Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3299, jueves 7 de julio de 2011
Actas
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, concerniente a la cuadragésima sexta reunión ordinaria, que tuvo lugar el miércoles 6 de abril de 2011
A las 9:00 horas del 6 de abril de 2011, en los salones C y D del edificio G, primer piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se reunieron los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de conformidad con la convocatoria emitida el 1 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1 y 2. Apertura de los trabajos y designación de secretario para conducirlos
El presidente, Cruz López Aguilar, dio la bienvenida a los trabajos de la cuadragésima sexta reunión ordinaria.
Para conducir los trabajos propuso como secretario a Rolando Zubía Rivera. La propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad.
3. Registro de asistencia y declaración de quórum
Rolando Zubía Rivera manifestó que se contaba con la presencia de 23 diputados, 4 inasistencias y 3 justificaciones, de 30 que forman la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal. Expresó: los acuerdos que en esta reunión se tomen son válidos y obligatorios.
Relación de asistencia
Asistencias: Cruz López Aguilar, presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Fermín Montes Cavazos, Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera, Sergio Arturo Torres Santos, José M. Torres Robledo, secretarios; José Luis Álvarez Martínez, Óscar García Barrón, Joel González Díaz, Ramón Jiménez Fuentes, Benigno Quezada Naranjo, Narcedalia Ramírez Pineda, Adolfo Rojo Montoya, Jorge Rojo García de Alba, Fernando Santamaría Prieto, Gerardo Sánchez García, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Enrique Octavio Trejo Azuara, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez.
Justificaciones: Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretarios; José María Valencia Barajas.
Inasistencias: José Narro Céspedes, secretario; Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Gerardo Leyva Hernández.
Se contó también con la presencia del diputado Julián Nazar Morales, presidente de la Comisión Especial de Ganadería.
4. Aprobación del orden del día
Rolando Zubía Rivera leyó el orden del día que fue remitido de forma impresa y vía electrónica. Lo sometió a consideración de los integrantes y fue aceptado en sus términos por unanimidad.
5. Aprobación del acta de la cuadragésima tercera reunión ordinaria, efectuada el 16 de marzo de 2011
Rolando Zubía Rivera manifestó a los integrantes que en virtud de que el acta les fue remitida de forma electrónica y todos contaban con un ejemplar impreso dispensar la lectura y presentar sus observaciones si fuera el caso.
Como no se inscribieron oradores, se sometió a consideración de los diputados y fue aprobada en sus términos por unanimidad.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos legislativos
Antes de comenzar la lectura de las iniciativas, el presidente, Cruz López Aguilar, señaló que los tres dictámenes se formularon en sentido negativo, pues se trata de leyes específicas en tres cultivos y hay cierta resistencia para aprobar ese tipo de leyes.
Señaló que hay un antecedente de leyes específicas para cultivos. Comentó el caso de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Indicó que cuando se dio la negociación en la LIX Legislatura, hubo una serie de argumentos que se esgrimieron y que después de una lucha muy importante que dieron las organizaciones cañeras del país, que fueron acompañados en todo el proceso por la Comisión de Agricultura y Ganadería, se promulgó, está vigente y ha tenido éxito dicha ley.
Señaló que gracias a esto se estableció el Comité Nacional de la Agroindustria Azucarera, que ha desempeñado un papel muy importante para impulsar y conseguir mejores precios para los productores.
Comentó que en esa legislatura se presentó también la iniciativa de Ley de Desarrollo Sustentable del Café, la cual fue resuelta de manera negativa.
Indicó que una de las razones para no aprobar leyes específicas es que ya existe la de Desarrollo Rural Sustentable, la cual es una ley marco donde se establecen cuestiones muy importantes para todos los cultivos del país, pero sobre todo prevé una organización por sistema-producto y una organización por rama de producción.
Señaló que en el programa especial concurrente se define con toda claridad la importancia de un programa fundamental para impulsar la competitividad de las ramas de producción. Comentó que esto es resultado del movimiento de las organizaciones campesinas, del Acuerdo Nacional para el Campo y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Indicó que los criterios fundamentales que acreditarían la posibilidad de leyes específicas tienen mucho que ver con el respaldo legislativo, no nada más de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sino, también, de otras, sobre todo las de sanidad vegetal y animal, y también si está debidamente respaldada por la Orgánica de la Administración Pública Federal.
Señaló que este tema es muy importante, pues en una etapa, a mediados de los ochenta, se hizo todo un trabajo de desarticulación y desmantelamiento de las instituciones. Comentó que gracias a Ley de Desarrollo Rural Sustentable se han ido promoviendo la organización económica de los productores y la organización financiera, y esto ha permitido que tengamos esta capacidad de sustitución de las instituciones que desaparecieron del ámbito del gobierno federal.
Iniciativas
6.1. Dictamen negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey, presentada por el diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI, en la LX Legislatura.
Señaló que en los antecedentes se registra que en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI, de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey.
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para estudio y dictamen, habiendo quedado dicha iniciativa pendiente de la LX Legislatura.
Indicó que en el contenido se establece que la iniciativa tiene como objetivos:
I. Crear un instrumento jurídico federal de protección del maguey paralelo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
II. Constituir la comisión nacional del maguey, como órgano regulador de las actividades económicas.
III. Fomentar e impulsar el apoyo técnico y financiero de las organizaciones de productores para que se proteja y se aproveche la producción regulada del maguey.
Indicó que en las consideraciones se expone:
Que la producción de maguey es una de las mejores opciones de cultivo en el territorio nacional; es una fuente de vida y progreso. La demanda es amplia, pues se logran diferentes beneficios económicos, como la obtención del pulque a través del aguamiel, la extracción del mixiote (cutícula del maguey), la recolección de gusanos blanco y rojo del maguey los que se utilizan para fines culinarios con gran prestigio internacional, y –lo más importante– la producción de tequila y de otras bebidas, generando importantes divisas en materia de exportación, siendo una fuente importante de empleos. Sin embargo, no hay equilibrio en la relación con los costos de cultivo, toda vez que una planta tarda para producir entre 3 y 12 años, teniendo únicamente 4 meses de vida útil.
Que al respecto, el artículo 1 de la propuesta de Ley, establece que tiene por objeto, sin menoscabo en lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, normar y fomentar el establecimiento de la producción y comercialización, industrialización y consumo del maguey. Sin embargo, actualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es el instrumento legal reglamentario de la fracción XX del artículo 27 constitucional, y su objetivo comprende la planeación y organización de la producción agropecuaria, que obviamente incluye el maguey.
Si bien, uno de los objetivos de la presente Iniciativa se refiere a la planeación y la organización de la producción maguey, esta comisión dictaminadora considera que lo anterior ya se prevé en el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece la promoción del desarrollo rural sustentable del país como de interés público, garantizando además la rectoría del Estado, en los términos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en la actualidad prevalece una concepción sobre la protección que debe tener la seguridad alimentaria, es por ello, que el Congreso de la Unión ha creado instrumentos jurídicos para contribuir en el desarrollo del campo mexicano, y continuar produciendo bienes para consumo humano, situación que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable regula en su Título II, Capítulo VII, De la Seguridad y Soberanía Alimentaria, en sus artículos 178 a 183; y específicamente en el artículo 178 de la LDRS que establece lo siguiente:
“Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.”
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que en el mismo artículo se faculta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y los Comités de los sistemas-producto adicionar año con año o de manera extraordinaria productos que por sus cualidades nutrimentales, y económicas representan a la sociedad un interés público.
Por ello se ha ampliado el catálogo de los sistemas-producto para quedar de la siguiente forma: 1) Agave Mezcalero; 2) Agave Tequilero; y 3) Agave Pulquero.
Señaló que la iniciativa objeto de este dictamen propone regular la coordinación entre las dependencias del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil a fin de brindar mayor protección a la planta del maguey, situación ya prevista en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dispone en los artículos 20 y 21: “La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley”.
Que lo anterior ya se considera en la LDRS.
Que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, en el marco de la federalización promoverá en todas las entidades federativas la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán operar con esquemas de organización análogos. Para lo anterior, el Programa Especial Concurrente incluirá en el Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para el cumplimiento de los propósitos del sistema, incluido un fondo para el apoyo a la investigación.
Que el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, las que se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social. El gobierno federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones.
Que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, fracción VII, el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral coordinará la integración del Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural con los recursos de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.
Finalmente, el presidente, Cruz López Aguilar, señaló que por las consideraciones de hecho que motivan el presente estudio, y las de derecho que lo fundamentan, la comisión concluye que la pretensión de la iniciativa se satisface en la normativa vigente, por lo que se tiene a bien someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey.
Una vez concluida la lectura y como no hubo oradores inscritos, Rolando Zubía Rivera sometió a consideración de los integrantes el dictamen, que fue aprobado por unanimidad.
6.2. Dictamen negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que crea la Ley General de Protección y Estímulo al Nopal y sus Derivados, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD
Rolando Zubía Rivera cedió el uso de la voz al presidente.
El diputado López Aguilar señaló que la iniciativa fue recibida de la LX Legislatura por la Comisión de Agricultura y Ganadería, la cual entregó a la actual comisión para estudio y dictamen.
Indicó que en el contenido se plantea:
La iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Protección y Estímulo al Nopal tiene como objeto fomentar y fortalecer la producción y comercialización, industrialización y consumo del nopal, con criterios de competitividad técnica, integración de la cadena productiva, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad para elevar el consumo, proteger al consumidor y comercializar el nopal, con base en mejores rendimientos y calidad.
La iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Protección y Estímulo al Nopal y sus Derivados tiene como objetivos
1. Proteger y estimular la producción del nopal y sus derivados.
2. Garantizar la producción y valor agregado del cultivo.
3. Fomentar e impulsar el apoyo técnico y financiero de las organizaciones de productores de nopal.
El presidente leyó las consideraciones siguientes:
Que en México las especies de nopal tienen gran importancia dentro de las esferas ambiental, económica, social y cultural. Están presentes en gran parte del territorio nacional y son fundamentales en el equilibrio ecológico, además de ser básicas en la alimentación de millones de mexicanos y son recursos y productos agropecuarios vitales para el desarrollo del país.
Que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica; derivado de este mandato existe una relación con la propuesta de ley, cuyo objeto es normar y fomentar la producción, la comercialización, la industrialización y el consumo del nopal.
El artículo 25, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el apoyo e impulso de empresas de los sectores social y privado, éstas deberán estar sujetas a las modalidades del interés público y al uso en beneficio general, encaminados a los recursos, a la producción y sobre todo al cuidado y conservación del ambiente.
Que la promoción para el desarrollo rural integral y del fomento a la actividad agropecuaria y forestal, a la vez faculta al Congreso para expedir la legislación para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, se consideran de interés público, actualmente regulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Que al respecto, el artículo 1 de la propuesta de ley establece que tiene por objeto, sin menoscabo de lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, normar y fomentar el establecimiento de la producción y comercialización, industrialización y consumo del nopal. Sin embargo, se debe considerar que actualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es el instrumento legal reglamentario de la fracción XX del artículo 27 constitucional, y su objetivo comprende la planeación y organización de la producción agropecuaria, que obviamente incluye al nopal.
Que en el estudio del proyecto de ley, la comisión dictaminadora considera que el título segundo, capítulo II, “De las atribuciones”, establecidas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, y X del artículo 7 que faculta a la Comisión Nacional del Nopal propuesta en esta iniciativa, ya están conferidas a dependencias de la administración pública federal, comprendidas actualmente en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Si bien uno de los objetivos de la presente iniciativa se refiere a la planeación y la organización de la producción de nopal, esta comisión dictaminadora considera que lo anterior ya se prevé en el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece la promoción del desarrollo rural sustentable del país como de interés público, garantizando además la rectoría del Estado, en los términos del artículo 25 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
En el espíritu de la Ley Desarrollo Rural Sustentable se ha regulado mediante el mismo cuerpo normativo, el abasto de alimentos, en especial los considerados básicos para la alimentación de los mexicanos como establece el numeral 179 de la propia ley.
Que la Ley de Desarrollo Rural dispone en el artículo 106: “La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano para el desarrollo Rural Sustentable, a través de los comités sistema producto, elaborará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas sectoriales y los programas operativos anuales de las secretarías y dependencias correspondientes”.
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que por las consideraciones de hecho que motivan el presente estudio, y las de derecho que lo fundamentan, la comisión concluye que la pretensión de la iniciativa se encuentra satisfecha en la normatividad vigente, por lo que se tiene a bien someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa de proyecto de decreto que expide la Ley General de de Protección y Estímulo al Nopal.
Terminada la intervención y como no hubo oradores inscritos, el diputado Rolando Zubía Rivera sometió a consideración de los integrantes el dictamen, que fue aprobado por unanimidad.
6.3. Dictamen negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Aguacate, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Aguacate, presentada por el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
Indicó que esta iniciativa forma parte del rezago de la anterior legislatura.
Comentó que en el contenido se señala que la iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto crear un ordenamiento para conservar, planear y organizar la producción del aguacate, su industrialización y comercialización, así como su investigación y conocimiento a efecto de llevar a cabo políticas, programas y declaratorias, con criterios de competitividad técnica, integración de la cadena productiva, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad para elevar el consumo, proteger al consumidor y comercializar el aguacate, con base en mejores rendimientos y calidad.
Señaló que en las consideraciones se menciona:
Que la actividad aguacatera, con una cantidad considerable, se originó a mediados del siglo pasado (1940-1950). Antes de 1960 los estados con mayor producción de aguacate eran Puebla, Veracruz y Michoacán, en ese orden de importancia, y las variedades cultivadas eran criollo, selecto, fuerte, hass y rincón. Para 1970 la producción aguacatera se concentraba en los estados de Michoacán, con 15 por ciento de la producción; Puebla, con 14 por ciento; Veracruz aportaba 14 por ciento; estado de México daba 10 por ciento; Tamaulipas, 7 por ciento; Morelos, 6 por ciento; Chiapas, 6 por ciento; y el resto del país aportaba 24 por ciento.
Que en 1961, el Instituto Mexicano del Café impulsó la diversificación de cultivos en Michoacán, entre ellos el aguacate, para proteger el precio del café, que estaba a la baja por su excesiva producción. Esto se sumó a las huertas aguacateras que ya había en la región.
Que el gobierno de Uruapan propició que en las zonas que antes estaban ocupadas con bosques de pinos o estaban vacías y expuestas a la erosión se plantara aguacate. Con ello se logró restituir estas superficies con la producción agrícola (aguacate).
Que actualmente en el país las entidades productoras de aguacate, el promedio anual de producción durante 1996 y 2006 fue de 923 mil toneladas, con la mayor participación de Michoacán, México, Morelos, Nayarit y Puebla; Michoacán contribuye con 86 por ciento de la producción total nacional; éstos aportaron 94.6 por ciento de la producción nacional según datos obtenidos en el sistema producto aguacate del 2008. Considerando la producción por superficie de terreno, media anual mundial de 9.28 toneladas por hectárea, la superficie cultivada de aguacate en el país para 2006 es del orden de 99 mil 461 hectáreas.
Si bien uno de los objetivos de la presente iniciativa se refiere a la planeación y la organización de la producción del aguacate, esta comisión dictaminadora considera que lo anterior ya se prevé en el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece la promoción del desarrollo rural sustentable del país como de interés público, garantizando además la rectoría del Estado, en los términos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, el presidente, Cruz López Aguilar, señaló que por las consideraciones de hecho que motivan el presente estudio, y las de derecho que lo fundamentan, la comisión concluye que la pretensión de la iniciativa se encuentra satisfecha en la normatividad vigente, por lo que se tiene a bien someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa de proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Aguacate.
Terminada la intervención, Rolando Zubía Rivera invitó a los diputados a verter comentarios al respecto.
El diputado Benigno Quezada Naranjo señaló que en el caso del aguacate le interesa corregir una serie de datos en el dictamen.
Aclaró que la demanda de aguacate en el extranjero ha crecido de manera exponencial, gracias a que los productores aportan 3 centavos por kilogramo para promoverlo.
