Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3208-III, jueves 24 de febrero de 2011
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar a la firma de un pacto nacional que frene la especulación desmedida e impida que las libres fuerzas del mercado favorezcan la criminal escalada de precios, de alarmantes afectaciones en el costo de la canasta básica, así como al establecimiento de un plan urgente de acopio de granos para consumo humano, que comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales del sector, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los dispuesto en los artículos 6o., fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A causa de las heladas recientes, en el estado de Sinaloa se dañaron 500 mil hectáreas de cultivos, en su mayoría sembradas con maíz y hortalizas, de acuerdo con organizaciones de productores.
Informes más conservadores de las autoridades gubernamentales, reportan afectaciones en una superficie de 300 mil hectáreas.
No dejan de ser cifras preocupantes. El panorama es desolador.
Se ha declarado por ello una emergencia alimentaria y cuantificado pérdidas por un monto de 50 mil millones de pesos.
Reportes del mercado nos dicen que la tonelada de maíz se ha disparado de los 2 mil 300 pesos hasta 5 mil pesos.
La tonelada de frijol que estaba hace un mes en 12 mil pesos, llega ya a los 24 mil pesos.
El kilogramo de tomate de 6 pesos está ya en 18 pesos, la papa pasó de los 6 a los 15 pesos por kilogramo y así por el estilo.
Se estima que los precios de la carne, el huevo y la leche subirán también, porque los costos de granos y forrajes ya están por las nubes.
Son síntomas estos del oportunismo voraz de aquellos que aprovechándose de la ocasión, no se han detenido para especular libremente con los precios de los artículos de la canasta básica.
Vemos cómo un grupo de irresponsables e insensibles, que sin una mínima consideración y ante el desconcierto que genera el reciente desastre del campo, se aprovechan de las circunstancias en perjuicio de los bolsillos de quienes menos tienen.
No es posible que se siga tratando al pueblo como un sujeto privado de voluntad o de razón.
Tampoco hay que olvidar que en toda época la falta de alimentos origina graves y sangrientas catástrofes.
El bolsillo de los consumidores sufre ya las consecuencias del desastre agrícola de Sinaloa. Estado que a pesar del infortunio no se dobla y que por el contrario, preparado está para levantarse nuevamente.
Es prudente la intervención de un gobierno sensible que con altura de miras se adelante a las consecuencias. Las medidas tomadas hasta ahora son una falta de respeto al pueblo, porque no satisfacen sus legítimos reclamos.
Retamos al gobierno a definir con acciones reales cuál es la prioridad para garantizar la subsistencia alimentaria del pueblo de México. No hemos vistos hasta hoy respuestas que satisfagan los reclamos y demandas validas de productores y consumidores.
No se vale que para justificar esta lesiva escalada de precios a los artículos básicos, se diga que es un fenómeno propio de la oferta y la demanda.
Que no se escude el gobierno argumentando que todo es producto del libre mercado.
En materia alimentaria, no podemos poner en riesgo la subsistencia de millones de mexicanos.
Urge la rectoría del estado en este asunto. Las bases jurídicas están contenidas en el artículo 25 de la Constitución General de la República, así como en la Ley de Planeación.
Estos ordenamientos dan sustento al eje rector denominado economía competitiva y generadora de empleos, que contenidos en el tópico alimentario dan sustento al plan nacional de desarrollo de la presente administración federal.
Es oportuno demandar del presidente de la República, convoque a la firma de un pacto nacional, que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas libres del mercado favorezcan la criminal escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes.
De la misma manera, que el titular del Poder Ejecutivo federal convoque al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios de este sector que operan en el país.
Estas medidas son urgentes, porque en el caso de Sinaloa, que tradicionalmente registra una producción anual de 5 millones de toneladas de maíz blanco, destina un excedente de millón y medio de toneladas al consumo pecuario.
Es decir, ahora que se esperan menores rendimientos de producción a causa del siniestro agrícola y que serán insuficientes para la demanda de consumo humano, no alcanzarán para cubrir las necesidades del sector pecuario, por lo cual, como ya lo cite, los precios de la carne, leche y huevo, estarán a la alza.
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones, convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales a la firma de un pacto nacional que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas del libre mercado favorezcan la escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones, convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales de este sector que operan en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputado Miguel Ángel García Granados (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California.
La carta abierta publicada el pasado 15 del presente mes y año en diario de circulación nacional dirigida por el presidente municipal de Ensenada, contador público Enrique Pelayo Torres, al honorable Congreso de la Unión, merece una puntual respuesta que, mediante la presente proposición, ponemos a consideración de las diputadas y los diputados de esta Cámara.
El pasado 26 de enero del año en curso, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobaron los resolutivos correspondientes al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
El resolutivo quinto de la Comisión Permanente que fue aprobado, expresa textualmente lo siguiente:
Quinto: Remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.
En cumplimiento a esa disposición del órgano legislativo federal, la autoridad municipal de Ensenada, Baja California, procedió a realizar el análisis solicitado por nuestros compañeros legisladores, encontrando diversas irregularidades y violaciones a diversas disposiciones legales, tanto por parte de la autoridad municipal que en su momento otorgó el permiso de uso del suelo, como de la empresa, por lo que, en pleno ejercicio de la autonomía municipal prevista en la Constitución y con base en las atribuciones que le otorgan las leyes del estado, procedió a la clausura temporal de la citada planta regasificadora.
Dicha clausura fue consumada técnica y jurídicamente, la tarde del día 11 de febrero del presente año, por parte de las autoridades del ayuntamiento de Ensenada, atendiendo un mandato del pleno del Congreso de la Unión y un conjunto de irregularidades y violaciones a las leyes nacionales y estatales.
Esta acción del municipio causó una respuesta inmediata de los gobiernos federal y estatal, expresada en la presencia de fuerzas militares y estatales para obligar a la reapertura de la planta. Es grave e irresponsable que el propio Secretario de Gobernación Francisco Blake le haya llamado al secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Ensenada para pretender darle instrucción, sin estar facultado para ello. ¿Cómo se puede pedir respeto al Estado de derecho cuando la misma autoridad recurre a prácticas ilegales y autoritarias que pensábamos que estaban superadas?
