Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3196-I, martes 08 de febrero de 2011
Comunicaciones
De la Mesa Directiva
Honorable Asamblea:
Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:
Energía
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Nacional y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considere el subsidio del diesel marino para apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.
Salud
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal,. por medio de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a cancelar el proyecto para que los antibióticos que se expendan sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a supervisar la correcta aplicación del programa Seguro Popular en Veracruz.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
De la Junta de Coordinación Política
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Comisión de Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales
Alta: Diputado José Luis Álvarez Martínez (integrante)
Comisión Especial para la Familia
Baja: Diputada Julieta Octavia Marín Torres (integrante)
Alta: Diputada Olivia Guillén Padilla (integrante)
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta
Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de diciembre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Comisión de Fortalecimiento al Federalismo
Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)
Comisión de Marina
Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)
Comisión de Seguridad Social
Baja: Julio César Godoy Toscano (secretario)
Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (secretario)
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta
De la Comisión Permanente
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el primer receso, del segundo año de ejercicio de la sexagésima primera legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.
La presidencia dictó el siguiente trámite: “de enterado, insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores”.
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Secretaria
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Secretaria
Comisión Permanente
Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura
Informe sintetizado de actividades
Asunto Cantidad
Sesiones celebradas 7
Acuerdos parlamentarios aprobados 6
Oficios del Senado, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instituciones públicas federales y estatales recibidos 19
Presentación y recepción del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al 2010 1
Solicitudes de licencias de legisladores aprobadas 7
Reincorporaciones de legisladores 2
Iniciativas turnadas 53
Contestaciones recibidas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente 117
Proposiciones con puntos de acuerdo presentadas 107
Proyectos de decreto aprobados para permisos constitucionales 12
Dictámenes con ratificación de nombramientos 1
Dictámenes con puntos de acuerdo aprobados 53
Dictámenes negativos aprobados por los que se desechan proposiciones 1
Dictámenes por los que se consideran atendidas o desahogadas proposiciones con puntos de acuerdo 5
Minutos de silencio guardados 3
Informes de las comisiones de trabajo 3
Posicionamientos y pronunciamientos de la Mesa Directiva, de grupos parlamentarios y de legisladores 4
1 de febrero de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, presentada a la Mesa Directiva el 22 de diciembre del 2010, aprobándose los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:
“Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez para separarse de sus funciones como diputado electo en el 05 distrito electoral federal del estado de Tamaulipas, a partir del 1 de enero del 2011.”
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados”.
México, DF, a 4 de enero de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Secretaria
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Secretaria
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen en el inventario que se anexa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Secretaria
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Secretaria
Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión remite a la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
En trámite
Expediente 231 . Proposición con punto de acuerdo en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, presentada por la diputada Magdalena Torres Abarca y suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Expediente 272. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que detenga la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”, y se exhorta a la CDHDF a emitir la recomendación correspondiente al jefe de Gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Expediente 320. Proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la SCT Juan Francisco Molinar Horcasitas responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Expediente 332. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Expediente 349. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año 2011, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Secretaria
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Secretaria
De la Secretaría de Gobernación, con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente
México, DF, a 1 de febrero de 2011
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-855, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0070/11, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las investigaciones de localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde, así como el fallecimiento del licenciado Enrique Villacaña Palomares.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 12 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación
Presente
En respuesta al oficio SEL/UEL/3U/4259/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde, así como para esclarecer la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villacaña Palomares, me permito informarle que con motivo de los hechos que motivaron la desaparición de María Esther Aguilar Canside y Ramón Ángeles Zalpa, se dio inicio a la averiguación previa correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y en auxilio de ésta, la Procuraduría General de la República inició indagatoria el 25 de noviembre de 2010 y acta circunstanciada el 7 de abril de 2010, respectivamente, realizando un sinnúmero de diligencias en coordinación con las autoridades locales, a fin de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.
En lo que se refiere al periodista Enrique Villacaña Palomares, le informo que en fecha 10 de abril de 2010 se dio inicio a una averiguación previa por el delito de homicidio calificado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la cual sigue actualmente con las investigaciones.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica)
Directora General de Políticas Públicas
y Coordinación Interinstitucional
(Se remite a la Comisión de Justicia.)
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-793, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-008/2011, suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del Despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trabajos de infraestructura carretera en el estado de Guerrero.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México DF, a 25 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a su oficio número SEL/UEL/311/095/11, recibido en esta secretaría el 18 del presente mes, mediante el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que esa soberanía solicita información sobre el ejercicio del presupuesto destinado a infraestructura carretera, nos permitimos comunicar lo siguiente:
1. Causas del subejercicio
Es preciso señalar que las metas físicas alcanzadas en la aplicación de los recursos del presupuesto para infraestructura carretera se definen en función de los montos asignados para cada proyecto por la honorable Cámara de Diputados, y la aplicación de esas cantidades sólo se puede realizar si se cuenta con los proyectos ejecutivos, derechos de vía y permisos ambientales requeridos por la legislación vigente en materia de obras públicas, lo que no ocurre para la totalidad de los proyectos autorizados por los legisladores.
En consecuencia, los montos en subejercicio son atribuibles en su mayoría a retrasos en la licitación de las obras por falta de dichos elementos.
Adicionalmente, 2010 registró una intensa temporada de fenómenos hidrometeorológicos que afectaron el desarrollo de las obras. Sin embargo, concluida la época de lluvias, se realizaron esfuerzos para aumentar el número de proyectos contratados y así incrementar significativamente el ritmo de ejecución del programa carretero en los meses de octubre a diciembre, logrando un monto record en el ejercicio de más de 50 mil millones de pesos.
Por último, es necesario precisar que el ejercicio de los recursos obedece a la evolución característica de las obras carreteras, que requiere menos recursos en los trabajos iniciales, como terracerías, y demandan mayores cantidades conforme avanzan, en trabajos como pavimentaciones o colocación de superestructuras.
2. Avances en el ejercicio del presupuesto carretero
Respecto al ejercicio del presupuesto de 2010, nos permitimos informar que de los 54 mil 445 millones de pesos autorizados para el programa carretero, al final del año se ejerció un monto superior a los 50,000 millones de pesos, lo que representa más del 90 por ciento del total y supera en más de 20 por ciento al monto ejercido en 2009.
Las cifras del cierre del ejercicio 2010 se integrarán en el Informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al último trimestre del año, que enviará próximamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la honorable Cámara de Diputados.
Cabe destacar que durante la presente administración, bajo la orientación del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha desarrollado un programa carretero sin precedentes en el que durante el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2010 ha invertido 144 mil millones de pesos, provenientes tanto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como de fuentes privadas, con los que se ha conservado la red carretera federal y se han construido, pavimentado o ampliado más de 15 mil 300 kilómetros de carreteras y caminos de todos tipos, lo que supera lo logrado en administraciones anteriores.
3. Programa de Construcción y Modernización en Guerrero
(Evaluación del ejercicio)
Por lo que se refiere a la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en Guerrero, la Subsecretaría de Infraestructura precisó que de los 83 millones de pesos autorizados para esa obra en el PEF de 2010, se ejercieron 82.6 millones, y que el aspecto más relevante que ha influido en el ritmo de ejecución de los trabajos es la disponibilidad del derecho de vía.
Asimismo, informó que en el PEF de 2011 se autorizaron 50 millones de pesos para continuar los trabajos de modernización de la obra en cita, entre el kilómetro 5+317 y el 6+750, incluyendo el viaducto en el kilómetro 6+300.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica)
Encargado del Despacho
(Se remite al promovente.)
