Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3201-VII, martes 15 de febrero de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a otorgar un estímulo económico compensatorio mensual a los profesores rurales de educación básica, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Diana Patricia González Soto, a nombre de los diputados de la coordinación de la diputación federal del estado de Coahuila de la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La labor del maestro que ejerce su función frente a grupo es una de las más nobles tareas que se pueden desempeñar profesionalmente, ya que quien enseña a la niñez y juventud, no únicamente está siendo productivo en el momento actual, además está sembrando la semilla de la educación, generadora del desarrollo y la esperanza para tiempos venideros.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública Federal nuestro país cuenta con una planta docente de 1,008,370 profesores de educación básica 1 que laboran para el sector público. De esta cifra, una gran parte de los maestros trabajan en escuelas ubicadas en el área rural llevando sus conocimientos a millares de niños que habitan en cientos de ejidos y comunidades rurales. El objeto de la presente proposición va enfocado a los maestros que desempeñan su labor docente en dichas zonas, entregando su conocimiento y dedicación a la infancia de las regiones más recónditas y lamentablemente, abandonadas de nuestro país.
La vida en el campo mexicano es muy dura; allí el hambre, la desolación, las inclemencias de la naturaleza, el analfabetismo, la falta de empleo y en general todas las carencias, se hacen más latentes y presentes entre sus habitantes. Es por esto, que es sencillo explicar los constantes flujos migratorios de personas que solían habitar los ejidos y comunidades hacia las ciudades y grandes metrópolis.
Por el contrario, es difícil observar que personas decidan dejar su vida en las ciudades o en sus lugares de origen para ir a trabajar al área rural. Es poco común que alguien quiera dejar una vida que le ofrece ventajas tales como los servicios básicos que conlleva el desarrollo urbano; no cualquiera opta por tomar como ruta diaria o semanal una larga carretera o un camino de terracería, en lugar de las vías de comunicación citadinas que agilizan el tránsito y permiten ahorrar tiempo; no es fácil que alguien opte por dejar las facilidades que conceden el comercio y la mayor cantidad en el suministro de bienes y servicios que se encuentran en el área urbana a contrapartida de lo que sucede en el campo y principalmente, no cualquiera se desprende fácilmente de sus lazos familiares y amistades, limitándose a pasar con sus seres queridos menor tiempo del que quisiera brindarles.
Si a la noble labor y verdadera vocación de servicio que conllevan ejercer el profesorado en el área rural le sumamos las consideraciones acabadas de mencionar, podremos comprender que el maestro rural ejerce una profesión que merece ser retribuida en mayor medida, tanto en reconocimiento como en compensaciones económicas.
Al tener acercamiento con varios maestros de la zona rural de mi estado natal Coahuila, me fue posible percatarme que para ellos el trasladarse de sus lugares de origen a la comunidad donde trabajan y viceversa, les implica un gasto mayor que tienen que cubrir directamente con su salario. Aunado a ello, muchos de estos maestros tienen familiares y/o dependientes a su cargo y los gastos extra que les genera trabajar en una zona rural, ocasionan que el ejercicio de su profesión sea más oneroso, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que las necesidades monetarias de estos maestros son distintas a las de aquellos que viven y trabajan en el área urbana.
Ante esta situación mis colegas profesores del área rural me solicitaron que por conducto de esta soberanía exhortáramos al titular de la Secretaría de Educación Pública dependiente del Ejecutivo federal para que les proporcione un estímulo económico extra, con el propósito de que dicho apoyo compensatorio les auxilie a sufragar los gastos que les ocasiona el tener que trasladarse semanal y/o quincenalmente de las comunidades donde laboran a sus lugares de origen y posteriormente regresar a la comunidad rural donde trabajan.
Compañeros diputados les reitero que nuestros compañeros profesores actualmente tienen que cubrir de su sueldo los gastos de transportación acabados de referir, mermando así parte de su salario que podría ser empleado para atender otras necesidades personales y/o familiares.
Fundamento lo solicitado en esta proposición con lo enunciado en diversos preceptos de la Ley General de Educación; iniciando con lo establecido por su artículo 21, párrafos primero y tercero, que a la letra dicen
“El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento”.
...
“El estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional”.
...
Asimismo, el artículo 27 del ordenamiento legal invocado precisa que tanto el Ejecutivo federal y los gobiernos de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, precisando su párrafo segundo que para tal efecto:
“En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”.
Por su parte el artículo 33, fracción II de la ley en comento, establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
...
II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;
...
Si bien es cierto, la facultad de prestar los servicios de educación inicial y básica es competencia exclusiva de las autoridades educativas locales; también lo es, que dichas autoridades estatales pueden actuar dentro del marco presupuestario que se establece desde el plano federal. Es por esto que sometemos a la consideración de esta soberanía se exhorte a la Secretaría de Educación Pública Federal para que diseñe, elabore e implemente un apoyo económico compensatorio para los maestros que laboran en las zonas rurales por las razones ya expuestas.
Cabe señalar que lo solicitado está establecido en la Ley General de Educación, que en su artículo 34 dispone que:
... el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.
...
En virtud de lo dispuesto en el precepto acabado de citar, se solicita que la implementación del apoyo económico para los maestros rurales se haga extensivo a todos los profesores de dichas comunidades en el país y no sólo a los docentes de las entidades federativas con mayores rezagos educativos, otorgando así, un apoyo a toda la planta docente del área rural de la república.
Es importante mencionar que han sido diversas las acciones que han emprendido los diversos órdenes de gobierno para garantizar una auténtica equidad en la educación. Han sido numerosas las inversiones en infraestructura, equipo y material escolar, así como en distintas clases de apoyos para beneficiar a los educandos. Sin embargo, es útil decir que se ha descuidado el capital humano, como lo demuestra la situación por la que atraviesan los profesores rurales. Con la implementación de dicho apoyo, se estaría dando un trato equitativo salarialmente a estos profesores, porque de esta forma podrían disfrutar su salario íntegramente sin tener que reducirlo para cubrir sus gastos de transportación. Adicionalmente, se estaría contribuyendo a la pauta marcada por la Ley General de Educación que busca precisamente la equidad educativa.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, dependiente del Ejecutivo federal, para que diseñe, implemente y otorgue un estímulo económico compensatorio mensual a los profesores de educación básica que desempeñan su labor educativa en el área rural; y que dicho apoyo sea suficiente para cubrir los gastos de transportación de sus lugares de residencia a la comunidad donde laboran y viceversa.
Notas
1. Consultado en el portal electrónico de la Secretaría de Educación Pública Federal: http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/NACIONAL/index.htm el día 02 de febrero de 2011. Es importante mencionar que la cifra citada corresponde al ciclo escolar 2008-2009 debido a que la Secretaría no incluye los datos de los ciclos 2009-2010 y 2010-2011. Asimismo, no específica en sus estadísticas cual es la cantidad exacta de maestros que proporcionan sus servicios en el área rural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.
Diputados: Diana Patricia González Soto, Francisco Saracho Navarro, Héctor Hugo Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar una política para que el personal de consulados, embajadas y oficinas de enlace porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración del Año del Turismo, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Juan José Cuevas García a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que aplique una política en el que el personal que labora en consulados, embajadas y oficinas de enlace, porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración al Año del Turismo, con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
El turismo es una actividad primordial para nuestro país, es así que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra entre los diez destinos turísticos más importantes del mundo, esto es en relación a los 21.5 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país en el 2009.
El turismo representa el 9 por ciento del producto interno bruto, es la tercera fuente de entrada de divisas, genera más de 7.5 millones de empleos, y cuenta con más de 43 mil unidades económicas que participan en el sector, en el que el 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas, ofertando una gran gama de servicios y productos turísticos a los visitantes.
