Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3206-V, martes 22 de febrero de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, y crear un grupo de trabajo que dé seguimiento a las necesidades de la industria acerera nacional, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, en nombre de los integrantes de la Coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presenta ante la honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Durante los últimos años la industria acerera nacional ha resentido los efectos de la crisis económica mundial, la reducción de la demanda de sus productos en los mercados nacionales e internacionales, así como la constante presencia de prácticas desleales de comercio ejercidas por algunas naciones. Lo anterior trajo como consecuencia una reducción en la producción de acero en el año 2009 de 18.7 por ciento y una insuficiente recuperación durante el año 2010 donde se produjeron 15.9 millones de toneladas, cifra aun inferior en un 11.6 por ciento a la registrada en el 2008.
Dentro de los principales retos a vencer de la industria acerera en México, se encuentra la creciente ola de importaciones de acero provenientes de países asiáticos en especial de la República Popular de China, país del que se cuentan diversas prácticas desleales de comercio principalmente por alentar el dumping en los precios de sus productos.
Los subsidios otorgados por el gobierno chino a los productores de acero, han creado distorsiones en los precios de sus productos, que en el ámbito de comercio internacional han afectado a los productores internacionales tanto en sus plantas productivas como en el ingreso de los trabajadores.
Uno de los puntos más relevantes de las prácticas desleales de comercio es la constante manipulación de la moneda china para mantenerse por debajo de su precio real, contradiciendo las propias leyes del mercado al devaluar el precio real de ésta, lo que se traduce en una estrategia comercial que distorsiona los precios de los productos que exporta y que por ende da ventajas claras a sus productos.
Con la devaluación de la moneda china, el gobierno de este país da a sus exportadores un subsidio expresado en el descuento de sus precios y una ventaja clara que no proviene de la competitividad de sus procesos industriales si no de políticas monetarias que no se alinean a las prácticas de comercio convencionales y que afectan a los países productores que si lo hacen.
Los efectos de dichas prácticas se hacen evidentes ante la subocupación de las capacidades productivas con las que cuenta la industria nacional, que a pesar de poseer una capacidad instalada de producción de más de 22 millones de toneladas, produce niveles que se ubican alrededor de los 15.3 millones de toneladas como promedio en los últimos 3 años. Con la reducción de la demanda ocurrida durante el 2009, la planta laboral de la industria acerera se redujo en casi un 26 por ciento lo que significó el despido de más de 100 mil obreros en todo el país.
La sola manipulación de la moneda china representa ya un factor que diezma la capacidad para competir de los industriales nacionales, y es razón suficiente para gravar las importaciones del acero provenientes de aquel país, no existe justificación alguna para que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía siga permitiendo la libre entrada de productos de acero chino que con precios manipulados, logran desplazar a los productores nacionales.
El daño causado a la economía nacional no es el único ejemplo de tales repercusiones sobre el mercado internacional, por ello productores de acero de los Estados Unidos se han manifestado en contra de dichas prácticas a través de su congreso, exigiendo condiciones justas de comercio.
El argumento de dotar a nuestros productores nacionales de insumos baratos para incrementar su competitividad, ha quedado superado, toda vez que sus efectos crean condiciones de mercado adversas y que avanzan solo a expensas del sacrificio de la industria nacional, sus trabajadores y los ingresos de los mismos, que se ven afectados a consecuencia de la ejecución de políticas comerciales que minimizan los efectos nocivos para los sectores manufactureros de la economía nacional.
Es preciso que se detenga la entrada libre de aranceles a los productos de acero chino, hasta que su gobierno legitime los precios de los mismos, y cuando se dé muestra que el precio de su moneda sea fijado por las libres fuerzas del mercado y no sea producto de una deliberada manipulación de la misma, persiguiendo ventajas competitivas, fabricadas de manera desleal, creando distorsiones y precios ficticios.
Es importante resaltar, que la libre competencia en el mercado debe basarse en condiciones equitativas de producción, basar las decisiones de libre mercado teniendo como única referencia el precio de los productos, es una visión corta y que poco hace por explorar para proporcionar condiciones de equidad. Si se espera que el libre comercio dé resultados positivos, éste, tiene que ser justo y justo significa competir en igualdad de circunstancias.
El establecer condiciones equitativas de producción exige la presencia de una política industrial, que incentive a los productores nacionales a incrementar sus ventajas competitivas pero que les provea además de ventajas para incrementar su competitividad en el contexto de los mercados nacionales e internacionales.
En este tenor, si se desea que los productores nacionales produzcan a precios semejantes a los de sus competidores asiáticos, en especial de los chinos, debe revisarse las condiciones sobre las que producen unos y otros, el precio de las tarifas eléctricas, los subsidios, las restricciones al ingreso de los mercados asiáticos para productos extranjeros, los subsidios directos a la producción, las normas ecológicas vigentes en ambos países, las normas laborales y la política monetaria y de comercio internacional llevada a cabo por cada país.
Situaciones como ésta han sido subvaluadas por parte del Gobierno Federal y de las dependencias directamente involucradas, por ello es necesario se abra un lugar que de voz a esta industria ante el pleno de esta Soberanía, a fin de ser consideradas sus propuestas y necesidades y para evaluar los programas que de manera conjunta se ejecuten como parte de la política comercial que los involucra.
Es imperioso reconocer la desventaja a la que sometemos a los productores nacionales de acero, al promover una libre competencia en contra de acereros que producen en condiciones diametralmente distintas a las aquí impuestas, es ilógico y carente de sentido el pedir lo mismo en condiciones completamente asimétricas. Mientras las condiciones de producción mantengan diferencias tan marcadas, el comercio nunca llegara a ser justo.
Por lo anteriormente descrito, el que suscribe presenta a esta Honorable Soberanía, el siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a revertir, en los términos administrativos y legales que correspondan, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, en especial a los productos provenientes de la República Popular China, en virtud de los graves efectos negativos que esta medida tiene actualmente sobre la industria acerera nacional.
Segundo. Se cree un grupo de trabajo que dé voz a las necesidades y requerimientos de la industria acerera nacional, en el que las cámaras de la industria siderúrgica nacional puedan participar en la elaboración de programas ejecutados por la Secretaría de Economía que los afecte directa o indirectamente y en el que se consensen acuerdos que doten a la Industria nacional de condiciones propicias para su desarrollo, buscando políticas comerciales que nivelen las disparidades económicas que existen con los competidores externos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé. F. Garza Flores (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a ampliar el padrón de beneficiarios de 70 y Más para que dé cobertura a los adultos mayores que habitan los polígonos urbanos de pobreza detectados por el programa Hábitat, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Los adultos mayores constituyen un sector vulnerable de nuestra sociedad, el cual se ha ido incrementando considerablemente. Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó el siguiente ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en México: En el año 2006 la población en México se estimó en 107 millones de habitantes; En el 2025 crecerá a 124 millones de habitantes y; Se espera que en el año 2050, cuando culmine la última fase de la transición demográfica se estabilice en casi 130 millones de habitantes. Por su parte, la población de adultos mayores, de diferentes edades, se incrementará durante el periodo 2006-2050 de la siguiente manera: Los Adultos de 70 años y más pasarán de 3 millones 690 mil en el 2006 a 19 millones 890 mil en el 2050. Así mismo se habrá incrementado la esperanza de vida de 73 años a 77 años para el año 2020 y el número de personas adultas mayores será de más de 12 millones además, los adultos mayores se mantienen como el grupo más dinámico, con un crecimiento anual de 3.5 por ciento y se concentrarán en áreas urbanas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de aproximadamente de 7 millones de personas adultas mayores, tan sólo 18.7 por ciento, es decir, 1.2 millones de personas de este grupo de edad cuentan con ingresos suficientes y viven sin carencia alguna; de esta cifra 3.1 millones de personas adultas mayores, esto es, 43 por ciento, viven en pobreza de moderada a extrema; el 34 por ciento de esta población tiene al menos dos carencias sociales, las cuales podían ser de educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.
De acuerdo a las cifras presentadas por la Conapo y Coneval es clara la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a brindar atención integral a los Adultos Mayores de nuestro País; en atención a estas consideraciones se implementó el Programa 70 y Más, cuya finalidad primordial es la de favorecer a los adultos Mayores su integración a la vida familiar y comunitaria, propiciar su incorporación a actividades ocupacionales y fomentar una cultura de la salud. Los mecanismos más eficaces para lograrlo son Acciones de Promoción y Participación Social acompañadas del otorgamiento de Apoyos Económicos Mensuales Directos de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, como parte de las líneas de acción de la Estrategia Vivir Mejor del Gobierno Federal, el Programa se enfoca en la consolidación de una red de protección social que brinda asistencia a los beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad, a efecto de fomentar su desarrollo personal y comunitario. En particular este apoyo se otorga a los Adultos Mayores de 70 años y más en localidades de hasta 30,000 habitantes; sin embargo existe un importante número de adultos mayores que se encuentran en una condición de pobreza patrimonial que habitan en zonas urbanas de más de 30,000 habitantes y no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas. Cabe recordar que más de 27 millones de personas que habitan en zonas urbanas se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial.
Es vital reconocer la importancia del beneficio que otorga el Programa 70 y Más; lo cual se ve reflejado en el bienestar brindado a todos y cada unos de los adultos mayores beneficiados por este programa a lo largo de todo el país, cuyo padrón de beneficiarios asciende ya a los 2 millones 50 mil 626 adultos mayores de 70 años o más localizados en 76 mil 299 localidades de hasta 30 mil habitantes. Sin embargo es necesario considerar que existen zonas urbanas con un alto índice de pobreza cuya población total es mayor a la de los 30,000 habitantes y por esta característica quedan excluidos del beneficio del Programa 70 y Más todos aquellos adultos mayores que habitan en estas zonas urbanas.
Ahora bien actualmente contamos con la atinada implementación del programa Hábitat el cual ha contribuido con obras y acciones que permiten el desarrollo de las zonas urbanas marginadas cuya población total es mayor a la de 15,000 habitantes y que opera zonas de atención prioritaria urbanas, identificadas a través de la Secretaria de Desarrollo Social. Estas zonas están compuestas por 335,418 manzanas ubicadas en 2,109 localidades urbanas de 1,257 municipios del país. Es importante señalar que Las condiciones de pobreza de los adultos mayores en los sectores de pobreza urbana, nos plantean una realidad que no escapa a la de las carencias que persisten los adultos mayores que habitan en las zonas rurales; ya que si bien es cierto que en las zonas urbanas existe el acceso a los servicios básicos como lo son agua, luz, servicios médicos y de educación, etc.; el costo de estos son más altos que en las zonas rurales; así mismo los costos de los alimentos de la canasta básica se incrementan en las zonas urbanas y en las zonas rurales algunos alimentos se obtienen de la siembra de vegetales o la cría de animales de auto consumo; motivo por el cual es indispensable dotar de un apoyo económico a los adultos mayores que habitan las zonas urbanas y de esta manera poderles brindar la oportunidad de acceder a los servicios básicos y tener una buena alimentación para lograr una vida saludable y digna.
