Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3187-IV, miércoles 26 de enero de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar por la SFP y la ASF la correcta aplicación de los recursos federales en el periodo 2007-2010 en los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y a la ASF, a realizar las auditorías necesarias e informar a esta soberanía sobre las erogaciones llevadas a cabo en Puebla y Campeche a efecto de construir baños ecológicos en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como en Yucatán en el Fideicomiso del Fonhapo para edificar baños a través de la delegación estatal de la Sedesol; y se solicita la comparecencia del director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados a fin de que explique las presuntas irregularidades y anomalías que se han denunciado sobre el ejercicio de recursos en programas de esa dependencia, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, senador Cleominio Zoreda Novelo y diputados federales Efraín Aguilar Góngora, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar y Rolando Zapata Bello, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El gobierno federal ha sostenido que uno de sus pilares es el combate a la pobreza y cada año el Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados, le ha asignado un presupuesto creciente para cumplir con estas tareas, en especial para la atención de la infraestructura básica de las comunidades marginadas y de los pueblos indígenas.
En este sentido, cualquier irregularidad, inconsistencia o anomalía en el ejercicio de los recursos asignados a esta tarea de amplia trascendencia para la administración pública federal, debe ser investigada y, en su caso, sancionada con toda la celeridad y firmeza que la normativa establezca.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la administración pública federal; se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.
Una de sus principales funciones es la gestión institucional, es decir canalizar recursos y esfuerzos públicos para que la población indígena supere los rezagos en materia de infraestructura básica y de comunicaciones para mejorar sus condiciones de vida. A través de diversos programas, se apoyan proyectos para el desarrollo económico, la construcción de vivienda, la dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros.
Para el 2011, la CDI tiene una asignación presupuestal por más de 9 mil 300 millones de pesos, con lo que se evidencia que es una dependencia que cuenta con recursos muy importantes para cumplir con una tarea tan delicada como la atención del rezago de las comunidades indígenas.
Sin embargo, durante ejercicios fiscales anteriores se presentaron diversos señalamientos de irregularidades y actos ilícitos en la aplicación de programas de la dependencia, en específico del Programa de Infraestructura Básica para la Construcción de Baños Ecológicos en las Comunidades Indígenas.
El primer caso de las irregularidades difundidas se refiere a las anomalías detectadas en los municipios de Olintla, Naupan y Tlacuiltotepec en el estado de Puebla en 2007, por obras que se pagaron y no existen o están mal construidas, pero fueron avaladas por autoridades centrales de la CDI; dos años después se descubrieron nuevas anomalías en los municipios de Olintla, Zapotitlán, Salinas y Ajalpan, los que implicó la denuncia de la propia delegada de la dependencia en Puebla, Anahi Romero Alonso, de que fue obligada por titulares de la CDI a ocultar las anomalías que había detectado. Al final de cuentas, la delegada fue retirada del cargo sin haberse aclarado los motivos de esto.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, a raíz de las anomalías difundidas, realizó auditorías para investigar, aclarar y en su caso, sancionar a los responsables de un supuesto desfalco por 37 millones de pesos en la aplicación de recursos por parte de la CDI.
Lo que más llama la atención de este caso es que el, en aquel entonces, coordinador general de Administración y Finanzas de la dependencia, Carlos Gutiérrez Ocampo, también fue retirado recientemente de su cargo sin explicarse los motivos que llevaron a esta remoción.
Otra denuncia en este mismo sentido se ha dado en municipios del estado de Campeche, particularmente en comunidades de Hopelchén, donde los propios ciudadanos y supuestos beneficiarios de los “baños ecológicos” han manifestado graves deficiencias en la construcción de éstos e incluso que no son utilizables por lo que evidencia la inoperancia de una inversión de 56 millones de pesos, lo que se relaciona con anomalías e inconsistencias en la construcción de dichos baños y podría llevar a detectar actos de corrupción en dichas obras.
En otro asunto estrechamente vinculado, en el municipio de Hunucmá, Yucatán, se descubrió otra irregularidad, donde Alfonso Aguiar Irigoyen, coordinador del programa de Empleo Temporal en la Delegación Yucatán de la Sedesol, se presume que cobró poco más de 950 mil pesos de anticipo para la construcción de 100 baños ecológicos , obra que no se hizo y cuya inversión total era de 3 millones 151 mil 600.99 pesos, aportados a partes iguales por la comuna de ese municipio el Fondo Nacional de Habitaciones Populares por concepto de subsidio federal del programa Tu Casa, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.
Recientemente, Aguiar Irigoyen solicitó licencia para separarse del cargo por su participación en el presunto desvío de recursos.
Frente a todas estas denuncias que han sido publicadas y evidenciadas en diversos medios, es necesario que se deslinden responsabilidades al nivel que corresponda, ya que es muy lamentable que uno de los sectores más vulnerables, como la población indígena, sea perjudicado de esta forma.
Por todo lo anterior, es necesario que el Congreso de la Unión actúe con rapidez y firmeza para aclarar este asunto y lograr que pueda ser solucionado y sancionado en su caso a los responsables, por lo que el primero que debe responder ante estas presuntas irregularidades es el director general de la CDI Xavier Abreu Sierra y ser citado a comparecer ante este órgano legislativo, también deben responder por las irregularidades en los programas de la Sedesol los funcionarios encargados de la administración y ejecución de recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, así como de la delegación en Yucatán.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deberán intervenir de acuerdo a sus competencias para investigar a profundidad este caso tan lamentable.
