Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3230-VII, martes 29 de marzo de 2011

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Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3230-VII, martes 29 de marzo de 2011

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la solicitud de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas contra la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la SSP y a la PGR a implantar un programa de denuncia ciudadana tendente a descubrir tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal en toda la república, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a la empresa extranjera KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a revisar, analizar y dar vista sin dilación a las instancias correspondientes a fin de que se realicen las diligencias a que haya lugar para determinar la restitución del predio Módulo de Bienestar Social de San Andrés Totoltepec, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que investigue sobre los hechos referidos por el secretario de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, en declaraciones publicadas en el periódico La Jornada el 13 de marzo de 2011, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la Semarnat a fijar en la NOM-017-ENER/SCFI-2008 los límites máximos permisibles de contenido de mercurio de las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en el país, conforme a los estándares internacionales en la materia, y a establecer la información homologada que los empaques respectivos deban contener de forma clara y visible sobre el manejo y la disposición final, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a realizar las adecuaciones pertinentes al marco legal en materia de narcomenudeo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir el acuerdo de coordinación firmado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respecto a las obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en la Zona de Zongolica en el ejercicio de 2010, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto por el que se amplíe, a partir de su entrada en vigor y hasta por seis meses, el lapso para que a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con títulos vencidos en el periodo 1 de enero de 2004-30 de abril de 2010 se otorguen nuevas concesiones y asignaciones, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 15 de noviembre como Día Nacional sin Consumo de Alcohol; y a los gobiernos estatales y a los municipales, a fortalecer las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el uso excesivo, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.

2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.

3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:

a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.

b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.

c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.

d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.

e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.

f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.

g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.

h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.

Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero.

Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.

Segundo.

Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.

Tercero.

I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.

II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.

III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.

IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.

V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.

Notas

1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.

Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Durante los años 2009 y 2010 se implementó el programa “Rápido y Furioso” en el cual se enviaron ilegalmente casi dos mil rifles de grueso calibre a grupos que trabajan con la delincuencia organizada en México, según la oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco y Armas, el objetivo era rastrear la cadena de contrabando; sin embargo, perdieron la huella del envío. Entre el arsenal se encontraban los fusiles de asalto AK47 comúnmente usados por los sicarios mexicanos, así como el rifle Barret calibre .50 capaz de atravesar blindajes.

2. Con fecha 15 de febrero de 2011, fue asesinado el agente Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos denominado ICE, cuando circulaba por una carretera en San Luis Potosí, junto con el agente Víctor Ávila quien resultó herido. El arma empleada, fue importada de los Estados Unidos.

3. Desde el inicio de la lucha contra la delincuencia organizada iniciada por el gobierno de México, se han decomisado miles de toneladas de armas empleadas por los grupos delictivos, las cuales tienen su origen de comercialización y manufactura en el vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica.

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:

Considerandos

Derivado de los últimos acontecimientos como el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien falleció cerca de San Luis Potosí como consecuencia de un ataque con un arma de fuego que provenía precisamente, de Estados Unidos y del fracaso del operativo encubierto de nombre “Rápido y Furioso” información que fue dada a conocer por John Dodson, agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF por sus siglas en inglés), en el que dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran en México cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino final, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. SE PRESENTA UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL PARA QUE SE CONFORME UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES, INTEGRADO PREFERENTEMENTE POR AQUELLOS QUE HAN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS QUE SE CELEBRARÁ EN ESA NACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES, A EFECTO DE QUE SE REÚNAN CON SUS CONTRAPARTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO NORTEAMERICANO Y DEL GOBIERNO FEDERAL DE ESA NACIÓN, PARA AMPLIAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO AL TRÁFICO DE ARMAS, Y ANALIZAR OTROS TEMAS DE LA AGENDA COMÚN RELATIVOS A LA SEGURIDAD REGIONAL QUE PUEDAN SER ANALIZADOS CONJUNTAMENTE EN DICHO MECANISMO BILATERAL. Se propone que en dicha reunión se entregará un expediente de las 65,000 armas norteamericanas decomisadas incluyendo la pistola con la que fue asesinado JAIME ZAPATA y pedazos de las armas destruidas por la Secretaria de la Defensa, de manera simbólica.

México vive tiempos violentos que nos han llevado a realizar un recuento del número de muertos en nuestro país desde 2006, año por año, después mes por mes, semana por semana, hasta hacerlo día por día.

Repetidamente hemos levantado la voz, porque dicha violencia sería inexplicable sin las armas que se trafican a nuestro país provenientes de los Estados Unidos de América, 65,000 armas confiscadas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.

En diciembre del año pasado, en Arizona, supuestos narcotraficantes mexicanos le quitaron la vida también con un arma de fuego estadounidense a Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza.

Estos hechos, sumamente graves y lamentables, han puesto de relieve la operación del crimen organizado en México con armas de los Estados Unidos. De la mano con esto, va el incremento en la violencia que vivimos en el país. Este panorama se torna mucho más lamentable, al enterarnos que el gobierno estadounidense no solo ha sido omiso y poco cooperativo en la materia, sino que peor aún, realizó un programa encubierto de tráfico de armas, sin participar de ello a las autoridades mexicanas.

De conformidad con información dada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en octubre de 2009, dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. Hoy lo que sabemos, es que este programa fue un fracaso y que agentes de la propia BATF han apuntado la probable correlación entre el tráfico de armas y la creciente violencia y muertes en nuestro país. A pesar de todo, esa estrategia se mantuvo hasta septiembre de 2010, no obstante que ya desde el mes de marzo de ese año, había recibido varias críticas internas.

En la ONU se prepara ya una Conferencia Internacional que adopte un tratado que regule por primera vez el comercio mundial de armas convencionales. Quienes la impulsan consideran que la ausencia de normas contribuye al desvío de armas al crimen organizado, facilita la violencia y consecuentemente, la violación de los derechos humanos, además de amenazar la seguridad mundial. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 2009 iniciar formalmente las negociaciones para elaborar un instrumento legal firme y sólido que regule la exportación de armamento para el 2012.

Para la materialización del presente punto de acuerdo es necesario requerir al Ejecutivo federal rinda al seno de esta Cámara de Diputados un informe detallado respecto a las 65,000 armas decomisadas por las fuerzas federales, toda vez que este documento será entregado a los legisladores Norteamericanos así como al representante de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en las reuniones que se acuerden celebrar.

Así también, se deberá requerir al Ejecutivo federal que solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en la próxima destrucción de armas de procedencia norteamericana que tenga a bien realizar, se resguarde un kilo del armamento destruido, para hacer una entrega simbólica a los legisladores norteamericanos, y lo cual representa el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas para el decomiso y destrucción de armas estadounidenses en un combate frontal al crimen organizado.

Para concluir y con el fin de materializar el objeto del presente, será necesario solicitar el auxilio del Ejecutivo federal para que nuestro embajador en Estados Unidos coadyuve en la logística necesaria para llevar a cabo dichas reuniones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebrará en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano y del gobierno federal de esa nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.

Tercero. La integración de este grupo de trabajo será definida por la Junta de Coordinación Política con base en criterios de proporcionalidad.

Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la SSP y a la PGR a implantar un programa de denuncia ciudadana tendente a descubrir tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal en toda la república, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscrita, Janet Graciela González Tostado, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) y la a Procuraduría General de la República (PGR) para que implementen un programa de denuncia ciudadana, el cual tenga por objetivo descubrir tomas clandestinas en los ductos de Pemex en toda la República mediante la siguiente

Exposición de Motivos

El robo a los ductos de combustibles de Pemex a través de tomas clandestinas es un problema de seguridad nacional. Me permito señalar algunos incidentes que se han dado en los últimos meses

Para nadie es desconocida la tragedia que vivieron las y los habitantes del municipio de San Martín Texmelucan en diciembre pasado, por la explosión de un ducto que fue “ordeñado”, provocando la muerte de personas inocentes.

El pasado nueve de febrero en la ciudad de Rosarito, en Baja California, se derramaron más de 50 mil litros de combustible a causa de una toma clandestina.

Según datos del propio director de Pemex, las bandas de “vampiros”, como se les conoce, que perforan ductos para extraer combustibles, robaron en 2010 un total de 1,7 millones de barriles a la estatal Petróleos Mexicanos dijo también en comparecencia en la Cámara de Diputados que los combustibles robados equivalen al 0.4 por ciento de la producción anual de Pemex, además de que el número de tomas clandestinas colocadas por los “vampiros” aumentó de 462 en 2009 a 710 el año pasado.

Según el director de Pemex, durante 2010 las autoridades desarticularon tres bandas de “vampiros” y confiscaron aproximadamente 2,500 millones de pesos (unos 200 millones de dólares). Por las cifras que el mismo director presenta, podemos ver que no es un problema menor, ya que eso fue lo que confiscaron, pero las pérdidas que la paraestatal tiene son exponencialmente más altas. El robo de combustible se estima según Suárez Coppel de 17 mil barriles diarios.

Este problema tiene diferentes aristas, una de ellas es la inseguridad en la que se encuentran millones de mexicanos que viven en zonas por donde pasan ductos de Pemex y que al ser perforados, se corre el riesgo de un accidente como el que vivimos en el municipio de San Martín.

Los daños al ecosistema son incalculables, ya que los combustibles afectan gravemente el entorno cuando se derraman, afectando a las especies que viven en la zona.

Por otro lado, las pérdidas que tiene Pemex por este delito en su agravio las tiene que compensar de alguna forma por ejemplo en el aumento de precio de los combustibles para la ciudadanía.

Además de los tres puntos anteriores, el hecho de que Petróleos Mexicanos no pueda invertir en infraestructura ese recurso que pierde a causa de la delincuencia.

En el Senado de la República se aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que fue turnado a la Cámara de Diputados, se revisó y las y los compañeros que forman parte de la Comisión de Justicia consideraron pertinente modificarlo para enriquecerlo, por lo que se regresó al Senado para continuar con el trámite, que fue aprobado el pasado 17 de marzo del presente año, y sometido a primera lectura el 23 del mismo mes, con esta aprobación, se penalizará a quien de manera dolosa altere instrumentos de medición con la finalidad de robar hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados; en estos casos la sanción se aumentará hasta en una mitad cuando se cometa por empleados o servidores públicos del ramo petrolero, las penas pueden ser de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 12 mil días de salario mínimo.

Es correcto que existan sanciones de este tipo, sin embargo de nada sirven si no hay un eficaz sistema de investigación y una cultura de denuncia. Ya que si bien es cierto que una de las obligaciones de Pemex es revisar con periodicidad que sus ductos se encuentren en buen estado y que no tengan tomas clandestinas, también es cierto que no cuentan con el personal suficiente para poder llevar a cabo esa tarea en los miles de kilómetros de ductos con los que cuenta, además de que muchos de ellos pasan por debajo de inmuebles privados y en muchos casos es en espacios como esos donde instalan tomas clandestinas y para el personal de Pemex es complejo acceder a estos lugares si no tienen autorizaciones.

En virtud de que las y los vecinos de esos lugares son quienes tienen potencialmente hasta el riesgo de perder la vida, se vuelve necesaria una cultura de denuncia pública, en la que participen Pemex, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y sobre todo la ciudadanía, ya que son las y los vecinos quienes de inmediato descubren una actividad irregular en sus colonias, por ejemplo que de repente se genere un elevado movimiento de vehículos pesados como pipas en bodegas que se encontraban vacías o que su actividad era diferente, o el característico olor de los diferentes combustibles (petróleo, combustóleo, gas, gasolina, diesel) que por su volatilidad se dispersan en el ambiente, que además de ser fácilmente identificables, son tóxicos, entre otras actividades que pueden delatar a grupos delictivos.

Sin embargo este programa debe ir aparejado de estímulos de alguna índole, como recompensas a quienes denuncien, tarjetas de descuento de combustible u otro mecanismo que en coordinación entre Pemex, la SSPF y la PGR puedan generar para quien denuncie la presencia de una toma clandestina o la operación de una banda delictiva dedicada al robo de combustibles.

Este programa podrá inhibir el robo de combustible, que es principalmente lo que se busca, además de que facilitará a Pemex, a la SSPF y a la PGR la ubicación de tomas y de bandas dedicadas a este ilícito. De igual manera bajará el índice de pérdidas de Pemex en ese rubro, que actualmente son del orden de tres mil millones de pesos anuales, según los datos que dio el pasado 17 de marzo el director de la paraestatal. Lo que provocará un superávit y quizá en el corto plazo la baja en el costo del combustible o la detención de los incrementos.

Asimismo el programa deberá contar con los candados y mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de los datos de la o el denunciante, así como su integridad y la de los suyos, ya que en muchos de los casos descubiertos e investigados, se ha podido comprobar la participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Por lo expuesto, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Procuraduría General de la República para que implementen un programa de denuncia ciudadana, el cual tenga por objetivo descubrir tomas clandestinas en los ductos de Pemex en toda la república.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.

Diputada Janet Graciela González Tostado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a la empresa extranjera KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República que envíen a esta soberanía los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a una empresa extranjera denominada KBC Advanced Tecnologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Los regímenes democráticos deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública y una verdadera rendición de cuentas, así como un equilibrio entre los poderes que integran al Estado, ya que la irresponsabilidad del servidor público erosiona el Estado de derecho y actúa contra la democracia.

Los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones y, por ende, deben manejar con eficacia, economía, transparencia y honradez; los recursos económicos de que disponga la federación.

Segunda. Recientemente hemos podido conocer a través de diversos comunicados de la Secretaría de la Función Pública así como en distintos medios de comunicación, las investigaciones que se están realizando a funcionarios de Petróleos Mexicanos por presuntos señalamientos de corrupción y colusión con empresas que se han visto beneficiadas con millonarios contratos otorgados de manera discrecional y poco transparente.

