Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3281, lunes 13 de junio de 2011
Iniciativas
Que reforma el artículo 79 y adiciona el 89 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Ruth Lugo Martínez, en nombre de la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara la suscrita, María del Carmen Guzmán Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, por la que se reforma el artículo 79 y se adiciona el 89 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con lo que establece la Ley General de Salud, en su artículo 51, “los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.
Uno de los paradigmas que deben romperse con relación a la calidad de las prestaciones de salud, es que la calidad se encuentra implícita en las mismas, por el contrario la calidad debe hacerse explícita.
El reto es generar las condiciones necesarias para que el sistema nacional de salud pueda garantizar la prestación de servicios de atención médica con Efectividad, Eficiencia, Ética y seguridad a favor del paciente y que él pueda palparlo y expresar su conformidad.
La calidad de las prestaciones de salud gira en torno a dos ejes temáticos, el primero es el técnico, por lo que los profesionales de la salud, en este caso los médicos deben proporcionar sus servicios de manera efectiva con base en la aplicación de los conocimientos adecuados y específicos para la resolución de los problemas de salud de cada paciente que trata.
El segundo elemento es el interpersonal, para lo cual el médico debe estar capacitado para tratar con respeto a la dignidad e integridad del paciente y con estricto respeto a los principios éticos y científicos que rigen la práctica médica. Estos dos elementos jamás podrán aplicarse a cabalidad si los médicos no se ocupan de su actualización permanente en ambos ejes temáticos.
Lograr el objetivo de contar con servicios de salud con calidad en el aspecto de la prestación de servicios de atención médica no será posible sin la participación de los mismos médicos, por lo que el proceso de colegiación para la certificación y recertificación resulta crucial.
La Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, señala en su artículo 50 inciso a), como uno de los propósitos de los colegios el de “la vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral”. No obstante, en el ámbito de la salud, la colegiación se ha considerado de carácter potestativo para los médicos generales.
Es necesario considerar que los médicos generales son el primer contacto con la mayoría de los pacientes y que de la efectividad de ese primer diagnóstico depende que el paciente encuentre una pronta recuperación o inicie de manera oportuna el tratamiento o la prevención de una enfermedad, lo que generaría un gran ahorro de recursos.
Es necesario considerar que de 2 mil 927 quejas que durante el año de 2010 recibió la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 737 fueron a causa del tratamiento médico, 712 a causa del diagnóstico, 171 por la relación médico paciente y 1048 por el tratamiento quirúrgico, 1 lo que significa que el 91 por ciento de las quejas interpuestas durante el año 2010 ante esa comisión se encuentran relacionadas con el desempeño del personal médico.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud en el año de 2007 en México existían 217,320 médicos en contacto con el paciente, incluyendo médicos generales, especialistas, odontólogos, pasantes, residentes e internos en el país. 2
Del total de médicos, 70.2 por ciento se ubicaban en el sector público y 29.8 por ciento en instituciones privadas. Asimismo 84.2 por ciento de las enfermeras están en el sector público. El crecimiento del personal médico dentro del sector público muestra avances importantes en el periodo 2000 a 2007, el cual es de 27.7 por ciento, lo que representa 30, 054 médicos más.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3 en 2009, en el sector público se contaba con 16 mil 313 médicos, de los cuales 14,501 tenían contacto en ese momento con pacientes, de ellos 4 mil 705 eran médicos generales y 7078 especialistas, el resto eran médicos en formación y en otras labores.
En ese mismo año, de acuerdo con Inegi, se registraron en el sector público 32 millones 397 mil 772 servicios otorgados en consultas externas, de ellos, 25 millones 300 mil 618 fueron proporcionados por médicos generales, esto es un 78.7 por ciento. Solamente 3 millones 481 mil 588 fueron proporcionados por médicos especialistas. El 45.7 por ciento fueron proporcionados a población asegurada y el 54.3 por ciento a no asegurada.
Dada la importancia de la función que los médicos generales juegan en el proceso de la prestación de servicios de salud, resulta pertinente establecer mecanismos para garantizar a los usuarios que serán atendidos por médicos actualizados en cuanto a sus conocimientos médicos.
Con la certificación y recertificación de los médicos generales se romperá el paradigma de que la adquisición de una cédula es prueba de que un médico tiene la plena capacidad para proporcionar atención a un paciente, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que cursó la carrera.
Como legisladores debemos estar comprometidos a generar las condiciones que permitan que los usuarios de los servicios de salud obtengan una prestación de servicios de atención médica con eficiencia, eficacia, ética y seguridad.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma las Leyes General de Salud
Artículo Único: Se reforma el párrafo primero del artículo 79 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 89 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Asimismo, los médicos generales deberán contar con la correspondiente certificación emitida por un colegio de médicos generales debidamente registrado ante la autoridad competente.
...
Artículo 89. ...
...
Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades sanitarias y con la participación de las instituciones de educación superior definirán los procedimientos para la certificación y recertificación de los médicos generales, así como, los conocimientos y habilidades técnicas que integrarán la base de su actualización como profesionistas.
Transitorios
Primero . El presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . Las Secretarías de Salud y de Educación Pública dispondrán de un periodo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para realizar, en el ámbito de sus facultades, las adecuaciones normativas y reglamentarias para la aplicación del mismo.
Notas
1 Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Informe de Labores, estadística 2010. México. http://www.conamed.gob.mx/interiores_2010.php?ruta=http://www.conamed.g ob.mx/conocenos/&destino=informes.php&seccion=78
2 Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud. México. Cifra tomada el 16 de mayo de 2011. http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/rh_spp_n_001.xls
3 Perspectiva Estadística México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Marzo de 2011.
Dado en la Cámara de Diputados, a 8 de junio de 2011.
Diputada: María Del Carmen Guzmán Lozano.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal, presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
El suscrito diputado César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 68 numeral 1, 77, 78 y 102, numeral 2, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y se reforman los artículos 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman las fracciones II y XIII del artículo 2º; el inciso c) de la fracción I, el inciso c) de la fracción II y el inciso c) de la fracción III, todos del artículo 5º; el artículo 19 en su totalidad; los párrafos segundo y tercero del artículo 47; el único párrafo del artículo 57; el primer párrafo del artículo 58; y, el primer párrafo del artículo 67; así como se derogan los artículos 20; el párrafo cuarto del artículo 47; el párrafo quinto del artículo 54; los párrafos último, penúltimo y antepenúltimo del artículo 58; el artículo 59; y, el artículo 60; la fracción VII del artículo 65; todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y, se adiciona el artículo 223 Bis del Código Penal Federal, por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa se presenta en los siguientes términos:
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y Argumentos que sustentan la iniciativa.
En materia de definición de gasto y uso de recursos públicos nuestro diseño constitucional aún con algunas cosas que podrían mejorar, es adecuado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en la fracción IV del artículo 74, que corresponde a la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
La propia fracción dispone que la aprobación del PEF esté vinculada estrechamente con la aprobación de la Ley de Ingresos, ya que para definirlo, deben aprobarse las contribuciones que habrán de decretarse para cubrirlo.
Por otra parte, el artículo 31, fracción IV de la Constitución dispone como obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público en los términos que determinen las leyes que emite el Poder Legislativo federal.
Así que, el Congreso de la Unión debe definir las contribuciones que corresponden a los ciudadanos para el gasto público. Se enfatiza, las contribuciones que tengan como objeto y finalidad el gasto público, es decir, el PEF que se estima necesario para la realización de la actividad estadual.
El Estado, como todos sabemos, requiere de recursos para la operación y cumplimiento de las atribuciones de los Poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos. Lo mismo en materia de prestación de servicios públicos como la educación, la salud y la vivienda; que en la realización de programas sociales que apoyen a las personas menos favorecidas, para la promoción cívica, turística, cultural y de actividades que promuevan el desarrollo nacional y para la realización de las tareas vinculadas a la democracia, a la justicia, a la transparencia, entre muchas otras.
Esta cadena de proyección del gasto público, construcción y aprobación del PEF, definición de contribuciones y el ejercicio del PEF aprobado conforme a programas que permitan el cumplimiento de fines y objetivos, se enfatiza en el artículo 126 de la Constitución al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior, con lo que es clara la trascendencia de mantener, por regla general, el gasto público conforme al presupuesto, ya que se supone que éste es resultante de un ejercicio cuya premisa es el uso de recursos públicos para el beneficio colectivo.
El ejercicio de los recursos públicos, según lo dispone en el artículo 134 de la Constitución, debe hacerse para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, es decir, los planteados en el PEF aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, los artículos 74, fracción VI, 79, fracción I, y el propio artículo 134 de la Constitución disponen principios para la aplicación de los recursos públicos y, sobre todo, para la revisión del ejercicio presupuestal por las entidades públicas.
Baste señalar, para lo que aquí nos interesa, que deben evaluarse los resultados de la gestión financiera, comprobarse si el ejercicio se ha ajustado a los criterios señalados en el PEF y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Esto es, una vez establecida la materia de contribución ciudadana al gasto público definido, corresponde a las entidades públicas el ejercicio en términos de resultados financieros, apego a los criterios y, fundamental, el cumplimiento de los objetivos de los programas.
De tal manera que la definición presupuestal tiene una finalidad social, traducida en el cumplimiento de determinados objetivos, con lo que, como es natural, los recursos presupuestales, la lógica y la finalidad expuesta indican, no deben destinarse a objeto diverso al previsto en el PEF, ya que de si esto es así no se cumplirá con el propósito, lo que resulta de la mayor importancia tratándose de servicios públicos y programas sociales.
No obstante esta conclusión derivada de la revisión constitucional, el Poder Ejecutivo federal, por conducto de sus entidades, señaladamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizan modificaciones al PEF sin la autorización del Poder Legislativo, que lo ha aprobado, y sin escrutinio alguno respecto de los objetivos perseguidos y la medición de afectación -cuantitativa y cualitativa- de los programas originalmente previstos.
En efecto, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permite a los tres Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos a establecer adecuaciones presupuestales, que son definidas en la misma norma como las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto.
Con base en dicha figura jurídica, se realizan constantemente egresos no autorizados en el PEF ni en leyes. De esa forma, conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009, el Poder Legislativo federal tuvo modificaciones netas a su presupuesto 1 por 361.21 millones de pesos, 2 el Poder Judicial federal por un mil 040.88 millones de pesos 3 y los órganos constitucionales autónomos por 3 mil 051.96 millones de pesos. 4 Los órganos centrales del Poder Ejecutivo federal rebasaron, en gran medida, a los mencionados.
De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009, se colige que 77 mil 206.82 millones de pesos destinados por la Cámara de Diputados en el PEF a diversos ramos de los tres poderes federales y organismos constitucionales autónomos, fueron destinados a otros diferentes o se decidió modificar el PEF para no gastar en los mismos y utilizar los recursos en otras actividades.
Ahora bien, si el gasto neto total del Gobierno Federal previsto en el PEF 2009, fue de 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, 77 mil 206.82 millones de pesos constituyeron en ese año modificaciones netas al PEF lo que significa el 2.53% del total de los recursos.
No obstante el porcentaje referido, cabe destacar que los 77 mil 206.82 millones de pesos que constituyeron en ese año modificaciones netas al PEF no son una cantidad menor, considerando que en 2009 se destinó poco más de la mitad de esos recursos al desarrollo integral de la población indígena, 5 un 25.74% de esa cantidad a los nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad 6 y tan sólo un 23.20% de esa cifra en erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura. 7
De esa forma, es evidente que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria autorizó a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos a realizar pagos sin la aprobación de la Cámara de Diputados a través del PEF o sin contar con una ley especial que posteriormente autorizara esa erogación.
Pues bien, tal y como lo ha señalado la propia Auditoría Superior de la Federación, las transferencias de recursos entre programas es una constante y no tiene, para los servidores públicos partícipes de la modificación presupuestaria sin autorización de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sanción o repercusión alguna. El quebrantamiento del diseño constitucional en la materia queda impune.
La definición presupuestal y de contribuciones, el señalamiento específico de programas y objetivos de la acción del Estado, al día de hoy, puede y es modificado impunemente por el Poder Ejecutivo federal, en particular por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que no es un tema menor.
Se trata de que una oficina del Ejecutivo federal modifica, por la vía de los hechos y en la mayoría de los casos sin una motivación de beneficio social, el presupuesto aprobado por esta soberanía.
El diseño constitucional en la materia es adecuado ya que existe un ciclo virtuoso definido en la Constitución que principia por la obligación de rendir cuentas de la administración y exigir que estas cuentas sean puntualmente dictaminadas por la Cámara de los Diputados de manera exclusiva. Sin embargo, lo que no se vales es la serie de prácticas y normas administrativas, circulares, reglamentos o simples acciones y hechos del autoritarismo presidencial, que han construido en los hechos un sistema paralelo para burlar la lógica, la teleología y el sentido de las disposiciones constitucionales en esa materia.
Se entiende que al rendir las cuentas, se hace una evaluación del resultado que la sociedad experimenta después de la aplicación del último Presupuesto de Egresos de la Federación que implica los beneficios hubieron de la aplicación de los programas aprobados; qué ventajas advirtió la sociedad con el desarrollo de tales programas; qué problemas han podido solventarse y cuáles aún exigen una aproximación programática o económica mayor; en fin, cuál es el resultado cuantitativo de la gestión pública en un año de ejercicio presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados.
A partir de ahí, comienza, teóricamente, el nuevo ejercicio de presupuestación. Se entiende que el Ejecutivo, al evaluar los resultados reales de su gestión, decidirá el proyecto de inversiones presupuestales que deben ser destinados para incidir positivamente en los problemas de la sociedad.
La Constitución precisa los tiempos y exige los análisis que deben de ser realizados para advertir los énfasis y las oportunidades; pero también las amenazas y deficiencias que deben tratar de evitarse en el próximo presupuesto que se presente a la consideración de la soberanía cameral.
Se entiende que una vez elaborado este proyecto de presupuesto que pretende corregir las deficiencias que la cuenta pública ha venido mostrando, entonces sí hay razón para discutir cómo van a satisfacerse económicamente las demandas del nuevo ejercicio presupuestal así propuesto.
Ahí viene el análisis de los impuestos que al final, con todas las denominaciones que la administración hacendaria ha creado, que en el fondo son contribuciones que bajo la forma de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, los ciudadanos tienen que aportar.
El diseño constitucional en su esencia no ha variado desde 1917, y es un esquema sabio porque resume la experiencia pragmática de la economía gubernamental que requiere tener un presupuesto de egresos sobre la base de los resultados de su ejercicio que produce la revisión de la cuenta pública, y que propone la forma como debe ser sufragado por los ciudadanos.
En los hechos, esta cuestión que parece de lógica elemental y de sentido común, se ha tergiversado totalmente. Ahora se discuten los impuestos a partir de la audacia de los políticos, se propone más o menos sin referente alguno porque más que un análisis, en la lógica constitucional del diseño presupuestario, son ocurrencias que pretenden legitimarse por el estruendo publicitario.
Por otro lado, la Cuenta Pública se ha convertido en una actuación y re actuación anual del muro de las lamentaciones y la crítica, que conducen a bien poco.
Cada año se discute la cuenta pública en escenarios discretos de la Cámara de Diputados, se dicen ahí cuestiones delicadas que tienen que ver con el fracaso abierto de políticas públicas que no producen los resultados a pesar de las cuantiosas inversiones anuales o bien simplemente se da cuenta de maniobras, de mañas, de perversidades de quienes tienen en sus manos el ejercicio de poder hacendario, para tergiversar los acuerdos, disimular los contenidos o abusar de su autoridad.
Las casi mil auditorias que realiza la Auditoria Superior de la Federación es un dinero mal aprovechado, porque aún cuando hay evidencias de que las cosas podrían mejorarse con la simple observación de lo que los auditores señalan, no hay forma alguna de que la autoridad hacendaria volteé a ver siquiera los resultados de las evaluaciones a la cuenta pública.
Los legisladores se esmeran en estudiar los cuadernillos informativos y en largas horas de discusión se van perfilando los errores y las exageraciones a veces incalificables en que anualmente incurre la administración pública.
El proceso de dictaminación de la cuenta pública ha ido en los extremos, sin que en ningún de los casos produzca resultado positivo alguno. Por ejemplo, la legislatura anterior de la Cámara de Diputados no dictaminó una sola de las cuentas públicas que le correspondía dictaminar de manera exclusiva. Simplemente la Cámara de Diputados recibió la cuenta y la guardó en un cajón, sin haber pedido la revisión correspondiente que está perfectamente definida en la Constitución y en la ley de la materia.
No pasó nada. Los tres presidentes de la Junta de Coordinación Política, los tres presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y los presidentes de las Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, no tuvieron el menor problema, nadie les preguntó por qué no cumplieron con su obligación constitucional, nadie les exigió un juicio de responsabilidad por omitir funciones a las que están obligados por la ley. La prensa no se ocupó del asunto y, en consecuencia, la impunidad absoluta reinó durante toda esa legislatura que en mi opinión debían tener alguna sanción. Ese es un extremo, simplemente hacer caso omiso de la facultad y no revisar la cuenta pública.
El otro extremo, es el ocurrido el año pasado (2010) cuando se procedió a dictaminar la cuenta pública del 2008 y se decidió, por amplia mayoría no aprobar el ejercicio contenido en la cuenta pública; es decir, reprobar la gestión pública del Presidente Felipe Calderón por evidentes irregularidades en múltiples ámbitos. Tampoco pasó nada, absolutamente nada.
A la presentación del Presupuesto, otra vez la Secretaría de Hacienda hizo caso omiso de las observaciones de la cuenta pública y presentó otro presupuesto producto del capricho, la ocurrencia o la necesidad publicitaria del Presidente, que motivó el escenario anual de discusiones que siempre concluyen en la sistemática aprobación del presupuesto, porque se dice que de no aprobarse, los mercados causarían terribles daños a la economía del país y eso en este sistema, es impensable, por lo que aparte de los fuegos fatuos y de las discusiones menores o mayores sobre distintos rubros del presupuesto, esto indefectiblemente es aprobado.
El Plan Nacional de Desarrollo es un documento inútil, nadie se acuerda de él, aun cuando se muestre la incongruencia entre el plan y los presupuestos aprobados o la falta de eficacia de los programas, en relación con los objetivos del plan, esto parece no importarle a nadie.
La Secretaria de Hacienda participa activamente con sus cabilderos y busca que la aprobación de su Presupuesto, tanto en lo referente a los ingresos como a los egresos, sea aprobado sin dilación.
Ellos mismos no se detienen a pensar en lo absurdo de todo el ejercicio, en lo inútil que resulta el desgaste anual que se realiza ahora, ajeno a la lógica constitucional.
Pareciera que la única explicación posible es que la Secretaría de Hacienda quiere ratificar anualmente el clima de impunidad en que vive, en el que prácticamente el Secretario de Hacienda y Crédito Público es el dueño único de los miles de millones de pesos que todos los ciudadanos mexicanos construyen por la vía de sus contribuciones. De no ser así, no hay explicación lógica alguna para el ejercicio de desgaste que concluye con debates que se corrigen después con fe de erratas. No se entiende el porqué de toda esa presión mediática, si el Secretario de Hacienda sabe perfectamente que él hará con el presupuesto aprobado por la Cámara lo que le venga en gana.
Sentado en la impunidad, detiene los recursos públicos remitiéndolos cuando cree conveniente, decide reglas de operación para el ejercicio de diversos programas a los que quiere favorecer o desfavorecer, según le convenga; de manera inaudita envía más dinero del presupuestado a dependencias o entidades del sector público, sin que le dé explicación a nadie.
Además, usa la Tesorería de la Federación como si fuera la caja de un banco en el que deposita los dineros públicos que provienen de subejercicios y éstos, en el colmo, a veces están a nombre propio de los funcionarios que manejan esos recursos públicos. Claro está, ese subejercicio luego se envía a donde le plazca al Secretario, sin hacer el más elemental informe previo a la Cámara de Diputados.
En términos concretos el presupuesto es una entelequia; el dueño de la bolsa, que es el Secretario de Hacienda, dispone del Presupuesto a su antojo.
En la cuenta del 2009, como se ha señalado, varios miles de millones de pesos de los programas de desarrollo social, fueron enviados a programas distintos de los presupuestados. En un exceso, se transfirieron recursos a la Secretaria de la Función Pública en un volumen de dinero mucho mayor al monto total de su presupuesto, sin que lo hubiera pedido el Secretario o hubiese explicación alguna. El Secretario de Hacienda lo envió y el de la Función Pública lo recibió, como si se tratara de dos compadres haciéndose trasferencias a sus propias cuentas de ahorros.
Es decir, que el Presupuesto es violado sistemática, deliberada y ofensivamente para la elemental salud de la convivencia social.
No parece haber remedio legislativo alguno porque todas las iniciativas que para mejorar o clarificar la responsabilidad hacendaria se presentan, quedan retenidas en las Comisiones dictaminadoras de Hacienda y Programación y Presupuesto y los legisladores de todos los partidos no quieren incomodar a esas Comisiones para disfrutar de algunos beneficios para sus distritos en el momento de la nueva repartición presupuestal.
A más de que es necesario establecer adecuaciones en la mecánica administrativa que rige lo descrito, desde mi punto de vista, la acción del Secretario que otorga y del funcionario que recibe fuera del presupuesto, actualiza puntualmente el delito de peculado porque simplemente disponen de fondos públicos para cosas distintas a los que fueron autorizados.
Es tiempo de terminar con esta simulación y es mi opinión que con mayor regulación constitucional y legal, y solo constituyendo una figura delictiva para quien tergiverse el Presupuesto de Egresos de la Federación, será posible terminar con esta impunidad que ahora se vive.
1. Reforma propuesta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Como consecuencia de lo antes referido, considero que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser modificada a efecto de conseguir los siguientes objetivos:
a) Que efectivamente no se realice pago alguno que no esté contemplado en el PEF.
b) Que se faculte a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para cambiar el PEF una vez aprobado éste conforme a los lineamientos que actualmente se encuentran vigentes.
c) Que las reformas que se realicen al PEF estén debidamente justificadas con ingresos suficientes para cubrir los gastos materia de la reforma.
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la propuesta de adicionar un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y reformar los artículos 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho de presentar el proyecto de PEF siga correspondiendo en exclusiva al Ejecutivo federal, y que éste sea examinado, discutido, modificado y aprobado en los términos actuales, pudiendo sufrir cambios durante su vigencia siempre y cuando estén soportados con ingresos suficientes.
Igualmente, se exigiría a los ejecutores del gasto un apego estricto a lo previsto en el PEF ya que no se tolerarán diferencias en el presupuesto ejercido, respecto a lo aprobado por los diputados del Congreso de la Unión.
En ese tenor, se faculta al Ejecutivo federal y a las demás entidades autorizadas constitucionalmente para presentar iniciativas de reforma al PEF.
De esa forma, no se modifica el texto vigente de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, ya que se pretende mantener el actual esquema de iniciativa, discusión, modificación y aprobación del PEF.
De igual forma, se propone adicionar un séptimo párrafo que conceda facultad, al Poder Judicial federal y a las entidades legitimadas para ello, de proponer al Presidente de la República proyectos de iniciativa de reforma al PEF, quien decidirá si procede o no su presentación. Lo anterior a efecto de que los ejecutores del gasto que no dependen del Ejecutivo federal estén en posibilidad de hacer patentes sus necesidades en las modificaciones al PEF y no queden como meros entes sin voz en materia presupuestaria.
I.2. Reforma propuesta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Como se analizó con antelación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contrariamente al marco constitucional, se autoriza a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos a realizar pagos sin la aprobación de la Cámara de Diputados o sin contar con una ley especial que posteriormente autorizara esa erogación.
Al tenor de ello, se propone eliminar esa atribución a efecto de que sólo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pueda autorizar a los ejecutores de gasto, a través de reformas al PEF, adecuaciones presupuestarias y erogaciones adicionales a las aprobadas, con excepción de las adecuaciones que se tengan que realizar con motivo de emergencias por baja recaudación fiscal, en cuyo caso persistirían las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia y su obligación de informarlas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
De esa forma, la Cámara de Diputados podrá reformar el PEF en dos casos:
a) Cuando existan excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos y b) En los casos en que existan sobrantes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías.
En los casos de excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, se propone seguir con el orden de prioridades que actualmente prevé la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de cubrir inversiones petroleras, del FONDEN y de los estados.
Por otra parte, se busca favorecer que los Poderes de la Unión y que los órganos constitucionales autónomos tengan un gasto más eficiente. Para ello, en el caso de las hipótesis de que existan excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías, se prevé que la Cámara de Diputados premie a las áreas generadoras de esos recursos, destinándolos obligatoriamente a ellas mismas, preferentemente a los rubros en que se solicite sean empleados.
Con la presente reforma se busca que el gobierno federal cumpla con sus atribuciones legales con menos recursos, lo que se fomenta previendo que la Cámara de Diputados debe reencaminar los recursos ahorrados a rubros y partidas que propongan los propios ejecutores del gasto.
En México el gasto público está íntimamente relacionado con el cumplimiento de los planes y programas gubernamentales, por lo cual se propone a esta Soberanía medidas que permitan a la Cámara de Diputados identificar si efectivamente los recursos ahorrados se deben a su ejercicio inteligente o simplemente se están dejando de cumplir con objetivos.
Para lo anterior, conjuntamente con la solicitud de encaminar determinados recursos, el área ejecutora del gasto deberá anexar una justificación de que su generación no afectó al cumplimiento de los planes y programas, dicha solicitud será remitida al Ejecutivo federal para que, a su vez, emita un dictamen económico sobre la pertinencia de la generación de dichos excedentes. Con esa información, la Cámara de Diputados estará en aptitud de evaluar la pertinencia de los recursos generados y, sobre ello, podrá reformar el PEF en tres sentidos: a) Reencaminar de forma total o parcial los recursos a los rubros solicitados por el ejecutor del gasto, b) Reencaminar de forma total o parcial los recursos a rubros diferentes a los solicitados por el ejecutor del gasto y c) Ordenar que se empleen los recursos en los rubros previstos en el PEF, en virtud de que éstos se generaron sacrificando el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas.
Por otra parte, para hacer armónica la Ley, se propone reformar las definiciones, contenidas en el artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de adecuaciones presupuestarias y ejecutores del gasto.
Respecto a las adecuaciones presupuestarias, se precisa que las mismas corresponderán a la Cámara de Diputados y, respecto a los ejecutores del gasto, se incluye a la Auditoría Superior de la Federación ya que, a pesar de ser parte del Legislativo federal, sí requiere precisar, sin lugar a dudas, que quedará sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al igual que cualquier otro ente público federal.
I.3. Reforma propuesta al Código Penal Federal
En esas condiciones, la presente iniciativa, además propone una reforma al Código Penal Federal, a fin de adicionar un tipo penal equiparado a peculado, con el fin de castigar con pena de prisión, como la sanción máxima posible de nuestro sistema de justicia, a más de la inhabilitación correspondiente al servidor público y la reparación del daño ocasionado, no solo el desvío de los recursos públicos definidos por el PEF a un fin distinto al establecido en el mismo, sino las conductas de quienes acuerden o autoricen dicho desvío.
La penalidad máxima (privación de la libertad) se justifica en tanto que la definición del Poder Legislativo tiene el objetivo y alcances de beneficio social y los desvíos a un fin distinto afectan al colectivo.