Destacó la pertinencia de que a través de la comisión se pudiera proteger y difundir el aguacate en el extranjero para que se venda mucho más, ya que a pesar del impulso que le dan los productores, es una cantidad todavía muy pequeña la que se exporta.
Indicó que hay una serie de trabajos por los cuales se propone a través de la propia ley, la identificación de un padrón real y una ley específica para este cultivo.
Pidió al presidente su intervención para solicitar a la Sagarpa un proyecto, donde participe el gobierno federal en la difusión del producto en el extranjero; comentó que la producción aguacatera ha contribuido de manera importante al PIB no sólo de la región sino del país.
Pidió también la regularización del cambio de uso de suelo para mantener los humedales y los bosques. Propuso a los integrantes de la comisión llevar a cabo una mesa de trabajo con las organizaciones aguacateras para buscar la forma de fortalecerlos.
El presidente, Cruz López Aguilar, dijo coincidir con lo expresado por el diputado Benigno Quezada Naranjo. Señaló que hay un avance impresionante y que las potencialidades de promoción y colocación del producto tienen grandes posibilidades, por lo que el planteamiento de la promoción es de la mayor importancia.
Señaló que en el Programa de Competitividad de las Ramas de Producción se tiene que precisar cómo se contribuirá desde el Presupuesto de Egresos de la Federación y particularmente desde el programa especial concurrente, en esta tarea de la promoción mundial del aguacate mexicano.
Subrayó la necesidad de promover el padrón de los aguacateros mexicanos; así mismo, cuidar mucho el tema de la sanidad y que se etiqueten recursos para los estados que tienen potencial, pero no pueden exportar.
Indicó que hay que estar muy pendientes de la formulación del Presupuesto de 2012 para contribuir a la propuesta que están haciendo los diputados de Michoacán y responder de esa manera con los instrumentos que se tienen a las inquietudes de los productores de aguacate.
El diputado Benigno Quezada Naranjo consideró que es importante que este asunto se apruebe en los términos que propone la secretaría técnica, ya que esto va a permitir una buena sintonía, además de conseguir que los trabajos de la comisión se vayan desarrollando.
Una vez concluida la intervención y como no hubo más oradores inscritos, Rolando Zubía Rivera sometió a consideración de los integrantes el dictamen, que fue aprobado en sus términos por unanimidad.
7. Informe sobre las gestiones para la obtención de recursos económicos especiales a fin de atender los daños y perjuicios ocasionados por las contingencias climáticas acaecidas del 2 al 4 de febrero del año en curso en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León
Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente, Cruz López Aguilar, señaló que se tiene un avance importante en la atención a la problemática que se presentó en Sinaloa, comentó que los productores, las organizaciones de los productores, los campesinos de Sinaloa y todos los que fueron afectados por el fenómeno, han aceptado una propuesta surgida a partir del decreto legislativo aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Señaló que el pasado miércoles, a las 9:00 de la mañana, empezaron las negociaciones en Sinaloa, con una presencia muy importante de productores rurales, campesinos y funcionarios públicos y al filo de las 21:00 se estaba firmando el acuerdo correspondiente.
Comentó que estaría faltando Sonora, que es el segundo estado más afectado y Tamaulipas, donde se pretende, de acuerdo con lo que se ha hablado con la Sagarpa, un programa a la medida.
Indicó que en el caso de Tamaulipas hay dos aspectos fundamentales por tratar: uno, lo que se refiere a la resiembra que realizaron los propios productores con sus recursos en sorgo y que son del orden de unas 40 mil hectáreas; además de los daños que tuvo la ganadería.
Señaló que se debe abordar también el tema de las afectaciones a la ganadería en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Subrayó la necesidad de hacerles un traje a la medida que comprenda infraestructura para perforaciones, aguajes y producción de forraje verde.
Comentó que las negociaciones pendientes van en ese sentido; señaló que se cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y que se estarían iniciando las negociaciones en esta misma semana; finalmente comentó que los resultados obtenidos son fruto de la combinación de la movilización de las fuerzas afectadas y por otro lado, el trabajo que hicieron los diputados para que se aprobara en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el decreto legislativo.
El diputado Ramón Jiménez Barajas pidió que en este programa de apoyo a la ganadería, se incluyera también a Zacatecas, pues asegura, esta actividad resultó afectada no sólo por las heladas, sino ahora también, por la sequía.
El diputado Rolando Zubía Rivera comentó que después de varias reuniones de los diputados priistas de Sinaloa con el secretario de Agricultura, se llevó a cabo una última reunión el miércoles pasado, para llegar a acuerdos.
Destacó que hubo buena disposición y unidad de todos los productores, que estuvieron presentes en una movilización con maquinaria alrededor del palacio de gobierno, donde se llevaban a cabo las negociaciones, las cuales empezaron a las 10 de la mañana.
Señaló que la propuesta del Ejecutivo iba en el sentido de restituir la capacidad de los productores siniestrados, así como buscar que se disminuyera la posibilidad de que no quedaran en cartera vencida.
Indicó que después de horas y horas de negociación se logró que todos los productores siniestrados, sin importar el tipo de cultivo, recibirán un apoyo directo por pérdida patrimonial, de 3 mil pesos por hectárea y señaló que la propuesta inicial del gobierno federal era de mil 43 pesos.
Se logró también, dijo, un apoyo de 2 mil 100 pesos por hectárea a los productores de granos para semilla en el ciclo primavera-verano, tanto de maíz como de sorgo; señaló que aquellos productores que no pudieron sembrar, pero que están siniestrados y son productores de granos, los cuales también tienen derecho a recibir ese apoyo en efectivo.
Comentó que también se dio un apoyo adicional, a través de una compensación de bases a todos los productores de maíz que tenían agricultura por contrato, con un apoyo de hasta 2 mil 400 pesos por hectárea, logrando un monto total de 7 mil 500 pesos en su conjunto, por lo que consideró el acuerdo como una buena negociación, independientemente de que la pérdida fue mucho mayor.
Señaló que esta negociación se dio en la práctica por la presión ejercida por los productores, así como por el tema del decreto legislativo que obligaría al presidente a formar un fondo de 15 mil millones de pesos para todas las entidades federativas afectadas o que quedaría sin efecto si esas entidades federativas llegaran a un acuerdo con los productores.
Indicó que ese decreto está en comisiones, pero puede ser enumerado para su votación en el pleno las veces que sea necesario. Consideró que lo más importante de esta acción es que los productores reciban el apoyo y no entrar en una controversia constitucional o un veto; señaló que la solución que se está buscando es que finalmente se les resuelva a todas las entidades federativas y a sus productores, la posibilidad primero, de restituir la pérdida patrimonial, y segundo, permitirles estar en condiciones de participar en el próximo ciclo.
Confió en que en los próximos días, se llegue a acuerdos que permitan dejar sin efecto el decreto legislativo, mencionó el diputado Rolando Zubía Rivera.
El presidente, Cruz López Aguilar, resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Agricultura y Ganadería en el tema del decreto legislativo; señaló que dicho decreto recibió gran respaldo del pleno, firmado por 400 diputados, de todos los grupos parlamentarios. Destacó la necesidad de perfeccionar este mecanismo jurídico-parlamentario, para que quede perfectamente claro y se pueda utilizar en el futuro sin ninguna duda jurídica porque este instrumento permite resolver problemas fundamentalmente de coyuntura.
Finalmente comentó que la negociación que se hizo en Sinaloa fue muy buena y es necesario reproducirla en el resto de los estados afectados.
El diputado Rolando Zubía Rivera agregó que en el acuerdo firmado en Sinaloa hay también un apoyo de 60 millones de pesos para los trabajadores eventuales del campo; alrededor de 27 mil pesos por hato de hasta 45 animales, o unidades; también un apoyo de 24 mil pesos para los campos pesqueros; se aprobó un monto de 6 millones de pesos para los pescadores de bahía y 400 pesos por hectárea para rescate de agua y apoyo a los módulos de riego.
Señaló que el acuerdo beneficia no solo al sector agrícola, sino también a todo el sector productivo damnificado en Sinaloa.
Finalmente, planteó la posibilidad de que dicho documento pudiera ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, a fin de dar mayor seriedad al acuerdo.
El presidente, Cruz López Aguilar, quiso dejar constancia de la buena disposición del gobierno federal, de la Sagarpa y del secretario de Desarrollo Social, pues contribuyeron de manera importante para que esto se concretara en Sinaloa; y en su opinión abre la posibilidad de que esto se reproduzca en el resto de los estados.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos pidió al presidente que le informara acerca del avance que se tiene en el rezago legislativo.
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que ya no se tiene rezago; y que la comisión está al corriente en iniciativas, minutas y puntos de acuerdo turnados.
8. Asuntos generales
8.1. Fecha de la próxima reunión ordinaria
Propuesta: 13 de abril de 2011, 9:00 horas, zona C del edificio G.
Se confirmó el acuerdo de reunirse en sesión ordinaria el 13 de abril de 2011, a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja, del Palacio Legislativo.
9. Clausura
A las 10:45 horas del miércoles 6 de abril de 2011 y con la presencia de los 23 integrantes que firmaron su asistencia y 1 uno invitado, el presidente, Cruz López Aguilar, dio por clausurados los trabajos de la cuadragésima sexta reunión ordinaria.
La Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Fermín Montes Cavazos, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Dora Evelyn Trigueras Durón, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, se instruye a la secretaría técnica para publicar la presente acta en la Gaceta Parlamentaria.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, correspondiente a la cuadragésima séptima reunión ordinaria, efectuada el miércoles 13 de abril de 2011
A las 09:00 horas del 13 de abril de 2011, en la zona C, del edificio G, planta baja, del recinto legislativo de San Lázaro, situado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de conformidad con la convocatoria emitida el 8 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente:
Orden del Día
1. Bienvenida.
2. Propuesta y elección del Diputado Secretario para la conducción de los trabajos.
3. Declaración de quórum.
4. Aprobación del orden del día.
5. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Cuarta Reunión Ordinaria, efectuada el 23 de marzo de 2011.
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de los siguientes asuntos legislativos:
Iniciativas:
6.1. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
6.2. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD.
7. Informe sobre las gestiones para la obtención de recursos económicos especiales para atender los daños y perjuicios ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas los días 2, 3 y 4 de febrero del año en curso en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.
8. Asuntos generales.
8.1. Problemática sobre la comercialización del frijol. Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez.
8.2. Entrega de publicaciones de los informes semestrales de la comisión:
• Del 7 de octubre de 2009 al 28 de febrero de 2010.
• Del 1 de marzo de 2010 al 31 de agosto de 2010.
• Del 1 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011.
Fecha de la próxima reunión ordinaria de la comisión:
Propuesta: 27 de abril de 2011, a las 9:00 horas zona C, en el edificio G.
9. Clausura.
1. y 2. Apertura de los trabajos y designación de secretario para la conducción de los trabajos
El presidente, Cruz López Aguilar dio la bienvenida a los trabajos de la cuadragésima séptima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Comentó que en punto de las 12:30 del ése día, se estaría analizando con Petróleos Mexicanos la última versión de lo que será el convenio que se va a firmar sobre el compromiso de los volúmenes de compra de bioetanol de los próximos cinco años; señaló que se ha insistido en mantener la reforma a la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos listada en el pleno de la Cámara de Diputados, indicó que gracias a esto, estamos muy cerca de llegar a un buen acuerdo.
Señaló que en referencia al tema de las contingencias climáticas ya se tiene un avance importante; indicó que en el caso de Sonora, se logró una buena negociación que dejó satisfechos sobre todo a los productores y campesinos.
Comentó que a la fecha ya están convenidos Sinaloa y Sonora, que fueron los dos Estados más afectados y que hoy en la tarde se tratara el caso de Chihuahua; señaló que el viernes de esa misma semana está programado Tamaulipas y se espera que Zacatecas haga su solicitud, indicó que si se sacan estos dos pendientes, esa semana estarían hablando de 90 por ciento de lo establecido en el decreto legislativo.
Subrayó que el avance que se tiene en el caso de Sonora obligó a que se tuviera una prenegociación antes de subir a la reunión para la integración de la minuta de acuerdos con el secretario de Agricultura.
Señaló que en la negociación que se tuvo con el licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda se abordó el tema concerniente al Programa de Apoyo a la Agricultura de Autoconsumo, comentó que en este programa se tenían algunas diferencias relacionadas con la distribución de éste, las cuales ya se encuentran solventadas, además de recuperar los montos originales e incluir a cinco estados más; se convino que concurrieran con los recursos que tienen el Programa de Modernización de la Agricultura Sustentable y el Programa de Extensionismo Rural, con el Programa de Apoyo a la Agricultura de Autoconsumo.
Para la conducción de los trabajos propuso como Secretario al diputado Arturo Torres Santos, propuesta que fue aceptada y aprobada por unanimidad.
3. Registro de asistencia y declaración de quórum
El diputado Sergio Arturo Torres Santos manifestó que se cuenta con la presencia de veintinueve diputados y una justificación de treinta que conforman la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal, expresando que: los acuerdos que en esta reunión se tomen son válidos y obligatorios. A continuación se transcribe la relación de
Asistencias: Cruz López Aguilar, presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Fermín Montes Cavazos, Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera, Sergio Arturo Torres Santos, Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Narro Céspedes, José María Torres Robledo, secretarios; José Luis Álvarez Martínez, Alberto Esquer Gutiérrez, Óscar García Barrón, Joel González Díaz, José Luis Iñiguez Gámez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández, Benigno Quezada Naranjo, Narcedalia Ramírez Pineda, Adolfo Rojo Montoya, Jorge Rojo García de Alba, Fernando Santamaría Prieto, Gerardo Sánchez García, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, José María Valencia Barajas, Héctor Eduardo Velasco Monroy.
Justificación: Enrique Octavio Trejo Azuara.
Se contó también con la presencia de los siguientes diputados: Julián Nazar Morales, presidente de la Comisión Especial de Ganadería, María Hilaria Domínguez Arvizu, presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, Óscar Javier Lara Aréchiga, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Alfredo Villegas Arreola.
4. Aprobación del orden del día
Para el desahogo de este punto, el diputado Sergio Arturo Torres Santos dio lectura al orden del día que les fue remitido de forma impresa y vía electrónica, lo sometió a consideración de los Diputados integrantes y fue aceptado en sus términos por unanimidad.
5. Aprobación del acta derivada de la cuadragésima cuarta reunión ordinaria, efectuada el 23 de marzo de 2011
En el desahogo de este punto, el diputado Sergio Arturo Torres Santos manifestó a los integrantes de la comisión, que en virtud de que el acta les fue remitida de forma electrónica y todos contaban con un ejemplar impreso, dispensar su lectura y presentar sus observaciones si fuera el caso.
Al no inscribirse oradores, se sometió a consideración de los diputados y fue aprobada en sus términos por unanimidad.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos legislativos:
Iniciativas:
6.1. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Para el desahogo de este punto del orden del día, el diputado presidente, ingeniero Cruz López Aguilar dio lectura a los antecedentes; indicó que el 10 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, mandó oficio número D.G.P.L. 61-II-7-1007, dando turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Señaló que en el contenido de la Iniciativa se propone: incluir en la Ley Federal de Sanidad Animal a los rastros municipales dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano; así como considerar dentro de la misma, el bienestar animal como una práctica para obtener mejores condiciones de salubridad del producto.
Comentó que dentro de las consideraciones destacan las siguientes:
Que la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA), establece el compromiso de buenas prácticas pecuarias, bajo la condición de buen trato y bienestar a los animales.
Que la Ley General de Vida Silvestre define con precisión la obligación de otorgar trato digno y respetuoso a las especies de vida silvestre.
Que por otro lado, México tiene tres Normas Oficiales Mexicanas que consideran:
1. El trato humanitario en la movilización de animales,
2. El sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres y
3. Las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.
Que a nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo dichas funciones.
Asimismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.
Que a nivel federal la Ley General de Salud, en el título decimosegundo, capítulo primero, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y exportación de alimentos. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria y el Reglamento del Control Sanitario de Productos y Servicios lo que indica en el Titulo Sexto, Sección Segunda de los Rastros y Mataderos, y su apéndice V.I.4. de los Establecimientos.