Por lo expuesto, se propone ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación, a verificar, en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 para los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en específico del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como de los recursos utilizados en 2009 en el Programa Tu Casa del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación que, en el ámbito de sus responsabilidades, investigue, realice las auditorías necesarias e informe a esta soberanía sobre los recursos ejercidos en los estados de Puebla y Campeche para la construcción de baños ecológicos dentro del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como del ejercicio de los recursos en Yucatán del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares para la construcción de baños a través de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en esta entidad federativa.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al ciudadano director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que explique las presuntas irregularidades y anomalías que se han denunciado sobre el ejercicio de recursos en programas de la dependencia a su cargo.
México, DF, a 25 de enero de 2011.
Senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Diputados: Efraín Aguilar Góngora (rúbrica), Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Rolando Zapata Bello (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a realizar gestiones para que se proporcione atención médica a los derechohabientes de San Bartolo Ameyalco que lo soliciten en la clínica 161, con el propósito de apoyarlos en su economía y en el tiempo de traslado a dicha unidad, suscrita por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, propuesta con punto de acuerdo por que se solicita y exhorta al doctor Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el uso de las facultades que le otorga la ley, realice las gestiones necesarias para que se le brinde la atención médica a los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco, que sean afiliados del instituto y que así lo soliciten en la clínica número 161 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como un derecho humano en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, donde la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.
Segundo. Que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
Tercero. Que la Ley del Seguro Social en su artículo 6 dispone que el Seguro Social comprende dos regimenes, el obligatorio y el voluntario.
Cuarto. Que la delegación Álvaro Obregón en el rubro de salud, a pesar de que cuenta con instalaciones de carácter privado (Hospital ABC) y social (IMSS), dada la densidad de población, se presenta un déficit del 28 por ciento, que se ubica sobre todo en las colonias del poniente de la delegación como Tlapechico, La Mexicana, Santa Fe, Barrio Norte, Lomas de Becerra, Zenón Delgado, entre otras.
Quinto. Que el miércoles 6 de enero de 2011 recibí en mi oficina solicitud de fecha 22 de diciembre de 2010, por parte del Comité Ciudadano del Pueblo de San Bartolo Ameyalco consistente en el apoyo para dar cumplimiento al acuerdo para solicitar al IMSS atención médica en la clínica número 161 de avenida Toluca, a afiliados del IMSS, que habiten en el pueblo de San Bartolo Ameyalco.
Sexto. Que el pueblo de San Bartolo Ameyalco de la delegación Álvaro Obregón es domicilio de 17 mil 240 ciudadanos, de los cuales el 58 por ciento es de trabajadores afiliados al Seguro Social. El porcentaje en comento, es de 10 mil personas, aproximadamente. El 10 por ciento de la población afiliada, mil personas, son adultos mayores, quienes acuden con mayor frecuencia a los servicios médicos del Seguro Social. Del total del grupo poblacional el 80 por ciento, 800 personas, son jubiladas o pensionadas con ingresos de uno a dos salarios mínimos.
Séptimo. Que la población de adultos mayores, mencionados en el considerando quinto, tiene que acudir a los servicios médicos de la clínica número 22, ubicada en la Unidad Independencia, en la delegación Magdalena Contreras. El camino a dicha clínica es excesivo, más de 1 hora, al menos dos rutas de transporte público, son necesarias para que los adultos mayores accedan a su consulta.
Octavo. Que se construyó la clínica 161 del Seguro Social en avenida Toluca de la delegación Álvaro Obregón. El camino hacia las instalaciones de la clínica representaría conveniencias mayúsculas: un menor costo de transporte y la mitad de tiempo de traslado para los habitantes de San Bartolo Ameyalco, afiliados al Seguro Social, que quisieran acudir a dicha unidad médica.
Noveno. Que el acuerdo del comité ciudadano del pueblo de San Bartolo Ameyalco tiene el siguiente contenido: “El comité ciudadano del pueblo de San Bartolo Ameyalco solicitará a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, puedan otorgar la atención médica en la clínica o Unidad Médica número 161 del IMSS, que habiten en el pueblo de San Bartolo Ameyalco de la propia delegación Álvaro Obregón, que así lo soliciten, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica”.
Décimo. Por esta razón es que pedimos a las autoridades del IMSS, revisen detalladamente, las condiciones y necesidades de los habitantes de San Bartolo Ameyalco, para que puedan acudir y se les brinde la atención médica en la clínica o Unidad Médica número 161 del IMSS, mediante los cambios administrativos necesarios.
Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita y exhorta al doctor Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el uso de las facultades que le otorga la ley, realice las gestiones necesarias y tramites administrativos para que se le brinde la atención médica a los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco, que sean afiliados del instituto y que así lo soliciten en la clínica número 161 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados, a los 26 días de enero del año dos mil once.
Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a instruir al personal de ésta para que cese el hostigamiento contra las comunidades de Tabasco en resistencia civil por las elevadas tarifas de electricidad y los ciudadanos que convinieron el pago de adeudos pero que por su situación económica no han podido cumplir, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Rosalinda López Hernández, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el 2011 se cumplen 15 años del inicio del movimiento de resistencia civil que se puso en marcha en el estado de Tabasco a raíz del conflicto postelectoral de 1995 y que, entre otras medidas, incluyó el no pago de las tarifas por consumo de energía eléctrica.
El movimiento que surgió como una legítima manifestación de miles de familias tabasqueñas por su inconformidad con el proceso electoral de 1994, en pocos años se convirtió en el reflejo de las grandes dificultades económicas que tiene la sociedad tabasqueña para cubrir las excesivas tarifas que se cobran en el Estado por consumo de energía eléctrica.
Con esto, la resistencia civil adquirió otro sentido, pasó de ser un movimiento de inconformidad política a una manifestación social que exigió y sigue a la espera de tarifas de energía eléctrica justas para Tabasco.