Nuestro país tiene una gran riqueza que requiere el mundo conocer, ya que posee una gran variedad de destinos de playa en las diferentes entidades federativas, cuenta con alrededor de 30 mil sitios arqueológicos y cerca de 110 mil monumentos que evidencian los rasgos de una gran riqueza cultural, posee 37 sitios considerados patrimonio mundial de la humanidad por la ONU, cuenta con 62 grupos étnicos que se reparten a lo largo y ancho de nuestras fronteras, además el Comité Intergubernamental de la UNESCO declaró a la gastronomía mexicana patrimonio de la humanidad, y, por último, se tiene una gran biodiversidad de zonas naturales, contando con 174 áreas nacionales protegidas.
En materia normativa, la Ley General de Turismo considera que los procesos que se generan por concepto del turismo son una prioridad para el país, que bajo el enfoque social y económico fomentan y fortalecen el desarrollo regional.
Asimismo, dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se plantea que es una necesidad hacer de México un país líder en la actividad turística, esto a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
En este sentido, le corresponde al Ejecutivo federal formular y conducir la política turística nacional, atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país, así como regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad con el objeto de promover la importancia del sector turístico en el desarrollo nacional.
Es así, que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, decretó al 2011 como el Año del Turismo en México, con el fin de alinear a todos los sectores relacionados con esta actividad para que se pongan en marcha acciones que permitan que más turistas hagan de México su principal destino de viaje.
Con base en lo anterior, a fin de seguir impulsando la promoción del turismo, propongo que la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de Turismo, apliquen una política en la que los empleados que laboran en las embajadas, consulados y oficinas de enlace utilicen distintivos promocionales de la marca México.
Es importante mencionar que estos distintivos deben ser lo suficientemente significativos y vistosos, para que los extranjeros que asisten a las embajadas o consulados, se interesen en focalizar y extender sus vacaciones en los diferentes destinos turísticos que ofrece nuestro país.
Estos distintivos deben generar una percepción de lo que representa México, de que es una nación con una gran folklor cultural y artístico, así como también cuenta con una gran diversidad de flora y fauna que se extiende a lo largo y ancho de su territorio. Además de que es un país seguro para viajar a su interior, en el que el turista es bien recibido y que puede transitar e ir visitando cada una de las entidades federativas descubriendo los tesoros que ofrecen.
Sin duda, esta medida se debe aplicar en las embajadas y consulados, así como en las oficinas de enlace, que posee nuestro país en todo el mundo, en el que nuestro personal que labora en cada una de estas instancias, debe promocionar y enaltecer a nuestro país, sobre todo que el señor presidente ha decretado el 2011 como el Año del Turismo.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que aplique una política en el que el personal que labora en consulados, embajadas y oficinas de enlace, porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración al año del turismo.
Palacio Legislativo, a 15 de febrero del 2010.
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres y decretar la inmediata liberación de Leslie y de las encarceladas en el estado por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió el embarazo, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD
La diputada, Enoé Uranga Muñoz, ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres y al gobernador constitucional José Guadalupe Osuna Millán a decretar la inmediata liberación de Leslie Karina Díaz Zamora y de todas de las mujeres que han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante enero del presente próximo, defensoras de los derechos humanos acudieron al Cereso de Mexicali a investigar la situación jurídica de dos jóvenes que se encuentran presas por cometer el delito de homicidio agravado por parentesco, donde detectaron la evidente y clara vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres en el caso de Leslie Karina Díaz Zamora, una joven que fue sentenciada a 23 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo.
Las defensoras dieron seguimiento al proceso legal que enfrenta la joven y detectaron que la declaración tomada por el Ministerio Público fue realizada de manera ilegal porque la joven se encontraba en un estado de obnubilación por los sedantes proporcionados por el médico del Hospital General –mismo que la denunció– y por la pérdida de sangre al sufrir –según los términos de NOM 007– un parto inmaduro.
La única prueba, que consta en expediente y que tiene el MP para acreditar que el producto nació con vida es la prueba docimasia pulmonar hidrostática de Galeno, que es inexacta y no sirve para constatar la viabilidad del producto ni para determinar la causa de muerte.
La sentencia por el delito de homicidio agravado por parentesco en Baja California es de por lo menos 20 años de prisión con una máxima de 50 años. Se le sentenció a 23 años de prisión injustamente, ya que la joven fue juzgada tomando en cuenta la norma superior local y no el Código Penal; la Constitución de Baja California establece en su artículo 7o. que: “esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida” dejando así vaciadas las facultades de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a contar el con el beneficio de las excluyentes del delito de aborto por reputarse como persona a el producto y encuadrar el delito de homicidio que consiste en privar de la vida a otra persona.
Baja California quedó comprometido a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la solución amistosa número 21/07, por el caso Paulina y a no desconocer el derecho a la salud, así como la adecuada aplicación de la ahora enunciada NOM 046.
El caso de Leslie Karina Díaz se trata de una violación clara al derecho a la vida de las mujeres por parte del Estado, ya que al proteger la vida desde la concepción de manera ilegal se está penalizando a una joven estudiante bajacaliforniana de manera desproporcional y antijurídica, totalmente desapegada al derecho positivo mexicano y al laicismo que debe caracterizarle.
Los derechos humanos de las mujeres en Baja California se convierten en una falacia más del gobierno misógino, siendo esto una evidente discriminación contra las mujeres pobres que tienen que acudir a los servicios de salud estatales, ya que las que asisten a consulta privada no han sido denunciadas por los médicos o médicas de la misma, además de la evidente violencia institucional contra las mujeres al impidiendo el ejercicio del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación ya que el mismo artículo de la Constitución de Baja California que enuncia las garantías individuales es el que reduce el estatus jurídico de las mujeres al de una incubadora.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Además, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho a la salud al proclamar que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.
En este estado de la república se llevan a cabo acciones retrogradas contra la mujer, sin respetar a la mujer que decide sobre su propio cuerpo, como sujeto de derechos plenos, autónomo y pensante. Lamentablemente se sigue viendo a la mujer con una mirada de fragilidad, sexualmente pasiva y destinada a la maternidad.
Cuando el Estado jurídicamente impide que las mujeres tengan la opción de decidir sobre su propio cuerpo, se infiere que éste se vuelve cómplice de la violación del derecho a la salud y esto, desde el punto de vista del derecho internacional y de las garantías individuales, es preocupante.
Hay un consenso generalizado respecto a que el Estado tiene que proteger la vida y salud de las mujeres; pero no hay un consenso generalizado en cuanto a que para proteger el derecho a la vida el Estado deba perseguir penalmente a las mujeres que tuvieron un aborto. Esa es la perspectiva que hay en general entre las autoridades en derechos humanos.
A nivel internacional, el derecho de decidir sobre la maternidad ha establecido como un tema de salud pública el aborto, por lo que lejos de debates moralistas existe una perspectiva del derecho a la salud. Asimismo en necesario reconocer que en los países más desarrollados se reconoce que el tratamiento penal del aborto no resuelve el problema al resultar inoperantes las penas, desmesuradas e injustas, y no cumplen la finalidad más importante que es la de prevención, por lo que ahora la legislación correspondiente se inserta en materia del derecho civil.
Desafortunadamente, nuestro país no ha logrado fortalecerse como una entidad democrática y laica que permita el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en nuestra constitución y en el derecho internacional, y aún es existen tareas pendientes para colocarnos a la vanguardia en materia de igualdad y combate a la discriminación.
En Baja California los derechos humanos de las mujeres se han degradado para elevar a rango constitucional el limitar o impedir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución y atendiendo a la resolución sobre los derechos humanos de las mujeres de la ONU, con relación al reconocimiento de que el embarazo forzado es violencia contra las mujeres.