Por lo expuesto, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo principal que la Secretaría de Desarrollo Social evalúe la posibilidad de que la atención del Programa 70 y Más se amplíe para brindar el beneficio a todos aquellos adultos mayores que habiten en los polígonos urbanos de pobreza identificados por el programa Hábitat en zonas urbanas mayores a 30 000 habitantes que aun no son atendidas por el Programa 70 y Más.
Para los diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia proteger, atender, ayudar y orientar a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar su problemática para encontrar las soluciones adecuadas. Por ello dirijo el presente punto de acuerdo, con la finalidad de salvaguardar en todo momento el bienestar de los adultos mayores del todo el país que por circunstancias diversas se encuentran en condición de pobreza.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el padrón de beneficiarios del programa 70 y Más para que dé cobertura a los adultos mayores que habitan los polígonos urbanos de pobreza detectados por el programa Hábitat.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a cubrir los requerimientos del pago de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los jubilados y pensionados de la sección 6 del SNTE de la delegación de Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Indira Vizcaíno Silva, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cubrir los requerimientos del pago de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la sección 6 del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE), de la delegación de Colima. Lo anterior con base en los siguientes
Antecedentes
Parte imprescindible para cubrir el concepto de seguridad social, es el concerniente al pago de pensiones que el Estado otorga a sus derechohabientes, quienes por razones de edad o incluso invalidez, ven desvanecer su capacidad de trabajo.
En la actual ley del ISSSTE se protege de manera expresa a personas como los jubilados y pensionados, que en su artículo decimoctavo transitorio, establece que “los jubilados y pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta ley, gocen de los beneficios de la ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento”.
Cabe destacar que esta soberanía aprobó las reformas que adicionan el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 de junio del 2001 y que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2002, que obligan a dicha dependencia descentralizada del Gobierno Federal, a cumplir con el ordenamiento que marca la ley, consistente en que “Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados”, disposición legislativa que ratifica en todas sus partes el mismo párrafo vigente antes en la ley expedida con fecha 4 de enero de 1993.
Con fecha 8 de abril del 2008, la LV Legislatura de honorable Congreso de Colima, aprobó por unanimidad de todos sus integrantes el siguiente punto de acuerdo:
Artículo Primero: Se solicita de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, que por conducto del ISSSTE, considere la canalización y asignación de recursos económicos extras, a efecto de que la Federación esté en posibilidades de actualizar las prestaciones que gozan los jubilados y pensionados de la sección 6 del SNTE, delegación Colima, en relación con las prestaciones de los trabajadores federalizados en activo, y que además, previo pacto y reconocimiento las respectivas prestaciones se mejoren en relación con los mismos.
Artículo Segundo: Se comunique este acuerdo al titular del Ejecutivo federal, para lo conducente.
Consideraciones
En mi calidad de diputada federal como representante de la ciudadanía de Colima, la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados, AC, me ha solicitado exponer ante este honorable Congreso, la grave y recurrente violación a la ley que los ampara, que viene ocurriendo en su perjuicio por las autoridades del ISSSTE, específicamente a partir del 1 de enero de 2002 y durante ocho años consecutivamente hasta este 2010, en cuanto al incumplimiento del cuarto párrafo del Artículo 57 de la abrogada Ley del ISSSTE que los ampara.
Esta grave omisión ha provocado que miles de jubilados y pensionados vengan reclamando al ISSSTE desde hace años, la observancia de la ley, cuyos funcionarios se limitan a contestar a los peticionarios que sus pensiones les son correctamente liquidadas, confundiendo engañosamente al solicitante, ya que no se reclama una corrección al monto de la pensión mensual, sino que solo se exige el pago de las prestaciones adicionales al monto del pago pensionario normal. Negativa que obliga a los derechohabientes a entablar costosas y largas demandas, que sólo muy pocos pueden tramitar por los altos costos del pago de los abogados que llevan los juicios, por el impedimento derivado de su avanzada edad o por sus deterioradas condiciones de salud; como sucedió con la demanda de los jubilados del sector educativo de Nuevo León, que después de años de juicio, se emitió un laudo a su favor por el cual el ISSSTE desde el año de 2004, les cubre el pago correspondiente a 90 días de aguinaldo, prestaciones que mediante juicio también tramitaron los jubilados del sector educativo de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, entre los años 2002 y 2005.
Injusto es también el caso de los jubilados y pensionados del sector educativo del Estado de Colima, que en número aproximado de dos mil quinientos elementos, sólo reciben los 40 días de aguinaldo que otorga tradicionalmente la federación, omitiendo el pago de 26 días de salario complementario que reciben los trabajadores colimenses del sector educativo, para hacer un total de 66, al igual que el resto de los trabajadores en activo al servicio del gobierno del estado. De la misma manera han incumplido el pago del bono del día del maestro, que se otorga a los trabajadores de la educación en Colima en el mes de mayo, estas prestaciones que se incumplen desde hace años, son compatibles con la calidad de jubilados, como lo dispone el cuarto párrafo del Artículo 57 de la ley abrogada del ISSSTE que los ampara.
La Tesis Aislada en Materia Laboral, con registro número 273887, en laudo dictado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada Jubilación persistencia de la relación laboral en caso de: En supuestos de jubilación, no es función del concepto “salario”, que debe entenderse extinguida o vigente la relación de trabajo, ni tampoco la circunstancia de que deje de prestar el servicio al patrón deja insubsistente la calidad de trabajador, pues la condición de jubilado no se opone al concepto en el cual la ley define a aquél, pues se reduce tan solo al hecho de admitir una nueva categoría, la de trabajador jubilado. En otras palabras, en un sentido estricto, todo jubilado continúa vinculado al contrato de trabajo mientras disfrute de las prevenciones y prestaciones que dicho contrato establece. Por lo que el derecho a la jubilación es una prolongación de los efectos de toda contratación en la cual se ha establecido y constituye uno de los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de patronos y trabajadores.
Con base a los argumentos legales enmarcados y atendiendo los señalamientos incontrovertibles que nos establecen los jubilados colimenses y dado que los logros de nuestras instituciones, han sido alcanzados con la participación de quienes en su momento eran trabajadores en activo y hoy son trabajadores jubilados y pensionados de la administración pública federal, que en su mayoría reciben pensiones de sobrevivencia, y dado que han transcurrido más de ocho años sin que la Dirección General del ISSSTE cumpla con lo dispuesto por la ley, es necesario que estas dependencias omisas en la observancia de la legalidad, que como un acto de elemental justicia y solidaridad, pero sobre todo de acatamiento irrestricto de la ley, se les otorgue el pago de estas prestaciones, lo cual se constituirá en un alivio temporal para solventar la angustiosa situación de incertidumbre en que vive este amplio sector de la sociedad mexicana, sin dejar al olvido que el Legislativo debe también analizar otras reformas que favorezcan la mejoría de su nivel de vida y de su bienestar social.
Por lo expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cubrir los requerimientos del pago total de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la delegación del estado Colima.
Segundo. Que el pago de las prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la sección 6 del SNTE de la delegación de Colima, sea retroactivo al 1 de enero de 2002, fecha en la cual se omitió dicho pago; cubriendo los 40 días de aguinaldo que otorga tradicionalmente la federación, sumando 26 días de salario complementario que reciben los trabajadores colimenses del sector educativo, haciendo un total de 66 días pagados.
Tercero. Que se adecúe y se revise a fondo, la Estructura Presupuestaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación de Colima, dadas las irregularidades existentes al interior de este Instituto, tocantes específicamente a los trabajadores pensionados y jubilados de la Sección 6 del SNTE.
Cuarto. Que se cubra en el mes de mayo del año en curso, a los jubilados y pensionados de la Sección 6 del SNTE de la delegación del estado de Colima, el pago retroactivo a la primera quincena de mayo del 2002 del bono del día del maestro, otorgado a los trabajadores en activo de la educación en Colima.
Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2011.
Diputada Indira Vizcaíno Silva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades gubernamentales con atribuciones en la gestión de barrancas a implantar medidas para desazolvar y entubar el cauce de la denominada “La Coyotera”, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
Problemática
Desde hace aproximadamente diez años un grupo de habitantes de la delegación Magdalena Contreras ha solicitado reiteradamente que se limpie, desazolve y entube el tramo que hace falta de la barranca La Coyotera y que se encuentra expuesto al aire libre ocasionando enfermedades a los colonos de la zona y a los estudiantes de la escuela que se encuentra a su lado.
Argumentación
I. Antecedentes
Desde el 2002 los habitantes de la delegación Magdalena Contreras han dirigido varios oficios a diversas instancias del gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de solicitar la limpieza y desazolve de la barranca La Coyotera, en el tramo comprendido de la avenida Luis Cabrera a la calle Lomas Quebradas en las colonias Lomas Quebradas y San Jerónimo Lídice, debido al poco mantenimiento de los colectores marginales y la contaminación de la barranca por descargas de aguas residuales, lo que genera un grave problema de salud y ecológico.
El 4 de febrero de 2003, el entonces jefe delegacional de Magdalena Contreras, contestó oficio número GDF-DGCOH/02/3742, mediante el cual se solicitó la opinión oficial respecto a los colectores marginales y las alternativas de solución a la contaminación de las barrancas por descargas de aguas residuales.
En este sentido, el jefe delegacional informó que los colectores marginales en el perímetro delegacional tienen como función primordial el saneamiento de los ríos y causes existentes, los cuales han solucionado en gran parte la contaminación que prevalece en ellos, sin embargo, requieren mantenimiento constante, ya que debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se presentan en temporada de lluvias se ven afectados en su estructura y en la conexión de las descargas domiciliarias. Asimismo, indicó que para solucionar este asunto era necesario llevar a cabo la reconstrucción de los colectores en los tramos afectados, así como la reconexión de las descargas domiciliaras existentes; de realizarse este trabajo en la barranca, en su cauce volvería a correr agua limpia útil para la recarga de los mantos freáticos.
El 29 de enero de 2004, se volvió a remitir oficio al delegado del Distrito Federal comentándole que en reiteradas ocasiones desde hace 2 años, se ha solicitado que se entube el tramo faltante del caudal del río Coyote.
