Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3211-VI, martes 1 de marzo de 2011
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California.
La carta abierta publicada el pasado 15 del presente mes y año en diario de circulación nacional dirigida por el presidente municipal de Ensenada, contador público Enrique Pelayo Torres, al honorable Congreso de la Unión, merece una puntual respuesta que, mediante la presente proposición, ponemos a consideración de las diputadas y los diputados de esta Cámara.
El pasado 26 de enero del año en curso, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobaron los resolutivos correspondientes al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
El resolutivo quinto de la Comisión Permanente que fue aprobado, expresa textualmente lo siguiente:
Quinto: Remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.
En cumplimiento a esa disposición del órgano legislativo federal, la autoridad municipal de Ensenada, Baja California, procedió a realizar el análisis solicitado por nuestros compañeros legisladores, encontrando diversas irregularidades y violaciones a diversas disposiciones legales, tanto por parte de la autoridad municipal que en su momento otorgó el permiso de uso del suelo, como de la empresa, por lo que, en pleno ejercicio de la autonomía municipal prevista en la Constitución y con base en las atribuciones que le otorgan las leyes del estado, procedió a la clausura temporal de la citada planta regasificadora.
Dicha clausura fue consumada técnica y jurídicamente, la tarde del día 11 de febrero del presente año, por parte de las autoridades del ayuntamiento de Ensenada, atendiendo un mandato del pleno del Congreso de la Unión y un conjunto de irregularidades y violaciones a las leyes nacionales y estatales.
Esta acción del municipio causó una respuesta inmediata de los gobiernos federal y estatal, expresada en la presencia de fuerzas militares y estatales para obligar a la reapertura de la planta. Es grave e irresponsable que el propio Secretario de Gobernación Francisco Blake le haya llamado al secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Ensenada para pretender darle instrucción, sin estar facultado para ello. ¿Cómo se puede pedir respeto al Estado de derecho cuando la misma autoridad recurre a prácticas ilegales y autoritarias que pensábamos que estaban superadas?
En una actitud contraria a cualquier forma de respeto interinstitucional, el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona Benavides, dirigió la operación en contra del acto de clausura total temporal, realizado por el vigésimo ayuntamiento de Ensenada, mediantes las atribuciones que el marco jurídico, nacional y estatal, le brindan a la representación municipal.
La prudencia de las autoridades municipales, particularmente del alcalde y del secretario de Seguridad Pública Municipal, general DEM Florencio Raúl Cuevas Salgado –quien se retiró conjuntamente con sus elementos de las instalaciones de la empresa– impidió un enfrentamiento armado que bien pudo llenar de luto al país, considerando que en la regasificadora se encuentran dos tanques cada uno con capacidad de almacenamiento de 189 millones de litros y una explosión o incendio, que pudieran ocurrir con el fuego cruzado, hubiera sido de magnitudes inconcebibles.
Es notoria, compañeras y compañeros diputados, la irresponsabilidad con la cual se manejó este asunto, que pudo costar, en caso de haber intercambio de fuego en aras de la defensa de una empresa extranjera que viola las leyes mexicanas, la vida de la totalidad de los contendientes de las fuerzas militares y de seguridad pública estatales y municipales presentes, la de quienes en ese momento circularan por la carretera y de los habitantes de los poblados cercanos a la planta.
Si esto hubiera sucedido, ¿quiénes serían los culpables? Seguramente, a pesar de haber sido la causante la empresa simple y olímpicamente se lavaría las manos.
Lo que sucedió en Ensenada, es grave compañeras y compañeros. Y es grave no sólo por lo que acabo de mencionar. El que se haya utilizado al ejército como punta de lanza para defender los intereses de la trasnacional, demuestra la falta de oficio político y los intereses de quienes gobiernan no sólo el estado, sino de quienes, desde el centro del país, autorizaron su intervención.
Con este sólo hecho –independientemente de todo lo expresado y sustentado en contra de la empresa en el Congreso Local de Baja California, en esta Cámara y en el Senado de la República–, queda demostrado lo pernicioso que es para el país que Sempra Energy opere la planta multicitada o cualquier otra en territorio nacional.
Es grave también porque el municipio no actuó por cuenta propia, sino en cumplimiento de un exhorto emanado del Poder Legislativo federal que representamos. La amenaza con la intervención del ejército, en contra de la policía municipal de Ensenada, es así, un atentado a lo dispuesto por esta soberanía y quebranta, de hecho, el marco legal que nos rige.
Queremos pensar que los militares desconocían esto, que la acción municipal era en cumplimiento de un acuerdo del Congreso para que se llevara a cabo la investigación en relación con los permisos otorgados por anteriores administraciones municipales para la instalación de la empresa. Queremos pensar que se les dijo que el municipio era el que estaba incumpliendo con la ley.
Hoy que sale la verdad a la luz, y que el ayuntamiento ensenadense ejerció en forma valiente y decidida las facultades que le permiten actuar para que se cumpla la ley y en defensa del patrimonio colectivo de la ciudadanía, no es comprensible la presencia militar ni de fuerzas públicas estatales en la planta regasificadora.
Coincidimos con el presidente municipal cuando expresa que los hechos sucedidos no sólo coartan la libre determinación municipal, sino que constituyen un atentado a la Constitución, al régimen republicano y al municipio libre. Es pertinente identificar a los responsables de lo ocurrido y fincarles las responsabilidades que correspondan.
Con todo el respeto que merece el ejército mexicano, le decimos que meterse en éste problema no le corresponde. Es una situación de carácter legal, justificada en contra de una empresa que está violando la Constitución y las leyes nacionales, que el propio ejército está obligado a defender.
En la carta que mencionamos al principio, el presidente municipal de Ensenada solicita nuestro apoyo en esta que menciona desigual batalla por la legalidad, en la cual está de nuestro lado. Desde esta tribuna les contestamos: No están solos ni el ayuntamiento ni el pueblo de Ensenada. Cuentan y contarán con nuestro apoyo, señor presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.
Es loable su decidida acción para clausurar una empresa que está corrompiendo a las instituciones, destruyendo el medio ambiente de la región y violentando la legalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, quien suscribe, me permito proponer con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, el resolutivo quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
2. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma, se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
3. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal, y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy en el municipio de Ensenada, Baja California; e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuanto tiempo y por quienes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto; e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas.
4. Se turne el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente, de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.
5. Se comunique el presente punto de acuerdo al gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.
6. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región; y cuya participación pudiera desembocar en perjuicio de un gran número de ensenadenses.
7. Se comunique el presente punto de acuerdo al congreso del estado de Baja California, para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.
Palacio de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a adoptar medidas para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, Grupo Parlamentario del PVEM
Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, fracción II, párrafo cuatro; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor literal de las siguientes
Consideraciones
Los servicios de telefonía móvil se han convertido desde hace varios años en un recurso indispensable para el quehacer cotidiano de millones de familias mexicanas, así como para realizar prácticamente cualquier actividad, productiva, educativa o de esparcimiento.
Al cierre de 2010, había en el país poco más de 90 millones de usuarios de telefonía móvil; de ellos, prácticamente 80 millones son usuarios de prepago. A diario, los mexicanos cursamos cerca de 545 millones de minutos en llamadas, ya sea para estar en contacto con nuestros seres queridos, para contactar clientes o proveedores, para hacer consultas de información, para realizar operaciones financieras, y desde luego, para reportar urgencias o incidentes que ponen en riesgo su seguridad.
Ello da sin duda una idea clara sobre la importancia que la telefonía móvil tiene en la vida diaria de todos nosotros. Sin embargo, no debemos soslayar también lo que este servicio representa como negocio para quienes nos ofrecen este servicio. Para empezar, el año 2010 les generó ingresos ligeramente superiores a los 200 mil millones de pesos, lo que significa, que en promedio los operadores de telefonía móvil en nuestro país obtuvieron alrededor de 552 millones de pesos diarios de nosotros los usuarios, mismos que se concentran prácticamente en los 2 proveedores más importantes en el país.
De los poco más de 90 millones de usuarios, cerca de 25 millones se hallan en el área metropolitana del Distrito Federal, donde recientemente se han resentido reiterados problemas de calidad en el servicio de los concesionarios de este servicio.
Son precisamente los usuarios el motivo de estos puntos de acuerdo. ¿Cuántos de los miembros de esta soberanía, en los últimos dos meses no hemos tenido problemas con nuestras comunicaciones a través del teléfono móvil o celular? No somos los únicos: allá fuera, en las calles de esta ciudad o en muchas otras del país, hay gran número de compatriotas que intenta e intenta una y otra vez comunicarse a su trabajo o con su familia y no tiene éxito, ya sea que pretenda usar los servicios de voz o incluso los de datos.
Versiones sobre esta situación hemos escuchado o leído muchas, pero el hecho se encuentra en que el ciudadano no sabe a qué autoridad recurrir para quejarse, o bien, la autoridad reguladora no es clara al informar qué acciones ha implantado ante un hecho que representa una problemática social, en virtud del alcance, uso y crecimiento que tiene hoy en día un celular o aparato móvil, según quieran denominarlo.
Se trata de dejar en claro, primero, cuál es el marco legal de referencia el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, con arreglo a lo dispuesto en las leyes, tiene la facultad, en casos de interés general, de concesionar la prestación de servicios públicos, fijando las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios.
La Ley Federal de Telecomunicaciones dispone en el artículo 1 que es de orden público, y en el artículo 7 que tiene, entre otros objetivos, regular el uso, aprovechamiento y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones; promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional, y fomentar una sana competencia entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad, en beneficio de los usuarios.
Dentro de sus redes, los concesionarios del servicio local móvil cuentan con sistemas de registro por medio de los cuales pueden obtener, de manera eficiente, ágil, confiable y oportuna, información diversa acerca del desempeño y calidad en la prestación de los servicios concesionados.
Asimismo, considerando que si bien el Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2003 (en lo sucesivo, plan de calidad) fija los parámetros técnicos que deberán cumplir los sistemas de telecomunicaciones de las redes móviles, éste no hace mención de parámetros que reflejen la percepción real de los servicios recibidos por parte de los usuarios.
Ello ha derivado en que durante años, los usuarios de servicios de telefonía móvil en nuestro país no conozcan con detalle mediciones objetivas sobre el desempeño de los diferentes operadores en materia de calidad de sus servicios. El asunto no es menor, pues se trata de información que de estar a disposición del público sería, sin lugar a dudas, uno de los factores centrales en la toma de decisiones de los usuarios sobre con qué operador contratar el servicio de telefonía móvil, o bien, a que red convendría moverse como usuario.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay información disponible que es frecuentemente utilizada por el órgano regulador de las telecomunicaciones en ese país, la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones). Tan es así, que en 2010 se tuvo conocimiento de que el operador AT&T Wireless tenía un desempeño deficiente, medido a través del indicador “porcentaje de llamadas caídas”, que a marzo de 2010 se situaba en 4.5 por ciento, mientras que para el caso de su más fuerte competidor, el operador conocido como Verizon, este indicador se hallaba en 1.5 por ciento.