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0611, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 104 02 00 00 00-2011/022 suscrito por el licenciado Nicolás Gutiérrez Chávez, administrador central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las empresas sujetas al régimen de importación temporal con perfil de operación riesgoso.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/3384/10, fechado el 13 de octubre de 2010, mediante el cual remite el diverso número D.G.P.L. 61-II-6-0611, enviado por el presidente y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en los siguientes términos:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias competentes a fin de que tomando en cuenta las bases de datos de la Agencia General de Aduanas y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se diseñen y ejecuten mecanismos pertinentes y adecuados para identificar empresas que tengan un perfil de operación riesgoso y prevenir que empresas sujetas al régimen de importación temporal, dejen de cumplir puntualmente con sus obligaciones patronales, buscando en todo momento mantener la competitividad del sector.”
Sobre el particular, me permito realizar las siguientes consideraciones:
1. El Servicio de Administración Tributaria estableció un modelo de riesgo básico que permite detectar conductas irregulares en materia de impuestos internos, que se puede aplicar a las empresas sujetas al régimen de importación temporal.
2. El funcionamiento técnico del modelo tiene las siguientes características:
• Es alimentado por un padrón específico a revisar, considerando datos como el tipo de operación, clave y tipo de pedimento, bandera de despacho, fecha de pago e identificadores especializados.
• Determina inconsistencias derivadas de importaciones y/o exportaciones, confrontando el comportamiento de ISR, así como de IETU.
• Identifica inconsistencias relacionadas con los datos manifestados por los contribuyentes en su declaración anual, en la determinación del ISR y del IETU, así como de la aplicación de pagos provisionales y créditos fiscales de IETU.
• Valida la aplicación de pagos manifestados por los contribuyentes en materia de ISR anual, provisionales y retenciones por salarios, anual de IETU y sus provisionales.
• Verifica ingresos globales a través de la información obtenida de declaraciones informativas de operaciones con terceros.
• Calcula el IVA a cargo y/o a favor de los periodos comprendidos en el ejercicio fiscal.
• Identifica distintos tipos de inconsistencias en el IVA, en razón de los pagos y avisos.
Los resultados de este modelo se enviaron a las áreas fiscalizadoras del SAT para su seguimiento.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Nicolás Gutiérrez Chávez (rúbrica)
Administrador Central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos
(Se remite a la Comisión de Economía.)
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-834 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 702.1036/2011 suscrito por el licenciado Gualberto José Garza Cantú, director general adjunto de Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Censo de Población y Vivienda 2010.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/4052/10 de fecha 8 de diciembre de 2010, mediante el cual se comunica a este instituto sobre la aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados de un punto de acuerdo presentado en la sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2010 de dicha soberanía, en cuyo resolutivo se establece:
“Único. La Cámara de Diputados solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que el censo de población que se lleva a cabo en este año 2010, contenga el mayor número de elementos similares a los que se recabaron en 2000, en función de la disponibilidad presupuestal aprobada por esta Cámara de Diputados, y de esta manera contar con la información suficiente que nos proporcione los datos que se requieren”.
Al respecto, me permito emitir los siguientes comentarios:
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concluyó ya el levantamiento censal correspondiente al Censo de Población y Vivienda 2010, inclusive ya se emitieron los resultados preliminares de este importante ejercicio estadístico de trascendencia nacional, mediante el cual se pudo determinar que al 12 de junio de 2010 en México residían 112 millones 322 mil 757 personas, dichos resultados ya pueden ser consultados en la página del Inegi: www.inegi.org.mx
Además, en el lapso de los tres primeros meses del año en curso se presentarán los resultados definitivos.
Dentro de las consideraciones del punto de acuerdo en comento, se manifestaron algunas inquietudes por parte de la Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, que pueden resumirse en que las características del censo de 2000 se conserven en el de 2010, que la información que arrojé el censo de 2010 permita apoyar las acciones que lleva a cabo el gobierno federal.
Para la realización del censo de 2010, se fijaron como objetivos:
• Realizar una enumeración exhaustiva de la población y las viviendas existentes en el país.
• Actualizar la información sobre sus características demográficas y socioeconómicas.
• Ubicar su distribución en el territorio nacional
• Captar datos sobre las características de las viviendas
• Ampliar el conocimiento de algunos temas prioritarios.
• Obtener información de óptima calidad.
• Entregar los resultados de manera oportuna.
Además se buscó enriquecer la serie histórica de información censal, manteniendo en lo posible la comparabilidad con los operativos efectuados en México y otros países.
Para información más detallada en cuanto a la metodología empleada en la elaboración del Censo de Población 2010, se puede consultar la página web del instituto.
En conclusión, los aspectos planteados en el punto de acuerdo fueron contemplados en su momento por el Inegi y se considera que responderá en gran medida a las necesidades tanto del gobierno como de la sociedad en general, a pesar de las restricciones presupuestales.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica)
Director General Adjunto
(Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.)
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-759 signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/009/2011 suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al programa Enciclomedia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 26 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 12 de enero del actual, relativo al programa Enciclomedia.
Sobre el particular, remito a usted el informe rendido por la Subsecretaría de Educación Básica y por la oficialía mayor de esta secretaría mediante oficio número DGME/0234/11, OM. DGTEC.009/2011.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva
México, DF, a 25 de enero de 2011.
Licenciado José Francisco Dufour Sánchez
Coordinador de Enlace con el
Congreso de la Unión
Presente
Nos referimos a sus oficios con números UCE/CECU/0064/11 y UCE/CECU/0065/11, ambos de fecha del 18 de enero del presente año, por medio de los cuales remite el punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el 12 de enero del actual, que señala lo siguiente:
“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que a la brevedad, se: a) Concluyan, conforme a lo que a derecho proceda, los contratos que se firmaron en el marco del programa Enciclomedia; b) Lleve a cabo un proceso de transición de dicho programa al programa Habilidades Digitales para Todos, de manera transparente, en los términos en que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, y c) Informe sobre el estado que guardan las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Información, con relación a los recursos públicos destinados al programa Enciclomedia, respecto a los 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 del programa Enciclomedia, el cual deberá entregarse a esta soberanía en un plazo no mayor a ocho días naturales.”
Al respecto y, por instrucciones del subsecretario de Educación Básica, maestro José Fernando González Sánchez y del oficial mayor, licenciado Guillermo Bernal Miranda, remitimos a usted el informe requerido en el punto de acuerdo objeto del presente.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Atentamente
Maestra María Edith Bernáldez Reyes (rúbrica)
Directora General de Materiales Educativos
Licenciado Manuel Fonseca López (rúbrica)
Director General de Tecnología de la Información
México, DF, a 25 de enero de 2011.
Dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a resolver e informar sobre diversos asuntos relacionados con la operatividad del programa Enciclomedia
Informe de la Secretaría de Educación Pública
Conforme al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el 12 de enero de 2011, turnado a la Secretaría de Educación Pública el día 19 de enero del 2011, se expone de manera respetuosa a esa soberanía lo que a mérito de la Secretaría de Educación Pública se estima acorde a cada uno de los apartados que en el diverso, objeto del presente, se establecen.
En relación al apartado:
“...a) Concluyan, conforme a lo que a derecho proceda, los contratos que se firmaron en el marco del programa Enciclomedia,...”, se manifiesta lo siguiente:
La Secretaría de Educación Pública en el año 2005 elaboró el Modelo Multianual de Servicios (MMS), que consiste en contratar la prestación de los servicios de terceros para habilitar la infraestructura y mecanismos de soporte técnico y académico necesarios para la ejecución del programa Enciclomedia, conceptualizándose en tres rubros principales:
• Habilitar . Proporcionar el equipamiento (hardware), instalación, configuración y puesta en operación de los equipos Enciclomedia en todas las aulas MMS.
