Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3286, lunes 20 de junio de 2011
Iniciativas
Que reforma el artículo 87-Ñ y adiciona el 87-O a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, recibida del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
El suscrito, diputado federal Julio Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 87-Ñ y adiciona el 87-O de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La economía mexicana requiere innovaciones que permitan generar más y mejores empleos, así como favorecer la competitividad de las empresas. En este tema, el marco regulatorio es trascendental pues establece las reglas que delimitarán las actividades productivas y las diversas transacciones a realizar.
De manera general, la regulación puede restringir o incentivar las decisiones de los agentes, en especial, en cuanto al inicio o cierre de operaciones y la utilización de instrumentos económicos y financieros que derivan directamente en la competencia del mercado.
Mucho se ha dicho sobre la necesidad de una economía competitiva, por lo que el Ejecutivo federal y los legisladores hemos impulsado diversas reformas, especialmente a la Ley Federal de Competencia Económica, incrementando las capacidades y atribuciones del órgano regulador de la materia.
Sin embargo, para alcanzar un mercado competitivo no es suficiente con fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, sino que es preciso impulsar reglas claras que incentiven la dinámica económica y faciliten a los ciudadanos el acceso a más y mejores productos y servicios.
La falta de diversidad en la oferta es un problema que también se manifiesta en el ámbito financiero de nuestro país, a pesar de que una de las condiciones fundamentales para promover el crecimiento es contar con un sistema financiero moderno, eficiente y seguro, que apoye e incentive la productividad y la competitividad de la economía, y que garantice pleno acceso al consumidor.
Este tema toma relevancia al observar la estructura de este sistema, en donde cuatro grandes bancos dominan el mercado, lo que restringe las opciones para la población a pesar de que existen intermediarios que pudiesen incrementar la oferta de servicios; sin embargo, esto no puede ser así porque la regulación vigente lo prohíbe. Así, por ejemplo, a pesar del gran número de operaciones que se pueden realizar a través de los fideicomisos con intermediarios financieros, en donde el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria 1 su uso en México es mínimo.
Dentro del proceso de la toma de decisiones orientado a evaluar la viabilidad de un negocio, es necesario revisar cuidadosamente el proyecto de inversión, la forma de administración que se utilizará y, por supuesto, la estructura legal del negocio. Resulta relevante conocer los distintos regímenes fiscales que nuestro país brinda mediante su legislación impositiva, para efectos de ofrecer aquél que promueva el interés de los inversionistas locales e internacionales. En este sentido, una de las figuras más utilizadas a nivel internacional para esta actividad es el fideicomiso, que en nuestro país ni es fomentado ni aprovechado.
En el futuro próximo, las empresas no podrán sostenerse si carecen de la inteligencia de negocios. Por ello, existen diferentes alternativas en México para la operación de un negocio que van desde la utilización de regímenes fiscales para personas físicas, para personas morales por medio de sociedades mercantiles, hasta la conformación de asociaciones en participación o fideicomisos en sus distintas modalidades donde las personas físicas y morales pueden asociarse conservando sus regímenes fiscales.
En México existe poca competencia en materia de servicios fiduciarios, mercado dominado principalmente por instituciones de crédito. Los fideicomisos de administración, inversión y financieros, únicamente son ofrecidos en el mercado por unos cuantos actores, lo que hace que el costo y el acceso a este tipo de servicios sea muy complicado para el consumidor.
Dado que solamente las instituciones de crédito pueden participar en la oferta de la mayoría de los tipos de fideicomisos, ésta se limita a algunas de estas instituciones y a la banca de desarrollo. Estos actores dominan gran parte de la operación fiduciaria en nuestro país, teniendo la ventaja de poder vincular otro tipo de operaciones (principalmente créditos) a la estructuración de fideicomisos, pero lo hacen principalmente como un medio para generar otro tipo de negocios que son más cercanos a su actividad medular: el financiamiento.
Las grandes instituciones de crédito, líderes en el negocio fiduciario, no tienen representantes de los negocios fiduciarios en varias grandes ciudades de nuestro país. La gran mayoría de las ciudades en México no cuentan con servicios fiduciarios. La estructura actual de la oferta, los precios y su promoción se enfoca primordialmente en los corporativos y empresas grandes, así como en el sector poblacional de ingresos más altos, dejando a una gran parte de la industria y de la población sin acceso a un servicio que otorga grandes beneficios.
El desarrollo del negocio fiduciario es de alta importancia para el país por su valor inherente y por la certidumbre que da para la realización de negocios. Sin embargo, la poca utilización de la figura fiduciaria en México es producto del limitado número de instituciones que brindan el servicio, lo que hace que sea costosa, ineficiente y con poca presencia en la mayor parte del país. Lo que es resultado de la actual legislación que otorga exclusivamente a los bancos la licencia fiduciaria completa, es decir, para realizar fideicomisos de administración, inversión, financieros y de garantía.
En contraparte, instituciones como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), 2 que cuentan con recursos humanos y administrativos para actuar como fiduciarias, únicamente pueden actuar como fiduciarias en fideicomisos de garantía. 3 Esta restricción se encuentra establecida en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) en el artículo 87-Ñ en donde se señalan las actividades prohibidas para las Sofomes, entre ellas actuar como fiduciarias en cualesquier otros fideicomisos distintos a los de garantía . Estas disposiciones limitan el adecuado y extensivo uso de los fideicomisos en el país e interfieren en la generación de valor para los individuos y empresas.
La actividad de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple debe concebirse como un complemento necesario para el mejor desarrollo de la actividad económica del país, sobre todo en su aspecto activo, y de ninguna forma como una competencia, abierta o velada, de las instituciones de crédito.
Las Sofomes tienen un importante desafío para consolidarse en el mercado financiero mexicano. En el actual escenario, es muy positivo que la visión y fundamentos establecidos por la Sofome, los fondeadores y la Ley permitan a estas entidades apegarse a los mejores estándares de supervisión, además de establecer que la parte central operativa de los negocios cumpla con reglas de administración, operación y control, asegurando un adecuado manejo de los recursos obtenidos de los socios y fondeadores. Así, los usuarios de estas entidades se verán beneficiados al obtener créditos de una manera ágil y segura.
Por lo anterior, vengo a esta Soberanía a dejar a su consideración esta iniciativa que reforma el primer párrafo, deroga la fracción I del artículo 87-Ñ de la LGOAAC y adiciona el artículo 87-O para que las Sofomes ejerzan la figura fiduciaria en forma completa que hoy está reservada exclusivamente a Bancos, es decir, que las operaciones de fideicomisos de estas sociedades no se limiten a los de garantía.
Para ello, hemos considerado la necesidad de establecer algunos requisitos básicos que den certidumbre y garantía a los servicios fiduciarios que presten las Sofomes, mismos que deberá hacer valer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de el tiempo que lleve operando la sociedad, el capital mínimo requerido, las reglas a observar en los manuales y sistemas de administración y operación de los fideicomisos, así como los requisitos para los delegados fiduciarios, a fin de favorecer el sano desarrollo de este sector.
La aprobación de la propuesta favorecería sin duda alguna un sistema fiduciario eficiente, ya que se incrementaría el número de organizaciones que prestan servicios fiduciarios generando una mayor competencia, eficiencia e innovación en los servicios en beneficio de la población y el sector empresarial que aun no los utilizan.
Asimismo, un mayor número de participantes en el sistema fiduciario incrementaría la cobertura geográfica, facilitando que más regiones del país se puedan beneficiar de la figura para hacer negocios.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 87-Ñ y adiciona el 87-O de la ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción I del artículo 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para quedar como sigue:
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo 87-Ñ. Las sociedades financieras de objeto múltiple quedarán sujetas, en lo que respecta a las operaciones de fideicomiso que administren, a lo dispuesto por el Capítulo V del Título II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los artículos 79 y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito para dichas instituciones. En los contratos de fideicomiso que administren, a las sociedades financieras de objeto múltiple les estará prohibido:
I. (se deroga).
II. a IX. (...)
(...)
Artículo Segundo: Se adiciona el artículo 87-O a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para quedar como sigue:
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo 87-0. Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que deseen actuar como fiduciarias, en términos del artículo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos;
I. Tener al menos 3 años de operación
II. Contar con un Capital Mínimo de $6,000,000
III. Tener los Manuales y Sistemas requeridos para la administración y operación de los Fideicomisos
IV. Que sus Delegados Fiduciarios tengan al menos 3 años de experiencia financiera y fiduciaria.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).
2 Las Sofomes son sociedades anónimas que en sus estatutos sociales, contemplan dentro de su objeto social la realización habitual y profesional de una o más de las actividades relativas al otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero, entre otros.
3 La LGTOC establece la figura de fideicomiso de garantía cuyo fin es garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la unión, a 15 de junio de 2011.
Diputado Federal Julio Castellanos Ramírez (rúbrica)
Que reforma los artículos 3 y 12 de de la Ley General de Protección Civil, recibida del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
Problemática
La falta de regulación en las leyes federales ha propiciado el creciente aumento de asentamientos humanos por desconocimiento y falta de información en zonas de riesgos, las cuales ante un fenómeno perturbador ponen en peligro a la población. Esta iniciativa forma parte un grupo de reformas en materia de prevención, las cuales pretenden evitar el uso de dichas zonas.
Argumentación
El desastre es una situación resultante en una sociedad o comunidad, después de que ha sido azotada por algún fenómeno natural o propiciado por el hombre, ya sea terremoto, inundación, huracán, vulcanismo, deslizamiento u otro, o por acciones erróneas del hombre, tales como incendios, explosiones etc. En ambos casos, el desastre se puede medir en términos de daños y pérdidas materiales, económicas o en lesiones y pérdidas de vidas humanas.
El incremento en la última década del número de desastres naturales y sus consecuencias, ha estimulado la reflexión colectiva en torno al tema y ha puesto de manifiesto la evidente relación que existe entre desarrollo y riesgo de desastres. Asimismo, se ha transitado de posiciones de manejo de emergencias o manejo de desastres, hacia una perspectiva más centrada en la gestión del riesgo y en la necesidad de una planificación prospectiva del desastre.
Cualquier actividad de desarrollo tiene el potencial de aumentar o disminuir los riesgos de desastres y las repercusiones de los mismos dependen en gran medida del tipo de políticas de desarrollo previamente adoptadas. La capacidad de una sociedad humana de enfrentarse a los desastres está determinada, principalmente, por las debilidades y fortalezas internas de una sociedad, esto es, de su nivel de vulnerabilidad social y económica, entre otras.
Es necesario invertir mayores esfuerzos y recursos para transitar de un esquema reactivo a uno preventivo. Por ello es indispensable establecer estrategias, políticas y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores con la coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, sectores sociales y privados.
Este cambio de estrategia debe lograr que la sociedad sea capaz de afrontar los peligros naturales y generados por el hombre asegurando al mismo tiempo que el desarrollo no incremente su vulnerabilidad y por ende el riesgo. Sólo así se podrá garantizar un país menos vulnerable y una población más preparada y segura.
Un requisito esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil, políticas de prevención y mitigación del impacto de los desastres, es contar con un diagnóstico de riesgos, es decir, conocer las características de los eventos que pueden tener consecuencias desastrosas y determinar la forma en que estos eventos inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. Una manera efectiva para integrar esta información y hacerla disponible a un amplio número de usuarios, es a través de un Atlas. La cartografía digital y los sistemas informáticos modernos ofrecen una herramienta de gran utilidad para la representación de peligros y riesgos a diferentes escalas y detalles, así como la generación de diferentes escenarios a través de modelos y simulaciones.
De acuerdo con la Ley General de Protección Civil en su artículo 12, fracción XVII, es atribución de la Secretaría de Gobernación desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos. Para tal efecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), como apoyo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha dado a la tarea de emprender el desarrollo del mismo.
El reto que se ha establecido es la integración de un sistema de información sobre el riesgo de desastres detallado a nivel municipal y de comunidades en zonas de riesgo. La integración de este Atlas Nacional de Riesgos (ANR), demandará un enorme esfuerzo de investigación, recopilación de datos, trabajo de campo, y sobre todo de coordinación multi-institucional, siendo indispensable la participación de los tres niveles de gobierno, las autoridades de Protección Civil, organizaciones públicas y privadas, así como la población en general.
El ANR será consistente con los atlas estatales y municipales de riesgos y cuenta con diagnósticos a nivel local, partiendo de criterios homogéneos y siguiendo una metodología común. Es por esta razón que el Cenapred ha encaminado sus esfuerzos para proponer lineamientos generales y criterios uniformes para identificar y cuantificar los peligros, establecer las funciones de vulnerabilidad y estimar el grado de exposición.
Además de los criterios utilizados para elaborar el Atlas Nacional de Riesgos, es sumamente importante considerar los Derechos de Vía como zonas de riesgo, sin importar el tipo de infraestructura ya que esta delimita la distancia mínima considerada como zona de peligro.
El derecho de vía es la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, esto constituye una franja de seguridad, para la población por donde circulan vehículos, particularmente aquellos destinados a la transportación de productos peligrosos.
Tal es el caso del ferrocarril que a pesar de ser un sistema de transporte seguro en sus operaciones y con niveles reducidos de accidentes, no está exento de ellos, por lo que es indispensable que se encuentre totalmente libre el derecho de vía, ya que este, en caso de un descarrilamiento es el espacio que invade un vagón una unidad ferroviaria. Esta delimitación en el caso ferroviario es de 15 metros en ambos lados.
El derecho de vía también constituye una parte importante en las carreteras, actualmente en México hay un sin número de obstáculos que en caso de una salida accidental de la carpeta asfáltica o camino, se tienen consecuencia fatales.
Esos obstáculos convierten a las carreteras en trampas mortales y algunos de estos son: torres y postes de energía eléctrica, letreros de publicidad, tuberías, soportes de concreto, bardas, cimientos y construcciones irregulares
Ley de Vías Generales de Comunicación, en su Artículo 46 establece lo siguiente:
Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones, en la forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vía de las vías generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así como para instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el transporte.
En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia de cien metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La Secretaría de Comunicaciones, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes.
El derecho de vía también constituye la delimitación mínima segura, para los ductos que transportan gas e hidrocarburos de Pemex, y las cuencas de los ríos, que en caso de un aumento en su flujo de agua no afecte a la población.
El uso indebido del derecho de vía por asentamientos humanos irregulares pone en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. El crecimiento de las ciudades por falta de un adecuado ordenamiento territorial, ha provocado una importante demanda de espacios para viviendas, que, al no tener otra alternativa, invaden el derecho de vía
Fundamentación
El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto, a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, Numeral 1, fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil.
Artículo Primero: Se recorre la fracción XX y se adiciona una nueva al artículo 3 de la Ley General de Protección Civil.
Ordenamiento a modificar
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a XVIII. ...
XIX. Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres.
XX. Damnificado: Persona cuyos bienes, entorno o medios de subsistencia registran daños provocados directa o indirectamente por los efectos de un fenómeno perturbador, que por su magnitud requiere, urgente e ineludiblemente, del apoyo gubernamental para sobrevivir.
XXI. a XXII. ...
Texto normativo propuesto
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I a XIX...
XX. Zona de Riesgo: aquella en donde la presencia de un agente perturbador, fenómeno natural o generado por el hombre, que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable tales como asentamientos humanos, infraestructura, plantas productivas y todo aquello que establezca esta ley, en un grado tal, que constituye un desastre.
XXI. Damnificado: Persona cuyos bienes, entorno o medios de subsistencia registran daños provocados directa o indirectamente por los efectos de un fenómeno perturbador, que por su magnitud requiere, urgente e ineludiblemente, del apoyo gubernamental para sobrevivir.
XXII a XXIII.
Artículo Segundo: Se recorre la fracción XIX y se adiciona una nueva al Artículo 12 de la Ley General de Protección Civil.
Ordenamiento a modificar
Artículo 12. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de Gobernación, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:
I. a XVIII. ...
XIX. Las demás que la ley le señale o le asignen el Presidente de la República y el Consejo Nacional.
Texto normativo propuesto
Artículo 12. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de Gobernación, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:
I a XVIII.
XIX. Coordinar con las dependencias correspondientes, para delimitar los derechos de vía, los cuales serán clasificados como zonas de riesgo, mismos que estarán integrados dentro del Atlas Nacional de Riesgo.
XX. Las demás que la ley le señale o le asignen el Presidente de la República y el Consejo Nacional.
Transitorios
Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de Junio del año 2011.
Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Junio 15 de 2011.)
Que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, recibida del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
Problemática
La falta de un adecuado ordenamiento territorial aunado a un acelerado crecimiento de la población ha propiciado que asentamientos irregulares invadan el derecho de vía del sistema ferroviario, esta iniciativa integra esta delimitación dentro de la jurisdicción federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cumplan las disposiciones aplicables.
Argumentación
El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Sector de Comunicaciones y Transportes promover su desarrollo, vigilar la seguridad en la operación ferroviaria y las condiciones que garanticen la libre competencia e incrementen la calidad de los servicios brindando seguridad.
La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario regulan la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.
Las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreos, almacenajes transbordo que se realizan dentro de las zonas federales, se consideran actividades conexas con las vías generales de comunicación y se encuentran reguladas, en forma genérica, por la Ley de Vías Generales de Comunicación y, específicamente, por el Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres.
Para entender el derecho de vía, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su Artículo 2 Fracción I establece lo siguiente:
I. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
El derecho de vía ferroviario es parte integran del sistema férreo que permite el correcto funcionamiento del mismo en cuanto a mantenimiento y operación.
A pesar de que el ferrocarril es un sistema de transporte seguro en sus operaciones y con niveles reducidos de accidentes, no está exento de ellos, por lo que es indispensable que se encuentre totalmente libre el derecho de vía, ya que este, en caso de un descarrilamiento es el espacio que invade un vagón una unidad ferroviaria. El nivel de riego aumenta por el tipo de productos que transportan los ferrocarriles como los derivados del petróleo tales como Combustóleo, Gasolina, Aceites y productos químicos como el azufre y el cloro.
El uso indebido del derecho de vía para asentamientos irregulares pone en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. El crecimiento de las ciudades por falta de un adecuado ordenamiento territorial, ha provocado una importante demanda de espacios para viviendas, que al no tener adecuada alternativa ocupan el derecho de vía. Es importante mencionar que tanto las vías férreas como el derecho de vía son zonas federales.
Otro problema que se ha derivado de la invasión al derecho de vía es el robo a los vagones de carga y esto ocurre porque los trenes a pasar por zonas conurbadas se ven obligados a reducir su velocidad y de esta forma es muy fácil para cualquier persona subir en algún vagón y detenerlo con simplemente contar el sistema hidráulico de frenos.
La presente iniciativa tiene como finalidad incluir dentro de la jurisdicción federal del derecho de vía como parte integral de las vías generales de comunicación ferroviaria, para que por medio de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes se verifique y se cumplan con las disposiciones aplicables.
Fundamentación
El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto, a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1, fracción I, del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Se reforman diversas disposiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Artículo Primero: Se reforma el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Ordenamiento a modificar
Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.
Texto normativo propuesto
Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el derecho de vía, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.
Artículo Segundo: Se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Ordenamiento a modificar
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. a III. ...
IV. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;
V. a IX.
Texto normativo propuesto
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. a III. ...
IV. Verificar que las vías férreas, el derecho de vía, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;
V. a IX.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de junio de 2011.
Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Junio 15 de 2011.)
Que modifica el párrafo segundo del inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, recibida del diputado Jaime Fernando Cárdenas García, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo del inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de permitir que las leyes electorales federales y locales se puedan promulgar y publicar hasta antes del inicio de las precampañas del proceso electoral respectivo.
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del problema
México vive momentos críticos y definitorios para su vida política. El reclamo social para que las instituciones de nuestra democracia evolucionen de un régimen jurídico representativo hacia uno participativo no puede continuar siendo ignorado por los actores de la vida pública. Desde todos los ámbitos de la sociedad proviene la exigencia de transformar nuestro régimen democrático en uno que permita la participación popular efectiva en las decisiones fundamentales de nuestra vida pública.
Los diputados y los senadores que integramos la actual legislatura no podemos eludir nuestra responsabilidad frente al reclamo democrático de la sociedad mexicana. Ante las exigencias generalizadas de los ciudadanos por ampliar los márgenes de nuestra democracia es nuestro deber reaccionar con la oportunidad y la eficacia que se nos reclama. Anteponer el interés partidista al consenso nacional que han generado los planteamientos por avanzar hacia una democracia participativa, sería un error muy grave por parte de quienes tenemos el compromiso de crear las leyes que reclama el interés general de la nación.
Con el propósito de atender, con la oportunidad que la sociedad espera, es decir, de cara al proceso electoral de 2012, las exigencias por establecer en el texto constitucional los mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en la vida pública del país, es indispensable que se reforme el artículo 105 constitucional para eliminar de su contenido el mandato que establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Esta disposición constitucional debe ser modificada en el sentido de que las normas electorales deberán ser promulgadas y publicadas antes del inicio de las precampañas, manteniendo la prohibición de que durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones fundamentales a las normas electorales.
Esta reforma constitucional y las subsiguientes de carácter secundario permitirán que el procedimiento legislativo para la incorporación al texto constitucional y secundario de los mecanismos de democracia participativa y para poner a punto el sistema electoral puedan desahogarse con la oportunidad suficiente para que entren en vigor en el proceso electoral de 2012. Las diversas propuestas de reforma política no pueden ser pospuestas con el argumento falaz y cortoplacista de que los tiempos no alcanzan. Hagamos lo necesario para que si alcancen.
El reclamo democrático que hoy se vive en México, como lo viven también otros países, se manifiesta de manera cotidiana en expresiones populares en las calles y plazas de todo el territorio nacional. La inconformidad social con el funcionamiento de las instituciones que conforman el aparato político es patente en todos los ámbitos de la vida nacional. En los estudios de opinión pública es habitual corroborar el desencanto ciudadano con el funcionamiento de los órganos públicos así como el creciente desprestigio de los actores políticos. Es inocultable el hecho de que nuestra democracia ha perdido legitimidad a los ojos de los ciudadanos y que existe un evidente alejamiento entre gobierno y gobernados.
Por otro lado, la fuerza que han adquirido los grupos de poder económico en México, gracias a las ventajas que obtienen de su cercanía con los centros de poder, ha generado el surgimiento de poderes fácticos cuya actuación desnaturaliza la vida democrática al someter a sus intereses el funcionamiento de las instituciones públicas. El ciudadano ha perdido protagonismo ante la fortaleza de los grupos de poder económico. Salvo en periodos electorales, se puede afirmar que el actual sistema político prescinde del ciudadano para gobernar. Las decisiones que le afectan en sus condiciones de vida se toman sin considerar sus puntos vista de manera directa. En cambio, los poderes fácticos tienen acceso cotidiano a quienes toman las decisiones, lo que les permite influir en ellas de acuerdo a sus intereses particulares, en la mayoría de los casos, en detrimento del interés general.
Es reconocido en prácticamente todos los ámbitos sociales que la complejidad que caracteriza a la sociedad mexicana no tiene los cauces adecuados para expresarse en las instituciones del actual sistema político. Está demostrado que las instituciones de la democracia representativa están muy limitadas en sus posibilidades para encontrar soluciones a los problemas derivados del desarrollo económico, social y político de las sociedades. La gente ya no tiene ninguna esperanza de que a través de su voto se puedan cambiar sus condiciones de vida. A una mayoría de ciudadanos la democracia no le ha generado condiciones dignas de vida. Sus niveles de ingreso, cuando lo tienen, y sus expectativas de mejorarlo están en un permanente deterioro. Cada vez es más generalizada la opinión de que los mecanismos de la democracia representativa son insuficientes para garantizar una auténtica democracia, entendida como un sistema político que propicie el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente.
El hastío ciudadano o nihilismo democrático como le llaman algunos autores, que corroe las estructuras sociales es producto de la falta de resultados concretos que el sistema político arroja, de la insatisfacción con un sistema que no abre oportunidades a millones de jóvenes para labrar un futuro digno. Debemos aceptar que la democracia que vivimos ya no es funcional a una sociedad que anhela expectativas reales de mejora. Una sociedad que percibe el poder como un fenómeno extraño y hostil a su esfera personal. Una sociedad que percibe al poder como el responsable de sus precarias condiciones de existencia. A nadie conviene que este cansancio democrático siga desarrollándose en nuestro país, todas las fuerzas democráticas debemos unirnos para transformar y fortalecer nuestra democracia a través de los cambios legislativos que sean necesarios.
Si el sistema político no es capaz de dar una respuesta eficaz a estos reclamos populares, se verá inevitablemente rebasado por la energía social que está emergiendo en todos los ámbitos de la sociedad. El andamiaje institucional vigente corre el riesgo de ser desbordado por el empuje de una sociedad activa que exige participar en las decisiones públicas que afectan sus condiciones de vida. Ya no es suficiente con escuchar y mantener las puertas abiertas para generar apoyo al sistema democrático. Lo que se requiere es crear nuevos mecanismos que permitan a los ciudadanos tomar parte en las decisiones que les afectan. Las políticas públicas no pueden seguir siendo manejadas por los políticos o burócratas únicamente. El empleo, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, las prioridades presupuestales, entre otros, son asuntos que deben abordarse con la participación de la gente y no sólo desde la perspectiva de las oficinas burocráticas. La sociedad está interesada en la solución de los problemas que le aquejan y es indispensable abrir los cauces a su participación. No se puede prescindir de los ciudadanos en el tramo que va de una elección a otra, a riesgo de que los ciudadanos prescindan de los políticos bajo el contundente argumento de que vivimos una democracia simulada.
Es una circunstancia lamentable el hecho de que en este órgano legislativo, desde hace por lo menos 10 años, están detenidas un gran número de iniciativas presentadas por legisladores de todos los partidos políticos en las que se proponen diversas reformas al texto constitucional para incorporar los mecanismos de la democracia participativa. Esta situación constituye no sólo un rezago legislativo sino, algo más grave, constituye un grave incumplimiento del legislador con el mandato de la sociedad. Esta omisión legislativa debiera impulsar el compromiso de la actual legislatura de sacar adelante las reformas que la sociedad exige en materia de democracia. Sería irresponsable seguir postergando, con argumentos falaces, los cambios que el país reclama desde hace años. Si para avanzar hacia una democracia que propicie una mayor participación ciudadana en el proceso electoral de 2012 se requiere eliminar el plazo de noventa días que establece el artículo 105 de la Constitución, es una elemental obligación hacerlo porque así nos lo exige la sociedad mexicana.
II. Argumentos a favor de esta iniciativa
La reforma constitucional electoral, publicada el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, determinó en la porción normativa conducente del artículo 105 fracción II inciso g) párrafo segundo que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. La finalidad de la reforma era la de brindar certeza a los procesos electorales para que las reglas del juego electoral no se modificaran iniciado el proceso.
Los contenidos de la norma en cuestión se han cumplido y satisfecho en los últimos procesos electorales, por eso cuando éstos inician las reglas del juego ya no se modifican. Sin embargo, una de las consecuencias no deseadas de esa reforma electoral consiste en el uso político que se da al tiempo. Se utiliza el timing para inhibir o desacelerar reivindicaciones electorales fundamentales. Las comisiones competentes del Congreso, las que no se caracterizan por cumplir con su plan de trabajo, retrasan la aprobación de las modificaciones electorales hasta el último momento para que ya no se aprueben reformas secundarias o constitucionales que redundarían en una mayor equidad, limpieza y libertad en el siguiente proceso electoral.
Es cierto que no convendría modificar las reglas y las instituciones electorales a mitad de los procesos electorales porque se lesionaría el principio de certeza electoral pero también es totalmente verdadero que la restricción constitucional que aquí tratamos impide mejorar y perfeccionar el entramado institucional. En este sentido, lo que convendría sería extender el plazo para realizar reformas electorales y políticas fundamentales hasta antes del inicio de las precampañas electorales. Hasta ese momento electoral no existe competencia al interior de los partidos y mucho menos entre ellos. Del inicio del proceso electoral federal la primera semana de octubre del año previo a la elección a la etapa de inicio de las precampañas en la tercera semana de diciembre del año previo de la elección en tratándose de elecciones presidenciales y en la cuarta semana de enero del año de la elección en tratándose de elecciones intermedias (artículo 211, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) la autoridad electoral desarrolla actividades de preparación del proceso electoral, por lo que aún es factible, sin alterar la arquitectura del proceso electoral, realizar reformas y modificaciones en preparación del mismo porque aún no ha comenzado la competencia intra y entre partidos y candidatos.
No puede perderse de vista que con motivo de la última reforma constitucional electoral de finales de 2007 quedaron pendientes de aprobación modificaciones legales que al no tenerse impedirán contar con condiciones electorales adecuadas en el próximo proceso electoral. Me refiero, por ejemplo, a las leyes que deben regular el derecho de réplica y la propaganda gubernamental y de Estado. Sin embargo, también existen pendientes importantes en materia de radio y televisión, delitos electorales, nulidades electorales, reducción del financiamiento público y reducción o derogación del financiamiento privado, democracia interna de los partidos y, concesión de legitimación procesal activa a los ciudadanos para impugnar resultados y decisiones electorales.
Los que seguimos la actuación de las autoridades electorales federales de nuestro país, sabemos que existen discusiones acaloradas en los órganos electorales y en el ámbito académico, para definir con precisión lo qué es propaganda política, lo qué es un aspirante, lo qué es un acto anticipado de precampaña o campaña o, lo qué debe entenderse por adquisición de propaganda, entre muchos otros temas sujetos a debate. Una reforma electoral en estos momentos contribuiría a definir y precisar las zonas de penumbra en la interpretación de las normas electorales.
La circunstancia en la que nos encontramos es tan apremiante que aún no hemos integrado plenamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como se sabe, la Cámara de Diputados no ha podido alcanzar los consensos para designar a tres consejeros electorales y ya nos encontramos a las puertas del proceso electoral. Tampoco la Comisión Permanente o el Ejecutivo han decidido convocar a sesiones extraordinarias al Congreso o a la Cámara de Diputados para realizar la designación correspondiente y para aprobar las reformas electorales que brinden certeza y legalidad al proceso electoral que se avecina.
Existen además minutas del Senado pendientes de análisis por la Cámara de Diputados. En particular una que fue remitida a ésta tres días antes de la conclusión del último periodo ordinario de sesiones que contiene una reforma política impulsada por el Ejecutivo y por las fuerzas políticas mayoritarias en el Senado de la República. También fue remitida recientemente por el Senado a la Cámara de Diputados otra minuta que propone modificaciones puntuales a la legislación electoral. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene predictámenes concluidos en materia de reforma política y democracia participativa que exigen su aprobación para democratizar el sistema político.
Aunado a lo anterior, la sociedad civil exige modificaciones constitucionales y legales fundamentales para brindar a los ciudadanos las herramientas y los mecanismos de democracia participativa. La Caravana del Consuelo que encabeza el poeta Javier Sicilia demanda cambios institucionales para que en el sistema político mexicano se contemple la figura de candidato independiente y para que se establezcan amplios medios de democracia participativa. La sociedad civil mexicana, como la de otras partes del mundo, quiere una democracia real en donde el sistema electoral y político no esté monopolizado por los partidos políticos.
La pertinencia de esta iniciativa es palmaria. Si no realizamos a tiempo los ajustes electorales y políticos necesarios de cara a la próxima elección, lo más seguro es que el proceso electoral que se aproxima naufrague, pues existen factores externos e internos al proceso electoral venidero que conspiran en contra de él, entre ellos los siguientes: la presencia del crimen organizado en amplios espacios del territorio nacional, la inseguridad ciudadana como realidad y como preocupación número uno entre los mexicanos, la militarización en la que se encuentra sumido el país, la pobreza extendida que día a día se profundiza, el encono y las diferencias que parecen insalvables entre la clase política, la debilidad de las autoridades electorales que no logran consolidarse como árbitros por encima de los intereses partidistas y, el papel antidemocrático de los poderes fácticos.
Urge corregir, poner a punto nuestro sistema electoral y político. Es conveniente que el Congreso de la Unión brinde esa oportunidad a los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que modifica el párrafo segundo del iniciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, con el propósito de permitir que las leyes electorales federales y locales se puedan promulgar y publicar hasta antes del inicio de las precampañas del proceso electoral respectivo
Artículo Único. Se modifica el párrafo segundo inciso g) fracción II del artículo 105 constitucional para quedar en los siguientes términos:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. ...
a) a k)...
II. ...
a) a g)...
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse antes de que inicien las precampañas correspondientes al proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
...
III. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado sede de la Comisión Permanente, a 15 de junio de 2011.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 15 de 2011.)
Que reforma las fracciones I del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, recibida del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
El que suscribe, Armando Jesús Báez Pinal, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Con estricta observancia a lo que señala el artículo 134 de la Carta Magna, para que los funcionarios de las diferentes instancias de gobierno utilicen con responsabilidad los recursos públicos, he formulado la presente iniciativa considerando las características y especificaciones que requieren para su conservación y, en su caso restauración, los bienes culturales arqueológicos, artísticos e históricos.