Para un operador que opera en un mercado en competencia, cualquier información pública que permita que sus usuarios conozcan que tiene un desempeño en términos de calidad mucho peor que el de sus principales rivales, existen dos alternativas: 1. Bajar sus tarifas para compensar a los usuarios por el deficiente servicio; o 2. Invertir recursos importantes para cerrar la brecha de calidad que lo separa de los rivales.
En el caso de AT&T en Estados Unidos, este operador determinó hacer frente a los problemas de calidad destinando 2 mil millones de dólares para mejorar su red de telefonía móvil.
Esta referencia es desde luego importante para el caso de México, pues de acuerdo con la actuación reciente de las autoridades, pareciera que hay una determinación a medias para atender esta problemática. En este sentido, se pueden citar sendos comunicados emitidos el pasado 4 de febrero del presente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en los que se dio cuenta de una reunión celebrada por los titulares de la SCT, Cofetel y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “con los representantes de las cuatro empresas que prestan en el país el servicio de telefonía móvil Iusacell/Unefon, Nextel, Telcel y Telefónica México”.
En los comunicados se señala de manera expresa: “En dicha reunión, el secretario Dionisio Pe?rez-Ja?come Friscione conmino? a las empresas a superar las afectaciones de calidad procurando en todo momento salvaguardar los intereses de los usuarios”.
La redacción del comunicado deja ver con claridad que en esa reunión hubo un gran ausente: el consumidor. El tema preocupa porque en el país hay diversas agrupaciones que pueden ser consideradas para ser convocadas a este tipo de reuniones. La omisión en este tenor de la SCT, de la Cofetel y de la Profeco es inaceptable.
El asunto debe ser desde luego motivo de preocupación para la Cámara de Diputados, pues en nuestro mandato de representar los intereses del pueblo de México, resulta inaceptable que ante un problema de esta naturaleza, que afecta negativamente el bienestar de los consumidores, las autoridades se reúnan a solas con los representantes de los proveedores del servicio, sin incluir a los consumidores, y simplemente se limiten a emitir un comunicado que de cuenta en forma generalizada sobre lo abordado en ella, y peor aún, que nos enteremos por medio de dichos comunicados de que el titular de la SCT simplemente se haya limitado a conminar a los operadores a superar los problemas de calidad.
Los mexicanos debemos saber con total transparencia qué fue lo que se discutió en dicha reunión, si los titulares de la SCT y de la Cofetel solicitaron a los operadores información sobre planes de inversión en el corto plazo para superar los problemas de calidad, etcétera.
También es relevante hacer referencia al plan de calidad, apenas aprobado por el pleno de la Cofetel el pasado miércoles 23 de febrero, que si bien es cierto representa un avance importante en comparación con el plan anterior que no contemplaba la verificación periódica del desempeño de las redes de telecomunicaciones, así como tampoco la publicación periódica de los indicadores de calidad, aspectos que sí considera el nuevo plan.
Sin embargo, no establece mecanismos que permitan evaluar los eventuales daños causados por incumplimientos y fallas, ni contempla un tabulador de sanciones aplicables por interrupciones o deficiente calidad en el servicio imputables a los propios concesionarios.
No obstante, habrá que estar atentos a la eficacia de este nuevo instrumento que seguramente será combatido ante el Poder Judicial por más de un operador de servicios de telefonía móvil, como recientemente lo hizo uno de dichos operadores con relación a la recomendación hecha por la Cofetel a la SCT para que proceda a imponer sanciones por problemas de calidad en el servicio de telefonía móvil.
El artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es muy claro al señalar que la SCT vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.
En consistencia con lo que señala en las primeras consideraciones, 87 por ciento de los usuarios de telefonía móvil se halla en el segmento de prepago y las tarifas por las llamadas que realizan son descontadas del saldo de sus cuentas en el preciso instante en que la comunicación es concretada.
El restante 13 por ciento son clientes de pospago cuyas llamadas son descontadas automáticamente de una bolsa de predeterminada de minutos por las que los concesionarios de telefonía celular reciben una tarifa base mensual y cuando el volumen de esta bolsa es agotado, la red estable tarifa y carga una específica por cada minuto adicional consumido por los clientes.
Las fallas presentadas en los últimos meses en las redes móviles en la mayoría de los casos obligan a los usuarios a efectuar más de una llamada para poder entablar una comunicación aceptable. Sin embargo, los sistemas de medición de las redes catalogan cada una de estas llamadas interrumpidas como una llamada concretada, y como tal es descontada del saldo de los usuarios, aun cuando por causas imputables a las deficiencias en la red la llamada concretada tenga una duración mínima de uno o dos segundos.
Es pertinente también hacer mención del hecho de que cualquier usuario que llame de un teléfono fijo a un teléfono móvil “el que llama paga” necesariamente se ve afectado por la interrupción de llamas, ya que, al igual que sucede en los sistemas de tarifa de las redes móviles, la llamada es contabilizada como concretada en la red fija en el preciso momento en que es efectúa la conexión, independientemente de que por causas imputables a la red ésta sea interrumpida inmediatamente después.
Aun cuando la posible interferencia causada por sistemas de radiocomunicaciones, autorizados o no autorizados, tiene como consecuencia la interrupción de las comunicaciones inalámbricas los usuarios afectados deben de cubrir puntualmente sus adeudos a sus proveedores de servicios –o efectuar recargas de tiempo aire en el caso de los usuarios de prepago– si desean mantener la continuidad del servicio, sea éste deficiente o no.
Si bien la actualización y modernización de los sistemas de telecomunicaciones de las redes concesionadas es una práctica común que tiene como objetivo final el mejoramiento en la calidad y la diversidad de los servicios ofrecidos al público, los usuarios tienen el derecho a contar con parámetros y estándares mínimos de calidad en los servicios que reciben y pagan.
Los costos del orden cualitativo, cuantitativo o económico en que incurren los usuarios debido a interrupciones en el servicio no imputables a ellos mismos deben de ser resarcidos en forma proporcional a su magnitud y con la misma prontitud y rectitud con que los concesionarios cobran a los clientes por los servicios prestados.
Derivado de lo anterior, se someten a consideración de esta soberanía, con carácter de obvia o urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a determinar con firmeza y oportunidad los parámetros mínimos de calidad que deberán observar tanto las redes de servicios de telecomunicaciones como los servicios proveídos por los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones autorizados al efecto de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones, los reglamentos y las demás normas vigentes en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor, a tomar las acciones pertinentes para realizar una medición y cuantificación oportuna, precisa y en términos reales del daño económico causado a los usuarios de servicios de telecomunicaciones a raíz de las fallas que se han presentado de manera ostensible en los meses recientes en las redes de los proveedores servicios concesionados.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a proponer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en los resultados de las mediciones a que se refiere al párrafo anterior, sancionar a los concesionarios cuyas redes presenten un mal funcionamiento y causen afectaciones directas a la economía de los clientes por causas imputables a los propios concesionarios de telecomunicaciones.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender las solicitudes de sanción presentadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones descritas en el párrafo que antecede para que, con montos equivalentes al daño económico nominal causado a los usuarios por las interrupciones de servicios, aplique las sanciones económicas correspondientes a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo, independientemente de las sanciones que imponga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en virtud de los problemas de calidad de las redes móviles, y conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, los procedimientos administrativos necesarios y ordenar a los concesionarios del servicio móvil la bonificación monetaria que corresponda a los usuarios como consecuencia de la deficiente prestación del servicio que reciben de los concesionario señalados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar medidas y acciones que permitan frenar el deterioro ambiental de la laguna de Tecocumulco, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La laguna de Tecocomulco, considerada como el último humedal natural del antiguo ecosistema lacustre que predominó en toda la cuenca del Valle de México; es un lugar de anidación, reproducción y paso de aves migratorias provenientes del norte de México, Estados Unidos y Canadá. Dada su importancia ecológica y biológica, el 27 de noviembre del 2003, fue designada como sitio RAMSAR de importancia internacional, por la convención relativa a los humedales.
Es un vaso regulador de los escurrimientos de la cuenca, que evitó en 1999 inundaciones en otras regiones aguas abajo del Dren Tultengo hasta su confluencia con el río de Las Avenidas, además de que contribuye a la recarga de acuíferos de la región.
El cuerpo de agua, garantiza la humedad de 77 mil hectáreas de zonas boscosas y sustenta a más de 70 familias de la localidad, quienes se dedican a la comercialización de la carpa y otras especies que habitan en el agua.
Asimismo, el bosque atrae a cerca de 100 mil turistas al año, principalmente de la ciudad de México, que representa una importante derrama económica para los comerciantes del parque.
Tecocomulco es la laguna más importante de Hidalgo, pues permite la recarga de mantos acuíferos de ocho municipios y garantizar la humedad de 77 mil hectáreas de zonas boscosas del Altiplano.
Tiene una extensión de mil 579 hectáreas que conforman el espejo de agua. Sin embargo, el Consejo Estatal de Ecología reveló que la presencia del tule está ocasionando la disminución de reserva acuífera que la ha llevado a perder una profundidad de 60 centímetros.
De acuerdo a diversos estudios realizados en la cuenca, las subcuencas que presentan mayor deterioro ambiental son las de El Tezoyo, Alcantarillas y La Cañada-Tres Cabezas, en una superficie de 3,639 hectáreas y se estima que anualmente están en tránsito 1,054,724 toneladas de sedimentos hacia la laguna, debido a la erosión hídrica que se presenta por la deforestación de las partes altas, lo cual ha modificado la profundidad, superficie y los recursos bióticos de la laguna de Tecocomulco, en la que se concentran los escurrimientos.
De esta forma, resulta de suma importancia implementar medias y acciones eficaces y eficientes que permitan frenar el deterioro que día con día sufre la laguna, ya que las consecuencias de continuar así, serán irreversibles.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar medidas y acciones que permitan frenar el deterioro ambiental de la laguna de Tecocomulco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la normativa sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales, en particular en la 80, tramo Cocula-Barra de Navidad, Jalisco, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Carlos Luis Meillón Johnston a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que aplique la normatividad sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales del territorio nacional, y en forma particular en la carretera 80, en el tramo Cocula-Barra de Navidad ubicada en el estado de Jalisco, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El autotransporte federal de carga en México, ha constituido un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, ya que favorece al encadenamiento productivo nacional; el autotransporte sobresale entre los diferentes modos de transporte existentes, debido a que transporta alrededor de 80 por ciento de la carga que se mueve por la red carretera nacional.
La infraestructura carretera tiene una gran relevancia para el autotransporte nacional, debido a que a través de ellas se mueven grandes volúmenes de insumos, productos o mercancías, además de que favorecen la integración y la conectividad en las diferentes regiones de cada entidad federativa.
