Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3197, miércoles 9 de febrero de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, en relación con el homicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrita por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Las diputadas Enoé Uranga Muñoz, Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca y los suscritos, senadores y diputados ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se torna cada vez más turbio e indignante entre tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detienen. La insostenible y vergonzosa impunidad de los feminicidios de su hija Rubí Marisol Frayre y el de Marisela Escobedo, el cual aconteció 16 de diciembre de 2010, en circunstancias tan previsibles que la propia víctima las describió antes de ser ejecutada y que sin embargo fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja, el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Marisela Escobedo, horas después de que fuera “levantado” por un comando.
Estamos viviendo momentos muy graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad interior de la nación, mientras en este país el Ejecutivo sólo parece tener capacidad para “condenar el asesinato”, mientras en otras latitudes, gobiernos y organizaciones exigen tomar acciones más drásticas y contundentes sobre el caso.
El martes 21 de diciembre, es decir, el mismo día que la Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto al caso en el que hacía la condena del Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Marisela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y a adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, cuyo asesino confeso Rafael Barraza, pese haber sido condenado a 50 años de cárcel, permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado, y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.
El miércoles 22 de diciembre la Unión Europea se pronunció a través de un a comunicado de la delegación diplomática de la UE en México sobre el asesinato de la activista mexicana expresando que “luchaba para exigir justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Marisol y en contra de la impunidad en casos de asesinatos de mujeres en Chihuahua”, condenó además el crimen e hizo un llamamiento a las autoridades para “esclarecer los hechos e identificar y llevar a juicio a los responsables de este asesinato”.
La mirada internacional al respecto y la de los defensores de derechos humanos en el país no dan crédito a la inmovilidad institucional y la falta de resultados positivos respecto del caso. La situación que rodea el asesinato de hija y madre sólo parece empeorar.
Ante la falta de garantías y la ya probada incapacidad o indolencia de quienes son responsables de salvaguardar las vidas de los habitantes del país, los hijos de Marisela Escobedo, quienes ven amenazada su vida en nuestro país, fueron escoltados por autoridades del gobierno de Chihuahua hasta uno de los puentes que hacen frontera con EUA.
La secretaria de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, confirmó que cuatro familiares de la activista social, Marisela Escobedo, huyeron de México y se refugiaron en EUA, por las amenazas de muerte que han recibido. Sin embargo, su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo fue detenido por las autoridades migratorias de EUA, país al que acudió en busca de asilo y está custodiado desde el 19 de diciembre en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas.
Toda esta desgracia que deshonra a la nación, nació el día en que quienes eran encargados de hacer justicia en el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre, le fallaron a la sociedad y creció por una cadena de errores, corrupción, complicidad, ineficiencias, indiferencia institucionales. Es decir, por el trato y la atención que las diferentes instituciones responsables de cada tramo; investigación, procuración y seguridad, le han dado a los feminicidios.
En una carta abierta con relación a los asesinatos de Marisela y Rubí, dirigida al presidente Calderón, la ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy Fevimtra, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, denunciaba la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que ministros, ministras, magistrados y magistradas, juezas y jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.
Sumado a lo anterior, cabe destacar que en el transcurso del año pasado se llevaron a cabo múltiples foros de consulta, debate y opinión en colaboración con la Secretaría de Gobierno, respecto de la necesidad apremiante de hacer una revisión exhaustiva al sistema penal acusatorio que ya opera desde hace mucho tiempo en Chihuahua, así como la urgencia de proteger cada vez más a las víctimas u ofendidos de un delito, dada la impunidad y corrupción que permea en aquella entidad y en otras tantas, y a la fecha nada pasa.
Ante la inoperancia de los responsables de la seguridad del país, se ha abierto una peligrosísima puerta falsa hacia la punición malsana, para la que el gobierno ha mostrado la sorprendente pasividad, misma que hace emergente reaccionar desde esta soberanía: nos referimos, desde luego, a los grupos de la delincuencia organizada que se autodeclaran paladines de la venganza y hoy, por medio de comunicados públicos, ofrecen hacer el trabajo que no hace justicia en Juárez y prometen castigar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo sin importar a qué grupo del crimen organizado pertenezcan, pues afirman que el gobierno del estado es quién protege a estos grupos criminales. Es decir ante la falta de justicia tenemos a un cartel ungiéndose como salvador de la patria, mismo que además apunta su solidaridad “con los familiares de la activista y con el pueblo chihuahuense”.
Resulta toral exigir a las autoridades correspondientes que se responsabilicen y éste crimen se esclarezca y se castigue a todos los culpables de éste y de los demás crímenes “colaterales” a él. Advertimos el riesgo palpable de que, al ser el crimen organizado el que ilegalmente “castigue a los culpables” como ha amenazado, lleguemos a extremos que nos convertirán en territorio sin ley y la credibilidad en la justicia caerá a un atascadero impensable en este siglo y lucrativo para la inseguridad en el país.
Es evidente que el asesinato de Marisela Escobedo es consecuencia de un contexto de violencia contra las mujeres en general y las luchadoras sociales contra la violencia de género en particular, por lo que además de otras medidas debemos insistir en la exigencia a las autoridades para cumplir con la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de mujeres.
Por lo anterior, y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha, y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, fijar plazos para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta Soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha.
Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del Estado la investigación y sanción a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huida de Sergio Barraza Bocanegra.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad, admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terepeútica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia, hasta que cumpla la mayoría de edad y/o obtenga una profesión u oficio, a la hija de Rubí Marisol Frayre quien apenas cuenta con dos años de edad.
Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres, que como sabemos debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluya en resoluciones sólidamente sustentadas; y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil, para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad.
Quinto. La Comisión Permanente solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de Estados Unidos de América para que puedan recibir asilo por temor a su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.
Sexto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo.
Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implantar el protocolo de protección a Derecho-Humanistas en el estado.
Dado a los cuatro días del mes de enero de dos mil once, Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a detener la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”; y a la CDHDF, a emitir la recomendación correspondiente a dicho servidor público por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PRI
María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al jefe de gobierno a que detenga la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, y exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras.
Exposición de Motivos
La sociedad le confirió al jefe de gobierno la responsabilidad y el poder para defender sus derechos, para vigilar la legalidad y para promover su desarrollo y el de las comunidades, pero siempre con una visión que integre los intereses, preocupaciones y necesidades de toda la población.
Es su obligación velar por la vigencia de los derechos de los habitantes del Distrito Federal, actuar siempre dentro del marco de la ley y promover acciones que consideren siempre la opinión de todos, mayorías y minorías.
Es su deber informar clara, amplia y oportunamente a los ciudadanos de su ejercicio, las obras y los proyectos que su gobierno realice, es su obligación consultar e integrar las opiniones de los ciudadanos y sus comunidades en estos proyectos.
Cuando se utiliza a la fuerza pública para imponer obras y proyectos el gobierno está incumpliendo con sus principales responsabilidades, está violando los derechos básicos de los ciudadanos y está realizando proyectos que no satisfacen las expectativas de todos los habitantes de esta capital, cancelándoles a muchos de ellos la oportunidad de realizar su proyecto de vida.
Para evitar la imposición debe prevalecer el diálogo, el cual debe estar enmarcado dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos y con una clara intención de consultar e integrar la opinión y preocupaciones de la comunidad, para definir la viabilidad de los proyectos y su legalidad, y no como una estrategia dilatoria para impulsar proyectos que sólo beneficiarán a unos cuantos.
Como somos testigos, las obras que realiza el jefe de gobierno las ha tenido que imponer con el uso de la fuerza. En el caso del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente, quienes violan la ley son el titular del Ejecutivo local y la empresa concesionaria; la violan al pasar por encima de los derechos que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y otras leyes establecen.
La empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, por su parte, incumple desde lo más básico que son los permisos para la demolición, hasta la inejecución de las condicionantes que le fueron establecidas en materia de impacto ambiental. En ello el gobierno del Distrito Federal es omiso, puesto que dicha autorización debió de haber sido revocada ante el incumplimiento de la mayoría de dichas condicionantes por parte de la empresa concesionaria en los tiempos que le señalaron. Por lo demás, y como ha sido mencionado por innumerables personas, expertos en materia ambiental y urbanismo, esta obra afectará gravemente el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
El uso de la fuerza pública sólo se justifica cuando se viola la Ley, cuando se pone en riesgo la paz pública o cuando se comprometen los derechos ciudadanos.
Esta obra se realiza en la ilegalidad, compromete los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la paz social. Es entonces al gobierno y a la empresa concesionaria a quienes deberían de aplicarle la fuerza pública y no a la comunidad; el mundo al revés.
Por otra parte, si bien es importante buscar los caminos que conduzcan al diálogo entre sociedad y gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene como función principal la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal y para ello cuenta con un elemento institucional que es fundamental, la emisión de recomendaciones, por lo que su función primera es servirse de dicho instrumento para apoyar a los habitantes del Distrito Federal en la defensa y protección de sus derechos, más aún cuando cuenta con los elementos suficientes para cumplir con sus responsabilidades.
Por lo expuesto, se someten a discusión y aprobación por el pleno de esta asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno a detener la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, hasta en tanto la empresa no cumpla con la ley, se den por concluidos los procesos jurisdiccionales en proceso de resolución, sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, informando con veracidad, y consultando e integrando su opinión para definir la viabilidad de esta obra.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a cumplir con sus atribuciones y emita la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras inconformes con la obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT, responda ante la ley por sus actos violatorios del estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Consideraciones
Los puestos públicos no debieran ser medio de corrupción; en general, instrumento privilegiado para la comisión de delitos, con el respaldo de la impunidad.
La actuación de Juan Francisco Molinar Horcasitas no debe quedar en una simple remoción, sino que ésta lleva al centro de las preocupaciones y reclamos nacionales, el que este funcionario público responda ante la ley, por sus múltiples actos violatorios a nuestro estado de derecho. Destacadamente, es llegado el momento de que la Procuraduría General de la República, atraiga el asunto relativo al incendio en la Guardería ABC y proceda a consignarlo ante las autoridades judiciales por la irresponsabilidad que se condujo al frente del instituto.
Ninguno de los hechos turbios de este funcionario deben quedar sin sanción, mucho menos la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC; y las lesiones sufridas por cientos de niños, trabajadoras y miembros de la comunidad, víctimas de este hecho.
La reparación de la violencia que azota al país exige justicia en un doble sentido, justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión de los más al desarrollo del país; pero también justicia, como antípoda de la impunidad. La comisión de delitos debe pasar de un acto de cinismo de los que tienen poder; para ser decisión de que se repare la dignidad y derechos de los ofendidos, incluidos la nación mexicana.
Los familiares de estas niñas y niños siguen exigiendo que se sancione con firmeza a Molinar Horcasitas, que en abierta violación a la letra y espíritu de la Ley del Seguro Social se dedicó a firmar contratos de subrogación de servicios de guarderías, sin cubrir los requisitos mínimos para la seguridad de las niñas y niños derechohabientes, dentro de un marco de anarquía y menosprecio a los derechos humanos a la vida y salud, privilegiando en todo momento el negocio, el lucro, el tráfico de influencias; manejando al IMSS, como si se tratara de una empresa de su propiedad, perdiendo la perspectiva de legalidad y servicio social.
No basta con que Molinar Horcasitas se vaya del gabinete, debe, como cualquier otro ciudadano, responder por sus corruptelas y demás delitos (licitaciones 20 y 21, inversión ilegal de las reservas del IMSS; irregularidades en torno a Mexicana de Aviación, entre otros), lo que será uno de los medios indispensables para que hechos como el crimen de la Guardería ABC no se repitan. Será un medio para atender la dignidad y la memoria de los fallecidos y la ruta para que México vea con fuerza moral al resto de los países de la comunidad internacional.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer, con la brevedad posible, la investigación del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a efecto de que el señor Juan Francisco Molinar Horcasitas y demás implicados en este hecho sean consignados ante las autoridades judiciales y sean sancionados con todo el peso de la ley.
Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en el marco de sus respectivas atribuciones investiguen la gestión de Molinar Horcasitas como director general del IMSS, procediendo al deslinde de responsabilidades.
Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El pasado lunes 10 de enero, regresaron a clases poco más de 27 millones de niños y jóvenes a continuar con sus estudios de educación básica. El asunto novedoso en este regreso a clases es que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas de los planteles de educación básica.
Es decir, a partir de esta fecha, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes.
Debemos recordar que esta ha sido una lucha que distintos sectores de la sociedad han emprendido, que viene de la alarma provocada por el incremento de la obesidad infantil y enfermedades crónico-degenerativas a muy corta edad, como la diabetes infantil y los cada vez más numerosos problemas de hipertensión.
En este sentido, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas a la ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos.
Este tipo de acciones provocaron que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares. Presiones a las que fuimos sometidos legisladores y funcionarios del gobierno federal.
Los poderes fácticos iniciaron una campaña para denostando al Congreso pretendiendo obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes y después para que se aprobaran unos lineamientos a modo para dichas industrias.
Es por ello que el Ejecutivo federal tuvo que doblar las manos y permitir que las reformas originalmente planteadas, fueran sólo el matiz de este grave problema y así seguir sirviendo a los intereses económicos de los empresarios.
El negocio del que estamos hablando no es menor. La estimación que se hace que se obtienen utilidades por 40 mil millones derivada de la venta de los productos en las cooperativas escolares.
Vemos con mucha preocupación que los lineamientos dados a conocer por la SEP el año pasado y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de agosto de 2010, son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana.
A pesar de ello, los funcionarios de la SEP se ufanan en señalar que, gracias a sus esfuerzos las empresas productores de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas mostraron voluntad y disposición para modificar sus productos, que incluso estuvieran abiertas a instrumentar convenios para implementar programas de vida saludable en las escuelas.
Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, señalan en su publicidad que los productos que ahora comercializan en las escuelas están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son los recomendados para su consumo en la población infantil.
Como medida, ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado.
No comprendemos como los lineamientos aun permiten la venta de galletas, pastelitos, confites y postres de hasta 140 kilocalorías y bebidas con edulcorantes, cuando se ha demostrado que este tipo de productos son los que provocan obesidad y sobrepeso en los niños.
No se trata de ahora poner a disposición de los alumnos porciones pequeñas de los mismos productos que les pueden provocar obesidad. ¿Qué va a suceder si consumen varias de estas porciones? El resultado será el mismo, las niñas y los niños estarán consumiendo la misma comida basura.
Compañeras y compañeros legisladores: los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho una serie de propuestas que permitirían ir resolviendo este problema de salud pública.
Una de las propuestas que hemos realizado es la relativa a instaurar en los planteles escolares públicos, las áreas de comedores, donde los alumnos puedan recibir una alimentación lo mejor balanceada posible y que sea garantía de proporcionar en los niños, los micro y neuronutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de ellos.
Una segunda propuesta, radica en que en dichos comedores escolares, puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos para los educandos, además de ser los encargados de coordinar las mesas de trabajo para complementar la composición alimentaria de las comidas, con personal profesional y especializado en el área nutricional.
Finalmente, hemos de decir que esta propuesta es noble, toda vez que no tratamos de desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino de garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible, donde pueda incluir la posibilidad de ofrecer desde uno de estos alimentos, hasta complementos alimenticos de origen naturista.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once.
Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política; y 58 a 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.
Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, es necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a cuatro años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Marco jurídico
Precios de combustibles
En México, los precios al público de las gasolinas y del diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer dichos precios, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que dicha dependencia se la encarga de tales funciones atendiendo los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado.
Lamentablemente, por no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en el país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, que es urgente rectificar en beneficio de la economía del país y de las clases populares.
La SHCP mensual o semanalmente autoriza a Petróleos Mexicanos (Pemex) los precios al público de las gasolinas Magna y Prémium, así como del diesel comercializado por Pemex Refinación, que a través de la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial, Subgerencia de Estrategia de Precios, se transmitan para su comercialización.
Precios de gasolinas y de diesel en 2007
El 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el encargo, el precio de la gasolina Magna era de 6.74 pesos. La Prémium costaba 8.29 y el diesel 5.70, por litro. La política de incrementos consistía en incrementar de 2 a 4 centavos por litro, cada primero de mes, buscando equiparar el impacto inflacionario decretado por el Banco de México (Banxico), equilibrando los factores económicos por el uso de los energéticos.
En septiembre de 2007, el presidente Calderón anunció la congelación de precios de la gasolina Magna y el diesel, medida populista “para evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos”. No subieron la Magna ni el diesel, pero la Prémium continuó con aumentos mensuales.
En resumen, en 2007 la Magna de 6.74 pesos el litro, subió 27 centavos para quedar en 7.01, incremento de 4 por ciento. Mientras, la Prémium, de 8.29 el litro, subió 44 centavos y quedó en 8.73, lo que representó 5.3 por ciento de incremento. El diesel, con precio de 5.70 el litro, subió 23 centavos y quedó en 5.93, un aumento de 4 por ciento.
Si comparamos esos incrementos con la inflación general de que informó el Banxico en 2007, que fue de 3.76 por ciento., se observa una política aceptable en ese primer año de gestión del presidente Calderón.
Precios de gasolinas y de diesel en 2008
Para 2008, la metodología aplicada por la SHCP en la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel fue de excesos: 33 incrementos en el año, los primeros 6 meses continuaron subiendo los precios de estos combustibles cada día primero.
Para julio, los aumentos fueron semanales, con la única idea de desorientar al público consumidor, con incrementos de 2 a 5 centavos por litro semana a semana.
El diesel inició con un precio de 5.93 pesos por litro, se incrementó en 1.40 para quedar en 7.33. El efecto inflacionario fue brutal para los automotores que mueven la economía del país, la carga pesada de comestibles, bienes y personas. El incremento fue de 23.61 por ciento en un solo año, con módicos 33 incrementos programados por el Ejecutivo federal.
Pese a que la inflación de 2008 anunciada por el Banxico fue de 6.53 por ciento, la más alta en 8 años, los incrementos del precio del diesel representaron 3 veces más que ésta, un exceso de 17 por ciento que afectó negativamente la economía del país, pues el transporte público, entre otras actividades que tienen precios oficiales, no pudo asimilar el aumento de sus costos de operación con las consecuencias ya conocidas de paros escalonados, incendio de automotores y camiones en las carreteras de todo el país, como protesta por los incrementos del diesel.
La gasolina Magna inició 2008 con un precio de 7.01 pesos, subió 69 centavos para quedar en 7.70. El incremento significó 9.84 por ciento, muy por encima de la inflación anual anunciada por el Banxico.
En la misma proporción, la gasolina Prémium, que arrancó con un precio de 8.73 pesos, subió 84 centavos para quedar en 9.57; es decir, casi 10 por ciento de incremento.
En 2008 entró en vigor la modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. La fracción II del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento estableció cuotas para la gasolina Magna de 36 centavos por litro, gasolina Prémium de 43.92 centavos por litro y del diesel de 29.88 centavos por litro, para que Pemex y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen ventas de combustibles al público en general trasladen dicha cuota en el precio final al público.
El aumento fue gradual de 2 centavos por mes, durante 18 meses, hasta llegar a la cuota arriba mencionada para cada producto. Lo negativo de los incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel es que los aumentos fueron hasta de 25 centavos mensuales, 10 veces más de la cuota del IEPS autorizada por la Cámara de Diputados. Es decir, hubo un libertinaje al amparo de la autorización de esta cuota que se entrega mensualmente a los gobiernos estatales y que representan una aportación de 22 mil millones de pesos anuales.
Precios de gasolinas y de diesel en 2009
Ante el rechazo generalizado de los sectores productivos del país por los 33 incrementos de los precios de los combustibles líquidos tenidos en el año anterior, el presidente Calderón dio un cambio en sus decisiones, al anunciar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, ya cuando el daño estaba hecho, aumentando hasta la cuarta parte del precio de los combustibles, como fue el caso del diesel, rebasando toda proporción económica entre los factores de producción y consumo del país.
Los precios de las gasolinas Magna y Prémium se congelaron hasta el 18 de diciembre de 2009. No respetó su palabra y pacto, y volvió a haber incrementos semanales en estos combustibles. La Magna inició en 7.70 el litro, subió 10 centavos para quedar en 7.80, tuvo un efecto de sólo 1.3 por ciento, mientras que la Prémium se congeló en 9.57 todo el año.
En el caso del diesel no se respetó ese acuerdo y el presidente Calderón autorizó 18 incrementos: inició con un costo de 7.33 el litro, subió 83 centavos para finalizar en 8.16. El incremento representó 11.32 por ciento en un combustible que mueve al país, que utilizan los automotores pesados con la carga de bienes, comestibles y de personas. Si se compara con la inflación decretada por el Banxico para 2009, de 3.57 por ciento, el aumento del diesel fue 3 veces mayor.
Precios de gasolinas y de diesel en 2010
En 2010, los precios de la Magna, de la Prémium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor. La Magna arrancó con 7.80, subió 96 centavos para quedar en 8.76. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual, de 4.40, reportada por el Banxico.
La gasolina Prémium inició con un precio de 9.57 el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10, un efecto de 5.5 por ciento, mientras que el diesel costó al arranque del 2010 8.16 el litro, subió 96 centavos para finalizar en 9.12, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento.
En el caso de la gasolina Magna y del diesel, que representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país.
Conclusiones
La gestión del presidente Calderón en materia de fijación de precios de energéticos en las gasolinas y el diesel ha sido errónea, pues ha provocado desigualdades entre los sectores productivos del país: hasta los particulares que sin tener la posibilidad usar automóvil propio pagan excesivo costo de los combustibles en todo lo que se consuma por efecto del pago en transporte que llega a niveles muy superiores a la realidad de la economía del país.
71 aumentos en 4 años
La arbitrariedad con que se dieron estos aumentos se refleja en los 9 incrementos de 2007, 33 en 2008, 17 en 2009 y 12 en 2010. Las gasolinas en México han subido en 71 ocasiones en los 4 años de gobierno de Felipe Calderón.
El diesel inició el 1 de diciembre de 2006 con un precio de 5.70 el litro, y al 31 de diciembre de 2010 su precio era de 9.12. Se ha incrementado 3.42 pesos cada litro, lo que representa un aumento de 60 por ciento.
La gasolina Magna inició el 1 de diciembre de 2006 con 6.74, al 31 de diciembre de 2010 el precio por litro era de 8.76. En cuatro años ha subido 2 pesos con 2 centavos, que significa un aumento de 30 por ciento.
La gasolina más cara es la Prémium, que representa sólo 5 por ciento de los combustibles vendidos en el país, con precios prohibitivos, en varias ocasiones, superiores a los que rigen en Estados Unidos, como marco de referencia del mercado internacional de los combustibles. Inició la gestión del presidente Calderón con un precio de 8.29, subió 1.81 pesos para quedar el 31 de diciembre de 2010 en 10.10, teniendo el efecto de 22 por ciento.
Todos estos aumentos, muy superiores a los referenciados a los índices de inflación anualizada reportada por el Banxico y que predicen efectos inflacionarios serios en la economía del país.
La política señalada por la SHCP no sólo rebasa los factores económicos de la economía, en materia de costos energéticos, sino pretende homologar los precios internos con los internacionales de los combustibles, referenciados a los que rigen en el mercado de Estados Unidos de América.
Hay iniquidades sustantivas por señalar en esta equívoca pretensión de la SHCP:
a) La capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses es muy superior a la que rige aquí: mientras que un trabajador en México gana 59.82 pesos de salario por día, en el país del norte un trabajador los gana en una hora. Por tanto, puede adquirir sin problema los combustibles a esos precios.
b) La calidad de las gasolinas y del diesel en el país no es la misma con que se vende en Estados Unidos de América: la gasolina regular equiparada con la Magna de México, de 87 octanos, ni la Prémium, con el mismo nombre en el país del norte, que tiene las características de 92 octanos, son de distinta especificación técnica en cuanto a las partes por millón de azufre, que rigen las normas internacionales y la aplicable en México, que es la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”.
c) Sólo la gasolina Prémium en México cumple las 15 partes por millón de azufre, que establece como parámetro internacional en calidad de gasolinas.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Programas
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, de actividades atinente al periodo 2009-2012
Presentación
En un escenario económico complejo, los esfuerzos que se dirigen a impulsar las actividades relacionadas con el desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, adquieren mayor relevancia, pues su contribución puede resultar crucial para posibilitar un cambio en el modelo de desarrollo, en la reactivación de la economía, en especial, del mercado interno y en el mejoramiento de los niveles de competitividad, observando siempre, el crecimiento sustentable del país.
Por lo anterior, el propósito central de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura es colocar en el escenario y la agenda nacionales así como en el imaginario colectivo la importancia que debe tener el sector que le da sentido, con el fin de conjuntar los esfuerzos de todos los sectores involucrados e interesados en su impulso (públicos, privados, sociales e internacionales).
Conjuntamente con la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser palancas que contribuyan de manera creciente para que México salga de los bajos niveles de desarrollo en los que se encuentra.
En virtud de la amplitud del compromiso que se asume, el programa se plantea para el periodo 2009-2012, tiempo en que se dará seguimiento a las acciones que se realicen en torno al alcance de los objetivos y en su caso, hacer las adecuaciones necesarias.
Como un grupo plural, esta comisión se propone integrar en el desarrollo de sus trabajos, todas las propuestas e ideas orientadas al logro de los objetivos que se propone.
Lo anterior, en cumplimiento del artículo 45, fracción 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se integró la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura.
Integración de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra (Nueva Alianza), presidente; Óscar Román Rosas González (PRI), Blanca Juana Soria Morales (PRI), Alejandro Bahena Flores (PAN), Guadalupe Eduardo Robles Medina (PAN), Rodolfo Lara Lagunas (PRD) secretarios; Ángel Aguirre Herrera (PRI), Pedro Ávila Nevárez (PRI), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (PRI), Alejandro del Mazo Maza (PVEM), José Alberto González Morales (PRI), Tomás Gutiérrez Ramírez (PAN), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT), Aarón Irízar López (PRI), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (PAN), Óscar Lara Salazar (PRI), Ana Luz Lobato Ramírez (PRD), Oralia López Hernández (PAN), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), José Trinidad Padilla López (PRI), César Octavio Pedroza Gaitán (PAN), María Isabel Pérez Santos (PRI), Jorge Romero Romero (PRI), José Luis Velasco Lino (PRI), José Antonio Yglesias Arreola (PRI).
Problemática
El esfuerzo realizado por diversos países en materia científica y tecnológica, entre otros rubros, ha provocado mejoras en el bienestar de sus poblaciones. Existe un consenso general sobre los beneficios que provoca un apoyo decidido y constante hacia este tipo de actividades, en particular en el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico.
Así, se aprecia que el apoyo continuo e incremental en la formación de recursos humanos de alto nivel, la generación y aplicación de conocimiento y la dotación de infraestructura adecuada, son elementos fundamentales de una política de Estado en ciencia y tecnología.