II. Fundamento legal de la iniciativa
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de Diputado Federal de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71 fracción I, 72, 73 fracción XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 6º, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
III. Denominación del proyecto de Ley
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y se reforman los artículos 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman las fracciones II y XIII del artículo 2º; el inciso c) de la fracción I, el inciso c) de la fracción II y el inciso c) de la fracción III, todos del artículo 5º; el artículo 19 en su totalidad; los párrafos segundo y tercero del artículo 47; el único párrafo del artículo 57; el primer párrafo del artículo 58; y, el primer párrafo del artículo 67; así como se derogan los artículos 20; el párrafo cuarto del artículo 47; el párrafo quinto del artículo 54; los párrafos último, penúltimo y antepenúltimo del artículo 58; el artículo 59; y, el artículo 60; la fracción VII del artículo 65; todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y, se adiciona el artículo 223 Bis del Código Penal Federal.
IV. Ordenamientos a modificar
• De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone adicionar un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y reformar los artículos 75 y 126.
• De la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se propone reformar las fracciones II y XIII del artículo 2º; el inciso c) de la fracción I, el inciso c) de la fracción II y el inciso c) de la fracción III, todos del artículo 5º; el artículo 19 en su totalidad; los párrafos segundo y tercero del artículo 47; el único párrafo del artículo 57; el primer párrafo del artículo 58; y, el primer párrafo del artículo 67; así como derogar los artículos 20; el párrafo cuarto del artículo 47; el párrafo quinto del artículo 54; los párrafos último, penúltimo y antepenúltimo del artículo 58; el artículo 59; y, el artículo 60; la fracción VII del artículo 65.
• Del Código Penal Federal, se propone adicionar un artículo 223 Bis.
V. Texto normativo propuesto
Artículo Primero. Se adiciona un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y se reforman los artículos 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I a III...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y mientras éste tenga vigencia, la Cámara de Diputados podrá reformarlo por iniciativa del Ejecutivo Federal, a efecto de ampliarlo, disminuirlo o reorientarlo conforme a las necesidades de la Federación y de la economía nacional. Sólo en caso de que la reforma exceda los ingresos contemplados para el mismo, conjuntamente con ésta, se deberá aprobar la reforma la Ley de Ingresos correspondiente y enviarla, para su discusión, a la Cámara de Senadores.
El Poder Judicial de la Federación y las entidades públicas legitimadas, podrán proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativa de reforma al Presupuesto de Egresos de la Federación; el Presidente de la República resolverá sobre su presentación o no ante la Cámara de Diputados.
V. a VIII. ...”
“Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. No podrá realizarse ningún pago ni asignarse a persona alguna un empleo de nueva creación en la Federación que no esté contemplado en el Presupuesto de Egresos o sus reformas .”
“Artículo 126 . No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos correspondiente o determinado por la ley posterior.”
Artículo Segundo. Se reforman las fracciones II y XIII del artículo 2º; el inciso c) de la fracción I, el inciso c) de la fracción II y el inciso c) de la fracción III, todos del artículo 5º; el artículo 19 en su totalidad; los párrafos segundo y tercero del artículo 47; el único párrafo del artículo 57; el primer párrafo del artículo 58; y, el primer párrafo del artículo 67; así como se derogan los artículos 20; el párrafo cuarto del artículo 47; el párrafo quinto del artículo 54; los párrafos último, penúltimo y antepenúltimo del artículo 58; el artículo 59; y, el artículo 60; la fracción VII del artículo 65; todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 2o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. ...
II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, que autorice la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante reformas al Presupuesto de Egresos;
III. a XII. ...
XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos y la auditoría, así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos;
XIV. a LVII...
...”
“Artículo 5o. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:
a) a b)...
c) Solicitar a la Cámara de Diputados, a través del Ejecutivo Federal, las adecuaciones a sus presupuestos, observando las disposiciones de esta Ley;
d) a f)...
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación:
a) a b)...
c) Solicitar a la Cámara de Diputados, a través del Ejecutivo Federal las adecuaciones a sus presupuestos, observando las disposiciones de esta Ley ;
d)...
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones:
a) a b)...
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos c), d) y f) de la fracción I del presente artículo.
...”
Artículo 19. Salvo lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, sólo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión podrá autorizar a los ejecutores de gasto, a través de reformas al Presupuesto de Egresos, adecuaciones presupuestarias y erogaciones adicionales a las aprobadas, buscando que no se afecte negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no aumente el déficit presupuestario, conforme a lo siguiente:
A. En los informes trimestrales, el Ejecutivo Federal deberá reportar la existencia de excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, a efecto de que la Cámara de Diputados proceda a realizar las reformas al Presupuesto de Egresos, que se sujetarán a las siguientes reglas:
I. La Cámara de Diputados destinará los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones IV y V del apartado A de este artículo, a:
a) Compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones;
b) Costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio;
c) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia entre el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el límite previsto en el artículo 54, párrafo cuarto de esta ley; o
d) La atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.
II. En caso de existir remanentes de los ingresos excedentes a que se refiere la fracción I de este apartado, la Cámara de Diputados los destinará de la siguiente forma:
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;
b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;
c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros;
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 3.25 para el caso de los incisos a) y b), y de 6.50 en el caso del inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de los ingresos excedentes para el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta fracción, estos recursos se transferirán anualmente a Petróleos Mexicanos para que éste constituya la reserva, quién podrá emplear hasta el 50% de los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal anterior para la ampliación de la infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones generales, sujetándose a los límites máximos para cada reserva a que se refiere el presente artículo. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en el inciso d) de la fracción III del apartado A de este artículo.
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción;
III. Una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de la reserva determinado, la Cámara de Diputados deberá destinar los excedentes de ingresos, a que se refiere la fracción II del apartado A de este artículo, a lo siguiente:
a) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas;
b) En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente;
c) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos;
d) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.
IV. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, la Cámara de Diputados podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determine en la reforma al Presupuesto de Egresos.
V. El proceso de reforma al Presupuesto de Egresos previsto en el presente apartado deberá tener la mayor celeridad posible y siempre dentro del ejercicio fiscal en curso.
B. Las reformas al Presupuesto de Egresos relacionadas con excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías, se sujetarán a lo siguiente:
I. Los ejecutores de gasto deberán reportar mensualmente a la Secretaría la existencia de excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías así como la justificación de que su generación no afectó al cumplimiento de los Planes y Programas y la solicitud a la Cámara de Diputados en cuanto al destino de dichos recursos;
II. El Ejecutivo Federal, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del documento a que hace referencia la fracción anterior, deberá remitir a la Cámara de Diputados dicho informe así como un dictamen económico sobre la pertinencia de la generación de esos excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías;
III. La Cámara de Diputados deberá aprobar un dictaminar a la brevedad posible y siempre dentro del ejercicio fiscal en curso, donde se reforme el Presupuesto de Egresos, en los siguientes términos:
a) Se pronunciará sobre si la generación de los excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías son justificables así como sobre la solicitud del ejecutor de gasto relativo al destino de esos recursos.
b) La Cámara de Diputados deberá destinar los recursos derivados de excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías exclusivamente al ejecutor de gasto que los generó; y
c) Podrá ordenarse que los excedentes de ahorros presupuestarios propios de las entidades, ahorros presupuestarios y economías se destinen al objetivo solicitado por el ejecutor de gasto, a uno diverso o a los rubros de donde se obtuvieron, en caso de considerarse que la generación de esos recursos impide el cumplimiento de los planes y programas del ejecutor de gasto.
C. Las Dependencias, entidades, órganos autónomos, la auditoría y los Poderes Legislativo y Judicial deberán informar a la Secretaría el ejercicio de las erogaciones adicionales aprobadas por la Cámara de Diputados en los términos del presente artículo, el cual deberá reportarse por el Ejecutivo Federal en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública.”
“Artículo 20. Se deroga.”
“Artículo 47. Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
En caso de requerirse adecuaciones presupuestarias para el pago de las obligaciones a que se refiere la parte final del párrafo anterior los ejecutores de gasto, las solicitarán a la Cámara de Diputados, quien podrá autorizarlas siempre que no afecten el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas prioritarios. La solicitud a la Cámara de Diputados deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido.
Los ejecutores de gasto que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa.
Se deroga ”
“Artículo 54. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.
...
...
...
Se deroga.”
“Artículo 57. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 19 y 21 de esta Ley.”
“Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias serán autorizadas por la Cámara de Diputados, a través de reformas al Presupuesto de Egresos, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:
I. a III...
Se deroga
Se deroga
Se deroga ”
“Artículo 59. Se deroga.”
“Artículo 60. Se deroga.”
“Artículo 65. Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:
I. a VI...
VII. Se deroga;
VIII. a XII. ...
...Artículo 67. Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, debidamente autorizadas por la Cámara de Diputados, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas para lo cual se deberán establecer recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 33, fracción II de esta Ley.
...”
Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 223 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue:
“Artículo 223 Bis. Se equipararán al delito de peculado, las acciones u omisiones de los servidores públicos de la Federación, Estados o Municipios así como de órganos constitucionales autónomos y entes descentralizados que:
I. En contravención a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria acuerden, autoricen, ejecuten o permitan el ejercicio de recursos públicos federales en cantidad diversa a la autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
II. En contravención a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria acuerden, autoricen, ejecuten o permitan el destino de recursos públicos federales a una partida o un rubro diferentes de los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; o
III. Incumplan con su deber de supervisar a los servidores públicos bajo su mando, cuando éstos realicen alguna de las conductas previstas en las fracciones anteriores.
Por la comisión del delito previsto en este artículo, se impondrán las sanciones a que se refiere el artículo 223.”
VI. Artículos Transitorios.
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2012.
Tercero. Para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de los Órganos Autónomos, deberán regularizar la situación de aquéllos servidores públicos que reciben retribuciones sin que estén contempladas en el presupuesto de egresos.
La contravención a lo anterior será motivo de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de treinta días contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para hacer las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Quinto. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente.
Notas
1 Son el resultado de las ampliaciones presupuestarias líquidas, reducciones presupuestarias líquidas así como ampliaciones y reducciones compensadas.
2 Es el resultado de la suma de 92.94 millones de pesos de la Cámara de Diputados, 28.96 millones de la Cámara de Senadores y 239.31 millones de la Auditoría Superior de la Federación.
3 Es el resultado de la suma de 288.53 millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 725.51 millones del Consejo de la Judicatura Federal y 26.84 millones del Tribunal Electoral.
4 Es el resultado de 6.91 millones de pesos del Instituto Federal Electoral, 170.67 millones de pesos de los Tribunales Agrarios, 86.10 millones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 4.45 millones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un mil 207.51 millones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un mil 576.32 millones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
5 38 mil 103.28 millones de pesos, conforme al anexo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
6 19 mil 880.67 millones de pesos, conforme al anexo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
7 17 mil 918.5 millones de pesos, conforme al anexo 3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de mayo de 2011.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia. Junio 8 de 2011.)
Que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y adiciona un capítulo tercero a ésta, recibida del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sea un organismo descentralizado de la Procuraduría General de la República, que presenta el diputado federal Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión ante la Comisión Permanente.
Problemática
Siendo uno de los reclamos más frecuentes de la sociedad en los últimos procesos electorales federales llevados a cabo en nuestro país, ha sido la transparencia y legitimidad de los mismos. En respuesta a ello, el 23 de marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual, se establecieron las bases para que el presidente de dicho cuerpo colegiado promoviera ante los órganos gubernamentales correspondientes, las bases para la ulterior creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con nivel de subprocuraduría, con plena autonomía técnica, con la estructura, recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Su creación legal y formal se origina en el decreto presidencial publicado en el DOF el 19 de julio de 1994, por el que se reformaron los artículos 1, 6 y la adición del 6 bis, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante los cuales se establecieron las atribuciones de la Fepade, que tendría como finalidad, ser, junto con las demás instituciones que participan en el proceso electoral, garante de la democracia y transparencia de su práctica cotidiana, para salvaguardar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, rectores del sufragio, con el objeto de brindarle una atención profesional y especializada a los delitos electorales.
La nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Reglamento de esa ley, publicados en el DOF el 10 de mayo de 1996 y el 27 de agosto de 1996, respectivamente, reiteraron, ratificaron y confirmaron la existencia de la Fiscalía con rango de subprocuraduría con autonomía técnica para el ejercicio de sus atribuciones.
Al respecto, cabe formular dos comentarios: primero, la Fiscalía tiene el carácter de “especializada” y no de “especial”, toda vez que es responsable de conocer, atender y perseguir la generalidad de delitos electorales federales y no algún delito electoral en particular; y, segundo, la autonomía técnica significa que en su actuación está facultada para integrar y resolver las averiguaciones previas que se requieran en materia penal electoral federal, así como para intervenir en los procesos penales y juicios de amparo de su competencia, procediendo con entera independencia de las unidades centrales de la Procuraduría General de la República, lo que quiere decir que las actuaciones de la Fiscalía no se encuentran sujetas a aprobación, revisión o corrección por parte de las unidades centrales de dicha dependencia y que, ello tiene por objeto, garantizar la actuación independiente de la Fiscalía.
En este sentido, cabe destacar que el desempeño real de la Fiscalía en los últimos quince años, ha sido tergiversada o manipulada según los designios por parte de la Procuraduría respecto a la persecución de probables delitos cometidos por los sujetos que atiende el Código Penal Federal, siendo ésta, la entidad administrativa del Ejecutivo que ha desvirtuado la función elemental de la Fiscalía al ser a su vez, la responsable por la actuación del titular de la Fiscalía. Por lo que su independencia y objetividad adolece de las garantías necesarias para proveer de los mecanismos jurídicos tendientes a los procesos electorales. Lo anterior se constata en el simple hecho de que el titular de la Fiscalía es propuesto y designado por el titular en turno de la Procuraduría General de la República, siendo hoy necesario, implementar nuevos controles en cuanto a la designación y autonomía de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Con ello, la responsabilidad en los procesos electorales federales correspondería realmente a tres organismos entre administrativos y jurisdiccionales: el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Trife) y la Fepade.
Argumentación
A efecto de estar en condiciones de poder apreciar la trascendencia de las responsabilidades que le han conferido a esta Fiscalía, conviene formular las siguientes consideraciones:
La Constitución precisa que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (artículo 39); que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal (artículo 40); que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, y que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (artículo 41).
Asimismo para preservar estas decisiones políticas y jurídicas fundamentales, se requiere tipificar como delitos electorales a aquellas conductas que atentan contra los principios rectores de la función electoral federal y específicamente contra las características que debe reunir el voto para su efectividad.
En tal virtud, se puede decir que a través del ejercicio del derecho al voto, el ciudadano elige a sus representantes, escoge un programa político y reitera, confirma y actualiza su decisión de que la democracia debe ser la norma básica de gobierno.
Las características del voto son las de ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, señaladas en el artículo 4, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Con base en las consideraciones anteriores, se puede decir que los delitos electorales son conductas que describe y sanciona el Código Penal Federal, que lesionan la función electoral federal y específicamente el sufragio en cualquiera de sus características, en lo relativo a la elección de Presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión.
En esta materia se debe tener presente que el Código Penal Federal tipifica en los artículos 403 al 413, los delitos electorales federales que son los que se cometen con motivo de las elecciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados federales y senadores, en tanto que los delitos electorales que se relacionan con la elección del jefe de Gobierno y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, a partir del año de 1999 se encuentran tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal. Del mismo modo, se debe tener presente que el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las leyes de los estados también deben tipificar y sancionar los delitos electorales que en cada entidad federativa se relacionen con la elección de gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos.
La Fepade es un órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de la pronta, expedita y debida procuración de justicia en lo relativo a delitos electorales federales y sus atribuciones se pueden resumir en los siguientes términos:
• En casos de urgencia o flagrancia, ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución.
• Recibir las denuncias y practicar las diligencias necesarias para integrar las indagatorias relacionadas con los delitos electorales federales.
• Determinar el ejercicio de la acción penal o, en su caso, el no ejercicio de la misma, la reserva o la incompetencia, según se desprenda de cada averiguación previa.
• Presentar ante las autoridades jurisdiccionales los pliegos de consignación, conclusiones y, en su caso, los pedimentos de sobreseimiento que procedan.
• Interponer ante dichas autoridades los recursos pertinentes.
• Intervenir en los juicios de amparo o en cualquier otro procedimiento relacionado con las averiguaciones o los procesos respectivos.
Con relación a los delitos electorales, resultan tan importantes las tareas de procuración de justicia, como la prevención de dichos delitos, motivo por el cual, en el desempeño de sus responsabilidades la Fiscalía parte de la consideración de que la procuración de justicia en materia penal electoral, tiene dos grandes vertientes: una, la de prevenir la configuración de delitos electorales, a través de la instrumentación de acciones de diferentes características tendentes a evitar prevenir en lo posible la comisión de conductas delictivas electorales, y otra, la de conferir una atención diligente, imparcial y eficiente a todas y cada una de las denuncias recibidas con motivo de la probable comisión de delitos electorales federales.
Entre los dos programas institucionales existen vasos comunicantes y de influencia recíproca, ya que en concepto de la Fiscalía Especializada resulta evidente que la medida preventiva por excelencia en el combate frontal a la impunidad consiste en resolver cada una de las denuncias que presenten con escrupuloso apego a la ley y en forma diligente, imparcial y eficiente.
Ahora bien, toda vez que en los últimos años se han promovido importantes reformas constitucionales y legales que inciden en la procuración de justicia en materia electoral, esta Fiscalía se dio a la tarea de elaborar una carpeta normativa para la atención de delitos electorales. En la elaboración de dicha carpeta normativa se partió de tres premisas fundamentales: la primera radica en el convencimiento de que para el debido funcionamiento de la Fepade, se requiere tener un conocimiento puntual y preciso de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que inciden directa, indirecta o circunstancialmente en el ámbito de su competencia.
La segunda premisa radica en la necesidad de allegarle al personal de la Fepade, a los servidores públicos de la PGR, a todos aquellos que participan en el proceso electoral y a la ciudadanía en general, elementos que les permitan tener un conocimiento preciso del marco normativo básico que se relaciona con la prevención y atención de los delitos electorales.
La tercera premisa radica en la importancia que tiene el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y la consolidación del Estado de Derecho, el que los integrantes de la Institución del Ministerio Público se ajusten estrictamente, en todo momento, a las disposiciones fundamentales en materia penal-electoral.
La presente reforma tiene como objeto fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en un rediseño institucional, estableciendo a dicha Fiscalía como un organismo descentralizado de la Procuraduría General de la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal y de decisión, a efecto de que se incremente la certidumbre, vigilancia y legalidad en los procesos electorales, teniendo mayor capacidad de respuesta, así como en la persecución de delitos.
Por otra parte, la presente reforma propone dar mayor énfasis a la posición de su titular ante la influencia del Poder Ejecutivo, limitando la discrecionalidad de su designación por parte del Presidente de la República y con la ratificación por parte del Senado o de la Comisión Permanente según sea el caso. Actualizando un proceso de elección para el titular de ésta Fiscalía, y con ello proponer a personas con mayor experiencia y capacidad que se requiera para detentar dicho cargo, amén de cumplir con los requisitos exigidos, los cuales se proponen establecer como filtro de depuración a efecto de obtener mejores propuestas para el cargo de la misma.
Bajo esta tesitura y con la intervención del Senado, la persona que fuera designada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, respondería a un compromiso institucional y no político.
En lo que avoca nuestra realidad, la institucionalidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está enfocada al Procurador y al Presidente de la República y no a los ciudadanos. En el interés de este proyecto está el deseo de hacer realidad la rendición de cuentas y de esa manera promover que la Fiscalía rinda cuentas ante legisladores que representan a los ciudadanos y las entidades de la República.
Otro planteamiento de esta reforma es elevar a rango de ley federal la normatividad que rige la vida interna de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Actualmente la Fiscalía funciona con base en lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual por ley es elaborado y modificado libremente por el poder ejecutivo. Para darle mayor autonomía a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la presente iniciativa retoma las facultades de la Fiscalía y las eleva de rango para que queden contenidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y no en su reglamento.
FUNDAMENTACIÓN
De conformidad con la Fracción II del Artículo 71; III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 6 así como de la fracción VIII del numeral 1 del artículo 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Denominación del proyecto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 fracción II, 89, fracción XIX, 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma el artículo 10 y se adiciona un Capítulo III a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en términos del siguiente proyecto de
Decreto
Primero. Se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I...
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. a XII. ...
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las Siguientes:
I. a XVIII. ...
XIX. Designar, con ratificación del Senado, al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para un periodo de siete años.
XX. ...
Artículo 102.
A. ...
...
...
...
...
...
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, estará presidida por un Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; no haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
Cuarto. Se reforma el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales;
V. Coordinadores;
VI. Titulares de unidades especializadas;
VII. Directores generales;
VIII. Delegados;
IX. Titulares de órganos desconcentrados;
X. Agregados;
XI. Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos, y
XII. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento esta ley y otras disposiciones aplicables.
Quinto. Se adiciona un Capítulo III a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se recorren los artículos y capítulos subsecuentes, para quedar como sigue:
Capítulo Tercero
De la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Artículo 22. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es un órgano descentralizado de la Procuraduría General de la República con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, técnica, operativa y de decisión. Será presidida por el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, quien será nombrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 23. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá las facultades siguientes:
I. Atender el despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía;
II. Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía y coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integren, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;
III. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;
IV. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;
V. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;
VI. Nombrar y, en su caso, aprobar la contratación de los servidores públicos de la Fiscalía de conformidad con las disposiciones legales correspondientes;
VII. Expedir los acuerdos, circulares e instructivos necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía, así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en el ámbito de su competencia;
VIII. Recibir en acuerdo ordinario a los responsables de las unidades administrativas que integren la Fiscalía y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público, así como para conceder audiencia al público;
IX. Informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso;
XI. Las demás que le confieran otras disposiciones.
Artículo 24. La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales conocerá de los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos previstos en el Título Vigesimocuarto del Libro Segundo del Código Penal Federal, y tendrá las facultades siguientes:
I. Ejercer las atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos de su competencia, le confiere al Ministerio Público de la Federación el artículo 4 de la Ley Orgánica;
II. Determinar la incompetencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal. En estos casos deberá notificarse al ofendido de conformidad con las disposiciones aplicables;
III. Presentar los pedimentos de sobreseimiento y las conclusiones que procedan;
IV. Interponer los recursos pertinentes;
V. Intervenir en los juicios de Amparo o cualquiera otros procedimientos relacionados con las averiguaciones o procesos respectivos;
VI. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Participar en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución del programa de prevención del delito electoral federal, y
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan sin efecto todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, a los 8 días del mes de junio del año dos mil once.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 8 de 2011.)
Que modifica el artículo 9o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, recibida de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 9 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver
La iniciativa tiene como finalidad modificar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en su artículo 9o. con la finalidad de orientar e institucionalizar los recursos públicos de apoyo para el uso y aprovechamiento de la energía renovable en México de otras dependencias de la Administración Pública Federal, bajo dos vertientes:
• Destinar recursos a través del Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía para la adquisición de equipos relacionados con el aprovechamiento de la energía verde, y
• Establecer, dentro del Consejo Ciencia y Tecnología, un Fondo que se destine a la investigación y desarrollo en sustentabilidad energética.
Si bien a la fecha los Fondos antes aludidos ya existen, desde el punto de vista programático y presupuestal, se estima conveniente modificar la ley con la finalidad de darles permanencia e institucionalidad para lograr un efectivo apoyo para el aprovechamiento de la energía renovable en México.
La finalidad de la iniciativa es impulsar en todo el país una innovación tecnológica, que permita aprovechar las energías renovables y con ello lograr dos objetivo diversificar el portafolio energético y contribuir a disminuir los efecto del cambio climático.
II. Perspectiva y legislación internacional
Unión Europea
En la Directiva 2009/28/CE sobre fomento de las energías renovables se consolida el principio de subsidiariedad de los Estados Miembros para que puedan elegir los sistemas de apoyo a sus normativas y, al mismo tiempo, un sistema de garantía de origen para dar transparencia al consumidor de electricidad, por lo que se contempla el tráfico de las garantías de forma compatible con los sistemas de apoyo. Asimismo, la Directiva incorpora unos mecanismos de cooperación para posibilitar el cumplimiento de los objetivos asignados a los Estados para el año 2020.
A lo largo de 2009, la Comisión también prevé emprender en este sector acciones innovadoras, sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.
Por ello, el citado documento considera que la eficiencia energética contribuye a:
a) La lucha contra el cambio climático;
b) La mejora de la seguridad energética;
c) La consecución de los objetivos de Lisboa, y
d) La reducción de costos para la UE.
Así pues, en este documento, los Estados miembros se han comprometido a reducir para 2020 el consumo de energía primaria en un 20%. No obstante, aún siguen existiendo numerosos obstáculos a la adopción de medidas eficaces para lograrlo.
El Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables, propuesto por la Comisión Europea, tiene como objetivo facilitar la atracción de inversiones privadas para proyectos de eficiencia energética y energías renovables, por lo que se propone la creación de un fondo mundial de capital de riesgo con una dotación de 100 millones de euros para promover la inversión privada en proyectos de fomento de la eficiencia energética y de las energías renovables en los países en vías de desarrollo y las economías emergentes
Se espera que la expansión de estos proyectos contribuya al desarrollo sostenible, con las ventajas que ello conlleva desde el punto de vista del medio ambiente, el cambio climático y la calidad de la atmósfera, así como ventajas de índole socioeconómica tales como la creación de empresas, de puestos de trabajo y de ingresos locales y que adicionalmente contribuyan a la estabilidad del abastecimiento de energía en las regiones más pobres del mundo.
Estados Unidos
Ley de Política Energética. La normatividad federal que regula la política energética en lo general es la Ley de Política Energética que fue aprobada en 2005, cuyo contenido describe las medidas para combatir el crecimiento de los problemas energéticos, incluyendo incentivos fiscales, y la producción energética alternativa y enmienda la Energy Policy Act de 1992 .
La Energy Policy Act establece que el ahorro y la eficiencia energética son elementos fundamentales para reducir el consumo de energía y la demanda per cápita, lo cual, eventualmente compensará el consumo futuro por el crecimiento poblacional. Esto reduce los subsidios en los costos energéticos, y la instalación de nuevas centrales eléctricas, así como las importaciones de la energía.
Asimismo, esta reducción en la demanda energética proporciona más flexibilidad para elegir los métodos de producción energética.
Finalmente, una de las premisas contenidas en el documento es su política contra el cambio climático, en donde el ahorro de energía es una parte fundamental, ya que disminuye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilita el reemplazo de recursos no renovables con energía renovable lo que constituye la solución más económica a la escasez de energía, siendo una alternativa ambientalmente más viable para la creciente demanda de energía.
Algunas de las previsiones que contiene el documento en materia de energías renovables y eficiencia y ahorro energético son:
• Invertir en tecnologías en energías renovables, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero;
• Incrementar el uso de biocombusibles, principalmente etanol, en la mezcla energética;
• Autorizar subsidios para productores de energía eólica y energía alternativa;
• Requerir al Departamento de Energía para la elaboración de estudios y reportes de fuentes naturales de energía, incluyendo la eólica, solar, mareomotriz y oceánica;
• Autorizar al Departamento del Interior para el desarrollo de plantas de producción, transporte o distribución de energía alternativa, incluyendo la eólica, mareomotriz y solar;
• Prever exenciones tributarias para quienes reduzcan el consumo energético en sus hogares, y
• Extender el horario de verano para aprovechar la luz de día con la finalidad de ahorrar energía aproximadamente por cuatro semanas.
Además de los lineamientos anteriores, la Ley en comento establece lineamientos puntuales para el incremento en la Eficiencia y Ahorro Energético en los hogares, negocios y agencias gubernamentales y el mejoramiento de la Eficiencia Energética en Autos y Camiones.