Ante esta situación, el 23 de marzo de 2004 se remitió oficio al jefe de gobierno del Distrito Federal solicitando su apoyo para realizar la obra de drenaje que encause las aguas negras en este tramo, ya que se encuentra parcialmente entubado y al aire libre, repercutiendo en la salud de los habitantes de esta zona, pues además de su fetidez, ha generado enfermedades respiratorias y gastrointestinales debido a la fauna nociva que provoca.
El 25 de marzo de 2004, se remitió de nueva cuenta el oficio al jefe de gobierno del Distrito Federal para que interviniera para realizar la obra de drenaje anteriormente referida.
La última ocasión que se solicitó la intervención de las autoridades fue el 28 de abril de 2008; no obstante los esfuerzos realizados por los habitantes de esta zona, hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción tendente a solucionar esta situación de insalubridad que afecta la calidad de vida de los pobladores de esta región.
II. Introducción
De acuerdo a las consideraciones de gobierno del Distrito Federal que se retoman de la información disponible en el Sistema de Información de Barrancas Urbanas 1 , en la Ciudad de México las condiciones naturales de las barrancas han sido afectadas por la actividad antropogénica que paulatinamente ha perturbado el ecosistema de estos sitios, afectando el adecuado flujo natural del agua.
Actualmente la mayoría de las barrancas urbanas presentan daños en su infraestructura hidráulica de drenaje sanitaria, la presencia de abundante basura, descargas domiciliarias a cielo abierto, zonas de alto riesgo sin cubierta vegetal y fuertes problemas de contaminación que atentan a la salud pública.
Por tanto, es necesario atender la problemática presente en las barrancas del poniente de la ciudad, tomando decisiones adecuadas que permitan mejorar las condiciones ambientales de estos importantes corredores biológicos, y al mismo tiempo recomendar la estrategia que mejor convenga para resolver la problemática ambiental presentada en barrancas.
La degradación de las barrancas del poniente del Distrito Federal, ha llevado al gobierno de la Ciudad de México a tomar como una de sus prioridades el llevar a cabo acciones y proyectos encaminados a la conservación, restauración o el rescate ambiental y urbano de estos ecosistemas de montaña.
El rescate de una barranca urbana se realiza a través de la integración de distintas prácticas de manejo, mismas que tienen como objetivo detener la erosión, incrementar la superficie con cobertura vegetal, mejorar las condiciones de captación e infiltración de agua pluvial, frenar la contaminación así como disminuir el riesgo a deslaves e inundaciones.
El Programa General de Ordenamiento Ecológico considera a todas las barrancas sin excepción, como suelo de conservación, con zonificación forestal de conservación; en este sentido, cuando se ubican dentro del perímetro del suelo de conservación, se les asigna zonificación conforme a la zona donde se encuentran. No obstante, la mayor parte del problema consiste en las descargas de aguas negras a cielo abierto en barrancas y ríos, lo que provoca una fuerte degradación ambiental por los depósitos de basura que se generan a lo largo de su cauce; y la falta de coordinación entre autoridades federales y locales involucradas, pues por la indefinición de las áreas de dominio público federal y del Distrito Federal; así como la falta de información ambiental influye en el riesgo permanente de desastres naturales, la creación de focos de infección, la pérdida de cobertura vegetal y las políticas públicas poco desarrolladas sin visión a mediano plazo.
III. Considerando
I. Que de acuerdo a la normatividad ambiental vigente en el Distrito Federal, una barranca es una depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, así como de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico. Su formación se encuentra íntimamente asociado a procesos de erosión hídrica y forman parte de procesos geológicos dinámicos, por lo que son indicadoras de condiciones de inestabilidad, en la medida en que aumentan en cantidad o tamaño. En estos lugares se crean condiciones microclimáticas que permiten tener vegetación, conocida generalmente como vegetación riparia, con una biodiversidad frecuentemente superior al resto de las zonas con que colinda, por lo tanto, se pueden encontrar especies endémicas o difícilmente encontradas en el resto de la región ecogeográfica en donde se encuentra 2 .
II. Entre los beneficios ambientales que aportan las barrancas se encuentran: el reservorio para especies de flora y fauna silvestre; retienen partículas suspendidas; fijan dióxido de carbono; son útiles para la captación de agua para la recarga de acuíferos; regulan el balance hídrico; su equilibrio define la velocidad de los escurrimientos y la cantidad de azolve que afecta la captura de aguas abajo; ayuda a regular el ciclo hidrológico y atmosférico; y sirve de área verde, y lugar propicio para el crecimiento de los árboles.
III. El impacto del hombre sobre las barrancas se produce principalmente cuando éste altera su cubierta vegetal, las urbaniza o modifica las condiciones en que se desarrollan los escurrimientos superficiales, afectando el funcionamiento del sistema hidrológico general. Frecuentemente la perturbación provocada por la urbanización, incrementa la presencia de erosión del suelo, lo que se encuentra asociada a desgajes, azolves e inundaciones, fenómenos que ponen en riesgo la vida personas o la conservación de bienes e infraestructura.
IV. El Distrito Federal cuenta con 99 sistemas de barrancas distribuidas en 15 microcuencas, las cuales se ubican principalmente en el poniente de la ciudad, en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos. Los afluentes y tramos, que localmente cuentan con nombres distintos y que dependiendo de las condiciones sociourbanas en las que estén inmersos, mantienen características y problemáticas peculiares.
V. En el Distrito Federal existe un problema grave de deterioro múltiple de los recursos naturales existentes en las zonas propuestas de restauración ambiental, como son la flora, fauna, suelo y agua. Estos ecosistemas de restauración ambiental son tan frágiles, complejos e integrados que al alterar su cobertura vegetal no solamente se altera la diversidad biológica, sino también genera una degradación de todo el ecosistema de la barranca.
VI. Entre los objetivos de las autoridades debe contemplarse los de restauración, conservación y rescate de las barrancas perturbadas, para así obtener las bases para la planeación y programación de las políticas en la zona de restauración ambiental; puesto que es responsabilidad de las mismas dotar la infraestructura urbana básica promoviendo los derechos humanos, las garantías individuales y la retribución de las contribuciones fiscales.
VII. La barranca Coyotera se ubica en la delegación Magdalena Contreras, pasa al norte de la colonia Atacaxco, al sur de Barros Sierra, entre el límite de Cuauhtémoc y Lomas Quebradas y San Jerónimo Lídice.
Su situación actual es de contaminación, se utiliza como receptor de desechos sólidos y líquidos que generan focos de infección, pérdida de la biodiversidad y desbalance de las funciones ecológicas e hidrológicas principales, además de representar un peligro constante a los habitantes.
VIII. Si no se implementan las medidas apropiadas para solucionar este problema es probable que el deterioro ambiental de esta zona incremente; las condiciones de riesgo para los habitantes del lugar diversas: inundaciones y/o daños ambientales irreversibles.
IX. Es necesario que las autoridades a las que les compete la preservación de las barrancas atiendan de manera urgente las peticiones de los vecinos de la zona aledaña a la barranca La Coyotera, ya que además del peligro inminente que representan estas condiciones de contaminación, no es concebible que tras nueve años de solicitudes aún no se haya podido ejercer acción alguna que solucione esta problemática.
Fundamentación
Artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, fracción XVIII, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del Proyecto
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades gubernamentales con atribuciones en la gestión de barrancas, para que en el ámbito de su competencia implementen las medidas necesarias para desazolvar y entubar el cauce de la barranca La Coyotera.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional del Agua (Conagua); a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA); Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la Unidad Estatal de Protección Civil Distrito Federal (UEPC); la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT); al jefe de la delegación Magdalena Contreras y al jefe de gobierno del Distrito Federal, autoridades gubernamentales con atribuciones en la gestión de barrancas, para que en el ámbito de su competencia implementen las medidas necesarias para desazolvar y entubar el cauce de la barranca La Coyotera.
Notas
1. Información retomada del Sistema de Información de Barrancas Urbanas . Disponible para su consulta en: http://www.sma.df.gob.mx/barrancas/index.php?op=contextobasico
2. Ley Ambiental del Distrito Federal y Ley de Aguas de Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputada Lorena Corona Valdés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y a la PGR a resolver la investigación por el desfalco cometido por la empresa Solución Total, del consultor y político Eukid Castañón Herrera, contra las arcas municipales, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo.
Antecedentes
El 13 de abril de 2008 el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y Eukid Castañón Herrera suscribieron un contrato en el cual el prestador “se obliga a establecer las acciones y el diseño de herramientas que permitan conocer la situación actual del honorable ayuntamiento de Benito Juárez, logrando con ello una mejor eficacia en el aspecto organizativo mediante la restructuración de las áreas, asimismo diseñar manuales de organización que contribuyan a la eficiencia operativa de las éstas”.
A cambio del proyecto de reestructuración, el ayuntamiento se comprometió a pagar la cantidad de 300 mil pesos por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y 200 mil pesos de forma mensual hasta diciembre, lo que suma 2 millones 400 mil pesos.
Aunque el contrato estipulaba que Eukid Castañón debía entregar avances de su trabajo, durante los nueves meses que estipulaba el contrato el municipio no recibió trabajos preliminares, proyectos o propuesta alguna.
En los archivos del ayuntamiento de Benito Juárez existen sólo 18 hojas de tamaño oficio con organigramas como única constancia del trabajo de Eukid Castañón, por el cual cobró la millonaria cantidad.
Eukid Castañón no entregó los manuales de organización para llevar a cabo la reestructuración.
Los regidores de Benito Juárez, Berenice Polanco y José de la Peña acusaron a Eukid Castañón de presentar un trabajo incompleto, mínimo y que “carecía de sustento jurídico porque no estableció la reglamentación que permitiera la operatividad de las direcciones, oficinas y departamentos propuestos”.
A pesar del escaso e inservible trabajo de Eukid Castañón, el asesor cobró puntualmente sus primeros honorarios por más de 500 mil pesos en abril de 2008, cuando no había realizado ninguna propuesta, al menos de reestructura administrativa, y sin cumplir el calendario de pagos establecido en el contrato.
El político poblano entregó el resto de los recibos de honorarios en las fechas y por las cantidades siguientes: en mayo, 147 mil pesos; un recibo, el 0536, sin fecha, por 315 mil pesos; en julio por 315 mil pesos; el 7 de agosto entregó uno más por 315 mil pesos; el 29 de agosto por 315 mil pesos; en octubre por 210 mil pesos; y un último, de diciembre por 258 mil pesos.
En julio de 2010, la Procuraduría General de la República admitió que investigaba a Eukid Castañón por el presunto delito de lavado de dinero, durante su trabajo en el municipio de Benito Juárez en 2008.
Considerando
Que hoy más que nunca el país resiente las consecuencias de las etapas en el gobierno del PRI y del PAN marcadas por la corrupción, el nepotismo, el favoritismo y la impunidad.