• Solventar . Prestar los servicios inherentes a la atención y resolución de incidentes, a través de un sólo punto de contacto o mesa de ayuda (mesa de servicios y control de calidad).
• Mantener . Tener disponible durante el periodo operativo el uso, operación y mantenimiento de la infraestructura del programa Enciclomedia.
Dichos servicios se contrataron mediante el procedimiento de licitación pública, lo cual permitió que en promedio 3 millones de alumnos de 5o. y 6o. grados de educación primaria por ciclo escolar tuvieran acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), por medio de las aulas habilitadas para el programa Enciclomedia (125,562 aulas), desde el periodo lectivo 2005-2006. Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribió 15 contratos por un periodo de cinco años.
Es importante tener presente que el objeto de los contratos MMS es la prestación de servicios para habilitar la infraestructura tecnológica en las aulas para la ejecución del programa Enciclomedia, por lo tanto dicha infraestructura no es propiedad de la SEP y por ende, no se rige bajo los principios que controlan, administran y prevén la enajenación de bienes del sector público.
Para llevar a cabo la operación de las aulas MMS fue necesario celebrar convenios de coordinación y operación con todas las entidades federativas y el Distrito Federal, con el fin de establecer los mecanismos para desarrollar, operar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados para el programa.
Procede destacar que 12 de los 15 contratos vencieron el 31 de diciembre de 2010, fecha que coincide con la mitad del ciclo escolar 2010-2011, por lo que el no prorrogar la vigencia de estos instrumentos, representaría para esta secretaría dejar sin cobertura de soporte y operación a partir del 1o. de enero de 2011, a 25 de las 32 entidades federativas (78 por ciento), que representan e181 por ciento (101,853) de las 125,562 aulas actuales.
Adicionalmente, los tres contratos restantes continúan vigentes hasta el 30 de junio de 2011. De los doce que hubieran vencido el 31 de diciembre de 2010, 11 son de los prestadores de servicios que operan directamente el programa en las escuelas y proporcionan equipamiento y soporte técnico, mientras que el último es de la Mesa de Servicio y Control de Calidad (MSC), misma que es la responsable de dar seguimiento a las incidencias (fallas, interrupciones, etcétera) que se presentan en todas y cada una de las aulas MMS, así como de proporcionar soporte académico en caso de ser requerido por los docentes. De no haberse prorrogado el contrato de la MSC, las funciones de control administrativo sobre la prestación de los servicios para las aulas MMS y el medio de contacto consolidado para el soporte técnico y académico para las mismas, se habría terminado, dejando sin supervisión los tres contratos que continuarían vigentes hasta junio de 2011. La terminación natural de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios de infraestructura de Aulas MMS obligó a la SEP a emprender diversas acciones administrativas relacionadas a todo el proceso requerido para cumplir con la conclusión de vigencia de los instrumentos jurídicos, tomando como base el acuerdo número R.21ª .14 adoptado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) relativo al “Levantamiento de un inventario previo sobre las aulas de los Contratos Multianuales de Servicios (MMS) Primaria que se encuentran en cada una de las entidades federativas y definan las bases administrativas previas en coordinación con la Subsecretaria de Educación Básica, que articulen el proceso de donación, previendo la conclusión de los contratos de servicios...”
En adición a lo anterior, para el mes de diciembre de 2010 se habían pronunciado de manera formal por la aceptación de los bienes Enciclomedia, nueve entidades federativas (Sonora, Tabasco, Coahuila, estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Veracruz), mientras que en 22 entidades federativas y el Distrito Federal, dicho pronunciamiento se encuentra en trámite en su área jurídica, lo que aunado al receso vacacional de fin de año ha impedido concluirlo. Por otro lado, 14 estados (Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa) concluyeron la validación del funcionamiento y ubicación de las aulas MMS (41435), mientras que las entidades federativas restantes se encuentran a 30 por ciento de avance.
En ese sentido, la SEP puso de manifiesto el interés público y bien común de los alumnos de 5o. y 6o. grados de primaria, de los padres de familia y de los docentes que se han beneficiado con el uso y aprovechamiento de las TIC en las aulas a través del programa Enciclomedia, y decidió ampliar la vigencia de los doce contratos que vencían el 31 de diciembre de 2010, en estricto apego a la ley en la materia, con la finalidad de que todas las aulas que integran el programa Enciclomedia en la modalidad MMS (125,562), cuenten con los servicios hasta el fin del ciclo escolar actual.
Adicionalmente al acto de ampliación, los prestadores del servicio que habilitan la ejecución del programa Enciclomedia se comprometieron con la SEP a sustituir 45 por ciento (lo que representa 56,502 equipos nuevos aproximadamente) de los equipos de cómputo —sólo el CPU— y a realizar el inventario físico de los bienes que integran las aulas MMS del programa Enciclomedia conforme a las normas aplicables en la administración pública federal, sin costo adicional para la dependencia y con el objeto de donar y/o transferir el programa a las entidades federativas y el Distrito Federal.
Con lo anterior, se evita la afectación a los procesos de organización de asignaturas y la articulación de clases planeadas para el ciclo en curso, y se contribuye a la transformación del programa Enciclomedia en la estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT), al contar con mayor tiempo para el desarrollo de las acciones necesarias que permitan generalizarlo en el país.
Por último, la SEP dispondrá del tiempo necesario que le permita realizar los procesos de cierre de los contratos; aceptar la transmisión a título gratuito de las aulas; levantar el inventario de las mismas, y donarlas a las entidades federativas.
Respecto al inciso b) del punto de acuerdo único, que señala:
“...b) Lleve a cabo un proceso de transición de dicho programa al programa Habilidades Digitales para Todos de manera transparente, en los términos en que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y...”, se comenta:
El presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 al programa Habilidades Digitales para Todos, es de cuatro mil novecientos tres millones de pesos, el cual se ejercerá conforme a lo planeado en los siguientes rubros
• Equipamiento y conectividad de aulas para secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias;
• Conectividad en edificios de escuelas primarias;
• Formación para maestros de secundarias y primarias;
• Desarrollo de objetos de aprendizaje, planeaciones de clases y reactivos;
• Fortalecimiento de los portales: federal, estatales y de aula, y
• Operación del programa.
Procede destacar que, aproximadamente 90 por ciento del presupuesto se enviará a las entidades federativas para el equipamiento y conectividad de aulas, y se ejercerá de acuerdo con los lineamientos de austeridad y las reglas de operación autorizadas mediante el acuerdo número 577, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2010.