Lo que se estableció en ese artículo 134 en la Constitución de 1917 fue que todos los contratos que el gobierno tuviera que celebrar para la ejecución de obras públicas, serían adjudicados en subasta, mediante convocatoria; que se presentaran proposiciones en sobre cerrado y que fueran abiertos en junta pública. La redacción del artículo deja en claro que desde entonces existía una preocupación para que los recursos públicos fueran entregados a particulares con imparcialidad y con transparencia por parte de los funcionarios. Desde entonces, ese artículo ha sido modificado en tres ocasiones dando como resultado el artículo 134 vigente.
La primera modificación se hizo en 1982 cuando se lleva a cabo una reforma que dispone que la administración de los recursos económicos del gobierno federal y del Distrito Federal, debe ser eficiente, eficaz y honrada. También especifica que se deberá establecer un mecanismo de licitación mediante convocatorias públicas que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Un aspecto de gran relevancia en esta reforma, es que para lograr estas condiciones se establece la responsabilidad de los Servidores Públicos para ello en el Título Cuarto de la propia Constitución.
La iniciativa fue presentada por el Presidente Miguel de la Madrid dentro de la estrategia de su gobierno que denominó la Renovación Moral de la Sociedad. En el marco de esa estrategia y durante el primer mes de haber iniciado su mandato, en diciembre de 1982, se hicieron diversas modificaciones entre las cuales se incluyó la primera al artículo 134 Constitucional. Por ello, en la exposición de motivos señala que en esa renovación, el Estado tiene dentro de los propósitos, asumir tres responsabilidades:
1. Prevenir la corrupción en sus relaciones con la sociedad;
2. Identificar, investigar, procesar y sancionar con legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad la corrupción, y
3. Utilizar todos los medios a su alcance para que la Sociedad, en especial la niñez y la juventud, refuercen su formación en los valores nacionales fundamentales y en las responsabilidades individuales y sociales que ellos imponen.
Como parte de estas estrategias, el Ejecutivo federal propuso también la modificación al Título Cuarto de la Carta Magna, específicamente a los artículos 108 y 109, señalando como responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus cargos, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, y no sólo a los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho y el Procurador General de la República, como lo señalaba el texto original promulgado por el Constituyente de 1917. Dicho de otra manera, la reforma establece que los responsables del manejo de los recursos son todos los funcionarios que participan en la administración de recursos y en los procesos administrativos y no sólo los titulares de las dependencias.
Recordemos que el texto original del artículo 134 de la Constitución señalaba cito textual los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública. Esa primera reforma cambia sustancialmente las condiciones estableciendo claramente la necesidad de legislar en la materia el procedimiento de licitaciones y adjudicación.
Para tal reforma, el entonces presidente de la República señaló en su exposición de motivos que existía ya la voluntad política inconmovible del pueblo de México y del gobierno para erradicar lo que corrompe los fundamentos de su convivencia social. Era imprescindible contar con una administración eficaz y llenar los vacíos existentes. Era necesario construir bases nuevas para que los recursos económicos nacionales fortalecieran el bienestar del pueblo. Era necesario asimismo, evitar que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficiencia no prevalecieran; no corrompieran los valores superiores que deben tutelar el servicio público.
Así, la modificación al artículo 134 de la Constitución propuso el establecimiento de los principios de eficacia y honradez en el manejo de los recursos públicos, así como ampliar el principio de licitación pública abierta para asegurar al Estado las mejores condiciones en sus adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, prestación de servicios y contratación de obra. Esta reforma también previó los casos en que el principio de licitación no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones en el manejo de los recursos del pueblo. La determinación de esos casos no se dejaba a una discrecionalidad administrativa irrestricta, para impedir que los principios de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos públicos degeneraran en una arbitrariedad conducente a la corrupción. Se propuso en su momento, que el legislativo estableciera, las bases para acreditar aquellos casos en que la licitación no garantice las mejores condiciones económicas para el Estado.
Se consideró ya en ese entonces, que la eficacia para controlar y vigilar el buen manejo del patrimonio del pueblo depende de la capacidad de los ciudadanos para desarrollar normas eficaces de gestión; de nuestra capacidad para auditar su cumplimiento con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad; de nuestra capacidad para atender con diligencia las denuncias de violaciones a las leyes, a los derechos de quienes compran y venden al Estado; de nuestra capacidad para resarcirlos; y de nuestra capacidad para prevenir y sancionar su atropello. La iniciativa propone establecer las bases constitucionales para desarrollar esa capacidad.
Ya en la Ley de Obras públicas de 1980, dos años antes de la reforma mencionada, se establecieron obligaciones para los procesos de contratación de obras y servicios que tuvieran que cumplir todas las dependencias y entidades de la administración del Estado en materia de planeación, programación y presupuesto de las obras públicas. El artículo 28 de esta ley contemplaba la asignación de contratos o administración directa sin especificar los casos concretos de excepción, razón por la cual era difícil que el funcionario hiciera la adjudicación, por lo que era preferible ajustarse estrictamente a una férrea unidad y uniformidad en todo el proceso que era supervisado tanto por la Secretaría de Programación y Presupuesto como por la Secretaría Asentamientos Humanos y Obras Públicas, toda vez que el capítulo de sanciones por incumplimiento de los funcionarios era muy riguroso y con infracciones muy severas.
Esta ley ya consideraba algunos aspectos importantes en algunos artículos que posteriormente dieron como resultado los casos de excepción. Por citar algunos:
El artículo 12 establecía que La Planeación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades deberá: -Fracción VII- Considerar la tecnología aplicable en función de la naturaleza de la obra.
El artículo 15 señalaba: Serán elementos de obra pública, las investigaciones, las asesorías y las consultorías especializadas, así como los estudios técnicos y de preinversión que requiera su realización.
Artículo 17. Las dependencias y entidades, dentro de su programa, elaborarán los presupuestos de cada una de las obras públicas que deban realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por administración directa. Los presupuestos incluirán, según el caso, los costos correspondientes a: Fracción I, las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran.
Hay que precisar que en ese entonces, este ordenamiento abarcaba, de manera implícita, tanto las obras como las adquisiciones gubernamentales.
El 30 de diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal. Esta ley ya contempla un capítulo IV que lleva por título De las Excepciones a la Licitación Pública, lo cual permite a las dependencias suscribir contratos y proponer adjudicaciones directas en casos en los que por su propia naturaleza y de acuerdo con lo establecido en Artículo 134 de la propia Constitución en la Reforma de 1982, cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar las condiciones en cuanto a procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
La reforma permitió a los funcionarios, dentro de un marco normativo más específico, establecer los criterios con certidumbre, para asignar de manera directa contratos y adjudicaciones tanto de adquisiciones, servicios y obras públicas, en ciertos casos.
En 1998, nuevamente a instancias del Ejecutivo Federal, se presentan ante el Congreso sendas iniciativas que inciden directamente en los procesos de licitación y adjudicación de obras y adquisiciones, La Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dos iniciativas que se derivan de la Ley de Adquisiciones y Obras públicas de 1993, dando como resultado las dos Leyes hasta hoy vigentes, mismas que tienen por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, y de contrataciones de obras públicas respectivamente.
Con la experiencia, que es la base fundamental para que el legislador haga las Iniciativas de ley, hemos dado cuenta de una problemática en ambos ordenamientos. Ésta se presenta de manera constante en las convocatorias que se llevan a cabo para los concursos o licitaciones, tanto para la contratación de servicios como para la realización de obras públicas cuando se trata de monumentos artísticos e históricos, conforme a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Si bien la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas contempla en su artículo 36 que En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas., el criterio es insuficiente en un proceso de licitación. La restauración y los procesos de conservación de los inmuebles considerados monumentos artísticos e históricos tienen que ser intervenidos por especialistas y no por cualquier contratista a quien le resulta igual impermeabilizar el techo de una casa habitación que la bóveda de un templo del siglo XVI en cuyo interior puede haber una valiosa pintura mural única en el mundo y que es parte del patrimonio cultural de la nación, orgullo de los mexicanos.
Para ilustrar esta problemática, se podrían citar algunos ejemplos muy representativos de cómo, tanto el Instituto Nacional de Bellas Artes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se han enfrentado ante situaciones en las que una persona o empresa sin experiencia ni la formación cultural especializada obtiene un contrato para restaurar monumentos artísticos e históricos. Una gran responsabilidad porque una intervención indebida a estos monumentos, que son el patrimonio de la Nación, puede arrojar resultados fatales, lamentables e irreversibles.
Estamos hablando de los bienes que representan la herencia de una nación entera cuya preservación está en manos de dos institutos que cuentan con la experiencia de profesionales e investigadores, muchos de ellos formados en México y que constantemente son requeridos para capacitar a otros en el extranjero. Hablamos de Monumentos que son famosos en el mundo, muchos de los cuales están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que una restauración inadecuada, puede dañar, nada más y nada menos, el patrimonio del pueblo de México.
El proceso de licitación cuando se trata de monumentos artísticos e históricos es un verdadero problema, ya que al sacar una licitación pública, se corre el riesgo de que participe cualquier contratista especialista en pintura de casas o decoración de interiores, cuando se requiere forzosamente un especialista en el estilo de construcción, manifestaciones artísticas o aspectos de carácter histórico en arcos, dovelas, bóvedas, pintura mural de los siglos XVI al XIX, lo cual no se contempla actualmente ni en la fracción I del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que actualmente señala que
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
Fracción I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
...ni en la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que actualmente señala:
Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
Fracción I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;
Y no se consideran los bienes del patrimonio cultural de la nación porque los monumentos artísticos e históricos no necesariamente son obras de arte ni se rigen de manera explícita por los ordenamientos del derecho de autor en México.
Con esta problemática se podrían citar muchos ejemplos con diferentes niveles de especialización. Cabe aclarar que en materia de conservación de patrimonio artístico e histórico, México tiene una gran experiencia, considerando la riqueza patrimonial con que contamos y, además aquí se han formado especialistas que trabajan en el país, en el extranjero y son reconocidos en todo el mundo.
Vale la pena señalar que conforme a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en el artículo 9, cada uno de los Institutos competentes está obligado a dar asesoría profesional para la conservación y restauración de bienes inmuebles considerados monumentos.
Una vez expuesta esta problemática quiero concluir esta exposición de motivos para comentar que la Iniciativa de ley con propuesta de decreto que hoy se presenta, se acompaña de dos artículos transitorios que obligan tanto al Instituto Nacional de Bellas Artes como al Instituto Nacional de Antropología e Historia a emitir en un periodo de noventa días, las disposiciones normativas que habrán de observar los especialistas que sean considerados para la adjudicación directa en procesos de conservación y restauración de monumentos artísticos e históricos de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal en la materia.
Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma la fracción I del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y reforma la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Artículo Primero. Se reforma la fracción I al artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 42.
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, otros derechos exclusivos y cuando se trate de trabajos relacionados con la conservación y restauración de monumentos contemplados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, con base en las disposiciones normativas emitidas por el Instituto competente para tal efecto.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 41.
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte, o cuando se trate de trabajos relacionados con la conservación y restauración de monumentos contemplados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, con base en las disposiciones normativas emitidas por el Instituto competente para tal efecto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Segundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitirá en un periodo máximo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones normativas que deberán observar los prestadores de servicio y el propio instituto para el cumplimiento de la presente reforma.
Tercero. El Instituto Nacional de Bellas Artes emitirá en un periodo máximo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones normativas que deberán observar los prestadores de servicio y el propio Instituto para el cumplimiento de la presente reforma.
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 15 de junio de 2011.
Diputado Armando de Jesús Báez Pinal (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de la Función Pública. Junio 15 de 2011.)
Que reforma los artículos 3, 5, 7, 8, 11, 19, 21, 27, 33 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, recibida de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso I al artículo 3, se recorre el I y II actual, se reforma el III y pasa al ser el IV, y se adiciona el V; el actual IV pasa a ser el VI, se reforma el VII y pasa a ser el IX; y recorriéndose en su orden las fracciones VIII y IX; se reforma la fracción I, VI y X del artículo 5; se reforma el artículo 7 y 8 y se adiciona un párrafo al artículo 8; reforma la fracción I del artículo 11; se reforma la fracción III y de adiciona una fracción IV, del artículo 19, recorriéndose de la IV a la IX; se reforma el primer párrafo del artículo 21, 27, 33 y 41, todos de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad de la federación, los estados, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de ejecutar de manera permanente programas, proyectos y acciones de apoyo a la familia en extrema pobreza con los recursos que recibe y de manera transparente, al tenor de lo siguiente
Planteamiento
1. La presente iniciativa constituye un esfuerzo por considerar el tema de la familia mexicana de manera clara y precisa en la ley, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno en nuestro país lo consideren como uno de absoluta prioridad nacional, que eleven su calidad de vida, de tal suerte que se obtengan resultados progresivos satisfactorios con las medidas implementadas.
México carece de un marco normativo para proteger adecuadamente a la familia de la pobreza extrema que ocasiona la desintegración de los núcleos sociales ciudadanos básicos de la sociedad nacional.
2. El objetivo de esta iniciativa es para fortalecer los artículos de la ley sobre los programas sociales para la familia, de otorgar mayor peso al fomento de acciones en beneficio de las familias más vulnerables.
3. Actualmente, tal y como se encuentra establecido el concepto de familia en la ley, permite al Estado mexicano eludir sus responsabilidades plenas, por ello en los artículos que se reforman se describe de manera específica los programas en materia de la familia que se desarrollan en general, definidos en la norma para otros sectores de la población, y que deben incluir a la familia.
4. El 6 de febrero de 2007, el presidente Calderón, en su discurso de presentación del programa Escuela Segura señaló que la inseguridad, la violencia y las adiciones, son la amenaza más clara contra lo más valioso que tenemos los mexicanos, que es la familia y contra lo más valioso que tenemos los padres que son nuestros hijos y agregó por eso el esfuerzo de todo gobierno por garantizar la seguridad debe empezar aquí en la escuela más que en cualquier otro lugar. Debemos garantizar que nuestros hijos estén seguros para prepararse y para conquistar un futuro mejor.
5. Hoy la república está en riesgo: por la inseguridad y la violencia, tanto la de los cárteles de la droga como la más grave: la violencia cotidiana, sistemática de la pobreza contra la mayoría de la población. También en peligro por la polarización política y la insuficiente generación de oportunidades económicas, que aunada al deficiente sistema educativo han colocado a más de cinco millones de jóvenes en situación en la que ni estudian ni trabajan.
Cuando la república está en riesgo, hay que regresar a las raíces. Edifiquemos una alternativa democrática y republicana. Esta alternativa propone como prioridad central la soberanía y la justicia, con su adjetivo social para las familias, porque en una comunidad con profundas disparidades los ciudadanos no se reconocen con intereses comunes ni partícipes de una sociedad justa y, por ende, resulta improbable el compromiso cívico.
Las políticas públicas deben ser un recurso efectivo para la protección de las familias contra la pobreza extrema, si se considera entre los principios rectores del desarrollo social integral al núcleo social más importante de toda nación democrática, el fortalecimiento de los programas de la familia.
Es indudable que la tarea educadora de las niñas y los niños es responsabilidad prioritaria de la familia, pero ante la transformación de la comunidad, el Estado debe reforzar su tarea de apoyar con programas especiales para el desarrollo económico de las familias.
Estoy convencida de que necesitamos impulsar y revisar las políticas públicas que pretenden mitigar este problema. Porque todo delincuente tiene una historia de abandono de familia o del Estado, y en su caso de ambas instancias, porque no le ha proveído de las herramientas necesarias para su desarrollo integral, como el acceso a la educación o a un empleo digno.
Por ello creo indispensable que el objetivo de la política social del Ejecutivo es mejorar las condiciones de vida de las familias, a través de políticas públicas que combatan los índices de marginación y pobreza.
Exposición de Motivos
1. Fundamento constitucional y legal
El artículo 3o. constitucional señala que el criterio que orientará la educación en nuestro país será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Asimismo, señala que deberá contribuir a la mejor convivencia humana tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad
En el artículo 4o. se menciona que El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
El artículo 73 establece que es facultad del Congreso de la Unión legislar en toda la república sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; y expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
En ejercicio de esta facultad constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2004, la Ley General de Desarrollo Social en vigor, en la que se determina en su artículo 1: Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.
Establece en su artículo 14, la política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; y seguridad social y programas asistenciales.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina, en el artículo 32-A, que a la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida; elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo federal; coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población; y asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos.
Asimismo, establece en el artículo 35 que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le corresponde formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 define los objetivos y las estrategias para reducir la pobreza en México, de acuerdo a los Objetivos del Milenio. Postula la necesaria coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
Sin duda en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen las políticas de desarrollo social y humano que tienen como objetivos rectores: mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital social; así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
Si bien la familia es el núcleo principal en el que se adquieren los valores que forman al individuo para la convivencia sana y libre de violencia con sus semejantes, ante las condiciones que vive el país, se hace necesario reforzar el papel de la misma en sus diferentes aspectos, con políticas de combate a la pobreza; desarrollo integral de la familia, grupos vulnerables, educación para los jóvenes, fomento al deporte, salud, adicciones, discriminación y economía.
En materia de desarrollo social en cualquiera de sus modalidades, la facultad legislativa es exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual hemos procedido a elaborar una propuesta de reforma que fortalezca la actual Ley General de Desarrollo Social, que considere el núcleo social de la familia.
2. Sustento estadístico
Según cifras del gobierno federal, específicamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2003 más de 50 millones de mexicanos sobrevivían en condiciones que estadísticamente se reconocen como pobreza. Peor aún, 20 millones de ellos, casi la mitad de ese grupo, se encuentran en tal miseria; eufemísticamente se reconoce que están en pobreza extrema.
En el ejercicio censal de 2000, se registró en México 22.3 millones de hogares , en 1990 existían 16.2 millones. Asimismo, durante la década de los años 90, las familias crecieron a una tasa de 3.1 por ciento anual, pasando de 15.2 a 20.8 millones. Se incrementaron en mayor medida las familias con jefatura femenina, 5.1 por ciento anual, que las de jefatura masculina 2.7 por ciento anual. En el periodo, las familias con jefe pasaron de 12.9 a 16.9 millones y aquellas con jefa de 2.3 a 3.9 millones.
En ese momento la participación de los hogares con jefa pasó de 1.7 millones en 1970 a 4.6 millones en 2000; es decir, 21 por ciento de los hogares tenía jefatura femenina. La composición de la población económicamente activa ocupada en 1990, 23.6 por ciento correspondía a mujeres, cifra que se elevó en 2000 a 31.6 por ciento.
La mitad de las mujeres entre 30 y 45 años de edad participa en el mercado formal de trabajo. Para 2000, la tasa de fecundidad era aproximadamente de 2.3 hijos por mujer y se estimó que para 2027 la tasa sería de 1.8 hijos por mujer. En México la cifra de embarazos en madres jóvenes, es decir en mujeres menores de 20 años, aumenta cada año; así los indican los datos disponibles del Inegi, los cuales refieren que del total nacimientos registrados en 2008 el 18.3 por ciento fue en madres de ese grupo de edad. Durante los últimos diez años la cifra se ha incrementado en casi un 2 por ciento.
De acuerdo con los datos del Inegi, en 2011 ya somos 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de los cuales el 97 por ciento forma parte de un hogar familiar, los hogares en México tienen un promedio de 4.1 integrantes. Hay 57 millones 481 mil 307 mujeres y 54 millones 855 mil 231 hombres, así como 28 millones 159 mil 373 hogares.
De acuerdo con el Banco Mundial, la recesión en que cayó la economía mexicana durante el pasado año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas más, adicionales a los 5.9 que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008. De tal suerte que, si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esa condición.
Parte de la producción de información estadística sobre las familias en México se ha instrumentado a través del concepto de hogar, conjunto de personas que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación.
En este momento las condiciones de participación de la mujer en la sociedad y en la familia se a modificado de tal manera que La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, es posible afirmar que la convivencia en hogares familiares continúa siendo la forma de vida predominante de la población del país. Así, 97 por ciento de la población habita en grupos donde la mayoría de los miembros tienen alguna relación de parentesco con el jefe del hogar.
Del total de hogares, 77.3 por ciento tiene como jefe a un varón y 22.7 por ciento a una mujer. El porcentaje de hogares con niños menores de 5 años disminuyó en los últimos años y se incrementó la proporción de hogares familiares con adultos de 65 años o más. La proporción de hogares donde solamente trabaja el jefe es menor cuando la jefatura está a cargo de una mujer (39.2 por ciento), en comparación con los de jefatura masculina (40.7 por ciento).
Los hogares familiares se clasifican en nucleares y extensos. Dentro del conjunto de los familiares, los nucleares, que se componen usualmente del jefe, su cónyuge y/o sus hijos, o un jefe con sus hijos, representan 72.9 por ciento. Los extensos, que se integran por un hogar nuclear al que se han agregado otros parientes o no parientes, concentran el 27.1 por ciento. Los primeros agrupan a 65.8 por ciento de la población en hogares familiares y los segundos a 34.2 por ciento.
Los hogares nucleares se caracterizan por tener una gran presencia de menores de 15 años, el 30.6 por ciento y equilibrio en la proporción de hombres, 50.1 por ciento y mujeres, 49.9 por ciento; mientras que los extensos tienen mayor presencia de miembros jóvenes de 15 a 29 años, 29.1 por ciento, y adultos mayores, 12.7 por ciento, además hay una proporción ligeramente más alta de mujeres (54.3 por ciento) que de hombres, 45.7 por ciento.
La información de la Enadid 2009 indica que en promedio cada hogar familiar tiene 4.1 integrantes. Este número es diferente según la clase, en el nuclear hay 3.7 integrantes, mientras que en los extensos el promedio es de 5.2. Este contraste hace referencia a la conformación de estructuras familiares más complejas en los hogares de mayor tamaño.
Del total de población en hogares familiares, de acuerdo con su parentesco con el jefe, la mayor proporción la tiene el rol de hijo o hija, 47.6 por ciento de los hombres y 41.1 por ciento de las mujeres. En las categorías de jefe y cónyuge es donde se observan las diferencias más importantes en los roles que desempeña cada sexo dentro del hogar, ya que del total de varones 38.4 por ciento son jefes y sólo 1.7 por ciento son cónyuges; mientras que en las mujeres 10.7 por ciento son jefas de un hogar y 34.2 por ciento son esposas o compañeras. El resto de la población tanto de hombres como de mujeres se distribuye en la clasificación de nieto(a) u otros parientes.
La distribución de la población en cuanto a su parentesco también muestra algunas diferencias al considerar la clase de hogar. En los hogares nucleares, de cada 100 hombres, 44 son jefes, 2 cónyuges y 54 hijos. Por su parte, de cada cien mujeres, solamente 10 son jefas, 43 cónyuges y 47 son hijas.
En los hogares extensos, de cada 100 hombres, 27 son jefes, dos son cónyuges, 33 son hijos, 22 nietos y 16 guardan otro vínculo de parentesco con el jefe del hogar. De cada 100 mujeres en esta clase de hogares, 12 son jefas, 19 cónyuges, 30 hijas, 18 son nietas y 21 tienen otro parentesco.
Asimismo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 9.6 por ciento del total de la población mexicana son adultos mayores, lo que equivale a 10.8 millones de personas, de las cuales 15 por ciento se encuentra en pobreza extrema.
Además, México vive hoy el aumento paulatino de su población de 60 o más años, de acuerdo con los criterios de la ONU en la materia, nuestro país cuenta con una población envejecida, ya que según indicadores demográficos para 2050 uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor.
3. La familia y el hogar
Desde septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de mayo se celebre el Día Internacional de la Familia. En México, en 2006 se decretó Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo.
La familia es el ámbito en el que interactúan personas relacionadas entre sí por lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad, costumbre o legales. En ella se establecen obligaciones y derechos entre sus miembros, con peculiaridades para cada uno de ellos dependiendo del sexo, edad y posición en la familia.
La familia es el grupo social básico en el que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades esenciales; es el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto donde se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 1
A través de los siglos ha quedado comprobado que la familia es la unidad básica de la sociedad en cualquier país del mundo, su valor se basa fundamentalmente en el bienestar físico, mental y espiritual de cada uno de sus integrantes, lo cual se refleja inevitablemente en el desarrollo de los pueblos y en las relaciones entre estos a nivel global.
Según cifras del Inegi indican que más de la mitad de la población sobrevive en niveles de miseria, donde la desnutrición avanza incontenible en las áreas rurales y en las zonas marginales urbanas, donde la salud pública es cada día más precaria y empiezan a reaparecer enfermedades típicas de la pobreza; en México, donde el ingreso per cápita no ha aumentado en los últimos años, donde según los registros del IMSS han desaparecido 2 millones de empleos en tres años y donde la mayoría de las familias se considera afortunada cuando reúne entre sus miembros un ingreso equivalente a dos y medio salarios mínimos.
Un gran porcentaje de las familias mexicanas asentadas en territorio nacional, tienen como única fuente de ingreso los recursos económicos de las divisas provenientes de sus familiares que trabajan en Estados Unidos de América (EUA).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), integrada por 63 organizaciones de la sociedad civil con programas a favor de la infancia, ha documentado con fuentes hemerográficas que al menos 30,000 menores están involucrados en algún grupo delictivo con diversas actividades ilícitas.
México se perfila para ser uno de los países en los que más violencia se ejerce contra niños y adolescentes. El maltrato físico y el homicidio se han convertido en una de las principales amenazas para esta población. Hasta 2009, el DIF había comprobado más de 20 mil casos de maltrato infantil.
Estos ejemplos nos da cuenta de que el Estado mexicano no ha sido capaz de asegurar para las familias que viven en esta situación, las condiciones mínimas y fundamentales para la satisfacción de necesidades tales como: la educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo.
4. Política social
Las políticas sociales persiguen varios objetivos medulares; acompañar a los procesos de la democratización, creando derechos sociales y políticos como medio de fortalecer la voz y participación ciudadana; servir de instrumento de legitimación de los gobiernos ante los sesgos distributivos y la inseguridad propios de las economías; por último, controlar al mercado de trabajo al hacer depender buena parte de los beneficios de la política social, a la incorporación de la mano de obra a dicho mercado.
Así, entre 1960 y 1975 los principales miembros de la OECD (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos) acrecentaron de 12 por ciento a 22 por ciento la participación del gasto social en el producto.
Con mucho rezago, el mismo fenómeno surge en América Latina, no tanto por influencia a demandas de los trabajadores y de los estratos ciudadanos empobrecidos, sino por la peligrosa reducción de la legitimidad de los gobiernos, atribuible a la reducción del ritmo de desarrollo y del empleo. Así, el gasto social, después de la década de los años 80, se expande de 12 por ciento a 18 por ciento del producto entre 1990 y 2009.
En esos años, aún con la normalización incompleta de las cifras del gasto social de México, se tensionan severamente las finanzas públicas. La contradicción nace de que los ingresos tributarios se estancan al nivel bajísimo de 10 por ciento del producto, mientras el gasto social sube de 41 por ciento a 64 por ciento de las recaudaciones del gobierno federal, dejando poco margen a la atención de otras prelaciones. Y eso ocurre cuando todavía cuando faltan ayudas familiares que acompañen a los cambios demográficos y de la incorporación femenina al mercado de trabajo.
La reforma a la embrionaria política social mexicana sigue debatiéndose entre seguir con extrema ortodoxia la ruta neoliberal de transferir al mercado responsabilidades medulares para los cuales está mal preparado, o la de optar, así sea tímidamente, por el camino de la democracia social en busca de la universalización de los derechos, el combate a desigualdad y pobreza, siguiendo criterios solidarios e igualitarios.
En efecto, ante el avance de la pobreza, se creó el programa Progresa-Oportunidades que, junto a méritos innegables, no se acompaña con políticas de empleo que generen ingresos permanentes a las familias pobres. De la misma manera, se estableció el seguro popular para dar servicios a la población excluida de las principales instituciones de seguridad social. Pero ese avance hacia la universalización de los derechos, no se le dotó con la infraestructura indispensable y sus erogaciones debilitan los presupuestos.
Tales circunstancias nos obligan a reflexionar en las acciones para que el Estado asuma la tarea trascendente de mejoramiento integral del pueblo y que contribuya a mejorar la convivencia humana, si bien sus efectos no son visibles a corto plazo, sí está comprobado que sus resultados son más efectivos.
Sin duda que el primer espacio para la prevención del delito en los niños y jóvenes es la familia. Se ha comprobado documentalmente que un menor que proviene de un hogar en el que hay violencia, tiende a reproducir comportamientos agresivos. Al respecto Erling Roland y sus colegas (2004) han demostrado que las víctimas de padres agresivos en cuyos hogares prevalece la desatención y en los que existe un ambiente de escaso apoyo, son proclives con frecuencia a expresiones de violencia reactiva o proactiva, a lo que Christina Salmivalli (2004) argumenta que los menores que han sufrido maltrato suelen ser violentos con sus pares.
Según el criminólogo español Herrero-Herrero, una socialización inadecuada del niño debilita las relaciones de los jóvenes hacia los grupos convencionales como pueden ser la familia , la escuela, la sociedad y le induce a crear vínculos con otros grupos en los que va encontrando eco a su desintegración y donde refuerza su conducta desviada.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en marzo de 2011, el aumento de madres solteras propicia que la proporción de hogares mexicanos que son encabezados por una mujer continúen en aumento, al grado que actualmente 2 de cada 10 familias se encuentran en esa situación.
En los números señalan que 22.7 por ciento de los hogares del México ya tienen a una mujer como jefa de familia y su labor se entiende como la persona de más jerarquía y autoridad en el seno familiar y en la toma de decisiones, además que en ella recae gran parte del soporte económico de la familia.
Las mujeres que encabezan un hogar se concentran más en las ciudades, 57 por ciento, que en las zonas rurales, pero en cuanto a escolaridad la mayor parte, 20 por ciento, no completó su educación primaria, situación preocupante por la que el Estado debe suplir la función de la familia.
El problema de la migración, según el censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos por día dejaron el país durante los últimos cinco años para irse hacia Estados Unidos, principalmente, pero también a otras naciones.
Las familias monoparentales requieren de programas específicos, generalmente el hombre o la mujer que encabeza este tipo de familias, difícilmente tendrá tiempo para formar a sus hijas e hijos, esto no significa menospreciar los esfuerzos que hacen para llenar la ausencia de padre/madre, pero la dinámica en la que viven requiere de todo el apoyo estatal en esta tarea.
Por ello es indispensable formular y aplicar políticas sociales compensatorias y asistenciales, en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como se establece en la Ley General de Desarrollo Social. Asimismo es importante fomentar las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas, como lo señala la ley.
5. Reforma de la ley
La importancia de la Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, radica en que fue la primera reforma estructural en nuestro país a fin de constituir el marco para regular la política de Estado hacia el desarrollo social.
Para tal efecto, la Ley General de Desarrollo Social prevé que el gobierno federal realice una política nacional de desarrollo social que propicie las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, en aquellas áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
En la Ley General de Desarrollo Social se puntualizaron los lineamientos y criterios de financiamiento de la política social, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideran prioritarios y de interés público por lo que no podrán ser inferiores, en términos reales, a los destinados en el año fiscal anterior y deberán registrar incrementos, por lo menos, en la misma proporción en que esté previsto el crecimiento del producto interno bruto (PIB).
La aplicación de la ley ha ido cobrando mayor fuerza y ha generado experiencia para valorar su efectividad, también considerar algunas debilidades y para reflexionar acerca de su posible actualización, conforme ha ido atravesando por diferentes etapas y ha encontrado retos que la dinámica social, económica y política del país le ha ido presentando.
La lucha contra la pobreza ha sido emprendida con una amplia gama de programas federales y también, con diferentes programas por los gobiernos estatales y municipales, muchas veces, en coparticipación con el orden federal y a veces por sí solos.
El diagnóstico de la aplicación de la Ley General de Desarrollo Social en estos siete años de vigencia enseña que, una vez consolidado el marco legal e institucional para combatir la pobreza y propiciar el desarrollo social, los retos que las circunstancias de la dinámica nacional le presentan a la legislación vigente a fin de fortalecer su naturaleza de instrumento jurídico idóneo para que los mexicanos en condición de pobreza superen esa situación.
Por otra parte, hoy más que nunca frente a la coyuntura de crisis económica, es indispensable que la política social de generación de capacidades y mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos más pobres sea complementada con una clara política de generación de ingresos para las familias y para el autoempleo.
Existen individuos y familias que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y que resultan más vulnerables en el proceso de desarrollo, como es el caso de los niños, discapacitados y adultos mayores como integrantes de la familia. A ellos la sociedad no debe dejarlas de lado, la asistencia es el camino idóneo para afrontar sus problemas.
Desde la creación de la Ley de Desarrollo Social en 2004 no se han realizado reformas a la misma a pesar de que en estos últimos años se ha modificado la situación que la género, vivimos una época de crisis económica y de seguridad que se ha acentuado en nuestro país. Nuestra democracia puede quedar trunca si no se generan oportunidades para que cada persona y cada familia logren vivir en condiciones dignas.
En aquel momento la ley considero los elementos que respondían a las necesidades sociales de las personas y grupos, sin definir de manera clara el concepto de familia que la teoría actual a retomado como el núcleo social básico de toda política pública, que permita mitigar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran millones de habitantes en este país, así como de los millones de mexicanos, en igualdad de oportunidades y en equidad de participación de los programas sociales.
