún, realizó un programa encubierto de tráfico de armas, sin participar de ello a las autoridades mexicanas.
De conformidad con información dada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en octubre de 2009, dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. Hoy lo que sabemos, es que este programa fue un fracaso y que agentes de la propia BATF han apuntado la probable correlación entre el tráfico de armas y la creciente violencia y muertes en nuestro país. A pesar de todo, esa estrategia se mantuvo hasta septiembre de 2010, no obstante que ya desde el mes de marzo de ese año, había recibido varias críticas internas.
En la ONU se prepara ya una Conferencia Internacional que adopte un tratado que regule por primera vez el comercio mundial de armas convencionales. Quienes la impulsan consideran que la ausencia de normas contribuye al desvío de armas al crimen organizado, facilita la violencia y consecuentemente, la violación de los derechos humanos, además de amenazar la seguridad mundial. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 2009 iniciar formalmente las negociaciones para elaborar un instrumento legal firme y sólido que regule la exportación de armamento para el 2012.
Para la materialización del presente punto de acuerdo es necesario requerir al Ejecutivo federal rinda al seno de esta Cámara de Diputados un informe detallado respecto a las 65,000 armas decomisadas por las fuerzas federales, toda vez que este documento será entregado a los legisladores Norteamericanos así como al representante de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en las reuniones que se acuerden celebrar.
Así también, se deberá requerir al Ejecutivo federal que solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en la próxima destrucción de armas de procedencia norteamericana que tenga a bien realizar, se resguarde un kilo del armamento destruido, para hacer una entrega simbólica a los legisladores norteamericanos, y lo cual representa el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas para el decomiso y destrucción de armas estadounidenses en un combate frontal al crimen organizado.
Para concluir y con el fin de materializar el objeto del presente, será necesario solicitar el auxilio del Ejecutivo federal para que nuestro embajador en Estados Unidos coadyuve en la logística necesaria para llevar a cabo dichas reuniones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebrará en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano y del gobierno federal de esa nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.
Tercero. La integración de este grupo de trabajo será definida por la Junta de Coordinación Política con base en criterios de proporcionalidad.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a instruir a las dependencias correspondientes para certificar y validar las cédulas profesionales de los agentes del Ministerio Público y de los defensores de oficio, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno más de los grandes problemas a lo que se enfrenta la ciudadanía, es la deficiente procuración e impartición de justicia, al darse la corrupción o tráfico de influencias, violando de forma evidente los derechos humanos de manera irreparable, ante la consumación de los hechos.
El incorrecto sistema de impartición de justicia que padecemos con diversidad de causales entre las cuales destaca: el proceso de designación de los juzgadores, de los ministerios públicos y de los abogados defensores de oficio. En ocasiones muchos nombramientos se realizan con criterios subjetivos y de grupos políticos, otorgando las responsabilidades jurisdiccionales a personas sin vocación de servicio , sin capacidad jurídica, sin principios ni valores ante la delicada tarea de impartir justicia, parte de la improvisación de muchos juzgadores, ministerios públicos o defensores de oficio lesionan derechos fundamentales de los ciudadanos, de tal manera como se puede lograr una correcta impartición de justicia, si existe una relación obscura, deficiente e equívoca.
La situación es evidente del que resulta inculpado contando con el benéfico de tener un abogado defensor, pero dicho individuo no tienen los conocimientos en derechos, por tanto no es posible asumir una defensa justa, ya que no se garantiza el derecho a la defensa pública, pero lo más graves aun es que litigan con cedulas profesionales apócrifas.
Es importante señalar que las persona inculpadas que no tienen los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado particular, tienen que requerir de un abogado defensor de oficio o Agente del Ministerio Público ambos servidores públicos pagados por el Estado, en el entendido que tienen los conocimiento y capacitación para asumir una defensa.
De este modo el Estado es quien debe procurar el cumplimiento integral del derecho a la defensa, de ahí que la figura del Defensor de Oficio surge por la necesidad social de proteger a las personas, motivo por el cual la defensoría de oficio fue creada como una institución jurídica de defensa, para patrocinar como asesor a las personas que sean requeridas a comparecer ante los Tribunales para la protección de su derechos de contar con asistencia jurídica.
Como se sabe, los defensores de oficio y los agentes de Ministerio Publico son gente capacitada, pues el examen es por filtro y por convocatoria del gobierno del distrito federal, se entiende que no hay errores que son personas preparada como capacitada, pero al existir profesional en derecho que no tienen los conocimientos y que además litigan con cedulas profesionales apócrifas, significa que existen fallas o corrupción en los mecanismos de selección de profesionales en derecho.
Por tanto los defensores de oficio como los agentes del Ministerio Público deben de actuar con las diligencias necesaria siempre contribuyendo a garantizar el acceso a la defensa, implementando los mecanismos de defensa jurídica como profesionales en derecho, porque no se trata de una defensa de pobres, sino de un derecho del individuo ante el Estado, como un imperativo deber público que no puede afectar la esencia constitucional de este servicio, en la defensa profesional de los procedimientos.
De ahí, la notoria urgencia , de certificar y validar las cedulas profesionales de los ministerios públicos y de los defensores de oficio con la finalidad de proporcionar una impartición de justicia de manera pronta y expedita con profesionales en derecho contribuyendo a superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia, así como fortalecer el Poder al que pertenece.
Por eso es importante dentro de la perspectiva la obligación del Estado al impartir Justicia con el ideal de ser pronta y expedita para aplicar la Ley al caso concreto, es necesario tener abogados profesionales con vocación del servicio público, que tengan amplios conocimientos en derecho.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia gire instrucciones a las dependencias correspondientes con la finalidad de realizar la certificación y validación de las cédulas profesionales de los agentes del Ministerio Publico, así como de los abogados defensores de oficio.
Segundo. Cesar a los servidores públicos con cedulas profesionales apócrifas y presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Campeche a reformar los Códigos Penal, y de Procedimientos Penales del estado para armonizarlos con la Ley General de Salud y los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN
Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6o, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Campeche a que realice las reformas legislativas necesarias al Código Penal del Estado y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche para armonizarlo con la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que la despenalización del consumo de drogas en México tiene su primer antecedente en el año de 1978, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un Decreto que reformaba el artículo 194 del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF), en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, que establecía: la despenalización a consumidores en posesión de drogas para el consumo propio durante tres días, donde la determinación sobre la adicción del detenido quedaba a discreción de los peritos y el Ministerio Público, ambos supuestos fueron vigentes hasta 1991.
2. Que en diciembre de 1991, se publicó en el DOF, la reforma al artículo 194 del CPDF en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, donde se reformaron específicamente la fracción II y los párrafos segundo, tercero y cuarto del citado artículo con la finalidad de permitir al juzgador imponer, alternativamente, la pena de prisión o la sanción pecuniaria a los adictos o consumidores de estupefacientes o psicotrópicos, adecuando además la sanción pecuniaria a días multa.