Finalmente, en cuanto al inciso c), del punto de acuerdo único relativo a:
“... c) Informe sobre el estado que guardan las observaciones formuladas por la Auditoria Superior de la Federación, respecto a los once mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 del programa Enciclomedia, el cual deberá entregarse a esta soberanía en un plazo no mayor a ocho días naturales”, se señala que:
La Subsecretaria de Educación Básica y las áreas correspondientes de la Oficialía Mayor, atendieron las auditorías que se realizaron en el periodo comprendido del 27 de marzo de 2007 al 8 de diciembre de 2010, contando con información detallada de las diversas respuestas que fueron enviadas a las distintas entidades fiscalizadoras. En este periodo, el programa fue sujeto a 13 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las auditorías efectuadas por la ASF corresponden a las cuentas públicas de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en las que se auditaron un total de doce mil trescientos setenta y seis millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos y sesentaicuatro centavos (12,376,594,784 de pesos 64/100) , generándose 39 acciones, de las cuales 28 corresponden a solicitudes de aclaración y once a pliegos de observación, quedando atendidas y/o solventados 25 solicitudes de aclaración y cuatro pliegos de observación, tal y como se acredita con los siguientes oficios emitidos por la ASF en donde se señalan las acciones que han sido aclaradas y/o solventadas: AECF/0046/20l1 y AECF/0047/20l1 de fecha 12 de enero de 2011; AECF/2051/2010 de fecha 9 de diciembre de 2010; OAEPI-1988/2010 y OAEPI-1678/2010 de fecha 8 de octubre de 2010, y OAEPI-0338/2008 de fecha 10 de abril de 2008. En este tenor, únicamente se encuentran en trámite y/o proceso de atención y/o solventación, 10 acciones, las cuales representan la cantidad de $2,646,747,034.74 ; mismas que se detallan a continuación:
En particular, se atendieron: Una auditoría de la Cuenta Pública 2004 (la número 345) la cual está concluida; una auditoría de la Cuenta Pública 2005 (la número 584) que está concluida; cuatro auditorías de la Cuenta Pública 2006 (las número 99, 562, 563 y 957), de las cuales están concluidas las tres últimas; cuatro auditorías más de la Cuenta Pública 2007 (las número 438,447,451 y 461), estando concluida la 451, y tres auditorías de la Cuenta Pública 2008 (las número 274, 176 y 182), encontrándose en trámite la primera de ellas, en cuanto a una solicitud de aclaración y las dos últimas, en cuanto a cuatro pliegos de observación.
Resulta procedente precisar que durante la vigencia del programa, de acuerdo con lo informado por el Congreso de la Unión, se han formulado actos de fiscalización por un monto que asciende aproximadamente a los 11,000 (once mil millones) de pesos; esta circunstancia ha generado una confusión en cuanto a que dicha cifra se refiere a irregularidades en el manejo de los recursos de Enciclomedia, lo cual resulta incorrecto, como se señaló anteriormente, ya que conforme a la documentación que obra en los expedientes correspondientes, se han atendido en tiempo y forma las diversas acciones formuladas, por lo que a la fecha las observaciones que restan por atender son diez y suman alrededor de $2,646,747,034.74 . Adicionalmente, resulta necesario recordar que las auditorías son procesos en los cuales el ente fiscalizador genera observaciones preliminares a los que por metodología se les asigna un valor, sin que ello implique que dicho monto de recursos haya sido efectivamente utilizado de manera incorrecta. La unidad auditada tiene, dentro del proceso de auditoría, tiempos y formas de aclarar las observaciones iniciales y, sólo después de una serie de pasos metodológicos, es que una observación inicial se convierte en definitiva.
Cabe destacar que, más allá de las solicitudes de aclaración referentes a la distribución de los recursos financieros, la ASF emitió importantes observaciones relativas a la operación y administración del programa, aportando valiosas reflexiones en torno a cómo debía mejorarse desde la Subsecretaría de Educación Básica, el monitoreo y seguimiento puntual de las aulas. Así, la Subsecretaría de Educación Básica implementó a través de la Dirección General de Materiales Educativos diversos controles relacionados con la atención a los docentes, la coordinación con las entidades federativas, el seguimiento a los servicios de atención contratados con terceros, el apoyo para el reporte de robos, etcétera. Todos estos procesos facilitaron el impacto positivo y la gran aprobación que hasta este momento ha tenido el programa Enciclomedia con los docentes, los alumnos y los padres de familia, y han sido reconocidos como acciones de mejora por la propia ASF que ha resuelto reportar atendidas la gran mayoría de las auditorías.
En conclusión, el análisis de la situación que guarda el programa debe tomar en cuenta tanto las lecciones derivadas de la aplicación de los recursos y todos aquellos aspectos administrativos que indudablemente tienen margen de mejora, como las acciones que se implementaron para potencializar los beneficios resultantes de la sustantiva inversión y que, hasta este momento, continúan recibiendo directamente la gran mayoría de los alumnos de 5o. y 6o. de primaria.
(Se remite al promovente.)
Del gobierno del estado de México
Toluca de Lerdo, México, a 17 de enero de 2011
Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la
LXI Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
Estimado señor diputado:
Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y en relación con el comunicado con número de oficio D.G.P.L. 61-II-9-2459, sobre la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública Federal, al subsecretario del Sistema Penitenciario nacional, en lo general, y a las autoridades correspondientes del sistema penitenciario de los tres órdenes de gobierno en lo particular, para que se tomen las medidas técnicas de seguridad, con la finalidad de evitar la salida de ondas de radio en todas las frecuencias utilizadas por los prestadores de servicio de telefonía celular en nuestro país, de todos los penales de la nación, para evitar o disminuir, las extorsiones que se originan en el interior de los centros de readaptación federales y estatales.”
Me permito hacer de su conocimiento, que el sistema penitenciario del estado de México es uno de los más grandes del país, dispone de una capacidad instalada de 10 mil 379 espacios en 23 centros penitenciarios y una escuela de reintegración social para adolescentes.
Como medida para mejorar el funcionamiento de las instalaciones penitenciarias y la seguridad de los mismos, se instalan sistemas tecnológicos de vanguardia.
Se ha implementado el sistema de inhibidores de telefonía celular en los tres centros de mayor capacidad y se proyecta su instalación en cinco centros más, con lo cual quedará bloqueado cualquier tipo de señal celular para el 92 por ciento de la población interna.
Adicionalmente, se puso en funcionamiento el centro de monitoreo en la unidad central y en seis centros preventivos se instalaron circuitos cerrados de videovigilancia. En breve se instalarán en tres centros más, lo Que representa una cobertura del 90 por ciento de la población.
Se instalaron sistemas detectores de drogas y explosivos (sniffer) en 17 centros y entró en operación el sistema de control de acceso mediante biometría en los 3 centros metropolitanos más poblados. En breve se instalará en 5 más.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarnos a sus órdenes y enviarles un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
De la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública de Sonora
Hermosillo, Sonora, a 14 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz
Vicepresidente de la Mesa Directiva
Diputado Herón Escobar García
Secretario de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
El jefe de la Oficina de Ejecutivo estatal, contador público Luis Erasmo Terán Balaguer, turnó a esta Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que preside el suscrito, Ernesto Munro Palacio, para su atención, el oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2459, que ustedes en su calidad de vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dirigieron al gobernador del estado, licenciado Guillermo Padrés Elías, y en el cual hacen de su conocimiento el punto de acuerdo a través del cual exhortan para que se tome las medidas técnicas de seguridad, con la finalidad de evitar la salida de ondas de radio en todas las frecuencias utilizadas por los prestadores de servicios de telefonía celular en nuestro país, de todos los penales de la nación, para evitar o disminuir las extorsiones que se originan en el interior de los centros de readaptación federales y estatales, por lo que, con el debido respeto, me permito informarle lo siguiente:
Que en lo que compete a esta Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en cumplimiento del compromiso adquirido con la federación, a través del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010, en la cláusula décima sexta, respecto a adquirir la tecnología que garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social, así como de lo establecido en el anexo único del citado convenio, referente a erradicar la operación delictiva intramuros, a través de la implementación de sistemas inhibidores de señales de frecuencia tales como celulares, VHF, UHF, entre otras, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Información y lo establecido en el Eje Plataforma México del citado anexo técnico, previo al diagnóstico técnico realizado en todos los centros penitenciarios del estado de Sonora, se llevaron a cabo los actos jurídicos necesarios para el suministro e implementación del sistema de inhibidores de señal de radiocomunicación para los centros de readaptación social en el estado de Sonora, con la finalidad de lograr objetivo descrito anteriormente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ernesto Munro Palacio (rúbrica)
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
Del diputado Arturo Zamora Jiménez
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe sobre las denuncias que se han presentado con motivo de la comisión de delitos en agravio de Petróleos Mexicanos y el estado que guardan.