Que a nivel estatal, las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito estatal son la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, las cuales en su contenido retoman lo establecido en el artículo 115 constitucional.
Que la Ley de Salud Pública Estatal también contienen algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que con base en lo anterior, no se consideran viables las reformas y adiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal como se plantea en la iniciativa, por las siguientes razones:
1. No está dentro de las competencias en la Ley Federal de Sanidad Animal los rastros municipales.
2. En materia de federalismo el artículo 115 constitucional, es la materia que regula la prestación del servicio público de rastro, siendo una de las obligaciones del municipio, sin embargo este servicio puede ser provisto por particulares a través de concesión o en colaboración con el ayuntamiento.
3. Asimismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.
4. La Ley Federal de sanidad Animal y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ya establecen el compromiso de dar trato digno y bienestar animal aludiendo el trato humanitario y además sanciona a los infractores.
Señaló que por las razones expuestas en las consideraciones del presente análisis de la Iniciativa, se concluye que las propuestas ya se encuentran contenidas en las leyes, por lo se proponen los siguientes:
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 1; 2; 3; Fracciones XXVII, XXXII, XLII, XLIII, LVI, LVIII, LIX y LXIV del artículo 6; 17; 18; 23; adición a la Fracción XVI del artículo 105; se reforma el párrafo segundo y cuarto y se deroga el tercero del artículo 107, se reforma el artículo 108 en el segundo párrafo; se adicionan las Fracciones VII y IX del artículo 127; se reforma el primer párrafo del artículo 165; se reforma el tercer párrafo del artículo 175, todos ellos de la Ley Federal de Sanidad Animal; propuesta formulada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Una vez concluida la lectura, el diputado Sergio Arturo Torres Santos invitó a los diputados integrantes a verter comentarios al respecto.
El diputado Fermín Montes Cavazos dijo estar de acuerdo con el dictamen, sin embargo llamó la atención en el sentido de que se tiene un problema con los rastros municipales, que al estar prácticamente regidos por una Ley de Salud, pero vigilados por otra Ley de Sanidad Animal que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, muchos de ellos no cumplen con lo mínimo para otorgar al público una carne de calidad.
Destacó la necesidad de buscar que la autoridades municipales y estatales de salubridad, y la misma Sagarpa, le otorguen recursos a los municipios para que esos rastros tengan las condiciones mínimas de sanidad que requiere la población, ya que dijo, el número de rastros TIF que tenemos en el país difícilmente va a crecer a niveles de poder sostener el consumo nacional.
El diputado Julián Nazar Morales subrayó la necesidad de hacer una relación de los rastros municipales; señaló que la Comisión Especial de Ganadería ha venido trabajando de manera conjunta con la Asociación Nacional de rastros TIF para ir capacitando a todos aquellos que requieran el servicio para ver en qué condiciones se encuentran los rastros municipales; pidió hacerle una solicitud al Servicio Nacional de Sanidad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, para que se encargue de llevar a cabo este censo; solicitó a los Diputados destinar recursos suficientes para su modernización y desarrollo; destacó la necesidad de atender también el tema de la sanidad; señaló que con esto se estaría beneficiando sobre todo a los ganaderos primarios, que son la gran mayoría.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos destacó la necesidad de prohibir el uso de los beta agonistas dentro de la engorda de animales, ya que éstos representan un problema de salud pública.
El diputado José Luis Álvarez Martínez habló en torno a la falta de atención por parte de los ayuntamientos hacía los rastros municipales; señaló que a pesar de cobrar por el degüello, éstos no le dan mantenimiento a los inmuebles.
Comentó que incluso hay municipios que quieren cobrarles a los rastros TIF, permiso de degüello, cuando ni siquiera le dan el servicio de matanza ni de almacenamiento en cámaras frigoríficas propias del ayuntamiento.
Subrayó que los rastros TIF son independientes y son vigilados sanitariamente por una unidad federal; pidió la intervención de la Comisión para que este asunto quede aclarado y los rastros TIF no sigan teniendo este problema.
El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo llamó la atención de la Comisión de Agricultura para hacer un planteamiento serio que reforme el artículo 115 constitucional, que obliga a los ayuntamientos a facilitar las unidades de sacrificio para los municipios; indicó que hoy en día las condiciones del mercado han cambiado drásticamente y es necesaria una reforma.
El diputado Julián Nazar Morales comentó que más que reformar el artículo 115, es necesario que se aplique correctamente la ley; que la Sagarpa, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República asuman su papel para poner orden y evitar el uso de beta agonistas; que los municipios cumplan con la responsabilidad que tienen.
Pidió no solo asignar más recursos a los rastros, sino también vigilar que éstos lleguen y cumplan con su función de modernizar estos centros de acopio y de sacrificio.
El presidente, Cruz López Aguilar, coincidió en la necesidad de mejorar las condiciones de matanza en los rastros municipales y además prestar un mejor servicio; señaló que esta problemática se ha venido agravado, en parte por la quiebra económico financiera de una buena parte de los municipios de este país.
Coincide en la necesidad de hacer una reforma legislativa sobre el tema, pero también consideró que se tiene que resolver por la vía de la participación de un fondo que quede establecido en el Programa Especial Concurrente.
Pidió a los diputados integrantes de la comisión, asumir el compromiso de que en el presupuesto de 2012 se haga algo sobre este tema.
Terminadas las intervenciones y al no haber más oradores inscritos, el diputado Sergio Arturo Torres Santos, sometió a consideración de los integrantes el dictamen en sentido negativo propuesto por la Secretaría Técnica de la Comisión y fue aprobado en sus términos por unanimidad.
Posteriormente, sometió a consideración de los integrantes, la propuesta en torno a construir junto con las Secretarías Técnicas de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, un planteamiento de reforma al artículo 115 constitucional y en su caso incluir recursos para los rastros municipales dentro del Programa Especial Concurrente y fue aprobada por unanimidad.
6.2. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
Para el desahogo de este punto del orden del día, el diputado Sergio Arturo Torres Santos, cedió el uso de la voz al presidente, Cruz López Aguilar.
En su intervención, el presidente, Cruz López Aguilar, dio lectura a los antecedentes; señaló que en sesión celebrada el 2 de junio de 2010, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana.
Indicó que la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana tiene como objetivos:
1. Crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto el combate integral de la pobreza alimentaria, rural y urbana.
2. Establecer los mecanismos para vincular, dar congruencia y tener mayores impactos sobre reducción de pobreza entre las diversas políticas públicas de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como su implementación local en conjunción con los gobiernos estatales.
3. Poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la pobreza alimentaria en zonas rurales y urbanas misma que estará conformada por diversos programas y políticas públicas existentes.
Comentó que dentro de las consideraciones, destacan las siguientes:
Que en los últimos lustros, se han creado distintos programas dirigidos hacia ese fin. Entre los principales programas encaminados hacia políticas públicas de combate a la pobreza están: El Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que operó de 1979 a 1982 como respuesta a la crisis de alimentos de fines de los años setenta. Una de las primeras acciones del SAM fue incrementar los precios de garantía de granos básicos y oleaginosos, tanto que para el maíz llegó a incrementarse en un 80 por ciento.
Que si bien dichos recursos proporcionan un aliciente temporal, no constituyen de modo alguno un mecanismo de protección ante eventuales aumentos en el precio de los alimentos, o más allá, en la generación de empleos necesarios que permitan a las personas contar con un ingreso propio y suficiente, por lo cual el dinero que las personas reciben a través del Programa Oportunidades es insuficiente para efectos del combate a la pobreza, si sólo actúa como un instrumento de política asistencial.
Que además de los programas sociales que utiliza el Estado mexicano para el combate a la pobreza, cabe señalar que también nuestro país forma parte del grupo de países que contribuyen al combate de la pobreza alimentaria a través del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA, que parte de las directrices y lineamientos indicados por la FAO (Food and Agriculture Organization) .
Que en el caso de México, el PESA es una herramienta de apoyo técnico metodológico que tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sostenible en zonas rurales de alta y muy alta marginación principalmente.
Que además del Programa Oportunidades con relación al combate a la pobreza, se cuenta también con otro tipo de programas que van más enfocados hacia el estímulo de factores de producción, de crecimiento económico y de incorporación de recursos hacia proyectos productivos. Dichos programas son operados a través de fideicomisos o fondos los cuales se encuentran etiquetados en el Programa Especial Concurrente (PEC) del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Que lo anterior obedece lo dispuesto en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual establece: “Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país”.
Que en dicha ley, queda también establecido en el primer párrafo del artículo 6 que: “Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado”.
Que se observa que en la conformación de dicha proposición, se soslaya el carácter participativo de sectores sociales y privados, tales como campesinos, indígenas, productores, empresarios, profesionistas universitarios e instituciones públicas, entre otros; lo cual derivará en una mayor concentración presupuestal en manos de la estructura administrativa federal, e impedirá la adecuada supervisión de la puesta en marcha de cualquier programa derivado de esta iniciativa.
Que tal como se propone en esta iniciativa; en caso de contar con una nueva estructura administrativa, como lo es la Comisión para la Lucha contra la Pobreza Alimentaria en Zonas rurales y urbanas, ésta dependerá para su conformación del presupuesto asignado en el Programa Especial Concurrente, PEC. Tal medida, tendería a presentar problemas derivados por la sobrecarga administrativa, al generar nuevas disposiciones y mandatos a las Secretarías señaladas con anterioridad. Actualmente las Secretarías, Organismos centralizados y descentralizados, Comisiones, Fideicomisos, Instancias Públicas, etc., relacionadas con el sector rural, tienen políticas públicas, programas, presupuestos, mecanismos de operación, seguimiento y evaluación diferentes, para atender la misma población objetivo.
Por último señaló que si bien se comparte el fondo de dicha iniciativa de ley en su contenido y propósito, será necesario obedecer el marco normativo existente puesto que el pretendido de la iniciativa se encuentra ya satisfecho por lo que hemos tenido a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de la Estrategia Nacional de la Lucha Contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana.
Terminada la intervención, el diputado Sergio Arturo Torres Santos invitó a dar comentarios al respecto.
El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo dijo estar totalmente de acuerdo con el dictamen; comparte la inquietud del proponente en torno a la falta de transversalidad de las políticas públicas y de las acciones del Ejecutivo.
Consideró que como legisladores, deben buscar la manera de impulsar las medidas y las acciones para que se dé esta transversalidad en las políticas públicas y esta armonía en el ejercicio del poder que tiene que hacer el Ejecutivo para que las acciones se fortalezcan en beneficio de los productores y de la sociedad rural.
Terminada la intervención y al no haber más oradores inscritos, el diputado Sergio Arturo Torres Santos sometió a consideración de los integrantes el presente dictamen y fue aprobado por mayoría, a continuación se transcribe la relación de los diputados que votaron y el sentido de su voto:
Cruz López Aguilar, presidente A favor
Manuel Humberto Cota Jiménez, secretario A favor
Alfredo Francisco Lugo Oñate, secretario A favor
Fermín Montes Cavazos, secretario A favor
Luis Félix Rodríguez Sosa, secretario A favor
Rolando Zubía Rivera, secretario A favor
Sergio Arturo Torres Santos, secretario A favor
Dora Evelyn Trigueras Durón, secretaria A favor
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretario A favor
José Narro Céspedes, secretario A favor
José María Torres Robledo, secretario A favor
José Luis Álvarez Martínez A favor
Alberto Esquer Gutiérrez A favor
Óscar García Barrón A favor
Joel González Díaz A favor
José Luis Iñiguez Gámez A favor
Ramón Jiménez Fuentes A favor
Gerardo Leyva Hernández A favor
Benigno Quezada Naranjo A favor
Narcedalia Ramírez Pineda A favor
Adolfo Rojo Montoya A favor
Jorge Rojo García de Alba A favor
Fernando Santamaría Prieto A favor
Gerardo Sánchez García A favor
Liev Vladimir Ramos Cárdenas Abstención
José María Valencia Barajas A favor
Héctor Eduardo Velasco Monroy A favor
7 . Informe sobre las gestiones para la obtención de recursos económicos especiales para atender los daños y perjuicios ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas los días 2, 3 y 4 de febrero del año en curso en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León
Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente, Cruz López Aguilar, dio lectura a los acuerdos de la minuta que se firmó como resultado de la reunión conjunta realizada en el grupo de trabajo con representantes del gobierno de Sonora, la delegación de Sagarpa en la entidad, productores, oficinas centrales de Sagarpa y legisladores para atender las contingencias climatológicas que se presentaron en la entidad, en seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión del 7 de abril.
Acuerdos
Después de deliberar y discutir ampliamente y derivado de diversas reuniones de trabajo para atender a los productores dañados por las afectaciones por contingencias climatológicas en Sonora los asistentes llegaron a los siguientes acuerdos:
• Los actores aceptan la metodología y criterios aplicados para atender los productores afectados, los cuales fueron similares a los aplicados en otras entidades afectadas.
• Con la finalidad de apoyar en la reactivación del sector productivo de Sonora se otorgará un apoyo de 2 mil 200 pesos por hectárea para los productores que resembraron afectados.
• El cultivo de cártamo del ciclo agrícola primavera-verano de 2011 de Sonora establecido como segundo cultivo derivado de la contingencia agroclimática del pasado mes de febrero del presente año, en su mayoría que proviene del Esquema de Agricultura por Contrato de maíz para el ciclo Otoño-Invierno /2010-11, será sujeto de apoyo a la inducción productiva tomando como referencia de cálculo el diferencial de rendimiento del promedio de trigo cristalino de Agricultura por Contrato del Estado de Sonora del ciclo Otoño-Invierno/2010-11 con respecto el rendimiento promedio de cártamo del ciclo primavera-verano de 2011.
Aclaró que lo anterior quiere decir, que se va a utilizar el esquema de inducción tecnológica, que es bastante más sencillo en su aplicación en cuanto a los requisitos que se exigen.
Señaló que éste fue un procedimiento que aceptaron los productores, ya que lo consideraron el más conveniente.
Comentó que otros acuerdos que se tomaron fueron:
• Sustitución de garantías otorgadas por el Estado, hasta por 40 millones de pesos por parte de la Sagarpa.
• Atención a productores pecuarios afectados por la contingencia climatológica mediante apoyo al paquete tecnológico hasta por 35 millones de pesos para los cuales se definirán los lineamientos correspondientes.
• Establecimiento de praderas forrajeras para mitigación del efecto de sequía, por 5 millones de pesos para el establecimiento de 10 mil hectáreas de sorgo forrajero.
• Diputados, productores y autoridades trabajarán para agilizar la instrumentación y entrega de los apoyos correspondientes, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.
• Se conformará un grupo de trabajo con el gobierno del estado, delegación y legisladores para facilitar, calendarizar y coadyuvar a la aplicación y transparencia de los recursos a aplicar.
Dicho lo anterior, el presidente, Cruz López Aguilar, pidió a los diputados que estuvieron presentes en la negociación, que si consideran indispensable hacer alguna complementariedad a lo que señala el acta lo manifestaran, con el propósito de que los integrantes de la Comisión de Agricultura tuvieran perfectamente claros los acuerdos a los que se llegaron el día anterior.
El diputado Rolando Zubía Rivera hizo un reconocimiento al diputado Presidente, por estar al frente de todas las negociaciones que se han llevado a cabo para resolver el problema de las contingencias climatológicas en el norte del país.
Comentó que las negociaciones han avanzado muy bien gracias a la intervención de la Comisión de Agricultura, el presidente y algunos otros diputados de todas las fracciones parlamentarias; señaló que los resultados que se han logrado hasta este momento son buenos porque los productores están contentos.
Exhortó a los diputados a seguir el mismo camino, esperando que en las otras entidades federativas se logren buenos acuerdos y sobre todo que sean los diputados de la comisión los que le den seguimiento, ya que existe la preocupación por la tardanza que se pueda dar en la entrega de los recursos, ya que dijo, “un apoyo que no es suficiente y a tiempo, no es apoyo”.
Consideró que en la primera etapa se ha avanzado muy bien, pero es necesario entrar a la segunda etapa, que consiste en darle seguimiento en la ejecución de los recursos.