En una actitud contraria a cualquier forma de respeto interinstitucional, el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona Benavides, dirigió la operación en contra del acto de clausura total temporal, realizado por el vigésimo ayuntamiento de Ensenada, mediantes las atribuciones que el marco jurídico, nacional y estatal, le brindan a la representación municipal.
La prudencia de las autoridades municipales, particularmente del alcalde y del secretario de Seguridad Pública Municipal, general DEM Florencio Raúl Cuevas Salgado –quien se retiró conjuntamente con sus elementos de las instalaciones de la empresa– impidió un enfrentamiento armado que bien pudo llenar de luto al país, considerando que en la regasificadora se encuentran dos tanques cada uno con capacidad de almacenamiento de 189 millones de litros y una explosión o incendio, que pudieran ocurrir con el fuego cruzado, hubiera sido de magnitudes inconcebibles.
Es notoria, compañeras y compañeros diputados, la irresponsabilidad con la cual se manejó este asunto, que pudo costar, en caso de haber intercambio de fuego en aras de la defensa de una empresa extranjera que viola las leyes mexicanas, la vida de la totalidad de los contendientes de las fuerzas militares y de seguridad pública estatales y municipales presentes, la de quienes en ese momento circularan por la carretera y de los habitantes de los poblados cercanos a la planta.
Si esto hubiera sucedido, ¿quiénes serían los culpables? Seguramente, a pesar de haber sido la causante la empresa simple y olímpicamente se lavaría las manos.
Lo que sucedió en Ensenada, es grave compañeras y compañeros. Y es grave no sólo por lo que acabo de mencionar. El que se haya utilizado al ejército como punta de lanza para defender los intereses de la trasnacional, demuestra la falta de oficio político y los intereses de quienes gobiernan no sólo el estado, sino de quienes, desde el centro del país, autorizaron su intervención.
Con este sólo hecho –independientemente de todo lo expresado y sustentado en contra de la empresa en el Congreso Local de Baja California, en esta Cámara y en el Senado de la República–, queda demostrado lo pernicioso que es para el país que Sempra Energy opere la planta multicitada o cualquier otra en territorio nacional.
Es grave también porque el municipio no actuó por cuenta propia, sino en cumplimiento de un exhorto emanado del Poder Legislativo federal que representamos. La amenaza con la intervención del ejército, en contra de la policía municipal de Ensenada, es así, un atentado a lo dispuesto por esta soberanía y quebranta, de hecho, el marco legal que nos rige.
Queremos pensar que los militares desconocían esto, que la acción municipal era en cumplimiento de un acuerdo del Congreso para que se llevara a cabo la investigación en relación con los permisos otorgados por anteriores administraciones municipales para la instalación de la empresa. Queremos pensar que se les dijo que el municipio era el que estaba incumpliendo con la ley.
Hoy que sale la verdad a la luz, y que el ayuntamiento ensenadense ejerció en forma valiente y decidida las facultades que le permiten actuar para que se cumpla la ley y en defensa del patrimonio colectivo de la ciudadanía, no es comprensible la presencia militar ni de fuerzas públicas estatales en la planta regasificadora.
Coincidimos con el presidente municipal cuando expresa que los hechos sucedidos no sólo coartan la libre determinación municipal, sino que constituyen un atentado a la Constitución, al régimen republicano y al municipio libre. Es pertinente identificar a los responsables de lo ocurrido y fincarles las responsabilidades que correspondan.
Con todo el respeto que merece el ejército mexicano, le decimos que meterse en éste problema no le corresponde. Es una situación de carácter legal, justificada en contra de una empresa que está violando la Constitución y las leyes nacionales, que el propio ejército está obligado a defender.
En la carta que mencionamos al principio, el presidente municipal de Ensenada solicita nuestro apoyo en esta que menciona desigual batalla por la legalidad, en la cual está de nuestro lado. Desde esta tribuna les contestamos: No están solos ni el ayuntamiento ni el pueblo de Ensenada. Cuentan y contarán con nuestro apoyo, señor presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.
Es loable su decidida acción para clausurar una empresa que está corrompiendo a las instituciones, destruyendo el medio ambiente de la región y violentando la legalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, quien suscribe, me permito proponer con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, el resolutivo quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
2. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma, se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
3. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal, y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy en el municipio de Ensenada, Baja California; e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuanto tiempo y por quienes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto; e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas.
4. Se turne el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente, de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.
5. Se comunique el presente punto de acuerdo al gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.
6. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región; y cuya participación pudiera desembocar en perjuicio de un gran número de ensenadenses.
7. Se comunique el presente punto de acuerdo al congreso del estado de Baja California, para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.
Palacio de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a incorporar General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey y beneficiarlo con los recursos del Fondo Metropolitano, a cargo de María de Jesús Aguirre Maldonado y suscrita por Rogelio Cerda Pérez, diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Rogelio Cerda Pérez y María de Jesús Aguirre Maldonado, Diputados Federales por el Estado de Nuevo León e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Consideraciones
Dado al crecimiento poblacional de las ciudades más importantes de México se ha generado un notable desarrollo en las zonas metropolitanas del país. En México se identificaron 56 zonas o áreas metropolitanas, de acuerdo a la “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Población.
Las zonas metropolitanas del país generan el 75 por ciento del producto interno bruto y, por tanto, es primordial tener una plena identificación, delimitación, estudio, gestión y actualización de las mismas para favorecer el manejo y aprovechamiento de los recursos que se generan en ellas. Contrariamente a lo que se piensa, son las zonas metropolitanas las que han conurbado a varios municipios más pequeños gracias al proceso de urbanización de las mismas y por ende, a las características de dichas zonas ya que son los sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central, y viceversa.
De acuerdo con la definición que se hace en el documento anteriormente referido, una zona metropolitana es un conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas, como el caso del municipio de General Zuazua, con relación al área metropolitana de Monterrey.
Por lo anterior, es preciso establecer mecanismos que incentiven un desarrollo equitativo en toda la zona metropolitana de Monterrey para evitar la aglomeración de población en regiones específicas y que se deteriore la calidad de vida de los habitantes, ello mediante la inyección de recursos que incentiven el desarrollo de ciudades medias como General Zuazua.