Consideraciones
En fechas recientes han cobrado relevancia ante la opinión pública las conductas desplegadas por miembros de la delincuencia organizada, que ponen en grave riesgo a la población civil con el objeto de sustraer combustibles de las instalaciones, ductos o poliductos de Petróleos Mexicanos, para posteriormente enajenarlos de manera clandestina.
Con fecha 13 de enero compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Juan José Suárez Coppel, titular de Petróleos Mexicanos, a quien se cuestionó sobre las causas de la tragedia ocurrida en San Martín Texmelucan, así como la medidas para evitar y perseguir estos ilícitos que afectan el patrimonio de la paraestatal, pero sobre todo, ponen en riesgo la integridad física y el patrimonio de la población.
El funcionario reconoció que se incrementaron las tomas clandestinas; que en 2009 eran 436 y pasaron a 712 en 2010. Señaló que se calcula que el robo de hidrocarburos es de 0.8 de las ventas de petrolíferos y el 0.4 de la producción de crudo.
Por otra parte, Suárez Coppel subrayó que se capturó a los integrantes de tres bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, y que 75 empleados de la paraestatal están en investigación. Estas acciones, dijo, son resultado del trabajo del grupo interinstitucional para el combate de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que participan expertos de las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, además de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
Durante dicha comparecencia, hice notar al director general de Pemex que si bien las normas jurídicas son siempre perfectibles, en este momento se cuenta con herramientas jurídicas que permiten el combate a los ilícitos que afectan el funcionamiento y el patrimonio de la paraestatal, tales como:
• Sabotaje, previsto en el artículo 140 del Código Penal Federal.
• Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, previstos en los artículos 254 fracción VII y 254 ter del Código Penal Federal.
• Robo, previsto en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.
• Daño, previsto en los artículos 397 a 399 Bis del Código Penal Federal.
Asimismo, en caso de que se presenten siniestros que afecten la integridad física o el patrimonio de particulares, se podrían actualizar los delitos de lesiones, daño en las cosas y homicidio, entre otros.
De lo anterior se advierte que el marco jurídico vigente ofrece una serie de posibilidades para que las autoridades persigan la comisión de estas conductas antijurídicas, por lo que, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos modernos, como poder legislativo ahora nos corresponde vigilar la forma en que el ejecutivo aplica las normas y los presupuestos que han sido aprobados por el Congreso.
Información disponible en la página web de la dependencia señala que el área jurídica de Pemex presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público Federal, con objeto de proceder con las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades; acción que permitió que las autoridades capturaran algunas bandas que traficaban con productos robados.
No obstante, dicha información carece de detalles sobre el número de denuncias, la consignación de éstas ante los jueces penales, los delitos que se configuraron, personas detenidas, así como juicios en curso y sentencias condenatorias o absolutorias.
Estas conductas, atendiendo al propósito delictivo, bien jurídico protegido, objeto material sobre el que recae la conducta, calidad del sujeto activo, etc. son de tipos muy variados, por lo que resulta de suma importancia conocer con detalle la información detallada que hará posible un análisis serio de la incidencia delictiva, las modalidades en que se presenta, la eficiencia, eficacia o ineficacia de las autoridades en la persecución de estos delitos.
Sin la información detallada sobre los ilícitos cometidos en contra de Petróleos Mexicanos, resulta imposible realizar una revisión integral del marco jurídico de manera seria y responsable, de modo que esta soberanía pueda realizar las adecuaciones necesarias para modernizar y hacer más eficaz la norma que sanciona este tipo de conductas nocivas.
Como ha quedado de manifiesto, los diputados del PRI somos oposición crítica, responsable y por tanto propositiva, por lo que pretendemos ser constructivos a fin de proteger de manera más intensa el patrimonio y la integridad física de todos los mexicanos.
Para ello, es necesario que contemos con la información adecuada y puntual sobre la forma, medios y características de los ilícitos cometidos contra Pemex, así como las consecuencias jurídicas que se han tomado para la persecución de dichas conductas.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía:
1. Durante los años 2009 y 2010, cuántas denuncias se han iniciado por hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la sustracción ilícita de hidrocarburos.
2. Cuántas de estas denuncias han sido consignadas por el Ministerio Público ante el juez penal que corresponda.
3. Por qué delitos han sido consignadas cada una de dichas averiguaciones.
4. En cuántas se giraron órdenes de aprehensión y en cuántas se negaron.
5. Número de sujetos detenidos por hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la sustracción ilícita de hidrocarburos.
6. Cuántos de ellos recibieron sentencia condenatoria y cuantos recibieron sentencia absolutoria.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Del diputado Mario di Costanzo Armenta
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B señala los derechos de los trabajadores al servicio del Estado;
Que la fracción XI de dicho artículo señala las bases mínimas que deberá contener la seguridad social que se otorgue a los trabajadores al servicio del Estado;
Que la Cámara de Diputados cuenta con personal de base y sindicalizado que está adscrito al régimen de seguridad social correspondiente y que cuenta con las prestaciones que ésta otorga a través del Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado;
Que la Cámara de Diputados cuenta con personal adscrito al régimen de honorarios que no cuenta con prestaciones de seguridad social;
Que en el análisis y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprobó la inclusión en el decreto de un artículo transitorio que señala de manera textual señala lo siguiente:
Vigésimo Segundo. La Cámara de Diputados proveerá a cargo del Presupuesto de 2011, las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la misma, realizando los ajustes y transferencias a las partidas que correspondan.
Que hasta el momento no conocemos de manera clara cuáles serán las acciones y procedimientos administrativos que seguirá esta soberanía para dar cumplimiento al artículo vigésimo segundo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011;
Que es necesario que los integrantes de esta soberanía conozcan el estado que guarda el cumplimiento del artículo transitorio vigésimo segundo;
Que la finalidad de la proposición que sometemos a su consideración es que se remita un informe al pleno de la Cámara de Diputados sobre el avance en el cumplimiento del multicitado artículo vigésimo segundo transitorio;
Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que instruya al área administrativa que corresponda, para que emita el informe relativo al avance del cumplimiento del artículo vigésimo segundo transitorio, que tiene que ver con otorgar al personal de la Cámara de Diputados las prestaciones de seguridad social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a los dos días del mes de febrero de dos mil once.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
Del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina
El suscrito, Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a informar a esta soberanía sobre la situación económica y financiera de Satélites Mexicanos, SA de CV (Satmex), con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el comunicado número 003-11, la SCT informó que inició el proceso de reestructuración corporativa y financiera de Satmex, por diversos problemas sobre los que ya se había acordado desde 2006.
Si bien la argumentación de la SCT es que el proceso de reestructuración busca garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio satelital, la preservación de la reserva con que cuenta el Estado, la capitalización de la empresa y su viabilidad en el largo plazo.
En 2006, los actores involucrados que en este caso serían los acreedores y accionistas de Satmex pactaron la forma y términos en que dicho proceso se llevaría a cabo, el cual iniciaría con la venta conjunta de 100 por ciento de las acciones de Satmex, donde el Estado mexicano conservaba 4 por ciento de títulos y 20 de los derechos económicos.
En septiembre de 2010, un grupo de acreedores e inversionistas formuló una propuesta que comprende lo siguiente:
• La adquisición de la totalidad de las acciones de Satmex en 6.25 millones de dólares;
• La capitalización de deuda por 198 millones de dólares; y
• La aportación de capital fresco por 90 millones de dólares más.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la SCT, la propuesta fue sometida a consideración del comité técnico previsto en los fideicomisos y se obtuvo la opinión independiente de una institución financiera internacional de reconocido prestigio.