El diputado Óscar García Barrón reconoció el esfuerzo que se ha venido dando por parte de la comisión, pero sobre todo por parte del presidente, Cruz López, pidió que en el caso de los estados que están faltando, se vayan programando las reuniones estatales para hacer los mismos convenios o acuerdos.
Habló de la situación de Durango, en la que se obliga a la entidad a aportar un peso por cada peso aportado por Sagarpa; señaló que en un inicio quedó establecido que fueran recursos que llegaran del Gobierno Federal a apoyar al siniestro de los estados, pero fuera de la norma, para evitar que los gobiernos de los estados tuvieran que aportar lo que le corresponde; indicó que económicamente, la entidad no se encuentra en condiciones de aportar un solo peso.
El presidente, Cruz López Aguilar comentó que el problema del pari passu es un obstáculo que como legisladores, no pueden allanar de ningún modo, ya que los estados acaban de firmar sus convenios y ya tienen comprometidos sus pari passu; señaló que esto se puede resolver como se resolvió con Sonora, principalmente en lo que se refiere al tema de la ganadería; indicó que incluso se puede replicar en las entidades que faltan, ya que el principal problema que tienen son afectaciones en este tema.
El diputado José María Torres Robledo manifestó su beneplácito por los acuerdos logrados, sin embargo señaló que es necesario darles seguimiento, para que se cumplan e inclusive manejar alguna programación parta la entrega de los recursos.
El diputado Ramón Jiménez Fuentes externó su satisfacción por los acuerdos a los que se ha llegado; habló de la problemática que se vive en Zacatecas que no solo sufrió afectaciones por las heladas, sino también, por una fuerte sequía; señaló que de no tomar las medidas necesarias, se perderá el hato ganadero de la región, por ello pidió contemplar a la entidad dentro del Programa Ganadero.
El diputado Luis Félix Rodríguez Sosa se sumó a las felicitaciones por los acuerdos logrados; confió en que los acuerdos a los que se ha llegado realmente se cumplan ya que tal pareciera que la Sagarpa, en lugar de que sea aliada del campo, está totalmente en contra de él.
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez señaló que en materia de firmar documentos, efectivamente, el Gobierno Federal firma pero no cumple; sin embargo, señaló que hay un documento que está por firmar y que seguramente sí quieren cumplir, se refirió al Tratado de Libre Comercio con Perú; respecto a esto último, manifestó su rotunda negativa a que el Senado ratifique la propuesta.
El presidente, Cruz López Aguilar señaló que en el tema del cumplimiento de los acuerdos, estos se debe reiterar con el Lic. Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, además de establecer con él, una programación en la entrega de los recursos, indicó que de lo contrario se corre el riesgo de que Hacienda le incumpla a Sagarpa, y que Sagarpa le incumpla a los productores.
Comentó que dicho trámite ya está establecido en los acuerdos, pero es necesario reiterarlo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8. Asuntos generales
8.1. Problemática sobre la comercialización del frijol. Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez lamentó mucho la falta de compromiso por parte del gobierno federal en el tema de la comercialización del frijol, en los estados de Durango, Zacatecas, pero principalmente en Nayarit.
Comentó que tanto la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu y él, se han dado a la tarea de gestionar este asunto ante la Sagarpa y Aserca y hasta el momento, los resultados han sido nulos.
Señaló que en febrero, se presentaron ante Aserca a tratar el tema de la comercialización del frijol, indicó que después de largas discusiones, se llegó a un primer acuerdo para destinar 75 millones de pesos para el subsidio del frijol, en aquel tiempo se estableció subsidiar 50 mil toneladas.
Comentó que como resultado de aquella reunión, se suscribió un acuerdo entre el gobierno, el Poder Legislativo y los productores, posterior a ese acuerdo se estableció que serian acopiadas 80 mil toneladas de frijol y no ha habido absolutamente ninguna voluntad por parte de la dependencia correspondiente.
Posteriormente, en marzo, se firmó una segunda minuta la cual fue suscrita por el titular de Aserca y funcionarios de Sagarpa y donde se establecía una garantía de 12 mil pesos por tonelada de frijol; señaló que esta minuta, tampoco se cumplió.
Indicó que después de una lucha importante y de recurrir a lo que socialmente los diputados tienen obligación como representantes de los ciudadanos, se trasladaron la semana pasada a la delegación de Sagarpa; ahí el delegado de Sagarpa, suscribió otro documento a la baja del precio del frijol; primero 13 pesos, luego 12 y actualmente 10.50; señaló que a pesar de la gran disminución que se hizo, no se ha pagado absolutamente nada.
Comentó que existe una gran preocupación por el problema de las plagas del frijol; señaló que si no resuelve en lo inmediato el problema de la comercialización, habrá afectaciones graves en la economía de los productores.
Señaló que desde la Cámara de Diputados se hace un gran esfuerzo para aprobar un presupuesto y los funcionarios hacen un gran esfuerzo para utilizarlo, manipularlo y dirigirlo en forma electoral, dado que la entidad se encuentra en proceso de renovación del Congreso local, 20 ayuntamientos y cambio de gobernador.
Por último, reiteró la necesidad de dar seguimiento al acuerdo tomado en esta Comisión, en torno a que se hiciera un exhorto al titular de Sagarpa y que se hiciera un extrañamiento muy puntual al titular de Aserca por el mal comportamiento y la mala función pública que está realizando en el cargo que actualmente ocupa.
El presidente, Cruz López Aguilar, señaló que en una conversación que sostuvo con el ingeniero Manuel Martínez de Leo, este último le manifestó que el problema de comercialización en Durango ya estaba resuelto, le informó también, que en el caso de Zacatecas y Nayarit ya se está trabajando y que en esta última entidad ya se empezó a pagar.
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, señaló que no hay tal acontecimiento; que la semana pasada fue necesario tomar las instalaciones de Sagarpa y en estos minutos están por tomarlas de nueva cuenta, ya que desde hace más de 60 días, vienen diciendo lo mismo.
El diputado José Narro Céspedes, señaló que este problema se está dando principalmente por parte de Hacienda, ya que se está operando el programa con recursos de 2011 y no se sabe donde quedaron los recursos del 2010; indicó que esta situación no solo se presentó en Nayarit, sino también en Zacatecas y Durango.
Subrayó la necesidad de tener una reunión con la Secretaría de Hacienda para aclarar este asunto; denunció que en el caso de su entidad, se lleva a cabo una práctica que denominó “Carrusel”, la cual consiste en mover el producto de una bodega a otra, con el apoyo de algunos empresarios que dan facturaje sin que el frijol salga de la bodega, porque supuestamente el beneficio se paga cuando se vende el frijol.
Señaló que en Zacatecas se corre el riesgo de que algunas organizaciones busquen facturar como cosecha del 2010, gran parte del frijol de la cosecha de 2009 que aún se encuentra en bodegas.
Indicó que en base a lo anterior, es necesario hacer el extrañamiento puntual al Director en Jefe de Aserca; consideró pertinente que dicho extrañamiento se entregue personalmente al Secretario de Sagarpa en una reunión que tenga esta comisión con él.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, quiso dejar constancia de algunos hechos que consideró de gravedad, para que sirvan de instrumento para poder replantear y solucionar el problema en Nayarit.
Comentó que en nuestro país no hay inventarios de frijoles nacionales; fue muy poco el rendimiento que se tuvo en Zacatecas, Durango, Chihuahua y todos los Estados que producen en el ciclo primavera-verano; señaló que lo único que se tiene, son las cerca de 300 mil toneladas que hace aproximadamente 40 días dejó entrar la Secretaría de Economía en coordinación con Sagarpa, señaló que a pesar de esto, se tiene un déficit aproximadamente de 600 mil toneladas para el consumo nacional.
Indicó que el único estado que en estos momentos tiene frijol salido del surco, es Nayarit, con 80 mil toneladas de negros, además de contar con alrededor de 30 mil toneladas en los corrales, las cuales corren el riesgo de perderse, debido a las plagas y las altas temperaturas que se han registrado; le pareció ilógico que habiendo tanto frijol en Nayarit y no habiendo para el consumo en el territorio nacional, no haya compradores.
Señaló que el año pasado perdieron toda la cosecha y curiosamente de Nayarit se reportaron cerca de 60 mil toneladas en documento y les pagaron a 1.50 pesos, 10 mil 500 toneladas de frijol, cuando no tuvieron ni siquiera 9 mil.
Para finalizar, pidió el apoyo de la comisión para que se pague el frijol que ya está acopiado y también buscar la manera de comercializar las cerca de 80 mil toneladas del actual ciclo.
El presidente, Cruz López Aguilar, comentó que hablando con el ingeniero Manuel Martínez de Leo, éste le dijo que los puede recibir el día de hoy a las cinco de la tarde; pidió a los diputados interesados en el tema, acudir a dicha reunión; señaló que es necesario establecer con el director en jefe de Aserca, fechas concretas para el pago a los productores.
8.2. Entrega de publicaciones de los informes semestrales de la comisión:
Del 7 de octubre de 2009 al 28 de febrero de 2010.
Del 1 de marzo de 2010 al 31 de agosto de 2010.
Del 1 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011.
Para el desahogó de este punto del orden del día, el diputado presidente, Cruz López Aguilar, informó a los diputados integrantes de la comisión que se les haría entrega de 25 ejemplares de cada uno de los informes semestrales que corresponden al primero, segundo y tercer periodo, señaló que la idea de publicar los informes es con la finalidad de que se conozca el trabajo que se hace en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
8.3. Fecha de la próxima reunión ordinaria de la comisión:
Propuesta: 27 de abril de 2011, a las 9:00 horas, en la zona C, del edificio G.
Se confirmó el acuerdo de reunirse en sesión ordinaria el próximo 27 de abril, a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja, del recinto legislativo.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, en su carácter de presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, hizo una atenta invitación a los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de la Comisión de Desarrollo Rural a la reunión que se tendría el siguiente martes 19 de abril a las 6:00 de la tarde con el doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, titular del Inegi, para comentar los resultados del último censo agropecuario, llevado a cabo por dicho instituto, pidió a los secretarios técnicos de ambas comisiones que le apoyarán para hacer la convocatoria correspondiente a los diputados para que acudan a esta importante reunión.
9. Clausura
A las 12:17 horas, del 13 de abril de 2011 y contando con la presencia de los 29 diputados integrantes que firmaron su asistencia y 4 Diputados Federales invitados, el presidente, Cruz López Aguilar, dio por clausurados los trabajos de la cuadragésima séptima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La Junta Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios.
De la Comisión de Seguridad Pública, relativa a la decimosexta reunión ordinaria, efectuada el miércoles 27 de abril de 2011
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 11:15 horas del miércoles 27 de abril de 2011, y con la asistencia inicial de 25 legisladores, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública declaró abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
Dictámenes de iniciativas
4.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 Bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal, presentada por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
4.4 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 121 Bis y 121Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.5 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.6 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
4.7. Dictamen de las siguientes iniciativas en materia de ejecución de sanciones:
• Proyecto de decreto que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.
• Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 18 Constitucional en Materia del Sistema Penitenciario, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.
• Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Atención para las mujeres en reclusión, presentada por las diputadas Josefina Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina, integrantes del Grupo parlamentario del PAN.
4.8. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen de proposición con punto de acuerdo
4.9. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “policía social”, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Descripción de la reunión
Primero. A solicitud del presidente, el diputado Eduardo Yáñez Montaño, quien fungió como secretario, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y el acta de la sesión anterior. Acto seguido el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicitó el uso de la palabra para manifestar lo siguiente: En el orden del día preguntarle acerca de si ya esta comisión tiene previsto discutir y analizar el dictamen respecto a la Ley de Seguridad, porque fue turnada a esta comisión junto con otras cuatro comisiones.
Preguntarle qué usted sabe porque tenemos mucho temor en algunos grupos parlamentarios de que vaya a existir algún albazo, porque debe ser dictaminada esa iniciativa por esta comisión, por la Comisión de Justicia, por la Comisión de Gobernación, de Defensa Nacional y de Derechos Humanos. Preguntarle si usted tiene alguna información que nosotros no conozcamos respecto al dictamen de esa Ley de Seguridad Nacional.
A lo que el diputado presidente respondió: Con mucho gusto, diputado Cárdenas. Al respecto para aclarar su duda, y como queda plasmado con claridad en el orden del día que les fue proporcionado con anticipación y en los dictámenes que previamente, como siempre lo hacemos, fueron circulados a todos los integrantes, no se encuentra considerada la revisión para análisis del dictamen del tema de Ley de Seguridad Nacional para esta sesión.
Es obvio, notorio que se encuentra trabajándose un borrador por parte de los grupos parlamentarios que después será por supuesto revisado por las comisiones que tendremos que intervenir en su caso para dictaminarlo en el sentido que así lo decidamos. En ese entendido, para la fecha de hoy, que era su duda, no está considerado el tema.
Subsiguientemente, el diputado Cárdenas señaló: En torno al reglamento respecto a este punto, porque de acuerdo al Reglamento se podría declinar la competencia de la comisión. Sin embargo para que se declinara esa competencia debería existir la firma de la mayoría de los miembros de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Pública.
Preguntarle si han discutido los miembros de la junta directiva la posibilidad de declinar la competencia en el conocimiento de ese dictamen
Por su parte el diputado presidente puntualizó: No, no lo hemos discutido. No ha sido tema en mesa directiva, no ha sido tema en sesión. Yo lo invito a que se deje de preocupar por ese tema en lo que respecta a la conducta de la mesa directiva de esta comisión, diputado Cárdenas, usted sabe cómo trabajamos aquí de manera ordinaria, cómo informamos con tiempo de los temas, cómo circulamos los dictámenes con tiempo. Cualquier decisión que se tomara sobre el tema de seguridad nacional, este pleno tendrá conocimiento primero antes que cualquier cosa.
¿Algún otro compañero legislador o compañera legisladora que tuviera algún comentario sobre el orden del día? De no ser así le pido, diputado secretario, si es tan amable de someterlo a consideración de los presentes.
En consecuencia se aprobaron por unanimidad tanto Acta de la Sesión anterior así como el orden del día.
Segundo. Posteriormente, el presidente instruyó a la secretaría para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la comisión para someterlos a su respectiva votación:
Dictámenes de iniciativas
2.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen positivo.
A favor 20, 3 en contra, 0 abstenciones.
En cuanto a la discusión de este dictamen, el diputado Jaime Cárdenas solicitó el uso de la palabra para indicar: Estoy de acuerdo en el sentido del dictamen. El tema en el que no comparto totalmente el dictamen es en la expresión en lo general, como regla general. ¿Por qué? Porque esto implica un gradualismo.
Es verdad que el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución permite la celebración de convenios entre la federación y los estados para que reos de distintos ámbitos puedan compurgar sanciones penales en centros penitenciarios correspondientes a otra esfera competencial. Eso está previsto y se soluciona a través de convenios.
Pero hay casos tan graves como el del Distrito Federal en donde existe por ejemplo una gran cantidad en los centros penitenciarios del Distrito Federal, que son del ámbito local, donde compurgan penas sentenciados por delitos del ámbito federal.
A mí me parece que esto no es adecuado, que la federación debiera hacerse responsable plenamente de contener o de tener los centros penitenciarios suficientes para que los sentenciados por delitos del fuero federal compurgaran las penas en el ámbito federal y no en el ámbito del estado.
Sé que el dictamen trata de ir en ese sentido, de la Constitución, de la idea del convenio entre la federación y los estados, pero esto es incorrecto porque no solamente tiene un impacto presupuestal en las entidades federativas, como es el caso del Distrito Federal; un impacto presupuestal muy alto, sino que me parece indebido.
Además no son convenios —hay que decirlo— en los hechos. A pesar de lo que dice la Constitución, los convenios no son convenios donde las partes estén en igualdad plena de capacidades. La federación impone estos convenios a las entidades federativas para que en los centros penitenciarios del fuero común compurguen sanciones penales reos federales. Por eso estoy en contra de este dictamen.
Creo que debemos ir un paso más adelante y obligar a la federación para que en los centros federales compurguen las penas los reos que hayan recibido una sentencia en el ámbito federal.”
