Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3308, miércoles 20 de julio de 2011
Iniciativas
Que deroga, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, recibida de legisladores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de julio de 2011
Los suscritos María de los Ángeles Moreno Uriegas, María del Socorro García Quiroz, Rosalinda Elena Mondragón Santoyo, Margarita Villaescusa Rojo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Rosalinda López Hernández, María Rojo e Incháustegui, Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rodrigo Reina Liceaga, Enoé Uranga Muñoz, Esthela Damián Peralta, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Heladio Gerardo Verver y Vargas, Olga Luz Espinosa Morales, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Carolina Viggiano Austria, Leticia Quezada Contreras, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Clara Gómez Caro, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo y Rosario Brindis Álvarez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, senadores y diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de diversos grupos parlamentarios, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracciones XVI y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 164, numerales 1o. y 2o., y 169 numerales 1o. y 2o. del Reglamento del Senado de la República, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Han pasado ya más de treinta años desde que el 25 de julio de 1978 nació Louise Joy Brown, el primer “bebé de probeta” en el mundo. A partir de entonces, la fertilización in vitro (FIV) abrió una nueva perspectiva en Salud Reproductiva que ha permitido dar solución puntual a los problemas relacionados con la infertilidad. Al día de hoy, más de 3 millones de nacimientos han sido producto de esas técnicas en el mundo. Anualmente se realizan 600 mil ciclos de FIV en 52 países, dando como resultado cerca de 122 mil recién nacidos.
La infertilidad se define como la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual.
La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de individuos en el mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17% de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esa problemática.
En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.
Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la problemática reproductiva, evidenciando que el 50% o más de las causas de infertilidad son debidas a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer.
Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una situación de desesperanza para los individuos y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un embarazo. El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4º el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos.
Ese derecho a la libre decisión reproductiva se traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas.
La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que los individuos tengan disponibles los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye a la reproducción asistida.
Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida hacen necesario regular esa materia, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos y reproductivos.
La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.
En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza que los individuos que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.
Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país.
En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo.
Por tal motivo, esta iniciativa contempla todos los aspectos científicos contenidos en iniciativas anteriores: la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y se reforman distintos artículos de la Ley General de Salud, de los Senadores Fernando Castro Trenti y Ernesto Saro Boardman, presentada el 28 de abril de 2008; la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Reproducción Asistida, de los Senadores María del Socorro García Quiroz, María de los Ángeles Moreno y Ramiro Hernández García, presentada el 26 de agosto de 2009; la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida, de la Diputada María Cristina Díaz Salazar, presentada el 8 de abril de 2010; la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida, de la Diputada María del Pilar Torre Canales, presentada el 22 de abril de 2010; la iniciativa que crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Diputada Leticia Quezada Contreras, presentada el 28 de julio de 2010, y; la Iniciativa del Senador Julio Aguirre Méndez presentada el 14 de diciembre de 2010, que reforma la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida.
El objeto coincidente de las iniciativas referidas en los antecedentes previos es legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar certeza y seguridad jurídica en el tema, razón por la cual estas comisiones decidieron proceder a su análisis y dictamen conjunto.
La reproducción humana asistida es un tema eminentemente sanitario. En ese sentido, la presente iniciativa plantea la adición de un Capítulo VI Bis, al que se le denominará “Reproducción Asistida”, dentro del Título Tercero de la Ley General de Salud. Dicho capítulo constaría de 25 artículos cuyo contenido se describe a continuación.
En el artículo 71 Bis se definen una serie de conceptos que resultan fundamentales en materia de reproducción humana asistida. Entre las definiciones contempladas destaca la que delimita el objeto mismo de la iniciativa: las técnicas de reproducción humana asistida, las cuales deben entenderse como las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y masculinas en los procesos de fertilización.
El artículo 71 Bis 1 señala como beneficiarios de las técnicas de reproducción asistida a todos los individuos mayores de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado. Esta disposición reconoce que en la actualidad existe una diversidad en las formas en las cuales se pueden integrar las familias, además de ser congruente con el derecho a la no-discriminación reconocido en el artículo 1º Constitucional.
En el caso de las mujeres casadas, el artículo 71 Bis 1 señala que se debe contar, además, con el consentimiento informado de su cónyuge, en virtud de la presunción de paternidad en el marco del matrimonio prevista en la legislación civil.
A través del artículo 71 Bis 2 se faculta a la Secretaría de Salud a emitir las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados.
Dentro del artículo 71 Bis 3 se obliga a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida a obtener una licencia sanitaria, previo cumplimiento de los requisitos siguientes, mismos que están incluidos en el artículo 71 Bis 12:
I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en ginecología y obstetricia;
IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados según lo que establezcan la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.
Por su parte, para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos donde se lleve a cabo la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados deberán cumplir, de acuerdo con el artículo 71 Bis 7, los siguientes requisitos:
I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en ginecología y obstetricia;
IV. Contar con instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados conforme a lo que establezcan esta Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.
En el caso de los bancos, la Secretaría de Salud, al otorgar la autorización respectiva, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.
Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos al efecto en la iniciativa.
De acuerdo con el artículo 71 Bis 11, las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos que, además de estar autorizados por la Secretaría de Salud, estén certificados por el Consejo de Salubridad General.
Ese mismo artículo establece que la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico especialista y que las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnan las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, de acuerdo con lo que establezcan las normas.
Mediante las disposiciones mencionadas se obliga a los establecimientos y bancos a contar con profesionales y técnicos de la salud capacitados adecuadamente, así como a proporcionar un servicio que sea confiable y, sobre todo, seguro para que se proteja en todo momento la vida de las personas que se someten a ese tipo de tratamientos.
En el artículo 71 Bis 8 se establecen las obligaciones de los Bancos de Células Germinales, entre las que destacan:
I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de los donantes y receptores, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;
II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, los contratos de depósito son aquellos mediante los cuales los receptores dejan en custodia y para crioconservación en el Banco células germinales u óvulos fertilizados;
III. Solicitar al Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida información, según sea el caso, respecto del receptor, donador y la mujer héterogestante;
IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de los donantes no sean las adecuadas;
V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de los donantes y los receptores, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o lo ordenen las autoridades judiciales, y
VI. Rendir informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud.
El artículo 71 Bis 4 prohíbe expresamente una serie de conductas que son contrarias a la dignidad humana, tales como:
I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;
II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;
III. La clonación con fines reproductivos;
IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos, y
V. La transferencia simultánea de óvulos fertilizados no provenientes de la misma pareja.
Por otra parte, la iniciativa autoriza mediante el artículo 71 Bis 5 la realización de diagnóstico genético preimplantacional, siempre y cuando su único propósito sea detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.
En el artículo 71 Bis 6 de la iniciativa se pretende obligar a mantener los óvulos fertilizados en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de los receptores, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Salud. Asimismo, se establece que los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia serán crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, con el objeto de que se le puedan transferir una vez que su salud haya mejorado y si ella así lo desea.
Los individuos podrán donar en todo momento, de acuerdo con el propio artículo 71 Bis 6, los óvulos fertilizados formados y crioconservados. Cuando se trate de cónyuges o concubinos, si se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambos miembros de la pareja.
El artículo 71 Bis 9 señala que los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados son:
I. La fertilización homóloga, que es la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;
II. La fertilización heteróloga, que es la fecundación asistida realizada con células germinales de un miembro de la pareja y de un donante anónimo;
III. La investigación, y
IV. El destino final, que en el caso de los óvulos fertilizados es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita, y que se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución.
El artículo 71 Bis 10 establece las reglas a las cuales debe sujetarse la utilización de células germinales, siendo éstas las siguientes:
I. Los individuos podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;
II. Las células germinales crioconservadas de donante podrán conservarse durante el tiempo que se señale en las normas y, en el caso de que los receptores sean los depositantes, se podrán conservar durante toda su vida;
III. Las células germinales crioconservadas de un mismo donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos;
IV. Los individuos podrán ser receptores de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa, y
V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o concubinos, en caso de fallecimiento de uno de ellos se requiere de previo consentimiento escrito del mismo para que sus células germinales puedan ser utilizadas por el cónyuge o concubino supérstite.
En el artículo 71 Bis 13 se obliga a los profesionales de la salud a que, previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, lleven a cabo una evaluación completa del estado de salud y de fertilidad de cada individuo, con el propósito de brindar la mejor opción terapéutica en materia de reproducción asistida, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.
Se obliga también a los establecimientos autorizados a conceder a los individuos una entrevista con los médicos responsables, en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, en la que se incluya lo relativo a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique. Las entrevistas informativas deberán efectuarse con los individuos y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.
Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de un individuo, se le deberá suministrar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la ciencia actual. En este caso, a los individuos solicitantes se les deben señalar las alternativas con las que cuenten.
Por virtud del artículo 71 Bis 14 se pretende evitar, en la medida de lo posible, la gestación múltiple, la generación de óvulos fertilizados supernumerarios y la práctica de la reducción embrionaria. Para estos efectos, se obliga a utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y a transferir un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud de la mujer conforme a lo recomendado por las mejores prácticas, la medicina basada en evidencia y las normas que emita la Secretaría de Salud.
En el artículo 71 Bis 15 se establece específicamente que la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá ser en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a los donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Se señala que dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.
En congruencia, se señala que cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.
El artículo 71 Bis 15 también define los requisitos que deberán cumplir los donantes, mientras que el 71 Bis 16 establece los supuestos específicos en los cuales se podrán utilizar células germinales de un donante; dichos supuestos pueden resumirse como aquellas situaciones en que se presentan anomalías que la ciencia determina como impedimento para procrear.
Asimismo, con la iniciativa se busca garantizar que los datos de identidad de los donantes se manejen confidencialmente, salvo en aquellos casos en que éste otorgue expresamente su autorización para que se difundan.
Mediante el artículo 71 Bis 17 se autoriza solicitar la colaboración de una mujer en aquellos casos en que la mujer que desea procrear carece de útero funcional por causas genéticas o quirúrgicas. A la mujer que colabora en estos casos se le denomina en la iniciativa mujer héterogestante y se señalan los requisitos que ésta deberá reunir, así como las condiciones específicas bajo las cuales podrá permitir el uso de su útero.
En el artículo 71 Bis 17 se otorga a las mujeres héterogestantes el derecho a recibir, desde la realización de los estudios médicos previos y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica de parte de los individuos que hayan solicitado su colaboración. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las mujeres héterogestantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.
Las formalidades que deberán observarse en todos los actos contemplados en el capítulo que se pretende adicionar a la Ley General de Salud se enumeran en el artículo 71 Bis 18 y son las siguientes:
I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito y deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, que es el aplicable también para la donación de órganos, incluyendo los demás elementos a los que se refiere el nuevo capítulo;
II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de los receptores se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables;
III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a los receptores se requiere del consentimiento informado de éstos, y
IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.
Los consentimientos podrán ser revocados por el donador, el receptor y la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura ovular o del proceso de transferencia.
La donación será revocable cuando los donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.
Los artículos 71 Bis 19 y 71 Bis 20 establecen cuáles son los datos que, como mínimo, deberán contener el consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados y el consentimiento informado que los receptores deberán signar ante los establecimientos autorizados, respectivamente.
En el artículo 71 Bis 21 se crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y se atribuye a la Secretaría de Salud la facultad de coordinarlo. Dicho registro se encargaría de:
I. Integrar y actualizar los datos de los receptores, de los donantes, de las mujeres héterogestantes y de las fechas de los procedimientos respectivos;
II. Proporcionar a los bancos la información relativa al receptor, donantes y la mujer héterogestante;
III. Compilar los datos estadísticos de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida;
IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados en el campo de la reproducción humana asistida, y
V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.
Por otra parte, se responsabiliza a los bancos de células germinales de la comprobación fehaciente de la identidad y los antecedentes de los donantes. Esa comprobación podrá hacerse mediante consulta de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida. Asimismo, se obliga a los bancos a llevar un registro interno de las actividades que realicen; dicha información se entregará al Registro Nacional con la periodicidad que se señale en las normas.
Por lo que se refiere a la investigación, el artículo 71 Bis 22 señala que las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación. No obstante, se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.
En esa misma línea, el artículo 71 Bis 23 establece que para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el propio capítulo;
II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado, y
III. Los demás que establecen la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Por tratarse de un tema que es materia civil, el artículo 71 Bis 24 refiere a la legislación aplicable en esa materia para los aspectos de filiación de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida.
La presente iniciativa también pretende adicionar una fracción V bis al artículo 198, una I bis al artículo 313, una II bis al artículo 315 y una VI bis al artículo 375, todos ellos de la Ley General de Salud. Mediante esas modificaciones se busca
1. Incluir a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida entre aquellos que requieren autorización sanitaria;
2. Facultar a la Secretaría de Salud para que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejerza el control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida;
3. Sujetar a la obtención de un permiso la internación en el territorio nacional o la salida de células germinales o de óvulos fertilizados, y
4. Derogar la fracción I del artículo 314 de la Ley General de Salud, ya que la definición de células germinales que ahí se encuentra se reubicaría en el nuevo capítulo.
A efecto de establecer sanciones para la violación de los preceptos contemplados en el capítulo que se adiciona, se reforman los artículos 421, 421 bis y 466 y se adiciona un artículo 466 Bis. Este último señala que se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre especies o lleve a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos por clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.
En cuanto al régimen transitorio de la iniciativa, éste consta de tres artículos. El primero de ellos señala que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo compromete a la Secretaría de Salud a emitir las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el articulado de la iniciativa en un plazo que no excederá los 260 días a partir de la entrada en vigor del Decreto de reformas respectivo y el tercero da un plazo de 120 días para instalar el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud
Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Capítulo VI Bis
Reproducción Asistida
Artículo 71 Bis. Para efectos de este capítulo, se entiende por:
I. Bancos: A los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud en términos de esta Ley para la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;
II. Células germinales: A las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un óvulo fertilizado;
III. Fertilización: A la penetración de la célula germinal femenina por la masculina con la consiguiente fusión de material genético;
IV. Crioconservación: A la técnica de preservación de tejidos, células germinales y óvulos fertilizados a bajas temperaturas;
V. Destino final de los óvulos fertilizados: Al conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita; se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución;
VI. Donante: A la mujer o el hombre, mayores de 18 años de edad que autorizan la utilización de sus gametos, así como a las parejas que autorizan la utilización de sus óvulos fertilizados en términos de esta Ley;
VII. Fertilización homóloga: A la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;
VIII. Fertilización heteróloga: A la realizada con células germinales del individuo que se someterá a una técnica de reproducción asistida y de un donante anónimo;
IX. Infertilidad: A la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo;
X. Mujer Héterogestante: A la mujer que presta su útero de manera altruista, para el desarrollo del óvulo fertilizado hasta el nacimiento del producto, en términos de lo señalado en este capítulo;
XI. Registro Nacional: Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida;
XII. Receptor: Al individuo que recibe células germinales u óvulos fertilizados para someterse a un tratamiento de reproducción humana asistida, y
XIII. Técnicas de reproducción humana asistida: A las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y masculinas en los procesos de fertilización; éstas pueden clasificarse en dos grupos, que son: 1. Baja complejidad (incluye inseminación intrauterina), y 2. Alta complejidad (incluye fertilización in vitro ).
Artículo 71 Bis 1. Podrán beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida todos los individuos mayores de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
En el caso de las mujeres casadas se deberá contar, además, con el consentimiento informado de su cónyuge.
Artículo 71 Bis 2. La Secretaría de Salud emitirá las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas a que se refiere este capítulo, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados conforme a lo que señala la presente Ley.
Artículo 71 Bis 3. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 y 315 de esta Ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.
Artículo 71 Bis 4. Se prohíbe:
I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;
II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;
III. La clonación con fines reproductivos;
IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos, y
V. La transferencia simultánea de óvulos fertilizados no provenientes de la misma pareja.
Artículo 71 Bis 5. Se podrá realizar diagnóstico genético preimplantacional para detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.
Artículo 71 Bis 6. Los óvulos fertilizados deberán mantenerse en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de los receptores, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría.
Los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia podrán ser crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer que se someterá a la técnica de reproducción asistida lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados hasta por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, con el objeto de que se le transfieran una vez que su salud haya mejorado, si ella así lo desea.
Los individuos podrán donar en todo momento los óvulos fertilizados y crioconservados en el marco de esta Ley. Tratándose de cónyuges o concubinos, si dentro del plazo al que se refiere el párrafo previo se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambos miembros de la pareja otorgado con arreglo a la presente Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 71 Bis 7. Para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos a los que se refiere el artículo 71 Bis fracción I deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en ginecología y obstetricia;
IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.
La Secretaría, al otorgar la autorización a que se refiere este artículo, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.
Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida en términos de esta Ley podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con lo que establece el presente capítulo para el caso de los bancos.
Artículo 71 Bis 8. Los bancos a los que se refiere el artículo 71 Bis fracción I deberán:
I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de los donantes y receptores, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;
II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, se consideran contratos de depósito aquellos mediante los cuales los receptores dejan en custodia y para crioconservación en el banco células germinales u óvulos fertilizados;
III. Solicitar al Registro Nacional información, según sea el caso, respecto del receptor, donador y la mujer heterogestante;
IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de los donantes no sean las adecuadas;
V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de los donantes y los receptores, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o lo ordenen las autoridades judiciales;
VI. Rendir, de acuerdo con lo que establecen el presente capítulo y el Título Sexto de esta Ley, informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud, y
VII. Las demás obligaciones que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 71 Bis 9. Los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados conforme a lo que establece el presente capítulo serán:
I. Fertilización homóloga;
II. Fertilización heteróloga;
III. Investigación, y
IV. Destino final. En el caso de los óvulos fertilizados, se estará a lo que establece la fracción V del artículo 71 Bis.
Artículo 71 Bis 10. La utilización de células germinales se sujetará a las siguientes reglas:
I. Los individuos podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;
II. Las células germinales crioconservadas de donante podrán conservarse durante el tiempo que se señale en esta Ley y las normas y, en el caso de que los receptores sean los depositantes, se podrán conservar durante toda su vida;
III. Las células germinales crioconservadas de un mismo donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos;
IV. Los individuos podrán ser receptores de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa, y
V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o concubinos, en caso de fallecimiento de uno de ellos se requiere de previo consentimiento escrito del mismo para que sus células germinales puedan ser utilizadas por el cónyuge o concubino supérstite.
Artículo 71 Bis 11. Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud y certificados por el Consejo de Salubridad General.
La aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico certificado en la materia.
Las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnen las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, y de acuerdo con lo que establezcan las normas que emita la Secretaría.
Artículo 71 Bis 12. Para obtener la autorización de la Secretaría, los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en ginecología y obstetricia;
IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.
Artículo 71 Bis 13. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud y de fertilidad de cada individuo, con el propósito de brindarle la mejor opción terapéutica, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.
Los establecimientos autorizados deberán conceder a los individuos una entrevista con los médicos responsables en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, y se incluyan datos relativos a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique.
Las entrevistas informativas deberán efectuarse con los individuos y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.
Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de un individuo, se le deberá brindar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la evidencia científica reciente. En este caso, a los individuos solicitantes se les deberán señalar las alternativas con las que cuenten.
Artículo 71 Bis 14. Se deberán utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y se transferirá un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud conforme a lo recomendado por las mejores prácticas y la medicina basada en evidencia y de acuerdo con lo que establezcan las normas.
Artículo 71 Bis 15. La donación de células germinales y óvulos fertilizados será en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a los donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.
Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.
Los datos de identidad del donante deberán ser manejados confidencialmente, salvo en aquellos casos en que éste otorgue expresamente su autorización para que se difundan o en aquellos casos en que las autoridades jurisdiccionales así lo ordenen.
Los donantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades;
II. Rendir consentimiento expreso de donación absoluta para lo cual se deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 322 de la Ley General de Salud;
III. Estar en buen estado de salud física y mental, y
IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser donantes, de conformidad con las normas.
