Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3223-I, jueves 17 de marzo de 2011
Comunicaciones Oficiales
De la Mesa Directiva
Honorable Asamblea
La Presidencia comunica que se realizaron modificaciones de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley General de Turismo, remitida el 3 de marzo de 2011.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Justicia para dictamen, con opinión de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Presupuesto y Cuenta Pública”.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, remitida el 29 de abril de 2010.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público para dictamen”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
Honorable Asamblea:
Esta Presidencia comunica que se realizaron modificaciones de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes minutas e iniciativas:
1. Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley General de Turismo, remitida el 3 de marzo de 2011.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Cuenta Pública.”
2. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, remitida el 29 de abril de 2010.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.”
3. Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, y suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y de Convergencia, el 22 de febrero de 2011.
“Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.”
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 1 de marzo de 2011.
“Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Especial sobre la no Discriminación.”
5. Con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, y suscrita por la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 24 de febrero de 2011.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Participación Ciudadana, para dictamen.”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
De los diputados Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Víctor Humberto Benítez Treviño, Rodrigo Pérez-Alonso González, Eduardo Ledesma Romo, Martín García Avilés y Liev Vladimir Ramos Cárdenas, para turnar diversas iniciativas, conforme al artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados
Honorable Asamblea:
Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
La Mesa Directiva con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen
1. Promovente: Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. 5 de octubre de 2010.
Turno: Unidas de Justicia y de la Función Pública.
Expediente y Sección: 2818, Octava.
2. Promovente: Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 8 de diciembre de 2010.
Turno: Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.
Expediente y Sección: 3428, Séptima.
3. Promovente: Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González.
Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se derogan el inciso c) de la fracción II del artículo 2 y la fracción IV del artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 21 de julio de 2010.
Turno: Hacienda y Crédito Público.
Expediente y Sección: 2531, Séptima.
4. Promovente: Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.
Turno: Puntos Constitucionales.
Expediente y Sección: 3539, Octava.
5. Promovente: Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11 de febrero de 2010.
Turno: Puntos Constitucionales.
Expediente y Sección: 1306, Séptima.
6. Promovente: Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9 de marzo de 2010.
Turno: Puntos Constitucionales.
Expediente y Sección: 1548, Segunda.
7. Promovente: Diputado Eduardo Ledesma Romo.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 46 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 8 de diciembre de 2010.
Turno: Equidad y Género.
Expediente y Sección: 3413, Octava.
8. Promovente: Diputado Martín García Avilés.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 24 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 29 de abril de 2010.
Turno: Derechos Humanos.
Expediente y Sección: 2245, Tercera.
9. Promovente: Diputado Martín García Avilés.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.
Turno: Puntos Constitucionales.
Expediente y Sección: 2329, Primera.
10. Promovente: Diputado Martín García Avilés.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 3 de noviembre de 2010.
Turno: Desarrollo Social.
Expediente y Sección: 3144, Séptima.
11. Promovente: Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas.
Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 15 de diciembre de 2009.
Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.
Expediente y Sección: 973, Tercera.
Del diputado Maurilio Ochoa Millán, para retirar de los registros parlamentarios iniciativa con proyecto de decreto
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, me permito solicitarle tenga a bien girar instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que la iniciativa suscrita por un servidor, que reforma el artículo 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, turnada en sesión el 9 de marzo del año en curso a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la Comisión de Turismo, para opinión, sea retirada de éstas y de los registros parlamentarios correspondientes.
Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo
Atentamente
Diputado Maurilio Ochoa Millán (rúbrica)
De los diputados Eduardo Yáñez Montaño, María de Jesús Aguirre Maldonado y José Luis Ovando Patrón, por las que solicitan información a dependencias del gobierno federal
Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente
Me permito solicitar a usted en forma respetuosa que, en su calidad de representante de la Cámara de Diputados, y por estar entre sus atribuciones, con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea el gentil conducto para hacer llegar la presente solicitud de información al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a las obras de modernización de la carretera México-Cuautla, atendiendo los planteamientos que se realizan en el escrito que se anexa al presente.
Agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludo cordialmente.
Atentamente
Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica)
El que suscribe, J. Eduardo Yáñez Montaño, diputado federal por el distrito XXXIII del estado de México, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente un informe detallado de la obra de modernización y ampliación de la carretera México-Cuautla, tramo Chalco-Amecameca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las vías de comunicación terrestre más importante de la zona oriente del estado de México es la carretera federal México-Cuautla, la cual comunica los 12 municipios del distrito que represento con Morelos y el Distrito Federal.
Su relevancia radica en que, por ser la segunda vía más utilizada para trasladarse del Distrito Federal a Morelos, esta carretera no sólo representa una ruta comercial importante sino que, desde hace varios años, ha fomentado el establecimiento y la promoción de atracciones turísticas a lo largo de casi todo el trayecto, principalmente en los municipios del estado de México. La variedad gastronómica y la diversidad de actividades culturales, así como la posibilidad de visitar los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, por la cercanía a éstos, estaban convirtiendo esta región en uno de los destinos cada vez más visitados por los habitantes del valle de México.
Sin embargo, con el creciente aforo turístico, sumado a la transportación de bienes a escalas local y regional, y debido al constante crecimiento poblacional, se empezaron a generar problemas de estancamiento en su estructura vial, siendo que en gran parte de la carretera sólo se contaba con un carril para cada uno de los sentidos de circulación.
En aras de atender esta problemática, en 2006 se inició un proyecto de modernización de la carretera en comento, que considera la ampliación de carriles, construcción de puentes y distribuidores, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento, en dos etapas: la primera que comprende el tramo Chalco-Amecameca; y la segunda correspondiente a Amecameca-Nepantla.