Se definió con ella un marco jurídico que reconocía y atendería de manera integral el desarrollo social, que si bien en nuestro país la referencia a los derechos sociales ha sido reiterada, fue la primera ocasión que, en un ordenamiento jurídico, se enunciaron de manera explícita. Destacando que los principios a los que se sujetan los derechos sociales son: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y el de transparencia.
Sin embargo, algo falto, a pesar de que en algunos de los artículos se menciona a la familia, es necesario considerarlos en otros que fortalecerían sus principios y programas, eso es el núcleo de la familia, para establecer una verdadera política de Estado en materia de desarrollo social y crear las condiciones para garantizar a las siguientes generaciones un mejor futuro.
6. Propuesta a la familia
Si bien la familia ha estado constantemente presente como tema de análisis social, su estudio fue relegado en las últimas décadas por la prioridad justificada que se concedió a tópicos que parecieron más urgentes, como la problemática de la mujer y de otros grupos vulnerables. A menudo, ello condujo a la formulación de políticas dirigidas específicamente a atender a algunas categorías de miembros del grupo familiar que de hecho dejaban de lado la intermediación familiar.
La familia constituye uno de los procesos sociales que más de cerca atañe a las personas y sobre cuyos problemas y conflictos se ha hablado y escuchado hablar como una consecuencia natural del cambio de nuestras sociedades. Sin embargo, si su transformación se concibe sólo como un proceso natural, el fenómeno corre el riesgo de desdibujarse en la cotidianeidad, es decir, de quedar confundido en el panorama de los cambios sociales y desaparecer como objeto de las políticas públicas.
La familia es un espacio para encontrar soluciones que permitan fortalecernos como sociedad. En este sentido, resulta importante señalar que diversos especialistas concluyen que potenciar a las mujeres significa invertir en la familia y, por ende, en toda la sociedad. Por lo mismo, no debemos escatimar esfuerzos para alcanzar resultados favorables en la tarea de lograr una mejor sociedad.
El Congreso a realizado esfuerzos legislativos por atender de mejor manera el núcleo familiar en donde más se ha sentido los efectos que en este momento padecemos, deficiencias y carencias en el sistema de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo e inseguridad, para ello se han reformado varios instrumentos legales para las mujeres, las niñas y los niños, y de los adultos mayores, sin embargo ha quedado pendiente la Ley General de Desarrollo Social, instrumento legal que regula los programas y acciones del Estado que se aplican en el país.
Asimismo se han creado las comisiones ordinarias y especiales para tratar los temas de la Familia, en diferentes momentos desde el año 2000 como es la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, en esta LXI Legislatura contamos con la Comisión Especial de la Familia, pero nos falta un gran trecho por recorrer en el ámbito legislativo para proteger sus derechos y definir sus obligaciones con un efectivo enfoque de familia, así como de ser objeto central de los programas sociales en esta materia.
Esta iniciativa es parte de un cúmulo de esfuerzos encaminados a velar por los derechos de las familias, pretende activar las sinergias entre todos los sectores sociales, de tal forma que los resultados puedan multiplicarse. Es una acción legislativa que quiere fomentar un cambio cultural en todas sus dimensiones, tanto en la etiquetación y reconformación de los programas sociales con los parámetros sobre la familia y el desarrollo personal, así como en la aceptación de la responsabilidad del Estado con los derechos sociales de la familia, de tal forma que se promueva el valor social de la familia.
Para ello, consideramos necesario reformar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, con objeto de que se apliquen programas y acciones que permita la participación de manera conjunta tanto a los hombres como a las mujeres en el núcleo familiar cuidado que se ejerzan acciones efectivas en términos de igualdad y de equidad real. Oportunidades es un programa centrado en la familia. La selección de los beneficiarios se realiza a través de la selección de familias que viven por debajo de la línea de pobreza de capacidades. En teoría, de acuerdo a los lineamientos del programa, son las familias las que deben cumplir las corresponsabilidades, aunque en la práctica son las mujeres titulares las que se hacen cargo de todas las tareas, formales e informales, relacionadas con Oportunidades.
Por ello, las acciones legislativas deben encaminarse a adecuar el marco jurídico para crear un ambiente propicio para que las familias puedan desarrollarse eficientemente y que se les permita ampliar sus posibilidades de conseguir un empleo e incrementar sus salarios.
La familia es un espacio para encontrar soluciones que permitan fortalecernos como sociedad. En este sentido, resulta importante señalar que diversos especialistas concluyen que potenciar a las mujeres significa invertir en la familia y, por ende, en toda la sociedad. Por lo mismo, no debemos escatimar esfuerzos para alcanzar resultados favorables en la tarea de lograr una mejor sociedad.
Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, considera relevante se ejerzan políticas públicas por parte del gobierno federal para el cuidado de la familia, pues la familia como núcleo social antecede al Estado, por lo que sus acciones deben estar en función de ella, y sus políticas deben encaminarse a la promoción, el fortalecimiento y el cuidado de la misma, reconocimiento de que el déficit social acumulado durante los años de crisis y reestructuración debía ser materia de política social y la reducción de la pobreza como meta última y primera de los programas sociales.
También, reconocemos el profundo traumatismo que el estancamiento de la economía produjo en los grupos más desfavorecidos y, bajo la lógica de maximización del impacto de los programas sociales, en un contexto de recursos escasos, deseamos que la política social empiece a operar a través de la focalización de la población objetivo.
La familia es vista en este nuevo paradigma como un vehículo para llegar a la población objetivo y como un instrumento de operación de los programas. De acuerdo con la Sedesol, dado que la familia desempeña, de manera natural, un papel fundamental en las relaciones sociales de los mexicanos, tomar esta institución como pilar en la operación de programas sociales mejorará su grado de éxito.
En este momento se realizan programas que toma a la familia como unidad de operación y a las mujeres (madres, esposas) como las titulares del mismo, a quienes llegan los apoyos y quienes deben cumplir con las corresponsabilidades. Sin embargo, debemos legislar para adecuar la norma y definir de manera clara y precisa la responsabilidad que se requiere para seguir avanzando y lograr metas más amplias en beneficio de la población en pobreza.
Realicemos juntos acciones legislativas, entendiendo éstas como el conjunto de medidas y mecanismos que implican un tratamiento favorable para superar las desigualdades presentes y así llegar a obtener una igualdad real. Para ello, se requiere unir voluntades, ampliar las conciencias y establecer nuevos compromisos, como personas, legisladoras y legisladores y como sociedad, a fin de lograr leyes, políticas y programas efectivos para la promoción de las familias, lo que permitirá detonar, en mayor o menor medida, el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un inciso I al artículo 3, se recorre el I actual, que pasa a ser el II, el II pasa a ser el III, se reforma el III se y pasa al ser el IV y se adiciona el V; el IV pasa a ser el VI; y se reforma el VII y pasa a ser el IX; y así sucesivamente el VIII y IX; se reforma la fracción I, VI y X del artículo 5; se reforma el artículo 7 y 8 y se adiciona un párrafo al artículo 8; reforma la fracción I del artículo 11; se reforma la fracción III y de adiciona una fracción IV, del artículo 19, recorriéndose de la IV a la IX; se reforma el primer párrafo del artículo 21, 27, 33 y 41, todos de la Ley General de Desarrollo Social
Primero. Se adiciona una fracción I, y V, y se reforma la fracción III y la VII al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 3. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios:
La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios rectores:
I. Universalidad: Garantiza la atención integral del Estado con programas y acciones sociales individuales o colectivos que beneficien a las personas, familias y grupos sociales en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad en el país y tiene el propósito de permitir que todos participen del disfrute y ejercicio de los derechos sociales y del desarrollo social, a mejores condiciones de bienestar y a una calidad de vida sostenible y sustentable;
II. Libertad...
III. Justicia distributiva...
IV. Solidaridad: Colaboración entre personas, familias y grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
V. Igualdad y equidad: Constituye un objetivo principal del Estado lograr la igualdad y la equidad de oportunidades de los habitantes del país, teniendo como eje central de la política social la superación de la discriminación y la exclusión social de las personas, familias y grupos sociales en extrema pobreza, que permita mejorar sus condiciones de vida y los integre al desarrollo nacional;
VI. Integralidad...
VII. Participación social...
VIII. Sustentabilidad...
IX. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con igualdad, equidad y respeto a las diferencias;
X. y XI. ...
Segundo. Se reforman las fracciones I, VI y X al artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 5 . Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Beneficiarios: Aquellas personas, familias y grupos sociales que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente;
II. a V. ...
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población, personas y familias que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;
VII. a IX. ...
X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas, familias y grupos sociales atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente.
Tercero. Se reforman el primer párrafo del artículo 7 y el primero del artículo 8 y se adiciona un segundo párrafo a este último de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que:
Artículo 7. Toda persona, familia y grupo social tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.
Artículo 8. Toda persona, familia y grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Los programas, acciones y apoyos de desarrollo social destinados a las personas las familias o los hogares en situación de vulnerabilidad se entregarán de manera preferente a las mujeres jefas de familia, y a los que tengan discapacidad permanente.
Cuarto. Se reforma la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad y equidad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;
Quinto. Se reforma la fracción III y de adiciona una fracción IV, del artículo 19, recorriéndose de la IV a la IX de la Ley General de Desarrollo Social. Para quedar como sigue:
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
I. ...
II. ...
III. Los programas dirigidos a las personas, familias y grupos sociales en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;
IV. Programas a la alimentación de las familias.
IV. a IX. ...
Sexto. Se reforma el primer párrafo del artículo 21, el primer párrafo del artículo 25 y el primer párrafo del artículo 33 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de igualdad y equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la igualdad, equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el padrón.
Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal fomentarán las actividades productivas y proyectos de economía popular para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.
Séptimo. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta ley, y, de manera coordinada con el gobierno federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia, igualdad y equidad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), artículo 16, ONU.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de junio de 2011.
Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Junio 15 de 2011.)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, recibida del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2011
El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 314 fracción VI y VII anteriormente derogada, 320, 321 y adiciona dos párrafos, 322 y deroga párrafos dos y tres, por lo que el párrafo cuarto pasa a ser el párrafo segundo, 324, se deroga el articulo 325 y se reforma el articulo 329 segundo párrafo, 3344 fracción II, 336 y 350 Bis 3 se adiciona un tercer párrafo, todos de la Ley General de Salud, en su Título Décimo Cuarto, Capitulo II, referente a la donación, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Antecedentes
La ley protege a todos los individuos respecto de un bien jurídico, en la medida que éste bien en cuestión, sea de mayor jerarquía que el segundo que se está viendo afectado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. establece para todos los mexicanos el derecho a la salud, el cual se refiere a los servicios básicos de salubridad y a proteger de manera necesaria nuestra salud, así como el de garantizar los servicios de acceso a ésta.
La donación de órganos, es un tema que por su importancia, debe ser tomado en cuenta como factor esencial para la supervivencia de los individuos y es por ello que se requiere dar mayor énfasis para lograr satisfacer las necesidades cotidianas.
Como ejemplo de lo anterior, basta revisar los datos que emana el Cenatra, los cuales establecen registrados a más de 12 mil pacientes que esperan por un órgano para que les sea trasplantado, además de no contar a los que por distintas razones no se registran en esa lista. Son números alarmantes toda vez que esta cifra va incrementándose día con día.
La presente propuesta surge de la necesidad que tenemos los seres humanos por preservar la vida y aplicar los métodos científicos para lograrlo. Los resultados de las operaciones que involucran a las donaciones y trasplantes son exitosos, pero no así su incorporación al derecho mexicano, ya que, actualmente los diversos ordenamientos que rigen lo referente a la donación de órganos después de muerte, atienden a la necesidad de contar con el consentimiento de alguno de sus familiares. más cercanos en orden de jerarquía, con lo que establece un conflicto por lo que en vida pudo disponer el donante, ya que muchas veces el consentimiento es negado por parte de los familiares.
La postura que adopta la Ley General de Salud en cuanto a cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos establece en su numeral 350 Bis 3 lo siguiente: Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social... Sin demeritar el sentido de este artículo, que los fines educativos para los cuales se motiva el precepto anterior, son desde luego sumamente importantes, entonces ¿por qué no regular la disposición e cadáveres para salvar vidas?
La ley también prevé que, en ningún momento alguien puede otorgar su consentimiento por otro, sólo refiriéndose a personas vivas. Entonces, ¿por qué los familiares de un fallecido pueden otorgar su consentimiento por éste? En el sentido más riguroso, la persona que pierde la vida deja de tener derechos y obligaciones, en todo caso, debería ser el Estado quien decidiera por el cadáver.
En este orden de ideas, la lay atiende a la ética y a la moral, pero nunca profundiza en el valor primordial de preservar otras vidas y, si bien es cierto que establece el consentimiento tácito, que es cuando el donador no manifestó su negativa para que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, éste siempre es vulnerado por los familiares, de quienes siempre prevalece su voluntad.
Si se lograra en la Ley General de Salud anteponer el valor de la vida a los principios de ética, moral o a la búsqueda del altruismo en las personas, el Estado lograría incrementar el porcentaje de personas beneficiadas por la donación y entre otras cosas, terminaría con el lucro y el comercio de órganos que existe en nuestro País, lo que representa un peligro latente, porque existen personas que son capaces de romper con cualquier ley o mandato a fin de conseguir lo que son capaces de romper con cualquier ley o mandato a fin de conseguir lo que esperan, siendo este el caso de la obtención de órganos.
Si el principal objetivo del gobierno siempre ha sido el de salvaguardar los intereses de los gobernados, ¿por qué no atender la problemática con estrategias cuyos resultados sostengan la razón? Todo movimiento que conlleve a un resultado provechoso para los seres humanos, siempre será justificado y más aún, cuando dicho movimiento sea el que procure la vida de las personas.
La reforma que se plantea, no será vista como una obligación que tienen los mexicanos para con los demás, ya que al mismo tiempo, se da la libertad de que cualquier persona que no desee donar sus órganos después de muerto, lo manifieste mediante las vías establecidas en la respectiva lay; además, la mayoría de las personas tienen el concepto de donación como el de un acto generoso que da esperanza de vida a otras y si de alguna manera existe la falta de donadores, es porque las personas que mueren, desconocían los trámites a seguir para serlo o simplemente se dejó de hacer dicho trámite por la falta de tiempo o de disposición para realizarlo.
Éste acto no sería un atentado a nuestros derechos, ya que de ningún modo nos afectaría el hecho de ser donadores después de nuestra muerte y cabe destacar, que el posible debate que pueda existir para establecer si se atenta o no contra la libertad, concluye en que disponer de los órganos de alguien que ya falleció, no viola su libertad personal por haberse extinguido sus derechos y obligaciones, atendiendo a que en ese momento ya no se es persona.
Muchos países de primer mundo, como España y Holanda, entre otros, han adoptado este tipo de régimen argumentando todos que la razón principal es la de salvar vidas. Cabe destacar que sus reformas fueron apoyadas oportunamente con campañas de donación y modificaciones a los planes de estudio.
Toda persona debe asimilar los beneficios que en determinada ocasión podríamos recibir, por muy remota que esta se vea. Porque es en situaciones como esas, en las que se comprende que antes de cualquier complejo de carácter sentimental, está primero la vida. Así, al entender lo necesario de esta reforma, debemos apoyar y difundir la razón que debe prevalecer, esto traerá mayores beneficios que protegen los bienes de mayor jerarquía y dejará de lado los prejuicios que hasta ahora han surgido.
Si el fin que tuvo el incremento de impuestos fue el se asegurar en un futuro el bienestar social para el país y, que a pesar de que existen diversas posturas que se manifiestan a favor o en contra hacia estas decisiones, no trascienden porque a final de cuentas el Estado las impone y se aplican de manera obligatoria. Entonces, ¿por qué no atender de la misma manera la problemática que trae consigo la falta de donadores? Y terminar así con las necesidades de las personas que suplican por una esperanza de vida. Es de todos sabido, que la presente reforma, es más importante que cualquier impuesto que pueda surgir, por lo tanto, debemos implementarla con mayor fuerza.
La idea principal de esta propuesta, es instaurar una base sólida que de paso a la seguridad de las personas en materia de salud y que sea un elemento más del cual disponga el gobierno para garantizarla. De lo que se desprende claramente la necesidad de reformar la normatividad que rige la materia para cumplir con eficacia lo señalado en el artículo cuarto de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones involucradas en el proemio, presento la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en su Titulo Décimo Cuarto, Capitulo II, referente a la donación
Único. Se reforman los artículos 314 fracción VI y VII anteriormente derogada, 320, 321 y adiciona dos párrafos, 322 y deroga párrafos dos y tres, por lo que el párrafo cuarto pasa a ser el párrafo segundo, 324, se deroga el artículo 325 y se reforma el artículo 329 segundo párrafo, 334 fr4acción II, 336 y 350 Bis 3 se adiciona un tercer párrafo, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 314. ...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
y células progenitoras hematopoyéticas se estará lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaria de Salud.
Artículo 323. Se requerirá el consentimiento expreso:
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas.
Artículo 324. El presunto donador sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida de éste.
En el caso de presunto donador, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplante.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha donación.
Artículo 325. (derogado)
Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:
I. El expreso otorgado por menores de edad, incapaces o personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. ...
Artículo 327. Está prohibido el comercio de...
Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante...
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste la negativa de donación de todas aquellas personas cuya voluntad sea la de no donar sus órganos después de su muerte.
...
Artículo 334. ...
I. ...
II. No existir negativa de donación expresa del disponente.
III. ...
...
V. ...
VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos o células, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VII. (Se deroga)
VII. Presunto donador, a los mayores de edad que se les compruebe la pérdida de la vida, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
VIII. ...
...
XVII. ...
Artículo 320. Toda persona en vida es disponente de su cuerpo y podrá donar total o parcialmente sus órganos, tejidos y células, para los fines y con los requisitos previstos por este Título.
Artículo 321. La donación en vida en materia de órganos, tejidos y células, consiste en el consentimiento expreso de la persona, para que los componentes de su cuerpo sean utilizados para trasplantes.
El consentimiento expreso constará por escrito y podrá señalarse que éste se hace a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
El consentimiento expreso, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocado por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
Artículo 322. Son considerados presuntos donadores, los mexicanos mayores de edad que se les haya comprobado la pérdida de la vida, siempre y cuando no hayan expresado la negativa a que su cuerpo y componentes sean utilizados para trasplantes.
La negativa de donación constará por escrito público o privado y deberá estar firmado por éste, o bien podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades.
La negativa de donación podrá ser limitada cuando se refiera a la disposición de determinados componentes y en este caso, se podrá hacer a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
En todos los casos de los artículos 321 y 322 de esta ley, se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos.
Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta lo manifestado por el fallecido, la gravedad de receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de junio de 2011.
Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Salud. Junio 15 de 2011.)
Actas
De la Comisión de Pesca, referente a la segunda reunión ordinaria, que tuvo lugar el miércoles 27 de abril de 2011
A las 17:28 horas del miércoles 27 de abril de 2011, en el salón protocolo del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Pesca, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día: El presidente, Felipe Cervera Hernández, informó que se eliminó el punto tres del orden del día, en el que se solicitaba la presencia del presidente de la Comisión de Presupuesto, debido a cuestiones de agenda.
Solicitó la inserción en el orden del día de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Ángel Aguirre Herrera, enviada por la Mesa Directiva, con el oficio número DGPL 61-II-5-1653, del 13 de abril, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones que promuevan las investigaciones biológicas, ecológicas y pesqueras de los tiburones presentes en las aguas marinas y continentales del país, así como implantar acciones que generen la conciencia de conservación y eviten la caza indiscriminada de tiburones en México. Se sometió a consideración pleno de la comisión la inserción de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Ángel Aguirre Herrera y enviada por la Mesa Directiva con el oficio número DGPL 61-II-5-1653. Se votó por la afirmativa.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior: El presidente solicitó a la secretaría que se consultase a la asamblea si se dispensaba la lectura del acta de la reunión anterior, toda vez que había sido distribuida entre los miembros de la comisión.
A fin de agilizar el desahogo del orden del día, se sometió a votación de la asamblea, lo cual fue aprobado de manera económica por mayoría relativa.
3. Discusión y en su caso, aprobación de propuestas: a) Proyecto de dictamen, en sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Miguel Ángel García Granadas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desechar toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que protege las especies reservadas, en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, en este caso particular el pez dorado.
El diputado Felipe Cervera Hernández expuso los razonamientos técnicos y de análisis realizados por el cuerpo técnico y los motivos que tuvieron para dictaminarlo en sentido negativo.
El diputado José Luis León Perea dejó en claro que seguirá luchando para liberar de la exclusividad de la pesca deportiva la especie del pez dorado y que ésta sea haga de manera comercial para los pescaderos ribereños únicamente.
La diputada Silvia Puppo Gastélum refrendó su compromiso de representante popular de Baja California Sur, entidad federativa a la cual pertenece, conociendo sus necesidades y condiciones sociales y económicas del sector turístico y de la pesca deportiva, se pronunció en desacuerdo de aprobar la iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por considerar que atenta contra la captación de divisas, además de que impide la generación de empleos.
Agregó que la pesca deportiva impulsa el crecimiento económico y contribuye de manera significativa a las economías regional y nacional.
El diputado Felipe Cervera Hernández solicitó a la secretaria que sometiese a aprobación el proyecto de dictamen en sentido negativo, la cual aprobó por unanimidad el pleno.
4. Oficios turnados a la comisión: El presidente solicitó al secretario que pusiera en conocimiento los oficios turnados a la comisión. El secretario los dio a conocer: 1. Número DGPL 61-II-5-1653, de fecha 14 de abril de 2011, enviado por la Mesa Directiva, por el que turna a las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que corra el término reglamentario de presentar dictamen. 2. Del 13 de abril de 2011, signado por el diputado César Mancillas Amador, en el que pone a consideración diversas propuestas legislativas. Se anexa oficio para su lectura. 3. Del 25 de abril de 2011, signado por el diputado César Mancillas Amador, en el que hace extensiva una cordial invitación al foro de consulta para la modernización del marco jurídico portuario. 4. Del 12 de abril de 2011, enviado por el diputado Juan José Cuevas García, en el que solicita un reporte de los viajes que han realizado los integrantes, otorgados por la Cámara, en nombre de la comisión, así como los gastos que se han generado en recursos directos de la comisión. El presidente dio una reseña de los oficios.
5. Asuntos generales: Para el desahogo del punto número seis, el presidente puso a consideración de los presentes si tenían algún tema pendiente que tratar. El diputado Felipe Cervera anunció que había registrado dos iniciativas por tratar: la modificación del articulo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de que se establezca un seguro de vida que proteja a las familias de los pescadores que perdieron la vida realizando actividades pesqueras en aguas marinas o interiores; y una que propone descentralizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. El diputado explico los motivos de las iniciativas.
El diputado Alfredo Villegas Arreola pidió la palabra para preguntar cuáles serían los tiempos del proceso legislativo de este tema. El presidente contestó que esperaba que fuese para el inicio de sesiones, en septiembre. Se habló de crear una secretaria de pesca.
Por último, se establecieron las siguientes fechas para las próximas reuniones ordinarias: 31 de mayo, la tercera; y 1 de junio, la cuarta.
Aclaró que la reunión con el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no se ha anulado. La intención es que se reúna con la de Pesca en fechas próximas.
6. Clausura: Como no hubo más asuntos para desahogar en el orden del día, el presidente, Felipe Cervera Hernández, declaró formalmente clausurada la sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, a las 18:56 horas del miércoles 27 de abril de 2011.
Firman al calce los integrantes de
La Comisión de Pesca
Diputados: Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Miguel Martín López, Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Carlos Manuel Joaquín González, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Luis Antonio Martínez Armengol, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
Listas de asistencia
Segunda reunión ordinaria
Miércoles 27 de abril de 2011
Inicial
Felipe Cervera Hernández (presidente), rúbrica
Rolando Bojórquez Gutiérrez (secretario)
Sofía Castro Ríos (secretaria), rúbrica
Carlos Oznerol Pacheco Castro (secretario), rúbrica
José Alfredo Torres Huitrón (secretario), rúbrica
César Mancillas Amador (secretario)
Nelly del Carmen Márquez Zapata (secretaria), rúbrica
Miguel Martín López (secretario), rúbrica
Silvia Puppo Gastélum (secretaria), rúbrica
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf
Víctor Manuel Castro Cosío
Patricio Chirinos del Ángel, rúbrica
Juan José Cuevas García, rúbrica
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Francisco Javier Martín Gil Ortiz, rúbrica
Carlos Manuel Joaquín González
José Luis Marcos León Perea, rúbrica
José Manuel Marroquín Toledo, rúbrica
Luis Antonio Martínez Armengol, rúbrica
Eviel Pérez Magaña
Ivideliza Reyes Hernández, rúbrica
Florentina Rosario Morales
Fernando Santamaría Prieto
José Ignacio Seara Sierra, rúbrica
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo
Liborio Vidal Aguilar, rúbrica
Alfredo Villegas Arreola, rúbrica
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, rúbrica
Final
Felipe Cervera Hernández (presidente), rúbrica
Rolando Bojórquez Gutiérrez (secretario)
Sofía Castro Ríos (secretaria), rúbrica
Carlos Oznerol Pacheco Castro (secretario), rúbrica
José Alfredo Torres Huitrón (secretario), rúbrica
César Mancillas Amador (secretario)
Nelly del Carmen Márquez Zapata (secretaria), rúbrica
Miguel Martín López (secretario), rúbrica
Silvia Puppo Gastélum (secretaria), rúbrica
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf
Víctor Manuel Castro Cosío
Patricio Chirinos del Ángel, rúbrica
Juan José Cuevas García, rúbrica
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Francisco Javier Martín Gil Ortiz, rúbrica
Carlos Manuel Joaquín González
José Luis Marcos León Perea, rúbrica
José Manuel Marroquín Toledo, rúbrica
Luis Antonio Martínez Armengol, rúbrica
Eviel Pérez Magaña
Ivideliza Reyes Hernández, rúbrica
Florentina Rosario Morales
Fernando Santamaría Prieto
José Ignacio Seara Sierra, rúbrica
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo
Liborio Vidal Aguilar, rúbrica
Alfredo Villegas Arreola, rúbrica
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, rúbrica
De la Comisión de Pesca, sobre la tercera reunión ordinaria, celebrada el martes 31 de mayo de 2011
A las 11:15 horas del martes 31 de mayo de 2011, en el salón de protocolo del edificio A, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Pesca, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día: El presidente, Felipe Cervera Hernández, solicitó a la secretaria que sometiese a consideración de los presentes la aprobación del orden del día. Se aprobó por unanimidad.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior: El presidente solicitó a la secretaria que consultase a la asamblea si era procedente dispensar la lectura del acta correspondiente a la reunión anterior, toda vez que había sido distribuida con anterioridad a cada miembro de la comisión.
A fin de agilizar el desahogo del orden del día, se sometió a votación de la asamblea, lo cual fue aprobado de manera económica por mayoría relativa.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de proyecto de dictamen, en sentido positivo, de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado César Mancillas Amador, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados costeros a expedir su legislación en materia pesquera y acuícola, y crear sus Secretarías de Pesca y Acuacultura, a efecto de dar puntual cumplimiento a la concurrencia en la materia, como señala expresamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El presidente dio una explicación amplia del dictamen propuesto por el cuerpo técnico de la comisión. Una vez concluida la presentación, solicitó a la secretaría técnica que lo sometiese a votación en sentido positivo.
La secretaría consultó a la asamblea, cuya mayoría lo aprobó en sentido positivo.
4. Oficios turnados a la comisión: El presidente solicitó al secretario que pusiera en conocimiento los oficios turnados a la comisión. El secretario dio a conocer el número DGPL 61-II-4-1359, de fecha 29 de abril de 2011, enviado por la Mesa Directiva, por el que turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El presidente dio una amplia explicación del contenido de la iniciativa y comentó que la Comisión de Gobernación realizará el proyecto de dictamen para que, posteriormente, la de Pesca haga lo pertinente. Solicitó las observaciones y opiniones a los integrantes de ésta.
Posteriormente se leyó el oficio número LXI/SPG/06/2011, de fecha 11 de mayo del presente, enviado por la diputada Silvia Puppo Gastélum, en el cual solicita que sea integrada en el grupo de trabajo para analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El presidente solicitó a la secretaría que sometiese a votación si era de aprobarse la solicitud de la diputada Puppo Gastélum. Carlos Oznerol Pacheco sometió a votación, y se aprobó por unanimidad.
Se procedió a desahogar el oficio sin número, de fecha 26 de mayo del presente, enviado por la diputada Adela González Moreno, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur, XIII Legislatura, en el que comunican que en sesión publica celebrada el 26 de mayo de 2011, ese Congreso aprobó un punto de acuerdo en el que solicitan urgentemente a la Comisión de Pesca de la LXI Legislatura que realice un foro de análisis sobre modificación del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El diputado comentó que daría una respuesta en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca, a manera de recapitular el origen de los foros de consulta de la iniciativa de modificación del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Solicitó a los presentes que aprobaran la realización de un foro en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Se solicitó a la secretaría que lo sometiese a votación. Se aprobó por unanimidad realizar el foro de análisis en Baja California Sur.
5. Asuntos generales: Para el desahogo del punto número cinco, el presidente puso a consideración de los presentes si tenían algún tema por tratar.
El diputado José Luis León Perea solicitó la realización del cuarto foro de análisis de consulta del proyecto de reforma del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para lo cual el presidente solicitó las fechas de la realización. En cuanto se tengan se harán los trámites correspondientes.
El diputado Felipe Cervera anunció que tenía listas las dos iniciativas sobre la modificación del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de que se establezca un seguro de vida que proteja a las familias de los pescadores que perdieron la vida realizando actividades pesqueras en aguas marinas o interiores. La segunda, una iniciativa que propone descentralizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
El diputado explicó los motivos de las iniciativas. Para ello invitó a los presentes a sumarse al proyecto. Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Ignacio Seara Sierra, José Manuel Marroquín Toledo y José Luis Marcos León Perea hicieron comentario favorables sobre las iniciativas, sumándose a la propuesta.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel consideró necesario programar reuniones con la Sedesol o la Secretaría del Trabajo, a fin de tratar el tema de empleo temporal para el sector pesquero en Veracruz. Propuso que se presentara un calendario pormenorizado para tal fin.
No hubo más diputados registrados para tratar asuntos generales, por lo cual se pasó al siguiente punto del orden del día.
5. Clausura: Como no hubo más asuntos para desahogar en el orden del día, el presidente, Felipe Cervera Hernández, declaró formalmente clausurada la sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, a las 12:37 horas del martes 31 de mayo de 2011.
Firman al calce los integrantes de
La Comisión de Pesca
Diputados: Felipe Cervera Hernández, presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Miguel Martín López, Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Carlos Manuel Joaquín González, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Luis Antonio Martínez Armengol, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
Listas de asistencia
Tercera reunión ordinaria
Martes 31 de mayo de 2011
Inicial
Felipe Cervera Hernández (presidente), rúbrica
Rolando Bojórquez Gutiérrez (secretario)
Sofía Castro Ríos (secretaria), rúbrica
Carlos Oznerol Pacheco Castro (secretario), rúbrica
José Alfredo Torres Huitrón (secretario), rúbrica
César Mancillas Amador (secretario), rúbrica
Nelly del Carmen Márquez Zapata (secretaria), rúbrica
Miguel Martín López (secretario)
Silvia Puppo Gastélum (secretaria), rúbrica
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf
Víctor Manuel Castro Cosío, rúbrica
Patricio Chirinos del Ángel, rúbrica
Juan José Cuevas García, rúbrica
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Francisco Javier Martín Gil Ortiz
Carlos Manuel Joaquín González
José Luis Marcos León Perea, rúbrica
José Manuel Marroquín Toledo, rúbrica
Luis Antonio Martínez Armengol
Eviel Pérez Magaña, rúbrica
Ivideliza Reyes Hernández, rúbrica
Florentina Rosario Morales
Fernando Santamaría Prieto
José Ignacio Seara Sierra, rúbrica
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, rúbrica
Liborio Vidal Aguilar, rúbrica
Alfredo Villegas Arreola, rúbrica
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, rúbrica
Final
Felipe Cervera Hernández (presidente), rúbrica
Rolando Bojórquez Gutiérrez (secretario)
Sofía Castro Ríos (secretaria), rúbrica
Carlos Oznerol Pacheco Castro (secretario), rúbrica
José Alfredo Torres Huitrón (secretario), rúbrica
César Mancillas Amador (secretario), rúbrica
Nelly del Carmen Márquez Zapata (secretaria), rúbrica
Miguel Martín López (secretario)
Silvia Puppo Gastélum (secretaria), rúbrica
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf
Víctor Manuel Castro Cosío, rúbrica
Patricio Chirinos del Ángel, rúbrica
Juan José Cuevas García, rúbrica
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Francisco Javier Martín Gil Ortiz
Carlos Manuel Joaquín González
José Luis Marcos León Perea, rúbrica
José Manuel Marroquín Toledo, rúbrica
Luis Antonio Martínez Armengol
Eviel Pérez Magaña, rúbrica
Ivideliza Reyes Hernández, rúbrica
Florentina Rosario Morales
Fernando Santamaría Prieto
José Ignacio Seara Sierra, rúbrica
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, rúbrica
Liborio Vidal Aguilar, rúbrica
Alfredo Villegas Arreola, rúbrica
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, rúbrica
De la Comisión de Turismo, correspondiente a la octava reunión plenaria, celebrada el martes 31 de agosto de 2010
En el salón de usos múltiples número 2 del edificio I, planta baja, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados sesionó de manera ordinaria, con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de acuerdos correspondiente a la séptima sesión ordinaria, celebrada el 21 de julio de 2010 y seguimiento a los compromisos emanados de ésta.