Según declaraciones del titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas: “las investigaciones en la paraestatal duraron dos años y derivado de las mismas, en diciembre de 2010, se determinó multar e inhabilitar a 14 empleados de Pemex-Refinación” imponiéndoles una multa histórica de 5 mil 134 millones de pesos. 1

Tercera. Tras las sanciones administrativas impuestas a los ex trabajadores de Petróleos Mexicanos por conductas irregulares, la Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República investigan el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles por 42 millones de dólares a una empresa extranjera KBC Advanced Tecnologies Inc, en áreas estratégicas. Conforme a lo anterior y atendiendo los informes de empleados de plataformas y refinerías de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República investigan la celebración de dicho contrato celebrado sin licitación y asignado en forma directa por parte de dicho funcionario quien en ese entonces era subdirector de Producción de Pemex Refinación y actualmente ocupa la Dirección Comercial de Petróleo Crudo de la Paraestatal. 2

Adicionalmente, se ha informado que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación indagan sobre una serie de accidentes y paros de producción durante la administración de Bernardo de la Garza Hesles, lo que evidenciaría las deficiencias en dicha administración; sostienen los quejosos: “debido a los accidentes y paros, la producción en el último año se desplomó de un millón 300 mil barriles diarios a un millón 100 mil barriles”. 3

La Subdirección de Producción de Pemex es la que mayor valor agregado le da al crudo que es procesado.

Las deficienciencias del funcionario citado han causado un severo daño patrimonial al país, pues ha sido el responsable de:

• De incrementar el índice de frecuencia de accidentes de la subdirección de producción el cual fue de 1.06, el más alto en los últimos 4 anos. En el año 2009 dicho índice únicamente fue de 0.51, lo que implica un incremente del 100% en accidentes en las refinerías del país.

• Se incremento el índice de paros no programados del sistema nacional de refinerías; es decir paros por accidentes en las plantas, el cual por mala operación y planeación fue de 9.6 en el 2010, en el año 2009 dicho índice fue de 3.5, lo que implica que se triplicaron los paros en las refinerías del país.

• En 2010 se registró la mayor pérdida de los últimos 10 años en ganancias petroleras, ya que se perdieron 52,696,200 dólares mensuales.

Lo anterior demuestra que el funcionario ha cometido una serie de negligencias derivadas de su falta de capacidad para desempeñar el cargo, mismas que han causado daños patrimoniales y actos de corrupción.

Cuarta. Dado lo anterior, considero que es menester solicitar un informe tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Procuraduría General de la República y a la propia paraestatal, a efecto de esclarecer estos presuntos hechos de corrupción.

En términos del artículo 37 fracciones I, IV, VI, VII y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer del asunto, ya que concierne a ésta dependencia:

“Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;

...

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

...

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

...

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;”

Respecto a la solicitud dirigida a la Procuraduría General de la República, su Ley Orgánica manifiesta en el artículo 4o., fracción I, apartado A, incisos a) y b), como facultad del Ministerio Público de la Federación:

“Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

”I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

”A) En la averiguación previa:

”a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

”b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

”...”

De igual forma es competente Petróleos Mexicanos, ya que como lo estipula el artículo 2o. de su propia ley orgánica, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Quinta. En materia de servidores públicos, tanto la Constitución Política como la ley de la materia regulan, en términos generales, los sujetos, obligaciones, responsabilidades y sanciones en materia de disciplina administrativa en el servicio público; en ese sentido las sanciones previstas en el artículo 13 de dicho ordenamiento legal tiene como razón de ser el castigar el incumplimiento de la función pública que tienen asignada sus agentes, es decir, los servidores públicos, cuando éstos se apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

A este último respecto, debe tenerse presente que para calificar una conducta como grave la autoridad no podrá actuar de manera arbitraria sino que para ello habrá tenido que atender al contenido mismo de los autos y al material probatorio recabado durante la instrucción del procedimiento disciplinario, el cual debe ser idóneo y suficiente para acreditar objetivamente dicha gravedad. Al respecto el artículo 109 fracciones II y III señala:

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

...

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Sexta. Por los argumentos anteriormente vertidos, no es posible referirnos de un gobierno transparente sin exigir la rendición de cuentas de quienes ejercen el servicio público; dado que la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia constituyen elementos que debemos concebir en una cultura democrática. Como señaló Arturo González de Aragón, ex auditor superior de la Federación: “Sólo una ciudadanía honesta, bien informada y participativa es capaz de juzgar la actuación del gobierno. Sin transparencia y sin acceso a la información pública es imposible exigir cuentas a los gobernantes”

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República que envíen a esta soberanía los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a una empresa extranjera denominada KBC Advanced Tecnologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera.

Notas

1. Periódico Milenio, 27 de enero de 2011.

2. El Sol de México, 20 de febrero de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.

Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a revisar, analizar y dar vista sin dilación a las instancias correspondientes a fin de que se realicen las diligencias a que haya lugar para determinar la restitución del predio Módulo de Bienestar Social de San Andrés Totoltepec, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 12 de agosto de 1992 el pueblo de San Andrés Totoltepec recibe, en un acto público, a través del entonces Departamento del Distrito Federal, cuyo titular era el licenciado Manuel Camacho Solís, y la delegación Tlalpan, un terreno de 42,000 metros cuadrados, situado en la calle Emiliano Zapata s/n, para la creación de un deportivo que tuviera 3 canchas de futbol y un Módulo de Bienestar Social, donde se impartirían actividades culturales, recreativas y de atención médica, para la comunidad, ante la presencia del licenciado Enrique Carrillo Torres, subdelegado auxiliar del Pueblo; el ciudadano Manuel Hernández Álvarez, presidente de la Asociación de Residentes; el ciudadano Felipe Santillán García, presidente de la Mesa Directiva de Futbol y Vecinos.

De esta manera, el 22 de agosto de 1992, con la presencia del licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario general de Gobierno; del licenciado Francisco Ríos Zertuche, delegado en Tlalpan, y otros funcionarios del DDF, se hace la entrega formar del predio al pueblo de San Andrés Totoltepec. En el acto ambos funcionarios se comprometieron a continuar con las obras de construcción del deportivo.

Segunda. En 1994, siendo titular de la delegación Tlalpan el licenciado Alfonso del Río Pintado, a través de la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Obras a cargo del Arq. Manuel Ríos Flores, se lleva a cabo, en el mes de junio, el levantamiento topográfico del área destinada a las instalaciones deportivas de dos canchas de futbol y una de Básquet bol, como del inicio y funcionamiento de la liga de Futbol de San Andrés Totoltepec. Asimismo se construye el Modulo de Bienestar social, que comprende un área aledaña a la casa Tlalpan.

Tercera. En1995 se crean algunas agrupaciones entre las que destacan la Comisión del Oriente de San Andrés Totoltepec, la Comisión del Deporte la cual se integra con la participación de representantes de las diversa disciplinas deportivas existentes: futbol, basquetbol, voleibol, karate, entre otras. También, se abre el servicio de atención médica en general.