Asimismo, a continuación se muestran algunos programas de fomento relacionados con eficiencia energética y aprovechamiento de renovables en los Estados Unidos:
• Programas Federales:
– Energy Star- Labeled Products (US Environmental Protection Agency and US Department of Energy)
– Energy Star- Labeled Homes (US Environmental Protection Agency)
– Energy Star- Labeled Buildings (US Environmental Protection Agency)
– Best Practices Compressed Air (US Department of Energy)
– Best Practices Motors (US Department of Energy)
– Best Practices Steam (US Department of Energy)
Buildings Cooling, Heating, and Power (BCHP) Initiative (US Department of Energy)
– Solar Energy Technologies Program (US Department of Energy)
– State Industries of the Future (US Department of Energy)
– Wind Powering America (US Department of Energy)
– Energy Star (The label is now on major appliances, office equipment, lighting, home electronics, and more. EPA has also extended the label to cover new homes and commercial and industrial buildings.)
Canadá
Ley de Energías Verdes y Construcción de una Economía Verde (Ontario 2009). Este documento abroga y enmienda varios ordenamientos jurídicos, cuyos textos son retomados y actualizados en este nuevo cuerpo normativo. Algunos de ellos son la Energy Conservations Leadership Act, la Energy Efficiency Act, la Electricity Act de 1998, la Ontario Energy Board Act de 1998, la Ministry of Energy Act, entre otras.
Fue presentada ante la legislatura desde noviembre de 2008 y se convirtió en la piedra angular del plan gubernamental para posicionar a la provincia de Ontario como líder en la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, así como líder en el sector emergente de las energías renovables en el mundo.
La ley propone mejorar los programas de conservación de recursos, promover la inversión en proyectos de energía renovable a través del programa feed-in tariffs, tomando como inspiración las experiencias de España, Alemania y Francia.
La visión del grupo impulsor de dicha legislación consistió en colocar a Ontario como líder mundial en el desarrollo de energía verde, mediante el uso de energía renovable, diversificación y sustentabilidad de la energía, la creación de empleos verdes, generación de prosperidad económica, desarrollo de la seguridad energética así como la protección al ambiente del cambio climático.
III. Legislación nacional
En el año de 2008 fue publicada la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que en su artículo 11 transitorio, relacionado con el artículo 27 establece lo siguiente:
“Décimo Primero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se destinarán tres mil millones de pesos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.´
“Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará la información sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere el artículo 24 de esta Ley. Con base en dicha información se establecerá el monto mínimo de recursos a ser programado en los subsecuentes ejercicios fiscales. La información antes señalada se enviará al Congreso de la Unión para su conocimiento.
Además, para cada uno de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo a que se refiere el artículo 27 de esta Ley será de tres mil millones de pesos. El monto anterior deberá actualizarse por la variación esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2009 y el año que se presupuesta.”
El artículo 27 de la Ley antes mencionada establece:
Artículo 27. Se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. El Fondo contará con un comité técnico integrado por representantes de las Secretarías de Energía, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
El comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el Fondo, con el fin de promover los objetivos de la Estrategia. Asimismo, con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro de energía, las tecnologías limpias y el aprovechamiento de las energías renovables, el comité técnico a que se refiere este artículo, podrá acordar que con cargo al Fondo se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la Estrategia.
Si bien la ley contempla la creación de un Fondo de Transición Energética se hace necesario reconocer que existen fondos adicionales dentro de la Administración Pública Federal que se pueden destinar para dichos fines como es el Fondo Pyme y el Fondo de Investigación del Consejo de Ciencia y Tecnología que al reconocerse su existencia, mediante la reforma que se propone se busca dar la permanencia e institucionalidad a los fondos facultando a las autoridades administrativas para que puedan destinarlos a para fomentar la industria, comercio y servicio relacionado con la aprovechamiento de la energía renovable.
IV. Potencial del México en el aprovechamiento de la energía renovable
Existe en nuestro país, una gran área de oportunidad para impulsar el desarrollo de la generación eléctrica a partir de la fuente solar y eólico para fortalecer el desarrollo de la industria y la seguridad energética del país. Considerando la capacidad energética del sol, la cual perdurará durante millones de años, así como la privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kilovatios hora por metro cuadrado por día en la zona centro, a los kilovatios hora por metro cuadrado por día en el norte del país, resulta fundamental la adopción de políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro país.
De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el país se incrementó de 7 a 15 megavatios, generando más de 8,000 megavatios hora por año para electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que actualmente se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 megavatios, que generan en promedio 8,794.4 megavatios hora por año.
Para sistemas termosolares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 164 millones de metros cuadrados de área de captación, correspondientes a una capacidad instalada de cerca de 115,000 megavatios hora, mientras que en México se tenían instalados más de 650,000 m2 de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por año para calentar agua.
Asimismo, en México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la Península de Yucatán, entre otros. Estas zonas podrían aportar hasta 10,000 megavatios.
V. Importancia de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el aprovechamiento de la energía renovable
La propuesta legislativa que se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados tiene como finalidad apoyar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, mediante el uso y aprovechamiento de la energía renovable.
El objetivo es facultar a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, oriente parte de los recursos del Fondo Pyme para la adquisición de equipos relacionados con la generación de energía. Es por muchos sabido que precisamente las “tortillerías” en nuestro país están empezando a utilizar los “calentadores solares” para abatir los costos del gas y otros energéticos en la producción de tortilla.
La adquisición del equipo para generación de energía, puede representar una inversión importante que pueda ser apoyada a través de fondos gubernamentales ya existentes como el Fondo Pyme. Desde luego la propuesta no tiene como finalidad convertir al Fondo Pyme es un “fondeador” para compra de equipo, se pretende simplemente facultar a la Secretaría de Economía para orientar parte de los recursos del fondo a este fin.
En México, alrededor del 93 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar los retos que plantean la globalización y la competitividad mundial.
Adicionalmente, las micros, pequeñas y medianas empresas contribuyen, en forma importante, con los siguientes aspectos de la economía nacional:
• Generan alrededor del 40 por ciento de la producción y el empleo nacional.
• Contribuyen de manera relevante en el desarrollo regional.
• Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que presentan economías de escala.
Actualmente, el Gobierno Federal centra su política de desarrollo empresarial en la atención a cinco segmentos: emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas, empresas gacela y empresas tractoras.
Dentro de esta estrategia, el Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) es el único fondo que apoya las iniciativas productivas de los emprendedores y de las empresas que tienen como propósito mejorar su productividad y competitividad y contribuir a la generación de más y mejores empleos formales y al mejoramiento de los ya existentes.
Hasta 2009, la población objetivo ascendía a poco más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y generaban el 72.1 por ciento del empleo.
De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2009, hoy existen 5’144,056 unidades económicas en el país, de las cuales el 99.8 por ciento, 5‘133,768 son Mipymes que generan 78.5 por ciento del empleo. Por segmento, las microempresas representan el 95.2 por ciento que emplean el 45.6 por ciento del personal ocupado
Con la información antes referida consideramos de vital importancia orientar parte de los recursos del Fondo Pyme para apoyar a las empresas a sincronizarse a la competitividad mundial energética que representa el uso de las energías renovables, con lo que además se estará alentando la creación de empresas mexicanas dedicadas a la comercialización y producción de estos equipos.
Igualmente, el Consejo de Ciencia y Tecnología cuenta con un fondo sectorial para apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en sustentabilidad energética, en ese sentido, se pretende reconocer institucionalmente su operación, pero dotar de simplicidad a los procedimientos para accedes a dichos fondos por parte de micro y pequeñas empresas.
En atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada federal Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 9o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética
Al tenor de lo siguiente:
Artículo 9o. ...
Asimismo, la Secretaría de Economía destinará, dentro Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, recursos presupuestales para la adquisición de equipo y tecnología para la generación de energía con fuentes renovables.
El Consejo de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Secretaría de Energía, establecerá un fondo permanente de investigación y desarrollo en materia de sustentabilidad energética, diseñando esquemas simplificados para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder en forma directa a dichos recursos.
Artículos Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2011.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Junio 8 de 2011.)
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Guillermo Cuevas Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo sexto y primero de la fracción I, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; solicitando que sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con base en la siguiente
Problemática
La necesidad de establecer de manera Constitucional la restricción específica para proteger el territorio nacional contra cualquier decisión discrecional de venta, transmisión, cesión, enajenación o traspaso a un Estado extranjero.
Argumentación
La existencia de un Estado presupone como factor indispensable la existencia de un territorio y no necesariamente este segundo, determina las características políticas o sociales del primero, aunque en algunos casos la influencia sea significativa, ya que sin la presencia de un territorio, el ambulantaje del género humano no refleja unidad política y por ende la figura de un Estado como tal.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, la importancia del territorio para la formación del Estado resulta indispensable ya que “la agrupación humana básica del Estado, la nación, se encuentra fija en un territorio determinado, que se convierte en el territorio del Estado. Los Estados son principalmente formaciones territoriales, y todo lo que concierne al territorio es considerado como algo de gran importancia”. 1
La anterior afirmación nos refleja esa importancia que el territorio tiene como límite geopolítico de la autoridad del mismo Estado.
Asimismo, otros juristas como Rojina Villegas afirman; que en la teoría tradicional, el territorio es un elemento esencial del Estado en virtud de que, sin él no se le puede concebir, por lo que se considera un elemento fundamental, no obstante esto, existen otras teorías igualmente reconocidas que no contemplan al territorio entendido como espacio, como elemento esencial del Estado, señalando que esto es una tesis tradicionalista y, que sin lugar a dudas puede existir un Estado sin necesidad de un territorio determinado y concretamente localizado en un espacio de la tierra.
Al respecto el maestro Ignacio Burgoa, destaca que el territorio no sólo es el asiento permanente de la población, de la Nación o de las comunidades nacionales que la forman, y no solo se percibe de manera física geográfica, sino que como un elemento de influencia sobre los grupos de personas que en él habitan. Por eso el territorio para los efectos de este documento, es un elemento geográfico de integración nacional, que define en cierto grado las relaciones socio-políticas del estado que conforma.
Ahora bien, en nuestra Constitución Política el título segundo contiene lo, referente a “las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional”, en su artículo 42 determinando lo siguiente:
Artículo 42. El territorio nacional comprende:
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.
Una vez delimitadas las partes que integran el territorio del Estado mexicano, incluida además de la superficie terrestre, la acuática y marítima del espacio tridimensional, hemos de observar que el dominio original del mismo pertenece en primera instancia a la nación.
Esto significa que el concepto de soberanía nacional que recae en el pueblo mexicano, es transformado en concepto de propiedad, como patrimonio del pueblo como soberano.
Ahora bien, en lo referente al dominio originario del territorio, lo que es entendido como ya se mencionó, como la propiedad del Estado, es señalado de manera específica en el artículo 27 de la Constitución nacional, cuando establece que este “corresponde originalmente a la nación”, y tal dominio puede ser directo, en los casos en que ella misma determina, o un dominio eminente que puede desplazar a la propiedad privada, “convirtiendo en territorio del Estado como ente los bienes de los particulares, no por vía de expropiación, sino en vía de regreso al propietario originario que es la Nación. De ser así, quiere decir que el autor de la Constitución sustentó un nuevo concepto del derecho de propiedad, por más que conservó como garantía individual en favor del particular una especie de propiedad precaria y derivada”. 2
Una vez que podemos entender la naturaleza de la propiedad comprendida dentro de los límites del territorio nacional, que recae originalmente en la Nación y, que es ella misma en quien recae la facultad de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Hay que señalar que la Nación nunca podrá ceder el derecho de imponer a la propiedad privada, las propiedades que requiera el interés público, en evidente discrecionalidad de las necesidades y de los intereses individuales, con lo que se confiere la mayor importancia a la colectividad.
Por otra parte, resulta importante señalar que también, el territorio como lo hemos ya conceptualizado, de conformidad a lo que señala el artículo 43 de la misma Carta Magna, pasa a ser de los Estados de la Federación, ya que el precepto citado, determina las partes integrantes de la Federación en cuanto a la dirección geopolítica, basado esto en el sistema federado que México tiene.
También cabe señalar que el Estado y el gobierno, no son lo mismo, el primero es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad política y está vinculado al mismo Estado por el elemento poder.
El gobierno simplemente es temporal, por lo que termina o cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. Entonces el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico, y su misión principal es formular y establecer un sistema normativo y administrativo que regule y dirija a la sociedad que habita dicho Estado.
Todo lo anterior, nos lleva a considerar la importancia del elemento territorial para la conformación y funcionamiento de una nación, por ende, para la conformación de cualquier Estado, por otra parte, en el caso mexicano, también podemos observar que la soberanía y su sistema federado, establecen la propiedad originaria del Estado, residiendo en el pueblo de México, aún cuando se entiende de sobre manera que son los poderes de la federación y las entidades federadas quienes ejercerán facultades al respecto, por ello, el inminente interés de que nuestra Carta magna, en la parte normativa que trata el tema del territorio mexicano, su conformación, las partes que lo integran y la facultad de establecer la propiedad privada, su carácter de inalienable e imprescriptible contenga de manera clara la anotación que proteja al territorio de ser enajenado o cedido de, por decisiones discrecionales a favor de cualquier Estado extranjero.
Esta necesidad se justifica basándonos simplemente en la historia, México ha tenido a lo largo de su conformación y evolución como nación que luchar por su territorio, su libertad y soberanía, pero en este proceso también ha perdido territorio de manera drástica por presión de naciones extranjeras, que obedecen a sus ambiciones de expansión y poder.
Tras el desastre que implicó para México la invasión militar estadunidense de 1846 a 1848 por la que el país perdió el 55 por ciento de su territorio, los deseos de expansión provenientes del norte continuaron especialmente sobre Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
La fragilidad política y económica con la que México terminó la guerra con EU, lo hacía presa fácil de mayores descalabros. Lo que provoco diversas invasiones o trasgresiones territoriales como , la de Raousset Boulbon en San Francisco e invadió Baja California y Sonora, tomando de hecho Hermosillo y algunas poblaciones de Baja California; en 1854 Brian Walker guió a otros invasores e, imitando el modelo de Texas, fundó la ‘Republic of Lower California’ e izó su bandera en el puerto de Ensenada, lo que desató enfrentamientos que lograron la recuperación de dichos territorios, así mismo en 1853, el Gobernador de Nuevo México William Lane, quiso extender los límites de su entidad sobre territorios de Sonora y Chihuahua; en Marzo de 1853 declaró ese territorio agregado al de los Estados Unidos, el Gobernador Trías de Chihuahua reclamó la invasión y envió tropas para defender la frontera definida por los Tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848.
Posteriormente el general Garlandl continuó los deseos expansionistas de Lane y, bajo el pretexto de que los habitantes del Valle de la Mesilla no tenían protección de los Gobiernos de Sonora y Chihuahua, envió tropas a ocuparlo.
Y finalmente, envió a la Ciudad de México al señor Gadsden; al entrevistarse con el presidente López de Santa Anna, amenazando de que, en caso de no aceptar vender el territorio de La Mesilla, promovería en el Congreso estadounidense una tercera invasión para ocupar todos los estados ubicados al norte del Trópico de Cáncer (Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango). El trato ofrecido era un pago de 10 millones de Dólares para evitar otro conflicto militar, y la situación precaria de México, culmino en la última pérdida de territorio nacional.
De los 2’400,000 kilómetros cuadrados que México perdió con Estados Unidos, el 96 por ciento fue despojado durante la invasión militar de 1846-1848 y solo el 4 por ciento fue vendido, ante una nueva amenaza de perder más territorio.
Nuevos intentos de despojarnos de más territorio vendrían años más tarde por parte de Francia y de los propios Estados Unidos.
Otro sustento a nuestra propuesta resulta del derecho comparado en que vemos que otros países de América han protegido en sus constituciones a su territorio nacional; es el caso de Ecuador, que en su artículo 2 de su ordenamiento Constitucional señala que “el territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible.”; Perú de igual manera en su artículo 54 señala que “El territorio del Estado es inalienable e inviolable”; República Dominicana, por su parte señala su inalienabilidad.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto por el que se reforman el párrafo sexto; primer párrafo de la fracción primera, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el párrafo sexto, y primer párrafo de la fracción primera, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. ....
...
...
...
...
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, en favor de cualquier persona física o moral, Gobierno o Estado Extranjero, salvo los casos que este mismo ordenamiento permita; y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.....
...
...
...
I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas, y no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal, ni parcialmente el dominio de la nación, a que refieren los párrafos cuarto y quinto de este mismo precepto, a persona física, moral, gobierno o Estado extranjero.
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.
II. a XX. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Naurlou André. Derecho constitucional e instituciones políticas. Ariel, Barcelona, 1971, sp.
2 Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. Porrúa, México, 1961, p. 170.
Dado en el senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de junio del año 2011.
Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 8 de 2011.)
Que reforma y deroga los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
I. Encabezado o titulo de la propuesta
Iniciativa que reforma y deroga los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo para no permitir los contratos de tercerización o outsourcing .
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver
El trabajo no es artículo de comercio, por lo que se deben proscribir de la legislación laboral las disposiciones contrarias a este principio. Los beneficios del outsourcing o tercerización sólo se reflejan en las empresas que utilizan este tipo de contratos, además de que en muchos de los casos su finalidad es precisamente evadir responsabilidades de carácter laboral, en detrimento de la clase trabajadora.
III. Argumentos que sustentan la iniciativa
Para sustentar la iniciativa que ahora se presenta, se debe atender a diversos conceptos en materia laboral, los cuales se analizan a continuación.
Relación de trabajo
Las relaciones de trabajo son relaciones jurídico-sociales entre personas que necesariamente conviven en el desarrollo de actividades complementarias, por una lado, en la prestación de un servicio personal y, por el otro, la utilización, aprovechamiento y disposición de ese servicio personal en un ámbito de subordinación. 1
Doctrinariamente, ha sido aceptado que la relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. 2
Mediante la relación de trabajo se establecen derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador, ésta es el principal medio de acceso de los trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo y la seguridad social. La existencia de una relación laboral es la condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social destinadas a los empleados.
En el caso de México, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, establece lo que se entiende por relación de trabajo que, cualquiera que sea el acto que le dé origen, es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es considerado como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
Para entender mejor este concepto, es importante señalar que, conforme al artículo 3o. de la misma ley, el trabajo no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidades de quien lo presta, además de que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
En cuanto a los sujetos de la relación de trabajo, el artículo 8o. de la misma ley, establece que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal, y el numeral 10 define al patrón como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Consecuentemente, la relación de trabajo es el punto de referencia para determinar la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de los empleadores respecto de sus trabajadores, así como de los principios que deben regir en toda relación de esta naturaleza, es decir, los principios del Derecho del Trabajo.
Principios del derecho del trabajo
Los principios del derecho del trabajo son aquellas ideas fundamentales o líneas directrices, propias o exclusivas de esta rama del derecho, que informan e inspiran directa o indirectamente las normas laborales. A pesar de que se ha señalado que el único principio del Derecho del Trabajo es el de “protección del trabajador” y que los demás sólo son derivaciones de éste, 3 se señalan los siguientes:
1. Principios propios o particulares del derecho del trabajo.
– Protector: Tiene por objetivo el establecer el amparo preferente a una de las partes: el trabajador.
– Continuidad de la relación: Este principio, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle término.
– Primacía de la realidad: En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero.
– Razonabilidad: Se debe atender a lo razonable como criterio interpretativo de aquellas situaciones en que producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables
– Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Este importante principio supone la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. Dentro de estos derechos para el trabajador, previstos en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos los siguientes:
a. A trabajo igual, salario igual.
b. Participar en las utilidades de la empresa.
c. Capacitación y adiestramiento.
d. Protección en caso de riesgo y accidentes de trabajo.
e. Higiene y seguridad en el lugar en donde presta sus servicios.
f. Sindicalización.
g. Permanencia en el trabajo.
h. Preferencia para su contratación en condiciones específicas.
2. Principios generales con gran relevancia en materia laboral.
– Igualdad: Es el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de su derechos y para el cumplimiento de sus deberes.
– No discriminación: Excluye o prohíbe toda diferenciación, preferencia o exclusión que no se fundamente en criterios objetivos y razonables.
– Buena fe: En su concepción objetiva, lleva implícito un modelo de conducta social que la ley exige a las personas conforme a un imperativo ético dado, dentro del marco de la relación contractual.
Una vez analizadas las características de la relación laboral y de los principios del derecho del trabajo, es importante analizar los antecedentes y las características del outsourcing , contrato que ha sido tan perjudicial para la clase trabajadora.
Antecedentes y características de la tercerización
La necesidad de reducir los costos de operación, para aumentar la productividad, orientó a múltiples empresas a establecer cadenas productivas que, en un principio, se desarrollaban a su interior. No obstante, al advertir que la subcontratación de personas ajenas a la empresa, para llevar a cabo determinadas tareas secundarias, les daba mayor autonomía, a la vez que eludían diversas responsabilidades, entre ellas, las laborales, cada vez fue más frecuente que se presentara este fenómeno, al cual se le denominó outsourcing (producir fuera), en castellano se ha denominado “tercerización”, por la aparición de un tercero en la relación laboral.
Así, tenemos que el outsourcing , es el traslado de determinadas funciones o actividades de un proceso productivo integrado a otras unidades económicas, real o ficticiamente ajenas a la empresa. 4
En este caso, encontramos a una empresa demandante, que es la que realiza las actividades primarias y una o varias empresa demandadas, las cuales llevan a cabo diversas actividades secundarias.
Como actividades secundarias podemos advertir las siguientes: Elaboración de componentes de productos; distribución o comercialización; de servicios conexos, como son de limpieza, vigilancia, transporte, portería, gestión administrativa, centros de llamadas, comedor, etcétera.
Una vez precisada la naturaleza de este tipo de contrato, quiero señalar cuáles son, desde mi punto de vista, las razones por las que este tipo de contratación no debe estar permitida en la legislación mexicana.
Razones para no permitir la tercerización.
En efecto, considero que al ser una especie de subrogación patronal que utiliza una intermediación de contratación del trabajador, este tipo de contrato genera una precarización laboral que implica que se den niveles por debajo de los estándares en la mano de obra utilizada, ya que provoca inestabilidad en el empleo, una remuneración menor, falta de prestaciones sociales, incumplimiento en la duración de la jornada laboral, nula representación colectiva, exclusión del reparto de utilidades, etcétera.
También es mi parecer que esta tercerización es lesivas a intereses de los trabajadores y de la relación laboral, como se advertirá a continuación, a la vez que es inconstitucional por contravenir los artículos 1o. y 123 de nuestra Carta Magna, violatoria además de diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que desde esta perspectiva, debe prohibirse expresamente, ante la permisión que ha privado respecto de las autoridades laborales y jurisdiccionales, que no han interpretado las normas para proteger a la clase trabajadora.
En efecto, estas prácticas han llegado a substituir la contratación típica, ya que no sólo se utilizan en actividades secundarias o periféricas, no esenciales del objeto social de la empresa o fuente de trabajo, sino también para sus actividades primarias, inclusive la gestión de nómina, con las graves consecuencias en perjuicio de los trabajadores.
Mario de la Cueva considera que “la intermediación ha sido una de las actividades más innobles de la historia, porque es la acción del comerciante cuya mercancía es el trabajo del hombre, para no decir que hombre mismo, el mercader que compra la mercadería a bajo precio y la vende en una cantidad mayor, el traficante que sin inversión alguna obtiene una fácil y elevada plusvalía”. 5 Si esto se advierte de la intermediación, que es el género, igual suerte corren todas sus modalidades o especies, como es la tercerización.
Al respecto, bajo este sistema de contratación por un tercero ajeno a la fuente de trabajo, los trabajadores carecen de certeza de quien es su patrón, el tercero que lo contrata o la persona a quién presta su servicio, sin que cuente con elementos legales para determinar a quién le corresponde cumplir con la seguridad social a la que tiene derecho, quien le deberá proporcionar capacitación, adiestramiento, higiene y seguridad en las instalaciones de la fuente de trabajo. Asimismo, desconoce quién le otorgará las constancias de prestación de servicios, y los elementos y equipo para la realización de su trabajo. Además, bajo este esquema, los trabajadores se ven privados de sus derechos laborales como el derecho a la estabilidad en el trabajo, de sindicalización, de huelga en la fuente de trabajo, y por supuesto, al reparto de utilidades.
Por su parte, Néstor de Buen señala que, en su experiencia profesional, “el intermediario ha sido y sigue siendo, pese a las medidas legislativas tomadas para evitarlo, figura preferida de quienes procuran el fraude legal”. 7
Desde mi perspectiva, se debe prohibir expresamente en la Ley Federal del Trabajo este tipo de contratos, ya que es violatorio de diversas disposiciones constitucionales y de instrumentos internacionales, así como de la propia ley, como se advierte a continuación:
Se vulnera el artículo 1o. de la Constitución, toda vez que se da un trato discriminatorio a los trabajadores de la empresa auxiliar respecto de los trabajadores de la empresa principal, al no poder contar con los mismos derechos, entre los cuales destacan el derecho a la estabilidad en el trabajo, de sindicalización, de huelga en la fuente de trabajo y al reparto de utilidades.
Se viola además el artículo 123, apartado A, de la Constitución general, al no cumplirse los principios del derecho del trabajo que han quedado señalados. En particular, se infringen las fracciones siguientes:
VII. Por la imposibilidad de homologar salarios y prestaciones de trabajadores directamente contratados por la fuente de trabajo y los contratados por el tercero.
IX. Respecto a la participación de utilidades, porque al pertenecer formalmente a una empresa que no las genera, no tiene oportunidad de participar de la riqueza que si está produciendo y que queda sólo en manos de los dueños de la empresa principal.
XIII. Por la imposibilidad de vincular a la empresa principal de proporcionar capacitación y adiestramiento.
XIV. Por la situación que guarda el trato a los riesgos de trabajo.
XV. Por la imposibilidad de establecer normas reales, ciertas y aplicables sobre seguridad e higiene del trabajo, ya que el contratista o tercero no interviene en la prestación del servicio.
XVII. No podrán ejercer su derecho de huelga en la fuente de trabajo.
XXII. Resulta imposible pensar en la estabilidad en el empleo, porque el trabajador puede ser separado arbitrariamente de su fuente de trabajo, en donde prestó el servicio.
XXV. Por la indefinición de los supuestos que determinan la efectividad del derecho de preferencia.
XXVII. Ante el incumplimiento de la obligación que surge de la relación laboral de estipular salario remunerador.
XXXI. En cuanto a la complicación para el trabajador, en caso de conflicto, para determinar la competencia de la autoridad ante la que deba plantear su juicio en la necesidad de hacer efectivos sus derechos.
También se incumple la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen el compromiso de los Estados suscriptores de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos, económicos y sociales establecidos en dichos convenios, particularmente a través de medidas legislativas.
Asimismo se vulnera la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo de 1944, que establece que cualquier medida que se adopte por los Estados sólo se aceptará para lograr la plena efectividad de los principios y objetivos contenidos en ella, cuando favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento del objetivo fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, que es la protección del derecho al trabajo digno de todo ser humano.
Por su parte, el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo también se vulnera, ya que resulta evidente que contratar a un trabajador por medio de un tercero, en los términos y circunstancias que han quedado apuntadas, implica lucro o comercialización, siendo que el trabajo no es objeto de comercio, que exige respeto a la persona que lo presta y a su dignidad, porque se ve obligado a aceptar los lugares de prestación de servicios que se le asigne, cambios indiscriminados y a discreción de un tercero, condiciones de trabajo no remuneradoras e inestabilidad en el empleo, por lo que es obvio que no recibe un trato digno.