En este contexto, la carretera federal 80 es una importante vía de comunicación que vincula a la ciudad de Guadalajara con la costa sur del estado de Jalisco. Corre por los municipios de Acatlán de Júarez, Villa Corona, Cocula, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cihuatlán), Barra de Navidad (municipio de Cihuatlán).
En el tramo carretero Cocula-Barra de Navidad se encuentra ubicado en una zona muy accidentada geográficamente en el estado de Jalisco, es así que por su diseño y estructura, esta carretera es una vía peligrosa, debido a que posee curvas muy pronunciadas, las cuales carecen de peralte en su mayoría, haciéndola una vía sinuosa, además de que no cuenta con la suficiente señalización, poniendo en peligro a todo aquel conductor que circula por ésta.
Este tramo carretero tiene una longitud aproximada de 230 kilómetros, la circulación de los vehículos se realiza por un solo carril en ambos sentidos, dicha carretera es transitada por el autotransporte de carga de gran tonelaje, así como también hacen uso de ella configuraciones de doble remolque, lo que se convierte en un serio peligro para todo aquel automovilista que visita esta zona.
Esta carretera es muy aforada por los vacacionistas que visitan las playas de Jalisco, lo que la hace muy transitada en periodos de asueto, lo que ocasiona constantes accidentes, producto de la desesperación de los conductores debido a la lenta circulación del autotransporte de carga, o a la circulación de vehículos con exceso de dimensiones que invaden el carril contrario en las zonas de curvas poniendo en riesgo a los usuarios de esta vía.
Si bien se establece en el reglamento en el que los vehículos extralargos sólo podrán circular en carreteras tipo ET 1 . En caso de que requieran circular en carreteras o caminos de menor clasificación, no podrán hacerlo por más de 30 kilómetros. Por lo que estas configuraciones circulan cotidianamente por esta vía de comunicación violando la normatividad existente.
Cabe señalar que cada tipo de carretera está diseñada para diferentes volúmenes de tráfico, y por sus condiciones estructurales y geométricas, es obligación del transportista respetar las disposiciones establecidas en la ley, reglamento y normas oficiales en relación a los pesos y dimensiones, esto con la finalidad de evitar el deterioro de la infraestructura carretera.
Al circular configuraciones vehiculares con exceso de peso en este tipo de vías de comunicación, se generan ahuellamientos, grietas, erosión, vados, hundimientos, baches y diferentes deformaciones en la infraestructura carretera, poniendo en riesgo a los demás conductores que transiten por éstas. Es así que no hay programa de mantenimiento preventivo y correctivo que sea óptimo, porque más se tardan en reparar que nuevamente la carretera se encuentra dañada.
De acuerdo al marco jurídico existente dentro de las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se encuentra la vigilancia e inspección sobre la capacidad, peso bruto vehicular y dimensiones de los vehículos que circulen en los caminos y puentes de jurisdicción federal.
Por lo que es necesario que la dependencia reguladora del sector implemente operativos en la carretera 80 en el tramo Cocula-Barra de Navidad, para que el autotransporte que circula por esta vía se sujete a las disposiciones oficiales, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad, protección de la infraestructura carretera y el desarrollo de la actividad productiva del país.
Por último, todo vehículo detectado en un camino de jurisdicción federal con peso o dimensiones, o ambos, mayores a las autorizadas en el certificado respectivo o en la autorización especial que otorga la SCT, debe ser sancionado, se detenga la unidad y se obligue al conductor a reducir la carga o a transportarla en una unidad vehicular que cubra con la normatividad existente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de
Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que aplique la normatividad sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales del territorio nacional, y en forma particular en la carretera 80, en el tramo Cocula-Barra de Navidad ubicada en el estado de Jalisco.
Notas
1. ET: Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la Secretaría, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, así como de otros que por interés general autorice la Secretaría, y que su tránsito se confine a este tipo de caminos. Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. S.C.T.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo del 2011.
Diputado Carlos Luis Meillon Johnston (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que amplíe y emita una circular para aplicar a personas con discapacidad un descuento permanente en las tarifas de transporte público, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que dispone el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración de la onorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Uno de los segmentos importantes y de mayor significación entre la población mexicana, aunque no necesariamente por su peso cuantitativo, es el que corresponde a las personas con discapacidades.
De acuerdo con las cifras recientemente emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según las cuales la población actual del país es de 112,322,757 habitantes, el número de personas con discapacidad representa aproximadamente el 0.7 por ciento de la población total equivalente aproximadamente a 786,259 personas.
Por otra parte, de la misma manera que el resto de la población pero con mayor intensidad, los discapacitados padecen la endeble e incierta situación económica por la que atraviesa el país. Como el resto de la población, los discapacitados enfrentan la caída en el poder adquisitivo de sus magros ingresos, lo que se refleja por ejemplo en el recientemente anunciado e indignante “incremento” al salario mínimo de dos pesos con cincuenta centavos diarios, que queda nulificado en el momento mismo de su anuncio por el alza en los precios de bienes de consumo básico.
Todo lo anterior repercute en un empeoramiento del nivel de vida de todos los trabajadores mexicanos. Y en particular, afecta la capacidad de todos ellos para realizar traslados y viajes tanto al interior de su localidad o entre localidades, ciudades y aún de entidades federativas. Como una forma de paliar por parte del gobierno federal, dicha situación entre algunos segmentos de la población en el ámbito de la transportación las secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes han establecido mediante una circular, de fecha 29 de julio de 2010, descuentos del 25 por ciento y del 50 por ciento para maestros y estudiantes en el pago de las tarifas del transporte en los servicios ferroviarios de pasajeros y en el autotransporte federal de pasajeros durante los periodos vacacionales aprobados por SEP en el ciclo escolar 2010-2011.
Esta medida es parcial y limitada, pero va en sentido correcto como un intento de beneficiar a algunos pocos segmentos de la población especialmente afectados económicamente. Creemos que este mismo esquema puede y debe ser ampliado para incluir entre sus beneficiarios a las personas con discapacidades, como una medida mínima de justicia hacia ellas. En consecuencia, exhortamos al titular de la SCT a fin de que emita una circular equivalente que incluya y beneficie a las personas discapacitadas, pero de manera permanente no restringida a periodos vacacionales escolares. El número de estas personas es relativamente reducido por lo que no constituirían un peso excesivo para la finanzas de las distintas empresas ferroviarias y de autotransporte federal.
Compañeras y compañeros legisladores, solicito su voto a favor del presente punto de acuerdo, para beneficio de un importante segmento de nuestra población.
En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe y emita una circular equivalente a la publicada en Diario Oficial de le Federación el día 29 de julio de 2010 con el propósito de que se otorgue un descuento del 50 por ciento permanente en la tarifa de pasaje del transporte en los servicios ferroviarios de pasajeros y en el autotransporte federal de pasajeros para personas con discapacidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Olga Luz Espinosa Morales
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar por la SCT la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, por asentarse en el corredor Pachuca-Tizayuca, Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Paula Angélica Hernández Olmos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Tras el desplome de una avioneta en el estado de Hidalgo, la cual salió del aeródromo Guillermo Villasana en donde lamentablemente perdieron la vida dos personas y otra persona resulto con heridas de gravedad; así como el despiste de otra avioneta más, la cual se despistó al interior del aeródromo, se han expresado diversas inquietudes de parte de las autoridades estatales, municipales y sociedad civil del Estado de Hidalgo, en el sentido de que es necesario e inaplazable que se entregue la concesión para el Aeropuerto de la Zona Metropolitana de Tizayuca, Hidalgo.
La Ciudad de Pachuca ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas, orientado a la zona sur del Estado, esto por la fuerte presión demográfica que genera la Zona Metropolitana del Valle de México, dejando con este crecimiento al actual aeródromo Guillermo Villasana, dentro de la mancha urbana de la capital hidalguense.
El actual aeródromo Ingeniero Juan Guillermo Villasana de la ciudad de Pachuca de Soto, da servicio aéreo nacional de transporte no regular, servicio privado a empresas y demás servicios aéreos.
Por sus características físicas es el principal aeródromo del estado, está limitado a recibir sólo aeronaves pequeñas, no atiende operaciones comerciales y los hidalguenses se ven obligados a trasladarse a otra entidad federativa para utilizar el transporte aéreo y tampoco les resulta posible, mover sus mercancías por la vía aérea.
El actual aeródromo no tiene posibilidades de expansión, el número de pasajeros atendidos en los últimos tres años promedian los 6,695 pasajeros por año, y el número de operaciones las 3,983 anuales, por lo anterior, se debe garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios y no permitir accidentes que le cobren la vida a más ciudadanos.
El gobierno de Hidalgo adquirió 1,500 hectáreas para la construcción del aeropuerto y ha realizado todos los estudios de factibilidad requeridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con estudios de demanda, técnica, integración, medio ambiente, financieros y económicos, los cuales han establecido la viabilidad del proyecto; sin embargo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no ha otorgado la concesión para la creación de un aeropuerto que ofrezca certidumbre a las necesidades de los ciudadanos.
Los hidalguenses no pueden seguir esperando una respuesta de la SCT cuando día con día se presentan accidentes aéreos, cuántas desgracias más esperará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que considere necesario este aeropuerto.
El proyecto del Programa Maestro de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana cumple con todos los requisitos técnicos, basados en normas internacionales, de seguridad y concuerdan con los estándares de calidad, además de formar parte de un propósito de carácter social dentro de las políticas del estado de Hidalgo y su responsabilidad de propiciar el desarrollo económico de la región y centro del país.
Por todo lo referido, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue con la mayor brevedad la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, que se situaría en el corredor Pachuca-Tizayuca, en el estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo del 2011.
Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la política relacionada con la regulación ambiental en materia agrícola y a promover tecnologías distintas del uso de fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del ambiente y de este sector, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Carlos Luis Meillón Johnston, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a fortalecer la política pública relacionada a la regulación ambiental en materia agrícola y promueva tecnologías alternativas al uso del fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del medio ambiente y del sector azucarero, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Entre los principales retos de la agricultura actual se encuentra el producir alimentos de forma sustentable e incrementar la productividad, realizando prácticas agrícolas que eviten el deterioro ambiental y mitiguen los efectos del cambio climático que inciden en la producción agrícola, al afectar rendimientos, cambios en los ciclos y expansión de zonas de transmisión de enfermedades y plagas, entre otros.
Al igual que otras actividades productivas, las relacionadas al sector agropecuario contribuyen a la contaminación atmosférica, el 6.4 por ciento de las emisiones totales de gases efecto invernadero del país provienen de dicho sector, esto debido a prácticas no sustentables.
Las labores agropecuarias producen contaminantes tales como la emisión de bióxido de carbono, el cual constituye el gas efecto invernadero más importante en términos de calentamiento global. Entre las principales fuentes de bióxido de carbono del sector, se encuentran los incendios forestales, la deforestación y degradación del bosque, así como las quemas agrícolas.