3. Que en enero de 1995, se publican en el DOF, una serie de reformas que cambia todo el capítulo relativo a “Delitos contra la salud” del CPDF, en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal. Esta reforma en materia de delitos contra la salud, consideró necesario extender la punibilidad más allá de la tentativa. Sin embargo, aun con la reforma la cantidad de droga para consumo personal continuaba dentro de los márgenes de discrecionalidad de los dictámenes periciales.
4. Que de lo anteriormente expuesto, resulta esquemático que al menos durante las últimas dos décadas, a los “adictos” o “habituales” en posesión de droga para consumo personal e inmediato se les despenalizaba y, por otra parte, desde 1994 también se despenalizó a los no adictos en posesión de cantidades para consumo personal.
5. Que el 20 de agosto de 2009 se publicaron, en el DOF, reformas a la Ley General de Salud (LGS), al Código Penal Federal (CPF) y al Código Federal de Procedimientos Penales, las cuales buscan entre otras cosas, establecer lo qué le corresponde a la Federación y a las entidades federativas en materia de perseguir y castigar a quien distribuya drogas. De igual forma, con el tema del consumo personal de ciertos narcóticos a fin de de evitar que los jueces de las entidades federativas interpreten los conceptos de forma distintas. Finalmente, estas reformas establecen, un marco jurídico para prevenir y combatir la farmacodependencia, el narcomenudeo y el narcotráfico.
6. Que con esta reforma, la LGS permite distinguir entre farmacodependiente y consumidor de narcóticos, definiendo al primero como aquella persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; mientras que consumidor, es todo aquel que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos sin presentar signos ni síntomas de dependencia.
7. Que en dicha reforma tanto farmacodependientes como consumidores gozan de lo que los abogados llaman una “excusa absolutoria”, siempre y cuando las cantidades de droga con que se les sorprenda no rebasen lo que señala la tabla de orientación, contenida en la LGS.
8. Que con esta ley no se sanciona a quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos que prevé la LGS, siempre y cuando se acredite que, por su naturaleza y cantidad, son necesarios para el tratamiento médico de la persona que los posee o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.
9. Que de acuerdo con la tabla de orientación que aparece en la LGS, habrá narcomenudeo cuando una persona posea narcóticos en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las cantidades consideradas como dosis máximas de consumo personal.
10. Que en este sentido, la LGS prevé, además de multas, penas de prisión para los responsables del narcomenudeo. Por lo que la posesión de narcóticos en cantidades superiores a las señaladas en la tabla de orientación, se castiga con una pena de 10 meses a 6 años de prisión, mientras que el comercio o suministro tiene una penalidad de 4 a 8 años.
11. Que cualquier cantidad que resulte inferior a multiplicar por mil la dosis máxima de consumo personal prevista en la tabla se considera narcomenudeo. Si ubicamos la cocaína, cuya dosis máxima de consumo personal son 500 miligramos, al multiplicar esta cantidad por mil obtenemos 500 gramos. Esto quiere decir que quien se encuentra en posesión de hasta 499 gramos estará cometiendo un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Por ende, será sancionado por autoridades del fuero común.
12. Que con esta reforma, para hablar de narcotráfico se necesita estar en posesión de una cantidad que resulte ser igual o mayor de multiplicar por mil la dosis máxima personal. Siguiendo con el ejemplo de la cocaína, si alguien se halla en posesión de 500 gramos o más, se considerará narcotráfico y será sancionado por la autoridad del fuero federal. En el caso de narcotráfico, el CPF contempla penas que van de los 10 a los 25 años de cárcel.
13. Que derivado de lo anterior, en el primer transitorio del decreto, se estableció en su párrafo primero que: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.”
14. Que por otra parte, en el párrafo segundo del mismo transitorio, se estableció que: “la federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo”.
15. Que en este sentido, el Congreso del estado de Campeche llevó a cabo una serie de reformas al Código Penal del Estado el pasado 23 de julio de 2010, específicamente en el Capítulo II, denominado Del Narcomenudeo, Artículo 174 quinquies, Numeral VI, inciso b) que establece lo siguiente:
Artículo 174 Quinquies. No se procederá penalmente si quien detenta la posesión de los narcóticos no rebasa las dosis máximas de consumo personal e inmediato que se establecen a continuación:
I. a V. ...
VI. MDA, Metilendioxianfetamina; MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina; o metanfetamina:
a) En tabletas o cápsulas, una unidad con peso de hasta 200 miligramos.
Con esta reforma, se contraviene el principio de jerarquía de nuestro sistema jurídico mexicano que establece que las Normas Generales estarán por sobre las locales y que se contempla en el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 En este sentido la reforma que llevó a cabo el Congreso del Estado de Campeche contraviene lo establecido en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, situación que ha llevado a permitir a los narcomenudistas de la entidad, estar preparados respecto a la cantidad de drogas que exponen para su venta, pues de cualquier forma, el Ministerio Público tiene hoy más limitantes legales para consignarlos a partir de la modificación de la normatividad local.
17. Derivado de esto, la Procuraduría General de la República, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 20 de agosto de 2010, misma que admitió el magistrado Arturo Zaldívar, la cual aún no ha sido resuelta y que coincidió con el vencimiento del plazo de un año previsto en la Ley General de Salud, para que los estados hicieran las adecuaciones legislativas necesarias, a fin de armonizarlas con las leyes generales. En cambio, el plazo para las adaptaciones operativas de policías, ministerios públicos y tribunales vence hasta agosto del 2012.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Campeche a que realice las reformas legislativas necesarias al Código Penal del Estado y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche, para armonizarlo con la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo.
Nota
1 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de marzo de 2011.
Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la licitación propuesta por la Cofetel, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) realice de inmediato la consulta pública y estudios de mercado para dar certeza a los participantes de la licitación propuesta por la Cofetel; que el criterio económico y las ventajas económicas que pudiera tener el señor Carlos Slim no deben privar por encima de los intereses de los consumidores, por lo que la Cofetel debe de hacer público de manera inmediata los perfiles de quienes podrán acceder a la licitación. Y para que la Cámara de Diputados convoque a una discusión amplia de forma inmediata para que la sociedad, los interesados del sector y la autoridad reguladora definan la ruta del otorgamiento de las licitaciones que habrán de otorgarse en fechas próximas.
Exposición de Motivos
En días recientes se hizo público la posibilidad de que América Móvil participe en la televisión pública en cadena nacional. Como es sabido por todos, Telmex, tiene un impedimento en su título de concesión para poder prestar este servicio. Uno de los argumentos esgrimidos tiene que ver con el tema de la concentración. La revista Forbes señala al empresario Carlos Slim Helú como el hombre más rico del mundo. La acumulación de su fortuna no podría entenderse sin la alta concentración del mercado que sus empresas ejercen en diversos sectores, pero particularmente en el de las telecomunicaciones.