Subsiguientemente el diputado Arturo Santana Alfaro precisó: Gracias, presidente. Coincido con lo que acaba de comentar el diputado Jaime Cárdenas con relación al dictamen; sin embargo, también creo que hay que visualizar que el dictamen y la propuesta de reformas pretende, de alguna manera, darle algún inicio de solución a este gravísimo problema. Es algo que nosotros venimos reclamando, manifestando la pésima distribución o la mala distribución de los reos del orden común y los reos del orden federal.
Única y exclusivamente yo quisiera hablar un poquito del contenido de la iniciativa dentro de los considerandos hay cuestiones que desde mi punto de vista resultan confusas. Es el caso del párrafo que establece: los gobiernos estatales tienen a su cargo 320 centros penitenciarios, el Distrito Federal 8 y la federación 8. Sumado a lo anterior, hay 182 centros con sobrepoblación con internos del fuero común y del fuero federal; pero estos 182 son estatales, son federales o a qué se refiere. Creo que tendríamos que ser un poquito más precisos en esta exposición de motivos.
Otra observación que deseo plantear es: se plantea también que este fenómeno se resolvería paulatinamente con la creación de infraestructura, como se está llevando a cabo, así como la optimización de la existente, la aplicación de penas alternativas a la prisión y la aplicación de mecanismos más ágiles de impartición de justicia.
Recientemente participamos, también usted, presidente, participó en un foro en Cuernavaca, Morelos, y llegamos a un acuerdo en esta mesa del sistema penitenciario en el sentido de que tendríamos también que revisar lo que es el catálogo de delitos porque es un problema gravísimo también que tenemos. Todos los delitos los queremos tipificar como delitos graves, y es un grave problema también que ocasiona el hacinamiento en las prisiones, tanto del fuero común como del fuero federal en nuestro país.
Entonces, que pudiera agregarse también esta revisión de catálogo de delitos dentro de esta fundamentación relacionada con este asunto.
Por último, concluye el dictamen. Dice: haciendo un estudio del sistema penitenciario en el Distrito Federal, es decir, la mayoría de los internos recluidos en centros del Distrito Federal cometieron delitos del fuero común. Lo que hay que especificar también es que hay más de 4 mil reos del fuero federal. Si bien es cierto que la mayoría son del fuero común también lo cierto es que no se ha podido reivindicar esta situación y es una demanda añeja del gobierno del Distrito Federal para efectos de lograr una mejor redistribución de los reos que se encuentran en la Ciudad de México.
Es un asunto nada más de formas en cuanto a los considerandos en el dictamen. Evidentemente lo vamos a apoyar no porque sepamos que con esto se va a resolver el problema sino que es un mensaje para iniciar con la solución de este grave problema que tenemos en el sistema penitenciario mexicano”.
2.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen negativo.
A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.
2.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal, presentada por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Dictamen positivo.
A favor 24, 0 en contra, 0 abstenciones.
2.4. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 121 Bis y 121Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen negativo.
A favor 24, 0 en contra, 0 abstenciones.
2.5. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen negativo.
A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.
2.6. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Dictamen positivo.
A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.
La diputada Incháustegui solicitó el uso de la palabra para expresar: Una precisión conceptual que quisiera poner a consideración de la diputada Gallegos, en términos de que el concepto que estaría preciso, más que equidad de género, es igualdad de género.
Porque equidad se refiere a un avance redistributivo e igualdad se refiere a una situación de igualdad de trato. Entonces, considero que podríamos ir con mayor precisión, porque sí, efectivamente, lo que corresponde es el tema de la igualdad de trato, porque en muchas situaciones, tanto desde el punto de vista de los equipamientos, de los centros, como de las propias normas disciplinarias con las que se tratan a reos y reas, si se advierte, por ejemplo, la discriminación de género.
Entonces, en ese sentido, me permitiría sugerir, con todo respeto, si se puede hacer el cambio al concepto de igualdad, no de equidad. Porque equidad, como decía, se refiere mejor dicho a distribuir cargas, beneficios, méritos, recompensas, etcétera, y la otra es igualdad de trato y de no discriminación.
Por su parte el diputado Jaime Fernando Cárdenas puntualizó: “Creo que sería importante ambas cosas, porque la equidad tiene una función de balance de derechos. Entonces, podría quedar equidad e igualdad. Dependiendo del caso concreto”.
La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena señaló: Perdón, si coincido con la moción de la diputada, porque poner perspectiva de género vendría a qué es lo que entiende la persona, podemos entender diferente Vladimir o yo, lo que es una perspectiva de género. En cambio los términos de equidad e igualdad, creo que son lo mismo para todos. Entonces, apoyo la moción de Tere, estaría de acuerdo para no generar ese vació que ella comenta. Es cuanto, presidente.
Por lo anterior el diputado presidente solicitó al área técnica de esta Comisión realizar la modificación de referencia.
2.7. Dictamen de las siguientes iniciativas en materia de ejecución de sanciones:
• Proyecto de decreto que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.
• Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 18 Constitucional en materia del Sistema Penitenciario, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.
• Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Atención para las mujeres en reclusión, presentada por las diputadas Josefina Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina, integrantes del Grupo parlamentario del PAN.
Dictamen positivo.
A favor 17, 3 en contra, 3 abstenciones.
Respecto a este dictamen el diputado Cárdenas externó: Sí, presidente, entiendo la premura de tiempo por el transitorio de las reformas constitucionales y legales, pero me preocupa, porque es un tema muy importante, es un tema muy importante que tiene que ver con muchas cosas.
Por ejemplo, la introducción de un juez para determinar las preliberaciones, por eso no solamente se modifica o se aprueba esta ley, sino también se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, se está modificando el sistema tradicional donde era el propio Poder Ejecutivo el que determinaba las preliberaciones, ahora serán jueces especializados los que tendrán a su cargo la ejecución o las resoluciones en materia de ejecución de sentencias, pero es también muy importante no solamente por la introducción de este juez de ejecución de sentencia, sino es importante porque tiene que ver con algo fundamental que es la readaptación o la rehabilitación y la ley debería responder a una serie de preguntas que algunas sí las contesta pero otras no, de manera muy clara.
Según el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, el sistema penitenciario se debe organizar con base en el trabajo. Muy bien, con base a la capacitación, la educación, la salud, el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Me pregunto en esta ley, ya vi que hay un apartado sobre el trabajo, sobre la capacitación, sobre la educación, sobre la salud, pero me pregunto cómo en esta ley se plantea que un sentenciado no vuelva a delinquir, porque esa es la finalidad constitucional de la reinserción social.
¿Qué se está haciendo aquí, qué se está proponiendo diferente a la educación, al trabajo, a la capacitación o a la salud o al deporte, para que un reo no vuelva a delinquir?
Y creo que no es suficientemente exhaustiva esta iniciativa o este dictamen, en esta materia. Luego por otro lado, las palabras no son gratuitas, tienen un sentido jurídico. Por ejemplo, el artículo 31 del dictamen, dice que los centros y las instalaciones penitenciarias, son estratégicas. Yo sé lo que quiere decir eso, pero no sé qué quieren decir los autores del dictamen.
En términos constitucionales, cuando se utiliza la expresión “estratégico”, no significa solamente que tiene relación con la seguridad nacional o con la seguridad pública. Estratégico quiere decir que corresponde de manera integral y exclusiva, al sector público, del desarrollo de toda la infraestructura de los centros penitenciarios.
Sin embargo, de acuerdo a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución que es cuando se explica en la Constitución lo que significa estratégico.
A cargo del Estado corresponde de manera exclusiva el desarrollo de determinadas áreas, o sea, ya sea de la economía o áreas que tienen que ver con la función pública.
Y esa determinación de lo estratégico, corresponde a la propia Constitución o a la ley, dice el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución.
Esto debe quedar muy claro, si es estratégico debiera existir un párrafo segundo en el artículo 31 que indicara que por ningún motivo la infraestructura penitenciaria puede privatizarse, por ningún motivo y no hay un señalamiento a ese respecto y sin embargo, por ejemplo, en la iniciativa de la diputada Sarur, se propone cierta privatización de los servicios penitenciarios.
A mí me preocupa ese tema de la privatización, de la infraestructura y de los centros penitenciarios en el país, cuando el artículo 31 del propio dictamen está indicando que se trata de una función, un área estratégica y estratégico no solamente tiene que ver con la seguridad nacional, estratégico tiene que ver con lo que dispone la Constitución en el párrafo cuarto del artículo 28, para que haya una exclusividad del Estado y del sector público en la realización de toda esa infraestructura estratégica.
Luego en el tema de los derechos humanos, de los sentenciados, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente, me preocupa mucho el tema de cómo se va a cumplir a cabalidad con el artículo 123 de la Constitución, porque la propuesta del dictamen, hasta donde pude leerlo, está proponiendo que haya una distribución del salario, no todo el salario se queda con el sentenciado. Hay una parte que se emplea para satisfacer las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños ocasionados por el delito, creo que es el 40 por ciento.
Hay otra parte que se destina a las familias de los sentenciados, otra parte del salario que está orientado al mantenimiento de los centros penitenciarios y hay una pequeña parte que puede establecerse en un fondo, en una cuenta bancaria y dispondrá de él el sentenciado una vez que abandone el centro penitenciario.
Creo que debiera de haber un análisis muy cuidadoso de los derechos humanos de los sentenciados en los centros penitenciarios.
Sé que la iniciativa de Gertz Manero tuvo mucho cuidado en ello, pero a mí me gustaría tener esa claridad respecto a lo que establece, por ejemplo, documentos internacionales, tratados internacionales, declaraciones internacionales de la materia.
Tengo mis dudas, presidente. En este momento sé que ya no hay tiempo porque concluye el periodo ordinario, pero se trata de una reforma fundamental, una parte vertebral de la seguridad y de la justicia en este país, una es la policía, otra es el Poder Judicial, el Ministerio Público y ésta es la cuarta, los centros penitenciarios.
Entonces tiene que haber plena coincidencia con los derechos humanos de los sentenciados en prisión y desde luego, por ningún motivo pueden privatizarse esta estructura penitenciaria a empresas particulares porque entiende que el artículo 31, que se trata de una función estratégica del Estado y esa función estratégica debe derivar, todas las conclusiones constitucionales de lo que significa estratégico.
Entonces por lo pronto manifiesto que me voy a abstener, me voy a dar días para, si ustedes no la quieren retirar, porque ya no hay tiempo, para seguirla estudiando y en el momento de la votación, en el pleno, me pronunciaré al respecto.
En el marco de este análisis, la diputada Adriana Sarur Torre aseveró: Gracias, presidente. Todos sabemos que en el sistema penitenciario urge una reforma. Este conjunto de iniciativas estuvieron trabajando ya desde hace varios meses.
Quiero hacer una aclaración respecto de lo que comenta el diputado Cárdenas respecto a lo de la privatización. La iniciativa no incluye la privatización, incluye la participación de la industria privada, como ya actualmente se está haciendo.
Hace un año García Luna declaro que se iban a construir 12 centros penitenciarios con dinero de la iniciativa privada. Es algo que ya se está realizando actualmente incluida la participación de la industria privada, como ya actualmente se está haciendo.
Hace un año García Luna declaró que se iban a construir 12 centros penitenciarios con dinero de la iniciativa privada; es algo que ya se está realizando actualmente. De esta forma se está reglamentando algo que ya se está haciendo.
Una cosa es privatizar y otra cosa es que con recursos de la iniciativa privada se construya un centro penitenciario. Esto es para evitar la sobrepoblación que actualmente estamos sufriendo; tenemos un 21.7 por ciento de sobrepoblación en nuestros sistemas penitenciarios.
Tengo varios estudios considerados; uno me hizo favor de entregármelo el asesor, en donde muestran las participaciones de la iniciativa privada en diferentes sistemas penitenciarios a nivel mundial y muestran casos de éxito.
También sabemos que el secretario de Seguridad Pública firmó un pacto con Chile para mejores prácticas y para intercambio de información sobre estas concesiones de los sistemas penitenciarios. Ahorita mismo les hago llegar estos estudios a quienes les interese porque vale la pena revisarlos. No es privatizar el sistema penitenciario, es simplemente de manera indirecta que la iniciativa privada, con sus recursos, construya estos centros penitenciarios para terminar con el hacinamiento y la sobrepoblación que se está viviendo.
En lo referente a lo que comentó el diputado Cárdenas sobre la capacitación, el trabajo, esto es simplemente la reglamentación del artículo 18 constitucional que establece el trabajo en los centros penitenciarios, así como la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Aquí ya se está estipulando la ley reglamentaria para que sea de una forma regulada y que le cause un beneficio y un bien a los derechos humanos de los presos en nuestras cárceles. Aquí valdría la pena leer el artículo 121 que se refiere a la industria penitenciaria. Es cuanto, señor presidente.
Por su parte el diputado Arturo Santana Alfaro puntualizó: Gracias, presidente. Es de manera muy breve relacionado con el dictamen que se está presentando en relación con la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones. No me parece un tema menor; me parece un tema de la mayor importancia y creo que efectivamente hay una serie de dudas y no quiero ahondar en ello. Ya Jaime, ya la diputada Sarur han hablado en relación a ellas.
Entiendo también que esto es un concentrado de varias propuestas. Son de la diputada Sarur, de Alejandro Gertz Manero, de Paz Gutiérrez Cortina y Josefina Vázquez Mota.
Yo quisiera hacer una propuesta, diputado presidente. También tenemos un término para dictaminar, que deviene de la reforma al 18 constitucional. El término al parecer es al mes de junio y me parece que sería pertinente, y tomando en consideración también los argumentos que ha esgrimido el diputado Cárdenas, hacer una solicitud, con fundamento en el artículo 172 del reglamento, para efectos de que en una reunión de trabajo ex profeso para analizar esta ley y todo este articulado, se pueda, conforme a sus facultades, solicitar la presencia de los diputados proponentes ante el pleno de esta comisión para ver también todo lo que estaba comentando tanto la diputada Sarur, que también tendría competencia en este asunto, el diputado Gerz Manero, la diputada Gutiérrez Cortina y la diputada Josefina Vázquez Mota relacionado con todas estas dudas, con todos estos principios fundamentales incluso del derecho internacional, tratados internacionales de protección a los derechos humanos, etcétera, que puedan generar alguna confusión en la interpretación que le estamos dando al contenido de esta ley e incluso a la exposición de motivos.
Lo dejo sobre la mesa para ver la posibilidad de generar una reunión de trabajo ex profeso para analizar este asunto. Es cuanto, presidente.
La diputada Incháustegui expresó: Yo quiero abonar en la misma dirección. Me parece, efectivamente, que los temas son de gran trascendencia, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que tengo dudas y me gustaría que lo reflexionáramos un poco más, con más serenidad y con todos estos elementos que se han venido citando aquí.
Me parece de fundamental importancia que el marco de normas internacionales sobre los derechos de los sentenciados esté reflejado bien en estas propuestas.
Creo que prisa no debe haber nunca, aunque sabemos que hay urgencia. La urgencia implica tomar las cosas con toda la importancia y relevancia que tienen, no hacerlo con el tiempo encima y estar legalizando hechos. Nuestra tarea es proyectar soluciones de largo plazo y poner todas las previsiones necesarias a la hora de tomar una decisión como ésta de conceder a los organismos o empresas privadas la posibilidad de administrar o establecer centros de reclusión, que es una cosa mayor porque nuestras normas regulatorias, en eso y en otras cosas, son, con perdón, siempre deficientes.
Hay muchas normas que tenemos que debieran ser materia de la conducción de las empresas privadas que no se cumplen. No es un prejuicio contra la iniciativa privada, que me merece todos mis respetos y yo también soy iniciativa privada, desde esa perspectiva. Pero sí en el sentido de que tenemos que tener mucho cuidado de que la normatividad sea pertinente, se aplique, no se lesionen derechos y que efectivamente se den garantías de un funcionamiento adecuado.
Me sumo a esta posición de revisar esto durante el período de sesiones y de pedir, presidente, la ampliación del plazo, conforme a las cuestiones reglamentarias.