En muchas ocasiones se ha intentado solucionar el problema de las elevadas tarifas y la imposibilidad del pago de los adeudos, sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos porque han prevalecido las voces de quienes insisten en separar la problemática, es decir, alzan su voz para manifestarse en contra de las altas tarifas eléctricas, pero no promueven una solución al problema de la resistencia civil, cuya permanencia es sólo un reflejo de la miseria y abandono que padecen miles de familias tabasqueñas.
Por su parte, hay quienes hemos insistido en dar una solución integral, tarifa justa para Tabasco sí, pero también hemos demandado la intervención de los Gobiernos Federal y Estatal para el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica. En ese sentido han sido planteadas las propuestas de solución, sin embargo, intereses o coyunturas políticas no han permitido concretar las acciones que buscan una solución definitiva a dicha problemática.
Ante esta circunstancia e independientemente del origen del problema, el gobierno, los representantes populares y la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de gestionar su resolución ante las instancias competentes, sin aceptar que se condicione el otorgamiento de una tarifa justa al pago de los adeudos generados por la resistencia civil. Asimismo, debemos evitar que las posibles soluciones no afecten la precaria situación económica de las familias tabasqueñas.
En lo que hace al tema del establecimiento de tarifas justas por consumo de energía eléctrica debe mencionarse que diversos sectores de la sociedad tabasqueña han promovido y gestionado ante las autoridades competentes modificaciones al Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito del 7 de febrero de 2002 que redujo el monto del subsidio a las tarifas domésticas.
En este proceso han participado integrantes de los sectores público, social y privado del Estado y representantes populares de filiaciones políticas distintas, del ámbito federal y local, en razón de que se trata de una demanda justa cuya resolución beneficiará el bolsillo de miles de familias tabasqueñas y por su puesto a los sectores productivo y de servicios de la entidad.
Además del “borrón y cuenta nueva”, la solicitud específica en el caso de Tabasco, consiste en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1E y 1F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del Estado, en razón de que si bien la temperatura efectiva promedio anual en la entidad es de 30° centígrados, el alto porcentaje de humedad relativa que se presenta, que es de 83 por ciento, provoca que las condiciones sean similares a los lugares con 42° centígrados y 20° de humedad relativa que es en el norte del país. Asimismo, y a diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas altas.
Las razones de este pedimento se han planteado en diversas ocasiones y a través de distintos medios, sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva.
El 8 de octubre de 2007 el Gobierno del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad suscribieron un convenio de colaboración denominado “Acuerdo por Tabasco”, con tres objetivos:
1. Otorgar un apoyo a los usuarios domésticos para que pudieran cubrir los adeudos que tenían con la CFE;
2. Definir las facilidades de pago de los usuarios de energía eléctrica deudores clasificados en tarifa 2; y,
3. Apoyar a todos los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilovatios/hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilovatios/hora mensuales en el periodo fuera de verano.
El acuerdo suscrito por el Gobernador del Estado con la CFE resultó a todas luces desventajoso para la entidad, aunque algunos celebraron como un gran logro el hecho de que el Gobierno Federal se comprometiera a realizar por el monto de la aportación entregada por el Estado las obras necesarias para infraestructura y de electrificación.
El Gobierno del Estado inexplicablemente aceptó, a cambio de nada, que el Gobierno Federal condicionara la inversión en materia de suministro de energía al pago total de los adeudos, siendo que el artículo 21 de la Ley del Servicio Público de Energía, sin cortapisa, obliga a la CFE a mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad.
El apoyo a los usuarios domésticos contemplado en el Convenio de octubre de 2007 consistía en obligarlos a pagar el 50 por ciento de su adeudo en un plazo de 5 años, es decir, la CFE y el Gobierno del Estado pretendían que los usuarios pagaran en un lustro la mitad de lo que no pudieron pagar en 14 años, sin que ni siquiera se intentaran establecer mejores condiciones para que el usuario pudiera cubrir el costo de las presentes tarifas.
En cuanto al apoyo a los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilovatios/hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilovatios/hora en el periodo fuera de verano, nuevamente el Gobierno del Estado, en vez de exigir el establecimiento de tarifas justas para Tabasco comprometió el erario público para cubrir el diferencial del monto que supuestamente dejarían de pagar dichos usuarios al otorgársele la tarifa 1E.
En el convenio modificatorio de marzo de 2008 persiste la misma lógica: a los usuarios domésticos con adeudos hasta de 50 mil pesos al mes de septiembre de 2007, se les ofrece que por cada peso que paguen o hayan pagado de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, les será descontado un peso del adeudo acumulado que tengan, sin embargo, las dificultades económicas para el pago de los recibos aún persisten porque no se otorgó una tarifa eléctrica adecuada a las condiciones climatológicas de la entidad.
Esta misma situación aplica, y con mayor gravedad, para los usuarios domésticos con adeudos mayores a 50 mil pesos al mes de septiembre de 2007, ya que se les obliga a pagar el 50 por ciento por ciento de su deuda en un plazo de 5 años, es decir, no sólo tendrían que cubrir el monto de las altísimas parcialidades del adeudo, sino también las elevadas tarifas eléctricas.
En suma, con el llamado “Acuerdo por Tabasco” de 2007, incluido el convenio modificatorio de marzo de 2008, no se logró ni borrón y cuenta nueva ni tarifas justas para Tabasco. Todo resultó en una farsa tal como se ha dado cuenta en los diversos medios de comunicación, donde los tabasqueños expresan su inconformidad por esa burla, ya que la cantidad que se refleja en sus recibos es sumamente elevada, no es acorde a la realidad, les están pretendiendo cobrar consumos ya pagados, consumos inexistentes, y les establecen de manera unilateral un pasivo histórico.