Hemos sido testigos del afrente mediático entre los operadores de Telcel y los cableros mediante desplegados que día a día, inundan los periódicos de circulación nacional. La justificación de estas planas enteras es informar mediante la desacreditación, entre la Canitec y las empresas del señor Slim. Sin embargo, a pesar de que la pelea entre estos empresarios en sus enunciados se subraya los mecanismos anticompetitivos de unos y otros, nunca se señala, ni se refiere la impotencia e impacto que se tiene para los consumidores.
Se habla mucho de las altas tarifas de interconexión y de los intentos que tanto la Cofetel, como los operadores reclaman hacia Telmex. Pero vuelvo a insistir, en ningún momento la preocupación fundamental es el impacto que se tiene a los usuarios de estos servicios. Es sumamente lamentable que los costos de operación se trasladen al último eslabón de la cadena de los servicios de telecomunicación.
La parcialidad de la autoridad de la materia queda demostrada en los intentos constantes por parte del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, por aprobar el encargo de su ex – jefe Juan Molinar Horcasitas, la tan polémica licitación 21. Basta recordar la discusión del pleno del órgano regulador en dónde se toma la decisión de dar por validado el proceso a favor de Televisa.
La parcialidad queda nuevamente demostrada en su intento de ocultar las grabaciones de la reunión mediante la cual se extrae la versión estenográfica y que por instrucciones del comisionado De Swaan, serían materia reservada hasta por 10 años. Por fortuna el IFAI señaló la improcedencia de este albazo y ordenó lo contrario.
Los medios de comunicación señalan que Telcel tiene interés en entrar al mercado de la televisión de paga, por lo que la verdadera razón de la pelea de las televisoras, cableras y otros operadores de telecomunicaciones, contra esta empresa y Telmex no son las tarifas de interconexión, sino retrasar la entrada de ambos operadores a este segmento del mercado.
De forma lúdica se ha integrado un grupo al que se le ha denominado TucoTel (Todos Unidos contra Telmex y Telcel) en el cual participan empresas que ni siquiera tienen autorizado el servicio telefónico y que nunca han pedido un contrato de interconexión, y hay empresas como Iusacell, que debido a que no les conviene esta reducción en las tarifas de interconexión no han acudido a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para interponer un desacuerdo.
Las empresas del señor Salinas Pliego saben que si acuden a la Cofetel, el órgano regulador resolverá la misma tarifa de interconexión 39 centavos de pesos, como lo hizo ya con Alestra y Telcel, lo cual afectará sus ingresos provenientes de las llamadas que reciben sus usuarios desde las líneas fijas como las de Telmex, pues el peso por minuto que están facturando se reduciría mucho más de la mitad, señaló.
Respecto a dicha resolución emitida por la Cofetel para resolver la disputa por interconexión entre Telcel y Alestra, Cantú dijo que hasta ayer esta empresa no había sido notificada, pero seguramente promoverá un recurso legal para impugnar esa determinación y solicitará la suspensión de esa cuota.
Denuncias contra Axtel
Telcel presentó 75 denuncias contra Axtel y Maxcom ante la Cofetel, por manipular el tráfico de larga distancia, prácticas de by pass, que afectan la interconexión con la empresa móvil e incluso a los usuarios, por lo que solicitó la revocación de sus títulos de concesión.
Los propios reportes de la Cofetel señalan que en nuestro país existen 746 estaciones de televisión de las cuales 461 son concesionadas. Refiere de la misma forma que es un sector con “altos índices de concentración en el que importantes ciudades del país cuentan exclusivamente con dos opciones comerciales”
Los estudios técnicos señalan la posibilidad de licitar dos cadenas digitales de televisión con cobertura de 92.6 y 82.6 por ciento respectivamente entre los canales 20 a 51 UHF. Si bien la tendencia mundial y propiamente la nacional nos conduce a la capacidad espectral digital, la viabilidad en el ámbito analógico arroja un 57.9 por ciento. Los canales podrían ser nacionales o regionales, refiere la Cofetel, pero deberán utilizar como mínimo el estándar ATSC53, un estándar internacional.
Por lo expuesto, pongo a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cofetel realice de inmediato la consulta pública y estudios de mercado para dar certeza a los participantes de la licitación propuesta por la Cofetel en materia de televisión abierta.
Segundo. El criterio económico y las ventajas económicas que pudiera tener el señor Carlos Slim, no deben privar por encima de los intereses de los consumidores, por lo que la Cofetel debe de hacer público de manera inmediata los perfiles de quienes podrán acceder a la licitación.
Tercero. La Cámara de Diputados convocará a una discusión amplia de forma inmediata para que la sociedad, los interesados del sector y la autoridad reguladora definan la ruta del otorgamiento de las licitaciones que habrán de otorgarse en fechas próximas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir cabalmente lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respecto a la transferencia de derechos entre el ISSSTE y el Infonavit, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM
Carlos Samuel Moreno Terán, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a que se cumpla cabalmente con lo estipulado en la Ley del ISSSTE referente a transferencia de derechos entre este instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Exposición de Motivos
Los artículos 154, 155 y 156 regulan de la Ley del ISSSTE regula el régimen de transferencia (portabilidad) y se establece que tanto el ISSSTE como el Infonavit realizarán un convenio para determinar el procedimiento para ser beneficiario del derecho, lo cual al momento no se ha realizado motivando quejas por parte de muchos ciudadanos que no ha podido utilizar sus cotizaciones debido a este problema.
En la propia Ley de referencia señala que os Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda.
De la misma manera, los Trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de la Ley del ISSSTE podrán transferir al Instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva, obligando a los dos Institutos a establecer las reglas conducentes, situación que no se ha realizado, o por lo menos no con la claridad suficiente para todos los trabajadores en este supuesto, sean beneficiarios de este derecho que la Ley les otorga.
El espíritu de la reforma a la Ley del ISSSTE aprobada en el año 2007 es la factibilidad de la portabilidad de derechos, es decir que un trabajador que labore en los dos apartados del artículo 123 constitucional esté en condiciones de cotizar en una sola cuenta individual. Además, derivado de la portabilidad, los trabajadores pueden migrar libremente del sector público al sector privado sin perder sus derechos pensionarios. Lamentablemente esta circunstancia ya legislada y aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas no se ha cumplido de manera puntal por parte de las autoridades competentes de una manera eficaz y transparente.
La responsabilidad social que tiene el Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores es el de contribuir al bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, poniendo a su alcance productos de crédito e información que les permitan tomar la mejor decisión para satisfacer sus necesidades de vivienda y constituir un patrimonio familiar de acuerdo a sus intereses, además de proveer financiamiento para satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores derechohabientes y acreditados, claramente lo anterior dicho Instituto no ha cumplido con sus obligaciones, otra vez más el Legislativo ha dotado de las herramientas necesarias para que las instituciones de nuestro país ofrezcan más resultados a la ciudadanía y otra vez, el Ejecutivo se ha quedado corto en su aplicación. Por lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que se cumpla cabalmente con lo estipulado en la Ley del ISSSTE referente transferencia de derechos (portabilidad) entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 31 de marzo de 2011.