Subsiguientemente el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez apuntó: Muchas gracias. Yo en el mismo sentido de la diputada Sarur. Creo que para todos es una realidad lo que estamos viviendo en nuestro país sobre el sistema penitenciario. Ahí están los hechos, ahí está la realidad de lo que nos cuesta y de lo ineficiente que es en todos los sentidos, desde instalaciones, hacinamiento, tratamiento y creo que aquí no es privatización.
Quiero decirles que ya ahorita se concesiona por un lado abarrotes del centro y se da otro tipo de concesiones porque no está regulado y porque tenemos ataduras, como mexicanos, de no aclarar las cosas y decirlas como son.
Hay que establecer la participación y con rigurosos trámites y reglas en este sentido. No estamos hablando de una privatización, estamos hablando de que precisamente estamos en un momento importante de nuestro país, cuando tenemos que tomar decisiones con visión de largo plazo y en ese sentido no se trata de darle negocio a alguien, sino de mejorar las condiciones de los centros de readaptación, mejorar las instalaciones, pero también reducir los márgenes de corrupción dentro, y cómo, pues teniendo la operación concentrada con reglas específicas y no a un amigo darle abarrotes y por otro lado se cobren los servicios de salud por abajo del agua y que se tengan comercio dentro y no sabemos quiénes son porque no hay reglas claras.
Es muy importante establecer que en la operación va a haber reglas específicas y tratos rigurosos para esa iniciativa privada que vaya a participar.
También hay que ser rigurosos, si vemos la constitución, en el trato digno que se les debe dar a los que estén recluidos porque no se está cumpliendo y estamos viendo lo que se dice en los medios, que es una realidad: cárceles que son escuelas del crimen y no podemos seguir con esas resistencias y ataduras mentales o políticas o jurídicas de no dar esos pasos que necesita el país.
Se va a establecer y clarificar lo que ya se hace, pero con reglas claras para disminuir la corrupción, pero también para que estos centros realmente sean centros de readaptación pagar, hacer nuestra declaración y todo es al último, resulta que al ser el último es de prisa, me parece que no es así. Yo considero que si el plazo cuando se planteó la reforma para que en junio de este año tuviéramos adecuado lo referente al artículo 18, no podemos llamar aprisa.
La diputada Adriana Sarur hace su propuesta en noviembre del año pasado. No es una prisa, no estamos aquí como se ha mencionado en fast track , es un proceso que se está agotando en este momento. Todo mundo reconocemos que el sistema penitenciario está colapsado, está colapsado, no podemos continuar con las mismas reglas sin tratar de modificar este sistema.
Tuve la oportunidad y ustedes fueron generosos al aprobar un punto de acuerdo en el que mencionaba el caso de las cárceles, dos cárceles en Durango, que en esos dos penales en Durango, en ocho meses hubo más de 67 muertos por motines, donde uno de los penales de Durango está ahorita en proceso la directora de un penal, porque salían los reos a delinquir como sicarios y regresaban nuevamente. El día de antier nos acaban, en Durango, de matar a un custodio más cuando ya nos mataron a un subdirector de un penal.
Las condiciones del sistema penitenciario no aguantan más, ha habido foros, ha habido reuniones, ha habido estudios, yo creo que esta propuesta si bien es cierto es perfectible como todas las demás, yo sí pediría que en estos momentos, como está en el orden del día la discutamos y la sometamos a consideración, señor presidente.
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: A mí me parece que en efecto, el sistema penitenciario mexicano tiene un grave problema, tiene que ser revisado, a mí me llama mucho la atención que ante la corrupción que se genera en esos penales, concluyamos que hay que legalizar la corrupción, en vez que sea oculta, que la hagan los custodios o los reos, mejor que venga alguien de la iniciativa y que les venda los reos.
Yo les pregunto, díganme en qué penal, de esos que mencionan aquí que todos están privatizados, incluso dicen privatización en el documento que nos acaban de entregar, para no engañarnos. Es delegar una función del estado a la iniciativa privada, no me digan que ese es un asunto baladí, es para que ganen dinero, ellos van a hacer un negocio, no van a resolver un problema social, ellos van a tener una utilidad por cumplir una cuestión por tener recluidas a unas personas o a personas.
Eso es el asunto y se hace un necio ¿para quiénes? Ya se verá cómo se otorgan esas concesiones si es que se aprueba esta ley.
La otra que me parece también grave, es que se diga que un recluso va a tener que pagar doble, está recluido, estar preso, además que su trabajo le quiten el 40 por ciento y no por ganas, quien quiera trabajar, tú vas a tener que pagar de ese dinero y retribuirlo, es una doble pena. No hay ningún elemento que permita que eso que le van a hacer a fuerza, le disminuya su pena, por ejemplo, si me dicen que es muy necesario y que hay que sacar adelante esas cosas.
Yo, como lo señalan algunos diputados, tendríamos que discutirlo de manera abierta en el pleno para señalar nuestra posición, pero me parece que si bien esto es un asunto que es necesario atender, a mí me parece que deberíamos verlo de tal manera que ahora es el inicio de una discusión seria sobre este asunto, ya está presentada la propuesta.
Una persona que roba le dan tantos años de cárcel, además de esa pena, si él trabaja en el reclusorio, lo penan doble porque de su trabajo, de su fuerza de trabajo le van a quitar el 40 por ciento para que también resarcir el daño, se dice, entonces para qué está en la cárcel.
¿En qué sentido esa pena doble que le están dando va a determinar que disminuya su reclusión, no se dice nada de eso. Es una visión muy claramente insensible que los problemas de la delincuencia tienen que ver con la ausencia de oportunidades que en este país se manifiestan en muchas maneras, en la migración de mexicanos a Estados Unidos para encontrar trabajo, en la incorporación de millones de jóvenes, o de miles, por lo menos, a la delincuencia y muchos de ellos a la delincuencia organizada, porque no hay educación, no hay empleo y no hay otras alternativas, hay algunos genios que se les ocurre que lo más conveniente es hacer más penales, hacer más grave la ley, en vez de generar más educación, más empleo y otras alternativas.
Lo otro, los más geniales, donde dicen que estas funciones que tiene que tener el estado, las haga la iniciativa privada, es decir, legalicemos la corrupción en vez de que sea por debajo del agua y llevada a cabo por los directores de los penales, por los custodios o por los propios reos en combinación y en sociedad, que sea la iniciativa privada y que haga lo mismo en los centros penitenciarios, pero que alguien gane. Vaya forma de ver las cosas para solucionarla.
A mí me parece que si no se entiende que esto es la verdad, la peor manera de analizar cómo rehabilitar a los ciudadanos, porque aquí no se nota absolutamente nada que tenga que ver con ello, ni tratamiento psicológico, ni alternativas, ni nada, se está planteando hacer un nuevo negocio, que se encargue la iniciativa privada para que tengan una utilidad.
Todos los ejemplos que nos dan en este documento que nos enviaron, no es otra cosa que eso, la ratificación que son negocios de acciones que debe llevar a cabo el estado para que les haga la iniciativa privada y tengan una utilidad, si eso no es privatización, entonces tenemos una grave concepción de lo que significa el trabajo privado, el espacio privado y el trabajo público.
Por eso yo diría, creo que la cámara industrial de la industria penitenciaria, podríamos pensar en una nueva organización empresarial con ese nombre.
Yo solicitaría que sí tuviéramos prudencia para que este debate fuera más profundo y no cometeríamos la torpeza de hacer las cosas al vapor, como ya lo señalaba algún diputado y no veamos qué hay en el fondo, creo yo, algunos intereses, que a todas las acciones del estado le den como una oportunidad de negocios y no de soluciones de problemas o graves problemas sociales.
Ante esta alusión, la diputada Adriana Sarur Torre solicitó el uso de la voz para aclarar: Yo quiero preguntar al diputado Marín si leyó el dictamen, porque parece que no lo leyó. Y es nuestra obligación como diputados leer los dictámenes. Usted está discutiendo que en esta iniciativa se incluye la privatización del sistema penitenciario. En la página 26 del dictamen se señala... y sí planteé la privatización del sistema penitenciario. El análisis se hizo dentro de la comisión. Se llegó a la conclusión de que la administración de los centros penitenciarios corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, por tanto, al Estado.
En esta iniciativa se está rechazando la privatización del sistema penitenciario. Exclusivamente se estipula la participación privada en los servicios que de manera indirecta contribuyen al funcionamiento y operación de los complejos, centros e instalaciones penitenciarias, como actualmente se está haciendo sin una ley. Ése es un punto.
Otro punto que quiero aclarar es: desde cuándo el trabajo es un daño para las personas. El trabajo no es un castigo. En el artículo 24 del Código Penal se dicta que cualquier criminal debe pagar con la privación de su libertad y con la reparación del daño. El punto 6 del artículo 24 menciona la sanción pecuniaria es la reparación del daño. Entonces que un preso haya incumplido la ley y que esté privado de su libertad y que además tenga que reparar el daño... no implica que lo estemos castigando doblemente.
Nosotros con el erario público pagamos la estadía de estos presos en la cárcel. Por qué ellos no pueden pagar su estadía y la reparación del daño con el trabajo. Además el trabajo ennoblece al ser humano. Es una obligación de los presos trabajar. O qué, ¿los preferimos tener ociosos? Eso ya está en la ley constitucional. Simplemente se está dando un ordenamiento al artículo 18 de la ley reglamentaria.
No estamos inventando nada. Por favor le pido al diputado que lea la parte de la página 26, donde se niega la parte de la privatización del sistema penitenciario en este dictamen. El documento que yo les entregué es simplemente de apoyo, para ver los casos de éxito, las mejores prácticas a nivel internacional. No es la iniciativa. Entonces le pido más atención en su análisis. Gracias.
Ante estos argumentos el diputado presidente manifestó: Si me permiten, con las facultades de la presidencia, tengo ya muchos diputados apuntados. Voy a cerrar la lista de oradores hasta este momento. Porque ya estamos presionados por la sesión de pleno. Y les voy a pedir que en sus participaciones... si son tan amables de hacer sus planteamientos sobre el dictamen para poder avanzar, si hay algo que revisar, corregir, mejorar o revisar a detalle en los aspectos técnicos, como lo hemos hecho tradicionalmente en esta comisión.
Hago mención, y si me permiten, después de que cierre esta lista de oradores lo presentaría a disposición del pleno para su aprobación, en su caso. Tengo apuntados a los diputados Ernesto de Lucas, Tere Ochoa, Manuel Acosta, Arturo Santana, Jaime Cárdenas y Gustavo Ortega. Con esto cerraríamos el orden de oradores... debate. Cederíamos el uso de la voz al diputado Ernesto de Lucas.
El diputado Marín dijo: Me parece, y no es un asunto, disculpa, no es una cuestión personal. Es un asunto concreto. Si me están diciendo que sea una o dos o algunas de las actividades que en este momento las entidades públicas tienen como obligación llevar a cabo en el interior de los penales... Y que derivado de ellos aparecen mecanismos de corrupción, como tiendas, salones de belleza para atender a reclusos. Como en el caso de Succar Kuri, que lo llevan a desayunar barbacoa al restaurante de su preferencia. Ésos son fenómenos productos de la corrupción. Y que se combaten de otra manera.
Pero si me dicen que ceder y conceder esas actividades que ya se están llevando a cabo como producto de la corrupción y ceder esas actividades a la iniciativa privada. En primer lugar no sé cómo consideren ustedes la privatización, de algunas partes, si quieren, pero de actividades que tienen que llevar a cabo las entidades públicas, en este caso las penitenciarías o las cárceles. Son funciones públicas. Y ésa es una privatización. Le conceden, a partir de un fenómeno negativo, esa actividad a la iniciativa privada. No sé cómo se llame, pero en todo caso es concederles eso.
Y eso, desde mi punto de vista, es una actividad que no va al fondo y al combate de las cosas. Creo que el combate a la corrupción no se da haciendo las leyes más duras, porque quienes deben ejecutarlas están también corrompidos y permiten que la corrupción siga avanzando. Eso es otro tema.
El caso concreto de permitir esto y la doble tributación es ésa. No se está señalando de manera tajante qué se va a hacer con las utilidades con las que tiene que resarcir la gente que tiene que pagar una culpa. Estoy de acuerdo en que tiene que pagarla. Pero tiene que especificarse también cuáles son las cosas que tienen a su favor. Porque lo que están haciendo es generar ahí, que hay personas que por determinadas razones, circunstancias, cometen un delito y se vuelven el enemigo público número uno de la sociedad, independientemente de la pena o los daños que hayan ocasionado.
Y creo que al tenerlos de manera general así se comete un error, porque no se está buscando la rehabilitación de los reos. Creo que hay algunos que se rehabiliten. Pero si las condiciones que estamos viendo no son las de rehabilitación, las de tener la posibilidad de volverse a incluir en la sociedad y que participen de manera plena, estamos haciendo más complejo el sistema penitenciario, o lo estamos endureciendo más, para quienes salgan de ahí, estén en penitenciarías privadas, públicas o las que sean, van a seguir haciendo lo mismo, porque el último objetivo no es el de tener a los reos, sino el que se produzcan a través de estos mecanismos, participación de la iniciativa privada.
Y ciertamente, ahora no se pide la absoluta participación o el control de la iniciativa privada en las penitenciarías o las cárceles. Pero si se da este primer paso, desde luego que en la siguiente reforma que se pida va a aparecer nuevamente la intencionalidad de que es una función rentable, y que desde luego como el Estado no va a poder llevarla a cabo, dejemos es función pública a la iniciativa privada.
Me parece que hay muchos elementos. Insisto en que el documento que nos entregaron lo que hace es ratificar la intencionalidad de que participe la iniciativa privada en funciones públicas. Por eso me parece que esto debería discutirse con calma. Y si tenemos que solicitar más tiempo se solicita, y si se tienen que hacer los procedimientos que el reglamento señala, pues se hacen y seguimos discutiendo. Pero como siempre estamos al final, y es claro que es un asunto importante y deberíamos dedicarle un poco más de tiempo.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins dijo: Gracias. Creo que al margen del posicionamiento que cada quien pueda tener respecto a este tema particular, de los calificativos que se pudiera otorgar a esta iniciativa, lo que sí debemos dejar en claro es que ésta es una propuesta realista, que va acorde con una realidad innegable en el sistema penitenciario en nuestro país. El Estado ha demostrado incapacidad para llevar a cabo la verdadera, mejor dicho para lo cual están hechos los centros de readaptación, para eso, para una readaptación.
Después de todo lo que hemos vivido en las últimas tres décadas, después de todo lo que ha afrontado, y de la crisis que hoy por hoy trasciende al interior de los centros penitenciarios y empieza a salir ya de los mismos, sin duda requerimos explorar otras alternativas. Y esta que hoy se está presentando sin duda viene a representar un nuevo método y una nueva forma de poder atender ya una urgente necesidad en el sistema penitenciario.
Ya se demostró que el socorro de ley siempre va a ser insuficiente para dar una verdadera manutención a los presos. Batallan los estados para mantener a reos federales y reos del orden común. Se encuentran ya confusos, no se sabe ni quién es quién. No existe una verdadera organización al interior de este sistema y reos del orden común. Se encuentran ya confusos, no se sabe ni quién es quién. No existe una verdadera organización al interior de este sistema, por ello quiero felicitar a los promoventes y decirles que me sumo a esta propuesta y ojalá se pueda votar. Ya el sistema penitenciario no puede esperar más, es una bomba de tiempo que ya no tarda en estallar. Muchas gracias, presidente.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía afirmó: Gracias, presidente. Lo que yo veo aquí que está generando precisamente este tipo de diferencias es que al ser cuatro iniciativas que se están incluyendo en un solo dictamen atienden a diferentes aspectos. Yo creo que debemos de separarlos bien y ver qué es lo que está sucediendo.
Algo que ya se mencionó y que hizo hincapié el diputado Jaime Cárdenas acerca del artículo 31, creo que no debemos de perder de vista sobre los aspectos que son estratégicos y que corresponden al Estado. Al hablar lo de estratégicos vemos que eso está refiriéndose también a lo que va a atender a los derechos humanos de los internos.