Que el municipio de Benito Juárez, a pesar de los enormes ingresos obtenidos por el turismo, se declaró en crisis financiera entre 2006 y 2008, cuando Eukid Castañón efectuó un trabajo minúsculo a cambio de una suma millonaria, demostrado que el gobierno federal tolera y fomenta administraciones fraudulentas.
Que el contrato entre el municipio de Benito Juárez y Eukid Castañón, además de carecer de interés público y de ser incumplido, representó un desfalco para las arcas públicas municipales, lo que representa un delito que debe ser perseguido y sancionado con toda la fuerza de la ley.
Que el Servicio de Administración Tributaria debe iniciar una auditoría sobre los millonarios ingresos de Eukid Castañón, quien cobra elevadas sumas por sus nulos servicios y a cambio de favores políticos.
Que no basta con que la PGR haya iniciado una investigación contra Eukid Castañón por su presunta responsabilidad por lavado de dinero durante su trabajo en Cancún, ya que las autoridades deben concluir las pesquisas y sancionar, si así lo requiere, al responsable.
Que las autoridades judiciales deben ampliar sus investigaciones sobre los malos manejos de dinero cometidos por Eukid Castañón, ya que se trata del operador financiero de Rafael Moreno Valle durante su campaña para la gubernatura de Puebla.
Que se debe esclarecer el financiamiento de la campaña de Rafael Moreno Valle, ante la evidencia de que Eukid Castañón pudo ingresar dinero de procedencia ilícita, obtenido mediante los “presuntos negocios” de su empresa Solución Total, la cual factura más de 100 millones de pesos al año.
Que Eukid Castañón, como cerebro financiero de Moreno Valle, fue el responsable de reunir a los 10 hombres de negocios más consolidados de Puebla para “pasarles la charola” y reunir recursos para la campaña.
Que actualmente Eukid Castañón, ante la imposibilidad de formar parte del gobierno de Moreno Valle en Puebla por la investigación de la PGR en su contra, se maneja en el anonimato como el asesor financiero del gobernador poblano, proponiendo negocios turbios a cuanto empresario y funcionario se preste.
Que es de todos conocido que Eukid Castañón es protegido de Moreno Valle y de Elba Esther Gordillo, con quienes ha trabajado en proyectos políticos desde hace dos administraciones.
Que el gobierno de Felipe Calderón, si es que en algo se preocupa por el futuro del país, deben terminar de una vez con los favoritismo y la protección para delincuentes de cuello blanco que se escudan en el amparo de partidos políticos para seguir cometiendo fechorías en completa impunidad.
Que se debe poner freno a los ilícitos de Eukid Castañón, ya que después de convertirse en el cerebro financiero de una campaña bajo sospecha del panista Moreno Valle, se alista a incursionar en la administración de Oaxaca, al amparo de Elba Esther Gordillo y del propio presidente Felipe Calderón.
Por lo anterior, presento los siguientes
Puntos de Acuerdo
Uno. Se exhorta al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a esclarecer el desfalco cometido por Eukid Castañón en contra de las arcas municipales mediante el contrato de 2.4 millones de pesos por una reestructura administrativa que nunca se cumplió.
Dos. Se solicita a la PGR que concluya la investigación contra Eukid Castañón por lavado de dinero, iniciada el año pasado y de la cual no hay resultados.
Tres. Se solicita al SAT audite a la empresa Solución Total, de Eukid Castañón, que factura más de 100 millones de pesos al año sin que su trabajo justifique tal elevados ingresos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a ampliar las actividades de detección oportuna del Alzheimer y su respectivo tratamiento, e iniciar la construcción de residencias con instalaciones adecuadas y personal capacitado para atender adultos mayores y familiares afectados por ese mal, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracción XVIII; 6 fracción I, 62 numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados la que suscribe, diputada Diana Patricia González Soto, en nombre de los diputados federales de la coordinación de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización de las Naciones Unidas considera anciana a toda persona mayor de 65 años en los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo, es decir, en nuestro país es considerada anciana una persona a partir de 60 los años de edad. Este criterio se refleja en el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su numeral I, que establece:
...
...se entenderá por personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
...
Los censos más recientes de México indican que la población de edad adulta se encuentra en franco crecimiento, por lo que muy pronto la pirámide poblacional se invertirá como ya sucede en los países europeos; en nuestro país cada vez habrá menos jóvenes y más ancianos.
Asimismo, el Consejo Nacional de Población estima que la esperanza de vida ha aumentado alrededor de 15 años en las últimas cuatro décadas, ubicándose en los 75.4 años en el 2010 y se estima que para el 2050, se podría alcanzar hasta los 82 años.
Actualmente, el segmento de personas con 60 años y más, alcanza los 9.4 millones de habitantes, es decir, el 8.7 por ciento del total de la población mexicana. Se espera que alrededor del año 2020, la población de adultos mayores haya llegado a su máxima tasa de crecimiento (4.2 por ciento), con 14 millones de individuos, lo cual representaría el 12.1 por ciento de la población.
En la actualidad la población adulta de nuestro país enfrenta grandes problemas y retos que a la fecha las autoridades no han podido atender a cabalidad, por lo que la situación generalizada de este vulnerable sector es de discriminación, abandono, pobreza y enfermedades; y de acuerdo con cifras oficiales, el 82 por ciento de ellos se encuentran padeciendo tal situación, lo que obviamente se traduce en posibilidades mínimas de vivir su vejez con dignidad.
Este creciente sector enfrenta una alta incidencia de padecimientos crónico-degenerativos. Muchos de ellos requieren cuidados especiales por su condición de discapacidad, enfermedad, pobreza o abandono y el principal problema que presentan las enfermedades que los aquejan son los altos costos que generan y el requerimiento de una atención especializada.
Desafortunadamente, México no cuenta con una real política de estado para enfrentar el envejecimiento de su población, evidencia de esto es la creciente demanda de servicios públicos de salud. En conjunto, los recursos de las instituciones rectoras de la ancianidad no alcanzan el uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Una de las enfermedades que más afecta a la población de más de 65 años es el Alzheimer que se ha convertido en un grave problema de salud pública que en México ya que afecta al 35 por ciento de dicho sector y aún cuando no hay estadísticas confiables al respecto, la Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 610 mil casos, y sólo 11 por ciento de éstos reciben atención. Dados los datos anteriores de población, se espera que el Alzheimer continúe teniendo cada vez mayor prevalencia.
El Alzheimer, también denominado mal de Alzheimer, o demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente Alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Las afectaciones de esta enfermedad no sólo se dan en la salud física del paciente sino de manera muy drástica en la salud financiera de él y su familia, que de acuerdo con estimaciones el gasto mensual para la atención de un paciente con esta enfermedad oscila entre los 12 mil pesos.
Adicionalmente, se genera también una afectación en la salud de los familiares, quienes en muchos de los casos, aparte de no contar con los recursos financieros, no cuentan con la capacitación necesaria para brindar los cuidados necesarios.
En este sentido se requiere de una política de estado que se comprometa a la generación de los instrumentos y recursos necesarios para la atención plena de este creciente sector de nuestra población, como son programas de detección oportuna y su respectivo tratamiento.
Por lo expuesto, y con el fin de contribuir a la generación de una política acorde a las necesidades del creciente sector de adultos mayores acudimos a esta Soberanía para someter a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta el titular de de la Secretaría de Salud dependiente del gobierno federal para que de manera urgente amplíe las actividades de detección oportuna de la enfermedad denominada Alzheimer y su respectivo tratamiento, así como los recursos financieros para tal objetivo.
Segundo. Se exhorta el titular de de la Secretaría de Salud para que inicie la construcción de residencias con instalaciones adecuadas y personal capacitado para la atención de adultos mayores y familiares afectados por Alzheimer.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de febrero del año 2011.
Diputada Diana Patricia González Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales a fortalecer medidas preventivas y de coordinación en áreas naturales, bosques y suelos forestales para evitar la tala clandestina y disminuir los efectos devastadores del ambiente y de la sociedad, a cargo del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Óscar Saúl Castillo Andrade integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El medio ambiente es un tema relevante, preocupante y de atención a nivel mundial derivado del deterioro acelerado del mismo, provocado por los altos niveles de contaminación, destrucción de la flora y desaparición de la fauna; así como del cambio desmedido y sin control de suelos destinados a áreas y recursos forestales. Sin olvidar que la actividad económica (inmobiliaria, turística, industrial, agrícola, etcétera), en los últimos años ha implicado una problemática de creciente afectación y destrucción de áreas naturales, incluidas las de humedales, manglares, lagunas, esteros, pantanos, arrecifes y zonas boscosas, que requieren protección por ser ecosistemas de gran fragilidad.
En otras palabras, la importancia del medio ambiente se deriva de la valiosa función en el desarrollo del ser humano. Es clara la necesidad de fortalecer las medidas, acciones, programas y decisiones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para la protección de tan valioso bien jurídico con la finalidad de evitar el aprovechamiento, explotación o alteración desmedido, con base en una política de desarrollo sustentable que prevea el uso, aprovechamiento y explotación controlado, además de la renovación de los mismos (la cual es limitada).
Ahora bien, sobre el caso particular de la deforestación las causas actuales tienen que ver con la explotación forestal, la apertura de campos de cultivo y potreros, el desarrollo de infraestructura urbana y de comunicaciones, como la construcción de carreteras, de presas, caminos, explotación petrolera, viviendas, y desde luego los fenómenos naturales entre los cuales destacan los incendios, las inundaciones, los deslizamiento de tierra y los huracanes, entre otros.
Es evidente el problema que presenta nuestro país con la desaparición de zonas forestales y servicios ambientales relacionados. En 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proporcionó un dato, preocupante, sobre la perdida de cerca del 37 por ciento de la cubierta forestal nacional. 1
Lo anterior, si tomamos en cuenta que la deforestación es la remoción de la vegetación arbolada de un sitio, como las selvas o los bosques, para su transformación a terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos.
Actualmente, nuestro país cuenta con una superficie aproximada de 200 millones de hectáreas, de ellas 128 millones corresponde a la superficie forestal, siendo 65 millones de hectáreas de bosques y selvas (32.5 por ciento). La superficie con potencial de producción maderable es de 17.8 millones de hectáreas, con 30 mil autorizaciones, aproximadamente, que representan un volumen anual de corta de 4 millones de metros cúbicos de madera. 2
Ante tal problemática, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos por parte de las autoridades federales para afrontar la deforestación. Al respecto, de acuerdo con los resultados del informe de Avances en la Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo en América Latina y el Caribe, de la Organización de Naciones Unidas, México logró disminuir la tasa anual de deforestación, ya que pasó de 348 mil a 260 mil hectáreas en 15 años. 3
Sumado a lo anterior, dentro de los principales compromisos del gobierno federal se encuentra la protección del medio ambiente, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a través de la incorporación de la variable ambiental en todas las políticas públicas. En este sentido, se ha implementado la política referente a la “cero tolerancia” contra los que talen los bosques.