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pleno de esta soberanía a llevar a cabo una reforma integral de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que acote las facultades presidenciales de decidir libremente sobre el precio de las gasolinas y el diesel, y faculte a la Cámara de Diputados para determinar las alzas de los energéticos, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
La ciudadana María Estela de la Fuente Dagdug, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta para exhortar al pleno de esta Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal por los altos costos de la gasolina y el diesel.
Voy a tocar un tema que está desestabilizando a nuestro país y que cada día se vuelve más preocupante que es el alza indiscriminada de gasolinas que estamos sufriendo, el cual se anuncio que iba a ser de forma gradual pero que nunca se pensó que fuera imparable e insaciable exigimos al Ejecutivo federal se ponga un hasta aquí en estas alzas.
Puntualizare que en 5 años que han pasado —los cuales abarcan de diciembre de 2006 a febrero de 2011— han sufrido alzas significativas las gasolinas y el diesel.
La gasolina Premium en 2006 costaba 8.29 pesos a febrero de 2011, el costo es de 10.18, lo cual representa un aumento de 22.32 por ciento.
La gasolina Magna costaba 6.76 pesos a 2011, aumentó a 8.92 pesos, representando un aumento del 31.6 por ciento.
El combustible diesel —el cual en 2006 fue de 5.7 pesos— actualmente tiene un costo de 9.28 pesos aumentando, así un 38 por ciento.
Estas alzas exageradas y perjudiciales como siempre afectando a los más pobres y vulnerables sirven de presas fáciles para gobiernos malos y caros como es el de Felipe Calderón Hinojosa
No más engaños, señor presidente; basta de seguir ensañándose con las clases más desprotegidas hoy que estamos ante una posibilidad de que con los excedentes petroleros deje de sangrar al pueblo, con las alzas, sin freno de su gobierno en todos los energéticos.
No mas discursos, no mas ocurrencias, no más programas electorales y fideicomisos para elecciones, nuestra gente lo que hoy reclama es claro, dejar lo que tanto viene fortaleciendo a su gobierno y lo que tanto se ha incrementado la pobreza alimentaria, en la clase baja y de ahí, solo la clase alta porque ya la media dejo de existir, aunque su secretario de hacienda diga que con 6 mil pesos vive una familia pagando crédito bancario, automovilístico y escuelas particulares esa es otra burla a los mexicanos.
Por eso desde aquí le exhorto, señor presidente, a poner un alto, y ponga un alto al alza de los energéticos, ya que es urgente, compañeros diputados, que dejemos a un lado la compasión del Ejecutivo y tomemos por México las decisiones que sean necesarias para retomar el país en el que vivíamos, cuando nuestra gente sin discursos vivía con todo lo necesario años atrás cuando no habían gobiernos de ocurrencias.
Porque no hay mejor asesor que el pueblo, y hoy expongo lo escrito aquí para no dejar esto a la voluntad de una sola persona.
Exhorto al pleno de esta Cámara a llevar una reforma integral de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para acotar las facultades presidenciales a decidir libremente sobre el precio de las gasolinas y el diesel, quedando facultada esta Cámara de Diputados para decidir sobre las alzas en los energéticos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.
Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP recursos de los ahorros que la Cámara de Diputados le reintegró correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 para la Coordinación de Universidades Politécnicas en 2011, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN
Enrique Octavio Trejo Azuara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I, 79.2.I y 79.2.III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos de los ahorros que la Cámara de Diputados le reintegró correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 para la Coordinación de Universidades Politécnicas durante el presente ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una tarea que de manera decidida compartimos todos sus integrantes es la búsqueda incesante por garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público, de tal forma que cada vez se promueva un uso más eficiente y de calidad a los recursos escasos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con este principio se busca que cada peso que compone el gasto público verdaderamente impacte en el desarrollo económico del país, contribuya en la mejora en la distribución del ingreso entre los mexicanos y, en general, se produzcan mayores beneficios a la sociedad en su conjunto.
Esta labor, por supuesto, implica el esfuerzo compartido de todos los entes públicos y poderes federales así como de los demás órdenes de gobierno, tal y como lo mandata nuestra Constitución Política Federal al ser todos corresponsables en el respeto a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que engloba el proceso presupuestario de nuestro país.
Con base en estos fundamentos institucionales, considero oportuno solicitar al Ejecutivo federal, valore la oportunidad de canalizar los 130 millones de pesos que esta Cámara de Diputados le devolvió a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento serio y responsable a la recomendación que a esta soberanía le solicitó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ante el resultado de su fiscalización de la Cuenta Pública 2009, para que dichos recursos se canalicen a la Coordinación de Universidades Politécnicas.
De manera específica, la Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría financiera y de cumplimiento 09-0-01100-02-1080 a la Cámara de Diputados correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en los capítulos 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.
Entre los resultados destacados de esta auditoría, se informa que la H. Cámara de Diputados en el ejercicio 2009 contó con un presupuesto autorizado de 5,284.5 millones de pesos, el cual tuvo ampliaciones líquidas por 93.0 millones de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 5,377.5 millones de pesos, del que se reportaron como ejercidos 5,272.0 millones de pesos y economías por 105.5 millones de pesos que fueron incorporadas al presupuesto autorizado del ejercicio 2010 mediante ampliación presupuestal líquida, práctica que se ha hecho año con año en esta Cámara donde se incorporan los ahorros y remanentes al ejercicio presupuestal subsiguiente.
De igual manera la ASF informa que las citadas economías por 105.5 millones de pesos fueron asignadas para cubrir gastos de la partida 3827, “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”.
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó y dictaminó a la Cámara de Diputados que fortalezca sus mecanismos de control, con objeto de garantizar que los ingresos no presupuestales que no se utilicen para cubrir compromisos del ejercicio fiscal en el que sean obtenidos se reintegren a la Tesorería de la Federación, ya que identificó que en algunos casos, la normativa administrativa que regula el gasto de la honorable Cámara de Diputados considera excepciones en su cumplimiento, lo cual ocasiona discrecionalidad en su aplicación, y no se tuvo acceso a la documentación que sustenta la aplicación de los recursos ejercidos en la partida 3827, “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”.
Por otra parte, compañeras y compañeros diputados, la Coordinación de Universidades Politécnicas tiene como misión y compromiso apoyar el desarrollo económico y social de la nación, mediante la formación integral de personas a través de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y la cultura por medio de una investigación y docencia de calidad, con vocación de liderazgo tecnológico, constituyéndose estas entidades en factor clave para el progreso de sus estados.