Yo creo que en ese sentido no tenemos ningún inconveniente y todos estamos en esa parte a favor del dictamen, donde se crea —considero— parte de la confusión, y viene entonces en la siguiente modificación que hace la diputada Adriana Sarur con respecto a la iniciativa de la ley reglamentaria del artículo 18. Entonces no olvidemos que son dos cosas aquí ya, de entrada, en esta misma Ley Federal del Sistema Penitenciario.
Entonces donde dice: permitir la inversión privada no sólo para la construcción de cárceles. Yo creo que esto, la iniciativa privada lo viene haciendo siempre en una participación ante una licitación de una obra carretera, de lo que sea, entonces yo creo que ahí ya la iniciativa privada tiene, bajo ciertas características, bajo ciertas reglas de participación, una intervención de participar.
Pero no debemos olvidar que es una obligación del Estado la administración y la operación de las cárceles, entonces ahí es donde al abrir el abanico de las posibilidades de participación de la iniciativa privada, bueno, pues puede devenir después en la administración de la concesión de hacer un outsourcing, por ejemplo, de todos los custodios y después intervenir.
Yo creo que la iniciativa privada debe de intervenir también en cuestiones estratégicas, inclusive de condiciones de salud o de algún otro tipo de cosas, de cuestiones ecológicas, que a lo mejor pudieran verse en un momento dado como problemas del mismo hacinamiento.
Creo que debe de quedar muy claro y muy específico, en lugar de nada más que aparezca como en administración, operación interna y donde se permita la participación de la iniciativa privada en aquellos servicios que de manera indirecta contribuyen al funcionamiento. Yo creo que aquí ésta es la única parte que creo que necesita ser más específico.
Nos hemos centrado en esto, pero no hemos ido todavía a que incluye también la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión y el proyecto de decreto de los artículos 25 del Código Penal, del 10 y el 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Yo creo que esta discusión es amplia, yo sí me sumaría a la sugerencia del diputado Santana. Creemos que es una exigencia también y una necesidad proveer de los instrumentos para darle viabilidad y también el sistema carcelario no puede esperar, pero también creo que debemos de ser mesurados en la forma en cómo lleguemos a un consenso general a que estemos todos de acuerdo en que seguramente sean detalles los que se tengan que pulir, y sabemos que se viene trabajando desde hace tiempo, pero el espíritu que inspira a los diputados en estas iniciativas debe de quedar claramente para todos y no prestarse a vagas interpretaciones que pudieran devenir en otro tipo de consecuencias. Por mi parte es cuanto, presidente.
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez solicitó el uso de la palabra para hacer una rectificación: Perdón, nada más clarificando algo de mi comentario anterior. A ver, la iniciativa privada se encarga de financiar, de construir y de mantener la infraestructura de estos inmuebles que nos están costando permanentemente y la calidad desgraciadamente nos dice en los hechos de que no siempre se garantizan cuando se construyen bajo este modelo.
Además de eso, los servicios a los que yo me refiero: lavanderías, que lo pague el Estado; comida, que lo pague el Estado. Eso no lo pagan los reos, sino el Estado, lo que haces es mejorar la calidad, el servicio y optimizar los recursos. A lo que voy es que es una realidad que en las condiciones en las que viven los sentenciados es realmente inhumano.
No es doble pena, yo creo que aquí, bueno, no está el diputado, pero el trabajo yo también creo que dignifica y es una de las partes importantes; la capacitación, la salud, educación, etcétera. Yo creo que aquí no hay que olvidar que estamos hablando de una ley que está hablando de reinserción del sentenciado, que es la finalidad y pues ya se verá en el reglamento específico los detalles de cada uno de estos temas que estamos discutiendo.
Yo creo que en la forma en la que se está presentando este dictamen es correcta, porque no es obligar al Estado a concesionar, por lo tanto no es una privatización. Se le está dando la posibilidad al estado en que en algunas áreas pueda abrir esa puerta.
No podemos nosotros cerrar una puerta ante una situación en la que estamos viviendo. Creo que tenemos que dejar esa posibilidad, y obviamente sí exigir mucho más transparencia, todo el tema de la corrupción que se ha mencionado, claro que sí.
Hay muchos temas en función del Estado que participa y ayuda y facilita a la iniciativa privada. Están los patronatos. Los patronatos que tanto hemos impulsado, ahí están los patronatos y que al final del día terminan participando activamente, pero no lo tenemos reglamentado. Es decir, no podemos ver con esa resistencia a la iniciativa privada, cuando vamos a poner reglas muy claras y no es, por ningún motivo, legalizar la corrupción. Al contrario. Es poner reglas claras en este sentido. Muchas gracias.
A lo que el diputado Arturo Santana Alfaro señaló: Gracias, diputado presidente. Qué bueno, por una parte, que se reconoce ya el término de iniciativa privada, que finalmente algunos diputados no querían reconocer y ya se habla incluso de resistencia a la iniciativa privada.
Me parece que ya es un avance y que nos da la razón precisamente de lo que estamos nosotros fundamentando, pero quiero ir más allá. Diputado Bonifacio, no es una táctica dilatoria el tema. Lo que estoy planteando es el uso correcto del procedimiento que nos da facultades para solicitar.
No es un plazo el que se está solicitando siquiera. Se está solicitando la presencia de los promotores, porque no estamos hablando nada más de la iniciativa de la diputada Adriana Sarur y en ese sentido, diputado presidente, cómo podemos generar un debate si no están todos los interesados, todos los promoventes, que nos pudieran dilucidar esa serie de dudas que de alguna manera resultarían transversales.
Estoy seguro que el diputado Gertz Manero o la diputada Vázquez Mota o la diputada Paz Cortina no van a estar en todo de acuerdo con lo que está planteando la diputada Sarur, porque las cuestiones son propuestas transversales de un inicio.
Entonces si hablamos de un debate incluida la diputada Sarur, en su mayoría no están presentes. Por eso estamos nosotros planteando la posibilidad de recurrir a esta facultad que nos otorga el Reglamento.
Ahora bien, a lo mejor dentro de las dudas que tenemos en relación con lo que está exponiendo la diputada Sarur en este documento que nos acaban de entregar en estos momentos, podríamos nosotros dilucidar dudas, pero lo cierto es que nos lo acaban de entregar, esa es la situación. Es probable que podamos nosotros contestarnos algunas de las preguntas que nos estamos haciendo.
Compañeros diputados, se habla de que está cercano el plazo que tenemos para dictaminar. Cercano no es concluir, por eso estamos haciendo nosotros esta propuesta. Quiero decirles que ya escuché las propuestas de todos. El tema de la lavandería es importante, por supuesto que sí, diputado. El tema de las tienditas es importante, por supuesto. Pero yo creo que es más importante ver el tema legal que es el producto que vamos a obtener aquí.
Nosotros vislumbramos de entrada vicios de constitucionalidad por ejemplo. Aquí no nos va a dar tiempo ahorita -porque incluso ya nos están apresurando para ir a votar- y evidentemente sería un asunto o vario asuntos que tendríamos que tratar.
Yo creo que es una propuesta realista. Sí, me parece realista desde el punto de vista que se vea, pero lo cierto es que tenemos un problema gravísimo. Nosotros no estamos en contra de lo que están planteando, de los vicios ya existentes, porque la mayoría de las argumentaciones que he escuchado todos ya conocemos. Los vicios existentes, lo que tratamos nosotros de remediar con esto, no es por ahí, compañeros diputados. El tema es de carácter legal. El tema es de normatividad jurídica. Por ahí tenemos que empezar nosotros a trabajar.
Pero no podemos nosotros trabajar de esa manera si evidentemente –repito- no están la mayoría de los diputados, con todo respeto. Está la diputada Sarur, pero faltan otros tres diputados proponentes que tienen sus propias perspectivas, que tienen su propia visión respecto al tema penitenciario.
En ese sentido nosotros reiteramos esta propuesta. No estamos hablando de irnos al túnel del tiempo. Podemos citarnos la semana entrante ex profeso para ver este tema en particular, pero no cerrarnos a un asunto de que los tenemos que sacar hoy. A la mejor puede suceder que nos van a mayoritear, ahorita lo van a sacar y va a ser una discusión terrible en el pleno, va a ser un asunto que bien podemos sacar con los mayores acuerdos pero trabajándose con un debate serio, con un debate responsable y sobre todo con tolerancia, compañeros. Es lo único que estamos pidiendo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.
A lo que el diputado presidente aclaró: Gracias, diputado Santana. Yo nada más reitero lo que había mencionado en atención a lo que comenta el diputado Santana. No es un dictamen que se trabajó sobre las rodillas, no es un dictamen de último momento y estamos listos para presentarlo.
Subsiguientemente el diputado Jaime Cárdenas afirmó: Eso es bastante discutible. Seguramente los promotores de las iniciativas no están trabajando sobre las rodillas o algunos miembros de la junta directiva, pero el resto de la comisión sí, porque tenemos en nuestras oficinas el dictamen definitivo desde hace 15 días más o menos y es un dictamen fundamental. Una semana. Una semana, los miembros que no somos de la junta directiva y que no somos los promotores de las iniciativas, tenemos una semana para atender un asunto fundamental del sistema de justicia en nuestro país.
Decía el diputado Herrera que está colapsado el sistema penitenciario. Está colapsado el país. ¿Por qué está colapsado el país? Porque no hay condiciones de democracia ni de justicia social. Esa es la razón. Porque no hay igualdad, porque no hay distribución adecuada de la riqueza y porque no hay un sistema democrático pleno, por eso está colapsado el país.
Esta iniciativa puede tener aspectos positivos pero yo veo, a la luz de lo que dijo la diputada Sarur, que la iniciativa privada puede construir centros penitenciarios –por ejemplo- y que ella considera que esto no es privatización. Para mí desde luego que es privatización. Se trata de cuestiones estratégicas del Estado que solamente pueden ser desarrolladas por el Estado. Es verdad, hay urgencia de construir muchos centros penitenciarios, vamos a suponer que exista esa urgencia. Si esa es la urgencia, entonces que el Estado en sus ámbitos correspondientes la federación o las entidades federativas, aprueben los presupuestos suficientes para construir estos centros penitenciarios.
Yo, como varios compañeros del PRD, considero que el asunto no es de más cárceles y de más penas. Por ejemplo, llama mucho la atención que esta Comisión de Seguridad Pública o la Comisión de Justicia no impulsen reformas, los dictámenes para las medidas alternativas de sanción en materia penal. Las sanciones no todas tienen que ser de cárcel ni compurgarse en los centros penitenciarios. Puede haber sanciones de carácter penal que se basen en la libertad de las personas que cometen los delitos y que impulsen su educación, el trabajo, en fin, otras medidas alternativas de sanción que por supuesto en esta iniciativa no están previstas.
Creo que el tema de la privatización, lo grave no es solamente que la iniciativa privada, como decía la diputada Teresa Incháustegui, se deba a un prejuicio de que la iniciativa privada vaya a aportar recursos para construir centros penitenciarios. Tiene que ver con la idea, con el concepto mismo del Estado. El Estado garantiza el interés general, el interés colectivo.
Por definición cuando un empresario participa en un proyecto de este tipo no ve por el interés general ni por el interés social ni por el interés colectivo. Ve por sus propios intereses. Hace un análisis de costo-beneficio. No está atendiendo adecuadamente el espíritu de interés general, del interés social.
Hay también una ausencia muy grave porque el párrafo dos del artículo 18 de la Constitución dice qué parte de la reinserción, de la rehabilitación de los sentenciados es que esas personas no vuelvan a delinquir y en este dictamen no hay una sola línea de cómo se propone legislativamente que las personas que compurgan sentencias de carácter penal no vuelvan a delinquir. Está incompleto, no está cumpliendo a cabalidad la letra y el espíritu del párrafo segundo de la Constitución.
Finalmente digo, presidente y compañeras diputadas, compañeros diputados, que por ejemplo el artículo 94, fracción V, del dictamen que sujeta el derecho al trabajo a los programas de los centros penitenciarios. Es decir, se va a modular el alcance del derecho al trabajo a lo que establezca un programa de trabajo. Esto viola totalmente los derechos humanos, porque los derechos humanos solamente pueden ser modulados, regulados en tratados o en leyes, no en los programas de los centros penitenciarios.
Sí hay cuestiones aquí muy preocupantes que no solamente tienen que ver con la privatización, el hecho de que la iniciativa privada construya centros penitenciarios, sino con los derechos humanos de los sentenciados y con la ausencia de medidas alternativas a las sanciones de prisión para las personas que cometen delitos.
Yo creo que debo rectificar mi posición y no solamente me voy a abstener, sino que voy a votar en contra si ustedes deciden votarlo en esta ocasión este dictamen.
Finalmente el diputado Ortega Joaquín expresó: Quisiera comentar que a veces es muy fácil venir y dar planteamientos simples. Puedo decirles que fui alcalde de un municipio y sí, verdaderamente el costo de la readaptación social es alto, sobre todo cuando tenemos problemas que muchas veces la mayoría de los reos no son del orden de delitos menores, muchos son del orden estatal y algunos serían del orden federal.
Es un problema el tema del costo de las cárceles para los gobiernos locales, obviamente para los gobiernos estatales. Tan es así, que la mayoría está con problemas de sobrepoblación y tan es así, que la mayoría están colapsados.
Es un problema que no podemos seguir ignorando y seguir aquí alargando, porque seguimos con ese México del mañana, mañana y nunca vamos a sacar los problemas que tenemos hoy y que mientras nosotros seguimos atrasando la solución de los problemas la delincuencia sigue avanzando. Hay cada día más reos en las cárceles y cada día se están sobrepoblando más.
Es muy fácil hablar y decir que una semana aquí regresamos sabiendo que la realidad es que el próximo periodo de sesiones empieza a partir de septiembre. Seamos realistas de que hay que atender los temas que se han presentado con anterioridad.
Yo quisiera felicitar a los que han presentado la iniciativa porque vieron más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Creo que es una iniciativa innovadora.
Quisiera comentarles que hay que romper con muchos tabúes que tenemos del pasado. Se hablaba que lo0s aeropuertos no podían ser administrados por la iniciativa privada por ser estratégicos para el país. Yo les puedo hablar que el aeropuerto de Cancún era una puerqueza antes de que fuera manejado por Asur y no son un fanático de Asur. La realidad es que hoy por hoy es un aeropuerto mucho más funcional, mucho más eficiente, mucho más digno para ser el principal aeropuerto del país.
Se hablaba de que la telefonía era estratégica para el país y veamos hoy los servicios que tenemos con todo lo que podamos criticar, mucho menos malos que cuando los manejaba Telmex cuando era parte del gobierno.
Podemos hablar de muchos otros servicios más que antes eran manejados por el gobierno y que siguen siendo ineficientes como son muchos otros que siguen siendo manejados por el Estado.
Yo creo que una ventaja de esta iniciativa –lo digo a nivel personal- es que manejados por el gobierno y que siguen siendo ineficientes como son muchos otros que siguen siendo manejados por el Estado.
Yo creo que una de la gran ventaja de esa iniciativa —lo digo a nivel personal— es que el poder permitir que un trabajador, que un reo —perdón— pueda trabajar con condiciones laborales dignas, con condiciones y prestaciones sociales que pueda a 10 años, cuando salga de estar preso, en lugar de ser un preso que 10 años se dedicó a aprender más delitos, una gente que en 10 años pudo avanzar en profesionalizarse, en recibir capacitación, en aprender a hacer un oficio, en poder contar quizá con Seguro Social 10 años y que pueda tener más posibilidades también de que su familia tenga prestaciones laborales, que puedan tener acceso a Infonavit.
Que no en 10 años, una gente que sale de la cárcel sale a ver qué va a hacer en la vida, por eso vuelven a delinquir, pero si les damos opciones para que ellos puedan trabajar y puedan salir a ser gente productiva en el futuro, creo que da mucho más que lo que hoy tenemos y creo que esa iniciativa trata de romper precisamente con tabúes que no han funcionado por años.