La concentración poblacional en distintas regiones del país y su rápido tránsito hacia la urbanización e industrialización provoca transformaciones que repercuten en la vida de sus pobladores. De acuerdo a ello es necesario implementar políticas urbanas que cuiden los valores culturales, estéticos, marginalidad, segregación social, pobreza, calidad ambiental, etc., precisamente para procurar el bienestar de la población. Para ello es necesaria la aplicación de recursos federales que contribuyan a dotar y mejorar a los municipios con servicios de calidad como el agua potable, carreteras, electricidad, drenaje, pavimentación, infraestructura, sanidad, etcétera.
En el caso de general Zuazua se ha dado un crecimiento poblacional de forma exponencial gracias a la oferta de fraccionamientos habitacionales como una posibilidad viable para solucionar el déficit de vivienda que actualmente padece Monterrey.
Esto ha producido una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en la organización social del municipio de General Zuazua, entre ellos destaca que en los últimos años es posible observar modificaciones importantes en la situación demográfica, ya que de contar con apenas 6,985 personas en 2005, de acuerdo con los resultados preliminares para el estado de Nuevo León del Censo de Población y Vivienda de 2010, se estima que hoy en día se alcanzan los 55 mil 172 habitantes, es decir, el crecimiento poblacional fue de 689.86 por ciento en tan solo 5 años. Este crecimiento poblacional es originado por la migración de la Zona Conurbada de Monterrey hacia los municipios de la región periférica, particularmente hacia General Zuazua.
Este es un factor esencial a considerar en el proceso de planeación de General Zuazua y de toda la región periférica debido a que genera profundas implicaciones de política pública, no solo a nivel local sino también en toda la región periférica a la zona metropolitana de Monterrey.
Esta situación genera un incremento en la demanda de infraestructura a corto y mediano plazo para sostener los diversos proyectos de inversión en el sector servicios, los cuales son generados por el desarrollo del sector inmobiliario vinculado al desenvolvimiento de Monterrey.
General Zuazua no puede crecer deliberadamente sin una estricta planeación urbana, para ello es preciso llevar un diseño y valoración del crecimiento en el sector habitacional para conocer las deficiencias en infraestructura y servicios básicos y cubrirlos mediante la dotación de equipamiento y servicios urbanos tales como instalaciones educativas, de salud, abasto, esparcimiento, transporte, carreteras, etc., todo esto con una visión autosustentable y en comunión con el medio ambiente.
Al integrar estos servicios de una manera eficiente se evitarían largos desplazamientos de los habitantes de Zuazua en búsqueda de dichos servicios que apenas se están consolidando en dicha localidad, también se verían descongestionadas las zonas centrales de la zona metropolitana de Monterrey, se reducirían los gastos de traslado de la población, habría una disminución de los índices de contaminación y, en general, una mejora en la calidad de vida de los pobladores.
También es necesario contar con oferta de suelo eficiente y adecuada para el establecimiento de industrias, centros de distribución, y oficinas, es decir fuentes de trabajo acordes a las oportunidades económicas de la región y que coadyuven a cubrir la demanda de servicios.
La atención prestada a los enlaces funcionales entre los municipios de residencia, trabajo, esparcimiento, etc., de la población merece prioridad y preferencia estratégica como elementos estructuradores de la región y de esta manera mejorar la competitividad productiva de la ciudad en su entorno regional y nacional.
Actualmente el instrumento financiero con el que cuentan las zonas metropolitanas del país para realizar todas estas adecuaciones es el Fondo Metropolitano, con el cual la Federación apoya a las entidades federativas y a sus municipios para financiar programas, proyectos y obras públicas de infraestructura con base en la planeación del desarrollo urbano metropolitano, con la finalidad de impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; el aprovechamiento óptimo de la ventajas comparativas derivadas de su consolidación urbana e influencia económica y regional, así como reducir la vulnerabilidad de las mismas ante contingencias urbanas y contribuir al ordenamiento territorial de su expansión, entre otras.
La aplicación apropiada de políticas públicas y ordenamiento territorial se facilita a través del apoyo invaluable que significaría el contemplar a General Zuazua dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey y a su vez con el Fondo Metropolitano, el cual provocaría la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales, incentivando la competitividad de la ciudad.
La zona metropolitana de Monterrey está conformada por 11 municipios, la mayoría de ellos fueron establecidos como municipios centrales y uno de ellos considerado Municipio exterior con base en criterios estadísticos y geográficos. Cabe mencionar que actualmente se considera la posibilidad de integrar a Cadereyta dentro de la zona metropolitana de Monterrey puesto que la Comisión de Desarrollo Social en esta honorable Cámara aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno estatal de Nuevo León para que considere al municipio de Cadereyta como parte de la zona metropolitana de Monterrey, y por consiguiente que sea beneficiado con el Fondo Metropolitano.
Dicho objetivo se comparte en este Punto de Acuerdo, ya que tanto Cadereyta como General Zuazua son municipios que tienen actividades económicas de gran interrelación con el Municipio de Monterrey y ninguno de ellos están considerados dentro de la zona metropolitana de Monterrey, la cual actualmente está conformada por los siguientes municipios: Apodaca, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago.
Este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la federación 2011 se destina la cantidad de 7 mil 846 millones de pesos para 46 de las 56 Zonas Metropolitanas delimitadas en 2005, estos recursos serán distribuidos a través del Fondo Metropolitano. Para la zona metropolitana de Monterrey se destinaron 770 millones 106 mil 563 pesos, lo que equivale al casi 10 por ciento (9.8 por ciento) del presupuesto asignado para los fondos metropolitanos, que como se dijo, se destinarán a financiar la ejecución de estudios, proyectos y acciones de infraestructura que impulsen la actividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. Sin embargo, la población de General Zuazua no podrá ser favorecida con estos recursos y por tanto no serán aprovechadas las ventajas que el Fondo Metropolitano ofrece para elevar la calidad de vida de la población.
Finalmente cabe recordar que durante la administración de la gubernatura anterior del estado de Nievo León, en el año de 2008, esta moción fue promovida, identificándose desde ese entonces la necesidad de integrar al municipio de General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey.
Por lo anteriormente expuesto propongo ante el Pleno de esta Honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que incorpore el municipio de General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey y de este modo sea beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputados: Rogelio Cerda Pérez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar el número de operaciones para que el autotransporte de carga que circula por carreteras federales de Tamaulipas cumpla la normativa sobre pesos y dimensiones, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar el número de operativos para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el estado de Tamaulipas cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El autotransporte de carga representa para las empresas u organizaciones un eslabón determinante dentro de las cadenas productivas, debido a que a través de esta modalidad se trasladan grandes cantidades de insumos, materias primas o productos terminados que se entregan a las empresas, industrias o clientes en los distintos mercados. Además de que contribuye a agregar valor a la carga que transporta cuando estos se entregan en tiempo y forma cumpliendo con estándares de calidad.