En el caso de las quemas, éstas representan una fuente significativa de contaminación atmosférica, con efectos no sólo para el medio ambiente, sino para la salud humana, toda vez que estudios epidemiológicos y toxicológicos revelan una asociación entre el incremento de la contaminación atmosférica y la mortalidad prematura, incrementando las enfermedades cardiovasculares.*
Un ejemplo de fuente contaminante lo constituye la quema de los campos cultivados con caña de azúcar, que se efectúa a fin de eliminar residuos vegetales, malezas y alimañas que interfieren en la cosecha de tallos, aumentando la eficiencia de la labor, sin embargo, con esta actividad se provoca la pérdida de nitrógeno, de materia orgánica y disminuye la población de microorganismos del suelo.
Este tipo de contaminación es considerable si tomamos en cuenta que para 2009 operaron 54 ingenios y se registró una superficie industrializada de más de 663 mil hectáreas, distribuida principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, los cuales en conjunto representan más del 55 por ciento del total nacional.
Es impermisible que los ingenios azucareros de manera inconsciente contaminen a través de la quema de caña, afectando a la población en general que vive en las inmediaciones de los ingenios, provocándoles enfermedades respiratorias que no sólo afectan su salud, sino su bolsillo, pero también el de aquellas personas que tienen negocios y se daña su mercancía producto del hollín, o incluso otros cultivos que se ven cubiertos por las cenizas.
La cosecha de la caña de azúcar por un método o sistema que no incluya la quema pudiera significar objeciones por parte de los cortadores, debido a su incidencia en la capacidad de corte o dificultad para realizarla. No obstante, en países como Paraguay o Guatemala, empresas azucareras ya utilizan cosechadoras, que no sólo contribuyen al cuidado del medio ambiente y del entorno social, sino a incrementar la calidad de la caña, la eficiencia del cortado y la productividad.
En definitiva, el uso de tecnologías sustentables en la caña de azúcar, es una necesidad para el desarrollo del sector azucarero, para procurar el bienestar social, para cuidar el medio ambiente, incrementar el aprovechamiento, disminuir costos y aumentar la producción.
Las externalidades negativas provocadas por los ingenios tienen un costo que no asumen y que en ese sentido, demandan acciones por parte de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, sobre todo, de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que mediante política pública garantice un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la población.
El cumplimiento de normas ambientales, en cualquier actividad productiva debe ser una obligación de aquellos que explotan los recursos naturales, obtienen un beneficio económico y producen afectaciones a terceros.
Finalmente, les recuerdo que tenemos un desafío ambiental y de conservación de los recursos naturales para poder responder al cambio climático y por su puesto incrementar la productividad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a fortalecer la política pública relacionada a la regulación ambiental en materia agrícola y promueva tecnologías alternativas al uso del fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del medio ambiente y del sector azucarero.
Nota
* PNUMA, 2008. Perspectivas del medio ambiente: América Latina y el Caribe GEO ALC 3 . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ciudad de Panamá, Panamá.
Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 1 de marzo de 2011.
Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para celebrar en este recinto parlamentario una sesión solemne conmemorativa de los 75 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política, a que en el uso de sus facultades, lleve a cabo una sesión solemne al interior de este recinto parlamentario a la brevedad posible para conmemorar los 75 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Politécnico Nacional, coloquialmente conocido como “el Politécnico” o “el Poli”, fue fundado siguiendo los ideales revolucionarios en la reconstrucción del país, buscando dar educación profesional a las clases más desprotegidas en aquel entonces, además de ser un impulso para el desarrollo industrial y económico del país, así como una institución que tuviera una función noble al subsanar las necesidades de la población mexicana.
Remontémonos a 1932, año en que el secretario de Educación Pública Narciso Bassols planteó la necesidad de organizar un sistema de enseñanza técnica, a esta propuesta se unen los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. La necesidad identificada por Bassols fue recogida por el Estado y el 1 de enero de 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional, mediante decreto presidencial firmado por el General Lázaro Cárdenas del Río y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El proyecto cardenista proponía el inminente desarrollo industrial del país, para tales efectos era urgente contar con cuadros tanto de obreros (prevocacionales), técnicos (vocacionales) como profesionistas (escuelas superiores y nacionales) que aportaran el capital humano de origen nacional y que generaran el mismo conocimiento en la formación de un México industrializado.
El Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones educativas más prestigiosas e importantes de México con una matrícula inscrita de más de 150.000 alumnos en sus 271 programas educativos impartidos en 81 unidades académicas, que a pesar de que las características de sus alumnos ha cambiado y mejorado, no deja de ser un auxilio a las clases sociales más desprotegidas tanto en la educación como en la satisfacción de la demanda social del pueblo mexicano.
Algunos de sus logros son:
1. Se mantiene por tercer año consecutivo como la mejor escuela de nivel medio superior en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, que realiza la Secretaría de Educación Pública anualmente
2. Desde 2008, 85.74 por ciento de los alumnos del Poli se ha mantenido en los niveles de “bueno y excelente” en habilidad lectora; mientras que en habilidad matemática, 54.93 por ciento se ubicó en esos logros. Debido a ello, según la página institucional, han tenido un incremento en la demanda de 25 por ciento en los niveles en los que el Instituto Politécnico Nacional da servicios pedagógicos.
3. En el ciclo escolar 2009-2010 se registraron 36 mil 571 aspirantes para el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, coordinado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, a una de sus 65 carreras que ofrece en el bachillerato.
4. Mientras que para el nivel superior, en el mismo periodo, se inscribieron 74 mil 314 jóvenes para cursar una de sus 75 licenciaturas.
5. Entre los egresados sobresalientes se encuentran Guillermo González Camarena, pionero de la televisión mexicana e inventor de la televisión a color; en el ámbito político resalta Ernesto Zedillo Ponce de León, último presidente emanado del PRI. También, destaca el actual presidente del PRD, Jesús Ortega; el ex secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Leonardo Rodríguez Alcaine, así como el fundador del PRD, Heberto Castillo; en el campo artístico sobresale el nombre de Juan O’Gorman, destacado pintor y arquitecto mexicano, quien trabajó en grandes proyectos como el edificio del Banco de México y su obra pictórica más celebrada por su creatividad, técnica constructiva y dimensiones: los murales de 4 mil metros cuadrados que recubren los cuatro costados del edificio de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
6. Una de las mayores aportaciones del Instituto Politécnico Nacional en 75 años ha sido la formación de más de 800 mil egresados de carrera profesional, que han cumplido un papel fundamental en el proceso del desarrollo e industrialización del país. Estos egresados han estado y están presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, y sin su participación sería impensable la fortaleza de industrias como la petrolera, la eléctrica, las telecomunicaciones, la computación o la construcción de infraestructura, por citar sólo algunos sectores fundamentales en el progreso del país. En tanto, 96.6 por ciento de la matrícula institucional, se encuentra inscrita en alguno de los 174 programas reconocidos por su buena calidad.
7. Durante 2009, como ejemplo de superación y trabajo académico, mil 791 estudiantes, entre profesores e investigadores, obtuvieron diversos premios nacionales e internacionales.
8. Un grupo de investigadores y académicos de la ESIME Zacatenco desarrolló una metodología de punta que permite reducir incertidumbres en el proceso electoral mexicano, garantizando la disminución de los márgenes de error.
9. En 2009, Francisco Javier Pérez Pinal, del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el Instituto Politécnico Nacional, desarrolló un vehículo anticontaminante que convierte la energía química directamente en electricidad.
10. La doctora en ciencias Rosa Martha Pérez Gutiérrez, de la Escuela Superior de Ingeniería, Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, y su equipo detectaron la flor en el sureste del país y descubrieron que tiene efectos sobre el proceso de glucosilación de la sangre, que podría curar y revertir efectos de la diabetes.
11. Martín de Jesús Nieto, coordinador del proyecto Jet the Plasma del Instituto Politécnico Nacional, creó un plasma que evitará congelación de aviones. El material creado con hexametil disiloxano evita que las gotas de agua se acumulen y se conviertan en hielo; el invento podría disminuir la cifra de accidentes aéreos causados por la nieve
12. La Baba de Caracol, para eliminar estrías; las gelatinas y el Energy Diet, para bajar de peso;
13. Los cosméticos inteligentes, que se adaptan al color y tipo de piel; y
14. La glicina plus, que ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol, son algunas creaciones de investigadores del Instituto Politécnico Nacional.
A lo largo de siete décadas el Instituto Politécnico Nacional se ha posicionado como una de las instituciones de educación superior más sólidas del país, generador de una gama importante de investigación en diversas áreas pero, sobre todo, como formador de recursos humanos de alta calidad.
El Instituto Politécnico Nacional es una institución líder y vanguardista en la formación de técnicos y profesionales en los campos de la administración, la ciencia, la ingeniería y las nuevas tecnologías.
En el Instituto Politécnico Nacional cristalizaron los ideales educativos, de progreso y justicia social de un México que superaba la lucha revolucionaria. Es necesario que se conmemore el nacimiento y fortalezca el desarrollo de la Institución, con la misma pasión que Juan de Dios Bátiz Paredes, director fundador, le profesó durante toda su vida. Es necesario preservar las instituciones públicas de Educación Superior con la misma voluntad con la que el General Cárdenas decidió fundar el Politécnico a pesar de los avatares de la época. Honremos, junto con la comunidad politécnica y el pueblo mexicano, a esta responsabilidad.
Han transcurrido 75 años desde ese histórico momento. Setenta y cinco años en los que el Instituto ha volcado su acción para servir a sectores sociales bien identificados, por los que ha luchado denodadamente para cumplir la misión que, como institución del Estado mexicano, le fue conferida por sus fundadores. Al mismo tiempo, particularmente en los últimos años, ha demostrado que tiene la capacidad de transformarse, de ponerse al día e, inclusive, de anticiparse a los requerimientos sociales.
Es necesario apoyar a las instituciones que han permitido el desarrollo de la nación mexicana y aquellas que, como el Instituto Politécnico Nacional, han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades y realidades que el país atraviesa.
En virtud de las anteriores consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política que, en uso de sus facultades, lleve a cabo una sesión solemne al interior de este recinto parlamentario, con la mayor brevedad, para conmemorar los 75 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a implantar y difundir información relativa a las enfermedades de depósito lisosomal, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 79 y 182 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Hay un grupo de entidades patológicas denominadas enfermedades por atesoramiento lisosomal (enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, mucopolisacaridosis I y enfermedad de Pompe), que necesitan el único tratamiento específico que puede salvarles la vida: la terapia de reemplazo enzimático (TRE).
Las enfermedades por depósito/atesoramiento lisosomal forman parte de una familia de más de 40 enfermedades genéticas, las cuales normalmente afectan a menos de 10,000 personas mundialmente.
Estos padecimientos se consideran enfermedades huérfanas, una denominación para trastornos raros con una prevalencia de menos de 200.000 personas en los Estados Unidos de Norteamérica y no más de 5 por 10.000 personas en Europa.
