Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3226-V, miércoles 23 de marzo de 2011
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.
2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.
3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:
a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.
b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.
c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.
d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.
e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.
f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.
g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Tercero.
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.
Notas
1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.
Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a evaluar de manera exhaustiva por la SCT la integración, operación y eficacia del Renaut, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la participación de la Segob, la SSP, la PGR, la Cofetel, el Renapo, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil y la SCT misma, a cargo del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar y suscrita por integrantes de la Comisión de Comunicaciones
Quienes suscriben, integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a evaluar de manera exhaustiva por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la integración, operación y eficacia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que participen la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Registro Nacional de Población, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en las siguientes
Consideraciones
El 16 de marzo de 2010 se turnó a la Comisión de Comunicaciones la iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En dicha iniciativa, los diputados Vázquez y Ochoa planteaban que la autoridad debía exigir la implantación de un control sobre la información de usuarios del sistema a través de una estrategia mediante la cual los datos de las personas que adquieren un chip inteligente, así como equipos telefónicos en la modalidad de prepago, pudiesen acreditarse con documentos oficiales que permitieran su identificación, presentando para ello la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral o la Clave Única de Registro de Población (CURP).
El 23 de marzo de 2010, el diputado Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios, y adiciona el octavo transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de febrero de 2009.
La iniciativa mencionada destaca el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones para llevar a cabo la integración y operación del Renaut; por ejemplo, que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no publicó en el plazo de los 30 días señalados en el artículo tercero transitorio las disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía móvil, así como la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía móvil, en cualquiera de sus modalidades, pues hasta el 15 de mayo de 2009 no se publicó en el DOF la resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
A la fecha no ha sido emitido por el Ejecutivo federal el reglamento mediante el cual deben establecerse los procedimientos y las medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos de los autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado, lo que debió cumplirse en un plazo no mayor de 120 días posteriores al 9 de febrero de 2009.
La integración y operación del Renaut no se ajustaron desde el inicio a las disposiciones que la Ley Federal de Telecomunicaciones consideró al efecto, por lo que uno de los principales obstáculos que se han enfrentado ha sido el alto grado de desconfianza sobre el uso y destino de la información proporcionada por los usuarios.
En la iniciativa del diputado Rubí se planteó que las reformas propuestas están encaminadas a subsanar inconsistencias en la integración y operación del Renaut, haciendo hincapié en que se debían respetar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones con objeto de que el Renaut pudiese cumplir de manera efectiva el objetivo de su creación: inhibir el uso de teléfonos móviles en la comisión de delitos como extorsión y secuestro.
Con objeto de contribuir a cumplir el propósito anterior, en el correspondiente dictamen de las iniciativas mencionadas, el 25 de marzo de 2010 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la adición de un artículo octavo transitorio, en los términos siguientes:
Octavo. Transcurrido el plazo adicional señalado en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, se dispondrá de 180 días para realizar la evaluación de los resultados obtenidos de la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
La evaluación de referencia deberá ser organizada y conducida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la misma deberán participar los representantes de dicha secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, del Registro Nacional de Población y de las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil, relacionados con la integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Los resultados de la evaluación mencionada deberán ser remitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Poder Legislativo, en un plazo no mayor de 210 días después de concluida la prórroga señalada en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, con el propósito de que se revise y, en su caso, se modifique el marco jurídico correspondiente.
Sin embargo, la Cámara de Senadores no dictaminó con oportunidad esta iniciativa, y hasta el 19 de octubre de 2010 no resolvió que el propósito de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los transitorios segundo y cuarto, primer párrafo, y se adiciona el octavo transitorio al decreto por el que se reforman los artículos 52 y 64, fracción XV, y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV, al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el DOF el 9 de febrero de 2009 había quedado rebasado, por lo que consideró que ésta quedó sin materia y se dio por concluido su proceso legislativo, ordenando su archivo como asunto totalmente concluido.
La resolución anterior tuvo como resultado que el ejercicio de evaluación, respecto a la integración y operación del Renaut que aprobó la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, no se llevase a cabo y hoy no se cuente con elementos que permitan conocer la efectividad del Renaut y su contribución para inhibir y combatir la comisión de delitos relacionados con la extorsión, la amenaza y el secuestro, en cualquiera de sus modalidades.
Adicionalmente, y con base en lo que la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone para llevar a cabo la integración y operación del Renaut, se puede advertir una evidente violación del estado de derecho, ya que el Renaut fue integrado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población y no por los concesionarios del servicio de telefonía móvil como establece el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, cuyo artículo 7 señala con claridad y de manera contundente que la elaboración y actualización del Renaut son responsabilidad de los concesionarios del servicio de telefonía móvil.
Artículo 7. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.
Para el logro de estos objetivos, corresponde a la secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. a XII. ...
XIII. Supervisar a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones la elaboración y actualización por parte de los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; y
XIV. ...
De igual forma, en el artículo 44 se establece para los concesionarios del servicio de telefonía móvil la obligación de conservar los datos e implantar medidas para garantizar su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control, lo cual tampoco se cumplió, dado que esta responsabilidad la asumió la Secretaría de Gobernación y no los concesionarios.
Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán
I. a XI. ...
XII. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:
a) a e) ...
f) La obligación de conservación de datos a que se refiere la presente fracción cesa a los doce meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.
Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control;
XIII. Entregar los datos conservados, al procurador general de la República o procuradores generales de Justicia de las entidades federativas, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.
Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos de los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en los términos administrativos y penales que resulten.
Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro del plazo máximo de setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial.
...
XIV. a XV. ...
Asimismo, la resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en los artículos tercero y cuarto reconoce la obligación de los concesionarios de elaborar y actualizar el Renaut.
Tercero. Registro de usuarios y comunicaciones. Que el artículo 7, fracción XIII, de la ley establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la comisión, supervisar la elaboración y actualización por parte de los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Que de igual manera el artículo 44, fracción XI, de la ley establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en líneas contratadas en plan tarifario como en líneas de prepago, en tanto que la fracción XII del mismo artículo 44 establece la obligación para los concesionarios de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad.
Sin embargo, en la misma resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se establece que la administración del Renaut será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, a través del Renapo, lo que es contrario a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones en el artículo 7, fracción XIII:
4. Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. De conformidad con el artículo 44, fracción XI, de la ley, los proveedores de servicios deberán llevar un registro y control de todos sus usuarios, que deberá integrarse en términos de lo dispuesto en el presente numeral:
4.1. Conformación del Renaut. El Renaut tiene por objeto la identificación de los usuarios y el registro de altas y bajas de sus líneas telefónicas. Su administración será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación a través del Renapo, con el apoyo de los proveedores de servicios.
5. a 8. ...
9. Documentación. Las obligaciones a cargo de los proveedores de servicios señaladas en la fracción XI del artículo 44 de la ley se considerarán satisfechas en términos del párrafo siguiente en tanto se cumplan las disposiciones establecidas en estas reglas.