4. Informe de actividades de los grupos de trabajo especializado:
4.1. Informe de la visita al estado de Guanajuato, que rinde el grupo de enlace y seguimiento de proyectos turísticos desde lo local.
4.2. Informe que rinde el grupo encargado de revisar y promover actualizaciones de la ley de juegos y sorteos.
5. Lectura y puesta a consideración del pleno de los proyectos de dictamen turnados a la comisión para su resolutivo.
6. Revisión de la estrategia general de la comisión para el periodo septiembre-diciembre de 2010:
Estado que guarda la suscripción del Acuerdo Nacional en favor del Turismo.
Estado de la participación de la Comdetur en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2011.
Estado de la participación de la Comdetur en el proyecto de PEF de 2011.
Exposición del proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Calendarización de las próximas actividades:
Propuesta para celebrar entrevistas con los coordinadores parlamentarios y con comisiones convergentes.
Propuesta para celebrar una reunión de enlace y seguimiento de proyectos turísticos desde lo local en el estado de México.
Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del pleno del periodo septiembre-diciembre de 2010:
Septiembre 23
Octubre 21
Noviembre 18
Diciembre 16
9. Asuntos generales.
10. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia mediante el registro de firmas, encontrándose presentes los siguientes diputados: Carlos Manuel Joaquín González, presidente; Lizbeth García Coronado, Fermín Alvarado Arroyo, Víctor Báez Ceja, Juan Pablo Jiménez Concha, Miguel Martínez Peñaloza, Maurilio Ochoa Millán, Gustavo A. Ortega Joaquín, Noé Martín Vázquez Pérez, secretarios; Cecilia Arévalo Sosa, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Alejandro Carabias Icaza, Víctor Manuel Castro Cosío, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Baltazar Martínez Montemayor, Felipe Borja Texocotitla, Jaime Sánchez Vélez, Emilio Serrano Jiménez, Efraín Ernesto Aguilar Góngora.
El presidente de la comisión, diputado Carlos Manuel Joaquín González, dio cuenta a los integrantes de la mesa directiva, encontrándose presentes 17 diputados, asimismo se dio lectura y se sometió a aprobación el orden del día.
Por lo que hace a los acuerdos tomados en esta reunión ordinaria, constan los siguientes:
Primero. Se aprueba el orden del día propuesto para la octava sesión ordinaria, solventando las siguientes precisiones:
1. Se corrige la secuencia numérica de los asuntos incluidos.
1.1. Se corrige el asunto que aparece con el numeral 4.2, debiendo cancelarse y pasarse a los asuntos generales como una moción que presenta el diputado Noé Martin Vázquez Pérez.
Segundo. Se aprueba el informe que rinde el grupo de trabajo especializado en enlace y seguimiento a proyectos turísticos desde lo local respecto de la visita realizada al estado de Guanajuato.
Tercero. Se resuelven los proyectos de dictamen sometidos al análisis y a la consideración del pleno de la comisión conforme a lo siguiente:
Se desechan diversas iniciativas presentadas por diputados de la LX legislatura en las que se promueven reformas a la Ley Federal de Turismo por carecer de materia, en virtud de que la referida ley fue abrogada al entrar en vigor la Ley General de Turismo.
Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, presentada por el diputado Carlos Joaquín González, en virtud de que la citada proposición se refiere a la NOM-209- SCFI-2009, y que en mayo del presente año se emitió la NOM-209- SCFI-2010 que la sustituye. Se exhorta al diputado promovente a actualizar su proyecto a fin de que sea presentado nuevamente con las adecuaciones pertinentes.
Cuarto. Se instruye al área técnica de la comisión a coadyuvar con la diputada Lizbeth García Coronado a fundamentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar la reincorporación de las líneas aéreas que han dejado de operar por diversas razones, siempre y cuando satisfagan plenamente las condiciones de seguridad para sus pasajeros y las regulaciones aplicables al sector aeronáutico. La promovente elaborará el proyecto e invitó a los integrantes de la comisión a suscribirlo de manera conjunta.
Quinto. Se instruye a la secretaria técnica solicitar a los organismos empresariales, como Coparmex y otros, las iniciativas y proyectos que han elaborado en relación con la afectación que han causado a los destinos turísticos las recientes disposiciones de la Secretaría de Hacienda para hacer el depósito de dólares e incorporarlas a la agenda de la Comisión de Turismo en materia fiscal y hacendaria.
Sexto. Se aprueba la solicitud del diputado Martín Vázquez Pérez para llevar a cabo una visita del grupo de trabajo especializado en enlace y seguimiento a proyectos turísticos desde lo local al estado de México, que tendrá verificativo los días 28, 29 y 30 de septiembre del presente año.
Séptimo. Se aprueba la propuesta del diputado Víctor Báez Ceja para incorporar a la agenda de temas relacionados a los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los siguientes conceptos:
a) Cobro del derecho de no inmigrante para la calidad de visitante local: 200.00 pesos se recaudará a través de las líneas navieras al momento del cobro del boleto correspondiente, transfiriéndolo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para que el importe se destine en su totalidad a los municipios.
b) Incentivos fiscales para la inversión turística: Propuesta de reforma para aquellos proyectos de inversión turística con capital propio que tengan gran impacto para el país gozaran de la exención de ciertos impuestos.
c) Fondo fijo de inversión turística: Reformas para que los municipios tengan autonomía para invertir recursos destinados a la actividad turística, creando un fondo fijo de inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otro fondo estatal, que sea fiscalizable ante la ASF sin prejuicio del principio de anualidad.
Octavo. Se aprueba la solicitud del diputado Víctor Báez Ceja a fin de recibir en la próxima sesión ordinaria de la comisión la visita del secretario de Turismo del estado de Michoacán de Ocampo para hacer a los diputados una presentación de la ruta de Don Vasco.
Noveno. Se aprueba la solicitud del diputado Martin Vázquez Pérez para incorporar al orden del día de la siguiente reunión ordinaria la discusión y dictamen sobre un punto de acuerdo que promueve la creación de una subcomisión unida para el estudio, redacción y dictamen de un proyecto de decreto de la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, que ha sido turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Toda vez que se han agotados los asuntos del orden del día, el diputado Carlos Manuel Joaquín González, presidente de la comisión, clausuró la reunión.
La Junta Directiva de la Comisión de Turismo
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Héctor Pablo Ramírez Puga, Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, secretarios.
De la Comisión de Turismo, relativa a la novena reunión plenaria, celebrada el miércoles 22 de septiembre de 2010
En el salón de usos múltiples número 4 del edificio I, la Comisión de Turismo sesionó de manera ordinaria con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Revisión del orden del día propuesto para la novena sesión ordinaria del pleno.
3. Lectura, análisis y acuerdo para recomendación al pleno de los proyectos de dictamen turnados a la comisión por la Mesa Directiva para su resolutivo.
4. Revisión de la estrategia general de la comisión para el periodo octubre-diciembre de 2010 y de sus principales componentes:
Estado del Acuerdo Nacional en favor del Turismo.
Estado de la estrategia de participación de la Comdetur en el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio de 2011.
Estado de la estrategia de participación de la Comdetur en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Estado del proyecto de iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comparecencia de la secretaria de Turismo ante la comisión.
5. Asuntos generales.
6. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia mediante el registro de firmas, encontrándose presentes los siguientes diputados: Carlos Manuel Joaquín González, presidente; Miguel Ángel García Granados, Laura Arizmendi Campos, Fermín Alvarado Arroyo, Víctor Báez Ceja, Juan Pablo Jiménez Concha, Miguel Martínez Peñaloza, Noé Martín Vázquez Pérez, secretarios; Cecilia Arévalo Sosa, Alejandro Carabias Icaza, Juan José Cuevas García, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Felipe Borja Texocotitla, José Ignacio Seara Sierra, Efraín Aguilar Góngora.
El presidente de la comisión, diputado Carlos Manuel Joaquín González, dio cuenta de los integrantes de la mesa directiva, encontrándose presentes 16 diputados, asimismo se dio lectura y se sometió a aprobación el orden del día.
Los acuerdos tomados en esta reunión ordinaria son los siguientes:
Primero. Respecto a la propuesta de la opinión de la Comisión de Turismo elaborada por el área técnica a solicitud de la presidencia respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se acordó aprobarlo en lo general, modificando el monto asignable a la partida correspondiente al gasto federalizado, en forma señalada, lo concerniente a los convenios de reasignación de recursos a estados y municipios.
Segundo. Se acuerda instruir a la secretaria técnica de esta comisión para inscribir en tiempo y forma el resolutivo acordado, con sus correspondientes anexos ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Tercero. Se acuerda citar al pleno de la comisión en comisiones unidas con su homóloga de Presupuesto y Cuenta Publica, para presentar las consideraciones y fundamentos de la opinión suscrita por los integrantes de la Comisión de Turismo, la que se llevara a cabo el 3 de noviembre, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Toda vez que se han agotados los asuntos del orden del día, el diputado Carlos Manuel Joaquín González, presidente de la comisión, clausuró la reunión.
La Junta Directiva de la Comisión de Turismo
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Héctor Pablo Ramírez Puga, Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, secretarios.
De la Comisión de Turismo, correspondiente a la décima reunión plenaria, celebrada el jueves 28 de octubre de 2010
En la sala de juntas de la coordinación del estado de México, situada en el edificio B del Palacio Legislativo de San Lázaro, en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código fiscal 15960, México, DF, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, realizó la décima sesión ordinaria.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Revisión del orden del día propuesto para la novena sesión ordinaria del pleno de la Comisión de Turismo (Comdetur).
3. Lectura, análisis y acuerdo para recomendación al pleno de los proyectos de dictamen turnados a la comisión por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su resolutivo.
4. Revisión de la estrategia general de la Comisión para el periodo octubre-diciembre de 2010 y de sus principales componentes:
Estado del Acuerdo Nacional a Favor del Turismo.
Estado de la estrategia de participación de Comdetur en el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011.
Estado de la estrategia de participación de la Comdetur en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Estado del proyecto de iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comparecencia de la secretaria de Turismo ante la comisión.
5. Asuntos generales.
6. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día se pasó lista de asistencia mediante el registro de firmas, encontrándose presentes las y los siguientes diputados:
Carlos Manuel Joaquín González, presidente; Miguel Ángel García Granados, Laura Arizmendi Campos, Fermín Alvarado Arroyo, Víctor Báez Ceja, Juan Pablo Jiménez Concha, Miguel Martínez Peñaloza, Noé Martín Vázquez Pérez, secretarios; Cecilia Arévalo Sosa, Alejandro Carabias Icaza, Juan José Cuevas García, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Felipe Borja Texocotitla, José Ignacio Seara Sierra, Efraín Aguilar Góngora.
El presidente de la comisión, diputado Carlos Joaquín González, dio cuenta a los integrantes de la mesa directiva, encontrándose presentes 16 diputados; asimismo se dio lectura y se sometió a aprobación el orden del día.
Acuerdos
Por lo que hace a los acuerdos tomados en esta reunión ordinaria constan los siguientes:
Primero: Con la asistencia de 16 diputados integrantes de la comisión, el presidente abre la sesión y declara instalada la decima sesión ordinaria, así como validas sus deliberaciones u acuerdos. Asimismo se aprueba el orden del día propuesto para la decima reunión ordinaria de la Comisión de Turismo.
Segundo: Respecto de la propuesta de opinión de la Comisión de Turismo elaborada por el área técnica a solicitud de la presidencia sobre el proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, los integrantes de la comisión acuerdan aprobarlo en lo general, modificando el monto asignable en la partida correspondiente al gasto federalizado en forma señalada en lo concerniente a los convenios de reasignación de recursos a estados y municipios, quedando la redacción final del resolutivo como sigue:
Se propone como fuente de cobertura de dicho monto utilizar los recursos provenientes de los aumentos aprobados recientemente al impuesto especial sobre producción y servicios en bebidas energéticas y tabaco, así como a los excedentes que se originarán por el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano aprobada también por esta soberanía.
Tercero: Se instruye a la secretaria técnica de esta comisión a inscribir en tiempo y forma el presente resolutivo, con sus correspondientes anexos ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la honorable Cámara de Diputados.
Cuarto: Se acuerda citar al pleno de la comisión de a la reunión que se sostendrá en comisiones unidas con su homóloga de Presupuesto y Cuenta Publica para presentar las consideraciones y fundamentos de la opinión suscrita por los integrantes de la Comisión de Turismo, misma que se llevara a cabo el 3 de noviembre, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
La Junta Directiva de la Comisión de Turismo
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Liabeth García Coronado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Héctor Pablo Ramírez Puga, Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), secretarios.
De la Comisión de Turismo, relativa a la undécima reunión plenaria, realizada el martes 30 de noviembre de 2010
En el salón número 2 del edificio I, a las 16:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código fiscal 15960, México, DF, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, realizó la undécima sesión ordinaria.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Declaratoria de instalación.
3. Lectura y revisión de acuerdos de la décima sesión ordinaria de la Comisión de Turismo para su análisis y resolución.
4. Informe de avances y proyectos de los grupos especializados de trabajo.
5. Turnos enviados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Turismo para su análisis y resolución.
6. Propuesta de fecha para la celebración de las próximas reuniones ordinarias.
7. Asuntos generales.
6. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día se pasó lista de asistencia mediante el registro de firmas, encontrándose presentes las y los siguientes diputados:
Carlos Manuel Joaquín González, presidente; Miguel Ángel García Granados, Laura Arizmendi Campos, Víctor Báez Ceja, Juan Pablo Jiménez Concha, Miguel Martínez Peñaloza, Noé Martín Vázquez Pérez, Maurilio Ochoa Millán, Gustavo Antonio Ortega Joaquín, secretarios; Cecilia Arévalo Sosa, Juan José Cuevas García, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, José Ignacio Seara Sierra, Efraín Aguilar Góngora, Emilio Serrano Jiménez, José Luis Marcos León Perea.
El presidente de la comisión, diputado Carlos Joaquín González, dio cuenta a los integrantes de la mesa directiva, encontrándose presentes 16 diputados; asimismo se dio lectura y se sometió a aprobación el orden del día.
Acuerdos
Por lo que hace a los acuerdos tomados en esta reunión ordinaria, constan los siguientes:
Primero: Con la asistencia de 17 diputados integrantes de la Comisión de Turismo, el presidente abrió la sesión y declaró instalada la undécima reunión ordinaria así como válidas sus deliberaciones y acuerdos.
Segundo: Se aprobó el acta y la minuta de la décima reunión ordinaria de esta comisión.
Tercero: Respecto de los proyectos turnados por la Mesa directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Turismo para su análisis, valoración y dictamen, la secretaría técnica sometió a consideración de los diputados presentes los proyectos de dictamen de los asuntos enlistados resolviéndose en cada caso.
Cuarto: Se acordó el calendario de sesiones para la duodécima y decimotercera reuniones ordinarias, quedando como sigue:
Duodécima reunión ordinaria: miércoles 8 de diciembre de 2010 a las 16:00 horas o después de que concluya la sesión del pleno.
Decimotercera reunión ordinaria: lunes 31 de enero de 2011, a las 16:00 horas.
Quinto: Toda vez que se han agotados los asuntos del orden del día, el Diputado Carlos M. Joaquín González Presidente de la Comisión de Turismo clausura la reunión.
La Junta Directiva de la Comisión de Turismo
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Liabeth García Coronado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Héctor Pablo Ramírez Puga, Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), secretarios.
De la Comisión de Turismo, derivada de la decimoquinta reunión ordinaria, verificada el jueves 28 de abril de 2011
En el salón B del edificio G de la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, DF, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados sesionó de manera ordinaria, con la asistencia de los siguientes
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (PRI), presidente; Miguel Ángel García Granados (PRI), Laura Arizmendi Campos (Convergencia), Lizbeth García Coronado (PRD), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), Juan Pablo Jiménez Concha (PRI), José Alfredo González Díaz (PRD), Miguel Martínez Peñaloza (PAN), Maurilio Ochoa Millán (PRI), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (PAN), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), Noé Martin Vázquez Pérez (PRI), secretarios; Cecilia Arévalo Sosa (PAN), Fidel Kuri Grajales (PRI), Alejandro Carabias Icaza (PVEM), Juan José Cuevas García (PAN), José Luis Marcos León Perea (PRI), Baltazar Martínez Montemayor (PAN), Felipe Borja Texocotitla (PRI), José Ignacio Seara Sierra (PAN), Emilio Serrano Jiménez (PRD), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI).
Secretariado técnico Manuel Álvarez Santillán.
Justificaciones
Diputado Rafael Yerena Zambrano (PRI).
No asistieron
Diputados: Víctor Manuel Castro Cosío (PRD), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (PAN), Jaime Sánchez Vélez (PRI), Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI).
Ante la presencia de sus integrantes e invitados, el Presidente de la Junta Directiva, sometió a consideración el siguiente:
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Declaratoria de instalación.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
5. Discusión y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictamen:
a) A la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, que incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al de tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición a los contenidos en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada ley, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b) A la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas a generar e intensificar en la entidad campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades, e impulsar y desarrollar infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
c) A la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esa secretaría, uno relativo al turismo rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen al turismo rural.
d) Opinión de la Comisión de Turismo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
6. Asuntos turnados por la junta directiva de este órgano legislativo a la Comisión de Turismo para su análisis y resolución.
7. Asuntos generales.
8. Declaratoria de conclusión de la reunión.
Desarrollo de la reunión y acuerdos
1. En desahogo al primer punto del orden del día, relacionado con el pase de lista y verificación de quórum, con la asistencia de 22 diputados se confirmó la integración del quórum para la reunión en curso.
2. Con relación al segundo punto del orden del día, con la asistencia de los 22 diputados integrantes de la comisión, el presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González, abrió la reunión a las 16:20 horas y declaró instalada la decimoquinta reunión ordinaria, así como válidas sus deliberaciones y acuerdos.
Acuerdo
Con la asistencia de 22 diputados integrantes de la comisión, el presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González abre la reunión a las 16:20 horas y declara instalada la 15ª reunión ordinaria, así como válidas sus deliberaciones y acuerdos.
El presente acuerdo se realiza conforme al documento que se identifica como anexo del punto 2 (lista de asistencia).
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.01)
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, se dio lectura del mismo por instrucciones del diputado Carlos Joaquín González, presidente de la junta directiva y los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprueba por mayoría el orden del día para la presente reunión ordinaria.
El presente acuerdo se realiza conforme al orden del día aprobado.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.02)
4. En referencia al cuarto punto del orden del día, relacionado con la lectura, revisión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, el presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González, solicitó a la secretaría de la junta directiva, consultar a los presentes si se dispensaba la lectura del acta en virtud de que había sido enviada con antelación a cada uno de los diputados. Se dispensó la lectura y los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprueba por mayoría el acta correspondiente a la reunión anterior.
El presente acuerdo se realizó conforme al documento que se identifica como acta aprobada.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.03)
5. Con relación al quinto punto del orden del día, relacionado con la discusión y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictamen, se desahogo de la siguiente forma:
a) Respecto al dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al de tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición a los contenidos en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada Ley, presentada por el Diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por instrucciones del Presidente de la Junta Directiva, Dip. Carlos M. Joaquín González, la Secretaría de la Junta Directiva dio lectura a las conclusiones y puntos resolutivos contenidos en el dictamen, sometiéndose a discusión y
Votación
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (PRI), a favor; Miguel Ángel García Granados (PRI), a favor; Laura Arizmendi Campos (Convergencia), a favor; Lizbeth García Coronado (PRD), a favor; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), a favor; Juan Pablo Jiménez Concha (PRI), a favor; José Alfredo González Díaz (PRD), a favor; Miguel Martínez Peñaloza (PAN), a favor; Maurilio Ochoa Millán (PRI), a favor; Gustavo Antonio M. Ortega Joaquín (PAN), a favor; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), a favor; Noé Martin Vázquez Pérez (PRI) a favor; Cecilia Arévalo Sosa (PAN), a favor; Fidel Kuri Grajales (PRI) a favor; Alejandro Carabias Icaza (PVEM), a favor; Juan José Cuevas García (PAN), a favor; José Luis Marcos León Perea (PRI), a favor; Baltazar Martínez Montemayor (PAN), a favor; Felipe Borja Texocotitla (PRI), a favor; José Ignacio Seara Sierra (PAN), a favor; Emilio Serrano Jiménez (PRD), a favor y Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI), a favor.
La secretaría de la junta directiva, informó que se tiene por aprobado por unanimidad el dictamen en sentido positivo, a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al de tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición a los contenidos en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada ley, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprobó por unanimidad el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al de tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición a los contenidos en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada ley, con 22 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.04)
b. Respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas a generar e intensificar en la entidad campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades, e impulsar y desarrollar infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por instrucciones del presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González, la secretaría de la junta directiva dio lectura a las conclusiones y puntos resolutivos contenidos en el dictamen, sometiéndose a discusión y votación:
Diputados: Carlos. Joaquín González (PRI), a favor; Miguel Ángel García Granados (PRI), a favor; Laura Arizmendi Campos (CONV), a favor; Lizbeth García Coronado (PRD), a favor; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), a favor; Juan Pablo Jiménez Concha (PRI), a favor; José Alfredo González Díaz (PRD), a favor; Dip. Miguel Martínez Peñaloza (PAN), a favor; Maurilio Ochoa Millán (PRI), a favor; Gustavo Antonio M. Ortega Joaquín (PAN), a favor; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), a favor; Noé Martin Vázquez Pérez (PRI) a favor; Cecilia Arévalo Sosa (PAN), a favor; Fidel Kuri Grajales (PRI) a favor; Alejandro Carabias Icaza (PVEM), a favor; Juan José Cuevas García (PAN), a favor; José Luis Marcos León Perea (PRI), a favor; Baltazar Martínez Montemayor (PAN), a favor; Felipe Borja Texocotitla (PRI), a favor; José Ignacio Seara Sierra (PAN), a favor; Emilio Serrano Jiménez (PRD), a favor y Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI), a favor.
La secretaría de la junta directiva, informó que se tiene por aprobado por unanimidad el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas a generar e intensificar en la entidad campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades, e impulsar y desarrollar infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprobó, por unanimidad, el dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno de Tamaulipas a generar e intensificar en la entidad campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades, e impulsar y desarrollar infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, con 22 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
El presente acuerdo se adoptó conforme al documento que se identifica como dictamen aprobado en sentido positivo.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.05)
c) Respecto al dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esa secretaría, uno relativo al turismo rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen al turismo rural, presentada por la diputada Viviana Agundiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por instrucciones del presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González, la secretaría de la junta directiva dio lectura a las conclusiones y puntos resolutivos contenidos en el dictamen, sometiéndose a discusión y votación:
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (PRI), a favor; Miguel Ángel García Granados (PRI), a favor; Laura Arizmendi Campos (Convergencia), a favor; Lizbeth García Coronado (PRD), a favor; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), a favor; Juan Pablo Jiménez Concha (PRI), a favor; José Alfredo González Díaz (PRD), a favor; Miguel Martínez Peñaloza (PAN), a favor; Maurilio Ochoa Millán (PRI), a favor; Gustavo Antonio M. Ortega Joaquín (PAN), a favor; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), a favor; Noé Martin Vázquez Pérez (PRI) a favor; Cecilia Arévalo Sosa (PAN), a favor; Fidel Kuri Grajales (PRI) a favor; Alejandro Carabias Icaza (PVEM), a favor; Juan José Cuevas García (PAN), a favor; José Luis Marcos León Perea (PRI), a favor; Baltazar Martínez Montemayor (PAN), a favor; Felipe Borja Texocotitla (PRI), a favor; José Ignacio Seara Sierra (PAN), a favor; Emilio Serrano Jiménez (PRD), a favor y Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI), a favor.
La secretaría de la junta directiva, informó que se tenía aprobado por unanimidad el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esa secretaría, uno relativo al turismo rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen al turismo rural, presentada por la diputada Viviana Agundiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprobó por unanimidad el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esa secretaría, uno relativo al turismo rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen al turismo rural, con 22 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
El presente acuerdo se realizó conforme al documento que se identifica como dictamen aprobado en sentido positivo.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.05)
d) Respecto a la opinión de la Comisión de Turismo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por instrucciones del Presidente de la Junta Directiva, Dip. Carlos M. Joaquín González, la Secretaría de la Junta Directiva dio lectura a las conclusiones y contenidos en la opinión, sometiéndose a discusión y votación:
Diputados: Carlos Joaquín González (PRI), a favor; Miguel Ángel García Granados (PRI), a favor; Laura Arizmendi Campos (Convergencia), a favor; Lizbeth García Coronado (PRD), a favor; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), a favor; Juan Pablo Jiménez Concha (PRI), a favor; José Alfredo González Díaz (PRD), a favor; Miguel Martínez Peñaloza (PAN), a favor; Maurilio Ochoa Millán (PRI), a favor; Gustavo Antonio M. Ortega Joaquín (PAN), a favor; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), a favor; Noé Martin Vázquez Pérez (PRI) a favor; Cecilia Arévalo Sosa (PAN), a favor; Fidel Kuri Grajales (PRI) a favor; Alejandro Carabias Icaza (PVEM), a favor; Juan José Cuevas García (PAN), a favor; José Luis Marcos León Perea (PRI), a favor; Baltazar Martínez Montemayor (PAN), a favor; Felipe Borja Texocotitla (PRI), a favor; José Ignacio Seara Sierra (PAN), a favor; Emilio Serrano Jiménez (PRD), a favor y Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI), a favor.
La Secretaría de la junta directiva, informó que se tiene por aprobado por unanimidad la opinión de la Comisión de Turismo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
Se aprobó por unanimidad la opinión de la Comisión de Turismo sobre la iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 22 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
El presente acuerdo se realizó conforme al documento que se identifica como opinión aprobada.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.07)
6. En referencia al sexto punto del orden del día, relacionado con los turnos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Turismo para su análisis, valoración y dictamen, el presidente de la junta directiva, Carlos Manuel Joaquín González, solicitó a la Secretaría de la junta directiva, consultar a los presentes si se dispensaba la lectura del informe, en virtud de que había sido enviado con antelación a cada uno de los diputados. Se dispensó la lectura y los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
El pleno de la Comisión de Turismo toma conocimiento del informe de los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El presente acuerdo se realiza conforme al documento que se identifica como informe de asuntos turnados.
(ACT/15ª ORD-CT/28/04/2011.08)
7. Asuntos generales
El presidente de la junta directiva, Carlos Joaquín González consultó a los integrantes si había algún asunto que desearan tratar en la reunión. No se presentaron asuntos por parte de los asistentes.
Como no hubo más puntos que tratar y desahogados los asuntos contenidos en el orden del día, con la venia del presidente de la junta directiva y en presencia de 22 diputados, se realizó la declaratoria de la clausura y levantó la decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión de Turismo a las 17:30 horas del 28 de abril de 2011.
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), secretarios.
Informes
De la diputada Laura Arizmendi Campos, concerniente a la gira de trabajo efectuada del martes 7 al viernes 10 de septiembre de 2010 a Madrid, España
Palacio Legislativo, a 16 de junio de 2011.
Diputada Josefina Vázquez Mota
Presidenta de la Junta de
Coordinación Política
Presente
En atención de su oficio número JCP/ CAO/ AMF/ 1650/ 060611, de fecha 6 de junio del año en curso, me permito anexar al presente informe de actividades de la gira de trabajo de la Comisión de Turismo a Madrid, España, del martes 7 al viernes 10 de septiembre de 2010 y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Atentamente
Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica)
Informe con motivo de la asistencia a la gira de trabajo de la Comisión de Turismo a Madrid, España, del 7 al 10 de septiembre de 2010
Sinopsis de las actividades realizadas durante el viaje
El 7 de septiembre se sostuvo una reunión con la presencia del excelentísimo señor Jorge Zermeño Infante, embajador de México en España, donde se contó con la participación de los diputados Carlos Manuel Joaquín González, Juan Pablo Jiménez Concha, Noé Martín Vázquez Pérez, Miguel Martínez Peñaloza, Víctor Báez Ceja y la suscrita, Laura Arizmendi Campos, a fin de enriquecer los conocimientos en la materia de turismo y la importancia de la promoción de México en España, así como promocionar otros sitios turísticos, además de los lugares de playas, por ejemplo, pueblos mágicos, turismo religioso, turismo cultural, además de buscar nuevas alternativas para atraer al turismo, por ejemplo: hoteles donde hablen su idioma y se abordó el tema de la infraestructura que hace falta a México como aeropuertos, carreteras, trenes rápidos, porque toda esta infraestructura únicamente está centralizado en la Ciudad de México.
Datos sobresalientes sobre turismo:
El número de españoles que viajan a México en promedio mensual asciende a 35 mil;
De enero a junio de 2010 ingresaron en México 164 mil 652 turistas españoles;
España se halla en la posición número 4 respecto al número de turistas que recibe al año; y
México está en el quinto lugar de turismo de lujo.
El 8 de septiembre se sostuvo una reunión con la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados de España, donde se dieron a conocer los siguientes temas: Manifestamos que México, cuenta con una ley de turismo, y la Secretaría de Turismo está por entregar el Reglamento de la Ley General de Turismo, explicando el modo de distribución del presupuesto; el gobierno federal asigna, los estados distribuyen y los municipios trabajan.
Los diputados españoles indicaron que México no es sólo sol y playa, sino que además es turismo ecológico, gastronómico, cultural, etcétera. Manifestaron la importancia de trazarse objetivos a corto plazo y con un enfoque real y centrado, donde se considere la necesidad de una buena infraestructura para el acceso de los turistas, pues mientras más extenso es el territorio y hay más oportunidades que explotar, no obstante sus costos. Indicaron que la clave para mantener un sitio turístico es crear atractivos y renovarlos.
En cuanto a la reunión sostenida con la Empresa Municipal de Promoción en Madrid (funciona con la Dirección General de Turismo), se abordaron temas sobre la importancia del benchmarking, la realización de la Ley General de Turismo y la pronta entrega del reglamento por la secretaría y el sector turístico como prioridad nacional.
Los participantes de la empresa de promoción en Madrid indicaron que el sector privado colabora con ellos, ofreciendo atención al turismo, realizan visitas guiadas y actividades turísticas, exteriorizaron que es necesario que la Unión Europea genere una política en turismo en común, así como la importancia que está adquiriendo el turismo de compras.
La Empresa Municipal de Promoción en Madrid cuenta con un presupuesto anual de 17 millones de euros y el Consejo Patronal de Turismo, que va muy ligado a ellos 8 millones de euros, mientras que la estrategia con los medios de comunicación es hacerles partícipes de la importancia de las imágenes positivas que publican sobre su país. A veces otorgarles notas o dar imágenes interesantes que le ganen a las imágenes negativas. No se les paga por esto, cuentan con una red de ciudades donde comparten estrategias y comparan necesidades, además de que hacen intercambios promocionales dependiendo de nichos de mercado.
También se refirieron al tema de la comunicación y su importancia con respecto a involucrar a la sociedad. Añadieron que Madrid cuenta con 80 mil plazas hoteleras, así como el buen producto (amabilidad y servicio de calidad), además de contar con la inversión de la iniciativa privada con apoyo del Estado. En cuanto a sus vías de comunicación estas son cómodas y ágiles (infraestructura). Indicaron que cada comunidad tiene su propia normativa en materia turística, con apoyo de la sociedad para el impulso turístico, ya que la aportación del turismo al PIB es clave.
Los retos más importantes que destacaron son: El cambio constante del mercado, indicándonos que las competencias de otros países van en crecimiento (Turquía, Egipto, Sudáfrica), resaltando que el turista exige mayor calidad y mayor diversificación de oferta, así como atraer más cruceros.
Se refirieron que en España el poder lo tiene el municipio, las competencias son transferidas a comunidades autónomas y que cuenta con una sociedad informada con poder de decisión, destacando que es necesario una promoción donde el gobierno pueda dar resultados, así como armonización de las categorías de estrellas de hoteles por medio de normas de ministerios tomando de ejemplo las mejores leyes de otros países, además de vigilar que se cumplan esas normas de manera constante hasta que se vuelva una cultura, así como la seguridad alimentaria.
Finalmente, se realizó la presentación de las rutas de México a turisteros españoles por la Secretaria de Turismo. Se contó con la presencia de los funcionarios de México y España, se presentó la información sobresaliente: México está en el lugar mundial número 10 en materia de turismo. Se presentaron spots internacionales a manejar México, the place you though you knew (México, el lugar que creías conocer); donde se difunden imágenes familiares, de parejas, de amigos platicando su experiencia con enfoque sentimental mientras se transmiten imágenes correspondientes a un estado.