Aunado a lo anterior, debemos recordar que la materia forestal es concurrente, es decir, la competencia corresponde a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, conforme dispone el artículo 73, fracción XXIX, inciso G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, a pesar de los resultados favorables en la materia, no es posible claudicar en consolidar una política con visión a futuro para la preservación y explotación sustentable del medio ambiente y sus recursos, que permita concientizar a la sociedad de los efectos negativos a la vida cotidiana, del ser humano, que provocan los daños causados al medio ambiente.
Por tanto, reconociendo la necesidad de generar mecanismos para proteger nuestro medio ambiente y dado la trascendencia que tiene para la sociedad en nuestro país, se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a implementar las acciones tendentes a fortalecer las medidas preventivas para evitar la tala clandestina, así como los efectos devastadores al medio ambiente y a la sociedad en áreas naturales, bosques y suelos forestales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, para que haya una coordinación intergubernamental a fin de reforzar y consolidar las acciones y programas de las autoridades en las diversas áreas naturales, bosques y suelos forestales, a efecto de erradicar prácticas de actos ilícitos relacionados con la tala clandestina.
Notas
1 ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo, http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/yelmedioamb iente_completo_v08.pdf. fecha de consulta 20-enero-2011.
2 Información obtenida de la página oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/255/1/mx/universo_de_atencion_ en_materia_forestal.html, consultado el 09-febrero-2011.
3 Información obtenida de la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_content&am p;view=article&id=898:onu-reconoce-logros-contra-deforestacion- en-mexico&catid=51:prensa-nacional&Itemid=115, consultado el 09-febrero-2011.
México, Distrito Federal. Cámara de Diputados, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Cofetel y de la Profeco que realicen acciones para que el proveedor de telefonía digital Telcel atienda el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar el servicio sobre las bases y la calidad contratadas por los usuarios, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Indira Vizcaíno Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, proposición con punto de acuerdo solicitando a los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor, realicen las acciones necesarias para que el proveedor de telefonía digital Telcel atienda el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios. Lo anterior con base a las siguientes
Consideraciones
Le telefonía digital móvil ha crecido en todo el mundo de manera considerable. Hoy por hoy, el sector telecomunicaciones es considerado uno de los puntos clave para el desarrollo económico de los países más avanzados.
Si bien es cierto, esta época está marcada como la era del conocimiento y de la información; dado que continuamente recurrimos a la utilización de tecnologías de comunicación, las cuales se han convertido en herramientas de uso cotidiano. Cabe mencionar incluso, que la telefonía móvil ha superado de manera considerable los niveles obtenidos por la telefonía fija.
No obstante el reflejo del comportamiento de la economía nacional y la recesión económica mundial, que han afectado el dinamismo del sector telecomunicaciones, tenemos un crecimiento del 13.4 por ciento anual en este sector, según datos proporcionados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), del 1 de diciembre de 2009. Lo anterior representa un leve repunte de acuerdo al cierre del segundo trimestre de ese mismo año.
En el esquema de la globalización, sabedores que las telecomunicaciones han jugado un papel importante en el desarrollo económico y cultural de las sociedades, la simple idea de que cualquier persona pueda tener acceso a estar comunicado, es actualmente una necesidad, que resulta de una progresiva democratización y derecho del que todo ser humano tiene que apropiarse.
El crecimiento de los servicios de telefonía móvil es el resultado de la necesidad de sistemas de telefonía celular; a pesar de que los sistemas digitales funcionan bien, la demanda excede la capacidad en muchas regiones; más aún, algunos podrán decir, que los sistemas celulares GSM son más eficientes que los digitales, debido a que incluyen múltiples transmisiones simultáneas sobre un canal de radio simple. Este tipo de tecnología celular incluye también la digitalización de la señal de voz y la transmisión sobre el aire de una cadena de bits seriales; por ende los sistemas con tecnologías GSM ofrecen mayor flexibilidad para servicios adicionales, como despertador, cámara fotográfica, música, etcétera, que si bien es cierto, es lo que menos interesa a los usuarios de estas comunidades, debido a que lo que requieren esencialmente es estar comunicados.
Un ejemplo de ello lo tenemos en distintas comunidades del estado de Colima, como son “La Becerrera”, “Estampilla”, “Agua de la Virgen”, “Las Tunas”, “Potrerillos”, “Las Conchas”, entre otras, el medio de comunicación más importante, si no es que el único, es el uso del teléfono digital, cuya cobertura y recepción les ha brindado importante soporte para estar comunicados. Cabe señalar que dada la condición económica precaria de estas regiones, para contratar y pagar este servicio telefónico, han tenido incluso que cooperarse entre varios vecinos.
Como es lógico, estos teléfonos digitales a lo largo del tiempo, han requerido composturas e incluso mantenimiento para brindar un servicio óptimo; actualmente el área de atención a clientes de Telcel les ha manifestado su negativa a otorgarles los servicios adicionales que las líneas y aparatos requieren, proponiendo a los clientes que acuden a ellos, que en lugar de una compostura o mantenimiento, opten por comprar otro sistema, planteándoles cambiar su aparato telefónico y acto seguido, el cambio a un sistema de “chip”; argumentando que la red digital en poco tiempo será obsoleta y quedará fuera de servicio.
Como es evidente, para el consumidor esto implica un nuevo desembolso, el cual no tenía contemplado, cubriendo la totalidad de un nuevo contrato telefónico, lo que repercute de manera directa contra los usuarios de escasos recursos económicos, como es el caso de las comunidades rurales de nuestro país, que están siendo directamente afectadas al no otorgarles el servicio al que Telcel se comprometió, dejándolos incomunicados. Obviamente la afectación para el consumidor es enorme, dado que estos teléfonos con “chip”, no tienen señal alguna y su cobertura es nula en estas como en otras comunidades rurales del país.
Indudablemente, este problema no sólo se manifiesta en el estado de Colima, sino que ya ha permeado a nivel nacional, específicamente en zonas rurales, afectando a un gran número de consumidores, por lo cual es necesario que al poner atención en ello, se logre que Telcel otorgue el servicio sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios, que permitan restablecer las condiciones de equidad entre los consumidores y la empresa prestadora de este servicio.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor realicen las acciones necesarias para que el proveedor de telefonía digital Telcel, atienda y solucione el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios de telefonía digital.
Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 201.
Diputados: Indira Vizcaíno Silva, José Torres Robledo, Ramón Jiménez Fuentes, Avelino Méndez Rangel, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Dina Herrera Soto, Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortés, Florentina Rosario Morales, Samuel Herrera Chávez, Rigoberto Salgado Vázquez, Víctor Manuel Castro Cosío, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Víctor Flores Morales, Miguel Álvarez Santamaría, Alfredo Villegas Arreola, Manuel Cota Jiménez, Jesús María Rodríguez Hernández, Enoé Uranga Muñoz, Federico Ovalle Vaquera, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Ramón Jiménez López, Mario di Costanzo Armenta, Janet Graciela González Tostado, Sofío Ramírez Hernández, Onésimo Mariscales Delgadillo, Óscar Aguilar González, Francisco Ramos Montaño, Gerardo Fernández Noroña, Mirna Camacho Pedrero, Francisco Vega de Lamadrid, Leonardo Arturo Guillén Medina, José Antonio Arámbula López, Josefina Rodarte Ayala, Ifigenia Martínez Hernández (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a incluir de manera obligatoria en sus normas, referencias técnicas y manuales especificaciones para la colocación de bandas de alerta en las autopistas de cuota de la red nacional, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III; y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir de manera obligatoria en las normas, referencias técnicas y manuales que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en las autopistas de cuota de la red nacional carretera, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Durante las últimas décadas, el acelerado desarrollo del sistema vial de nuestro país y el uso creciente del autotransporte se ha traducido en un constante incremento de los viajes por carretera, al grado que los usuarios de caminos han venido a depender cada día más de la existencia de dispositivos de control de tránsito para su protección e información.
El autotransporte terrestre constituye en México, un agente multiplicador para el desarrollo y crecimiento del país, ya que transporta el 58 por ciento de la carga que se mueve por nuestro territorio (451 mil toneladas) y al 97 por ciento de los pasajeros (3 mil millones de viajes) al año.
Las vías de comunicación son el enlace más importante para cualquier movimiento comercial del mundo y en ese sentido, la red nacional carretera suma en la actualidad 366 mil 341 kilómetros de extensión a lo largo y ancho del territorio nacional, de los cuales 8 mil 156 son caminos federales de cuota y 40 mil 716 son tramos libres federales. Asimismo, por las autopistas de cuota se desplazan en promedio, 1 millón 28 mil vehículos diarios, entre automóviles, autobuses y camiones.
Sin embargo, junto al desarrollo de la infraestructura carretera sobreviene un problema de salud pública relacionado a los accidentes viales, tanto por su contribución a la carga en mortalidad como en discapacidad; lo anterior ya que anualmente mueren 24 mil personas por esta cusa y más de 40 mil padece alguna discapacidad consecutiva a lesiones producto de dichos eventos, por lo que México ocupa el tercer lugar en el mundo en accidentes viales, generando con esto un gasto anual para el Sector Salud por 126 mil millones de pesos.
Por otra parte, se calcula que 70 por ciento de los accidentes que suceden en la red carretera federal son provocados por “el factor humano”, es decir, el exceso de velocidad, el cansancio y la distracción del automovilista, cuando expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos pueden ser atenuados; ejemplo de ello es, el efecto perjudicial percibido en los conductores a consecuencia del cansancio e indebido esfuerzo por mantenerse frente al volante por más de seis horas continuas.
De lo anterior, se observa que más de 60 por ciento de los siniestros ocurre cuando el vehículo sale del camino, por lo que en algunas carreteras se ha iniciado la implementación de un dispositivo de seguridad conocido como Bandas de Alerta, que provocan una vibración del vehículo para informar que éste sale de circulación y va en camino al acotamiento.
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:
“Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXIII. ...
XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;
XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;
XXVI. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes; y
XXVII. Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.”