El Renapo es el encargado de mantener los datos de identidad de la población, que recabará y conservará la huella dactilar y la documentación a que se refiere la fracción XI, incisos a) y b), del artículo 44 de la ley, correspondiente a número de la línea telefónica y su respectiva CURP asociada y vinculada a nombre completo, domicilio y nacionalidad, como parte de las acciones que la Secretaría de Gobernación realiza a efecto de certificar la identidad de los usuarios, de acuerdo con la legislación aplicable.
En tal virtud, la Comisión de Comunicaciones se pronuncia de manera categórica en favor de respetar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, las cuales establecen que elaborar y actualizar el Renaut, así como mantener la reserva y protección de la base de datos personales, es obligación de los concesionarios del servicio de telefonía móvil, por lo que resulta evidente que una disposición de carácter reglamentaria no puede contravenir lo que clara y contundentemente señala la ley.
El evidente desacato de la ley dio por resultado una supuesta integración del Renaut que realizó la Secretaría de Gobernación a través del Renapo porque, como todos sabemos, no se cumplió el artículo 44, fracción XI, inciso b), en el cual se señala que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán llevar un registro y control separado de sus usuarios, el cual contenga como mínimo el nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta o electrónicamente, pues el supuesto registro sólo se llevó a cabo con el envío de un mensaje de texto (SMS) en donde nada más se proporcionaba la CURP o, en su caso, el nombre y la fecha de nacimiento del usuario, lo que dio pauta a que la seriedad, la solidez y la confiabilidad del Renaut se cuestionaran de manera generalizada.
Por si esto fuera poco, y como es del conocimiento público, no se ha cumplido lo que establece el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009 en el DOF, que a la letra dice:
Segundo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Lo anterior significa que a la fecha son 23 meses en que se incumple esta disposición y, por supuesto, no hay el reglamento que establece las directrices que permitan integrar y operar un Renaut sólido y confiable.
Por otra parte, es importante mencionar que el Congreso de la Unión incumplió la disposición de realizar las reformas al Código Penal Federal señaladas en el séptimo transitorio, que a la letra dice:
Séptimo. El Congreso de la Unión realizará las reformas y adiciones correspondientes a los artículos 366, 390 y demás relativos del Código Penal Federal en un plazo no mayor de 180 días a partir de la publicación del presente decreto.
Con base en las consideraciones anteriores, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determina conveniente analizar la pertinencia de la existencia de un supuesto Renaut, cuya integración no realizó quien correspondía, y quien la realizó no la elaboró con base en lo que la ley estableció al efecto, lo que ha ocasionado que el objetivo de su creación no se cumpla, por lo que resulta necesario respetar las disposiciones que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece para la elaboración, operación y actualización del Renaut por los concesionarios para que éste contribuya de manera efectiva a inhibir y combatir la comisión de delitos relacionados con la amenaza, la extorsión y el secuestro en cualquiera de sus modalidades.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a evaluar de manera exhaustiva por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la integración, operación y eficacia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que participen la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Registro Nacional de Población, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Segundo. Los resultados de la evaluación mencionada deberán ser remitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo por esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2011.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José María Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés, secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza, Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Sofía Castro Ríos, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina, Sergio Arturo Torres Santos, Aránzazu Quintana Padilla, Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez, Adriana Sarur Torre.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de San Luis Potosí a obligar a Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV, a cumplir la conservación y el mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí-Río Verde, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Sergio Gama Dufour, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí a obligar a la empresa denominada Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV (Coinsan), a dar cumplimiento con la conservación y el mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí-Rioverde, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 5 de octubre de 1998, el gobierno del estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Junta Estatal de Caminos del Estado de San Luis Potosí, otorgó a la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV, concesión administrativa para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento, así como la explotación de los servicios auxiliares de la primera etapa de la supercarretera central de San Luis Potosí, con una longitud de 103 kilómetros, con inicio en el kilometro 103+500 de la carretera Ciudad Valles-San Luis Potosí (próximo al Puente Verástegui) hasta el kilometro 65+500 de la carretera federal número 57 en el tramo San Luis Potosí-Matehuala (próximo al poblado de San Lorenzo), en adelante la carretera San Luis Potosí-Rioverde.
La carretera San Luis Potosí-Rioverde entró en operación el día 17 de junio de 2000. Posteriormente el gobierno del estado estimó pertinente dar por terminadas anticipadamente la concesión mediante convenio celebrado el 30 de junio de 2003.
Posteriormente, la concesionaria solicito formalmente al gobierno del estado que se valorara la propuesta tendente a hacerse cargo nuevamente de la explotación, operación, conservación y mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí- Rioverde. Luego entonces, para el estado debe ser exigente que quien pretenda ser el concesionario, es decir la persona jurídica, a quien se otorga la concesión, debe tener capacidad técnica y financiera, por lo que en ese sentido se tuvo por probada que la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV, es una sociedad con las características necesarias para hacerse cargo de la explotación, conservación y mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí- Rioverde. Es lo que con fecha 25 de abril de 2005 se acordó determinar otorgar a la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV, concesión para la operación, explotación, conservación y mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí-Rioverde, que hasta el día de hoy sigue vigente.
Dentro del título de concesión otorgado a la sociedad denominada Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV, se estableció que tendrá la obligación de realizar las obras necesarias para prestación eficaz y bajo las condiciones óptimas de explotación, operación, conservación y mantenimiento de la supercarretera central de San Luis Potosí-Rioverde. De lo anterior debo mencionar que en lo que respecta a la conservación y mantenimiento no acontece en la especie toda vez que en dicha supercarretera ha desaparecido por completo el acotamiento por ambos carriles, que miden cada uno un metro y medio, y que trae como consecuencia que exista un desnivel y por consecuencia ha provocado cientos de accidentes en los cuales sean perdido lamentablemente vidas de personas.
Aunado a lo anterior, debo referir que la Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV, en su ticket que expide al realizar el cobro en la caseta aparece que es una autopista; a ello debo establecer que una autopista es una vía de circulación de automóviles y vehículos terrestres de carga; es rápida y segura y admite un volumen de tráfico considerable, con una serie de características que la diferencian de una carretera normal.
Para poder ser calificada como autopista, una vía de circulación debe reunir las siguientes características:
1. Dos bandas de circulación, una para cada sentido, separadas entre sí por una franja ancha de terreno o por vallas de protección.
2. Al menos dos carriles de circulación en cada banda.
3. Arcenes laterales en cada banda, para que un vehículo pueda detenerse en caso de emergencia sin obstaculizar el tráfico.
4. Curvas poco pronunciadas para que los vehículos no tengan que aminorar la marcha al circular por ellas.
5. Ausencia de cruces a nivel, que se resuelven mediante pasos superiores o inferiores.
6. Entradas y salidas con carriles, separados de los principales, de desaceleración y de aceleración para que los vehículos que salen o entran en la autopista cambien su velocidad fuera de ella.
7. Las salidas y entradas están situadas casi siempre en el lado derecho en el sentido de la marcha, ya que el carril izquierdo es el de adelantamiento y, por lo tanto, el más rápido.