Estas enfermedades son causadas por la deficiencia de una o más enzimas responsables de la degradación de lípidos u otras moléculas en el cuerpo. En el momento que estos lípidos se acumulan, los pacientes que padecen de una enfermedad lisosomal normalmente presentan defectos en el desarrollo, en el sistema nervioso central, hígado, pulmones y otros órganos internos, también en el sistema inmune y neural, deformidades esqueléticas y muerte a una edad temprana.
A nivel epidemiológico se estima que en México y de acuerdo a las últimas estimaciones de población, el número de pacientes que pudiese padecer dichas enfermedades (Gaucher, MPS1, Fabry y Pompe) sería de 3974 pacientes los cuales solo el 5% de ellos está diagnosticado y solo 2.5% recibe su tratamiento de reemplazo enzimático.
En virtud de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a implementar todo lo necesario para que ya no se sigan dando pobres diagnósticos y haya acceso a tratamientos de las enfermedades ya mencionadas, enfocándose a dar:
• Mayor conocimiento y difusión de enfermedades: “evitar odiseas diagnósticas”
• Colaboraciones para contar con estudios enzimáticos y moleculares para diagnóstico temprano, detección portadores.
• Estrategias para brindar tratamiento por reemplazo enzimático a todos los pacientes diagnosticados.
• Guías de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades por depósito lisosomal.
• Contar con biomarcadores para respuesta a tratamiento, y por supuesto:
• Acceso universal a la terapia de reemplazo enzimático.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas estatales a analizar la viabilidad de impulsar la incorporación –en los tipos y las modalidades educativos– de una asignatura de carácter presencial que aborde y haga comprensibles los efectos del cambio climático y las acciones para disminuirlos y prevenirlos, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Exposición de Motivos
Uno de los fenómenos naturales ocasionado en gran parte por las acciones del hombre en la tierra es el del cambio climático. Todos hemos escuchado, principalmente en los años recientes, en voz de los académicos y especialistas, primero, y después por los medios de comunicación y la población en general, sobre los efectos y peligros potenciales del cambio climático.
La humanidad es responsable de este fenómeno cuyas graves consecuencias ya se advierten en todo el planeta, principalmente con el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y con las modificaciones que sufren el nivel del mar, las capas de hielo en las zonas del ártico, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y algunos cambios en los ecosistemas.
Según la revista científica Nature nos quedan 20 años para evitar el cambio climático. Si no se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en la Tierra la temperatura subirá una media de dos grados. Si esto llega a ocurrir entraremos en una línea peligrosa para la vida humana.
En un artículo de la citada revista se dice la cantidad de dióxido de carbono que se puede lanzar sin peligro para la humanidad. Entre los años 2000 y 2050 no se puede emitir más de un billón de toneladas de esa substancia. Pero lo grave es que ya se han lanzado la tercera parte de lo permitido hasta el día de hoy. Este artículo es un resumen de un trabajo de científicos británicos, canadienses y alemanes, que concluyen que las emisiones deben reducirse 50 por ciento si no queremos una catástrofe en el planeta, pues el aumento de la temperatura sería el mayor sufrido por la Tierra desde que existe el hombre. Es el momento para que las industrias y los gobiernos empiecen a tomar medidas.
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Ecología (INE), que consigna la opinión de expertos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. Los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías. También se teme que las capas de hielo que actualmente permanecen en las partes más frías del planeta (en los polos y en las montañas más altas) se vayan derritiendo, lo que aumentará el nivel medio del mar, inundando permanentemente amplias zonas costeras.
Las consecuencias de ello afectarán todo nuestro entorno inmediato y, por consiguiente, la manera en que todos vivimos en nuestro planeta.
Hay muchas cosas que cada uno de nosotros podríamos empezar a hacer, cada cual en su núcleo inmediato, familiar, empresarial o social, para contribuir a mitigar o evitar este fenómeno climático, desde acciones tan sencillas como modificar los hábitos para el uso racional de la energía doméstica o el manejo más adecuado de la basura que producimos diariamente, hasta el cuidado estricto del agua o el aprovechamiento más racional de los medios de transporte.
Y algo que es fundamental es generar conciencias ecológicas, la capacidad que tengamos para transmitir a los niños y jóvenes la gravedad de este fenómeno, sus alcances y posibles consecuencias desastrosas y las formas, desde las sencillas hasta las complejas, en que todos podemos contribuir a mitigarlo y evitarlo.
Tengamos presente, compañeros legisladores, que si los niños y jóvenes de nuestro país conocen desde muy pequeños este grave problema, les ayudamos a desarrollar una conciencia ecológica, y cuando estén en la adolescencia o en la juventud ya tendrán muy claras las medidas a que cada uno de ellos puede comprometerse, y las medidas coercitivas por no cumplir con las disposiciones para el medio ambiente serían únicamente complementarias porque tuvimos, anticipadamente, la previsión de ocuparnos a tiempo de la educación ecológica de la próxima generación. Está plenamente demostrado que es más conveniente educar que castigar, y ello es precisamente a lo que quiero referirme en este punto de acuerdo.
Consideraciones
1. Es fundamental que la educación sobre temas ambientales y, especialmente, lo relacionado con el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias se inicie desde temprana edad, por lo que es conveniente que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluya en sus programas de estudio, desde preescolar hasta los grados de educación superior, una materia obligatoria destinada a dar a conocer el fenómeno del cambio climático, sus consecuencias y las acciones que cada una de las personas deben hacer para evitarlo.
2. Las materias a impartirse deberían ser, idealmente, por niveles escolares obligatorios, es decir, una para los tres años del ciclo de preescolar, dos en la educación primaria (al segundo y al sexto año), y una por la educación secundaria.
3. Asimismo, se pide el apoyo de las instituciones de educación superior públicas y privadas a considerar positivamente la inclusión de dichas materias en los planes de estudio de los ciclos escolares de educación preparatoria, vocacional o de bachillerato. Dado que esos grados escolares no se encuentran dentro de los contemplados en la educación obligatoria, sería extraordinariamente útil para la comprensión global de los jóvenes educandos mexicanos que así se hiciera.
4. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología deberán contribuir a este esfuerzo prestando a las dependencias y entidades encargadas de la educación, la colaboración técnica necesaria para la nueva conformación de los planes de estudio, a fin de que ya estén adecuados para el inicio del siguiente ciclo escolar 2011-2012.
En mérito a lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de impulsar la incorporación de los diferentes tipos y modalidades educativos, una asignatura de carácter presencial dirigida a estudiar y hacer comprensibles a los educandos, los efectos del cambio climático y las acciones de su disminución y prevención.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología, y a las instituciones de educación superior públicas, a efecto de que instrumente acciones de colaboración y coordinación dirigidas a divulgar los estudios sobre el cambio climático y diversidad biológica, y concientización sobre los impactos climáticos y la importancia de su prevención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Verificación Administrativa y a las delegaciones del Distrito Federal a examinar la operación de los hoteles de las zonas donde se ofrece sexoservicio y, de presumirse la comisión de delitos que ameriten extinción de dominio, dar vista al efecto a las autoridades competentes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio de la cual la Cámara de diputados se pronuncia para solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y a las delegaciones del Distrito Federal para que se verifique desde los diversos ámbitos de competencia la operación de los hoteles que se ubican en zonas de la ciudad en las que se oferta el sexoservicio, y en caso de existir presunción de comisión de delitos que ameriten acciones de extinción de dominio, se dé vista a las autoridades competentes con la finalidad de combatir frontal y permanentemente la trata de personas, la explotación sexual infantil y un alto número de delitos cometidos en agravio de los menores de edad y de las mujeres, quienes padecen de manera continua y flagrante la violación de sus derechos humanos; al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En diversas fechas y derivado de operativos efectuados por la Policía Investigadora de la PGJDF se han logrado desarticular redes dedicadas a la explotación sexual de mujeres y niñas, fundamentalmente en la delegación Cuauhtémoc.
Ha quedado manifiesto el papel que juegan los denominados hoteles “de paso” en los que se encontraron cámaras de video, objetos sexuales, preservativos y juguetes de las y los menores víctimas de estos delitos.
En este sentido, es menester hacer efectivas las herramientas jurídicas que existen para que se investiguen administrativamente la operación de los hoteles ubicados en zonas de las Delegaciones en las que existe el sexo servicio como fenómeno social.
Segundo. Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en la legislación penal de la ciudad al responsable del delito de trata de personas, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa al responsable, cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad, es decir de 15 a 22 años de prisión. En el caso de lenocinio, ilícito que también se podría actualizar en el presente caso, la legislación penal establece imponer al responsable, prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente de los establecimientos, en este caso de los hoteles. (Con independencia de que se pueda aplicar la extinción de dominio).
Por lo anterior, se requiere atajar cualquier forma en que se puedan cometer dichos delitos, entendiendo que pueden tener trascendencia incluso internacional, pues como sabemos, estos delitos se cometen en muchos casos por redes que operan no sólo en territorio nacional. Las lamentables conductas y delitos cometidos en este lugar deben ser investigados y sancionados en términos de lo establecido en el Código Penal en el Título Sexto, Capítulo IV y en la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
Por lo expuesto, y con fundamento en la Ley de de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, las Delegaciones en las que se presentan estas conductas y hechos delictivos, deberán llevar a cabo visitas de verificación administrativa en todos los hoteles, moteles y establecimientos de hospedaje, con la finalidad de que se acredite su legal funcionamiento, se combatan los delitos de explotación sexual, trata de personas, lenocinio y en su caso se impongan las sanciones que correspondan.
Tercero. Pero lo importante, además de estas detenciones y sanción que es fundamental, es que podamos prevenir y erradicar estas terribles prácticas que aquejan no solo a nuestra ciudad, al país y a todo el mundo y lograr que los bienes inmuebles en los que se permitía la comisión de estos delitos sean objeto de la Ley de extinción de dominio en beneficio de la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil.
El Distrito Federal ocupa, lamentablemente, el primer lugar en materia de violencia comunitaria contra las mujeres según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y específicamente la zona de la Merced, en algunas calles o avenidas de la delegación Cuauhtémoc, que han sido, un espacio privilegiado para el comercio sexual.
A través de una observación común y, sustentada también por distintos estudios realizados por instituciones de carácter académico y por organizaciones de la sociedad civil, se constata que en esta zona de la Ciudad de México se comenten sistemáticamente conductas que atentan contra los derechos y dignidad de las mujeres que son explotadas sexualmente. Asimismo, estudios recientes dan cuenta de cómo se ha ido incrementando la explotación sexual de menores de edad a través del llamado sexoservicio o prostitución.
Solamente el concurso de todas las dependencias implicadas y señaladas por la ley pueden revertir los patrones que han impulsado esta forma de violencia extrema en contra de las mujeres y de las niñas y los niños.