A mayor abundamiento, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica:
“Artículo 20. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Carretero:
I. Coadyuvar en la definición de la política y los programas de infraestructura para el transporte en el marco de su competencia;
II. a VII. ...
VIII. Elaborar planes maestros para el ordenamiento del desarrollo de autopistas existentes, incluyendo mejoras físicas, operativas, de seguridad y de gestión del tránsito;
IX. a XIV. ...
XV. Coordinar, conjuntamente con los Centros SCT y las direcciones generales de Carreteras, de Conservación de Carreteras, de Servicios Técnicos, y de Evaluación, las acciones para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción y de conservación en los caminos y puentes concesionados, de acuerdo con los manuales establecidos;
XVI. a XXI. ...”
Por lo expuesto y con el fin de incrementar la seguridad en la red nacional de carreteras, así como atenuar los efectos adversos a que se ha hecho referencia, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de sus atribuciones legales, a incluir de manera obligatoria en las normas, referencias técnicas y manuales, que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en todas las autopistas de cuota que operan actualmente, así como en los proyectos que se promuevan en lo futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales correspondientes a coordinarse con la Secretaría de Salud para desarrollar e implantar acciones en favor de la detección oportuna del cáncer de mama, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del PAN, y suscrita por los diputados Rodrigo Reina Liceaga y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD, respectivamente
Los suscritos, diputados federales Silvia Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79o., numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de desarrollar e implantar diversas acciones a favor de la detección oportuna del cáncer de mama:
Consideraciones
En México actualmente mueren en promedio 12 mujeres al día por causa del cáncer de mama 1 y, desafortunadamente, es una tendencia que va a la alza. Datos de la Secretaría de Salud muestran que en 2008 la tasa de mortalidad por causa del cáncer de mama es de 16.7 defunciones por cada 100 mil mujeres.
Para lograr revertir las tendencias de mortalidad por causa de este padecimiento es muy importante la detección temprana, por lo que es necesario impulsar tres tipos de intervención específica, como ya se hace en otros países, los cuales van dirigidos a la población femenina, de acuerdo con su grupo de edad y vulnerabilidad: autoexploración, examen clínico (exploración clínica mamaria) y mastografía.
Un estudio de la Secretaría de Salud revela que hasta dos terceras partes de las muertes por cáncer se pudieron evitar con la detección temprana y con la aplicación de tratamientos médicos que existen para aliviarla. Por lo anterior se concluye que el cáncer de mama es una enfermedad altamente sensible a mejoras tanto en el acceso a la información, como en las intervenciones relacionadas con detección temprana y tratamiento. 2
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha realizado estudios que demuestran que la tendencia en la mortalidad por cáncer de mama disminuye hasta en 35 por ciento en mujeres que se practicaron la mastografía de manera regular. 3
La detección oportuna del cáncer de mama es una de las metas de los servicios de salud, ya que además de tener más posibilidades de éxito en el tratamiento, los costos son mucho más bajos, y ofrece una mayor posibilidad de curación y sobrevida. Para ilustrar esto se puede revisar la justificación que la Secretaría de Salud presenta para la defensa de la PROY-NOM-041-SSA2-2009:
“Cuantificación: En relación con la etapa al diagnóstico el porcentaje de casos diagnósticados en etapa tardía (III, IV y no etapificable) que ahora es de 71 por ciento se podrá reducir en cinco años a 34 por ciento y en 10 años a 20 por ciento en las mujeres de 50 a 69 años. La disminución de la mortalidad con un programa organizado y control de calidad puede ser del 4 por ciento anual, 5 años después de su implantación, con lo cual se pueden evitar más de 800 defunciones anuales a partir de 2015. Finalmente tanto en publicaciones nacionales como internacionales se ha documentado que los programas de detección de cáncer de mama son costo efectivos y costo benéficos, ya que es mucho menos costosa la detección del cáncer en etapas tempranas que en etapas tardías. En el Seguro Popular los casos en etapa 0 tienen un costo de $27,586; en etapa I a II-a de $154,704; de la etapa II-b a III, $210,090; y en etapa IV, $220,788. Esto significa que el diagnóstico de un caso en etapa temprana I ahorra 66,084 pesos en relación con uno en etapa IV. Estas mismas cifras traspoladas al total de casos diagnosticados en el nivel nacional y al impacto en la disminución de la etapas según el grupo de edad, equivalen a más de 530 millones de pesos anuales, si a esta suma se resta el costo operativo del programa (252 millones) se tiene un ahorro de 284 millones de pesos.” 4
La detección tardía no sólo representa un incremento en los costos económicos, sino también el costo social que implica que una mujer se enferme y eventualmente muera, dejando acéfala una familia. El costo es aún mayor cuando se toma en consideración que cada vez más mujeres son jefes de familia y la única fuente de ingreso familiar.
Por eso es tan importante lograr ampliar la cobertura de los servicios de exploración clínica y tamizaje que señala la Ley. No obstante, actualmente, el 90 por ciento de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, no fueron detectadas mediante mastografías; fueron ellas mismas las que se detectaron un abultamiento en el seno, 5 lo que implica que en la mayoría de estos casos el tumor ya era de un tamaño considerable y por tanto el cáncer ya estaba en etapas avanzadas.
En nuestro país, la mayoría de las mastografías que se toman son de diagnóstico (ya hay una sospecha de cáncer) y no de tamizaje (detección temprana), por esa razón tan sólo de 5 a 10 por ciento de los casos de cáncer de mama, es detectado en etapa temprana. 6
Evidentemente, para lograr la cobertura de las 14,485,297 mujeres de entre 40 a 69 años de edad que hay en la toda la República 7 se requeriría una infraestructura hospitalaria de gran magnitud con la que actualmente no se cuenta.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) recomienda que haya 19.9 mastógrafos por cada millón de habitantes; sin embargo México cuenta con 4.5 mastógrafos por millón de habitantes, 8 lo cual no sólo nos dice que los mastógrafos en el país son insuficientes.
Adicionalmente, los mastógrafos existentes en el país, están siendo subutilizados como se muestra en el siguiente cuadro:
Fuente: Datos enviados por las mismas dependencias a través de solicitudes de Acceso a la Información entre marzo y mayo de 2010.
* Información proporcionada por Cenetec-Salud. Actualización información mastógrafos por los servicios estatales de salud. 28/10/08.
Del cuadro anterior se desprende que de los 472 mastógrafos que existen en las instituciones señaladas, sólo funcionan 413 y sólo la quinta parte de éstos trabajan a su máxima capacidad, es decir en dos turnos.
Actualmente se cuenta con 538 mastógrafos en toda la república; el cuadro anterior sólo refleja los mastógrafos existentes en el IMSS, ISSSTE y Ssa, pero hay otros en hospitales de Pemex, Sedena, el DIF y en clínicas del Distrito Federal, que sumados a los anteriores podrían cubrir a la población que por Ley tiene derecho a los programas de tamizaje, pero desgraciadamente, la mayoría de estos equipos están subutilizados tomando en promedio 4 mastografías por día.
Si consideramos como funcionamiento óptimo que un mastógrafo tome placas a 24 mujeres por día, y que en un año hay de 210 a 220 días hábiles, podríamos pensar en 5 mil mastografías por año por cada mastógrafo (para tamizaje), siempre y cuando éste trabaje en dos turnos.
Si se lograra ese ritmo de tamizaje, se estarían realizando más de dos millones de mastografías al año, lo que representa 10 veces más de lo que actualmente se está llevando a cabo. Este notable avance no solamente impactaría directamente en la reducción de la tasa de mortalidad, sino también en la reducción de los altos costos que le representa al estado la atención del cáncer de mama en etapas avanzadas.
Si bien es cierto que la ampliación de horarios de servicios, requeriría de los recursos humanos necesarios, en el mediano plazo representaría un ahorro, y un gran avance en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de lucha contra el cáncer de mama.
Actualmente es muy difícil lograr la cobertura todas las mujeres que por Ley tienen derecho a incluirse en el programa de tamizaje, por los retos logísticos y económicos que implicaría, sin embargo, podría realizarse un esfuerzo en la ampliación de horarios de servicio, para lograr que más mujeres hagan patente ese derecho.
Invertir en prevención conlleva resultados favorables y es una gran inversión, prueba de esto, es el caso del cáncer cérvico uterino, cuya tasa de mortalidad desde 1990 ha descendido constantemente, y esto se debe al éxito de las campañas de realización periódica de Papanicolaou, que implica a una detección oportuna y por lo tanto a una intervención clínica más exitosa.
De hecho, una de las metas del Programa de Acción del Cáncer de mama 2007-2012 es “incrementar al triple la cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en las mujeres de 50 a 69 años de edad”. Sin embargo, con la subutilización de mastógrafos sería imposible cubrir la meta a alcanzar en 2009 que fue de 441,421 mastografías.
En conclusión, se puede decir que en la mayoría de los lugares públicos donde se realizan mastografías la atención es sólo en el horario matutino y básicamente para mastografías de diagnóstico (es decir a mujeres que ya tienen sospecha de cáncer) y no para mastografías de tamizaje. Esto representa un obstáculo para detección oportuna, ya que las mujeres (especialmente las que trabajan) prefieren postergar su propia atención con tal de atender otras prioridades como su familia o trabajo.
Esto es relevante porque la supervivencia de cáncer mamario es inversamente proporcional al estadio del tumor (mientras más avanzado, menor supervivencia). Las mujeres con tumores in situ tienen una supervivencia mayor al 95 por ciento durante los próximos 5 años, mientras que las mujeres en estadios IIIB, IIIC y IV sólo tienen una supervivencia mayor de 5 años sólo en 27 por ciento de los casos. 9
Dadas las anteriores consideraciones y en virtud de que es fundamental lograr la diminución de los índices de mortalidad del cáncer de mama en México y las metas a las que el país se ha comprometido con diversos organismos internacionales, los suscritos diputados ponemos a la consideración de este honorable Pleno los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes de los gobiernos de las entidades federativas a que se coordinen con la Secretaría de Salud del gobierno federal a fin de desarrollar e implementar diversas acciones a favor de la detección oportuna del cáncer de mama como programas de salud específicos para la detección oportuna de cáncer de mama; programas de capacitación continua para el personal médico y auxiliar de las instituciones de salud pública para la realización adecuada de exploraciones mamarias; programas para capacitar a las pacientes para la autoexploración mamaria; una política de ampliación de horarios y utilización efectiva del equipo para realización de mastografías; y la subrogación de los servicios de detección de cáncer de mama cuando la demanda por estos servicios lo amerite.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes de los gobiernos de las Entidades Federativas a que: asignen recursos suficientes para la creación y/o regularización de plazas del personal calificado para la realización de mastografías y su correcta interpretación en las instituciones de salud a su cargo; y garanticen el abasto suficiente de insumos y materia prima en las instituciones de salud para la realización de los servicios de detección de cáncer de mama, con eficiencia y oportunidad.
Notas
1 Bases de Datos OMS/INEGI/SSA 1955-2007
2 Knaul FM, Arreola Ornela H, Velázquez E, et al., El costo de la atención médica del cáncer mamario: el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social: en Salud Pública en México Vol. 51. Supl. 2 2009.