8. El acceso a los inmuebles colindantes con la autopista no se realiza directamente desde la misma a menos que se utilicen entradas y salidas como las antes descritas. En las zonas urbanas es habitual la existencia de calles paralelas situadas a cada lado denominadas “vías de servicio” o “colectoras” que permiten el acceso a los inmuebles que limitan con la autopista sin perturbar el tránsito de ésta.
Ahora bien, las características que tiene la supercarretera central San Luis Potosí- Rioverde son las siguientes, y una de las básicas o comparativas, por mencionar alguna, es una banda de circulación, la mitad para cada sentido, separadas entre sí por una línea pintada de aproximadamente 10 centímetros, desaparecido los acotamientos.
Es necesario comparar las tarifas que se cobran por utilizar, por eso hago referencia a la autopista del libramiento oriente de San Luis Potosí, cuya longitud es de 33.760 kilómetros y tiene un costo de 48.00 pesos, es decir, cada kilometro tiene un costo de 1.421 pesos, y la supercarretera tiene una longitud de 103 kilómetros y tiene un costo de 110 pesos, es decir, cada kilometro tiene un costo de 1.067 pesos. Como se puede observar, existe una diferencia de 0.354 centavos, la cual es muy poca, aunque, en cuanto al servicio es distante, porque el libramiento oriente de San Luis Potosí sí es una autopista y cumple con las características y, sin embargo, las supercarretera central San Luis Potosí- Rioverde no cumple con la características de una autopista, pero en el cobro que realiza casi es como si el servicio que presta fuera como de una autopista y, sin embargo, como ya mencione, en el ticket utiliza la leyenda de autopista, es decir, un manera engañosa; es por ello necesario la intervención en el presente caso por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracciones III y VII, 20, 24, 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por lo expuesto y fundado, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de San Luis Potosí a obligar a la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de CV (Coinsan), a dar cumplimiento con la conservación y el mantenimiento de la supercarretera central San Luis Potosí-Rioverde.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a investigar la información engañosa y el cobro abusivo por parte de la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV, por el servicio que presta en la supercarretera central San Luis Potosí-Rioverde.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.
Diputado Sergio Gama Dufour (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la ASF para que practique una auditoría financiera a los recursos públicos entregados al gobierno de Guerrero en materia educativa de 2005 a 2010, a fin de comprobar si su ejercicio correspondió a los lineamientos y a las disposiciones normativas, garantizando la imposición de las sanciones procedentes a los funcionarios responsables de aplicar dichos fondos, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b) de la Ley Orgánica y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que proceda a auditar financieramente la totalidad de los recursos públicos entregados al gobierno del estado de Guerrero en materia educativa, del año 2005 al 2010, para comprobar si su aplicación correspondió o no, a los lineamientos y las disposiciones normativas aplicables, constatando su sujeción a los grandes objetivos de los programas de gobierno y garantizar la aplicación de las sanciones que en su caso, legalmente procedan a los funcionarios responsables de aplicar, con pulcritud, los recursos presupuestales que estaban destinados al noble propósito de educar a los niños y a los jóvenes guerrerenses, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la educación, desde la óptica constitucionalista que nos brindan los artículos 2o., 3o., 4o., 31 y 73 de nuestra norma primaria se concibe como “...un derecho humano que constituye por una parte, el derecho fundamental de toda persona a recibir educación y por la otra, la obligación del Estado a garantizar la impartición de la educación básica a todos los gobernados, de manera gratuita, laica y tendente a desarrollar las facultades individuales y colectivas del ser humano” 1 .
Segunda. Que en este entendido la educación como ideal y objetivo permanente de nuestro proyecto nacional, es política pública constante y permanente, fenómeno complejo y delicado; complejo, por la cantidad y diversidad de factores, actores y funciones que la conforman y delicado por las poderosas fuerzas que lo atraviesan y por la multiplicidad de repercusiones y consecuencias que sus acciones y resultados generan en la sociedad.
Tercera. Que en este tenor, los expertos en materia educativa, recomiendan la evaluación, como mecanismo para elevar la calidad, aunque evaluar no es suficiente, ya que es necesario que los resultados de las evaluaciones se difundan y se aprovechen para sustentar estrategias de mejoras.
Cuarta. Que en efecto, la evaluación es necesaria para que la calidad mejore; pero no cualquier evaluación sirve, ya que para que sea útil, ésta, además, debe ser sólida técnicamente; debe tener en cuenta el contexto de marginación y rezago social en que se aplican las políticas públicas educativas, aterrizando en el contexto de las escuelas, para evitar resultados inapropiados, dado que el abordaje de la problemática educativa, conduce irremisiblemente a resultados equivocados.
Quinta. Que según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en una revisión a los índices de desarrollo humano, correspondiente al año 2000, Guerrero se ubicaba como una de las entidades más rezagadas en materia educativa y sólo por encima de Chiapas y Oaxaca 2 .
Sexta. Que en los últimos seis años, Guerrero ha tenido cuantiosos recursos para la educación; miles de millones de pesos, que lamentablemente no se vieron reflejados en el mejoramiento de los índices educativos y peor aún, que éstos cuantiosos y millonarios recursos no llegaron a las escuelas. Tan sólo en este año, la Secretaría de Educación de Guerrero ejercerá un presupuesto superior a los 14 mil millones de pesos, mdp.
Séptima. Que no obstante ello, la educación guerrerense no mejoró con ese millonario recurso educativo. Las escuelas en Guerrero carecen de todo, muchas hasta de maestros y miles ya han terminado su vida útil y están por caerse. Por lo que resulta preocupante que adicionalmente, ahora, los responsables anuncien un déficit mayor a los 6 mil millones de pesos en el Secretaría de Educación guerrerense. 3
Octava. Que ha propósito, recientemente el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, ha reconocido públicamente que la dependencia a su cargo, tiene un déficit mayor a los 6 mil mdp y que será la peor herencia que dejará a la próxima administración gubernamental, lo que es altamente preocupante y lastimoso para un estado como Guerrero y para un gobierno que se presume de izquierda moderna.
Novena. Que contradictoriamente, desde finales del año próximo pasado el gobernador del estado, contador público Carlos Zeferino Torreblanca señalaba que su gobierno, al que denominó, desde el inicio de su mandato, como “gobierno del ahorro ”, tenía “...un déficit de 3 mil millones de pesos en materia educativa...” 4 .
Décima. Que Guerrero, en materia educativa se sigue situando en los últimos lugares, donde los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca de Guerrero, Atlixac, Xalpatlahuc, Atlamajalcingo del Monte, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Copanatoyac y Acatepec, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, ocupan los peores índices de desarrollo humano 5 .
Decimoprimera. Que en este mismo sentido, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, ubicó a Guerrero y a Chiapas en los últimos lugares en aprovechamiento escolar, sobretodo, en los jóvenes de 15 años de edad, en las materias de matemáticas, lectura y ciencias de la educación 6 .