Para los niveles de seguridad en la vida como en el patrimonio de las personas que hacen uso de los caminos y carreteras federales, así como disminuir los daños a la infraestructura del país, se requiere que se cumplan con las características y especificaciones de las unidades, en cuanto al límite máximo de peso y dimensiones que deben observar los vehículos de autotransporte que circulan por los caminos y puentes que forman parte de las vías generales de comunicación, de acuerdo con las características físicas y especificaciones técnicas que tiene la infraestructura carretera nacional.
La regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal comprende la atención de diversos temas como son: los riesgos a que son expuestas las personas que las utilizan; el daño a pavimentos y puentes; problemas de tránsito, así como el uso eficiente de la infraestructura y del transporte.
Sin embargo, el autotransporte en el afán de disminuir sus costos logísticos rebasan los límites establecidos en la normatividad en relación a los pesos y dimensiones, circulando por carreteras que por sus características geométricas y estructurales no deben transitar, provocando daños severos a la carpeta asfáltica, lo que pone en riesgo a los usuarios de la red carretera, además de generar pérdidas económicas.
La transportación de la carga es responsabilidad de la empresa de transporte, pues en las carreteras federales de la entidad, la infraestructura se encuentra muy dañada debido principalmente a que no se respeta la normatividad existente en relación a los pesos y dimensiones, que es atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En relación a lo anterior, considero que se deben intensificar el número de operativos en la verificación de los pesos y dimensiones en el Estado de Tamaulipas por parte de la dependencia, ya que no respetan los límites de peso que deben transportar, lo que ha deteriorado considerablemente las carreteras de la entidad.
En este sentido, carreteras federales, como lo son Matamoros-Reynosa, Ciudad Victoria Matamoros, Tampico-Ciudad Victoria, Ciudad Victoria-Monterrey, Tampico-Ciudad Valles, Tampico-Poza Rica, tienen un aforo importante del autotransporte de carga en sus distintas configuraciones, es así que es necesario que se intensifiquen los operativos de la SCT para regular los pesos y dimensiones de los vehículos de carga que transitan cotidianamente por estas.
Debemos crear una cultura de cuidado a la infraestructura carretera, ya que el gobierno federal implementa programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la carpeta asfáltica, pero si no se cumplen con las normas en materia de los pesos, las carreteras tienden a presentar fatiga por carga cíclica, discontinuidades, deformaciones y deterioros que terminan siendo un peligro para todos aquellos conductores que circulen por estas, poniendo en riesgo su vida y la de sus bienes materiales.
Actualmente la red de carreteras federales presenta un ritmo de deterioro en pavimentos y puentes superior a los recursos que se destinan en el presupuesto para su mantenimiento, debido principalmente al constante aforo de vehículos y a los efectos del clima que la van dañando gradualmente. Si bien cada tipo de carretera está diseñada para diferentes volúmenes de tráfico, y por sus condiciones estructurales en el grosor, es primordial que el transportista respete los estándares permitidos en el peso de la carga que transporta, esto con la finalidad de evitar el deterioro de la infraestructura carretera.
Estoy convencida de que es necesario que la SCT intensifique los operativos respecto a la normatividad existente en relación a los pesos y dimensiones, a fin de que el autotransporte de carga que circula por los caminos federales en el estado de Tamaulipas cumplan con las disposiciones oficiales en la materia, esto con el objetivo de proteger la infraestructura carretera que favorece al desarrollo de la actividad económica y permite la comunicación entre las diferentes zonas del estado y del país.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a aumentar el número de operativos para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el estado de Tamaulipas cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar exhaustivamente la aplicación en las entidades federativas y los municipios de recursos derivados del Fidem, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a revisar exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en las entidades federativas y municipios derivados del Fideicomiso número 1249.
Consideraciones
La transferencia de recursos de la federación hacia las entidades federativas y municipios son resultado de un pacto entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, desde que existe el federalismo mexicano; el desarrollo democrático y las nuevas reglas políticas han planteado que los recursos que emana la federación hacia las entidades federativas y municipios tienen que ser transparentes.
Las transferencias federales están determinadas en distintos Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se diferencian entre sí por su uso, ya sea que este etiquetado o no; algunos de los recursos etiquetados que provienen de la Federación hacia los gobiernos subnacionales se conocen como aportaciones federales o Ramo 33, asimismo existen otro tipo de transferencias de uso determinado, como son los programas y proyectos de inversión, los Fondos que se determinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que ejecutan las entidades federativas y municipios año con año.
A lo largo de los últimos meses se han incrementado distorsiones en referencia a los recursos que son asignados por la Cámara de Diputados hacia los gobiernos subnacionales. Anomalías que han detonado en el surgimiento de cuotas, comisiones y diezmos, por parte de los presidentes municipales, legisladores y funcionarios en general.
El burdo mecanismo que se ha generalizado, es el condicionamiento de apoyo para “bajar” recursos federales hacia ciertos municipios con una “comisión” de por medio.
Es indignante que exista este tipo de trato al presupuesto que todos los mexicanos aportamos, y más aun, cuando se observa que el presupuesto nacional según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alcanza tan sólo un 21 por ciento del PIB. Siendo lo más preocupante que del total de este presupuesto sólo una quinta parte (20 por ciento) se eroga en gasto de capital, y que de eso todavía hay que descontarle un porcentaje al pago de comisiones, lo cual resulta incomprensible. Con lo anterior se hace plausible el por qué México se encuentre en lugar 89 de corrupción de acuerdo con datos de transparencia internacional.
Es inaceptable que esta corrupción siga encareciendo y postergando los resultados del gasto en inversión, y que detone un ambiente de opacidad y complicidad entre los actores de las Finanzas Públicas nacionales.
La facultad expresa que tenemos los diputados de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentra plasmada en el artículo 74 Constitucional, la cual también, nos compromete a hacer cumplir la Ley, y velar por los intereses de todo el pueblo de México, con responsabilidad y transparencia.