Se destacó que la Secretaría de Turismo tiene un monitoreo de 70 destinos y 49 de ellos crecieron en número de cuartos, cuenta con más de 30 mil zonas arqueológicas, se encuentra en el número 1 en el ranking de spas y en el número 20 en el de captación de divisas a nivel mundial, y sobre todo se recalcó que 300 millones de pesos del presupuesto correspondiente fueron destinados para pueblos mágicos y culturales, recalcando las rutas de México: Ruta del Vino, Tarahumaras, Tradición y Naturaleza, Historia y Romanticismo, Tequila y Música bajo el sol, Bellezas Huastecas, 1 000 sabores del mole, Mayas, Experiencia virreinal y Encuentro entre la historia y la modernidad, así como el lanzamiento de los embajadores turísticos: 300 estudiantes están siendo capacitados para dar información turística y ayudar a los turistas, se planea llegar a mil 200. También se quiere capacitar a estudiantes extranjeros que vengan de intercambio y sobre todo realizar la creación de una línea telefónica para las inconveniencias que se les presenten a los turistas: como reservas no encontradas, maletas perdidas, quejas: además de brindarles soluciones.
El 9 de septiembre se sostuvo una reunión con la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, donde se nos proporcionaron datos importantes como el presupuesto para promoción que es de: en 2003: 3 millones de euros, de 2004 a la fecha de 6 millones de euros, mientras que el número de hoteles: en 2003 era de 253 y actualmente es de 528, el número de turistas alojados en hoteles para 2004 fue de 6 millones, en 2007, 9.3 millones y en 2010, 9.2 millones.
Los temas más relevantes fueron la realización de campañas dirigidas a los madrileños, potenciar el producto interno, capturar al turismo nacional, y sobre todo indicaron que es necesario enfocarse a cada nicho de mercado, y puntualizaron que es más importante la creatividad que el presupuesto. Es mejor tener poco dinero pero ser más efectivos, actualmente cuenta con un presupuesto de 18 millones de Euros, mostrándonos que la inversión es la mejor para cada destino y se plantea una cantidad la cual es dividida entre los tres diferentes poderes y se proponen darle en determinado tiempo. Nos dieron el ejemplo de 3 millones de euros a 3 años, cada poder da anualmente 333 mil, mientras que el sector turístico en España tiene un IVA de 8 por ciento (hoteles; restaurantes, etcétera), los productos de la canasta básica y las medicinas tienen un IVA de 4 por ciento, el IVA medio es de 18 por ciento.
Los resultados obtenidos y la participación en este gira de trabajo, arrojó como resultado la adquisición de nuevos conocimientos respecto al sector turístico, nos hizo tener un panorama de la evaluación y retos del sector turístico en el país, así como de España y sobre todo en conocer más a fondo el sector turístico de la ciudad de Madrid, España.
De la diputada María del Pilar Torre Canales, referente a la decimocuarta reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, efectuada el jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre de 2010 en Asunción, Paraguay
Presentación
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente tratado de institucionalización el 16 de noviembre de 1987, en Lima, Perú, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al mismo o lo hagan en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en este estatuto.
Por resolución de la decimonovena asamblea ordinaria del Parlatino, celebrada en São Paulo el 7 y 8 de noviembre de 2002, la junta directiva, previo cuidadoso análisis y consultas, realizó una reforma del Reglamento del Parlatino, en relación con los nombres, funciones y número de las comisiones permanentes del organismo, quedando reducidas sólo a 13 de las 21. Una de las cuales es la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda social y desarrollo Regional.
El ámbito de esta comisión antes mencionada estará relacionado con las estructuras económicas de la región, sus políticas de desarrollo, crecimiento y bienestar; sus procesos de integración económica, comercio exterior y reconversión industrial, financiamiento general, gasto público, inversión privada, precios y salarios, estabilidad monetaria, impuestos y aranceles, entre otros. También se ocupará de la planificación del desarrollo nacional en sus diversos niveles regionales: subregional, provincial, estadual o departamental, urbano o rural.
Identificación, análisis, formulación y ejecución de instrumentos de planificación relacionados con la superación de la pobreza en sus diversas categorías (pobreza crítica, pobreza absoluta, miseria, etcétera). Hace por tanto referencia a aspectos tales como políticas de redistribución de la riqueza y de infraestructura y equipamiento social, ocupándose de los rubros que conforman esta comisión: empleo, salud y vivienda.
Planteamiento de políticas que tiendan a mejorar el sistema de vida de estos países, valorando, coordinando y mejorando en todo lo relacionado a la construcción de vivienda popular, asentamientos humanos y habitacionales.
Esta comisión es el resultado de la unión de las antiguas comisiones de Asuntos Económicos y Deuda Externa, Deuda Social, Asentamientos Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano-Hábitat.
Temas de la reunión
Las metas del Parlatino en el contexto de las Metas del Milenio
Las metas u objetivos del milenio que se gestaron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y que fueron aprobadas por 189 países y firmada por 147 jefes de Estado y de gobierno en la denominada Declaración del Milenio.
Las metas del milenio surgen en un contexto donde el mundo y sus instituciones se encontraban inmersos en un nuevo orden mundial en donde la globalización económica y financiera obligaba a las naciones a tomas medidas para adaptarse a los nuevos cambios pero que a su vez, de facto, la globalización traía asimetrías de importancia sustancial entre los países integrantes de la sociedad internacional.
Renta básica o salario de la ciudadanía análisis del proyecto de ley marco de renta básica
El salario mínimo en México como lo señala la constitución debe de ser el adecuado para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas para su integro desarrollo, pero fuentes gubernamentales señalan que no se puede elevar en gran porcentaje el salario mínimo en función de que esa medida podría elevar efectos macroeconómicos importantes como puede ser una elevación en la inflación y por ende un coste mayor para los productos de la canasta básica que es fuente fundamental.
Especialistas del sector privado mencionan que el salario mínimo debe de aumentar ya que con ello se incrementa el ingreso y la capacidad adquisitiva de la población lo que generaría una evolución en la economía del país así mismo el sector privado estima que México cierre con un crecimiento económico de entre 4.5o 5 por ciento, pero que el consumo está estancado por la evolución del salario real.
Delegación mexicana participante
Senadores: Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN), Federico Döring Casar (PAN), Eloy Cantú Segovia (PRI), Alfonso Sánchez Anaya (PRD).
Diputados: María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), Norma Sánchez Romero (PAN), Sofía Castro Ríos (PRI), Andrés Massieu Fernández (PRI), José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
Atentamente
Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)
Del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, tocante a la cuarta parte de la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del lunes 4 al viernes 8 de octubre de 2010 en Estrasburgo, Francia
1. Integración de la delegación
Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), presidente de la delegación.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (PAN).
Senador Humberto Aguilar Coronado (PAN).
Senadora Yeidckol Polevnsky (PRD).
Senador David Jiménez Rumbo (PRD).
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN).
2. Temas de la agenda
Lucha contra el extremismo: logros, deficiencias y fracasos.
Maltrato de niños en instituciones: asegurar la plena protección de las víctimas.
El funcionamiento de las instituciones democráticas en Ucrania.
Elección del secretario general de la Asamblea Parlamentaria. El señor Wojciech Sawicki fue declarado electo con 151 votos, contra 91 obtenidos por el señor Jan Kleijssen. El nuevo secretario general asumirá el encargo a partir del 1 de febrero de 2011, en sustitución del señor Mateo Sorinas, y tendrá un mandato de cinco años.
La necesidad de evitar la duplicación del trabajo del Consejo de Europa por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales.
Derechos humanos y negocios.
Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009-2010.
Celebración del 60 aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Las actividades del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) en 2009: facilitando la integración económica en Europa.
La estrategia, la gobernanza y el funcionamiento del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
Debate urgente: aumento reciente en el discurso de seguridad nacional en Europa: el caso de los romaníes.
Garantizar el derecho a la educación de los niños con enfermedades o discapacidades.
Las Actividades del BERD en 2009: facilitando la integración económica en Europa.
La estrategia, la gobernanza y el funcionamiento del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
Debate Urgente: aumento reciente en el discurso de seguridad nacional en Europa: el caso de los romaníes.
Garantizar el derecho a la educación de los niños con enfermedades o discapacidades.
Niños sin cuidado parental: la necesidad urgente de acción.
Acceso de las mujeres a cuidados médicos legales: el problema del recurso no reglamentado a la objeción de conciencia.
Procedimientos nacionales para la selección de candidatos a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Solicitudes de asilo ligadas al género.
Fortalecer el potencial socioeconómico de la región del Mar Báltico.
3. Participación de la delegación mexicana en los debates plenarios
Los senadores Martha Leticia Sosa Govea, Carlos Jiménez Macías y David Jiménez Rumbo se inscribieron como oradores en los debates sobre maltrato de niños en instituciones: asegurar la plena protección de las víctimas, Las actividades de la OCDE en 2009-2010, y Garantizar el derecho a la educación de los niños con enfermedades o discapacidades, respectivamente. Las intervenciones se anexan al presente informe.
4. Actividades de la delegación mexicana
Además de la participación en los debates plenarios, la delegación realizó las actividades que se reseñan a continuación:
Lunes 4 de octubre
El diputado Francisco Vega de la Madrid participó en una reunión del Grupo del Partido Popular Europeo (GPPE). Los legisladores europeos se mostraron interesados en la actualidad político-económica de México y en establecer vínculos más cercanos con los miembros de la delegación afines al GPPE.
Por otro lado, la delegación asistió a la recepción ofrecida por la representante permanente de España, señora Martha Vilardell Coma, en honor de las delegaciones parlamentarias española, mexicana y andorrana. En esta ocasión, los legisladores mexicanos tuvieron conversaciones informales con sus homólogos españoles y los parlamentarios chilenos que asistieron al debate sobre la OCDE sobre la próxima Cumbre sobre Cambio Climático; los puertos del Pacífico mexicano; la producción vitivinícola en México, Chile y España; y la participación en foros parlamentarios internacionales.
Sobre el tema de cambio climático se comunicó a la delegación mexicana, de manera informal, que la Asamblea designaría una representación para asistir a los eventos parlamentarios relacionados con la Cumbre sobre Cambio Climático a celebrarse en México en diciembre próximo.
Martes 5 de octubre
Reunión de la Comisión Ampliada de Asuntos Económicos Desarrollo
En esta reunión se discutieron el proyecto de resolución sobre La OCDE y la Economía Mundial, elaborado con base en el informe del relator, señor Juan Moscoso del Prado Hernández, así como sus enmiendas.
Por parte de la delegación mexicana el Senador Carlos Jiménez Macías presentó una enmienda al párrafo 9 de la resolución, solicitando incluir el texto: teniendo en cuenta el tamaño de las respectivas economías. El senador Jiménez Macías subrayó que los efectos de la crisis económica mundial repercutieron de forma diferente en cada economía y que la recuperación económica se estaba dando de acuerdo con las políticas nacionales instrumentadas por cada uno de los países y con base en los problemas estructurales de cada economía. Puso de relieve que tan sólo en América Latina, y concretamente en México, se tienen diferentes niveles de empleo y pobreza, por lo cual algunas medidas de apoyo deberían prevalecer para apoyar a ciertos sectores.
La propuesta de la delegación mexicana fue aprobada y, después de las enmiendas propuestas por otras delegaciones a diversos párrafos del proyecto de resolución, quedó incluida en el párrafo 11 del texto final (anexo).
Recepción ofrecida por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Desarrollo, señor Paul Wille (Bélgica), a las delegaciones de México, Chile, Israel y Japón
Como cada año, la comisión ofreció una recepción a los parlamentarios de los países miembros de la OCDE que no pertenecen al Consejo de Europa y que participan en el debate ampliado sobre la OCDE y la economía mundial.
Ésta fue la primera ocasión en la que participaron representantes de Chile e Israel, después del ingreso de sus países a la OCDE. Con esas delegaciones se intercambiaron puntos de vista respecto a la participación en la OCDE, la situación de la economía mundial, la situación en Medio Oriente y la situación política y social en América Latina.
Miércoles 6 de octubre
Reunión informal con el secretario general de la OCDE, doctor José Ángel Gurría
La conversación giró en torno de la crisis. El secretario general presentó un panorama general de la recuperación esperada en el mundo y en México, señalando que para nuestro país se espera en 2010 un crecimiento de 4.5 por ciento, mientras que en Europa ese indicador será de 1-2 por ciento y en China de 10 por ciento. Comentó que un elemento presente en el contexto de la recuperación es el alto desempleo. Como solución planteó los cambios estructurales. Finalizó este tema expresando que la época poscrisis se caracterizará por una disputa fuerte entre países por los escasos recursos financieros.
El funcionario se manifestó contrario a la disminución del IV A; a favor de la reforma fiscal (eliminación de regimenes especiales, desmantelamiento del subsidio a las gasolinas), a la que calificó como necesidad inaplazable, Y a favor de la Ley de Competencia promovida por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la delegación mexicana felicitó al doctor Gurría por su ratificación como secretario general de la OCDE. Abordaron la situación económica y legislativa en México. También comentaron sobre los esquemas de presupuestos basados en resultados, solicitando la información que sobre este asunto pudiera compartir la OCDE.
Actividades en el marco de la campaña Los parlamentos unidos para combatir la violencia contra las mujeres: Comisión de Equidad y Género
Acción de visibilidad
El miércoles 6 de octubre se llevó a cabo la acción de visibilidad Levanten la mano para detener la violencia contra las mujeres. Esto con el fin de marcar el compromiso de los parlamentarios con la campaña para combatir la violencia contra las mujeres.
La acción consistió en que cada contacto parlamentario para la campaña imprimió su mano en un lienzo blanco como forma de mostrar su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
La senadora Martha Leticia Sosa Govea participó en esta acción de visibilidad por parte de la delegación mexicana e inscribió el nombre de México en el lienzo.
Segunda reunión de la Red de Contactos Parlamentarios de Referencia Comprometidos contra la Violencia hacia las Mujeres
La senadora Martha Leticia Sosa Govea participó en esta segunda reunión, Dos años después de la Campaña del Consejo de Europa, ¿en dónde estamos?, contó con la presencia del Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, señor Mevlüt Cavulsoglu. Tuvo lugar el 6 de octubre.
El señor José Mendes Bota, presidente de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Parlamentaria señaló que después de la Conferencia Fina: de la Dimensión Parlamentaria de la Campaña del Consejo de Europa para Combatir la Violencia contra las Mujeres (Viena, Austria, abril de 2008) era tiempo de reflexionar y evaluar el estado del proyecto de Convención del Consejo de Europa para combatir la Violencia contra las Mujeres, incluida la Doméstica.
La secretaria general adjunta del Consejo de Europa, señora Maud de Boer Buquicchio, se refirió al proceso de redacción de la futura convención e indicó que se espera que el memorándum explicativo respectivo esté listo para principios de 2011.
Por su parte, el señor Eric Ruelle, copresidente del Comité ad hoc sobre la Prevención y Combate de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (CAHVIO, por sus siglas en inglés), habló sobre los detalles de la redacción de la convención, destacando que contiene innovaciones como la consideración de la violencia psicológica, el matrimonio forzado y la mutilación femenina, por ejemplo, y que el concepto de víctima incluirá a niños y otros sujetos, no sólo a las mujeres.
La señora Gisela Wurm, presidenta de la Subcomisión sobre Violencia contra las Mujeres, aludió a los próximos actos relacionados con la campaña, en particular el lanzamiento de un Día Paneuropeo Parlamentario sobre Dos años después de la Campaña Stop a la Violencia Doméstica contra las Mujeres, ¿qué sigue? y 16 días de activismo (25 de noviembre-10 de diciembre de 2010). Para el Día Paneuropeo se invitó a cada parlamento a identificar brechas, asegurar normas altas de protección a víctimas persecución de delitos.
Entre las posibles actividades por realizar para los días de activismo se propusieron acciones de visibilidad (exposiciones, información a través de páginas web, impresión de manos/pies en lienzos (hand printing/foot printing), s eminarios, conferencias, sesiones solemnes, aprobación de resoluciones.
También se solicitó enviar a la comisión una exposición breve y la fotografía de la actividad realizada.
La comisión invitó a los parlamentos nacionales a unirse a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, con actividades en sus propios parlamentos.
El presidente de la asamblea, señor Mevlüt Cavulsoglu, hizo un reconocimiento a todos los contactos parlamentarios por su activismo, al señor Mendes Bota y a los miembros de la asamblea por su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Indicó que las actividades en esa materia y en el combate a la trata de personas han dado mayor visibilidad a la Asamblea Parlamentaria. Concluyó diciendo que respaldará todas las acciones; para que los parlamentos apoyen la Convención del Consejo de Europa para combatir la Violencia contra las Mujeres, incluida la violencia doméstica.
Algunos de los contactos compartieron las acciones que sus parlamentos han llevado a cabo para combatir la violencia contra las mujeres y propusieron compartir información sobre dichas acciones para enriquecer el trabajo relativo a la campaña.
A continuación, el señor Mendes Bota propuso que, en el marco de la Subcomisión sobre Violencia contra las Mujeres, se establezca una red de ONG que provean cifras relacionadas con la violencia contra las mujeres, considerando que esas organizaciones llevan a cabo un trabajo sistemático de registro de estadísticas. En este sentido, cada país detectaría una fuente (ONG) y daría la información a la comisión.
A manera de conclusión, el señor Mendes Bota expresó que para la celebración del tercer encuentro de contactos parlamentarios se esperan ofertas de sede y subrayó la importancia de realizar actividades para celebrar el 25 de noviembre.
Jueves 7 de octubre
Reunión de la Comisión de Cultura
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid participó en esta reunión, en la que la parlamentaria Elvira Kovács presentó un breve informe de participación en el Foro Legislativo y la Cumbre Mundial sobre la Juventud (agosto de 2010, México).
Entre los puntos mencionados en su informe, la señora Kovács destacó el gran interés de América Latina en el trabajo de los parlamentarios europeos en materia de juventud y su participación en la mesa redonda Mejores prácticas y en el grupo de trabajo Participación cívica y política.
El diputado Vega de Lamadrid agradeció el apoyo los funcionarios del Consejo de Europa que colaboraron con México en el impulso a la Cumbre y el Foro Legislativo, entre ellos a las señoras Gabriela Battaini-Dragoni, directora general de Educación, Cultura, Patrimonio de la Juventud y Deporte, y Kovács. Indicó que harían extensivas las recomendaciones de la parlamentaria serbia a las autoridades correspondientes en México. Reseñó que la Declaración de Guanajuato fue incluida en la Declaración de la Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (septiembre de 2010), a fin de dar voz a la juventud en esos Objetivos.
Reunión con el señor Jordi Xucla i Costa, vicepresidente del Grupo de los Liberales v Demócratas por Europa (ALDE)
Los miembros de la delegación y el parlamentario español coincidieron en que este encuentro serviría como un primer acercamiento, para abordar temas de interés común, como la migración y el cambio climático. Se destacaron el carácter plural de la representación del Congreso mexicano ante la Asamblea Parlamentaria y el deseo de un mayor vínculo con el Consejo de Europa a través de sus grupos políticos.
El señor Xucla manifestó que los liberales representan la tercera fuerza política en la asamblea, son partidarios del libre mercado y de la globalización regulada, mantienen la libertad de voto en cuestiones controversia les, están a favor del respeto de la vida privada y los derechos individuales. Son contrarios a una tutela moral del Estado.
En materia de cambio climático, el señor Xucla informó que un liberal, el señor Graham Watson, ex miembro del Parlamento Europeo, es presidente de Climate Parliament, y subrayó que este tema no debe ser abordado únicamente por los países verdes.
Otro tema de conversación fue el federalismo, sobre el que el parlamentario destacó en su país hay cuatro realidades diferentes (catalanes, gallegos, vascos y castellanos) y se tiene experiencia en la distribución del poder entre órganos centrales y autonómicos, que con la crisis se tendrá que reorganizar.
También se refirió a la migración, indicando que en España y Europa han aumentado 3 por ciento, con un problema de ilegalidad que implica explotación e invisibilidad del migrante. En este contexto, señaló que la exportación de la democracia y el combate a cuestiones como la islamofobia son retos interesantes por discutir.
En cuanto al tema del federalismo, el senador David Jiménez Rumbo mencionó que en México no podría haber autonomías en función de la etnia o la lengua, considerando que la organización de los diferentes grupos étnicos es de carácter administrativo y que el federalismo surgió desde el centro.
El senador Carlos Jiménez Macías habló del federalismo presupuestario, subrayando la existencia de diferencias entre la administración pública central y las estatales y municipales en materia de distribución de recursos.
En el mismo tema, la senadora Martha Leticia Sosa Govea refirió que se ha avanzado en materia de presupuesto y que se está trabajando para mejorar la rendición de cuentas.
El diputado Arturo Vega expresó que la alternancia ha abonado a los municipios en materia de federalismo, pero que todavía hay que avanzar. Destacó que se trabaja con reglamentos antiguos y que es necesario que todos los partidos contribuyan a una reforma estructural.
La senadora Yeidckol Polevnsky retomó el tema del cambio climático y subrayó su carácter transversal. Aludió a la invitación a la Asamblea para participar en la reunión de Globe International en el marco de la COP 16.
La senadora Polevnsky indicó que el libre mercado debe funcionar con regulaciones o con igualdad de instrumentos para todos los actores o agentes participantes.
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales
La senadora Yeidckol Polevnsky y el diputado Vega de Lamadrid fueron invitados por lord John Prescott a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales, en la que el parlamentario europeo, jefe de la delegación británica, primer vicepresidente de la comisión y relator para el tema de cambio climático, presentó las propuestas de enmiendas del texto Anteproyecto de documento final de la Reunión Parlamentaria de Cancún presentado por el Congreso mexicano en la 123 asamblea de la Uip (Ginebra, 4-6 de octubre de 2010).
El parlamentario europeo señaló que no se puede permitir un fracaso de las negociaciones sobre cambio climático, que se debe transmitir a los gobiernos la necesidad de disminuir las emisiones de los transportes marítimos y en aviación y que se debe cambiar el modelo actual de desarrollo basado en uso de combustibles fósiles. Otro punto subrayado fue la importancia de establecer responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Mencionó que se podrían establecer emisiones per cápita para contar con un sistema justo, no basarse en porcentajes; y tener sanciones, programas y actividades de seguimiento.
Igualmente, el señor Prescott expresó que los parlamentarios deben dejar claro que hay que actuar y que si la Uip se reúne todos los años se debe tener capacidad de evaluar lo que se hace en materia de cambio climático. Hay una buena oportunidad de que los parlamentarios actúen a través de la Uip.
El señor Alan Meale, parte del grupo de parlamentarios dedicado al tema del cambio climático, dijo que habían trabajado el texto presentado en la Uip para añadirle más precisión. Aludió al plan de trabajar de manera conjunta (Asamblea y México) y de repartir a todas las delegaciones de la asamblea los resultados. Manifestó que en la próxima reunión de la comisión se deberán analizar las propuestas para que México también pueda presentarlo oportunamente.
Las propuestas de modificación serán transmitidas al secretariado de la Uip y a la delegación del Congreso mexicano en esa organización.
Los miembros de la comisión pidieron al presidente de ésta, señor Aleksei Lotman, solicitar al presidente de la asamblea que la Subcomisión ad hoc sobre Cambio Climático fuera designada por el buró para asistir a la reunión de la Uip y a la Cumbre de Cambio Climático (COP16) en Cancún, México. En su reunión del 8 de octubre, el buró de la asamblea aprobó la citada petición.
5. Personalidades invitadas
Las siguientes personalidades hicieron declaraciones ante el pleno de la asamblea:
Señor Guido Westerwelle, vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores de Alemania.
Señor Antonio Milososki, ministro de Asuntos Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia, presidente del Comité de Ministros.
Señor Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Señor Jan Fischer, vicepresidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Señor Apolonio Ruiz Ligero, vicegobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
Señor Nikola Gruevski, primer ministro de la ex República Yugoslava de Macedonia.
Señora Hayrünnisa Gül, patrocinadora de la campaña turca La Educación Permite.
Cuarta parte de la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (4-8 de octubre de 2010)
Participación de la senadora Martha Leticia Sosa Govea en el debate Maltrato de niños en instituciones: asegurar la plena protección de las víctimas
Felicitamos a la señora Marlene Rupprecht por las recomendaciones contenidas en su reporte, que esperamos se aprueben para ser seguidas por los Estados participantes y, en buena medida, por los observadores, a fin de lograr la supresión de estos eventos de violencia en contra de la niñez y la adolescencia.
El temor reverencial, que es como el derecho civil califica de forma análoga esta condición destacada de las autoridades institucionales sobre los menores, ha producido alrededor del mundo la alarmante necesidad de vigilar, con mayor énfasis, el desarrollo de las actividades de niños y de adolescentes, fuera del entorno familiar para evitar que éstos sean víctimas de delitos como lesiones, abuso sexual y demás prácticas vinculadas a la pedofilia.
Hay que señalar que los centros educativos son el segundo de los entornos en que niños y niñas padecen violencia física y psicológica con mayor frecuencia, sorprendentemente, originadas por otros menores. En México, se conoce este fenómeno con el anglicismo de bullying, que afecta a un buen porcentaje de estudiantes en escuelas primarias y secundarias.
Por ello consideramos un acierto del Consejo de Europa la realización de la Convención para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso Sexual (CETS número 20), que entró en vigor en julio del año en curso, porque contiene claras y completas previsiones y recomendaciones relativas al abuso sexual de los niños, obligando a los Estados parte a tomar las medidas legislativas necesarias para asegurar que esas conductas contra los menores sean criminalizadas.
Consecuentemente, derivado de la propuesta de la señora Rupprecht, será importante que esta asamblea apruebe las recomendaciones hechas al Comité de Ministros, particularmente la persecución ex oficio de los agresores, en casos de abuso de los niños; que las prescripciones de las sanciones civiles y penales sean apropiadas a la gravedad de las ofensas, pero que en cualquier caso no inicien antes que las víctimas alcancen la mayoría de edad; que se analicen los factores que facilitan el abuso de los niños en las diversas instituciones y se tomen acciones específicas para evitarlos, así como que se realicen campañas para detener la violencia contra los niños.
En México contamos con el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra Niños, Niñas y Adolescentes. Su estructura dirige los esfuerzos a la capacitación, información y sensibilización de quienes trabajan en las instituciones, es decir, busca prevenir más que intervenir en los episodios de violencia, además de que en el Senado de la República se han impulsado importantes reformas en el marco normativo, que garantizan mayor protección para los menores.
El reporte que nos ocupa será sin duda otra fuente de inspiración para continuar trabajando, desde el Poder Legislativo mexicano, en el cuidado y la protección de los niños y adolescentes.
Muchas gracias.
Cuarta parte de la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, 4-8 de octubre, Estrasburgo, Francia
Intervención del senador Carlos Jiménez Macías, Las actividades de la OCDE en 2009-2010. Miércoles 6 de octubre, 10 am
Buenas tardes, señor presidente de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa,
Distinguidos compañeros parlamentarios:
Quiero iniciar felicitando al doctor José Ángel Gurría por su ratificación como secretario general de la OCDE, por un lado, y por otro al relator señor don Juan Moscoso del Prado Hernández, por el excelente trabajo realizado al proporcionarnos un documento que analiza de manera profunda y detenida el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correspondiente al periodo 2009-2010, en el marco de los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos y Desarrollo.
Este excelente documento nos proporciona cifras y datos que muestran lo delicado y preocupante de la situación económica mundial y el complicado panorama para todos los países.
Particularmente, quiero referirme brevemente a tres delicados problemas derivados de la situación económica y financiera mundial.
Uno de los problemas más graves de la crisis de 2009 fue el desempleo global, que no sólo implicó la eliminación de puestos de trabajo sino mayor vulnerabilidad e informalidad en el empleo.
La cifra mundial de desempleados excede 200 millones de personas y, por su afectación particular a los jóvenes, podemos considerar que nos referimos a una generación pérdida.
La vulnerabilidad laboral actual, su persistencia e impacto, se presentan como un rasgo característico de la crisis global.
En el caso de México, de acuerdo con cifras de la OCDE 15.2 por ciento de las personas de entre 15 y 19 años de edad no tiene acceso a educación ni posibilidad de ingresar en el mercado laboral. Ésa es nuestra generación pérdida.
Otro de los principales retos derivados de la crisis es el endeudamiento de todas las economías. El incremento de la deuda se debe en algunos casos a los programas gubernamentales y paquetes de rescate financieros que se han aplicado en diferentes economías para contrarrestar la situación. Estos apoyos e intervenciones han tenido como efecto un deterioro de las finanzas públicas e incremento del déficit fiscal. Por ejemplo, las economías de mayor ingreso del G20 alcanzan niveles de deuda pública de hasta el 120 por ciento de su PIB.
En el caso de México, la relación entre deuda pública y PIB es de aproximadamente 30 por ciento.
En tercer lugar, como bien señala el informe, actualmente el modelo económico del capitalismo y el libre mercado es seriamente cuestionado porque las políticas económicas adoptadas no nos han permitido ofrecer mejores condiciones de vida para la población.
Como legisladores, tenemos el compromiso de generar e impulsar políticas económicas y sociales que nos permitan salir del estancamiento en que se encuentran nuestras economías y que nos permitan retomar el crecimiento y desarrollo sostenibles. Tomemos el bienestar social como el verdadero indicador del progreso de nuestros países.
Finalmente, quiero agradecer el honor que me han otorgado al hacer uso de la palabra ante tan distinguida asamblea parlamentaria.
Muchas gracias
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa
Promoción de una estrategia y un programa de intercambio internacional de experiencias en educación para infantes discapacitados
Senador David Jiménez Rumbo
Gracias, señor presidente.
Compañeras Legisladoras y Compañeros Legisladores:
En primer lugar, felicito al relator por su informe, sobre el cual me gustaría compartir la siguiente reflexión y propuesta complementaria:
Ciertamente, el derecho internacional en la materia que nos ocupa ha sido, es y será la guía de todos los gobiernos del mundo para garantizar el derecho a la educación de los niños con enfermedades o discapacidades.
Sin embargo, como el propio informe señala, los beneficiarios no siempre cuentan con suficiente apoyo gubernamental y social para su garantía. A ello es importante agregar que cada país tiene situaciones y experiencias particulares que propician resultados muy diversificados, unos más positivos que otros, aun cuando las dimensiones de sus apoyos sean similares. Más aún, seguramente a veces con menos apoyos se logran mejores resultados; o bien, al revés, con más apoyos se obtienen a veces productos atenuados.
Esto es en gran medida producto de realidades económicas, sociales, educativas, culturales, históricas, desiguales e incluso de visiones de futuro muy diferenciadas, de manera que resulta sumamente difícil operar estrategias comunes en esas condiciones. No obstante, estamos seguros y convencidos de que en todos los Estados nacionales, en un contexto de contradictorios claroscuros, han existido, existen y existirán experiencias exitosas de exclusiva manufactura que puede validarse de manera universal, sin importar su lugar de origen.
Dicho de otro modo y hablando de educación: es claro que todos podemos enseñar y aprender a partir de la experiencia de cada cual.
En razón de lo anterior, sería deseable formular una estrategia y llevar a cabo programas de intercambio de experiencias in situ entre naciones, involucrando a educadores y educandos en la materia, de manera que se presente un reporte final en el que destaquen las acciones que, desde un contexto de pluralidad y diversidad de realidades, puedan adoptarse las consideradas con carácter universal.
Por su atención, muchas gracias.
Atentamente
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid
De la diputada María del Pilar Torre Canales, correspondiente al quincuagésimo quinto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, efectuado del martes 22 de febrero al viernes 4 de marzo de 2011 en Nueva York
Comisión de la Condición Jurídica y social de la Mujer
La Carta de las Naciones Unidas reconoció, por primera vez, que era necesaria una intervención específica en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta intervención se encomendó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujer de Naciones Unidas. El objetivo de la Comisión sería, en gran medida, la elaboración de informes que permitieran evaluar la situación de las mujeres para, una vez conocido el contexto real, proponer y difundir recomendaciones encaminadas a mejorar su condición social.
Como se constituye
La Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), se constituye como una comisión funcional del Comité Económico y Social de las Naciones Unidas, dedicada exclusivamente a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Se celebra anualmente en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York y supone un foro de encuentro entre representantes de los Estados miembros, personal de distintas entidades de Naciones Unidas dedicadas a la igualdad de género (el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y ONU Mujeres) y organizaciones no gubernamentales de mujeres. Esta comisión ha preparado las cuatro conferencias mundiales sobre cuestiones relacionadas con la mujer.
Funciones
La CSW fue creada en 1946 con el objetivo de realizar informes y recomendaciones para promover los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y educativo. Con posterioridad sus funciones se extendieron a la promoción de la igualdad, el desarrollo y la paz, y tras la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de 1995 se le encomendó integrar en su programa el seguimiento de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como liderar la integración de la transversalidad en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas.
Composición
La CSW cuenta con 45 países miembros, en aplicación del principio de equilibrio geográfico, entre los que se encuentra España desde la 52 sesión y por un período de 4 años.
Funcionamiento
Se reúne una vez al año durante diez o doce días y elabora un informe anual que constituye una referencia obligada para conocer los avances y la situación social de las mujeres en el mundo. Avala el interés del informe la elevada participación de expertas en su redacción.