Decimosegunda. Que los nulos resultados en la aplicación del cuantioso y millonario presupuesto educativo guerrerense y éstas diferencias en las cifras del déficit financiero que se deja en la Secretaría de Educación en Guerrero, que manejan por un lado el gobernador de Guerrero, con 3 mil millones y, por otro, el secretario de Educación en el estado, José Luis González de la Vega, con 6 mil millones, son motivo más que suficiente para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.
Decimotercera. Que no obstante, si lo anterior no fuera suficiente para motivar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para auditar todo el periodo del gobierno que concluye en Guerrero; sólo a título de ejemplo, habría que ver los resultados de la auditoría financiera de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2009, que concluye que a ese año, no se había implementado por la Secretaría de Educación Guerrero una adecuada evaluación del Sistema de Control Interno, que le permita corregir los controles débiles o faltantes y contar con una mejor transparencia en las operaciones realizadas; lo que resulta a todas luces muy grave, además, de que la Auditoría Superior de la Federación había considerado que el control interno del fondo es deficiente, ya que no existen actividades que permitan la administración de los principales riesgos y que se aseguren de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo.
Decimocuarta. Que de igual manera, resulta altamente preocupante que la Auditoría Superior de la Federación reconozca que la Secretaría de Educación de Guerrero, no haya realizado el pago de la contribución fiscal, del impuesto sobre el producto de trabajo; la dependencia presentó un convenio, celebrado por una parte por el gobierno del estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sólo está firmado por la parte estatal y con el cual busca amparar el adeudo que asciende a un importe de 1 110 843 mdp correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
Decimoquinta. Que, igualmente, es preocupante la observación que en cuanto a los registros contables y presupuestales, la Secretaría de Educación Guerrero no contaba con un sistema específico para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, ya que en su contabilidad se registraban recursos estatales o de otros programas federales. La dependencia reporto los cuatro trimestres correspondientes al ejercicio 2009, sin embargo, existía una diferencia entre los recursos presupuestales de la federación contra lo reportado en el ejercicio del cuarto trimestre, por 107.118 mdp, además, lo reportado como ejercido en la cuenta pública estatal presentaba una diferencia de 2,243.627 mdp, con lo registrado en el estado de la situación financiera de la Secretaría de Educación de Guerrero, entre otras.
Decimosexta. Que, no obstante, las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha no sabemos qué pasó con las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y de responsabilidad administrativa sancionatoria, particularmente, la recomendación al Servicio de Administración Tributaria para que instruyera a quien correspondiera para que auditara a la Secretaría de Educación de Guerrero, a fin de constatar el pago del impuesto sobre el producto del trabajo y la Contraloría General del estado a la que le recomendaba que, en el ámbito de sus atribuciones, realizara las investigaciones pertinentes, y en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos, que en su gestión, no llevaron a cabo la implementación de una contabilidad que presente registros únicos del fondo y que permita conciliar los importes reportados en la Cuenta Pública.
Decimoséptima. Que todo lo anterior, tiene que ver, igualmente, con una actitud frívola y poco solidaria del secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, que lejos de asumir una actitud de empatía y empaparse de los problemas que viven los guerrerenses, se limitó a brindar una atención desganada y a control remoto de los altos y urgentes asuntos educativos estatales, despachando en los más caros hoteles de Acapulco y sus principales colaboradores en oficinas alternas en Acapulco y Chilpancingo, en una entidad cuyas escuelas se están cayendo por falta de atención y donde al decir, del jefe de los Servicios Estatales de Educación en la Región de la Costa Grande de Guerrero, por citar sólo un ejemplo, de cada 10 escuelas, 7 carecen de maestros en alguno de sus grupos 7 .
Decimoctava. Que por las graves observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del FAEB, sólo por lo que hace al Ejercicio Fiscal de 2009; por la precariedad de resultados en la aplicación de miles de millones de pesos, que durante los últimos 6 años se destinaron al presupuesto educativo guerrerense; y por las contradictorias declaraciones entre otras razones de suspicacia en el manejo de las finanzas públicas educativas en Guerrero; es urgente transparentar la orientación que se ha dado a los mismos, y aplicar las sanciones que legalmente corresponda.
Por tal motivo, es de sobrada razón y urgente necesidad que esta soberanía nacional no permita que la secrecía y la impunidad sigan siendo monedas de cuño corriente en entidades donde la pobreza y marginación impera, por eso, solicito se tenga a bien aprobar, la siguiente propuesta de
Acuerdos Parlamentarios
Primero. La LXI Legislatura instruye a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que proceda a auditar financieramente la totalidad de los recursos públicos entregados al gobierno del estado de Guerrero en materia educativa, del año 2005 al 2010, para comprobar si su aplicación correspondió o no a los lineamientos y las disposiciones normativas aplicables, constatando su apego a los grandes objetivos de los programas de gobierno.
Segundo. La LXI Legislatura, instruye a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de garantizar la aplicación de las sanciones que, en su caso, legalmente proceda a los funcionarios responsables de aplicar con pulcritud, los recursos presupuestales que estaban destinados al noble propósito de educar a los niños y a los jóvenes guerrerenses.
Notas
1 Carlos Armando Biebrich Torres y Alejandro Spíndola Yáñez. Diccionario de la Constitución Mexicana. Jerarquía y vinculación de sus conceptos. Editorial Porrúa, Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de Estrategias. 2009. México. página 183.
2 Secretaría de Educación Pública. Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos. Editado por la SEP, página 43. La Jornada Guerrero, del 6 de noviembre del 2010, con el encabezado “Inestabilidad social, causa del rezago educativo: Quevedo. Consultable en: http:// www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/11/06/index.php?section=sociedad& amp;article=005n5soc
3 Consultable en http://www.elsoldechilpancingo.com.mx/index.php/portada/11717-heredaran -deficit- en-la-seg-de-6-mil-millones-
4 Entrevista publicada en La Jornada Guerrero, del 29 de septiembre del 2010, bajo el encabezado “Hay un déficit de 3 mil millones de pesos en educación, dice Torreblanca”. Consultable en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/09/29/ index.php?section =sociedad&article=005n1soc
5 Consultable en: http://www.chapingo.mx/dicifo/demyc/idh/new/bases_new/?mod=personalizad a
6 Entrevista publicada en la Agencia de Noticias IRZA, el martes 8 de diciembre del 2010, bajo el título Guerrero “no es Suecia”, es el último lugar del país en subdesarrollo: ZTG. Consultable en: /http://www.agenciairza.com/2010/12/guerrero-%E2%80%9Cno-es-suecia%E2%8 0%9D-es-el-ultimo-lugar-del-pais-en-subdesarrollo-ztg/
7 Consultable en el mismo diario, pero en la nota: “Dice Funcionario que 7 de cada 10 Escuelas no tienen docente”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de marzo de 2011.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un pronunciamiento que reconozca la labor de la PGJ y del Poder Judicial de Chiapas por lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria por el delito de trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de marzo de 2009, el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, anunció la conclusión de los trabajos de la llamada Mesa de Reconciliación para el estado de Chiapas, establecida con el objeto de desarrollar un profundo análisis de la situación penitenciaria del estado así como la vigilancia y defensa de los derechos humanos, la revisión de los expedientes y la elaboración de diagnósticos con la finalidad de estar en condiciones de reformar el marco normativo estatal de procuración y administración de justicia. Dicha mesa de reconciliación fue encabezada por el Poder Judicial, ahora denominado Tribunal Superior de Justicia del Estado, e incluye la representación del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo. Así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría General de Gobierno.