En las últimas semanas, la Comisión Federal de Electricidad ha intensificado sus actos de hostigamiento en contra de los usuarios, a través de cortes masivos a la energía eléctrica e injustamente interponiendo juicios mercantiles.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que instruyan al personal de esa paraestatal para que cesen los actos de hostigamiento en contra de las comunidades del estado de Tabasco que se encuentran en resistencia civil a las altas tarifas de energía eléctrica, así como de ciudadanos que de buena fe convinieron el pago de sus deudas pero que su situación económica les ha impedido cumplir con la obligación adquirida.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Tabasco a que, de manera inmediata, promuevan la instalación de una mesa de diálogo con la participación de los sectores representativos de la sociedad tabasqueña, con la finalidad de construir una solución definitiva y justa al problema de los adeudos de energía eléctrica.
Tercero. La Comisión Permanente solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, un informe detallado sobre los resultados de la ejecución del llamado “acuerdo compensatorio del servicio eléctrico”, así como del convenio modificatorio, suscritos entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco, en octubre de 2007 y marzo 2008, respectivamente.
Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que revise que los procedimientos de cobertura de riesgos de Petróleos Mexicanos son suficientes para enfrentar contingencias en ductos, poliductos, plataformas, buques y medios de transporte que puedan afectar a los trabajadores y a la población, y que audite la inversión física y el mantenimiento de las instalaciones referidas, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de abril de 2010, explotó en Estados Unidos, la plataforma de Deepwater Horizon, perteneciente a la empresa con sede en Suiza, Transocean Ltd, que extraía petróleo para la British Petroleum, en dicho accidente murieron 11 trabajadores. Se estima que cerca de 4.9 millones de barriles de crudo se derramaron. El accidente en las aguas del Golfo de México, causó daños ecológicos, también a las industrias pesquera y turística de la región, lo que afectó a México.
Pero también durante los últimos años se han registrado importantes accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cabe recordar que el 19 de noviembre de 1984, una explosión registrada en las instalaciones de San Juan Ixhuatepec, estado de México, dejó un saldo de 503 personas muertas y 926 con lesiones graves, a través de distintos medios de comunicación se ha dado cuenta de estos hechos. Se puede citar que el 15 de abril de 2005, personal de Pemex y de grupos especializados rescataron los cuerpos de seis personas que perdieron la vida en la explosión de Coatzacoalcos, del amoniaducto de la empresa privada Reparaciones Navales y Petroquímicas.
Por otra parte, el 17 de octubre de 2006, la explosión seguida de un incendio en el buque tanque “Quetzalcóatl” dejó ocho muertos, un desaparecido y 14 personas lesionadas con quemaduras. El 23 de octubre de 2007, 20 trabajadores muertos y dos reportados a la deriva en las aguas de la sonda de Campeche, fue el saldo de una fuga descontrolada de aceite y gas en el pozo Kab 101, golpeado por la plataforma petrolera Usumacinta.
Durante 2008, se registraron accidentes y derrames de sustancias en instalaciones de Pemex en Veracruz, según un informe de Pemex, el registro que se tenía era de 45 accidentes o derrames en pozos, poliductos y oleoductos que atraviesan por distintos municipios veracruzanos. En tanto que el 17 de junio de 2009, se registró un estallido en la comunidad de Francisco J. Mújica, municipio de Cunduacán, Tabasco, el cual dejó un saldo de cinco personas heridas; mientras que el 7 de septiembre de 2010, en la planta hidrodesulfuradora de gasóleos de la refinería de Cadereyta, se registró una explosión en donde murió un trabajador y dos resultaron gravemente heridos.
No obstante que el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, informó que la paraestatal registró en 2009 un índice de frecuencia de 0.42 accidentes por millón de horas hombre laboradas, el 19 de diciembre de 2010, se registró un estallido en los ductos de la paraestatal, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Las autoridades estatales informaron que el número de fallecidos por la explosión del oleoducto fue de 22 personas y se registraron 32 heridos; también se habían contabilizado 32 casas destruidas y 83 más con daños parciales.
El pasado 13 de enero, compareció ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, Juan José Suárez Copel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser cuestionado sobre los constantes robos y accidentes de la paraestatal, reconoció que las tomas clandestinas de hidrocarburos se incrementaron 74.6 por ciento al pasar de 462 a 712 entre 2009 y 2010.
En 2009, se estimaba en 3 millones los barriles robados y se disminuyó a un millón 700 mil barriles en 2010. Mientras que 69 por ciento de las tomas clandestinas detectadas por Pemex se concentró, según el funcionario, en seis entidades: Veracruz, Sinaloa, México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. Además, el funcionario informó que 4 por ciento de los 60 mil kilómetros que integran la red nacional de ductos se encuentra en desuso, por lo que ya comenzaron a retirarlos ante la percepción de riesgos entre la población.
Los legisladores demandamos al director general de Pemex definir acciones inmediatas de mantenimiento y vigilancia en los ductos y desarrollar planes de prevención. Pero, también consideramos que son necesarias otras medidas, que apoyen la seguridad de la gente que vive cerca de las instalaciones de la paraestatal.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que lleve a cabo una revisión para que verifique que los mecanismos de cobertura de riesgos con que cuenta Petróleos Mexicanos, son suficientes para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar en los ductos, poliductos, plataformas, buques y medios de transporte que puedan afectar a los trabajadores de Pemex y a la población de las zonas cercanas a sus instalaciones. Así también, para que lleve a cabo una auditoría sobre la inversión física y el mantenimiento de las instalaciones referidas y que el resultado se presente en una separata de la Cuenta Pública de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 26 días del mes de enero de 2011.