Además, las Universidades Politécnicas son referente nacional y tienen reconocimiento internacional por la calidad y pertinencia de sus programas educativos, que se manifiesta en la competencia técnica y calidad personal de sus egresados; por sus aportaciones al desarrollo económico y social de los estados y de la nación a través de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de difusión de la cultura; por su compromiso con la mejora continua, la rendición de cuentas a la sociedad y la preservación del medio ambiente.
Finalmente, las universidades politécnicas buscan responder a las necesidades sociales de formar profesionistas de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo mediante un modelo educativo para la formación profesional basada en competencias, la cual presenta características diferentes a la formación tradicional, que se manifiestan en el diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de estrategias y técnicas didácticas diversas, y en la evaluación de los aprendizajes.
Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo que disponen los artículos 6.1.I y 79.2.I y 79.2.III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que considere canalizar a la Coordinación de Universidades Politécnicas todos los recursos presupuestales que la honorable Cámara de Diputados reintegró a la Tesorería de la Federación por ahorros y economías como resultado de la recomendación que la Auditoria Superior de la Federación le planteó a esta soberanía, con base en los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 09-0-01100-02-1080 que le aplicó correspondiente al ejercicio fiscal de 2009.
Salón de sesiones, a 31 de marzo de 2011.
Diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a impedir la discriminación contra las mujeres en sus diversos ámbitos de acción, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada federal Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los tres ámbitos de gobierno y del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a impedir la discriminación contra las mujeres en sus diversos ámbitos de acción, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, aún con limitaciones, se reconoce la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de su desarrollo profesional y político, pese a ello en los puestos de elección popular, cargos de dirección y toma de decisiones del sector público y privado, los órganos de impartición y administración de justicia, entre otros, nuestra presencia es escasa.
A lo largo de la ruta que hemos recorrido nos vamos encontrado con múltiples obstáculos y estereotipos que necesitamos eliminar, ya que históricamente nos desarrollamos dentro de una cultura patriarcal y excluyente, por ello es necesario unificar esfuerzos y seguir adelante modificando todos nuestros espacios de acción; con una cultura incluyente donde impulsemos el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres.
En nuestro país, las mujeres representamos 57.4 por ciento de la población nacional, 42.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), con 25.5 por ciento de jefaturas femeninas en los hogares de México; tenemos también un promedio de 8.4 años de educación académica, y destinamos semanalmente un promedio de 41.3 horas en cargas de trabajo no remunerado con un sinnúmero de labores no reconocidas, pero que son determinantes para la economía nacional. 1
Pese a las anteriores cifras, es urgente la necesidad de propiciar para las mujeres los espacios y apoyos para generar su acceso a la igualdad, tal como es reconocido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2 la cual señala que el Estado debe modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres (artículo 5o.).
Cabe señalar que Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su trigésimo sexto periodo de sesiones de agosto de 2006, decidió dentro de sus principales esferas de preocupación y recomendaciones dirigidas a nuestro país, en el punto 14 de sus observaciones, indicar que “siguen preocupando al comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas. El comité expresa su preocupación por el clima general de discriminación e inseguridad reinante en las comunidades; en los lugares de trabajo, particularmente las maquilas; y los territorios con presencia militar, como las zonas de las fronteras norte y sur, que pueden poner a las mujeres en un peligro constante de sufrir violencia, maltrato y acoso sexual”. 3
Pero no es únicamente la preocupación del comité por la prevalencia de estos actos, también las legisladoras al conocer un oficio emitido el pasado 9 de marzo, por el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa María Huatulco donde se establecen lineamientos específicos para la vestimenta que deberán adoptar las mujeres que laboran en las diversas áreas, así como la serie de obstáculos que se argumentan para que las mujeres del municipio de Santiago Juxtlahuaca, ambos en el en el estado de Oaxaca de Juárez, puedan acceder a cargos donde se participe en la toma de decisiones.
México ha informado en el documento, 7o. y 8o. informes consolidados que “en materia de igualdad y no discriminación, a mayo de 2010, 22 entidades federativas habían incorporado el principio de igualdad en sus constituciones y 25 el principio de no discriminación; 16 estados cuentan con Leyes para prevenir y erradicar la Discriminación y ha sido tipificada como delito penal en 13 entidades federativas del país. Además, 19 entidades federativas cuentan con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de las cuales, una tiene reglamento y 5 cuentan con sistema estatal. 4
Efectivamente, los instrumentos legales existen, pero los casos anteriormente señalados son apenas una pequeña muestra de la continuidad de los actos de discriminación y violencia contra las mujeres en sus diversas expresiones que alarmantemente se incrementan en nuestro país. Por ello, ante estas acciones, nuestra responsabilidad es avanzar y no tolerar retrocesos en lo que a derechos de las mujeres corresponde.
Así entonces, demandamos a los tres ámbitos de gobierno y al Distrito Federal, la implantación de mecanismos, y una constante vigilancia en torno al cumplimiento y respeto de los derechos de las mujeres contribuyendo enfáticamente en el avance de las mismas. El logro de la igualdad entre los géneros no sólo debe ser nuestra aspiración, sino nuestra meta a alcanzar en los próximos años.
Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres ámbitos de gobierno y del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a impedir la discriminación contra las mujeres en sus diversos ámbitos de acción.
Notas
1 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, datos nacionales, 8 de marzo de 2011.
2 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 18 de junio de 1981.
3 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. México, 17 de agosto de 2006.
4 Datos de 7o. y 8o. Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW, México, septiembre de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su rechazo a la instalación de reactores nucleares para generar energía eléctrica en el país, particularmente en Sonora y Baja California, que cuentan con grandes recursos renovables eólicos y solares, a cargo de Eduardo Ledesma Romo y suscrita por Jorge Herrera Martínez, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM
Los diputados Eduardo Ledesma Romo y Jorge Herrera Martínez, legisladores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la campaña en favor de la energía nuclear y la construcción de más reactores en México, se ha desatado a raíz del desastre nuclear de la planta de Fukushima Daiichi en Japón, la exigencia de académicos y organizaciones de la sociedad civil de abandonar todo proyecto de energía nuclear e impulsar las energías renovables como la vía para enfrentar al cambio climático en México.
Las graves explosiones en reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi a consecuencia del terremoto y posterior tsunami ocurrido en el noreste de Japón el pasado 11 de marzo y que hoy tiene en alerta máxima al gobierno nipón por la presencia de plutonio en la central, ponen de manifiesto una vez más el riesgo de la tecnología nuclear. Si bien se ha avanzando en medidas de seguridad, lo cierto es que sigue siendo una tecnología altamente riesgosa.
El tsunami en Japón fue más devastador que el terremoto que lo originó y la catástrofe nuclear en la central de Fukushima será mayor al daño generado por el propio tsunami. Esta catástrofe es una prueba más de que los reactores nucleares no son intrínsecamente seguros y que las consecuencias de un accidente grave son inadmisibles por sus consecuencias devastadoras en el medio ambiente y en la salud humana.