Se contrapone además con lo dispuesto en el numeral 8o. de la citada ley laboral, toda vez que desconoce el concepto de trabajador, que es la persona física que presta a otra, un trabajo personal subordinado.
También viola lo previsto en el artículo 10 de ese mismo cuerpo normativo, que prevé que patrón es la persona que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, siendo que en el caso, es contratado por una persona, pero se labora para otra, quién materialmente funge como patrón.
El artículo 13 de esa misma ley también se infringe por una incorrecta interpretación, y errónea aplicación del concepto de intermediario.
El 117 se vulnera porque imposibilita al trabajador de la participación de utilidades de la empresa para la que presta el servicio.
Finalmente, considero que el artículo 132 de la ley del trabajo también se infringe, ya que no se atienden las obligaciones que la ley prevé para el patrón, ya que estas se transfieren al intermediario sin responsabilidad para quien se realiza el servicio.
Aunado a lo anterior, creo que no son suficientes las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para proteger a los trabajadores que son víctimas de la tercerización, ya que los artículos 12 a 15 sólo se prevé el concepto de intermediario.
Los artículos 12 a 15 de la Ley Federal del Trabajo, son al tenor siguiente:
Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.
Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.
Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes:
I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y
II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.
Bajo este esquema y por citar sólo los más representativos, ¿cómo deben ejercer los trabajadores sus derechos a la estabilidad en el trabajo, de sindicalización, de huelga en la fuente de trabajo y al reparto de utilidades?
Es evidente que el alcance de estas normas no precisa la respuesta a la cuestión anterior, porque los trabajadores pueden ser removidos de sus fuentes de empleo a capricho del empleador final, no podrán ejercer su derecho de huelga en su fuente de trabajo, en tanto que el domicilio de su patrón formal es otro, y tampoco podrán disfrutar del reparto de utilidades que con su trabajo han contribuido a generar.
Los partidarios de la tercerización han señalado, en múltiples publicaciones y exposiciones, los beneficios de este tipo de contratación, al respecto, Luis Bueno Rodríguez, y Matteo Dean 7 señalan las siguientes:
1. Aumenta el acceso a mejores y más eficientes procesos de gestión.
2. Permite realizar actividades que no han alcanzado la escala de producción adecuada.
3. Aumenta el acceso a mayores conocimientos y habilidades.
4. Reduce costos de equipamiento, materias primas e inmuebles.
5. Aumenta la rapidez de llegada a los mercados.
6. Reduce el ciclo de desarrollo del producto.
7. Aumenta el acceso a tecnología de vanguardia.
8. Ahorra conocimientos y talento al incluir investigación y desarrollo.
9. Facilita la innovación constante.
10. Asegura que el desempeño y el valor agregado se mantenga por encima de los competidores.
11. Facilita el liderazgo.
12. Permite el acceso a grupos de expertos interdisciplinarios.
13. Permite el acceso a estándares de calidad internacionales.
14. Aumenta la diferenciación y competitividad de las empresas.
15. Permite la utilización más eficiente de los insumos.
16. Ajusta mejor la plantilla a las necesidades de producción.
17. Reduce de forma sostenida los costos.
18. Permite alcanzar el volumen ideal de producción para cada fase del proceso productivo 19. Adecua la relación entre volumen producido y retorno, en cada fase del proceso productivo.
20. Facilita la gestión empresarial, pues tiende a disminuir la diversidad de las formas de organización de la producción y del trabajo.
21. Permite alcanzar el volumen de producción ideal de cada proceso.
22. Reduce costos y mejora el control de desempeño y calidad al realizar un número menor de procesos.
23. Dota a las empresas de la flexibilidad necesaria en mercados muy cambiantes y caracterizados porque los productos tienen cada vez ciclos de vida más cortos.
24. Permite alcanzar y mantener posiciones competitivas y rentables en el mercado, mediante la reducción sostenida de costos a través del reajuste de procesos.
25. Permite a la empresa identificar las funciones críticas en las cuales debe desarrollar competencias.
26. Permite alcanzar los objetivos de negocio y lograr mayor rentabilidad, brindando al mismo tiempo servicios de alta calidad.
27. Alimenta la confianza de los recursos internos y principalmente de los clientes externos.
28. Permite obtener, al mismo tiempo, mayor calidad y productividad.
29. Permite mayor control de calidad.
30. Permite una agilización de decisiones.
31. Permite una mayor creatividad.
32. Lleva a que mejore el nivel de vida del país en su conjunto, dado que ello es resultado de una mejora de la productividad, y ésta se obtiene mediante la tercerización.
De esta exhaustiva lista se pueden advertir varias conclusiones, no obstante se observa que ninguna beneficia directamente al trabajador, sino que la mayoría se dirigen al fortalecimiento y empoderamiento de la empresa y en el mejor de los casos, se advierte un beneficio indirecto a la sociedad en su conjunto. En este contexto es claro que los beneficios de la tercerización se sustentan en el detrimento de los derechos de los trabajadores, por lo que es necesario ponderar que derechos deben prevalecer, si los derechos de los trabajadores o los derechos patronales. Desde mi punto de vista, el lucro y la ganancia de los empresarios no se debe poner por encima del derecho de quiénes aspiran a mejores condiciones de vida a través del propio esfuerzo.
En el plano internacional, en particular en España, se ha procurado regular este tipo de contratación, no obstante, en la doctrina ha sido reconocido que a pesar de que se “utilice lícitamente y sin ninguna intención fraudulenta, se produce un desplazamiento de responsabilidades empresariales... además, con alguna frecuencia se utiliza esta figura contractual abusivamente [...]”
Cabe advertir que el artículo 14 de la Ley 20.774, Contrato de Trabajo de Argentina, reconoce el fraude laboral cuando hay simulación a través de la contratación de trabajadores por terceros y el artículo 29 prescribe que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación, lo cual implica que adquieren todos los derechos que les corresponden y no sólo a la seguridad social.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 327 de la Constitución del Ecuador prevé lo siguiente:
La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora , la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.
En este orden de ideas, es claro que la tercerización debe estar prescrita del derecho positivo mexicano, toda vez que se propone derogar los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo para que en lo sucesivo se respete lo dispuesto en los artículos 10 y 20 del propio cuerpo normativo, que establece que la relación laboral sólo se debe dar entre patrón y trabajador, excluyendo al tercero ajeno de esta relación, que es la empresa tercerizada.
Todo lo anterior, sin menoscabo de que las empresas que así lo requieran puedan celebrar contratos civiles o mercantiles para el suministro de los servicios que requieran.
I. Fundamento legal
Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Denominación del proyecto de ley o decreto
Decreto que deroga los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo.
III. Ordenamiento a modificar
Ley Federal del Trabajo.
IV. Texto normativo propuesto
Ninguno.
V. Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las relaciones laborales que se hayan celebrado bajo el esquema de tercerización, seguirán vigentes hasta el término bajo el cual se hubieran pactado, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 que ahora se derogan.
Notas
1 Rojas Paredes, Salvador, “Propuestas para el tratamiento legal a la figura del outsourcing”, conferencia dictada en el foro Análisis y perspectiva del outsourcing en México, Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre de 2010.
2 http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/areas/legislation/em ploy.htm
3 Montoya, Melgar Alfredo, “Principios y valores en el derecho del trabajo”, en En torno a los principios del derecho del trabajo, Porrúa, homenaje al doctor Américo Plá Rodríguez, coordinador. Mario Pasco Cosmópolis, México 2005, página 22.
4 Bueno Rodríguez, Luis, y Dean Matteo, coordinadores, Outsourcing (tercerización), respuestas desde los trabajadores, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, AC. Cuadernos de Investigación 008, México.
5 De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, Porrúa, tomo I, 13ª edición actualizada por Urbano Farías, México, 1993, página 160.
6 De Buen L. Néstor, Derecho del trabajo, Porrúa, tomo primero, conceptos generales, octava edición, México 1991, página 482.
7 Op. cit. Outsourcing (Tercerziación), respuestas [...]
8 Martín Valverde, Antonio, et al., Derecho del trabajo, tecnos, 11ª edición, Madrid, España, 2002, página 230.
Sede de la Comisión Permanente, a 8 de junio de 2011.
Diputado Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Junio 8 de 2011.)
Que reforma el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Julio Castellanos Ramírez, en nombre propio y de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario de PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
La iniciativa tiene como finalidad impulsar el uso y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, así como el ahorro y uso eficiente energía en las construcciones, el cual es un ámbito de regulación de los municipios del país conforme lo establecido por el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución.
La finalidad de la iniciativa es impulsar en todo el país una innovación tecnológica, la arquitectura bioclimática, que permita aprovechar las energías renovables en las edificaciones y construcciones y con ello lograr dos objetivo diversificar el portafolio energético y contribuir a disminuir los efecto del cambio climático.
La iniciativa no pretende crear un costo adicional para los particulares, ya que el uso de la tecnología quedará definido por las leyes y reglamentos aplicables, de acuerdo con las circunstancias social, económica y geográfica de cada Estado y Municipio de México.
II. Perspectiva y legislación internacional
El fenómeno del cambio climático está afectando en forma importante las variaciones de clima en nuestro país, fenómeno que es originado fundamentalmente por la producción y consumo de energía fósiles.
El cambio climático se reconoce como el reto más importante para la humanidad en el siglo XX I, ya que al progresar los niveles de desarrollo humano y bienestar esperados socialmente, manteniendo la estabilidad y el crecimiento económico sin alterar el sistema climático, representa un inmenso desafío. Que a nivel mundial una de las estrategias para combatir los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de las energías fósiles, consiste en implantar políticas y destinar recursos para la generación de energía renovable o energía limpia.
La seguridad en el abastecimiento energético, la diversificación del suministro de energía, la protección al medio ambiente, así como la cohesión económica y social, han sido las principales razones por las cuales la promoción del aprovechamiento de las energías renovables, así como la eficiencia energética, son prioritarias en el mundo actual.
En todo el mundo, la preocupación de un eventual desabastecimiento energético producido por la sobreexplotación de las reservas petroleras, así como el deterioro ambiental ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero, ha detonado el desarrollo y establecimiento de lineamientos para una menor dependencia de los hidrocarburos, la eficiencia y ahorro en la utilización de la energía y la promoción de fuentes alternativas de energía.
Sin embargo, a pesar de múltiples iniciativas, implementación de políticas, incentivos y regulaciones, no ha sido posible alcanzar los objetivos de ahorro energético y aprovechamiento de fuentes alternativas de energía planteados hace una década a nivel mundial; recientes evaluaciones muestran que pese a los avances tecnológicos en la materia, en la mezcla energética aún no ha sido debidamente explotado el potencial de las energías renovables, lo cual se explica por varias razones:
El elevado costo de las energías renovables en términos de inversiones y debido a la ausencia de consideración de los factores externos (costos “externos” de las distintas fuentes de energía, en particular desde el punto de vista de su impacto a largo plazo sobre la salud o el medio ambiente) que otorga una ventaja artificial a los combustibles fósiles;
Los problemas administrativos vinculados a los procedimientos de instalación y al carácter descentralizado de la mayoría de las aplicaciones de las energías renovables;
Las normas opacas y discriminatorias de acceso a las redes de suministro;
La información insuficiente a los proveedores, clientes e instaladores;
Lo anterior reflejar la urgente necesidad de apoyar con mayor decisión las políticas en torno al tema que nos ocupa, así como la precisión y clarificación de previsiones y lineamientos que impulsen el desarrollo e implementación del Ahorro y la Eficiencia Energética, así como el uso y aprovechamiento de las Fuentes Alternativas de Energía.
Protocolo de Kioto
Una de las principales finalidades de este protocolo en materia de energía renovable es fomentar de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía Nacional y la investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. Con la finalidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Unión Europea
Directiva 2009/28/ce del Parlamento europeo. Es uno de los documentos fundamentales para la promoción de la energía renovable entre los países miembros de la Unión Europea, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
En su exposición de motivos la directiva señala:
El control del consumo de energía en Europa y la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética, constituyen una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para cumplir el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante la innovación y una política energética competitiva y sostenible. La producción de energía procedente de fuentes renovables depende con frecuencia de las pequeñas y medianas empresas locales o regionales. Las inversiones regionales y locales en la producción de energía procedente de fuentes renovables generan en los Estados miembro y en sus regiones importantes oportunidades de crecimiento y empleo.
Por ello, la Comisión y los Estados miembro deben apoyar las medidas nacionales y regionales en materia de desarrollo en esas áreas, fomentar el intercambio de mejores prácticas en la producción de energía –procedente de fuentes renovables– entre las iniciativas de desarrollo locales y regionales, y promover el uso de Fondos Estructurales en ese ámbito. Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa al rendimiento energético de los edificios (Diario Oficial L 001 de 4.1.2003).
La directiva antes referida constituye el marco legal comunitario para impulsar la arquitectura bioclimática entre todos los países miembros, de dicho instrumento legal a continuación se mencionan las principales características.
Objetivo
Establecer un marco común destinado a fomentar la mejora del rendimiento energético de los edificios.
Contexto
La Directiva se inscribe en el marco de las iniciativas de la Comunidad contra el cambio climático (obligaciones del protocolo de Kioto) y a la seguridad de abastecimiento Libro Verde sobre la seguridad de abastecimiento).
Por un lado, la Comunidad depende cada vez más de las fuentes de energía externas y, por otro, las emisiones de gases de efecto invernadero van en aumento. La Comunidad no puede modificar el origen del abastecimiento, pero puede influir en la demanda.
Una reducción del consumo de energía mediante la mejora de la eficacia energética constituye, por lo tanto, una de las posibles soluciones a ambos problemas.
El consumo de energía por los servicios asociados a los edificios supone aproximadamente un tercio del consumo energético de la UE. La Comisión estima que es posible realizar ahorros importantes y contribuir de este modo a alcanzar los objetivos fijados para luchar contra el cambio climático y en favor de la seguridad de abastecimiento mediante la adopción de iniciativas en este ámbito.
La directiva se refiere al sector residencial y al sector terciario (oficinas, edificios públicos, etc.). No obstante, algunos edificios están excluidos del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la certificación, por ejemplo los edificios históricos, los edificios industriales, etc. En ella se contemplan todos los aspectos relacionados con la eficacia energética de los edificios con el fin de adoptar un enfoque realmente integrado.
La directiva no prevé medidas destinadas a los equipos no instalados, como los electrodomésticos.
Medidas relativas al etiquetado y al rendimiento mínimo obligatorio ya se han aplicado o se contemplan en el marco del plan de acción en favor de la eficacia energética.
Principales elementos del marco general.
La directiva del marco general está articulada en torno a los siguientes cuatro elementos principales:
• Una metodología común de cálculo del rendimiento energético integrado de los edificios.
• Las normas mínimas relativas al rendimiento energético de los edificios nuevos y de los ya existentes cuando se proceda a una reforma importante de éstos.
• Sistemas de certificación de edificios nuevos y existentes y exhibición de certificados y otras informaciones pertinentes en edificios públicos. Los certificados deberían datar de menos de cinco años.
• Control regular de las calderas y de los sistemas centrales de climatización en los edificios y evaluación de las instalaciones de calefacción cuyas calderas tengan más de 15 años.
La metodología común de cálculo debería integrar todos los elementos que determinan la eficacia energética y no únicamente la calidad del aislamiento del edificio. Este enfoque integrado debería tener en cuenta elementos como las instalaciones de calefacción y de refrigeración, las instalaciones de iluminación, la localización y orientación del edificio, la recuperación del calor, etc.
Las normas mínimas para los edificios se calculan en función de la metodología descrita anteriormente.
Los Estados miembro deberán fijar las normas mínimas.
Los certificados deberán extenderse en el momento de la construcción, de la venta o del alquiler de un edificio. La directiva hace especial hincapié en el alquiler con el fin de garantizar que el propietario, que normalmente no paga los gastos relativos al consumo energético, adopte las medidas necesarias.
Asimismo, la directiva dispone que los ocupantes (de los edificios) deben poder regular su propio consumo de calefacción y agua caliente sanitaria siempre que las disposiciones adoptadas a tal fin sean rentables.
España
De acuerdo con la revisión de la Constitución del Estado español se advierte que el derecho a un medio ambiente adecuado y a la vivienda digna son derechos individuales de los ciudadanos.
La facultad para legislar en la materia relacionada con el ambiente es concurrente entre las comunidades autónomas y las Cortes Españolas. La facultad legislativa en materia de urbanismo, vivienda y edificios corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con los artículos de la constitución que se transcriben a continuación:
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
4. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
Primera. Organización de sus instituciones de autogobierno.
Segunda. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
Tercera. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Novena. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
Vigésima segunda. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
De acuerdo con lo anterior la Comunidad de Navarra, en el año de 2005 emitió la ley antes referida la cual incluye la regulación de la arquitectura bioclimática en los términos siguientes:
Condiciones constructivas de las viviendas e información sobre las mismas
Artículo 24. Condiciones técnicas de construcción y rehabilitación.
1. El gobierno de Navarra podrá dictar normas técnicas específicas para garantizar la calidad técnica y de diseño de las viviendas protegidas.
2. Asimismo, podrá establecer las normas técnicas exigibles para el otorgamiento de cédula de habitabilidad a todas las viviendas construidas o rehabilitadas en Navarra, con sujeción a lo dispuesto en la legislación básica sobre edificación.
3. La competencia para otorgar cédulas de habitabilidad será delegable en los ayuntamientos.
4. Las normas técnicas podrán regular, entre otros, aspectos relativos a las medidas de prevención de riesgos y molestias, a los ascensores o elevadores, al aislamiento térmico y acústico, las orientaciones, la iluminación y ventilación, el aprovechamiento solar pasivo, la inclusión de elementos activos para energías renovables como paneles térmicos y fotovoltáicos, las facilidades de montaje y desmontaje de elementos constructivos, las fuentes propias de energía renovable en su caso, y la recogida selectiva de residuos, instrumentando la aplicación en Navarra de la normativa edificatoria emanada de las Directivas de la Comunidad Europea y del Código Técnico de la Edificación.
5. Los convenios que, en su caso, se suscriban para la promoción de viviendas de precio pactado podrán incluir condiciones adicionales de calidad técnica y de diseño. En ningún caso podrán convenirse para estas viviendas condiciones que vulneren o incumplan las obligatorias de calidad técnica y diseño aplicables a las viviendas de precio tasado.
6. Se podrán autorizar las remodelaciones interiores para la adecuación a las necesidades de los adjudicatarios de viviendas protegidas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
De acuerdo con la lectura del apartado antes mencionado, la facultad legal en la Comunidad de Navarra en España, para la emisión de autorizaciones de construcción corresponde al Gobierno Comunitario, quien a su vez lo puede delegar al Ayuntamiento. Igualmente la regulación relacionada con las normas que establezcan los criterios técnicos de la arquitectura bioclimática.
De acuerdo con esta ley la arquitectura bioclimática comprende los siguientes apartados:
• A las medidas de prevención de riesgos y molestias,
• Al aislamiento térmico y acústico,
• Las orientaciones,
• La iluminación y ventilación,
• El aprovechamiento solar pasivo,
• La inclusión de elementos activos para energías renovables como paneles térmicos y fotovoltáicos,
• Las facilidades de montaje y desmontaje de elementos constructivos,
• Las fuentes propias de energía renovable en su caso, y
• La recolección selectiva de residuos.
Estados Unidos
En Estados Unidos, la normatividad que regula la política energética es la Energy Policy Act (Ley de Política Energética) firmada en 2005, cuyo contenido describe las medidas para combatir el crecimiento de los problemas energéticos, incluyendo incentivos fiscales, y la producción energética alternativa y enmienda la Energy Policy Act de 1992.
La Energy Policy Act establece que el ahorro y la eficiencia energética son elementos fundamentales para reducir el consumo de energía y la demanda per cápita, lo cual, eventualmente compensará el consumo futuro por el crecimiento poblacional. Esto reduce los subsidios en los costos energéticos, y la instalación de nuevas centrales eléctricas, así como las importaciones de la energía.
Asimismo, esta reducción en la demanda energética proporciona más flexibilidad para elegir los métodos de producción energética. Finalmente, una de las premisas contenidas en el documento es su política contra el cambio climático, en donde el ahorro de energía es una parte fundamental, ya que disminuye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilita el reemplazo de recursos no renovables con energía renovable lo que constituye la solución más económica a la escasez de energía, siendo una alternativa ambientalmente más viable para la creciente demanda de energía.
Algunas de las previsiones que contiene el documento en materia de energías renovables y eficiencia y ahorro energético son:
• Invertir en tecnologías en energías renovables, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero,
• Autorizar subsidios para productores de energía eólica y energía alternativa.
• Requerir al Departamento de Energía para la elaboración de estudios y reportes de fuentes naturales de energía, incluyendo la eólica, solar, mareomotriz y oceánica.
• Autorizar al Departamento del Interior para el desarrollo de plantas de producción, transporte o distribución de energía alternativa, incluyendo la eólica, mareomotriz y solar.
• Prever exenciones tributarias para quienes reduzcan el consumo energético en sus hogares.
• Extender el horario de verano para aprovechar la luz de día con la finalidad de ahorrar energía aproximadamente por cuatro semanas.
La Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 (Recovery Act ) fue firmada por el presidente Obama el 17 de febrero de 2009. Es un esfuerzo sin precedentes para impulsar la economía norteamericana, crear y mantener fuentes de empleo, así como para disminuir los costos que se pueden originar por los cambios que se enfrentarán durante el siglo 21.
Esta ley es una repuesta a la crisis mundial e incluye medidas para modernizar la infraestructura, fortalecer la independencia energética y fomentar oportunidades educativas, entre otros.
En materia energética la administración Obama pretende, en un plazo de 10 años, ahorrar más petróleo del que es importado de Venezuela y Medio Oriente, mediante:
• Obtener un 1 millón de autos híbridos para el 2015.
• Otorgar un crédito fiscal para incentivar la compra de este tipo de vehículos.
• Establecer el estándar de un combustible bajo en carbón.
• Promover la producción responsable de aceite y gas natural.
Se espera que para el año 2012, el 10 por ciento de la electricidad provenga de fuentes renovables y el 25 por ciento para el año 2025.
III. Legislación Nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115 y 121, en su parte conducente los siguiente:
“Artículo 115.
... III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;”
f) Rastro.”
IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
“C) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
“...Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
... V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
...c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
...f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;”
“Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
“II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.’
En el año de 2008 fue publicada la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que en su artículo 8o. establece lo siguiente:
Artículo 8o. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación en su caso de los municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo
Federal de conformidad con la presente ley;
II. Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables;
III. Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;
IV. Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y
V. Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.
De conformidad con los artículos antes mencionados la prestación del servicio de alumbrado público, así como el servicio de limpia corresponde a los Municipios del país, así como la regulación relacionados con el tema de uso de suelo y construcciones, los cuales tienen intima vinculación con el aprovechamiento de la energía renovable y en donde sostenemos existe concurrencia de facultades entre la federación, los estados y municipios de acuerdo con lo siguiente:
Jurisprudencia
Registro número 187982.
Localización: Novena Época.
Instancia: Pleno.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
XV, Enero de 2002
Página: 1042
Tesis: P./J. 142/2001
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
Facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. Sus características generales.
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.”, también lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.
Ejecutoria:
1. Registro número 7570.
Asunto: Controversia constitucional 29/2000.
Promovente: Poder Ejecutivo federal.
Localización: 9a. Época; Pleno; SJF y su Gaceta; XV, Enero de 2002; Página 919;
En ese sentido y con la finalidad de apoyar la instrumentación de lo dispuesto en el artículo antes mencionado se propone efectuar una reforma constitucional para que los Estados y Municipios de México, contemplen en la elaboración de las leyes y reglamentos de construcción el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía como mecanismos para coadyuvar para combatir los efectos del cambio climático en forma efectiva.
III. Potencial del México en el aprovechamiento de la energía renovable en construcciones
Existe en nuestro país, una gran área de oportunidad para impulsar el desarrollo de la generación eléctrica a partir de la fuente solar y eólico para fortalecer el desarrollo de la industria y la seguridad energética del país. Considerando la capacidad energética del sol, la cual perdurará durante millones de años, así como la privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, resulta fundamental la adopción de políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro país.
A continuación se muestra un mapa comparativo, entre México y Alemania en capacidad de radiación solar, al respecto se comenta que nuestro país pose 1.5 veces el potencial solar de Alemania, sin embargo este último país aprovecha con mayor intensidad el recurso solar en la generación de energía eléctrica.
En 2006 se tuvo una capacidad instalada de estas energías renovables de acuerdo con la siguiente descripción según fuentes de la Secretaría de Energía: Total de energía renovable generada: 10 mil 475 MW.
Se afirma, de los datos antes referidos, que de acuerdo a la intensa capacidad de radicación solar de México, las edificaciones, son potencialmente generadores de energía, es decir, si se contara con los apoyos institucionales para hacer la adquisición de equipo de generación, los mexicanos tendríamos energía para nuestro consumo por el sólo hecho de aprovechar la radiación solar.
En el caso de México, prácticamente todas las instalaciones fotovoltaicas que existen en el país se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchas de ellas fueron instaladas por medio de programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).
De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el país se incrementó de 7 a 15 MW, generando más de 8,000 MWh/año para electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que actualmente se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW, que generan en promedio 8 mil 794.4 MWh por año.
Para sistemas termo solares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 164 millones de m2 de área de captación, correspondientes a una capacidad instalada de cerca de 115 mil MWh, mientras que en México se tenían instalados más de 650 mil metros cuadrados de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por año para calentar agua.
Asimismo, en México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la Península de Yucatán, entre otros. Estas zonas podrían aportar hasta 10 mil MW.
Adicionalmente el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía implica una estrategia para disminuir los gases de efecto invernadero, su incorporación en la edificación de vivienda implicará la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en el país. Lo anterior se respalda con la siguiente tabla elaborada por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Los pronósticos a escala mundial de no llevar a cabo las acciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático son estimados por la Semarnat, en los términos siguientes:
La creciente preocupación por mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, la protección al medio ambiente y la reducción de la contaminación, así como la presión internacional obligaron al país a involucrarse decididamente en el tema de las energías renovable, considerando también el enorme potencial que en la materia posee el país.
Uno de los recursos renovables y con mayor potencial en México es la energía solar, cuyas aplicaciones son múltiples pero que ha encontrado gran aceptación en el tema de calentamiento de agua.
Sobre el tema, la Conae desarrolló Normas Técnicas especializadas en el tema, a saber:
Nom-nmx-es-002-normex-2006 Energía solar –Definiciones y terminología .
Esta norma, emitida en septiembre del 2006, tiene la finalidad de uniformar el lenguaje usado en el ámbito de la energía solar en sus diferentes aplicaciones y tiene concordancia parcial con las normas internacionales ISO 31-6:1992 (Estándar internacional sobre luz y radiaciones electromagnéticas relacionadas); e ISO-9488-1999 (estándar internacional que define los términos básicos relativos a la energía solar).
Nom-003-ener-2000 Eficiencia Térmica de Calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado
Esta norma oficial mexicana establece los nivele mínimos de eficiencia térmica que deben cumplir los calentadores de agua para uso doméstico y comercial y el método de prueba que debe aplicarse para verificarlos. Establece además los requisitos mínimos para información al público sobre los valores de eficiencia térmica en esos aparatos. La norma se aplica a los calentadores de agua para uso doméstico y comercial que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos que utilicen gas licuado de petróleo o gas natural como combustible y que proporcionan únicamente agua caliente en fase líquida.