Al reunirse los requisitos pactados, se escogió una institución fiduciaria, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. Con plena aprobación de la SCT, se procedió el 13 de enero de 2011 a formalizar la venta de las acciones en los términos y con las condiciones previstos en los acuerdos de reestructura de 2006.
La SCT considera que la enajenación de las acciones de Satmex forma parte del proceso de reestructura y está condicionada al cumplimiento de ciertos compromisos de aportación y capitalización por los nuevos accionistas, lo cual se tiene previsto concluir para mayo próximo.
Con base en lo anterior, es necesario que la SCT y la Cofetel entreguen un informe integral y detallado a esta soberanía sobre la situación económica y financiera por la cual atraviesa Satmex, así como las decisiones y acciones que se han implantado a fin de proporcionar viabilidad financiera a la empresa.
Es necesario que explique la dependencia reguladora del sector cuál va a ser la política satelital que seguirá el gobierno federal, pues el Congreso de la Unión aprobó importantes recursos para el lanzamiento y la puesta en órbita de tres satélites como parte de un proyecto satelital.
Estos satélites se informó por la SCT que se podrán en órbita en 2012, 2013 y 2014 para atender la comunicación en todo el país, dotar a las entidades de seguridad nacional, dar servicio a las poblaciones más aisladas del país con los servicios de telefonía y banda ancha, así como atender a la población e instituciones de gobiernos en situaciones de desastres naturales, por lo que es necesario que se informe cuál es el estatus que tiene hasta este momento este proyecto nacional.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a informar a esta soberanía sobre la situación económica y financiera de la empresa Satélites Mexicanos, SA de CV.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a informar sobre la situación de los recursos aprobados para la construcción y puesta en órbita de tres satélites.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.
Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)
Del diputado Salvador Caro Cabrera
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se solicita la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que explique la situación actual de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios del país, ante el aumento, en las últimas semanas, de la violencia asociada al crimen organizado en México y en particular, en el estado de Jalisco.
Exposición de Motivos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 21, noveno párrafo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
2. De igual manera, el artículo de referencia señala en su párrafo décimo que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública;
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
3. En este orden de ideas, el país vive actualmente una delicada situación de violencia y desbordamiento de los hechos delictivos, particularmente relacionados con la comisión de homicidios y la delincuencia organizada, lo que ha implicado serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate a la inseguridad pública. En este sentido, en el estado de Jalisco durante el año 2010 se contabilizaron 505 muertes tipificadas como ejecuciones; 1 sin embargo, en las últimas semanas ha existido un súbito y acentuado aumento en la violencia, y donde se han verificado una serie de ejecuciones, ataques con granada y enfrentamientos a plena luz del día, que han afectado de manera grave a los ciudadanos pacíficos de la entidad.
4. Así las cosas, en los últimos 4 días del mes de noviembre del año pasado sucedieron en diferentes municipios de Jalisco un total de 14 asesinatos, todos con características propias de ejecución; en este sentido, diarios de circulación nacional dieron cuenta, en sendas reseñas, de los acontecimientos de esos 4 días. 2
5. Por otra parte, un suceso de lesa gravedad ocurrió el 11 de enero del presente año en Guadalajara, cuando un grupo de sujetos armados arribó a una tienda situada en el cruce de las calles Fresno y Encino de la colonia El Fresno, e intentó levantar a varios sujetos que se encontraban en el interior de una tienda de abarrotes; al momento de la agresión murieron dos niñas de entre ocho y trece años de edad que se encontraban en el lugar y resultaron heridas cuatro personas más, entre ellos tres hombres y una mujer . 3
6. Asimismo el día 15 de enero, varios hombres armados realizaron un bloqueo en la carretera Guadalajara-Chapala, casi a la altura de la carretera a El Salto. En este lugar lanzaron granadas a varios vehículos, quemaron dos de ellos y parcialmente el remolque de un tráiler de una empresa refresquera. 4 Al día siguiente, hubo en el estado de Jalisco diversos ataques con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación que dejaron tres muertos, un herido y cuantiosos daños materiales. Los acontecimientos sucedieron en los municipios de Guadalajara y de Chapala; en éste último municipio, la casa del director de Seguridad Pública fue atacada con una granada. 5
7. El abrupto aumento de la violencia asociada al crimen organizado en el estado de Jalisco, generó una serie de confrontaciones públicas entre autoridades de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y del gobierno del Estado, cuyas disputas giraron en torno a cuáles son las competencias en cada nivel de gobierno en el combate a la inseguridad así como responsabilizándose mutuamente de falta de acción inmediata ante los hechos delictivos acontecidos. Esta situación dejó entrever la falta de coordinación y de acuerdos básicos en materia de seguridad pública entre niveles de gobierno; por otra parte, fue de destacar la poca visibilidad del gobierno federal durante los hechos señalados anteriormente.
8. Por otra parte, es de destacar el aumento de la violencia en nuestro país en el año que comienza; en este sentido, el Diario Reforma dio a conocer que a 14 días de haber iniciado el año 2011 se habían verificado un total de 507 muertes, lo cual significó un aumento de 18 por ciento de las mismas, en relación al mismo periodo del año 2010. 6 De igual manera, en 2010 sumaron 13 las ejecuciones de alcaldes municipales, sin contar las de funcionarios y servidores públicos adscritos al área de seguridad pública y a otros ámbitos de la administración pública.
9. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 4 que la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
10. Por otra parte el artículo 10 de la citada ley señala las instancias de coordinación y distribución de competencias en el SNSP, las cuales son: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; los Consejos Locales e Instancias Regionales, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema.
11. En este sentido, el artículo 18 de la ley en comento dispone que el secretario ejecutivo del SNSP tiene como atribuciones, entre otras: verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional; verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo; supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios y coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública.
12. Cabe señalar que el presupuesto aprobado para seguridad pública (que incluye Secretaría Federal, Fondos y Subsidios a Estados y Municipios) dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, asciende a $49,346.3 millones de pesos; esto es. $9,991.7 millones de pesos más que lo aprobado en 2010 (25 por ciento). 7
13. En este orden de ideas, el aumento generalizado de la violencia en el país y en particular en el estado de Jalisco, los reiterados ataques a funcionarios municipales y la evidente falta de coordinación entre instituciones de seguridad pública, hacen necesaria la comparecencia, ante la Comisión de Seguridad Pública de éste órgano de representación popular, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que explique la situación de la coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios en el país y en particular, en el estado de Jalisco.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que explique la situación actual de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, las entidades federativas y los municipios del país, ante el aumento, en las últimas semanas, de la violencia asociada al crimen organizado en México y en particular, en el estado de Jalisco.
Notas
1 Fuente: Sistema de consulta de la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada de la Presidencia de la República.
http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=119
2 http://eleconomista.com.mx/estados/2010/11/30/violencia-jalisco-deja-14 -muertos
3 http://www.milenio.com/node/619186
4 http://www.milenio.com/node/622921
5 http://www.eluniversal.com.mx/notas/737681.html
6 www.reforma.com 15/enero/2011
7 Fuente: Comisión de Seguridad Pública de la honorable Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de febrero de 2011.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 277 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional
México, DF, a 13 de diciembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 277 de la Ley del Seguro Social.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con la que remite fe de erratas sobre el artículo 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles
México, DF, a 1 de febrero de 2011.
Hago referencia al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, enviado a esa Cámara mediante oficio DGPL-1P2A.-4654.