La radiación altera la carga eléctrica de los átomos y moléculas que conforman las células de nuestro cuerpo, por lo que consecuentemente incluso dosis bajas de radiación llegan a producir anormalidades en el sistema inmunológico, pero también leucemia en un lapso de cinco a diez años después de la exposición, cáncer en el rango de 12 a 60 años y enfermedades o mutaciones genéticas y anomalías congénitas en generaciones futuras.
La falta de control de los reactores nucleares de Fukushima está exhibiendo la incapacidad de proteger a la población ante desastres naturales a pesar de que Japón cuenta con alta tecnología y personal capacitado y especializado. Más aún la información que se da a la población mundial sobre un siniestro de inmensas dimensiones territoriales y de afectación a la salud de posiblemente millones de personas, se deja en manos de una empresa privada y sus intereses.
En la actualidad, el desarrollo de la energía nuclear depende de la situación energética mundial, el crecimiento poblacional, el aumento del consumo, la industrialización de los países y el desarrollo de nuevas fuentes alternas de energía de alta concentración. Cabe señalar que las únicas fuentes de energía eléctrica, en forma masiva, son la hidroeléctrica, la petroeléctrica y la nucleoeléctrica
El desarrollo de la energía nuclear para la generación eléctrica en el mundo tiene hoy un estancamiento en los Estados Unidos y Europa, esta industria continúa desarrollándose en la cuenca del Pacífico, como en Japón, donde no hay petróleo y se tiene necesidad de energía, por lo que la alternativa es la energía nuclear.
Las plantas nucleares son riesgosas, ya que producen isótopos radiactivos hacia el ambiente bajo condiciones severas de fenómenos naturales, por ello, dichas plantas cuentan con sistemas muy rigurosos de seguridad.
Las reservas conocidas de uranio y torio potencialmente aprovechables para la generación de electricidad es paupérrima comparada con el carbón, el gas y el petróleo, pero todas estas fuentes no renovables son insignificantes comparadas con la energía solar. En sólo tres semanas, la energía solar interceptada por la Tierra es superior a todas las reservas conocidas de energéticos fósiles y nucleares. Ninguna fuente no renovable, la nuclear incluida, puede garantizar el suministro energético en el mediano o largo plazos. Con energía solar y otras fuentes renovables, podría satisfacerse cualquier necesidad de las presentes y futuras generaciones.
El accidente nuclear de Japón representa una oportunidad para que reconozcamos los riesgos que representa la generación de electricidad a través de energía nuclear, la finitud de los hidrocarburos y el impacto ambiental que estos causan. Ha llegado momento de desarrollar y utilizar masivamente las energías renovables, como la solar y eólica. México y en particular el estado de Sonora, cuentan con un recurso solar privilegiado en el mundo, esta entidad federativa recibe en su territorio mucha luz solar y viento y es sísmicamente activo como Japón.
En México ha habido un amplio rechazo a la energía nuclear, aunque su principal ventaja es la capacidad de producir energía eléctrica comparada con otras fuentes de producción eléctrica, sus grandes desventajas son la generación de gran cantidad de residuos nucleares muy peligrosos y difíciles de gestionar, así como potenciales accidentes.
No obstante la alarma nuclear que hay en Japón, algunos expertos mexicanos se apresuraron a comunicar en los medios que el problema era menor, afirmando, incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que Laguna Verde es segura, que la población desconoce del tema y que el país debería seguir apostando por la energía nuclear como alternativa energética.
Incluso se mencionó que se descarta que en la nucleoeléctrica de Laguna Verde pueda registrase una emergencia, ya que dicha planta se encuentra en un área geográfica poco sísmica y que las penínsulas que rodean a Veracruz, sirve para proteger de un oleaje mayor. Además, se aseguró que el país está en condiciones de instalar uno o dos nuevos reactores nucleares; mencionando que se han planteado ya dos lugares específicos: uno en puerto Libertad, en Sonora y el otro en Ensenada, Baja California.
Con relación al estado de Sonora, se señaló que el Mar de Cortés operaría como un gran rompe olas que evitaría que un tsunami pudiera poner en riesgo las instalaciones y a la población de esa zona. Sin embargo, lo que no se mencionó en esa entrevista es que puerto Libertad es una población situada sobre uno de los ramales de la falla de San Andrés, muy cerca de donde en los últimos meses han ocurrido infinidad de temblores, muchos con magnitud arriba de los 4 grados en la escala Ritcher.
Resulta fundamental mencionar que en el estado de Sonora el día 3 de agosto de 2009, fue aprobado por el Congreso local, la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, con el fin de contar con un marco normativo adecuado para que el gobierno sonorense se enfoque al desarrollo energético sostenible, siendo uno de los elementos fundamentales para ello, el aprovechamiento del gran potencial energético y los recursos renovables de energía que existen en la entidad.
Cabe destacar, que la región costera puede proveer a los sonorenses de energía del mar y del aire, la región serrana tiene grandes posibilidades en energía hidráulica y eólica. Los valles pueden aportar cuerpos de agua para minihidráulicas, y la mayor parte de la extensión territorial de la entidad tiene una insolación de las más altas del mundo, por lo que el desarrollo de tecnología solar debería ser uno de los caminos más factibles para la producción de energía eléctrica, antes que apostar por la energía nuclear.
Es importante enfatizar que la energía solar brinda una mayor seguridad en cuanto a disponibilidad y accesibilidad, ya que en casi todo el territorio de la entidad existe la mayor radiación solar del país. Los sonorenses tienen el desierto de Altar, con una extensión que a la fecha no es aprovechada y en donde podría instalarse una central de generación eléctrica con capacidad industrial.
Por su parte, Baja California tiene áreas donde sopla el viento de manera permanente. Es un estado que no sólo tiene potencial eólico, también tiene energía fotovoltaica, termosolar, geotérmica, biomasa, biogas, y producen granjas de biocombustibles.
En razón de los graves riesgos que representa la generación de energía nuclear, aún en países con alta tecnología como Japón, resulta urgente que esta honorable Cámara manifieste su desacuerdo con la instalación de reactores nucleares para la generación de energía eléctrica en el país, particularmente en los estados de Sonora y de Baja California.
Esta posición de rechazo no es extremista, países de primer mundo como Suiza y Alemania ya anunciaron la suspensión de la renovación de sus plantas nucleares, tras las explosiones ocurridas en los reactores atómicos de Fukushima.
Más aún, no se justifica la posibilidad de incrementar el uso de la energía nuclear en toda la nación, cuando el país cuenta con un potencial energético en materia eólica con una capacidad que se calcula en 71 mil megawatts, que supera los 51 mil megawatts de capacidad ya instalada que hay en México con las grandes hidroeléctricas, las plantas de ciclo combinado, termoeléctricas y la planta nuclear Laguna Verde. Incluso en 22 entidades federativas existen zonas con vientos suficientes para instalar parques eólicos de gran escala con mayor rendimiento que el promedio de las plantas eólicas de Alemania.