Segundo. Esta soberanía exhorta al gobernador constitucional José Guadalupe Osuna Millán a decretar la inmediata liberación de Leslie Karina Diaz Zamora y de todas las mujeres que han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo.
Tercero. A reformar el artículo 7o. de la Constitucion local por ser una clara vulneración al derecho a la vida de las mujeres y al principio de igualdad y de no discriminación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de febrero de 2011.
Diputada Enoé Uranga Muñoz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición de aviones y helicópteros por la Sedena y la Semar para fortalecer la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales y el combate del crimen organizado, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Eduardo Ledesma Romo, legislador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a través de ampliaciones para la adquisición de cinco aviones Hércules versión H usados, de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal por un total de 9 mil 888 millones de pesos, que contribuirán a velar por la estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano , con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es el de la inseguridad. La delincuencia organizada ha debilitado la fuerza pública de las autoridades locales en algunas entidades federativas de la República, por ello desde que comenzó la presente administración, el gobierno federal decidió enfrentarla para restablecer la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, para lo cual recurrió a la fuerza pública federal e incluyó a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo deben velar por la soberanía exterior, sino también por la seguridad interior del país, entendida ésta como la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano 1 ”.
La participación de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) en materia de seguridad interior, tiene su fundamento en el artículo 89, fracción VI de la Carta Magna, y diversos preceptos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México.
El tráfico de armas, de estupefacientes, lavado de dinero, entre otros ilícitos de alto impacto y la creciente violencia en las entidades federativas, afecta la seguridad de la sociedad y desafortunadamente ha rebasado la fuerza de la seguridad pública, por ello a 4 años de iniciado este gobierno, la Sedena y la Semar continúan participando en el Sistema de Seguridad Pública mediante la reasignación de recursos humanos y materiales, para actuar de manera oportuna y eficaz, para garantizar a la sociedad un entorno seguro.
La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), desde el inicio de la presente administración, ha proporcionado apoyo aéreo a las operaciones de alto impacto contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en todo el territorio nacional, de la siguiente forma 2 : 10, 824 operaciones aéreas, 10,095 plantíos de amapola localizados vía aérea y 12,124 plantíos de mariguana localizados vía aérea.
Paralelamente a las actividades contra la delincuencia organizada, la FAM lleva a cabo acciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, apoyo a la población civil en casos de desastre y operaciones de apoyo interinstitucional; para la realización de estas actividades de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se realizaron 190,560 patrullajes de los cuales 9,992 fueron aéreos, el resto fueron terrestres y anfibios.
A su vez la Semar a través de la Fuerza Armada (FA) realiza operaciones conjuntas de alto impacto para frenar a la delincuencia organizada, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República y gobiernos de los estados, tan sólo el año anterior realizaron 16,643 operaciones.
Al igual que la FAM, la Fuerza Armada también realiza otras actividades, entre ellas, las tendentes a la preservación de los recursos y la vida humana en el mar, así como de auxilio a la población civil; despliegue operativo con presencia permanente para proteger instalaciones estratégicas de Pemex y de CFE, así como áreas estratégicas de los litorales y mares mexicanos contra actividades de sabotaje y terrorismo 3 , operaciones de apoyo al turismo, de búsqueda y rescate; aplicación del Plan Marina de Auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre, acciones de ayuda humanitaria internacional y acciones de labor social.
Ante su importante labor, se ha aumentado el presupuesto para las Fuerzas Armadas en este sexenio, a fin de mejorar las condiciones operativas y de equipo con que cuentan. Tan sólo para el ejercicio fiscal 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Sedena diversas ampliaciones líquidas a su presupuesto para incrementar la compensación técnica al servicio del personal de tropa, así como para cubrir el anticipo para la adquisición de helicópteros conocidos como Cougar, atender necesidades de carácter contingente en materia de vestuario, equipo y accesorios, entre otros 4 .
Con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y de la Armada de México (AM), la Sedena y la Semar han solicitado aumentar su fuerza aérea para movilizar por esa vía a un mayor número de efectivos, debido a que el número de aeronaves resulta insuficiente para cubrir todo el territorio nacional y reaccionar en forma inmediata ante imprevistos provocados por el hombre o por la naturaleza, por lo que resulta necesario contar con una fuerza aérea de primera línea y, que en términos generales, contribuya a garantizar la seguridad nacional e instalaciones estratégicas.
Para tal efecto, la Sedena solicitó la compra de cinco aviones Hércules versión H usados y la Semar la adquisición de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal. En conjunto la inversión sería de 9 mil 888 millones de pesos 5 .
La Sedena manifestó que la transportación aérea es fundamental para el movimiento de unidades cuando el tiempo es el factor más importante o cuando las características del terreno restringen el transporte, incluso indica que su transporte pesado está compuesto por cuatro aviones Boeing 727, y siete Hércules C-130, estos últimos adquiridos en 1988, más aún cinco están fuera de servicio y sólo 2 operan, lo que restringe su transporte aéreo. “El costo estimado de los cinco aviones es de 1,818.2 millones de pesos, más 953.1 millones de pesos para gastos totales de mantenimiento y operación de durante un periodo de 12 años”.
Por su parte, la Semar sólo dispone de seis aeronaves de tipo Antonov para atender la demanda de transporte de carga y militar, que se ven rebasadas por el número de operaciones que tienen que desarrollar, provocando que efectivos militares se trasladen a través de vuelos comerciales.
La Semar pretende adquirir seis aviones versión transporte militar y carga con un valor de 3 mil 262 millones de pesos para aumentar el número de efectivos a desplazar por esta vía a 12 mil 918 en 2011 y 19 mil 252 en 2012 y solicita la compra de seis helicópteros versión transporte de personal y carga con un costo estimado en 3 mil 855 millones de pesos, ya que actualmente cuenta con 23 unidades, de las cuales sólo operan nueve.
La participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado ha incrementado la necesidad de sus recursos materiales y humanos y constantemente se prepara para velar por la seguridad interior del país, ajustar estrategias y conjuntar esfuerzos de manera oportuna, en este tenor y atendiendo a que están obligadas a cumplir misiones generales como defender la integridad y soberanía de la nación, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar obras sociales que tiendan al progreso del país, en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, salvaguardar la vida humana en el mar y en las aguas interiores, proteger instalaciones estratégicas del país en su área de jurisdicción, entre otras, resulta necesario se le proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo de manera más eficaz sus funciones.
Para el ejercicio fiscal 2011 Se autorizó a la Sedena 50,039,456,571 pesos y a la Semar 18,270,177,440 pesos para dotar a estas Secretarías de materiales y suministros, infraestructura, equipos, accesorios, medios de transporte para cumplir sus funciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales. Sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias y ante las muchas necesidades de la población, diversas dependencias y entidades de la administración pública, no fueron dotadas de suficientes recursos para cumplir con sus metas. En este sentido, la Sedena y la Semar requieren adquirir mayores equipos aéreos para cumplir con sus funciones de resguardo a la población, mantenimiento del estado de derecho y combate al crimen organizado.
Una ampliación de recursos requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con las normas presupuestarias vigentes, entre ellas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En estos términos, resulta ineludible exhortar a la Secretaría para que acelere los mecanismos para que la Sedena y la Semar puedan disponer de los recursos destinados a la compra de aviones y helicópteros que servirán para atender la demanda de transporte de carga y militar y, en términos generales, para que la Nación cuente con una fuerza aérea que contribuya a garantizar la seguridad nacional e instalaciones estratégicas.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agilizar los mecanismos para que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina puedan disponer de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos 2011 a la compra de aviones y helicópteros que servirán para atender la demanda de transporte de carga y militar, de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales y de combate al crimen organizado y acelere las transferencias presupuestarias necesarias.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a través de ampliaciones para la adquisición de cinco aviones Hércules versión H usados, de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal por un total de 9 mil 888 millones de pesos, que contribuirán a velar por la estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano.