Artículo 71 Bis 16. Se podrán utilizar células germinales de un donante en los casos siguientes:
I. Para células germinales femeninas:
a) Mujeres con falla ovárica o con reserva ovárica disminuida;
b) Mujeres con función ovárica normal pero que cursen con anormalidades genéticas;
c) Mujeres con pérdida gestacional recurrente;
d) Ausencia congénita de ovarios;
e) Antecedente de oforectomía, y
f) Cualquier otra anomalía que la ciencia determine como impedimento para procrear.
II. Para células germinales masculinas:
a) Alteraciones espermáticas;
b) Enfermedades genéticas transmitidas por el hombre;
c) Ausencia de pareja masculina, y
d) Cualquier otra anomalía que la ciencia determine como impedimento para procrear.
Artículo 71 Bis 17. Se podrá solicitar la colaboración de una mujer héterogestante en aquellos casos de ausencia de útero funcional por causas genéticas o quirúrgicas.
La mujer héterogestante deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades;
II. Rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables;
III. Estar en buen estado de salud física y mental, y
IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser mujer héterogestante, de conformidad con las normas.
La mujer héterogestante únicamente podrá permitir y autorizar el uso de su útero en un máximo de dos ocasiones hasta lograr la viabilidad del producto o tres en caso de que se produzca un aborto natural.
La mujer héterogestante preservará en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano desarrollo del producto.
Las mujeres héterogestantes recibirán desde la realización del protocolo al que se refiere este artículo y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica con cargo a los individuos que hayan solicitado su colaboración. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las mujeres héterogestantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.
Artículo 71 Bis 18. Los actos contemplados en el presente capítulo deberán observar las formalidades siguientes:
I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito que deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, incluyendo los elementos a los que se refiere el presente capítulo;
II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de los receptores se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a los receptores se requiere del consentimiento informado de éstos, y
IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.
Los consentimientos otorgados conforme a las fracciones III y IV de este artículo podrán ser revocados por el donador, el receptor y la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura ovular o del proceso de transferencia.
La donación a la que se refiere la fracción I de este artículo será revocable cuando los donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.
Artículo 71 Bis 19. El consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:
I. Datos generales del donante;
II. Datos generales del Banco;
III. Cláusula de estricta confidencialidad;
IV. Cláusula en la que el donante renuncia expresamente a conocer el destino de la donación que dichas células germinales tengan, y en su caso también de los óvulos fertilizados, y
V. Demás requisitos que la presente Ley, sus reglamentos y las normas establezcan al respecto.
Artículo 71 Bis 20. El consentimiento informado que los Receptores signarán ante los establecimientos autorizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:
I. Datos generales de los receptores;
II. Datos generales del establecimiento autorizado;
III. Cláusula de estricta confidencialidad;
IV. Cláusula en la que los receptores renuncien expresamente a conocer el origen de los óvulos, espermatozoides y óvulos fertilizados aceptados, y
V. Los demás requisitos que la presente Ley y la legislación aplicable establezcan al respecto.
Artículo 71 Bis 21. La Secretaría de Salud coordinará el Registro Nacional, mismo que se encargará de:
I. Integrar y actualizar los datos de los receptores, los donantes, las mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos;
II. Proporcionar a los bancos la información relativa al receptor, los donantes y la mujer héterogestante;
III. Compilar los datos estadísticos de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida;
IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados conforme a este capítulo, y
V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.
Será responsabilidad del banco comprobar de manera fehaciente la identidad y los antecedentes de los donantes. Dicha comprobación de los antecedentes podrá hacerse mediante consulta en el Registro Nacional.
Los bancos deberán llevar un registro interno de las actividades que realicen. Las normas definirán la información que deberá contener ese registro interno, así como la periodicidad con la que se entregará al Registro Nacional.
Artículo 71 Bis 22. Las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación.
Se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.
Artículo 71 Bis 23. Para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el presente capítulo;
II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado, y
III. Los demás que establecen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 71 Bis 24. La filiación de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida se ajustará a lo que al efecto disponga la legislación civil.
Artículo Segundo. Se adicionan una fracción V bis al artículo 198, una I bis al artículo 313, una II bis al artículo 315 y una VI bis al artículo 375, todos ellos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:
I. ...
II. ...;
III....;
IV...;
V. ...;
V Bis. Practicar técnicas de reproducción asistida, y
VI....
...
...
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:
I. ...
I Bis. El control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y
II....
Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:
I....;
II....;
II Bis. La obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;
III....
IV...
...
Artículo 375. Requieren de permiso:
I. ...;
II. ...;
III. ...;
IV. ...;
V...;
VI. ..;
VI Bis. La internación en el territorio nacional o la salida de él, de células germinales y óvulos fertilizados;
VII....;
VIII....;
IX...., y
X. ...
...
Artículo Tercero. Se deroga la fracción I del artículo 314 de la Ley General de Salud.
Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 421, 421 bis y 466 y se adiciona un artículo 466 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 71 Bis 3, 71 Bis 6, 71 Bis 8, 71 Bis 12, 71 Bis 14, 71 Bis 18, 71 Bis 19, 71 Bis 20, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238,240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.
Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 71 Bis 9, 71 Bis 10, 71 Bis 11, 71 Bis 15, 71 Bis 17, 71 Bis 22, 71 Bis 23, 100, 122, 126, 146, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.
Artículo 466. Al que sin consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella una técnica de reproducción asistida, se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como consecuencia de la técnica aplicada; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años. Si la mujer resulta embarazada como consecuencia de la técnica aplicada, podrá interrumpir el embarazo en los términos y las condiciones que al efecto señalen las legislaciones estatales.
Artículo 466 Bis. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies, así como aquellos que lleven a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos mediante clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el presente Decreto en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.
Tercero. La Secretaría de Salud instalará el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida en un plazo que no excederá los 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en el Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de julio del 2011.
Senadoras: María de los Ángeles Moreno Uriegas, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).
Diputadas: Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Enoé Uranga Muñoz, Leticia Quezada Conteras, Alma Carolina Viggiano Austria, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Olga Luz Espinosa Morales, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 13 de 2011.)
Actas
De la Comisión de Justicia, relacionada con la decimoquinta reunión, que tuvo lugar el martes 30 de noviembre de 2010
En el salón de protocolo, planta principal, del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del martes 30 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la decimoquinta reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada según el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal, en materia de terrorismo, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de trata de personas, presentada por la diputada María Araceli Vázquez Camacho.
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a emitir con la mayor brevedad observaciones y recomendaciones sobre el caso de ex servidores públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, presentada por el diputado Víctor Manuel Ceja.
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH y a la Procuraduría General de la República (PGR) a dar seguimiento a las investigaciones existentes con relación a los crímenes contra periodistas, presentada por el diputado Juan Carlos Natale López.
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán, presentada por la diputada Jenny de los Reyes Aguilar.
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de arraigo, presentada por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga.
11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de crear la unidad especializada de investigación de delitos relacionados con insumos para salud y productos de origen biológico o sustancias análogas semisintéticas, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar.
12. Asuntos generales.
Se inició la sesión con 17 firmas, de Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Eduardo Ledesma Romo, Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Julio César Godoy Toscano, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, J. Eduardo Yáñez Montaño, Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González y Arturo Zamora Jiménez.
El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, declaró la existencia de quórum legal.
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
En el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta correspondiente a la decimocuarta reunión, que fue aprobada por unanimidad.
Tomó la palabra el diputado Benítez Treviño, quien felicitó en su carácter de presidente a todos los integrantes de la comisión. Porque hoy nos invitó el presidente Calderón a Los Pinos. Hoy promulgó la Ley General para prevenir los Delitos en materia de Secuestro. Y esto obedece al talento de todos ustedes, a sus aportaciones y al trabajo en conferencia que realizamos con la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Como hemos expresado en la comisión, la ley es perfectible; nunca encontraremos una perfecta. Seguramente se va a enriquecer con las aportaciones de todos ustedes. Pero es justo reconocer que es un paso histórico en materia de prevención, persecución y sanción del delito de secuestro.
Con las orientaciones que todos ustedes conocen, es una ley general que distribuye competencias, articula la relación de unidades especializadas para la prevención, persecución y sanción del secuestro. Establece penalidades que llegan incluso a la cadena perpetua, tratándose de mutilación de la víctima del delito de secuestro, o pérdida de la vida.
Establece el principio de no prescriptibilidad del secuestro, y también el principio para los sentenciados de que nos serán sujetos a ningún beneficio de ley una vez que sean condenados. Esto es: no hay derecho a la remisión parcial de la pena, no hay derecho a la libertad preparatoria. Y lo más importante es que se establece un fondo nacional para reparar el daño a las víctimas y ofendidos del secuestro.
La Comisión de Presupuesto nos autorizó, como primera aportación para este fondo, 98 millones 700 mil pesos, con los que empezamos con el pie derecho en la materia.
Como saben, tiene que expedirse el reglamento que manejará la PGR. Es uno de los cajones del Fondo para la Atención y la Prevención del Delito de Secuestro. Los otros son las fianzas, pólizas que se hagan efectivas, los bienes decomisados, los intereses de las inversiones que se hagan por este motivo, los bienes producto de la extinción de dominio, los bienes presupuestales y las donaciones.
Finalmente, creo que es un paso histórico porque el delito de secuestro tiene como valor fundamental la tutela de lo que se ha considerado el segundo valor del ser humano: el primero es la vida; el segundo, la libertad deambulatoria.
No me resta más que decir a todos ustedes que su trabajo hoy está reflejado, mediante el Diario Oficial de la Federación, en la nueva Ley General para prevenir y sancionar el Delito de Secuestro.
Felicidades a todos ustedes.
El punto número cuatro fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la iniciativa que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal, en materia de terrorismo.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: La iniciativa que estamos presentando es una propuesta para adicional el artículo 139 del Código Penal Federal, en lo relativo al delito de terrorismo.
Como saben, el terrorismo se incorpora en la legislación penal federal como consecuencia de los actos terroristas que se vivieron en México hace poco más de 40 años. Como consecuencia de ello, en esta figura típica se establecía como finalidades de autor que tuviesen la obligación hacia las autoridades de realizar o dejar de realizar ciertos actos con fines políticos o ideológicos. Esto es, el secuestro se construyó para que quienes actuaran de esa manera solamente se reflejara cuando llevaban a cabo esta finalidad.
Hoy día nos damos cuenta de que el tema de violencia ha venido en forma creciente en diferentes manifestaciones y rumbos del país. Por esa razón, nosotros estamos eliminando esa finalidad de autor, con objeto de que quede sólo el hecho de intimidar a la población como un delito de terrorismo.
Adicionalmente, estamos planteando la pena que estamos proponiendo, que es de 10 a 50 años de prisión, para quien cometa el delito de terrorismo. Es una figura, la adición que estamos haciendo, aparentemente simple o sencilla. Sin embargo, nos permite abrir el abanico de posibilidades contra todas las personas que con cualquier medio de los que se establecen en el mismo tipo genere terror, miedo, temor fundado hacia núcleos de población importantes, porque también nos damos cuenta de que una cuestión que estamos incorporando es la difusión de estas actividades.
Dicha difusión de actividades la vemos cotidianamente en la colocación de mantas, de mensajes, donde ahora ya a ciertos núcleos de la población hasta se dice que habrá determinados momentos en los que habrá toque de queda. De tal suerte, esto es terrorismo, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por esa razón creo importante dar una nueva herramienta al gobierno, un nuevo instrumento a la PGR, con la finalidad de que puedan combatirse eficazmente estos fenómenos de violencia familiar que se presentan en México.
Ésa es, en síntesis, la propuesta.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comentó sobre la propuesta: Por supuesto, la creo positiva. Tiene que ver con el objeto de incrementar penas a quienes realicen actos de terrorismo y, asimismo, sancionar penalmente a quienes ejecuten estos actos. Obviamente, algunas evacuaciones que se están haciendo... Quisiera comentar que actualmente en el artículo 139 de este ordenamiento ya se establece lo que se refiere a actos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo.
El diputado Julio César Godoy Toscano comentó: Deseo precisar que si quedó establecida la eliminación de difundir las posturas ideológicas que fueron motivo de discusión en la anterior mesa de trabajo, para que quede especificado en este dictamen.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por mayoría y una abstención.
El punto número cinco fue de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales.
El diputado Arturo Zamora dijo: Hablamos de algunas reformas y adiciones que se plantean respecto a los artículos 406 a 412 del Código Penal Federal, en el capítulo relativo a los delitos electorales. Actualmente, la legislación establece sanciones de carácter penal para los candidatos que reciban recursos de procedencia ilícita. Entonces, a partir del reconocimiento que se hace en la normativa, podríamos llamarle administrativa –esto es, la ley que regula los procedimientos electorales en México–, a partir del reconocimiento de la existencia de las etapas preelectorales, formalmente hablando y jurídicamente hablando, en el Código Penal se nos quedó un vacío. Esto es: actualmente el precandidato que recibe y utiliza recursos de procedencia ilícita no comete ningún delito porque no está tipificada la conducta como tal.
De tal suerte, la iniciativa va en el sentido de cubrir un vacío o una laguna de la ley a fin de que también puedan ser sancionados los precandidatos que reciben por supuesto recursos de procedencia ilícita en precampañas, precandidatos también las dirigencias de partidos que puedan recibir en un momento dado recursos de procedencia ilícita, y se amplía un poquito la cobertura para quienes utilizan también aeronaves que son de procedencia ilícita no solamente en campaña sino también en precampañas.
En síntesis, estamos realmente planteando esto y no sólo para el precandidato de manera directa sino también para el que por interpósita persona recibe estos recursos porque si lo dejamos en precandidato o candidato exclusivamente, si no hay el contacto directo por más que tengamos la cobertura del 13, del Código Penal Federal, que nos habla de las formas de autoridad y participación, me parece que a nivel del tipo penal es mucho mejor que tengamos esta cobertura para evitar que candidatos o precandidatos en procesos de naturaleza electoral reciban recursos de procedencia ilícita por sí o a través de terceras personas.
Ésa es en términos generales la razón, y no solamente recursos de procedencia ilícita en numerarios sino también la utilización de bienes que proceden de conductas ilícitas.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por unanimidad.
El punto número seis del orden del día consistió en la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de trata de personas, presentada por la diputada María Araceli Vázquez Camacho.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por unanimidad en sentido negativo.
El punto número siete fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la CNDH a emitir con la mayor brevedad una recomendación sobre el caso de ex servidores públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, presentada por el diputado Víctor Manuel Ceja.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por unanimidad en sentido negativo.
El punto número ocho fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH y a la PGR a dar seguimiento a las investigaciones existentes con relación a los crímenes contra periodistas, presentada por el diputado Juan Carlos Natale López.
El punto número nueve fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán, presentada por la diputada Jenny de los Reyes Aguilar.
Se discutieron en conjunto.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: Estamos a favor de estos dos exhortos. Sin embargo, en el caso de la PGR, por decreto publicado el 5 de julio de este año, se creó la Fiscalía Especializada para Atender los Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión. Me parece que podemos abundar y ser un poco más específicos aquí en el punto de acuerdo que se apruebe para remitirlo a la fiscalía.
Insisto: no tengo las fechas en que las proponentes hicieron la exposición en el pleno, pero seguramente no estaba creada esta fiscalía. Entonces, le solicito que pudiéramos hacer la adición para especializarla más.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comentó: En el dictamen se puede establecer que se realice un exhorto respetuoso a la PGR para que a través de ella, sea la fiscalía especializada, en esos términos, y que quede por supuesto más entendible, que como comisión no nos veamos que no sabemos de la existencia de esta fiscalía.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: Solamente señalaría esto y que, es justo decirlo, la proponente fue nuestra compañera Jenny de los Reyes Aguilar, quien falleció en un accidente con motivo de las labores de su encargo, y quede constancia de que sus preocupaciones que llevó al pleno de la Cámara no quedaron en el aire, no se perdieron, sino que las ha retomado la comisión y que se traducen en un acuerdo.
Se sometieron a votación los dos dictámenes. Se aprobaron por unanimidad.
Acuerdo de que en los considerandos se hiciera una mención a la diputada Jenny de los Reyes Aguilar.
El punto número diez fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de arraigo, presentada por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga.
El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: El dictamen viene en sentido negativo, pues el arraigo es una figura que con la reforma en materia de justicia penal del 18 de junio de 2008 ya está regulada como una atribución de los jueces en los artículos 16 y 20 constitucionales. Entonces, sería reiterativo.
No podríamos decir que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se refiere al arraigo en el artículo 12, es inconstitucional, pues deriva de dos preceptos constitucionales que ya lo establecen; y en los dos preceptos constitucionales es facultad exclusiva de la autoridad judicial, no del Ministerio Público. El Ministerio Público puede solicitar el arraigo, pero los artículos 16, 20 y 21 constitucionales establecen que es facultad exclusiva de la autoridad judicial concederlo, sus términos, su posibilidad y su continuación cuando se duplica el arraigo.
Por tanto, el dictamen correspondiente viene en sentido negativo, pues ya tiene el arraigo rango constitucional.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por unanimidad en sentido negativo.
El punto número once fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la PGR, a fin de crear la unidad especializada de investigación de delitos relacionados con insumos para la salud y productos de origen biológico o sustancias análogas semisintéticas, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar.
El presidente comentó: El dictamen también viene en sentido negativo, por dos razones fundamentales: primero, porque es facultad del titular de la PGR establecer las unidades especializadas encargadas de conocer, tramitar y resolver las averiguaciones en los temas específicos; y, segundo, porque el artículo 89 constitucional confiere al presidente de la República la facultad reglamentaria. Viene en sentido negativo por ambas razones, que son de fondo.
Se sometió a votación el dictamen. Se aprobó por unanimidad en sentido negativo.
El punto número doce fue de asuntos generales.
Tomó la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: El tema que quisiera tratarles es el siguiente: fue un acuerdo de esta comisión que en la minuta que votamos en sentido positivo y que hoy ha promulgado el Ejecutivo federal respecto a la Ley para prevenir y sancionar el Delito de Secuestro, la ley general; podríamos formar una comisión cuyo objetivo sería mejorar la minuta sin que frenáramos el propósito final, que era contar con un nuevo marco jurídico para la atención de este delito.
En tal virtud, dado que se promulgó y quedamos en que además habría un tiempo perentorio para los trabajos de la comisión, en tal virtud se hizo llegar a cada uno de los integrantes un documento que puede servir como base para una discusión, y para ver en qué puntos podemos mejorar, y que sirva al país –el objetivo final–, y no tiene que ver esto con otro propósito que no sea tener un sólido marco legislativo, un sólido marco legal que permita combatir con mayor eficacia este acto ilícito, que agravia mucho a la sociedad.
En tal virtud se les envió el documento, un documento base que cada uno de ustedes tiene, con la finalidad de que pudiéramos reunirnos la próxima semana y podamos mejorarlo, en las cuestiones de forma y quizás en algunas de fondo. El diputado Arturo Zamora, con quien he tenido una interesante conversación, la semana pasada nos señaló que es un especialista en materia de penalidades. Amablemente accedió a que pudiera ayudarnos a delinear el capítulo de conducta y pena. En este momento se tratan con gran severidad diferentes conductas que ameritarían probablemente pena distinta y que sabemos cómo pudiera reaccionar el Poder Judicial frente a una circunstancia de esta naturaleza. Lo mismo que dejar muy claro el tema de las competencias, por señalar los dos aspectos de fondo que son los más importantes o más trascendentes y que permita en las labores de coordinación a esta ley general tener una aplicación plena y que no haya posibilidades de elusión de responsabilidades por los distintos niveles de gobierno.
El diputado Arturo Zamora Jiménez dijo: En virtud de que, con el acto del Poder Ejecutivo que realiza hoy se cumple prácticamente el ínter legislativo por la entrada en vigencia, creo importante que, como miembros de la comisión, estuviésemos en principio de acuerdo, en que el resultado del trabajo de este grupo que estará haciendo las adecuaciones correspondientes, pues tenga que formar parte de una iniciativa.
Acuerdo de que se llevaría a cabo una reunión el 7 de diciembre del año en curso para empezar a trabajar sobre las adecuaciones de la Ley para prevenir y sancionar el Delito de Secuestro.