“En cuanto al potencial solar de México, el mismo está por encima de los países líderes en materia de energía solar, el promedio de irradiación solar fluctúa entre 5 y 6 kilowatts hora por metro cuadrado por día, 5 o 6 kilowatts/hora por metro cuadrado por día, que es 70 por ciento más alto que el que tienen los grandes desarrollos de aprovechamiento solar instalados en el mundo” 1 .
Estamos convencidos de que la reconversión tecnológica hacia fuentes de energía sustentables es fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sugerimos que antes de apostar por la energía nuclear se analicen sus posibles riesgos y se aproveche el gran potencial de nuestro país en recursos renovables eólicos y solares.
Por ello, también proponemos exhortar a la Secretaría de Energía para que fomente el aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia energética de manera compatible con el entorno social y ambiental para el impulso del desarrollo energético sostenible del país, en particular en los estados de Sonora y Baja California que cuentan con grandes recursos renovables eólicos y solares.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79 numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la instalación de reactores nucleares para la generación de energía eléctrica en el país, particularmente en los estados de Sonora y Baja California, por los graves riesgos que representa para el ambiente y la salud humana y por no tomar en cuenta el gran potencial de la nación en recursos renovables eólicos y solares según el Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares de México .
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía para que impulse el aprovechamiento de las energías renovables eólicas y solares en el país y fomente la eficiencia energética de manera compatible con el entorno social y ambiental de la nación, en particular en los estados de Sonora y Baja California que cuentan con grandes recursos renovables eólicos y solares.
Notas
1. http://www.energia.gob.mx/portal
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.
Diputados: Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Jorge Herrera Martínez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a actualizar los programas de protección de indígenas y crear otros para que los asentados en las grandes ciudades retornen a su lugar de origen, permitiéndoles una mejor calidad de vida, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
La ciudadana María Estela de la Fuente Dagdug, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Social actualice los programas para la protección a indígenas y la creación de nuevos programas para los indígenas que se encuentran en las grandes ciudades.
Diputadas y diputados: me permito presentar ante este pleno una problemática por demás penosa y preocupante, como es el caso de los indígenas que emigran a las grandes ciudades como México, Monterrey y Guadalajara con la esperanza de encontrar un mejor futuro el cual les permita una vida mejor y más decorosa, pero lo que realmente encuentran es maltrato, vejación, ofensas y desprecio, en una palabra discriminación.
En el Distrito Federal se encuentran aproximadamente medio millón de indígenas de los cuales el 20 por ciento son niños y sufren una elevada desnutrición, de ahí que sean susceptibles a enfermedades respiratorias y gastrointestinales. En el caso de los varones la ocupación frecuente a desempeñar es la de albañilería y en el caso de las mujeres es el trabajo doméstico, y por lo general el comercio ambulante, entre otros.
Pero en un gran porcentaje se dedican a la mendicidad, llegando a ser capaces de drogar a alguno de sus hijos para hacerlo pasar como enfermo incluso mostrando una receta médica provocando con ello lástima y obviamente la percepción de algunas monedas; esto lo podemos ver principalmente en las entradas del Sistema Colectivo de Transporte Metro, en la desesperación de no tener que comer y como sobrevivir, ofrecen a sus hijas menores como sirvientas y en el peor de los casos las venden a las redes de la prostitución como la Merced, haciendo patente que 8 de cada 10 mujeres que trabajan en este lugar en cuestión son de origen indígena.
En el caso de los niños, estos sufren abandono y desprotección de sus padres, orillándolos a las filas de la violencia, drogadicción y delincuencia esto sirve como un claro ejemplo de lo que sucede con nuestros indígenas cuando emigran a las grandes ciudades, no negamos que existan programas para la protección y quizás ayuda de los mismos, pero hacen falta programas actualizados que les permitan mantenerse en sus lugares de origen permitiéndoles una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo para sus hijos, ya que estamos de acuerdo que como seres humanos tienen derecho a ser respetados y tener un futuro digno y decoroso. Provocando de esta forma el retorno al trabajo del campo, el cual en muchas ocasiones se encuentra abandonado por culpa de la inmigración a las grandes ciudades.
Puntos de Acuerdo
1. Que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a la revisión de los programas ya existentes de apoyo y protección para los indígenas.
2. Que la Secretaría de Desarrollo Social se haga cargo de la creación de un programa y conjuntamente un apoyo económico, que por única ocasión se les otorgue a los indígenas que se encuentran en las ciudades, con el propósito de motivarlos a que retornen a su lugar de origen, permitiéndoles una mejor calidad de vida y más digna.
Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las dependencias correspondientes las evaluaciones del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y la vigilancia permanente del ejercicio de los recursos aprobados por esta soberanía, así como a garantizar en el marco de sus atribuciones el cabal cumplimiento de los derechos humanos y sociales en los lugares de trabajo de dichos jornaleros y sus familiares, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Diana Patricia González Soto, en nombre de los diputados federales de la coordinación del estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el texto Los jornaleros agrícolas de México 1 en tan sólo una generación nuestro país duplicó el número de jornaleros sin tierra, constituyéndose éstos, en el mayor segmento del proletariado mexicano con casi cinco millones de trabajadores. Asimismo, se estima que en un futuro cercano, 15 millones de jóvenes del medio rural no tendrán acceso a la tierra e incrementarán paulatinamente el ya de por sí enorme ejército de jornaleros agrícolas.
Jesús Morett y Celsa Cosío sostienen que los salarios que perciben estos trabajadores se han deteriorado en mayor medida comparándolos con los del resto de las ramas de la producción y los servicios. Estimándose que sus percepciones apenas cubren una tercera parte de las necesidades más elementales del grupo familiar.
Asimismo, hacen notar que para estos asalariados agrícolas prevalecen la contratación verbal y eventual, por lo cual es una constante que los mismos desconozcan sus derechos, así como las obligaciones que para con ellos tienen sus patrones, dando lugar lo anterior a injusticias y abusos. Estas situaciones prevalecen, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece explícitamente que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, así como los requisitos del mismo –artículos 24 y 25–, precisando adicionalmente el código laboral, que a falta de este escrito, el trabajador no podrá ser privado de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. Lo anterior nos permite ver que tal situación no acontece en la realidad.
Dentro de las mujeres que laboran como jornaleras, la gran mayoría son indígenas y analfabetas, a quienes además se les paga un salario inferior al promedio del que perciben los jornaleros varones y, en una situación idéntica, están los niños jornaleros pertenecientes a grupos indígenas, resaltando que muchos de estos infantes viajan solos en su trayectoria como jornaleros agrícolas. No se puede obviar que todo esto tiene lugar debido a que estos grupos vulnerables en sus comunidades de origen no tienen oportunidades de trabajo, la producción local en las mismas es insuficiente y el 60 por ciento de los jornaleros provienen de municipios con muy altos niveles de marginación.