La transparencia con que las entidades federativas deben ejercer los recursos provenientes de la federación es indispensable para el afianzamiento del federalismo mexicano, el cual se encuentra determinado en los artículos 40, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Otra mención que debo hacer de la Constitución Mexicana, es la referente a las remuneraciones de los funcionarios públicos, en donde en el 127 se determina que todos los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades; por lo que bajo ninguna circunstancia se pueden admitir distorsiones que contradigan dicha disposición.
Compañeras y compañeros diputados: es nuestra obligación como legisladores velar por la transparencia de los recursos públicos de la nación y más aun, de aquellos que emanan de la federación, por medio de ramos, transferencias, obras específicas en programas y proyectos de inversión, de tal modo que apuntalemos a mantener unas finanzas públicas blindadas de corrupción.
Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados en el marco de la legislación aplicable, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio pleno de sus atribuciones instrumente las acciones pertinentes para llevar a cabo el seguimiento y en su caso, las auditorías en los programas y proyectos de inversión que emanan de la federación hacia las entidades federativas y los municipios, haciendo énfasis en los recursos que se ejercen en el Fideicomiso número 1249, para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios, mejor conocido como Fidem.
Segundo. En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarias para efecto de transparentar las erogaciones referidas en el acuerdo primero del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero de 2011.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la venta ilegal de información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a emprender acciones, en ejercicio de sus facultades, para investigar la presunta venta ilegal de chips en el mercado informal inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), así como la probable difusión, distribución o venta ilegal de los datos conservados en él; y a informar a esta soberanía sobre los resultados obtenidos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde su creación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2009, el Renaut se estableció como un mecanismo para concentrar la información actualizada de los usuarios de la telefonía móvil, con objeto de contribuir a la prevención, investigación y persecución de delitos como extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en los que frecuentemente se utilizan teléfonos móviles para su ejecución. 1
El 10 de abril de 2010 entró en vigor el Renaut, y con su implantación varios sectores de la sociedad cuestionaron la confiabilidad y veracidad de la información, pues quedó demostrado que diversos usuarios proporcionaron datos falsos en su registro. La situación se agravó cuando en junio del mismo año, un periódico de circulación nacional denunció la venta ilegal en Internet de la base de datos, donde se ofrecían nombres, teléfonos y clave única del Registro de Población (CURP) de millones de mexicanos que dieron de alta el número de celular.
La confidencialidad de la información se puso en entredicho y creció el temor de que se filtrara a bandas delictivas.
En 2011, la eficacia del Renaut volvió a cuestionarse: en el mismo diario de circulación nacional se publicó que en el mercado informal se venden chips de teléfonos celulares y se clonan números registrados en el Renaut, lo cual permite a quien adquiere el chip realizar llamadas mediante el registro de otra persona. 2 La presunta venta de chips telefónicos ilegales permitiría entonces a cualquier delincuente, a través de un celular, realizar actividades ilícitas como la extorsión o el cobro de un secuestro sin proporcionar al Renaut sus datos personales.
La venta ilegal de la información del Renaut pone en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios, lo cual resulta contrario a la ratio legis de las reformas aprobadas por el Poder Legislativo de la Federación en 2009 y, peor aún, pone en entredicho la utilidad de la base de datos en materia de seguridad pública.
Ante ese escenario, resulta imprescindible que el gobierno federal informe a esta soberanía sobre la eficacia del Renaut en el combate de la delincuencia y, por otra parte, explique las medidas adoptadas para que las concesionarias garanticen la debida protección de datos y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, así como su difusión, distribución o venta indebida.
Si bien en términos del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “supervisar a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones la elaboración y actualización por los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, la resolución por la que el pleno de la Cofetel emite las reglas del Renaut 3 establece en el numeral 4.1 que la administración de éste será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (Renapo), con apoyo de los proveedores de servicios.
Más aún: en el numeral 9, las mismas reglas disponen que el Renapo se encarga de mantener los datos de identidad de la población, recabará y conservará la huella digital y la documentación a que se refiere la fracción XI, incisos a) y b), del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, correspondiente a número de la línea telefónica y su respectiva CURP asociada y vinculada a nombre completo, domicilio y nacionalidad, como parte de las acciones que la Secretaría de Gobernación realiza a efecto de certificar la identidad de los usuarios, de acuerdo con la legislación aplicable.
No obstante las disposiciones legales y administrativas citadas, a casi dos años de la publicación de las reglas, el actual presidente de la Cofetel, maestro Mony de Swaan Addati, recientemente informó que la Secretaría de Gobernación hizo un análisis y determinó que no tiene suficientes atribuciones para hacerse cargo del Renaut. 4
En consecuencia, resulta urgente que el secretario de Gobernación informe a esta soberanía por qué razones la dependencia a su cargo no hizo la manifestación correspondiente con oportunidad y, sobre todo, informe sobre la eficacia del Renaut en materia de combate de la delincuencia.
Es sumamente grave que el nombre, la CURP y el domicilio de 83 millones de usuarios que se han registrado debidamente ante el Renaut hoy no tengan la certeza de la debida protección de la información y, peor aún, que se esté haciendo mal uso de sus registros no sólo a través de la venta ilegal de la base de datos sino mediante la venta ilícita de chips en un mercado informal.
Urge la intervención del Ministerio Público de la Federación que, como autoridad competente para investigar y perseguir delitos del orden federal, emprenda las acciones necesarias para investigar su probable comisión por la presunta copia sin autorización de la base de datos del Renaut y su venta ilegal, así como los delitos que se hayan cometido por proporcionar información falsa para obtener el registro de una línea telefónica y la venta en el mercado informal de chips telefónicos.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a emprender en ejercicio de sus facultades acciones para investigar la presunta venta ilegal de chips en el mercado informal inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como la probable difusión, distribución o venta ilegal de los datos conservados en él e informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a informar a esta soberanía respecto a la utilidad del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para contribuir a la investigación y persecución de delitos como extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar medidas administrativas adicionales para que los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fortalezcan acciones que impidan el uso de los datos para fines distintos de los legalmente autorizados, así como su divulgación o acceso no autorizados.