2. En dicho evento y derivado de los estudios realizadas por la mesa de reconciliación el gobernador anunció que ese mismo día presentó ante el Congreso del estado la iniciativa de ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas, la cual tiene como objeto la prevención y sanción enérgica del delito de trata de personas, así como adoptar medidas de protección, atención y asistencia necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.
3. El 3 de abril de 2009, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el decreto número 207 que expide la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas, y se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales para el estado. A partir de entonces Chiapas se convirtió en la segunda entidad en el país que cuenta con una ley específica para combatir prevenir y sancionar la trata de personas, que incluye no sólo la persecución del delito sino su prevención y la atención a las víctimas. Asimismo, dicha ley es la primera en incluir el tema de trata de migrantes y de hijos de trabajadores migrantes.
4. El 3 de junio de 2009 se instaló en Chiapas el Comité Regional contra la Trata de Personas con el objeto de coordinar esfuerzos interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno con la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de cooperación, para trabajar en medidas para la prevención en la trata de personas, así como proteger y dar asistencia a las víctimas del delito, con ello, Chiapas fue el quinto estado en instituir el Comité Contra la Trata de Personas.
5. Con base en la legislación recientemente aprobada, el 19 de agosto de 2009, agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de la Procuraduría del estado de Chiapas, con el apoyo de Interpol, aprehendieron a la ciudadana Lilian Elizabeth Aguilar acusada de trata de personas agravada en perjuicio de una menor migrante de origen guatemalteco, delito consignado en la averiguación previa 138/FEDCCI-CJT1/2009.
6. El pasado 21 de febrero de 2011, y con las pruebas ministeriales integradas en el expediente, el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tapachula, dictó sentencia condenatoria a Lilian Elizabeth Aguilar con la penalidad de 13 años 6 meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo vigente; siendo esta la primer sentencia condenatoria por el delito de trata de personas obtenida a favor de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.
Considerandos
Primero. Que es nuestra obligación como diputados federales reconocer la labor de las entidades federativas y de sus distintos órdenes de gobierno cuando de manera coordinada realizan verdaderos esfuerzos para adecuar su marco normativo para combatir con eficacia las conductas delictivas, así como a quienes participan de manera activa y coordinada en la investigación, persecución y combate a la inseguridad y a quienes como juzgadores elaboran las normas jurídicas individualizadas privilegiando el interés de la colectividad.
Segundo. Que como representantes de la sociedad facultados para la elaboración de normas de convivencia social, nos congratula la labor de quienes en su ámbito territorial armonizan su legislación, su actuar y cumplen a cabalidad con su función, pues de esta manera están contribuyendo como gobernantes y como representantes populares al fortalecimiento del estado de derecho y el respeto a la legalidad.
Tercero. Que para esta Cámara de Diputados resulta fundamental que los estados de la federación en su ámbito territorial realicen acciones que protejan y salvaguarden el tejido social en especial, cuando se trata de proteger a quienes son vulnerados como víctimas del delito de trata, por ello, es de destacar la agenda de acciones del gobierno del estado de Chiapas en sus tres órdenes, tendente a combatir y erradicar el delito de trata de personas.
Cuarto. Es del dominio público que el delito de trata de personas guarda peculiaridades en distintas zonas de nuestro país y que la frontera sur ha sido una de las regiones donde ha proliferado debido a las condiciones socioeconómicas y al fenómeno de la inmigración centroamericana; por ello, es de destacar la agenda que el gobierno del estado de Chiapas ha implementado en el combate a la trata de personas al ser el segundo estado de la república que cuenta con una ley en la materia e incorporando en sus contenidos la trata de migrantes y de hijos de trabajadores migrantes, la instalación del Comité Regional contra la Trata de Personas y la puesta en marcha de la campaña Chiapas Pacta con el Corazón en respuesta al llamado que hiciera la Organización de las Naciones Unidas y en la que participan instituciones educativas e instancias federales y estatales.
Quinto. En suma, prevenir y combatir la trata de personas, así como castigar de manera eficaz a quienes incurren en este delito, no puede llevarse a cabo de forma aislada; se requiere de la participación y la coordinación de acciones donde las autoridades, los legisladores, los jueces, magistrados y la sociedad civil en su conjunto implementen una agenda integral que anteponga el interés de las víctimas, así como de la acción eficaz de quienes investigan para que con todo el peso de la ley se consigan sentencias condenatorias, tal y como en el caso citado, se logró en Chiapas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a emitir un pronunciamiento, que reconozca la labor de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del estado de Chiapas, al lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria por el delito de trata de personas.
Segundo. Se hace una atenta y respetuosa invitación a las entidades federativas en sus distintos niveles y con la participación de la sociedad civil, a que implementen acciones tendientes a combatir y erradicar de manera integral el delito de trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Efemérides
Relativa al Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
“El principio de todo lo que existe es agua.Del agua viene todo lo vivo y regresa al agua.”
Tales de Mileto
La historia de la humanidad ha girado siempre alrededor del agua, no solo como condición de sobrevivencia, sino como factor determinante del desarrollo de los pueblos. No es casualidad que todas las grandes culturas se hayan desarrollado en sitios con abundancia de agua.
La situación del agua en México es uno de los problemas más urgentes a los que hace frente la sociedad. Dicho recurso ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo regional y nacional, ya que durante décadas el uso expansivo del agua en irrigación, ciudades e industrias, ha estado supeditado al desarrollo de infraestructura hidráulica; sin embargo, el crecimiento de la población y la urbanización han incrementado el número en las demandas de agua.
Las brechas crecientes entre quienes tienen acceso al servicio de agua con los que no lo tienen, el mayor deterioro de la calidad del agua en los ríos y lagos, la degradación de los servicios de suministro de agua debida al deficiente mantenimiento de las instalaciones, amen del desperdicio de agua o las prácticas de uso ineficiente del recurso, constituyen, entre otras cosas, problemas que exigen nuevos planteamientos para la regulación y administración del agua en México.
El agua como elemento vital para la subsistencia del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones, ha llevado a través de la historia en nuestro país a realizar grandes construcciones para el abastecimiento del agua, esto último se ha logrado cada vez con mayor trabajo y también con mayores costos
El agua potable en términos per cápita disminuye a pasos agigantados, toda vez que en el mundo, el consumo se duplica cada 20 años, ritmo poco más de dos veces mayor al crecimiento de la población.