Notas
1 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, p. 109.
2 De acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, pp. 10, 13 y 14.
4 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, pp. 75 y 76.
5 Nota publicada en El Universal el 3 de febrero de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de febrero de 2011.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión encargada de examinar, analizar y evaluar la operación del fideicomiso creado respecto a la conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución para que los encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 expliquen los criterios observados a fin de que dicho fondo creciera de manera desorbitada y se esclarezcan las irregularidades en el manejo y destino de los recursos, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Óscar Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo estipulado en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a crear una Comisión de Investigación encargada de examinar, analizar, y evaluar la operación del fideicomiso creado para la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución mexicana, con la finalidad de que los responsables encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 aclaren cuales fueron los criterios que se tomaron para que el fideicomiso en comento creciera de manera desorbitada, y se esclarezcan las irregularidades en el destino y manejo opaco del recurso, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La organización de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional y del centenario de la Revolución Mexicana, encabezados por el gobierno del PAN, desde el principio resultó errática y fallida.
Como legisladores del Partido Revolucionario Institucional, de verdad lamentamos mucho la desorientación que contribuyó al menoscabo de esta importante conmemoración.
Ante dos siglos de historia, era un deber de memoria hacer justicia y recordar con dignidad los movimientos fundadores de nuestra mexicanidad.
Antes que una verdadera celebración de la república y de la nación, la celebración de los centenarios se convirtió en un evento mediático, en un diluido compromiso de parte del gobierno federal.
Definitivamente, una evaluación objetiva de los festejos patrios no se podrá construir sobre la base de los carros alegóricos, de las luces electrónicas, de la pirotecnia, los conciertos y de los impertinentes plantones olímpicos sobre el Paseo de la Reforma.
Es lamentable el fracaso evidente que se registró en estas conmemoraciones patrias, no sólo por la falta de contenido histórico, si no peor aún, por las graves irregularidades, por el obscuro manejo del fideicomiso creado para tal fin.
Al pretender hacer un recuento de los saldos de las conmemoraciones, advertimos que el gobierno federal actuó de manera muy errática y bastante opaca.
Los presidentes de los mal llamados gobiernos del cambio, sustituyeron constantemente a los responsables que iban designando, afectando así la certeza y pertinencia de los festejos. Con ello, de manera adicional, limitaron el cabal seguimiento de la ruta del dinero depositado en el fideicomiso en comento.
En el año de 2006, el entonces presidente Vicente Fox encargó la comisión organizadora al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien renunció 5 meses después.
En marzo de 2007, el presidente Calderón nombró al entonces titular de Conaculta, Sergio Vela, como coordinador ejecutivo y un mes después, se designó un consejo asesor de historiadores y politólogos.
En septiembre de ese mismo año, el presidente Calderón decidió que la conmemoración la coordinaría el ex titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, pero también renunció.
A partir de ello, la responsabilidad de los festejos quedó en manos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y de su Director, José Manuel Villalpando.
Pero el 21 de julio de 2010, por decisión del presidente Calderón, Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública asumió la responsabilidad de la organización de los eventos conmemorativos.
En este proceso, el gobierno federal designó como fiduciario del Fideicomiso al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), para que administrara los gastos de la Comisión de los Festejos 2010.
En este fideicomiso se estableció reservar por 12 años la información de cómo y en que se gastaría el presupuesto para los eventos del Centenario y Bicentenario.
Y aunque en principio, por Ley dicha información debiera ser pública, la posición del Banjercito, como fiduciario, ha sido en el sentido de que no se supiera ni el nombre de las empresas ganadoras de licitaciones ni cuánto costaría cada evento o el monto total de las obras conmemorativas que se construirían.
Hasta ahora no entendemos el sentido de estas reservas, el afán de esta opacidad gubernamental.
La fracción IX del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entro en vigor el 12 de junio de 2003, establece que los “sujetos obligados” (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos y órganos federales) deben poner a disposición del público:
“La información del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación”
La fracción XIII de la ley referida, por su parte, especifica que se deben aclarar las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados b) el monto; c) el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) los plazos de cumplimiento de los contratos.
Reservar la información de los festejos patrios, ni transparenta la gestión pública ni garantiza el principio de “publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.
Así se niegan los principios esenciales de la democracia, como lo es la trasparencia y la rendición de cuentas.
En tal sentido el presidente Calderón tuvo que instruir el pasado 9 de mayo de 2010, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que autorizara a Banjercito, en su carácter de fiduciaria, a hacer públicos todos los gastos realizados por el Fideicomiso Bicentenario, establecido para estos festejos.
En los balances generales y el estado de las actividades del llamado fideicomiso, obtenidos a través de una solicitud de información pública al Banjercito, se nos reporta que de abril a mayo de 2010, el gobierno federal aportó 300 millones más a los festejos.
Estas transferencias fueron reportadas como “irregulares”, en junio del mismo 2010, por el Centro de Estudios Especializados de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
De la misma manera, este organismo señaló que el gobierno federal utilizó a la Secretaría de la Función Pública para transferir 1 mil 064 millones de pesos a las celebraciones, con lo que se reportaba una cantidad de 2 mil 971 millones de pesos en el fideicomiso
Aquí vemos cómo el fideicomiso creció de manera sustancial, ya que en octubre de 2007 se contó con un presupuesto inicial por 50 millones de pesos, aportado por el ramo 27 de la SFP.
Sin embargo las aportaciones gubernamentalmente continuaron y según sabemos hoy, la cifra alcanzó casi los 8 mil millones de pesos.
Pero más graves nos parecen, los elevados y excesivos costos de los eventos.
Aquí presento un breve recuento, a todas luces desafortunado.
Se contrató a una empresa extranjera para organizar la Noche del Grito, Intantia Producciones del australiano Ric Brich. Se le pagaron 580 millones de pesos más IVA.
La construcción del monumento al Bicentenario, la llamada joya de la corona bicentenaria, conocida como “La Estela de Luz”, que se dijo se inauguraría el 15 de septiembre, nos la anunciaron con un costo de 200 millones de pesos.
Pero resultó que después nos dijeron que no costaba eso, que el costo sería de 690 millones de pesos y que no se podría construir para entregarla en septiembre de 2010, sino hasta el último trimestre del 2011.
Nada más la pura convocatoria para esta obra costó 7.5 millones de pesos y se autorizaron 16 millones 373 mil 706 pesos para pagar al proyectista César Pérez Becerril. Todavía más, la ceremonia de colocación de la primera piedra nos costó 1 millón 567 mil pesos.
También se sabe que el Fideicomiso del Bicentenario favoreció a Turissste –una entidad del Estado que entre sus atribuciones no está la de organizar este tipo de eventos– con la adjudicación directa de 14 contratos, por un monto de 447 millones de pesos. A la fecha se han negado a mostrar los términos de los mismos.
La polémica ceremonia de exhumación de los restos de los héroes de la patria costó 2 millones 387 mil pesos; y el costo del programa de eventos conmemorativos, transmitido por televisión, se ubicó alrededor de 19 millones 253 mil pesos.
Dentro de los 231 contratos del Fideicomiso del Bicentenario se destinó 140 millones 870 mil pesos a la adquisición de obras de arte, para dos colecciones de la Independencia y de la Revolución, para considerarlos en la Exposición México 200 años de Palacio Nacional. Asimismo, en estos conceptos se contemplan, por ejemplo, gastos de viajes que ascienden a un millón 53 mil 401 pesos.
Según el mismo secretario de Educación Pública, el maestro Alonso Lujambio, tan sólo la Noche Bicentenaria, del 15 de septiembre, tuvo un costo de 667 millones de pesos.