En el mismo sentido, mediante la aplicación de la figura de extinción de dominio, los bienes objeto o parte de la comisión de los mismos, pueden ser destinados a la creación de un albergue para personas en situación de calle, para combatir la trata de personas y fortalecer la atención de las víctimas de estos delitos.
Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara se pronuncia por la verificación administrativa efectuada por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y los 16 órganos político administrativos en su respectivas competencias a los establecimientos mercantiles con giro de hoteles y moteles del Distrito Federal con la finalidad de acreditar su legal funcionamiento y en su caso, se dé vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que se combatan los delitos de explotación sexual infantil, trata de personas así como el lenocinio.
Segundo. Esta Cámara se pronuncia por que el Gobierno del Distrito Federal a través de la figura jurídica denominada extinción de dominio, ejerza la acción de extinción de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos relacionados con la trata de personas, lenocinio y la explotación sexual infantil.
Tercero. Esta Cámara se pronuncia por que el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que en sus respectivos ámbitos de competencia brinden apoyo y servicios a las personas sobrevivientes de la explotación sexual infantil y la trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a realizar lo conducente para ayudar a los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 79 y 182 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
1. El 9 de enero de 2003, el gobierno federal interpuso demanda contra Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: adujo violaciones del artículo 36 de la Convención de Viena porque se omitió informar a los detenidos sobre su derecho de comunicarse con los consulados mexicanos, figura jurídica conocida en el derecho internacional como “garantía de asistencia consular”, con relación a 51 ciudadanos mexicanos que fueron condenados a muerte por ilícitos cometidos en Texas, Oklahoma, California, Ohio y Oregon.
2. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó el 31 de marzo de 2004 a los tribunales de Estados Unidos de América revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte, al comprobarse la violación del artículo 36 de la Convención de Viena, sobre el derecho de asistencia consular.
3. Con motivo de la resolución de la Corte Internacional de La Haya, la Casa Blanca, el jueves 1o. de abril de 2004, informó que realizaría una revisión muy cuidadosa de la sentencia no vinculante. Señaló el portavoz Mac Clelam: “Es un dictamen muy completo, hay muchos asuntos que encara el fallo. Así que estaremos haciendo una revisión muy cuidadosa”.
4. El equipo legal que representó a México en La Haya expresó su confianza en que el gobierno de Estados Unidos de América cumpla el mandato de la Corte Internacional de Justicia, aunque no se descartó recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de incumplimiento.
5. Dicha resolución involucraba a 51 mexicanos condenados a muerte que se encontraban sentenciados en Estados Unidos de América, donde se pronunciaba la Corte Internacional de La Haya por la revisión y reconsideración de las sentencias de los connacionales, ajustándose la resolución al marco jurídico de la Convención de Viena. Representa un hito en los anales del derecho internacional al resolverse por unanimidad en contra de Estados Unidos de América el fallo internacional, al advertir el incumplimiento del derecho de asistencia consular de los connacionales.
Todos los Estados miembros de Naciones Unidas tenemos la obligación de, más allá de un compromiso moral, dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas, sin distinción de ningún tipo, en virtud de que estamos ceñidos al contenido, alcance y cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyos considerandos se establece que “los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y de las libertades fundamentales del hombre”.
México y Estados Unidos tenemos, como Estados miembros de Naciones Unidas, la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos en la administración de justicia. Por ello, además de la sujeción que debemos a la Corte Internacional de La Haya, nos encontramos sujetos a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo instrumento incluye el derecho de asistencia consular que permitiría sin duda un procedimiento justo a los connacionales.
El país, como Estado que aspira a ser garante de los derechos humanos, debe velar por el respeto de tales derechos, no sólo de las personas que se encuentran en el país sino, también, de las que para obtener mejor calidad de vida cruzan nuestras fronteras.
La Cámara de Diputados, atendiendo la reflexión que nos demandan los congresos estatales, debemos expresar nuestro interés y preocupación por el desacato del gobierno de Estados Unidos a la sentencia dictada por la Corte Internacional de La Haya, el 31 de marzo de 2004, relativa a la falta de asistencia consular de los connacionales sentenciados a muerte.
En los casos que nos remiten los congresos locales resulta preocupante la falta de atención que el gobierno estadounidense ha tenido a la sentencia emitida por la Corte Internacional de La Haya. Empero, tampoco podemos olvidar que como Estado mexicano hemos asumido cabalmente durante muchos años el respeto absoluto de los principios de la libre determinación de los pueblos y el de la no intervención, los cuales nos han permitido mantener sana convivencia con la comunidad internacional, basada en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer lo conducente para ayudar a los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a estudiar la pertinencia de incorporar la danza folclórica en los contenidos curriculares del sistema de educación básica, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN
Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6o., fracción I y 79 párrafo primero, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se estudie la pertinencia de incorporar en los contenidos curriculares del sistema de educación básica a la danza folklórica, con el objetivo de fortalecer su enseñanza dentro de la educación artística y concientizar a los educandos sobre la importancia de la preservación, conservación y fortalecimiento de las tradiciones culturales de las diferentes regiones del país, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el derecho a la educación ha sido reconocido universalmente desde la declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y, desde entonces ha quedado consagrado en varias convenciones internacionales, constituciones nacionales y planes de desarrollo.
2. Que además de ser un derecho, la educación conduce a la realización de otros derechos, crea la voz mediante la cual es posible reclamar y proteger otros derechos, ya que sin educación las personas carecen de habilidad real para lograr una verdadera integración y desarrollo social.
3. Que la educación brinda a las personas la capacidad de informarse acerca de toda la gama de derechos que detentan y las obligaciones del estado para con sus ciudadanos y les ayuda a desarrollar destrezas de comunicación para exigir esos derechos.
4. Que el derecho a la educación en México, es un derecho inalienable para toda mexicana y mexicano y se encuentra plasmado en el artículo 3o. constitucional párrafos primero y segundo:
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
5. Que por otra parte, en el mismo artículo 3o., párrafo segundo, numeral V, se señala que
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
6. Que en este sentido, la Ley General de Educación y Reglamentaria de este artículo 3o. constitucional señala en su artículo 7o., numerales III y VIII que
Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;
7. Que uno de los grandes compromisos y tareas del Estado mexicano tiene que ver con el fortalecimiento y el impulso de los valores, tradiciones y particularidades culturales de todos y cada unos de los estados que integran a nuestro país.
8. Que como parte de la educación que imparte el Estado mexicano, la educación artística constituye una disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad. Asimismo, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética y a la moral.
9. Que el hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folclore y tradiciones, pero es en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad.
10. Que la educación artística se refiere en sí a la formación de una actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo estético correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños y jóvenes de todas las edades, teniendo especial relevancia en las etapas preescolar y primaria, ya que es en estas precisamente donde se sientan las bases de la futura personalidad del individuo.
11. Que la educación artística no debe considerarse solamente como un complemento de los aspectos que componen la formación integral del individuo, ya que ésta forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más variadas manifestaciones, además de posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de una obra artística y de la vida misma.
12. Que en este sentido, la educación artística es imprescindible para el desarrollo físico, de actitudes, valores y carácter de las niñas, niños y jóvenes. Siendo el folclore algo intrínseco a los pueblos, su expresión más genuina.
13. Que a lo largo de la historia el folclore ha sido parte importante del aprendizaje de los pueblos, sirviendo incluso para desterrar falsas creencias y temores hacia la naturaleza. En la vorágine del mundo actual, hablar de folclore y de su importancia en la educación de los estudiantes puede parecer un tanto intrascendente.
14. Que sin embargo, diversos estudios a nivel nacional e internacional señalan que la proliferación cada vez mayor de las nuevas tecnologías y el ritmo y preferencias de la vida actual crean un conflicto con la tradición, con las costumbres ancestrales que todavía hoy se conservan. Ante dicho conflicto, debemos intentar que no se pierda la memoria de lo que es nuestra historia, lo cual nos permite saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.
15. Que la danza folklórica mexicana se caracteriza por ser un medio de actuación pedagógica que se presenta como una manifestación natural y espontánea de las costumbres y tradiciones del ser humano.
16. Que a menudo se ha considerado a la danza folklórica mexicana como un tema aparte, siendo que los ejercicios y actividades que en ella se realizan, además del grado de conocimiento histórico y cultural que conllevan son conocimientos complementarios a los contenidos de las asignaturas de grado.
17. Que precisamente es la excesiva especialización y distanciamiento con otras ciencias lo que ha propiciado que para muchos continúe siendo la gran desconocida. Sin embargo, la danza folklórica mexicana es una de las manifestaciones más naturales del ser humano.
18. Que desde muy temprana edad, el niño siente la necesidad de moverse y expresarse espontáneamente. La danza folklórica mexicana, debidamente adaptada a su edad y nivel de desarrollo, resulta un medio ideal para trabajar los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales de los actuales diseños curriculares de educación básica.
19. Que la autenticidad de todo ser humano depende de la capacidad de exploración, así como la de reconocer su cuerpo y el de los demás como un medio de comunicación, pues éste es un elemento que por su sensibilidad logra desdoblar la expresión de sus emociones o sentimientos, mediante gestos y movimientos libres y así como sus necesidades e inconformismos consigo mismo y con su entorno.
20. Que en este sentido, el desarrollo de la danza folklórica mexicana como expresión corporal y entendida como la manifestación de expresiones por medio del movimiento, le permite a los alumnos tener una mejor exploración, orientación y conocimiento de nuevas formas de expresión, de innovación y acciones para adquirir nuevos aprendizajes en relación a su desarrollo intelectual. “La danza no es solo un arte, es un modo de vivir, un modo de expresar, un modo de existir” 1 .
21. Que cuando incentivamos al niño a que se exprese, a que manifieste su “sí mismo” libre y creativamente, a través de un determinado lenguaje artístico, el rigor de las formas y la técnica no es lo que interesa. Importa más el proceso, sobre todo en el caso específico de la danza folklórica mexicana porque en esencia, bailar es un medio de expresarnos y comunicarnos, es una forma de rescatar lo cultural, lo nacional, nuestro amor por la patria, la formación de un individuo en lo físico, lo cultural y social. Ese es el enfoque que debemos darle a los programas de educación preescolar, primaria y secundaria.
22. Que la expresión corporal se transforma en un derecho de todos los individuos para expresarse y comunicarse. Es un camino que ha de ser explorado y trabajado por el alumno para encontrar la fluidez entre las emociones y sentimientos de su mundo interno y la comunicación con los que le rodean, lo que a su vez le permitiría valorar socialmente a las artes dentro del proceso educativo.
23. Que del mismo modo nos han hecho creer que el arte y la ciencia no tienen relación. Sin embargo, convergen en un punto en común: el arte es la representación y la ciencia la explicación de la realidad. Bajo esta premisa planteamos la necesidad de que la Secretaria de Educación Pública y los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria, recurran a los elementos constitutivos del arte para generar tanto estrategias de enseñanza y aprendizaje creativas, lúdicas y significativas, como espacios de interacción y medios para que los niños y las niñas adquieran aprendizajes significativos dentro de su desarrollo cognitivo.