Al analizar la situación de nuestro país comparándola con la de otras naciones, México ocupa un lugar poco favorable en relación con diversos indicadores de investigación y desarrollo experimental. De esta manera, se muestra que la inversión registrada en territorio nacional representó sólo el 0.46 por ciento del producto interno bruto, PIB, en el año 2006, lo cual coloca a nuestro país por abajo de las economías llamadas emergentes, como es el caso de Chile, India, China y Brasil, países con los que México compite por atraer flujos de inversión extranjera directa. México se ubica por debajo del promedio latinoamericano de 0.62 por ciento en 2005, situación preocupante debido a que este promedio regional se incrementó respecto al año anterior (2006), cuando se situó en 0.52 por ciento. En consecuencia, aún nos encontramos muy lejos de los porcentajes de PIB destinados a investigación y desarrollo experimental, IDE, en países desarrollados y aún de nuestros principales socios comerciales, como Canadá (1.94 por ciento) y Estados Unidos (2.66 por ciento) (Cuadro 1).
El financiamiento nacional de la ciencia y la tecnología tiene dos grandes componentes. Por un lado se encuentra el del sector público, que comprende a la administración pública, el Conacyt y las entidades federativas y, por otro, la inversión que realiza el sector privado. En México, el principal aporte de inversión en ciencia y tecnología ha provenido del sector público.
El financiamiento ha sido insuficiente para alcanzar niveles mundialmente competitivos en actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (CTI), para lo cual se requiere ampliar la participación de todos los agentes involucrados, en particular la del sector privado. Asimismo, es necesario atraer inversión de fuentes que no estén sujetas al proceso de asignación de fondos públicos, incluyendo recursos de países y organismos internacionales (Gráfica 1).
En este contexto, lo más grave, es que seguimos en cifras inferiores a lo que mandata la Ley de Ciencia y Tecnología, que a la letra dice:
Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.
El apoyo a las actividades CTI trae consigo importantes retos, el más significativo quizá sea la atención a necesidades específicas de la sociedad. A nivel internacional, la medición del esfuerzo que realiza un país en CTI es el gasto en IDE respecto a su producto interno bruto. Se tienen evidencias de que los países son más competitivos y sus ingresos per cápita tienden a ser mayores, cuando invierten más en IDE.
La política pública de fomento al desarrollo de la CTI debe considerar un monto del subsidio óptimo que complemente una participación apropiada del gasto privado y permita mantener en forma sostenida el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) a lo largo del tiempo. Para alcanzar tal inversión óptima social se debe reconocer que éste es un proceso gradual, en virtud de que los ajustes no son instantáneos y requieren crear capacidades en forma progresiva a lo largo del tiempo.
Partiendo de niveles reducidos de esfuerzo público y privado, éstos se deben incrementar en forma gradual y selectiva, según la eficiencia y pertinencia de los distintos instrumentos. Dado que existen rendimientos decrecientes en el GIDE, las distintas economías según su grado de desarrollo relativo deben establecer diferentes metas de inversión pública y privada.
Las limitantes fundamentales para la implantación de políticas públicas de largo plazo, han sido, entre otras, la fragilidad fiscal del Estado mexicano y la definición de prioridades en torno al gasto, que han derivado en el comportamiento errático de la economía. Por lo tanto, se debe revalorar el papel de la CTI en el proceso de desarrollo, sobre todo en momentos como el que se vive actualmente.
En perspectiva, y a pesar de lo anterior, durante los tres últimos años (2007-2009), se ha registrado un crecimiento en la inversión en CTI de 12.5 por ciento en términos reales, respecto al periodo 2001-2003. (Cuadro 2).
En el ramo 38 conformado por el Conacyt y 27 centros de investigación. La inversión acumulada 2007-2009 crece en términos reales en 37.9 por ciento y 14.24 por ciento respecto a 2001-2003 (Cuadro 3).
México necesita desarrollar su capacidad científica, tecnológica e innovadora para resolver los graves problemas económicos y sociales. La economía nacional presenta un bajo nivel de crecimiento, no solo inferior respecto al de los países de mayor desarrollo, sino inclusive respecto a países de similar tamaño y desarrollo como Brasil, lo que incrementa las brechas de ingreso y bienestar.
El esfuerzo que en México se realiza para inducir el desarrollo científico-tecnológico y la innovación son insuficientes, es inferior al óptimo social y reducido respecto a los parámetros internacionales, en particular para insertarse en sectores de alto dinamismo tecnológico. Mientras, en el ámbito internacional la ciencia y tecnología representan un factor de transformación radical y acelerada, que tiene impactos significativos en todas las actividades humanas. No aprovechar las oportunidades que implica este proceso de cambio puede significar el agravamiento de las problemáticas actuales.
A continuación se presenta una síntesis de la situación en que actualmente se encuentra el sector que nos ocupa, por temática específica.
Posgrado
En 2009, México, con más de 105 millones de habitantes tiene sólo una matrícula 197 mil 600 alumnos inscritos en posgrado.
En el país se gradúan 2 mil 500 doctores al año, mientras que en Brasil esta cifra asciende a 10 mil, en España a 9 mil, en Alemania a 24 mil y en Estados Unidos a casi 50 mil.
Centralización
El Distrito Federal concentra a 31.4 por ciento de los programas de posgrado de mayor calidad. Las entidades federativas con menor oferta de posgrados consolidados son Colima, Nayarit, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Tlaxcala.
Mientras que hasta 2006, Campeche no contaba con un sólo programa consolidado.
El Sistema Nacional de Investigadores cuenta en 2009 con poco más de 15 mil 500 investigadores.
Éstos se concentran en las entidades federativas que cuentan con mejor infraestructura: Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla y Jalisco.
Porcentaje respecto a la PEA
El número de investigadores con relación a la población económicamente activa, PEA, era de 0.05 por ciento, lo cual no corresponde a las dimensiones del país.
Otros países como Argentina y Chile contaban respectivamente con índices de 0.13 por ciento y 0.12 por ciento.
Impacto
La participación de México en la producción científica mundial es de sólo 0.75 por ciento del total de artículos publicados (2006), y el factor de impacto en el periodo 2002-2006, en promedio fue de 2.88, lejos de los estándares internacionales.
EUA, que contribuye con un 32.30 por ciento tiene un factor de impacto de 6.67; Alemania contribuye con 8.10 por ciento en la producción mundial de artículos científicos con un factor de impacto de 5.74.
Brasil tiene una aportación del 1.92 por ciento y un factor de impacto de 2.95.
Envejecimiento
Existe un envejecimiento de la planta académica. El promedio de edad de los miembros del SNI es de 55 años. El de los del nivel III es de 63 años y el de los candidatos, de 38 años.
Inventiva
El coeficiente de inventiva que corresponde a México en 2004, alcanzó un valor de 0.05; mientras que el de Brasil fue de 0.51; 10 veces mayor que el de México, en tanto que Argentina alcanzó 0.41. En este rubro, Japón obtuvo 32.41, Corea 20.18, Alemania 12 y Estados Unidos 6.95.
La capacidad de inventiva es inversamente proporcional al grado de dependencia tecnológica, en 2005, la tasa de dependencia tecnológica de Japón fue de sólo 0.15, en tanto que la de México fue de 29.30 y la de Brasil de 14.57.
Déficit y competitividad
Como consecuencia, la balanza de pagos es tremendamente deficitaria. El último dato publicado por el Conacyt corresponde a 2005, y es de menos mil 913.1 millones de dólares americanos.
Al mismo tiempo, la competitividad del país sigue rezagándose cada vez más, al grado de que en 2009 México ocupa el lugar 52.
Inversión
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) por habitante de México, pasó de 30 dólares en 1996 a 48 en 2005. En este mismo periodo, Brasil registró un avance de 37.26 a 46.51 dólares, Estados Unidos avanzó de casi 744 dólares a 1,091 por habitante, y en Finlandia el gasto en investigación y desarrollo experimental per cápita alcanzó los mil 100 dólares anuales.
Falta de vinculación
• Carencia de políticas públicas que fomenten la relación universidad-empresa para que los egresados de la educación superior, destacadamente los posgraduados, sean absorbidos por el sector productivo público y privado, e incorporados a las actividades que crean valor.
• Se requiere continua revisión y adaptación de los programas de estudio de las IES, a fin de que respondan con mayor claridad y certeza a las demandas del mercado y a las necesidades productivas y competitivas del país
• Falta de articulación de las políticas públicas de los diferentes sectores de desarrollo en materia de CTI, que frente a problemáticas estructurales y relacionadas, resultan soluciones aisladas, frente a la necesidad de propuestas integrales que generen efectos sinérgicos en el desarrollo regional y nacional.
Aunado a lo anterior hay que tener presente que la transición demográfica representa uno de los factores que mayor incidencia tendrá sobre la evolución de la economía mexicana en los próximos años. En 2020, México tendrá una gran proporción de población en edad de trabajar (cerca de 67 por ciento), lo que representa una oportunidad única, ya que en la medida en que esta población ocupe empleos productivos en el sector formal, podrá aumentar la productividad, más personas tendrán acceso a la seguridad social y los recursos para el sistema de pensiones tendrá mayor viabilidad.
En materia de empleo, en los dos próximos lustros demandarán trabajo más de un millón doscientos mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que actualmente representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.
Por ello, la transición demográfica plantea para México un doble reto: volver a crecer en forma sostenida para elevar el nivel de vida de su población, y hacerlo a un ritmo que le permita incorporar a la actividad productiva a una población de jóvenes en edad de trabajar que aumentará significativamente.
Nuestro compromiso
Ante esta situación el Estado mexicano debe asumir un papel activo y protagónico en el impulso de las actividades de CTI para mejorar los índices de equidad social, por lo que la Comisión de Ciencia y tecnología de la LXI Legislatura, la política pública debe tener un carácter indicativo que priorice un cambio estructural con visión de largo plazo que permita una transformación productiva, articulada al modelo científico y tecnológico que opera en nuestro país, solo así podremos detonar una actividad incrementalmente innovadora. Esta actividad no puede ser inducida en forma aislada por el gobierno, es necesario que los distintos agentes la incorporen en sus prácticas productivas para obtener beneficios sociales y económicos.
El desafío es establecer normas que tengan efectos multiplicadores, positivos para el desarrollo científico, tecnológico y productivo, para elevar la competitividad y la generación de empleos bien remunerados. Lo relevante es crear valor tecnológico y eslabonamientos que articulen cadenas productivas en torno al mismo. Ciencia, tecnología e innovación pueden contribuir al desarrollo humano de una sociedad, elevando la eficiencia y el bienestar; y la política pública debe tener ese objetivo.
Este puede ser un momento para relanzar y proyectar a largo plazo, una política que fortalezca el acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología, así como la cantidad y capacidad de nuestros científicos y tecnólogos, con el fin de transitar consistentemente hacia una sociedad basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Propuesta de acción
Ante la problemática descrita anteriormente y la compleja situación que vive el país actualmente, los retos que se enfrentan demandan acciones decididas, voluntades conjuntas, interés genuino por contribuir desde diferentes trincheras en la reactivación del desarrollo y el crecimiento sostenido de nuestro país.
El eje central del programa de trabajo es promover que los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología e innovación (CTI), adquieran el rango de política de Estado, en tanto integre una visión de largo plazo, que, con base en el análisis de la situación que actualmente vive México y su relación con los problemas que enfrenta el sector CTI, defina los ejes rectores de la acción, los objetivos que se propone y las estrategias para producirlos, y convoque y estimule la participación comprometida de los actores involucrados. Para que se pueda llamar política de Estado, una política pública ha de integrar los puntos de vista, las voluntades y los esfuerzos de la sociedad, el gobierno y los sectores productivos de una nación y abarcar el territorio nacional con propuestas de acción que tiendan hacia el desarrollo equitativo y sustentable de cada región. Lo anterior con el respaldo suficiente y oportuno de los recursos fiscales y financieros.
Una política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación involucra la atención de cinco temáticas relacionadas entre sí: actualización, enriquecimiento y aplicación del marco jurídico, promoción del federalismo, vinculación con el sector productivo, cooperación nacional e internacional, y financiamiento, temáticas que conforman los objetivos generales que se proponen y sobre los cuales la Comisión realizará diversas acciones en el marco de sus atribuciones.
A continuación se muestra el esquema que integra la estructura de la propuesta y en la Tabla 1 se describe la propuesta de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, conformada por un eje rector, cinco objetivos generales y complementarios, y las acciones y estrategias que se proponen para avanzar hacia su logro.
Eje central, objetivos generales y acciones
Eje central y objetivos generales
Eje central: Promover que los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología, adquieran el rango de una política de Estado. (Política de Estado en CTI)
Acciones y compromisos
• Analizar experiencias internacionales sobre el tratamiento que se da a las políticas públicas en materia de CTI, recuperar los esfuerzos nacionales y buscar el consenso para elevarla a política de Estado.
• Convocar a los actores involucrados en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación para que participen en la construcción de un pacto nacional que impulse la inversión y el trabajo vinculado para que México supere la brecha en materia de desarrollo científico y tecnológico.
• Formular una propuesta de política integral para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con visión de largo plazo, equidad e impulso decidido al desarrollo de la competitividad, que incorpore los esfuerzos de los diferentes sectores productivos y ordenes de gobierno.
• Mantener abierto el diálogo con la sociedad sobre la importancia de la Ciencia para resolver los problemas del país.
I. Impulsar y dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Ciencia y Tecnología. (Aplicación de la LCT)
• Construir y dictaminar iniciativas y puntos de acuerdo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, con objeto de fortalecer el marco jurídico nacional que impulse el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.
• Analizar y dictaminar las iniciativas que en la materia turne la Mesa Directiva a la Comisión, así como las que se tienen pendientes.
II. Proponer acciones y políticas en materia de ciencia y tecnología, orientadas a consolidar la federalización. (Federalismo)
• Fortalecer los instrumentos dirigidos a impulsar la federalización y distribución de los recursos para ciencia y tecnología entre los estados con mayor equidad, eficiencia y oportunidad.
• Promover programas que estimulen y promuevan el desarrollo de las fortalezas de cada región, a partir de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
III. Promover la vinculación entre la investigación científica y tecnológica y las instituciones de Educación Superior con el sector productivo. (Vinculación CTI con el sector productivo.)
• Buscar el acercamiento entre los científicos de los centros e institutos de investigación, con los empresarios, a fin de que se establezcan acciones conjuntas en pro de la atención a problemas estructurales, el incremento de la productividad y la sustentabilidad del desarrollo y la mejorar de los procesos productivos.
IV. Promover convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, que contribuyan al desarrollo de la actividad científica y tecnológica. (Cooperación nacional e internacional)
• Organizar y participar en foros, seminarios y conferencias en los que se aborde la problemática y desafíos de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en pro de la atención de problemas estructurales y coyunturales del país.
V. Proponer mecanismos de financiamiento que hagan viable el cumplimiento del Artículo 25 de la Ley General de Educación y el Art. 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología de destinar al menos el 1 por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. (Esfuerzo presupuestal y financiamiento.)
• Dar seguimiento y realizar un análisis detallado del ejercicio del presupuesto asignado al Sector Ciencia y Tecnología y pugnar por la aplicación de recursos no ejercidos.
• Estudiar, con la participación de los sectores involucrados, diversas posibilidades de financiamiento para el desarrollo de la CTI.
Estrategias de trabajo
• Establecer mecanismos de acción coordinada con las instituciones del poder ejecutivo relacionadas con las actividades de CTI, los poderes legislativos de las entidades federativas, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, las Comisiones de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, los representantes de los sectores laboral y empresarial, y la sociedad en general, actores involucrados e interesados en aportar sus puntos de vista y comprometerse en torno a la construcción de una política pública integral de largo aliento para que la ciencia, la tecnología y la innovación se convierta en un eje transversal del desarrollo nacional.
• Contar con un programa de comunicación y difusión que dé a conocer las actividades de la comisión buscando que los canales de interacción sean de ida y vuelta.
• Dar seguimiento puntual y evaluar las actividades de la Comisión a fin de atender las solicitudes de información que se reciban y elaborar oportunamente los informes que se requieran.
• Recuperar e integrar a este programa las sugerencias y propuestas de sus integrantes con el fin de enriquecerlo y avanzar en el logro de sus objetivos.
• Enriquecer anualmente el programa de trabajo a partir de los resultados del año anterior y de los nuevos retos que la agenda nacional y especialmente el tema de ciencia, tecnología e innovación, demande.
Propuesta de sesiones ordinarias
La Comisión celebrará sus reuniones ordinarias de conformidad con el siguiente calendario:
Reunión
Instalación, 8 de octubre de 2009.
I. 20 octubre de 2009.
II. 24 de noviembre de 2009.
III. 8 de diciembre de 2009.
IV. 25 de enero de 2010.
V. 24 de febrero de 2010.
VI. 8 de abril de 2010.
VII. 22 de abril de 2010.
VIII. 19 de mayo de 2010.
IX. 14 de julio de 2010.
X. 21 de julio de 2010.
XI. 18 de agosto de 2010.
XII. 23 de septiembre de 2010.
XIII. 14 de octubre de 2010.
XIV. 30 de noviembre 2010.
XV. 15 diciembre 2010.
XVI. 26 de enero de 2011.
XVII. 16 de febrero de 2011.
XVIII. 16 marzo de 2011.
XIX. 20 de abril del 2011.
XX. 18 de mayo de 2011.
XXI. 15 junio de 2011.
XXII. 20 de julio de 2011.
XXIII. 17 de agosto del 2011.
XXIV. 14 de septiembre del 2011.
XXV. 12 de octubre de 2011.
XXVI. 15 de noviembre de 2011.
XXVII. 7 de diciembre de 2011.
XXVIII. 31 de enero de 2012.
XXIX. 15 de febrero de 2012.
XXX. 14 de marzo de 2012.
XXXI. 18 de abril de 2012.
XXXII. 17 de mayo del 2012.
XXXIII. 13 de junio del 2012.
XXXIV. 11 julio de 2012.
XXXV. 15 de agosto de 2012.
En caso de ser necesario, se convocará a la totalidad de los integrantes de la comisión a reuniones extraordinarias, en las cuales se desahogarán exclusivamente los asuntos para la que sean convocadas.
La Presidencia convocará a la Mesa Directiva de la comisión a las reuniones que sean necesarias para la programación y evaluación de los trabajos desarrollados por la propia comisión.
Fundamento legal
En cumplimiento del artículo 45, fracción 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, presenta su “Programa Anual de Trabajo 2009–2010”.
Los trabajos de la comisión se realizarán atendiendo a lo dispuesto por los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
39. ...
1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. ...
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
44. ...
1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada.
2. ...
3. ...
4. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión.
45. ...
1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
2. ...
3. ...
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondientes comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
5. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79 fracción I de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la administración pública federal y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.
6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la mesa directiva de la Cámara les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
7. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el Presidente de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea.
De igual forma, observaremos específicamente lo dispuesto por los artículos 55, 56, 57, 58 fracción III, 60, 61, 63, 64, 65, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones jurídicas específicas contenidas en la legislación secundaria de acuerdo a los asuntos de que se trate.
La Comisión de Ciencia y tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), secretarios; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), José Alberto González Morales, Aarón Irízar López (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Trinidad Padilla López, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Oralia López Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica) Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).
De la Comisión Especial de impulso a la calidad educativa, de trabajo atinente al lapso 2010-2012
Integración
Diputados: Reyes Tamez Guerra, presidente; Arturo Ramírez Bucio, Blanca Juana Soria Morales, secretarios; Laura Arizmendi Campos, Germán Contreras García, Mary Telma Guajardo Villarreal, Paz Gutiérrez Cortina, Francisco Herrera Jiménez, Francisco Alberto Jiménez Merino, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Antonio Osuna Millán, Rafael Pacchiano Alamán, María de Lourdes Reynoso Femat, Adela Robles Morales, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Indira Vizcaíno Silva.
Presentación
El desafío que representa la mejora de la calidad educativa es realmente complejo. Es un tema que abarca múltiples dimensiones, involucra a diversos actores e implica la discusión de diversos puntos de vista y la puesta en marcha de esfuerzos coordinados con enfoques integrales de atención. Así, desde el Poder Legislativo surge la preocupación y a partir de ello la creación de la Comisión Especial de impulso a la calidad educativa (CEICE) en la Cámara de Diputados que, en el caso de la LXI Legislatura, y debido a los cambios en la formación de la Mesa Directiva, cuenta con escasos dos años para emprender acciones que deberían resultar significativas por la responsabilidad que ello representa.
Por lo anterior se decidió elaborar un programa de trabajo para el periodo noviembre de 2010-julio de 2012, con el triple propósito de brindar elementos conceptuales para comprender mejor el problema, analizar los factores que se consideran clave para su abordaje y, a partir de ello, concentrar la intervención legislativa a fin de que el esfuerzo resulte fructífero.
En los últimos tiempos se está forjando un movimiento que involucra a diversos actores preocupados por la calidad educativa y que se refleja en la realización de diversos foros y la creación de espacios de análisis y discusión de los cuales se pueden obtener opiniones valiosas, especializadas y con autoridad para hablar del tema.
Además, se cuenta con estudios que reflejan la experiencia nacional e internacional en el tratamiento de la calidad educativa.
A partir de los resultados de esos dos componentes se nutre esta propuesta de trabajo.
La CEICE pretende centrar el tratamiento de la problemática de la calidad educativa por medio de la atención de tres líneas de acción fundamentales:
1. Formación de competencias docentes en educación básica, especialmente en primaria y secundaria;
2. Desarrollo y aplicación pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente en la educación básica y media superior; y
3. Impulso y aprovechamiento de la evaluación educativa y de la educación abarcando los tres tipos educativos por lo que se refiere a educativo y las políticas y los programas formulados e implantados para el desarrollo de la educación.
Centrar la atención en estas tres temáticas se considera clave, pues son aspectos detonadores de efectos directos e indirectos en la mejora de la calidad educativa. Aun reconociendo que estos tres aspectos no abarcan todas las dimensiones de la calidad, no tenemos el tiempo ni capacidad operativa para hacerle frente de manera integral, por lo que estamos de acuerdo en que estos temas representan el objetivo fundamental de nuestro esfuerzo.
El logro de este objetivo conlleva la puesta en marcha de diversas estrategias, entre las que destaca la revisión del estado de la disciplina a escala internacional, el análisis y seguimiento de indicadores educativos, la elaboración de estudios concentrados para sustentar las intervenciones que resulten pertinentes, la invitación a especialistas, autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil, y la construcción de propuestas legislativas que den marco legal a los esfuerzos que se logren consensuar. Esta última se considera la estrategia de trabajo más importante de la CEICE.
Se plantean para avanzar en la mejora de las tres líneas de acción propuestas por medio de la formulación de iniciativas y puntos de acuerdo que las impulsen, así como su presentación ante el pleno por los integrantes, en nombre de la CEICE en su conjunto.
Calidad educativa
La calidad educativa constituye un verdadero desafío en la actualidad en México y en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la educación como el pilar para avanzar en el desarrollo de los países y afirma que impulsar la calidad debe ser uno de los principales retos. i
Lograr una educación de calidad corresponde tanto a los distintos órdenes de gobierno como a los actores de la sociedad –profesores, investigadores y padres de familia, entre otros– preocupados por la tarea de formar individuos libres, capaces de imaginar y construir una vida digna en pleno equilibrio con el ambiente, en su entorno inmediato y como parte de un mundo globalizado.
A primera vista, parecería que se abusa sobremanera del concepto de calidad. “Vivimos bajo un profuso bombardeo propagandístico del término. En sociedades de mercado (...) todo producto o servicio se anuncia como de buena calidad”. ii Pero que recientemente México defina la calidad como uno de los objetivos primordiales de la educación no responde sólo a un término de moda: se trata de un enfoque diferente de política educativa, como resultado del descenso de la tasa demográfica y de la ampliación de la cobertura en la educación básica.
Pero qué significa entonces calidad. La palabra proviene del latín qualitas y se refiere a “cada uno de los caracteres que distinguen a las personas o cosas” o “al grado en el valor o modo de ser”. iii En general, hay la percepción común de que se trata de un concepto complejo. Se puede hablar de calidad como un concepto relativo, y no obstante intentar encontrar algunos criterios comunes, que incluyen lo cuantitativo y lo cualitativo, relativizando el valor de los datos numéricos.
Se puede también argumentar que la definición de calidad educativa dependerá del interesado: “para los académicos, se refiere a los saberes; para los empleadores, a competencias; para los estudiantes, a la empleabilidad; para la sociedad, a ciudadanos respetables y competentes; y para el Estado, según la concepción que se asuma, puede variar de aspectos vinculados con el desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y a los requerimientos de capital humano”. iv
En todo caso, parecería que “la calidad de la educación está ligada de manera obligada e inseparable, como lo están los valores, a cada circunstancia geográfica, histórica y social específicas (...)”. v Sin embargo, aunque sea cierto que los valores de las personas y las sociedades difieren entre sí y que difícilmente puede haber criterios universales para medir la calidad de la educación, esto no significa que no sea conveniente plantear el problema de la buena calidad de la educación.
El relativismo puede evitarse mediante acuerdos, en el entendido de que la calidad es una construcción colectiva y gradual; debe evaluarse con metodologías y procedimientos que se aproximen a definiciones, criterios y estándares generalizables. Es posible establecer algún mínimo común denominador sobre el que las comparaciones internacionales puedan tener sentido.
Para la UNESCO, la calidad educativa ha de “[garantizar] los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales”. vi El término se vincula con aspectos como relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia del sistema, monitoreo y evaluación, formación de docentes, buena organización escolar y utilización adecuada de los recursos, agregando que la forma de entender una educación de calidad es garantizando el derecho a ella. vii
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece también cierto número de indicadores para determinar la calidad de la educación. Se centra en cuatro grandes áreas: recursos (financieros, que se refieren a gastos en la educación; y humanos, que se refiere al profesorado y a la participación en la educación según los diferentes tipos); procesos (que se refiere a indicadores en cuanto al tiempo de enseñanza); diversos contextos y sus indicadores: demográfico, económico y social y opiniones y esperanzas; y resultados: a nivel de alumnos, de sistema de enseñanza y del mercado del trabajo. Con todo ello se dispone de aproximadamente 50 indicadores que miden la calidad. viii
La Unión Europea define 16 indicadores de calidad, ix sin orden de prioridad, no definitivos y abiertos al diálogo entre los países que la forman.
Esos indicadores cubren cuatro grandes áreas: logro por niveles (matemáticas, lectura, ciencia, información y tecnologías de la comunicación, lenguas extranjeras, aprendiendo a aprender, y civismo), éxito escolar y transición (índices de deserción, terminación de la educación media superior y participación en la educación terciaria), monitoreo de escuelas (evaluación y dirección de la educación escolar y participación de los padres), y recursos y estructuras (educación y capacitación de los profesores, participación en educación preescolar, número de estudiantes por computadora y gasto por estudiante). Aunque el objetivo es cuantificar cada indicador de manera que se pueda comparar mejor la práctica, los instrumentos para el monitoreo y la revisión de los progresos alcanzados, éstos hacen referencia a una visión integral de la calidad de la educación, pues se trata de desarrollar la capacidad de análisis y el pensamiento crítico en los futuros ciudadanos y trabajadores de los ámbitos nacional e internacional.
En México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, organismo nacional de evaluación de la educación básica y media superior, creado en 2002, define calidad educativa de acuerdo con los siguientes criterios: relevancia y pertinencia, entendidas como la adecuación de la educación respecto a las necesidades de los alumnos a que se dirige y de la sociedad en que se sitúa; eficacias interna y externa de corto plazo, que incluyen el acceso de todos los destinatarios a la escuela, su permanencia en ella, y su egreso con los niveles de aprendizaje previstos; eficacia externa de largo plazo o impacto, es decir, la asimilación del aprendizaje y su aplicación en la vida adulta; suficiencia de los recursos disponibles en las escuelas y la eficiencia de su uso; equidad, en el sentido de la existencia de apoyos especiales a quienes lo requieran, a efecto de que todos alcancen los objetivos.