Compañeras y compañeros diputados: estos son sólo algunos de los desorbitados y opacos gastos contenidos en la panza del Fideicomiso del Bicentenario.
Ante este estado de cosas, el maestro Alonso Lujambio Irazábal, como secretario de Educación Pública, como responsable de los mismos, se niega a dar la cara para darle una explicación al pueblo de México, de cómo, dónde y porqué se gastaron así los dineros de la nación destinados a las conmemoraciones patrias.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, representado en esta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, exige en este periodo ordinario de sesiones, una mayor trasparencia y una real rendición de cuentas de los recursos manejados por el fideicomiso instituido para las conmemoraciones.
En el caso de no informarse con su suficiencia y con estricto apego a derecho, nuestro grupo parlamentario no permitirá un millonario desvío de estos recursos fiscales.
De ser este el caso, deberemos exigir con firmeza que se finquen las responsabilidades correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito ante esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear una Comisión de Investigación encargada de examinar, analizar, y evaluar la operación del fideicomiso creado para la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, con la finalidad de que los responsables encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las conmemoraciones de 2010, expliquen cuales fueron los criterios que se tomaron para que el fideicomiso en comento creciera de manera desorbitada, y se esclarezcan las irregularidades en el destino y manejo opaco del recurso.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 10 de febrero de 2011.
Diputado Óscar Lara Salazar (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a establecer en Ciudad del Carmen, Campeche, una subdelegación que dé cabal seguimiento a los daños ambientales generados por los actores contaminantes en la región, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El estado de Campeche en la actualidad cuenta con una de las principales actividades económicas del país como es la explotación petrolera, la cual genera una derrama económica importante para la entidad así como la generación constante de oportunidades para una mejor inversión privada; en un segundo lugar, el turismo en Campeche propone hoy día una oferta interesante debido a que se encuentran playas y lugares de vegetación abundante, donde se destacan los vestigios arqueológicos de la cultura maya, como Xtampak, Hochob y Edzná, así como la gran arquitectura colonial.
La Ciudad del Carmen, Campeche, es una isla situada en un área natural protegida, asentada en el Golfo de México circundada por la Laguna de Términos la cual se destaca por ser un importante centro de operaciones petroleras debido a la sonda de Campeche, misma que es considerada como el área de explotación de hidrocarburos más significativa del país, además, esta región forma parte de la franja del sureste mexicano con mayor potencial turístico al contar con importantes atractivos naturales lo que la coloca desde el punto de vista económico como la ciudad más importante del estado.
Desafortunadamente México sufre una problemática ambiental que ha tomado importantes dimensiones, las que superan fronteras políticas e institucionales, siendo el daño ecológico generado en la industria energética específicamente por los riesgos que se originan por las tomas clandestina herméticas de gasolina, diesel y gas LP en contra de los ductos de Pemex lo que es un factor de contaminación y riesgo sanitario.
Es por ello que en los últimos años se ha generado una dinámica de relaciones consolidadas entre el gobierno federal y las diversas entidades federativas con la intención de prevenir desastres y consecuencias ambientales buscando que se asuma el compromiso de la iniciativa privada, de los gobiernos municipales y estatales que al día de hoy incumplen con las normas de protección al ambiente.
Ante tal realidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene dentro de sus atribuciones de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, aire así como de los recursos naturales incrementando los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc, aunado a la obligación de informar a la sociedad sobre los peligros a los que está expuesta; por lo que Ciudad del Carmen requiere urgentemente el ejercicio de una competencia más directa de Profepa ante las demandas y problemáticas que se presentan.
Así las cosas, las zonas que rodean a la isla del Carmen, se encuentran protegidas principalmente por grandes extensiones de Mangle que corresponde a las siguientes especies: mangle rojo (Rhizophora mangle ), mangle negro (Avicennia germinans ), mangle blanco (Laguncularia racemosa ) y botoncillo (Conocarpus erectus ), todas ellas consideradas bajo protección especial, otras especies como Bletia purpurea , Bravaisia integerrima y B. tubiflora tienen estatus de amenazadas y está en peligro de extinción Habenaria bractescens según la Norma Oficial Mexicana 059 de Ecología del año 2001 (NOM-059-ECOL-2001) que lista a las especie consideradas en alguna categoría de amenaza (D.O.F, 2001), las cuales son altamente susceptibles a la acumulación de sedimentos que originan la interrupción del flujo y reflujo de las aguas, diversos estancamientos y los derrames de hidrocarburos por la actividad petrolera.
Además de los agentes contaminantes, estas zonas de mangles han sido directamente afectada por la tala inmoderada con la intención de ampliar fronteras agrícola-ganaderas, por la destrucción ocasionada para desarrollos turísticos y urbanos y la destrucción por la construcción de granjas camaronícolas, entre otros; sumándose a que Ciudad del Carmen es el municipio que ocupa el primer lugar en emisión de sustancias nocivas anualmente, además de que la Laguna de Términos se encuentra sujeta a la gran contaminación bacteriana y por agroquímicos en los sistemas fluvio-lagunares.
Por lo anterior, en observancia a la autonomía técnica y operativa de la Profepa, consideramos la urgente necesidad de que se establezca una subdelegación en Ciudad del Carmen, Campeche, con la intención de que de cabal seguimiento a las problemáticas ambientales así como mantenga a la población informada sobre los riesgos ambientales de la zona.
Por tanto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a crear una subdelegación situada en Ciudad del Carmen, Campeche, que tenga como principal objetivo dar cabal seguimiento a los daños generados al medio ambiente por los diversos actores contaminantes en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.
Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a analizar los resultados del programa de acción específico 2007-2012 Salud Bucal, así como a conducir una política eficaz y eficiente en materia de salud bucal, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La salud es un derecho de los mexicanos, un derecho fundamental, el cual debe ser salvaguardado, garantizando que la población tenga acceso a los servicios de salud cuando lo necesite.
La salud bucal representa uno de los problemas más graves de nuestro país, es considerado un padecimiento epidemiológico en materia de salud pública pues de cada 10 personas 9.5 presentan caries. 1
Las caries son el principal problema dental en la población, sin embargo, también se deben considerar las enfermedades de tipo periodontal, que afectan la estructura del soporte del diente con la encía o el hueso, o los padecimientos derivados de la deficiente posición dentaría, son problemáticas, que según investigaciones médicas han sido relacionadas como causantes de otras enfermedades del cuerpo.
Las enfermedades bucales son prevenibles, y deben ser atendidas con oportunidad para evitar enfermedades de mayor gravedad, por ello el Gobierno Federal implementó el programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal, el cual tiene entre otros, los siguientes objetivos:
Objetivo 1. Reducir el rezago en atención odontológica mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables que se presentan en cada región del país.
Objetivo 2. Universalizar las acciones de prevención odontológica en los servicios de salud del sector.
Objetivo 3. Brindar atención odontológica eficiente, de calidad y seguridad a los usuarios de los servicios de salud.
Objetivo 4. Coordinar y fortalecer la investigación y enseñanza en materia de salud bucal para el desarrollo del conocimiento de los odontólogos en beneficio de la población en general.
Objetivo 5. Promover el incremento de la productividad de la atención odontológica en el primer nivel de atención de los servicios de salud. 2
Sin embargo, este programa ha quedado como decálogo de buenas intenciones, ya que los retos del programa no han sido cubiertos, no se han mejorado las condiciones bucales de la población, continúa siendo deficiente la cultura preventiva en nuestro país, y constantemente se percibe la insuficiencia y mala calidad en los servicios de salud, así como la falta de tecnología de punta en instrumental y medicamentos, que permita a los odontólogos abaratar los costos para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud.