Norma ambiental para el Distrito Federal NADF-008-AMBT-2005 que establece las especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, lavanderías y tintorerías , fue publicada en la gaceta oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 2006, y entró en vigor un día después.
El objeto de la norma consiste en establecer los criterios para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua; los requerimientos mínimos de calidad; las especificaciones técnicas de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar; y se aplica a establecimientos que inicien operaciones a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma y a establecimientos que realicen la remodelación total de sus instalaciones en el Distrito Federal, que requieran agua caliente para realizar sus actividades.
Dicha norma toma en consideración lo dispuesto en la NMX-ES-001-NORMEX-2005 Energía Solar-Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua y, fue redactada por un Comité de Normalización Ambiental en el cual participaron Dependencia Federales, la Asociación Nacional de Energía Solar, instituciones académicas, asesores, consultores y empresas interesadas.
A pesar de que la norma entró en vigor el 8 de abril de 2006, es a partir de enero del 2008 que inicia su evaluación; sin embargo, muchas empresas que, de conformidad con la norma, no están obligadas a su cumplimiento, han decidido afiliarse al programa con la finalidad de ser reconocidas como “Empresas Socialmente Responsables”.
Asimismo, y con el afán de que el programa sea efectivo por la vía del convencimiento más que por el de la sanción, existen políticas de “regularización voluntaria”, cuyos argumentos de funcionalidad, costo-beneficio y eficiencia probada pretenden motivar e impulsar la utilización de sistemas de calentamiento solar de agua.
Es importante señalar que la norma se constriñe únicamente a uso sanitario, cocina, albercas y fosas de clavados, y no a vivienda, en virtud de que el retorno de la inversión en este último rubro es de entre 7 y 11 años aproximadamente, cuando en los primeros, el retorno oscila entre los 1.5 y 3.5 años, aun considerando el mantenimiento de las instalaciones.
El ámbito de aplicación de la norma oficial se relaciona con la utilización de calentadores solares en establecimientos comerciales, de acuerdo con un sistema mixto de preinstalación, es decir, contemplando la utilización de la energía solar en calentadores solares de agua, combinado con un sistema tradicional de calentamiento utilizando fuentes de energía convencional.
Hipotecas verdes
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), brindará apoyo técnico al Infonavit para que, conjuntamente, impulsen y fomenten el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de energías renovables en la construcción de nuevas viviendas mediante instrumentos denominados hipotecas verdes.
Su objetivo es impulsar, en el sector residencial, de México, el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua, a través del fortalecimiento de las acciones y mecanismos actualmente en operación y del diseño e implementación de esquemas nuevos e innovadores que lleven a este objetivo.
Así pues, en el año 2007 se trabajará con criterios para seleccionar los sistemas de calentamiento de agua solar y con criterios para la instalación de los mismos; sin embargo, de manera paralela, la Conuee está trabajando, en conjunto con otras instituciones, en la elaboración de un Protocolo de Certificación de sistemas de calentamiento solar y de certificación de instalación, los cuales se planea que entren en operación en 2008.
Procalsol
Por ello, la Conuee, en colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ por sus siglas en alemán) y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), ha tomado la iniciativa de diseñar e implantar un programa orientado a apoyar las iniciativas que en México se están considerando y desarrollando, a fin de complementarlos, de manera que, en el plazo de la presente administración federal, se amplíe significativamente el mercado de calentamiento solar de agua en el país.
El programa plantea diversas consideraciones y justificaciones sobre los instrumentos de mercado y los sectores en que habrán de implementarse, a partir de la definición de sus objetivos de fomento, los cuales son:
• Impulsar, en los sectores residencial, comercial, industrial y de agronegocios de México, el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua, a través del fortalecimiento de las acciones y mecanismos actualmente en operación y del diseño e implementación de esquemas nuevos e innovadores que lleven a este objetivo.
• Garantizar que el crecimiento del mercado del calentamiento solar se lleve a cabo con un nivel de calidad adecuado en los productos y servicios asociados.
• Favorecer el desarrollo de la industria nacional, entendida como la que está integrada por fabricantes, diseñadores de sistemas, distribuidores e instaladores.
• Promover la adopción de tecnología desarrollada por los centros de investigación nacionales.
El programa apoyará todas las aplicaciones del calentamiento solar de agua, en los sectores residencial, comercial, industrial y de agronegocios de todo el país, con mayor énfasis en las aplicaciones que tengan la mayor rentabilidad social. Asimismo, dentro del programa se plantea como meta global tener instalados, para el año 2012, un millón ochocientos mil metros cuadrados de calentadores solares de agua.
El programa se llevará a cabo considerando cinco conjuntos de instrumentos (regulación, incentivos económicos a usuarios, fortalecimiento de la oferta, información y gestión), que incluirán acciones específicas e incidirán sobre las barreras identificadas.
De acuerdo con lo anterior, existe el ambiente institucional para promover, a través de una reforma constitucional, el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
En atención a lo expuesto, la suscrita diputada federal Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 115, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115. ...
V. ...
a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) ...;
e) ...;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones. Las leyes de la materia que promulguen los Congresos de los Estados, así como los reglamentos de construcción deberán prever el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, así como el ahorro y eficiencia energética en las construcciones.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor los Estados del país contarán con 160 días para actualizar el contenido de sus leyes de acuerdo con la previsión establecida en este artículo.
Solicito a esta Asamblea la se publique íntegro en el Diario de los Debates.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el miércoles 8 de junio de 2011.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 8 de 2011.)
Que adiciona el numeral VI del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida de los diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín; del senador Cleominio Zoreda Novelo y legisladores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
Los que suscriben, diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, senador Cleominio Zoreda Novelo y diversos legisladores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política; y 77, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral VI del artículo 24 de la Ley de Pesca y Acuacultura sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que nos rige actualmente es el de promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para beneficio del sector pesquero y acuícola.
Del mismo modo el Estado Mexicano tiene como responsabilidad el atender a un sector que a través de los años y a pesar de las restricciones presupuestarias a las que ha estado sujeto, sigue dando resultados positivos en su balanza comercial, aportando más de 330 millones de dólares en divisas para el país.
Teniendo la actividad pesquera una relevancia insoslayable para México por ser generadora de alimento para la nación, alcanzando en 2008 una producción de más de un millón y medio de toneladas, con valor de 16 mil 884 millones de pesos, es reprochable que dicha actividad no cuente con los sostenes que contribuyan a mejorar las condiciones de las personas que directamente desarrollan la labor, dándoles el merecido impulso que requieren para mejorar o reactivar su productividad y competitividad.
En la actividad pesquera nacional, se encuentran comprometidos al menos 283 mil pescadores, que en los diecisiete estados con litoral, de manera directa se dedican a la actividad, sin contar a las demás personas que los apoyan en sus respectivas faenas y sin contar a sus familias y dependientes económicos que esperan cotidiana mente que esa cabeza de familia llegue a salvo a buen puerto con el producto del esfuerzo desplegado en su labor.
La pesca y la acuacultura son actividades generadoras de alimentos para nuestros connacionales, pero para que puedan retomar el lugar que les corresponde es necesario que el gobierno destine los recursos suficientes para establecer las políticas y programas que den como resultado mayor desarrollo en la comunidad pesquera y acuícola mejorando la calidad de vida a las familias que viven de la pesca.
No obstante lo anteriormente mencionado, dentro de la cadena productiva de la actividad pesquera, el eslabón más delgado y más expuesto a los riesgos que implica esa práctica, lo constituyen precisamente los hombres y las mujeres que se dedican de modo directo a las labores propias de la pesca, sin contar con algún tipo de apoyo cuando por alguna razón, ya sea por las fuerzas extremas de la naturaleza, o bien, por no contar o no ser suficientes las herramientas que le puedan dar seguridad para sortear dichas fuerzas, en algunos casos se derivan en la pérdida de vida de las personas que únicamente se hicieron a la mar en búsqueda del sustento para ellos y sus familias y con ello procurarse una mejor calidad de vida. Por esto precisamente es que el Estado no debe evadir su responsabilidad de establecer políticas públicas que apoyen y sustenten a las actividades que son redituables tanto económica como socialmente; en ese sentido, un gobierno socialmente responsable debe comenzar el reforzamiento de dichas actividades precisamente por la parte más frágil de la línea y esta es, sin lugar a dudas, las vidas de los hombres y mujeres que cotidiana mente salen a desarrollar su faena con la esperanza de encontrar buena mar y buena captura que les permita mejorar las condiciones en las que se encuentran, así como sus respectivas familias que, en caso de encontrase con la fatalidad de perder, en las labores propias de su actividad a la cabeza de la familia, no sólo pierden a un ser querido, sino que también pierden la fuente de sustento diario y la posibilidad de allegarse a los recursos que les permitan la subsistencia.
En este sentido basta mencionar como ejemplo los datos proporcionados por la Secretaría de Marina mediante oficio S_3 SSSBR-164/B-178/2011, en la que dan cuenta del número de personas extraviadas que laboran en la pesca rivereña, la pesca de altura, y de los que se han reportado como desaparecidos y rescatados en el periodo comprendido entre enero de 2006 a diciembre de 2010 suma un total de 1,105 personas desaparecidas y 933 rescatados.
Asimismo otro comunicado en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, emite mediante oficio numero 7.2.202.2321 el “reporte de pérdidas de vidas humanas”, que comprende el periodo de 2000 a 2009, reportan un total de 156 perdidas de vida y 3 personas con origen desconocido. Datos alarmantes en la actividad pesquera nacional.
Por lo anterior, el Estado mexicano tiene ineludible obligación de implementar mecanismos que permitan brindar apoyo a las familias de los pescadores que encuentren la muerte en la práctica de su trabajo en el mar.
Nuestra propuesta consiste particularmente en sentar la bases desde este Poder Legislativo, para que el Poder Ejecutivo no pierda ni un minuto más de tiempo y en uso de las facultades que la ley le confiere, diseñe un programa con objeto de otorgar apoyo a las familias de los pescadores que pierdan la vida durante la labor de la actividad pesquera en el País, sin distinguir si la actividad la realizan en ribera, mediana altura, o en la pesca de altura.
Que dicho programa opere bajo el esquema de fondo revolvente y cuente, al menos, con un apoyo dirigido a solventar los gastos funerarios derivados de la defunción, un apoyo consistente en una suma de dinero igual a un salario mínimo de la zona de que se trate durante seis meses por lo menos, en concepto de indemnización por la pérdida de la vida y una despensa básica mensual que se otorgará por igual lapso, con lo que, consideramos, se permitirá a la familia del fallecido, sobrellevar la pérdida contando con un apoyo que permita buscar otro modo de sustento, al menos por el plazo propuesto.
Con la presente iniciativa no se pretende proponer ideas inalcanzables o imposibles de efectuar, se puede tener como ejemplo al estado de Yucatán, donde entereza y comprendiendo el valor de las personas en su justa dimensión, desde el año dos mil siete se implementó un programa similar al que se propone, el cual ha funcionado y ha brindado seguridad y cobijo en los peores momentos a familias de pescadores que sufrieron la pérdida de su jefe de familia y quien proveía el sustento; eso refleja el compromiso y el interés de un Estado con sentido social, que se ocupa en propiciar el desarrollo de su gente y que verdaderamente quiere apoyar a los que menos tienen ye han visto desfavorecidos por alguna circunstancia.
Al materializarse la propuesta que aquí les expongo, en un acto únicamente de justicia, les daremos a los hombres y mujeres que ejercen la actividad pesquera, al menos la tranquilidad de que, hasta en el caso que por las inclemencias de la naturaleza llegaren a perder la vida durante el desarrollo de su faena, sus familias contaran con ese apoyo, para que a la difícil circunstancia de perder a quien genera el ingreso familiar, no se les tenga que añadir todas las demás carencias que se suscitan por quedarse sin la fuente del sustento, como son deserción escolar , disminución nutricional, aumento de índice de pobreza, aumento de enfermedades, etcétera.
Es por lo anterior que tratando de hacer la parte que nos corresponde, los legisladores representantes de los Estados que cuentan con litoral o con aguas interiores debemos apoyar la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el numeral VI del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se adiciona el numeral VI del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 24. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:
I. a V. ...
VI. Creará el Seguro en el Mar que será para beneficio de las familias de los pescadores que perdieran la vida realizando la actividad pesquera en aguas marinas o interiores., que consta de apoyo dirigido para solventar los gastos funerarios derivados de la defunción; apoyo consistente en suma de dinero igual a un salario mínimo de la zona de que se trate durante seis meses, y en el caso de pérdida de vida por concepto de indemnización, una despensa básica mensual.
Dado en el sede de la Comisión Permanente, a 8 de junio de 2011.
Diputados: Felipe Cervera Hernández, Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Ignacio Seara Sierra, Juan José Cuevas García, Silvia Puppo Gastélum, José Luis Marcos León Perea, Patricio Chirinos del Ángel, José Manuel Marroquín Toledo, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Jorge Carlos Ramírez Marín, Sofía Castro Ríos, Víctor Manuel Castro Cosío, Eviel Pérez Magaña, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Alfredo Torres Huitrón, Alfredo Villegas Arreola, Martín Enrique Castillo Ruz, Liborio Vidal Aguilar, Éric Luis Rubio Barthell, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Efraín Aguilar Góngora (rúrbicas).
Senador: Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Pesca. Junio 8 de 2011.)
Que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para descentralizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, recibida de los diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como del senador Cleominio Zoreda Novelo y diversos legisladores, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2011
Los que suscriben, diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el senador Cleominio Zoreda Novelo y diversos Legisladores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
La Universidad Nacional Autónoma de México menciona que el país tiene una ubicación geográfica privilegiada, que resulta en una extensa costa de aproximadamente 11 mil 500 kilómetros de litorales, distribuida en cinco mares: Pacífico Norte, Golfo de California, Pacífico Tropical, Golfo de México y Caribe, además de una zona económica exclusiva cercana a 2.95 millones de kilómetros cuadrados (km2), plataforma continental de 3 mil 580 km2 y poco mas de 1.5 millones de hectáreas de aguas interiores, esteros, bahías y lagunas costeras.
Consecuencia de la diversidad en climas y condiciones ecológicas, las aguas mexicanas ofrecen hábitat propicios para diversas especies acuáticas que permiten encontrar organismos de climas templado, cálido, frío, de fondo y superficie, costeras o de alta mar, regionales, migratorias, y de todas las transiciones, convirtiendo a las costas de México en espacios prósperos para la pesca.
Las actividades pesquera y acuícola son cruciales por ser fuente de alimento de bajo precio y buena calidad e instrumento para impulsar el desarrollo regional al contribuir al abastecimiento de proteínas de bajo costo, empleo y amortiguador para el desempleo rural. En décadas recientes, el sector ha sido capaz de generar bienestar en numerosas comunidades costeras e incluso ha permitido compensar (la más de las veces de manera no planificada, por la vía de la pesca ilegal) parte de los costos sociales asociados a las recesiones económicas recurrentes en otros sectores, particularmente el agrícola, como menciona el investigador pesquero Lluch Cota.
Pese a estas bondades, la pesca tiene escasa importancia en la economía nacional, lo cual se refleja en la atención que se le da a este sector presentando un inadecuado acceso a fuentes de capital y crédito, una fuerte dependencia en la cadena de comercialización, una desarticulación con los otros sectores de la economía, una incipiente organización y ausencia de mecanismos para la previsión de la seguridad social, del empleo y de la salud.
La pesca (incluida la acuacultura) está entre las actividades del sector primario y tiene una modesta participación en la producción y comercio internacional, 1.0 por ciento de la producción, 1.5 de las exportaciones y 0.2 por ciento de las importaciones mundiales. Respecto a México, la actividad pesquera contribuye aproximadamente con 0.18 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, y esta escasa participación en la economía repercute de manera definitiva en la atención que se da al sector, puesto que no ha quedado claro aún que su importancia radica en la parte alimentaria y social más que en la económica.
El Anuario Estadístico de Pesca de 2007 señala que la Producción pesquera, del país se ubica en el lugar 15 en el ámbito internacional, con una producción total de 1.6 millones de toneladas, de las cuales se exportan 189 mil 31 toneladas, con valor de 762 millones de dólares, y se importan 163 mil 422 toneladas con precio de 437 millones de dólares, con la que se evidencia que es la única actividad del sector primario superavitaria, aunque esto no debería ser orgullo para la pesca mexicana, pues se exporta básicamente materia prima que en algunos casos como en el de las algas marinas devuelta al país ya procesada y con al menos doce veces su valor inicial.
Las capturas desde mediados de la década de los cuarenta presentaron un crecimiento exponencial hasta los ochenta, cuyo orden fue a razón de 130 por ciento. Para los noventa, el incremento fue de tan sólo 2.4 por ciento y para el inicio del siglo XXI fue cercano a 10 por ciento, mostrando una tendencia a la estabilización.
Al revisar las capturas obtenidas en los anuarios estadísticos de pesca, se hace evidente que este aparente equilibrio es resultado de la creciente producción acuícola. En resumen, la producción pesquera en México se ha mantenido constante en los últimos 20 años, aunque el volumen total presenta una tendencia a la baja, como sucede en el resto del mundo.
La FAO reconoce a la pesca y la acuacultura como actividad relevantes en todo el mundo. Produce cada año más de 100 millones de toneladas de pescado y productos pesqueros y representa el medio de vida para 200 millones de personas aproximadamente. Se estima que alrededor de mil millones de personas (en su mayoría de países en desarrollo), dependen de los productos pesqueros para satisfacer sus necesidades de proteínas animales.
Por lo que a México se refiere, la pesca y la acuacultura tienen un fuerte impacto económico y social, ya que genera cerca de 350 mil empleos directos y más de 2 millones indirectos (no se contempla a los que llevan a cabo el trabajo de investigación y de administración).
Contrario a todas las bondades que se han destacado referente a la actividad y además de ser reconocida como un “asunto de seguridad nacional”, no se le ha tratado en congruencia a ello y además la administración del sector pesquero y acuícola no se ha ubicado convenientemente dentro de la organización pública federal. A continuación se presenta una reseña de los cambios que ha sufrido la administración pesquera en México.
En 1917 este sector tenía nivel de dirección dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento, y se le nombró Dirección de Pesquerías, en 1934 se le ubicó dentro del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, y para 1940 se le ubicó en el Departamento de la Marina Nacional; sin embargo un año después se le trasladó a la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas, y en 1946 el área de acuacultura pasó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Doce años más tarde se pasó a la Secretaría de Industria y Comercio, para en 1971 convertirla Subsecretaría de Pesca que se encontraba dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.
En 1977 se crea el Departamento de Pesca, conforme a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para finalmente en 1982 crear la Secretaría de Pesca, la cual sólo duró doce años y durante el sexenio del doctor Ernesto Zedillo, desapareció como secretaría y se integró a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cono subsecretaría tratándola más que nada desde un punto de vista ambiental y no productivo, por lo que a finales del año 2000, se le reubicó como subsecretaría dentro de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y finalmente.
En el año 2001 se forma la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca con la figura jurídica de organismo desconcentrado de la Sagarpa, que es como permanece hasta nuestros días, lo cual ha provocado que la pesca y la acuacultura se pierda dentro de la gama de actividades que maneja la Secretaría, lo que afecta directamente a pescadores y acuicultores, sin mencionar que la mayoría de las pesquerías se encuentran estancadas o decreciendo, la flota pesquera en su mayoría ha dejado de ser rentable y eficiente y existe conflictos sociales y contradicciones con objetivos de protección ambiental.
Durante la anterior administración se dio también una reducción de las instituciones que atienden al sector, y se debe recordar que México ha contraído una serie de compromisos internacionales que debe cumplir comenzando con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la administración de la actividad pesquera. Al respecto la FAO hace mención que para cumplir con los compromisos para que la pesca llegue a un verdadero desarrollo sostenible, es imperativo la implementación de una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo.
Es necesario enfatizar que la administración pesquera y acuícola del país, no pueden dejarse a la suerte de un organismo que por su naturaleza jurídica ni siquiera puede hacer manejo de recursos entre muchas otras limitantes.
Sin duda un gran acierto sería la creación de la Secretaría de Pesca que denotaría la importancia de la actividad dentro la administración, sin embargo y por la situación que atraviesa el país se considera que un primer paso, sería la descentralización de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, lo cual resultaría en que tal dependencia podría tener personalidad jurídica y patrimonio propio por lo que año con año tendría que asignársele de manera directo presupuesto para su ejercicio.
No debemos olvidar que la naturaleza de los órganos administrativos es el servicio al pueblo, y para el caso nos estamos refiriendo a pescadores y acuacultores quienes desde hace décadas se encuentran en el olvido por parte de las autoridades por lo tanto con esta primera acción se le está dando la importancia necesaria a la actividad cuya importancia ya ha sido discutida.
Para alcanzar la descentralización deseada es necesario entonces hacer la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal específica mente en el artículo dedicado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Por lo expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto Decreto por el que reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de descentralizar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que entre otras de sus funciones cuente con una autonomía presupuestal, lo que le permitiría de manera directa ejercer y aplicar los recurso que se le asignen, para así quedar de la siguiente manera:
Artículo Único . Se reforma la fracción XXI del artículo 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. al XX. ...
XXI. Fomentar la actividad pesquera y acuícola a través del organismo público descentralizado, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Felipe Cervera Hernández, Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Manuel Marroquín Toledo, Patricio Chirinos del Ángel, José Luis Marcos León Perea, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Jorge Carlos Ramírez Marín, Sofía Castro Ríos, Víctor Manuel Castro Cosío, Eviel Pérez Magaña, José Ignacio Seara Sierra, Juan José Cuevas García, José Alfredo Torres Huitrón, Senador: E. Cleominio Zoreda Novelo, Alfredo Villegas Arreola, Martín Enrique Castillo Ruz, Eric Luis Rubio Barthell, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Efraín Aguilar Góngora. Liborio Vidal Aguilar (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Junio 8 de 2011.)
Informes
De los diputados Óscar García Barrón, Benigno Quezada Naranjo, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Luis Hernández Cruz, sobre la visita realizada entre los sábados 7 y 14 de mayo 2011 a Madrid, España
La administración pública de España es el aparato de servicios que posibilita la actuación de la totalidad de las instituciones del Estado español, es la titular de las potestades públicas, con personalidad jurídica propia. La Constitución de 1978 declara en el artículo 103.1 que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
La estructura de la administración pública revela una auténtica pluralidad de administraciones independientes que no solo se corresponde con la administración general del Estado, sino que incluye también a las administraciones autonómicas y las entidades locales (provincias, islas y municipios), todos ellas como entes públicos con personalidad jurídica propia.
Las administraciones públicas están sometidas a normas constitucionales y de derecho administrativo, son titulares de una serie de potestades públicos, que pretenden satisfacer los intereses generales que tienen encomendados en función de la norma de atribución de competencias. Éstas se estructuran en virtud de la potestad organizativa que pertenece a las Cortes Generales, o bien, a la asamblea legislativa de la respectiva comunidad autónoma.
Cada una de las administraciones posee un presupuesto y un amplio número de servidores públicos, con los que busca cumplir su cometido. Para el desarrollo de su actividad, las administraciones obtienen financiamiento a través de la asignación de medios económicos en los presupuestos anuales aprobados por el Poder Legislativo y, en menor medida, de los ingresos derivados de sanciones administrativas.
La administración ostenta en exclusiva las potestades públicas. En virtud de éstas, las administraciones pueden cumplir las competencias atribuidas en la ley, y emitir los llamados actos administrativos en su relación con los ciudadanos, siguiendo un procedimiento determinado por normas de derecho público. Acorde con el presupuesto constitucional del estado de derecho y concretamente, en virtud del artículo 103.1 de la Constitución española, la administración pública está completamente sometida al derecho. Todos sus actos podrán ser judicializables y en ningún caso se habrá de situar a los ciudadanos en situación de indefensión.
Organización
El entramado de administraciones tiene un carácter descentralizado, heredado del modelo estatal que describe la Constitución del 1978. No existe, pues, un criterio de jerarquía que sitúe a unas sobre otras, sino que la distribución se realiza por vía competencial. La potestad administrativa se perfila en función de quién sea competente según las normas atributivas, tanto de nivel legal como constitucional.
Pese a la confusión a la que puede llevar el término, por administración pública se entiende el conjunto de administraciones públicas existentes, de manera que en realidad no existe una sola administración pública, sino una pluralidad de ellas que integran la estructura administrativa del Estado. En la España de finales del siglo XX, el número de administraciones públicas ronda 10 mil.
Según el artículo 3.4 LRJAP, cada una de las administraciones públicas opera como personas jurídicas diferenciadas. No obstante, existe polémica en la doctrina sobre si directamente son persona jurídica o, más bien, operan como tales.
Administraciones territoriales
Las administraciones, en función del territorio sobre el que sean competentes, se clasifican en tres niveles. En primer lugar, está la administración general del Estado, cuyas competencias se extienden por todo el territorio español. El segundo nivel está compuesto por las administraciones autonómicas. Sus competencias abarcan el territorio de la correspondiente comunidad autónoma. Finalmente, las administraciones locales desarrollan sus competencias sobre el término municipal o provincial correspondiente, dependiendo de si se trata de un municipio o de una provincia.
Debe entenderse que los tres niveles se diferencian por ser jurídicamente diferentes, en la medida en cada uno de ellos posee personalidad jurídica propia. Es lo que se conoce como “ente público”, frente a la estructura interna de éstos, los denominados órganos, considerados como cada una de las unidades funcionales del ente público.
Entendido esto, dogmáticamente se hace una división entre órganos centrales y periféricos, en función de su competencia sobre la totalidad del territorio de la administración a la que pertenecen, o bien sobre sólo una fracción de éste. No ha de confundirse el concepto “administración central” con el de “administración general” ni “administración periférica” con “comunidad autónoma” o “entidades locales”. Todos ellos tienen órganos centrales y suelen tener órganos periféricos.
Administraciones instrumentales o institucionales
Junto con los tres niveles administrativos territoriales, existe un abundante y heterogéneo grupo de administraciones con carácter puramente instrumental o institucional, dependiente de una administración matriz. El carácter plural de las administraciones territoriales permite que éstas puedan ser creadas con personalidad jurídica administrativa propia, diferente de la administración matriz, para el ejercicio de unas determinadas competencias. A diferencia de la administración matriz o creadora, que tiene carácter político, la administración instrumental o institucional posee un fuerte carácter burocrático.
Visita al Consulado de México en Madrid
Los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria que asistieron a las visita a Madrid, España, sostuvieron reunión con la licenciada María Guadalupe Sánchez Martínez, titular de la sección consular.
Reunión con el presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales, Mariano Señorón
Reseña histórica
A mediados de 1989, 23 cajas rurales, hasta aquel momento pertenecientes al Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas, dejaron el Grupo BCA y crearon la Asociación Española de Cooperativas de Crédito, hoy Asociación Española de Cajas Rurales. Posteriormente, y hasta la fecha actual, se han incorporado a la Asociación otras cincuenta y cuatro cajas rurales, dando lugar a uno de los principales grupos bancarios operativos en el sistema financiero español.
El marco institucional que representa en si misma, así como la estructura empresarial que ha surgido en torno a ella, confirma la consolidación del proceso de concentración más reciente y de mayor envergadura realizado en la banca cooperativa española.
El sistema de integración resultante es un modelo de banca federada que permite salvaguardar la autonomía de las entidades asociadas que lo forman, sin tener que renunciar al requisito indispensable de operatividad bancaria y eficiencia empresarial, al tiempo que supera las limitaciones de cada entidad por su respectiva dimensión individual y el ámbito geográfico de su actividad.