Cuarta. En 1997 desaparece la liga de futbol a pesar de las acciones para ampliar y mejorar las canchas, las cuales son receptoras de una gran cantidad de desechos sólidos, haciendo imposible continuar con esta actividad deportiva, iniciándose un proceso de abandono del área, quedando resguardando el predio por los ciudadanos Felipe Santillán García y Manuel Hernández Álvarez. Sin embargo, se solicita la continuación y desarrollo de las actividades del modulo. El 27 de junio de 2004, “son obligados” a abrir la reja y abandonar el predio. Esta acción origina que la comunidad lleve a cabo el primer rescate del predio.

Quinta. Entre 1998 y 2004 se presenta en el predio un abandono y saqueo de sus instalaciones, del mobiliario y del equipo médico y de cómputo, por personas ajenas a este.

Asimismo, fueron fraccionados 12,000 metros cuadrados por los administradores; por lo que hoy solo se reconocen 29,728.52 metros cuadrados, de los cuales los mismos administradores pretenden adueñarse, argumentando que son los propietarios del terreno, con la presunta complicidad de funcionarios y directivos de la delegación de Tlalpan y de la subdelegación del pueblo.

Por su parte, en el mes de julio de 2004 la Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en la persona del actuario Fernando A. Hernández Palacios, con la participación de la comunidad y las autoridades judiciales, reunidos en el módulo deportivo, ubicado en la calle Emiliano Zapata s/n, llevaron a cabo una serie de acciones a efecto de restituir el inmueble en beneficio de la comunidad y preservar el servicio público que desde 1992 ha prestado a los habitantes de San Andrés Totoltepec.

En el mismo acto, se formula una denuncia en contra de los ciudadanos Juan Guzmán García y Adrián Carrillo Mendoza, por el delito de despojo cometido en agravio de la comunidad del pueblo de San Andrés Totoltepec, iniciándose las averiguaciones previas TLP-3T1/1903/04-8 y TLP-3T2/2247/04-10, en razón de la subdivisión, lotificación y construcción en el inmueble, sin permiso ni autorización alguna.

De esta manera en el mes noviembre de 2004, por acuerdo dictado en la indagatoria TLP-3T1/1903/04-8 y TLP-3T2/2247/04-10, se determino restituir provisionalmente a la comunidad de San Andrés Totoltepec la posesión del inmueble a efecto, de que continúe funcionando como Módulo de Bienestar Social y prosiga sus actividades deportivas, culturales, recreativas y de atención médica.

Asimismo, se establece que el inmueble quedará bajo la Administración y resguardo de las autoridades de la Delegación Política en Tlalpan, para su preservación y conservación en términos del artículo 39 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Por consiguiente, el 23 de noviembre de 2004, en cumplimiento al acuerdo derivado de la improcedencia del Amparo solicitado por los ciudadanos Juan Guzmán García y Adrián Carrillo Mendoza, a través del mandato ministerial, se ejecuta e instrumenta en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del DF, el procedimiento administrativo para llevar a cabo la recuperación del inmueble citado. En el acto se comunica que éste se destinará a un bien público para satisfacer las necesidades deportivas, culturales y recreativas de la comunidad de San Andrés Totoltepec. Por lo que, cualquier acto de ocupación y/o especulación que atente contra estos objetivos será sancionado conforme a la ley.

Sexta. El 7 de junio de 2007, mediante oficio SSG/1740/07, el licenciado Luis Arturo Bassol González, secretario particular del Subsecretario de Gobierno del DF, solicitó al licenciado César David Hernández Pérez, Director General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del D.F., su opinión respecto del proceso de expropiación del predio denominado “Modulo de Bienestar Social de San Andrés Totoltepec”, ubicado en el paraje Quiltepec de la Ex Hacienda de Xoco, en la delegación Tlalpan.

En el mismo sentido, mediante oficio SSG/1738/07, solicitó al ingeniero Miguel Ángel Olayo González, director de Ordenamiento Territorial en la Delegación Tlalpan, su opinión respecto del proceso de expropiación del predio denominado “Modulo de Bienestar Social de San Andrés Totoltepec”, ubicado en el paraje Quiltepec de la Ex Hacienda de Xoco, en la delegación Tlalpan.

Séptima. El 27 de junio de 2007, mediante oficio DGEDS/DOT/1164/07, el titular de Ordenamiento Territorial de la delegación Tlalpan, informa que dicho órgano administrativo no tiene inconveniente en que se lleve a cabo el procedimiento de expropiación del predio en comento.

Octava. El 28 de agosto de 2007, el subsecretario de Gobierno, licenciado Juan José García González, a través del oficio SSG/2840/2007, remitió a la Dirección General de Gobierno del DF el documento de los habitantes de San Andrés Totoltepec del predio ubicado en el paraje Quiltepec, de la Ex Hacienda de Xoco, en la delegación Tlalpan, quienes solicitan que se hagan los trámites administrativos para llevar a cabo la expropiación del predio “Modulo de Bienestar Social”.

Novena. El 5 de septiembre de 2007, mediante oficio DGG/960/2007, el director general de Gobierno, Héctor Antuñano González, contestó al subsecretario de Gobierno que la solicitud de presentación de los asuntos ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario, los debe realizar la delegación correspondiente con el expediente de la documentación soporte que permita su aprobación. En el caso concreto, por tratarse de una expropiación, el área promovente debe contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el pago de la indemnización constitucional.

Derivado de lo anterior y con fundamento en los términos que establecen los artículos 44, 71, fracción II, 73, fracciones XIX, XXIX-C y XXIX –H y 122, Base Primera fracción V incisos G y H, Bases Cuarta y Quinta, y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a través de las comisiones respectivas lleve a cabo la revisión, análisis y de vista sin dilación alguna a las instancias correspondientes, con la finalidad de que se realicen las diligencia a que haya lugar, para determinar la restitución del predio denominado “Modulo de Bienestar Social de San Andrés Totoltepec”, ubicado en el paraje Quiltepec de la Ex Hacienda de Xoco en la Delegación Tlalpan.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al Tribunal Superior de Justicia Federal para que lleve a cabo la revisión y, en su caso, instrumente el procedimiento administrativo correspondiente que le permita a la comunidad del pueblo de San Andrés Totoltepec recuperar el inmueble de referencia, toda vez, que en el proceso de adjudicación a los administradores del inmueble, existe la presunción de que se acredito a personal, cuya identidad es apócrifa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.

Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que investigue sobre los hechos referidos por el secretario de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, en declaraciones publicadas en el periódico La Jornada el 13 de marzo de 2011, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, por conducto de la Mesa Directiva, la proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución para que se solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleve a cabo una investigación inmediata sobre las posibles violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos a los que se refiere el general en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo en sus declaraciones publicadas en el periódico La Jornada el domingo 13 de marzo de 2011.

Exposición de Motivos

El 13 de marzo de 2011, el periódico La Jornada publicó en su edición nacional una entrevista realizada por la periodista Sanjuana Martínez al director de Seguridad Pública del municipio de Torreón, estado de Coahuila, general en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo.

En esta entrevista el director de Seguridad Pública hace aseveraciones sobre el desempeño de sus tareas que contravienen severamente el marco jurídico al que está sometido el ejercicio de toda función pública y que involucran graves violaciones a los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución.