Nuestro país requiere implementar estrategias que satisfagan las necesidades de la población, que permitan a los ciudadanos contar con un odontólogo, ser atendidos en tiempo y forma sin verse en la necesidad de perder piezas dentales, estar expuestos a dolores innecesarios, infecciones graves que de no ser tratadas pueden llevar a los ciudadanos a la muerte, por ello, es necesario prevenir y actuar frente a esta problemática nacional.
Por lo expuesto se pone a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar el análisis de resultados que ha ofrecido el Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a conducir e implementar una política eficaz y eficiente en materia de salud bucal en nuestro país.
Notas
1 Cifras aportadas por Arturo Saracho Alarcón, secretario general de la Facultad de Odontología de la UNAM.
2 Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2011.
Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes, con las características establecidas en el artículo 18 constitucional, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado mexicano se ha esforzado por crear marcos jurídicos que se enfoquen a la prevención de delitos, así como el tratamiento de los delincuentes que por alguna causa se encuentran en algún centro de readaptación social, con la única finalidad de que se integren nuevamente a su entorno.
Debido a los delitos cometidos por individuos que cuentan con una edad de entre 12 y 17 años, en nuestro país existió la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a sancionar este tipo de infractores, ya que no se podía juzgar de la misma manera como a un adulto, debido a que las garantías individuales se podían ver quebrantadas.
Por lo anterior, algunos estados de nuestro país se vieron en la necesidad de crear los sistemas de justicia para adolescentes adecuados para sancionar las conductas antijurídicas cometidas por menores de edad, siendo así que crearon los marcos jurídicos encaminados a la impartición de justicia, de manera que no se vulneren los derechos ni la integridad de las personas.
La inseguridad en nuestro país es cada vez más evidente y en algunos estados, las estadísticas indican un notable incremento, provocando con esto que las secretarías encargadas de la seguridad tanto Federales como Estatales encaminen sus esfuerzos para beneficio de toda la población, obligando de esta misma forma a que los órganos encargados de llevar a cabo la creación de leyes en nuestro sistema jurídico, las adapten a las necesidades reales de la sociedad.
Actualmente muchos jóvenes, cada vez de menor edad, se ven obligados a dejar a un lado sus estudios con el objetivo de conseguir nuevas fuentes de ingreso para el sustento de sus hogares, por lo que en algunos de los casos recurren erróneamente a cometer delitos que los obligan a cumplir sentencias que llegan a consistir en la privación de la libertad.
La mayoría de las entidades de la República Mexicana actualmente cuentan con una Ley de Justicia para Adolescentes, abriendo así una nueva opción para los órganos encargados de impartir justicia en los estados, a fin de que los jóvenes que cometen delitos y que son menores de edad tengan sanciones acorde con su edad.
Al respecto, se debe tomar en cuenta que derivado de la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005, se ordena a la federación, a las entidades federativas y Distrito Federal establecer un sistema integral de justicia dirigido a las personas que se encuentren en el citado rango de edad. Sobre esto, la Constitución, en su artículo 18, párrafos cuarto, quinto y sexto, señala lo siguiente:
Párrafo cuarto . La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
Párrafo quinto . La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Párrafo sexto. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
De la misma forma, en los transitorios que recayeron a la mencionada reforma del artículo 18 constitucional, se determinó lo siguiente:
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los estados de la federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.
Con lo anterior, queda de manifiesto que las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, debieron expedir e instaurar el sistema de justicia para adolescentes en el año de 2006. Por tanto, ha transcurrido en exceso el plazo para que el estado de Guerrero expida la respectiva ley.
No obstante, a la fecha aún existe un estado en territorio nacional que todavía no cuenta con una ley de justicia para adolescentes, lo que trae como consecuencia que las sanciones a los responsables de delitos, suelen ser calificadas de manera muy distinta a la que establecen las normas.
En la actualidad, Guerrero no cuenta con una ley de justicia para menores infractores, por lo que es trascendental que a la brevedad se establezcan dichos marcos a fin de que las autoridades judiciales puedan tomar en cuenta las bases legales mínimas para establecer las sanciones a los menores.
Si bien es cierto que los estados cuentan con autonomía propia para establecer o derogar cada una de sus leyes, desde esta sede se hace un atento exhorto al Congreso de Guerrero, a fin de que dicho organismo cree una ley que se encargue de establecer las sanciones a los menores de edad que incurran en una conducta atípica.
Con la creación de estas normas, nuestro país contaría en su totalidad con una ley en cada uno de los estados que lo integran, permitiendo así que exista una armonización en todas las leyes además de que se tengan las bases mínimas para que las autoridades encargadas de impartir justicia, tengan herramientas que permitan fomentar la justicia para menores de edad.
Así nuestro país podrá contar con las herramientas necesarias a fin de que los retos en materia penal puedan ser afrontados de una manera más eficaz, trayendo como consecuencia una buena reinserción a la sociedad de toda persona que se haya encontrado en un proceso penal.
Es por lo anterior, que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Guerrero, para que expida una ley que permita implantar un Sistema de Justicia para Adolescentes, con las características establecidas por el artículo 18 constitucional. Lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma al citado artículo constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar un plan integral e iniciar acciones basadas en estudios, políticas y programas encaminados a evaluar y solucionar la situación epidemiológica ambiental, así como los índices de contaminación que afectan la región Tula-Tepeji, Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La región Tula-Tepeji que comprende 17 municipios, es la más afectada del estado de Hidalgo y considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una de las más contaminadas del mundo, por contaminantes producidos por empresas cementeras, la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, así como por la descarga de aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México, según el Registro de Emisiones y Transferencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Datos proporcionados por el Consejo Consultivo Ciudadano de Tula, indican que la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos emite anualmente seis millones 129 mil 92 toneladas de bióxido de carbono, mientras la refinería Miguel Hidalgo despide cada año 3 mil 312 toneladas de bióxido de carbono, 7.2 toneladas de níquel y 134 kilogramos de plomo.
Asimismo, se detalla que las petroquímicas emiten cada año al aire de Hidalgo 44 mil 400 toneladas de bióxido de carbono, 455 kilogramos de cianuro, la misma cantidad de níquel y 113 kilos de plomo.
La cementeras que se encuentran en la zona despiden anualmente más de 1 millón 361 mil 854 toneladas de dióxido de carbono y más de 18 de benceno, así como 460 mil kilogramos de plomo y 140 mil kilos de mercurio.
Derivado de reuniones que han sostenido la Secretaría de Salud y del Consejo Consultivo Ciudadano del estado, se denunció la contaminación emitida por una empresa de carbón activado, ubicada cerca de la carretera Tula-Refinería, ya que vierte sus residuos líquidos al canal que irriga los campos de cultivo de la zona.
Diversos estudios han comprobado que tan sólo la refinería y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos emiten 33 veces más dióxido de azufre que todo el Valle de México.
El 27 por ciento de los contaminantes que se tienen en la región de Tula es emitido por la refinería Miguel Hidalgo, además de que éstos son los más peligrosos como dióxido de carbono, níquel y plomo.
La refinería Miguel Hidalgo, de acuerdo con los ambientalistas, es la empresa más contaminante en todo el país.
La contaminación por los desechos tóxicos de la refinería alcanza tanto el agua, el aire y el suelo, por ello se ha señalado que la zona de Tula es una de las más contaminadas no sólo del país, sino del mundo.
Empresas como la CFE, las cementeras y textileras han contribuido con la grave contaminación de la región. Uno de los municipios más afectados en cuanto a la contaminación de aire es Atotonilco de Tula.
Por lo anteriormente expuesto, es urgente que se implementen acciones por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de frenar y mitigar las emisiones contaminantes de la zona, ya que sus efectos pueden ser devastadores para la salud de los pobladores de la región.