Diputadas: Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP respecto al proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados a Luz y Fuerza del Centro, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría a la Dirección del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal respecto del proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 28 de abril del 2010, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, a nombre de diversos grupos parlamentarios, presentó, ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que detallara y explicara el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, así como de la disposición de activos o partidas desafectándolos de su destino y vocación de servicio público.
2. El turno que en esa misma fecha dio la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio fue “Túrnese a la Junta de Coordinación Política”.
3. Mediante oficio suscrito por el secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas, con fecha 18 de mayo de 2010 y el cual es dirigido a la diputada Esthela Damián Peralta en su calidad de presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita, por indicaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, y en razón de un acuerdo adoptado por ese órgano de gobierno el día que se gira dicho oficio, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y el grupo de trabajo para dar seguimiento al conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal el cual se forma dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara analicen la viabilidad de llevar a cabo la comparecencia de dicho servidor público en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
4. En el punto de acuerdo en comento se propuso la siguiente redacción:
“Único. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que exponga, explique y detalle el proceso de recepción de bienes, activos, sumas e importes procedentes del organismo Luz y Fuerza del Centro, así como la condición universal o individual de tal transferencia. De igual forma, que exponga el tratamiento, uso, ejercicio, custodia o administración de recursos líquidos, así como el tratamiento que dio a las partidas presupuestarias, transferencias, subsidios o cualquier otra suma disponible no ejercida por el referido organismo. Quedan incluidos en tales conceptos la aplicación, ejercicio, ministraciones o empleo que haya hecho de partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, en el periodo del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de queda comprendida la creación de fondos, reservas, mandatos, comisiones o cuentas de administración de toda suma que debiera ser ejercida conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.
“Se acuerda que el compareciente expondrá el proceso de formación de inventarios, valuación, clasificación de aptitud de los bienes para continuar destinados al servicio público, así como las medidas para asegurar la conservación, uso y apropiado empleo del mobiliario, equipamiento y demás efectos de oficina en la prestación del servicio público. En su caso, explicará las acciones vinculadas a donativos, entregas o destino de bienes a instancias ajenas a la prestación del servicio al que estaban destinados.
“En la comparecencia se deberá presentar un informe del pago de los conceptos devengados a la fecha de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo salarios, aguinaldos, compensaciones, y cualquier otra remuneración devengada a dicha fecha y, en su caso, la generación de pasivos, directos o contingentes que puedan entrañar la demanda de recursos públicos en lo sucesivo.”
5. Hasta la fecha de suscripción de la presente proposición con punto de acuerdo no se ha llevado a cabo la comparecencia de dicho servidor público, pese a que el punto de acuerdo propuesto por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella fue aprobado por esta honorable Cámara de Diputados, ya que en referidas ocasiones, el titular de dicha dependencia alegó problemas de agenda para llevar a cabo esa importante reunión.
6. Con fecha 21 de enero del 2011, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, maestro Sergio Hidalgo Monroy y Portillo compareció ante diputados y senadores que conforman la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En esa oportunidad, afirmó que 97 por ciento de los inmuebles de Luz y Fuerza del Centro, los cuales ascienden a un valor aproximado de 120 mil millones de pesos ya son controlados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, faltando tener el dominio de 13 instalaciones; y que los bienes productivos pasarán a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el resto será vendido para atender el costo del pasivo de la empresa, como son la prestación del servicio médico, seguro de vida, jubilaciones y gastos de funeral, que hasta octubre de 2009 sumaban 286 mil 831 millones de pesos.
En dicha reunión, la suscrita, entre otras cosas argumentó que el comodato, que es un contrato de derecho privado, no puede recaer sobre bienes cuya posesión es intransmisible, como lo son los bienes nacionales destinados a la prestación de un servicio público, por lo que la figura mediante la cual el SAE le entregó la posición provisional de la fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad es nula.
7. Por su parte, en declaraciones hechas a la opinión pública el día 22 de enero del 2011, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expresó que solicitará a la Cámara de Diputados que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría sobre las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, debido a que entregó de manera ilegal inmuebles y recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Dicho representante sindical aseguró que el director de dicha dependencia del Poder Ejecutivo federal no explicó, en su comparecencia, ante los legisladores que integran la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que fueron entregados en comodato 80 por ciento de los bienes de la empresa, que lo integran las subestaciones eléctricas que se encuentran bajo resguardo en la CFE.
Martín Esparza Flores explicó ante la prensa nacional e internacional que, según la Ley de General de Bienes Nacionales, concretamente en su artículo 6o. se establece que “son bienes del dominio público de la federación los inmuebles destinados a un servicio público, la infraestructura, subestaciones, cableado y demás propiedades con los que operaba Luz y Fuerza, los cuales estaban destinados a brindar un servicio conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hizo énfasis en que, por la misma circunstancia, el supuesto contrato de comodato con el que han cubierto esas operaciones administrativas no le dan legalidad a la cuestión ya que es un contrato de derecho privado, el cual no puede transferir bienes del servicio público al que estaban afectos.
Consideraciones
I. Debido a la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro se han venido dando una serie de irregularidades en el procedimiento de liquidación de dicha empresa, fundamentalmente en el punto de la disposición de los recursos materiales que estaban a cargo de la misma.
II. En este sentido, se han presentado quejas y denuncias al respecto, ya sea por parte de legisladores como de los propios ex trabajadores, los cuales han puntualizado el uso de figuras del derecho privado en la disposición y transferencia de los bienes de carácter público que pertenecen a una empresa en liquidación.
III. Por último se considera que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión realice una revisión excepcional a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal a efecto de que investigue el proceso de liquidación, y en el caso de que detecte irregularidades en el proceso, finque las responsabilidades que correspondan o bien ejerza las acciones correspondientes ante las autoridades que resulten competentes si es que resulta un grave perjuicio al patrimonio de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, realice una revisión en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que investigue el proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, y en el caso de que detecte irregularidades en el proceso, finque las responsabilidades que correspondan o bien ejerza las acciones correspondientes ante las autoridades que resulten competentes si resulta un perjuicio al patrimonio de la nación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero del 2011.