En la construcción de la primera etapa, desde sus inicios los avances se han venido dando de manera lenta e ineficaz, provocando que los tiempos de recorrido y los costos se hayan elevado, incluso más que antes del inicio de las obras.
El entorpecimiento ha llevado a manifestar un reclamo generalizado por los habitantes de la región y del turismo en general. Las personas que acostumbraban visitar la región, sobre todo en fines de semana y días festivos, tienen que considerar su visita más de una vez, a la luz de los conflictos que actualmente implica viajar por esta carretera. La disminución del aforo turístico, del cual dependía gran número de establecimientos comerciales, ha traído como consecuencia el cierre de varios de ellos, afectando una de las regiones económicas más importantes de la zona oriente del estado de México.
En vista de lo anterior, en mi calidad de representante popular, los vecinos afectados me han planteado varios cuestionamientos acerca del estado que guardan las obras de la mencionada carretera, que yo transmito a través del presente. Tal es el caso de la construcción del puente a la altura del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco y el tramo que corresponde a los kilómetros 19 a 26. Tengo conocimiento de que la obra estaba programada para iniciar en junio de 2006 y terminar en noviembre del mismo año, con un monto asignado de alrededor de 80 millones de pesos (mdp); sin embargo, a la fecha no se encuentra en operación. Asimismo, se observa que este puente fue construido con deficiencias, ya que tuvo una reparación en uno de los muros sin que siquiera se encontrara en operación. Cabe preguntarse cuál es la razón de la reparación, y cuál fue su costo. De igual manera, es importante señalar que la empresa responsable de la construcción es Aztec, SA de CV; y la que actualmente lleva a cabo las obras se denomina “Demovial, SA de CV”, por lo que surge la necesidad de preguntarse si se hizo efectiva la fianza que debió haber constituido la primera de las mencionadas.
De igual modo, las obras que corresponden al tramo entre los kilómetros 15 y 19 se encontraban proyectadas para iniciar en junio de 2007 y finalizar en diciembre del mismo año. Se asignó un monto superior a 65 mdp, siendo encargada de la construcción la empresa RSR, SA de CV. Lo que llama la atención es que a la fecha dos empresas más han sido contratadas para realizar las obras: el corporativo Galis, SA de CV, en una segunda licitación por un monto aproximado de 20 mdp; y la empresa Cocoin, SA de CV, que actualmente se encuentra terminando las obras inconclusas a cargo de Galis, SA de CV.
Estas dos últimas empresas también se encuentran contratadas para construir puentes en el libramiento de Amecameca. El periodo de construcción de este tramo se encontraba comprendido entre marzo y octubre de 2008; sin embargo, igual que los mencionados, sigue sin poder operar. En este particular caso, se otorgaron cerca de 175 mdp y se han pagado excedentes por 50 mdp más. Es necesario saber cuál o cuáles fueron las razones del pago de este excedente, y de 30 mdp que fueron reclamados en razón del tipo de suelo, siendo que el presupuesto inicial debe considerar las características del terreno.
Tomando en cuenta que los trabajos de la etapa mencionada se iniciaron en 2006 y que los montos asignados rebasan 420 mdp, considero que el tiempo de terminación de la obra ha rebasado por mucho el proyecto inicial, más allá de lo tolerable, y que las repercusiones tanto en el turismo como en el desarrollo social han hecho de esta situación una problemática que debe atenderse lo más rápido posible; y es menester dar razón de la situación actual que guarda la obra, a los habitantes y usuarios que se ven afectados.
En razón de lo expuesto, y con fundamento en las facultades que me confiere la fracción VIII del artículo 6, así como III del párrafo 3 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente a esta soberanía un informe detallado de la obra de modernización y ampliación de la carretera México-Cuautla, específicamente el tramo Chalco-Amecameca, que comprende los kilómetros 11+000 a 25+300, donde se incluya el estado de la carretera, así como los puentes, distribuidores y entronques que la forman.
En el informe debe incluirse los motivos por los cuales la obra se ha retrasado, así como los montos asignados y los ejercidos, y una fecha aproximada para la conclusión de la etapa mencionada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.
Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 10 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente
La que suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6o. constitucional, artículo 7, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79, numeral 3, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que solicite a la Secretaría de Desarrollo Social que proporcione información detallada de los recursos ejercidos durante 2009 y 2010 en cada municipio de Nuevo León, respecto al Programa Federal de Rescate de Espacios Públicos en dicha entidad.
Le reitero mi agradecimiento y quedo a sus órdenes.
Atentamente
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
La que suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo león e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6o. constitucional, artículo 7, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 22, numeral 2, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79, numeral 3, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que solicite a la Secretaría de Desarrollo Social que proporcione información detallada de los recursos ejercidos durante 2009 y 2010 en cada municipio de Nuevo León, respecto al Programa Federal de Rescate de Espacios Públicos en dicha entidad.
Consideraciones
La transparencia de la información es un elemento indispensable en la consolidación de los procesos democráticos y de rendición de cuentas de todos los países; responde a la demanda de ciudadanía y de las organizaciones civiles de conocer los temas de interés general que los afectan y, por supuesto, la manera en que las instituciones gubernamentales ejercen los recursos públicos. Lo anterior sirve para que la población se involucre más con dichos procesos, se consolide la libertad de expresión y los *******
En este sentido, es de vital importancia para la ciudadanía que se lleve un control estricto y transparente de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de que se pueda cumplir con los objetivos de los diferentes programas aplicados en cada entidad federativa. De esta manera será posible analizar y evaluar los avances de cada programa; y así de esta manera será posible identificar los retos o metas que aún no se han logrado alcanzar e impedir el mal uso o la discrecionalidad de los recursos asignados.