Acuerdo: La secretaria técnica enviará a todos los integrantes el plan de trabajo correspondiente a 2011 para sus comentarios y poder aprobarlo en la siguiente sesión de la comisión.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la decimoquinta sesión a las 19:00 horas del martes 30 de noviembre de 2010.
La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
De la Comisión de Justicia, relativa a la decimoséptima reunión, celebrada el martes 22 de febrero de 2011
En la zona C del edificio G, a las 17:30 horas del martes 22 de febrero de 2011, se llevó a cabo la decimoséptima reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles. Enviada por la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional. En sentido positivo.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley contra la Delincuencia Organizada. En sentido positivo.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sentido positivo.
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales. Presentada por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo. En sentido positivo.
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. Presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas. En sentido negativo.
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código Penal Federal. Presentada por el diputado Carlos Alberto García González. En sentido negativo.
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR y al juez segundo de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de México a intervenir para que se ponga en libertad a las procesadas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, en la causa penal 98/2009-ii, acusadas de delitos contra la salud. Suscrito por la diputada Sofía Castro Ríos. En sentido negativo.
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión. Presentada por el diputado Bonifacio Herrera Rivera. En sentido positivo.
12. Asuntos generales.
13. Clausura y convocatoria para la decimoctava reunión ordinaria que tendrá verificativo el 10 de marzo de 2011.
Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diecisiete de febrero de dos mil once.
El presidente de la comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, dio la bienvenida al diputado Israel Madrigal Ceja, quien fue nombrado a partir del 10 de febrero integrante de esta comisión, por parte del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 23 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Ángeles Nazares Jerónimo, Eduardo Ledesma Romo, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Lieja, Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
El punto numero dos fue la lectura del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la decimosexta reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto 4 fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles. Enviada por la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 Constitucional. En sentido positivo.
Tomaron la palabra los siguientes diputados:
El diputado Gregorio Hurtado Leija comentó: Mi pregunta es si se encuentra definido claramente para evitar alguna interpretación, que un juez lo entienda de otra forma. O si en el cuerpo de la exposición de motivos se explica en los términos en que usted lo hizo verbalmente, para evitar alguna mala interpretación por parte de un juez. Una pregunta. El párrafo cuarto del artículo 271, que se está proponiendo en este proyecto de dictamen, señala que en las actuaciones dictadas en los juicios, en las que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, señala claramente que el tribunal deberá, a petición de la parte que lo requiera dice dos cosas. Dice “estenografía proyectada”, que estoy de acuerdo; pero dice también “o la ayuda técnica respectiva”. A lo mejor se refiere no solamente a la estenografía proyectada. Y la diferencia que veo es en el caso del 342, segundo párrafo. Cuando se trata de que la parte fuera indígena y no hablara español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua. Ahí ya no habla de a petición de parte. Por qué la diferencia. En el sentido de que cuando se trate de ayudad técnica a quien tiene alguna incapacidad visual se requiere a que sea a petición de parte, y cuando se trate de alguna de las partes que fuera indígena y no hablara español, ahí no se requiere que sea a petición de parte. Yo entiendo que si no lo pide en caso de alguna discapacidad visual ¿no se le va a otorgar la ayuda técnica, si no lo solicita?
El diputado Camilo Ramírez Puente comento: En el 342 por eso se me pasó tomar la palabra. En la última parte, cuando habla: “si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes, ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a fin de que se cumpla con tal disposición”. Me queda duda de si no se presta a ambigüedad esta última parte. Yo haría la súplica a todos los demás si pudiésemos analizar este aspecto. Porque lo de “en fecha posterior”.
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría, con las siguientes adecuaciones: en lugar de fecha posterior quedará como “audiencia posterior”, y con el comentario del diputado Gregorio Hurtado Leija que estaba en desacuerdo con el cuarto párrafo del artículo 271.
El punto cinco fue el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley contra la Delincuencia Organizada. En sentido positivo.
Tomaron la palabra los siguientes diputados:
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, expuso lo siguiente: Es de la mayor importancia la minuta que nos ha enviado el Senado. Hay tres cosas que me llama la atención. Primero. No es fácil entender que 10 millones de dólares al día deja de percibir Petróleos Mexicanos por el robo a los ductos de Pemex. Segundo. Que puntualice el dictamen del Senado que tratándose de mil litros sea un delito grave. Tercero. Si me lo permiten, una preocupación que tenía el Senado, al que se acercaron productores agrícolas y piscícolas, queda recogido en este párrafo: no se aplicará la pena prevista en el segundo párrafo de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados sus derivados, hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posición de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad. Es decir, si alguien tiene 300 litros para su barcaza o si alguien lo tiene para su tractor, sobre todo en las comunidades del norte esto es muy usual, entonces por eso la preocupación del Senado de que excluyéramos a productores piscícolas o agrícolas que se da —como lo acabo de mencionar— de esta sanción. Creo que con esto queda redondeado el dictamen que nos envía el Senado y nosotros tenemos que responder en consonancia, porque lo he dicho en varias ocasiones, desgraciadamente en el robo a los ductos de Pemex cada día tenemos más la presencia de delincuencia organizada y el artículo 16 constitucional es muy claro: por delincuencia organizada se entiende la reunión de más de tres personas que en forma cotidiana se unen para delinquir.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Tres puntos a destacar, el primero era tasar el número de litros que teníamos que tener, el caso es que quedara muy claro en qué casos este robro de hidrocarburos o la tenencia del robro de hidrocarburos se iba a considerar como un delito grave. Entonces creo que en la parte del dictamen queda muy claro la diferencia que hay en cada uno de los supuestos, principalmente en el delito grave que son a partir de los mil litros que no justifiquen la tenencia de los mismos y queda muy a salvo las actividades que por su condición es necesario tener almacenado hidrocarburos para que sigan esa actividad económica. Lo segundo era, que quedara dentro de los apartados de litros considerados como grave este robro de hidrocarburos, y dentro de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada para efectos de que no pudieran salir bajo caución.
El diputado Camilo Ramírez Puente comentó: Un comentario adicional exclusivamente es que trabajemos con la Procuraduría General de la Republica para ver sus necesidades porque estamos verdaderamente ante un problema de delincuencia organizada.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Me parece que es muy adecuada la reforma no sólo al Código Penal Federal, sino también al Código Federal de Procedimientos Penales para que se consideren todas estas conductas y subconductas que se están planteando como delito grave; y por otro lado que se incorpore dentro del tema de una de las causales o supuestos de la delincuencia organizada, habida cuenta de que los hechos así lo establecen.
La diputada Nancy González Ulloa comentó: Estoy de acuerdo en esta aprobación, nada más que se está adicionando una fracción IX al artículo 254. No es modificación, sino que se adiciona. Ésta se refiere al servicio público de energía eléctrica. Eso no está valorado en la exposición de motivos, no sé si hubo un error o es una adición que está mandando Cámara de Senadores. Artículo 254, fracción IX, que dice: el que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipo o instalaciones del servicio público de energía eléctrica.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Simplemente se corrió a fracción IX. Perdón por la omisión. Ya viene. Dice la fracción VIII actualmente que al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica. En la exposición de motivos estamos diciendo que se recorre la numeración.
El diputado Gregorio Hurtado Leija comentó: De la necesidad de sancionar más fuertemente y principalmente por lo que corresponde a las bandas de la delincuencia organizada que están pegando muy duro a las finanzas del país, en ese tema de hidrocarburos. Sin embargo tengo una duda en el artículo 254, fracción VII. Originalmente señalaba al que sin derecho realice cualquier sustracción, alteración, etcétera. Y ahora le ponemos en el proyecto de modificación “al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo”. Es decir, ahora son dos requisitos. Ya no solamente se trata de que no tenga derecho, sino que además que tampoco tenga el consentimiento. Yo aquí pudiera interpretar que no tengo derecho, pero que me autorizaron, entonces ya no recaigo en un delito.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Se puede tener derecho y tener consentimiento, que era lo que nos decía el Senado. Y alguien que sin derecho y con consentimiento realice esta alteración, no está incurriendo en ningún delito. Fue muy enfático el Senado en que pusiéramos esta doble condición presupuestal.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen.
El punto número 6 fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sentido positivo
Tomaron la palabra los siguientes diputados:
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: Esta modificación que nos envía el Senado, básicamente se basa en dos cosas: en resolver una aparente indeterminación de las consecuencias de la conducta antijurídica. En el artículo 2o. como fue aprobada y como se ha publicado en la ley, el que no se diga de qué manera se va a pagar una pena, si va a ser en prisión o no en prisión genera indeterminación de la consecuencia de la conducta, y aquí se corrige. Lo mismo en otro artículo relativo a que se estarían utilizando instrumentos que la tecnología da como localizadores por brazalete a personas que obtuvieran su libertad condicional y que, durante los cinco años posteriores a esta libertad tuvieran la obligación de usarlos, pero no se especificaba así; entonces parecía que resultará totalmente inocuo, que si alguien tuviera un brazalete si estaba compurgando una pena dentro de una prisión. De tal manera que estas dos adiciones que se hacen aclaran y resuelven, inclusive en el caso de la indeterminación de las consecuencias de la conducta antijurídica, una contradicción de tesis que ya la corte había determinado hace ya más de 10 años.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó: El 18 de febrero se presento una iniciativa que envió el honorable Congreso del estado de Chihuahua para hacer reformas y adiciones a la ley que estamos comentando y que fue turnada a esta comisión, entre las observaciones, adiciones, reformas que se proponen en esa iniciativa, está el tema de ampliar la vacatio legis. Yo aprovecho la ocasión, toda vez de que se está abordando el tema de esta ley para que esta comisión lo tome muy en cuenta y se considere se analice con todo detalle a la mayor brevedad posible, toda vez que esta ley está por iniciar su vigencia, si mal no recuerdo el 28 de febrero se pudiera tomar en cuenta y los compañeros integrantes de esta comisión hicieran sus reflexiones sobre este particular. La ley general exhorta a que las entidades federativas contemplen la creación de unidades especializadas para investigar y combatir el delito de secuestro. En el estado de Chihuahua estas unidades ya operan y han operado con éxito. Entonces, ojalá y tuviéramos a bien revisar y analizar estas propuestas para evitar que estos reos ya sentenciados y los que están en procesos pudieran obtener beneficios adicionales que implicaran la inmediata libertad al entrar en conflicto, tanto el Código Penal del estado de Chihuahua, con la aplicación y vigencia de la ley general que comentamos.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: El estado de Chihuahua ya tienen aprobada en su ley, como ley vigente, la prisión vitalicia a modalidades de secuestro y están compurgando cerca de 50 secuestradores ya esta pena, y otros 60 más están en espera —según nos dijo el gobernador el día de hoy— de recibir esa sentencia de detenidos en flagrancia; es decir, no hay dubitativo la posibilidad de lo que estaba ocurriendo en la conducta. El problema es que de aprobarse y entrara en vigor ya ley anti-secuestro, como nosotros la enviamos para su publicación y se publicó, por el principio de indubio pro reo, esos sentenciados y esas personas que iban a ser sentenciadas obtendrían beneficios que en este momento la legislación local no les da. Entonces, para el estado de Chihuahua lo sentirían como un agravio directo a la sociedad de este tipo de detenidos; ésa era la petición del gobernador, en el sentido de buscar ver si se ampliaba la vacatio legis , que les permitiera hacer las adecuaciones a la ley, que no trastocaran conducta que beneficiara a secuestradores con los cuales se haya comprobado fehacientemente su responsabilidad penal. Yo lo dejo aquí asentado, dado que el periodo ya que queda para que entre en vigor es muy pequeño en tiempo, y lo cierto es que una vez que entre en vigor en ese momento van a estar ocurriendo seguramente amparo federal para que les apliquen el principio indubio pro reo, garantía individual específica y se beneficien.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Me parece muy importante que un análisis que tenga que ver con la entrada en vigor de una nueva ley, que modifica situaciones jurídicas de hecho y de facto, como es el caso de personas que ya están sentenciadas a una pena de prisión de por vida y que en un momento dado si entra en vigencia en ese inter una ley que va a federalizar este tipo de comportamientos, los que ya están sentenciados pueden acogerse a un beneficio de la retroactividad en beneficio de las personas, la aplicación retroactiva en beneficio de las personas. Los que no están sentenciados y están a punto de ser condenados podrían entonces apelar a la entrada en vigor de una nueva ley y pedir acogerse a las disposiciones de esa nueva ley, en donde no hay la amenaza de este tipo de sanciones. Creo que es de la mayor importancia plantearnos que la norma no puede promover la impunidad, que la norma no puede promover decisiones que resulten injustas y que la norma no puede tutelar determinaciones que dejen de proteger con la intensidad que se tiene que tutelar, este tipo de bienes jurídicos como son la libertad de las personas, la paz, la seguridad, la tranquilidad, incluso la vida misma de las personas.
La diputada Ángeles Nazares Jerónimo comentó: Sin duda es un problema que tenemos en cuanto a la entrada en vigor de esta ley pero quisiera hacer unas reflexiones en torno a esto. En Chihuahua, que es el caso concreto que nos plantean, existe la cadena perpetua y nosotros en la Ley de Secuestro tenemos como pena mínima 50 años y como máxima 70, que en los hechos y en la realidad, y quienes tienen la experiencia en esto saben que también es una cadena perpetua ya. Entonces, aquí también se hablaba del in dubio pro reo , que entiendo yo que es en caso de duda, y lo que se estaría aplicando aquí es el principio de la ley más favorable, es decir, si en Chihuahua tienen cadena perpetua se acogen a la ley especial que es la ley general, no van a tener más que 50 años, si fuera la mínima que le estarían imponiendo, y si el secuestrador tiene 40 años estaría saliendo a los 90 años porque no tiene ningún beneficio preliberacional, indulto, como así lo marca la ley. Ante esas consideraciones, que desde mi punto de vista estarían dándonos tiempo para que pudiéramos hacer las adecuaciones pertinentes y todas las adecuaciones que se están solicitando y que pudiéramos hacerlo con mayor tiempo y hacer una ley más perfecta.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen.
El punto siete fue el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, en sentido positivo.
Tomaron la palabra los siguientes diputados:
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: La iniciativa que presentamos contempla toda una reforma al título vigésimo cuarto del Código Penal Federal en materia de delitos electorales. Decidimos hacer todo un replanteamiento del Código, de este título vigésimo cuarto, donde tenemos como principal objetivo que los ciudadanos vuelvan a creer en el manejo que se les dan a los recursos públicos, porque también estamos introduciendo cambios al funcionamiento en materia de recursos económicos de los partidos políticos en cuanto a su comprobación. También esto es para darle instrumentos jurídicos y darle más elementos a la Fepade y que podamos tener ya alguna sentencia en este sentido, que no la tenemos. Reiterando es toda una modificación al título vigésimo cuarto en materia de delitos electorales que estamos adecuándolo a las necesidades que actualmente tenemos.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: En el artículo 406 Bis, en un tipo penal que dice: “omita informar o rendir información falsa”, pareciera que se refiere a “omita informar o rinda información falsa”, parece ser que ahí hay un error, no sé si sea ese el sentido. Y una duda particular que me queda es, en el artículo 406, se establece un tipo en donde los sujetos activos son “el funcionario partidista, el precandidato, el candidato u organizadores de actos de campaña o precampaña”. Y la sanción, bueno, y el tipo en la fracción XII dice: “difunda, contrate o publique propaganda en radio, televisión y medios de comunicación escritos, cuyo contenido implique cualquier ofensa, difamación o calumnia, que denigre a otros precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones, instituciones públicas del Estado o servidores públicos”. Es digno de considerar que esto en la iniciativa, si no mal entiendo se pretende que sea delito grave. Pero hay otro tipo más adelante, que es mi duda, que es el 406 Ter, que no establece un sujeto activo específico, sino que entiendo, es erga obnes, para cualquier sujeto que se ubique en ese supuesto y que dice: “se impondrá de 3 mil a 5 mil días a quien celebre contrato o ceda tiempo para la difusión o publicación de propaganda en radio, televisión y medios de comunicación a favor o en contra de precandidato, candidato, partido político o coalición, cuyo contenido implique ofensa, difamación o calumnia, que denigre a otros precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o instituciones públicas”. La pregunta sería: si este tipo que se quiere establecer y que inclusive se ubica o se pretende ubicar como delito grave, puede abarcar inclusive a los concesionarios de radio o televisión, si pretende tener, porque el tipo anterior, queda claro, que queda determinado exclusivamente para funcionarios partidistas, etcétera, que difamen o calumnien. Pero en éste, como no se especifica el sujeto activo, si pretende ser abarcativo de por ejemplo concesionarios de medios de comunicación masiva, es la pregunta concreta porque no me queda claro este tipo y además que se pretende que sea grave.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: Como se han venido desarrollando los procesos electorales en nuestro país, desgraciadamente en su mayoría no son determinados por los ciudadanos, sino que son determinados por este tipo de campañas sucias de las que han sido objeto varios candidatos en varias elecciones. La incidencia de los medios en los ciudadanos ha sido tanta que incluso lo tenemos reflejado en el abstencionismo, en la falta de confianza que tienen los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia sus candidatos. Por eso, en el artículo 406 estamos señalando que los sujetos activos son el candidato, el precandidato, su coordinador de campaña, su coordinador de precampaña porque ellos también pueden contratar o difundir campañas sucias, campañas que no tienen fundamento, que son calumniosas, injuriosas y que sí dañan enormemente la reputación, la honra de un candidato. Lo segundo. El 406 Ter efectivamente se refiere a cualquier persona que contrate. Porque también hemos sido testigos de que no son los ciudadanos ni los partidos políticos ni los actores que están dentro de los partidos políticos, sino que incluso son factores externos que, de acuerdo con los intereses que ellos manejan, están incidiendo para apoyar a determinado candidato, valiéndose del instrumento que tienen a su alcance y que es un medio de comunicación que utilizan de manera contraria. Por eso nosotros, al ver los resultados que se han tenido en los diferentes procesos electorales.
El diputado Gregorio Ortega Hurtado Leija comentó: Es con relación al artículo 405, fracción IV, que se refiere a la alteración de los resultados electorales. Se le está haciendo un agregado en el sentido de que esa alteración sea para favorecer a un precandidato, candidato, partido político o coalición. Esto me daría a entender que quien haga la alteración, si no tiene la finalidad de favorecer a alguno de éstos mencionados, no estaría incurriendo en él. Por ejemplo, si yo tengo la finalidad no de favorecer ni a un candidato ni a un partido político, sino causar un conflicto en el proceso electoral, es decir, alterando los resultados de todos los partidos para que finalmente no concuerden los datos finales, no estoy beneficiando a ningún partido, pero sí estoy causando una alteración que finalmente va a crear un conflicto en el proceso electoral. Creo que aquí lo estaríamos dejando fuera. Posiblemente tendríamos que hacer algún agregado para que no quede fuera porque también estoy cometiendo un ilícito.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Considero que el punto se puede solucionar de la siguiente manera. El solo hecho de alterar resultados, sin necesidad de finalidad, porque si le ponemos una finalidad posterior a la conducta, tendríamos incluso todavía un problema de prueba para demostrar que había una finalidad de favorecer a un determinado candidato o partido político. El solo hecho de alterar ya está lesionando uno de los intereses jurídicos que pretende tutelar la norma penal electoral en este caso. Si lo dejamos solamente con el hecho de alterar, queda la norma en ese sentido. No tenemos que plantearnos finalidades, son delitos de carácter doloso, ya sea para crear un conflicto entre partidos o entre candidatos o un conflicto social o para beneficiar o desfavorecer a alguien. Serían múltiples las finalidades; por lo tanto, creo que el solo hecho de alterar indebidamente ya sería suficiente para que quedara el tipo penal cerrado.
Acuerdo: Se creó un grupo de trabajo encabezado por los diputados Ángeles Nazares Jerónimo, Arturo Zamora Jiménez, Josué Valdez Huezo y Gregorio Hurtado Lieja para realizar los cambios y presentar la iniciativa en la decima octava reunión de la comisión.
El punto ocho fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. En sentido negativo.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen.