Notas
1 Según el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el DOF el 9 de febrero de 2009.
2 El Universal, nota del 17 de enero de 2010.
3 Publicada en el DOF el 15 de mayo de 2009.
4 Versión estenográfica de conferencia de prensa del 17 de enero de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dirigir por la Secretaría de Economía los programas a su cargo a diversificar la economía y fomentar las vocaciones productivas, estimular el desarrollo de las cadenas productivas, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de las empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Para alcanzar un mayor crecimiento económico en el país se requiere fortalecer e impulsar el desarrollo de nuestras empresas; se requiere hacerlas competitivas en los mercados nacionales e internacionales y promover su crecimiento a partir del desarrollo de las vocaciones productivas y de las ventajas comparativas de las distintas regiones de México.
El desarrollo de las vocaciones productivas y de las ventajas comparativas de cada región son determinantes para lograr un mayor crecimiento. Por tanto, se requiere de la creación de las condiciones necesarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) puedan formarse, desarrollarse y transformarse de acuerdo con el ritmo que marcan los rápidos cambios, atendiendo las necesidades y oportunidades particulares que surgen de los sectores productivos y de las vocaciones locales y regionales.
Una estrategia viable para el fomento del desarrollo del sector de las Mipyme es promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales y regionales, la integración de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales.
En este sentido, las líneas de acción deben ser las siguientes:
• La promoción de esquemas de asociación empresarial;
• El desarrollo de proveedores y distribuidores; y
• El desarrollo regional y sectorial, así como el impulso a la inversión productiva en las áreas potenciales de cada región.
Una de las condiciones fundamentales para impulsar y asegurar el desarrollo sostenido de una economía radica en la generación de círculos virtuosos constituidos por inversión productiva, crecimiento económico, empleos bien remunerados y ahorro. Para cumplir con este propósito, los gobiernos están obligados a diseñar y utilizar herramientas de política pública altamente eficaces, con visión y oportunidad, con responsabilidad y eficacia.
Los retos económicos que se viven en la actualidad en la frontera norte del país exigen redoblar esfuerzos entre las Mipyme y el gobierno, para dinamizar y consolidar el desarrollo de la región, a través de una mayor productividad, producción con valor agregado, empleo y competitividad.
El reto para los próximos años, es la generación sostenida de empleos, que sean suficientes para cubrir la demanda de los jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral, para lo cual se requerirá propiciar un mayor crecimiento en la región fronteriza.
Es importante señalar, que la mera voluntad política no basta para asegurar niveles adecuados de crecimiento económico. Por ello, es necesario imprimir mayor dinamismo a las principales potencialidades productivas de cada región, y de manera particular de la frontera norte de nuestro país.
Bajo este contexto, es necesario que la Secretaría de Economía intensifique la aplicación de políticas públicas para diversificar la economía en la región norte del país, así como promover y fomentar las vocaciones productivas de dicha región, e impulsar el desarrollo de las cadenas productivas, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero.
Bajo este escenario, y en atención a las demandas de las Mipyme del norte de nuestro país, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para enfocar los programas a su cargo a diversificar la economía en la región norte del país, así como promover y fomentar las vocaciones productivas de dicha región, e impulsar el desarrollo de las cadenas productivas de los estados del norte, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero.
Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 24 de febrero de 2011.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a emitir un decreto para rescatar los restos mortales de los 63 trabajadores que permanecen en los túneles de la mina Pasta de Conchos, de Coahuila, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villareal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción I, del reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
Las familias de Pasta de Conchos y el pueblo de México llevan un lustro esperando justicia frente a uno de los homicidios industriales más evidentes y dolorosos. Habría bastado el cumplimiento de las normas mínimas en materia de seguridad e higiene de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Grupo México, para que se hubiera evitado la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos.
A cinco años de aquel 19 de febrero de 2006, nos encontramos con que
a) No se ha llevado a cabo el rescate de los restos mortales de los 63 mineros que aún permanecen en los socavones de Pasta de Conchos, incumpliendo la recomendación 26/2006 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura, la normativa nacional aplicable, y diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.
b) La Procuraduría General de la República (PGR), se sigue negando a proceder en contra de los responsables, comenzando por el ex secretario del Trabajo y Previsión Social y, ahora diputado federal, Francisco Salazar Sáenz y, Jorge Larrea, dueño del Grupo México.
c) Se han evitado las reformas legales indispensables para impedir que este tipo de crímenes se repitan.
Como sabemos, en los socavones de la mina Pasta de Conchos permanecen los restos mortales de 63 mineros, a cuyas familias, de manera arbitraria, usando triquiñuelas jurídicas, han negado el derecho humano a su rescate.
Entre tanto, continúan los decesos de mineros en la zona carbonífera de Coahuila: 41 mineros han perecido con posterioridad al 19 de febrero de 2006 en que tuvo lugar la explosión en Pasta de Conchos. Uno de estos fallecimientos sucedió el 23 de noviembre de 2009, en el interior de la mina Ferber, también en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, respecto al cual la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 85/2010 que parece una reproducción de la emitida en relación a Pasta de Conchos, las mismas omisiones cínicas de la obligaciones en materia de seguridad e higiene por parte de la patronal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
¿Qué respuesta recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) frente a esta recomendación? La rebeldía absoluta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para aceptarla, con la falacia de que la CNDH carece de competencia en materia laboral, siendo que esta comisión tiene facultad de intervenir ante las omisiones criminales de esta secretaría en materia de seguridad e higiene, que constituye no una materia laboral sino administrativa. En este caso la STPS de manera grotesca incumplió no sólo la normativa expresa de la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos aplicables, sino su publicitada NOM -032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón, que se expidió precisamente con motivo de Pasta de Conchos y ha quedado como un mero golpe político de Javier Lozano Alarcón. Eso sin menoscabo de que urge reformar el artículo 102, Apartado B de la Constitución federal, para otorgar a la CNDH competencia en materia laboral, cuya exclusión en la tutela de los derechos humanos, es insostenible.
No podemos permitir que la muerte de los 65 mineros no haya significado nada para estos malos funcionarios, y que ni siquiera se apliquen las medidas necesarias para evitar en lo futuro estos crímenes. Pasta de Conchos debe ser más que nunca una memoria viva para seguir peleando por el rescate de los restos mortales de los mineros, y para exigir las medidas necesarias que eviten más muertes. Insistimos: los trabajadores venden su fuerza de trabajo, no su vida ni su salud.
Frente a tanta ilegalidad y cinismo debemos rememorar el rescate de los mineros de San José, en Chile, para lo cual empresarios y gobierno se unieron en una de las jornadas más significativas en materia de humanismo y respeto a sus respectivas responsabilidades.