Por otro lado, el programa federal Rescate de Espacios Públicos tiene como finalidad “contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia”. Por tal motivo, podemos evidenciar que su objetivo es dignificar áreas marginadas, incidiendo positivamente en aquellos problemas sociales que afectan la seguridad de las comunidades, por medio de la protección, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos de servicio y uso común de las ciudades.
Para el caso de Nuevo León, dado el clima de inseguridad que se vive, es indispensable valorar los avances que se han logrado con este programa y así tomar las medidas necesarias para implementar los ajustes necesarios y recuperar la mayor parte de los espacios públicos problemáticos y, paulatinamente, recobrar la seguridad en las calles.
Por ello considero necesario y obligatorio para el trabajo de esta soberanía procurar un adecuado e informado seguimiento a los recursos federales para conocer los avances en cada materia y de esta forma reconocer los retos que aún falta por superar.
De acuerdo con lo anterior, solicito a la Secretaría de Desarrollo Social que proporcione información detallada de los recursos ejercidos durante 2009 y 2010 en cada municipio de Nuevo León, respecto al Programa Federal de Rescate de Espacios Públicos en dicha entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2011.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados.
Congreso de la Unión
Presente
En términos de lo dispuesto por los artículos 6, 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 3, 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción VIII, 79, 129, 131 numeral 6, 133 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 1, 2, 4, 5, 6 y 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y con el objeto de dar curso al proceso legislativo; en el marco de la XIV sesión plenaria de esta comisión, de fecha 2 de marzo del año en curso, se acordó y aprobó por unanimidad, solicitarle al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe, en materia de seguridad pública, sobre los 25 municipios de alto riesgo para los migrantes, de las rutas ferroviarias señaladas como focos amarillos y en general, de toda la República Mexicana; así como del plan de prevención que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, aplican para abatir ilícitos como tráfico de personas, robo, secuestro, violación, trata de personas, homicidio, extorsión, entre otros.
Por lo anterior, hago esto de su conocimiento para que la Mesa Directiva que usted dignamente preside, se sirva instruir a quien corresponda.
Sin otro particular por el momento y a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sólo me resta enviarte un cordial saludo y reiterarte mi particular aprecio.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Licenciado Juan Miguel Alcántara Soria
Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Presente
En términos de lo dispuesto por los artículos 6, 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 3, 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción VIII, 79, 129, 131 numeral 6, 133 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 1, 2, 4, 5, 6 y 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y con el objeto de dar curso al proceso legislativo; en el marco de la XIV sesión plenaria de esta comisión, de fecha 2 de marzo del año en curso, se acordó y aprobó por unanimidad, solicitarle envíe a este órgano legislativo un informe, en materia de seguridad pública, sobre los 25 municipios de alto riesgo para los migrantes, de las rutas ferroviarias señaladas como focos amarillos y en general, de toda la República Mexicana; así como del plan de prevención que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Migración aplican para abatir ilícitos como tráfico de personas, robo, secuestro, violación, trata de personas, homicidio, extorsión, entre otros.
Sin otro particular y a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, el lunes 21 de marzo, a las 10:00 horas, en el Museo Panteón de San Fernando, sito en San Fernando número 17, entre eje Guerrero y Héroes, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado José Vicente de la Rosa Herrera
Coordinador
De la Comisión Federal de Competencia, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a las medidas para evitar y detener el creciente deterioro de los salarios mínimos
México, DF, a 10 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión
LXI Legislatura
Presente
Hago referencia al oficio número DGPL 61-II-3-955, por el cual se hace del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia (CFC) el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 de enero de 2011, por el que se exhorta a la CFC en los siguientes términos:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a los titulares de... la Comisión Federal de Competencia... a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, instauren las medidas necesarias y eficientes que contribuyan a evitar y, en la medida de lo posible, detener, el creciente deterioro de los salarios mínimos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de las dependencias y de los organismos referidos en el resolutivo primero que informen a esta soberanía por escrito de las medidas que están implantando y pretenden adoptar, así como de los resultados obtenidos. Dicho informe deberá ser remitido a las Cámaras de Diputados y de Senadores. [Énfasis añadido]
Esta autoridad emite el presente a fin de atender el punto de acuerdo exclusivamente respecto a las facultades de la CFC, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
El punto de acuerdo solicita a la CFC implantar las medidas necesarias a fin de evitar y detener el deterioro de los salarios mínimos, así como informar respecto a las medidas que se estén implantando y a los resultados obtenidos. En términos del artículo 24 de la LFCE, la comisión no tiene facultades para determinar salarios mínimos. No obstante, el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos podría mejorarse mediante la oferta de productos y servicios de menores precios, lo que se logra a través de la promoción de la competencia y libre concurrencia.
Cuando hay competencia en los mercados, se generan incentivos en las empresas para tomar decisiones de negocios y asignación de recursos hacia las actividades donde les generen mayor valor en función de su demanda objetivo. De esa forma, en un ambiente de competencia las empresas responden a las necesidades de sus clientes mediante menores precios, mejor calidad y una gama más amplia de productos y servicios, ya que de lo contrario perderían clientes y, por tanto, ventas y utilidades.
La competencia y libre concurrencia en los mercados generan menores precios y, por tanto, mayor poder adquisitivo para los consumidores. Esto se traduce en que el ingreso real de la población sea mayor y la distribución del ingreso sea menos desigual, lo que reduce la pobreza.