El punto nueve fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código Penal Federal. En sentido negativo.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comento: La iniciativa se refiere a las remesas y también viene en sentido negativo, porque en términos de lo que nos dice la comisión que lleva el primer turno, que es la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, es improcedente porque se está tratando de aplicar disposiciones que no corresponden para las remesas; están sujetas a la reglamentación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si nosotros modificáramos la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo propone esta iniciativa, existiría una antinomia en la propia legislación, ya que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 5o, establece lo siguiente: Quedan exceptuadas en la disposición de esta ley los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de información crediticia. Asimismo, quedan excluidos los servicios regulados por las leyes financieras que presten las instituciones y organizaciones cuya supervisión y vigilancia esté a cargo de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro, o de cualquier órgano de regulación de supervisión o de protección y defensa, correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen.
El punto diez fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR y al juez segundo de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de México a intervenir para que se ponga en libertad a las procesadas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, en la causa penal 98/2009-ii, acusadas de delitos contra la salud. En sentido negativo
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen.
El punto once fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión. En sentido positivo.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: En la mañana, que tuvimos la reunión de Junta Directiva, consideramos que el proponente, el diputado Bonifacio Herrera Rivera, tiene razón, aquí porque es un exhorto a todas las procuradurías del país. Tenemos en este momento 800 mil resoluciones judiciales que no se han cumplimentado, de las cuales son 590 mil órdenes de aprehensión, 120 mil órdenes de reaprehensión y 60 mil mandamientos judiciales, no clasificados. La reflexión que hacían los secretarios de la junta directiva es que no se envíe esta proposición, a las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, que se envíe a la Conago y que se envíe al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son las instancias en las que las entidades federativas tienen la representación.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Solamente tengo una duda, ¿la Conago es una institución jurídica o es una creación meramente de palabra? Si no es una institución jurídica me parece que a Conago no nos podemos dirigir; sin embargo, si el Sistema Nacional de Seguridad tiene ya como institución federalizada me parece que entonces podríamos enviar esto al Sistema Nacional, para que sea el quien en las reuniones de Conago le hagan saber que hay una respetuosísima exhortación de la Cámara de Diputados en ese sentido.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: Mi propuesta sería encaminada a que también se pudiera exhortar al Distrito Federal, que también existe un rezago, y que no está incluido. Estaría proponiendo que pudiera incluirse también de manera respetuosa que se hiciera un exhorto a la Procuraduría del Distrito Federal, para que también abatiera este rezago.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en los términos del dictamen, con la adición de que se incluya al Distrito Federal y la exclusión de que sólo sea enviado al Sistema Nacional de Seguridad.
El punto doce fue asuntos generales.
Tomaron la palabra los siguientes diputados:
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: La petición es la siguiente. Nos va a llegar a nosotros aquí el dictamen seguramente del tema de trata de personas y hay la petición específica de que nuestra compañera Enoé pudiera formar parte de esa comisión en el momento en que sea necesario. Es una diputada que tiene interés y la tradición ha sido que los diputados que tienen interés participen en la elaboración de un documento. De tal manera, que no estando ella me lo pidió así y así lo externo.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Existen varias iniciativas en términos de ejecución de sentencia; no todas están turnadas a la Comisión de Justicia, existen dos que tienen turno nada más a la Comisión de Seguridad Pública, y de Hacienda; entonces, le haré llegar a la secretaría técnica, presidente, las iniciativas, porque no podemos dictaminar una minuta que es muy importante, que es de ejecución de sentencia, para efectos de que se lo hagan saber al presidente de la mesa, el turno correspondiente para poder hacer un dictamen que contenga por supuesto todas las iniciativas que existen en la Cámara, en este asunto tan importante, que es la ejecución de sentencias.
Se cito a la próxima reunión ordinaria el 10 de marzo de 2011 a las 17:00 horas en el salón B del edificio G, en términos del nuevo reglamento.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la decimoséptima reunión ordinaria, a las 19:00 horas del martes 22 de febrero de 2011.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
De la Comisión de Justicia, relativa a la decimosexta reunión, celebrada el martes 8 de febrero de 2011
En el salón E del edificio G, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 8 de febrero de 2011, se llevó a cabo la décima sexta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de apelación penal, por el diputado Raúl Cervantes Andrade del partido Revolucionario Institucional, en sentido positivo.
5. Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 bis del Código Penal Federal en materia de acoso sexual, por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista, en sentido positivo.
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de trata de personas, por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del partido Acción Nacional, en sentido positivo.
7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad de los delitos de secuestro y tráfico de menores, por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes del Partido Acción Nacional, en sentido negativo.
8. Asuntos generales.
9. Clausura y convocatoria para la decimoséptima sesión ordinaria de esta comisión, que tendrá verificativo el próximo 22 de febrero de 2011.
Se emite la presente en el palacio legislativo de san lázaro, el día primero de febrero de dos mil once.
El diputado presidente de la junta directiva, Víctor Humberto Benítez Treviño, hizo uso de la palabra: Este año es un año complicado por las elecciones en varias entidades del pacto federal.
Se van a agudizar las confrontaciones políticas entre los diversos partidos y candidatos y simplemente rogarles, como lo hemos hecho en esta comisión, que con la altura de miras que les caracteriza, con el pensamiento superior de todos y cada uno de ustedes, que estemos por encima de esas confrontaciones. La sociedad espera mucho de nosotros.
El tema más importante que tiene el país es el tema de la justicia y nadie escapa eso. Si en algún renglón los diputados estamos en falta con la sociedad y es un reclamo cotidiano es la falta de una estructura normativa eficaz, contundente, enérgica en contra de los tres flagelos que hoy asuelan a la sociedad mexicana, que son la impunidad, la delincuencia organizada y la falta de seguridad pública.
Reconozco en todas y todos cada uno de ustedes su alto sentido de responsabilidad, su patriotismo y la forma en que han respondido estudiando, dictaminando y aprobando sendas iniciativas que han marcado el derrotero de un sistema más moderno, eficiente y actualizado de la justicia.
Por eso, primero mi reconocimiento a la labor de todos y cada uno de ustedes y, segundo, mi invitación para que no nos distraigamos con las polémicas partidistas o electorales y que le sigamos respondiendo al pueblo de México en esta comisión. Ustedes han visto la apertura que me ha caracterizado.
Vuelvo a insistir en que, en términos de reglamento, al final de la sesión vamos a convocar a la siguiente sesión que ya tenemos la obligación de citar con día, hora y lugar y yo les ruego que tanto en lo personal como en cuanto a sus objetivos partidistas, si hay alguna iniciativa que ustedes sientan que es fundamental, por favor háganmelo saber para que de inmediato procedamos a dictaminarla.
Aquí todos somos legisladores, aquí todos somos copartícipes de los productos que hemos dictaminado y los veremos con la mayor simpatía porque entendemos que atrás de cada iniciativa de ustedes hay un afán superior de mejorar el statu quo que priva en el país, que de ninguna manera es el que merece el gran pueblo de México.
El diputado secretario Camilo Ramírez Puente declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 20 firmas de los siguientes diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Eduardo Ledesma Romo, Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Sonia Mendoza Díaz, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Enoe Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la décima quinta reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto cuatro es el análisis y discusión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de apelación penal, por el diputado Raúl Cervantes Andrade.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: En ese sentido coincidimos totalmente con la comisión, porque para nosotros el tema de la colegiación es un tema fundamental, es importantísimo. Pensamos que esto se convierte en una garantía y evita la posibilidad de contaminación y de decisiones unilaterales y que finalmente favorezcan a presuntos delincuentes o gente que está cometiendo algunos de ellos, nuestro voto es a favor de la propuesta, pero antes queremos nosotros plantear de manera muy responsable que esta comisión invite al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que nos dé una opinión y un punto de vista. Vamos a tener información que nos va a permitir conocer el volumen real de los asuntos que están conociendo o que están pendientes de resolver por los tribunales colegiados. Estamos proponiendo un transitorio para que ésta se aplicara prácticamente a partir del año 2012.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: que pudiera venir gente que conoce del Consejo de la Judicatura Federal, porque creemos que es importante que los tribunales actúen con imparcialidad. Porque este mismo de circuito posteriormente resuelve los recursos de revisión y estaría recayendo en este mismo tribunal de circuito las funciones, resolver las apelaciones y resolver los recursos de revisión. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la propia Constitución está estableciendo ya las facultades que tiene cada uno.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: se trata de una cuestión eminentemente de carácter procesal, que por supuesto impacta en lo sustancial que son los procedimientos de carácter federal que se siguen en el país.
Quienes de alguna manera hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo la práctica profesional, bueno, entendemos que hay la jerarquía de los tribunales que el Poder Judicial de la Federación se establece en todo el país a través de los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de circuito y los tribunales colegiados de circuito, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a cada uno de ellos les da, de alguna manera, su marco competencial.
Coincido en gran parte de lo que se ha planteado por nuestros compañeros diputados, en el sentido de que la presencia de los tribunales unitarios ya tiene dotadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una función muy determinada, muy clara, muy precisa. Luego entonces, hay temas que si los tribunales unitarios tuviéramos que darles como nueva facultad, estaríamos trasladando esta facultad a un tribunal colegiado, y entonces estaríamos tal vez invadiendo las esferas de competencia jerárquica de este tipo de tribunales.
A mí me parece que es de la mayor importancia, y coincido, que pudiera ser y no en sesión de comisión. Estaríamos dándole a tribunales colegiados una especie de competencia para atender apelaciones en casos muy específicos.
Creo que entonces es un asunto de carácter más estructural, de carácter más financiero que de la Ley Orgánica. Quién estaría atendiendo al amparo directo y el amparo indirecto como es este último caso, de tal suerte que entonces sí parece que es necesario nutrirnos de toda la información, para establecer claramente y con mucha precisión esta reforma.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: que hay una iniciativa que presenté que está en puntos constitucionales y pediría al presidente que le dé turno a la de justicia también.
En análisis general, los tratados internacionales obligan a las personas que están procesadas a tener una revisión ante la misma autoridad, de cualquier determinación que tengan, que si bien es cierto los tratados se refieren a una especie de apelación o de revisión, dependiendo el país en el cual estemos en contexto.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: sólo para intentar que la reunión que tengamos con los expertos sea lo más productiva posible, proponer en adición que cada uno de los grupos parlamentarios entreguemos por escrito todas estas inquietudes que hemos señalado, de tal forma que a nuestros invitados se les acerquen previamente las preocupaciones y ellos vengan con un esquema de lo que son nuestras reservas a tener un ejercicio de intercambio que pueda ser mucho más productivo.
Se sometió a votación y fueron aprobados los siguientes acuerdos.
Invitar a un representante del Consejo de la Judicatura para la siguiente sesión que será el día 22 de febrero para que nos planteen el probable impacto presupuestal que pudiera tener esta reforma.
Que hicieran llegar las opiniones a la secretaria técnica con un plazo máximo para el miércoles 15 de febrero y enviarlas para el conocimiento del representante del Consejo de la Judicatura.
Pedir que se ampliará el turno de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Códigos Federal de Procedimientos Civiles, Penales y de Comercio que presentó el diputado Óscar Martín Arce Paniagua y que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El punto número cinco es el análisis y discusión a la iniciativa de proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal en materia de acoso sexual, presentado por nuestro compañero diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Josué Cirino Valdez Huezo comentó: consideramos que reivindica derechos en materia psicosexual y hace más firmes las penalidades por este tipo de delitos, y se pone a tono a la legislación federal en esta materia, con varias entidades federativas que ya adoptan este mismo criterio.
Solamente proponer dos pequeños cambios gramaticales: en el artículo 259 Bis, primer párrafo, que en lugar de usar la palabra valiéndose, que se utilicen las palabras con motivo dé, para dejar muy en claro que se trata del tipo de acoso; es decir, que están en una posición horizontal el activo y el pasivo.
En el segundo párrafo, donde dice: cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, que se agregue la palabra: de su mayor posición jerárquica, para distinguirlo del primer párrafo que se refiere al acoso y el segundo, que quede muy claro que se refiere al hostigamiento, para no llevar a la confusión ambos tipos penales, el de acoso y el de hostigamiento.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: solamente señalar que nuestro grupo parlamentario en múltiples ocasiones, aquí mismo en esta Comisión de Justicia, hemos votado en contra de reformas que incrementen las sanciones, pero consideramos que este tema es demasiado sensible, y lo más preocupante es que va a la alza, va en aumento, además tenemos también la contraparte de que no se denuncia.
Según el caso de la iniciativa hablan de un porcentaje, que no es ni siquiera una tercera parte. Luego nos hacen referencia a un número determinado de dependencias federales o entidades de la federación, pero esto también obviamente está generándose de manera fuerte en los estados.
Creo que la iniciativa en sí está solamente viendo el ámbito federal, así lo entendemos, pero tampoco lo puedes desligar de lo que está sucediendo en las entidades federativas y en los propios municipios. De tal manera que entonces, bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa, para que nuestra legislación federal proteja aún más el bien jurídico que tutela este tipo penal y sobre todo, que debe de coadyuvar a erradicar la violencia de género que se está presentando en el ámbito laboral y docente.
También esto va a abonar mucho a cómo estamos en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país. Creo que también esto le daría y dimensionaría más, en este caso, a nuestro Código Penal Federal e insisto, de acuerdo y acorde con los tratados internacionales para erradicar la violencia de género, que en este ámbito laboral y docente, sobre todo, se da de manera reiterada.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Señalar que efectivamente, el acompañamiento a que haya una pena mayor, con el que estamos de acuerdo sigue sin resolver el problema de fondo, que es un problema estructural.
Aquí a mí sí me importa hacer mucho énfasis, que quienes sufren el hostigamiento sexual son las mujeres, en términos de la estructura, no sólo cultural y social, sino estructural del sistema, puede haber casos de excepción en los que una mujer hostigue a un hombre, pero tiene que ver con otra característica muy distinta a la carga cultural, social y estructural, que ha hecho de las mujeres el objeto sexual en la vida pública y privada.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: en cuestión de técnica, si al capítulo se refiere tanto al acoso sexual, como al hostigamiento, el capítulo, valdría la pena que anotáramos también el término de acoso sexual, es decir, que el capítulo primero quedara acoso sexual —coma—, como hostigamiento sexual —coma—, como abuso sexual... violación. Es decir, actualmente no se contempla, creo que valdría la pena anotarlo así. Y poner a consideración de todos los integrantes de esta comisión que sí se amplíe de esa sanción que prevé actualmente el artículo 259 Bis, la pena corporal, más bien se incluye la pena corporal a partir de seis meses.
Sin embargo, en el tema de multa lo estamos dejando igual, a mí me parecería momento oportuno para que la sanción económica también fuera de un impacto mayor, entiendo que con la pena de la privación de la libertad sería suficiente, pero de todas maneras hay quien entiende por lo económico, un parámetro como el que se está siguiendo como el tema de la libertad, es decir, vamos de los 40 días de multa a seis meses de prisión, mínimo y con un tope de dos años.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: En las consideraciones, a nivel internacional, México como estado, parte de diversos instrumentos internacionales, está obligado a adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo para garantizar a la mujer el ejercicio y el goce de los derechos humanos, las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, entre los que se incluyen el derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, entre ellos los siguientes:
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 2, 3 y 11. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer... artículo 2, 3, 6 y 7. Esta última establece claramente en su artículo 2, inciso B, que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como de instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular con las siguientes modificaciones.
Artículo 259 Bis. ...con motivo de sus relaciones laborales,...con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y treinta a cincuenta días multa.
La sanción será de ocho meses a tres años de prisión y de ciento veinte a doscientos cuarenta días multa cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que implique subordinación.
El punto número seis es el análisis y discusión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de trata de personas, por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, en sentido positivo.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: La Comisión de Puntos Constitucionales tiene ya en puesta esta reforma a los artículos 19, 20 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el asunto de expedir una Ley General para prevenir la Trata de Personas creo que sería conveniente que retiráramos esta iniciativa. Porque finalmente se tendrá que hacer una ley general que va a prevenir. Todo se va a tener que tratar de manera integral, el problema de trata de personas.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales las reformas a los artículos 19 y 20 con objeto de que cuando se trata, valga la redundancia, de trata de personas, el juez del conocimiento decrete oficiosamente la prisión preventiva. Y el artículo 73, en su fracción XXI, para que, así como le hicimos en materia de secuestro, facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Secuestro, se aprobó hoy en la mañana que también en cuanto a trata de personas se faculta al Congreso... porque ya se aprobó hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales...
Tenemos la obligación de expedir una Ley General en materia de Trata de Personas. ¿Cuál es la diferencia, lo hemos sostenido, entre una ley federal y una ley general? Que la ley federal es de competencia exclusiva de los tribunales federales. Que la ley general, como en el caso de la Ley Antisecuestro, distribuye competencias.
Nosotros tenemos la obligación, de que seamos muy sensibles en cuanto a la expedición de la ley general para que en verdad distribuyamos la competencia entre las autoridades federales y las autoridades locales en materia de trata de personas.
Si les parece bien, con este argumento retiraríamos la iniciativa y la enviaríamos para engrosar el criterio de la Ley General de Trata de Personas en términos de la nueva fracción XXI, que fue reformada hoy, del artículo 73 constitucional, que hoy aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se sometió a votación para retirar la propuesta y fue aprobada por unanimidad.
El punto número siete del orden del día es el análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad de los delitos de secuestro y tráfico de menores, presentado por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional, en sentido negativo.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Como ustedes recuerdan ya queda sin materia esta iniciativa, porque ya expedimos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Una de las características que le dimos al delito de secuestros es que es imprescriptible.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: este tema está debidamente previsto en el artículo 5o. de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Lo que estoy planteando es que por mera técnica legislativa y para abundar más en su motivación y en su fundamentación, el punto primero del acuerdo se amplíe, o sea, se exprese que ya se encuentra previsto en el artículo 5o. de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: me parece que el sentido de la propuesta de la diputada Hinojosa y lo que aquí ya se aprobó y ya se publicó en esta reforma que fue tratada por esta Cámara de Diputados, llegan al mismo objetivo respecto al tema del secuestro.
Me parece muy importante, presidente, que respecto al delito del tráfico de menores sí pudiéramos tomar en cuenta la propuesta de la diputada Adriana Hinojosa, más tratándose de sujetos aquí tan vulnerables como son los menores.
Es decir, me parece que ganamos mucho más volviendo imprescriptible el delito que como lo está proponiendo la diputada Hinojosa. Aquí no tomarlo en cuenta. Ese asunto no se ha quedado sin materia y me parece, insisto, que por la gravedad y lo sensible que es para toda la sociedad podemos hacer esto en protección de todos nuestros menores. Insisto, creo que hemos visto en reportajes, hemos visto en estadísticas que son delitos donde se comete generalmente para con sectores de la sociedad más vulnerables.
Entonces si lo volvemos imprescriptible damos herramientas para que el Estado pueda hacer su tarea y sancionar a los autores de estos ilícitos.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: lo que pasa es que por técnica legislativa, efectivamente la diputada proponente presentó la iniciativa para los dos delitos, pero solamente argumentó en cuanto al delito de secuestro, después se perdió, ya no volvió a mencionar el otro delito, por eso va en sentido negativo.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: únicamente comentar que como acaba de suceder con el dictamen pasado que se va a expedir una Ley General sobre Trata de Personas, ahí pudiéramos abordar también esta parte de tráfico de menores que es parte integral de este problema que aqueja a nuestro país y que seguramente se va a tratar, porque hemos venido hablando de la imprescriptibilidad y que pudiera también ahí incluirse.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: me parece que pudiéramos dar un desechamiento parcial de esta propuesta que hace la diputada Hinojosa, y el resto del tema incluso hablarlo con ella para los elementos, el resto de información que nos hacen falta, los elementos para discutirlos ya sea en esta comisión o en el turno que se dio en la comisión que se está anotando, pero hacer un desechamiento parcial. Lo que propongo, insisto, es que no desechemos totalmente la iniciativa que ya está presentada.
Se sometió a consideración el presente dictamen, el cual quedaría en los siguientes términos. El desechamiento por lo que hace a la imprescriptibilidad del delito de secuestro por lo que hace al delito de imprescriptibilidad en tráfico de menores retirar esa parte de la iniciativa, para que la misma se contemple una vez que tengamos el estudio integral sobre los aspectos de la trata de personas.