24. Que en las etapas de preescolar, primaria y secundaria, es de vital importancia afinar y perfeccionar, por medio de la estimulación, la habilidad motora de que está dotado el ser humano para integrarse a su mundo y utilizar su propio cuerpo para desplazarse con seguridad, precisión y ritmo, empleando la fuerza y magnitud de sus movimientos en forma armónica y establecer una unidad con las asociaciones en tiempo y espacio que le permitirán adaptarse a nuevas situaciones de su medio ambiente, en una manifestación y afirmación de la seguridad de sí mismo.
25. Que la falta de formación e información que tradicionalmente se ha tenido en el campo de la expresión corporal y la danza folklórica mexicana hace que estas materias sean evitadas o ignoradas.
De ahí que la presente iniciativa busca incorporar la enseñanza de la danza folklórica en los contenidos curriculares del sistema de educación básica con metodología de aplicación, práctica y evaluación, que de aprobarse y aplicarse, nos ayudará a rescatar valores cívicos y sociales, fortalecer la condición física y el nivel cultural de nuestros niños mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se estudie la pertinencia de incorporar en los contenidos curriculares del sistema de educación básica a la danza folklórica, con el objetivo de fortalecer su enseñanza dentro de la educación artística y concientizar a los educandos sobre la importancia de la preservación, conservación y fortalecimiento de las tradiciones culturales de las diferentes regiones del país.
Notas
1. Patricia Stokoe y Alex Schächter, La expresión Corporal , Edit. Paidós, 1986
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011
Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua a implantar acciones para regularizar el líquido destinado a usos agrícola, pecuario e industrial del acuífero del valle de Tehuacán, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, numeral I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes
Considerandos
La pobreza en México se ha venido incrementando durante los últimos años, actualmente más de 52 millones de personas se ubican en algún nivel de pobreza, de las cuales poco más de 20 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria, es decir, 4 millones de familias no tienen 27 pesos diarios para adquirir los alimentos necesarios. No creo que exista una emoción más devastadora de la estima personal que aquella que vive alguien que no tiene para comer.
La alimentación se encuentra estrechamente ligada a la pobreza y el nivel de producción del sector agropecuario, ya que una nación que no tiene la capacidad de generar los alimentos suficientes para su población pone en riesgo sus posibilidades de alcanzar el desarrollo.
Un país pierde su soberanía alimentaria cuando importa más de 30 por ciento de lo que requiere para atender a la población; en maíz México importa 33 por ciento, en trigo 64 por ciento, en arroz 75 por ciento y en soya 95 por ciento.
El desarrollo regional es fundamental para lograr el crecimiento económico, el cual permita que las personas que habitan y conviven en dicha región realicen sus actividades de manera integral, generando un impacto positivo en su calidad de vida.
En este orden de ideas, lo que ocurre en el estado de Puebla, en particular en la región del valle de Tehuacán, en relación al uso y destino del agua es un asunto de alta envergadura en el conjunto de prioridades de la entidad y de la región del centro del país.
El acuífero valle de Tehuacán, se localiza en la parte sureste del estado de Puebla en los límites con el estado de Oaxaca, limita al este con el estado de Veracruz, comprende 21 municipios, los cuales basan su desarrollo en la agricultura, la ganadería y principalmente en la industria avícola y porcícola que han alcanzado gran desarrollo, convirtiéndose estas actividades en unas de las más importantes del país. Cabe mencionar que Puebla ocupa el segundo lugar en la producción de huevo y tiene el tercer escaño en relación a la producción de carne de cerdo.
La zona donde se ubica este acuífero tiene una extensión aproximada de 3 750 kilómetros cuadrados y 461,666 habitantes. La población económicamente activa es de aproximadamente 160 mil personas, 20 por ciento se ocupa en el sector primario y 40 por ciento sector secundario y el resto al sector terciario como su principal actividad.
La precipitación promedio anual de la zona varía de 400 a 1,200 milímetros por año. La zona pertenece a la región administrativa X, Golfo Centro y desde el punto de vista de aguas superficiales queda dentro de la cuenca hidrológica del río Papaloapan.
La corriente superficial más importante en la región donde se ubica el área del acuífero es el río Salado que drena al valle poblano oaxaqueño y a la alta mixteca, tiene la subcuenca más árida y deforestada del sistema, produciendo por esta razón más de 60 por ciento de los azolves que llegan al río Papaloapan. En Quiotepec se une al río Grande que sirve de dren a la sierra de Juárez y las estribaciones de la sierra de Oaxaca, formando entre ambos el río Santo Domingo, que además drena en su recorrido al cañón del mismo nombre, constituyéndose aguas abajo en el cauce principal del río Papalopan, después de recibir por la margen derecha las aportaciones de los ríos Santa Rosa y Valle Nacional y por la izquierda al río Tonto.
El distrito de riego cuenta con 105 kilómetros de canales principales, de los cuales 60 estaban sin revestir hasta el año de 1996. La capacidad del canal principal es de 50 metros cúbicos por segundo; los canales laterales suman una longitud de 528 kilómetros de los cuales hasta el año de 1996 se encontraban revestidos 226 kilómetros. Es importante hacer mención que hasta ese año el distrito de riego presentaba dos problemas principales, el primero consistía en la insuficiencia para regar la totalidad de la superficie disponible y el segundo en la mala calidad del agua almacenada en la presa, debido a que las corrientes que la abastecen reciben descargas contaminadas de las poblaciones e industrias, principalmente la ciudad de Puebla, y a la carencia de plantas de tratamiento, lo que restringe la siembra de cultivos que pudieran aportar mayores ganancias.
Las primera y segunda unidades se ubican dentro del acuífero de Tecamachalco y la tercera unidad en el acuífero de Tehuacán, motivo por el cual existe una transferencia entre las dos cuencas, Balsas y Papaloapan.
Los principales cultivos del municipio son: maíz con 4,631 hectáreas, alfalfa con 1,500 hectáreas, trigo, frijol, cebada y café entre otros, últimamente se ha sembrado sorgo con bastante éxito dado la gran demanda del sector agrícola; también se han encontrado, aunque en forma experimental, grandes perspectivas económicas en el cultivo de la vid.
En la horticultura se cultivan, tomate, cebolla y ajo. En la fruticultura destaca el aguacate, nogal, durazno, chabacano, manzana, naranja, membrillo y la tradicional granada.
Se cría ganado vacuno, porcino y caprino de pastoreo. La apicultura ha adquirido mayor relevancia, lográndose una producción de excelente calidad para el consumo local y para la exportación.
En actividades ganaderas esta región se distingue porque ahí se localiza la industria avícola más importante del país.
En el valle de Tehuacán, las industrias de mayor importancia son: embotelladoras de refrescos, y aguas minerales; fábrica de alimentos para aves y ganado; fabricación de prendas de vestir; fábricas de artículos de plástico; rastro de aves, elaboración de productos derivados de minerales metálicos, elaboración de productos derivados de minerales no metálicos, plantas deshidratadoras de alfalfa, fábrica de cartones industriales, talleres dedicados a la fabricación de tabique de concreto y de barro.
Es de destacar que las industrias avícola y porcícola de la región, así como las maquiladoras de prendas de vestir emplean más de 70 por ciento de la mano de obra de la región.
En los últimos tiempos y considerando las condiciones en las que se encuentra el acuífero de Tehuacán, se han venido presentando problemas por el uso del agua, encontrándose que una parte del uso del agua subterránea no está regularizado, existen aprovechamiento irregulares, títulos de concesión vencidos y no renovados, baja tecnificación del riego agrícola, el tratamiento de aguas residuales es muy bajo, por lo tanto no hay reutilización de las mismas y se han elevado los niveles de extracción de este vital liquido; por otra parte se han venido cerrando algunos pozos lo que ha causado problemas para el desarrollo del sector agrícola y la industria pecuaria y textil, lo anterior, pone en riesgo la producción y los empleos regionales.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, la siguiente Proposición con punto de
Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional del Agua, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen medidas que
1. Permitan regularizar el uso del agua en el acuífero de valle de Tehuacán con el objetivo de que las industrias: avícola, porcícola y textil continúen creciendo y dando empleo a los habitantes de esta importante región;
2. Se apoye a los productores agrícolas para tecnificar el riego agrícola para eficientar el uso del agua y mejorar la productividad de los cultivos;
3. Mediante estímulos fiscales apoye a los industriales para implementar métodos de tratamiento de aguas residuales (humedales, lagunas de oxidación) que permitan reutilizar este vital liquido y su incorporación al subsuelo para la recarga de los acuíferos sin contaminarlos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar juntos foros regionales de consulta, con trascendencia a todos los estados y los municipios, donde se promuevan y consoliden el derecho a la no discriminación y la libertad de expresión de los jóvenes, a cargo de la diputada Nelly Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Nely Edith Miranda Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a realizar juntos foros regionales de consulta, que trasciendan a todos los estados y los municipios, donde se promueva y consolide el derecho a la no discriminación y a la libertad de expresión de los jóvenes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hablar de democracia significa pensar en un estado de derecho, en un sistema de justicia efectivo y en una institucionalidad sólida. Sin embargo, lo más importante de la democracia deberá consistir en la participación ciudadana activa y efectiva, que garantice su funcionamiento, sea incluyente y equitativa, además de que implique tener acceso a la información pública; que invite a los jóvenes a la reflexión y a emitir sus propias conclusiones, también se deben buscar espacios de expresión que les permitan realizar sus planteamientos, propuestas o críticas sobre las políticas públicas.
En México debemos apostar a las nuevas generaciones, como la única forma para generar los cambios que el país necesita.
Con un esfuerzo conjunto impulsado por el Instituto Mexicano de la Juventud y el Conapred, y con el respaldo del los Poderes Legislativo y Judicial, se deberán apoyar y desarrollar foros, conferencias y diplomados cuyo tema radique en la formación ciudadana y conciencie en los temas de discriminación y respeto de la libertad de expresión.
La idea principal de la propuesta radica en que dichos encuentros puedan implantarse a partir de 2011.
Uno de los elementos por considerar en estos foros deberá ser la capacitación de jóvenes, a quienes se permita comprender y analizar el entorno político, social y económico, tanto del país y su estado como el de sus comunidades, a través de sus manifestaciones culturales.
Con este esfuerzo de formación ciudadana se pretende involucrar a los jóvenes no sólo en su activa participación sino en las tareas de organización y difusión, interesándose también en las actividades de sus regiones y en las plataformas políticas dadas a conocer en todos los procesos electorales.
Según declaraciones de Ricardo Bucio Mújica, presidente del Conapred, los jóvenes mexicanos son el grupo social “que más puede ser víctima de la intolerancia por una estigmatización como posibles o presuntos delincuentes”.