Se celebraron plenarias de alto nivel y paneles sobre los siguientes temas:
- Debate general (revisión de Beijing, Beijing+5, Beijing+10 y Beijing +15)
- Mesa redonda de alto nivel: Tema prioritario: El acceso y la participación de las mujeres y las niñas en la educación, la formación profesional, la ciencia y la tecnología, incluyendo la promoción del la igualdad de acceso de las mujeres al pleno empleo y al trabajo decente
- Panel I: Iniciativas clave y capacitación para la transversalidad del tema prioritario: ciencia y tecnología.
- Panel II: Iniciativas clave y capacitación para la transversalidad del tema prioritario: educación y formación.
- Panel III: Tema de revisión: eliminación de discriminación y violencia contra las niñas.
- Panel IV: Tema emergente: igualdad de género y el desarrollo sostenible.
- Panel V: Tema propuesto por Resolución 54/5 CSW: Eliminación mortalidad y morbilidad maternas
Igualmente, en el quincuagésimo quinto periodo de sesiones de la CSW se discutieron y aprobaron las siguientes resoluciones:
La Mujer, la niña, y el VIH y el sida
Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo (conducida prioritariamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación).
Incorporación de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en las políticas y estrategias relativas al cambio climático.
Temas prioritarios en esta comisión
La educación es un derecho humano fundamental. Es también uno de los principales motores del crecimiento económico y el cambio social y la base del empoderamiento de las mujeres. La inversión en las mujeres y niñas tiene efectos multiplicadores positivos para el bienestar de sus familias, comunidades y naciones.
La formación científica es una parte esencial de la educación. La economía global depende cada vez más del impulso del conocimiento y requiere una fuerza laboral instruida, capaz de aplicar la tecnología y desarrollar ciencias y tecnologías nuevas para combatir la pobreza y adaptarse a las temáticas emergentes como el cambio climático.
Un imperativo económico es garantizar que las mujeres adquieran las destrezas y competencias necesarias en la ciencia y la tecnología. Esto también sirve para dotar de poder a las mujeres y a las niñas para que adopten decisiones fundadas sobre aspectos críticos de sus vidas, incluyendo la salud.
De esta introducción se atendieron diversos temas relacionados con la educación y la ciencia y tecnología y la importancia de incluir y fomentar a las mujeres en estos temas.
La mejora de la calidad de la educación y el enfrentamiento de los estereotipo de género.
El empoderamiento de mujeres y niñas para contribuir a la ciencia y la tecnología.
Practica sensible al género en la ciencia y la tecnología.
Los beneficios de la ciencia y tecnología para las mujeres y hombres.
Buenas prácticas que logran beneficios científicos y tecnológicos para las mujeres.
Comentarios
La situación en México respecto a la equidad de género es preocupante; cabe destacar que aun sigue existiendo una discriminación hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, lo cual es indignante y decepcionante, ya que en nuestro país se ha luchado por una igualdad entre mujeres y hombres, tanto laboral como socialmente.
Las mujeres, al igual que los hombres, forman parte fundamental de la vida política del país. La igualdad política se considera un elemento fundamental para avanzar hacia una mejor democracia.
La equidad de género es el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad. El fin de este principio es el de lograr la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Cabe destacar la importancia de que un organismo mundial como la ONU realice estas conferencias y destine espacios de gran importancia a las mujeres. Es importante resaltar que a nivel mundial se ha trabajado mucho en la equidad de género y aunque sigue siendo un problema que aqueja a todas las mujeres, sabemos que es claro que se seguirá combatiendo este tipo de discriminación.
Se debe buscar una armonización legislativa como una de las metas para avanzar en el tema de la equidad y género. Debemos hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos humanos de los que México forma parte, y así hacer efectivas su aplicación.
Atentamente
Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)
De la diputada Pilar Torre Canales, relativo a la segunda parte de la sesión ordinaria de 2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, efectuada del lunes 11 al viernes 15 de abril de 2011 en Estrasburgo, Francia
Los miembros de la delegación mexicana en el hemiciclo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
Integración de la delegación
Senadores: Rosario Green Macías (PRI), presidenta de la delegación, Martha Leticia Sosa Govea (PAN), Humberto Aguilar Coronado (PAN), Alfonso Sánchez Anaya (PRD).
Diputados: José Luis Jaime Correa (PRD), Francisco Arturo Vega de la Madrid (PAN).
Temas de la agenda
Sobreendeudamiento de los Estados: un peligro para la democracia y para los derechos humanos.
La dimensión religiosa del diálogo intercultural.
Combatir la pobreza.
El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de Georgia.
La necesidad de evaluar los avances en la aplicación de la Convención de Berna.
Educación contra la violencia en las escuelas.
La protección de los niños y los jóvenes contra la obesidad y la diabetes tipo 2.
Debate urgente: arribo masivo de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa.
Debate de actualidad: la situación en el norte de África.
Las mujeres en el medio rural en Europa.
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención de la tortura en Europa.
La pena de muerte en los países miembros y observadores del Consejo de Europa -una violación inaceptable a los derechos humanos.
El agua: una fuente de conflicto.
Niños no acompañados en Europa: cuestiones relacionadas con la llegada, la estancia y el regreso.
Protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral.
1. Textos aprobados por el pleno
Lunes 11 de abril
En la sesión de apertura, el presidente de la asamblea se refirió a las revoluciones en el mundo árabe y expresó el apoyo de los legisladores europeos a las legítimas aspiraciones de los pueblos árabes a sociedades más democráticas. Indicó que se están elaborando informes sobre la situación en el mundo árabe, en Marruecos y Túnez, que serán presentados en la sesión de junio de la asamblea.
Otro tema que se abordará en la sesión de junio será Vivir juntos en el siglo XX, relativo a la reforma del Consejo de Europa, con base en el informe del Grupo de Personas Eminentes (Group of Wise Persons) que será sometido al Comité de Ministros en la siguiente reunión ministerial (mayo de 2011, Estambul).
Por otro lado, la asamblea aprobó incluir un debate urgente sobre el arribo masivo de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa y un debate de actualidad sobre La situación en el norte de África.
Asimismo, se tomó nota del informe de avances del Buró de la Asamblea y de la Comisión Permanente.
El primer tema de debate fue Sobreendeudamiento de los Estados: un peligro para la democracia y para los derechos humanos. El informe respectivo fue elaborado por el señor Pieter Omtzigt (Países Bajos, PPE/DC), con base en el cual la Asamblea adoptó la recomendación 1961 (2011). Subraya la necesidad de reparar el sistema de gobernanza política y económica y alerta sobre un peligroso círculo vicioso de deuda excesiva, amplios déficits presupuestarios y crecimiento económico magro que amenazan la calidad de vida de los ciudadanos. También deplora que los Estados hayan nacionalizado las deudas privadas y otras prácticas llevadas a cabo en el contexto de la crisis económica.
Por lo anterior, la asamblea recomienda que el Comité de Ministros solicite a los Estados miembros del Consejo de Europa asegurar la plena transparencia y la rendición de cuentas en materia de garantías soberanas y preparar planes para la reducción gradual de esas garantías; contener la erosión del nivel de vida y de los derechos socio-económicos de los ciudadanos, esforzándose por una distribución equitativa de los efectos de las medidas de austeridad entre la población y eximir a los grupos vulnerables del peso del ajuste; mostrar realismo en la elaboración de las estrategias dirigidas a reducir la deuda pública a través de la consolidación fiscal combinada con reformas estructurales, estímulos sostenidos de los sectores de crecimiento, mejora de la administración fiscal y refuerzo de la correlación entre el nivel de las prestaciones sociales y los ingresos del Estado; y vigilar de manera más cercana la integridad de los economistas que asesoran a las autoridades.
Martes 12 de abril
La dimensión religiosa del diálogo intercultural. La asamblea adoptó la recomendación 1962 (2011) con base en el informe de la señora Ann Brasseur (Luxemburgo, ALOE), relatora de la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación. En el texto se menciona que las diferencias culturales entre personas de convicciones distintas tienen derecho a existir siempre y cuando sean compatibles con el respeto de los derechos humanos y con los principios que sustentan la democracia, además de que determinan la esencia de las sociedades plurales. Asimismo, se recuerda que la autonomía interna de las instituciones religiosas con respecto a la capacitación de los líderes religiosos, un principio inherente a la libertad de religión, está limitada por los derechos fundamentales, los principios democráticos y el estado de derecho.
Así, la asamblea recomienda a las instituciones y los líderes religiosos estudiar, de ser posible junto con y en el marco del diálogo interreligioso, la forma apropiada para mejorar la capacitación de los responsables religiosos en materia de conocimiento y entendimiento de otras religiones y convicciones y apertura, diálogo y colaboración entre comunidades religiosas; así como respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos y la primacía del derecho, como bases comunes para ese diálogo y esa colaboración.
Al Comité de Ministros, la asamblea le recomienda, entre otros, promover una genuina asociación para la democracia y los derechos humanos entre el Consejo de Europa, las instituciones religiosas y las organizaciones humanistas y no religiosas; establecer un lugar para el diálogo entre la Organización y representantes de alto nivel de las religiones y de las organizaciones no confesionales con el fin de dar una plataforma estable y reconocida formalmente a las relaciones existentes; desarrollar esta iniciativa en concertación con las partes interesadas como la asamblea Parlamentaria, la Unión Europea y la Alianza de Civilizaciones; continuar organizando reuniones dedicadas a la dimensión religiosa del diálogo intercultural; e invitar a los Estados miembros a apoyar proyectos específicos del centro norte-sur dirigidos a la dimensión religiosa del diálogo intercultural más allá de las fronteras de Europa.
La asamblea también invita al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Derechos Humanos a participar en programas conjuntos con el Consejo de Europa sobre la educación para una ciudadanía democrática, la educación en materia de derechos humanos y el diálogo intercultural e interreligioso. Igualmente, se exhorta a la Alianza de Civilizaciones a aplicar programas conjuntos con el Consejo de Europa destinados a aumentar los intercambios sobre sus actividades respectivas en Europa.
Combatir la pobreza. La asamblea aprobó la resolución 1800 (2011) y la recomendación 1963 (2011). Con base en el informe de la Comisión de Salud, Asuntos Sociales y Familiares, elaborado por el señor Volonté (Italia, PPE/DC).
En la resolución 1800 (2011), la asamblea llama a los Estados miembros del Consejo de Europa a, entre otros, comprometerse a poner fin a la pobreza, particularmente la pobreza infantil y la extrema para 2025; tomar acciones para combatir la pobreza de las mujeres y adoptar una perspectiva de género en todas las políticas y los programas nacionales dirigidos a erradicar la pobreza y la exclusión social; asegurar que las estrategias de reducción de la pobreza estén basadas en los principios de los derechos humanos; adoptar un plan de acción con metas específicas y cuantificables; fortalecer la asistencia y la cooperación internacionales para la disminución de la pobreza; promover inversiones en capital humano e infraestructura, sobre todo en las áreas desfavorecidas; aumentar las inversiones en educación para niños pequeños, la enseñanza y la escolarización; asegurar el derecho a una remuneración justa, por ejemplo reconociendo un salario mínimo; contribuir al desarrollo de la ciencia con el fin de difundir buenas prácticas y responder a las necesidades no satisfechas de las personas en pobreza; y prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Por otro lado, la asamblea invita a los parlamentos nacionales a continuar promoviendo la firma, la ratificación y la implementación de los instrumentos de protección social del Consejo de Europa, como la Carta Europea Social revisada y sus protocolos, la Convención Europea sobre Seguridad Social y el Código Europeo de Seguridad Social. También se les convoca a propiciar la sensibilidad pública sobre los beneficios de la inclusión social y la necesidad de combatir la pobreza.
La Asamblea Parlamentaria hará un seguimiento de los avances en el combate a la pobreza, por lo que abordará el tema en el marco del debate bienal en materia de derechos humanos y sociales en 2013.
En cuanto a la recomendación 1963 (2011), la Asamblea Parlamentaria aconseja al Comité de Ministros tomar todas las medidas necesarias para promover la ratificación y la implementación de la Carta Social Europea revisada y sus protocolos y asegurar el seguimiento de la aplicación de la carta; solicitar a los Estados miembros tener debida cuenta de los principios y directrices para la integración de los derechos humanos en las Estrategias de Reducción de la Pobreza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHD) en el desarrollo de sus políticas públicas y en las respectivas decisiones presupuestarias; promover la firma, la ratificación y la instrumentación de los instrumentos de protección social del Consejo de Europa; asegurar que sus políticas y programas en el ámbito de la pobreza y la exclusión social consideren la dimensión de género; realizar acciones urgentes para instrumentar medidas transversales específicas dirigidas particularmente a la protección de las familias, los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos, las minorías y los migrantes en situación de pobreza; diseñar y establecer instituciones efectivas, no burocráticas y accesibles (por ejemplo, defensores/mediadores de derechos) a los que las personas en estado de pobreza puedan dirigir sus preocupaciones, opiniones y demandas; y tomar debida cuenta del próximo debate bienal sobre el estado de los derechos humanos y los derechos sociales en Europa en la Asamblea Parlamentaria e informar sobre las medidas para salvaguardar los derechos humanos de las personas en pobreza antes de esos debates.
Miércoles 13 de abril
El cumplimiento de las obligaciones los compromisos de Georgia. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1801 (2011), con base en el informe de los señores Kastriot Islami (Albania, SOC) y Michael Aastrup Jensen (Dinamarca, ALOE), relatores de la Comisión de Seguimiento. En la resolución se reconocen los esfuerzos significativos de las autoridades georgianas desde el último informe de seguimiento adoptado en 2008 a pesar del impacto y las consecuencias de la guerra con Rusia en agosto de ese año.
Entre los avances en materia de ambiente político se señalan las iniciativas para sobreponerse a la atmósfera de polarización y confrontación política y para fortalecer el papel de la oposición. Se recomienda la adopción, antes de las próximas elecciones, de un nuevo código electoral que incluya la igualdad de voto, la delimitación de los distritos electorales y la abolición de la prohibición de las candidaturas individuales.
En cuanto a las cuestiones constitucionales se da la bienvenida a las enmiendas del 15 de octubre que, entre otras cosas, garantizan la independencia del Poder Judicial, fortalecen sustancialmente el papel y las facultades del parlamento y permiten un mejor sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes. Por otro lado, la asamblea considera que falta aclarar o mejorar un cierto número de disposiciones para evitar tensiones sistémicas, por ejemplo, el procedimiento de moción de censura al gobierno fortaleciendo el papel del parlamento en él; la función del presidente en la negociación de los tratados internacionales; y el fortalecimiento del parlamento en las cuestiones presupuestales.
En materia de medios de comunicación, la asamblea considera que Georgia es un ejemplo para la región, pero debe mejorar en cuanto a transparencia y pluralismo. Recomienda que las autoridades pongan a disposición frecuencias adicionales para oferta pública; y que evalúen el marco para el acceso a la información pública con el fin de mejorarlo.
Con respecto a la autonomía local, se exhorta a las autoridades georgianas a instrumentar plenamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia relativas a la organización del Poder Ejecutivo y la supervisión sobre las autoridades locales; mejorar las bases fiscales de las autoridades locales para fortalecer su independencia; y estudiar la posibilidad de introducir elecciones directas para alcaldes de todas las municipalidades o al menos para el resto de las ciudades grandes con gobiernos autónomos.
Otras recomendaciones van en el sentido de transferir la prerrogativa de la nominación de los jueces de la Suprema Corte del presidente al Consejo Superior de Justicia; remover o acortar el período probatorio para los jueces de acuerdo con las normas europeas; establecer criterios claros y detallados en la ley para la destitución de todos los fiscales; asegurar que la legislación existente para el combate a la corrupción sea implementada plena y consistentemente; evaluar el marco jurídico para el acceso a la información pública con miras a mejorar su implementación; revisar los criterios de sentencia obligatoria, que consideren sentencias alternativas y que desarrollen mejores y más claros criterios para la liberación temprana; continuar los esfuerzos para combatir el maltrato en las prisiones; intensificar sus esfuerzos para mejorar la participación de las minorías nacionales en la vida pública; avanzar en el combate a la marginalización de la población romaní; adoptar una ley específica sobre religión que ofrezca un estatus legal igualitario y apropiado, así como protección para todas las confesiones y creencias del país; y firmar y ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias sin demora.
La asamblea expresa su preocupación acerca de la manera en que las personas desplazadas internamente han sido desalojadas de sus residencias en Tbilisi y hace un llamado a las autoridades de Georgia para que aseguren que todos los desalojos cumplan con las normas internacionales.
Finalmente, la asamblea resuelve continuar su procedimiento de seguimiento respecto a Georgia y reafirma su disposición para ayudar al país a cumplir sus obligaciones y compromisos con el Consejo de Europa.
La necesidad de evaluar los avances en la aplicación de la Convención de Berna. La Asamblea Parlamentaria aprobó la resolución 1802 (2011) y la recomendación 1964 (2011), con base en el informe del señor Aleksei Lotman (Estonia, IUE), relator de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. En la resolución 1802 (2011), la asamblea lamenta que el empobrecimiento de la biodiversidad biológica se esté llevando a cabo más rápidamente que la extinción natural, lo que ilustra la incapacidad política a nivel mundial para lograr los objetivos de biodiversidad y detener la pérdida de esa diversidad en el 2010, como lo estipuló la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica en 2002. Igualmente se refiere al principio 1 de la Declaración de Estocolmo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 1972) que establece que «El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias, en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Tiene el deber solemne de proteger y de mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras».
También considera que las medidas de atenuación por reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero son indispensables para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la biodiversidad a mediano y largo plazo, pero que también es necesario aplicar medidas concretas para facilitar la adaptación de los ecosistemas naturales y gestionados a los fenómenos actualmente inducidos por el cambio climático.
Así, la asamblea estima que es esencial tomar medidas severas de protección de los hábitats, de la flora y de la fauna, y vigilar la buena gestión y la ampliación de las redes existentes de zonas protegidas para que las estrategias nacionales y europeas tengan éxito en la preservación de la biodiversidad a pesar de la evolución del clima.
Por otro lado, la asamblea saluda la iniciativa de la Unión Europea dirigida a elaborar su estrategia para la biodiversidad biológica después de 2010 en consulta con los ciudadanos, los socios, la administración pública, las empresas y la sociedad civil con el fin de intensificar los esfuerzos de la Unión Europea para frenar las pérdidas de diversidad biológica en el mundo.
Finalmente, la asamblea invita a la Unión Europea y a los Estados miembros concernidos del Consejo de Europa a intensificar sus esfuerzos para aumentar su contribución a la realización del objetivo de biodiversidad mundial fijado por las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y sobre todo instrumentar las recomendaciones y las resoluciones del Comité Permanente de la Convención de Berna.
En cuanto a la recomendación 1964 (2011), la Asamblea Parlamentaria solicita que se lleve a cabo un balance de los progresos en la aplicación de la Convención .del Consejo de Europa relativa a la conservación de la vida salvaje y del medio natural de Europa (STE número 104, Convención de Berna). Exhorta al Comité de Ministros a invitar a la Federación de Rusia y a San Marino a firmar y ratificar la Convención de Berna; evaluar la eficacia de la Convención de Berna en África y, de ser el caso, invitar a más países a adherirse para completar la cobertura geográfica, estudiar las posibilidades de cooperación con la Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (Convención de Argel) y a continuar e intensificar la cooperación con el Acuerdo sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y de Eurasia (AEWA); llamar a las Partes y a los Estados observadores de la Convención de Berna a intensificar la cooperación con la Unión Europea con el fin de lograr la compatibilidad entre las zonas de interés especial para la conservación de la Red Esmeralda, en el marco de la Convención de Berna y los hábitats protegidos de la red Natura 2000, en el marco de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, sobre todo en lo que concierne a la puesta en marcha de redes de espacios protegidos, la gestión de las zonas protegidas, y la protección de las especies.
De igual manera, la asamblea pide al Comité de Ministros llamar a las Partes y a los Estados observadores de la Convención de Berna a intensificar la instrumentación de las recomendaciones del Comité Permanente y, de ser necesario, incluir una aplicación eficaz de la legislación medioambiental, con el fin de combatir la pérdida de la diversidad biológica en el mundo, la desaparición de los hábitats y la fragmentación de los paisajes de Europa, y tratar los problemas de protección de la diversidad de los hábitats no vinculados a sitios protegidos específicos; utilizar el enfoque ecosistémico y preservar grandes redes de hábitats heterogéneos; e integrar la protección de la diversidad biológica y del paisaje en todos los sectores, y sobre todo la planeación del territorio, el desarrollo de las infraestructuras, la construcción, la explotación minera, la agricultura y la silvicultura, así como la protección del medio ambiente contra la contaminación incluyendo medidas de atenuación y de adaptación al cambio climático.
Educación contra la violencia en las escuelas. El informe respectivo fue elaborado por el señor Mike Hancock (Reino Unido, ALOE), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1803 (2011) y la recomendación 1965 (2011). En la resolución 1803 (2011), la Asamblea Parlamentaria muestra profunda preocupación por el hecho de que muchas escuelas en Europa siguen enfrentándose con actos severos de violencia. Si bien se considera que dichos eventos son poco frecuentes, la asamblea estima que merecen la mayor atención ya que siempre producen efectos muy significativos en las personas involucradas y su entorno más cercano, y que es de suma importancia abordar la violencia tan pronto como sea posible en la vida escolar de los niños e introducir y/o fomentar la educación contra la violencia en las escuelas. Los costos sociales y financieros excederán los costos de establecer programas más comprensivos para lidiar de manera efectiva con la violencia, sin mencionar el inaceptable sufrimiento de los niños que están expuestos a ese fenómeno, se indica.
Para los legisladores europeos, las sanciones son el último recurso y no un remedio, así que se prefiere la acción preventiva y el apoyo a las víctimas.
La asamblea adopta varios principios como guía para la educación contra la violencia en las escuelas y hace un llamado a los parlamentos miembros y observadores para ratificarlos a nivel nacional y a asegurar que las autoridades gubernamentales correspondientes apoyen administrativa, logística y financieramente a las escuelas, y que supervisen la implementación de esos principios, que incluyen medidas administrativas, de sensibilización y capacitación, de prevención y apoyo, el involucramiento de familiares y estudiantes, y supervisión y asesoría. Entre los principios se encuentran:
Las normas disciplinarias y/o penales deben prohibir de manera clara todos los actos realizados que puedan ser considerados como violentos dentro de las escuelas;
Se deben aplicar sanciones penales o disciplinarias que sean proporcionales a la gravedad de los actos;
Todos los actos de violencia deben ser investigados y registrados, cuando son de naturaleza seria, deben ser reportados a las autoridades disciplinarias correspondientes;
Se debe promover una cultura de democracia y de derechos humanos en las escuelas;
La sensibilización acerca de la reducción de la violencia, la resolución de los conflictos por vías no violentas y los derechos de los niños, especialmente en las escuelas, deben ser parte de la currícula general de educación;
Los profesores y el personal de las escuelas deben tener una capacitación obligatoria para entender mejor las diferentes formas de violencia y aprender a combatirlas;
Los programas de capacitación para el personal de las escuelas deben tomar en cuenta las necesidades específicas con respecto a sus responsabilidades y también las necesidades de los estudiantes, especialmente de los que son más vulnerables;
Los métodos de enseñanza deben ayudar a abordar las causas de la violencia;
A nivel de la circunscripción de las escuelas, se deben establecer grupos especializados con conocimiento relevante y experiencia para dar consejo a las escuelas que enfrentan dificultades particulares;
Las escuelas deben desarrollar proyectos prácticos y actividades extracurriculares sobre el problema de la violencia en las escuelas, acercando a profesores, estudiantes y padres de familia; se debe poner atención especial a que los medios de comunicación no aborden con sensacionalismo la violencia en las escuelas y la violencia social en la vida cotidiana;
Al implementar proyectos y actividades específicos, las escuelas deben considerar la colaboración con ONG que tengan conocimiento y experiencia en el tema de la educación contra la violencia;
Las autoridades nacionales deben establecer un sistema para centralizar información estadística referente a la violencia en las escuelas y los resultados obtenidos por las diferentes medidas implementadas para combatir este fenómeno; se deben realizar encuestas nacionales con el fin de identificar buenas prácticas.
Finalmente, la asamblea invita al secretario general del Consejo de Europa a asegurar que el trabajo sobre los niños y la violencia seguirá siendo una prioridad en los futuros programas de actividades del Consejo de Europa.
Por lo que respecta a la recomendación 1965 (2011), la Asamblea Parlamentaria considera que la violencia escolar es una violación a los derechos de los niños y recomienda que el Comité de Ministros presente la resolución 1803 (2011) a los ministros correspondientes, alentándolos a tomar en cuenta los principios contenidos y a comunicarlos a todas sus instituciones educativas; invite, a través de sus ministros de educación, a la próxima Conferencia Permanente de Ministros Europeos de Educación a planear, en cooperación cercana con la comisión correspondiente del Consejo de Europa, políticas educativas proactivas y holísticas contra la violencia en las escuelas y en la sociedad en general; ayude a los Estados miembros en áreas de conflicto o postconflicto para desarrollar proyectos escolares prácticos contra la violencia en las escuelas, dentro de las familias, en la sociedad y entre las naciones; ayude a los Estados miembros a promover una cultura de democracia y de derechos humanos en la escuela, de acuerdo con la Carta del Consejo de Europa para la Ciudadanía Democrática y la Educación para los Derechos Humanos; establezca una cooperación más cercana con y dé apoyo directo. a la Red Europea de Defensores del Menor (ENDC, por sus siglas en inglés) y a su secretariado; establezca una cooperación directa con la Comisión Europea respecto a su trabajo sobre una estrategia para la Unión Europea sobre los derechos del niño y busque ampliar este trabajo a todos los Estados miembros del Consejo de Europa; coopere con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, y coordine la acción regional europea en ésta área, de manera más cercana; y emprenda, a través de sus ministros correspondientes, planes de acción nacionales contra la violencia en los nuevos medios de comunicación, de ser posible, cooperando con agencias y organizaciones para la protección de los niños, además de las compañías de medios de comunicación y de Internet.
La protección de los niños y los jóvenes contra la obesidad la diabetes tipo 2. La Asamblea Parlamentaria aprobó la resolución 1804 (2011) y la recomendación 1966 (2011), con base en el informe del señor Mike Hancock (Reino Unido, ALDE), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia. En la resolución 1804 (2011) subraya la importancia de salvaguardar la salud y el bienestar de los niños y los jóvenes al tiempo que lamenta el aumento de los casos de obesidad y diabetes que los afectan en Europa y otras partes. Destaca que ambas, prevenibles, pueden llevar a una crisis de salud pública, y que los Estados miembros del Consejo de Europa deben responder a esto de manera urgente.
La Asamblea Parlamentaria invita a los Estados miembros a considerar la prevención de la obesidad desde la perspectiva del derecho de los niños y los jóvenes a la salud y a un medio ambiente sano en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Asimismo los llama a tomar medidas urgentes para proteger a los niños y los jóvenes de la aparición y las consecuencias de la obesidad y la diabetes tipo 2, en particular medidas para promover hábitos nutricionales sanos, un estilo de vida y un medio ambiente saludables, tomando debida cuenta del principio de respeto al mejor interés del niño.
Respecto a los hábitos nutricionales se recomienda, por ejemplo, promover el amamantamiento desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, mejorar los alimentos escolares, regular el mercadeo de los alimentos, informar a los padres y los niños y jóvenes de los beneficios de los hábitos alimenticios saludables e invitar, alentar y tal vez obligar a los manufactureros y distribuidores de productos agroalimenticios a revisar la composición de algunos de sus productos y sus actividades de promoción del consumo de productos poco o nada sanos.
En materia de promoción de estilos de vida sanos, la asamblea recomienda medidas como el apoyo a las escuelas en la promoción de los hábitos alimenticios sanos y el ejercicio físico; y asegurar la plena participación en la sociedad de los niños y los jóvenes que padecen obesidad/sobrepeso y diabetes tipo 2 y luchar firmemente contra las medidas discriminatorias que afectan a las personas que sufren de obesidad.
Por lo que toca a la promoción de medio ambiente sano, la asamblea recomienda que los Estados miembros desarrollen políticas e iniciativas especificas y tomen medidas para mejorar la movilidad urbana.
Por otro lado, la asamblea invita a los Estados miembros a dar un tratamiento adecuado a los niños y jóvenes que padecen la obesidad y la diabetes tipo 2 y asegurar que las personas que están en riesgo de obesidad y/o de complicaciones vinculadas a esa patología tengan un acceso real a la asesoría médica y a los cuidados respectivos. También recomienda reforzar la capacidad de los Estados de llevar a cabo investigaciones y encontrar soluciones a esos problemas, particularmente mejorando sensiblemente la recopilación y el análisis de datos.
Por último, la asamblea estima que la participación de los niños y los jóvenes en el diseño de programas de salud pública dirigidos a ellos es una condición importante para su instrumentación exitosa, por lo que pide garantizar su plena participación en todas las acciones a realizar en los miembros del Consejo de Europa.
En la recomendación 1966 (2011), la asamblea llama la atención del Comité de Ministros sobre los peligros del aumento dramático en las tasas de obesidad y diabetes tipo 2 en Europa, particularmente entre los niños y los jóvenes. Se teme que los Estados miembros del Consejo de Europa enfrentarán un incremento espectacular en el gasto público en materia de salud en los próximos 15 a 20 años si no se toman medidas para contrarrestar las enfermedades relacionadas con la obesidad. Alerta sobre la necesidad de diseñar e instrumentar desde ahora una política general para prevenir que los niños y los jóvenes tengan sobrepeso y obesidad.
Por lo anterior, la asamblea recomienda al Comité de Ministros elaborar una serie de lineamientos para alentar a los Estados miembros y observadores a adoptar e instrumentar estrategias coordinadas que involucren a los sectores relevantes, tales como el de la salud pública, la educación, la juventud y el deporte, en la prevención y el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 entre los niños y los jóvenes.
Jueves 14 de abril
Debate urgente: Arribo masivo de migrantes en situación irregular solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa. El informe respectivo fue elaborado por la señora Tineke Strik (Países Bajos, SOC), relatora de la Comisión de Migración, Refugiados y Población, con base en el cual la asamblea adoptó la resolución 1805 (2011) y la recomendación 1967 (2011). En la resolución 1805 (2011), la asamblea se refiere a los levantamientos populares en Túnez, Egipto y Libia este año y los consecuentes flujos de migrantes que huyen del peligro y la miseria hacia Europa. Alude a las condiciones en las que esos migrantes se trasladan al continente europeo y reconoce como primera prioridad responder a las necesidades humanitarias y la protección internacional de los migrantes que se encuentran ya en las costas europeas, principalmente en Italia y Malta.
La asamblea observa que, por el momento, los arribos no son lo que se esperaba y que es necesario hacerlo notar ya que los políticos, los medios de comunicación y otros no han precisado la información y la opinión pública está inquieta y pide respuestas desproporcionadas.
Por otro lado, la asamblea recuerda a los Estados miembros su obligación internacional de no devolver las embarcaciones con personas que necesitan protección internacional.
Igualmente, señala que nunca es demasiado pronto para abordar el origen de las olas de migrantes que arriban en botes, algunas de las cuales se pueden tratar rápidamente y otras que requerirán mayor tiempo por su complejidad. Para la asamblea, Europa debe invertir fuertemente, en sentido económico y democrático, en los países de origen de esos migrantes, a riesgo de que, en caso contrario, se agraven las consecuencias de la migración irregular.
Reconociendo que la situación en el norte de África concierne a todos los Estados miembros, llama a éstos a reconocer que el arribo de un amplio número de migrantes irregulares a las costas del Sur de Europa es responsabilidad de todos los Estados europeos y requiere una solución que considere una responsabilidad colectiva; proveer ayuda humanitaria urgente y asistencia a los migrantes que llegan a las costas del sur de Europa y otras fronteras; evitar la retención automática y utilizarla sólo cuando no haya una alternativa razonable, asegurando el cumplimiento de las normas de derechos humanos; garantizar que las personas vulnerables no sean detenidas y reciban cuidado y asistencia apropiados; garantizar el derecho de asilo; proporcionar pleno apoyo a las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria en el norte de África y los países europeos de arribo; y mostrar solidaridad en los retos que se enfrenten.
En cuanto al tratamiento de las causas originarias de arribo masivo de migrantes en situación irregular, buscadores de asilo y refugiados, la asamblea exhorta a los Estados miembros a proporcionar apoyo para la reforma económica, social, democrática y jurídica y al desarrollo en Túnez, Egipto y, de ser el caso, Libia; dar cauces legales. a la migración para las personas provenientes de los países afectados con el fin de reducir la presión de la migración irregular y los medios para ayudar a los países concernidos; y estar prestos para proporcionar ayuda sustancial a Libia para estabilizar el país tan pronto como salga del conflicto actual.