En la mencionada entrevista el director de Seguridad Pública del municipio de Torreón, Coahuila, hace, entre otras, las siguientes afirmaciones:

“Me gusta la adrenalina. Venir a patrullar. Cuando agarro a un zeta o chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo...”

“El problema es que matamos unos y salen más, levantamos otra piedra y salen más...Civiles han muerto muy pocos. Nosotros siempre tiramos a matar al narcotraficante. Nunca al civil. En cuanto ellos ven que empieza la balacera corren y todos a pecho tierra y a cuidarse”.

“Yo desconfío de la policía federal porque ellos no matan, nomás agarran. Y el Ejército y la Marina matan”.

“El otro día nos tocó ir a matar allí a seis cabrones y los matamos. ¿Cuál es el problema?”.

Ante la pregunta de la periodista: “¿Mata, luego averigua?”, contesta lo siguiente: “Así debe ser. Es un código de honor”.

No obstante las insuficiencias propias del proceso de consolidación democrática que vivimos, México es un país en el que prevalece el estado de derecho como soporte fundamental de la convivencia social y de la relación entre gobernantes y gobernados. Este régimen de derecho tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la piedra angular de su validez y legitimidad, por lo que todo el orden legal que nos rige está sometido a la supremacía de la norma fundamental.

El título primero de la Constitución establece los derechos humanos, denominados garantías individuales, que todos los individuos gozan en nuestro país y cuyo pleno disfrute debe garantizar el Estado mexicano.

Nuestro orden constitucional tiene como soportes fundamentales los principios de seguridad y de legalidad jurídicas consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Estos principios se traducen en garantías del gobernado que le aseguran un marco de protección a su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones o derechos ante la actuación de cualquier autoridad y constituyen para la autoridad un dique inviolable en el ejercicio de sus funciones.

En los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 y 21 de la Constitución se establecen con puntualidad los derechos y garantías que conforman el marco legal que rige la actuación de la autoridad en materia criminal y de seguridad pública. El cumplimiento estricto de este marco legal no es potestativo sino obligatorio para la autoridad, su aplicación es asunto de interés público, por lo que su respeto incumbe a la sociedad en su conjunto y, con mayor razón, a todos los órganos de gobierno.

Ante la gravedad de los hechos a los que se refiere el secretario de Seguridad Pública del municipio de Torreón, Coahuila, el teneral en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo, en las declaraciones formuladas a la periodista Sanjuana Martínez publicadas en el periódico La Jornada el domingo 13 de marzo de 2011, que implican la probable comisión de violaciones a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, resulta necesario que esta Cámara tome cartas en el asunto y formule un llamado al organismo competente, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en uso de sus facultades legales lleve a cabo la investigación correspondiente y determine las recomendaciones que procedan.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en uso de sus facultades legales realice una investigación sobre la probable violación a los derechos humanos que se deriven de las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del municipio de Torreón, estado de Coahuila, general en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo, publicadas en el periódico La Jornada el domingo 13 de marzo de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la Semarnat a fijar en la NOM-017-ENER/SCFI-2008 los límites máximos permisibles de contenido de mercurio de las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en el país, conforme a los estándares internacionales en la materia, y a establecer la información homologada que los empaques respectivos deban contener de forma clara y visible sobre el manejo y la disposición final, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Augusta Valentina Díaz de Rivera, diputada a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, que de manera coordinada establezcan dentro de la NOM-017-ENER/SCFI- 2008. “Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba”, los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional, y que está sea acorde con los estándares internacionales en la materia; que establezcan la información homologada que deban contener los empaques de las lámparas fluorescentes compactas sobre su manejo y disposición final y que esta sea de forma clara y visible, con base en las siguientes

Consideraciones

Las lámparas fluorescentes compactas o ahorradoras se denominan así debido a que duran aproximadamente diez veces más que un foco incandescente, y consumen una cuarta parte de energía eléctrica que un foco convencional.

El Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio (2001) estimó que al romperse una lámpara fluorescente, el 25 por ciento de su contenido de mercurio era emitido al aire y que cerca del 98 por ciento de todas las lámparas instaladas se rompían durante el primer año de uso. 1 Por Tanto podemos estimar que las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes en México, son de 0.229 ton/año. 2

Debemos considerar que el mercurio es un metal pesado, extendido y persistente que se encuentra de manera natural en el entorno.

Dentro de las diversas fuentes responsables para la liberación del mismo en el aire y en el agua tenemos la meteorización de rocas que contienen minerales de mercurio debido a actividades humanas, los procesos industriales, la deforestación, incineración de residuos, la fabricación de amalgamas dentales, lámparas fluorescentes, así como instrumentos médicos, por mencionar algunos.

Es necesario reconocer que el mercurio está relacionado con diversos tipos de enfermedades tanto a nivel infantil como en la adultez, además de ser un elemento que contamina el medio ambiente.

Por otro lado, la Comisión para la Cooperación Ambiental ha señalado que las emisiones provenientes de las lámparas fluorescentes son menores que las generadas por las emisiones de las plantas carboeléctricas.

Esto quiere decir que las lámparas fluorescentes representan una gran oportunidad para la reducción de emisiones de mercurio, debido a que en promedio, una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta. 3

Al mismo tiempo, hay que considerar que en el mercado existen varios tipos de lámparas fluorescentes, y todas ellas contienen mercurio, y sobre todo no están reguladas en cuanto al contenido de mercurio, ni a lo que deben de hacer los consumidores una vez acabada su vida útil.

En la norma jurídica no se encuentra ningún dato que mencione las especificaciones de contenido de mercurio permitido en estas lámparas fluorescentes, igualmente, los registros que se reportaron en el Diagnóstico del Mercurio en México 4 no arrojaron ningún dato que indicara que existe una homologación de los límites de mercurio de acuerdo a organismos internacionales. Por el contrario los datos indican que en México se utilizan lámparas fuera de los límites de los estándares internacionales.

Por ejemplo, en el año de 1996 la producción de lámparas fluorescentes era de 22 millones y su contenido de mercurio era de 40 miligramos por lámpara. El contenido de mercurio de toda la producción fue de 880 kilogramos; para 1997 la producción fue de 25 millones y por lámpara el contenido de mercurio era de 40 miligramos y el total de mercurio para toda la producción fue de 1000 kilogramos.

Finalmente, para el año de 1999 se produjeron 30 millones de lámparas con un contenido de mercurio por lámpara de 30 miligramos, y un total de producción de 900 kilogramos. 5

Hacemos hincapié que en México no se reciclan las lámparas fluorescentes, ni ningún otro dispositivo eléctrico que contenga mercurio.

Pero lo que si se hace es recuperar el mercurio de los concentrados de plata/mercurio que se producen en las primeras etapas del proceso de refinación del metal, ya que el mercurio puede ser atrapado en un condensador. De tal forma que el mercurio recuperado se vende a las empresas productoras de lámparas fluorescentes y clientes diversos en el país, sobre todo en San Luis Potosí y Nuevo León (Fuente: Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio, 2001).