Se sometió a votación y fue aprobada por unanimidad.
El punto número ocho son asuntos generales no hubo participación.
El punto número nueve se cito a la próxima reunión ordinaria el 22 de febrero de 2011 a las 17:00 horas en la zona C del edificio G, en términos del nuevo reglamento.
El Presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la decimosexta reunión ordinaria a las 19:00 horas del martes 8 de febrero del año 2011.
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo.
De la Comisión de Justicia, tocante a la decimoctava reunión, llevada a cabo el jueves 10 de marzo de 2011
En el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del jueves 10 de marzo de 2011, se llevó a cabo la decimoctava reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada con el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión ordinaria anterior.
4. Intervención del magistrado Jorge Ojeda Velásquez, representante del Consejo de la Judicatura Federal, con base en el acuerdo de la decimosexta reunión ordinaria de la comisión.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, para generar, regular y organizar un verdadero sistema de protección de testigos. Sentido positivo.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal. Sentido negativo.
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Sentido negativo.
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 424 Bis y 429 del Código Penal Federal, en materia de piratería. Sentido negativo.
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y a la Procuraduría General de la República (PGR) a resolver la investigación por el desfalco cometido por la empresa Solución Total, del consultor y político Eukid Castañón Herrera, contra las arcas municipales. Sentido negativo.
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes con las características establecidas en el artículo 18 constitucional. Sentido positivo.
11. Asuntos generales.
12. Clausura y convocatoria para la decimonovena reunión ordinaria, que tendrá verificativo el 31 de marzo de 2011.
Se dio la bienvenida al diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, quien el 22 de febrero fue nombrado secretario de la comisión, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se inició la reunión con 17 firmas, de los diputados Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ángeles Nazares Jerónimo, Eduardo Ledesma Romo, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Sonia Mendoza Díaz, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño y Arturo Zamora Jiménez.
El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Como recordarán, en la sesión del martes 8 de febrero de 2011, cuando hablamos de la posibilidad de que las apelaciones, en lugar de ser conocidas como recurso de segunda instancia por los jueces de distrito fueran competencia de los tribunales colegiados, nuestro compañero, el diputado Pedro Vázquez, propuso que pidiéramos al Consejo de la Judicatura que enviase a su representante para que nos diera su punto de vista y, sobre todo, el impacto presupuestal que esto pudiera tener.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz propuso tener un encuentro nacional, respecto a la ley de acceso de las mujeres a la justicia, con los presidentes de las comisiones de justicia, o las similares para revisar el asunto de la armonización legislativa sobre el acceso de las mujeres a la justicia.
En la propuesta vamos todos los partidos; podría considerarse un encuentro acordado con el ánimo de hacer funcional la decisión.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El siguiente punto fue la intervención del magistrado Jorge Ojeda Velásquez, representante del Consejo de la Judicatura Federal.
El siguiente punto fue la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad, con el retiro del punto número cinco.
En el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la decimoséptima reunión, que fue aprobada por unanimidad.
El punto cuatro fue la intervención del magistrado Jorge Ojeda Velásquez, representante del Consejo de la Judicatura Federal, con base en el acuerdo de la decimosexta reunión ordinaria de la comisión.
Comentó que quería hacer un planteamiento del problema de la reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de incluir entre las competencias de los tribunales colegiados de circuito la facultad para conocer y resolver de los recursos de apelación interpuesto contra sentencias definitivas en el caso de determinados delitos, como delincuencia organizada y contra la salud, delitos que la comisión dictaminadora amplió al secuestro, al robo de vehículos, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, entre sus modalidades.
Para ello quiero recordar a ustedes que propone reformar la fracción II del artículo 29, la fracción IX del artículo 37, adicionando una nueva fracción X a este último precepto, pasando el contenido de la actual fracción IX a la nueva X de la Ley Orgánica. A partir del hecho de que el artículo 23 constitucional señala que en ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias.
En ese orden de ideas, corresponde en el ámbito federal a un juzgado de distrito dirimir la cuestión penal en primera instancia, a los tribunales unitarios conocer de los recursos de apelación, en segunda instancia, que los tribunales colegiados de circuito, conocer en tercera instancia del amparo directo en casación. En ese aspecto me sería permisible, desde el punto de vista personal, decir que se aprovechara el impulso de la reforma, del 10 de diciembre de 2010, del artículo 107, fracción III, de la Constitución, para que los tribunales unitarios pudiesen conocer de todos los delitos graves, no solamente de ellos de manera colegiada, pero constituyéndose en un tribunal pleno del circuito en que se encuentran, que conozcan, como dice la iniciativa, o ya las reformas ya aprobadas en diciembre, tres unitarios y con relación a los delitos leves, fueran competentes para conocer de ellos de manera unitaria.
El punto número 6 fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal. Sentido negativo.
El presidente aclaró: ¿Por qué en sentido negativo? Porque obedece a una preocupación muy inteligente y muy válida de nuestro compañero Arturo Zamora, de proteger los ductos por los que corre el petróleo y después los productos refinados y procesados, como menciona.
Pero como el propio diputado Zamora fundamentó en nombre de la comisión las reformas del Código Penal y de los mismos artículos 254 y 368 del Código Penal Federal para sancionar y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como robo calificado la sustracción o apoderamiento, no solamente del petróleo, del gas y de los derivados, sino de energía eléctrica, de convertirlo en delito grave y de convertirlo en robo en calificado, las propuestas, muy valiosas, del diputado Zamora ya fueron recogidas en el dictamen que él mismo fundamentó.
Por tanto, queda sin materia su iniciativa porque ya fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en términos del dictamen.
El punto número siete fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Sentido negativo.
El presidente comentó: La propuesta consiste en adicionar el artículo 7o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, pero acuérdense ustedes que el artículo 27 constitucional establece un precepto de soberanía. Que las tierras y aguas comprendidas en el territorio corresponden originariamente a la nación. Entonces, la propuesta viene en el sentido de adicionar el concepto de “cuidar el equilibrio ecológico de la nación”. No omito decirles que esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía. Pero consideramos, ya en el análisis de la iniciativa, que queda sin materia. Primero, porque poco aporta que nosotros agreguemos a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que se tiene que proteger el equilibrio ecológico de la nación cuando hay un principio constitucional. En segundo lugar, no olvidemos que reformamos el artículo 17 constitucional para establecer las acciones colectivas que tienen como objeto la protección de los “derechos difusos”, y en la teoría jurídica éstos son los difíciles de precisar y de limitar, dice la teoría jurídica.
Se han establecido tres ejemplos, o por lo menos así en la reforma del 17 constitucional, de derechos difusos o acciones colectivas. Primero, la defensa del ambiente, en cuyo caso cae la iniciativa. Por eso también queda sin materia. Segundo, los derechos de los contribuyentes. Y, tercero, los derechos de los consumidores.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en términos del dictamen.
El punto número ocho fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 424 Bis y 429 del Código Penal Federal, en materia de piratería. Sentido negativo.
El presidente comentó: Debo decirles que la reforma en comento entró en vigor el 28 de junio del año próximo pasado. Antes que ustedes decidieran reformar el Código Penal se habían iniciado en el año anterior 27 averiguaciones previas, desde que entró la reforma hasta diciembre del año pasado, en seis meses, se iniciaron 370 averiguaciones, de 300 toneladas que se habían decomisado, se elevaron a 4 mil 200 toneladas, porque acuérdense ustedes de que hoy, como define el artículo 16 constitucional, el delito de piratería es un delito de delincuencia organizada. Siempre hay tres o más personas encargadas de realizarlo.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en términos del dictamen.
El punto número nueve fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y a la PGR a resolver la investigación por el desfalco cometido por la empresa Solución Total, del consultor y político Eukid Castañón Herrera contra las arcas municipales. Sentido negativo.
El presidente refirió: En primer lugar, porque el nuevo Reglamento establece que los puntos de acuerdo, y esto es algo que tenemos que compartir con la Mesa Directiva, tienen que versar sobre asuntos políticos, dice el Reglamento, culturales y sociales que impacten a una comunidad. Éste es un asunto regulado por el derecho civil, prestación de servicios profesionales. Es un asunto como lo decimos en el dictamen, no sé si bien o mal, no, a mí no me corresponde calificar si lo hizo bien el consultor, se firmó el contrato, entregó los productos, hizo propuestas de modernización de la administración municipal, hizo propuestas de reducción de personal, incluso, y se tomaron en cuenta, recuerdo por ahí en el documento que él está proponiendo la consultoría, no él, ni lo conozco, que prescindieran de los servicios de 527 servidores públicos, porque estaba obesa la administración pública municipal.
Con base en esa auditoría, la administración prescindió de 927, entonces, hay auditoría de personal, hay auditoría de recursos. No me corresponde decir si lo hizo bien o mal, pero –insisto– en todo caso tenemos que resguardar la Cámara de Diputados para que se pronuncie en asuntos de fondo, que impacten, como dice el Reglamento, a una comunidad.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en términos del dictamen.
El punto número diez fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes con las características establecidas en el artículo 18 constitucional. Sentido positivo.
El presidente comentó: Este punto de acuerdo lo propone nuestra compañera Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y viene en sentido positivo por dos razones. Primero, porque hay un término que estableció la reforma 12 de diciembre de 2005 del artículo 18 constitucional, para que en un término de 90 días se expida una ley reglamentaria que considere un sistema de justicia para adolescentes en materia penal.
Dice nuestra compañera, con argumentos muy sólidos, que estamos en falta en la materia, como en otras del 18 constitucional, toco el de adolescentes solamente. Pero he estado insistiendo mucho en que el 18 de julio de este año se vence el término para que apliquemos un sistema integral de iniciación social. No veo cómo vamos a hacerlo, pero realizaremos todo el esfuerzo, téngalo por seguro que la Cámara, o sea, ustedes y su servidor, haremos todo lo que esté de nuestra parte por avanzar en esta materia.
Por eso es de la mayor importancia, y nos dice la compañera diputada Leticia Salazar que todos los estados han realizado el esfuerzo para expedir una ley reglamentaria en materia de justicia para adolescentes, excepto Guerrero.
Por tanto, considero de la mayor relevancia que aprobemos este punto de acuerdo, para que en términos del sistema federal que nos rige del 40 constitucional exhortemos al gobierno de Guerrero y a su legislatura que le compete de acuerdo con el principio de la división de poderes a expedir de inmediato la ley reglamentaria del 18 constitucional en materia de justicia penal para adolescentes.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en términos del dictamen.
En asuntos generales no hubo temas por tratar.
Se citó para la próxima reunión ordinaria el 29 de marzo de 2011, a las 17:00 horas.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la decimoctava reunión ordinaria a las 18:30 horas del jueves 10 de marzo de 2011.
La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
De la Comisión de Justicia, correspondiente a la decimonovena reunión, celebrada el martes 29 de marzo de 2011
En los salones C y D del edificio G, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 29 de marzo de 2011, se llevó a cabo la decimonovena reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia (en sentido negativo).
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, a fin de sancionar la sustracción del menor sin causa justificada de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga; aumentar la sanción prevista en una mitad cuando la sustracción, traslado o entrega del menor sea realizada por médicos, enfermeras o en general personal que labore en hospitales públicos o privados, y además se les sancionará con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión y suspensión en el ejercicio de la profesión por el tiempo que dure la pena de prisión; presentada por la diputada María Joann Novoa Mossberger (en sentido negativo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 76 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; facultar a la víctima y al ofendido como titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, para promover un amparo, en contra de actos que vulneren las garantías previstas en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo (en sentido positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 248 ter del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, en materia de fraude procesal; presentada por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (en sentido positivo).
8. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a realizar las averiguaciones previas sobre los hechos violentos registrados el 1 y 12 de febrero último en la zona metropolitana de Guadalajara (en sentido positivo).
9. Asuntos turnados a la Comisión de Justicia en el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio.
10. Informe semestral de actividades de la Comisión de Justicia.
11. Asuntos generales.
12. Clausura y convocatoria para la vigésima reunión ordinaria de esta comisión, que tendrá verificativo el próximo 5 de abril de 2011.
Se emite la presente en el palacio legislativo de san lázaro, el día veinticinco de marzo de dos mil once.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la junta directiva.
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 21 firmas de los siguientes diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, María Florentina Ocegueda Silva, Eduardo Ledesma Romo, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Gregorio Hurtado Lieja, Israel Madrigal Ceja, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoe Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
El siguiente punto fue la lectura del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad con el retiro del punto número seis, el cual sería abordado en la próxima reunión. Los diputados Pedro Vázquez y Eduardo Yáñez estarían presentando la iniciativa conjunta.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la décima octava reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto número cuatro es Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Justicia en sentido negativo
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: No omito recordarles que el dictamen correspondiente proviene del Senado, que este dictamen ya fue analizado, discutido y votado en la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido negativo.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó: Si me permite nada más para dar la posición de nuestro partido y del diputado Eduardo Ledesma y un servidor, como parte de la fracción parlamentaria del Partido Verde, nada más quisiera dar nuestros argumentos con la razón por la que no vamos a votar a favor de este dictamen, es decir, vamos a votar en sentido negativo.
Primero, pues por obvias razones es un dictamen o es una iniciativa, más bien, presentada por miembros del Partido Verde Ecologista.
Y, segundo, quisiera manifestar que dados los grandes índices del secuestro de impunidad que están dañando al tejido social en nuestro país, planteamos esta reforma, precisamente, a raíz de la necesidad y de los planteamientos que han hecho la propia sociedad al respecto de este delito que es tan grave, que es el secuestro.
Es un delito, no quisiera dejar de mencionar que es un delito con un alto volumen de ganancias y con muy poca capacidad humana para llevarlo a cabo, es decir, con una logística muy pequeña y no obstante eso, tener muchas ganancias para delincuentes y la capacidad del Estado para castigar a los delincuentes es muy baja.
Si los secuestros y homicidios en el país no han disminuido a pesar de la acción de los gobiernos federal y local, no echemos en saco roto los efectos disuasivos de la pena de muerte que ha tenido dichos efectos en otros países. Reconocemos, y eso quisiera ser muy enfático, reconocemos que la pena de muerte es una medida extrema. Sin embargo, en nuestro planteamiento como partido político y como diputado federal es, se ponen ciertos candados a dicha iniciativa.
Por ello, nada más quisiéramos manifestar que en verdad la pena capital es un tema controvertido, lo reconocemos.
Sin embargo, no por ello debemos de dejar de proponer sanciones como la que estamos que proponiendo en este momento, y hemos aprendido a vivir entre muertos con más de los 30 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada que se han cometido desde el inicio de esta administración.
Por lo expuesto, nuestro voto será en contra y adicional a eso, creemos que la sociedad mexicana está cansada del delito de secuestro, está cansada de que secuestren a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, por una retribución pecuniaria. Y, por ello, creemos firmemente que la pena de muerte sería una sanción que si bien no eliminaría el delito de secuestro, sí contribuiría a disminuir los índices de secuestro que existen en nuestro país, muchas gracias.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Festejar el contenido del dictamen, no sólo la resolución, creo que dado los tratados internacionales que México tiene firmados y en la Constitución, hubiera podido ser muy sencillo hacer una simple referencia a ellos y dejar hasta ahí el dictamen en el sentido que viene.
Sin embargo, la presidencia de la Comisión de Justicia no se quedó ahí, fue realmente a un análisis muy amplio, que creo que es del todo sano hacer, tratándose de un tema como éste, que simplemente es inadmisible para el derecho mexicano, pero también señalar la probada mundialmente ineficacia de la medida de la pena de muerte, es absolutamente inservible en términos de revertir y el delito para los que se impone esta pena, lo documentado que está, lo errático que puede ser, el que será asesinado a inocentes a partir de equívocos en la ley, y en un sistema como el nuestro, en el que después de Presunto culpable hay muy poco qué decir en relación a la calidad de la justicia que tenemos, pues resulta del todo absurdo el plantearnos esto como una alternativa, que además en los países en los que se implementa, está estadísticamente probado, es una propuesta que acaba siendo absolutamente racista y clasista.
Es un tema que efectivamente en términos electoreros atrae, sirve para convocar votos. Estoy incluso segura de que quienes respaldan la pena de muerte no lo hacen en el convencimiento de que será esto reformado, saben que la Constitución lo prohíbe, saben que los tratados lo prohíben, no son tan ignorantes en términos del derecho internacional.
Además, cuando acabamos de aprobar que los tratados internacionales tienen rango constitucional, saben que eso no prosperará, pero saben que reditúa electoralmente a partir de eso; justamente del desgane de la gente, la falta de creencia en las instituciones y de la ineficacia del sistema, que es lo que hay que reforzar.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Señalar por ejemplo, que la Ley para Combatir el Delito de Secuestro, compañeros del Verde, apenas el 28 del mes de febrero fue puesta en vigor. Recordemos que en una primera fase la aprobamos pero dimos alrededor de 3 meses para su aplicación. Recordar que esta propia comisión, el pasado 24 del mes de febrero todavía discutimos algunas modificaciones.
Ustedes vieron y todos fuimos testigos y participantes del debate tan complicado, tan difícil para dictaminar esta Ley para Combatir el delito de Secuestro. Aquí hay diputados que señalamos algunas inconsistencias, que finalmente se aprobó en lo general pero que después hubo necesidad de volver a replantar algunos aspectos que considerábamos que debían de ser cambiados, y la aplicación de esta ley, compañero del Verde, apenas el 28 del mes de febrero entró en vigor.
No podemos ahorita un argumento de esa manera aceptarlo como válido. Necesitamos ver cómo evoluciona el delito de secuestro. Las penas son descomunales y un pronunciamiento permanente del Partido del Trabajo ha sido que nosotros no estamos en la línea de aumentar las penas para inhibir la criminalidad. Eso está demostrado que no es así.
En ese sentido, en el Partido del Trabajo saluda el estudio de esta iniciativa y la profundidad con la que se está dictaminando, y votaremos a favor de la iniciativa en sentido negativo.
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría con dos votos en contra.
El punto número cinco fue el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 366 ter del Código Penal Federal. sancionar la sustracción del menor sin causa justificada de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, con la finalidad de aumentar la sanción prevista en una mitad cuando la sustracción, traslado o entrega del menor sea realizada por médicos, enfermeras o en general personal que labore en hospitales públicos o privados, y además se les sancionará con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión y suspensión en el ejercicio de la profesión por el tiempo que dure la pena de prisión, de la diputada María Joann Novoa Mossberger, en sentido negativo.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: ¿por qué en sentido negativo? Porque consideramos que ya queda sin materia toda vez que en el tráfico de menores se establece el supuesto ya, y en la ley que acabamos de aprobar, a la que se refiere el diputado Pedro Vázquez, también se incrementa la penalidad cuando el secuestrado es menor de 18 años y porque la corte a resuelto que no se da el supuesto de la sustracción, en todo caso estamos ante la presencia de tráfico de menores, privación ilegal de la libertad o en su caso secuestro. Por eso es que va en sentido negativo.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: No coincido con el sentido del dictamen. La razones cuales son: me parece que confunde el dictamen el tema de privación de libertad, el tema supuesto, con propiamente el tráfico de menores.
En la exposición de motivos de la iniciativa de la compañera que se está analizando claramente hace referencias a cuando el personal médico de una institución, un hospital colabore tanto doctores, como enfermeras colaboren para sustraer a ese menor.
Me parece que quizás analizándolo detenidamente nos vamos a dar cuenta que se refiere a supuestos distintos, es decir, en las razones para estimar la negativa, en la propuesta que se nos da se hace referencia a que estos supuestos nos indica el artículo 364 o 366 fracción II del Código Penal Federal y el supuesto que indica la diputada proponente, es el del 366 Ter, del Código Penal Federal.
Es decir, aun suponiendo que hubiera razones o que pudiéramos coincidir con las razones con una negativa, no las indican, nos referimos a otros supuestos que marca nuestro código sustantivo, pediría diputado presidente que este dictamen en primera pudiera ser retirado, para que dentro de la Mesa Directiva de la comisión se pudiera analizar la posibilidad de emitir otro dictamen, porque me parece que los argumentos para rechazarla no han sido expuestos conforme a lo que ella está planteando. Entonces, ésa sería mi petición diputado presidente.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comentó: Gracias, diputado presidente. Efectivamente, analizando parte del dictamen que también no coincido con los argumentos que se están vertiendo en el sentido de dictaminarlo.