De conformidad con un estudio de Carlos Urzúa Macías, 1 basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a 14 productos y servicios cuyos mercados presentan problemas de competencia, y en estos mercados los consumidores gastan alrededor de 40 por ciento más que si hubiera competencia. Esta situación se agrava más para la población del decil más pobre, el cual gasta alrededor de 40 por ciento de su ingreso en estos mercados. Estos productos incluyen tortilla, carnes procesadas, pan en caja, pollo, huevo, leche, refrescos, jugos y agua.
En varias ocasiones, la comisión ha detectado problemas y señalado ineficiencias que presentan algunos de esos mercados. Estos problemas e ineficiencias son, entre otros, consecuencia de regulaciones anticompetitivas que provocan distorsiones en los mercados generando mayores precios en estos productos. Por ejemplo, en el mercado de masa y tortillas de maíz se han detectado barreras regulatorias que inhiben la competencia y libre concurrencia y provocan precios artificialmente altos.
Por ello, la CFC ha llevado a cabo diversas actuaciones en este mercado, las cuales han incluido procedimientos de investigación por prácticas monopólicas –que cuando resultó procedente se sancionaron–, así como la emisión de opiniones dirigidas tanto a autoridades federales como locales. 2 Hay dos procedimientos en curso en este mercado. 3
Recientemente se emitió opinión sobre diversas iniciativas que pretendían crear una ley de mercados públicos en el Distrito Federal, la cual contenía diversas disposiciones que resultaban contrarias a la competencia y que, de aprobarse, podrían perjudicar a los consumidores que adquieren en los mercados públicos del DF los productos que menciona el estudio citado. 4
Además, la CFC tiene en curso diversos procedimientos en los mercados de pollo, 5 , guayabas 6 y refrescos. 7 En los últimos años, la CFC ha sancionado a varios agentes económicos por realizar prácticas monopólicas en los mercados indicados en el estudio. 8
Por otra parte, esta autoridad considera que una medida de política pública que ha probado ser efectiva para evitar el deterioro del ingreso de la población en el mediano y largo plazo, es la promoción de mayor competencia y libre concurrencia. Esta medida crea las bases y condiciones para que los mercados funcionen de manera eficiente, lo cual no sólo evita el deterioro del ingreso, sino genera más opciones y mejor calidad de bienes y servicios, que benefician a la población, en especial a la que tiene menores recursos.
Para lograr mayor competencia se requieren dos acciones específicas: mejorar el marco regulatorio y fortalecer la política de competencia. Las mejoras del marco regulatorio se logran mediante reformas que promueven la incorporación de medidas pro competitivas y eliminación de barreras a la entrada en la regulación.
Por ello, conforme a las facultades que le confiere la LFCE, la CFC ha participado activamente en el impulso de medidas que contribuyan a disminuir los precios al consumidor, evitar el deterioro de los salarios mínimos y generar mayor crecimiento económico, mediante la emisión de opiniones. 9 Estas opiniones contienen una serie de propuestas de acciones concretas de política pública y de mejora al marco regulatorio en sectores de impacto horizontal como telecomunicaciones, servicios financieros, energía y transporte (sectores regulados), los cuales presentan ineficiencias que se trasladan al resto de las actividades económicas del país.
Por ejemplo, en materia de energía la comisión ha emitido diversas opiniones sobre regulaciones tanto federales como locales, que imponen distancias mínimas entre estaciones de servicio (gasolineras y gaseras) y, por tanto, afectan la competencia. También ha opinado sobre varios anteproyectos, como el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, las reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional, así como normatividad emitida por la Comisión Reguladora de Energía.
En relación con los servicios financieros, la CFC ha opinado sobre diversos anteproyectos e iniciativas de reforma (Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los servidos Financieros, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y normatividad relativa al Sistema de Ahorro para el Retiro), a fin de eliminar medidas anticompetitivas. Además, en 2007 se emitió una opinión a fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en los servicios bancarios al menudeo.
Respecto al sector transporte se han emitido opiniones sobre asignación de horarios de despegue y aterrizaje (slots) del AICM –con motivo de la salida indefinida de Mexicana–, reformas de la Ley de Aeropuertos y con objeto de presentar “lineamientos en materia de competencia económica en licitaciones carreteras”. Asimismo, ha realizado opiniones sobre anteproyectos de bases de regulación tarifaria, acuerdos, normas oficiales mexicanas y reglamentos (Reglamento de Mensajería y Paquetería, Reglamento General de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares). Además, en 2007 se emitió una opinión a fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios aeroportuarios.
En materia de telecomunicaciones, en fechas recientes, la CFC emitió opinión a fin de promover mayor competencia en los mercados de telecomunicaciones. 10 Las recomendaciones contenidas en esta opinión retoman diversas propuestas y opiniones hechas con anterioridad por la comisión y consisten en i) resolver desacuerdos en materia de interconexión; así como aplicar, a la brevedad, regulación asimétrica a los agentes económicos declarados dominantes por la CFC, a fin de garantizar el acceso a la interconexión en términos competitivos; ii) implantada la interconexión en esos términos, permitir a Telmex ofrecer servicios de audio y televisión restringidos; y iii) licitar con la mayor brevedad una tercera cadena de televisión abierta. Asimismo, se recomendó al Congreso de la Unión llevar a cabo reformas del marco legal de las telecomunicaciones, que fortalezcan las facultades del regulador sectorial, a fin de asegurar condiciones competitivas en materia de interconexión en el largo plazo. En su caso, la implantación de estas recomendaciones mejorará la eficiencia de los mercados de telecomunicaciones, en benefició a los consumidores mexicanos, quienes podrán acceder a mayores servicios, con menores precios y de mejor calidad.