Se puede retomar también la postura del Programa Nacional de Educación 2001-2006, el cual establece que una educación de buena calidad debe ser fruto de altos niveles de aprendizaje, del profesionalismo de sus educadores, de infraestructura e instalaciones suficientes y en buen estado, de recursos proporcionados a sus responsabilidades, del uso de la información para alimentar la planeación y la toma de decisiones, y de mecanismos rigurosos y confiables de evaluación. x
Una educación de calidad debe ser equitativa, pertinente, incluyente y formativa: que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje; que este aprendizaje sea continuo, sobre todo ante los retos que plantea la sociedad del conocimiento y las nuevas TIC; que responda a las necesidades de las personas y a los requerimientos del desarrollo nacional; que atienda la diversidad cultural, regional, étnica y lingüística del país; y, finalmente, que sea integral, de manera que una propósitos científicos y técnicos, con una concepción de humanismo que incluya el dominio de conocimientos básicos (matemáticas, ciencia y tecnología, cultura física y deportiva, formación cívica y ética y estética), con el objetivo de desarrollar una sólida formación ciudadana y de valores que garantice la educación permanente y desarrolle la capacidad y el gusto por aprender.
En la misma línea se encuentran algunos investigadores mexicanos que miden la calidad de acuerdo con elementos cuantitativos: relevancia, la adecuación a las necesidades sociales de la educación; eficacia, el nivel de aprendizaje que alcancen en cumplimiento de los objetivos; eficiencia, la permanencia de los alumnos en la escuela; equidad, para que la inevitable desigualdad del rendimiento de los alumnos no sea excesiva y que los de menor nivel alcancen mínimos suficientes; impacto de largo plazo, para ver si la educación tiene algún efecto en la vida adulta y evaluación. xi
Para Felipe Martínez Rizo, la calidad no es algo terminado; no es un estado final sino un proceso en permanente desarrollo, en el que cada vez que se alcanza una meta se debe comenzar a perseguir la siguiente. xii
En el análisis conceptual de la calidad educativa, especialmente cuando se involucra su evaluación, hay quienes consideran fundamental integrar elementos cualitativos, que la medición puede resultar insuficiente y los indicadores, por tanto, no mostrar el escenario completo. No obstante, si se considera que la evaluación forma parte de la reflexión permanente sobre la actividad humana que necesariamente implica cualidades, que constituye un proceso intencional, auxiliado por diversas ciencias y que se puede aplicar a cualquier tipo de práctica, sería ingenuo pensar en que la evaluación es solamente un proceso técnico que depende de la medición para ser válida.
La evaluación es también un proceso político, y puede llegar a ser un proceso en que el evaluador y el objeto por evaluar busquen y muestren un cambio cualitativo, especialmente si se acepta que la educación se concibe como un proceso de transformación del estado cultural del educando. xiii
Aceptar que la calidad educativa ha de incluir aspectos cualitativos y que debe hacerse un uso cuidadoso del análisis cuantitativo es darle un sentido de integralidad, en tanto reconoce las limitaciones de la medición y se aboca al aprendizaje y al buen manejo de las instituciones.
En la CEICE se parte de reconocer que la calidad educativa es un concepto que tiene una traducción en la realidad que deberá tomar en cuenta la existencia de múltiples factores, incluso no sólo educativos, factores internos y externos del sistema educativo, culturales, socioeconómicos, individuales y colectivos, relacionados con cada contexto en específico: escuela, comunidad y con el contexto más general, local, nacional e incluso internacional.
También se considera importante reconocer la complejidad que implica la calidad educativa y la necesidad de complementar las visiones cualitativas y cuantitativas, pues la cuantificación puede resultar condición necesaria para mostrar las mejoras o los retrocesos del sistema educativo en una comunidad, región, estado o país.
Puede también ofrecer elementos de juicio para interpretar la realidad, detectar problemas y proponer soluciones. La cuantificación también permite buscar semejanzas, aun cuando se reconocen las diferencias, y definir criterios internacionales comunes.
Calidad educativa se puede definir en términos generales como la búsqueda de la mejora continua del sistema, en tanto sistema dinámico en el que intervienen diversos puntos de vista, sujeto a la influencia de múltiples factores, mejora en cuanto a una comparación consigo mismo y con otros –entre los avances del pasado y el presente; y a escala nacional e internacional–. xiv
El caso es que un sistema educativo que se considera funcionalmente eficiente y efectivo será el que esté permanentemente preocupado y ocupado con el fin de que los beneficiarios de su acción cuenten con elementos necesarios y suficientes para ser ciudadanos capaces de aprender a lo largo de la vida y evolucionar individual y colectivamente en el presente y en la búsqueda de un mejor futuro.
Objetivos
General
Contribuir en la búsqueda de las mejores soluciones al desafío de construir un sistema educativo de calidad.
Específicos
• Impulsar la revisión y actualización de leyes y políticas que promuevan la acción decidida de los actores responsables en materia de mejora continua de la calidad educativa.
• Formular propuestas legislativas con sustento especializado que promuevan la mejora de la calidad de la educación en los diferentes tipos, niveles y modalidades y presentarlas ante el pleno en nombre de la comisión.
• Ofrecer un espacio para el debate, el análisis, la reflexión y la construcción de propuestas de mejora de la calidad educativa, en el que participen actores clave involucrados e interesados.
Líneas de acción ante el reto de la calidad educativa
El funcionamiento ineficiente del sistema educativo se expresa reiteradamente en diversos estudios diagnósticos, y se refleja en los resultados que proporcionan los exámenes y las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales; en el rezago creciente que refleja cómo el sistema no logra retener y llevar a buen término de estudios a los alumnos y estudiantes de los tipos, niveles y modalidades educativos; en los contrastes socioeconómicos que afectan las oportunidades y posibilidades de aprendizaje, en los bajos niveles de competitividad y en los altos índices de corrupción. Incluso, tiene que ver con el incremento de los índices de violencia que presenta el país, en virtud de que los jóvenes que regularmente son presa fácil para la delincuencia son los que no tienen a la mano oportunidades educativas o de empleo dignamente remunerado.
Este panorama representa un enorme desafío para los integrantes de la CEICE. Por ello, a partir del análisis de diversos estudios, de los temas que están en la agenda de la opinión pública, y del conocimiento de especialistas nacionales e internacionales con conocimiento de los factores clave en el desarrollo educativo de una nación se definieron las tres líneas de acción que orientan nuestra labor legislativa.
Estas tres líneas de acción son, como se mencionó, la formación de competencias docentes en educación básica, el desarrollo y la aplicación pertinente de las TIC, y el impulso y aprovechamiento de la evaluación educativa y de la educación. Estos tres aspectos se consideran clave y articulados, detonadores de efectos positivos en otros factores educativos y en el contexto comunitario, local y nacional.
1. Formación de competencias docentes en educación básica
Debemos empezar por reconocer que la formación de docentes incide en la calidad educativa. La labor de los profesores ha sido sensiblemente afectada de múltiples formas: disminución de su salario real y de las condiciones materiales para un adecuado desempeño de sus actividades y tareas educativas, ausencia de políticas efectivas de formación, y desvalorización de su imagen y prestigio social.
Esos factores, entre otros, han influido negativamente el interés y la motivación de los docentes para la realización de sus funciones y actividades. xv
La formación inicial de maestros, si bien resulta crucial para una política educativa que busque ser efectiva en el mediano y largo plazos, está en crisis desde hace varios años. Las instituciones encargadas de la formación nacional, las normales y la Universidad Pedagógica Nacional, parecen caminar por senderos diferentes. Pese a la elevación de la formación magisterial a nivel licenciatura en plena crisis económica (1984), el grave deterioro que sufrieron los salarios de los docentes restó atractivo a la profesión y redujo sensiblemente la matrícula en las normales, a tal grado que en muchos casos el egreso de docentes actualmente no es suficiente para garantizar la oferta de maestros que el sistema educativo requiere.
No obstante que la dirección de las escuelas normales pasó a formar parte de la Subsecretaría de Educación Superior en 2005, estas instituciones siguen siendo cotos de poder burocrático y clientelar, en lugar de asumir plenamente su papel de instituciones de educación superior; sus directivos y docentes muestran deficiencias académicas; la investigación es inexistente o de deficiente calidad; se encuentran cerradas a otro tipo de profesionales, y desvinculadas con otras instituciones de educación superior.
Hay un evidente desfase entre los programas de estudio en las normales y los planteamientos de política educativa y los programas que ésta implica, lo cual se traduce en inconsistencias profundas entre la educación de calidad a que se aspira y la manera en que los futuros docentes se forman para enfrentar el reto que ello representa.
La educación en las normales está lejos de proporcionar las herramientas que requiere el quehacer docente, y no garantiza un ejercicio profesional a la altura del mundo actual.
Por otra parte, la actualización, superación, capacitación y nivelación de los docentes en servicio enfrentan serios problemas. Persiste el modelo ineficiente de cursos cortos y aislados y de formación en cascada, que muestra claros signos de agotamiento. Impera la aplicación de medidas generales y homogéneas, sin atender la diversidad de situaciones en que trabajan los maestros en México.
El programa de carrera magisterial requiere una profunda revisión y voluntad política para realizar los cambios que se consideren necesarios y pertinentes.
La formación de profesionales que dirijan, coordinen y apoyen la labor docente en la escuela requiere también atención especial, pues hay un rezago notable en el ámbito de la gestión escolar.
Actualmente, los criterios de acceso a los puestos directivos no garantizan la capacidad de liderazgo para realizar esas funciones.
Ante este panorama se requieren cambios, acuerdos y voluntad política para construirlos. La formación de competencias docentes es un tema que indiscutiblemente repercute de manera favorable o desfavorable en la calidad educativa, pues en el aula, en la interacción maestro-alumno se lleva a cabo el acto de educar, el docente procede libremente en la aplicación de los recursos que posee: conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, valores, cultura, educación, y el alumno interactúa con los recursos del docente, de sus compañeros y los propios para participar en el proceso de transformación individual y colectiva.
El efecto de las políticas educativas que se formulen, implanten y evalúen en pro de la formación de competencias docentes, directivas y de apoyo pedagógico se puede observar en el aula, en la escuela y en la comunidad que le rodea.
Pese a que se han implantado diversas políticas y programas para fortalecer la formación inicial de docentes y la formación, capacitación y actualización de los maestros en servicio, no se obtienen los resultados esperados. Por ello se considera importante continuar en la búsqueda, por medio del análisis de los resultados de evaluación, la identificación de factores determinantes de resultados positivos y negativos, el robustecimiento, el ajuste o la eliminación de los programas de acuerdo con sus resultados, la apertura de espacios de debate en los que confluyan actores e intereses y se analicen y acuerden cambios de rumbo significativos, tomando en cuenta experiencias exitosas en el país y fuera de él.
Es necesario destacar, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Especialistas en Educación, el papel fundamental de los maestros y de los directivos en el funcionamiento del sistema educativo de calidad que el país necesita. Sin embargo, se debe reconocer que en el contexto actual, este papel implica la atención de circunstancias emergentes, para las que no fueron formados, que requieren capacidades y competencias en ocasiones especializadas, como el uso y aprovechamiento adecuado de las TIC, el tratamiento de casos de violencia dentro de la escuela y en el contexto inmediato a ella.
En este sentido parece clave volver a mirar, estudiar y escuchar diversas voces en torno de la atención que habrá que dar al tema.
El mismo Consejo Mexicano de Especialistas en Educación considera que la palabra que mejor define el imperativo para el desarrollo del profesorado es la profesionalización; es decir, la capacidad, la facultad, la responsabilidad y el compromiso de todos los profesores para tomar decisiones calificadas sobre los aspectos cotidianos y de política general que forman la esencia de su desempeño laboral.
En ese imperativo, a la CEICE interesa centrarse especialmente en la formación inicial y continua de los profesores.
En torno del tema se cuenta con algunas propuestas de atención, entre las cuales pueden destacarse algunas, especialmente por su intención transformadora y su enfoque integral.
• Definir, acordar e implantar un nuevo paradigma de profesionalización de los docentes, que abarque su formación inicial y continua, además de la construcción de colectivos o cuerpos colegiados que a partir del trabajo académico participen efectivamente en las decisiones educativas, desde las que se requieren en las escuelas hasta las que podrían significar la diferencia a escala local e incluso nacional. Este paradigma deberá abarcar la revisión profunda y, en su caso, transformación de las escuelas normales, de los órganos de participación profesional y colegiada, de los mecanismos de movilidad académica y profesional, de los esquemas de evaluación, acreditación o certificación profesional existentes para los profesores de todos los niveles.
• Reconocer la variedad de perfiles profesionales que caracterizan a los docentes actualmente y, frente a éstos, definir cuáles serían los cambios necesarios para avanzar en la mejora sustancial de la calidad educativa.
• Algunas otras recomendaciones xvi se centran en acciones que abordan la necesidad de trabajar en definiciones conceptuales de aspectos clave, como la enseñanza eficaz de un maestro y el liderazgo eficaz del director, que pasan por la atracción de los mejores aspirantes, reforzar la selección de profesores y abrir concursos para todas las plazas. Este estudio pone la concentración en la escuela y, en consecuencia, abarca la formación inicial de docentes, la creación de periodos de inducción y prueba para nuevos maestros, y la mejora del desarrollo profesional de maestros en servicio. Se incluye además la evaluación como condición necesaria para la mejora, la profesionalización de la formación y asignación de plazas de directores, fortalecer los liderazgos profesionales en las escuelas, aumentar su autonomía y garantizar el financiamiento para todas ellas.
Se requieren la construcción y puesta en marcha de modelos innovadores que atiendan las dos dimensiones que se mencionan: la formación inicial y la actualización permanente de docentes en servicio. Por ello es importante reconocer que un modelo innovador es mucho más que la sola incorporación de un conjunto de aportes más o menos novedosos.
Como se observa, la formación de profesionales de la educación es todo un tema, complejo en sí mismo, cuya atención repercutiría desde la base del sistema educativo y en los tres tipos de educación, sus niveles y modalidades.
2. Desarrollo y aplicación pertinente de las TIC
La educación debe preparar adecuadamente a los individuos para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y afrontar con éxito los retos que representa, para lo cual una sólida formación en ciencia y tecnología resulta esencial xvii
La tecnología avanza a pasos agigantados. México no puede estar al margen. La forma de acercarse a la información, de allegarse de ella, de aprender a aplicarla y hacerla útil se renueva día tras día.
Esto sustenta que el proceso educativo que involucra las TIC cambie y se adecue permanentemente al vertiginoso devenir del progreso en la materia. Se trata ahora de dotar a los alumnos no con el conocimiento del presente sino con las competencias para el futuro, para lo cual resulta sustancial que el docente esté a la altura de este enorme reto. En este sentido se vinculan la línea de acción sobre la formación de competencias docentes y la que se refiere a las TIC.
Es necesario reconocer que, no obstante los avances en el desarrollo y la aplicación en la educación de las TIC, dos dimensiones requieren atención articulada: la iniquidad en el acceso y su uso pedagógico; ambas dimensiones forman la brecha digital. La primera dimensión implica el acceso a redes, computadoras, Internet y diversos programas educativos en los establecimientos escolares, lo cual hasta ahora enfrenta grandes retos de conectividad y de equidad.
En cuanto al uso pedagógico, el problema empieza desde la estructuración de los contenidos de la formación inicial, que no considera las TIC en la medida en que es necesario. El alumno que se forma para ser docente no solamente debería contar con el conocimiento y la capacidad de manejo de herramientas tecnológicas de vanguardia sino que requeriría además formarse para aplicarlas pertinentemente en su trabajo.
En la mayoría de los casos, la formación y la capacitación en el conocimiento, en el manejo y en la aplicación de TIC se limitan a la impartición de cursos o talleres, que no necesariamente se traducen en el manejo eficiente y pedagógicamente adecuado de los equipos y las herramientas como acompañamiento del proceso de aprendizaje. xviii
La superación de la brecha digital pasa por transformar el enfoque con que se forman y profesionalizan los docentes de los tres tipos educativos, especialmente los de educación básica y media superior.
Es importante para los miembros de la CEICE revisar los compromisos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha planteado en su programa de mediano plazo y solicitar información sobre los logros alcanzados y los retos que quedan por delante para estar en posibilidad de impulsar acciones y programas pertinentes.
También es importante invitar a la comisión a especialistas conocedores del tema que nos brinden un panorama sobre la situación de las TIC en la educación mexicana y las referencias de experiencias exitosas en el plano internacional.
A partir de las dos visiones que nos presenten, por una parte, las autoridades educativas y, por otra, los expertos tendremos elementos para construir propuestas legislativas que impulsen este importante renglón, de manera que el desarrollo y la aplicación pertinente de las TIC en el sector educativo contribuyan a la mejora continua de la calidad educativa.
3. Evaluación educativa y de la educación
Aun cuando el ejercicio evaluativo se reconoce como útil y necesario en tanto permite conocer el objeto evaluado, aprender de los errores y actuar en consecuencia, hasta los primeros años del siglo XXI las autoridades educativas en México no mostraron interés y voluntad política no sólo por fortalecer los mecanismos evaluativos existentes y generar nuevos y válidos instrumentos de evaluación, sino por dar a conocer los resultados, abrirlos al conocimiento de los actores internos y de los externos del sistema educativo y propiciar el debate, el análisis y la interpretación especializada.
La evaluación de alumnos, docentes, escuelas e instituciones educativas, de los planes de estudio, de programas y proyectos, en los diferentes tipos, niveles y modalidades educativas, desde el diseño, la consistencia interna, la implantación e incluso los efectos de diversas intervenciones públicas, es ahora una constante que se practica en los entornos estatal y nacional, desde dentro del sistema educativo y desde fuera de él.
En 2002 se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; y en 2005, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. A partir de 2003 se reestructuró la SEP y se fortalecieron sus facultades de evaluación.
Por otro lado, hay diversos instrumentos e instituciones encargados de la evaluación de la educación superior, programas de estímulos de la actividad docente, que someten a evaluación los posgrados; los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, cuya misión es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento; y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que participa en la evaluación inicial, de proceso y final de los alumnos de la educación media superior y superior, en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.
Entre otros, estos mecanismos e instituciones están encargados del diseño y la coordinación de la aplicación de diversos instrumentos evaluativos de la educación y de los programas dirigidos al desarrollo de la educación.
La evaluación ha tomado fuerza: no sólo se reconoce, también se practica y se publican sus resultados. Sin embargo, es importante reconocer que falta camino por recorrer. Se considera que hace falta concebir desde un enfoque integral el ejercicio evaluativo del sector educativo, un enfoque que comprenda los elementos que forman el sistema educativo como diversos pero interrelacionados, como objetos de evaluación en sí mismos y como parte de un todo.
En el título de este apartado se expresa la necesidad de evaluar lo educativo y la educación. Lo educativo se comprende como los procesos que implican las actividades que se desarrollan en las aulas y en su entorno inmediato, donde intervienen el alumno, el maestro y la comunidad escolar, y para lo cual hay planes y programas, libros y materiales educativos. En lo educativo se incluye el núcleo de la acción pedagógica.
La educación, en cambio, engloba lo educativo y el aparato institucional que lo hace posible. La educación implica los fines que el Estado se propone en torno de la tarea de proporcionar servicios educativos a la sociedad y los medios con que cuenta para producir dichos fines. La educación se refiere a la política pública que propone el Estado con la participación de los grupos de interés, es el todo y, a la vez, sus partes.
En la evaluación de lo educativo se reconocen importantes avances. La evaluación de la educación, como política de Estado, es lo que hace falta visualizar. La idea es que la evaluación de lo educativo y sus resultados formen parte de un instrumento integrador que permita la interrelación de esfuerzos y actores que con objetivos comunes busquen la mejora del sistema educativo en su conjunto e incluyan para esto la mejora educativa de cada una de sus partes.
Esta visión panorámica de la evaluación de la educación y lo educativo permitiría también que las acciones que han de ser consecuencia de los resultados que se obtengan tengan una panorámica integral del sistema educativo que incluyera la perspectiva específica de sus componentes.
Hace falta reflexionar con profundidad sobre los resultados de las diversas evaluaciones, y formular y dirigir las decisiones y acciones que como consecuencia de los resultados de las evaluaciones se tomen y ejecuten.
La evaluación, incluidas herramientas de corte cualitativo y cuantitativo, puede ser una poderosa herramienta para conocer lo que sucede en el sistema educativo, para conocer lo que se hace para atender las problemáticas y carencias, para conocer si lo que se hace fue útil y en qué medida y para formular las opciones de acción que darán lugar a nuevos ciclos de políticas, que serán siempre las referencias obligadas para la evaluación.
La evaluación es también un excelente medio para acompañar la acción y contar con sistemas de información fiables, que reflejen lo que sucede en el sistema y quiénes son los responsables de cada uno de los movimientos previstos. Además, la evaluación brinda la oportunidad de aprender y permite rendir cuentas.
La evaluación no implica sólo medida, pues ésta no es necesariamente suficiente para conocer y aprender. La evaluación también puede mostrar cualidades y defectos; no obstante, para ello hace falta trabajar los resultados, generar debates, intercambiar puntos de vista, comparar experiencias, construir conocimiento y convertir la medida en valor, en cualidad, en propuesta de acción.
La evaluación por sí misma no es reveladora de toda la verdad, ni todo lo valioso es necesariamente medible, “si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar sólo lo que es medible”. Sin embargo la evaluación como medio y no como fin puede contribuir a la búsqueda de opciones de mejora permanente de la calidad educativa.
Por lo anterior se considera importante abrir el debate acerca de la posibilidad de que haya una política nacional de evaluación, que implique la educación y lo educativo. El consejo de especialistas para la educación recomienda a) continuar la consolidación de organismos especializados de evaluación, con altos niveles de competencia y autonomía técnica y que trabajen en estrecha colaboración con las autoridades educativas; y b) constituir un instrumento de coordinación de las instancias de evaluación que asegure su complementariedad y la congruencia de sus metodologías y criterios de difusión de resultados.
Estrategias de trabajo
Revisión del estado de la disciplina a escala internacional. Se considera importante que los integrantes de la CEICE y sus equipos asesores revisen estudios y propuestas de acción a escalas nacional e internacional en los temas que orientan este programa de trabajo para estar en posibilidad de participar en mesas de discusión y debate de donde pueden surgir las opciones de solución que orienten nuestra participación.
Análisis y seguimiento de indicadores educativos. Los indicadores educativos son señales que pueden mostrar el camino para cambiar de manera significativa las cosas. Por ello, la CEICE contará con un catálogo de los indicadores que reflejen la problemática en que se encuentra la atención de los factores que implican mejorar la calidad educativa, especialmente en los temas que orientan este programa de trabajo.
Elaboración de estudios concentrados. Será importante sustentar las propuestas legislativas que se elaboren en la CEICE, por lo que se solicitará a investigadores y especialistas en educación la elaboración de estudios sobre temas de interés.
Invitación a especialistas. Será importante invitar a investigadores, especialistas en educación, o grupos de la sociedad civil que puedan exponer los resultados de estudios y trabajos relacionados con los temas de interés de los integrantes de la CEICE o, en su caso, que constituyan propuestas en materia de calidad educativa que interese poner a debate.
Invitación a autoridades educativas. A los integrantes de la comisión nos interesa invitar a diversas autoridades educativas con un doble objetivo: conocer sobre el funcionamiento, los programas o las acciones de las instituciones que dirigen; y comunicarles los resultados de estudios y las propuestas que se considere que habría que tomar en cuenta a fin de enriquecer el trabajo institucional en pro de la mejora continua de la calidad educativa.
Construcción de propuestas legislativas. Esta estrategia se considera la más importante de todas porque en ella se podrá concretar la acción legislativa de la CEICE, por medio de la formulación de puntos de acuerdo o iniciativas fundamentadas en análisis, estudios, investigaciones y la participación de investigadores, especialistas en educación y organizaciones de la sociedad civil interesadas en la mejora de la calidad educativa.
Fundamento legal
En cumplimiento del artículo 45, fracción 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la CEICE presenta el programa de trabajo 2010-2012.
Los trabajos de la comisión se realizarán atendiendo a lo dispuesto en los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
39. ...
1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. ...
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
4. ...
1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada.
2. y 3. ...
4. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión.
45. ...
1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
2. y 3. ...
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondientes comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
5. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo con su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestarios específicos, con relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la administración pública federal y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.
6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la mesa directiva de la Cámara les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a ellas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
7. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse la votación en la misma sesión; y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata; pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea.
De igual forma, observaremos específicamente lo dispuesto en los artículos 55-58, fracción III, 60-61, 63-65 y 82-94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones jurídicas específicas contenidas en la legislación secundaria de acuerdo con los asuntos de que se trate.
Notas
i En el Marco de Acción de Dakar. Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes . Adoptado en el Foro mundial sobre la educación Dakar (Senegal), 26 a 28 abril de 2000.
ii Antonio Alonso Concheiro. “Calidad en la educación: significado y medición”, en Fernando Solana. Educación: visiones y revisiones, Siglo XXI Editores, México, 2006, página 81.
iii Diccionario de Juan Corominas, 1973.
iv Ochoa Galindo, Jesús (2006). “Las lecciones de la Universidad Autónoma de Coahuila”, en Silvia Cherem. Examen final: la educación en México (2000-2006). La voz de los expertos, DGE Ediciones, México, 2006, página 102.
v Antonio Alonso Concheiro. Artículo citado, página 183.
vi Marco de Acción de Dakar, página 39.
vii Declaración de Salamanca para las Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994, en seguimiento de Educación para Todos de 1990, UNESCO.
viii María del Carmen Rosa Delgado Acosta. “Los indicadores educativos”, en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 11 de marzo de 2002, http://www.ub.es/geocrit/b3w-354.htm
ix European report on the quality of school education. Sixteen quality indicators, basado en el informe del Comité de Trabajo sobre Indicadores de Calidad, el cual incluye a los ministros de Educación de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Chipre, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Latvia, Estonia, Lituania, Bulgaria, República Checa y Eslovenia.
x Programa Nacional de Educación 2001-2006, página 71.
xi Carlos Muñoz Izquierdo. Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe , Universidad Iberoamericana, México, 2004, página 30; y Felipe Martínez Rizo. “Calidad en vías de desarrollo”, en Silvia Cherem. Examen final: la educación en México (2000-2006). La voz de los expertos, DGE Ediciones, México, 2006, página 68.
xii Ibídem, página 75.
xiii Antonio Alonso Concheiro. Artículo citado, página 185.
xiv La Unión Europea confirma esto cuando declara que los países ya no pueden mirar sólo en su interior sino que tienen que fijarse en el exterior para ver su desempeño en comparación con sus vecinos.
xv María Luisa Chavoya Peña. Revista Educación y Cultura.
xvi Se destacan en un estudio que preparó un grupo de especialistas en educación en el marco de la OCDE como respuesta a una solicitud de la autoridad educativa mexicana. El grupo lo encabezó la doctora Silvia Schmelkes. El estudio se denomina Mejorar las escuelas. Estrategia para la acción en México.
xvii Consejo de Especialistas para la Educación.
xviii Observatorio Ciudadano de la Educación, “Tecnología en educación y e-Mexico”.