Efectivamente, la diputada promovente está haciendo referencia al tema del tráfico de menores que está contemplado en el artículo 366 Ter, y específicamente dentro del código es un supuesto específico.
Ellos están argumentando que en el artículo 364 y 366 ya se tipifica la privación ilegal de la libertad, pero estamos hablando en términos generales, de hecho dicen que se incrementa, usted lo comentó ahorita que se estaba contemplando, de hecho se incrementara la pena, pero ahí se habla con medio de violencia, se está hablando de otro supuesto, no está hablando del tema de tráfico de menores.
De hecho en el propio considerando del dictamen, ni siquiera se mencionan los argumentos que hizo la promovente en el tema de tráfico de menores, este tema es sumamente delicado y creo que es una preocupación que tiene principalmente los padres de familia.
Precisamente ella dice que es importante que se incremente la pena cuando interviene personal médico y demás, porque muchas veces se da que por el hecho de tener ellos la relación directa físicamente con los recién nacidos, es muy fácil a veces sustraer a los menores y entregárselos a una tercera persona.
Es importante revisar este documento, porque los argumentos que está haciendo o el área técnica de la comisión no es nada el objeto de la propuesta de la promovente. Entonces, también pediría que este documento pueda analizarse nuevamente por la Junta Directiva, analizarse con mucho cuidado sabiendo que es un tema sumamente delicado, importante para los padres de familia y que por supuesto pueda apoyarse en la protección de los menores de nuestro país.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Entonces, secretario técnico, los diputados Guillén y diputada Salazar, que le envíen los comentarios y que ahondemos en los elementos del tipo de cada una de las dos figuras para que sea más objetivo el análisis, por favor.
Se sometió a votación para volver analizar el dictamen y fue aprobado por unanimidad, los diputados Leonardo Guillen Medina y Leticia Salazar Vázquez enviarán los comentarios y ahondaran en los elementos del tipo de cada una de las dos figuras para que sea más objetivo.
El punto número siete fue el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2, 48 Ter, del Código Penal Federal, se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de fraude procesal, del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sentido positivo.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: En la mañana comentamos en Mesa Directiva que el tema de delincuencia organizada es uno de los temas en los cuales nosotros, la sociedad mexicana, específicamente en ese tema que incluye varias ramas, principalmente el narcotráfico, secuestro, etcétera, son temas que tenemos que aprender y que tenemos que ir adecuando a una nueva realidad nuestro marco legal.
En ese sentido, este dictamen recoge dos cuestiones principales: Primera, la gente en los tribunales para efectos de lograr liberaciones a algún beneficio, falsifica, altera o de alguna manera en el procedimiento se hace presente para obtener algún beneficio sin necesidad que exista una sentencia definitiva como lo es el caso del fraude procesal.
Por otro lado, la excluyente de encubrimiento, en un delito común, excluye, como lo sabemos a las gentes que tengan alguna liga sentimental, algún parentesco con la persona que comete el delito. En el caso de delincuencia organizada obviamente, en la gran mayoría de los casos, la actuación de los delincuentes es en familias, en grupos y la lealtad, es una lealtad en torno a la delincuencia, no es una lealtad que se viene persistiendo en torno a un lazo meramente sentimental o familiar.
Es decir, hay un interés delictivo de por medio. Esto no quiere decir que forzosamente la gente que se le cite será culpable, lo que quiere decir esta modificación es que es excluyente de encubrimiento, no operaría para el caso de delincuencia organizada, es decir, el hermano, la persona que tenga algún nexo afectivo, va a acudir a declarar como cualquier otro ciudadano que para el caso de otros delitos, no lo podemos llamar a declarar.
Esa es la modificación que creo que le va a servir mucho a los investigadores, la gente que trabajó en el ámbito de la Procuración de Justicia, se había impedido de citar a declarar a gentes que tengan la presunción, porque son familiares, porque tienen un nexo sentimental o familiar, que tienen mucha información del modus operandi , inclusive que son parte de esta bandas, del crimen organizado, se ven imposibilitados el día de hoy a citarlos.
Con esta modificación tendríamos y dotaríamos, por supuesto, a los persecutores de los delitos con instrumento más para hacer más efectivo esto.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Solamente una precisión, en el aspecto de los antecedentes en el primero se señala que fue la Comisión Permanente en su sesión celebrada el 20 de enero, como es presentada la iniciativa. Luego, en el segundo, dice: la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, en esa misma fecha, turnó la iniciativa en comentó a la Comisión de Justicia. Solamente para precisar que el turno lo dio el presidente de la Comisión Permanente.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con la corrección para precisar el turno.
El punto número ocho fue el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a realizar las averiguaciones previas sobre los hechos violentos registrados el 1 y 12 de febrero último en la zona metropolitana de Guadalajara, los narcobloqueos o bloqueos de delincuencia organizada. En sentido positivo.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Este punto de acuerdo viene en sentido positivo en forma parcial, porque los proponentes estaban pidiéndole a la comisión que nos pronunciáramos para que realizaran las investigaciones correspondientes, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Estatal y consideramos porque la gravedad del asunto tiene que ser la Procuraduría General de la República. En ese sentido sale el dictamen.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad
El punto número nueve fue el informe de los asuntos turnados a la Comisión de Justicia en el Segundo Periodo Ordinario del segundo año de ejercicio.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad
El punto número diez fue el Informe semestral de actividades de la Comisión de Justicia.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad
El punto número once fue asuntos generales.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: En el acta que aprobamos hace un momento en la sesión anterior está asentada la aprobación de un evento para traer a los presidentes de las Comisiones de Justicia de todos los Congresos locales, en la búsqueda de entregarles una propuesta de armonización legislativa con relación al tema que revisamos en esta comisión en cuanto al acceso de justicia para las mujeres.
El presidente ha hecho el favor de acceder a que el evento sea el 27 de abril. Y en seguimiento a ello estaríamos haciendo dos propuestas. Una, que se generara una subcomisión, que estuviera a cargo del proyecto y de la dictaminación. Y otra, que ese mismo día que se tendría el evento con los presidentes de las Comisiones de Justicia de los Congresos locales se realizara un foro, como parte de las actividades de revisión y análisis de este gran proyecto de reforma.
Son las dos propuestas que pondríamos a su consideración: la creación de esta subcomisión para dictaminar y aprovechar la presencia de los presidentes de Justicia locales para realizar un foro. Como se trata del acceso a la justicia para las mujeres, las mujeres somos muy buenas poniéndonos de acuerdo. Entonces sí.
En principio estaríamos proponiendo que pudieran ser parte de la subcomisión la diputada Norma Leticia Salazar, la diputada Carolina Viggiano, y su servidora. También el diputado Eduardo Ledesma.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Solamente les digo que la iniciativa ya ha sido turnada a esta comisión. Tiene que ver con algunos nuevos tipos penales, como es feminicidio, entre otros.
Pero también toca otras figuras de reformas importantes. Por lo cual si ustedes nos permiten, vía electrónica podemos hacérselas llegar a su correo. Para empezar a hacer una discusión de algo que es por supuesto perfectible.
Junto a la Conavim se construyó, porque ellos hicieron una investigación importante en el país, inclusive de todos los Códigos de los estados, para ir detectando dónde había figuras que no eran congruentes con los tratados internacionales que hemos suscrito... nos señalan al Estado mexicano, entre otras cosas.
Tal vez valdría la pena mandárselos vía electrónica, si usted lo permite, para que puedan manipularlo. Seguramente nos va a llevar reuniones de trabajo en las que puedan aportar cosas importantes, para que podamos dar a México una buena reforma, que en la armonización legislativa impacte a los estados.
La subcomisión quedo integrada por: las diputadas Enoe Uranga Muñoz, Alma Carolina Viggiano Austria, Norma Leticia Salazar, y el diputado Eduardo Ledesma Romo.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad
Dentro de asuntos generales el diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Tres temas de mucha importancia, el primero tiene que ver con todas las responsabilidades que hemos estado adicionando a la operación normal de la Procuraduría General de la República, como es el tema del secuestro, como el dictamen del artículo 73 en facultades de atracción, como el tema de derechos humanos. Una serie de temas... la Procuraduría General de la República va a tener una actuación que no tenía antes de lo que hemos estado aprobando en la comisión.
Adicionalmente a esto el tema de los Cereso, que ha sido un tema en el que hemos estado pendientes en torno a las construcciones, las modificaciones y la readaptación social. Ahí vamos a tener una serie de dictámenes que están por salir.
Comentábamos con el maestro que podríamos empezar a trabajar en modificar el modelo que tenemos de presupuesto, para hacer más inteligente y darle la fortaleza que debe tener la Procuraduría General de la República... Para dotarla de más inteligencia y mucho mejor operatividad. Y también revisar el tema de los Cereso. Empezara a revisar estos temas en las sesiones normales de comisión, invitando a algunas personas para que nos empiecen a dar luz. Y que cuando lleguemos al presupuesto tengamos una postura fuerte de la Comisión de Justicia, sustentada. Y que ayudemos a mejorar el sistema de justicia en torno a la procuración de justicia.
El otro tema es que tenemos algunas reformas pendientes muy trascendentales, en minutas. La primera es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que dictaminó el Senado.
Ha sido un tema recurrente. Algunos diputados, el diputado Zamora... Varios han estado opinando acerca de la necesidad... también la diputada Carolina... de reforzar ese tema de los adolescentes. Si tuviéramos que revisar la propuesta del Senado... Las iniciativas que tenemos aquí, que son varias, de muchos diputados de diferentes partidos.
Quizás hacer un foro con una propuesta de dictamen que tengamos hecha, para fortalecerla y poder dictaminarla aquí. Al igual que otras iniciativas más trascendentales, que el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Penal, que tenemos ahí. Y también una ley que aquí está mi compañera Salazar que es la Ley de Migración que se aprobó en el Senado, y que ha sido un tema de reclamo a todos en muchos y diversos temas. Creo que podemos enfocar las reformas.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Compartimos las preocupaciones, Óscar, y lo que también tengo que reconocer es que el tiempo se nos acaba. Yo pienso que esta Comisión de Justicia podría dejar indudablemente una huella legislativa importante y una aportación al sistema jurídico mexicano en lo penal, si de las preocupaciones de Óscar lográramos salir adelante cuando menos con una tercera parte.
Yo pienso que estamos obligados todos a optimizar el tiempo. Creo que esta comisión ya demostró que sí hay interés, espíritu de trabajo y sobre todo el sabernos escuchar, a mí me parece eso muy relevante, que en otras comisiones desgraciadamente no existe mucha posibilidad de intercambiar, de expresar preocupaciones, de disentir inclusive, pero creo que aquí hay el campo y el espacio propicio para eso.
Yo les sugeriría muy respetuosamente al presidente de la comisión, desde luego en franco diálogo con Óscar que es el que expresa estas preocupaciones, que hiciéramos un plan de trabajo, no ambicioso, realista para lo que resta de la legislatura, pero iniciando los temas, todos son importantes, pero creo que hay algunos que merecen mayor atención.
Prever desde ahora los impactos presupuestales, porque los va a haber, de tal manera que entreguemos el remedio y el trapito, en términos coloquiales. Digamos: es por aquí, pero aquí están los elementos materiales, económicos de finanzas, para que se puedan realizar esas adecuaciones y esas reformas tan trascendentes.
Yo saludo la preocupación, de veras, y creo que el presidente la comparte y todos los que estamos aquí la compartimos, pero sí que seamos muy optimistas, sí, pero muy realistas en lo que podamos hacer. No nos va a alcanzar por los temas tan diversos y tan trascendentes lo que nos falta de la legislatura, pero sí podemos establecer compromisos serios y que nos pongamos a trabajar todos.
El presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Hay un asunto que tenemos con la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que preside nuestra distinguida compañera Norma Leticia Salazar.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comentó: Sí. El dictamen por supuesto se fue a comisiones unidas, tanto la de Población, la de nosotros, como la de Justicia, del día 3 de marzo. Nosotros en la comisión hemos estado analizando, de hecho tenemos sesión permanente, hemos tenido infinidad de reuniones.
Estamos ya, por supuesto, en tener el predictamen. El predictamen lo tenemos el día jueves. El jueves se lo haría llegar, presidente, con las propias observaciones del área técnica que han estado trabajando en conjunto, para que el viernes los diputados tengan este dictamen y estar en la posibilidad de que el día martes podamos convocar a comisiones unidas en la tarde, para ver este dictamen. Creo que es un tema prioritario.
Es un tema en el que han participado todos los diputados sabiendo que es una minuta del Senado, que viene o que fue presentada por el PRI, PAN y PRD. Es una Ley de Migración con reformas, aproximadamente 10 leyes secundarias, pero es una ley de manera integral que la estamos esperando hace más de 30 años, porque nuestro marco jurídico es desde 1974 que es la Ley General de Población.
Así que el viernes lo tendrían, en todo caso, los diputados y diputadas, para estar en la posibilidad el día martes, en comisiones unidas, poder de alguna manera entrar a discusión de este tema y ojalá que pueda salir y podamos tener en este periodo de sesiones está ley que tanto estamos esperando.
Se acordó que el predictamen se turnaría el jueves
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Aprovechando que está aquí la presidenta de la comisión, decirle que si nos puede hacer llegar de una vez las observaciones que tengan los diputados, lo que estén haciendo en torno a la ley si nos lo puede hacer llegar, adelantar a la comisión, exactamente, para no redundar en algunas observaciones que podríamos tener, sobre todo, que la vamos a tener que dictaminar las dos comisiones.
Lo otro es, si no hubiera inconveniente yo prepararía un documento en torno a la cuestión de justicia, y aquí tenemos varios institutos que pueden hacernos el trabajo financiero que son pagados por la Cámara, que tuviéramos un consenso en el documento, que les pediríamos en torno a la investigación de los impactos con las reformas que tenemos y de cómo podríamos administrar mejor la parte de la procuración de justicia, inclusive el Poder Judicial en torno a los presupuestos, porque sí son temas que los vemos en últimos momento.
Yo dijera que fuéramos todavía un poquito más para allá, si logramos tener un dictamen o una, dos o tres observaciones muy profesionales, hacer una cita inclusive con el secretario de Hacienda como Comisión de Justicia, preocupados, y al presidente hacerle llegar una propuesta en torno a lo que podemos hacer como Comisión de Justicia.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Un tema más para su consideración. Hay la solicitud de un grupo de especialistas en el tema de migración interesados en poder reunirse con la Comisión de Justicia. Como se va a dictaminar en conjunto, entiendo, ya se reunieron además con la presidenta de la Comisión de Migración, encabezados por don Raúl Vera, entonces someter a la consideración de ustedes el que pudiera, no sé, la mesa directiva o una comisión, poder tener un intercambio con ellos en la fecha que desde luego ustedes fijaran.
Se citó a Comisiones Unidas de Justicia, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, el día cinco de abril, a las 17 horas, y terminando se empezara la vigésima reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la decimonovena reunión ordinaria, a las 18:30 horas del jueves 29 de marzo del año 2011.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo.
Informes
Del diputado Armando Ríos Piter, relativo al foro Mejores políticas para mejores vidas, que se llevó a cabo el martes 24 y el miércoles 25 de mayo de 2011 en París, Francia
Informe de la participación, como parte de la delegación mexicana, en la reunión del consejo a nivel ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en los actos conmemorativos de su quincuagésimo aniversario, realizados el martes 24 y el miércoles 25 de mayo en París, Francia.
En este marco, en reunión sostenida ex profeso con el personal de México ante la OCDE, se discutió el documento que dicho organismo presentó en mayo de este año sobre los estudios económicos sobre México y los resultados que éstos reflejan. En dicha reunión se expresó la necesidad de que nuestro país desarrolle acciones acordes a la problemática nacional y de conformidad con la realidad regional y no sólo como resultado de un recetario dictado por los organismos financieros internacionales.
Adicionalmente se propuso la necesidad de impulsar una revisión profunda de las condiciones internas de competencia económica, ya que resulta relevante dar seguimiento a la lucha en contra de los monopolios, con la finalidad de mejorar la situación de millones de mexicanos, como se presenta en el documento realizado por dicho organismo.
En dicha reunión, en colaboración con el diputado del PRD Vidal Llerenas, se realizó un especial énfasis en la necesidad de incorporar al debate en nuestro país la revisión de una mejor manera para garantizar el financiamiento sostenible con inversiones vitales en infraestructura, educación, salud y desarrollo social; estas acciones permitirían que México se posicionara como un país altamente competitivo y con una mejor distribución del ingreso.
En este encuentro los legisladores le informaron al embajador ante la OCDE, Agustín García-López, que buscarán que la Cámara de Diputados establezca grupos de trabajo para darle seguimiento a la Ley Federal de Competencia Económica, recientemente modificada por el Congreso de la Unión y publicada por el Ejecutivo, y buscar soluciones a los sectores de la aviación, el transporte, la industria farmacéutica y las telecomunicaciones, entre otros.
Se destacó como indispensable que el Congreso se involucre en estos temas, para que los ciudadanos mexicanos obtengan beneficios como consumidores, habida cuenta de que según estimaciones de la propia OCDE, las familias en México destinan casi una tercera parte de su gasto en bienes producidos en mercados monopólicos o altamente oligopólicos, como las telefonías fijas y de celular, así como los servicios de televisión.
A partir del inicio del foro, el martes 24 de mayo, se asistió a las distintas conferencias sobre los temas enfocados en el diseño de mejores políticas públicas para incrementar los niveles de vida de la población, la introducción de una propuesta de indicadores que permitan medir el progreso de las sociedades.
Se realizó un especial énfasis hacia la necesidad de generar un “desarrollo verde”, que permita en las economías un nuevo paradigma relacionado con el respeto al medio ambiente y buscar una nueva revolución industrial, que permita incorporar conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad en los programas de gobierno, las iniciativas de inversión y, en general, en los distintos factores de desarrollo, que lleven consigo el objetivo de privilegiar un modelo más equitativo de crecimiento, situación que para nuestro país se vuelve fundamental si consideramos que a pesar de una serie de reformas que se han realizado en los últimos 25 años, desde 1950 a 2008, el índice de Gini (la principal medida de desigualdad aceptada internacionalmente) no ha bajado de los 50 puntos, esto significa que no ha habido una transformación social en el país, los avances son marginales, son minúsculos con relación a la población que crece y demanda mejor calidad de vida.
Durante la participación en el foro se mantuvo el ánimo de intercambiar experiencias para enriquecer las medidas encaminadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 70 por ciento del empleo en México, así como lo referente a la banca de desarrollo y el combate a la pobreza.
En los paneles del segundo día se enfocó la discusión en los temas sobre la convención anticorrupción y los paraísos fiscales, ambos aspectos de extremada relevancia para nuestro país, ya que de acuerdo con cifras del índice nacional de corrupción, que a principios de mayo presentó Transparencia Mexicana, la corrupción en México tiene un costo de 33 mil millones de pesos.
En este sentido, el costo en cuanto desarrollo es elevado, pues el problema de la corrupción, aunque en el promedio nacional cuesta 14 por ciento a los hogares en lo general, a las familias de menores ingresos les pega en 33 por ciento, resultando totalmente regresivo para las familias de menores ingresos.
Finalmente, a fin de conocer algunas experiencias relacionadas con el tema, se establecieron puntos de encuentro con autoridades y representantes de países pertenecientes a la OCDE, a través de reuniones informales, dando especial énfasis a países como España, Portugal y Finlandia, de los cuales, los dos primeros casos enfrentan características sociopolíticas y de desarrollo económico similares a nuestro país, y el tercero representa uno de los modelos más exitosos en materia de garantizar niveles de vida a sus ciudadanos desde una visión de desarrollo social incluyente.
Las actividades del viaje permitieron no sólo conocer el modelo de recomendaciones que se presentan de parte de la OCDE, y sus posibles aplicaciones a nuestro país, sino además presentar la necesidad de construir una visión distinta, en la que las realidades y diferencias de cada nación deben ser tomadas en cuenta para el diseño de políticas públicas.