3 International Agency for Research on Cancer. Breast Cancer Screening. IARC. Handbooks of Cancer prevention, Vol. 7 Lyon: IARC Press, 2002
4 Secretaría de Salud: extracto de la justificación a favor de la PROY –NOM-041- SSA2-2009 ver: http://www.cofemermir.gob.mx/inc_lectura_regioncontentall_text.asp?subm itid=18716
5 López Carrillo Liz, Suárez López Leticia, Torres Sánchez Luisa, Detección del cáncer de mama en México: síntesis de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva. En Salud Pública en México. Volumen 51, suplemento 2. 2009.
6 Secretaría de Salud, Programa de Acción: Cáncer de Mama, 2002
7 Proyecciones de la Población de México, 2005-2050.
8 Health at a Glance 2007: OECD Indicators. Health Care Resources and Utilisation. 4-7. Medical technologies (http://bit.ly/ioQzL )
9 American Cancer Society, 2008 "Breast Cancer Facts and Figures 2007-2008" American Cancer Society, Inc., Atlanta. En: www.cancer.org/downloads/STT/BCFF-Final.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputados: Silvia Esther Pérez Ceballos, Rodrigo Reina Liceaga, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revertir en favor del dominio público los tramos de vía ferroviaria en desuso y abandonada por Ferrosur entre Calpulalpan y Tláloc, Tlaxcala, a fin de donarlos a esas comunidades para obras de beneficio social, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III; y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revierta a favor del dominio público los tramos de vía ferroviaria en desuso y abandonada, comprendidos entre Calpulalpan y Tláloc, Tlaxcala, con la finalidad de que sean donados a esas comunidades para obras de beneficio social, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Desde su origen, el ferrocarril ha sido un importante medio de transporte para el movimiento de mercancías y personas, contribuyendo a los procesos de expansión de una infraestructura industrial, a impulsar el desarrollo regional y crear enlaces de comunicación.
En muchos países el ferrocarril es un organismo estratégico en la actividad económica y no está considerado como una actividad o función administrada del gobierno, pese a los altos costos de modernización y ampliación. Sin embargo, en otras naciones donde la falta de visión y la escasez de recursos financieros para hacer frente a las necesidades de cambio y reparación de la infraestructura para operar, éste medio de transporte está destinado a la baja competitividad y obsolescencia.
En el caso de México, se ha desarrollado un programa de cambio estructural en su ferrocarril con la finalidad de hacerlo más competitivo.
El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, a partir del cual, la citada empresa inició su proceso de liquidación y el gobierno federal se responsabilizaría solidariamente de las obligaciones contraídas por la misma.
Posteriormente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo el proceso de licitación para operar las vías cortas Oaxaca y Sur, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros, el cual resultó a favor de la empresa Ferrosur S.A. de C.V.
El título de concesión otorgado a Ferrosur con una vigencia de treinta años, incluyó la ruta que conecta a los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca con el Distrito Federal y se estableció entre otras cosas, que el inicio de operaciones para la transportación de carga y pasajeros se presentaría a más tardar 180 días después de la entrada en vigor del título de concesión, y el servicio deberá prestarse de manera permanente y uniforme.
Sin embargo, a la fecha, el concesionario opera parcialmente la ruta, prestando únicamente el servicio de transporte de carga y en algunas partes de ésta, no se brinda servicio alguno, dejando en abandono y en completa incertidumbre jurídica los activos ferroviarios en varios ramales de la concesión. Este es el caso de los tramos que cruzan por las localidades de Calpulalpan, Mazapa, Tepuente, Nanacamilpa, Contadero, Vicente Guerrero, Lagunitas y Tláloc, en el estado de Tlaxcala, y de ahí a San Martín Texmelucan en Puebla.
Cabe aclarar también que el título de concesión le permite al permisionario modificar las vías cortas con el fin de modernizar, mejorar el trazo, la eficiencia y la calidad y aumentar la competitividad del servicio ferroviario. No obstante, como ya se señaló, al quedar sin servicio, y en consecuencia sin vigilancia alguna por parte de las autoridades competentes, los tramos descritos han sido objeto constante de mutilaciones y la desaparición de rieles y sus aditamentos, afectando el interés de las comunidades donde se encuentran estos tramos y del Estado mexicano, por tratarse de bienes del dominio público.
Por lo tanto, resulta preocupante que sólo algunas personas se beneficien con la comercialización de las vías en desuso, aún cuando el decreto del 4 de junio de 2001 establece la reversión al gobierno federal de esos activos ociosos.
En ese sentido, se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga efectiva la reversión a la nación de los tramos de vía que no han sido utilizados por Ferrosur en el estado de Tlaxcala, en términos del título de concesión a favor de la mencionada empresa y en apego al decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, para que las localidades en el tramo comprendido entre Calpulalpan y Tláloc se puedan beneficiar en su conjunto con los ingresos provenientes de la comercialización de los restos ferroviarios, a través de la construcción de un camino rural sobre el trazo de la antigua vía.
Por lo expuesto y con el fin de impulsar una mejor conectividad entre las comunidades de los estados de Tlaxcala y Puebla, que permita la reducción de tiempo y costos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revierta a favor del dominio público los tramos de vía ferroviaria en desuso y abandonada por la empresa concesionaria Ferrosur, comprendidos entre Calpulalpan y Tláloc, Tlaxcala, con la finalidad de que sean donados a esas comunidades para obras de beneficio social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno de Baja California a concluir la construcción del aeropuerto civil en Ensenada, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Que la ciudad de Ensenada, Baja California, se encuentra localizada a más de 90 kilómetros de distancia del aeropuerto más cercano, siendo este, el internacional de Tijuana, Baja California; traducido en tiempo de viaje, esta terminal aérea se encuentra a casi 2 horas de distancia, que se tienen que recorrer en carretera, o bien, con traslados en transportes privados que duran más del tiempo en mención en hacer el recorrido.
2. Que Ensenada es uno de los puntos con mayor afluencia turística dentro del Estado de Baja California y el de mayor en infraestructura portuaria y uno de los más importantes en todo el país; sin embargo, a la fecha no cuenta con aeropuerto civil alguno.
Ensenada cuenta con un pequeño aeropuerto militar, denominado El Ciprés, mismo que sirve de base para el Escuadrón Aéreo 106 y que mide de largo 1,491 metros y ocasionalmente llega a funcionar como aeropuerto civil, alterno al de la ciudad de Tijuana, mismo que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea; sin embargo, este pequeño aeropuerto, se encuentra inmerso de la ciudad y no es posible tener una ampliación del mismo, ya que no existe espacio alguno para ello.
3. Es un hecho, que la ciudad de Ensenada tiene una necesidad imperante de contar con un aeropuerto civil y de carga que provea de los servicios básicos para la población del norte del estado de Baja California y para el sur de Ensenada.
El principal incentivo, que motiva la realización de este aeropuerto, son las derramas económicas que el turismo y el desarrollo regional, nos pueden ofrecer. Quienes estamos interesados en la región, sabemos, que este proyecto será el detonante para algunos otros proyectos que se han empezado a desarrollar y que a la fecha por falta de infraestructura no se han concluidos.
Sólo por mencionar uno, el desarrollo de punta Colonet, aún a la fecha no se ha concretado y concluido, siendo uno de los proyectos más grandes a desarrollar en la región y en dónde existen diversas inversiones, entre las que se encuentran la del sector privado, el gobierno del estado y el gobierno federal, sin embargo, se han dejado inconclusos o en el abandono, debido a que la región aún no presenta una infraestructura adecuada que ayude al desarrollo de dichos proyectos.
4. Que en el año 2007 el presidente de la república, Felipe Calderón, dio a conocer que dentro su administración se construirían tres nuevos aeropuertos, uno en Puerto Peñasco, otro en la Riviera Maya, y el tercero en la Meseta del Tigre, ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Lo anterior, fue dado a conocer, durante el informe del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el monto total para la inversión de estos nuevos aeropuertos, se fijó en 35 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil millones provendrían de la iniciativa privada, para el caso específico del aeropuerto de Ensenada, se hacía mención a la empresa privada denominada “opción integradora, Baja California”.
El aquel entonces, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dio a conocer que existen estudios técnicos, sobre visibilidad, dimensiones y el lugar óptimo en dónde se puede construir el nuevo aeropuerto civil y comercial del municipio de Ensenada, el cual se hizo la recomendación por la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ser ubicado en el kilómetro 80 de la carretera libre Tijuana-Ensenada, ya que se encuentra a 270 metros sobre el nivel del mar, mismos que se consideran adecuados para la visibilidad y la operación de pistas para aviones comerciales.
Sabemos que se realizaron cerca de 20 estudios relacionados con el impacto ambiental, por lo que solicitaron el apoyo de la Universidad Autónoma de México, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y del m de El Ciprés.
5. Existen ventajas significativas por la construcción de este nuevo aeropuerto, ya que se beneficiará al turismo norteamericano, quienes han disminuido las visitas y el turismo en esta región, debido a los problemas en el tiempo de espera de los cruces fronterizos y se abrirían nuevas rutas del sur de Estados Unidos de América, para todo el país y rutas internacionales, beneficiando a la población de cuando menos 3 ayuntamientos; Ensenada, Rosarito y Tijuana, solamente dentro del estado.
De igual forma, el turismo enológico que se empieza a desarrollar en la región se verá favorecido por la facilidad del traslado de diversas partes del mundo, quienes integramos la Comisión Especial, para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, sabemos la importancia que tiene la construcción y pronta terminación del aeropuerto en la ciudad de Ensenada, ya que estaríamos abriéndole espacios internacionales a nuestro vino mexicano y regional, el cual se encuentra en su gran mayoría en el estado de Baja California y principalmente en el área de Ensenada y los valles aledaños.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, en lo relativo a la construcción del aeropuerto de Ensenada en el estado de Baja California.
Segundo. Se exhorta al titular del gobierno del estado a implementar la coordinación necesaria con el municipio de Ensenada y la inversión privada, con la finalidad que se agilice la construcción del aeropuerto en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Señor presidente: solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y que sea turnada a la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, para su opinión.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE y a la SHCP que otorguen a las escuelas de educación básica y media superior un subsidio especial en electricidad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracción XVIII; 6 fracción I, 62 numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado por el estado de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presento a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se otorgue un subsidio especial para las escuelas de educación básica y media superior, en el pago de energía eléctrica, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las áreas exclusivas de inversión del estado es la referente a la infraestructura para la generación de energía eléctrica, y la cual es una de las pocas áreas en que el estado tiene injerencia para determinar el precio que los usuarios deben pagar por este servicio.