Las cajas rurales del grupo tienen, por tanto, un campo de actuación definido para desempeñar su papel de forma diferenciada pero no aislada, porque la cooperación dentro del grupo permite acceder a ámbitos más amplios. Así pues, el Grupo Caja Rural puede prestar los mismos servicios que los bancos y que las cajas de ahorros, manteniendo intacta la vinculación con su ámbito territorial.
La fórmula de integración adoptada por el Grupo Caja Rural sigue los pasos de otros sistemas afines de banca cooperativa con larga tradición y éxito en Europa, algunos de los cuáles se clasifican entre los primeros grupos bancarios del continente, como son el Okobank finlandés, el Rabobank en los Países Bajos, el Österreichische Raiffeisenbanken austriaco, el Crédit Agricole en Francia o el sistema alemán Volksbanken-Raiffeisenbanken, más conocido en España por su entidad central DZ Bank, que ostentan unas cuotas de mercado del 31, 25, 24, 22 y 17 por ciento, aproximada y respectivamente. En el momento actual las 73 cajas rurales que integran el grupo suponen la práctica totalidad de las cajas rurales operantes en España, agrupando más de 97 por ciento del volumen total de activos.
- Javier Petit Asumendi, director general del Banco Cooperativo Español
- Carlos Mora, Servicios Informáticos
- Raúl Lorenzo, secretario general
- Humberto Salas Darias, gerente de Banca de Empresas (especialista en temas agrarios)
- Rocío Arizmendi (Embajada de España)
Comisión de Reforma Agraria LXI Legislatura: diputados Benigno Quezada Naranjo, Luis Hernández Cruz, Jaime Cárdenas, Justino Arriaga.
Preguntas y respuestas
Diputado Cárdenas: ¿cómo se escoge a quiénes dar el crédito?
Se da crédito de derecho pleno a cualquier cliente, financiación agrario (3 por ciento) por lo han crecido y se da para clientes en general, gracias a la expansión que tienen.
Su origen siempre será al sector agrario. El cobro de comisiones siempre es más bajo.
Diputado Luis Hernández: ¿cajas rurales es un modelo de gobierno, se incorpora todo tipo de productores?
Está bendecido por el gobierno para que se compita en el mercado (impulsado).
El presidente de la caja rural está muy involucrado en la actividad, no están incluidos partidos políticos porque perjudicaría a los socios.
Pero sí está representado por grupos agrarios.
La constitución española reconoce el cooperativismo. Los poderes públicos deben fomentar el cooperativismo (1978)
Ley de economía sostenible, economía social.
Diputado Cárdenas: ¿qué criterios se usan para establecer prioridades?
Los ministerios son los que solicitan, no hay prioridades.
Diputado Benigno Quezada Naranjo: como caja de ahorro, ¿expiden cartas de crédito para el consumo de sus usuarios?
Es parte de la actividad de la caja.
Diputado Justino Arriaga: ¿cómo lograron hacer homogéneo el proceso de acreditación? ¿Necesitan un seguro para pedir el crédito?
El propio sistema es fluido. Se exigen una serie de parámetros para saber si está acreditado el que solicita el crédito. Se fija la cuantía máxima para que no se lleve una sola persona todo, ya viene a nivel legislativo.
La unión europea fija también las reglas del juego, en función de cada sector. Se promueve el seguro agrario para mantener la renta agraria, pero sobre todo para proteger al agricultor, pero no es obligatorio contratar un seguro.
Diputado Luis Hernández: ¿cómo es el sistema de comercialización por parte de los productores?
El gobierno apoya al sector cooperativo agrícola. Aglutina a varios productores para evitar la batalla entre el productor y el distribuidor (batalla desigual).
Conclusiones
Las cajas rurales son muy estables porque el sector agrario en España es muy pagador, existe estabilidad en este sector.
Existe poca demanda de crédito... tal vez por miedo a la crisis. Falta confianza en el país sobre el crédito.
Reunión con las Cortes Generales. Reunión con la Comisión de Medio Ambiente. Recibe la presidenta de ésta
Antecedentes
El Congreso de los Diputados tiene su antecedente más remoto en el Estatuto Real de 1834, otorgado por la reina María Cristina, regente durante la minoría de edad de Isabel II, y que estableció por primera vez en España la configuración bicamaral de las cortes, al dividirlas en dos estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.
El Estamento de los Procuradores del Reino tenía carácter electivo y una composición que correspondía netamente a la representación de las ciudades y Burgos con derecho de voto en las Cortes del Antiguo Régimen.
En la Constitución de 1837, aprobada como consecuencia del Motín de la Granja de San Ildelfonso que forzó a la reina regente a sancionarla, recogió por primera vez la denominación de “Congreso de los Diputados” para la Cámara Baja de las Cortes Generales.
En las sucesivas Constituciones de 1845, 1856, 1869 y 1876 preservaron la configuración del Congreso de los Diputados como una Cámara de representación popular, que en algunos casos tuvo atribuida preeminencia sobre el Senado en materia de fuerzas armadas y de contribuciones y crédito público y control político a los miembros del gobierno.
Órganos del Congreso
En ejercicio de la autonomía que la Constitución reconoce al Congreso de los Diputados, la Cámara se rige por el Reglamento establecido por ella en 1982 y que configura una serie de órganos de gobierno para ejercer las competencias correspondientes.
Estos órganos son de dos tipos: rectores, y de funcionamiento.
Óranos de trabajo
El pleno es el órgano de trabajo funcional, a través de la cámara ejerce su voluntad. Es la reunión de todos los miembros de la cámara válidamente constituida cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros. Este órgano representa la unidad de la cámara y funciona a través de las sesiones plenarias y pueden ser de dos tipos, ordinarias y extraordinarias.
Sesiones ordinarias son todas las realizadas en los dos periodos de sesiones, de septiembre a diciembre, y de febrero a junio, convocadas a través de un calendario ya prefijado.
Sesiones extraordinarias son las convocadas a solicitud del presidente del gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Se presentará un orden del día determinado y la sesión se clausurará cuando se trate de todos los puntos del orden del día.
Las comisiones, compuestas por un número proporcional de diputados en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios, y que pueden ser de dos tipos: permanentes y no permanentes; en el caso de las comisiones permanentes, el pleno del Congreso puede conferirles competencia legislativa plena en relación a un asunto, con lo que podrán aprobar o rechazar definitivamente el proyecto de ley en cuestión. Las comisiones no permanentes son las creadas con un propósito específico y cuya temática y duración están fijadas de antemano por el pleno del Congreso.
La Diputación Permanente, compuesta por un número proporcional de diputados en función de la importancia numérica de los grupos parlamentarios. Debe estar compuesta como mínimo por 21 miembros (artículo 78 de la Constitución).
Es el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones o cuando su mandato ha terminado por expiración o disolución. La Diputación Permanente estará presidida por el presidente del Congreso.
El grupo parlamentario, los miembros de las Cámaras, se unen en función de su afinidad ideológica o pertenencia a un mismo partido político, el mínimo es de 15 diputados, aunque podrá formase un grupo parlamentario con formaciones políticas con un número no inferior a 5 diputados y que represente a 15 por ciento de los votos emitidos en la circunscripción que se hubiesen presentado o bien al 5% del conjunto nacional.
Órganos de dirección y administración
El presidente, que tiene la representación de la Cámara y es elegido por el pleno para la totalidad de la legislatura. Preside todos los demás órganos colegiados del Congreso y las reuniones conjuntas de ambas Cámaras de las Cortes Generales.
La Mesa del Congreso, integrada por el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios elegidos por el pleno en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios, cuya función primordial es regir y ordenar el trabajo de todo el Congreso, siendo el órgano de gobierno interno.
La Junta de Portavoces, integrada por el presidente y el portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios, más un miembro del gobierno y otro de la Mesa del Congreso, y el personal técnico necesario. Su función principal es fijar el orden del día de las sesiones del pleno.
Diputada María Antonia Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca (diputada por Cáceres)
Diputado Francisco Reyes Martínez (diputado por Jaén)
Diputado Alejandro Orozco
Diputado Alejandro Alonso Núñez, portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista (diputado por Toledo)
La política agraria necesita acuerdo del Parlamento Europeo. En España a partir de 1978 reconoce competencia en muchas de las comunidades autónomas. El papel del estado garantiza que la política Europa se aplique. Para hacer política agraria.
España es el segundo país perceptor de fondos en la Unión Europea, lo que provoca una necesidad de tener una política agraria fuerte.
Proyecto de ley para indicaciones de calidad, denominaciones de origen, el ingreso de la mujer en el sistema agrario.
El tema de la agricultura cedió un poco la soberanía España a la UE. Las grandes decisiones se toman a nivel europeo. Defender la interlocución con la UE.
Agriculturas muy distintas entre México y España. Necesidades muy distintas (agriculturas distintas)
Relación productor-consumidor*
Acuerdos de asociación con países de América latina (Mercosur)
Garantizar estabilidad alimentaria
Las comunidades como Catalunya tienen puntos de vista distintos al gobierno central y la visión agraria es diferente por la percepción de la misma agricultura española y europea.
Cajas rurales (ideas para implantar en México) Seguros agrarios en España*
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Presidenta
Trujillo Rincón, María Antonia (GS)
05/05/2008
Vicepresidente Primero
Madero Jarabo, José (GP)
05/05/2008
Vicepresidente Segundo
Reyes Martínez, Francisco (GS)
05/05/2008
Secretaria Primera
Lizárraga Gisbert, María Luisa (GS)
05/05/2008
Secretario Segundo
Pacheco Atienza, Arsenio (GP)
05/05/2008
Portavoces
Agirretxea Urresti, Joseba (GV [EAJ-PNV])
05/05/2008
Alonso Núñez, Alejandro (GS)
05/05/2008
Buenaventura Puig, María Nuria (GER-IU-ICV)
29/10/2010
Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS)
05/05/2008
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
05/05/2008
García Díez, Joaquín María (GP)
05/05/2008
Llorens Torres, José Ignacio (GP)
05/05/2008
Morán Fernández, Hugo Alfonso (GS)
23/09/2008
Perestelo Rodríguez, José Luis (GMx)
05/05/2008
Tarruella Tomás, María Concepción (GC-CiU)
05/05/2008
Portavoces adjuntos
Amuedo Moral, Emilio (GS)
05/05/2008
Chacón Gutiérrez, María Begoña (GP)
05/05/2008
Estrada Ibars, Marta (GS)
05/05/2008
Iglesias Fontal, María Olga (GP)
11/09/2009
Oria Galloso, José (GS)
05/05/2008
Sánchez Ramos, Aurelio (GP)
05/05/2008
Vocales
Ábalos Meco, José Luis (GS)
20/11/2009
Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS)
16/11/2010
Callejón Baena, Juan (GS)
22/05/2008
Castellano Ramón, Helena (GS)
05/05/2008
Coello Fernández-Trujillo, Mª Mercedes (GS)
05/05/2008
Domínguez González, Manuel (GP)
09/09/2009
Ferré Fons, Anton (GS)
05/05/2008
Gallego Burgos, Antonio (GP)
05/05/2008
Garre López, Alberto (GP)
05/05/2008
Lara Carbó, María Teresa de (GP)
05/05/2008
Larrosa Piqué, Félix (GS)
25/09/2008
Martín Peré, Pablo (GS)
12/02/2009
Matarí Sáez, Juan José (GP)
05/05/2008
Pérez Herraiz, Margarita (GS)
05/05/2008
Pintado Barbanoj, Ángel (GP)
05/05/2008
Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)
05/05/2008
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
22/05/2009
Adscritos
Alegría Continente, María Pilar (GS)
01/12/2010
Almagro Castro, Higinio (GS)
10/02/2011
Álvarez Oteo, Eloísa (GS)
29/05/2008
Cabrera Noda, Rosa Bella (GS)
22/05/2008
Canet Coma, Francesc (GER-IU-ICV)
05/05/2008
Carro Garrote, Francisco Xavier (GS)
27/05/2010
Casaus Rodríguez, Yolanda (GS)
22/05/2008
Chacón Carretero, Ana María (GS)
22/05/2008
Colldeforns i Sol, María Montserrat (GS)
05/05/2008
Costa Palacios, María Angelina (GS)
27/11/2009
Espinosa Mangana, María Elena (GS)
03/06/2008
Esteban Bravo, Aitor (GV (EAJ-PNV))
5/05/2008
Fernández Aguerri, María José (GS)
22/05/2008
Fernández Dávila, María Olaia (GMx)
05/05/2008
Gómez Piña, Luis Antonio (GS)
17/09/2009
González Vázquez, Sebastián (GP)
11/12/2008
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
22/05/2008
Hermosín Bono, Carmen (GS)
25/11/2010
Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU)
25/06/2008
Macías Arau, Pere (GC-CiU)
05/05/2008
Moraleda Quílez, Fernando (GS)
09/06/2008
Pérez Morales, Daniel (GS)
01/10/2009
Pezzi Cereto, Manuel (GS)
29/05/2008
Puig Gasol, María Dolores (GS)
22/05/2008
Robles Orozco, Gonzalo (GP)
29/09/2008
Sánchez Díaz, María Carmen (GS)
01/10/2009
Sánchez Pérez-Castrejón, Pedro (GS)
12/11/2009
Serna Masiá, Juana (GS)
27/11/2009
Tomás García, Luis Juan (GS)
22/05/2008
Villagrasa Pérez, María Teresa (GS)
22/05/2008
Letrados
Pérez-Serrano y Jáuregui, Nicolás
Sala Arquer, José Manuel
Recorrido Casa de América
Miércoles 11 de mayo
Visita al Senado de España
Reunión con la Comisión de Medio Ambiente
Reciben senadores de diversas comunidades
El Senado tiene su antecedente más remoto en el Estatuto Real, otorgado por la reina María Cristina, regente durante la minoría de edad de Isabel II, y que estableció por primera vez en España la configuración bicameral de las Cortes, al dividirlas en dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.
El Estamento de los Próceres del Reino tenía una composición mixta, con miembros natos tales como los hijos del Rey y los Grandes de España y miembros de nombramiento real, limitado a individuos de clase, por lo que quedaba una Cámara cuya naturaleza correspondía en esencia a la representación de los nobles y la jerarquía eclesiástica en las Cortes del Antiguo Régimen.
La Constitución de 1837, aprobada como consecuencia de un amotinamiento que forzó a la reina regente a sancionarla, recogió por primera vez la denominación de “Senado” para la Cámara Alta de las Cortes Generales. Su primer presidente fue José María Moscoso de Altamira Quiroga, conde de Fontao.
En las sucesivas Constituciones de 1845, 1856, 1869 y 1876 el Senado figuró como Cámara Colegisladora, en pie de igualdad con el Congreso de los Diputados, salvo, en algunos casos, en materia de fuerzas armadas y de contribuciones y crédito público, y además tuvo en determinadas ocasiones reservada la facultad de juzgar a los miembros del gobierno acusados por la Cámara baja.
Durante la Segunda República Española quedó suprimido el Senado, decisión adoptada en la sesión de 27 de octubre de 1931 por 150 votos contra 100. Tras perder la votación, Ángel Ossorio y Gallardo acusó a los diputados conservadores y agrarios, que se habían retirado del Parlamento, de no haberle apoyado para impedir el triunfo del unicamaralismo que preconizaban los socialistas.
El Senado se compone de un número variable de senadores, elegidos por un sistema mixto:
Los senadores de elección directa son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto siguiendo el escrutinio mayoritario plurinominal a razón de 4 senadores por cada provincia (a excepción de las insulares), 3 por cada una de islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, uno por cada una de las islas o agrupaciones de ellas de Ibiza-Formentera y Menorca en las Islas Baleares, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote (incluyendo a La Graciosa y las islas menores) y La Palma por las Islas Canarias y 2 senadores por cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Los senadores designados por las comunidades autónomas son elegidos por la asamblea legislativa de cada una a razón de un senador inicial y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
La elección de los senadores de este último grupo se verifica con arreglo a un criterio de representación mayoritaria atenuada, que prima a los partidos y coaliciones más votadas.
El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, que puede tener lugar conjunta o separadamente de la disolución del Congreso de los Diputados; el derecho de disolución corresponde al rey, que lo ejerce a petición del presidente del gobierno y bajo la exclusiva responsabilidad de éste.
Además, el mandato de los senadores elegidos por las comunidades autónomas puede estar vinculado por los respectivos estatutos de autonomía a la condición de diputado autonómico o resultar renovado para el resto de su período natural tras haberse disuelto el Senado, lo que se verifica mediante la expedición de una nueva credencial para ese mismo senador.
Carácter
El régimen de elección de los senadores hace del Senado una cámara de representación territorial, aunque en la actualidad se debate la idea de reformar la Constitución a fin de reafirmar este carácter; posibles soluciones serían la eliminación de las circunscripciones provinciales, la atribución a los órganos de las comunidades autónomas de la elección de la totalidad de los senadores o la unión de la condición de senador a la de miembro del gobierno autonómico respectivo.
La naturaleza territorial del Senado se refleja en el método de elección de sus integrantes, en la organización interna de la cámara y en las funciones que tiene atribuidas, especialmente la iniciativa de la consideración de la necesidad de que el Estado armonice leyes autonómicas o la potestad exclusiva de autorizar al gobierno a intervenir en las comunidades autónomas.
Órganos del Senado
En ejercicio de la autonomía que la Constitución reconoce al Senado, la cámara se rige por el reglamento establecido por ella y refundido por su Mesa en 1994 y que configura una serie de órganos de gobierno para ejercer las competencias correspondientes.
Estos órganos son principalmente
El presidente, que tiene la representación de la Cámara y que es elegido por el pleno para la totalidad de la legislatura. Preside todos los demás órganos colegiados del Senado.
La Mesa del Senado, integrada por el presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios elegidos por el pleno en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios, cuya función primordial es regir y ordenar el trabajo de todo el Senado, siendo el órgano de gobierno interno.
La Junta de Portavoces, integrada por el presidente y el portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios, más un miembro del gobierno y otro de la Mesa del Senado, y el personal técnico necesario. Su función primordial es fijar el orden del día de las sesiones del Pleno.
Las comisiones, compuestas por un número proporcional de senadores en función de la importancia numérica de los grupos parlamentarios, y que pueden ser de dos tipos: permanentes y no permanentes; en el caso de las comisiones permanentes, el pleno del Senado puede conferirles competencia legislativa plena en relación a un asunto, con lo que podrán aprobar o rechazar definitivamente el proyecto de ley en cuestión. Las comisiones no permanentes son las creadas con un propósito específico y cuya temática y duración están fijadas de antemano por el pleno del Senado.
La Diputación Permanente, compuesta por un número proporcional de senadores en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios y que es el órgano que vela por los poderes de la cámara entre periodos de sesiones o cuando su mandato ha terminado por expiración o disolución.
El Senado tiene atribuido por la Constitución el ejercicio de unas funciones determinadas, que pueden tener un carácter concurrente, subordinado o exclusivo:
Ejerce en concurrencia con el Congreso de los Diputados la representación del pueblo español, la potestad legislativa, la función presupuestaria y el control de la acción del gobierno.
Ejerce con carácter subordinado la potestad legislativa, pudiendo tomar en consideración proposiciones de ley y remitirlas al Congreso de los Diputados o enmendar o vetar los proyectos y proposiciones procedentes de éste, que siempre puede rechazar las enmiendas o vetos por mayoría absoluta tras su reenvío por el Senado o por mayoría simple dos meses después de dicho reenvío.
Ejerce con exclusividad las funciones de propuesta al rey del nombramiento de 4 magistrados del Tribunal Constitucional y de propuesta al rey del nombramiento de 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como la potestad de autorizar al gobierno a intervenir en las comunidades autónomas.
El Senado controla la acción del gobierno mediante interpelaciones y preguntas, que cualquiera de sus miembros puede plantear al gobierno y que pueden dar origen a una moción en la que la cámara manifieste su posición.
En cualquier caso su función de control político está subordinada al Congreso de los Diputados, único ante el que el gobierno responde de su gestión.
El Senado tiene la iniciativa legislativa, junto con el Congreso de los Diputados y con el gobierno.
El Senado tramita proyectos de ley, es decir, iniciativas remitidas por el gobierno al Congreso de los Diputados y ya aprobadas por éste, y proposiciones de ley, esto es, iniciativas remitidas por el Congreso de Diputados u originadas en el propio Senado. En todos los casos puede introducir enmiendas en los respectivos textos u oponer su veto, en este último caso el texto deberá volver al Congreso de los Diputados.
La Constitución reconoce al Senado un papel preeminente en la consideración de la necesidad de que el Estado armonice disposiciones generales de las comunidades autónomas y en la autorización de los convenios de cooperación entre comunidades autónomas, pero en caso de desacuerdo el Congreso de los Diputados tiene la última palabra, pudiendo imponer su criterio por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Únicamente en un caso el Senado tiene una potestad plena y exclusiva, sin posibilidad de intervención alguna del Congreso de los Diputados: cuando una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma gravemente contraria al interés general de España, el gobierno puede requerir a su presidente para que cese en tal actitud y si dicho requerimiento no fuera atendido, puede solicitar la autorización del Senado para imponer las medidas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones o proteger el interés general de España.
La autorización del Senado tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de éste y puede incluir condiciones y limitaciones, y además faculta automáticamente al gobierno para impartir instrucciones obligatorias a todas las autoridades de todas las comunidades autónomas. En la práctica es una suspensión de la autonomía por causas excepcionales y de la que nunca se ha hecho uso.
Presentación por los integrantes del Senado y de la CRA
La legislatura está regulada por la UE. La tierra se gestiona en España (después de la reforma agraria) aparcería, explotación de la tierra, cooperativas, economía social.
Seguros agrarios*
Presentación de la Comisión de Reforma Agraria, por el presidente, diputado Óscar García Barrón.
Cada diputado se presenta.
Los senadores se presentan y hacen una reseña de la situación del campo en España.
Reunión de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Recibe el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se crea por real decreto 432/2008, del 12 de abril. Se constituye así como ministerio de nueva creación que asume las competencias hasta entonces atribuidas a los suprimidos Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, más la competencia en materia de protección del mar, en estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento.
Corresponde al mencionado departamento ministerial la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación.
De esta forma, se aglutinan en un solo departamento ministerial todas las competencias del Estado vinculadas al medio natural, en su doble vertiente de protección del territorio y de la biodiversidad y de promoción y defensa de los factores productivos agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros y alimentarios, desde una perspectiva integral, política de protección ambiental a la vez generadora de riqueza y de alimentos y de sostenibilidad del medio rural.
Son órganos superiores y directivos del departamento, dependientes directamente de la ministra:
a) La Secretaría de Estado de Cambio Climático.
b) La Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
c) La Subsecretaría de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
d) La Secretaría General del Mar, con rango de Subsecretaría.
Presentación por parte del director general, Jesús Casas Grande.
Reunión de trabajo con el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Recibe el director general, don Manuel Núñez Gutiérrez
- Jueves 12 de mayo
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, es un organismo público de investigación, con carácter autónomo, perteneciente a la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación, dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en materia agrícola, ganadera, alimentaria, forestal y medio ambiental.
Los objetivos generales del INIA
El INIA tiene una doble vertiente, gestora y ejecutora de la I+D+i agroalimentaria. De acuerdo con esta doble función los objetivos del INIA son:
• La Programación, coordinación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación científica y técnica.
• La Ejecución de las funciones de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las de transferencia tecnológica en materia agraria y alimentaria.
• Historia del INIA.
• El INIA tiene una larga y rica historia de dedicación y servicio a la agricultura, silvicultura, ganadería y alimentación españolas, cuyos hitos más relevantes se describen a continuación.
Agricultura y Forestales:
• El primer organismo que se fundó fue el Instituto Central de Experimentación Técnico-Forestal, en 1907. En 1926 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y Forestales (INIEAF). La creación del instituto obedeció al deseo de coordinar todos los estudios que se realizaban en nuestro país en las áreas de agronomía, forestal y pecuaria, dando a los mismos la debida unidad de investigación. Sin embargo, el INEAF tuvo una vida corta ya que, en 1929 se creó el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE). El IFIE recogía así la herencia de los anteriores centros de investigación. Su sede se estableció en un ala del Instituto Agrícola de Alfonso XII, en la Ciudad Universitaria de Madrid.
• En 1931 se incorporó al IFIE el laboratorio de fauna forestal española de piscicultura y ornitología. Durante la Guerra Civil, al estar situado en la Ciudad Universitaria, se destruyeron sus instalaciones, laboratorios y biblioteca. En 1941 se aprobó la construcción de un nuevo edificio para el instituto, en una parcela concedida por el Patrimonio Nacional en el monte “El Pardo”, ubicación actual del INIA.
• En 1932 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA) con el fin de coordinar y dar mayor eficacia a la labor de dichas instituciones, que efectuaban trabajos de investigación y experimentación agronómica. Entre las funciones asignadas, le correspondió la de difundir, mediante publicaciones, los resultados de los trabajos que realizaban los Centros de Investigación y Experimentación agronómica que lo integraban.
• Inicialmente, el INIA dependió de la Dirección General de Agricultura, del entonces Ministerio de Agricultura, Industria y Fomento. Territorialmente estuvo incorporado al sector agronómico de la Ciudad Universitaria, donde había estado el Instituto Nacional Agronómico, que quedó prácticamente destruido durante la guerra civil.
Ganadería:
• En el área de ganadería, y paralelamente a los desarrollos descritos más arriba respecto a agricultura, se crearon en 1931 la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Biología Animal, estructurado en tres grandes secciones: Fisiozootecnia, Patología Animal y Contrastación.
En 1952 se creó el Patronato de Biología Animal con carácter de Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, integrado por los servicios anteriormente mencionados y el del Instituto de Inseminación Artificial, a los que se dotó de autonomía técnica en su dirección y organización de acuerdo con la diferenciación específica de sus funciones. Su misión era la de impulsar, orientar y coordinar la investigación científica y técnica en orden a la conservación, fomento y mejora de la ganadería del país. Como consecuencia de la creación del patronato, desaparecieron los Institutos de Biología Animal e Inseminación Artificial.
Estas tres instituciones de investigación (IFIE, Patronato de Biología Animal e INIA) han estado estrechamente vinculados a la universidad –a lo largo de la historia– a través de las respectivas Escuelas Técnicas y Superiores de Montes y Agrícolas, y de la Facultad de Veterinaria, habiendo estado siempre ubicados en la actual Ciudad Universitaria. La misión investigadora siempre ha acompañado a la docente y esa imprescindible asociación ha perdurado a lo largo del tiempo.
El INIA actual:
• El actual Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) esel resultado de la fusión en 1971 del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE) y el Patronato de Biología Animal, quedando adscrito al Ministerio de Agricultura, posteriormente de Agricultura, Pesca y Alimentación.
• En el año 2000 fue adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el año 2004, al de Educación y Ciencia.
• Actualmente está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.
Reunión con la coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Recibe el secretario general, José Miguel de Diego
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, tiene su referente histórico más remoto en las movilizaciones campesinas que se produjeron a finales de la década de los 60 y principios de los 70. En aquellos años las reivindicaciones se relacionaban fundamentalmente con los precios agrarios. Era el tiempo de las “guerras”: la guerra del pimiento, la guerra del maíz, la guerra de la leche, de la patata, etc.
La experiencia asociativa que supusieron estos movimientos espontáneos sirvió para que en los últimos años del régimen anterior se crease un embrión de lo que sería durante la transición la configuración de lo que más tarde sería la COAG. Los agricultores que participaron en aquellas protestas y reivindicaciones por los precios descubrieron su propia capacidad organizativa y la escasa o nula representatividad de las llamadas entonces “Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos”.