Por otro lado, la asamblea exhorta a la Unión Europea a que, en caso de un éxodo masivo de refugiados libios producto de un mayor terror del Coronel Gadafi o de una guerra civil, considere la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
Finalmente, la asamblea recuerda a los Estados miembros las posibilidades de financiamiento del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y los exhorta a presentar proyectos para obtener préstamos que contribuyan a la creación de instalaciones de recepción e infraestructuras adecuadas para responder a las necesidades de las personas vulnerables.
En la recomendación 1967 (2011), la asamblea recomienda que el Consejo de Europa reúna a los responsables de la recepción y la detención administrativa en los Estados miembros con los órganos pertinentes del Consejo de Europa para examinar las buenas prácticas y los métodos de cooperación con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos mínimos y que se entienda con claridad qué es lo que se espera de los Estados miembros. También se invita al Comité de Ministros a analizar con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa la medida en la que éste puede apoyar a los Estados miembros en la recepción de migrantes irregulares y solicitantes de asilo y para la integración de aquellos que necesiten protección internacional.
Debate de actualidad: la situación en el norte de África. En este tipo de debates, la asamblea no adopta resoluciones ni recomendaciones. El orador designado por el Buró de la asamblea para iniciar el debate fue el señor Andreas Gross (Suiza, SOC), quien expresó que la mejor manera de prevenir que las personas busquen asilo es asegurarles tener una vida digna en sus propios países. La falta de la dignidad humana fue la razón de las agitaciones civiles y políticas recientes en Túnez, Egipto y Libia. Dijo que era deber de los europeos intentar mejorar la calidad de vida de los pueblos en esos países y apoyar a los que trabajaban por establecer la democracia y derrocar a los regímenes despóticos.
El señor Gross hizo un repaso breve de la situación en Egipto, Libia y otros países del mundo árabe (Bahrein, Argelia y Yemen), y de las causas que llevaron a las revueltas sociales.
En otro orden de ideas, el orador manifestó que las naciones europeas deben unirse y ayudar a esos pueblos, por razones de dignidad, valores y derechos humanos que deben ser aplicados universalmente. Destacó que la revolución en el norte de África y en Medio Oriente no tiene orígenes en diferencias religiosas, sino en la lucha por la dignidad del individuo y de las naciones. Igualmente, indicó que la ayuda a los líderes árabes no debe enfocarse en el ámbito militar y que se debe evitar el egoísmo de proteger la posición económica de Europa y que era de interés para los europeos que la democracia echara raíces en los Estados árabes.
A continuación, los representantes de los Grupos Políticos (Izquierda Unitaria Europea, Popular Europeo, Socialista, Demócrata Europeo y Liberales Demócratas) presentaron sus posiciones. Los cinco coincidieron en la necesidad de ofrecer la experiencia, los instrumentos y las instituciones del Consejo de Europa en apoyo a la construcción de la democracia en los países árabes del norte de África, por ejemplo, el estatuto de socio para la democracia en los casos de Túnez y Egipto. También destacaron el papel de la ONU en todas las acciones en la región.
Igualmente, coincidieron en que la situación en la región es compleja, por lo que el futuro era aún incierto en esos países.
El representante de la Izquierda Unitaria Europea, señor Kox, urgió a la OTAN a detener los bombardeos sobre Libia toda vez que la zona de exclusión aérea se había logrado; el de los demócratas europeos, señor Gale, expresó que las economías del Norte de África deben desarrollarse si no se quiere que continúe el arribo masivo de migrantes a Europa; y la de los liberales, señora Schuster, que la transformación de las sociedades no debe hacerse en detrimento de las minorías religiosas, étnicas, sexuales y otras.
En el debate general se resaltó que la lucha por la democracia en los países árabes del norte de África será larga, el uso de Internet y las redes sociales en las revoluciones en esa región, la prioridad de resolver políticamente los conflictos, que las acciones militares de la OTAN deben limitarse a la protección de la población civil, y el papel activo de las mujeres en los movimientos.
Las mujeres en el medio rural en Europa. El informe respectivo fue elaborado por la señora Carmen Quintanilla Barba, relatora de la Comisión de Equidad y Género, con base en el cual la asamblea adoptó la resolución 1806 (2011). En el texto, la asamblea destaca que las mujeres en el medio rural enfrentan desafíos fuertes respecto al logro de la equidad de género y el disfrute de sus derechos, situación mucho más grave en el caso de las mujeres de minorías étnicas. A pesar de las diferencias entre los Estados miembros, se identifican cuestiones de preocupación común (oportunidades limitadas de encontrar empleo, acceso reducido a los créditos y a la seguridad social, obstáculos al derecho a la propiedad y a heredar, entre ellos). Además de que esas mujeres son particularmente vulnerables a la violencia.
Por ello, la asamblea llama a los Estados miembros a considerar medidas jurídicas y políticas específicas enfocadas en la situación de las mujeres rurales dirigidas a avanzar en la igualdad de oportunidades; asegurar enfoques de género en la elaboración de las políticas con impacto en la situación de las mujeres rurales; promover una mayor participación de esas mujeres en la toma de decisiones; hacer un seguimiento de la correcta instrumentación de la ley por parte de los funcionarios encargados de la aplicación de la legislación; establecer campañas de visibilidad y sensibilización sobre los derechos de las mujeres del medio rural; aplicar presupuestos con perspectiva de género; elaborar estudios estadísticos sobre el impacto de la pobreza y la exclusión en las áreas rurales; asegurar que las mujeres no sean discriminadas en el acceso a la propiedad y los derechos de heredar; evaluar el valor del trabajo no remunerado o poco remunerado desarrollado en la granja durante el matrimonio con el fin de que se considere en caso de separación o divorcio; facilitar la obtención de microcréditos, fondos o préstamos a las mujeres rurales que deseen establecer una empresa; incrementar las oportunidades de trabajo en el hogar para las mujeres rurales; fortalecer la disponibilidad de servicios esenciales tales como guarderías, servicios sociales, para personas mayores o con discapacidades, de salud, con el fin de hacer más fácil la conciliación de la vida laboral y la vida familiar para las mujeres rurales; promover la escolarización, la educación para adultos y la capacitación vocacional para las mujeres y las niñas en las áreas rurales; establecer o alentar el establecimiento de oficinas de información y asociaciones de defensa que asesoren a las mujeres rurales sobre sus derechos y representación jurídica; e implementar programas y centros de reinserción de víctimas de trata en las zonas rurales, así como dispositivos de protección, servicios y refugios para las víctimas de violencia, incluida la violencia doméstica.
Un último llamado es para que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea continúen sus esfuerzos para garantizar un enfoque integrado de género en todas sus políticas y sus medidas, y hagan un seguimiento de la ejecución de la Directiva 2010/41 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad independiente.
La pena de muerte en los países miembros observadores del Consejo de Europa: una violación a los derechos humanos. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1807 (2011), con base en el informe de la señora Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE), relatora de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. En el texto adoptado, la asamblea reitera su oposición por principio a la pena de muerte en cualquier circunstancia. Señala el orgullo de haber contribuido con éxito a erradicar ese castigo inhumano y degradante en casi toda Europa, haciendo de la abolición de la pena de muerte una condición para la adhesión al Consejo de Europa.
Igualmente refiere que la experiencia europea muestra de manera incontestable que la pena de muerte no es necesaria para frenar los crímenes violentos.
La resolución 1807 (2011) contiene apartados dirigidos a Estados Unidos, Japón (Estados observadores en el Consejo de Europa) y Belarús (país a1 que se suspendió su estatuto de invitado especial en la Asamblea Parlamentaria desde 1997). Hace referencia específica al caso Avena y otros nacionales mexicanos.
Respecto a Estados Unidos, la asamblea felicita a los estados que han abolido recientemente la pena de muerte (en particular Nuevo México, Nueva Jersey y Nueva York) e invita a los otros estados, así como al Estado federal, a seguir su ejemplo. Por otro lado, lamenta que la aplicación arbitraria y discriminatoria de la pena de muerte haya manchado la reputación de ese país, con el cual cuentan sus amigos para ser un modelo para los derechos humanos.
En cuanto a Japón, la asamblea espera que la reciente introducción del sistema de jueces no profesionales contribuya a acrecentar la sensibilización de la población respecto a la crueldad de la pena de muerte y a su falibilidad, promoviendo así su eventual abolición. Muestra decepción por la oportunidad pérdida de incluir ministros de justicia abiertamente abolicionistas en los gobiernos recientes y señala que las moratorias de hecho han estado seguidas, desgraciadamente, de una práctica atroz de ejecuciones efectuadas de la manera más secreta.
Respecto de Belarús, la asamblea, condena fuertemente la continuación de las ejecuciones desde 2008, que han causado mucho daño a la credibilidad de la solicitud de ese país de acercarse a la familia de los Estados europeos democráticos que protegen los derechos humanos y la dignidad humana. Asimismo, exhorta a las autoridades competentes a declarar una moratoria sobre las ejecuciones sin más demora y a tomar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en la ley.
En el caso Avena (México versus Estados Unidos de América) de la Corte Internacional de Justicia, la asamblea solicita urgentemente que la legislatura federal promulgue una legislación que autorice a los nacionales mexicanos condenados a muerte que no pudieron beneficiarse de la asistencia consular prevista por la Convención de Viena sobre relaciones consulares a ser nuevamente juzgados siguiendo los procedimientos adecuados.
De igual manera se insta a que todas las autoridades judiciales de los Estados Unidos tengan la posibilidad de garantizar que en el futuro todo nacional extranjero que pueda ser sujeto a la pena de muerte tenga el beneficio de una asistencia consular apropiada, de acuerdo con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos en virtud de la Convención de Viena.
Se anexa al presente informe una traducción libre de la resolución 1807 (2011).
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención de la tortura en Europa. El informe respectivo fue elaborado por el señor Jean-Charles Gardetto (Mónaco, PPE), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. La asamblea aprobó la resolución 1808 (2011) y la recomendación 1968 (2011). En la resolución 1808 (2011) la asamblea invita a los Estados miembros del Consejo de Europa, que aún no lo han hecho, a firmar y a ratificar el Protocolo Opcional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y a designar mecanismos nacionales de prevención independientes y con recursos adecuados, tan pronto como sea posible.
A los Estados Parte del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (ETS número 126) los exhorta a modificar ese Convenio para permitir la elección de los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) por la Asamblea Parlamentaria; a publicar automáticamente los informes de las visitas y de las observaciones de las partes interesadas, dando la posibilidad de que cada Parte solicite un aplazamiento de la publicación de hasta seis meses después de la entrega; y a hacer una petición general para que los futuros informes de las visitas del CPT sean publicados tan pronto como sea posible después de la entrega, excepto en los casos especiales en que la parte involucrada presente objeciones.
La asamblea hace llamados también a las delegaciones parlamentarias nacionales para que hagan los procedimientos de selección de los candidatos al CPT más transparentes y mejor adaptados a las necesidades de éste; a los parlamentos de los Estados Parte en el Convenio involucrados a acudir a sus gobiernos con respecto a las declaraciones públicas adoptadas por el CPT, en virtud del artículo 10 del Convenio, en caso de un déficit de la cooperación o ante la negativa a mejorar las condiciones en vista de las recomendaciones del CPT.
En la resolución también se exhorta al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa a informarse sobre las medidas adoptadas por los resultados obtenidos por el CPT con motivo de las visitas del Comisario al Estado involucrado, y mantenerse atento en las declaraciones públicas del CPT.
Al CPT se le pide continuar su cooperación basada en la búsqueda de las interacciones y en la acumulación de experiencias con los mecanismos previstos en el OPCA, en particular, la asistencia en el desarrollo de mecanismos nacionales de prevención.
Para finalizar, la Asamblea solicita a las instituciones competentes de la Unión Europea hacer referencia a los logros del CPT y usar sus conocimientos para crear interacciones y evitar la duplicidad en sus acciones para mejorar las condiciones de arresto en los Estados miembros de la Unión Europea.
Por lo que corresponde a la recomendación 1968 (2011 ), la Asamblea Parlamentaria invita al Comité de Ministros a presentar una proposición de proceso de enmienda del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (ETS número 126) para permitir la elección por parte de la Asamblea Parlamentaria de los miembros del CPT; y la publicación automática de los informes de las visitas y de las observaciones de las partes involucradas, proporcionando la posibilidad de que cada parte solicite el aplazamiento de la publicación hasta seis meses después de la entrega.
También le insta a colocar en su agenda y discutir con carácter de urgencia cualquier declaración pública adoptada por el CPT, en virtud del artículo 10 del convenio, y adoptar una resolución sobre su procedencia.
Viernes 15 de abril
El agua: una fuente de conflicto. El informe respectivo fue elaborado por el señor Bernard Marquet (Mónaco, ALDE), relator de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. La asamblea adoptó la resolución 1809 (2011), en la que se subraya que siendo el agua esencial para la supervivencia humana un billón de personas en el mundo no tiene acceso al agua potable. Se recuerda el objetivo fijado en la Cumbre de Johannesburgo en 2002 de reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable para 2015, y a las propuestas hechas por los parlamentos en el quinto Foro Mundial del Agua en Estambul el 19 de marzo de 2009. Lamenta que en su informe (22 de marzo de 2009), los gobiernos hayan fallado al no reconocer que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano.
La asamblea también llama la atención al hecho de que la escasez de agua lleva a actos de violencia y conflictos que pueden amenazar la estabilidad política y social de un Estado. Concluye que el agua se ha convertido en una herramienta política y militar, así como en una nueva arma para los terroristas.
Así, la asamblea recomienda que las autoridades de los Estados miembros y no miembros reconozcan que el acceso al agua es un derecho humano fundamental (resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, y resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del 30 de septiembre de 2010); apliquen y, si es necesario, revisen las reglas de la legislación internacional sobre el agua; revisen los sistemas para el manejo conjunto de ríos y acuíferos transfronterizos; tomen las medidas necesarias para organizar las cuencas de los ríos; desarrollen cauces de agua internacionales; mejoren la transparencia y el flujo de información entre todas las partes interesadas; aseguren que las actividades llevadas a cabo en su país no dañen los recursos naturales de otros países; recurran a la Corte Internacional de Justicia para la solución pacífica de las disputas sobre recursos compartidos entre varios Estados; promuevan costos de agua más justos y provean servicios de distribución de agua de buena calidad y en cantidades suficientes, así como servicios de saneamiento aceptables y accesibles, como se recomienda en la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos; provean a todos los ciudadanos los medios para solicitar rendición de cuantas a sus gobiernos y exigir acuerdos de indemnización, de ser el caso; establezcan un programa de asistencia y cooperación con países que sufren de escasez de agua; tomen medidas para controlar el uso de las aguas subterráneas para promover el ahorro y evitar desperdicios; introduzcan medidas para la desalinización del agua para transformar de manera económica el agua de mar en agua potable; revisen las prácticas de la agricultura y las políticas para asegurar que son viables, mediante el fomento de la inversión en sistemas de riego eficientes y la transferencia tecnológica entre países desarrollados y aquellos en desarrollo; establezcan un seguimiento estricto de los riesgos de la contaminación accidental; y establezcan una base de datos que contenga información meteorológica, hidrológica y socioeconómica.
Además, la asamblea recomienda que las autoridades locales y regionales garanticen a sus ciudadanos un sistema de tratamiento de aguas de buena calidad.
Niños no acompañados en Europa: cuestiones relacionadas con la llegada la estancia v el regreso. La relatora para este tema fue la señora Mailis Reps, de la Comisión de Migración, Refugiados y Población. La asamblea adoptó la resolución 1810 (2010) y la recomendación 1969 (2011). En el primer texto, la asamblea indica la creciente sensibilización respecto a la necesidad de abordar los problemas que enfrentan los niños migrantes no acompañados a su llegada y en su permanencia en Europa. Se calcula que habría hasta 100 mil niños en esa situación, cuyas edades van de los 14 a los 17 años, con medidas de protección y asistencia muy variables entre países que crean disparidades y diferentes interpretaciones del mejor interés del niño. Se reconoce que, en muchos casos, los niños son extremadamente vulnerables y enfrentan abuso, negligencia y se vuelven víctimas de las redes de traficantes y criminales.
La asamblea expresa que la protección de los niños, más que el control de la inmigración, debe ser la preocupación que guíe la manera en que los países se comprometen con los niños no acompañados. En ese sentido establece 15 principios comunes e invita a los Estados miembros a observarlos y trabajar juntos para lograrlos:
Los niños no acompañados deben ser tratados primeramente y más que nada como niños, no como migrantes.
El mejor interés del niño debe ser la primera consideración en todas las acciones respecto a los niños, sin importar el estatus migratorio o de residencia del menor.
No debe negarse el acceso al territorio a ningún niño, ni debe ser deportado rápidamente en las fronteras de los Estados miembros.
Los niños víctimas de trata deben beneficiarse de arreglos especiales en términos de identificación, recepción y protección.
Todo niño no acompañado debe ser provisto inmediatamente de un tutor legal para salvaguardar el mejor interés del niño. El tutor legal debe ser independiente y tener la experiencia necesaria en el campo del cuidado de niños.
Se debe proveer de asistencia legal, social y psicológica sin demora a los niños no acompañados.
Todas las entrevistas con niños no acompañados que se refieran a detalles y antecedentes personales deben ser conducidas de manera individual por personal especializado y bien capacitado y en la presencia del tutor del niño.
Se debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo y protección internacional a todos los niños no acompañados.
No se debe permitir la detención de niños no acompañados por motivos vinculados a la migración.
La evaluación de la edad debe hacerse sólo en caso que haya dudas razonables sobre la minoría de edad de una persona.
Se deben escuchar los puntos de vista del niño y darles el peso correspondiente en todos los procedimientos relevantes, de acuerdo con su edad y su madurez.
Desde el primer contacto con el niño, el objetivo principal debe ser encontrar una solución duradera para los niños no acompañados.
Se debe garantizar el acceso a un albergue apropiado, la educación, la capacitación vocacional y el cuidado de la salud a todos los niños no acompañados, sin importar su estatus migratorio y bajo las mismas condiciones que se dan a los niños de los ciudadanos.
Se deben extender las posibilidades de reunificar a la familia, más allá de las fronteras del país receptor y con una perspectiva humanitaria, explorando vínculos con otros familiares dentro del país receptor y en terceros países, siempre guiándose por el mejor interés del niño.
Debe tomarse en cuenta el mejor interés del niño en todos los pasos que lleven hacia el regreso del niño o niña a su país de origen. El regreso no es una opción si esto implica el riesgo de que se violen los derechos humanos fundamentales del niño.
Por otro lado, la asamblea hace un llamado a la Unión Europea (U E) a, entre otros, promover la plena instrumentación de su Plan de Acción sobre Menores no Acompañados; considerar nuevas normas legislativas para cerrar las brechas de protección existentes en el derecho de la UE para todos los niños no acompañados; adoptar e instrumentar normas y salvaguardas de procedimiento sobre la tutela y la asistencia jurídica para asegurar que los intereses de los niños no acompañados son salvaguardados durante todos los procedimientos administrativos y judiciales; abstenerse de apoyar o financiar la construcción de instalaciones de recepción con propósito de deportar a los niños a los países de origen que no tengan sistemas de protección adecuados; promover las buenas prácticas sobre el proceso de retorno en toda Europa; y asegurar la integración adecuada de los niños no acompañados en el país receptor, cuando esto haya sido considerado conforme al interés superior del niño.
En la recomendación 1969 (2011), la asamblea invita al Comité de Ministros a tomar nota de las recomendaciones de la asamblea a los Estados miembros, establecidas en la resolución 1810 (2011) e incitar a dichos Estados a cumplir con ellas. Adicionalmente, la asamblea exhorta al Comité de Ministros a recomendar a los Estados miembros cumplir con la observación general número 6 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con las directrices adoptadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), Unicef, Save the Children, el Programa Europeo de Niños Separados (SCEP, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones internacionales, y particularmente con las directrices 2008 del ACNUR sobre la determinación del interés superior del niño, las directrices de 2009 del ACNUR en cuanto a las solicitudes de asilo de niños y la cuarta versión de la Declaración de Buenas Prácticas del SCEP.
Se pide también al comité instruir al órgano relevante dentro del Consejo de Europa a establecer un grupo de trabajo que comprenda expertos en gobierno, miembros de la sociedad civil y representantes de las organizaciones internacionales relevantes y órganos del Consejo de Europa a examinar los 15 principios comunes, presentados en la resolución 1810 (2011), con miras a elaborar principios rectores en la protección de los niños no acompañados; integrar completamente las cuestiones relacionadas con los niños- no acompañados al proyecto transversal Construyendo una Europa para y con los Niños y en cualquier actividad futura llevada a cabo en el marco de ese proyecto y, en particular, contribuir al desarrollo de directrices comunes sobre la evaluación del interés superior del niño, la tutela legal de los niños no acompañados, la evaluación de la edad y la aplicación de una justicia adaptada a los niños en el caso de los niños no acompañados.
Otras recomendaciones van en el sentido de encontrar recursos para implementar proyectos de vida para menores no acompañados como una herramienta invaluable para encontrar soluciones duraderas para ellos; designar un solo interlocutor dentro del Consejo de Europa que asegure la coordinación y el seguimiento del problema de niños no acompañados en todos los Estados miembros del Consejo de Europa; y alentar a los Estados miembros a presentar proyectos al Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con miras a financiar o cofinanciar proyectos de vida para los niños no acompañados.
Protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral. El informe correspondiente fue elaborado por la señora Pernille Frahm (Dinamarca, IUE), relatora de la Comisión de Migración, Refugiados y Población. La asamblea adoptó la resolución 1811 (2011) y la recomendación 1970 (2011). En la resolución 1811 (2011), la asamblea señala que más de la mitad de los 210 millones de migrantes del mundo y las tres cuartas partes de todos los refugiados son mujeres. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2010 las mujeres migrantes representaron 52.3 por ciento de los 69 millones de migrantes en Europa. Cada vez más, las mujeres están migrando en busca de oportunidades económicas.
En el texto también se destaca el papel esencial de las mujeres migrantes en los mercados laborales y la valiosa contribución a las economías y a las sociedades de los países receptores. Esto sin dejar de mencionar las dificultades a las que se enfrentan, por ejemplo el hecho de que migran por necesidad y a menudo tienen que abandonar a sus hijos a fin de encontrar trabajo para mantener a sus familias. Otras migran con sus familias y soportan la carga del trabajo pesado, así como los cuidados del hogar; encuentran trabajo en los roles tradicionales asignados a las mujeres con largas jornadas y salarios bajos. Muchas de ellas tienen un estatus legal irregular, son vulnerables al maltrato y tienen escasas prestaciones y pocos recursos para acceder a la justicia.
Adicionalmente, se señala en la resolución 1811 (2011) que un número importante de mujeres entran a los países receptores como cónyuges de los trabajadores migrantes, buscan trabajo en sectores irregulares y aceptan empleos por debajo de sus niveles de calificación. En la mayoría de los países, ellas pierden su estatus migratorio y el derecho a la protección si deciden abandonar a sus cónyuges o compañeros a causa de la violencia doméstica. Las mujeres solicitantes de asilo y las refugiadas son una categoría particularmente vulnerable de las mujeres en el mercado laboral.
Considerando todas esas situaciones, la Asamblea reconoce la necesidad de que los países receptores desarrollen y apliquen medidas para abordar de forma específica la protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral, independientemente de su ocupación o estatus migratorio. En este sentido, pide a los Estados Miembros del Consejo de Europa: aumentar las oportunidades de migración legal para las mujeres y adoptar políticas de inmigración basadas en los derechos humanos que sean sensibles al género y al empoderamiento y que prevengan la migración ilegal, la explotación y la trata de personas; defender los derechos humanos fundamentales; promover la igualdad de oportunidades; y prevenir y combatir las prácticas de explotación en el mercado laboral.
Lo anterior con medidas como mejorar las leyes y las políticas que regulan la contratación y el empleo de las trabajadoras migrantes; diversificar y ofrecer nuevas oportunidades de empleo legal para las mujeres migrantes; impulsar en los países de origen la creación de un sistema de información único y eficiente sobre los empleos en el extranjero, enfocado en un número de empleos para las mujeres migrantes; instruir a los consulados en los países de origen para proporcionar información a las mujeres migrantes sobre los peligros de la trata de personas y la explotación, incluyendo información adecuada sobre los derechos legales y las posibilidades de reparación, y sobre las organizaciones de contacto en caso de una necesidad urgente; conceder un estatuto jurídico individual a las mujeres migrantes que se unan a sus cónyuges mediante la reunificación familiar; otorgar a las mujeres migrantes en situación irregular el acceso pleno a la atención de la salud, la educación y las condiciones laborales justas y asegurarse de que sean capaces de denunciar la violencia y la explotación sin temor a la deportación; establecer un marco jurídico que garantice a las mujeres migrantes el derecho a tener sus propios pasaportes y permisos de residencia, y hacer que la confiscación ilegal de estos documentos sea un delito penal; garantizar que a todas las mujeres migrantes, independientemente de su estatus jurídico, se les otorguen los mismos derechos que a los trabajadores nacionales; promover el empleo decente, humano, digno y remunerado de las trabajadoras migrantes; informar a las trabajadoras migrantes sobre sus derechos, los procedimientos de denuncia y la información de contacto de los grupos para los derechos humanos de los trabajadores; separar la inspección laboral de las facultades en materia de inmigración y del otorgamiento a los trabajadores indocumentados del derecho a denunciar los abusos sin temer por su residencia en el país receptor.
Por otro lado, la asamblea insta a los Estados miembros a reconocer el importante papel productivo y el valor social del trabajo doméstico, mediante el reconocimiento de este tipo de trabajo como un trabajo en la legislación laboral nacional; el apoyo a la elaboración de una nueva convención sobre los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una recomendación complementaria sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos; el desarrollo de sistemas independientes de visado para los trabajadores migrantes domésticos y enfermeros que permitan la entrada legal, ofreciendo un contrato legal de trabajo; garantizar que las visas no estén vinculadas a patrones específicos y suprimir o excluir cualquier estipulación acerca de que los empleados deben vivir en la casa del patrón; otorgar a los trabajadores migrantes domésticos los derechos y la protección laborales; proteger a los trabajadores migrantes domésticos contra todas las formas de abuso y acoso; y garantizar su derecho a acceder a recursos legales contra los patrones que los maltraten.
En cuanto a la recomendación 1970 (2011), la asamblea considera que es esencial garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres migrantes en los Estados miembros del Consejo de Europa. Solicita al Comité de Ministros animar a los gobiernos de los Estados miembros a avanzar en la ratificación de los respectivos instrumentos de protección jurídica del Consejo de Europa; alentar a los gobiernos de los Estados miembros a participar activamente en la elaboración de la futura convención sobre los trabajadores domésticos de la OIT y a adherirse a sus disposiciones; lanzar una campaña para aumentar la sensibilización en los Estados miembros encaminada a reconocer la labor de los trabajadores domésticos como trabajo y a eliminar prácticas como la retención de pasaportes y/o salarios, y los abusos físicos, sexuales y psicológicos contra los trabajadores domésticos; y fortalecer la asociación entre los Estados miembros del Consejo de Europa y los países de origen con el objeto de respetar los derechos humanos de las mujeres migrantes, promover la equidad de género, especialmente en la legislación civil, y el empoderamiento de la mujer.
4. Actividades de la delegación mexicana
Además de la asistencia a los debates plenarios, la delegación mexicana llevó a cabo las siguientes actividades:
Martes 12 de abril
Entrega de ejemplares del manual para parlamentarios, Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote).
Se entregó al secretariado de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia 4 ejemplares de la versión en español, elaborada en el Senado de la República, del manual. El secretariado entregó un ejemplar al parlamentario de contacto de España, senador Agustín Conde Bajén, y uno a la diputada María del Carmen Quintanilla. Asimismo, se solicitó al Senado proporcionar más ejemplares para la sesión de junio de la asamblea a fin de ponerlos a disposición de los parlamentarios en una mesa en la que se distribuirán materiales relacionados con la Campaña del Consejo de Europa para Detener la Violencia Sexual contra los Niños.
Adicionalmente, el secretariado de la campaña informó que en el boletín número 2 de la campaña se incluiría información sobre la presentación de la versión del manual en español. Ese boletín se distribuirá en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria en junio próximo.
Reunión informal con la titular de la Misión de México en Estrasburgo, ministra Lidia Madero
La titular de la Misión de México en Estrasburgo compartió con la delegación mexicana información sobre sus actividades de seguimiento de los temas de interés para México en el Comité de Ministros del Consejo de Europa:
Posible adhesión de México a la Convención sobre la Prevención y Combate a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
Posible adhesión de México a la Convención de Lanzarote.
Posible visita de la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, señora Maud de Boer-Buquicchio, en noviembre de 2011. Ha sido invitada a participar en la 338 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (2 y 3 de noviembre, México, DF).
Posible adhesión de México a la Convención sobre Acciones contra la Trata de Seres Humanos.
Miércoles 13 de abril
Segunda reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual contra los Niños
La senadora Martha Leticia Sosa Govea, punto de contacto para la Red por parte de México, participó en esta reunión que tuvo como tema principal El combate a la pornografía infantil en Internet.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familiares, señora Liliane Maury Pasquier, inició la reunión con un reconocimiento a la labor de la senadora Sosa Govea en la campaña e informó a los participantes de la traducción al español del manual, su presentación el 6 de abril de 2011 y la página de Internet sobre dicha campaña en México. Igualmente, comunicó que los Parlamentos de Serbia y de Chipre estaban por iniciar actividades dirigidas a la campaña.
Por otro lado, el senador Agustín Conde Bajén (España, PPE/DC) relator sobre combate a la pornografía infantil en el marco de la campaña contra la violencia sexual hacia los niños, expuso que el objetivo de su informe es hacer propuestas a los gobiernos para que la lucha contra ese fenómeno sea un hecho. Otro de los puntos importantes es lograr que las imágenes pornográficas de niños sean borradas de Internet. Solicitó que en la reunión de junio de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia haya un experto sobre eliminación de imágenes para que dé su punto de vista.
De su lado, el señor John Carr, consejero principal en la iniciativa de protección de la infancia en línea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Reino Unido) sobre el tema del combate a la pornografía infantil en Internet, refirió que cada vez que una persona ve una imagen de un niño víctima de pornografía, el niño está siendo victimizado nuevamente. Propuso como mejor opción borrar la fuente de las imágenes y bloquear como segunda opción. Puso como ejemplo la legislación y las acciones en Italia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Dinamarca, que han encontrado vías para bloquear páginas sin que signifique poner en riesgo la libertad de expresión; cuando se avisa a la autoridad, en 6 horas son quitadas las páginas de la red. En Italia, según informó el señor Carr, por ley se bloquea un sitio en el que se detecta pornografía infantil. Declaró que el Consejo de Europa debe hacer que sus miembros bloqueen las páginas con pornografía infantil en su jurisdicción, y que una policía internacional podría lograr bloquear las páginas sin que el costo sea muy alto.
En las participaciones generales, los parlamentarios opinaron que los motores de búsqueda también tenían responsabilidad en cuanto a los sitios en los que se exhibe pornografía infantil; aludieron a lo que hay antes y después de las imágenes en Internet (redes, tráfico de menores, etcétera); y señalaron que es importante definir si se requieren mayores instrumentos jurídicos.
En esta reunión se circuló, para firma, la propuesta de resolución La adopción internacional: garantizar el respeto del interés superior del niño, que fue firmada por la senadora Sosa Govea. Este texto señala que toda adopción internacional debe desarrollarse conforme a diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que subrayan el respeto al interés superior del niño y a procedimientos de adopción legales, transparentes y claros.
Al finalizar la reunión, la senadora Sosa Govea invitó al senador Conde Bajén y a la diputada Carmen Quintanilla a participar en el foro nacional que se planea organizar en México en el marco de la Campaña para detener la violencia sexual contra los niños.
Recepción ofrecida por la embajadora de España ante el Consejo de Europa
La delegación mexicana asistió a la cena ofrecida por la embajadora del Reino de España ante la Asamblea Parlamentaria, señora Marta Vilardell Coma, en honor de las delegaciones parlamentarias de España, México y Andorra. Esta fue en el contexto del término del mandato de la embajadora.
La delegación mexicana tuvo una conversación informal sobre las reglas para el acceso a los cargos en las organizaciones internacionales y el trabajo del Consejo de Europa con el señor Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, ex Director General de la UNESCO y ex miembro del Parlamento Europeo.
Jueves 14 de abril
Conversación informal con el señor Alan Meale miembro de la Subcomisión Ad hoc sobre Cambio Climático
El diputado José Luis Jaime Correa sostuvo una conversación con el señor Meale, en la cual el parlamentario británico reiteró la invitación a la delegación mexicana para seguir colaborando en el tema del cambio climático, en el marco de reuniones en Londres previas a la celebración de las sesiones parciales de la Asamblea Parlamentaria.
Entrevista con Sandra Babcock, abogada, Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Escuela de Derecho de la Universidad Northwestern
La señora Babcock solicitó esta entrevista con la delegación mexicana. Informó sobre su trabajo en el Programa de Asistencia Jurídica a mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos. Formó parte del equipo jurídico que llevó el caso Avena y otros nacionales mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia, y señaló que se sigue abogando por que el Congreso estadounidense legisle para la aplicación del fallo de La Haya sobre ese caso.