Diputadas. Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INBA a presentar por la Comisión de Cultura del Senado de la República un informe detallado de las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes, y de los señalamientos públicos sobre las afectaciones y deficiencias derivados de aquéllas, suscrita por la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 8o., fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Palacio de Bellas Artes, situado en el centro histórico de la Ciudad de México, es la máxima casa de cultura del país, considerado el teatro lírico más relevante de México, y el centro más importante dedicado a las bellas artes en todas sus manifestaciones. En 1987, la Unesco lo declaró monumento artístico.
El edificio se comenzó a construir el 2 de abril de 1904 con el objeto de reemplazar al demolido Teatro Nacional de México. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos art nouveau y art decó en su construcción se emplearon mármol blanco de Carrara en la fachada y mármoles de diversos tonos en el interior, y en la actualidad cuenta con obras de los grandes muralistas mexicanos.
La altura del edificio es de 52 metros hasta el espiral y 42,5 m hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo. Además de la Sala principal hay otros espacios como las salas Manuel M. Ponce y Adamo Boari, una cafetería, una librería y salas de exposiciones tanto temporales como permanentes.
El edificio cuya construcción fue encargada por Porfirio Díaz, debía ocupar el área comprendida entre las calles La Mariscala, Puente de San Francisco, Santa Isabel y Mirador de la Alameda (hoy llamadas avenida Hidalgo, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ángela Peralta). Debido a problemas técnicos de hundimiento del suelo que comenzó a manifestarse en 1907), problemas económicos, la salida de Boari del país y la Revolución Mexicana, la construcción fue suspendida y reanudada varias veces durante treinta años, en vez de terminarse en los cuatro años originalmente programados, gracias a que Boari dejó en el país más de cuatro mil documentos del proyecto original.
Cuando el país recuperó la estabilidad en términos económicos y sociales, la obra fue retomada en 1931 bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal, portando ya el nombre de Palacio de Bellas Artes, y fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 1934, con una función de gala de la obra teatral La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, si bien ya antes se habían realizado conciertos en el edificio aún no concluido. El primero en dirigir un concierto en el Palacio de Bellas Artes fue José F. Vásquez.
Por su importancia como recinto, sus instalaciones y los espacios que fueron propicios para albergar las oficinas del Instituto Nacional de Bellas, el Palacio de Bellas es un sitio emblemático para el desarrollo cultural de nuestro país pues por sus salas y su magnífico escenario, han transcurrido los más importantes creadores y talentos en todas las artes.
La integridad y funcionalidad del inmueble han requerido reparaciones, mantenimiento y remodelaciones para dar el mejor servicio al público, trabajos que sin duda son justificables, pero respecto a la más reciente remodelación, a través de los medios se han hecho señalamientos incluso de parte de especialistas, en el sentido de que los trabajos realizados han afectado la sala principal (cuestiones graves de acústica, visibilidad y acomodo) y se omitió observar la normatividad en materia de protección civil; es decir, en pocas palabras, los señalamientos apuntan a aseverar que la remodelación, aparte del elevado costo de la misma, ha desnaturalizado la integridad del Palacio de Bellas Artes.
A continuación, se presenta un resumen de las observaciones aparecidas en diferentes medios:
“El 4 de abril de 2009 se anunció que Teresa Vicencio substituiría a María Teresa Franco en la dirección del Palacio de Bellas Artes. Con esta decisión, Teresa Vicencio quedó al frente de la intervención que se realizaba en aquel momento.
”Su decisión fue quitar a los arquitectos encargados del proyecto, nombrar a otros y autorizar la intervención de la sala, la cual se había prohibido para respetar las convenciones internacionales de restauración de teatros antiguos dispuestas por la UNESCO.
”El 19 de noviembre de 2010 se realizó una ceremonia de reinauguración de la sala principal de espectáculos del Palacio de Bellas Artes después de una intervención de 3 años que costó 700 millones de pesos. La intervención fue anunciada como una modernización de la mecánica del escenario, pero la realidad mostró que, sin publicarlo, las autoridades intervinieron la arquitectura y estilo de la sala principal de espectáculos.
”Tal intervención destruyó una gran parte de la unidad estilística en art decó que caracterizaba al recinto.
”El piso de la platea, constituido por una amplia superficie con un declive hasta el foso de orquesta para propiciar la acústica fue cambiado por escalones que con sus ángulos destruyen la acústica. La destrucción de la acústica impuso la necesidad de la instalación de un sistema electrónico de ampliación de sonido.
”El nuevo piso se recubrió con madera de color claro, que no corresponde con el estilo en que fue diseñada originalmente la sala. Los palcos se hicieron pequeños recubriendo sus paredes de mármol con madera de nogal, un elemento completamente ajeno a la decoración histórica. También se cambiaron las puertas en estilo Art-Decó por puertas modernas.
”Tal intervención destruyó la arquitectura de los palcos. Los balcones, los antepechos del primero, segundo y tercer piso, y los palcos de honor fueron cubiertos en su totalidad con madera de nogal. Las grandes puertas de acceso a la sala se retiraron y se pusieron en su lugar puertas modernas.
”Muchos elementos decorativos art decó en las puertas y los balcones desaparecieron, se retiraron o simplemente ya no son identificables. Se construyó una cabina de sonido al fondo de la platea en un estilo moderno. Todos estos cambios tuvieron como consecuencia una reducción de casi 400 butacas.