Funcionamiento independiente
En el nacimiento de la COAG se mantienen contactos con las fuerzas vivas que harían posibles la transición, pero no se adhirió a un partido político concreto, ni a un sindicato obrero, ni a ningún otro tipo de organización. De hecho, el modelo que plantean las uniones locales –poco más tarde territoriales– es tan sui generis que no encuentran paralelismo en entes precedentes ni en España ni en el resto de Europa.
El dinamismo agrario y organizativo de los primeros asociados y la previsión de un futuro “Estado de las Autonomías” llevó a aquellas uniones territoriales de los inicios a organizarse en el ámbito de lo que con el tiempo serían las comunidades autónomas.
Estructura organizativa
La COAG se constituyó formal y legalmente, como tal en 1977, a partir de la voluntad unánime y soberana de sus uniones territoriales, expresada en asamblea, que es desde entonces el órgano máximo de funcionamiento habitual de la organización.
La COAG es una organización democrática, unitaria, independiente y progresista, que jamás ha estado ligada a ninguna formación política ni a ningún sindicato obrero, aunque mantenga contactos con todos y cada uno de los que son representativos de los respectivos ámbitos territoriales.
La COAG está presente en la Historia de la Transición hacia la democracia con la modestia propia de una organización agraria en la Historia General de España, pero participa en la medida de sus posibilidades en los avances de la sociedad en todos los rincones del Estado.
En la actualidad, la COAG está consolidada en la mayoría de las comunidades autónomas, sus uniones territoriales gozan de auténtica autonomía, y las decisiones en el ámbito estatal se toman, al igual que las de cada Unión, democráticamente, como consecuencia de una fé firme de la organización en democracia en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por el propiamente asociativo.
Objetivos y reivindicaciones
Los objetivos actuales son básicamente los mismos que los expresados desde su fundación, si bien adaptados al constante cambio de parámetros económicos, muchos de los cuales fueron previstos con años de antelación por los hombres y mujeres de COAG.
La COAG sigue reivindicando la participación del agricultor en el mercado mediante sus Organizaciones de Productores Agrarios y concediendo especial importancia a las que la COAG considera estructuras económicas naturales: las cooperativas agrarias.
La reivindicación esencial es, hoy como ayer, la defensa de la EFA y de los ATP como factores que eviten el despoblamiento de nuestro medio rural, incluso donde no sea excesivamente productivo, por el beneficio social que supone, por la contribución a la preservación del medio ambiente y como garantía de calidad alimentaria frente a las tendencias de un productivismo agrario sistemático.
La COAG apuesta por una agricultura sostenible en un medio rural vivo. El modelo de agricultura en un medio rural vivo debe producir alimentos de calidad en cantidad suficiente, respetar y mantener el equilibrio con el medio ambiente y garantizar un nivel de vida digno para la población agraria. Es decir, una agricultura sostenible con políticas agrarias que pongan freno al actual proceso de disminución de activos agrarios y fijen la población en el medio rural. La garantía de rentas familiares se perfila como la clave que deben contemplar los costes económicos, ecológicos y sociales de la producción.
La potenciación de actividades socioeconómicas diversas, la equiparación de los servicios con los del medio urbano, el mantenimiento de la identidad cultural y la creación de espacio para el ocio y la cultura, son el complemento necesario para generar ilusión en la población rural, especialemente en los jóvenes, y ofrecer una calidad de vida a la que tienen tanto derecho como el resto de los ciudadanos.
Visita al instituto universitario José Ortega y Gasset
La Fundación José Ortega y Gasset (FJOG) es una institución privada dedicada a la difusión cultural, la formación, el debate y la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Inspirada en el espíritu de su titular, así como en el papel que desempeñó en la sociedad de su tiempo, fue constituida en 1978 por Soledad Ortega Spottorno. Desde entonces ha estado presidida sucesivamente por la propia fundadora, Leopoldo Calvo Sotelo, Pere Duran Farell y Antonio Garrigues Walker, y en la actualidad es presidente José Varela Ortega.
La Fundación comprende una serie de centros y departamentos que en conjunto llevan a cabo actividades muy variadas. Entre otras, formación de postgrado, enseñanza universitaria para estudiantes extranjeros, investigación aplicada, documentación sobre relaciones internacionales, seminarios y congresos, conferencias, mesas redondas, publicaciones, cursos para profesores de español, exposiciones y asistencia técnica a organismos públicos y privados y a organizaciones multilaterales.
El desarrollo de estas tareas ha vinculado a la Fundación a un grupo de académicos y profesionales de prestigio que hoy hacen de ella uno de los think tanks o grupos de expertos más acreditados de España. Con su apoyo, la institución se ha convertido en un importante escenario de reunión y debate privado, que acoge de manera habitual a destacados representantes de los ámbitos político, económico, académico y empresarial de todo el mundo.
La fundación cuenta en España con sedes en Madrid y Toledo, y se halla ahora ante un proceso de expansión internacional que ha conducido ya a la constitución de una institución semejante en Argentina –con sede en Buenos Aires– otra en Colombia –con sede en Bogotá– y una última en México –con sede en México DF–, así como a la realización regular de actividades en otros países de América Latina, como República Dominicana, Chile y Perú, donde en el año 2005 se inauguró una sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Para alcanzar sus fines la Fundación ha establecido también a lo largo de los años acuerdos y convenios con varios centenares de organismos, empresas e instituciones españolas y extranjeras, entre las que figuran centros académicos tan destacados como el St. Antony’s College, el Institut D’ Études Politiques de Paris (Sciences Po), El Colegio de México, la Universidad de Cornell o el Instituto Torcuato di Tella.
Junto a estos convenios, y con el propósito de fomentar el intercambio científico, la Fundación ha consolidado una amplísima red de relaciones dentro y fuera de España que la convierten en una de las instituciones más dinámicas del país.
- Viernes 13 de mayo
Café con el embajador de México, Jorge Zermeño Infante.
Reunión con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en Toledo
• Funciones y Competencias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
a) Agricultura, ganadería, industrias agroalimentarias y forestales de primera transformación, de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos de la administración regional.
b) Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público de Castilla-La Mancha en los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal, cinegético y piscícola.
c) Ferias y mercados de productos del ámbito propio de la consejería.
d) Denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y otras figuras de calidad relativas a los productos de la región, en colaboración con el Estado.
e) Fomento del cooperativismo de producción, transformación y comercialización en el ámbito de las competencias de la consejería.
f) La gestión de las ayudas e intervenciones derivadas de la Política Agrícola Común.
g) La programación, planificación, fomento y ejecución de infraestructuras del desarrollo rural, así como la ordenación de la propiedad territorial en esta materia.
h) La ordenación e impulso de los recursos naturales no protegidos de la región.
i) La prevención y lucha contra los incendios forestales
j) Experimentación y formación agraria y forestal.
k) Gestión de los ecosistemas agrarios y de los organismos modificados genéticamente.
l) Pastos y rastrojeras
m) Estadísticas en el ámbito de las competencias de la Consejería.
n) Aquellas otras que, en relación con las materias propias de esta Consejería, pudieran derivarse de la legislación estatal o comunitaria.
Diputados: Óscar García Barrón, Benigno Quezada Naranjo, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Luis Hernández Cruz.
De la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, relativo al Foro de la OCDE 2011 Mejores políticas para mejores vidas, que tuvo lugar el martes 24 y el miércoles 25 de mayo de 2011 en París, Francia
1. Antecedentes
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está actualmente integrada por 33 Estados, que tienen como objetivo coordinar sus políticas económicas y sociales. Fundada en 1960, su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia.
En la OCDE los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros.
Se considera que la OCDE agrupa a los países económicamente más avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como el Club de Países Ricos, que integran el 70% del mercado mundial. Originalmente 20 países firmaron la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, 14 países se han sumado y convertido en miembros plenos de la OCDE. México formalizó su ingreso el 18 de mayo de 1994.
En mayo de 2007 el Consejo Ministerial de la OCDE empezó a analizar y discutir el acceso de Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia a la organización, siendo Chile y Estonia los únicos dos países que completaron el proceso de incorporación en menos de un año.
La OCDE se ha comprometido a fortalecer su cooperación con Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica a través de un incremento en sus relaciones o admitiéndolos como miembros plenos. Otros candidatos a convertirse en miembros plenos son aquellos de la Unión Europea que aún no pertenecen a la Organización: Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Rumania.
Además de los 33 miembros plenos, 10 países con economías emergentes son miembros adherentes a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de 1976 y participan en el trabajo del Comité de Inversiones; 24 países no-miembros participan como observadores regulares o plenos en comités de la OCDE, a los que se suman otros 50, comprometidos en diversas actividades y que pueden solicitar membresía permanente previa una evaluación positiva.
2. El Foro 2011 de la OCDE
Anualmente se celebra en París, sede de esta Organización, la Semana de la OCDE, cuyas actividades principales son la realización de un Foro amplio y plural, previo a la celebración de su reunión anual del Consejo Ministerial, en general sobre la misma temática. En ese marco se presentan dos de las principales publicaciones de la OCDE: el Panorama Económico (Economic Outlook) de periodicidad semestral y su Libro estadístico (Factbook) un compendio anual con estadísticas comparativas de los países miembros.
Con motivo de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE 2011, los Ministros se reunieron bajo la presidencia de los Estados Unidos de América y la vicepresidencia de Alemania para celebrar el quicuagésimo aniversario de la organización y colocarla en un camino que garantice su papel eficaz e influyente en un mundo cada vez más interconectado.
Las deliberaciones del consejo contaron con la participación de Brasil, India, Indonesia, la República Popular de China, Sudáfrica, y la Federación de Rusia, países que avanzan en el proceso de adhesión a la OCDE.
Para 2011, las actividades del foro y del consejo se organizaron bajo el tema “better policies for better lives”. El secretario general de la OCDE, el mexicano licenciado Ángel Gurría Treviño, manifestó: “necesitamos hacer el crecimiento más verde, a partir de que nuestras políticas económicas y ambientales sean compatibles e incluso se refuercen mutuamente. La economía mundial se está recuperando de su peor crisis en los tiempos modernos, pero esta recuperación sigue siendo provisional. Con presupuestos restringidos, los gobiernos ya no pueden perder tiempo en su camino para la recuperación. Necesitan reformas estructurales y encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Necesitan hacer más eficiente el sector público y garantizar que el sector privado sea más competitivo. Necesitan luchar contra la corrupción, promover la conducta ética y restablecer la confianza en las instituciones. Los costos humanos y sociales de esta crisis se siguen sintiendo en todo el mundo. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo elevado. La pobreza, el hambre y las enfermedades prevenibles aún afectan a millones de personas en los países en desenrollo. Para resolver estos problemas se requieren políticas sociales y de empleo bien diseñadas, servicios públicos eficaces y la inversión en salud y educación. Promover el desarrollo requiere un enfoque intersectorial integrado para crear capacidad institucional y movilizar los recursos internos, la solidaridad internacional y una asistencia eficaz y bien coordinada”.
El secretario general de la OCDE presentó en la inauguración el Panorama económico (Economic Outlook 2011) que además fue objeto de dos paneles de debate alrededor de: 1) los problemas para retomar el crecimiento y recuperar los niveles de empleo; 2) la presentación del índice de calidad de vida, un instrumento de compendio estadístico y presentación en medios electrónicos de indicadores sociales que complementen el enfoque predominante del producto interno bruto(PIB) como referente para el análisis y las comparaciones internacionales (véase anexo 1).
En sesión especial el secretario general compartió con la señora Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, el evento ceremonial del quicuagésimo aniversario de la OCDE y la presentación de la reunión ministerial, al igual que las conclusiones de los eventos conmemorativos y de trabajo.
Además de esas sesiones sobre temas generales, como puntos centrales para tratar los otros aspectos conexos del temario, se dedicaron tres sesiones a los problemas de la definición del índice de mejores políticas para mejores vidas, incluyendo los instrumentos para la medición del progreso de las sociedades; tres sesiones a los problemas del crecimiento verde, las nuevas características que debe tener el crecimiento industrial y la responsabilidad de productores y consumidores; dos sesiones a la restauración de la confianza y fortalecimiento de la gobernanza; y otras relativas a la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, la solidaridad intergeneracional, la distribución de la riqueza a nivel mundial y, en forma muy destacada, la destinada a formular un nuevo paradigma para el desarrollo. Este último tema, recibió una especial atención en la reunión ministerial.
2.1. Desarrollo temático
2.1.1. Medición del progreso de las sociedades. Introducción a la iniciativa de la OCDE: el índice del buen nivel de vida
La sesión inaugural del Foro se destinó al análisis de aspectos alrededor del lema de “Mejores políticas para mejores vidas” (better policies for better lives) con la presentación del índice del buen nivel de vida elaborado por la OCDE, el cual comprende diversos indicadores sociales para la medición y comparación internacional de los niveles de vida más allá del PIB y el PIB per cápita.
El objetivo de esos trabajos es encontrar respuestas a las preguntas que surgen de las observaciones del crecimiento en general y de su falta de correspondencia, en muchos casos, con el mejoramiento del bienestar de las personas y, en particular, respecto a las mediciones que capturen la realidad en un mundo globalizado. Es decir, respecto a los objetivos del crecimiento y precisar lo que incluiría “una mejor calidad de vida” para el siglo XXI.
Dicho análisis es accesible gracias a la abundante información que los organismos internacionales, a través de las modernas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han puesto a disposición de los gobiernos, los investigadores y el público en general.
Los importantes avances que han tenido en los últimos años las formas de presentación de la información, junto con las facilidades tecnológicas presentan importantes cambios conceptuales. Las consultas interactivas de bases de datos y las representaciones geográficas en mapas temáticos aportan valiosos elementos para el análisis. Este tipo de instrumentos se ve ahora complementado con el índice del nivel de vida, elaborado por la OCDE, que de una manera accesible, en medios electrónicos y una presentación interactiva, permite incluso efectuar ponderaciones propias de los diferentes subíndices, para ubicar el lugar de los diversos países en cuanto a los diferentes indicadores y la sumatoria que representa su situación general.
La medición del PIB considerando la paridad del poder adquisitivo (purchasing power parity –PPP) de las monedas en los diferentes países es la principal medida macroeconómica de los países, de su nivel y situación económica mediante la medición per-cápita y de posiciones comparativas internacionales relativas (véase cuadro anexo).
Esas variables, para cuya medición se ha utilizado tradicionalmente el dólar como unidad monetaria y sus tipos de cambio con las diferentes monedas actualmente se ajustan mediante el PPP, lo cual significa una “corrección” estadística del propio tipo de cambio. Para ese efecto los poderes adquisitivos nacionales son definidos a partir de los índices de precios de una canasta de bienes y servicios cuya composición es prácticamente desconocida, pero que debe ser una canasta común, pues resultaría sumamente difícil considerar las diferentes circunstancias nacionales.
En cualquier caso, las estadísticas resultantes muestran mayores niveles del PIB-PP que el existente en dólares corrientes para los países pobres y menores en los referentes a los países ricos. Ello se debe a que los niveles generales de precios son mucho más bajos en los países atrasados que en los de mayor grado de desarrollo, en una relación directa cuyo punto de referencia unitario son los dólares norteamericanos y el nivel de precios en Estados Unidos.
En consecuencia, la comparación de las estadísticas internacionales muestran una aparente disminución de la brecha que separa los niveles de producción, debido no sólo a los cambios absolutos en el momento de partida, sino también a una trayectoria más rápida de los PIB de los países menos desarrollados que la que se observa en los países desarrollados.
Existen otros intentos para construir una base estadística y analítica de aplicación generalizada que permita tener una visión más completa de la situación económica y social de los países del orbe. Resulta muy importante que los nuevos instrumentos reflejen las convergencias entre ellos cuando existan, así como los avances en los resultados de la aplicación de las políticas públicas nacionales e internacionales y, de especial importancia, las desigualdades y rezagos existentes que reflejen los requerimientos de recursos necesarios para elevar la calidad de vida de las regiones y de los países involucrados.
Es recomendable que la búsqueda de nuevas medidas para evaluar la calidad de vida y su mejoramiento, como el proyecto de “Medición del progreso de las sociedades de la OCDE” considere las variables que permitan identificar diferencias, asimetrías y desigualdades; factores causales de la riqueza y la pobreza en los diversos países y desarrollar los indicadores económicos, sociales y ambientales que permitan medir los niveles de vida de las sociedades y fundamentar medidas para aumentar el bienestar generalizado.
2.1.2. Nuevas fuentes de crecimiento: hacer verde la vida
Este tema ha recibido especial atención de la OCDE, para vincular una nueva forma de crecimiento autosustentable que incluya el respeto, cuidado, conservación, recuperación y preservación del medio ambiente. Los paneles en donde se analizaron las medidas para el logro de esos objetivos centraron la atención en la exposición de las “Lecciones para una reforma de éxito para el crecimiento verde” y el “Estímulo al cambio en la prácticas de negocios y el comportamiento del consumidor”.
Para impulsar un nuevo crecimiento de las economías, desde años atrás la OCDE ha señalado que éste debe ser respetuoso del medio ambiente, propiciar la conservación y renovación de los recursos naturales y basarse en la innovación con tecnologías no contaminantes. En este foro 2011 esos objetivos, sobre la premisa de que hay que encontrar nuevas formas y modalidades para la actividad económica y los negocios, se sintetizan de la siguiente forma:
El crecimiento verde es una forma de crecimiento y desarrollo sostenible, tanto económica como ambientalmente. El crecimiento verde identifica oportunidades de nuevas industrias verdes, puestos de trabajo y tecnologías para administrar los cambios estructurales asociados con la transición a una economía más verde. Los países emergentes no podrán volverse ricos siguiendo el mismo camino que anteriormente utilizaron los países industrializados.
Las políticas económicas definidas sobre esos planteamientos descansan, como es generalmente aceptado por la teoría económica, en el impulso a la inversión como motor de la economía y a la innovación tecnológica como carburante para la modernización de los aparatos productivos, ahora sin efectos contaminantes. Se recomienda entonces que, para todas las economías nacionales, de cualquier tamaño y situación relativa, se apliquen esas políticas de “crecimiento verde” sobre un nuevo camino único.
De ahí que los subtemas de esa sesión del Foro se centraron en la exposición de historias de éxito del crecimiento verde para extraer lecciones clave para delinear la política económica internacional, así como estimular cambios e innovaciones en las prácticas de negocios y en el comportamiento de los consumidores en la economía de mercado.
En nuestra opinión, sobre el principal objetivo, en lo general, no puede haber objeción en tanto se trata de preservar los recursos naturales de todo el mundo; detener los efectos devastadores de su explotación irracional e impedir una mayor alteración climática que en el largo plazo llegaría a la destrucción de amplias zonas del planeta. Como se ha dicho, desde el punto de vista humanista, los recursos naturales no son propiedad nuestra que legaremos a nuestros hijos, sino deben ser considerados como un préstamo que las nuevas generaciones han hecho a la actual.
Sin embargo, el asunto como se plantea en una organización de países desarrollados, que ahora incorpora países en desarrollo de nivel medio alto, podría se planteado como un objetivo exclusivo prioritario para los primeros, difícilmente para los segundos y aún más para las naciones de niveles inferiores de desarrollo, los de mayor población en el mundo.
Es decir, los objetivos que se postulan para el crecimiento limpio y verde, ciertamente necesarios, cuando menos deberían ser acompañados por recomendaciones de acciones gubernamentales, incluso internacionales, y de políticas públicas que planteen otros objetivos de esa búsqueda del crecimiento, incluso de manera prioritaria.
Ello significa que además del enfoque de mercado para depurar las prácticas de negocios y cambiar las conductas de los consumidores, se requiere una mayor participación del Estado y el fortalecimiento de los mecanismos de planificación democrática, para ampliar la infraestructura económica y social, así como garantizar a la población la dotación de los bienes y servicios indispensables para una vida digna.
Tampoco cabe duda que, junto a la detención de la devastación de recursos naturales, es indispensable que sobre las tecnologías manufactureras y las generadas en una industria automovilística basada en los combustibles petrolíferos que resultaron altamente contaminantes en los siglos XIX y XX, se generen nuevas tecnologías limpias que propicien el llamado crecimiento verde.
Sin embargo hay que considerar que las tecnologías modernas, incluyendo las no contaminantes, son ahorradoras de mano de obra y cambian en forma sustancial la relación capital/trabajo, generando menos empleo por cada unidad de inversión.
Esa realidad, y en forma especial para los países de menor grado de desarrollo relativo y los francamente atrasados, nos conduce a considerar, de manera selectiva pero lo más amplia posible, la utilización de tecnologías no contaminantes que generen más empleo, que es lo que necesitan los países de menor ingreso para ampliar la ocupación y fortalecer su mercado interno.
2.1.3. Restauración de la confianza en el sistema
Otro aspecto reiterativo en las últimas reuniones de la OCDE ha sido la “necesidad de restaurar la confianza en el sistema”, que se vio gravemente deteriorada en todo el mundo debido a las prácticas súper-especulativas, posibles gracias a la falta de regulación, y en algunos casos francamente ilegales, como quedó al descubierto durante la última crisis financiera y económica de 2010. En consecuencia, los paneles correspondientes del Foro 2011 de la OCDE se orientaron fundamentalmente al análisis de las medidas que deben adoptarse para una mejor regulación financiera y la protección al consumidor (usuario), así como a la “gobernanza corporativa”, entendida como el fortalecimiento del Estado para tal regulación, así como la fijación de normas para la actuación de las grandes corporaciones.
Recordemos la crisis de 2009, que tuvo como núcleo el sistema financiero de los Estados Unidos y los otros países desarrollados del actual mundo global se inició en la esfera súper-financiera y súper-especulativa y repercutió rápidamente en los sistemas financieros bursátiles, los estrictamente bancarios y, posteriormente, en la economía real.
Las estratosféricas magnitudes de los mercados de derivados financieros y las prácticas de multiplicación de los instrumentos especulativos en esa esfera, sin un respaldo real, repercutieron en los sistemas bursátiles y bancarios que tenían como base los créditos (principalmente los hipotecarios –subprime) y por esa vía en los deudores, que se convirtieron en morosos e insolventes, afectando la economía real en todas sus ramas, empezando por la de la construcción y de ahí, en una reacción en cadena, en prácticamente todas las ramas de la economía.
Lo anterior tuvo como raíz que los propios créditos hipotecarios llegaron a ser otorgados para la compra de casa habitación y en muchas ocasiones de segundas residencias, a personas que no tenían (ni se les pedían) las garantías indispensables de esos créditos, no sólo como propiedades, sino como ingresos estables (los llamados ninjas: no income, no job, no assets). Sobre esas endebles bases se realizaba la multiplicación financiera mediante los derivados, de todo tipo y de la mayor sofisticación, todo lo cual a la larga significó el estallamiento de esa burbuja financiera.
Ese fenómeno se presentó, según consideraciones unánimes de expertos gubernamentales y privados, entre otras causas, por la falta de regulación y supervisión sobre la operación de los sistemas financieros y bancarios, por lo cual es necesario fortalecerla para tratar de evitar catástrofes similares en el futuro.
La OCDE lo expresó de la siguiente manera:
La crisis reveló serias lagunas en la economía mundial y fallas en la gobernanza y la regulación. Como los medios de subsistencia se derrumbaron, hubo una pérdida de la confianza pública en el sistema. ¿Qué han hecho los gobiernos y qué resultados deberán entregarse para superar la falta de confianza y reconstruir la credibilidad?
Cuando el sistema financiero se estrelló, millones de personas vieron desaparecer sus ahorros y la caída de su nivel de vida. Sólo un masivo esfuerzo conjunto por los gobiernos del mundo, desarrollado y en desarrollo a través del G-20, pudo evitar un colapso completo y una posible depresión.
Efectivamente, el esfuerzo de todos los gobiernos de los países desarrollados fue enorme para rescatar de las crisis a los sistemas financieros y con ello a la economía en su conjunto, lo cual significó a su vez considerables aumentos de la deuda pública. Así, las repercusiones de la crisis financiera se dieron en todos los ámbitos: en la economía real con grandes, caídas de los PIB y del empleo, generando a su vez nuevos problemas en las finanzas públicas.
También se analizaron los aspectos relativos a la “regulación financiera y la protección del consumidor”, así como el correspondiente a la “gobernanza corporativa”, el primero trata de cubrir los enormes boquetes que presentan las regulaciones de las operaciones financieras y de proteger a los usuarios de los servicios bancarios, y el segundo trata de fortalecer el papel del gobierno en esos aspectos, ambos teniendo como foco de atención el combate a la corrupción, que fue otro elemento que contribuyó a las prácticas irregulares y los abusos que acompañaron a la crisis.
Con ello y otras políticas, incluyendo la difusión de esas acciones, sus avances y resultados, se espera recuperar la confianza en el sistema. Además se considera necesario limitar las prácticas súper-especulativas de los propios mercados financieros y bursátiles por la propia vía fiscal, y mediante el establecimiento de impuestos a las ganancias con, variantes del famoso impuesto Tobin que se ha pospuesto y vuelve nuevamente ser foco de atención de analistas y gobiernos.
2.1.4. Distribuir (compartir) la riqueza
Este tema, fue tratado en el foro con referencia a las economías emergentes (en la terminología de la OCDE las del antiguo bloque soviético y otras, entre ellas, China) y sus relaciones de comercio e inversión.
Hay que considerar que el PIB mundial se concentra en unos cuantos países; Estados Unidos, Canadá, Japón y las naciones desarrolladas de Europa, cuya proporción de la población es mucho menor y cuentan, en consecuencia, con altos PIB per cápita.
En tanto, los países pobres, que albergan la mayoría de la población mundial, tienen PIB mucho menores, y per cápita aún inferiores que son el reflejo de las asimetrías y desigualdades en el desarrollo, en los ingresos de la población, y en sus niveles de vida.
La pobreza se refleja en forma contrastante, por una parte, por la menor esperanza de vida, la menor talla y peso de los niños, efecto de la desnutrición, la insuficiencia de la educación o el franco analfabetismo, la permanencia de enfermedades hace mucho tiempo erradicadas en los países más avanzados y la alta tasa de mortalidad.
Y, por otro lado, en la insuficiencia de la infraestructura y los medios de transporte, carreteras, ferrocarriles y puertos, así como en la de las modernas tecnologías de la información y consecuentemente, los accesos a redes telefónicas, Internet y banda ancha.
Excepciones a lo anterior, con peculiaridades propias, son los países petroleros de Medio Oriente, con elevados PIB gracias a la explotación de los hidrocarburos, pero con una estructura social en extremo inequitativa; así como desde luego China, país en el que sus enormes PIB recientes se convierten en un muy bajo per cápita dada su enorme población.
Efectivamente es necesaria una nueva política de distribución de la riqueza (y del ingreso) a nivel mundial, que vaya más allá de las políticas de ayuda financiera y asistencia social que han mostrado insuficiencia, y que se aplique, desde las esferas productivas y de las relaciones internacionales del intercambio de mercancías y servicios, así como en las operaciones financieras internacionales.
2.1.5. Un nuevo paradigma para el desarrollo
El vértice del foro de la OCDE y la propia reunión ministerial puede radicar en este tema. En efecto, todos los problemas analizados, los de las sesiones que se atendieron directamente, los otros que integraron el foro e incluso los que estuvieron fuera de la programación, deberían tender a establecer nuevos ideales normativos, arquetipos diferentes a los actuales para las economías nacionales ante los problemas que enfrentan y, sobre todo, en lo que se refiere a las relaciones económicas internacionales.