La electricidad es una de las formas de energía más usadas, y es un elemento básico para la generación de bienestar y desarrollo de la sociedad en general; es también la base del progreso de la civilización, del progreso económico y del avance tecnológico.
Definitivamente, la electricidad es básica para la vida; con la electricidad se vive más y mejor, con la electricidad es posible conservar vacunas que reducen la mortalidad de los niños; con ella se disfruta de más horas de luz lo cual coadyuva a la convivencia comunitaria; la electricidad abre mayores posibilidades para utilizar tecnología disponible en el mercado, permite mayores opciones de ocupaciones productivas y la adopción de métodos, técnicas e insumos que potencian la producción y el comercio.
En este sentido, cabe destacar que vivimos en una época de un alto grado de sofisticación tecnológica en donde la electricidad se convierte en un factor elemental para la educación; en este tiempo de grandes avances tecnológicos representa un elemento indispensable particularmente en la informática, además de los usos tradicionales que tiene la misma en las escuelas.
Hoy la electricidad es indispensable para lograr una mayor calidad en la educación y para aspirar a la obtención de mejores resultados.
Muchas de las escuelas de educación básica y media superior, ubicadas lejos de los grandes centros de concentración de población, es decir, las ubicadas en zonas urbanas marginadas y zonas rurales, registran infinidad de carencias de recursos: maestros, personal académico y administrativo, espacios adecuados, equipo y mobiliario, entre otros.
Mención aparte merece la carencia de energía eléctrica en tales planteles, ya sea que los reducidos presupuestos que les son asignados para su funcionamiento no alcancen o su ubicación geográfica no permita contar con este importante energético.
En más de una ocasión, nos hemos enterado a través de los medios electrónicos, de la llegada de equipo electrónico y software a escuelas marginadas, pero nos resulta irónico que dichas escuelas no cuenten con energía eléctrica para hacer funcionar estos equipos.
Dicha falta de energía, se debe entre otras cosas a los precarios presupuestos que les son asignados a las escuelas, y a los limitados ingresos de las familias de los estudiantes que no les permite contribuir al pago de este servicio.
Es indiscutible que con la energía eléctrica nuestros estudiantes y maestros podrán tener a su alcance las herramientas básicas para su educación, lo que mejorará de manera significativa sus condiciones de vida y su potencial de desarrollo.
Lo anterior pone en evidencia que la pobreza de las diversas regiones del país finalmente influye en la calidad de la educación que reciben los alumnos.
Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se otorgue un subsidio especial para las escuelas de educación básica y media superior en el pago de energía eléctrica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación del grupo de amistad México-Santa Sede, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto la creación de un Grupo de Amistad México-Santa Sede, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La Santa Sede es reconocida como sujeto sui-generis de derecho internacional desde el 11 de febrero de 1929, a consecuencia de la firma de los Tratados de Letrán entre Italia y la Santa Sede. Está ubicada en el Estado Vaticano y tiene a su cargo el gobierno de la Iglesia Católica, cuya cabeza es el papa, jefe de Estado y sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se concentran en el papa, quien por medio de la secretaría de Estado, ejerce la representación de la Santa Sede en las relaciones con los Estados extranjeros. Hoy en día, la Santa Sede, mantiene relaciones diplomáticas con 172 países y tiene misiones especiales ante la Federación Rusa, la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea, además de contar con el estatus de Observador Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas y ser miembro de otros organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa.
El 21 de septiembre de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano gracias a las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; cerrando un capítulo de la historia de nuestro país en la cual pasamos de confrontaciones y alejamientos con la Iglesia y abriendo uno nuevo de relación y colaboración respetuosa. Lo anterior fue resultado de un largo proceso de acercamiento entre la jerarquía católica y el gobierno mexicano.
Una vez que entraron en vigor las reformas a la Constitución, las relaciones diplomáticas se hicieron oficiales mediante el intercambio de notas diplomáticas entre la cancillería mexicana y la secretaría de Estado de la Santa Sede, las cuales fueron publicadas simultáneamente el 21 de septiembre de 1992.
Posteriormente, el gobierno de México anunció el nombramiento del profesor Enrique Olivares Santana como su primer Embajador ante la Santa Sede y la Embajada de México inició sus labores el 20 de octubre del mismo año.
Hoy en día, a casi 20 años de relaciones entre México y el Vaticano, podemos constatar cambios importantes en los vínculos entre ambos. La relación en el campo cultural y académico ha comenzado a rendir resultados mediante la existencia de diversas formas de cooperación.
Los vínculos de México con la Santa Sede son especiales y distintos a los que mantiene nuestro país con la mayoría de los Estados u organizaciones; ya que además de contribuir al entendimiento bilateral, involucra principios internacionales y tradiciones de la sociedad mexicana, la cual ejerce su libertad religiosa de acuerdo con los principios históricos de la laicidad del Estado mexicano y de la separación entre el Estado y las iglesias, consagrados en la Constitución Política de nuestro país.
Como prueba de estos avances se encuentra el intercambio de ideas y en muchas ocasiones el respaldo mutuo en temas relacionados con el respeto universal a los derechos humanos, el fortalecimiento y democratización de la ONU y la lucha por la paz y seguridad internacionales. Mención especial merece la colaboración en la lucha en favor de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como el acceso de los países pobres a los mercados mundiales.
Con base a lo ya mencionado, creo necesaria la creación de un Grupo de Amistad de México-Santa Sede para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales entre ambos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 46 y 104 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión determine la creación del Grupo de Amistad México-Santa Sede, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. De conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el grupo de amistad tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a implantar acciones para satisfacer las necesidades de educación especial de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo de la diputada Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal Daniela Nadal Riquelme, somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un desorden neurobiológico que afecta el comportamiento que implica una dificultad para mantener la atención y una actividad motriz excesiva. Secundariamente, se manifiesta en desobediencia, distracción, inquietud continua, irreflexión e impulsividad, escaso auto control, problemas de condición motriz, imposibilidad a la adaptación o bajo rendimiento académico.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica de 2006, entre el 5 y 6 por ciento de la población entre 6 y 16 años de edad padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Calculando un aproximado de 2 millones 6 mil niños con este síntoma, peros solamente el 8 por ciento se encuentra diagnosticado y tratado.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una discapacidad, ya que la persona que lo padece limita la realización de las actividades necesarias para lograr una estabilidad personal y satisfactoria, provocando un desorden en el desempeño en los estudios y el aprendizaje. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no se controla a voluntad, y por ignorancia del padecimiento se comete el error de presionar a los que padecen este síntoma provocándole una desestabilizad emocional.
Las formas tradicionales de aprender hábitos y como conducirse no siempre funcionan en los niños con el Trastorno, más que sanciones, señalamientos y hostigamiento se requiere tanto de orientación académica y psicológica, como la capacitación a ellos, a sus padres y maestros.
En 1993 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que derivó en la reforma al artículo tercero constitucional y a la promulgación de la Ley General de Educación, en estos importantes cambios se impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial.
En 1994 se declaran los Principios, Política y Practica para las Necesidades Educativas Especiales –a lo cual se llamó “Declaración de Salamanca”–, con ello se define en México que un niño o una niña con necesidades educativas especiales es el que, en comparación con sus compañeros, tiene dificultades para el aprendizaje de los contenidos establecidos en el currículo, por lo tanto señala que se incorporen mayores o diferentes recursos para lograrse los fines y los objetivos de su educación.
La familia y la escuela son el entorno de relación que en donde los niños, las niñas y los adolecentes con este síntoma reciben el impacto cotidiano. Dándose en la escuela casos donde son generalmente etiquetados, discriminados y excluidos en las escuelas y en otras ocasiones se les condiciona la permanencia en el sistema escolar a costa de seguir tratamientos médicos, y se sabe de casos donde llegan a “boletinar” a estos niños para que al ser expulsados no sean admitidos en otras escuelas.
Lo anterior representa serias violaciones a las garantías establecidas en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo tercero referente a su educación, y a los principios de satisfacción de salud, educación y sano esparcimiento del artículo cuarto.
Asimismo, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes establece en su artículo tercero el derecho que tienen para una formación física, mental, emocional, social y moral en condiciones de igualdad. Siendo uno principio rector de este derecho la no discriminación por ninguna razón o circunstancia. Esta misma ley, en el artículo 21 protege a los niños, a las niñas y a los adolecentes contra actos u omisiones que afecten su salud, su normal desarrollo o su garantía constitucional a la educación.
Ante esto, no se pretende culpar a los maestros que conviven con los alumnos, pero si a un sistema educativo que no ha sabido brindar la información que se requiere para un manejo adecuado en los casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Uno de los requerimientos sociales que plantean los padres de familia y las organizaciones afines a este trastorno se refiere a la generación de oportunidades educativas para dichos estudiantes.
Ante ello, el artículo 41de la Ley General de Educación señala que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias garantizando una atención a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Especifica que, tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. Está establecido en el mismo artículo que la educación especial incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
La educación es el mecanismo por excelencia para asegurar que las personas con alguna discapacidad logren su plena incorporación al entorno social, Sin embargo, existen problemas de cobertura y distribución de los servicios educativos así como falta de capacitación en planteles, en especial las zonas con índices de pobreza o alejados de los centros urbanos.
Ya que la integración de la población infantil con necesidades del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es asociada a la discapacidad, se necesita establecer relaciones de colaboración entre los servicios de educación regular y especial, siendo necesario contar con la participación decidida de las autoridades educativas, los maestros, los padres de familia y personal de educación especial, considerando:
1. La posibilidad de que los niños y las niñas con necesidades educativas especiales aprendan en la misma escuela en la misma aula que los demás niños.
2. Que se ofrezca a los padres, al personal académico, capacitación y orientación para tratar con los niños y las niñas con necesidades educativas especiales, velando por su integridad y buscando su incorporación a un buen ambiente social.
3. Que autoridades e instituciones educativas asuman el compromiso de ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades educativas y emocionales de estos niños.
En la medida en que la comunidad cuente con información suficiente y con una actitud positiva hacia la población infantil con necesidades del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, promoviendo el respeto y ofreciendo la información necesaria para orientar la convivencia con ellos, en conjunto con la escuela y las familias, se darán las optimas condiciones para la integración a su vida escolar y social.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría Educación Pública a emprender acciones y programas que garanticen la cobertura de educación especial garantizado en el artículo 41de la Ley General de Educación a estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, otorgando las herramientas, capacitación y/o orientación a los alumnos, personal docente y padres de familia, buscando el acceso a la educación garantizado en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el respeto de los estudiantes a su integridad tanto física como emocional.
Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2011.
Diputada Daniela Nadal Riquelme (rúbrica)