La competencia y libre concurrencia en los sectores regulados resultan de gran importancia para la economía nacional, en virtud de que el 22.4 por ciento del gasto de los hogares mexicanos se destina al pago de servicios de energía, transporte telecomunicaciones y financieros. 11 Por ello, en la medida en que prevalezcan ineficiencias en estos mercados se reducirá el ingreso familiar de la población mexicana, en especial la de menores recursos. En este sentido, la CFC manifiesta su total disposición de colaborar con el Congreso de la Unión para trabajar en conjunto en iniciativas que incluyan las recomendaciones planteadas en las opiniones, a fin de generar un marco regulatorio más eficiente, en beneficio de los consumidores del país.
Por otra parte, en materia de política de competencia, en abril de 2010, el Presidente de la República presentó una iniciativa de ley para reformar la LFCE a fin de fortalecer la política de competencia y reforzar las facultades de la CFC. Esta iniciativa tiene tres objetivos principales.
El primer objetivo es el fortalecimiento de la política de competencia, el cual incluye los siguientes temas: i) la mejora al esquema de sanciones económicas y penales, las cuales contribuirían a disuadir efectivamente la comisión de prácticas monopólicas; ii) la agilización de visitas de verificación, con el fin de obtener información relevante de forma expedita para la investigación de prácticas monopólicas; y iii) facultar a la CFC para ordenar medidas cautelares, con el objeto de prevenir que las conductas anticompetitivas dañen gravemente el proceso de competencia y libre concurrencia.
El segundo objetivo es la facilitación del cumplimiento de la legislación de competencia, el cual abarca los siguientes temas: i) la terminación anticipada de los procedimientos, la cual pretende dar opciones a los agentes económicos investigados para acelerar la solución del problema, minimizar el uso de recursos públicos y evitar litigios; ii) las audiencias orales, con el fin de darle oportunidad al probable responsable de esclarecer sus argumentos de manera oral antes de que se emita resolución; y iii) la simplificación de la notificación de concentraciones, con el objeto de disminuir la carga regulatoria de las concentraciones sin problemas de competencia.
El tercer objetivo es la corrección de lagunas en la legislación actual y en el funcionamiento institucional, el cual considera los siguientes temas: i) la posibilidad de determinar poder sustancial conjunto, en caso de que más de una empresa impida el acceso a nuevos competidores; ii) facultar a la CFC para requerir información para estudios de mercado y opiniones, con objeto de brindarle una base más sólida en la elaboración de éstos; iii) facultar a la CFC para emitir lineamientos en materia de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de concesiones, adquisiciones y obra pública, con el fin de incorporar criterios pro competitivos en estos procesos y garantizarle las mejores condiciones al Estado; iv) brindan mayor certeza jurídica a los agentes económicos, a través de una operación institucional más transparente; y v) establecer tribunales especializados en materia de competencia, con el objeto de agilizar la resolución de controversias.
Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en sesión del 29 de abril de 2010 y modificada por el Senado del República en diciembre del mismo año. En su caso, la futura aprobación de la iniciativa permitiría reforzar las herramientas con que cuenta la CFC para combatir eficazmente las restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia, lo que beneficiaría al país en términos de menores incrementos y mayor oferta con mejor calidad y menores precios en productos y servicios.
Finalmente, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia, al tiempo de promover la inclusión de principios pro competitivos en el marco regulatorio del país que evite el incremento de los precios de bienes y servicios y, por tanto, el deterioro de los salarios mínimos de la población.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.
Notas
1 Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México, Urzúa Carlos M., agosto 2008.
2 Disponibles en http://www.cfc.gob.mxlindex.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-re soluciones-y-opiniones-de-Ia-cfc.html
3 En diciembre de 2010, la CFC inició una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precio en el mercado de la producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional y en julio de 2010, se inicio una investigación por denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la segmentación del mercado de la producción, distribución y comercialización de masa y tortillas de maíz en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
4 Disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocs/Mercados por ciento20ReguladosN3m1388785.pdf
5 En diciembre de 2009 se inició esta investigación de oficio por prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precios en el mercado de producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en el territorio nacional.
6 En enero de 2010 se inició esta investigación de oficio por diversas prácticas monopólicas relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guayabas de exportación.
7 En febrero de 2009 se inició esta investigación por denuncia en el mercado de bebidas carbonatadas, conocidas comúnmente como refrescos, por la probable comisión de prácticas monopólicas relativas consistentes en exclusividades y descuentos por lealtad.
8 En febrero de 2004 se ordenó la supresión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en segmentar mercados de frutas y verduras cometidas por varios agentes económicos en un municipio de Sinaloa. En 2002, se sancionó a un sindicato y sus agremiados por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado de distribución y comercialización de carne de porcino en el estado de Campeche, consistentes en segmentar mercados y rehusarse a vender o proporcionar bienes normalmente ofrecidos a terceros. También se han emitido recomendaciones a diversas entidades federativas, a fin de que eliminaran barreras al comercio interestatal que impedían la competencia y libre concurrencia en productos alimentarios como carne, huevo, tomate fresco, entre otros.