El “desarrollo sustentable”, se refirió a la necesidad de relanzar el crecimiento económico con una recuperación sostenida del empleo y con el cuidado de los recursos naturales. Para estos efectos, en la misma sesión se planteó la necesidad de lograr la adecuada “movilización de los recursos domésticos”, y en el marco de la globalización establecer las “asociaciones económicas con los países emergentes”. El temario del foro ubicó la necesidad de atender los problemas de los países atrasados, en los siguientes términos:
Aunque hemos hecho un compromiso histórico para poner fin a la pobreza en 2015, los resultados han sido desiguales. Mientras centramos nuestra atención en la tarea crucial de consolidación de la recuperación económica, no debemos perder de vista los retos principales al desarrollo.
La referencia es de Las Metas del Milenio, el programa de la ONU para atender los problemas más graves que ocasionan el atraso y la pobreza en los países donde habita la mayor parte de la población mundial: América Latina, Asia y, en menor medida, el Medio Oriente y, sobre todo, África.
La Metas del Milenio tienden a paliar los graves problemas de alimentación, salud y vivienda y otros bienes y servicios básicos para esa población, que en una muy alta proporción tiene que subsistir con ingresos de dos dólares diarios, 1.5 dólares por día e incluso inferiores, como puntos de referencia.
Y como se reconoce, aún las modestas Metas del Milenio presentan rezagos para su obtención. Los problemas que afectan a los propios países desarrollados, y con mayor virulencia y dramatismo a los países de menor grado de desarrollo, sobre todo los del nivel medio-bajo y bajo, requieren en efecto de la definición de nuevos paradigmas para el desarrollo.
En todos los países del mundo globalizado, la distribución de la riqueza muestra altos niveles de concentración, y el ingreso de los deciles inferiores de la población es muy bajo y desproporcionado al extremo. Esa es la propia lógica de funcionamiento del sistema; sin embargo, aún así es deseable lograr una más equitativa distribución del ingreso y la riqueza.
Ello resulta indispensable, sobre todo en aquéllos países donde la medición de la distribución se refiere a niveles muy bajos del PIB, del ingreso nacional y de sus ingresos per cápita como promedio estadístico. Resulta inconcebible que países con un PIB medio per-cápita apenas sobre el nivel de subsistencia, ese promedio estadístico refleje niveles de ingreso real aún inferiores para los estratos bajos de la población, en tanto los niveles más altos concentran la riqueza. O bien que en países de ingreso medio como el nuestro, con similar agravamiento, la pobreza de más de 50 millones de personas, 25 millones de ellas en niveles extremos, coexista con una élite de 30 familias.
Los nuevos paradigmas, cualitativos y con una gran base filosófica humanista, deben tener su correlato en objetivos y metas precisas para un desarrollo más igualitario a nivel mundial que, efectivamente, y no sólo en el cálculo estadístico, tiendan a la convergencia en los niveles de ingreso y calidad de vida de los habitantes de las diversas regiones del planeta.
Esos paradigmas para el desarrollo igualitario son accesibles cuando se observa la enorme cantidad de recursos disponibles en el mundo desarrollado, los exiguos niveles de producción e ingresos en los más atrasados, así como la enorme brecha existente entre los primeros y todos los demás.
Los nuevos objetivos deben incluir:
1. Una mayor incorporación de los países atrasados y de desarrollo medio-bajo a los flujos de comercio, en condiciones preferentes para el intercambio de sus materias primas por los bienes industrializados que adquieren, es decir un amplio y significativo mejoramiento de las relaciones de intercambio.
2. El reconocimiento de asimetrías y desequilibrios de los países de desarrollo medio-alto con los países desarrollados para poder establecer otras consideraciones preferentes que incluyan normas para el comercio intrafirmas y la disposición para elevar en forma sistemática y consistente el empleo y las remuneraciones reales en los países anfitriones.
3. Un aumento de los flujos financieros internacionales, bilaterales y multilaterales, para aumentar la inversión e impulsar la creación de infraestructura económica y social, así como las actividades directamente productivas.
4. El establecimiento de cadenas productivas en las que participen empresas nacionales, públicas, sociales, mixtas y privadas, para el abastecimiento a las empresas transnacionales exportadoras establecidas en los países de menor desarrollo.
5. Una atención especial para propiciar el fortalecimiento de los mercados internos de esos países que, paralelamente al aumento del empleo, permita la creación de establecimientos industriales que produzcan bienes indispensables, social y nacionalmente necesarios, con medidas selectivas que lo protejan de la competencia internacional de los países industrializados.
6. Un aumento sustancial de la ayuda internacional para el desarrollo y los fondos de beneficio social, para el logro de las metas necesarias para abatir los graves rezagos de los países atrasados en salud materna e infantil, desnutrición y pobreza extrema, es decir una revisión y ampliación de las Metas del Milenio.
2.1.6. Otros temas del Foro de la OCDE 2011
En otras sesiones del foro a las que no se pudo asistir por su simultaneidad con las anteriormente reseñadas, se trataron los problemas de género relacionados con el “empoderamiento económico de las mujeres”, se realizó también una sesión sobre ese empoderamiento en la de educación y empleo (medidas preferentes para las mujeres en esos terrenos).
También se realizaron sesiones para analizar los problemas relacionados con “la juventud después de los babyboomers”; la “solidaridad intergeneracional”, y nuevamente sobre la responsabilidad ambiental a este respecto.
Resultó de especial relevancia la presentación de la publicación anual de la OCDE Economíc Outlook por el propio licenciado Ángel Gurría, en el que se analizaron el “impacto social y económico” y la necesidad de ir “regresando al trabajo”.
Fue ésta la sesión en la que se abordaron los problemas de la disminución del empleo en los países de la OCDE, que de acuerdo con los documentos de referencia de este foro y el del año pasado, representa uno de los más graves problemas para el mundo y que implica, entre otros, resolver el dilema de si los nuevos empleos se han de crear para reponerlos a los trabajadores desempleados o para ocupar a nuevos trabajadores jóvenes. En todo caso, se reafirmó, es necesario aumentar el empleo en proporciones superiores a las pérdidas de la crisis.
En el debate del Economíc Outlook se insistió sobre los problemas de “restaurar la confianza y fortalecer la gobernanza”, y del “crecimiento verde”, adicionando análisis especiales sobre la Convención Antisobornos y Paraísos Fiscales y las Empresas Multinacionales.
3. Reunión del consejo de ministros de la OCDE
Las preocupaciones principales respecto a la crisis mundial 2010, que afectó con la mayor fuerza a México, surgen alrededor del problema del financiamiento del desarrollo; de una participación’ más activa con la rectoría del Estado; del fortalecimiento fiscal para recuperar y reforzar su papel en un mercado mejor orientado mediante la planificación económica; de la necesidad de establecer relaciones económicas, comerciales y financieras más equitativas entre los países desarrollados y los subdesarrollados, entre el norte y el sur, entre los principales países de la OCDE y los del resto del mundo.
Esos temas, sin embargo, estuvieron prácticamente ausentes de las discusiones del foro. En la Reunión del Consejo de Ministros de la OCDE que le sucedió (y de la cual aquel de alguna manera fue un prolegómeno), sí recibieron especial atención los problemas del déficit y la deuda públicos en los países de la OCDE y la necesidad de la “consolidación fiscal”, así como en buena medida (mayor que la del año pasado) la cooperación para el desarrollo.
Ya desde la presentación del foro, el secretario general de la OCDE advertía que “La economía mundial está empezando a salir de su peor crisis económica en los tiempos modernos, pero la recuperación sigue siendo frágil y es probable que el desempleo siga siendo alto durante algún tiempo”.
En sus “orientaciones estratégicas para la reunión ministerial” el licenciado Ángel Gurría precisó cómo puede la OCDE consolidar sus logros de los últimos años, hacer frente a los desafíos de la política actual y futura, y destacó seis áreas específicas de la mayor prioridad, donde se tiene una ventaja comparativa y experiencia para proveer de instrumental a los esfuerzos mundiales: a) desarrollo; b) crecimiento verde; c) habilidades; d) genero; e) medición del progreso; f) lucha contra la corrupción, además de la cooperación internacional para contribuir a los Objetivos del Milenio.
Sobre esos temas se plasmaron los acuerdos de la reunión ministerial, haciendo énfasis, además, en los siguientes aspectos: La recuperación de la crisis está avanzando gradualmente, con un crecimiento reciente ligeramente más fuerte que lo previsto. El crecimiento es cada vez más autosostenido, con estímulos decrecientes y aumentos de la demanda privada. Sin embargo, han surgido nuevos retos y riesgos, incluidos los crecientes precios del petróleo y otros productos básicos, las presiones inflacionarias en algunos países emergentes a los mercados y las secuelas del trágico terremoto en Japón, persisten los desequilibrios mundiales. La crisis ha dejado varios países en una posición de bajo crecimiento potencial, alto desempleo, grandes déficit públicos y deuda.
Los ministros estuvieron de acuerdo en que la OCDE está posicionada para desempeñar un papel importante en ayudar a los gobiernos para 1) sostener y fortalecer la recuperación; 2) maximizar la intensidad del trabajo para el crecimiento; y 3) abordar el problema crónico de la .creciente desigualdad para lograr un crecimiento más equitativo y sostenible. Acogieron con satisfacción la estrategia de crecimiento verde y la provisión de orientación para el trabajo futuro y afirmaron que el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para un crecimiento económico más fuerte y más justo.
El tema de “un nuevo paradigma para el desarrollo” recibió especial atención. Ello se logrará mediante una mayor colaboración e intercambio de conocimientos, incluyendo compartir fracasos y éxitos en la política y la participación para el mutuo aprendizaje, así como en profundizar las asociaciones entre la Organización y los países en desarrollo que desean participar.
Se considero que la OCDE debe enfocar su estrategia de desarrollo en las siguientes áreas: fuentes innovadoras y sostenibles del crecimiento; movilización de recursos nacionales para el desarrollo, incluyendo el fomento de un clima de inversión favorable; gobernanza y medición del progreso para el desarrollo.
Se reafirmó la importancia del sistema multilateral de comercio y de que el fortalecimiento del sistema, basado en reglas, es una fuente esencial de un crecimiento económico sostenible, el desarrollo y la creación de empleos.
En nuestro concepto, efectivamente éstas últimas deben ser preocupaciones fundamentales para lograr una mayor equidad en el desarrollo de los diversos países del mundo. Con motivo del foro, hemos expuesto nuestra opinión respecto a los aspectos, sustanciales y de fondo, que debieran quedar incluidos en la concepción de un nuevo paradigma para el desarrollo.
Se requiere un nuevo paradigma para el desarrollo que implique modificaciones estructurales, que modifiquen de raíz las relaciones de intercambio a favor de los países de menor ingreso, que canalicen recursos financieros en condiciones más favorables para su desarrollo; que favorezcan el avance tecnológico, el crecimiento sustentable y al mismo tiempo la creación de más empleos formales y adecuadamente remunerados; que permitan la ampliación y fortalecimiento de los mercados internos y su coexistencia con el intercambio mundial; que restituyan a los países subdesarrollados parte de la riqueza con la cual han contribuido al crecimiento económico mundial que injustamente los excluye.
4. Otras actividades
Las actividades relacionadas con el Foro incluyeron, en el día previo a la inauguración, una reunión de trabajo de la delegación de diputados federales y senadores mexicanos con el embajador Agustín García López, representante permanente de México en la OCDE.
En esta reunión se entabló el diálogo con referencia al último estudio de la OCDE sobre México, sobre los problemas y posibles soluciones a los efectos de la crisis en nuestro país y las perspectivas para retomar el crecimiento a largo plazo, y por otra parte se intercambiaron opiniones respecto a la temática del foro en el ámbito internacional.
El ambiente de gran cordialidad y el diálogo con opiniones plurales, se prolongó durante la cena que ofreció el embajador García López a los diputados, encabezados por el presidente de la Comisión de Economía, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal y a la cual, además de la suscrita, asistieron los diputados Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter, Rodrigo Pérez Alonso, Silvio Lagos y el representante de la OCDE en México, maestro José Antonio Ardavín.
5. Reflexiones finales
5.1. La temática del foro
La asistencia al Foro de la OCDE 2011 resultó de sumo interés y utilidad para tener, con información de primera mano y las opiniones de expertos internacionales de diversos países, un mejor conocimiento del contexto económico y social internacional actual; de los efectos de la crisis financiera y económica en los países más avanzados del orbe que forman parte de esta Organización; y de las medidas que se han adoptado, se estudian y están en proceso de adoptarse para superar la crisis, resolver la secuela de problemas que ha dejado reanudar el crecimiento y recuperar los empleos perdidos.
En primer término, debe reiterarse que en este foro de la OCDE fue notorio el escaso interés por prestar un apoyo sustantivo real a los países subdesarrollados para mejorar su situación en el concierto mundial; hacer más vigoroso su crecimiento económico; transformar su estructura productiva y lograr su industrialización; aumentar el empleo y el ingreso, reducir las desigualdades e incrementar la ayuda internacional para el logro de esos objetivos.
Es necesario que la representación mexicana en los diferentes organismos y foros internacionales, y desde luego la Cámara de Diputados en su nueva perspectiva para fortalecer las relaciones internacionales legislativas, insistan en la necesidad de las reformas económicas para intercambios comerciales y financieros más equitativos y justos que consideren asimetrías y desigualdades y se aumente la ayuda para el desarrollo de los países que lo requieren.
En lo referente a México, nuestras reflexiones reiteran la necesidad de analizar la forma de nuestra inserción en la economía globalizada, la necesidad de ampliar el mercado interno como base para el aumento del empleo a partir de una revaluación y un nuevo impulso de la política industrial y de otras políticas sectoriales y regionales, para un crecimiento más equilibrado.
Asimismo, el conocimiento de la problemática fiscal que enfrentan, además de los Estados Unidos, los países desarrollados de otros ámbitos de influencia, hacen ver la necesidad universal de reformas fiscales (consolidación la llaman ellos) que implican, necesariamente, por un lado el aumento de los ingresos y por otro la racionalización de los gastos. Lo mismo que requerimos en nuestro país, pero con más urgencia, ya que como sabemos, nuestro sistema tributario es mucho más débil, entre otras causas, porque no aplicamos medidas de impuesto a los ingresos de las personas de la misma naturaleza y nivel que tienen implantados esos países.
Un punto que requiere mayor análisis surge precisamente del manejo fiscal que se realiza en los países desarrollados; su nivel del déficit público es mucho mayor que el de México aún eliminado el eufemismo o subterfugio de no considerar en su determinación la inversión de Pemex.
Ello no ha sido sólo una situación coyuntural, sino que ha formado parte por muchos años de las políticas económicas de esos países desarrollados, lo cual debe llevamos a reconsiderar, a toda costa, el significado del equilibrio presupuestario, (o de la neutralidad del gasto) y por ende a una nueva revisión de las disposiciones en ese sentido plasmadas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin perjuicio de las medidas de racionalización del gasto y la realización de una reforma fiscal progresiva, es conveniente revaluar los principios keynesianos para impulsar el gasto público y aumentar la demanda efectiva, sin propiciar presiones inflacionarias. Ello conllevaría, junto a la revisión de la política monetaria, a reconsiderar también el papel del Banco de México, no sólo para controlar la inflación, sino también para propiciar el crecimiento.
5.2. La OCDE
Nuestra participación en el Foro Económico de la OCDE 2010 nos condujo a ponderar nuestra participación en esta organización internacional, su naturaleza y las relaciones con otras en las cuales participa nuestro país en el ámbito mundial.
Hemos expuesto al principio de este informe las características generales de la OCDE a partir de su creación mediante la convención firmada en París el 14 de diciembre de 1960 por los 21 países fundadores (19 europeos más Canadá y los Estados Unidos). Este documento estableció entre sus objetivos el de “contribuir a la expansión económica exitosa de (los países) miembros, así como de los no miembros, en el proceso de desarrollo económico (artículo 1, inciso b); hacerlo “por los medios apropiados y, en particular, por los flujos de capital a esos países, tomando en cuenta la importancia para sus economías de recibir asistencia técnica y la seguridad en la expansión de los mercados de exportación” (artículo 2, inciso e), entre otras declaraciones para contribuir al desarrollo de la economía mundial.
La OCDE se crea fundamentalmente entre los países europeos del “mundo occidental” de aquellos años, más Canadá (de la Mancomunidad Británica) y los Estados Unidos. De hecho, la OCDE sucede a la anterior Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC, por sus siglas en inglés), que a su vez fue creada en 1947 para administrar la ayuda norteamericana y canadiense para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el Plan Marshall.
La OCDE, como su antecedente, surge en diferentes etapas de la llamada “guerra fría”, que termina prácticamente con la desaparición de la Unión Soviética en 1991; de hecho, su transformación a partir de la OEEC respondió a la creación de otras organizaciones de carácter político y militar como la OTAN.
El carácter de la OCDE como organización dedicada exclusivamente a la cooperación económica, se ha ido ampliando, precisamente a partir de esa década, con la incorporación de la República Checa en 1995, Hungría, Polonia y Corea en 1996, la República Eslovaca en 2000 y desde luego México, en 1994, además de las muy recientes de Chile y Estonia y las muy próximas de los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre otros.
La OCDE actúa cada vez más como una organización de alcance multirregional, mundial. Por sus antecedentes y Convención original la OCDE, que empieza a funcionar en 1961, debe prestar mayor apoyo a los países desfavorecidos, cuestiones sobre cuyo cumplimiento y vigencia es conveniente reflexionar ahora, cincuenta años después, en un mundo más globalizado e interdependiente, en el cual los problemas atañen a toda la humanidad y es justo que los más favorecidos y adelantados ayuden a los más atrasados y pobres. En el mundo globalizado, los problemas son comunes y todos deben ayudar a su solución.
La OCDE se ha ampliado y tiene en perspectiva hacerlo aún más, con la incorporación de países de otros continentes como México, y se ha convertido en una organización multirregional, pero sólo de los países más avanzados, lo cual le confiere características especiales. En un nivel gubernamental, el proceso histórico muestra la tendencia a una organización selectiva, excluyente en cuanto a su membresía y a partir de ello, de la consideración de los problemas que no forman parte de ella y, sobre todo, de las recomendaciones de ayuda para que superen su situación.
En tiempos más recientes, este proceso ha sido acompañado por el surgimiento del Foro Mundial de Davos, éste de características diferentes por agrupar sobre todo a las empresas y personas económicamente más poderosas del mundo, así como a los “líderes de opinión” que les son afines.
Este proceso lleva a reflexionar sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas, en particular del Consejo Económico y Social y sus Comisiones Económicas regionales dependientes para Europa (CEPE), África (CEPA), América Latina y el Caribe (CEPAL) y para Asia y el Pacífico (CESPAP), todas ellas realizando importantes actividades para el estudio de los problemas del crecimiento económico y la promoción de un desarrollo regional y mundial más equitativo, y a los cuales la OCDE no se encuentra suficientemente vinculada.
Es deseable que junto con otras medidas para el fortalecimiento del Consejo Económico y Social de la ONU y sus Comisiones Económicas regionales se logre una mayor cooperación y vinculación de esfuerzos con la OCDE, que será tanto más fructífera (y necesaria) en tanto más se amplíe la membresía y los ámbitos de análisis y recomendaciones de esta Organización.
En la OCDE estos esfuerzos serían convergentes con los objetivos planteados por el secretario general, profundizar en temas específicos y vincularlos entre sí para análisis integrales, que signifiquen la “horizontalidad” y colaboración interdisciplinaria de los grupos de profesionales altamente calificados que colaboran en esta importante organización.
5.3. La participación de México en la OCDE
Como última reflexión, nos podemos preguntar ¿Qué ha ganado México con pertenecer a la OCDE? Como en los otros casos y reflexiones realizadas, la respuesta tiene que encontrarse a partir de la situación y defensa de los intereses de nuestro país. Nuestra pertenencia a la OCDE, como se ha dicho repetidamente, debe considerar que somos un país de bajos ingresos, subdesarrollado, que participa en una organización de países de altos ingresos, desarrollados, en un mundo globalizado en donde se mantienen y aún se agravan las diferencias entre ellos, en gran medida debido al mantenimiento y agudización de la desigualdad en los intercambios internacionales, comerciales, financieros y de otros factores de la producción como el trabajo.
Como en el caso de otras organizaciones internacionales, seguramente el estar en la OCDE tiene un costo, y debe tener algunas ventajas. Entre éstas, la de poder integrar las estadísticas de nuestra situación económica y social, poder compararla con la de otros países del mundo e incluso el que se realicen estudios específicos de nuestra economía y recursos (véase cuadro anexo).
Pero ello puede considerarse también una desventaja, en la medida que las orientaciones metodológicas (en última instancia ideológicas) se realicen de acuerdo con las escuelas dominantes y por ende las recomendaciones atiendan a perpetuar, más que a modificar, situaciones que desde otro punto de vista son negativas o perjudiciales.
Un ejemplo reciente de esto es precisamente el último estudio de la OCDE sobre México, que se presentó como coincidencia en los días previos al Foro, y por lo tanto representó un insumo pertinente y necesario en los análisis preparatorios de nuestra participación.
En primer lugar no podemos estar de acuerdo en las recomendaciones que dicha Organización efectúa, entre otras, para una reforma fiscal basada en los impuestos indirectos que graven el consumo popular y omitan el carácter progresivo que debiera tener, si se basara en los impuestos progresivos al ingreso eliminado privilegios y evasiones fiscales.
Tampoco compartimos la idea de que sea la llamada “flexibilización” laboral la vía para aumentar el empleo, ya que en vez de ello lesionaría los derechos adquiridos y las prestaciones de los trabajadores y sus familias:
Reiteramos que no puede ser la mera búsqueda de una “mayor competitividad” el camino para recuperar y acelerar nuestro desarrollo, sino que hacen falta medidas, nacionales e internacionales, más profundas para incidir sobre la estructura económica, con la participación rectora del Estado en un sistema de planeación democrática del desarrollo, la que ha de conducirnos a un nuevo modelo de desarrollo, necesariamente un proyecto alternativo de nación al implantado por el neoliberalismo hace ya un cuarto de siglo, mismo periodo en que México se ha estancado y las desigualdades se han agudizado.
Se deduce por tanto, al igual que respecto a nuestra participación en otros organismos internacionales, que la participación en la OCDE, en los foros, órganos directivos y en las reuniones de alto nivel (como el foro y la reunión de ministros que aquí se comentan), representen, defiendan y propugnen por los auténticos intereses nacionales y, considerando la pluralidad ideológica, se manifiesten diferentes posiciones respecto a los problemas analizados.
Algo similar puede plantearse respecto a los estudios nacionales de nuestro país; que se considere para su realización y para sus conclusiones el contexto real, el espectro ideológico y político, y posiblemente la correlación de fuerzas para el análisis de nuestros problemas, y en todo caso las consecuencias para los diversos grupos sociales de las medidas que se recomendadas.
En suma, una mayor democracia, en una amplia acepción de la palabra, es necesaria para la participación de nuestro país en la OCDE, dentro de la mejor tradición de nuestro país para su participación en los organismos internacionales.
Ello me permito informar y comunicar para los efectos conducentes, en cumplimiento de la Comisión que se me confirió, la cual agradezco y aprovecho la oportunidad para manifestarle un cordial y respetuoso saludo.
Atentamente
Diputada Ifigenia Martínez Hernández (rúbrica)
Anexo
Índice del nivel de vida (your better life index)
1. El índice que se presentó en el Foro de la OCDE 2011 se integra por 3 indicadores de condiciones materiales de vida (vivienda, ingreso y riqueza, empleo) y otros 8 Indicadores de calidad de vida, cuyo promedio es el índice general.
Cada indicador representa el promedio simple de 2 o 3 conceptos (subyacentes) calificados cada uno de ellos del 0 al 10.
La edición electrónica en el sitio web del index de la OCDE permite ensayar diferentes ponderaciones, sugiriendo iniciar con una ponderación igual (de 1) para todos los indicadores. http://www.oecdbetterlifeindex.org/
2. El cuadro anexo presenta el índice general con esa ponderación y la jerarquización correspondiente por países, sobre lo cual son pertinentes los siguientes comentarios:
• Las calificaciones de O en uno o varios indicadores para un país, disminuyen su promedio y en consecuencia su lugar en el ranking; las calificaciones de diez o muy altas lo aumentan e inciden en su lugar en la clasificación, lo cual es muy significativo cuando son varias.
– las calificaciones del Indicador de ingreso y riqueza son menores a las de los otros indicadores, y la máxima de 6.50 corresponde a Estados Unidos; es conveniente señalar que ese indicador se incluye en el índice general como cualquier otro (aún con ponderaciones).
– En algunos casos parece no existir congruencia en la calificación entre algunos conceptos para algunos países.
3. Se realizó un ejercicio complementario para incluir en el cuadro el PIB per cápita de los países de la OCDE (dólares nominales y PPP) y sus niveles relativos con el PIB-PPP más alto 1 , que corresponde a Noruega (que se igualó a 10), así como analizar su correlación con el índice general, del cual se obtuvieron las siguientes observaciones:
• En los países de alto PIB per cápita (PPP), de +-6 a 10 en términos relativos, las calificaciones más altas en los diversos Indicadores se alternan entre los países de ese grupo, todos ellos con un índice General alto.
• A partir de niveles relativos del PIB per-cápita (PPP) inferiores a 5, es notoria la disminución del índice general a partir de bajas calificaciones en los diversos Indicadores. 2
• Estas disminuciones son más drásticas a partir del PIB per cápita relativo (PPP) inferior a 4, que a partir de calificaciones muy bajas en varios indicadores (incluyendo 0) resulta en índices generales también muy distantes de los otros. 3
4. El análisis del índice del nivel de vida (your setter life index) de la OCDE, en congruencia con lo asentado en el informe, conduce a las siguientes conclusiones:
• El principal elemento determinante de las condiciones materiales y la calidad de vida es el nivel del producto y del ingreso nacional y familiar o personal, por lo cual debe seguirse prestando atención a las medidas de política económica para incrementarlos y mejorar su distribución.
• Es conveniente revisar la conceptualización, metodologías y estadísticas basadas en el PPP, el cual multiplica el PIB nominal de los países menos desarrollados y mantiene o disminuye el de los países de altos ingresos, lo cual aparentemente reduce la brecha que existe entre ellos; los nuevos indicadores e índice general muestran lo contrario.
• Lo anterior significa reconocer los esfuerzos de la OCDE, así como de otros organismos internacionales, por perfeccionar los instrumentos estadísticos y de medición con indicadores del progreso económico y social, los cuales es conveniente continuar para que la observación objetiva y realista de las situaciones relativas, coadyuve a la adopción de políticas públicas para reducir las desigualdades internacionales y al interior de los países.
1 En este ejercicio se excluyó a Luxemburgo, debido a que su PIB per cápita muy alto y fuera de rango disminuye la claridad de la correlación que se observa.
2 Aquí es notoria la excepción de Italia, que con un PIB per cápita relativo (PPP) alto de 5.73, obtiene un índice General bajo de 5.75.
3 Otra excepción como la anterior, es Portugal, que con un PIB per cápita relativo (PPP) de 4.41 tiene un índice general de 4.67.
4 Para los países más abajo en el ranking, se encuentran varias calificaciones de 0 (cero): Chile en ingreso y riqueza; México en seguridad; y Turquía en vivienda, ingreso y riqueza, y vida comunitaria; a este respecto, si la calificación es efectivamente 0 es correcto que influya en el promedio, pero si ello se debe a que el Indicador no fue calificado, no debiera considerarse para el/o; este criterio implicaría importantes cambios en el ranking del índice general. En este grupo también hay una excepción, la de Estonia que con todos los Indicadores calificados ocupa el antepenúltimo lugar en el ranking según el índice general, justo antes de nuestro país y de Turquía, que son los últimos.