Atentamente
Diputado Armando Ríos Piter
De la licenciada Leticia Salas Torres, sobre el Foro mundial de medios públicos, que tuvo lugar del miércoles 8 al viernes 10 de junio de 2011 en Guadalajara, Jalisco
Por iniciativa de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC (La Red), y con la coordinación del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), del miércoles 8 al viernes 10 de junio de 2011 se llevó a cabo el Foro mundial de medios públicos en Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo común para mejorar la relación global de radiodifusoras y televisoras públicas en beneficio de las audiencias.
El encuentro, el primero en su tipo, con directores y gerentes generales de medios públicos a nivel mundial, constituyó una oportunidad para discutir sobre las realidades y los retos que enfrentan los medios en esta era global sobre temas como el derecho a la información, la defensa de los derechos humanos, la discriminación, la migración y el cuidado del ambiente.
Los principales objetivos del foro se centraron en lo siguiente:
• Impulsar la integración de una red de redes globales de intercambio de programas
• Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) la declaratoria por la defensa de los medios públicos, educativos y culturales
• Crear una agenda temática de trabajo de corto, mediano y largo plazos para trabajar en el desarrollo de los medios públicos, y en su principal capital, “la audiencia”, para lo cual se pretende instituir la realización anual del foro
• Promover el libre flujo e intercambio de contenidos noticiosos
• Fomentar el intercambio de experiencias de éxito
• Propiciar la capacitación y profesionalización del personal
En la inauguración del encuentro mundial, Samuel Muñoz Gómez, presidente de La Red y director general del SJRTV, destacó que con este acto se buscará concretar acuerdos que permitan intercambiar contenidos de calidad a escala mundial, así como impulsar una alianza entre emisoras de radio y televisión que promuevan, defiendan y formen audiencias en pro de los derechos humanos.
Por otra parte, Pablo Baz, asesor regional de Comunicaciones para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó la trascendencia de los medios como informadores y formadores de opinión.
Reconoció que los medios de comunicación, además de reflejar la realidad, la construyen. Esta influencia potencia su responsabilidad al momento de promover comportamientos o valores fundamentales como los derechos humanos, la construcción de la ciudadanía o el compromiso democrático.
Uno de los temas centrales puestos en la mesa desde la inauguración del foro fue la autonomía de los medios públicos.
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se pronunció porque estos medios no sean instrumento de los gobernantes para controlar, pues el objetivo de estos sistemas es “la difusión de la verdad y estar a favor de la justicia, no para ideologizar el poder”.
Señaló que los medios públicos requieren actualización tecnológica, invertir para ampliar la cobertura, desarrollar e intercambiar contenidos educadores y atractivos. Destacó además la necesidad de que los medios públicos cuenten con autonomía no sólo de criterio sino, también, financiera.
Como se ha mencionado, en el encuentro, al que se dieron cita representantes de más de 50 televisaras, cadenas radiofónicas y sistemas de medios públicos de México, América Latina y Europa, se abordaron tres grandes ejes: la autonomía jurídica y financiera; los contenidos y sus audiencias; y el reto de la convergencia digital.
Autonomía jurídica y financiera
El tema fue abordado en la mesa “Nuestros representantes en vivo: las televisaras como nexo entre ciudadanos y legisladores”, cuya conducción estuvo a cargo de la licenciada Leticia Salas Torres y de un comentarista del SRTJ. La licenciada Salas inició su participación con la proyección de un video –demo institucional que muestra su cobertura, contenidos, producción y las plataformas tecnológicas de que actualmente hace uso, a fin de mostrar en lo concreto las ventajas de un modelo de televisión legislativa como el mexicano.
A manera de contexto, la licenciada Leticia Salas Torres, directora general del Canal del Congreso, expuso la historia del Canal del Congreso mexicano, así como del surgimiento de otros canales de televisión legislativos en el mundo. Se ofreció un panorama general de las tendencias, los modelos y los avances que se han dado en este ámbito a escala mundial, destacando los casos más avanzados, entre los que se encuentran el caso estadounidense, el francés, el brasileño y, en específico, el mexicano.
Respecto al modelo mexicano, se expuso el marco jurídico que sustenta su existencia y regula su funcionamiento, y que le ha permitido consolidarse como un medio de comunicación de servicio público que se rige por los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia y oportunidad, garantizando con ello un ejercicio de transparencia y acceso a la información del Poder Legislativo mexicano.
Como modelo único en el mundo, se destacó la importancia de que el Canal del Congreso mexicano cuente con un órgano rector bicamaral, formado por tres diputados y tres senadores de las principales fuerzas políticas del Congreso General, y un consejo consultivo, integrado por ciudadanos especializados en el ámbito de la comunicación. Ambas figuras son garantes de la independencia editorial del Canal, incluso cuando se presentan los cambios de legislatura.
Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República e integrante de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, en su ponencia hizo un llamado para que los gobernantes de todo el país doten de autonomía editorial a los medios públicos.
Subrayó que los actuales medios públicos están limitados a vivir del presupuesto público, generalmente marginal, discrecional e inicuo; tienen dependencia directa de los gobiernos; y operan con figuras jurídicas diversas y padecen de los vaivenes de las voluntades de los Ejecutivos en turno.
Habló de las distintas “naturalezas” de los medios públicos, entre los que están los asignados y manejados por los gobiernos estatales y federal, los medios asignados a las universidades o entidades culturales y los de uso social o comunitario; y señaló que ninguno de esos modelos está reconocido explícitamente en la Ley Federal de Radio y Televisión.
Advirtió que únicamente se habla de concesiones para los medios comerciales y de permisos para los medios asignados a instancias no lucrativas (gobiernos, universidades, institutos, etcétera).
El senador Sotelo expuso también los aspectos más importantes del dictamen pendiente en el Senado sobre medios públicos, como asegurar el uso social del espectro radioeléctrico; contar con un órgano regulador verdaderamente imparcial y autónomo, cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses y ofrezcan la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte de la radiodifusión y de las telecomunicaciones; garantizar la existencia de medios comunitarios; y prohibir la contratación discrecional de propaganda política, que ha generado además iniquidad.
Tras recordar que en marzo de 2010 el Congreso mexicano obtuvo el permiso para que el Canal transmita por señal abierta digital en el Distrito Federal, consideró de suma importancia que los resultados del Foro mundial de medios públicos sean presentados al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Al término de la participación de la directora general y del senador Sotelo intercambiaron impresiones con los asistentes al foro.
Con relación a la participación de la licenciada Salas resultó significativo que el director general de la Radio y la Televisión Nacional de la República Dominicana se acercase para solicitarle que le obsequiara la presentación en video del Canal del Congreso, para mostrarlo a legisladores de esa nación con quienes tendría un encuentro próximo, y a fin de que –dijo– se dieran cuenta de que un canal de esta naturaleza no sólo debe implicar la transmisión de las sesiones legislativas sino que su labor va más allá.
Contenidos y audiencias
Otro de los grandes ejes de discusión en el foro fue el tema de los contenidos y los derechos de las audiencias en los medios públicos, así como su vínculo con el fenómeno reciente de las redes sociales.
Verónica Fiorito, del Canal Encuentro Argentina, afirmó que es falso que los medios públicos no tengan audiencia. Señaló que el medio público no tiene el papel de competir por la audiencia: su función es ocupar espacios y voces para lograr que más gente lo vea. Igual que los representantes de otros medios públicos, insistió en que los medios públicos buscan no el rating sino los segmentos de audiencia que reclaman contenidos diferentes de los que las señales comerciales ofrecen.
Nathalie Malinarich, de la British Broadcasting Corporation (BBC), de Gran Bretaña, afirmó que es importante tener presencia en los espacios en que la audiencia desea consumir contenidos; por ejemplo, las redes sociales, donde consumen las noticias.
En varias mesas se discutió la necesidad de intercambiar y coproducir contenidos, crear agendas temáticas de trabajo de corto, mediano y largo plazos, promover el libre flujo e intercambio de contenidos noticiosos e informativos, fomentar el intercambio de experiencias de éxito y propiciar la capacitación y profesionalización del personal.
Una de las conclusiones más importantes fue asumir que el desafío real es incorporar a las audiencias en la elaboración y el enriquecimiento de los contenidos de los medios públicos. De ahí la noción de lo público del interés general y específico, en función del desarrollo de varias agendas que impulsen el desarrollo de las artes, del entretenimiento, de la información, de la democracia.
Medios públicos y convergentes
Otro de los grandes temas abordados en el encuentro mundial fue el desafío de la convergencia con las nuevas plataformas que se abren a partir del triple y el cuádruple play; es decir, prestar el servicio de Internet, telefonía, y radio y televisión a través de un mismo canal.
Sobre el tema, Andrea González, directora de Tele Medellín, de Colombia, afirmó que en ese sistema se hace no sólo televisión sino conectividad, a través de Internet y de las redes sociales como Twitter.
Explicó que Tele Medellín hace labores que comúnmente podría hacer una empresa de mercadotecnia cuyas actividades van desde la elaboración de planes de comunicación hasta la comercialización de imagen y relaciones públicas, pasando por la medición de mercados y hasta el manejo de cuentas de Twitter de organizaciones del sector público o del privado.
Otras experiencias relativas al tema de la convergencia, como las de la BBC de Londres, hablaron de un avance sustancial en la convergencia tecnológica, sin necesidad de convertir los sistemas públicos en métodos alternos de mercadotecnia pública y comercial.
En este sentido, y sobre las experiencias mexicanas, el Canal del Congreso destacó que el seguimiento de los debates parlamentarios a través de Internet y de las redes sociales ha creado una audiencia específica.
Marcelo García Almaguer, director general del Sistema de Televisión, Radio y Tecnologías Digitales de Puebla, comentó que en las próximas semanas ese sistema público se incorporará plenamente a la convergencia.
Misael Habana de los Santos, director general del Sistema de Radio y Televisión de Guerrero; y Gabriel Torres Espinoza, director de la nueva operadora de televisión abierta Canal 44, de la Universidad de Guadalajara, también anunciaron próximos cambios importantes.
Actividades destacadas
A continuación se ofrece un informe de las actividades destacadas del Foro mundial de medios públicos.
Ponencia “Proyecto Internacional de Intercambio Glomex (Global Media Exchange): el poder de compartir”
La ponencia estuvo encabezada por Jordi Torrent, representante de las Naciones Unidas Alianza de las Civilizaciones, quien destacó que la globalización mundial y el avance de los medios masivos de comunicación deben ser aprovechados para el desarrollo de plataformas de intercambio cultural.
En la mesa también participaron representantes de Suiza, Europa del Este, Estados Unidos y norte de Europa.
Torrent agregó que lo importante de la alianza es conectar las iniciativas, los proyectos y los organismos existentes para potenciar su desarrollo o conectarlo con otras iniciativas, y que a través de la colaboración surjan con más fuerza y lograr mayor efecto social.
Markus Nikel, de Baka Forum, habló sobre un proyecto de cooperación que involucró las radiodifusoras de Europa y las de Latinoamérica, fundamentalmente canales de Argentina y Brasil, donde se produjeron 23 historias, de las cuales resultaron 10 documentales de gente joven que iba de la escuela al trabajo.
Destacó que fue asombrosa la riqueza intercultural de filmes que se trabajaron en contextos muy diferentes desde India, Argentina, Italia y Suiza. Remarcó su interés de que nuestra realidad se cuente en todas partes, pues todo mundo tiene el mismo interés a nivel global y se debe transitar hacia un servicio público 2.0 en un entorno global.
Panel “Los medios públicos en México, experiencias regionales”
Uno de los paneles principales de este foro fue el de “Los medios públicos en México, experiencias exitosas”, moderado por Álvaro Cueva, destacado crítico de televisión. En él participaron Samuel Muñoz Gómez, presidente de La Red y director general del SJRTV; Jesús Hubert Carrera Pali, director general del Sistema de Televisión y Radio de Campeche; Iñaki Alzugaray Arregui, director de Televisión Estatal y Radio Nuevo León; y Marcelo García Almaguer, director del Sistema de Información y Comunicación de Puebla.
En la mesa se destacó que el éxito de los medios de comunicación públicos en México debe sustentarse en proyectos que vayan más allá de los seis años de duración de los gobiernos, y tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en la definición de sus contenidos.
En la presentación del caso de Canal 7 de Jalisco, Samuel Muñoz señaló que a partir de 2003 se buscó hacer una televisión participativa, en la que además del cambio de imagen institucional, actualmente se realizan campañas en las que la ciudadanía puede reflejarse en pantalla.
El director de Televisión Estatal y Radio Nuevo León manifestó el problema de los medios públicos, pues cada seis años –con el reemplazo en el gobierno– se rehacen la radio y la televisión.
No obstante, también señaló que si bien los medios públicos no alcanzan los ratings de la televisión privada, llegan a cubrir segmentos importantes de la audiencia. Destacó que en el caso de Nuevo León, la televisara pública diariamente se ve una o dos horas por encima de los medios comerciales, y los domingos hasta cinco.
El director general de Radio y Televisión de Puebla habló del proyecto de desarrollo de marca que busca posicionar el proyecto de Puebla TV entre la ciudadanía de la entidad.
El director del Sistema de Televisión y Radio de Campeche destacó la importancia de celebrar convenios con las instituciones educativas e involucrar al público joven en la definición de los contenidos en los medios públicos.
Álvaro Cueva, luego de las historias presentadas, afirmó que la percepción que la ciudadanía tiene sobre los medios públicos en todo el país está cambiando.
Señaló que, desafortunadamente, la ciudadanía siempre se refiere a los medios públicos como el fantasma, algo denso y aburrido, que nos quita dinero del erario. Convocó a los asistentes, principalmente a los jóvenes, a darse la oportunidad de ver tanto la televisión comercial como la pública.
Al final, los ponentes coincidieron en señalar algunos retos que los medios públicos enfrentan en la actualidad, como la credibilidad, su convivencia con los medios privados y la necesidad de invertir recursos para la conversión digital.
Conferencia “La divulgación de temas de ciencia y tecnología en los medios públicos”
La conferencia fue ofrecida por el doctor Miguel Ángel Sánchez de Armas, director de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien señaló que la ciencia y la tecnología deben ser vistas como parte esencial de una sociedad democrática, así como parte fundamental de la cultural de una sociedad.
Reseñó que la tarea de difusión de temas de contenido científico inició hace 37 años. Durante este tiempo se han adoptado distintas estrategias para la divulgación de estos temas, y la experiencia ha servido como base para los esfuerzos que ahora se realizan desde el Conacyt para que los avances y descubrimientos en los temas de ciencia, tecnología e innovación estén al alcance del mayor número de espectadores a través de los medios de comunicación.
Planteó la necesidad de generar y distribuir contenidos científicos en los medios de comunicación, tarea de la cual se encarga el Conacyt a través de una agencia de noticias gratuita del organismo. Planteó además la necesidad de formar redes de información para coadyuvar a la promoción de los avances y descubrimientos en México y todo el mundo, así como de capacitar a comunicadores que dominen el lenguaje científico y que puedan empatarlo con el de los medios masivos de comunicación para que éstos lleguen a la mayor audiencia posible.
Simposio “Educación desde los medios públicos para la diversidad cultural y la participación de las audiencias”
En el simposio se concluyó que la educación y la comunicación, especialmente en los medios públicos, son un derecho del que todos los ciudadanos debemos participar. Fue encabezado por Roberto Aparici, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, quien puntualizó que los medios públicos son de la ciudadanía, que trabajan con y para la ciudadanía, y educan independientemente del formato. No es “necesario que sea un programa educativo, ya que el programa más popular también educa. Lo que es de cuestionarse es desde qué lugar está educando o desde qué lugar está deseducando”.
Destacó la importancia de fomentar la participación de todos los grupos étnicos y sociales; y manifestó, con base en la experiencia de Divina Frau-Meigs, profesora de la Sorbona de París, que el acceso a los medios es un nuevo derecho humano.
Reuniones nacional de técnicos e ingenieros en radio y televisión, y de productores de radio y televisión de La Red 2011
En el marco del Foro mundial de medios públicos se reunieron alrededor de 200 técnicos e ingenieros que acudieron para actualizar sus conocimientos y compartir experiencias en el manejo de nuevas tecnologías que permiten a las radiodifusoras y a las televisoras estatales cumplir su objetivo.
Entre los temas abordados en la reunión se encuentran los relativos a equipos de producción, comunicación satelital y digitalización de las señales, así como aspectos normativos técnicos. La reunión fue coordinada por Gildardo Gómez Pelayo, quien explicó que por el carácter internacional del foro, también se invitó a medios públicos extranjeros a compartir sus experiencias en la materia.
Gómez Pelayo consideró que depender de un presupuesto estatal puede representar un obstáculo para que los medios públicos en México avancen en el proceso de digitalización. Aseguró que el foro permitirá fortalecer los lazos entre las emisoras públicas estatales y los medios que dependen de instituciones educativas.
Mesa de trabajo “La plataforma electrónica audiovisual de la UNESCO”
La mesa fue presidida por Ivonne Gual, quien detalló los objetivos y la manera de acceder a la plataforma electrónica audiovisual de la UNESCO, una herramienta en favor de la diversidad cultural. Se refirió a la plataforma como un catálogo multicultural en línea donde se puede identificar, ver y adquirir producciones audiovisuales de gran calidad.
La presencia de la UNESCO en el foro tuvo el objetivo de difundir el proyecto internacionalmente, de manera especial en países en desarrollo, pues resulta importante promover dicha plataforma a través del establecimiento de colaboraciones y participaciones con todo el mundo.
Legislación aplicable y proceso introductorio hacia la consolidación de un canal legislativo
Panel: Nuestros representantes en vivo. Las televisoras como nexo entre ciudadanos y legisladores
Intervención de la licenciada Leticia Salas Torres, directora general del Canal de Televisión del Congreso mexicano
Contexto
• Nueva oferta comunicacional en el espacio del audiovisual (tanto a nivel privado como público).
• Radio y televisión legislativa se conciben como sistemas públicos.
• Medios de comunicación parlamentaria obedecen a la presencia de los medios de servicio público en cada país o más de 100 países graban en audio.
• Se potencian ahora por el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y redes: webtv, webcast, audio en línea (estaciones de radio por Internet, etcétera).
• Países con canales legislativos con infraestructura propia para su difusión en vivo o diferida.
• Otros Congresos a través de otros soportes tecnológicos como Internet o entrega de señal a otros medios en directo o para su difusión posterior.
• Los medios de comunicación legislativa se pueden diferenciar por: naturaleza jurídica, organización, gestión y financiamiento.
Tendencias
• Alrededor de 76 países en el mundo graban -en video o en audio- los procesos y/o actividades legislativas en sus correspondientes cámaras para su difusión posterior.
• Aproximadamente 24 Congresos cuentan con un canal con estructura, equipo, presupuesto, contenidos y alcance como cualquier otro público o privado.
• Pioneros en la transmisión Australia y Nueva Zelanda.
• Modelo y referente a nivel mundial, desde 1979, el estadounidense C-SPAN emite y al igual que el canadiense CPAC, es un medio privado, con vocación de servicio público, subvencionado por la industria del cable.
• Europa, los canales de televisión parlamentarios han tomado varios rumbos. 14 canales, unos de gran tradición como servicio público.
• Entre servicio de Internet y televisión restringida y/o abierta: España y Portugal.
Pertenecen a:
• Cadenas nacionales públicas, por ejemplo: Reino Unido.
• Cámaras legislativas, por ejemplo: Francia.
• Latinoamérica: los países han optado claramente por canales de televisión dependientes de las cámaras y por el servicio en línea como complementario.
• 9 países de la región ya cuentan con el servicio de transmisión de actividades legislativas, ya sea televisión restringida y/o abierta, y/o por Internet: Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Colombia.
• Canales más desarrollados: Brasil y México
• Canales en proceso de creación: Guatemala, Ecuador, Santo Domingo, República Dominicana y Honduras.
Modelos
Dos grandes tipos de canales legislativos
• Aquellos que se configuran como un servicio de grabación-dotación de imágenes y audio para otros medios de comunicación; y
• Aquellos que están orientados a un público general más amplio, y que se constituyen como medios de comunicación más que servicios de difusión, con 24 horas de cobertura y contenidos más variados.