Así es, nuestros jóvenes son, muy a nuestro pesar, ese grupo social que más padece la intolerancia.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el país cuenta con una población de más de 29 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. En el sector se presentan diversos y muy complejos conflictos entre las denominadas tribus urbanas, muchas de las veces de índole delincuencial. Es decir, los jóvenes resultan a la vez víctimas y victimarios de sus acciones. Esto, señoras y señores diputados, nos ha orillado a vivir la peor de las crisis de seguridad, sin antecedente en la historia de la vida nacional, derivada de la mala implantación de las políticas sectoriales y de las actitudes de intolerancia y discriminación expresadas hacia los muchachos.
Pese a lo peligroso de la problemática, en México se ha hecho poco.
Compañeras y compañeros diputados: por ello acudo ante ustedes para solicitar apoyo. Éste es un buen momento para manifestar nuestro compromiso ciudadano. Debemos ahora revertir la mala implantación de políticas públicas para remediar tan grave situación, donde están involucrados millones de jóvenes. Recordemos que no todos ellos tienen acceso a la educación ni al trabajo.
Estoy convencida de que con el apoyo de todos podemos revertir esta enorme complejidad.
Los jóvenes representan el presente y no sólo el futuro, como en algunos casos nos lo hacen creer.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar juntos foros regionales de consulta, que trasciendan a todos los estados y municipios del país, donde se promueva y consolide el derecho a la no discriminación y la libertad de expresión de los jóvenes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputada Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a diseñar e implantar un programa especial sobre asuntos de la juventud para fomentar la formación y capacitación de ese sector en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Diana Patricia González Soto, en nombre de los diputados federales de la Coordinación del Estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emprendido una ardua labor en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Es así que a casi veintiún años de su creación, esta institución se ha distinguido siempre por su sobresaliente labor en la vigilancia, denuncia, protección y defensa de dichas prerrogativas fundamentales para el ser humano.
Con base en las distintas facultades normativas concedidas a la CNDH en los planos constitucional y legal; este organismo público ha consolidado en nuestro país la institución del ombudsman nacional, ejerciendo para beneplácito de los mexicanos las dignas encomiendas que le corresponden, como lo son el conocer e investigar presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de diversas autoridades; formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; impulsar la observancia de estos derechos en el país, entre otras, son algunas de las importantes atribuciones que posee este organismo.
En el ejercicio de sus atribuciones, la CNDH opera a la fecha seis programas especiales de atención “cuyo objetivo es otorgar atención especializada a la problemática de determinados sectores de la sociedad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que los expone a múltiples violaciones a sus derechos humanos”.
Los referidos programas implantados y operados por la CNDH son los siguientes: Programa de Atención a Víctimas del Delito; Programa de VIH-Sida y Derechos Humanos; Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia; Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles; Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer; y Programa contra la Trata de Personas. 1
De la enumeración anterior, es posible distinguir que los destinatarios de los referidos programas son precisamente personas que pertenecen a grupos que por su condición especial se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabilidad a sus derechos humanos, y la implantación de tales acciones es digna de encomio y reconocimiento; asimismo, es acertada la aplicación de un programa especial focalizado a la niñez y la familia, ya que es indudable la importancia que revisten la infancia y el grupo social primario por excelencia –la familia– para el bienestar de nuestro país.
Sin embargo, es necesario mencionar que dentro de los programas especiales que opera la CNDH, se ha dejado de lado a uno de los sectores sociales más numerosos e importantes de nuestro país y que por su situación especial se encuentra sujeto en potencia y de facto a la violación de sus derechos humanos, hago alusión al sector juvenil.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se establece un intervalo de edad de entre 12 y 29 años para considerar joven a una persona. 2 De acuerdo a dicho rango, es posible percatarse que la población comprendida en el mismo, abarca una enorme cantidad de mexicanos que están expuestos a una situación de vulnerabilidad en el disfrute y ejercicio de sus derechos humanos.
En México, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hoy día existe una población total de 112´322,757 habitantes, de los cuales, en el 2005, 33´774,970 eran jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, 3 es decir, 32.70 por ciento de la población nacional de ese censo. La inmensa mayoría de estos jóvenes se encuentran en una situación vulnerable y por ende, necesitan que se amplíen las acciones en favor de ellos por parte de las instancias gubernamentales, públicas y sociales. Ya que no podemos negar que en los tiempos presentes, es una realidad que la juventud mexicana es presa del asecho de grupos criminales y delictivos que pretenden cooptarla –y de hecho lo hacen– aprovechándose de la situación crítica que atraviesa un país que les brinda cada vez menos oportunidades de superación y realización.
Ante tal situación, es fundamental consolidar en los jóvenes la cultura de la legalidad, el respeto y ejercicio de los derechos humanos, por lo cual, sería plausible la creación y operación de un programa especial de formación y capacitación que les permita conocer sus derechos humanos y así consolidar en ellos, una cultura de respeto a tales prerrogativas que les posibilite su práctica cotidiana en la familia y la sociedad en general, reafirmado en ellos una cultura cívico-política y con valores morales. Así como la CNDH implantó un programa especial para la niñez y la familia en esta materia, sería oportuno que este organismo diseñe, implemente y opere un programa similar, pero enfocado y adaptado al vasto sector juvenil.
En la ejecución de tal programa la CNDH podría actuar por sí sola y/o con el apoyo y respaldo de otras instancias gubernamentales que realizan acciones especificas en favor de la juventud mexicana, así como con el sector social, con el firme propósito de llevar a cabo acciones en beneficio de nuestros jóvenes que hoy, como nunca antes, atraviesan y padecen una dura crisis social que los sumerge en un estado de incertidumbre ante los problemas de desempleo, violencia, falta de oportunidades para superarse y carestía que se han agudizado en el presente milenio en nuestro país.
Así como la familia y la niñez tienen un lugar preponderante en las prioridades de la agenda política, es necesario reiterar que también es importante acrecentar las acciones que impulsen al amplio sector conformado por jóvenes que viven una etapa decisiva en la definición del rumbo que darán a sus vidas.
Por las razones expuestas consideramos necesario se exhorte a la CNDH para que diseñe, implemente y opere un programa especial sobre asuntos de la juventud, dejando a libertad de tal organismo los lineamientos bajo los cuales operaría éste.
Conforme a la normatividad, es posible la creación de un programa especial sobre asuntos de la juventud por parte de la CNDH, ya que entre las atribuciones concedidas a este organismo por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es importante resaltar las enunciadas por el artículo 6o., fracciones IX, XI y XIII de la norma legal en comento, que a la letra dicen:
Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
...
IX. Promover el estudio, la divulgación y enseñanza de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional:
...
XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;
...
XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;
...
Asimismo, el artículo 15, fracciones VI y VIII del mismo cuerpo legal, establece:
Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
...
VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines:
...
VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país;
...
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diseñe, implemente y ejecute un Programa Especial sobre Asuntos de la Juventud, tendiente a fomentar la formación y capacitación en los jóvenes en materia de derechos humanos, para así consolidar en ellos una cultura de respeto a tales prerrogativas que posibilite su práctica cotidiana en el plano familiar y social.
Notas
1 Consultado en el portal http://www.cndh.org.mx en fecha 12 de febrero de 2011.
2 Juárez Reyes, Javier Esteban. La desafección política de los jóvenes en México: Vinculación con la democracia, participación social y política. Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. México, DF. Diciembre de 2008. Páginas 19 y 20.
3 Consultado en el portal www.inegi.org.mx en fecha 10 de febrero de 2011. Es importante mencionar que conforme a la información proporcionada en dicho sitio electrónico el total de la población nacional corresponde al Censo de Población y Vivienda efectuado en 2010, mientras que la cifra de la población juvenil aludida es la correspondiente al Censo de Población y Vivienda de 2005. Lo anterior es debido a que el Inegi no tiene actualizada a la fecha de consulta la información correspondiente al último indicador.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.
Diputados: Diana Patricia González Soto, Francisco Saracho Navarro, Héctor Hugo Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de La Fuente, Josefina Rodarte Ayala (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Profepa a fin de que se reúna con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía para presentar su programa de trabajo, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales de la Coordinación de Coahuila de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Con la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, el 4 de junio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que crea jurídicamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como un órgano autónomo desconcentrado con autonomía técnica y operativa, con atribuciones para regular actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo y el aire y el cuidado de los recursos naturales.
A 19 años de su creación, la Profepa, hoy como un órgano administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene entre sus tareas principales vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, recibir investigar y atender las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas de nuestro país, salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, entidades federativas, municipales del Distrito federal, entre otras facultades mencionadas en Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Hoy ante la reciente designación del doctor Hernando Guerrero Cázares como titular de la Profepa, la procuraduría cuenta con diversas tareas pendientes, dentro de las que podemos mencionar las siguientes: 1
La falta de incentivo o motivación de las empresas para que se sumen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), ya que se reporta que sólo 254 empresas decidieron incorporarse a dicho programa.
En materia de impacto ambiental se reporta que de 1, 618 visitas realizadas por la Profepa, se encontraron 1,410 proyectos que no contaban con autorización y, sin embargo, sólo se impusieron 178 clausuras, es decir, sólo se aplicó estrictamente la ley a poco más del 10 por ciento de proyectos irregulares.
En materia de zona federal marítimo terrestre, de las 739 ocupaciones que se registraron como carentes de concesión, la Profepa solamente emitió 328 resoluciones con imposición de multas, permitiendo que el resto use, ocupe o aproveche un bien nacional de manera ilegal.
Respecto al instrumento de denuncia ambiental, se señala que de 4,250 denuncias recibidas en la Profepa, fueron resueltas 4,248, pero no se señala el punto medular del asunto, que es la información respecto al sentido en el que fueron resueltas, lo cual permitiría determinar si el procedimiento administrativo realizado por la procuraduría se está llevando a cabo conforme lo marca la legislación, pues de 7,912 procedimientos administrativos instaurados (dentro de los cuales se encuentran los iniciados por denuncias ambientales), solamente se resolvieron 3,037.
En la Profepa, a los 3,037 procedimientos pendientes, se suman expedientes pendientes de años anteriores y representa un rezago total de 13,009 expedientes, lo que implica que el organismo encargado de impartir justicia en materia ambiental no ha sido eficiente y que no se está impartiendo justicia ambiental pronta y expedita; lo anterior implica, no solamente la violación a un derecho fundamental de todo ciudadano, sino que dicha omisión contribuye al deterioro del medio ambiente.
Por lo mencionado, el nuevo programa de trabajo del encargado de dirigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no es un asunto de menor importancia: se necesita un programa de trabajo adecuado, un programa que resuelva los pendientes. Es necesario que el procurador designado eficiente el trabajo de la procuraduría. Debemos recordar que la poca atención que ponemos a la política ambiental en el país nos lleva a pagar errores muy caros.
Por lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al recién designado procurador federal de Protección al Ambiente a fin de que se reúna con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para presentar su programa de trabajo.
Nota
* Cuarto informe de labores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2011.
Diputados: Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López (rúbricas).