La Comisión Especial de Impulso a la Calidad Educativa
Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Adela Robles Morales (rúb
Actas
De la Comisión de Justicia, relativa a la décima reunión, celebrada el martes 27 de abril de 2010
En el salón E del edificio G, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 27 de abril de 2010, se llevó a cabo la décima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión.
4. Análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
5. Análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
6. Comparecencia, ante el pleno de la comisión, del licenciado Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
7. Asuntos Generales.
Se dio inicio de la sesión de trabajo con 26 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García , Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sonia Mendoza Díaz, Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal.
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día.
Se sometió a votación el orden del día, con la siguiente modificación, que el punto 6, que era la comparecencia ante el pleno de la comisión del licenciado Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. El cual fue aprobado por unanimidad.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, le pidió a la diputada Alma Carolina Viggiano nos informara el por qué se solicitó la comparecencia en esta comisión del licenciado Felipe Borrego Estrada.
La diputada Alma Carolina Viggiano manifestó que no se habían publicado las reglas de operación, cosa que finalmente sucedió el 26 de abril del año en curso. Como muchos de ustedes saben, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversos conceptos constitucionales en donde se establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal.
Cabe hacer mención que se le dan de manera gradual a este nuevo sistema ocho años para su total implementación en el país, de los cuales ya estamos en el tercer año y quisiéramos saber cuáles son los avances logrados hasta este momento con el apoyo de esta Secretaría.
En el artículo 9 transitorio también se establece que se creará una instancia de coordinación, integrada por representantes de los poderes, además del sector académico, la sociedad civil, así como las conferencias de procuradores, los tribunales superiores de justicia, la Conatrif.
También con fecha 10 de junio de 2009 los tres poderes suscribieron un acuerdo para dar cumplimiento a este mandato constitucional a fin de instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo 9 transitorio del decreto mencionado.
Por otro lado, hay que señalar también que este consejo se creó con el fin de analizar y acordar las políticas de coordinación nacional necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad, la academia, este nuevo sistema de justicia.
Las autoridades que lo dirigen actualmente: el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, encargado de la presidencia del Consejo de Coordinación, el licenciado Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Las facultades del consejo, entre otras cosas, son: establecer la coordinación con el propósito de hacer operable este nuevo sistema de justicia.
También tiene la atribución de emitir acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios que justamente son los que queremos conocer. Cuáles han sido esos lineamientos, normas, procedimientos y todos los instrumentos que hasta este momento se han podido elaborar para darle cumplimiento al fin para el que fue creado.
Corresponde elaborar políticas, programas, mecanismos necesarios para instrumentar en los tres órdenes de gobierno una estrategia nacional para la implementación del sistema.
En lo personal me gustaría saber cuál es esa estrategia, de manera especial, porque estamos contra el tiempo, por la publicación tardía de las reglas de operación, que debió haberse hecho el pasado mes de diciembre, según la propia normatividad.
El monto que asignó por primera vez esta Cámara en el período ordinario pasado para la implementación del nuevo sistema fue de 577 millones, 148 mil 687 pesos, en el Ramo 4 de gobernación.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos obliga a tener estas reglas de operación y en este tema de los recursos asignados nos gustaría saber cómo va a ser su aplicación y permítame esta pregunta, aunque existen ya publicadas las reglas de operación, no las hemos leído para saber cuál va a ser la operación que va a permitir que estos recursos bajen a las entidades federativas cuál va a ser la operación que va a permitir que estos recursos bajen a las entidades federativas y, particularmente, me llama la atención que en éste tema específico articulado de las reglas de operación 4.3, características de los apoyos dice en el Presupuesto de Egresos se asignó a la Secretaría de Gobernación bajo el programa presupuestario 2010, implementación de la reforma del sistema de justicia penal, un monto de 196’ 288, 517, para ser otorgados a las entidades federativas y a los tribunales bajo los criterios establecidos en estas directrices.
Consecuentemente esta cantidad es distinta de los 577 que hemos aprobado. No sé si estoy interpretando bien y estos recursos son estrictamente los que se van a usar para la parte de infraestructura, capacitación y el resto de los recursos.
Quisiera saber cómo se van a dividir la utilización de los mismos, dado que son insuficientes de entrada. Pero sobre todo el interés que tenemos, del ejercicio oportuno de los mismos, es que quisiéramos presentarle en lo personal nuestra colaboración para ayudar a que éste nuevo sistema sea exitoso, funcione y saber qué es lo que le toca hacer a la Cámara para que esto suceda.
Qué es lo que debemos hacer en términos normativos, presupuestales, para que podamos colaborar con algo tan trascendente para el país y si el ejercicio de los recursos es transparente y eficiente, estaríamos en mejores condiciones de buscar un incremento al presupuesto para la siguiente discusión del mismo en el próximo periodo ordinario. Ésa es una de las inquietudes que de manera especial quiero hacerle presente en esta oportunidad.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño informó que varios compañeros diputados le habían pedido el uso de la palabra. Les propuso que primero escucharan a nuestros pares, los diputados, y el señor secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del sistema de justicia haga sus anotaciones y después nos conteste.
Se concedió el uso de la palabra al diputado Pedro Vázquez, quien comentó que la sociedad mexicana a todo lo largo y a todo lo ancho del país enfrenta una creciente inseguridad. Todos, sin excepción, somos víctimas de este flagelo.
El domingo pasado fue asesinado en Ometepec, Guerrero, nuestro compañero dirigente nacional del Partido del Trabajo, Reynaldo Hernández García. Antes, en el mismo estado de Guerrero, fue asesinado Armando Chavarría, diputado local del PRD. El sábado en la ciudad de Morelia, Michoacán es emboscada la secretaria de Seguridad Pública de ese estado. En Chihuahua son emboscados y asesinados elementos de la Policía Federal Preventiva.
En Monterrey, Nuevo León, son secuestrados en un céntrico hotel huéspedes y empleados del mismo, y así señor licenciado Borrego Estrada, compañeras y compañeros diputados podríamos hacer un extenso e interminable listado de nota roja que no son, sino el resultado del incremento de la delincuencia.
La reforma constitucional en materia penal que reformó diversas disposiciones de nuestra norma fundamental ordenó en el artículo transitorio noveno, la creación de una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten.
En la propia norma constitucional, materia de la reforma constitucional se establece un nuevo sistema de justicia penal acusatoria y juicios orales en materia penal. En esta reforma, licenciado Borrego le tocó participar en la pasada legislatura como diputado federal.
Como resultado de esta reforma, las Cámaras del Congreso de la Unión, en particular esta LXI Legislatura enfrenta un reto importante y quiero señalar por qué consideramos éste reto tan importante.
En el transitorio 5o. de la reforma citada establece a la letra: “El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo II, artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecidas en el párrafo III, del artículo 21 entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente sin que pueda exceder de un plazo de 3 años con causa a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
La reforma se publicó el 18 de junio de 2008, entró en vigor para el efecto citado del 19 del mismo mes y hoy estamos a un año, 10 meses y algunos días y nos resta un año, un mes y días para cumplir con este mandato constitucional. Además de que el segundo transitorio de la misma reforma establece un plazo que no debe de exceder de 8 años para emitir toda la legislación secundaria que corresponda para implementar el sistema procesal penal acusatorio.
Por tanto, estamos a punto de cumplir dos años del inicio de la vigencia de esta reforma y a esta legislatura, sólo le quedan dos años y dos meses para llevar adelante las reformas. La pregunta es ¿qué tendríamos que reformar para cumplir con el transitorio a nivel federal?
a) El código federal de procedimientos penales para establecer los juicios orales en materia penal.
b) La ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento de la fracción 21, del artículo constitucional párrafo primero, legislar en materia de organizada, aunque ya existe una ley, en esta materia tendremos que revisarla exhaustivamente.
c) La ley general en materia de secuestros que se desprende también del párrafo del artículo 73 constitucional. Además estamos obligados a revisar el Código Penal Federal y a valorar las políticas de varias legislaturas para incrementar las penas a la comisión de delitos y valorar si ese instrumento se ha traducido en disuasión. No podemos soslayar que la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, enfrenta al Estado mexicano y agravia a la sociedad. En nuestra opinión la estrategia seguida esta correcta y está destinada al fracaso.
En el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, participa la Cámara de Diputados y dignamente nos representa nuestro compañero diputado Carlos Alberti Pérez Cuevas, integrante de esta Comisión de Justicia. Participan los tres poderes públicos de la federación y otras instancias, en el marco deliberativo para obtener acuerdos.
Es importante que esta soberanía por conducto de quienes nos representan mantenga una adecuada interlocución con los otros poderes, para coordinar esfuerzos que se traduzcan en obtener los mejores instrumentos jurídicos que permitan un eficaz combate a la delincuencia.
A los legisladores se nos critica continuamente, porque supuestamente no aprobamos las leyes que el país reclama, en nuestra opinión esta afirmación es totalmente errónea. Podemos revisar los índices anuales del Diario Oficial de la Federación y desde 1997 a la fecha, vamos a encontrar publicada infinidad de reformas en materia penal.
Por ejemplo, una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, múltiples reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, una nueva Ley de la Policía Federal, una nueva Ley General de Sistemas Nacionales de Seguridad Pública entre muchísimos otros ordenamientos. Con lo anterior quiero significar que el Poder Legislativo cumple con su tarea, corresponde a los otros poderes hacer la suya.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, participaremos y participamos en el esfuerzo de dotar al país de leyes que permitan combatir la delincuencia. Pero en ningún caso permitiremos que éstas sean contrarias a las garantías individuales consagradas en nuestra constitución.
Nos queda claro que esta no es una posición políticamente correcta, pero si una posición apegada a principios. Por ejemplo, en la pasada legislatura, nuestros diputados votaron en contra del arraigo, previsto en el artículo 16, párrafo VIII y transitorio decimoprimero de la reforma de junio de 2008.
Señor licenciado Felipe Borrego Estrada, usted como ex legislador, sabe que nuestra tarea merece toda la reflexión posible antes de producir o de aprobar una norma jurídica que pueda vulnerar los derechos de la sociedad.
Por eso, en nuestra opinión, preferible esperar un poco a la aprobación de las leyes, que hacerlo rápido y mal, para que los delincuentes, es decir sus abogados, encuentren las salidas jurídicas que nuestras omisiones produzcan y liberar a sus clientes de las penas de prisión.
Consideramos importantísimo que se apoye a las entidades federativas y al Distrito Federal con los recursos económicos que permitan la implementación del nuevo sistema de justicia penal. En el Presupuesto, y con esto termino, el presupuesto de egresos de la federación para este Ejercicio Fiscal, se prevén recursos para este propósito y es bueno que ya se publicaran en el Diario Oficial de la Federación, desde el pasado lunes 2 de este mes.
El acuerdo por el que se establecen las directrices para la aplicación de los recursos destinados a la implementación de la nueva justicia penal. Quiero señalar que el gran mérito de la reforma penal 2008, son definitivamente los juicios orales, mismos que ya están siendo aplicados en algunas entidades federativas, por eso nos llaman mucho la atención las declaraciones del secretario de Gobernación, en la clausura del foro La nueva justicia Penal organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los días 21 y 22 de abril, donde el licenciado Gómez Mont, manifestó que el sistema de justicia penal en Chihuahua tenía gran responsabilidad organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 21 y 22 de abril, en donde el licenciado Gómez Mont manifestó que el sistema de justicia penal en Chihuahua tenía gran responsabilidad en la inseguridad que allá se vive, pero ¿qué ocurre en este Estado en materia penal si son los juicios orales?
La pregunta entonces es: ¿Los juicios orales sirven o no sirven en este momento? Por lo tanto, públicamente refrendamos el compromiso legislativo del Partido del Trabajo para realizar nuestras tareas en la Comisión de Justicia y en general en la Cámara de Diputados.
Se le concedió el uso de la palabra al diputado Josué Valdés Huezo, quien manifestó que en primer lugar, ¿qué acciones ha realizado este consejo y ha ejecutado el secretariado que usted dirige, para fortalecer la investigación ministerial y policial con el propósito de elevar el nivel de eficacia de la averiguación previa, que está contenido en el párrafo V del acuerdo por el que se crea este consejo?
Número dos: ¿qué se ha hecho para mejorar las condiciones en la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos, también contenido en el párrafo V del acuerdo de creación, como uno de los fines del consejo que usted dirige, su secretariado técnico?
Tres, ¿cuántos litigios o controversias en materia penal existen actualmente en nuestro país y qué acciones se han realizado para reducir el número de estas controversias, cómo lo obliga también el acuerdo de creación?
Y número cuatro, ¿cuántos cursos de capacitación se han impartido desde la creación de este consejo a la fecha?, como también se obliga en las normas que rigen el consejo que usted encabeza como secretario técnico.
Se dio el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Pérez: licenciado Felipe Borrego, bienvenido a esta Comisión de Justicia. Yo quiero empezar, presidente, advirtiendo algunos puntos que vale la pena dejar muy claros en esta comisión y que en lo particular generan algún desconcierto y que yo creo que es un tema salvable en razón de que esta comisión ha dado señales muy claras de que hace un trabajo profesional, de que hace un trabajo muy serio, de que la dirección que usted ha desarrollado ha sido en temas plurales, de diálogo y coordinación.
Sin embargo, me generan varias dudas que yo quiero dejar claras, previo a preguntarle al licenciado Borrego. En una semana tan complicada y difícil, prácticamente de cierre de periodo donde tenemos una alta carga de dictámenes, de iniciativas, de puntos por sacar adelante, me llama la atención que de pronto salga un punto donde, en un asunto general se vierta la necesidad de que el secretario técnico venga a exponer.
Creo que él está aquí y da muestras de que en cualquier momento en que se le cite, él dará pauta para sacar adelante estos temas. Sin embargo, presidente, yo sí me atrevo a sugerir porque si no, no entiendo yo el objetivo de esta reunión. Si es tan profundo y tan serio como lo han expresado algunos diputados que me han antecedido en la palabra, cuál es el formato, qué pretendemos sacar de esa reunión.
Concretamente ¿hacia dónde vamos a llevar la participación? Para que los frutos que de aquí se generen verdaderamente puedan ser valiosos. La reforma fue publicada en junio de 2008, hay varios antecedentes porque he escuchado con atención que dicen en las preguntas que han hecho, que han implementado, la labor de la Cámara también del todo no ha sido cumplido a cabalidad y sólo menciono algunos.
¿Dónde está el código procesal penal que a nosotros nos corresponde sacar adelante para que el nuevo sistema de justicia verdaderamente aplique? Y sé de lo que les hablo. El doctor recordará que su servidor fue creador del Código Procesal Penal del Estado de México, en conjunto con el Tribunal y si no hay esa materia, difícilmente esto puede caminar, es la base del propio sistema nuevo. Ley de Justicia para Adolescentes.
Nosotros hemos hecho una propuesta y sé que hay otras más. Protección a Víctimas del Delito. Ya hay algunas propuestas por ahí. Normas para la readaptación social... Es decir, faltan todavía algunas tareas por realizar para que el tema sea integral, de tal manera que mientras no se de eso, difícilmente, por más informes que nos vengan a verter, podemos ver algún avance sustancial en materia de implementación de la reforma.
Me gustaría, presidente, dejar sólo aquí para la comisión, que para posteriores citas de algunos funcionarios, sí se acordase previamente los formatos, quizá los objetivos que pretendemos. He escuchado preguntas y yo creo que serán satisfechas en algún momento concreto, pero son más pretensiones particulares que de la propia comisión.
Yo he escuchado de algunos diputados aquí que no sabían de la comparecencia del propio secretario técnico y yo creo que eso nos obliga a que busquemos en alguna medida sacar adelante estos compromisos.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, tomó la palabra y expuso que en la sesión anterior la compañera diputada Alma Carolina Viggiano Austria propuso que se invitara al licenciado Felipe Borrego en su calidad de secretario técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, y se votó lo cual fue aprobado en ese momento estábamos en plena sesión de la comisión. Preocupaba que no se hubiesen publicado las reglas de operación, curiosamente se publicaron ayer, entre otras cosas. Preocupaba el horizonte que tenemos para aterrizar la reforma del 18 de junio del 2008 para establecer el sistema acusatorio penal en este país y en las entidades federativas. Y aprovecho de una vez para preguntarle al secretario técnico que nos ilustre sobre cuántas entidades ya tienen el sistema acusatorio procesal penal. También preocupaba el horizonte que tenemos de tres años a partir del 18 de junio, para establecer la reinserción social como un programa integral, que ha sido un fracaso, desde que se llamaba readaptación social y ahora le cambiamos el nombre el 18 de junio a Reinserción social, pero además le agregamos dos pilares más, que son la salud y el deporte. Pues con más razón ahora es un fracaso la reinserción social.
Se dio el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: señor secretario, en base a lo que se ha expuesto aquí creo que hay una coincidencia completa; completa en cada una de las precisiones hechas por los compañeros legisladores, y hay muchas dudas al respecto. Todavía no termino de leer las reglas de operación, pero me llama la atención lo siguiente:
¿Ustedes ya han tenido comunicación con cada uno de los tribunales? ¿Tienen algún diagnóstico en relación a la situación que guarda el mismo interés que se tiene por parte de los gobiernos de los estados? Porque aquí en las mismas reglas de operación mencionan los requisitos que deben de cumplir las entidades federativas para poder tener acceso a estos recursos.
Por otro lado, no queda muy claro, hasta lo que alcancé a leer, cuánto va a corresponder a cada una de las entidades. Se habla de un convenio de coordinación, pero es muy general lo que aquí se menciona, mucho muy general si en ese Convenio de Coordinación va a haber algún requisito específico por entidad, en base, obviamente, a la cantidad de juzgados, el interés que se tenga o se va a modificar cada uno de esos convenios que se realicen.
Por otro lado, estos recursos que se mencionan, la cantidad se habían aprobado más de 500 millones de pesos, aquí menciona 196 millones de pesos desconozco por qué las diferencias de cantidades, pero la misma parte de las reglas de operación mencionan que los recursos que se destinen a los estados no tendrán por qué utilizarse en gastos.
Quiero pensar que este mismo criterio se va a aplicar en el caso del secretario técnico que usted representa. Dice “otros conceptos de gastos y se registrarán conforme a su naturaleza”, entonces quiero pensar que esto también es aplicable en el caso de ustedes, o que en su momento, si ya tienen alguna definición clara de decir estos recursos, los 500 millones de pesos los vamos a desglosar, los vamos a aplicar de esta manera.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó que, en el caso específico del Código Procesal Penal Federal, el derecho de iniciativa lo tiene el Poder Ejecutivo, y creo que la instancia pertinente es la suya, porque justamente una de las facultades más importantes es la de coordinación interinstitucional con los demás Poderes, y los niveles de gobierno, en el caso específico de las entidades federativas y el gobierno federal es coordinarlo, establecer directrices, políticas públicas, instrumentos.
Particularmente quiero conocer cuáles son esos instrumentos, cuáles son esas políticas, cuáles son los programas que se están instrumentando. Por lo que me parece que esta reunión, tiene plena justificación, e incluso creo que es un poco tardía, la debimos de haber tenido antes para poder avanzar en las cosas sustanciales para este nuevo sistema de justicia.
Se le dio el uso de la palabra al licenciado Felipe Borrego Estrada; él comentó que ha tenido cuatro reuniones con todos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país.
He tenido tres reuniones con todos los procuradores generales de Justicia del país. He tenido reuniones con 23, creo, gobernadores de los estados. Y he tenido además constante comunicación personal, por escrito, independientemente de que un servidor no vaya, los directores generales han estado presentes en todas las entidades federativas.
En algunos han tenido ya contactos para iniciar. En otros hemos iniciado con programas específicos que en un momento más le comentaré. ¿Corresponde a cada entidad, y hay requisitos para entregar el dinero?
Sí. Precisamente en el acuerdo de las directrices aparecen todos los requisitos para entregar dinero. La diferencia de los quinientos y tantos millones de pesos a los 196, es que aquí, en la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se dividió el presupuesto de esa manera... Otorgaron 196 millones de pesos para las entidades federativas como subsidio. Nosotros no lo estamos haciendo.
En el decreto que aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparecen 196 millones de pesos como subsidio. El resto es para gastos que se tienen en la Secretaría Técnica, y para operación de la Secretaría Técnica también hacia las entidades federativas. En los programas de ahorita lo comentaré con mucho gusto.
Por eso hablamos de que es un subsidio, no un fondo. Por eso no existe, son... para los estado. Ésa es la situación real. No hay comunicación. Bueno, estamos aquí en una primera reunión. El primero que quisiera tener comunicación con ustedes soy yo.
He tratado de tener comunicación en varias ocasiones. Pero además formalmente existe la comunicación. Porque en el Consejo de Coordinación existe un sitial de la Cámara de Diputados formalmente existe la comunicación porque en el consejo de coordinación existe un sitial de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es coordinarse, con la Cámara de Diputados para tener la comunicación directa.
El consejo de coordinación tiene representación de los tres poderes, está representado el Poder Judicial Federal por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Está el ministro Gudiño y el consejero Óscar Vázquez Cruz, quienes están presentes en las sesiones, y además ellos son los que hacen el enlace para que me comunique directamente con algunos ministros, con el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia y he tenido cuatro reuniones con el Consejo de la Judicatura Federal. Porque ellos, como miembros del consejo de coordinación, saben los temas concretos que se están tratando en las reuniones del consejo y de ahí surge los programas para los cuales requiere el Poder Judicial Federal, para nosotros poder intervenir.
Primero. Aprobó las reglas de funcionamiento del consejo. Aprueba las líneas generales de trabajo de la secretaría técnica. Además existe el acuerdo entre los tres poderes, aprueba el programa de capacitación y difusión, aprueba el programa de estrategia para la implementación de la justicia penal en las entidades federativas. Valida las directrices para el pago de subsidios a las mismas entidades federativas en los resultados de capacitación, que algunos de ustedes me preguntaron, creo a usted ya le había preguntado a otro diputado.
Se aprobó el Programa Nacional de Capacitación y Difusión. El Comité de Capacitación funciona, primordialmente, para aprobar los programas de trabajo concretos que deba de tener, aunque ya se aprobó el Programa General de Trabajo de Capacitación, pero para líneas generales y certificar los programas y certificar quiénes son los que otorguen esos programas.
Se tuvo programas de estudios por operador, hay nueve programas elaborados y un programa pendiente de profesión, tiene el programa de estudios de especialización, se elaboraron programas de estudios para licenciatura de postgrados y fueron integradas a la validación del Programa Nacional de Capacitación y Difusión.
Se ha capacitado a 10 mil 355 participantes a nivel nacional. Participantes, operadores o académicos. Eso es en total de participantes y partidos durante el periodo operadores del sistema o académicos relacionados. Se han impartido 104 cursos a nivel nacional. Curso sobre la reforma constitucional y el sistema acusatorios impartidos a nivel nacional para operadores y académicos.
Se ha comenzado con la tarea de capacitar a los operadores y formadores de todo el país, así mismo tiene un convenio de colaboración con el Inacipe y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con algunas universidades reconocidas y con ellos, además, de ese convenio de colaboración se tiene otro tipo de capacitación, 10 mil 355, 104 más los que está desarrollando el Inacipe por el convenio que nosotros tenemos y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hemos dado, además, en horas de capacitación impartida 3 mil 632 y la revisión de los programas adecuados con la implementación de las reformas a las entidades federativas, universidades, academias e institutos en los tres órdenes de gobierno, siete instituciones privadas, 92 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una federal Programa Reactor de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esos son los programas de capacitación que actualmente hemos desarrollado.
La estrategia. Tenemos aprobado la implementación mínima que se pueda tener en las entidades federativas para implementar el sistema de justicia penal en el país. Tenemos dos cursos que hemos impartido en el Poder Judicial Federal, además del convenio que tenemos con el Inacipe para la Procuraduría, en el cual estamos incidiendo para hacer un programa integral a nivel federal con instituciones como la Suprema Corte de Justicia, es decir, Poder Judicial Federal; Procuraduría Federal de la República y Secretaría de Seguridad Pública, que son las instituciones básicas en la cadena de un procedimiento penal.
¿Cuántas entidades se tienen en el sistema? Es una pregunta que me hacía el presidente Benítez Treviño, actualmente se tiene operando el sistema acusatorio en la totalidad de su territorio. Chihuahua, en el 66 por ciento aproximadamente. En Morelos, se tiene en un treinta y tantos por ciento. Oaxaca, en casi 30 por ciento; en Zacatecas, se tiene un 30 por ciento. Durango, que la capital se tiene en el Estado de México y Nuevo León con una característica y una metodología diferente.
La Constitución, en lo transitorio, da dos opciones: que sea por región o por delito. En Nuevo León sí fue por delito, aunque la semana pasada estuvo con su gobernador y la semana pasada firmando un convenio. Hace dos semanas estuve también con el gobernador, porque él trata de modificar todo el sistema de justicia penal del que venía caminando anteriormente por delitos, para que sea ahora por regiones y se integre a un nuevo sistema.
Ahora, en agosto inicia, iba a comenzar en estos días en Baja California, en la región de Mexicali por las cuestiones del sismo, la trasfirieron y la pospusieron para que se fuera al mes de agosto. Además otras leyes secundarias las cuales se han reformado.
Hablábamos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Procuraduría, algunas cuestiones de mediación, en fin, diferentes legislaciones secundarias que necesariamente deben de reformarse o aplicarse sobre el particular.
Sobre las leyes, códigos de procedimientos penales, todos los estados de la república adquirieron y tomaron como propio y nos solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 18 de marzo del año pasado, el Consejo de Coordinación aprobó que se retomará el llamado Código Procesal Conatrib , como un referente no vinculatorio para todas las entidades de la república.
Este código me parece importante mencionarlo porque es un código que todos los Tribunales Superiores de Justicia del país lo elaboran en combinación o en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es financiado por el Fondo Juríca y todo lo asumen como propio, haciéndole las modificaciones que cada entidad federativa crea conveniente hacer.
Es decir, en cuestión de la ley general, que es la Ley de Procedimientos Penales, todos los estados tienen el referente del Código Conatrib, además, a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sube al Consejo de Coordinación, se aprueba y eso hace que se refleje en las entidades federativas.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, dijo que se continuará con el siguiente punto en el orden del día que eran los dictámenes:
• Análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
• Análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen del decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
Se recordó que en la sesión anterior se aprobaron en lo general los dos dictámenes, se aprobó un cambio en la redacción y quedaron pendientes de firma.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la sesión a las 19:45 horas del 27 de abril de 2010.
De la Comisión de Justicia, correspondiente a la undécima reunión, celebrada el miércoles 8 de septiembre de 2010
En el salón de protocolo del edificio A, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 8 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la undécima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión.
4. Análisis y discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal (en sentido positivo).
5. Análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 273,282 y 288 del Código Civil Federal (en sentido negativo).
6. Análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
7. Propuesta de integración de la subcomisión de examen previo.
8. Asuntos generales.
Se inició la sesión de trabajo con 20 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez
El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal.