Situaciones como las narradas en el párrafo que antecede dan al traste con los postulados enunciados en nuestra Constitución y diversas leyes federales. Es así que podemos ver a todas luces la violación del principio constitucional que reza que a trabajo igual debe corresponder salario igual –artículo 123, apartado A, fracción VII– o la prohibición legal de emplear a menores de 14 años o incluso a los mayores de esta edad, pero menores de 16 que no hayan concluido su educación obligatoria –artículo 123, Apartado A, fracción III.
Señalan los estudiosos en comento que en el marco de la globalización económica, el sector agropecuario nacional ha adquirido el papel de exportador de frutas, hortalizas, flores y productos tropicales, y estas actividades tienen fuertes requerimientos de mano de obra, por lo que se ha incrementado la demanda de jornaleros agrícolas. Esta situación plantea la necesidad de diseñar políticas encaminadas a elevar los niveles de ingreso y bienestar de los 2 millones de trabajadores y sus familias cuya actividad, a pesar de ser de las más productivas, es la peor pagada –resaltan.
Son diversas las políticas que ha implementado el Estado para atender a los jornaleros agrícolas, siendo distintos los programas que en este sexenio se han instrumentado en diversas vertientes para atender las demandas y necesidades de la población migrante en materia de educación, alimentación, salud, vivienda, capacitación y empleo que forman parte de la estrategia gubernamental denominada Contigo.
Dentro de dicha estrategia se encuentra el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los peones agrícolas mediante una atención integral y oportuna, así como por procesos de promoción social, coordinación institucional y de concertación social con productores, organismos sociales y beneficiarios.
El Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas inició operaciones el 18 de mayo de 1990 en el valle de Culiacán, Sinaloa y posteriormente se extendió a otras entidades. El mismo surgió como una respuesta a las condiciones de marginación y falta de atención en que se encontraban los jornaleros, tanto en zonas de atracción como en sus entidades de origen –Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo, inicialmente.
Por otra parte, este programa fue objeto de una evaluación externa realizada por el Colegio de México, 2 la cual indicó que los jornaleros agrícolas representan uno de los grupos de población más vulnerable y con mayor dificultad para ser atendidos, dada su constante movilidad, lo cual dificulta su identificación clara como población objetivo.
De acuerdo con esta evaluación, desde su comienzo, este programa ha efectuado proyectos de inversión y promoción social orientados a mejorar las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas; asimismo, el mismo es parte de una política social compensatoria, ya que solo se enfoca a atender necesidades básicas de la población.
Actualmente el programa tiene cobertura en todo el país en los lugares con presencia de población jornalera, las entidades en que principalmente opera son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua. Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En las conclusiones de la evaluación, el Colegio de México considera que el programa tiene un impacto social de beneficios muy importante hacia la población más vulnerable de nuestro país, por lo que sugieren su continuación y actualización en función de las necesidades cambiantes de la población objetivo.
Sin embargo, es necesario mencionar que entre los grupos más vulnerables de los jornaleros agrícolas se encuentran los niños, las mujeres y personas que pertenecen a grupos indígenas. Algunas cifras, como las de la Confederación Nacional Campesina, indican que la mitad de los jornaleros agrícolas son niños de 6 a 14 años de edad que trabajan más de 8 horas por día y cobran 20 pesos mexicanos. Dicha situación vulnera a todas luces lo dispuesto en la Carta Magna y diversos cuerpos normativos.
Estos niños jornaleros trabajan en actividades semejantes a las de los adultos, no se les otorga ninguna protección laboral y son explotados tanto por las grandes empresas transnacionales como por los productores mexicanos. En algunas regiones agrícolas del Noroeste dedicadas a los cultivos de exportación, la cuarta parte de la fuerza laboral son niños y adolescentes, quienes aportan hasta un 30 por ciento del ingreso familiar. Lo anterior transgrede a todas luces lo dispuesto en la Ley Suprema y reiterado en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, 3 México cuenta con 2 millones de jornaleros, quienes migran a los campos agrícolas junto con sus esposas e hijos -4.5 miembros por familia en promedio- ascendiendo así la cifra a un total de nueve millones de personas dedicadas cotidianamente a esta labor y que enfrentan las duras faenas del trabajo, la falta de alojamiento digno, servicio médico, entre otros.
El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, señaló que en México actualmente existen 727 mil niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, de los cuales el 60 por ciento se emplean en la pizca de calabaza, manzana, chile, fresa y algodón para complementar el ingreso familiar. Es decir, esos miles de infantes que deberían estar en la escuela, se encuentran en los campos de cultivo debido a las condiciones de pobreza en sus familias, a pesar de que la Constitución expresamente prohíbe su participación en las faenas laborales y obliga al patrón a que establezca escuelas para la educación de estos menores –artículo 123, fracción XII.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus equivalentes Estatales, así como distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de estos derechos, han denunciado de manera reiterada la violación de los derechos humanos de los jornaleros en sus lugares de trabajo y, particularmente, los de aquellos sectores de jornaleros más vulnerables, entre los que se encuentran los niños, las mujeres e indígenas.
En el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2011, la Cámara de Diputados aprobó 82 millones de pesos para este programa operado por la Sedesol, cantidad que se incluye en el anexo 7 de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, 293.3 millones de pesos que se incluyen en el anexo 8 correspondiente al programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable.
En este sentido, los diputados federales de Coahuila, conscientes de la compleja problemática que viven los jornaleros agrícolas de nuestro país, y en cumplimiento de nuestra facultad de vigilancia en el ejercicio de los recursos aprobados por esta soberanía para la atención de este amplio sector de nuestra sociedad, acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes realice las evaluaciones del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, así como la vigilancia permanente del ejercicio de los recursos aprobados por esta Soberanía.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones garantice el cabal cumplimiento de los derechos humanos y sociales en los lugares de trabajo de los jornaleros agrícolas de México y sus familiares, particularmente los de los sectores más vulnerables de éstos como son los niños, mujeres y grupos indígenas.
Notas
1 Morett Sánchez, Jesús. C. y Celsa Cosío Ruiz, Los jornaleros agrícolas de México, Universidad Autónoma Chapingo-Diana, México, 2004.
2 Precesam, Los programas sociales en México: el caso de la evaluación externa del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 2004, El Colegio de México, AC, Centro de Estudios Económicos, folletín de la evaluación externa del Programa de Jornaleros Agrícolas, Número 0-agosto 2005.
3 Consultado el 9 de marzo de 2011 en el portal http://www.mimorelia.com/noticias/60346
Es importante mencionar que los datos proporcionados por el Secretario de Desarrollo Social son de fecha 12 de enero de 2011.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo del año 2011.
Diputados: Diana Patricia González Soto (rúbrica), Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica).