Se requieren de acciones inmediatas para establecer la evaluación correspondiente de la zona, implementar medidas que ayuden a reducir la emisión de contaminantes a la atmosfera y no permanecer de brazos cruzados observando el deterioro ambiental que será irreversible para el Estado, para el país y para el mundo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar un plan integral e iniciar acciones basadas en estudios, políticas y programas encaminados a evaluar y solucionar la situación epidemiológica ambiental así como los índices de contaminación que afectan a la región Tula-Tepeji, en el estado de Hidalgo.
Segundo. Se solicita que una vez diseñado el plan, se envíen los informes correspondientes a la honorable Cámara de Diputados para que se efectúe el puntual seguimiento del mismo.
Dado en el Palacio de San Lázaro, el 15 de febrero del 2011.
Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conavi a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre calidad por los desarrolladores de vivienda, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
El artículo 4o. de la Constitución Mexicana establece un derecho en favor de las familias para que disfruten de una vivienda digna y decorosa. A través del tiempo, buscando dar cumplimiento a este derecho, se han promulgado y derogado leyes, se han establecido programas surgidos desde todos los niveles de gobierno, se han creado dependencias, y cerrado las que en su momento se consideraron inoperantes. Cada sexenio, cada ciclo de administración pública busca con sus métodos e instrumentos atacar uno de los mayores problemas en el país: la carencia de vivienda para gran parte de las familias.
Hay un gran déficit en este renglón, y la vivienda es considerada un indicador de bienestar de una sociedad; las políticas para dotar de un techo a las clases más necesitadas están muy lejos de llevar a una solución. El precio final de la vivienda ofertada a las clases que aún pueden obtener acceso a un crédito oficial cada día se incrementa más, lo que impide alcanzar soluciones al problema en un corto o mediano plazo, puesto que el encarecimiento del producto tiene como una, entre otras consecuencias, la inaccesibilidad de un sector importante de la población a lo que es un derecho constitucional.
Es frecuente escuchar polémicas en torno a lo que los actores principales en la producción de vivienda popular consideran como posibles soluciones para la disminución de los costos de urbanización y edificación, al cobijo de esta idea se han negociado condonaciones del pago de impuestos, se han eliminado áreas de donación, se han otorgado subsidios a los créditos, pero nunca se ha demostrado que este tipo de “ahorros”, y muchos otros más, se traduzcan en un beneficio efectivo para el comprador final, ni que hayan contribuido de alguna manera a reducir la problemática que significa el establecer las políticas adecuadas para dotar de vivienda a cada familia mexicana.
Hablar de la vivienda en México es hablar de las familias que han adquirido un patrimonio con muchos esfuerzos, incluso con los ahorros de toda una vida. Por ello, el país ha firmado en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como lo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para garantiza en el país el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad, y la finalidad ha sido fortalecer lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo sexo.
Todo lo anterior ha sido para fortalecer el marco de actuación de las autoridades, asegurar a las familias un patrimonio digno y de calidad, y así dar solución a las demandas de vivienda que requiere la ciudadanía; sin embargo, en los últimos ocho años se han encontrado diversas irregularidades en las viviendas, ya que se han hecho varias denuncias donde se establece la mala calidad de las mismas, encontrado lo que se denomina “vicios ocultos de la construcción”, siendo estos los defectos no visibles que, en caso de aparecer antes de un determinado plazo desde la venta, dan derecho al comprador a exigir al vendedor el saneamiento de la vivienda o inmueble.
Lo anterior se establece en las leyes o reglamentos de la edificación de los estados, y en términos generales señalan que las personas (promotor, constructores, incluso técnicos superiores) que intervienen en el proceso de edificación deben responder, frente a los compradores-propietarios afectados:
• Vicios de estructuras. Durante 10 años (dependiendo de la entidad), por los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos en los elementos estructurales que comprometen la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
• Elementos e instalaciones que afecten a la habitabilidad, por los daños materiales causados por vicios o defectos en elementos o instalaciones que afecten a la adecuada habitabilidad de la vivienda.
• Terminación o acabado de obras, por los vicios o defectos que afecten los elementos de terminación o acabado de las obras.
Sin embargo, el aumento desbordado de la población urbana transformó la producción bien lograda de las agrupaciones de vivienda social a cargo de las entidades estatales, en un problema cuantitativo para los sucesivos gobiernos. En la actualidad, la política se fundamenta en la provisión de un subsidio estatal a la demanda y la construcción de las unidades por parte de firmas privadas con el apoyo del sector financiero. Los problemas de calidad que presentan muchos de los conjuntos construidos sugieren la necesidad de complementar la política con directrices urbanísticas y arquitectónicas, además de opciones que respondan a las condiciones de los demandantes informales, que constituyen la mayor parte de la demanda.
Buscamos, como representantes del pueblo, justicia a las personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de las casas-habitación adquiridas mediante créditos otorgados por el Infonavit, el Fovisste o el ISSFAM, entre otros. Estos organismos tampoco han intervenido efectivamente en la solución del problema.
Recientemente, y como un claro ejemplo de ésta problemática, la relatora de Vivienda Adecuada de la ONU ha corroborado en su informe anual de actividades, fechado el 22 de febrero de 2010, las graves conculcaciones del derecho a la vivienda por el Estado en el caso de Lomas de San Francisco Tepojaco, México.
El Instituto Politécnico Nacional, tras el análisis minucioso de las condiciones geológicas, ambientales y sociales en las que viven miles de personas en el mencionado fraccionamiento, ha concluido que las casas fueron construidas sobre terrenos inadecuados. Hay en el subsuelo una capa superior, conocida como “suelo blando” que, en combinación con capas de mayor firmeza, provoca agrietamientos y hundimientos en varios sitios del conjunto habitacional.
Ése es sólo un ejemplo; sin embargo, se ha registrado un cúmulo de denuncias de usuarios por la mala calidad de la vivienda de interés social, y es nuestra obligación como legisladores garantizar la calidad de la vivienda, por lo que el órgano legislativo atenderá las demandas de la ciudadanía, principalmente para proteger a las familias que adquieren un inmueble de buena fe y que muchas veces no resulta ser lo que esperaban.
Las denuncias formuladas hasta ahora no dejan lugar a dudas sobre la inconveniencia de realizar obras de mala calidad donde a los pocos años el Estado se ve obligado a utilizar sus recursos siempre escasos frente a la magnitud del déficit, para repararlas o reemplazarlas por viviendas nuevas.
En concordancia con todos los elementos anteriores,
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda, como órgano coordinador del sistema nacional de vivienda, a vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento por los desarrolladores de vivienda de la normatividad relativa a la calidad de ésta.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de vivienda a informar a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados respecto al proceso de aplicación de la normatividad relativa a la calidad de las viviendas de interés social.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de vivienda a asesorar e informar a las entidades federativas sobre los criterios mínimos que debe presentar las viviendas de interés social
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir por la Segob la declaratoria de desastre natural en Ciudad Juárez, Chihuahua, y liberar recursos del Fonden para atender los problemas derivados de las fuertes nevadas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de las altas temperaturas y las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas, prácticamente todos los estados del norte del país se han visto afectados de manera crítica. El estado de Chihuahua, como cada año no ha sido la excepción y muchos de sus municipios se encuentran en condiciones prácticamente deplorables.
Tal es el caso del municipio de Ciudad Juárez que ha presenciado la más intensa nevada en los últimos 20 años, obligando a la suspensión de actividades escolares, el transporte aéreo y la suspensión de parte de la producción manufacturera como resultado de las tormentas de nieve y temperaturas que han alcanzado los 20 grados Celsius bajo cero.
Por otro lado, se han reportado accidentes viales provocados por la presencia de nieve en vías importantes de la ciudad; han sido cerradas las principales carreteras que comunican al municipio con la capital del estado y las ciudades vecinas de la frontera.