Los más avanzados a nivel mundial son:
• Estados Unidos. C-SPAN, televisara privada, sin ánimo de lucro, creada por la industria de televisión por cable en 1979 como un servicio público.
• Francia. Su televisión parlamentaria empezó en los años setenta, el canal agrupa a dos empresas diferentes, Assamblée Nationale y Public Sénat, cada uno con el 50% de tiempo aire, ofrece la señal a otros medios.
• Brasil. En febrero de 1996 la ley permitió la creación de TVSenado, cable, satélite, televisión en digital y en UHF, con una audiencia potencial de 60 millones de telespectadores; Tv Câmara de Brasil. Creada el 20 de enero de 1998, para la transmisión de comisiones y sesiones plenarias de la cámara de diputados. Televisora de contenidos variados, de amplio reconocimiento y con casi 200 profesionales.
Canal del Congreso mexicano
• Inició sus transmisiones regulares en 2000, inicialmente sólo a través de los sistemas de televisión por cable y, a partir del 2001, por los sistemas de televisión restringida vía satélite.
• En marzo de 2010 fue otorgado el permiso al Congreso Mexicano para operar un canal en televisión abierta digital, que se prevé estará al aire en el segundo semestre de 2011.
• Actualmente transmite en línea a través de su portal de Internet y ha incursionado en la red social Twitter y Facebook y en el espacio de reproducción de videos en Internet You Tube.
Legislación aplicable y proceso de creación de un canal de televisión legislativo
• Inserción en una ley reglamentaria del Sector Comunicaciones
• Obligatoriedad para transmitir el Canal por los sistemas de televisión restringida
– Reglamento de Servicio de Televisión y Audio Restringidos. Artículo 22
– Publicado en febrero del año 2000.
• Inserción en el ordenamiento general normativo que regula el Congreso o Asamblea Nacional.
– Inserción en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 131 y 132
• Diseño de un órgano regulador plural, equitativo y según sea el caso unicameral o bicamaral.
• Creación de una comisión legislativa ordinaria y aprobada por el pleno de la Asamblea General
– Creación de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, aprobada por las cámaras legislativas en marzo de 1998.
Reglamento de operación de la comisión legislativa – caso mexicano
– Objeto, principios y funciones del Canal del Congreso
– Atribuciones y responsabilidades de la Comisión legislativa rectora del Canal
– Estructura laboral del personal del Canal del Congreso
• Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (actualmente a nivel de Ley) Publicado en el Diario Oficial de la federación el 18 de mayo de 2005
– Conformación, funciones y atribuciones del Consejo Consultivo
– Atribuciones y responsabilidades del titular del Canal del Congreso
– Objeto, principios y funciones del Canal Legislativo
– Conformación, funciones y atribuciones del Consejo Consultivo
Atribuciones y responsabilidades de la Comisión legislativa rectora del Canal
• El reglamento interno es diferente a nivel de ley.
No sujeto a la aprobación del Pleno Camaral
• Sujeto a la aprobación de la Comisión
– Legislativa rectora y del órgano de gobierno de la(s) Cámara(s)
Está pendiente el reto CB próximo.
Definición de la figura jurídica del canal de televisión legislativo como órgano desconcentrado con autonomía presupuestal y de gestión para optimizar su operación
Canal del Congreso mexicano es un medio de comunicación, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo.
Su organización y funcionamiento están sujetos a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión.
Definición de estructura del canal de televisión legislativo
• Manual de Organización
• Manual de Perfil de Puestos
• Organigrama
Elaboración del marco autorregulador
• Políticas de Comunicación
• Código de ética del trabajo informativo
• Manual de operación y transmisiones
• Guía del usuario
• Código de videoteca
Selección y designación de un titular del canal legislativo mediante concurso público abierto
Por primera vez, en marzo de 2007, la Comisión Bicamaral publicó las bases para el concurso público abierto CBCC01 para ocupar el puesto de director general del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El 26 de abril de 2007 la comisión designó como titular del Canal del Congreso a la licenciada Leticia Araceli Salas Torres, para ocupar el cargo por un período de cuatro años, contados a partir del 1 de mayo de 2007.
Creación de un Consejo Consultivo Ciudadano sobre la Programación –caso mexicano
• 11 Ciudadanos representantes con amplia experiencia y reconocido prestigio en comunicación
• A proposición de Instituciones académicas y/o organizaciones civiles relacionadas con la comunicación
• Órgano de consulta hacia los sectores público, social y privado
• Consejo consultivo de representación social
• Sugerir mecanismos de vinculación con la sociedad Presentar sugerencias de la sociedad sobre la programación
• Encabezado por el presidente de la comisión legislativa, apoyado por el titulad del Canal del Congreso
• Facultad de opinar no vinculante
• Título honorífico
• Actuación y participación de carácter personal.
Resolutivos
• Continuar fortaleciendo el camino de la democracia así como la transparencia en todas sus funciones, manteniendo una vinculación mediante la comunicación pública y adaptándose a las exigencias de los sistemas democráticos modernos.
• Exhortar a que los Congresos y/o Asambleas Parlamentarias se comprometan a realizar los esfuerzos necesarios para legislar y crear espacios de comunicación pública que vinculen al ciudadano con el quehacer político, así como al fortalecimiento de la cultura y la obtención de información para el desarrollo cívico.
• Exhortar a que los gobiernos otorguen mayor financiamiento para la inversión en infraestructura que facilite la transmisión del contenido de los canales, y a su vez permita la transmisión en televisión abierta y así tener mayor alcance con todos los sectores de la población.
• Comprometer a todos los parlamentarios a continuar el proceso de intercambio entre los parlamentos que ya cuentan con este mecanismo de telecomunicaciones con aquellos parlamentos que aún no lo tienen.
• Invitar a que se continúe este proceso de conformación, con intercambio de información tecnológica y legislativa que agilice la implementación de canales legislativos en los parlamentos del Hemisferio.
Invitaciones
De la Comisión de Cultura
A la conferencia Beneficios del Seguro Popular, que se realizará el jueves 21 de julio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Claridad del paisaje –de Antonio Delmar Ayala–, que permanecerá hasta el viernes 22 de julio.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Vestigium: las locuras de lo falso –de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México–, que permanecerá del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto en el vestíbulo principal, lado sur, donde se inaugurará el martes 26, a las 15:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Black dome... fire –de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México–, que permanecerá del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto en el vestíbulo principal, lado norte, donde se inaugurará el martes 26, a las 15:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
Del Comité y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
A la conferencia Acciones colectivas, que se llevará a cabo el miércoles 27 de julio, de las 17:00 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Conferenciante: Maestro José de Jesús Ruiz Munilla.
Atentamente
Diputado Omar Fayad Meneses
Presidente
Licenciado César Kuno Becker Cuéllar
Director General
De la Comisión de Reforma Agraria
Y la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, al diplomado Políticas públicas y estrategias para el desarrollo rural: globalidad y soberanía, que se realizará los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 29 de agosto, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el edificio I, PB.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.
Informes del 1 febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 5036 0000, extensión 57227; 04455 3666 5185, 04455 2921 2480; y en el correo electrónico conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en las oficinas de la comisión, situadas en el edificio F, segundo piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Habrá 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo, los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 10:00 horas.
Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo
Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo y 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio
Módulo IV. Los retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio y 1, 4, 6, 8, 11 y 13 de julio
Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio y 1, 3 y 5 de agosto
Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto
Atentamente
Diputado Óscar García Barrón
Presidente
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
Al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
La Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Documentación, Información y Análisis y los Servicios de Investigación y Análisis invitan al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
Calendario
1. Recepción de ponencias, enero-marzo.
2. Publicación de resúmenes (abstracts) de las ponencias, enero-abril.
3. Publicación de ponencias, mayo.
4. Recepción de comentarios, junio-julio.
5. Publicación de conclusiones, agosto
Participantes
Podrán participar todos los miembros de Redipal.
Temas
Tema rector
a) Propuestas o estudios sobre materia penal y seguridad pública*
• Jueces de control
• Extinción de dominio
• Arraigo
• Testigos protegidos
• Mando único policial
• Fuero militar
• Sistema penal acusatorio, entre otros
• Impacto social o económico de dichas propuestas
b) La sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías en apoyo de la función legislativa y fortalecimiento de la democracia
Temas permanentes
Origen, desarrollo y experiencias de personas, órganos e instituciones en la realización de las actividades destinadas a los servicios de información, investigación y análisis en apoyo a la labor legislativa.
Lineamientos
1. Las ponencias serán enviadas a Redipal por correo electrónico, en Word, no deberán exceder de 15 cuartillas, en Arial 11, a espacio y medio, y deberán contener el título de la ponencia, el nombre del autor, domicilio y correo electrónico y un resumen, de un máximo de una cuartilla.
2. Conforme se vayan recibiendo las ponencias se publicará el resumen de éstas y posteriormente la totalidad, en orden cronológico de recepción.
3. Se abrirá la recepción de comentarios, que no deberán exceder de dos cuartillas, en Word, Arial 11, a espacio y medio, que se publicarán en su totalidad.
4. El Comité Redipal elaborará las conclusiones que se publicarán en la red.
Constancia de participación
1. Se extenderá constancia especial a los integrantes de la Red que hayan presentado una ponencia en los términos requeridos.
2. Se extenderá constancia a los integrantes que hayan elaborado comentarios en los términos requeridos.
3. Las constancias se harán llegar por correo postal al término del congreso a la dirección que indique el participante.
Disposiciones generales
1. Los trabajos del congreso se publicarán a su conclusión.
2. Todo lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto en definitiva por el comité organizador.
Informes y aclaraciones
jorge.gonzalez@congreso.gob.mx
victor.pitalua@congreso.gob.mx
Teléfonos (+52) o (01) 55 5036 0000 y, sin costo, 01 800 122 6272, extensiones 67032, 67031 y 67034.
Nota
* Puede ser de utilidad consultar las investigaciones siguientes:
1. SPI-ISS-22-08, “Análisis del paquete que reforma nueve ordenamientos en materia de seguridad pública presentado por el Ejecutivo federal”, octubre de 2008, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-22-08.pdf
2. SPI-ISS-17-09, “Nueva Ley de la Policía Federal. Comparativo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y el texto de ley vigente, así como del decreto relativo a la intervención de comunicaciones”, junio de 2009, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-17-09.pdf
3. SPI-ISS-30-10, “Análisis de la iniciativa de mando único policial presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República”, 7 de octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-30-10.pdf
4. SPI-ISS-31-10, “Análisis de la iniciativa en materia de fuero militar presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República”, octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-31-10.pdf
Atentamente
Diputado Aarón Irízar López
Presidente
De la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas, cuarta edición, 2011.
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas y economía pública, que coadyuven con el trabajo legislativo en la materia.
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan con los estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso, siempre y cuando tengan como principal referente a las finanzas públicas de México.
b) Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento del campo de las finanzas públicas.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
• Estar redactados en español.
• Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
• Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
• Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Los ensayos se presentarán en sobres cerrados, rotulados con un pseudónimo, cinco ejemplares impresos del total de la obra, cinco resúmenes, cinco discos con los archivos electrónicos y, en forma anexa por separado, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Exclusiones
• Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
• Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas del mundo de las finanzas públicas a colaborar en esta noble actividad en aras de estimular la investigación y la producción intelectual.
Premios
• Primer lugar: 125 mil pesos.
• Segundo lugar: 50 mil pesos.
• Tercer lugar: 25 mil pesos.
Publicación
Las investigaciones premiadas serán publicadas en la revista Finanzas Públicas, del CEFP, en el número inmediato a la entrega de los estímulos y reconocimientos.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 3 de diciembre de 2010 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el 30 de junio de 2011.
La decisión del Jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CEFP: www.cefp.gob.mx, y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir al correo electrónico admin.cefp@congreso.gob.mx, o al número de teléfono 5036 0000, extensiones 55218 y 55220.
Atentamente
Diputado Óscar Levín Coppel
Presidente del Comité del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana a concursar para el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, primera edición, 2011.
Objetivo
Fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios de calidad en materia social y de desarrollo económico, social y de opinión pública que coadyuven con el trabajo legislativo.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Bases
Pueden participar todos los interesados que presenten trabajos que apoyen el trabajo legislativo en México a partir de los siguientes temas:
• Legislación y políticas públicas para el desarrollo social.
• Legislación y políticas públicas para el desarrollo económico de las regiones.
• Opinión pública, agenda legislativa y políticas públicas.
Los trabajos deberán cumplir con alguna de las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso;
b) Que contribuyan al conocimiento para el desarrollo económico o social del país;
c) Que apoyen el desarrollo de la cultura política y la vida democrática;
d) De aplicación al marco jurídico, o
e) Políticas públicas de alcance nacional.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
• Estar redactados en español.
• Presentarse en tamaño carta, con tipografía Arial de 12 puntos e interlineado de 1 .5; margen izquierdo de 2.5 cm y derecho de 3 cm. Tener una extensión de 20 a 30 cuartillas.
• Los cuadros, mapas y gráficas deberán cumplir con las siguientes características: Tipografía Arial de 10 puntos, con figuras (barras, columnas, líneas, pasteles) en colores blanco, negro y grises, o con tramas de líneas o puntos; dichos elementos deberán ser presentados tanto integrados al texto, como en un archivo (Excel) anexo y su presentación deberá ser clara, precisa e incluir, en todos los casos, su respectiva fuente.
• Para las referencias bibliográficas deberá utilizarse la pauta estadounidense en la que, entre paréntesis, se escriba el apellido del autor, el año de la publicación y la página o páginas citadas; ejemplo: (López, 2007: 8-13). Es importante presentar la información completa de las referencias, mismas que deberán ser verificadas de manera cruzada con la sección de bibliografía. Se recomienda la siguiente forma de elaborar dicha sección:
– Libros: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título en cursivas, país, editorial, páginas.
– Capítulos de libro: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre(s) de autor (es), título del libro en cursivas, lugar o país, editorial.
– Revistas: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre de la revista en cursivas, tomo o volumen, número, lugar o país.
– Internet: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título, nombre del sitio web, dirección URL completa y fecha del artículo o, en su caso, de la consulta.
– La bibliografía se presentará en orden alfabético conforme a los apellidos de los autores.
• Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
• Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
• Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Las investigaciones se presentarán en cinco sobres cerrados, rotulados con pseudónimo, e indicarán claramente el tema y la modalidad a la que se inscriben. Cada sobre deberá contener un ejemplar impreso del total de la obra, resumen y disco con archivo electrónico. En forma anexa, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega de los trabajos y su inscripción al Premio pueden ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la honorable Cámara de Diputados, situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas en estudios sociales, económicos y de políticas públicas para colaborar en la dictaminación de los trabajos presentados.
El jurado valorará, además de la calidad de los escritos, su originalidad y aportación al trabajo legislativo.
Premios
• Primer lugar: 130 mil pesos.
• Segundo lugar: 50 mil pesos.
• Tercer lugar: 25 mil pesos.
De acuerdo con el criterio del jurado calificador, los premios podrán declararse desiertos.
Publicación
Los mejores trabajos serán publicados y podrán ser difundidos en cualquier otro medio que determine la Cámara de Diputados. En todos los casos se dará el crédito respectivo a los autores.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 1 de junio de 2011 y la fecha límite para la entrega de los trabajos será el 30 de septiembre de 2011.
La decisión del jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CESOP: www.diputados.mx y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir a los correos electrónicos gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx y angeles.mascott@conareso.gob.mx, o a los números telefónicos 5036 0000 y 01 800 1226272, extensiones 55238 y 55237.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, División de Educación Continua y Vinculación, al diplomado Derecho, instituciones y procesos legislativos, que se llevará a cabo los viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, y los sábados, de las 9:00 a las 14:00, del 22 de julio al 12 de noviembre, en los salones números 3 y 4 del edificio I.
El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios públicos, investigadores, estudiantes, así como a las personas interesadas y/o relacionadas con la política, los procesos legislativos y la formulación de políticas públicas, en los tres niveles de gobierno o desde la sociedad civil.
Objetivo general
Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el conjunto de normas, usos y prácticas que determinan su funcionamiento, aunado a un ejercicio científico de estudio comparativo de los regímenes políticos actuales en el mundo y de las reformas que están realizando para mejorar sus procesos democráticos, sus metodologías técnicas, la evaluación de sus resultados y su efecto en el fortalecimiento del Estado de derecho y de las políticas públicas. Se considerarán los nuevos referentes sociales, políticos e internacionales, para sustentar la eficacia de la formulación de leyes, las funciones de control, presupuestación, fiscalización y jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación como marco necesario para avanzar en la consolidación de gobiernos eficaces, transparentes y promotores de una mejor sociedad.
Fechas: Del 22 de julio al 12 de noviembre de 2011.
Sesiones: Viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 14:00 horas, con una semana intermedia de descanso.
Sede: Palacio legislativo de San Lázaro, aulas 3 y 4 del edificio I, planta baja.
Informes e inscripciones del 6 de junio al 15 de julio de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360147 y 50360148, 044 55 29212480, 04455 3666 51 85, en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal2@yahoo.com, conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la comisión, situada en el primer piso del edificio F, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Metodología
Se impartirán 6 módulos, en 24 sesiones, con 120 horas de trabajo.
Se acreditará con un mínimo de 80 por ciento de asistencia y la aprobación de las evaluaciones correspondientes.
Módulo I. Regímenes políticos y regímenes parlamentarios.
Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, asambleísmo, aspectos generales del derecho parlamentario y de las prácticas parlamentarias, estudios comparados de modelos de Parlamento.
22, 23, 29 y 30 de julio.
Módulo II. Sistemas electorales y formas de representación parlamentaria.
Sistemas de partidos; elecciones competitivas: sistemas democráticos; elecciones semicompetitivas: sistemas autoritarios; elecciones no competitivas: sistemas totalitarios; distribución de las circunscripciones electorales; tamaño de las circunscripciones electorales; candidaturas; conversión de votos en escaños, representación por mayoría y representación proporcional.
12, 13, 19 y 20 de agosto.
Módulo III. Estructura y proceso legislativo.
El marco legal del Congreso, la organización y composición de los cuerpos legislativos, la organización administrativa y técnica, el debate parlamentario, las asociaciones regionales e internacionales de carácter parlamentario, los proyectos legislativos, iniciativas, proposiciones, dictámenes, las comisiones, los órganos de gobierno, los trámites parlamentarios.
2, 3, 9 y 10 de septiembre.
Módulo IV. Estrategias para la productividad legislativa.
La viabilidad de proyectos legislativos: conceptos y herramientas; los sistemas de administración parlamentaria; la contratación y administración del personal parlamentario; los sistemas de información parlamentaria; la asesoría y la consultoría parlamentaria; el perfil legislativo: elegibilidad-cualificación-representación; la representación y la transparencia; mecanismos de rendición de cuentas; mecanismos de consulta ciudadana; plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato; el cabildeo legislativo.
23, 24, 30 de septiembre y de octubre.
Módulo V. Las funciones presupuestal, económica y de control y fiscalización del Congreso.
El proceso presupuestario, límites y alcances; la función fiscal; la evaluación de las políticas públicas, la fiscalización de la gestión pública; el sistema de control ingreso-gasto; la legislación de responsabilidades de los servidores públicos; las auditorías públicas; indicadores y evaluación de la gestión pública; la evaluación por programas; el dilema de la reconducción presupuestal, tipos y opciones de presupuestos aplicables para México.
14, 15, 21 y 22 de octubre
Módulo VI. Reforma del Estado y reforma parlamentaria.
Representación política; minorías; consultas; la integración territorial; el parlamento en la gobernanza, calidad legislativa y proceso parlamentario; nueva representación, transformación moderna de la ley; la relación pleno-comisiones; las reformas del marco jurídico; la legislación delegada; la afirmativa y negativa ficta; la reestructuración de las comisiones; plebiscito, referéndum e iniciativa popular; la ética y la rendición de cuentas legislativa; las nuevas tecnologías en los procesos parlamentarios.
4, 5, 11 y 12 de noviembre
Atentamente
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Presidente