Anunciamos, que como parte de la lucha por el rescate de los restos mortales ya referido, conjuntamente con esta proposición con punto de acuerdo presentaremos una iniciativa para que este Congreso de la Unión expida una ley que deje claro que ante un accidente laboral u otro tipo de desastres el estado estará obligado a rescatar los cadáveres, en respeto a los derechos humanos de los familiares.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso de la Unión a emitir de inmediato un decreto para rescatar los restos mortales de los 63 mineros que permanecen en los túneles de la mina 8, unidad Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, con base en los artículos 1o. párrafo tercero; 24, 70 y 73, fracción X de la Constitución federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas a generar e intensificar en la entidad campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades, e impulsar y desarrollar infraestructura en las playas de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Tamaulipas para que generen e intensifiquen campañas de promoción del turismo –en sus diferentes modalidades– hacia la mencionada entidad federativa, así como también se impulse y desarrolle la infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El turismo genera grandes oportunidades, debido que permite avanzar hacia un mejor desarrollo económico y social, por la derrama monetaria que dejan los turistas a su paso por las diferentes comunidades, lo que viene a incentivar y fortalecer a la economía local. Por lo que representa el turismo, es una importante fuente de riqueza para la entidad y para el país.
A raíz del problema coyuntural que está pasando el estado de Tamaulipas por el tema de la delincuencia, se requiere que ambos niveles de gobierno se coordinen para trazar una estrategia que refuerce la imagen del estado de Tamaulipas como un interesante destino turístico, en el que se exponga las grandes bondades que posee esta importante entidad para los visitantes extranjeros.
La campaña promocional debe fomentar el turismo en sus diferentes modalidades: ecoturismo, médico, religioso, deportivo, gastronómico, cultural, sustentable, rural, etcétera, para que los visitantes puedan explorar la riqueza natural y cultural con la que cuenta esta entidad federativa.
Asimismo, ambos niveles de gobierno implementen programas que apoyen y fomenten el turismo de frontera, en el que los municipios que tienen jurisdicción en la frontera apliquen medidas que favorezcan la llegada de turistas extranjeros.
El estado de Tamaulipas es frontera con los Estados Unidos es así que es necesario que se despliegue una campaña para atraer viajeros del país vecino, para mostrarles el folclore, la gastronomía, la cultura, la fauna y flora que se extiende a lo largo y ancho de todo el estado. Además de que el estado es seguro y que todo turista puede visitar libremente cada atractivo de la entidad.
Dentro de la riqueza podemos hacer mención de una importante biosfera conocida como El Cielo, la cual es una maravilla natural de México, es una área natural protegida, la más representativa del noreste de México, en cuanto a diversidad de flora, fauna silvestre y ecosistemas. Cabe señalar que fue declarada como reserva natural en 1985 por el gobierno del estado; reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad, y hoy es una de las Maravillas Naturales de México.
Esta reserva natural El Cielo cuenta con 144 mil 539 hectáreas que incluye una sección de la Sierra Madre Oriental con elevaciones que van desde los 200 hasta los 2,200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada en cuatro municipios: Gómez Farias en su acceso principal, Ocampo, Llera y Jaumave, que es ideal para los amantes del ecoturismo.
Asimismo, se cuenta con treinta campos cinegéticos que le conceden a Tamaulipas el liderazgo en turismo de este tipo en México. Para la práctica de esta actividad existe una gran gama de especies atractivas para los aficionados de esta disciplina clasificada como turismo sustentable.
En las costas del estado, en el Golfo de México, están localizadas las playas de La Pesca, Carbonera, Bagdad, Barra del Tordo y Miramar, las cuales aún están en etapa temprana de desarrollo de infraestructura turística, sin embargo, eso no detiene a todo aquel turista que desea disfrutar del sol, la arena y el mar que ofrece Tamaulipas.
Es necesario que ambos niveles de gobierno redoblen sus esfuerzos, para impulsar la infraestructura que requieren las playas tamaulipecas, siendo el caso concreto de la playa de Bagdad ubicada en el municipio de Matamoros.
La playa Bagdad representa un verdadero atractivo para los visitantes no solamente de Nuevo León, sino también de Coahuila, San Luis Potosí y el Valle de Texas, independientemente de que los tamaulipecos también disfrutan de paseos recreativos.
Esta playa cuenta con las condiciones para generar grandes desarrollos hoteleros, es así que considero necesario que la Secretaría de Turismo, a través de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y con la participación del gobierno estatal canalicen inversión suficiente para impulsar y desarrollar la infraestructura que permita captar más turistas, nacionales y extranjeros.
Estoy convencida que se requiere de una estrategia de medios en el que se promocione la riqueza que posee el estado, y que representa un importante destino turístico para el país, en el que el gobierno federal y el gobierno del estado se coordinen para crear e intensificar campañas de promoción turística, así como también desarrollen la infraestructura turística en las playas del municipio de Matamoros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Tamaulipas, para que generen e intensifiquen campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades en el estado de Tamaulipas.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Tamaulipas para impulsar y desarrollar la infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero del 2011.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a excluir diversas fracciones de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Perú y no modificar los aranceles de las fracciones no presentadas en el Acuerdo de Complementación Económica número 8, permaneciendo conforme a la oferta original de México con reciprocidad la desgravación más larga a 10 años, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que excluya las fracciones 16042099, 03061301, 03062399, 03074901, 03075999, 03032101, 15042001, 16041301 y 16041401 en la negociación del Tratado de Libre Comercio con la República de Perú y no modifique los aranceles de las fracciones no presentadas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 8, permaneciendo conforme a la oferta original de México con reciprocidad, la desgravación más larga a 10 años, con base en las siguientes
Consideraciones
El sector pesquero ha jugado y podría jugar un papel aún más importante en desarrollo económico de México considerando el enorme potencial que tenemos con una línea costera que comprende 11 mil 500 kilómetros y una zona económica exclusiva de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, disponemos de una superficie susceptible de realizar actividades pesqueras y acuícolas mayor a la superficie terrestre nacional.
México cuenta con una enorme variedad de recursos pesqueros, que debemos potenciar y preservar preponderando no sólo lo económico, sino también lo social, como fuente de ingresos de numerosas familias y lo ambiental dada la gran diversidad biológica.