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la décima reunión y fue aprobada por unanimidad.
En el punto número cuatro, que fue análisis y discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, tomaron la palabra los siguientes diputados, Víctor Humberto Benítez Treviño, Camilo Ramírez Puente, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Óscar Martín Arce Paniagua, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez, Josué Cirino Valdés Huezo.
Fue aprobada por unanimidad en lo general y se formó una comisión para hacer unas aclaraciones la cuál fue conformada por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez, Josué Cirino Valdés Huezo.
Sobre el punto número cinco –análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 273,282 y 288 del Código Civil Federal–, hicieron comentarios los siguientes diputados, Víctor Humberto Benítez Treviño, quien comento, en síntesis, que la Comisión de Justicia considera improcedente la reforma en virtud de que se trata de una propuesta para regular de manera específica la figura jurídica de la custodia compartida, la cual no es considerada en la legislación federal al día de hoy.
Sin embargo, se considera que es competencia de los Congresos locales de cada entidad federativa, y no del honorable Congreso de la Unión, legislar en materia civil del fuero común. En este caso, específicamente en materia familiar, por no estar considerada dicha facultad exclusiva en el artículo 73 constitucional, por lo que se estaría, en todo caso, a lo dispuesto por el artículo 124, de la Carta Magna, que establece que las facultades concedidas por esta Constitución se entienden reservadas expresamente a los estados.
El diputado Pedro Vázquez González dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento de la comisión en que las legislaturas de los estados deben de legislar en materia familiar, porque se trata de proteger los derechos de los niños y los adolescentes.
Propuso que esta comisión elaborara un estudio comparativo de las legislaciones de los estados para ver dónde sí se está tomando en cuenta esta conflictiva y dónde no.
También tomó la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente, quien pidió al diputado Pedro Vázquez que abundara sobre qué se haría al tener los resultados de los estudios comparativos con las distintas legislaciones de los estados del país.
La diputada Nancy González Ulloa comento que antes de ver la comparación y los estudios legislativos teníamos que ver los derechos de los niños. Podría ser que en un estado se maneje la custodia compartida; pero que es necesario generalizarlo a nivel federal para que sea obligatoria en todos los estados, creo que es mucha responsabilidad en el estudio.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz dijo que entrando en la materia más allá de la nobleza que tenga el tema, se debe revisar que sí tenemos, a pesar de los resultados que la investigación nos diera, la facultad legal de legislar sobre el tema. Uno es el fuero federal y otra es la competencia local. Y haya o no en algunos estados la custodia compartida, no es una facultad que tengamos en la Cámara de Diputados.
El tema puede sonar loable, pero entiendo que no nos toca a nosotros meternos en ese tema. Y que ésa es la razón por la que habría que desecharlo. En todo caso tendría que plantearse desde otra perspectiva, pero en la forma como viene estructurado sale del ámbito de nuestra competencia como legisladores.
Óscar Martín Arce Paniagua dijo que tendrían que hacer una Ley General de Protección a los Niños y a las Mujeres. Dijo que proponía que se remitiera la iniciativa tal cual a las legislaturas de los estados y, si es posible, que le den seguimiento y la apliquen.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas comentó que lo que habría que advertir es que no es un tema de facultades, porque sí se tienen éstas, ya que están perfectamente establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica y en los demás ordenamientos.
No podemos incidir directamente en la legislación local; eso no nos corresponde. Pero aquí podría destacarse, incluso hay jurisprudencia de la Corte. Además hay análisis que las propias comisiones han hecho en torno a reformas al Código Civil Federal, como un marco de acción hacia las legislaciones estatales; aunque eso no les da obligatoriedad de ceñirse, pero da una base de que el tema está legislado.
Y en cuanto al tema de la protección de los niños y las niñas, sí hay una ley específica, es de carácter general y se llama Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de alguna manera el aspecto estaría contemplado.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó que el sentido del dictamen es muy claro, y también el sentido del artículo 73 constitucional, en cuanto a las facultades del Congreso de la Unión.
Estaría en favor del dictamen como viene, en ese sentido, por cuestión de técnica jurídica. Es muy clara la Constitución en el sentido que la materia civil, la materia común y materia familiar es exclusiva de los estados.
Arturo Zamora Jiménez: quiero comentarles que en el tema de los artículos constitucionales, que ya fueron invocados, 124 y el 73, por supuesto que nos queda claro cuáles son los ámbitos competenciales.
Todos reconocemos que existe el fuero común y el fuero federal en el ámbito de la justicia, y más en este tema que tienen que ver con el derecho civil y particularmente con el derecho familiar. Por tanto concluyo mi propuesta, seria desechar ya estrictamente por los razonamientos esgrimidos en el propio dictamen y lo que se ha comentado; y si a partir de entonces queremos construir todo un tema relativo a estos temas, pues adelante, podemos hacerlo. Porque incluso tendría que ser motivo de una nueva iniciativa.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño propuso que se enviaran las comunicaciones a los Congresos locales con la iniciativa para que nos digan qué es lo que están haciendo en la materia, y así vamos a tener un estudio real y oficial de lo que están haciendo las entidades federativas.
Se tomo la votación y fue aprobado por mayoría.
El punto número seis que fue el análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto que adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, tomo la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, el cual comento, en el sentido de la portación de armas, el uso que se le da y la clasificación de delitos graves que se tenía que ampliar. A lo mejor había algunas diferentes en torno al catálogo que se hizo de adicionar a los delitos graves. Además dijo de algunas peticiones de diputados de Ciudad Juárez, que se recapacitara sobre el tema, porque hay mucha gente que está saliendo bajo fianza portando armas en delitos que se comenten y que con esta modificación podrían quedar dentro, para efectos de no poder gozar de esa libertad. Por lo cual propongo que se nos permitieran en una comisión, junto con la secretaría técnica, volver a revisar el dictamen para ver si podemos hacer el catalogo de alguna manera viable y proponer que estos delitos se encajaran como graves. Retirar el dictamen ahorita y que una comisión se encargue de revisarlo. Eso sería para no discutir el dictamen. Sería mí propuesta, ponerles en antecedente lo que les acabo de comentar.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas comentó que quería sumarse a la propuesta de Óscar Arce y hacer una propuesta adicional, pediría que un experto nos pudiera compartir para dialogar y construir sobre este tema y que la comisión trabajará en lo particular; quizás sobre la argumentación jurídica.
Valdría la pena que se invitara algún experto en el tema de materia de armas de fuegos y explosivos, además del propio doctor y que pudiésemos invitar a los diputados que tienen interés, que son de Juárez, y si hubiese algunos otros, creo que su experiencia particular nos podría dar algunas luces para que lo discutiéramos en comisión.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, también estuvo de acuerdo. Cometo que la iniciativa de nuestra compañera de Ciudad Juárez tiene dos aristas. El artículo 92, del Código Penal Federal, con el que estoy totalmente de acuerdo. Utilizar un arma descompuesta, sin balas, descargada, sí, pero esto quién lo sabe cuando te asaltan y te ponen un arma, era de juguete o estaba descompuesta. El susto es tal y los asaltados no son peritos en armas y explosivos.
En lo del artículo 194, ahí encontrar la salida, porque el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece el catálogo de los delitos graves, cuando se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tiene ahí la descripción.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz dijo que le parecía importante dejar establecido que se trata de un delito. Eso cree que debe quedar muy sentado. Además dijo que está segura que es la visión colectiva, somos y tenemos la obligación en este momento de cerrar filas fuertemente contra las armas, ya llegará el momento en que dictaminemos esto y veamos además todo el daño que este tráfico de Estados Unidos hacia acá está siendo de las armas a nuestro país y que debemos fortalecer nuestra cultura de paz por todas las vías, pero efectivamente se trata de encontrar las penas adecuadas para el nivel del delito que se comete y en ese sentido sin oponernos a que se haga un estudio más de fondo, señalando que la convicción plena es que se trate de armas sin balas o defectuosas, el portar armas en el país, es un delito.
La propuesta es que el diputado Arce Paniagua se reúna con la compañera proponente para que nos hagan una propuesta y nos presenten una redacción para la siguiente sesión.
El siguiente punto fue la propuesta de la integración de Subcomisión de Examen Previo, la cual fue aprobada por unanimidad y quedó integrada por los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), copresidente; Sergio Lobato García (PRI), Arturo Zamora Jiménez (PRI), Óscar Martín Arce Paniagua (PAN), Camilo Ramírez Puente (PAN), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD), Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM)
El siguiente punto del orden del día fue el de asuntos generales.
Tomó la palabra el diputado Benítez Treviño, quién comentó que la ley es perfectible, por eso el derecho es una ciencia de aproximación, no de precisión como las matemáticas.
Entonces, aquí la reflexión que quiero compartir con ustedes, es que nos sumemos al dictamen de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, inclusive yo presenté una iniciativa el día de ayer, para establecer la cadena perpetua en México, ya lo prevé el 194 del Código de Procedimientos Penales, los tres delitos violación tumultuaria, es delito grave; homicidio calificado, es delito grave; secuestro, es delito grave cuando hay mutilación o pérdida de la vida del secuestrado, es delito grave.
También se sumaron a esta propuesta los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, Josué Cirino Valdés Huezo, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
Primero: Que la secretaría técnica entregaría el día 9 de septiembre del año en curso el dictamen de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en forma digital.
Segundo: Que en la siguiente sesión dicho dictamen sea el primer punto a tratar y tercero haciendo eco de la propuesta de la secretaria de la comisión, la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, que cuando se elabore el dictamen de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se plasmen las distintas propuestas que se han hecho, en los considerandos para no meterse en la estructura articular del dictamen.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la sesión a las 19:45 horas del 8 de septiembre de 2010.
De la Comisión de Justicia, relativa a la duodécima reunión, celebrada el martes 21 de septiembre de 2010
En el salón 2 del edificio I, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 21 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la duodécima reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión.
4. Análisis y discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y reforma el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de proyecto de decreto por el que expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; y se reforman, y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Policía Federal; Federal de Telecomunicaciones; y General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que remite la honorable Cámara de Senadores.
6. Asuntos generales.
Se dio inicio de la sesión con 24 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo,
Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal. Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad. Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la decima primera reunión y fue aprobada por unanimidad.
En el punto número cuatro se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El punto cinco trato sobre el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal, de Telecomunicaciones y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que remite la honorable Cámara de Senadores.
Aquí tomó la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la comisión, para hacer reflexión: El Senado de la República nos ha enviado un proyecto de dictamen; nosotros compartíamos con ustedes que hemos tenido ocho propuestas de ustedes, distinguidas diputadas y distinguidos diputados, en las que hacen inteligentes y valiosas aportaciones al dictamen. Han sido consideradas en, valga la redundancia, en los considerandos, todas; muchas coinciden con el dictamen del Senado. Partimos de una premisa fundamental: “Toda ley es perfectible”, las únicas leyes perfectas son las de la naturaleza; el derecho es una ciencia de aproximación, no de precisión como las matemáticas.
El dictamen que aprobó el Senado de la Republica por unanimidad, tiene varias características:
Primero. Es reglamentaria de la fracción XXI, del artículo73 constitucional, que nos obliga a ambas Cámaras a legislar en materia de secuestro.
Segundo. Es una ley general, no es una ley federal. Es una ley general que establece la concurrencia de autoridades federales y estatales en la persecución sanción y castigo del delito de secuestro.
Tercero. Establece tipos penales y sanciones correspondientes. De 20 a 40 años en el secuestro normal, por llamarle de alguna forma de 25 al 45 en el secuestro exprés, de 25 a 55 o cuando intervienen parientes o cuando se hallan en domicilio, cuando se ejerce violencia, cuando se mutila al secuestrado, y cuando participan servidores públicos de todas las corporaciones policíacas o encargadas de procurar y administrar justicia. Contempla adicionalmente que esta pena de 20 a 40 años se incrementará cuando haya mutilación, y lo más grave, pérdida de la vida del secuestrado con 40 a 70 años.
Estamos hablando de una cadena perpetua que he propuesto para tres delitos: Para homicidio calificado, para violación tumultuaria, para secuestro cuando hay mutilación o pérdida de la vida del secuestrado.
Además tiene otras bondades a la ley. Establece la obligación para el Ministerio Público de actuar de oficio, a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia a denunciar el secuestro que es uno de los graves problemas, porque en la estadística que tenemos de cada cuatro secuestros que se realizan, solamente se denuncia uno.
Se establece un fondo para la reparación del daño y para el apoyo a las víctimas del delito. Se establece la supletoridad del Código Federal de Procedimientos Penales cuando las entidades federativas no hayan legislado en la materia.
Se establece un programa de protección para los testigos, con un plazo de hasta un año para que emitan las disposiciones reglamentarias, el procurador general de la República, los procuradores de las entidades federativas.
Se establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestrados, la prevención de los secuestros, la ayuda psicológica, la ayuda médica, distingue entre lo que es la víctima del ofendido. La víctima es la persona secuestrada, el ofendido son sus parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad, segundo por afinidad por sus dependientes económicos.
Asimismo este dictamen que viene del Senado, tiene muchas bondades. No es una ley perfecta, porque desgraciadamente el destinatario de la ley es el animal más imperfecto que existe, que es el ser humano. Pero siento que es un parte aguas en el combate para este delito que tiene irritada a la población, que tiene enojada a la población por la impunidad en que vivimos, por la falta de acción de las autoridades encargadas de perseguirlo, por la falta de decisión, de las autoridades judiciales, que por cierto, la ley establece la obligación para los jueces de cuando emitan sentencia condenatoria, invariablemente, tienen que condenar al pago de la reparación del daño.
Con estos argumentos, les quiero pedir a todos ustedes en un acto de reflexión compartida, aprovecho la presencia de dos luchadores mexicanos singulares, doña Isabel Miranda de Wallace, don Alejandro Martí que están aquí con nosotros. Que han dado una muestra de coraje, de decisión, de valentía, para impulsar todas las acciones que tiendan a contrarrestar este grave flagelo que hoy azota a la sociedad mexicana. Un último dato. En el año 2005, se cometieron 325 secuestros, de enero a junio de 2010 llevamos 674. Si nosotros extrapolamos ésta cantidad a fin de año llegaremos a mil 248 secuestros. Es decir, que se han incrementado en 5 años un 400 por ciento el delito de secuestro. Que cada año hay incremento del 23 por ciento.
Creo que vivimos un momento muy delicado de crisis en materia de justicia, de una impunidad que agravia que enoja a la sociedad mexicana y que tenemos que combatir todos nosotros. Les ruego compañeros que en un acto de solidaridad de está ejemplar comisión, como siempre la hemos tenido, que es de las más productivas del Congreso, aprobemos el dictamen que viene del Senado, para que iniciemos una nueva vía legislativa, no será la primera, no será perfecta, no estará acabada, pero será un gran paso en la lucha contra el secuestro y la impunidad en este país.
Tomó la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida diciendo que haría algunas observaciones al artículo 23: Los delitos previstos en esta ley se prevendrán, se investigaran, se perseguirán y se sancionaran por la federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales Se refiere a las reglas de conexidad de delitos y si hay conexidad de delitos, discrecionalmente procede la atracción de la autoridad federal, según el código procesal, o cuando el ministerio público de la federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Esto en realidad sigue siendo lo mismo que el párrafo anterior, porque no es una discrecionalidad absoluta, tiene que haber conexidad de delitos federales, partiendo de la base que la materia penal es una materia de coordinación entre niveles de gobierno. Esta es la parte que me preocupa, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o relevancia social de éste. Dice en los casos no considerados en el párrafo anterior serán competentes las autoridades del fuero común. ¿Qué hipótesis saldría de este párrafo, que sería competencia del fuero común? La única hipótesis que puede salir del párrafo es que se ha cometido por dos o menos personas o se trate de un autosecuestro, porque qué delito de secuestro en banda organizada no es cometido por más de tres personas, se utilizan armas de alto poder, están utilizando medios de ejecución federales y son competencia de la federación en la propia ley general. Lo que parecería es que se federaliza el delito del secuestro en el entendido que quien va a conocer permanentemente el delito de secuestro es la Procuraduría General de la República, porque cada vez que se encuentren en una hipótesis no contemplada en esto, son las hipótesis menores, se tiene que ir a lo que está diciendo el propio artículo 23. Esto significa que los códigos penales, locales de todas las entidades, los congresos locales, tienen que derogar de sus códigos penales el delito de secuestro, porque tenemos que entrar en esta hipótesis, y que muchas conductas en códigos penales locales que pueden estar contempladas como asimiladas al secuestro que no están comprendidas en esta ley, quedan en el vacío jurídico frente a la conducta. Dice el artículo, creo que es el noveno, que el delito de secuestro no es descriptible, sin embargo rompe, sería la excepción, una ley considerada especial, rompe las reglas generales procedimentales de la prescripción, todos los delitos por certeza jurídica tienen que tener un rango de prescripción. El delito de lesa humanidad, que sería imprescriptible, en nuestro país ni siquiera se aplica. Hay un caso, además muy sonado, a la mejor tendríamos que ponerlo, no estoy discutiendo si sea bueno o malo, estoy señalando el hecho. El delito de secuestro en la minuta que nos presentan es imprescriptible. Hay una conducta más abominable que el secuestro, que es el homicidio, que sí es prescriptible. ¿Qué significaría para un secuestrador, que sería mejor asesinar que seguir bajo la hipótesis del secuestro, en el entendido que le pueden aplicar la pena de 70 años, pero el tema no es la pena, el tema es la prescripción, de cuándo le empieza a correr frente a una imprescriptibilidad del delito del secuestro y la conveniencia de irse mejor a un homicidio para que le corra el tiempo. Además por mera técnica legislativa es que señala los tipos de secuestro, técnicamente lo correcto sería el tipo de secuestro y sus modalidades, ¿por qué? Porque la conducta es genérica, no son conductas distintas, es una conducta que tienen distintas modalidades, que es privar ilegalmente de la libertad a alguien, sin embargo eso no lo dice la minuta. La minuta habla de privación de la libertad, en el país hay privaciones legales de la libertad. Tendría que especificarse, siendo la materia penal de sentido estricto. Creo yo que podemos encontrarle alguna salida, habría que perfilarla cómo sin detener el proceso legislativo de esta importante minuta. Sí debo externar con claridad y pedir que se asiente en estos comentarios, porque no son menores, en esta comisión hay ex procuradores estatales, un ex procurador general de la República, además respetadísimo, es el presidente de la comisión, yo mismo, y cuando analizaba esto frente a los bienes tutelados, no podía sino hacer con toda seriedad la reflexión de, si yo me encontrara en una hipótesis así, me sentiría más fortalecido para perseguir en un delito de secuestro o menos fortalecido. A veces la respuesta no sería tan favorable. Lo dejaría como una reflexión ¿qué es lo que entiendo? Que si le metemos mano a la minuta, lo que tiene que hacer es que vuelva a ver comisiones allá en el Senado, por lo tanto también pedirle su publicación. Eso me queda muy claro, por eso hablo del sentido pragmático, sin embargo y en aras de reconocer el enorme esfuerzo que hay detrás de esta minuta, yo lo dejo simplemente en el tema de la reflexión colectiva y que empecemos a platicar sobre el mismo tema y veamos qué es lo que más conviene.
Diputado Pedro Vázquez González: Después de haber escuchado con mucha responsabilidad los comentarios del diputado, sé que son textualmente los mismos que su asesora expresó en la reunión última que se llevó a cabo, donde en una sesión de trabajo, los asesores abonaron parte de la actividad de esta comisión. Me parece que es consecuente que los haga públicos aquí y que de esta sesión quede constancia de los mismos. En justicia, reconocer que si bien es cierto, la minuta nos fue turnada formalmente apenas el pasado 7 de septiembre, reconocer la disposición y el interés del presidente de la comisión, de convocar de inmediato, turnárnosla a los integrantes de la comisión y en un periodo relativamente corto, estar abordándola en una reunión formal de la comisión. Eso yo lo veo muy positivo, pero también como grupo parlamentario tengo que expresar que no podemos renunciar a nuestro derecho como legisladores, en este caso como Cámara de Diputados, de nuestra función revisora, creo que es una facultad legal y constitucional que nos corresponde y nosotros no estamos de acuerdo en renunciar a ella, no podemos aceptar la minuta del Senado en los términos que viene, porque tenemos consideración que en su oportunidad y por escrito hicimos llegar, desde que el presidente de la comisión nos turnó. El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en esta LXI Legislatura apoyamos la reforma al párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009. Iniciando su vigencia, el día siguiente, 5 de mayo; la fracción XXI del artículo 73 le otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en Materia de Secuestro, que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias, y las formas de coordinación entre la federación, Distrito Federal, los estados y los municipios. Ahora, como lo señalaba corresponde a esta Cámara conocer de la minuta enviada por la colegisladora el pasado 29 de abril de este año, y turnada formalmente a esta Comisión de Justicia, apenas el pasado 7 de septiembre de este año. Quiero mencionar que el pasado 27 de mayo, por instrucciones del presidente de la comisión se nos turnó copia de la minuta enviada por el Senado. En fecha 15 de junio se realizó una reunión con asesores, como ya lo señalé, con el compañero diputado Josué Cirino Valdés Huezo; de dicha reunión todos los grupos parlamentarios formularon observaciones a la minuta materia del dictamen que se nos presenta. Comento que envíe los comentarios y sugerencias relativas al análisis y dictamen de 11 iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de la Policía Federal; Ley Federal de Telecomunicaciones y de la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate al Secuestro, la Ley Antisecuestro, la Ley General contra el Secuestro. La Ley General en Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros reglamentar el artículo 21 fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República”. En referencia a esto expreso los siguientes comentarios. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el secuestro está relacionado con una serie de factores complejos, a saber, la impunidad, la falta de cultura de la denuncia, y la desinformación. Sin duda, la pobreza y el desempleo son factores generadores de la violencia, lo que induce a muchas personas a cometer el delito de secuestro. Estamos conscientes de que el secuestro crece día a día, pero también crece la inseguridad jurídica de manera ineficaz, y con arbitrariedades, lo que desde nuestra óptica genera impunidad y corrupción. Sin duda, la pobreza y el desempleo son factores generadores de la violencia, lo que induce a muchas personas a cometer el delito de secuestro. Por eso expedir una ley en materia de secuestro merece un estudio amplio, general y profundo de las causas que lo generan, pues consideramos que la llamada industria del secuestro se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para las bandas de plagiarios. En este tenor —y que quede bien claro—nos manifestamos a favor de la presente Ley para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestros, en los siguientes puntos, en lo particular. La reforma obliga a la autoridad a actuar de oficio, aún si no existe denuncia alguna evita que el delito prescriba y orilla a autoridades a crear programas para la protección de personas y testigos. 2. El dictamen señala que una investigación de secuestro tampoco podría enviarse a la reserva, y los secuestradores que hayan purgado una condena podrán ser vigilados por la policía durante cinco años posteriores a su liberación. 3. La reforma obliga a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para la investigación del secuestro. 4. Asimismo permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también se manifiesta en contra de las penas desorbitadas e inusitadas, porque en los hechos se está instaurando la cadena perpetua, que además, como ya lo referimos está prohibida por la Constitución General de la República y, al mismo tiempo, no se cumpliría con el fin o principio de readaptación social, pues es de recordar que el fin supremo de la pena es la de readaptar socialmente a los delincuentes. Consecuentemente, nos manifestamos en contra de lo que señalan los artículos 9, 10 y 11 de la minuta que estamos discutiendo. De igual manera, nos manifestamos en contra de lo que se propone en el artículo número 25, de la ley que estamos discutiendo. Lo anterior, porque se ordena a los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones entregar datos personales de los usuarios a los agentes del Ministerio Público, lo que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera muy riesgoso, pues desde nuestro punto de vista la delincuencia organizada se ha infiltrado en ésta y en muchísimas otras instancias. Nos manifestamos en contra también, de lo establecido en el artículo 37 del Fondo de Apoyo para las Víctimas u Ofendidos. En primer lugar, por considerarlo injusto e inequitativo, pues frente a otros delitos, el Estado mexicano no apoya con recursos a las víctimas y ofendidos, y en segundo lugar, porque las reglas de operación que se señalan no son suficientemente claras en el artículo 38. En el artículo 13, en nuestra opinión, debe de existir una sanción consistente en pena privativa de libertad. Proponemos que se señale en la presente ley, la prohibición de los mediadores o especialistas particulares en materia de secuestro. Lo anterior lo consideramos así, en virtud de que el Estado jamás debe de renunciar a sus facultades de investigación y persecución de los delitos. En el artículo 25, perdón, en el artículo 32, fracción V sentimos que la reparación del daño debe de ser igual al beneficio obtenido, por lo que hacemos la siguiente propuesta de redacción proponemos una redacción que la hago llegar aquí por escrito. Finalmente, los artículos 2 y 18 párrafos primero y segundo deben de hacer mención al Distrito Federal. En relación con el fondo que prevé el artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en el que se prevé la constitución del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo en la entrega de recursos presupuestales prácticamente por todos los años en que esta ley esté en vigor. Nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que deberán ser entregados recursos públicos hasta por dos ejercicios fiscales, en tanto que el fondo pueda obtener los recursos que se mencionan de las fracciones II a la VII del artículo 38, por lo que hacemos también la propuesta de adición de un artículo transitorio decimotercero. Artículos transitorios primero a duodécimo quedan iguales, decimotercero, “los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a los que se refiere el artículo 38 fracción I de la Ley de Secuestro para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro se entregarán hasta por dos ejercicios fiscales contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. “A partir de esa fecha sólo se destinarán al fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, los recursos que se establecen en las fracciones de la segunda a la séptima, del artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro”. En relación con el fondo que se prevé en el artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, en el que se prevé la constitución del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo —insisto— en que la entrega de los recursos presupuestales sea prácticamente por todos los años en que esta ley está en vigor. Nuestro grupo parlamentario plantea que sean entregados estos recursos públicos hasta solamente por dos ejercicios fiscales hasta en tanto se pueda obtener los recursos, como ya lo señalé, de la fracción II a la VII del artículo 38. Por tanto, proponemos la adición de un artículo transitorio tercero. Es importante que dejemos plena constancia de que no estamos de acuerdo en que se renuncie al derecho que tenemos, como legisladores, de revisar lo que la Cámara de origen nos envía.
Tomó la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Si hacemos imprescriptible el secuestro, pues también debemos hacer imprescriptible el homicidio, y no quitar el secuestro de que sea imprescriptible. Creo que son temas que podemos retomar para complementar, y no tratar de que la minuta no vaya a pasar por algunos detalles. Puede ocasionar algún tipo de operatividad, pero de entrada creo que tiene solución, o sea que es salvable en ese tema y perfeccionar algunas penas, que están mucho más arriba que otras, dependiendo de la modalidad que vemos ahí. Sin embargo, ninguna de ellas es menor. Es decir, cualquiera de ellas consideramos suficiente para castigar este flagelo. Una vez que opere la minuta seguramente saldrán otros temas porque la sociedad se transforma y la manera de operar muchas veces la conocemos en el momento en que se está judicializando una nueva ley.