Sin embargo, es necesario señalar que en nuestro sistema jurídico existen vacíos en cuanto al adecuado manejo de deshechos de lámparas fluorescentes, o para que los fabricantes proporcionen información en el empaque final a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, y que deben de ser desechadas bajo ciertas condiciones, a través de un Plan de Manejo.

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA por sus siglas en inglés), 6 institución reconocida a nivel internacional, ha establecido dentro de sus estándares que el contenido de mercurio máximo en una lámpara debe de ser de 5 miligramos.

La solicitud en este punto de acuerdo radica en adicionar a la NOM-017-ENER/ SCFI-2008: “Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba”, los límites máximos permisibles en cada unidad. Así como la disposición para que las empresas establezcan una leyenda en el empaque de la lámpara fluorescente, que señale el manejo adecuado de la misma una vez que termine su vida útil.

Lo anterior, conforme a los lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo, a que hace referencia el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de Ley, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de considerar necesario que los consumidores de lámparas fluorescentes tienen que conocer cómo deben de ser desechadas y bajo qué condiciones, con el fin de reducir su impacto ambiental o los daños a la salud pública, pues no existe información clara o visible sobre su manejo.

Recordando que la Ley sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, el cuidado de la salud humana, animal, vegetal, y laboral. 7

Por todas las consideraciones expuestas, resulta necesario y urgente que se incluyan en la Norma Oficial parámetros sobre los límites del contenido del mercurio en las lámparas fluorescentes compactas, de tal forma que estas deben de estar homologadas con los estándares internacionales, además de plasmar claramente en el empaque el manejo a realizar con la lámpara una vez terminada su vida útil.

Con esta medida se coadyuvará a la reducción de emisiones de mercurio al ambiente, mitigando los efectos del cambio climático, y protegiendo la salud humana de todos aquellos consumidores que compran lámparas fluorescentes.

Por lo expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada establezcan dentro de la NOM-017-ENER/SCFI- 2008: “Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba”, los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional, y que esta sea acorde con los estándares internacionales en la materia.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en NOM- 017- ENER/SCFI_2008 establezcan la información homologada que deban contener los empaques de las lámparas fluorescentes compactas sobre su manejo y disposición final y que esta sea de forma clara y visible.

Notas

1 Instituto Nacional de Ecología (INE), 2000: Diagnóstico del Mercurio en México, 2000.

2 Ibídem.

3 Mercury in Compact Fluorescent Lamps. The US Environmental Protection Agency.

4 Diagnóstico de Mercurio. Desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca. Año 2000 (es el único que se ha realizado para el mercurio).

5 Cifras tomadas del Diagnóstico de Mercurio en México, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología, junio de 2000.

6 Disponible en: http://www.nema.org/lamprecycle/index.html

7 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Sección II de las normas mexicanas. Sección adicionada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1997.

Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de marzo de 2011.

Diputada Augusta V. Díaz de Rivera.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a realizar las adecuaciones pertinentes al marco legal en materia de narcomenudeo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Gabriela Cuevas Barron, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Distrito Federal es una de las ciudades con mayor consumo de drogas en el país. En particular, el consumo de mariguana y cocaína es mayor al promedio nacional, lo que se debe, en gran medida, a que los jóvenes de la capital se encuentran expuestos a una oferta incontrolada de estas sustancias.

La proliferación del narcomenudeo se ha visto reflejada en la diversificación de los puntos de venta, los cuales suelen ser pequeños negocios como, abarrotes, estéticas, cantinas, puestos ambulantes y distribuidores itinerantes que se sitúan cerca de escuelas, centros recreativos y unidades habitacionales, permitiendo la conformación de redes de distribuidores y consumidores que pactan el abastecimiento a domicilio.

2. El combate al narcomenudeo requiere certeza jurídica para que las autoridades correspondientes no permitan una alta circulación de narcóticos en las áreas de uso común por imprevisiones legales, lo que adquiere mayor relevancia si nos atenemos a la complejidad con la que operan las bandas dedicadas a este ilícito.

Este problema lo podemos dimensionar si tomamos en cuenta que el 40 por ciento de los jóvenes considera que es fácil o muy fácil conseguir droga en el Distrito Federal, lo que ha permitido afirmar que prácticamente cualquier parte del territorio capitalino se ha convertido, en mayor o menor medida, en zona de influencia de algún distribuidor mayoritario.

3. El combate al narcomenudeo demanda la estrecha colaboración de los tres órdenes de gobierno, razón por la cual, el 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales”.

Con esta reforma se adicionó a la Ley General de Salud un Capítulo titulado “Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo” y, de manera específica, se otorgó a las entidades federativas la facultad de conocer y resolver delitos relacionados con el narcomenudeo en los términos señalados en dicho ordenamiento.

4. En los transitorios del mencionado Decreto se establece el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del mismo, para que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen las adecuaciones necesarias a sus legislaciones con el propósito de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.

El plazo se cumplió el día 21 de agosto de 2010 y sólo algunas legislaturas locales han realizado reformas en sus marcos normativos, como es el caso de Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

5. En el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde el 26 de noviembre de 2009 se han presentado dos iniciativas en materia de narcomenudeo:

a) Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y

b) Por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Ley de Salud para el Distrito Federal.

En términos generales, estas iniciativas proponen:

• Instaurar unidades especializadas para investigar los delitos en materia de narcomenudeo que prevé la Ley General de Salud.

• Otorgar competencia a los Juzgados Penales y de Justicia para Adolescentes, a fin de que puedan conocer los delitos en materia de narcomenudeo previstos en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, señalando que los procedimientos penales se substanciarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 480 de dicho ordenamiento.

• Impulsar medidas intensivas en materia de educación e información de carácter preventivo de las adicciones, así como de los daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes.

6. El 22 de junio de 2010 ambas iniciativas fueron aprobadas por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Administración y Procuración de Justicia. Los dictámenes respectivos se remitieron a la Comisión de Salud y Asistencia Social para continuar con el trámite legislativo, pero hasta la fecha sigue pendiente su aprobación.

Compañeros diputados: de no aprobarse las reformas a las legislaciones correspondientes, las autoridades capitalinas continuarán combatiendo este flagelo con ineficacia y sin atribuciones ni procedimientos claramente definidos, lo que repercutirá en mayor impunidad y, por tanto, en mayor distribución de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias prohibidas por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que realice adecuaciones al marco legal de la capital en materia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de conformidad con lo establecido en el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales”, publicado el 20 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorables Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo de 2011.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir el acuerdo de coordinación firmado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respecto a las obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en la Zona de Zongolica en el ejercicio de 2010, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alba Leonila Méndez Herrera, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al gobierno del estado de Veracruz, a cumplir lo establecido en el acuerdo de coordinación suscrito entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno de ese estado, respecto de las obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai) en la región de Zongolica, bajo las siguientes

Consideraciones

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas tiene como objetivo contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica.

De acuerdo a sus reglas de operación, este programa busca dotar de obras de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.

En el estado de Veracruz, este programa no ha logrado sus objetivos de promover el desarrollo de infraestructura en las comunidades indígenas, ya que se tiene un rezago de cinco años, en los que se han venido realizando los mismos tramos carreteros por la falta de aportación de recursos por parte del gobierno del estado.