Creo que si bien es perfectible, creo que es un buen paso, habla de dignificar el papel de las mujeres, darles mejores servicios. Creo que eso también es importante reconocerlo. Creo que sería una pena dejar esto para el futuro, cuando hoy tenemos la posibilidad de aprobarlo y, seamos realistas, si esto lo dejamos pasar, simplemente lo que hacemos es seguir postergando la pena que siguen pasando muchas personas.
Yo tuve la oportunidad de estar en el centro de readaptación norte de la Ciudad de México y la verdad es penoso ver cómo vive esa pobre gente. Muchas gracias.”
Finalmente se sometió a discusión el presente dictamen mismo que fue aprobado por mayoría.
Cuarta. El pleno de esta comisión decidió posponer la discusión de los siguientes asuntos para la próxima decimoséptima sesión plenaria:
• Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “policía social”, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Quinto. Agotados los asuntos del orden del día, se dio por terminada la decimosexta reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 13:26 horas del miércoles 27 de abril de 2011.
Los diputados que asistieron:
José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Benigno Quezada Naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
Presidente
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica).
Invitaciones
De la Comisión de Cultura
A la exposición y venta que la Cooperativa de Artesanos y Productores en Pequeño en la República Mexicana realizará del lunes 11 al viernes 15 de julio en el área de bustos de la explanada, donde tales actividades se inaugurarán el martes 12, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Claridad del paisaje –de Antonio del Mar Ayala–, que permanecerá del lunes 11 al viernes 22 de julio en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 12, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Puntos Constitucionales
Al foro La reforma política: cambio estructural de la vida social en México, que tendrá lugar el jueves 14 y el viernes 15 de julio, de las 8:30 a las 17:00 horas, en el auditorio Aurora Palacios de Jiménez, situado en el edificio E, planta baja.
Atentamente
Diputado Juventino Víctor Castro y Castro
Presidente
De la Comisión de Cultura
A la conferencia Beneficios del Seguro Popular, que se realizará el jueves 21 de julio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Vestigium: las locuras de lo falso –de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México–, que permanecerá del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto en el vestíbulo principal, lado sur, donde se inaugurará el martes 26, a las 15:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Cultura
A la exposición pictórica Black dome... fire –de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México–, que permanecerá del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto en el vestíbulo principal, lado norte, donde se inaugurará el martes 26, a las 15:30 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
De la Comisión de Reforma Agraria
Y la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, al diplomado Políticas públicas y estrategias para el desarrollo rural: globalidad y soberanía, que se realizará los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 29 de agosto, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el edificio I, PB.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.
Informes del 1 febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 5036 0000, extensión 57227; 04455 3666 5185, 04455 2921 2480; y en el correo electrónico conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en las oficinas de la comisión, situadas en el edificio F, segundo piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Habrá 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo, los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 10:00 horas.
Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo
Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo y 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio
Módulo IV. Los retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio y 1, 4, 6, 8, 11 y 13 de julio
Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio y 1, 3 y 5 de agosto
Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto
Atentamente
Diputado Óscar García Barrón
Presidente
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
Al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
La Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Documentación, Información y Análisis y los Servicios de Investigación y Análisis invitan al Congreso Redipal (Virtual IV), enero-agosto de 2011, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea.
Calendario
1. Recepción de ponencias, enero-marzo.
2. Publicación de resúmenes (abstracts) de las ponencias, enero-abril.
3. Publicación de ponencias, mayo.
4. Recepción de comentarios, junio-julio.
5. Publicación de conclusiones, agosto
Participantes
Podrán participar todos los miembros de Redipal.
Temas
Tema rector
a) Propuestas o estudios sobre materia penal y seguridad pública*
• Jueces de control
• Extinción de dominio
• Arraigo
• Testigos protegidos
• Mando único policial
• Fuero militar
• Sistema penal acusatorio, entre otros
• Impacto social o económico de dichas propuestas
b) La sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías en apoyo de la función legislativa y fortalecimiento de la democracia
Temas permanentes
Origen, desarrollo y experiencias de personas, órganos e instituciones en la realización de las actividades destinadas a los servicios de información, investigación y análisis en apoyo a la labor legislativa.
Lineamientos
1. Las ponencias serán enviadas a Redipal por correo electrónico, en Word, no deberán exceder de 15 cuartillas, en Arial 11, a espacio y medio, y deberán contener el título de la ponencia, el nombre del autor, domicilio y correo electrónico y un resumen, de un máximo de una cuartilla.
2. Conforme se vayan recibiendo las ponencias se publicará el resumen de éstas y posteriormente la totalidad, en orden cronológico de recepción.
3. Se abrirá la recepción de comentarios, que no deberán exceder de dos cuartillas, en Word, Arial 11, a espacio y medio, que se publicarán en su totalidad.
4. El Comité Redipal elaborará las conclusiones que se publicarán en la red.
Constancia de participación
1. Se extenderá constancia especial a los integrantes de la Red que hayan presentado una ponencia en los términos requeridos.
2. Se extenderá constancia a los integrantes que hayan elaborado comentarios en los términos requeridos.
3. Las constancias se harán llegar por correo postal al término del congreso a la dirección que indique el participante.
Disposiciones generales
1. Los trabajos del congreso se publicarán a su conclusión.
2. Todo lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto en definitiva por el comité organizador.
Informes y aclaraciones
jorge.gonzalez@congreso.gob.mx
victor.pitalua@congreso.gob.mx
Teléfonos (+52) o (01) 55 5036 0000 y, sin costo, 01 800 122 6272, extensiones 67032, 67031 y 67034.
Nota
* Puede ser de utilidad consultar las investigaciones siguientes:
1. SPI-ISS-22-08, “Análisis del paquete que reforma nueve ordenamientos en materia de seguridad pública presentado por el Ejecutivo federal”, octubre de 2008, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-22-08.pdf
2. SPI-ISS-17-09, “Nueva Ley de la Policía Federal. Comparativo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y el texto de ley vigente, así como del decreto relativo a la intervención de comunicaciones”, junio de 2009, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-17-09.pdf
3. SPI-ISS-30-10, “Análisis de la iniciativa de mando único policial presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República”, 7 de octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-30-10.pdf
4. SPI-ISS-31-10, “Análisis de la iniciativa en materia de fuero militar presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República”, octubre de 2010, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-31-10.pdf
Atentamente
Diputado Aarón Irízar López
Presidente
De la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas, cuarta edición, 2011.
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas y economía pública, que coadyuven con el trabajo legislativo en la materia.
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan con los estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso, siempre y cuando tengan como principal referente a las finanzas públicas de México.
b) Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento del campo de las finanzas públicas.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
• Estar redactados en español.
• Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
• Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
• Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Los ensayos se presentarán en sobres cerrados, rotulados con un pseudónimo, cinco ejemplares impresos del total de la obra, cinco resúmenes, cinco discos con los archivos electrónicos y, en forma anexa por separado, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Exclusiones
• Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
• Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas del mundo de las finanzas públicas a colaborar en esta noble actividad en aras de estimular la investigación y la producción intelectual.
Premios
• Primer lugar: 125 mil pesos.
• Segundo lugar: 50 mil pesos.
• Tercer lugar: 25 mil pesos.
Publicación
Las investigaciones premiadas serán publicadas en la revista Finanzas Públicas, del CEFP, en el número inmediato a la entrega de los estímulos y reconocimientos.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 3 de diciembre de 2010 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el 30 de junio de 2011.
La decisión del Jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CEFP: www.cefp.gob.mx, y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir al correo electrónico admin.cefp@congreso.gob.mx, o al número de teléfono 5036 0000, extensiones 55218 y 55220.
Atentamente
Diputado Óscar Levín Coppel
Presidente del Comité del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana a concursar para el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, primera edición, 2011.
Objetivo
Fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios de calidad en materia social y de desarrollo económico, social y de opinión pública que coadyuven con el trabajo legislativo.
Participantes
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no son propiedad del autor.
Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Bases
Pueden participar todos los interesados que presenten trabajos que apoyen el trabajo legislativo en México a partir de los siguientes temas:
• Legislación y políticas públicas para el desarrollo social.
• Legislación y políticas públicas para el desarrollo económico de las regiones.
• Opinión pública, agenda legislativa y políticas públicas.
Los trabajos deberán cumplir con alguna de las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso;
b) Que contribuyan al conocimiento para el desarrollo económico o social del país;
c) Que apoyen el desarrollo de la cultura política y la vida democrática;
d) De aplicación al marco jurídico, o
e) Políticas públicas de alcance nacional.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
• Estar redactados en español.
• Presentarse en tamaño carta, con tipografía Arial de 12 puntos e interlineado de 1 .5; margen izquierdo de 2.5 cm y derecho de 3 cm. Tener una extensión de 20 a 30 cuartillas.
• Los cuadros, mapas y gráficas deberán cumplir con las siguientes características: Tipografía Arial de 10 puntos, con figuras (barras, columnas, líneas, pasteles) en colores blanco, negro y grises, o con tramas de líneas o puntos; dichos elementos deberán ser presentados tanto integrados al texto, como en un archivo (Excel) anexo y su presentación deberá ser clara, precisa e incluir, en todos los casos, su respectiva fuente.
• Para las referencias bibliográficas deberá utilizarse la pauta estadounidense en la que, entre paréntesis, se escriba el apellido del autor, el año de la publicación y la página o páginas citadas; ejemplo: (López, 2007: 8-13). Es importante presentar la información completa de las referencias, mismas que deberán ser verificadas de manera cruzada con la sección de bibliografía. Se recomienda la siguiente forma de elaborar dicha sección:
– Libros: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título en cursivas, país, editorial, páginas.
– Capítulos de libro: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre(s) de autor (es), título del libro en cursivas, lugar o país, editorial.
– Revistas: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título entre comillas, nombre de la revista en cursivas, tomo o volumen, número, lugar o país.
– Internet: apellido y nombre del autor, año entre paréntesis, título, nombre del sitio web, dirección URL completa y fecha del artículo o, en su caso, de la consulta.
– La bibliografía se presentará en orden alfabético conforme a los apellidos de los autores.
• Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
• Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
• Las obras deben ser investigaciones terminadas.
Las investigaciones se presentarán en cinco sobres cerrados, rotulados con pseudónimo, e indicarán claramente el tema y la modalidad a la que se inscriben. Cada sobre deberá contener un ejemplar impreso del total de la obra, resumen y disco con archivo electrónico. En forma anexa, se acompañará un sobre lacrado con los datos personales del participante que incluyan correo electrónico y los teléfonos o los medios para contactarlo.
La entrega de los trabajos y su inscripción al Premio pueden ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la honorable Cámara de Diputados, situadas en el edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, México, Distrito Federal.
Jurado
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas en estudios sociales, económicos y de políticas públicas para colaborar en la dictaminación de los trabajos presentados.
El jurado valorará, además de la calidad de los escritos, su originalidad y aportación al trabajo legislativo.
Premios
• Primer lugar: 130 mil pesos.
• Segundo lugar: 50 mil pesos.
• Tercer lugar: 25 mil pesos.
De acuerdo con el criterio del jurado calificador, los premios podrán declararse desiertos.
Publicación
Los mejores trabajos serán publicados y podrán ser difundidos en cualquier otro medio que determine la Cámara de Diputados. En todos los casos se dará el crédito respectivo a los autores.
Calendario
La convocatoria se abrirá a partir del 1 de junio de 2011 y la fecha límite para la entrega de los trabajos será el 30 de septiembre de 2011.
La decisión del jurado se dará a conocer a través de la página electrónica del CESOP: www.diputados.mx y por correo digital a los participantes.
Informes
Para aclaraciones y detalles de información en general se puede dirigir a los correos electrónicos gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx y angeles.mascott@conareso.gob.mx, o a los números telefónicos 5036 0000 y 01 800 1226272, extensiones 55238 y 55237.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, División de Educación Continua y Vinculación, al diplomado Derecho, instituciones y procesos legislativos, que se llevará a cabo los viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, y los sábados, de las 9:00 a las 14:00, del 22 de julio al 12 de noviembre, en los salones números 3 y 4 del edificio I.
El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios públicos, investigadores, estudiantes, así como a las personas interesadas y/o relacionadas con la política, los procesos legislativos y la formulación de políticas públicas, en los tres niveles de gobierno o desde la sociedad civil.
Objetivo general
Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el conjunto de normas, usos y prácticas que determinan su funcionamiento, aunado a un ejercicio científico de estudio comparativo de los regímenes políticos actuales en el mundo y de las reformas que están realizando para mejorar sus procesos democráticos, sus metodologías técnicas, la evaluación de sus resultados y su efecto en el fortalecimiento del Estado de derecho y de las políticas públicas. Se considerarán los nuevos referentes sociales, políticos e internacionales, para sustentar la eficacia de la formulación de leyes, las funciones de control, presupuestación, fiscalización y jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación como marco necesario para avanzar en la consolidación de gobiernos eficaces, transparentes y promotores de una mejor sociedad.
Fechas: Del 22 de julio al 12 de noviembre de 2011.
Sesiones: Viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 14:00 horas, con una semana intermedia de descanso.
Sede: Palacio legislativo de San Lázaro, aulas 3 y 4 del edificio I, planta baja.
Informes e inscripciones del 6 de junio al 15 de julio de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360147 y 50360148, 044 55 29212480, 04455 3666 51 85, en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal2@yahoo.com, conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la comisión, situada en el primer piso del edificio F, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Metodología
Se impartirán 6 módulos, en 24 sesiones, con 120 horas de trabajo.
Se acreditará con un mínimo de 80 por ciento de asistencia y la aprobación de las evaluaciones correspondientes.
Módulo I. Regímenes políticos y regímenes parlamentarios.
Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, asambleísmo, aspectos generales del derecho parlamentario y de las prácticas parlamentarias, estudios comparados de modelos de Parlamento.
22, 23, 29 y 30 de julio.
Módulo II. Sistemas electorales y formas de representación parlamentaria.
Sistemas de partidos; elecciones competitivas: sistemas democráticos; elecciones semicompetitivas: sistemas autoritarios; elecciones no competitivas: sistemas totalitarios; distribución de las circunscripciones electorales; tamaño de las circunscripciones electorales; candidaturas; conversión de votos en escaños, representación por mayoría y representación proporcional.
12, 13, 19 y 20 de agosto.
Módulo III. Estructura y proceso legislativo.
El marco legal del Congreso, la organización y composición de los cuerpos legislativos, la organización administrativa y técnica, el debate parlamentario, las asociaciones regionales e internacionales de carácter parlamentario, los proyectos legislativos, iniciativas, proposiciones, dictámenes, las comisiones, los órganos de gobierno, los trámites parlamentarios.
2, 3, 9 y 10 de septiembre.
Módulo IV. Estrategias para la productividad legislativa.
La viabilidad de proyectos legislativos: conceptos y herramientas; los sistemas de administración parlamentaria; la contratación y administración del personal parlamentario; los sistemas de información parlamentaria; la asesoría y la consultoría parlamentaria; el perfil legislativo: elegibilidad-cualificación-representación; la representación y la transparencia; mecanismos de rendición de cuentas; mecanismos de consulta ciudadana; plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato; el cabildeo legislativo.
23, 24, 30 de septiembre y de octubre.
Módulo V. Las funciones presupuestal, económica y de control y fiscalización del Congreso.
El proceso presupuestario, límites y alcances; la función fiscal; la evaluación de las políticas públicas, la fiscalización de la gestión pública; el sistema de control ingreso-gasto; la legislación de responsabilidades de los servidores públicos; las auditorías públicas; indicadores y evaluación de la gestión pública; la evaluación por programas; el dilema de la reconducción presupuestal, tipos y opciones de presupuestos aplicables para México.
14, 15, 21 y 22 de octubre
Módulo VI. Reforma del Estado y reforma parlamentaria.
Representación política; minorías; consultas; la integración territorial; el parlamento en la gobernanza, calidad legislativa y proceso parlamentario; nueva representación, transformación moderna de la ley; la relación pleno-comisiones; las reformas del marco jurídico; la legislación delegada; la afirmativa y negativa ficta; la reestructuración de las comisiones; plebiscito, referéndum e iniciativa popular; la ética y la rendición de cuentas legislativa; las nuevas tecnologías en los procesos parlamentarios.
4, 5, 11 y 12 de noviembre
Atentamente
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Presidente