Tomó la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente: Tenemos una minuta que ha sido trabajada con detalle, a conciencia. Creo que como todos los aspectos jurídicos, puede haber apartados en los que no coincidimos en su totalidad, por nuestra propia preparación profesional, por nuestras habilidades jurídicas, por todo lo que engloba y hace distinto a cada profesionista, a cada persona. Sin embargo, creo que tenemos ante nosotros una oportunidad muy importante hoy de dar una respuesta clara y enérgica a la sociedad, en el sentido de que esta organización, el Poder Legislativo, hace un eco y un sentir de lo que está pasando en nuestra sociedad mexicana. Creo que tenemos una realidad afuera que nos exige respuestas contundentes, y nos exige que si esto no es perfecto, que mañana y más tarde estemos trabajando para que esto sea perfecto. Pero que ya no podemos dilatar a pretexto de nada un trabajo que se hace imprescindible. Respeto la opinión de todas y de todos, pero creo que también desde afuera de estos muros la sociedad está esperando respeto de nosotros, y que no nos dilatemos más. Estoy cierto que la ley no es perfecta, pero entendemos también que una ley tiene modificación momento a momento, ya no digo día con día. Y esta Cámara y la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados tienen la obligación de trabajar continua y permanentemente en mejorarla si esto tuviese una necesidad. Creo que hoy podemos irnos tranquilos si secundamos las propuestas y las hacemos propias, en el sentido de que de una buena vez votemos esta ley.
Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Quería hacerles una pregunta a los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfonso Navarrete Prida. Se nos está solicitando que aprobemos hoy el dictamen, más allá de todas las deficiencias que observamos que tiene. Algunas son de forma, algunas serían menores, algunas evidentemente pueden reformarse en una revisión posterior y no implicaría daños graves. Pero hay dos temas que en este momento me inquietan. El asunto de que hasta en tanto no hagamos que no sea prescriptible el delito de homicidio. Con esto me pregunto sí estaríamos con esta ley abriendo la tentación a los secuestradores a que les resulte más barato matar que secuestrar. Ese es un elemento que está aquí y quedaría señalado en la ley. Esta es una inquietud de las que me parecerían fundamentales; la otra es la conciencia de que estamos federalizando este delito, el que los procesos arrasarían a esta estructura federal más allá de que los resultados que en la práctica la procuraduría federal nos esté dando, en relación a la persecución del delito en general, a la eficacia y la eficiencia de la procuraduría son algo que pongo en duda. Más allá de eso, le librar de esta responsabilidad a los estados, me genera la inquietud y la pregunta directa a estos dos diputados, en el sentido de dado el llamado a que votemos en este momento el dictamen, en su valoración qué consideran ustedes que es mejor, el que hagamos las modificaciones que todos vemos requerirían para regresarle al Senado una propuesta que atienda a estas inquietudes y que la ley quede como está, o que efectivamente, como se nos señala por varios de los diputados, aprobemos este instrumento que es mejor. Esa sería la pregunta en concreto. ¿Ustedes considerarían que este instrumento que estaríamos aprobando es mejor a lo que tenemos actualmente aun con estos riesgos? Y en consecuencia, ¿opinan que es de aprobarse en este momento? ¿O consideran que estas son tan graves, que sería mejor hacerle las correcciones y regresarlas al Senado? En el entendido, además, y creo que esto es importante señalarlo, que en éste, como en ningún otro tema, todos queremos aprobar la ley, todos queremos que prospere y todos queremos desde luego ponernos al corriente con esta asignatura que tenemos con la sociedad.
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: En primer lugar quiero reconocer que el señor Martí y la señora Wallace hayan transformado su dolor en una iniciativa que va a servir a la sociedad y que, sin duda, nosotros tenemos la obligación de abrazar y de servirles. Es una obligación nuestra. Por otro lado, creo que aquí ha quedado que la voluntad que tenemos es de aprobar ésta y todas las leyes que sean necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del país. En primer lugar quiero decir que el problema más importante de México no es de leyes, es un problema de impunidad, es un problema de corrupción. Podemos tener una ley muy perfecta, pero si seguimos con esos dos problemas ninguna ley va a ser suficiente para terminar cualquier problema que estemos viviendo. Por tanto, a veces nos enfrascamos en discusiones técnicas que no son realmente la causa, sino que son los efectos del problema. Por otro lado, ustedes a estas alturas deben estar cansados de escuchar mucha retórica, escuchar discursos, de escuchar muchas cosas y de no escuchar muchos avances. De entrada quiero dejar muy clara mi voluntad de aprobar esta ley. Pero también quiero dejar, en esa voluntad, muy claro que sí observo deficiencias técnicas. Tal vez, respondiendo a la pregunta que me hace mi compañera Enoé Uranga, no son tan graves, en el sentido procesal. Ahora bien, debo aclarar una cosa: toda ley, como lo señaló el presidente, es perfectible. Es muy probable que esta ley el próximo año la estemos reformando, porque ya en el uso seguramente no sólo encontraremos estas deficiencias. Pero sí quiero señalar algunas, para que ustedes valoren si podemos entrar a una cuestión civilizada de poder modificar la minuta y devolverla al Senado, de tal suerte que hagamos más perfectible lo que hoy tenemos, o lo votemos como está y, simple y sencillamente, tengamos muy claro que va a ser necesario una reforma en primer lugar, porque insisto, su práctica así nos lo va a exigir; creo que el problema de este delito y otros es un problema que tiene otro tipo, es multifactorial lo que la está propiciando, pero eso no es motivo de esta reunión. Miren, el artículo 5o, dice: El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro son imprescriptibles. Por supuesto que esto es polémico, por supuesto que es incluso contradictorio con otro delito que tutela un bien, jurídicamente muy grave, que es la vida. Ni siquiera el homicidio tiene esta característica. Creo que eso, lo único que hace, es avalar la ineficacia de nuestras autoridades. Te doy mucho tiempo para que resuelvas un asunto que no vas a ser capaz de resolver en un año que te da la ley. Entonces, no le veo que eso ni ayude, ni afecte, simplemente es contradictorio en término estricto de lo que ya tenemos establecido. Sería más a favor de que estuviéramos a lo que señala el artículo 104 y 105, del Código Penal Federal, que ahí nos señala con toda claridad este tema. Por otro lado, el artículo 10 dice: Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravarán: a)-e)..... f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Soy mujer y creo que eso debe ser una experiencia sumamente grave, sumamente compleja. Pero no basta que la víctima tenga determinadas particularidades físicas o biológicas para agravar la pena, sino que es indispensable que el sujeto activo tenga conocimiento de dicha circunstancia y, pese a ello, determine desplegar su acción. Por eso considero que el inciso f) debe decir: cuando la conducta sea cometida a sabiendas de que la víctima es una mujer en estado de gravidez. Tal vez, insisto, en la mayoría de los casos no vamos a encontrar este caso de manera recurrente. El artículo 20 dice: “ la autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación”. Considero que debe aclararse el contenido del presente artículo, de tal manera que se disponga que la medida de vigilancia sea parte de la sentencia y no una disposición ajena a ésta, para que tenga mayor contundencia. Es decir, que diga: La autoridad judicial podrá ordenar dentro de la sentencia respectiva; y todo lo demás. El artículo 21 dice: “las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo”. Este es un asunto que sólo es una omisión, porque lo que debe de decir es “Centro Nacional de Prevención del Delito”, que no lo dice. Les quiero comentar precisamente que esta comisión, el presidente y su servidora, hemos promovido una ley de prevención social de la delincuencia que está en el Senado y que incluso la van a aprobar con modificaciones y nos la van a devolver; y no hay ningún sentimiento, por el contrario, qué bueno que se interesen en perfeccionarla y que podamos avanzar, porque incluso estamos haciendo esa modificación de manera conjunta. Me parece que se trata de darle las mejores leyes a los mexicanos.
Por otro lado, el artículo 23, que es tal vez el que más ha causado aquí discusión, lo relacionado con los delitos previstos en esta ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación cuando se trate de los casos previstos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, etcétera. Les quiero decir que del análisis que hice existen un sin número de conductas previstas en los Códigos Penales locales, como delictivas, las cuales no son tipificadas por este proyecto, el que estamos estudiando, lo que podría ocasionar lagunas legales. Considero que debe adicionarse un párrafo que disponga que aquellas conductas, previstas por los Códigos locales, deban ser competencia de las autoridades del fuero común, aun cuando la Ley General no las considera. Eso podría ayudar a omitir o a no permitir que haya una laguna. Por cuanto hace al artículo 36, quiero decirles que cuando hablamos del embargo que debe ser solicitado por el agente del Ministerio Público puedan repararse el daño de manera adecuada, si se añade el término precautorio a la redacción del artículo no tendríamos que esperar a que exista una sentencia para realizar este paso. Esto también podría ayudar. Yo les invito, el fondo, el objetivo de la ley, me parece que todos lo compartimos. Han llevado, es cierto, unas reuniones de conferencia y han llevado un documento que hoy tenemos aquí, que todos con generosidad debemos apoyar para que pueda salir adelante.
Diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Mi participación es para fundar mi voto favorable al proyecto de dictamen de la minuta proveniente del Senado de la República. Expondré brevemente, los argumentos por los cuales votaré en favor de la minuta. En primer lugar, existió un compromiso de varios de los grupos parlamentarios hace tiempo con representantes de organizaciones de la sociedad civil en esta materia, donde se había abierto la posibilidad de aprobar este dictamen en el periodo de sesiones anteriores. Creo que por efectos del proceso parlamentario, a veces se dilatan muchas cosas, que la sociedad ya está reclamando de una manera contundente. Ése sería mi primer argumento. En segundo lugar debemos considerar que no es asunto nuevo, a pesar de que el turno formal que recibió esta comisión fue reciente, pero no es un asunto nuevo que todos ya hemos tenido posibilidad de analizar y recordemos también que tuvimos la posibilidad de verter los argumentos cuando se nos convocó al trabajo de conferencia que tuvimos en el Senado de la República. Ahí los diputados que quisimos asistir y que con responsabilidad asistimos a esos trabajos de conferencia, vertimos toda una serie de argumentos que teníamos sobre, en aquél entonces, la iniciativa del Poder Ejecutivo y creo que varios vertimos esos argumentos y ahora muchos de los argumentos que se encuentran en las iniciativas presentadas por varios de los aquí presentes están contemplados en esta minuta. Sólo referiré algunos: en la iniciativa original no se precisaba con claridad el tema del Fondo Antisecuestro. En la minuta actual, en la iniciativa, por ejemplo, el Partido Verde, también de otros grupos parlamentarios ya se incorpora el tema del fondo. La iniciativa original del señor presidente de la República contenía algunas disposiciones que no satisfacían al PRD, como el caso del secuestro denominado político, donde se sancionaba con penalidades desde el tema de secuestro a luchadores sociales que retenían temporalmente a autoridades. Este tema el PRD no estuvo de acuerdo y se modificó el tema en el Senado. El tema, por ejemplo, de la infiltración de agentes, que originalmente la iniciativa del Ejecutivo se proponía la infiltración de agentes este tema, que fue rechazado por varios grupos parlamentarios. El tema de la competencia que preocupa mucho y que estuvimos analizando a fondo con distintos catedráticos, también ex procuradores de Justicia de varias entidades, se modificó también, porque el artículo original que venía en la iniciativa era un artículo bastante complejo que no nos satisfacía a nadie. Hicimos vale ese comentario ante el Senado y el artículo que se presenta hoy en la minuta lo consideramos un artículo más acabado donde, evidentemente, como señala el diputado Navarrete, ya se clarifica muy bien la competencia que corresponderá a la federación de la que corresponde a las entidades federativas. No se está federalizando el delito en términos teóricos, aunque en la práctica, y lo he dicho también, sí se aumenta la competencia de las autoridades federales en éste. Yo no estoy en contra de esto, por una razón, me ha tocado; a la mejor yo no he sido procurador o no he tenido altos cargos en el Ministerio Público, pero he tenido familiares secuestrados, he sido como abogado participante en casos de secuestro y ¿qué sucede en la práctica? Que a veces, lamentablemente, las autoridades de distintas entidades federativas se echan la bolita, porque el secuestro se cometió en un lugar, porque tienen detenida a la víctima en otro estado, porque las llamadas se hacen de otro estado, y como antes era competencia local, a la mera hora nadie le responde a los pobres familiares de la víctima. Yo he estado también de ese lado y verdaderamente es tortuoso para la víctima estar ahí detrás de las autoridades de un estado y de otro estado y de otro estado, a ver quién les hace caso. Me parece un buen artículo éste, porque ya está responsabilizando un poco más a la federación en este tema, tomando en cuenta el asunto de la delincuencia organizada. En la iniciativa del Partido Verde Ecologista, se proponía la federalización del delito, en la iniciativa de la legislatura pasada que firmó el diputado César Camacho y otros diputados del grupo parlamentario del PRI también se proponían la federalización directa. En la iniciativa del Partido Acción Nacional se habla como quedó, finalmente, de una cuestión de Ley General como lo ha establecido la corte, que reparte competencias entre federación y estados, por tanto no se está federalizando el delito en términos teóricos, aunque sí se le está asignado mayor responsabilidad a la federación. Le veo otras bondades al dictamen, como que se obliga más a los concesionarios de telecomunicaciones a cooperar y a colaborar más con las autoridades, porque a veces no se encuentra esta cooperación, y en fin. Distintas otras bondades que yo le encuentro y que no veo tanto el peligro de una derogación de tipos que aquí se plantea, por la razón de que es una ley que se reparten competencias, pero que si no se asignan directamente a la federación, creo que acudimos a la regla general del 124 constitucional, de que las atribuciones no asignadas a la federación se tienen a reservadas las entidades federativas. Por esos argumentos, un servidor, a su leal saber entender, sería delicado que esta comisión no aprobara, en sus términos esta minuta, considerando y reconociendo también algunas deficiencias y muchas de forma, pocas de fondo.
Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Nos encontramos en este momento en un compromiso con muchísima responsabilidad. Esto es un parlamento y en un parlamento está la posibilidad de análisis jurídicos, análisis técnicos. Si bien es cierto que en algunos aspectos concretos que no abordaré, porque algunos los han abordado de técnico jurídica y de técnica legislativa, este ejercicio pudiese ser perfectible vale la pena expresar que todo ejercicio humano, como en éste de creación de la norma es perfectible. Vale la pena dejarlo puntualizado y muy claro, porque no hay ley perfecta. Bajo estas circunstancias es un mecanismo o un instrumento que en este momento nos da una pauta para tener una base jurídica, con todo en el tema del secuestro. Vale la pena expresarlo, porque si nos quedamos en las particularidades, que por fortuna no afectan el fondo de lo que estamos discutiendo, es que debiésemos de analizar esta minuta, esta reforma en su integralidad, en su beneficio. Bajo estos dos aspectos, por la integridad entendemos que es un instrumento mucho mejor de lo que ahora no existe o que existe con algunas carencias en algunos lugares y por mayor beneficio es que tiene una trascendencia tal que supere, inclusive, esas pequeñas fallas que pueden ser corregibles. Urge a México dar una señal clara, no sólo en este tema que tiene que ver con una cuestión muy sentida por todos los sectores de la ciudadanía. Porque creo que estamos frente a un tema que nos obliga hablar por los que tiene voz y por los que no tienen, porque hay muchos agraviados en este país, que no tiene voz, que tienen recursos, que tienen posibilidad de vivir el dolor y la pena que es perder a un familiar, perder a un ser querido y no tener las condiciones si quiera de poder esperar que pueda regresar al seno familiar o de convivencia. Apelo a mis compañeros diputados a que aprobemos en sus términos esta minuta. Lo digo con mucha responsabilidad siendo uno de los creadores de una de las iniciativas de ley general antisecuestro, que presente el 4 de noviembre de 2009 y que recurrió a un análisis muy categórico de lo que había sido el secuestro, y que en aras de verdaderamente construida lo que el país requiere, estamos en la disposición. Así lo exprese al presidente de la comisión en su momento, incluso dejar de lado esa iniciativa que construimos que nos llevo algún tiempo, que representaba a la propia bancada de Acción Nacional. Pero, que hoy en la necesidad de verdaderamente dar muestra de que los diputados queremos hacer algo por este país. Hoy tenemos claridad de que mi voto, dejando de lado mi iniciativa, va por esta minuta. Me atrevería a decir, porque así lo hemos comentado el voto de la bancada de Acción Nacional. A México le urgen muestras claras de que sus poderes están trabajando. Celebro que sea la Comisión de Justicia, no será la primera desafortunadamente, porque en Puntos Constitucionales ya aprobamos la reforma de amparo, que está pendiente de subir a pleno y que aprobamos apenas hace unas semanas, que es muy trascendente para fortalecer al Poder Judicial, y sobre todo, para tener figuras integrales cuando se determina que un acto es violatorio de la constitución, se vuelve un acto general o generalizado. Bajo éste parámetro, presidente, esperaría que mis compañeros diputados, que ojalá pudiese ser por un tema de unanimidad, dado lo que se ha comentado respecto de los puntos concretos en los que hay divergencia no tienen, al menos en lo expresado por ellos mismos, a un asunto de mucho mayor fondo o mucho más grave de lo que implica la ley en su generalidad que la aprobáramos por unanimidad. Sería una muestra muy clara de que queremos darle al país un instrumento sólido en materia antisecuestro y que si me lo permiten, para concluir, todavía en esta etapa de la celebración del bicentenario, que este sea un tabique más del gran muro que tenemos que construir en el sistema de justicia que tanto le hace falta a este país, que tanto esperamos todos los mexicanos y que hoy podemos dar muestras claras de que podemos llegar a acuerdos por el interés de la nación y de los ciudadanos afectados. Presidente, enhorabuena, y de la bancada de Acción Nacional tiene el respaldo para poder aprobar esta minuta.
Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González: Nosotros como partido de oposición en nombre mío y del diputado Eduardo Ledesma Romo, creemos que toda ley, obviamente y perdón por el cliché, es perfectible. Todo instrumento humano es perfectible. Obviamente esta minuta tiene algunas deficiencias que pueden ser perfectibles y se pueden arreglar con posterioridad. Sin embargo, lo que creo que es muy importante es que la sociedad mexicana ya nos exigen resultados, exige resultados de sus autoridades, exige resultados del Poder Legislativo, y en específico de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Justicia. Es decir, nosotros estamos representando este Poder Legislativo a través de la Comisión de Justicia, y es por eso y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos la responsabilidad de aplicar leyes, iniciativas o minutas que tengan que ver o que perfecciones las leyes en materia de secuestro. Entonces, por ello quisiera manifestar a nombre del partido verde, de los diputados que integramos esta comisión que nos complace saber que estamos compartiendo está responsabilidad, estamos a favor del proyecto de dictamen que se está presentado en esta Comisión de Justicia y quisiera también manifestar nuestra complacencia, porque nosotros tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, presentamos iniciativas con respecto a un fondo antisecuestro, un fondo para reparación de víctimas de delito de secuestro. Además se está tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada como los dos presentes aquí. Por ello, no me queda más manifestar que estamos a favor del proyecto de dictamen como viene en sus términos y nos complace saber que es un esfuerzo incluyente que ha estado mucho tiempo trabajándose.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: También el Partido de la Revolución Democrática, en aras de tener una ley que combata este grave flagelo que azota a la sociedad y que es una demanda de está, coadyuvado con la presentación de una iniciativa que se presentó en el periodo legislativo pasado y que bueno nosotros hacemos una serie de planteamientos, cabe mencionar que fue la primer iniciativa como Ley General Reglamentaria del Artículo 73 de la Constitución, donde nosotros hacemos una serie de propuestas que van encaminadas en todo momento a proteger la integridad física y la vida de la víctima. Ése es el principal objetivo y el principal fundamento de esta iniciativa que nosotros propusimos en esa ocasión. También cabe mencionar que no existe una ley perfecta, que precisamente existen los cuerpos legislativos para ir perfeccionando ir adecuando las conductas que se van dando en la sociedad, adecuándolas a las leyes que se van requiriendo en ese momento la sociedad. El Partido de la Revolución Democrática, con una responsabilidad que ha asumido frente a los ciudadanos en un acto de responsabilidad que ha venido plasmando, las iniciativas que ha venido presentando y que hoy va a votar a favor de esta minuta que viene del Senado. Todas estas partes ya vienen en la minuta que viene del Senado. Por ello, nosotros como partido de la Revolución Democrática, como integrantes de esta Cámara, vamos a votar a favor esta minuta. Pero también vemos la necesidad que es necesario aprobar esta minuta tal y como viene, que no se entrampe de nueva cuenta en el Senado o aquí mismo en la Cámara de Diputados, sino que tenemos que responderle a la sociedad con un producto legislativo que en el futuro puede perfeccionarse, que estas consideraciones, estas aportaciones que nosotros hemos venido haciendo las podemos hacer de manera posterior, pero que ahora ya sea un hecho, que ya sea una realidad, que ya sea una ley, que esté vigente en nuestro país y que combata a la delincuencia.
La propuesta del diputado Alfonso Navarrete Prida es un transitorio de entrada en vigor de un número determinado de días; que serian 120 días para que nos dé oportunidad en lo que termina este periodo de sesiones, de hacer los ajustes, y que pueda ir al Senado de la República haciéndoles notar estas consideraciones.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la comisión: Antes de pasar a votación quiero hacer alguna reflexión. Insisto con lo que decía hace un momento. Fíjense que cuando se aprobó la Constitución en México había 15 millones de habitantes. Eso explica más de 600 reformas a la Constitución, porque hoy somos 108 millones de mexicanos. Nos quedó corta la Constitución, porque la realidad es implacable. Por otro lado, el orden jurídico está resquebrajado por la realidad, por la impunidad, la falta de eficacia de las instituciones encargadas, el artículo 17 constitucional, establece que la justicia debe ser gratuita expedita. Y tenemos procesos que llevan hasta cinco años. En algunos ya hasta se murieron los jueces.
Se sometió a votación en lo general la minuta remitida por el Senado de la República. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de proyecto de Decreto por el que expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; y se reforman, y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Policía Federal; Federal de Telecomunicaciones; y General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que remite la honorable Cámara de Senadores.
Se sometió a votación, por lo que se pidió a las diputadas y los diputados que estuvieran a favor de la propuesta se manifestaran diciendo su nombre, grupo parlamentario y su voto.
Fue aprobada, en lo general y en lo particular, por 23 votos a favor y ninguno en contra quedando los votos de la siguiente manera:
Diputados: José Alfredo Torres Huitrón (PRI), Nancy González Ulloa (PAN), Leonardo Guillén Medina (PAN), Eduardo Ledesma Romo (PVEM), Óscar Arce (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN), Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI), Sergio Lobato García (PRI), José Tomás Carrillo Sánchez (PRI), Ezequiel Rétiz (PAN), Humberto Benítez (PRI), Camilo Ramírez Puente (PAN), Rodrigo Pérez-Alonso (PVEM), Enoé Uranga Muñoz (PRD), Ángeles Nazares Jerónimo (PRD), Alfonso Navarrete Prida (PRI), Luis Carlos Campos Villegas (PRI), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), Josué Valdés (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), Pedro Vázquez González (PT, en lo general a favor), Sonia Mendoza Díaz (PAN).
El siguiente punto del orden del día, asuntos generales, el presidente Víctor Humberto Benítez Treviño hizo una propuesta que en la vaccatio legis , que es de 90 días, es la que prevé el dictamen del Senado de la República: Nosotros integremos un grupo plural, como es la comisión que refleje la pluralidad y la riqueza de pensamiento de los diputados, y propongo que este grupo lo presida el diputado Alfonso Navarrete Prida, y que él nos convoque a todos, para que no queden sin abordarse las diferentes aristas que trae este grave problema del secuestro. La cual por mayoría fue aprobada.
A las 19:50 horas fue clausurada la duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
Atentamente
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente
De la Comisión de Justicia, relativa a la decimotercera reunión, llevada a cabo el martes 12 de octubre de 2010
En el salón B del restaurante Los Cristales, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 17:30 horas del día 12 de octubre de 2010, se llevó a cabo la décima tercera reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 355 y se reforma el artículo 363, ambos del Código Penal federal, así como se adicionan un párrafo segundo a los artículos 66 y 78 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en sentido negativo.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sentido negativo.
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto que reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se reforma el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en sentido positivo.
8. Asuntos generales
Se dio inicio de la sesión de trabajo con 18 firmas de los siguientes diputados
Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Retiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo, Luis Carlos Campos Villegas, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Rodrigo Pérez–Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, José Alfredo Torres Huitrón, Josué Cirino Valdés Huezo, Ardelio Vargas Fosado, Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal.
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la décima segunda reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto cuatro fue el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, al artículo 355; y se reforma el artículo 363, ambos del Código Penal federal. Así como se adiciona un párrafo segundo a los artículos 66 y 78, de la Ley Federal de Radio y Televisión, en sentido negativo.
En este punto tomó la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, quien expresó que la elaboración del dictamen se centraba en un silogismo muy sencillo. Los artículos que están proponiendo adicionar se referían a dos delitos específicos: injurias y difamación, que ya fueron derogados, entonces ya no hay materia para la elaboración del presente dictamen.
Aprobado por unanimidad en sentido del dictamen.
El punto número cinco, es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto que adiciona los artículos 43 y 172, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; el artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y el artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En sentido negativo.
Aquí el comentario que hizo el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño fue la utilización de medios de impugnación para la extinta compañía de Luz y Fuerza. Si la compañía ya fue extinguida, también ya carece de materia la elaboración del presente dictamen. Además comentó que el artículo 172 –al que se refiere la diputada promovente, no se aplica a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica porque no llega a tantos artículos– se refiere al reglamento; y aquí hay una discusión doctrinal, el reglamento en términos del artículo 89 constitucional es una facultad del presidente de la República, es un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo a diferencia de las leyes que son formalmente legislativas y materialmente administrativas. Entonces son dos consideraciones: como ya se extinguió la compañía Luz y Fuerza y, por el otro lado, ya no se aplica tampoco el reglamento, en todo caso tendría que aplicarse el título cuarto de la Constitución, que se refiere a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por eso viene en sentido negativo, por falta de materia.
Aprobado por unanimidad en sentido del dictamen.
El punto seis es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto que reforma la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.