En el caso específico de la zona de Zongolica, habitantes del municipio de Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Coetzala, Matlatecoya, Zongolica, Temaxcalapa, se han acercado a una servidora para plantear el retraso de las obras que se realizan en cada uno de sus municipios, quienes manifestaron su inconformidad por la falta de seriedad y compromiso por parte del gobierno del estado. Durante el presente ejercicio fiscal se han sostenido diversas reuniones en las que las autoridades estatales a través de la ejecutora, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) se ha comprometido a concluir los tramos programados sin que a la fecha se hayan alcanzado las metas proyectadas durante los últimos años.

El gobierno de Javier Duarte ya ha designado al responsable del programa por parte del gobierno del estado el cual funge como presidente de la Comisión de Regulación y Seguimiento (Corese), para que a través de él se dé seguimiento a los compromisos contraídos con la CDI para la ejecución del programa Pibai, para los ejercicios 2010-2011, sin embargo, no se tiene un avance significativo en la ejecución de las obras en la sierra de Zongolica.

Por poner un ejemplo, para el Ejercicio de 2010, se autorizó una inversión superior a los 420 millones de pesos para el acuerdo de coordinación entre la CDI y el gobierno del estado de Veracruz y apenas se ejerció 22 por ciento, situación que evidencia la falta de compromiso y de interés por parte del gobierno estatal en el desarrollo de nuestras comunidades indígenas.

Es lamentable que las obligaciones contraídas en los acuerdos de coordinación de los últimos cinco años no hayan sido cumplidos por la parte estatal, argumentando que no tienen disponibilidad presupuestal o lo que es evidente: no quieren invertir para resolver la problemática de los pueblos indígenas.

Ante tal escenario prevaleciente en Veracruz respecto al programa Pibai, es necesario plantearse la pregunta ¿Vale la pena firmar un acuerdo de coordinación para el Ejercicio de 2011, si a la fecha no se han cumplido con los compromisos pactados en 2010? lo que ha obstaculizado el desarrollo de las comunidades indígenas, por ello se le exige al gobierno del estado cumpla con sus aportaciones para la conclusión de las metas trazadas.

Por ello es sumamente importante la aplicación puntual de las reglas de operación en la que se señalan las obligaciones de las partes en el programa; y para el gobierno del estado establece entre otras: recibir y valorar con criterios de equidad y transparencia, todas las demandas de obras que les presenten las comunidades que cumplan con los criterios de elegibilidad, así como aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el respectivo acuerdo de coordinación, conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, obligación ésta última que no ha cumplido durante los últimos cinco años, lo que ha frenado el avance en la infraestructura en la región de Zongolica.

El desarrollo de los pueblos indígenas no puede estar secuestrado por la irresponsabilidad de la autoridad, por eso, o aporta el gobierno de Veracruz o busquemos otros mecanismos que garanticen la obtención de los recursos para la conclusión de las obras en la región.

Como legisladores debemos insistir en que los recursos aprobados para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas sean ejercidos con transparencia y oportunidad, por lo que me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte al gobierno del estado de Veracruz a cumplir con los compromisos acordados en el Acuerdo de Coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que las metas establecidas en las obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai) de la región de Zongolica, sean concluidas.

Segundo. Que se hagan las adecuaciones correspondientes a las reglas de operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai), a efecto de que los gobiernos municipales sean entidades ejecutoras sin la necesidad de la autorización del gobierno del estado de Veracruz.

Tercero. Que el gobierno del estado de Veracruz garantice recursos presupuestales para que las obras programadas para 2011 se ejecuten en tiempo y forma en beneficio de las comunidades indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de marzo de 2011.

Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto por el que se amplíe, a partir de su entrada en vigor y hasta por seis meses, el lapso para que a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con títulos vencidos en el periodo 1 de enero de 2004-30 de abril de 2010 se otorguen nuevas concesiones y asignaciones, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Torres Delgado, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal a expedir un decreto por medio del cual se amplíe, a partir de su entrada en vigor y hasta por seis meses, el lapso para que a todos los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con títulos vencidos en el periodo 1 de enero de 2004-30 de abril de 2010, se otorguen nuevas concesiones y asignaciones, a efecto de que el sector se actualice y regularice en el trámite, obteniendo de esa manera certeza jurídica en el derecho público a usar, explotar y aprovechar las aguas nacionales, con base en las siguientes

Consideraciones

Conforme a la Carta Magna, artículo 27, “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Asimismo, en el párrafo quinto de dicho artículo se señalan las consideradas aguas nacionales.

El ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional lo constituye la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que tiene por objeto “regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable”.

El uso de las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, está sujeto a disponer de concesiones que otorga el Ejecutivo federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de hacer una adecuada explotación, uso o aprovechamiento de recursos hídricos de la nación.

La Conagua, por medio del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), realiza la inscripción de títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, para lo cual dispone de oficinas de registro en cada entidad (Reglamento de la LAN, artículo 54).

El artículo 24 de la LAN, reformado en 2004, señala que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales no será menor de 5 ni mayor de 30 años, y que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieran otorgado. Lo anterior, sujeto a ciertos lineamientos previstos en dicha ley.

Uno de esos lineamientos consiste en solicitar la prórroga dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento; de no hacerlo, se considerará renuncia a este derecho.

La reforma del artículo 24 publicada el 29 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, respecto a las prórrogas y los lineamientos por considerar, dio lugar a confusiones entre los usuarios del recurso hídrico, y de 2004 a 2006 no presentaron solicitud de prórroga 19 mil 246 concesionarios o asignatarios y en 2007 vencieron 21 mil 174 títulos de concesión.

Ante dicha situación y la dificultad que esto representaba para otorgar nuevas concesiones y asignaciones, el titular del Ejecutivo federal, el 27 de febrero de 2008, emitió un decreto para otorgar nuevas concesiones y asignaciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que contaran con títulos vencidos de 2004 a 2008, o que contando con un título vigente no hubieran solicitado la prórroga de éstos en el plazo establecido en la legislación aplicable.

Con posterioridad a dicho decreto, en diciembre de 2008 la Conagua anunció que a partir de enero de 2009, como parte del Programa de Mejora de la Gestión, estarían en marcha 34 centros de servicios integrales (CIS) en el país, a través de los cuales se habría de reducir el tiempo de gestión y entrega de títulos de concesión y descarga de aguas nacionales (http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Comunicados/BOLETIN%20270-08.pdf).

Los CIS representarían un apoyo fundamental para los trabajos del Repda, ya que entre 2008 y 2012 la autoridad en materia de agua prevé el vencimiento de 153 mil 813 títulos y de igual número de trámites que se tendrán que realizar en el país. De igual manera, para el periodo señalado tiene considerado procesar otros 100 mil trámites de títulos nuevos; es decir, en total alrededor de 250 mil trámites.

De 2001 a 2008, el agua concesionada superficial mostró un incremento de 14 por ciento, y en el caso del agua subterránea se observó un aumento de 19 por ciento (Conagua).