Se prevé que la de manda de agua para usos industriales aumente de aquí al 2025 si seguimos creciendo como en la actualidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, actualmente 31 países padecen escasez y más de mil millones de personas carecen de agua potable. Para el año mencionado hasta dos terceras partes de la población mundial padecerán graves problemas de escasez. La tercera parte restante se verá casi totalmente privada del vital líquido.
Estas cifras las confirma la Organización Mundial de la Salud, al informar que 1.1 millones de personas no tienen acceso al agua potable, el 17 por ciento de la población mundial, siendo los más afectados los países del continente asiático y africano.
En el caso de México existe un gran desequilibrio entre disponibilidad de agua y actividad económica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las zonas norte, centro y noroeste, donde se aglutina el 77 por ciento de la población y se genera el 87 por ciento del producto interno bruto, registran únicamente el 31 por ciento del agua potable, mientras que las regiones sur y sureste, donde habita el 23 por ciento de la población y se produce el 13 por ciento del Producto, concentran el 69 por ciento.
Existe una gran cantidad de comunidades rurales y algunas urbanas en donde carecen del vital liquido, es irregular y no tiene un suministro del 100 por ciento. En promedio, el país registra un 90 por ciento de cobertura de agua potable, mientras que los países europeos desarrollados cuentan con un abastecimiento total. Chiapas figura como el estado que concentra alrededor del 30 por ciento del agua dulce del país, pero el 25 por ciento de sus viviendas carece de agua entubada.
En suma, estos simples indicadores señalan que tenemos que empezar por redefinir nuestra relación con este recurso y reconocer su importancia en el seno de la naturaleza y la sociedad. El agua debe ser considerada como el elemento vital para el desarrollo de las comunidades, como el elemento vital para la supervivencia del ser humano. Disponer de agua potable suficiente debe considerarse un derecho fundamental ; su conservación debe ser prioridad para cualquier Estado, encuéntrese ésta en ríos, mares, o bien en mantos acuíferos.
Por ello, es necesario reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento en momentos en los cuales las enfermedades provocadas por falta de agua potable provocan más muertes que cualquiera de las guerras.
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que el derecho elemental al agua debe considerarse como parte integral de los derechos humanos ya que forma parte de de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la sobrevivencia. El derecho al agua también esta indisolublemente asociado con los más altos niveles de salud, el derecho a una vivienda y a una alimentación adecuada por lo que bajo esta tesitura es de resaltarse que para el caso de nuestro país el vital liquido debe estar fuera de todo intento de que su administración y gestión, o ambos, quede en manos de particulares lo que conllevaría a la elevación de costos y la consecuente restricción de las personas a este derecho esencial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Relativa al Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM
Compañeros diputados y compañeras diputadas:
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, buscando concientizar sobre la importancia del agua dulce, y de propugnar por una gestión sostenible de los recursos hídricos de agua dulce.
Cada año, el Día Mundial del Agua resalta un aspecto específico del agua dulce y en este 2011 el principal objetivo del Día Mundial del Agua es dirigir la atención internacional sobre los impactos que provocan el rápido crecimiento de la población urbana, la alta industrialización que está sufriendo nuestro entorno y sobre todo la contaminación, escases e incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua.
Este año se ha ponderado el tema “Agua para las ciudades”, respondiendo al desafío urbano, y sus principales planteamientos giran en torno de la importancia y focalización de la atención que los gobiernos, las organizaciones, comunidades y personas deben poner en participar activamente para buscar soluciones y acciones al desafío de la gestión del agua urbana.
Algunos datos respecto de relevancia que debemos contemplar para reflexión en este día tan importante es que 828 millones de personas viven en zonas marginales o asentamientos informales, los cuales están diseminados alrededor de todas las ciudades del mundo y; el mayor desafío debe ser proveer a esta gente con agua potable y servicios sanitarios ya que el agua es vital para una buena calidad de vida.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la situación de los recursos hídricos en el mundo es la siguiente:
• 2.5 por ciento del agua del planeta es dulce, lo que representa aproximadamente 35 millones de kilómetros cúbicos.
• El consumo básico recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros por persona al día.
• En el año 2000 el 82 por ciento de la población mundial tenía un mejor abastecimiento de agua y el 61 por ciento contaba con un mejor saneamiento.
• 1,100 millones de personas no tienen acceso al agua dulce y 2,600 millones de personas carecen de saneamiento adecuado.
• La tendencia hacia el año 2025 refiere que 1,800 millones de personas vivirán en zonas de escasez de agua potable.
De igual manera la UNESCO tiene datos que refieren que la población en condiciones de mayor pobreza paga 50 veces más por un litro de agua de lo que se paga por ese mismo litro en los zonas de mejor condición económica, lo que va en detrimento y deterioro de las economías menos favorecidas y como resultado del la compra de agua a intermediarios quienes especulan con el preciado liquido.
Otro elemento de reflexión es la debida regulación a las zonas metropolitanas debido a que por el rápido proceso de urbanización, las ciudades enfrentan una creciente demanda por agua y servicios sanitarios los cuales son insuficientes en muchos lugares del mundo y en México, estamos ante la vista cotidiana de casos alarmantes en que los servicios y escases de agua son situaciones de diario. Por lo anterior las autoridades en busca de cubrir dicha demanda van más allá, lo cual degenera en una sobreexplotación de los recursos hídricos.
Por otra parte y quizá uno de los elementos de estudio y que demandan la más rápida toma de acciones al respecto es la contaminación y mal uso del recurso hídrico, la primera, mayormente se refiere a la presencia de químicos y otras substancias en concentraciones mayores de lo que normalmente habría bajo condiciones naturales y la segunda a la falta de cultura y concientización.
Cada día aproximadamente 2 millones de toneladas de desechos humanos son depositados en nuestros ríos y quebradas, lo que rápidamente está devastando nuestro recurso y el de nuestras futuras generaciones, en muchas ciudades, especialmente en los países en desarrollo, las inadecuadas instalaciones de servicios sanitarios a menudo son fuente de contaminación, además la falta de infraestructura para tratamientos de aguas negras y de correctas instalaciones de alcantarillado, degeneran en la polución de los recursos hídricos tanto subterráneos como superficiales.
Por otra parte estos factores de falta de servicio de agua potable y malas condiciones de tratamiento o inadecuadas condiciones sanitarias, conlleva la existencia de serios problemas de salud. Comúnmente el consumo humano directo e indirecto de agua potable contaminada normalmente produce, epidemias de cólera, enfermedades como diarrea, y brotes de malaria la cual se había considerado como una enfermedad rural y hoy, desafortunadamente en día se encuentra en muchas áreas urbanas.
Como ya se menciono la baja inversión, falta de infraestructura e inadecuada planeación en los servicios de abastecimiento provoca en el mundo entero tasas de fuga de agua de hasta 50 por ciento, convirtiéndose en un problema común en sistemas de distribución urbanos de agua. Se considera que entre 250 y 500 millones de metros cúbicos de agua potable son desperdiciados cada año en muchas de las megaciudades del mundo.