El diputado Óscar Arce Paniagua tomó la palabra y comentó que la modificación que se pone a su consideración se refiere a una cuestión que ha sido fuertemente aclamada por varios sectores de la sociedad, principalmente los defensores de derechos humanos, los que se dedican a los medios de comunicación. Hasta hoy exclusivamente las autoridades del fuero común son las que podían someter cualquier investigación en este delito, a excepción de los que tenemos claro que son en términos de delincuencia organizada que la federación pudiera intervenir. Con esto le estamos dando a la sociedad una vía secundaria para poder escuchar todo lo que tiene que ver con los delitos de libertad de expresión, de derechos humanos, el tema también de la protección de seguridad pública, que es un tema fuerte, que se torna a veces un problema bastante complejo por la diversidad política que vivimos hoy en México. Creo que la aprobación de este apartado, donde se faculta a la federación la facultad de atracción excepcional –que eso también hay que dejarlo muy claro– en delitos de la sociedad civil. La gente en general tendría una vía para desfogar toda esa parte que clama justicia. Me refiero a todos los partidos políticos, no a un partido político en lo particular. El respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión y el tema de seguridad pública, sin duda, creo que son tres de los temas que tiene presentes la sociedad civil. En esos tres temas se nos ha pedido que soportemos y hagamos una plataforma a la democracia que hoy México está viviendo. Esta salida que le estamos dando nos permitirá dar respuesta a la sociedad tal y como lo hicimos con la Ley para Prevenir y Sancionar el Secuestro. Creo que es un gran paso que se desdoblará y, posiblemente, algunas leyes generales que tengan que ver con la protección con la gente que se dedica a medios de comunicación. Como también otras leyes que tenemos todavía pendientes en la reforma de 2008. Igualmente nos da una pauta más para valorar la minuta que tenemos aquí de reformas a derechos humanos con las facultades de atracción. Les pediría compañeros, que aprobáramos esta modificación que tenemos al artículo 73, y que avancemos en torno a dar una segunda opción a personas que claman justicia y que también por lo complicado que está en el tema de seguridad pública, específicamente de delincuencia organizada, tengamos cómo se pueden coordinar investigaciones en los casos de desaparición de policías, desaparición de periodistas, desaparición de defensores de derechos humanos, desaparición de gente que impulsa y fortalece la democracia y la libertad de expresión en el país. El tema de la jurisdicción siempre ha sido un tema muy complicado para la persecución de los delitos en la esfera nacional. Es muy difícil que las operaciones y los delitos que se cometen a este tipo de personas que acabo de mencionar en la república sean nada más aislados o propios de un estado, es una complejidad nacional en la que vivimos y, de aprobarlo, daríamos otra muy buena muestra a la sociedad civil de que estamos dispuestos a fortalecer las instituciones del país, y principalmente la democracia.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó que dentro de todas las facultades que tiene el Congreso de la Unión, esta iniciativa tiene como objetivo que este Congreso tenga una nueva facultad. No es, exclusivamente, el asunto de la facultad de atracción en determinados delitos, no es un tema de carácter procesal, no es un asunto de procedimiento que formalmente ya esté por ahí establecido en algunas de las ramas de procedimiento sobre todo en materia penal. Se trata de una facultad que tendría la Cámara de Diputados, para poder legislar en determinados casos, la realidad de temas como atentados a valores fundamentales, a derechos humanos, a asuntos que por su impacto, por su trascendencia, por su efecto podrían formar parte de la capacidad de legislar de este órgano legislativo. Es exclusivamente en ese sentido, hacia donde va la iniciativa que se ha presentado y que hemos revisado, donde de entrada estamos coincidiendo. Sin embargo, quisiera comentarles a los distinguidos miembros de esta comisión, que por lo que se vio al principio de la misma, es una iniciativa, que va tanto a esta Comisión de Justicia, como también a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tengo entendido que la Comisión de Puntos Constitucionales ha analizado diferentes puntos del dictamen correspondiente para emitir una opinión y, también, tengo conocimiento que han existido hacia el interior de los miembros de esta Comisión de Puntos Constitucionales, diferentes puntos de vista que finalmente les permitiera llegar a una propuesta, o una conclusión que modifica la iniciativa original enviada por el titular del Ejecutivo. En ese sentido, creo que para efectos de procedimiento hago dos cuestiones. Una propuesta, el dictamen que se nos presenta a votación habla de reforma, y me parece que no es reforma, es una adición. Finalmente también me gustaría, que si se tiene en la secretaría técnica el contenido del dictamen que emitió en su momento la Comisión de Puntos Constitucionales, pudiéramos revisarlo o escucharlo con el ánimo de enterarnos cómo quedó ese dictamen, cómo está propuesto este dictamen en esta comisión y si es posible armonizar o finalmente, si se diera el caso, tener que sesionar de manera conjunta. Creo que es muy importante plantearnos que una reforma de carácter constitucional, siempre es una reforma de gran importancia, una reforma que implica imponernos del contenido de la misma, implica hacer una absoluta verificación de ésta, y sobre todo se trata de atribuirle al Congreso de la Unión una facultad adicional de las ya previstas en el artículo 73. Se trata, entonces, de ampliar facultades al Congreso de la Unión, para que este Congreso, pueda en un momento dado,–por decirlo de alguna manera–, legislar en algunas materias, federalizar delitos, como de hecho ya lo estamos haciendo en algunos casos, intervenir en normas de carácter federal que pudiéramos nosotros modificar para que tengan aplicación plena. Es una serie de cosas que tienen que ver, no solamente con lo sustantivo, sino también con elementos adjetivos que me parecen de la mayor importancia. Ésa es la razón por la que creo que es importantísimo plantearnos, si es posible tener lectura de cómo ha quedado el dictamen que emitió, en su momento la Comisión de Puntos Constitucionales. Luego plantear la que nosotros estamos proponiendo y ver si es posible conciliarlas. Por esa razón hago una propuesta muy concreta. En todo caso, si se da lectura a esto, y podemos en esta sesión coincidir en algún punto o en los puntos, y sino valorar, si es entonces necesario, retirar este dictamen a fin de que hagamos el trabajo previo que nos permitan coincidir en este proceso legislativo. Es cuanto señor presidente.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Primero, me congratulo igual que mis compañeros de distintas fracciones de esto que estamos analizando. La iniciativa fue presentada en el año 2008, porque generalmente en las comisiones se tratan asuntos que se reciben en la misma legislatura. Aquí se ha hecho un esfuerzo por recuperar estas iniciativas que se consideran que son saludables, positivas, para el fortalecimiento del Estado mexicano y en beneficio de la sociedad.
Insisto, esto no es un ejercicio común en otras comisiones. Además, de garantizar y llevar este logro para los compañeros, no nada más los periodistas, sino toda la sociedad en ejercicio en su libertad de expresión. Propongo se modifique al artículo 2o. transitorio, según leemos en la propuesta de dictamen, para establecer un término máximo de un año, para hacer las modificaciones a la normatividad federal correspondiente.
Valdría la pena, aún cuando estamos conscientes de los cuerpos normativos que se tienen que modificar, que quedará expresamente señalada la obligación de tales cuerpos normativos. Esto lo comento, porque puede ser muy general la obligación del texto. A lo mejor insisto, del análisis del documento no veo que se señale que se tenga que modificar el Código de Procedimientos Penales, o el Código Penal federal. Entonces, si vamos a ceñirnos a estos dos cuerpos normativos o a otros más federales, valdría la pena notarlo. Porque podría ser que se nos escape, en este año que se esta dando de termino para que hagamos las modificaciones para cumplir con esta obligación. Me parecería sano que lo indicáramos.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 17 de septiembre de 2009, que establece la forma en que deben analizarse las iniciativas de legislaturas anteriores, por lo que procedió a su lectura.
Acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y de proposiciones con punto de acuerdo, que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.
Primero. Los 116 dictámenes con proyecto de ley o de decreto, y de las proposiciones con punto de acuerdo en poder de la Mesa Directiva, de los cuales 69 corresponden a dictámenes positivos, a iniciativas de ley o decreto, 34 negativos de proyectos de ley o decreto, 12 a proposiciones con puntos de acuerdo en sentido positivo y uno en sentido negativo que se relacionan con el anexo del presente acuerdo.
De conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quedan a disposición de las comisiones respectivas de la LXI Legislatura con el carácter de proyectos.
Segundo. Los proyectos a que se refiere el resolutivo primero que reciban las comisiones, con independencia del estado procesal que guarden para ser conocidos por el pleno, deberán reiniciar su trámite legislativo, conforme a las disposiciones normativas relativas al análisis y discusión.
Tercero. Los originales de los referidos dictámenes se incorporarán al expediente y se dará cuenta de ellos a las comisiones competentes de la LXI Legislatura una vez que sean instaladas.
Si le damos el tratamiento a una iniciativa de la anterior legislatura estamos en condiciones de aprobar el dictamen. Nada más que yo sugeriría, como lo está proponiendo el diputado Guillén, que cuando enviemos el dictamen incorporemos el acuerdo. Como queda dentro del marco conceptual del acuerdo publicado por la Junta de Coordinación Política, nosotros dictaminamos en forma autónoma por los tiempos.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente comentó que le queda la inquietud externada por el diputado Zamora de ver exactamente cuál ha sido la opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Creo que no tenemos en este momento el tiempo para revisarlo. Y yo no quisiera estar en contra de una opinión de otra comisión igualmente importante que la nuestra.
Diputado Gregorio Hurtado Leija tomó la palabra para hacer una aclaración, específicamente el segundo, se menciona que el Congreso de la Unión debería realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de un año, contado a partir al día siguiente de la publicación de este decreto. Como es reforma constitucional, en su caso tendría que ir a los estados. Y como dice de publicación, queda la duda si al mismo tiempo comienza a transcurrir cuando se envía a los estados, o si es hasta que entre en vigor ya aprobado por los estados.
Acuerdo: “adición”, se está adicionando la fracción XXI.
Puntualizar que es a partir de la entrada en vigor.
Aprobado por unanimidad en sentido del dictamen.
El punto número siete es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y se reforma el 194, del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Camilo Ramírez Puente hizo uso de la palabra comentando que efectivamente, este punto ya en sesión previa de esta comisión está votado en lo general. Exclusivamente faltaría el apartado, en lo particular, en lo atinente a que si se constituye como un delito grave en esta materia.
Creo que es muy importante que en este momento hagamos la reflexión sobre la conveniencia e inconveniencia, sobre todo desde el punto de vista jurídico trascendental, si un delito como la portación de armas, que ya está como tal en nuestra ley, tipificado como delito, requiere una declaratoria o bien el establecimiento de que sea un delito grave.
En lo particular, y ése es el punto que quiero comentarle a esta honorable comisión, es que estimo que no es la conveniencia en puridad jurídica que tengamos como un delito grave este que no es tal trascendencia, que nos impida la libertad de aquellos sujetos que se encuentren en dicha hipótesis, porque estaríamos hablando de que para un delito estaríamos nosotros privándolos de la libertad por meses, por años, y no sabemos por cuántos años, sin tener la clara demostración de una responsabilidad plena tal y como tiene el marco en nuestra Constitución, en el sentido que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces en ese tenor sí quisiera llamar a la reflexión, exclusivamente este apartado.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó toda vez que precisamente la presunción de inocencia es un valor fundamental que debemos que tener en cuenta en esta comisión y sobre todo a la luz de la reforma del 2008 a la Constitución para generar el nuevo sistema de justicia penal, que es eminentemente garantista. Entonces no es sano ni conveniente estar incrementando el catálogo de delitos graves, porque como sabemos, trae aparejado la prisión preventiva y lo dicho aquí en las comparecencias por los secretarios del ramo, por el mismo señor procurador general de justicia, sabemos que los centros penitenciarios o de readaptación social se encuentran saturados hoy en día. Por tal motivo este valor de presunción de inocencia debe ser una piedra angular de este nuevo sistema garantista de justicia penal.
El diputado Arturo Zamora Jiménez, dijo que el tema tiene que ver precisamente con esta reforma al artículo 92 en materia de portación de armas. La modalidad realmente es una modalidad que no representa un grave riesgo a la sociedad. Nosotros sabemos que hay tipos penales que son de peligro, en este caso, abstracto y que finalmente la intensidad del bien jurídico atutelar, la intensidad de los bienes a proteger a través de las normas penales, en este caso realmente se reduce a una mera expectativa de riesgo. En función de esto, coincido con el dictamen, eliminar del dictamen, la adición al 194 al Código Federal de Procedimientos Penales, para que esta modalidad no se considere como un tipo penal grave.
Aprobado por mayoría con tres abstenciones con la modificación especificada de eliminar del dictamen, la adición al 194 al Código Federal de Procedimientos Penales.
En el punto ocho que fueron asuntos generales no hubo participación.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la sesión, a las 18:15 del día martes 12 de octubre del año 2010.
Atentamente
Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente
De la Comisión de Justicia, relativa a la decimocuarta reunión, celebrada el miércoles 3 de noviembre de 2010
En la zona C del restaurante Los Cristales, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 17:30 horas del día 3 de noviembre de 2010, se llevó a cabo la décima cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Examen y discusión del proyecto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011 en el ramo de Justicia.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la minuta del Senado con proyecto de decreto de reforma y adición al artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y reforma al artículo 8 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sentido positivo.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 61 y el inciso c) del artículo 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en sentido positivo.
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sentido positivo.
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria, en materia de juicio de amparo agrario, en sentido positivo.
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del inciso b) del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en sentido negativo.
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y del Código Penal Federal, en sentido negativo.
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 390 Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y que reforma el artículo 194 fracción I, inciso 18 del Código de Procedimientos Penales, en sentido negativo.
12. Asuntos generales.
Dio inicio la sesión de trabajo con 23 firmas de los siguientes diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Julio César Godoy Toscano, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez–Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo. Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal.
Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la décima tercera reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto número cuatro es el examen y discusión del Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 en el ramo de Justicia. En este punto el diputado Benítez Treviño comentó que se recibió a diferentes servidores públicos de las instancias federal, estatal y municipal. Varios de nuestros propios compañeros integrantes de la Comisión de Justicia nos hicieron planteamientos específicos para mejorar el ramo de la administración de justicia. Sobre todo para homologar las legislaciones del nuevo sistema procesal penal acusatorio, que deriva de la reforma del 18 de junio de 2008, para la construcción de penales. Como ustedes saben, el artículo 18 constitucional establece que en los penales con el nuevo sistema, que tiene un horizonte de tres años, y el horizonte se vence el 18 de junio de 2011, debe haber penales especializados para procesados y sentenciados; para mujeres y hombres; para adolescentes y adultos; para internos del fuero común; para internos del fuero federal y de la delincuencia organizada. Por eso recibimos solicitudes específicas para la construcción de nuevos penales en diferentes entidades del pacto federal. En total, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se prevén recursos para el rubro de justicia por 56 mil 269 millones de pesos. Lo que significa 7 mil 994 millones de pesos más, equivalentes a 16.69 por ciento respecto del aprobado en 2010, ya que para este año se contemplaron recursos por 48 mil 275 millones de pesos. Incluyen apoyo para el poder judicial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Consejo de la Judicatura Federal, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la Procuraduría General de la República, para los Tribunales Agrarios, para el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y como lo dije hace un momento, para la modernización de juzgados en materia de oralidad en varias entidades del pacto federal, y construcción de centros de prevención y de readaptación social. Entonces yo les quiero rogar que si hay un alcance adicional me lo hagan saber de inmediato, para mandarlo a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: que ésta era solamente una opinión distinta, sin desde luego descuidar y dejar de lado que es importantísimo que se cuente con los recursos económicos necesarios. Pero el principal problema de este país es no la impunidad sino el desempleo. Miles y miles de familias están en el desamparo, en el desempleo. En primer lugar, pienso que es fortalecer la planta productiva, generar empleo, dar estabilidad a la familia, para que tenga capacidad de ingreso, una fuente de ingreso que les permita tener capacidad de compra, capacidad de pago. Porque, familias que se encuentran completamente en el desamparo, la forma de resolver sus problemas tal vez no sean los más adecuados. Sin descuidar, que efectivamente, existen grandes problemas de impunidad y de corrupción. Nosotros le apostamos más al empleo, a la planta productiva y a las inversiones para que la gente tenga un empleo y pueda resolver sus problemáticas más inmediatas, como es la alimentación, la salud, la vivienda, los servicios básicos. Nada más hay una diferencia de matiz, en el enfoque que usted da. Sin, desde luego, decir que no estamos de acuerdo en la forma en que se presentó el anteproyecto.
El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comento que aprovechando la disposición señor presidente, creo que además de celebrar este fortalecimiento que le estamos dando a la procuraduría a la Suprema Corte, al Poder Judicial de la Federación. En el tema de los estados, valdría la pena también confirmar con las entidades federativas que no están contempladas aquí. Creo que, quizás es momento oportuno, aún cuando la fecha en que la Comisión de Presupuesto tenía como límite para recibir el cúmulo de propuestas finales, ya finalizó. Si hay esta oportunidad de adición, valdría la pena comunicarse con todos los gobiernos estatales del resto de las entidades, para confirmar si hay o no proyectos en este ramo, en este rubro. Esto puede ser en un mismo día. Es decir, mañana mismo poder estar remitiendo a la Comisión de Presupuesto esa adición que usted menciona.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comento que no estaba de acuerdo ni coincido como se llevó a cabo para llevar en todo caso al presidente de la Comisión de Presupuesto, está opinión de dictamen, sabiendo que es simplemente una opinión que al final la Comisión de Presupuesto vertiera a través de todas las opiniones de las diferentes presidencias que es oportuno proponer modificaciones respecto al presupuesto que envía el Ejecutivo federal. Nosotros no tuvimos conocimiento al respecto, nos hubiera gustado, primero que se nos invitará y segundo que se nos diera copia de los planteamientos de que cada funcionario o gobernador o quienes se hayan acercado; saber cuáles eran sus inquietudes y no simplemente establecerlos así, en la propia opinión de dictamen. Coincido con la opinión del diputado Leonardo, que quizás otros estados de la república mexicana, por ejemplo Tamaulipas, que requiere fortalecimiento en todos los sistemas, tanto de la procuraduría como en otras áreas del Poder Judicial, que quizás se van a quedar fuera por no haberlas emitido en el propio dictamen.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comento que es muy preocupante y lamentable escuchar las voces de los compañeros diputados en este tema que tiene que ver con el presupuesto y aquí haría dos preguntas. La primera, que también me hubiera gustado que en el ramo que tiene que ver con la Procuraduría General de la República, también se viera un incremento a las delegaciones en cada uno de los estados. Tenemos estados donde existe mucha inseguridad que son los estados del norte y algunos otros estados y que en el proyecto de presupuesto también viene muy reducido la propuesta que se está haciendo, el recurso que se destinaría a estos estados y que pudiéramos estarlo incrementando. Otra pregunta que quizás no tenga que ver con este Ramo o con esta comisión, que es lo que quisiera saber, es lo referente a los recursos que se le estaría otorgando a la secretaría técnica, encargada de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Recuerdo el año anterior lo aprobamos aquí a propuesta de la diputada Carolina Villano, hoy parece que, no sé cuál sería la razón del porque no está incluido. Pero, si me gustaría que ahorita que se han escuchado las voces de los compañeros diputados que si abriéramos, presidente algún periodo para recibir propuestas y elaboráramos ese oficio, en alcance.
El diputado Camilo Ramírez Puente comento que su súplica en lo personal y mi petición como diputado serían en ese sentido. Si pudiéramos abrir un margen aquí de lo que se acordara en esta mesa si es un día y pudiéramos hacer una consulta, a final de cuentas creo que estamos ante un problema que tiene una justa dimensión, porque no todos los estados están llevando a cabo ahorita la implementación de la reforma de los juicios orales. Significa que estaríamos ante un problema que se reduce en gran medida a algunos de los estados que están avanzando en esa materia y que por lo tanto tendríamos un problema en cierta manera dimensionado.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez tomó la palabra para comentar que un proyecto en lo relativo a justicia del Distrito Federal ya estaba desarrollado y fue incorporado con la buena disposición de la presidencia.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó que si se debía subrayar la necesidad de esos recursos emergentes para aquellos estados que enfrentan un alto índice de criminalidad y que han estado en una inquietud social preponderante.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó que una salida viable para este tema, por la urgencia que hay, solicitar que lo sucesivo como Mesa Directiva pudiera acercarse estos documentos ya con la firma de apoyo, de la Mesa Directiva y de los secretarios, esto fluiría sin duda de manera mucho más ágil.
La diputada Sonia Mendoza Díaz comentó que sí es importante que haya comunicación, yo hablo por mi grupo, no sé si en los demás pase lo mismo, pero creo que debe ser un tema que sí debe ser atendido, yo en lo particular traigo una gestoría que he estado atendiendo y quisiera que entrara en el alcance que se va a mandar.
La diputada Nancy González Ulloa comentó que se corrigiera esta acta que ya se presentó. Porque quedamos muchos fuera, mi estado ni siquiera aparece, Yo sí solicitaría que se hiciera una nueva, donde se insertaran todos los proyectos que traemos en conjunto para que se valorara a todos los estados, no como una adición o como un anexo.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño dijo que si ustedes me autorizan, tenemos dos opciones: enriquecer este dictamen con lo que nos llegue hasta el viernes y que ustedes me autoricen a firmarlo.
La diputada Nancy González Ulloa dijo que su propuesta es que el acta que ya se envió no se tome en cuenta, sino que se cree una nueva con todas las propuestas que tenemos todos los integrantes, para que no sea como una adición, es decir que se deseche la primera, que se le haga saber y que se proponga una nueva con todos los integrantes.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez dijo que se pudiera instruir a la Secretaría Técnica para que hoy mismo nos envíe por correo electrónico la opinión de dictamen para que, a su vez, nosotros podamos trabajar en ése y emitir las opiniones, tanto de técnica legislativa como corrección de números. Por otra parte, yo le pediría que también nos envíe –vía correo electrónico– las propuestas que se hicieron, ya sea de la propia procuraduría o de los estados que enviaron copia de los proyectos que están sustentados en esta opinión de dictamen.
La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz consideró que ya se presentó una propuesta que aunque esté incompleta, sí es necesario que se mantenga y que lo que aquí se pueda recabar, que pueda ser hasta mañana, Presupuesto está citándonos a las diez de la mañana del viernes para darnos a conocer las propuestas de todas las comisiones que presentaron en aumento a los diferentes rubros. En ese sentido, si nosotros decimos que nos quedemos sin ninguna propuesta en presupuesto y que se va a enviar una nueva propuesta es incorrecto.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: creo que el tema presupuestal en todos los rubros es de la mayor importancia. Hay todo un procedimiento que se ha seguido y al interior de esta comisión se han comentado las razones por las cuales en la sesión anterior no se pudo realizar este ejercicio. Me parece que es importante tomar en consideración el dictamen que fue suscrito y que finalmente también fue entregado, en el que se está planteando la necesidad que tiene este país de reforzar los esquemas, no solamente de seguridad pública, sino fundamentalmente de procuración y de administración de justicia. Creo que se trata de dos temas de lo más fundamental para el país. Precisamente por esa razón, me parece que por un asunto de estricta metodología y para no correr el riesgo que sesione la Comisión de Presupuesto sin que tenga una base, que es precisamente lo que ya está suscrito, yo quisiera proponer muy respetuosamente a los miembros de esta comisión que pudiésemos votar precisamente lo que ya se entregó y que se presente un adendum con todas aquellas observaciones que puedan tener algunos de los diputados que han planteado esto.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas comentó: el tema sí da para buscar el más amplio consenso. El tema sí da para hacer una propuesta en conjunto. Entendemos que la dinámica en la que no se pudo llevar la sesión anterior ha complicado los trabajos. Pero quizá buscando una solución intermedia, porque yo creo que de ninguna manera sería justo y, al menos, nuestra bancada no aceptaría el tema de que es la propuesta que tenemos aunque no esté consensuada, yo creo que eso no ayuda a los trabajos de un parlamento serio. Yo digo que hay una base aquí que ya viene conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que se ha analizado, en la cual no tendríamos problema, que es el presupuesto de los grandes órganos, tanto del Poder Judicial, como los tribunales agrarios federales, en fin, esa etapa que se puede salvar y creo que el diferendo está en lo que correspondería a las entidades conforme a los proyectos. Yo sugeriría que mandáramos, para que se salve el espacio que corresponde y en tiempo y forma cumplamos, esa primera parte y el adendum sea integral de todas las entidades; es decir, las que ya están aquí, salgan por un momento, se construyan las que falten y se integre un adendum integral de entidades federativas. Eso nos ayuda a salvar el espacio y a construir en una segunda etapa en la que todos puedan verse satisfechos con las pretensiones de sus entidades federativas.
Acuerdo: se sometió a votación para que el jueves 4 de noviembre a las 10:00 de la noche para que todos los compañeros diputados y diputadas hagan llegar a la presidencia de la Comisión de Justicia todos y cada uno de aquellos proyectos que sean del interés de sus entidades federativas y municipios además que se autorice a formar el dictamen para que pueda ser entregado a las 9:00 de la mañana el próximo viernes y que exista el compromiso de las Secretaría Técnica de hacerles llegar a todos los compañeros diputados y diputadas los términos de ese oficio con el dictamen, incorporando a aquellos proyectos y programas presentados.
Fue aprobado por unanimidad.
El punto cinco es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto de reforma y adición al artículo 180, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sentido positivo.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: En este punto hare dos comentarios. Primero congratularme y felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, hoy el Senado de la República aprobó por unanimidad de votos el dictamen que enviamos para el establecimiento de los juicios orales en materia mercantil en el país. Me habló mi homólogo el senador Alejandro González, fue aprobada por unanimidad de votos, felicidades a todos.
Precisamente esa iniciativa proviene del Senado de la República, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, la minuta con proyecto de decreto propone reformar y adicionar que el artículo 180, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como reformar la fracción I, del artículo 8o, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de legitimar a las personas físicas y morales de comunidades afectadas para acudir –éste es el dictamen– indistintamente en la demanda de juicio de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo o en el recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Antes tenía que agotarse el recurso para después iniciar el juicio de nulidad. Aquí hay una legitimación activa opcional, que escoja la comunidad afectada cuál de las dos vías realiza, sobre todo cuando ya reformamos el artículo 17 constitucional, que establece las acciones colectivas y que establece como uno de los epicentros de las acciones colectivas la defensa del medio ambiente. Entonces aquí se centran los dos conceptos: defensa del medio ambiente y agilizamos el procedimiento; por eso es que el dictamen viene en sentido positivo.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: estamos de acuerdo con el dictamen solamente un tema que viene aquí en lo que es el articulado ya del 108, dice: “Tratándose de obras o actividades que contravenga las disposiciones de esta ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como la de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, los programas de ordenamiento ecológico las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas –y viene aquí el término–, las personas físicas y morales –o sea, la “y” es conjuntiva, está incluyendo personas físicas y morales– que tengan interés legítimo tendrán derecho de impugnar los actos administrativos”, y ya el contenido. Nosotros planteamos ahí que serían personas físicas o morales, no podrían ser personas físicas y morales, sino utilizar en lugar de la “y”, físicas o morales, entonces pediríamos que en los considerandos se hiciera esa aclaración.
Se sometió a votación el presente dictamen y se aprobó por unanimidad con la aclaración en los considerandos que serían personas físicas o morales.
En el punto número seis, es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b), del artículo 61, y el inciso c), del artículo 62, de la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral en sentido positivo.
En este punto el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: La iniciativa tiene que ver con un asunto muy específico. Como todos sabemos doctrinariamente existen dos mecanismos de defensa de la Constitución.
Hay mecanismos de defensa abstracta de la Constitución y hay mecanismos de defensa concreta de la Constitución. Los abstractos son las controversias constitucionales, las acciones de constitucionalidad, etcétera. Esta iniciativa trata de un asunto de justicia y equilibrio procesal en actos de defensa concretos de la Constitución.
¿A qué se refiere? La Constitución General de la República en su artículo 60, señala que la sala superior y las salas regionales del Tribunal Federal Electoral, conocerán de los medios de impugnación de los partidos políticos que participen en una contienda electoral.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala que procede un recurso específico que se llama recurso de reconsideración, cuando la disposición que se esté combatiendo verse sobre la no aplicación de preceptos constitucionales en el acto concreto. ¿Esto qué significa?
Que en una contienda electoral en un estado donde hay varios contendientes, varios partidos, si un partido, un candidato se siente agraviado, va a ir a la sala regional, va a pedir que se cambie esa resolución por considerar que hubo una norma que no aplicaba a la Constitución, que debía no tomarse en cuenta.