Ahora bien, al escenario antes expuesto hay que agregar que no se ha logrado la respuesta para cumplir este tipo de trámites por los usuarios del recurso hídrico, principalmente los relacionados con el uso agropecuario. Esto es sumamente preocupante si tomamos en cuenta además que las actividades agrícolas representan el uso consuntivo con mayor volumen concesionado, con 61.2 mil millones de metros cúbicos, que representan 77 por ciento de los usos consuntivos.

Consideramos de gran importancia dar seguimiento a lo que manda la ley en materia de agua a fin de que se haga un uso eficiente del recurso hídrico conforme a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales.

Esto, además, representa un beneficio para los productores si tomamos en cuenta que la disposición de títulos vigentes les permite el acceso a diversos apoyos gubernamentales a través del cumplimiento de requisitos de programas presupuestarios como el Procampo y la tarifa eléctrica preferencial.

También, de acuerdo con la LAN, la inscripción de los títulos en el Repda constituyen medios de prueba de su existencia, titularidad y del estado que guardan; es decir, son instrumentos de seguridad jurídica para los usuarios de aguas nacionales.

Por lo expuesto, y en razón de que todos los que tengan vencido el título correspondiente están obligados a solicitar nuevamente la concesión o asignación respectiva, con la problemática social que esto representa y las complicaciones administrativas en los procesos productivos que pudiera traer, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a expedir un decreto por medio del cual se amplíe, a partir de su entrada en vigor y hasta por seis meses, el lapso para que a todos los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con títulos vencidos en el periodo 1 de enero de 2004-30 de abril de 2010 se otorguen nuevas concesiones y asignaciones, a efecto de que el sector se regularice y actualice sus concesiones, obteniendo de esa manera certeza jurídica en el derecho público a usar explotar y aprovechar las aguas nacionales.

México Distrito Federal, a 29 de marzo de 2011.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 15 de noviembre como Día Nacional sin Consumo de Alcohol; y a los gobiernos estatales y a los municipales, a fortalecer las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el uso excesivo, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, destaca respecto del consumo de alcohol que, como se había observado en estudios previos, el patrón de consumo típico es de grandes cantidades por ocasión de consumo. En total, casi 27 millones de mexicanos entre 12 y 65 años beben con este patrón y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario. Esto significa que, aunque beban con poca frecuencia, cuando lo hacen ingieren grandes cantidades. Casi 4 millones beben grandes cantidades una vez a la semana o con mayor frecuencia.

El consumo consuetudinario, es decir cuando se beben grandes cantidades una o más veces a la semana, es más frecuente entre hombres que entre mujeres, en una proporción de 5.8 hombres por cada mujer. Entre ellas, sin embargo, esta manera de beber está aumentando, especialmente entre las adolescentes. La diferencia entre mujeres adultas y adolescentes (una mujer entre 12 y 17 años, por cada 1.9 mujeres adultas mayores de 18 años) es menor que la que se observa entre los hombres (un adolescente entre 12 y 17 años por cada cinco adultos mayores de 18 años).

Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad que muestra los niveles más altos de consumo es el de 18 a 29 años. Los niveles descienden después conforme aumenta la edad. Los resultados indican que la población adolescente está copiando los patrones de consumo de la población adulta.

El abuso, implica un patrón no adaptativo de consumo, en personas sin dependencia, que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas (consumo recurrente que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o la casa; consumo en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso; problemas legales relacionados con el alcohol; consumo continuado, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia).

La proporción de la población que presenta abuso/dependencia al alcohol es muy elevada; poco más de cuatro millones de mexicanos cumple con los criterios para este trastorno; de éstos, tres y medio millones son hombres y poco más de medio millón son mujeres.

La encuesta nacional también señala, que esta forma de beber se asocia con una proporción importante de problemas. Las dificultades más frecuentes ocurren con la familia (10.8 por ciento), a continuación aparecen las peleas (6 por ciento). Los problemas con la policía son menos frecuentes (3.7 por ciento), pero en una proporción importante (41.3 por ciento) se encontraron personas que fueron detenidas bajo los efectos del alcohol. Los problemas laborales no son muy comunes (3.7 por ciento) y en una proporción aún menor los problemas derivaron en la pérdida del empleo o en la posibilidad de perderlo (1.4 por ciento). Por otro lado, a nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad por cirrosis hepática alcohólica.

Otras estadísticas a nivel nacional, proporcionadas por el Consejo Nacional Contra las Adicciones, referente a daños y consecuencias relacionadas con el abuso en el consumo del alcohol nos refieren a que, la quinta parte de los accidentes en el área de trabajo se relaciona con la ingesta de bebidas con alcohol y se encuentra entre las diez principales causas de discapacidad en los empleados; también se relaciona con un grave problema de accidentes vehiculares por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en conductores, que cada año cobran la vida de 20 mil mexicanos.

El alcoholismo es el principal responsable de 50 por ciento de los accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte entre jóvenes.

El consumo de alcohol se asocia por lo menos a 16 causas de mortalidad, tanto a corto como a largo plazo. La Secretaría de Salud señala que tanto el alcoholismo como el abuso en el consumo de alcohol se encuentran entre las principales causas de pérdida de años de vida saludable en México, se registran 22 muertes por cirrosis hepática, la más alta del mundo, por cada 100 habitantes. Además, 26.5 por ciento de los cadáveres del servicio forense fallecieron bajo el efecto etílico. Es decir, que ese consumo ocasiona elevados costos sociales. Se ha estimado también que tan sólo el alcoholismo representa actualmente 9 por ciento del peso total de la enfermedad en México.

Por otro lado, según algunas estimaciones, el alcoholismo absorbe 6 por ciento del gasto público y genera improductividad, ya que se pierden 160 mil horas-hombre quincenales, mientras representa 15 por ciento del ausentismo laboral e incrementan la deserción escolar.

Cada año se suman a las filas del alcoholismo 1.7 millones de mexicanos, además de que, de acuerdo con autoridades judiciales, 36 por ciento de los delitos y 57 por ciento de los suicidios en nuestro país, se encuentran estrechamente relacionados con las bebidas embriagantes. También contribuye con mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.

El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general.

Por ello el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y sobre todo para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 Prevención y Tratamiento de Adicciones, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.

No obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en nuestra población, particularmente entre las y los jóvenes. Si bien el alcohol ha demostrado ser una industria próspera en México, no podemos hacer caso omiso a los patrones de consumo indebido y excesivo que están caracterizando a su población.

Expuesta la problemática anterior, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentarles una propuesta que nos permita exhortar al gobierno federal a declarar el 15 de noviembre de cada año, como el Día Nacional sin Consumo de Alcohol, y a los tres ámbitos de gobierno a que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en la población mexicana, pero particularmente entre los jóvenes.

En el marco del Día Internacional en Memoria a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se celebra el 15 de noviembre, se propone redoblar la acción del estado para prevenir el consumo excesivo de alcohol que nos permita atender la problemática asociada a dicho fenómeno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional sin Consumo de Alcohol, y en este marco fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a que, de manera coordinada, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población mexicana, particularmente entre los jóvenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)