Sobre el particular, me permito manifestar a usted el interés de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, encargas del dictamen de dicho proyecto en el Senado, en el sentido de que se aplique una fe de erratas al artículo 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La corrección es la siguiente:
Dice:
“Articulo 614. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada y vinculará a todos los miembros de la colectividad.”
Debe decir:
“Articulo 614. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada.”
El texto corregido corresponde con lo aprobado por el Pleno del Senado de la República.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativas
Del Congreso de Jalisco, con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente
Por este medio de nueva cuenta le envió el oficio de número DPL-517-LIX que corresponde al acuerdo legislativo 588-LIX-10, el cual fue recibido el 18 de noviembre de 2010, por el Poder Legislativo federal (Cámara de Diputados), lo anterior para el seguimiento legislativo correspondiente.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración y respeto.
Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero de 2011.
Atentamente
Licenciado José Manuel Correa Ceseña
Secretario General del Congreso del Estado
Congreso de Jalisco
Presente
La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 64, 97 y 157, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, tiene a bien someter a consideración de esta asamblea el presente dictamen de acuerdo legislativo, mediante el cual se presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por ello, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco y para dar continuidad al proceso se realiza la siguiente
Parte Expositiva
1. Con fecha 26 de agosto de 2010, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades que le confiere el artículo 147, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, presentó ante el pleno de este congreso del estado iniciativa de acuerdo legislativo mediante el cual se plantea ante el Congreso de la Unión iniciativa que adiciona tres párrafos al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
2. Con fecha 13 de septiembre de 2010 fue turnada para estudio y dictamen, de conformidad con lo establecido en el artículo 152, numeral cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios legislativos y Reglamentos.
3. La Iniciativa en comento considera la siguiente exposición de motivos:
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, actualmente el armamento asegurado por personal militar es puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinan que dicho armamento quede bajo guarda y custodia en sus depósitos; una vez ingresado en ellos, se clasifica y es sujeto a un control individualizado, con objeto de garantizar que durante el proceso jurídico se esté en condiciones de presentar dicho armamento ante la autoridad ministerial que lo requiera las veces que sea necesario; concluido el proceso judicial, el juez pone a disposición de esa secretaría las armas producto del delito, la que de conformidad con el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos realiza un dictamen técnico y, en caso de ser armamento nuevo, usado-útil o reparable se concentra en sus almacenes para su utilización lícita y las armas inútiles o chatarra son destruidas, elaborando para el efecto las actas donde conste su destino final.
El artículo 88 invocado textualmente establece:
Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo serán decomisadas para ser destruidas. Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social.
De lo anterior se desprende que toda arma de las señaladas en los artículos 9 y 10 de la multicitada ley federal siempre serán destruidas, con excepción de las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se encuentran definidas en el artículo 11 de la misma ley, y destacan los revólveres .357 Mágnum, las superiores a .38 especial, pistolas 9 mm, .38 súper, pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, etcétera.
Por disposición expresa del propio artículo 88 invocado textualmente, el destino de las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea siempre será dichas instituciones, sin importar si alguna corporación o institución policial intervino en el aseguramiento.
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Almacén de Materiales de Guerra, informa que el Ejército y la policía mexicanos han decomisado al crimen organizado 180 mil armas en los últimos 3 años.
Aún más: se señala que a la fecha hay 160 mil armas a disposición de los jueces federales y a la espera de ser liberadas para ser destruidas y tan sólo en el referido almacén hay 13 mil armas y al día son destruidas mil.
Es claro que no se está utilizando en favor de la sociedad y de los cuerpos policiales locales la oportunidad de dotar de más y mejores armas a los elementos policiacos.
Queda en evidencia que pese al insuficiente armamento con que cuentan todas las corporaciones policiacas locales del país, aunque ellas hubieran descubierto del hecho delictivo, para la ley federal en comento eso es irrelevante jurídicamente, ya que siempre, sin variación, usufructuarán el armamento no destruible por disposición de ley el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.
Aunado a lo anterior, cualquier institución policial del país que pretende comprar un arma de las clasificadas como de uso exclusivo necesariamente tiene que acudir ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la facultad de comercializar esas armas y sus cartuchos es privativa de la propia secretaría, a través de la Dirección General de Industria Militar, la cual vende directamente y sin intermediarios a los cuerpos de seguridad pública. Ella misma, a su juicio y previa justificación de la necesidad, puede o no autorizar a la corporación local para portar el armamento de mérito. Lo expuesto muestra que es compleja la adquisición de este armamento especial por las corporaciones policiales locales y, además, que cuando aseguran este tipo de armamento a la delincuencia, ellas de ninguna manera serán destinatarios del futuro uso lícito de él, ya que la única manera que la ley consagra para portarlo son la previa autorización y compra en la industria militar nacional.
También queda en evidencia que hay desperdicio de armamento de calibres bajos, que pudiera ser nuevo o útil, pues siempre por disposición de la ley éste debe ser destruido, por lo que la iniciativa abre dos frentes para utilizarlo:
El primero, que las pistolas .380, revólveres .38 especial, 38 súper y escopetas en todos sus calibres y modelos que también hayan sido aseguradas por una corporación local queden en propiedad de la propia corporación local y para el beneficio directo de la ciudadanía, conforme a las mismas reglas de asignación y donación del armamento de uso exclusivo que aquí se propone.
El segundo, tomando conciencia de la difícil situación presupuestaria de diversos municipios, la cual repercute en poca inversión en armamento y equipo policiaco, la iniciativa también pretende que se rescaten las armas que se encuentren en buen estado de calibre .380, revólveres .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos (que no se sitúen en los supuestos mencionados en el párrafo anterior), para que la Sedena las done entre las corporaciones policiacas municipales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le indique. Para tales efectos, el secretariado ejecutivo tendrá que publicar los lineamientos de asignación y el padrón de municipios elegibles.
Otorgar a las corporaciones policiales estatales y a las municipales el derecho a que se constituyan como los usufructuarios finales de las armas de fuego que hayan asegurado a la delincuencia, por sentido de equidad, justicia y reconocimiento del pertinente trabajo realizado, al haber retirado de la circulación ilícita armas tan peligrosas, convirtiendo lo que en algún momento era dañino y lesivo para la sociedad en un elemento para su defensa, que será portado por el servidor público que de forma más cercana vela por su seguridad: el policía local.
De forma secundaria, también se pretende rescatar de la destrucción, para las instituciones mencionadas, algunas de las armas calibre .380, revólveres .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, incluidas, en su caso, las municiones, para los efectos descritos en el párrafo anterior.
Finalmente, tomando en cuenta que después de lo señalado en el punto que antecede pudieran quedar armas de fuego en buen estado o nuevas en calibres .380, revólveres, .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, que según el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tendrían que destruirse, se pretende que también se rescaten de la destrucción para su donación a los municipios que más lo requieran con motivo de sus dificultades presupuestarias en materia de seguridad.
Así, se propone reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para lo cual se delimita que el armamento que no sea basura o chatarra y, específicamente, posea las siguientes características:
a) Armas de funcionamiento semiautomático en calibre .380, revólveres.38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos.
b) Revólveres calibre .357 Mágnum y los superiores a .38 especial.
c) Pistolas calibre 9 mm Perabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando, y las de calibres superiores.
d) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm, 7.62 mm y carabinas calibre .30 en todos sus modelos.
e) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
f) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm (25), las de calibre superior a 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.
Sea adjudicado a las corporaciones locales, siempre que ellas hayan efectuado el aseguramiento, otorgando a la corporación municipal un derecho de preferencia para que se beneficie cuando hayan sido varias las corporaciones participantes, aclarándose que la corporación municipal será la de la circunscripción geográfica donde se hayan suscitado inicialmente los hechos que finalmente llevaron al aseguramiento.