No desperdiciar estas elevadas cantidades de agua, ayudaría a proveer con este vital líquido a unos 10 o 20 millones de personas adicionales en cada mega ciudad.
Esta fecha nos obliga a la reflexión, recordemos que el agua es el elemento vital y que nuestro país así lo ha reconocido en diversos instrumentos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...” O lo que versa en la denominada Observación General número 15 sobre el Derecho al Agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en que se reafirma el derecho al agua. “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”. 1
No olvidemos que el agua que hoy cuidemos será útil e indispensable para la vida de nuestros hijos, la Convención Sobre los Derechos de los Niños, establece en su artículo 24, inciso c) que es un derecho. “Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.
El agua es tema de interés mundial y el interés por cuidarlo y crear la infraestructura adecuada para su uso y tratamiento sustentable y sostenible es una obligación de todos los habitantes de nuestro planeta, empecemos en casa, creemos conciencia de su uso adecuado, como parte importante del poder público busquemos las estrategias y acciones que prevean el desarrollo de los recursos hídricos porque como bien se define por la UNESCO en su segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, “Agua para todos, Agua para la Vida”, lo que ubica diversos desafíos mundiales en torno al tema de cuidado y uso racional del y la necesidad de una búsqueda para solucionar la crisis mundial que existe en torno al líquido vital.
De acuerdo con lo anterior invito a ustedes compañeros a recapacitar en torno a lo siguiente:
• Debemos satisfacer las necesidades humanas básicas; de acuerdo con algunos estudios, cada ser humano necesita ciento sesenta litros de agua no contaminada cada día.
• Necesitamos urgentemente proteger los ecosistemas en bien de la población y del planeta. La degradación ecológica ha suscitado cambios medio-ambientales que han reducido la disponibilidad de recursos hídricos; al haberse roto varios ciclos naturales la recarga de los mantos acuíferos no se da de forma completa, lo cual tiene impactos en la agricultura y en el suministro de agua para las grandes concentraciones de población.
• Es urgente realizar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los entornos urbanos. Considerando en un futuro no muy lejano la demanda será mayor ya que la población mundial vivirá en pueblos y ciudades, lo cual requiere de una gestión planificada y racional del agua.
• Tenemos la obligación de promover una industria más limpia en beneficio de todos. El uso industrial del agua supone el 22 por ciento del total, aunque en los países desarrollados esa cifra alcanza un 59 por ciento y en los países con desarrollo medio y bajo apenas llega al 10 por ciento.
• Es prioridad la utilización del agua responsablemente, por qué no, utilizar la energía para cubrir las necesidades del desarrollo, con pleno respeto a las personas y comunidades, para generar electricidad, la cual a su vez tiene una incidencia directa en el combate a la pobreza.
• Hay que entender y considerar los potenciales conflictos que se pueden desatar por intereses de particulares por obtener el control del agua en el mundo, ya que es un bien de alto valor agregado, por eso es urgente considerar que el uso responsable del agua implica que se comparta, por medio de acuerdos que garanticen una correcta gestión interregional y transfronteriza.
• Necesitamos administrar el agua de modo responsable para asegurar un desarrollo sostenible. La crisis del agua es de gestión de los asuntos públicos, o en otras palabras de gobernabilidad. Sus síntomas reflejan una necesidad de instituciones más adecuadas en el sector del agua, mayor inversión y normatividad más específica y adecuada.
De suma importancia es mencionar que el día 26 de julio de 2010, dentro de su sexagésimo cuarto periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas “declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
Y de acuerdo con el tercer informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, “hay que crear políticas efectivas y marcos legales para desarrollar, aplicar y reforzar las normas y reglas que regulan el uso y la protección de los recursos hídricos. Las políticas hídricas operan dentro de un contexto político local, nacional, regional y global y de marcos legales que deban apoyar los objetivos encaminados a una utilización racional del agua”.
Por ello en esta fecha tan importante y significativa para el Partido Verde Ecologista de México, es que los invito a hacer lo que esté en nuestras manos para fortalecer los marcos normativos nacionales que desarrollen el uso adecuado, promuevan una cultura y permitan que exista la infraestructura para cuidar y brindar el vital liquido.
Nota
1 http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=4 28718&parent_id=425976
Diputado Guillermo Cueva Sada
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia
Al conmemorar el 18 aniversario del Día Mundial del Agua, el Grupo Parlamentario de Convergencia refrenda su compromiso por el uso racional del vital líquido. Desde nuestros documentos básicos de partido, nos pronunciamos por el aseguramiento del abasto de agua a toda la población del país por medio de un programa que contenga acciones que permitan recargar los mantos freáticos de las comunidades; la construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura hidráulica; así como la realización de una campaña educativa para concientizar a la población en el aprovechamiento y el uso racional del agua.
En este año, el tema mundial es “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”, y tiene como objetivo destacar y alentar a los gobiernos, organizaciones, comunidades e individuos a participar activamente en afrontar el reto de la gestión del agua urbana. Busca dar prioridad a la importancia de la escasez de agua que se vive en todo el orbe y hacer patente la necesidad de la cooperación e integración entre países a fin de garantizar una gestión sustentable, eficiente y equitativa de los escasos recursos hídricos, tanto a escala internacional como local.
El tema lleva a reflexionar sobre lo ineludible que resulta debatir los factores relativos a la igualdad y derechos que todos los seres humanos tenemos para contar con este recurso en cantidad y calidad suficientes para cubrir nuestras necesidades más elementales. Al mismo tiempo nos obliga a diseñar políticas donde los gobiernos y la sociedad civil organizada articulen esfuerzos para hacer frente a la escasez de los recursos hídricos.
Debemos considerar que el problema de la escasez de agua no es sólo resultado de la carencia física de recursos hídricos, sino que se ha convertido en un acontecimiento que se agrava a causa de problemas relativos a la gestión de esos recursos, al crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la contaminación y el cambio climático. Asimismo, actividades humanas como la agricultura, la deforestación, la construcción de represas y la creciente extracción y explotación de los mantos acuíferos afectan los procesos hidrológicos naturales y a los recursos hídricos disponibles, por lo que se pone de manifiesto la importancia de una actuación responsable en este ámbito.
Lo anterior se fundamenta en el hecho de que muy poca agua puede ser utilizada para el consumo humano, en virtud de que 90 por ciento es agua de mar, 2 por ciento es hielo y está en los polos, y sólo el 1 por ciento de toda el agua del planeta es dulce ; encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Aproximadamente 1,100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable y más de 2, 400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado, como lo señala la ONU.
En cuanto a la distribución de los recursos de agua dulce, esta es cada vez más desigual. Las zonas áridas y semiáridas del mundo constituyen el 40 por ciento de la masa terrestre; sin embargo, éstas disponen solamente del 2 por ciento de la precipitación mundial. A finales del año 2000 aproximadamente el 94 por ciento de la población urbana tuvo acceso al agua potable, mientras que el índice para los habitantes en áreas rurales era solamente del 71 por ciento.