La abogada estadounidense también participa en la puesta en marcha de la base de datos sobre pena de muerte (práctica y leyes en los Estados retencionistas).
El senador Humberto Aguilar Coronado aludió a la reforma a la Constitución Mexicana en materia de derechos humanos (8 de abril de 2011), su significado y la lucha de México contra la pena de muerte.
Entrevista con la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, señora Maud de Boer-Buquicchio
La senadora Martha Leticia Sosa Govea entregó a la señora De Boer-Buquicchio un ejemplar de la versión en español del manual para parlamentarios sobre el Convenio de Lanzarote. Informó sobre los planes para llevar a cabo cuatro foros regionales y uno nacional en el marco de la Campaña para detener la Violencia Sexual contra los Niños e invitó a la funcionaria europea para que, aprovechando su visita a México en noviembre de 2011, participara en el foro nacional.
La secretaria general adjunta mostró su beneplácito por las actividades de la delegación mexicana en el marco de la Campaña y ofreció mantener abierta la posibilidad de participar en el foro nacional, así como los materiales gráficos con los que cuenta el Consejo de Europa para dicha campaña.
La pena de muerte en el mundo: Nuevos datos respecto a la práctica y las leyes de los Estados retencionistas de la pena capital
La delegación mexicana asistió a este evento paralelo a la sesión de la asamblea, que fue organizado por el Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Universidad Northwestern (CDHI) y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP).
Se contó con la participación de la señora Renate Wolhwend, relatora para el tema de la pena de muerte en los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa.
El punto central del evento fue el lanzamiento de una nueva base de datos sobre las leyes y prácticas de los Estados que mantienen la pena capital (jurisdicción, procedimientos, condiciones del corredor de la muerte y evolución política). La base es producto del trabajo de dos años de investigadores internacionales que compilaron información de más de 90 Estados y dos territorios en los que la pena de muerte sigue incluida en las leyes y en la práctica.
De acuerdo con el CDHI y la WCADP, esa nueva fuente de información es un recurso invaluable para políticos, abogados, cortes, activistas y medios de comunicación que requieran datos sobre las tendencias políticas y jurídicas en el uso de la pena de muerte; y permitirá realizar análisis comparativos.
La presentación, hecha por la señora Sandra Babcock, fue de manera interactiva. Uno de los casos que retornó para mostrar el funcionamiento de la base de datos fue el de Avena y otros nacionales mexicanos, mismo que explicó brevemente. La abogada estadounidense reconoció la presencia de la delegación mexicana.
La señora Babcock abundó sobre los beneficios de la base de datos indicando que es necesaria para identificar una estrategia apropiada para la abolición; está basada en informes de medios e investigaciones; fue trabajada con abogados expertos en diferentes idiomas; y contiene recursos sobre las condiciones de prisión, la etnia de los condenados, la calidad de los medios para defensa, países en los que los nacionales de un país enfrentan pena de muerte en otro, por mencionar algunos.
La base también será presentada en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Gambia), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra) y en la reunión general de la Coalición (Marruecos).
Por su parte, la señora Wolhwend aludió al compromiso de moratoria y abolición de la pena de muerte para la membresía en el Consejo de Europa. Hizo un esbozo de su informe.
Por la delegación mexicana, el senador Humberto Aguilar Coronado agradeció el trabajo de la señora Babcock en defensa de los mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, manifestó beneplácito por la base de datos e informó sobre la reciente modificación a la Constitución en materia de derechos humanos.
La señora Babcock declaró que México ha dedicado más recursos que cualquier otro país a la abolición de la pena de muerte.
Debate: La pena de muerte en los países miembros observadores del Consejo de Europa -una violación inaceptable a los derechos humanos
El diputado José Luis Jaime Correa participó en este debate a nombre de la delegación mexicana. Agradeció a la relatora, señora Renate Wohlwend, por su reporte, a la Asamblea Parlamentaria que el caso Avena y otros nacionales mexicanos haya sido objeto de análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y las gestiones realizadas por la relatora y por el presidente de la comisión, señor Pourgourides, ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos para el cumplimiento por parte de ese país del fallo de la Corte Internacional de Justicia relativo al caso Avena.
Indicó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia representa un importante aliciente para los que creen firmemente en el derecho y las instituciones internacionales.
Igualmente, expresó que los legisladores mexicanos se han pronunciado en todos los foros parlamentarios internacionales a favor de que el gobierno de Estados Unidos acate y dé pleno cumplimiento a la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004. Añadió que se seguirá pugnando por garantizar la vigencia y el respeto de los derechos de los connacionales en cualquier parte del mundo.
Subrayó el rechazo a la pena de muerte por considerarla inhumana y alejada de las normas esenciales del derecho internacional. Coincidió con otros oradores en que no hay pruebas contundentes de que la aplicación de la pena capital disminuya la criminalidad.
Refirió que el Estado moderno tiene la obligación de garantizar la protección y la seguridad de la sociedad en su conjunto con una cultura de la prevención del delito y la reducción de las brechas de desigualdad social.
Finalmente, reafirmó el compromiso de México con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
5. Personalidades invitadas
Las siguientes personalidades hicieron declaraciones ante el pleno de la asamblea:
Señor Thorbjorn Jagland, secretario general del Consejo de Europa.
Su beatitud patriarca Daniel de Rumania.
Su eminencia cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Vaticano.
Profesor Mehmet Gormez, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos de la República de Turquía.
Rabino en Jefe Berel Lazar, Gran Rabino de Rusia.
Prelado Bernhard Felmberg, representante plenipotenciario del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, en la República Federal de Alemania y en la Unión Europea.
Señor Ahmet Davutoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, presidente del Comité de Ministros.
Señor Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía.
Señor Thomas Hammarberg, comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.
Señor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Atentamente
Diputada Pilar Torre Canales
De la diputada María del Pilar Torre Canales, relativo al decimoquinta reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, que se llevó a cabo el jueves 26 y viernes 27 de mayo de 2011 en La Habana, Cuba
Presentación
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) es un organismo regional, permanente y unicamaral, integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente tratado de institucionalización el 16 de noviembre de 1987 en Lima, Perú, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al mismo o lo hagan en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en este estatuto.
Integran este organismo los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados parte, democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones de carácter permanente y pluralista.
El Parlatino es un organismo preocupado por la igualdad jurídica de los Estados, siempre está en busca de una solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales.
Este parlamento siempre ha pugnado por difundir la actividad legislativa en pro del beneficio de la región.
Por resolución de la decimonovena asamblea ordinaria del Parlatino, celebrada en São Paulo el 7 y 8 de noviembre de 2002, la Junta directiva, previo cuidadoso análisis y consultas, realizó una reforma del reglamento del Parlatino, en relación con los nombres, funciones y número de las comisiones permanentes del organismo, quedando reducidas sólo a 13 de las 21. Una de las cuales es la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda social y Desarrollo Regional.
El ámbito de esta comisión antes mencionada estará relacionado con las estructuras económicas de la región, sus políticas de desarrollo, crecimiento y bienestar; sus procesos de integración económica, comercio exterior y reconversión industrial, financiamiento general, gasto público, inversión privada, precios y salarios, estabilidad monetaria, impuestos y aranceles, entre otros. También se ocupará de la planificación del desarrollo nacional en sus diversos niveles regionales: subregional, provincial, estadual o departamental, urbano o rural.
Identificación, análisis, formulación y ejecución de instrumentos de planificación relacionados con la superación de la pobreza en sus diversas categorías (pobreza crítica, pobreza absoluta, miseria etcétera). Hace por tanto referencia a aspectos tales como políticas de redistribución de la riqueza y de infraestructura y equipamiento social, ocupándose de los rubros que conforman esta comisión: empleo, salud y vivienda.
En el marco de esta pluralidad política e ideológica de la comunidad latinoamericana se han establecido reuniones de cada una de las comisiones que integran el Parlatino para lograr acuerdos, resoluciones y el sano intercambio de experiencias a nivel nacional de cada uno de los representantes que participan en estas.
Como integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, asistí a la decimoquinta reunión celebrada en La Habana, Cuba, el 26 y el 27 de mayo de 2011.
A continuación una breve reseña de las propuestas más relevantes en a los temas, objeto de la convocatoria.
Deuda externa
Se planteó la propuesta de creación de la auditoría para la deuda externa en Latinoamérica.
La deuda externa de Latinoamérica se cuantifica aproximadamente en 80 mil millones de dólares.
Esta cantidad representa el 25 por ciento del PIB de toda la región.
Algunos países ya cuentan con una auditoría especial para investigar y tratar la deuda externa como Ecuador y República Dominicana.
En Uruguay se propuso un tope del 7 por ciento de endeudamiento con respecto a su PIB.
Se busca encontrar mecanismos para negociar con los organismos internacionales la deuda externa de Latinoamérica.
En el Salvador buscan no privatizar sino concesionar para de esta forma no perder el control como Estado.
Renta básica
Acordar una ley marco sobre la renta básica suscrita por el Parlatino.
En Venezuela se propone que por medio del ingreso petrolero se provea del salario mínimo a la población de aquel país.
La dificultad de lo propuesto por el diputado venezolano radica en el sector al que irá dirigida esta renta básica, o si será destinada a la generalidad de la población.
Se mencionó que la ya citada renta básica podría resultar contraproducente ya que la población podría acostumbrarse a ese paternalismo.
Evitar que la renta básica se convierta de asistencia a asistencialismo
Existe mayor pobreza educativa que pobreza alimentaria en la región.
Destacando que un país entre mejor educación tendrá acceso a un mejor nivel económico.
Cooperativas de América Latina y parlamentos cooperativistas
Se propuso una modernización de la ley marco.
Esta ley la elaboró la Organización de las Cooperativas de América hace ya más de 20 años.
Principios rectores de esta ley:
1. Refuerzo de la identidad cooperativa.
2. Adecuación a las exigencias actuales.
3. Afirmación de la autonomía cooperativa.
4. Flexibilidad de normas estatutarias.
5. Desarrollo de la capacidad empresarial.
6. Promoción de la igualdad de género.
Funciones del Estado ante la cooperativa:
a) Registro. Reconocimiento de la personalidad jurídica.
b) Supervisión. Vigilar cumplimiento de normas legales que la rigen.
c) Promoción. Impulsar el desarrollo de las cooperativas.
Banco del Sur (implementación del sucre como moneda regional)
Los países que serán miembros del Banco del Sur serán Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay y Nicaragua; falta de ratificar el convenio.
Se propuso que la sede estuviera en Venezuela.
Se prevé que fortalezca la integración y reduzca las asimetrías entre los países.
Financiará programas y proyectos (desarrollo social, ambiental y económico).
Sus principios serian los siguientes: No competencia entre países miembros, trato especial y diferenciado, solidaridad, respeto a la soberanía, cooperación y complementación.
Venezuela tiene el precio más bajo en combustibles a nivel mundial y en consecuencia esto beneficiaria a todos los países miembros del Banco del Sur, a través de Petro Caribe lograrían bajar sus costos para la adquisición del combustible.
Se reitera la propuesta de que se realice un estudio de los costos de la no integración, tal cual se hizo en su momento con el Banco Europeo.
El 5 de julio se reunirán en Venezuela los presidentes de los países de Latinoamérica para tratar el asunto.
Miembros mexicanos de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional
Senadores: Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN), Federico Döring Casar (PAN), Eloy Cantú Segovia (PRI), Alfonso Sánchez Anaya (PRD)
Diputados: María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), Norma Sánchez Romero (PAN), Sofía Castro Río (PRI), Andrés Massieu Fernández (PRI), José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
Con esta reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, el Parlamento Latinoamericano continuará con su esfuerzo por fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana, estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la región, así como seguir en el intercambio de experiencia por parte de los representantes de cada país y para discutir y buscar soluciones a los problemas de Latinoamérica.
Atentamente
Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)
Invitaciones
De la Comisión de Cultura
A la exposición fotográfica Villa en movimiento, que permanecerá del lunes 20 al jueves 30 de junio en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el miércoles 22, a las 9:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la diputada Gabriela Cuevas Barron
Al tercer foro Retos y realidades de la protección animal en México, por efectuarse el jueves 23 de junio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Gabriela Cuevas Barron
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
A la presentación del número 25 de Expediente Parlamentario, que tendrá lugar el jueves 23 de junio, a las 17:00 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Licenciado César Becker Cuéllar
Director General del Centro de Estudios
De la Comisión de Cultura
A la presentación de bandas de guerra que se realizará el viernes 24 de junio, de las 8:00 a las 15:00 horas, en la explanada.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Impulsos vitrales de Helios Román de Dios, que permanecerá del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio en el vestíbulo principal, lado sur, donde se inaugurará el martes 28, a las 17:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
Al seminario Actualidad y perspectivas de la distribución de competencias: federación, estados y municipios, que se llevará a cabo del martes 28 al jueves 30 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Se entregará constancia a quien registre su asistencia los tres días.
Inscripciones mediante llamada telefónica al 50-36-00-00 extensiones 58141 y 59245, y en la página de Internet del centro de estudios:
www.diputados.gob.mx
Programa
Martes 28 de junio
8:30 a 9:00. Registro.
9:00 a 9:30. Inauguración.
9:30 a 11:15. Mesa 1-A: Teoría general del Estado federal y distribución de competencias.
Moderador: Maestro Jesús Ruiz Munilla.
Doctor Carlos Fernando Matute González, magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Doctor Leonel Alejandro Armenta López, director de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, legislador federal por el DF e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Doctor Fernando Pérez Correa, académico y ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
11:15 a 13:00. Mesa 1-B: Teoría general del Estado federal y distribución de competencias.
Moderador: Licenciado Rafael Velázquez Gallegos.
Doctor Rodolfo González Valderrama, asesor parlamentario en el Senado de la República.
Maestro José Luis Leal Sanabria, presidente de El Colegio de Jalisco y notario público.
Doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Doctor José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Maestro Jorge Alberto Silva, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
13:00 a 15:00. Mesa 2: Salud.
Moderador: Maestro Carlos Norberto Valero Flores.
Diputada María Cristina Díaz Salazar, legisladora federal por Nuevo León, secretaria de la Comisión de Salud.
Diputado José Luis Marcos León Perea, legislador federal por Sonora, integrante de la Comisión de Salud
Maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, profesor de la UNAM y del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Doctora Eréndira Salgado Ledesma, catedrática de la UNAM y de la Universidad Anáhuac.
Diputado Julián Francisco Velázquez Llorente, legislador federal por Tlaxcala, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
15:00 a 16:00. Receso para comida.
16:00 a 18:00. Mesa 3: Ecología y medio ambiente.
Moderador: Licenciado Juan Manuel Escuadra Díaz.
Maestra Carla Aceves Ávila, académica de la Universidad de Guadalajara.
Maestro Sergio Ampudia Melo, ex subprocurador ambiental del DF.
Magistrado Néofito López Ramos, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial federal (PJF).
Ingeniero Gabriel Quadri de la Torre, consultor, académico y ex presidente del Instituto Nacional de Ecología.
18:00 a 20:00. Mesa 4: Civil y Mercantil.
Moderadora: Doctora Cecilia Licona Vite.
Doctor Sergio Azúa Reyes, Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, académico y notario público 140 del DF.
Doctor Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF y del Consejo de la Judicatura del DF.
Doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, investigador del IIJ de la UNAM
Doctor Othón Pérez Fernández del Castillo, rector de la Universidad de Estudios de Posgrado y Notario Público 63 del DF.
Miércoles 29 de junio
9:00 a 11:00. Mesa 5: Cultura, educación y tecnología.
Moderador: Doctor Jorge Fernández Ruiz Investigador IIJ-UNAM.
Doctor Juan Federico Arriola Cantero, Académico de la UIA.
Maestro Francisco Ciscomani Freaner, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública.
Diputada Lorena Cuéllar Cisneros, legisladora local y ex presidenta municipal de Tlaxcala.
Licenciado Jorge Ruiz Dueñas, consultor, ex secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana y ex director general del Archivo General de la Nación.
Doctor Fernando Serrano Migallón, secretario cultural y artístico del Conaculta y ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
11:00 a 13:00. Mesa 6: Recursos hidráulicos y desarrollo urbano.
Moderador: Licenciado Juan Manuel Escuadra Díaz
Magistrado Armando Cortés Galván, XV Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del PJF.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, legislador federal por Puebla, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, ex rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
Ingeniero Luis Robledo Cabello, consultor y miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Maestro Fernando Romero García, funcionario parlamentario de la Cámara de Diputados.
13:00 a 15:00. Mesa 7: Fiscalización.
Moderador: Maestro Juan Carlos Cervantes Gómez.
Licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación.
Diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario general de la Cámara de Diputados.
Doctora Olga Hernández Espíndola, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
15:00 a 16:00. Receso para comida.
16:00 a 18:00. Mesa 8: Comunicaciones.
Moderador: Doctor Juan Ramírez Marín.
Maestro Manuel MacFarland González, jefe de la Unidad de Supervisión y Verificación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Ingeniero Humberto Mosconi Castillo, consultor, ex director general de Ferrocarriles Nacionales de México.
Licenciado Gerardo Sánchez-Henkel Gómez-Tagle, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Mesa 9: Desarrollo económico.
Moderador: Maestro Carlos Norberto Valero Flores.
Doctor Manuel Barquín Álvarez, Investigador IIJ-UNAM
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, diputado federal por Nuevo León, presidente de la Comisión de Economía.
Licenciada María Adriana Moreno Durán, secretaria de Desarrollo Económico del estado de Tlaxcala.
Maestro Jaime Valls Esponda, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Jueves 30 de junio
9:00 a 11:00. Mesa 10: Fiscal.
Moderador: Doctor Manuel Hallivis Pelayo, presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del TFJFA.
Maestro David Colmenares Páramo, académico y asesor en temas de coordinación fiscal.
Doctor Armando Enrique Cruz Covarrubias-Académico Universidad Panamericana-Campus Guadalajara.
Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, legislador federal por el DF, integrante de la Comisión de Hacienda.
Doctor Jorge Armando Mora Beltrán, académico de la UNAM y de la Universidad Anáhuac del Sur.
11:00 a 13:00. Mesa 11: Penal.
Moderador: Licenciado Óscar Uribe Benítez.
Maestro Julio Antonio Hernández Pliego, abogado postulante y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Diputado Alfonso Navarrete Prida, legislador federal por el estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ex procurador de Justicia en el estado de México.
Maestro Gabriel Regino García, abogado postulante, ex subsecretario de Seguridad Pública en el DF.
Maestro Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, magistrado del TSJ del estado de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac del Norte.
13:00 a 15:00. Mesa 12: Desarrollo social.
Moderador: Maestro Jesús Ruiz Munilla.
Licenciada Adriana Campos López, abogada general del Instituto Politécnico Nacional.
Doctor Carlos de Buen Unna, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Diputado Carlos Flores Rico, legislador federal por Tamaulipas, integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Social.
Doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, académico de la UNAM.
15:00 a 16:00. Receso para comida.
16:00 a 18:00. Mesa 13: Justicia y seguridad.
Moderador: Licenciado Óscar Uribe Benítez
Doctor Luis de la Barreda Solórzano, director general del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, AC, y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Licenciado Juan Velázquez, abogado penalista.
Diputado Arturo Zamora Jiménez, legislador federal del PRI por Jalisco y ex procurador de Justicia de ese estado.
Doctor Samuel Antonio González Ruiz, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
18:00 a 19:45. Mesa 14: La visión municipal en el sistema de distribución de competencias.
Moderador: Licenciado Rafael Velázquez Gallegos
Maestro Sergio Arredondo Olvera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México
Licenciada María del Rosario Castro Lozano, coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación.
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán, legislador federal por San Luis Potosí, presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, ex presidente municipal de San Luis Potosí.
Ingeniero Juan Carlos Ruiz García, secretario del honorable ayuntamiento de Monterrey, NL.
Doctor Salvador Valencia Carmona, Investigador de IIJ-UNAM.
19:45 a 20:00. Clausura.
Atentamente
Licenciado César Kuno Becker Cuéllar
Director General
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Al foro Tendencias actuales de la juventud en México, que se llevará a cabo el miércoles 29 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctora María de los Ángeles Máscott Sánchez
Directora General
De la Comisión de Reforma Agraria
Y la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, al diplomado Políticas públicas y estrategias para el desarrollo rural: globalidad y soberanía, que se realizará los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 29 de agosto, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el edificio I, PB.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.
Informes del 1 febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 5036 0000, extensión 57227; 04455 3666 5185, 04455 2921 2480; y en el correo electrónico conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en las oficinas de la comisión, situadas en el edificio F, segundo piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Habrá 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo, los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 10:00 horas.
Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo
Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo y 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio
Módulo IV. Los retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio y 1, 4, 6, 8, 11 y 13 de julio
Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio y 1, 3 y 5 de agosto
Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto
Atentamente
Diputado Óscar García Barrón
Presidente
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
Al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
La Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Documentación, Información y Análisis y los Servicios de Investigación y Análisis invitan al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
Calendario
1. Recepción de ponencias, enero-marzo.
2. Publicación de resúmenes (abstracts) de las ponencias, enero-abril.
3. Publicación de ponencias, mayo.
4. Recepción de comentarios, junio-julio.
5. Publicación de conclusiones, agosto
Participantes
Podrán participar todos los miembros de Redipal.
Temas
Tema rector
a) Propuestas o estudios sobre materia penal y seguridad pública*
Jueces de control
Extinción de dominio
Arraigo
Testigos protegidos
Mando único policial
Fuero militar
Sistema penal acusatorio, entre otros
Impacto social o económico de dichas propuestas
b) La sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías en apoyo de la función legislativa y fortalecimiento de la democracia
Temas permanentes
Origen, desarrollo y experiencias de personas, órganos e instituciones en la realización de las actividades destinadas a los servicios de información, investigación y análisis en apoyo a la labor legislativa.
Lineamientos
1. Las ponencias serán enviadas a Redipal por correo electrónico, en Word, no deberán exceder de 15 cuartillas, en Arial 11, a espacio y medio, y deberán contener el título de la ponencia, el nombre del autor, domicilio y correo electrónico y un resumen, de un máximo de una cuartilla.
2. Conforme se vayan recibiendo las ponencias se publicará el resumen de éstas y posteriormente la totalidad, en orden cronológico de recepción.
3. Se abrirá la recepción de comentarios, que no deberán exceder de dos cuartillas, en Word, Arial 11, a espacio y medio, que se publicarán en su totalidad.
4. El Comité Redipal elaborará las conclusiones que se publicarán en la red.
Constancia de participación
1. Se extenderá constancia especial a los integrantes de la Red que hayan presentado una ponencia en los términos requeridos.
2. Se extenderá constancia a los integrantes que hayan elaborado comentarios en los términos requeridos.
3. Las constancias se harán llegar por correo postal al término del congreso a la dirección que indique el participante.
Disposiciones generales
1. Los trabajos del congreso se publicarán a su conclusión.
2. Todo lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto en definitiva por el comité organizador.
Informes y aclaraciones
jorge.gonzalez@congreso.gob.mx
victor.pitalua@congreso.gob.mx
Teléfonos (+52) o (01) 55 5036 0000 y, sin costo, 01 800 122 6272, extensiones 67032, 67031 y 67034.
Nota
* Puede ser de utilidad consultar las investigaciones siguientes:
1. SPI-ISS-22-08, Análisis del paquete que reforma nueve ordenamientos en materia de seguridad pública presentado por el Ejecutivo federal, octubre de 2008, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-22-08.pdf
2. SPI-ISS-17-09, Nueva Ley de la Policía Federal. Comparativo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y el texto de ley vigente, así como del decreto relativo a la intervención de comunicaciones, junio de 2009, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-17-09.pdf
3. SPI-ISS-30-10, Análisis de la iniciativa de mando único policial presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República, 7 de octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-30-10.pdf
4. SPI-ISS-31-10, Análisis de la iniciativa en materia de fuero militar presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República, octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-31-10.pdf
Atentamente
Diputado Aarón Irízar López
Presidente
De la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas, cuarta edición, 2011.
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas y economía pública, que coadyuven con el trabajo legislativo en la materia.
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan con los estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso, siempre y cuando tengan como principal referente a las finanzas públicas de México.
b) Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento del campo de las finanzas públicas.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
Estar redactados en español.
Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Los ensayos se presentarán en sobres cerrados, rotulados con un pseudónimo, cinco ejemplares impresos del total de la obra, cinco resúmenes, cinco discos con los archivos electrónicos y, en forma anexa por separado, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas del mundo de las finanzas públicas a colaborar en esta noble actividad en aras de estimular la investigación y la producción intelectual.
Premios
Primer lugar: 125 mil pesos.
Segundo lugar: 50 mil pesos.
Tercer lugar: 25 mil pesos.
Publicación
Las investigaciones premiadas serán publicadas en la revista Finanzas Públicas, del CEFP, en el número inmediato a la entrega de los estímulos y reconocimientos.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 3 de diciembre de 2010 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el 30 de junio de 2011.
La decisión del Jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CEFP: www.cefp.gob.mx, y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir al correo electrónico admin.cefp@congreso.gob.mx, o al número de teléfono 5036 0000, extensiones 55218 y 55220.
Atentamente
Diputado Óscar Levín Coppel
Presidente del Comité del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana a concursar para el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, primera edición, 2011.
Objetivo
Fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios de calidad en materia social y de desarrollo económico, social y de opinión pública que coadyuven con el trabajo legislativo.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Bases
Pueden participar todos los interesados que presenten trabajos que apoyen el trabajo legislativo en México a partir de los siguientes temas:
Legislación y políticas públicas para el desarrollo social.
Legislación y políticas públicas para el desarrollo económico de las regiones.
Opinión pública, agenda legislativa y políticas públicas.
Los trabajos deberán cumplir con alguna de las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso;
b) Que contribuyan al conocimiento para el desarrollo económico o social del país;
c) Que apoyen el desarrollo de la cultura política y la vida democrática;
d) De aplicación al marco jurídico, o
e) Políticas públicas de alcance nacional.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
Estar redactados en español.
Presentarse en tamaño carta, con tipografía Arial de 12 puntos e interlineado de 1 .5; margen izquierdo de 2.5 cm y derecho de 3 cm. Tener una extensión de 20 a 30 cuartillas.
Los cuadros, mapas y gráficas deberán cumplir con las siguientes características: Tipografía Arial de 10 puntos, con figuras (barras, columnas, líneas, pasteles) en colores blanco, negro y grises, o con tramas de líneas o puntos; dichos elementos deberán ser presentados tanto integrados al texto, como en un archivo (Excel) anexo y su presentación deberá ser clara, precisa e incluir, en todos los casos, su respectiva fuente.
Para las referencias bibliográficas deberá utilizarse la pauta estadounidense en la que, entre paréntesis, se escriba el apellido del autor, el año de la publicación y la página o páginas citadas; ejemplo: (López, 2007: 8-13). Es importante presentar la información completa de las referencias, mismas que deberán ser verificadas de manera cruzada con la sección de bibliografía. Se recomienda la siguiente forma de elaborar dicha sección:
Libros: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título en cursivas, país, editorial, páginas.
Capítulos de libro: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre(s) de autor (es), título del libro en cursivas, lugar o país, editorial.
Revistas: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre de la revista en cursivas, tomo o volumen, número, lugar o país.
Internet: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título, nombre del sitio web, dirección URL completa y fecha del artículo o, en su caso, de la consulta.
La bibliografía se presentará en orden alfabético conforme a los apellidos de los autores.
Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Las investigaciones se presentarán en cinco sobres cerrados, rotulados con pseudónimo, e indicarán claramente el tema y la modalidad a la que se inscriben. Cada sobre deberá contener un ejemplar impreso del total de la obra, resumen y disco con archivo electrónico. En forma anexa, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega de los trabajos y su inscripción al Premio pueden ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la honorable Cámara de Diputados, situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas en estudios sociales, económicos y de políticas públicas para colaborar en la dictaminación de los trabajos presentados.
El jurado valorará, además de la calidad de los escritos, su originalidad y aportación al trabajo legislativo.
Premios
Primer lugar: 130 mil pesos.
Segundo lugar: 50 mil pesos.
Tercer lugar: 25 mil pesos.
De acuerdo con el criterio del jurado calificador, los premios podrán declararse desiertos.
Publicación
Los mejores trabajos serán publicados y podrán ser difundidos en cualquier otro medio que determine la Cámara de Diputados. En todos los casos se dará el crédito respectivo a los autores.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 1 de junio de 2011 y la fecha límite para la entrega de los trabajos será el 30 de septiembre de 2011.
La decisión del jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CESOP: www.diputados.mx y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir a los correos electrónicos gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx y angeles.mascott@conareso.gob.mx, o a los números telefónicos 5036 0000 y 01 800 1226272, extensiones 55238 y 55237.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, División de Educación Continua y Vinculación, al diplomado Derecho, instituciones y procesos legislativos, que se llevará a cabo los viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, y los sábados, de las 9:00 a las 14:00, del 22 de julio al 12 de noviembre, en los salones números 3 y 4 del edificio I.
El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios públicos, investigadores, estudiantes, así como a las personas interesadas y/o relacionadas con la política, los procesos legislativos y la formulación de políticas públicas, en los tres niveles de gobierno o desde la sociedad civil.
Objetivo general
Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el conjunto de normas, usos y prácticas que determinan su funcionamiento, aunado a un ejercicio científico de estudio comparativo de los regímenes políticos actuales en el mundo y de las reformas que están realizando para mejorar sus procesos democráticos, sus metodologías técnicas, la evaluación de sus resultados y su efecto en el fortalecimiento del Estado de derecho y de las políticas públicas. Se considerarán los nuevos referentes sociales, políticos e internacionales, para sustentar la eficacia de la formulación de leyes, las funciones de control, presupuestación, fiscalización y jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación como marco necesario para avanzar en la consolidación de gobiernos eficaces, transparentes y promotores de una mejor sociedad.
Fechas: Del 22 de julio al 12 de noviembre de 2011.
Sesiones: Viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 14:00 horas, con una semana intermedia de descanso.
Sede: Palacio legislativo de San Lázaro, aulas 3 y 4 del edificio I, planta baja.
Informes e inscripciones del 6 de junio al 15 de julio de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360147 y 50360148, 044 55 29212480, 04455 3666 51 85, en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal2@yahoo.com, conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la comisión, situada en el primer piso del edificio F, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Metodología
Se impartirán 6 módulos, en 24 sesiones, con 120 horas de trabajo.
Se acreditará con un mínimo de 80 por ciento de asistencia y la aprobación de las evaluaciones correspondientes.
Módulo I. Regímenes políticos y regímenes parlamentarios.
Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, asambleísmo, aspectos generales del derecho parlamentario y de las prácticas parlamentarias, estudios comparados de modelos de Parlamento.
22, 23, 29 y 30 de julio.
Módulo II. Sistemas electorales y formas de representación parlamentaria.
Sistemas de partidos; elecciones competitivas: sistemas democráticos; elecciones semicompetitivas: sistemas autoritarios; elecciones no competitivas: sistemas totalitarios; distribución de las circunscripciones electorales; tamaño de las circunscripciones electorales; candidaturas; conversión de votos en escaños, representación por mayoría y representación proporcional.
12, 13, 19 y 20 de agosto.
Módulo III. Estructura y proceso legislativo.
El marco legal del Congreso, la organización y composición de los cuerpos legislativos, la organización administrativa y técnica, el debate parlamentario, las asociaciones regionales e internacionales de carácter parlamentario, los proyectos legislativos, iniciativas, proposiciones, dictámenes, las comisiones, los órganos de gobierno, los trámites parlamentarios.
2, 3, 9 y 10 de septiembre.
Módulo IV. Estrategias para la productividad legislativa.
La viabilidad de proyectos legislativos: conceptos y herramientas; los sistemas de administración parlamentaria; la contratación y administración del personal parlamentario; los sistemas de información parlamentaria; la asesoría y la consultoría parlamentaria; el perfil legislativo: elegibilidad-cualificación-representación; la representación y la transparencia; mecanismos de rendición de cuentas; mecanismos de consulta ciudadana; plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato; el cabildeo legislativo.
23, 24, 30 de septiembre y de octubre.
Módulo V. Las funciones presupuestal, económica y de control y fiscalización del Congreso.
El proceso presupuestario, límites y alcances; la función fiscal; la evaluación de las políticas públicas, la fiscalización de la gestión pública; el sistema de control ingreso-gasto; la legislación de responsabilidades de los servidores públicos; las auditorías públicas; indicadores y evaluación de la gestión pública; la evaluación por programas; el dilema de la reconducción presupuestal, tipos y opciones de presupuestos aplicables para México.
14, 15, 21 y 22 de octubre
Módulo VI. Reforma del Estado y reforma parlamentaria.
Representación política; minorías; consultas; la integración territorial; el parlamento en la gobernanza, calidad legislativa y proceso parlamentario; nueva representación, transformación moderna de la ley; la relación pleno-comisiones; las reformas del marco jurídico; la legislación delegada; la afirmativa y negativa ficta; la reestructuración de las comisiones; plebiscito, referéndum e iniciativa popular; la ética y la rendición de cuentas legislativa; las nuevas tecnologías en los procesos parlamentarios.
4, 5, 11 y 12 de noviembre
Atentamente
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Presidente