El esquema funciona bien, si la sala regional no le da la razón al promovente y entonces solicita a la sala superior el recurso de reconsideración con respecto a la nueva aplicación. Hasta ahí todo está correcto en un sistema procesal específico.
Pero qué sucede cuando la sala regional si le da la razón diciendo que es aplicable a la Constitución, que es de acuerdo a la Constitución lo que se está promoviendo. El otro contendiente electoral, que no fue parte procesal de esta contienda con la sala regional no podría interponer recurso alguno, porque solamente es por la no aplicación de la Constitución.
La propuesta es que se abra, que cuando se trate de violaciones a la Constitución, procede el recurso de reconsideración y se da equilibrio procesal a las partes, y esto es un acto de justicia electoral y además posibilita que los conflictos derivados de contiendas electorales se resuelvan en el ámbito institucional y en defensa de la propia Constitución General de la Republica. Ésa es la idea.
Hizo uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González comentando que para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos viable la presente propuesta. En consecuencia nos estamos manifestando a favor del proyecto de decreto, pues consideramos que es muy positivo precisar en la Ley de los Medios de Impugnación, que el recurso de reconsideración también proceda contra la sentencia que dicten las salas regionales en cualquier medio de impugnación de su competencia.
Desde luego, cuando de la demanda respectiva, que dio lugar al citado medio, se desprendan planteamientos sobre la no aplicación de leyes en materia electoral por ser contrarias a la Constitución Federal, y que cuando habiéndose planteado dicha cuestión en la demanda original, la sala regional que tenga conocimiento, omita expresar sobre los dichos y planteamientos de constitucionalidad. Entonces, creo que es muy viable, es muy adecuada, es más precisa la redacción.
Se sometió a votación el dictamen mencionado y se aprobó por unanimidad.
El siguiente punto en el orden del día fue el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversos artículos en la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Penales, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sentido positivo.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: ¿De qué trata este dictamen? De sancionar la fabricación, la elaboración y la venta de bebidas alcohólicas. El problema que tenemos en esta materia, es verdaderamente enorme.
De acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, 6 de cada 10 botellas que se expenden, sobre todo en los bares de barra libre y donde acuden los jóvenes, están adulterados. Distinguen entre lo que es la alteración de la bebida de la adulteración. En la alteración se conserva como base el alcohol en la adulteración se sustituye el alcohol, por otros derivados, como el metanol y etilenglicol.
Se ha comprobado que el metanol puede provocar inclusive hasta la muerte y que tiene que ver con la gran parte de accidentes automovilísticos, donde desgraciadamente pierden la vida muchos jóvenes en nuestro país.
Con este dictamen, se están sancionando en términos el artículo 464, la adulteración, la alteración, la fabricación y el expendio de este tipo de bebidas, y se está homologando en la Ley General de Salud, una penalidad de 1 a 9 años de prisión.
Simplemente se está confirmando y se está considerando como delincuencia organizada, porque se ha comprobado que en términos del artículo 16 Constitucional, son siempre, más de tres personas las que se dedican a fabricar, alterar o adulterar las bebidas alcohólicas.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Solamente para motivar, si me lo permiten, de manera positiva este dictamen, en virtud de las propuestas de iniciativa que en su momento formularon los diputados Marco Antonio García Ayala, la diputada Guadalupe García Almanza, en el sentido de que se trata de bienes jurídicos que debemos de tutelar de manera más intensa y en este caso se trata de la salud pública las personas de buena fe acuden a los sitios en donde se venden estas bebidas, no solamente envasadas sino también a granel.
Y finalmente han sucedido acontecimientos en donde los muchachos jóvenes, al beber este tipo de sustancias adulteradas han causado verdaderas tragedias allá afuera y por el otro lado también es muy importante plantearnos lo que representa una situación de competencia desleal a las empresas que pagan impuestos.
Una situación que tiene que ver también con el tráfico irregular de sustancias básicas para la producción de bebidas alcohólicas, que finalmente en términos generales produce un tremendo daño a la salud pública. Por esa razón yo anticipo que mi voto será a favor de este dictamen.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida comentó: Yo quisiera solicitar que tratáramos en la parte de los considerandos ser muy precisos en el bien jurídico tutelado, porque lo que estamos tipificando aquí es el peligro, no el resultado material.
El resultado material se traduce en lesiones, lo que ya está en la Ley General de Salud tipificado. O se traduce en homicidio, o se traduce en ceguera. Incluso hay una hipótesis específica de la Ley General de Salud. Aquí lo que se está calificando como conducta grave, que le da gravedad al delito, es el acto mismo de la adulteración y la venta.
Creo yo que valdría la pena especificarlo claramente porque si nos fuéramos solamente al resultado material, a la expectativa que genera el que alguien venda y le produzca daño a la salud de otra persona, eso con las mismas penalidades ya está contemplado en este momento en la Ley General de Salud. De ahí en adelante yo creo que valdría la pena seguir hacia delante con el procedimiento legislativo.
El diputado Pedro Vázquez González: Estos comentarios de los dictámenes los hicimos llegar por escrito. Yo entiendo que se entregó una copia a cada uno de los compañeros de esta comisión. En este dictamen en lo general estamos de acuerdo.
Nos manifestamos a favor. Desde luego que coincidimos con el autor de la presente iniciativa. Y es que es necesario señalar el daño que genera a la salud de las personas el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Toda vez que nos queda a todos claro que contienen sustancias tóxicas e incluso letales para la vida humana.
Desde luego que nos manifestamos a favor de tipificar la venta de bebidas adulteradas. Pero quiero ser muy enfático en que no estamos nosotros a favor, estamos en descuerdo, en llevar al catálogo de delitos graves estas conductas. Creo que ahí hay una gran diferencia con relación a qué consideramos delitos graves.
Como ya lo hemos señalado en anteriores reuniones, creo que al comercio informal lo debemos combatir a través de diferentes programas sociales. Pero no lo debemos hacer penalizando su actividad en el comercio informal. Y no, como se plantea, agravando los delitos. Recordemos que muchas de las salidas que se han dado por el desempleo es el comercio informal, el autoempleo y, en este caso, aquí conviene preguntarnos y cuestionarnos cuál es el papel que juega la autoridad administrativa.
Dónde está la vigilancia, la supervisión que tienen que hacer a los bares, a los antros, a los lugares donde se expenden tanto en botella cerrada como al menudeo estas bebidas adulteradas. Creo que aquí hay que hacer un reclamo a la autoridad administrativa, en el sentido de que no vemos actividad. Aunque se denuncien los lugares donde se venden bebidas, donde se sirven al copeo, o se venden en botella cerrada, no vemos ninguna actividad de la autoridad.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: Por lo que respecta a este dictamen, estamos de acuerdo en lo que respecta al artículo 464 de la Ley General de Salud.
Pero también estamos de acuerdo en que no pudiera ser un delito grave, porque es un criterio que ha venido asumiendo esta comisión, en el sentido de no llevar a todos los delitos al catálogo de delitos graves, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Porque hemos observado, y ha sido el argumento que se ha utilizado, de que los reclusorios están llenos, de que va a existir una Ley de Sanciones Penales Alternativas, que nos llevaría precisamente a esto.
Y otra cosa, que sí quedara de manera muy específica, muy concreta, cuál es el bien jurídico que se está tutelando aquí. Porque no es la consecuencia. La consecuencia de un vino adulterado ya está tipificada. Si lleva a la muerte obviamente es un homicidio. Ya no estaría en cuanto a esta reforma que se está planteando.
Otra cosa que tiene que ver con el dictamen. En el dictamen nada más se hace referencia a dos leyes, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General de Salud, pero no a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Eso no sé si venga o no venga en la iniciativa, si sea una propuesta de la iniciativa. Pero no venía de manera original, el dictamen no lo contempla. Ahí sí quisiera que nos especificaran.
No entiendo yo... se entiende que quienes adulteran son tres o cuatro personas. Pero no viene. A lo que me refiero es a que el procedimiento se lleve de manera adecuada. No estoy diciendo que no se lleve, pero sí que pudiéramos nosotros tener todos los elementos necesarios para poder hacer un análisis concreto.
Pero lo fundamental de mi intervención es precisamente que se especifique de manera muy clara y muy concreta cuál es el bien jurídico tutelado, para que no causemos una confusión, y que lo estemos confundiendo con otras cosas que no pudieran tener de manera concreta esta reforma.
Desde luego que éste es un tema polémico, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se incluyan estas conductas al régimen de delincuencia organizada.
Se sometió a votación el dictamen y se aprobó por unanimidad, con la salvedad de que se retira la calificación de “delito grave” para quedar en “delito”.
El punto número ocho es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria en materia de juicio de amparo agrario, en sentido positivo.
El diputado Camilo Ramírez Puente comentó: que en la exposición de motivos de la iniciativa se pretende actualizar el marco jurídico que rige al juicio de amparo en materia agraria, de acuerdo con los siguientes rubros:
1. Establecer un plazo cierto y determinado de ocho meses para la presentación de la demanda de amparo agrario cuando se trate de núcleos de población ejidal y comunal. Cabe mencionar que actualmente no existe plazo y se puede interponer en cualquier tiempo. Existe, por ende, un grave problema de seguridad jurídica, contrario de lo que expresa el texto de nuestra constitución.
2. Es el aumentar el plazo de 30 a 45 días cuando el juicio de amparo agrario se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, a fin de que haya mayor beneficio para los ejidatarios y comuneros en lo particular.
3. Existe el grave problema de migración en el campo, se propone que en ausencia del agraviado, tendrán derecho a iniciar la acción de amparo y a continuar el procedimiento los campesinos que tengan derecho a heredar, conforme a las leyes agrarias, a efecto de que sus derechos no queden desprotegidos en su ausencia.
Como una parte considerativa esencial también está establecer un plazo cierto y determinado de un año para interponer la queja sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo agrario tanto para sujetos individuales como colectivos.
Cabe mencionar que actualmente no se encuentra contemplado en nuestra legislación plazo cuando se trata de sujetos núcleos de población, existiendo un grave problema de seguridad jurídica, pese a que ya exista una sentencia de amparo.
Otro aspecto relevante es establecer que los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo agrario caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de un año, a fin de proveer de forma más estricta sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo.
Por otro lado, en esta iniciativa se busca extender el beneficio de la suspensión sin el otorgamiento de prestación de garantías para gozar de la misma, tanto para sujetos individuales de derecho agrario.
Cabe mencionar que actualmente sólo tienen dicho beneficio los núcleos de población ejidal y comunal, y no así los ejidatarios y comuneros en lo particular. Esta propuesta pretende ponderar y mediar entre el sistema tutelar del juicio de amparo frente a la seguridad jurídica de cualquier régimen de propiedad, sea ejidal, comunal o privado, como un presupuesto necesario para que exista mayor competitividad en el campo mexicano.
Ésa es la esencia, la motivación de esta iniciativa que, como podemos advertir, tiende a una finalidad muy clara: tener reglas claras, seguridad jurídica en la aplicación de la ley en materia de amparo, y sobre todo dirigida a aquellos aspectos o núcleos de población más desprotegidos de nuestro país.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó: que en virtud de que al inicio de la discusión de este dictamen usted tuvo la atención de hacer mención a una iniciativa que sobre este numeral, de la Ley de Amparo, el artículo 217, su servidor había presentado, y a la cual se adhirieron algunos compañeros diputados, entre ellos usted, diputada Guillén y otros compañeros más, me veo en la necesidad de aclarar en qué consiste esa iniciativa.
La iniciativa presentada por un servidor se refiere a los casos concretos en donde hay errores evidentes de medición. Como ustedes saben, cuando se inicia el reparto agrario, los mecanismos de medición eran muy elementales.
Al paso del tiempo y con el desarrollo científico nos hemos encontrado con que los sistemas de medición permitan determinar con exactitud las medidas, colindancias, los rumbos; y se han encontrado, sobre todo a través del programa Procede, que hay sobre posición así sea exclusivamente documental de predios, cuando los errores de medición son claros y evidentes nosotros estamos proponiendo que el artículo 217 sufra una adición para, en ese caso, establecer un término en el cual pueda interponerse el juicio de amparo, cuando aquel acto de autoridad conlleve una privación pero derivado de los actos de medición en donde hay un error claro y evidente, y donde no pueda ser una verdadera afectación en el patrimonio de los ejidatarios o comuneros.
Pongo a consideración de las Mesa el contenido de esta iniciativa para que, en su caso, si hay diferencia de opinión podamos dictaminarla con posterioridad.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: que el artículo 230 señala que cuando el quejoso sea núcleo de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros o aspirantes a derechos agrarios, la queja respecto al cumplimiento... sentencia podrá interponerse dentro de un plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se declare cumplida.
¿Por qué el plazo? ¿Por qué queda planteado si ahorita no hay ningún plazo? Lo digo en función de que se partiría del hecho de que existe igualdad jurídica entre las partes, cosa que no sucede así. No sucede porque son núcleos eriales o comunales. ¿Y el amparo social dónde queda cuando aquí, en este caso, se está estableciendo un plazo rígido? Es la pregunta que le quisiera hacer al compañero.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó: Sí, la adición sería al artículo 217, no nos meteríamos con el 230 en la iniciativa que su servidor presentó, y tiene que ver con el acto de autoridad que pretende hacer la corrección en los linderos y colindancias precisamente porque no hay realmente o materialmente una privación de derechos, sino lo que existe es una corrección documental de las medidas y colindancias.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó que a solicitud sé diera la lectura del segundo transitorio.
Segundo. Las autoridades encargadas de la procuración en materia agraria, deberán realizar actos informativos a los núcleos de población ejidal y comunal y demás sujetos de derecho agrario para que conozcan y se enteren de los efectos jurídicos e inicio de la vigencia del presente, decreto.
Se sometió a votación el dictamen y se aprobó por unanimidad en lo general y el apartado del artículo 230, los diputados Pedro Vázquez Luis Carlos Campos y Justino Arriaga; éste, secretario de la Comisión de la Reforma Agraria, harán la elaboración de la redacción definitiva de dicho artículo.
Los siguiente puntos en el orden del día que fueron análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del inciso b) del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en sentido negativo.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y del Código Penal Federal, en sentido negativo.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 390 Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y que reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales, en sentido negativo.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo propuso que estos tres dictámenes que vienen en sentido negativo y que son propuestas que hace el Grupo Parlamentario del PRD, fueran retirados y así poder enriquecer dichos dictámenes, junto con la secretaría técnica.
Fue aprobado por unanimidad que se retiraran los tres dictámenes que venían en sentido negativo.
En asuntos generales el presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño dio la bienvenida al diputado Julio César Godoy Toscano, quien fue nombrado como integrante de esta Comisión de Justicia por parte del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática a partir del 6 de octubre próximo pasado.
En otro punto de asuntos generales el presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó que presento una iniciativa para establecer la cadena perpetua para tres delitos; violación tumultuaria; homicidio calificado y secuestro. Va para homicidio calificado y para violación tumultuaria, por que la de secuestro ya fue aprobada incluso por el Senado.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por terminada la sesión a las 19:30 del miércoles 3 de noviembre del año 2010.
De la Comisión de Seguridad Social, derivada de la sexta reunión ordinaria, que tuvo lugar el miércoles 10 de noviembre de 2010
A las 8:45 horas del miércoles 10 de noviembre de 2010, el presidente, Uriel López Paredes, inicia la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. Da una cordial bienvenida a los diputados Fernando Espino Arévalo, quien se integra a la Comisión; y Víctor Silva Chacón y Heladio Gerardo Verver, presentes en la reunión. Agradece a los integrantes su presencia. Solicita a la secretaria Janet Graciela González Tostado que informe del número de presentes y si hay quórum para iniciar formalmente la reunión.
1. Registro de asistencia y certificación de quórum
La secretaria Janet Graciela González Tostado informa que hay 16 diputados presentes y, por tanto, el quórum requerido para iniciar formalmente la reunión. Al finalizar ésta, queda registrada la asistencia de los diputados Uriel López Paredes, Janet Graciela González Tostado, Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Ana Elia Paredes Árciga, Malco Ramírez Martínez, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Clara Gómez Caro, Fernando Espino Arévalo, Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez y Norma Leticia Orozco Torres, para un total de 19 presentes.
Justifican inasistencia los diputados Julio César Godoy Toscano, Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente, Armando Jesús Báez Pinal, María Pérez de Tejada Romero, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Fernández Noroña y María Guadalupe García Almanza, para un total de 10 ausentes.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
El presidente refiere que el orden del día tentativo para la reunión está incluido en los documentos entregados al momento del registro de asistencia. Solicita a Janet Graciela González Tostado que lo lea para someterlo a votación. Una vez leído el orden del día, lo somete a votación. Se aprueba por unanimidad.
El orden del día aprobado contiene los siguientes puntos:
1. Registro de asistencia y certificación de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la reunión anterior, celebrada el 29 de septiembre de 2010.
4. Lectura y aprobación del programa anual de trabajo, 2010-2011.
5. Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre de 2010.
6. Lectura, discusión y, en su caso, votación de los siguientes anteproyectos de dictamen:
a) Positivo, correspondiente a diversas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas y memorial de particular, con relación a la reforma de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
b) Positivo, atinente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de lactancia materna, presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas y otros de diversos grupos parlamentarios;
c) Positivo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 95 de la Ley del Seguro Social, sobre la atención obstétrica de hijas de asegurados y pensionados del IMSS, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez; y
d) Favorable, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud y reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de las Personas Adultas Mayores, respecto a la atención gratuita de los adultos mayores de 85 años de edad en todas las instituciones de salud pública, presentada por el diputado Antonio Benítez Lucho.
7. Asuntos generales.
8 Clausura de la reunión.
3. Lectura del acta correspondiente a la reunión anterior, celebrada el 29 de septiembre de 2010
El presidente expresa que el siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, votación del acta de la reunión anterior, celebrada el 29 de septiembre de 2010, copia de la cual se envió con oportunidad a los integrantes, sin que se hubiera recibido comentario, aclaración o corrección alguna, por lo que la somete a votación. Se aprueba por unanimidad.
4. Lectura y aprobación del programa anual de trabajo, 2010-2011
El presidente menciona que se envió copia del programa anual de trabajo 2010-2011 con oportunidad a los integrantes, sin que se hubiera recibido comentario, aclaración o corrección alguna, por lo que lo somete a votación. Se aprueba por unanimidad.
5. Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre de 2010
El presidente expresa que el siguiente punto del orden del día es la recepción de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara entre el 28 de septiembre y el 8 de noviembre de 2010, relación de los cuales está incluida en los documentos entregados al registrar asistencia, por lo que solicita que se den por recibidos y que en el acta de la reunión se transcribirán como si se hubieren leído. Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad.
La relación de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de que se dio cuenta es la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Guadalupe Pérez Domínguez en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 28 de septiembre, turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para que dictaminen la iniciativa de reforma del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada el 29 de abril de 2010 por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento al Primer Empleo, presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acuerdo del Congreso de Puebla por el que se suma al similar del Congreso de Jalisco referente a la reducción de las pensiones de trabajadores del IMSS, enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2010, turnado a la Comisión de Seguridad Social.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a proporcionar atención médica a los niños intoxicados con gas tóxico en el incendio de la guardería subrogada del IMSS de Hermosillo, Sonora, presentada por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2010, turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, presentada por los diputados Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa en sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social el 6 de octubre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS a elevar al nivel de hospital regional el hospital general de zona con unidad de medicina familiar número 7 situado en Monclova, Coahuila, presentada por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de octubre de 2010, turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Acuerdo del Congreso del Estado de Michoacán, enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en oficio fechado el 13 de octubre de 2010, para conocimiento, turnado a la Comisión de Seguridad Social.
Acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Quintana Roo, enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en oficio fechado el 21 de octubre de 2010, para conocimiento, turnado a la Comisión de Seguridad Social.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforman los artículos 4, 51, 157, 158, 163, 164, 165 y 166, y se adiciona un artículo 162 Bis) y de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 10 y 118), presentada por la diputada Janet Graciela González Tostado, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de octubre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 5 A, fracción XII, el artículo 65, los párrafos tercero y cuarto del artículo 66 y el artículo 137, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 5o., un tercer párrafo a las fracciones III y IV del artículo 84, un último párrafo al artículo 130 y un último párrafo al artículo 133), y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforman las fracciones VIII y XII del artículo 6, el artículo 41, el artículo 70, el párrafo primero y la fracción III del artículo 131, el párrafo primero y la fracción II del artículo 135 y se adicionan una fracción VI al artículo 41 y una fracción IV al artículo 131, recorriéndose las siguientes fracciones), presentada por los diputadas Gabriela Cuevas Barron y Paz Gutiérrez Cortina, y suscrita por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público a que se dictaminen las iniciativas presentadas para reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los diputados Guadalupe Pérez Domínguez y varios de diversos grupos parlamentarios, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de octubre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Jorge A. Ocejo Moreno, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 3 de noviembre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Leticia Jasso Valencia, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de noviembre de 2010, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
6. Lectura, discusión y, en su caso, votación de diversos anteproyectos de dictámenes
El presidente refiere que el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, votación de tres anteproyectos de dictamen, los tres en positivo, y una opinión también en positivo, mencionando que el primero es un tema que ya ha sido tratado en reuniones anteriores y que reúne en el dictamen diversas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, que han sido presentadas proponiendo la reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Menciona que las propuestas que han sido analizadas son: primero que no se haga ninguna reforma, o sea que el límite de la exención del pago de impuesto sobre la renta a los ingresos derivados de pensiones siga siendo el equivalente a nueve salarios mínimos; segundo, que la exención del pago de impuesto sobre la renta sea completa, o sea que ningún ingreso por concepto de pensiones pague impuesto sobre la renta; y tercero, que el límite de nueve salarios mínimos se aumente hasta veinticinco. Continúa señalando que hay la preocupación de que aprobar la reforma de exención total de impuestos a los ingresos por pensiones, a quienes beneficiaría sería a los pensionados por medio de planes privados que a la fecha se tienen registrados en un número aproximado de mil 850, con lo cual se favorecería la proliferación de ellos, ya que los patrones pudieran hacer aportaciones a ellos como prestación libre de impuestos. Se concede la palabra a la diputada Ana Elia Paredes Árciga, para que de lectura al acuerdo del proyecto de dictamen, en su primera versión, que propone se acepte la propuesta de exentar del pago de impuesto sobre la renta a los ingresos por concepto de pensiones. El presidente expresa que esa es la primera propuesta en la que coinciden la gran mayoría de las iniciativas que se han presentado, y que en su opinión personal considera que el límite de la exención sí debe aumentar, pero solamente hasta el equivalente a doce salarios mínimos, lo que no causaría un impacto extraordinario en los ingresos de la hacienda pública y sí permitiría que no se utilizara el mecanismo de aumentar las prestaciones con aportaciones a los planes privados de pensiones.
Hace uso de la palabra el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, manifestando que igualmente considera que la propuesta expresada por el presidente de la comisión es la más adecuada. En seguida el diputado Armando Neyra Chávez, quien expresa su opinión en el sentido de que exentar de impuestos a todos los ingresos por concepto de pensiones sólo favorecería a quienes tienen pensiones elevadas, por lo que le parece que la opinión expresada por el presidente sería la más indicada y él la apoyaría. En seguida, el diputado Malco Ramírez Martínez coincide con las opiniones anteriores en cuanto estar seguros de a quienes se va a beneficiar con la exención, para que no sea beneficio para quienes tienen las pensiones más altas (que son los menos), por lo que propone que se revisen las opiniones de los centros de estudios de la Cámara y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para, posteriormente, volver a analizar el dictamen que se discute. Hace uso de la palabra la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz para reiterar que ha solicitado se tenga reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer los datos más precisos sobre el tema. Sometida a votación la propuesta de revisar nuevamente el dictamen y de tener una reunión con funcionarios de la SHCP, es aprobada por unanimidad.
El presidente refiere que el siguiente proyecto de dictamen es en positivo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, explicando que la iniciativa propone que se reformen las leyes mencionadas para dar mayores facilidades a las madres para dar leche materna a sus hijos menores de seis meses de edad o extraerla, promoviendo la lactancia materna. Hace uso de la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, autor de la iniciativa, quien expresa la necesidad de que se promueva la lactancia materna como una mejor forma de obtener un desarrollo adecuado de los niños recién nacidos El diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez toma la palabra para manifestar su apoyo a la propuesta y referir que afortunadamente se está regresando a la necesidad de la lactancia materna, no únicamente por razones económicas, sino por los beneficios que esto tiene para el menor.
No habiendo más intervenciones, el presidente somete a votación el dictamen positivo y es aprobado por unanimidad.
El presidente menciona que el siguiente dictamen, también en positivo, es a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para otorgar el derecho a la atención obstétrica a las hijas de los pensionados y asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez, iniciativa que propone se igualen las prestaciones del derecho a la atención obstétrica a las hijas de pensionados y asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las que tienen las de los asegurados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Hacen uso de la palabra los diputados Malco Ramírez Martínez, Clara Gómez Caro y Janet Graciela González Tostado, proponiendo que se posponga la votación del dictamen para analizarlo más detenidamente, proposición que el presidente somete a votación, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.
Continuando con el punto del orden del día referente a la discusión y, en su caso, votación de dictámenes, el presidente expresa que el último de ellos es una opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 53 Bis a la Ley General de Salud, y reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores. Hace uso de la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, autor de la iniciativa, quien expresa que la intención de ésta es otorgar el derecho a las personas mayores de 65 años a recibir atención médica gratuita en las instituciones de salud pública del país. Hacen uso de la palabra los diputados Malco Ramírez Martínez y Janet Graciela González Tostado para expresar su opinión favorable al dictamen a discusión, y el diputado Fernando Espino Arévalo, quien propone suprimir la última frase del párrafo propuesto (y cuando no sean beneficiarios en alguna institución de seguridad social) por ser redundante. El presidente pide opinión al diputado Benítez Lucho, quien manifiesta que no habrá ningún inconveniente si esa frase se suprima. Sometido a votación el dictamen con la modificación propuesta es aprobado por unanimidad de los presentes.
7. Asuntos generales
El presidente expone en el punto del orden del día referente a asuntos generales, que es muy importante analizar las noticias que han sido difundidas en los últimos días sobre la situación financiera del IMSS, y solicitar la comparecencia del director general de dicho instituto para tener una idea de cuál es la realidad toda vez que dichas noticias han sido verdaderamente contradictorias y preocupantes ya que además se ha dicho que el IMSS no podrá pagar pensiones a partir de 2012. Hacen uso de la palabra los diputados Clara Gómez Caro y Malco Ramírez Martínez, ratificando las expresiones del presidente y su preocupación por la situación del IMSS, por lo que debe solicitarse la comparecencia o una reunión de trabajo de la Comisión con el Director General del IMSS.
8. Clausura de la reunión
Agotados los asuntos del orden del día aprobado al inicio de la reunión, el presidente la declara clausurada, agradeciendo a los presentes su asistencia y participación, a las diez horas con diez minutos del día de su inicio, firmando los integrantes de la junta directiva para constancia.
La Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social
Diputados: Uriel López Paredes (rúbrica), presidente; Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Julio César Godoy Toscano, secretarios.