Se tienen reportes locales que las nevadas y las bajas temperaturas han afectado a más de 80 mil habitantes que se encuentran asentados en el cinturón de miseria, situado al poniente de la ciudad.
Las bajas temperaturas han provocado la congelación de tuberías de agua potable en muchas viviendas del municipio, generando desabasto del vital líquido. También se ha registrado la carencia de energía eléctrica, además de daños a viviendas construidas con madera y cartón que amenazan la integridad física de quienes las habitan. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las bajas temperaturas.
Debemos reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno municipal pues se han habilitado 29 centros comunitarios como albergues, donde se ha dado alimento y cobijo, principalmente a personas marginadas, sin embargo, la dimensión del problema (desabasto de agua, luz y servicios públicos en general) ha rebasado su capacidad financiera para poder hacer frente las necesidades básicas.
Es necesario por tanto, que el gobierno federal acelere la declaratoria de emergencia en el municipio de Ciudad Juárez con el propósito de apoyar a la población afectada y liberar los recursos suficientes para cubrir las necesidades generadas por las intensas nevadas.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LXI Legislatura, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal a emitir la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el de Ciudad Juárez como resultado de las condiciones climáticas generadas por las intensas nevadas que han puesto en peligro a la población del municipio.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a acelerar el proceso de liberación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y el gobierno del municipio de Ciudad Juárez pueda atender a la población afectada por las fuertes nevadas registradas en la localidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.
Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al INM a crear un registro nacional de repatriados, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el año 2010, se obtuvo una cifra récord al respecto de la deportación de reos que permanecían en prisiones en los Estados Unidos de América.
Muchas de estas personas se quedan en puntos fronterizos con la esperanza de introducirse nuevamente a territorio estadounidense.
Según fuentes del Departamento de Seguridad Interior del vecino país, en el año fiscal concluido en octubre pasado se repatriaron a más de trescientas noventa mil personas, de las cuales ciento noventa y cinco mil eran criminales convictos. De acuerdo a las cifras de organizaciones civiles y autoridades mexicanas, son más de setecientos veinte mil repatriados durante 2010.
Si bien dentro de este número de personas se encuentran aquellas que han dedicado su existencia al trabajo para mejorar la situación de su familia, muchos de ellos se han integrado en organizaciones delictivas en territorio estadounidense y mexicano, destacando los siguientes aspectos
a) Se han detectado grupos del crimen organizado en México reclutando a los repatriados, debido a que un gran numero de ellos ha tenido experiencia en el trasiego y venta de drogas, hablan inglés, tienen en su mayoría contactos en la unión americana y se encuentran en situación de vulnerabilidad, desesperados por encontrar empleo y debido a ello por cantidades menores están dispuestos a hacer casi lo que sea.
Muchos casos de este hecho han sido constatados por autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el territorio mexicano. La policía local de Tijuana ha detectado a pandillas formadas por inmigrantes repatriados; en Ciudad Juárez las pandillas más violentas como La Línea y Los Aztecas tienen en sus filas a delincuentes repatriados; en el caso de la organización delictiva La Familia Michoacana se han detenido extorsionadores que habían permanecido presos en penales de California.
b) A pesar de tener tratados internacionales con Estados Unidos (E.U.), en ninguno de ellos se contempla la obligatoriedad para el país vecino de informar el motivo de la repatriación.
Lo anterior genera que sólo en algunos puntos fronterizos se entreguen datos en formas simples, no especificadas, del nombre y en ocasiones sentencia purgada de los repatriados.
Cabe destacar que muchos de ellos no proporcionan a las autoridades estadounidenses los datos correctos de su nombre y procedencia, esto con la intención de buscar el retorno a E.U. con su nombre real. Estas relaciones de repatriados no contienen la información necesaria para consultar en ningún tipo de base de datos y los oficiales de migración del gobierno mexicano, sólo cuentan con la experiencia para realizar mediante un cuestionario improvisado la detección de la nacionalidad de dichas personas. Aunado a ello cabe destacar que la mayoría miente sobre su nacionalidad, expresando ser mexicano y a las autoridades americanas les es más fácil repatriar a México a todos y no enviarlos a sus diferentes países y a los migrantes les resulta conveniente que los dejen en puntos fronterizos.
c) Varios gobernadores de entidades federativas fronterizas han solicitado que la repatriación se efectúe por vía aérea y no sean entregados en los puntos fronterizos, debido a que se ha dado un incremento en la violencia de los grupos delictivos en las zonas de su competencia, al respecto nadie ha otorgado a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados el espacio de discusión suficiente para dar solución a este conflicto.
Existe el programa Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración (INM), que precisa dar una atención integral a los repatriados, pero en la mayoría de las ocasiones no se tiene ni idea de con quiénes se está trabajando.
Entre los repatriados se encuentran personas con mandatos judiciales pendientes y simplemente ingresan a territorio nacional, sin darnos cuenta en absoluto.
Hemos constatado, junto con organizaciones de la sociedad civil, que en puntos fronterizos el registro de repatriados se da en una libreta, sin algún proceso determinado, ni responsabilidad específica para ninguna autoridad.
En referencia a lo antes citado la nación requiere sistemas eficientes que ayuden a combatir la inseguridad y la mejor inversión para ello es la prevención; entre mejor tengamos ubicados los focos rojos de la delincuencia, los ciudadanos podremos estar prevenidos y las autoridades de los tres niveles de gobierno combatirán de manera eficaz la delincuencia.
Por ello se propone la creación de un registro de repatriados, que tenga como finalidad determinar fechas, flujo, frecuencia, estatus migratorio entre otros de las personas que son entregadas por las autoridades americanas en los puntos fronterizos. Dicho registro debiera contener información biométrica (huellas dactilares), fotografía, nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y los demás datos requeridos por la autoridad administrativa de migración en la república mexicana. Lo anterior con la finalidad de comparar dichos registros con mecanismos de información como Plataforma México y poder actuar en caso de la detección de criminales, así como mantener al tanto a las autoridades de las entidades federativas de la fluctuación de migrantes provenientes de sus territorios.
Este tipo de sistema facilitará el trabajo del personal del INM y podremos proteger a la ciudadanía que en estos tiempos ha sido tan afectada por la lucha contra la delincuencia, y a quien nos debemos todos quienes participamos en el servicio público. Estos ciudadanos presas de la extorsión, del robo, del narcomenudeo, del secuestro; son víctimas silenciosas cuyas voces requieren ser escuchadas, qué mejor que desde esta soberanía donde se encuentran todas ellas representadas, incluyendo a todas las ideologías políticas, hagamos un esfuerzo por tener mecanismos que integren una mejor defensa de su integridad física y la de sus familias.
En absoluto respeto al marco constitucional el cual a la letra dice
Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, (administrativa, sic DOF 05-02-1917) por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de ésta Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente, en el ámbito de colaboración de los poderes al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, estudie la viabilidad de crear un Registro Nacional de Repatriados, mediante un sistema que integre los datos de dichas personas, y que la información contenida pueda compaginarse con el sistema Plataforma México.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente, en el ámbito de colaboración de los poderes a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la revisión de los acuerdos binacionales de México-Estados Unidos en materia de repatriación a fin de incluir en los mismos la obligatoriedad de las partes a informar, en algún documento creado para tal efecto, de los motivos de repatriación, así como lo datos personales y biométricos de dichas personas.
Tercero. Se solicita al Sistema Nacional de Seguridad recomiende el mecanismo más eficiente para que en su caso el sistema que genere el Instituto Nacional de Migración pueda ser cotejado en Plataforma México y de haber alguna irregularidad se notifique a las autoridades competentes mediante los conductos institucionales utilizados para tal fin.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