9 http://www.cfc.gob.mxlindex.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-re soluciones-y-opiniones-de-Ia-cfc.html
10 http://resoluciones.cfc.gob.mxlDOCS/MercadosO/020ReguladosN317/1422580. pdf
11 Se consideró la estructura porcentual de 2008 de los siguientes conceptos: i) electricidad, gas u otros combustibles; ii) servicios de transporte; iii) comunicaciones; y iv) servicios financieros contenidos en el cuadro 27 [Consumo de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro, gasto total en el mercado interior, clasificado por finalidad] del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios 2003-2008. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Atentamente
Eduardo Pérez Motta (rúbrica)
Presidente
De la Secretaría de Gobernación, con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente
México, DF, a 14 de marzo de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-509 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 353.A-1-0154 suscrito por el licenciado Rosendo González Cázares, director general adjunto de Análisis Jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el anexo que el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los recursos para la prevención y control del virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer cervicouterino.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de marzo de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente.
Hago referencia a su similar número SEL/UEL/311/3016/10 de fecha 24 de septiembre de 2010, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2010 por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino.
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjunto se servirá encontrar la respuesta que emitió la Dirección General de Programación y Presupuesto A de esta Subsecretaría de Egresos, respecto del mencionado punto de acuerdo.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Rosendo González Cázares (rúbrica)
Director general adjunto de análisis jurídico
México, DF, 18 de febrero de 2011.
Dirección General Jurídica de Egresos
Presente
Me refiero a la nota ejecutiva número 038 de fecha 9 de febrero, mediante la cual se remite copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, aprobado por el citado órgano legislativo el 23 de septiembre de 2010.
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, específicamente en el anexo 10, se encuentran contemplados los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, que para e! Ramo 12 Salud ascienden a 3,569,7 millones de pesos, de los cuales 1,336.0 millones de pesos corresponden a ampliaciones autorizadas por la Cámara de Diputados y que dentro de las acciones para los que estas últimas están destinadas se encuentran, entre otras, las siguientes
• Investigación epidemiológica sobre cáncer a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública
• Adquisición y mantenimiento de equipos de mastografía y tomografía; ampliación de los espacios para la capacidad de atención de los servicios médicos en cáncer de mujeres, prevención y atención del cáncer de ovario a cargo del Instituto Nacional de Cancerología; y
• Programa de prevención y atención de cáncer mamario y cáncer cervicouterino, y creación de un servicio de radioterapia a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Atentamente
Nicolás Kubli (rúbrica)
Director general
México, DF, a 14 de marzo de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-930, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/301/2011 suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, 10 de marzo de 2011.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal, expida y publique con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Al respecto, me permito acompañar oficio 0798 suscrito por el maestro Edgar Manuel González Contreras, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien adjunta los comentarios del secretariado técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
Director general adjunto
México, DF, marzo 2011.
Doctor José Luis Treviño Rodríguez
Director General Adjunto de
Vinculación Social
Presente
En atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/0030/2011 mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la ley General de las
Personas con Discapacidad.
Al respecto, me permito adjuntar el oficio número ST/CND/00171/2011 del secretariado técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, mediante el cual proporciona la opinión técnica al punto de acuerdo de referencia.
Atentamente,
Edgar Manuel González (rúbrica)
Coordinador de asesores
México, DF, a 22 de febrero de 2011.
Edgar Manuel Gonzales Contreras
Coordinador de Asesores
Subsecretaría de Prevención y Promoción
De la Salud
Presente
En atención a su oficio número 345/2011 de fecha 1 de febrero del 2011 y mediante el cual se solicita un informe respecto del estado que guardan las gestiones relativas a la expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente.
En abril de 2010 la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), le otorgó a esta secretaría la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) esperando lo propio de las demás secretarías que han participado en el proceso de elaboración de dicho reglamento.
Actualmente se tiene el visto bueno de todas las dependencias de la administración pública federal que se encuentran involucradas en la formulación del contenido temático del reglamento en comento como así lo señaló la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta Secretaría de Salud el l0 de agosto de 2010.
Lo anterior permite contar ya con un documento terminado en su contenido y disposiciones generales.
Asimismo, contarnos con la manifestación de impacto presupuestal que nos remitieron las dependencias competentes en materia de este reglamento, quedando pendiente el correspondiente a esta secretaría.
En ese sentido, se ha avanzado en la generación de propuestas que se trabajaron con la Unidad, Coordinadora de Vinculación y Participación Social (UCVPS) de esta secretaría, pero que aún no han cumplido con los elementos que se requieren por parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esta secretaría (DGPOP).
Paralelo a lo anterior, se trabajó conjuntamente con las áreas de esta secretaría, particularmente con la CGAJDH y con la UCVPS, en la expedición de contenidos diversos que propiciaran reformas a la Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD). Esto sin que obtuviera respuesta firme de parte de los legisladores competentes en la materia.
A partir del último trimestre del 2010, se nos hizo saber por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, que se pretendía dictaminar una propuesta de reforma a dicha LGPD y que para ello, esperarían nuestros comentarios. Así entonces, procedimos a generar comentarios al documento en cuestión.
Próximos al cierre del período de sesiones del Congreso de la Unión correspondiente al primer año de gestión, se nos hace saber que se pretendía finalmente no dictaminar reformas a la LGPD, sino abrogar la misma y expedir una nueva, que se denominaría Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.
Es de destacar que la propuesta ya fue dictaminada por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2010.
México, DF, a 14 de marzo de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0977, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número PRES-10-096-2011-038, suscrito por Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las condiciones de competencia de los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
El Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
México DF, a 7 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión
LXI Legislatura
Presente
Hago referencia al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0980, por el cual se hace del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia (CFC o Comisión) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 de enero de 2011, por el que se exhorta a la CFC en los siguientes términos:
“(...)
Segundo. La Comisión Permanente, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio de 2011 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.