También se considera que cuando el aseguramiento haya sido por dos o más corporaciones estatales, el Poder Ejecutivo estatal decidirá a qué corporación se adjudicará el armamento.
Se pretende rescatar de la destrucción las armas que resten después de los procesos descritos, con la condición de que se encuentren nuevas o en buen estado y que sean también solamente en calibre .380, revólveres, .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, para ser donadas entre las corporaciones policiacas municipales que por sus carencias presupuestarias requieran ellas, facultando al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que publique los lineamientos de asignación y el padrón de municipios elegibles.
Así, se establece la obligación de la Sedena de realizar las adecuaciones administrativas necesarias a la licencia oficial colectiva que ampare la portación de arma de fuego de la corporación de que se trate, a fin de que sea ágil, a partir de la legal y libre disposición de las armas, el uso de ellas por los elementos.
En virtud de lo expuesto, emitimos las siguientes
Consideraciones
I. De conformidad con el artículo 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es derecho de los diputados presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo.
II. Queda plenamente demostrado que la iniciativa es admisible en virtud de que cubre debidamente las formalidades que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.
III. En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto que nos fue turnada, de conformidad con el numeral 97, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a la letra dice:
Artículo 97.1. Corresponden a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con
I. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del estado;
II. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución federal le autorice reglamentar;
III. Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción VI, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo;
V. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias;
VI. La revisión de los dictámenes de las demás comisiones relativos a leyes del estado en cuanto a la constitucionalidad, contravención de otras normas legales, técnica legislativa, congruencia interna y la corrección de estilo;
VII. El análisis y la revisión permanente de la legislación sustantiva jalisciense buscando su codificación y armonía;
XI. (sic) La propuesta ante la Junta de Coordinación Política de la terna para el nombramiento del titular del órgano técnico de puntos constitucionales y técnica legislativa;
XII. (sic) La supervisión y coordinación del órgano técnico de técnica legislativa; y
XIII. (sic) La propuesta a la asamblea del nombramiento y la remoción de los servidores públicos del órgano técnico de técnica legislativa.
La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos resulta competente para dictaminar dicha iniciativa.
IV. Los índices delictivos del país se han incrementado considerablemente. La política en materia de seguridad pública que afronte la inseguridad y la disminución de los delitos no ha dado los resultados que todos esperábamos, pues cada día que pasa nos damos cuenta de que la delincuencia organizada está en aumento, lo que nos obliga a buscar mecanismos que ayuden a la autoridad en el combate de las organizaciones criminales.
En este sentido, y como parte de una efectiva acción que afronte estas bandas criminales, es necesario que las corporaciones policiacas en toda la república cuenten con una adecuada capacitación y el equipo necesario que esté en condiciones de enfrentar a los criminales.
V. Es lamentable que en algunos municipios, las corporaciones policiacas no cuentan con armamento suficiente para sus elementos de seguridad, además que en su mayoría es obsoleto, lo que los deja en desventaja en comparación con el armamento que utiliza la delincuencia organizada, pues en repetidas ocasiones nos enteramos de que las armas aseguradas por las corporaciones policiacas a las agrupaciones delictivas superan por mucho las usadas por la autoridad, lo cual lamentablemente refleja que las policías no cuentan con capacidad de equipamiento armamentista para hacer frente a la delincuencia; siendo algunas de las razones el poco presupuesto con que cuentan para adquirir armamento.
VI. Las corporaciones policiacas en diversas operaciones aseguran armas, las cuales de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se decomisan para ser destruidas, excepto las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, destruyéndose así gran cantidad de armamento que podría donarse a los municipios que han participado en dichos aseguramientos; o bien, que la Secretaría de la Defensa Nacional done dicho armamento a los municipios que por sus carencias presupuestarias requieran equipamiento de armas.
VII. Lograr las adecuaciones legales en el artículo en estudio permitirá que los municipios tengan acceso a armamentos que no pueden adquirir por sus limitaciones financieras; se aumenta la capacidad de respuesta y defensa ante los eventos que se presentan y se reconoce el esfuerzo policiaco local, sin dejar de mencionar que puede ser un mecanismo que reduce el posible acto de no entregar las armas decomisadas, al saber que tienen como fin la destrucción
Por ello, la comisión dictaminadora somete a consideración de la asamblea que se envíe al Congreso de la Unión la iniciativa que ahora se dictamina, pues con ella se fortalecerán las corporaciones policiacas de las entidades federativas y sus municipios, dotándolas de armamento en buen estado, y consecuentemente los elementos operativos podrán hacer frente a los grupos criminales.
Así razonamos, pues el número de armamento que se destruye es considerable, por lo que viéndolo desde una perspectiva en la que la autoridad puede beneficiarse con el armamento que se asegura a las organizaciones criminales vendría a reforzar a todas las corporaciones policiacas del país, pues serviría en gran medida a brindar mejor respuesta en el combate de la delincuencia, volviendo eficiente su labor y de contar con policías mejor equipados con una mejor respuesta al combate de la inseguridad.
Una vez analizada la iniciativa que se dictamina por los integrantes de la comisión, emitimos la siguiente
Parte Resolutiva
Por lo expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, resuelve someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen de
Acuerdo Legislativo
Que plantea ante el Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LIX Legislatura del Congreso de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente
Iniciativa de Ley
Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Único. Se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 88
Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo serán decomisadas, y las que se encuentren en estado nuevo, usado-útil o reparable, de funcionamiento semiautomático de calibre .380, revólveres .38 especial, 38 súper, escopetas en todos sus calibres y modelos y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea considerados en los incisos a, b, e, d y e del artículo 11 de esta ley y, en su caso, sus municiones y cartuchos, que hayan sido asegurados por corporaciones policiacas pertenecientes a los estados o sus municipios, una vez que hayan sido adjudicados a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, serán donados a una de ellas por ésta. Cuando fueran varias las corporaciones que hubieran participado en el aseguramiento, la donación será adjudicada a la corporación policiaca perteneciente al municipio donde se hayan suscitado inicialmente los hechos que llevaron al aseguramiento. En caso de que el aseguramiento lo hayan efectuado dos o más corporaciones estatales, la adjudicación se hará a favor del Poder Ejecutivo del estado, que decidirá qué corporación será la beneficiada.
Las armas que se encuentren en el estado de funcionamiento descrito en el párrafo anterior y que no se ubiquen exactamente en los supuestos de donación señalados no se destruirán y serán distribuidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, también en donación, entre las corporaciones policiacas municipales que por sus carencias presupuestales las requieran; lo anterior, conforme a los lineamientos y al padrón de municipios elegibles que determine el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El armamento señalado en el primer párrafo de este artículo y que sea asegurado por el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea se sujetará al mismo procedimiento de donación.
La Secretaría de la Defensa Nacional deberá realizar las adecuaciones necesarias a la licencia oficial colectiva respectiva para que la corporación beneficiada de la adjudicación comience a utilizar con la mayor prontitud el armamento.
Las armas decomisadas que contengan un valor histórico, cultural, científico o artístico se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social. El armamento que resulte inservible, que no se pueda utilizar o que por su uso o deterioro represente un riesgo en su manejo será destruido.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Guadalajara, Jalisco, a 21 de septiembre de 2010.
La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos
Diputados: Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; Javier Gil Olivo (rúbrica), Carlos Albero Briseño Becerra (rúbrica), Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Raúl Vargas López, José María Martínez Martínez, Abraham Kunio González Uyeda, vocales.