En este contexto, la escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales fundamentales presentados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente . En una encuesta realizada a 200 científicos en todo el mundo lo señalaban, junto al cambio climático, como el principal problema del nuevo siglo. De forma sencilla se puede decir que estamos alcanzando el límite de extracción de agua dulce de la superficie terrestre, pero el consumo no deja de aumentar, según datos de la ONU, para el año 2050, la población mundial aumentará en proporción de 3, mientras que la demanda de agua será de 6. Sin embargo, otra gran amenaza la constituye el efecto que el cambio climático tendrá sobre el ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua dulce. Básicamente se agravarán las condiciones de escasez de las zonas que ya son áridas (menos lluvias y mayor evaporación).
Otro gran problema a nivel mundial es la conservación de las aguas subterráneas. Estas constituyen el 97 por ciento del agua dulce terrestre; el 33 por ciento de la población mundial, sobretodo la rural, depende de ella, pero está amenazada tanto por la contaminación de los acuíferos como por la mala utilización de los pozos existentes. La sobre explotación de éstos provoca el descenso de la capa freática y hace necesario excavar más hondo; el aumento de costes que esto supone perjudica primero a los más pobres.
Tanto a nivel mundial como nacional el agua dulce no está homogéneamente distribuida, ni geográfica ni temporalmente. Por ello se están originando conflictos político-sociales por el acceso al agua. Este es un problema que se está agravando rápidamente por lo que empezamos a observar verdaderas guerras del agua, el ejemplo más cercano es la inconformidad manifestada por las comunidades mazahuas, ante la explotación de la cuenca del Lerma en el valle de México.
Para Convergencia resulta cuestionable la presentación de la Agenda del Agua 20-30 que realizará el Ejecutivo federal, cuando el modelo de gestión del agua generado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) agudiza la desigualdad e injusticia social, degradando el ambiente y pone en peligro las fuentes de que dispone el país (Barkin 2006). 1 No propone una relación social-económica-política-ambiental orientada por una nueva escala de valores, que surja de una democratización de la distribución del agua y una participación social en su administración. Prioriza la resolución de los conflictos sociales como parte central del quehacer público y la obligación de partir de criterios de equidad, justicia social y sustentabilidad ambiental.
Nuestro planteamiento es congruente con la Declaración Europea para el manejo del agua, que establece prioridades para los cuatro usos fundamentales del agua: 1) Agua como derecho humano; 2) Agua para los ecosistemas; 3) Agua para usos sociales y comunitarios; 4) Agua para el desarrollo económico y bienestar social.
Los primeros tres usos comprenden cuestiones sociales y ambientales, plenamente relacionados con principios éticos de equidad, justicia y sustentabilidad. El agua como derecho humano, se refiere al establecimiento de un piso de dignidad básico de consumo, que garantice el bienestar individual y colectivo y que debe otorgarse de forma gratuita; los requerimientos para sostener la agricultura de subsistencia. Actualmente, las autoridades mexicanas consideran que el no pago es una de las principales causas de los problemas en la gestión del agua; sin embargo, consideramos que la solución de los problemas actuales no está en penalizar el consumo de esta cantidad básica. Más bien, implica un nuevo principio de cobro fincado en una visión interdisciplinaria que instrumente el compromiso social inscrito en la Carta Magna de la nación. 2
El segundo uso, el ambiental, busca garantizar el buen estado de los ecosistemas hídricos privilegiando tanto su conservación como su rehabilitación. Aquí se eleva el ecosistema al estatus de un consumidor prioritario. Así, se debe asegurar que el consumo de agua del resto de los usuarios no supere la capacidad de recarga de los mantos acuíferos. El tercer uso, el de la solidaridad social, obliga al Estado a imponer una nueva política que garantice el servicio de agua para todos los servicios públicos y urbanos incluyendo los parques, hospitales, escuelas, etcétera. Es decir, se considera las instalaciones públicas necesarias para consolidar aquellas actividades de interés general, sin fines de lucro, conducentes a fortalecer la sociedad.
El agua para el desarrollo económico implica el mayor consumo de todos. Es aquí donde se clasificarían los consumidores residenciales que requieren más que lo contemplado por el “piso de dignidad” mencionado en el primer destino; administrado por el organismo local, este consumo sería cobrado según una tarifa progresiva. También contempla los usuarios agrícolas, comerciales e industriales, que consumen la mayor parte del agua disponible en el país, en el proceso de organizar sus actividades productivas con fines de lucro. A partir de esto, es en el agua-negocio donde deben recaer los cobros para sufragar el costo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de un sistema de tarifas con subsidios cruzados para operar la visión de equidad, justicia y sustentabilidad.
Finalmente, resulta fundamental sancionar y reducir el uso antisocial o francamente ilegal de los mantos acuíferos y las descargas de aguas contaminadas. Además de extracciones excesivas de las concesiones, abunda la explotación de pozos no regulados o autorizados y perforaciones horizontales, así como problemas sistemáticos de robo de agua de la red de distribución urbana, entre otros. A pesar de una normatividad para las descargas contaminadas y una obligación de eliminar éstas, el problema sigue acrecentando. Ante esto, nuestra propuesta consiste en evitar o revertir, a todo costo, este tipo de uso, mediante una adecuada vigilancia por parte de la autoridad y de la participación activa de la misma sociedad, así como una fuerte penalización (social, jurídica y monetaria). No basta con la internalización de los costos de los problemas generados en la sociedad o la naturaleza, más bien, debe establecerse una nueva relación con y hacia el medio ambiente que permita la sustentabilidad del recurso, sobre todo para el usufructo de las generaciones futuras.
Notas
1 La gestión de agua comandada por la CNA ha privilegiado a los grandes usuarios en detrimento de la esfera social y ambiental. En el 2003, se reportó oficialmente casi 90 por ciento (89.4 por ciento) de la población urbana conectado al servicio de agua potable regular y 77.2 por ciento conectado a las redes de alcantarillado; cifra que es desmentida, Barkin (2006) debido a que no se le ofrece un servicio adecuado a la población que se encuentra en asentamientos irregulares, segmento de la población que representa hasta el 35 por ciento del total. Aunado a esto, se encuentra una acción deficiente de los organismos operadores que ofrecen un mal servicio de agua en calidad y en cantidad debido a problemas técnicos, financieros y políticos.
2 La sociedad civil ha mostrado su un interés en la participación activa con esta orientación. Muestra de ello lo representa la iniciativa de formación del grupo Promotor de la Campaña “El Agua a la Constitución” de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. En esta coyuntura, el 7 de diciembre del 2006 en la Cámara de Diputados se presentó la propuesta de iniciativa tendente a incorporar el acceso al agua como garantía constitucional. Se propone reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la consiguiente formulación de la ley que “establezca los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar un acceso al recurso que permita una vida digna y decorosa” (ver Cámara de Diputados (2006). http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2006/dic/20061207-I.html# Ini20061207Lavara)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.
Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)