Tercero. La Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implanten de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
(. . .)” [Énfasis añadido]
Esta autoridad emite el presente a fin de atender el punto de acuerdo exclusivamente por lo que respecta a las facultades de la comisión federal de competencia (CFC), en términos de lo establecido por la ley competencia económica (LFCE).
En primer término, el punto de acuerdo solicita a la CFC emitir opinión sobre las condiciones de competencia efectiva en los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final. Al respecto, le informo que de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 7 de la LFCE, relativo a la imposición de precios en productos necesarios para la economía nacional o el consumo popular, resulta necesario que la CFC emita una resolución sobre la ausencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados donde se pretende imponer la regulación de precios. Sin embargo, en términos del artículo 33 Bis de la LFCE, la Comisión sólo podrá emitir dicha resolución a petición del Ejecutivo federal. Para esto, la autoridad solicitante deberá motivar la necesidad de emitir la resolución y presentar información que permita determinar el mercado relevante y poder sustancial, conforme a los criterios que establece la LFCE.
En este sentido, esta autoridad no tiene facultades para iniciar de oficio el procedimiento señalado en el artículo 7 LFCE, pues por mandato de ley el Ejecutivo federal debe solicitar el inicio del procedimiento ante la Comisión.
En segundo término, el punto de acuerdo requiere que la CFC indique una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, causantes del aumento injustificado de precios al inicio del año. Al respecto, le informo que la Comisión en varias ocasiones ha detectado problemas y señalado ineficiencias que presentan diversos mercados de productos básicos para la alimentación de la población mexicana. Estos problemas e ineficiencias son consecuencia de regulaciones anticompetitivas que provocan distorsiones en los mercados generando mayores precios en estos productos. Un ejemplo claro es el mercado de masa y tortillas de maíz, en el cual se han detectado barreras regulatorias —sobre todo a nivel municipal— que inhiben la competencia y libre concurrencia y, por tanto, provocan precios artificialmente altos de este alimento.
Por ello, en 2010 el pleno de la Comisión emitió opinión que propone lineamientos para prevenir restricciones regulatorias al funcionamiento eficiente de los mercados de producción, comercialización y distribución de masa y tortillas de maíz, a fin de que las autoridades estatales y municipales identificaran disposiciones en sus reglamentos municipales -relativos al mercado de tortillas- que generan barreras regulatorias y provocan ineficiencias en estos mercados. Los lineamientos incluyeron cuatro recomendaciones que surgieron las restricciones más comunes identificadas por la CFC, consistentes en: 1. Eliminar distancias mínimas y otras restricciones al número de participantes; 2. Eliminar disposiciones que permiten a comercios establecidos opinar sobre entrada de nuevos participantes y precios en el mercado; 3. Atender solicitudes de acceso al mercado con base en criterios transparentes y públicos que favorezcan la entrada; y 4. Eliminar requisitos de cuotas mínimas de insumos locales. La aplicación de estos lineamientos por parte de las autoridades contribuiría a eliminar barreras artificial a la entrada de nuevas tortillerías y haría más difíciles los acuerdos ilegales de precios lo que favorecerla precios más competitivos que beneficien a los consumidores especialmente a los más pobres.
Esta opinión forma parte de varias actuaciones de la CFC relativas al mercado de masa y tortillas de maíz, las cuales han incluido procedimientos de investigación por prácticas monopólicas —que cuando resultó procedente se sancionaron—, así como la emisión de opiniones no vinculantes por parte del presidente de la Comisión. 1
De igual forma, actualmente existen dos procedimientos en curso en el mercado de masa y tortillas de maíz. En diciembre de 2010, la CFC inicio una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precio en el mercado de la producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional. También, en julio de 2010, se inicio una investigación por denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la segmentación del mercado de la producción, distribución y comercialización de masa y tortillas de maíz en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Asimismo, en fechas recientes se han emitido opiniones sobre regulaciones tanto federales como locales que generan distorsiones en otros mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en diciembre de 2010 se emitió opinión sobre diversas iniciativas que pretendían crear una Ley de Mercados Públicos en el Distrito Federal, la cual contenía diversas disposiciones que resultaban contrarias a la competencia y que de aprobarse, podrían perjudicar a los consumidores que compran productos de la canasta básica en los mercados públicos del DF, en especial a los de menores ingresos. 2
Además, la CFC tiene en curso diversos procedimientos en mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en diciembre de 2009 se inicio una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precios en el mercado de producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en el territorio nacional. De igual forma, existe procedimiento de investigación de oficio por la posible comisión de diversas prácticas monopólicas relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guayabas de exportación, iniciado en enero de 2010.
En el mismo sentido, en los últimos años la CFC ha sancionado a varios agentes económicos por prácticas monopólicas en mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en febrero de 2004 se concluyó un procedimiento por prácticas monopólicas absolutas consistentes en segmentar mercados de frutas y verduras, cometidas por varios agentes económicos en un municipio del estado de Sinaloa, en el cual se ordenó la supresión de las prácticas. También en 2002, se sancionó a un sindicato y sus agremiados por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado de distribución y comercialización de carne de porcino en el estado de Campeche, consistentes en segmentar mercados y rehusarse a vender o proporcionar bienes normalmente ofrecidos a terceros. Además, se han emitido recomendaciones a diversas entidades federativas, a fin de que eliminaran barreras al comercio interestatal que impedían la competencia y libre concurrencia en productos alimentarios como carne, huevo, tomate fresco, entre otros.