Es importante además, tomar en cuenta el efecto multiplicador de la actividad del sector pesquero en otros sectores productivos, como aquellos que proveen al sector de equipos e insumos en pesca y acuacultura, maquinaria para embarcaciones y establecimientos o servicios como los de astilleros y varaderos.
Sin embargo, no hemos logrado consolidar una actividad pesquera nacional fuerte y competitiva, impedidos por problemas estructurales asociados al costo de insumos, incumplimiento de la ley en la materia, pesca ilegal y furtiva, rezago social, limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación en el trabajo, así como por la incapacidad de asegurar un crecimiento y desarrollo del sector que permitan un aprovechamiento sustentable de los recursos.
A dicho escenario, se suma la desventaja que como industria pesquera enfrentaría México ante la firma de acuerdos comerciales con Perú, ya que éste último en 2008 fue el segundo productor más importante a nivel mundial en pesca de captura, en 2009 se ubicó entre los cinco países exportadores principales de aceite de pescado, y es productor principal de harina de pescado en el mundo.
El Tratado de Libre Comercio Perú-México implica la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 8 para que abarque temas de reducción de aranceles a productos agropecuarios, protección a las inversiones y derechos de propiedad intelectual, principalmente.
En lo que se refiere a la pesca, al concederse la desgravación de productos como camarones, langostinos y demás decápodos natantia, se pondría en riesgo este tipo de pesquerías dadas las posibles triangulaciones debido a la falta de controles aduanales y a las considerables importaciones ilegales.
En casos de pesquerías como calamares y truchas, que en los últimos años han mostrado un esfuerzo por desarrollarse y consolidar su sistema producto, encontrándose en un momento crítico para su desarrollo, demanda el fortalecimiento del mercado interno y su promoción a fin de diversificar los productos pesqueros en beneficio del sector y de la seguridad alimentaria, a través de la oferta de productos con alto valor proteínico a precios accesibles.
También, en el tema de grasas y aceites animales o vegetales, sardina y atún existe preocupación por parte de empresarios enlatadores que posiblemente se verían afectados vía triangulación de dichos productos.
Es de hacerse notar que para la aprobación de un tratado la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, fracción VI, entre otros elementos, plantea prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías, diferencias y desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas.
En materia de comercio exterior, la ley aplicable, contempla prever la determinación de la existencia de daño material a la rama de producción nacional, tomando en cuenta el efecto que pueden causar las importaciones sobre la rama de la producción nacional, considerando la disminución potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones, y otros factores e índices económicos pertinentes.
Así pues, es importante que el Ejecutivo federal analice escrupulosamente los beneficios, ventajas y desventajas del tratado de libre comercio Perú-México, toda vez que el sector pesquero nacional acusa vulnerabilidad ante su posible aprobación, debido al carácter de potencia pesquera con que cuenta el Perú.
Finalmente, destaco un consenso con productores pesqueros en que las especies señaladas [fracciones 16042099 harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos; 03061301 camarones, langostinos y demás decápodos natantia y 03062399 los demás; 03074901 calamares, 03075999 los demás; 03032101 truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster); y 15042001 grasas y aceites animales o vegetales, 16041301 sardina, 16041401 atún] se excluyan del tratado comercial dado que la petición para desgravarlas vulnera a las pesquerías y la seguridad alimentaria, siendo imprescindible mantener la situación actual de los aranceles, en tanto no se cuente con los debidos controles aduanales y la adecuada restricción a la importación ilegal.
Por lo expuesto, como representante de los productores pequeros mexicanos me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a excluir las fracciones 16042099, 03061301, 03062399, 03074901, 03075999, 03032101, 15042001, 16041301 y 16041401 en la negociación del Tratado de Libre Comercio con la República de Perú y no modifique los aranceles de las fracciones no presentadas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 8, permaneciendo conforme a la oferta original de México con reciprocidad, la desgravación más larga a 10 años, dado que se considera que esto tendría un impacto negativo en la industria pesquera nacional.
México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 2011.
Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar por el Centro Nacional de Prevención del Delito un estudio sobre la viabilidad de implantar la “policía social”, a cargo del diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Camilo Ramírez Puente, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fecha 2 de enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como reglamentaria del artículo 21 constitucional y con objeto de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.
De la misma forma, se establece que el Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, además de contar con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación.
Además, cabe resaltar que el 26 de octubre de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer su estructura, organización y funcionamiento, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Tanto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como en el citado reglamento, se aprecia que a cargo de este queda el Centro Nacional del Prevención del Delito.
De la misma forma, en ambos ordenamientos se establecen las atribuciones que le son conferidas al Centro Nacional de Prevención del Delito, las cuales, evidentemente, serán acciones encaminadas a prevenir el delito, mediante la implementación de políticas, planes, programas, campañas o propuestas que sean tendientes a ese objeto principal.
Sin embargo, se debe resaltar que en la ley general referida se dispone como principal atribución del citado centro, hacer la proposición al Consejo Nacional de lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas.
Se puntualiza lo anterior en virtud de que se ha difundido en los medios de comunicación, concretamente en la televisión y por parte de la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, “una propuesta de trabajo” para implantar la “policía social”.
Al respecto, la policía social es una política para prevenir la comisión de delitos, que opera sólo a nivel municipal. Además, puede servir de mediadora entre la comunidad y las autoridades.
En este sentido, cabe destacar que el fenómeno de la inseguridad debe ser erradicado en forma prioritaria por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Es claro el papel preponderante que juega la prevención social para poder garantizar a la sociedad, la seguridad pública a la cual tiene derecho para poder realizar sus actividades cotidianas, cualquiera que sea el ámbito en el que se desenvuelva.
Ante ello, se observa que la propuesta de la “policía social”, resulta de suma relevancia nacional, al ser un modelo que, dentro del marco de las atribuciones del Centro Nacional de Prevención Social del Delito, va dirigido precisamente a inhibir la inseguridad pública en el país.
Así las cosas, el exhorto que se propone tiene el objetivo de que el mencionado Centro Nacional de Prevención Social del Delito, determine las ventajas de la implementación de esta propuesta de trabajo como medida de prevención del delito.
Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implantación de la “policía social”.
México, Distrito Federal, Cámara de Diputados, a 24 de febrero de 2011.
Diputado Camilo Ramírez Puente (rúbrica)