Por otra parte, esta autoridad considera que existen problemas estructurales en diversos sectores que tienen efectos negativos en la eficiencia de los mercados. Estos problemas existen principalmente en sectores de impacto horizontal como telecomunicaciones, servicios financieros, energía y transporte denominados sectores regulados, los cuales presentan ineficiencias que se trasladan al resto de las actividades económicas del país, como las relacionadas con productos básicos para la alimentación. Estas ineficiencias se deben esencialmente a deficiencias en el marco regulatorio de los sectores regulados que limitan injustificadamente la competencia.
Por ello, conforme a las facultades que le otorga la LFCE, la CFC mediante la emisión de opiniones ha participado activamente en el impulso .de medidas que contribuyan a disminuir los precios al consumidor y generar mayor crecimiento económico, a través de la propuesta de acciones concretas de política pública y de mejora al marco regulatorio. Algunas de estas propuestas, se han adoptado en la regulación sectorial e implantando en el diseño de políticas públicas, por lo que ya existen algunos resultados concretos en los sectores regulados.
Por último, el punto de acuerdo solicita a la CFC señalar un desglose de alternativas para resolver estructuralmente los conflictos referidos. Al respecto, esta autoridad considera que una medida de política pública que ha probado ser efectiva para contener el incremento de los precios en los bienes y servicios en el mediano y largo plazo, es la promoción de mayor competencia y libre concurrencia. Esta medida crea las bases y condiciones para que los mercados funcionen de manera eficiente, lo cual no sólo evita el incremento en los precios, sino genera más opciones y mejor calidad de bienes y servicios, que benefician a la población, en especial a la que tiene menores recursos.
En este sentido, para lograr mayor competencia se requieren dos acciones específicas: mejorar el marco regulatorio y fortalecer la política de competencia. Las mejoras al marco regulatorio se logran mediante reformas que promueven la incorporación de medidas pro competitivas y eliminación de barreras a la entrada en la regulación. Por ello, la CFC manifiesta su disposición de colaborar con el honorable Congreso de la Unión para trabajar conjuntamente en iniciativas que tengan por objeto generar un marco regulatorio más eficiente.
En materia de política de competencia, en abril de 2010, el presidente de la República presentó una iniciativa de ley para reformar la LFCE a fin de fortalecer la política de competencia y reforzar las facultades de la CFC. Esta iniciativa tiene tres objetivos principales.
El primer objetivo es el fortalecimiento de la política de competencia, el cual incluye los siguientes temas: i) la mejora al esquema de sanciones económicas y penales, las cuales contribuirían a disuadir efectivamente la comisión de prácticas monopólicas; ii) la agilización de visitas de verificación, con el fin de obtener información relevante de forma expedita para la investigación de prácticas monopólicas; y iii) facultar a la CFC para ordenar medidas cautelares, con objeto de prevenir que las conductas anticompetitivas dañen gravemente el proceso de competencia y libre concurrencia.
El segundo objetivo es la facilitación del cumplimiento de la legislación de competencia, el cual abarca los siguientes temas: i) la terminación anticipada de los procedimientos, la cual pretende dar opciones a los agentes económicos investigados para acelerar la solución del problema, minimizar el uso de recursos públicos y evitar litigios; ii) las audiencias orales, a fin de darle oportunidad al probable responsable de esclarecer sus argumentos de manera oral antes de que se emita resolución; y iii) la simplificación de la notificación de concentraciones, con objeto de disminuir la carga regulatoria de las concentraciones sin problemas de competencia.
El tercer objetivo es la corrección de lagunas en la legislación actual y en el funcionamiento institucional, el cual contempla los siguientes temas: i) la posibilidad de determinar poder sustancial conjunto, en caso de que más de una empresa impida el acceso a nuevos competidores; ii) facultar a la CFC para requerir información para estudios de mercado y opiniones, con objeto de brindarle una base más sólida en la elaboración de éstos; iii) facultar a la CFC para emitir lineamientos en materia de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de concesiones, adquisiciones y obra pública, a fin de incorporar criterios pro competitivos en estos procesos y garantizarle las mejores condiciones al Estado; iv) brindar mayor certeza jurídica a los agentes económicos, a través de una operación institucional más transparente; y v) establecer tribunales especializados en materia de competencia, con el objeto de agilizar la resolución de controversias.
Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en sesión del 29 de abril de 2010 y modificada por el Senado del República en diciembre del mismo año. En su caso, la futura aprobación de la iniciativa permitiría reforzar las herramientas con que cuenta la CFC para combatir eficazmente las restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia, lo que beneficiaría al país en términos de menores incrementos y mayor oferta con mejor calidad y menores precios en productos y servicios.
Por otra parte, esta autoridad considera que debería analizarse el régimen de comercio exterior (por ejemplo, las cuotas compensatorias) que se aplica a los productos básicos para la alimentación de la población mexicana, a fin de evitar que éstas puedan implicar riesgos a la competencia y libre concurrencia en estos mercados.
Finalmente, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia, al tiempo de promover la inclusión de principios pro-competitivos en el marco regulatorio del país que evite el incremento de los precios en bienes y servicios y beneficie a la población.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.
Notas
1Disponibles en http://www.cfc.gob.mx/index.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-re soluciones-y-opiniones-de-la-cfc.html
2Disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocs/Mercados%20ReguladosN3/7/1388785.pd f
Atentamente
Eduardo Pérez Motta (rúbrica)
Presidente de la Comisión Federal de Competencia
(El secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, Ali B. Haddou Ruiz, con fundamento en los artículos 29 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 23, fracción XI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, certifica que la presente es copia fiel de su original y consta de seis fojas útiles.- Doy fe. Rúbrica.)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a febrero de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2010
México, DF, a 15 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de 2011, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero 2010.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica)
Secretario