”La intervención destruyó la arquitectura y decoración art decó de la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
”Los periódicos denunciaron que Teresa Vicencio contrató una compañía privada para restaurar el vital ‘Apolo y la las musas’. Los restauradores profesionales comprobaron que la obra maestra de Tiffany fue dañada.
”A toda esta destrucción se estableció que no se cumplieron las normas mínimas de seguridad. En la platea se quitaron tres pasillos, se cambió la disposición de las butacas, se clausuró la puerta central construyendo una cabina de sonido fuera de estilo y sacrificando 16 filas de butacas.
”El material con que se recubrieron las antepecheras y los palcos resultó ser altamente inflamable. De los palcos penden cables que en cualquier momento pueden provocar incendios.
”La distribución de los escalones en el segundo y tercer piso fue alterada de tal modo que los escalones no corresponden con las gradas de las filas. Se construyeron seis grandes luminarias del techo que representan un peligro mayor en caso de un siniestro.”
Como desafortunadamente resulta cuando un tema de interés público se ventila de manera exclusiva en los medios, no necesariamente se avanza en materia de transparencia; por ello, se considera pertinente acudir a la instancia idónea, esto es, al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que rinda el informe que a su parte corresponda, refiriéndose puntualmente a las obras realizadas y los ajustes que se han realizado o estén pendientes para que el inmueble sea funcional y seguro. Por supuesto, dicho informe debe estar debidamente sustentado, pues no sería suficiente una visita de inspección (que en su momento deberá realizarse).
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República, LXI Legislatura, exhorta a la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes para que, por conducto de la Comisión de Cultura del Senado de la República, presente un informe detallado sobre las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes, así como acerca de los señalamientos públicos sobre las afectaciones y deficiencias derivados de las obras realizadas en el inmueble.
Dado en la Comisión Permanente el 26 de enero de 2011.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a realizar gestiones a fin de establecer una oficina en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, en San Bartolo Ameyalco, para que los ciudadanos puedan efectuar los trámites correspondientes y de actualización de la credencial de elector, suscrita por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal Electoral (IFE) que con carácter urgente realice las gestiones correspondientes para instalar y abrir una oficina suya en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, para que los ciudadanos de ahí puedan realizar los trámites correspondientes y de actualización sobre su credencial de elector, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que es una prerrogativa de todo ciudadano votar y ser votado en las elecciones, como establece el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través del IFE, organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
Tercero. El IFE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Para atender la demanda de credencialización, el IFE autorizó al Registro Federal de Electores la puesta en funcionamiento de módulos móviles itinerantes.
Cuarto. Que el primer domingo de julio de 2012, los ciudadanos con el IFE habrán de organizar y participar en las elecciones locales y en las federales en el Distrito Federal para votar sobre sus nuevas autoridades y renovar órganos y cargos de elección popular, como presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión, jefe del gobierno del Distrito Federal, 66 diputados a la Asamblea Legislativa del DF y 16 jefaturas delegacionales.
Quinto. Que el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que las credenciales para votar con fotografía estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el IFE hasta el 31 de marzo del año de la elección.
Sexto. Que el 6 de enero de 2011 recibí en mi oficina solicitud de fecha 22 de diciembre de 2010, por el Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, consistente en dar el apoyo al acuerdo de dicho comité para solicitar que el IFE abra oficinas suyas en la parte alta de la zona poniente de la ciudad, a fin de que la población pueda realizar el trámite de actualización de la credencial de elector.
Séptimo. Que San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, es domicilio de 17 mil 240 ciudadanos, con otras colonias como Santa Rosa Xochiac, Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, La Angostura, Torres de Potrero, Tlacoyaque y Tetelpan, de la misma demarcación. Más de 65 mil ciudadanos requieren actualizar su credencial para votar, toda vez que por decisión oficial a partir de 2011 las credenciales con terminación 03 no podrán ser utilizadas como identificación oficial para servicios financieros y bancarios u otros trámites gubernamentales o particulares y, más aún, para votar en las elecciones próximas.
Octavo. Que las oficinas del IFE más próximas a esta población se encuentran en Cuajimalpa de Morelos, o Alfonso XII, o Gran Sur en Coyoacán, y el traslado representa un elevado costo en tiempo y en dinero para los habitantes de San Bartolo Ameyalco.
Noveno. Que la instalación o apertura de oficinas del IFE en la zona poniente de la ciudad ayudaría mucho a realizar el trámite de renovación de la credencial de elector 03 de los ciudadanos de San Bartolo Ameyalco, a fin de cumplir los postulados constitucionales arriba mencionados.
Décimo. Que el acuerdo del Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco tiene el siguiente contenido: “Solicitar al IFE que realice la apertura de oficinas en ubicaciones cercanas a la parte alta de la zona poniente de la Ciudad de México para que la población pueda realizar el trámite de actualización de la credencial de elector. El Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco solicitará a servidores públicos del Instituto Federal Electoral la apertura de nuevas oficinas en la zona alta del poniente de la Ciudad de México (en el corredor de la calzada Desierto de los Leones o avenida Toluca), con el propósito de facilitar a los habitantes de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, que realicen los trámites de actualización de la credencial de elector”.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal Electoral que con carácter urgente
a) Realice las gestiones correspondientes para instalar y abrir una oficina en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, para que los ciudadanos puedan realizar los trámites correspondientes y de actualización de la credencial de elector para votar en las elecciones federales y en las locales de 2012; y
b) En caso de que no sea posible instalar dicho módulo, se solicita al mismo instituto que programe una fecha de visita para los vecinos de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, y envíe un módulo itinerante a dicha zona para la tramitación y actualización de la credencial de elector.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados, a 26 de enero de 2011.
Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a cumplir las recomendaciones formuladas por la CNDH con motivo de la muerte de dos civiles en las operaciones llevadas a cabo el 11 y 16 de diciembre de 2010, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Marina del Poder Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de la muerte de dos civiles en los operativos ocurridos el 11 y el 16 de diciembre de 2010 al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En días pasados ambas la Secretaría de Marina del Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) protagonizaron desencuentros debido a que la primera de ellas rechazó dos recomendaciones de la CNDH –72/2010 y 83/2010–, en donde se señala su responsabilidad por la muerte de dos civiles en los operativos ocurridos el 11 y 16 de diciembre del año pasado.
2. Una de las razones expuestas por la Secretaría de Marina fue que rechazó las recomendaciones, porque las víctimas no respetaron el alto que les hicieron los uniformados.
3. Al respecto, el titular de la CNDH manifestó que si la Marina pretendía que los ciudadanos no circularan por la zona del operativo, debió colocar señales o avisos que advirtieran de ello, los que no fueron encontrados en sus investigaciones.
4. El pasado 22 de enero del 2011, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, hizo declaraciones a la opinión pública donde criticó el hecho de que, por un lado la Secretaría de Marina se niega a aceptar las recomendaciones y por el otro ofrece a la esposa de una de las víctimas el pago de la indemnización, con la condición de que retirara la queja (periódico Reforma de fecha 22 de enero de 2011).
Consideraciones
I. Una de las garantías constitucionales contempladas en nuestra Constitución Política es la del derecho a la vida, señalando que ésta no debe ser atacada por ninguna autoridad, es más, la misma debe cuidar que esta sea preservada.
II. Los actos de combate a la delincuencia organizada, deben cuidar que no se violente el orden constitucional y no se atente contra los derechos humanos y las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucional creado ex profeso para la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, por lo que sus recomendaciones, aún y cuando no son vinculatorias con el actuar de la autoridad, si son un reflejo de la defensa de los derechos humanos, basándose en la reputación y el prestigio de dicho órgano, lo que es incuestionable ética, política y jurídicamente.
Por lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo de la muerte de dos civiles en los operativos llevados a cabo el 11 y el 16 de diciembre de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
Diputadas: Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Nezahualcóyotl a proporcionar a esta soberanía el proyecto ejecutivo, los estudios de riesgo e impacto ambiental y los permisos de uso de suelo relativos a la obra que se construye en Calle 7 esquina Malinalco, colonia El Barco, y a suspender la construcción hasta no tener la certeza jurídica de ésta, suscrita por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Agustín Guerrero Castillo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En diciembre de 2010, en los terrenos de lo que fue una abarrotera en Avenida 7 y calle Malinalco, colonia El Barco, en Nezahualcóyotl, México, se inició la construcción de lo que se evidencia es una estación o depósito de gas, o “gasera”.
La construcción se localiza en los límites de Nezahualcóyotl e Iztacalco, Distrito Federal.
El riesgo de la construcción de dicha obra, además de que se desconocen los estudios técnicos de impacto y riego ambiental, dado que está muy cerca el parque Pantitlán, es que a escasos metros se encuentran diversos planteles educativos.
Frente a la construcción está el jardín de niños Federico Chopín, con cerca de 600 alumnos; a espaldas de la obra se localiza el Centro Pedagógico Internacional, instituto privado con aproximadamente 300 alumnos; a menos de dos calles, en Calle 3, se encuentra la primaria Niños Héroes, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, con un estimado de 3 mil alumnos en los 2 turnos.
Se estima que en caso de suceder un siniestro los afectados del lado del estado de México serían alrededor de 70 mil y 40 mil en la colonia Pantitlán, del lado del Distrito Federal.
Como se advierte, un siniestro afectaría a los habitantes de ambas entidades.
Los vecinos de la zona se encuentran preocupados por dicha situación y las autoridades municipales responsables de la obra no han brindado la información necesaria para la tranquilidad de los habitantes y de los padres de familia.
Las autoridades deben cumplir la ley en materia de impacto y riesgo ambiental. Y hasta el momento no han presentado estudios de riesgo, documento mediante el cual se da a conocer, con base en un análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo y la operación de una obra o la realización de una actividad, el daño potencial que dichas obras o actividades representen para la población, sus bienes y el ambiente en general, así como las medidas técnicas de seguridad y operación, preventivas y correctivas, tendentes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los daños en caso de un accidente, durante la ejecución y operación de la obra o actividad de que se trate.
Tampoco han presentado evaluación de impacto ambiental e informe preventivo, documento mediante el cual se da a conocer la descripción generalizada de alguna obra o actividad y del sitio en que se pretende desarrollar, las sustancias, los elementos y productos que vayan a emplearse y a generarse en su realización y los procedimientos para el uso y la disposición final de éstos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Nezahualcóyotl, ciudadano Édgar Cesáreo Navarro Sánchez, a proporcionar a esta soberanía el proyecto ejecutivo, los estudios de riesgo e impacto ambiental y los permisos de uso de suelo correspondientes a la obra que se construye en Calle 7 esquina con Malinalco, en la colonia El Barco; y a suspender la construcción hasta no tener la certeza jurídica de ésta que brinde seguridad a la población.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 26 de enero de 2011.
Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento a fin de emitir una NOM sobre requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente, suscrita por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM
Rafael Pacchiano Alamán, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El mundo está incurriendo en un monumental déficit de agua –que es en cierto modo invisible, históricamente reciente y que avanza rápidamente. Como el déficit deriva en gran medida de la sobreexplotación del acuífero, no se hace tangible hasta que los pozos han quedado secos.
Este déficit global del agua se debe a que la demanda de agua se ha triplicado a lo largo de la última mitad del siglo. La población futura ejercerá aún mayor presión sobre los sistemas de agua, en un contexto climático complicado que no se debe eludir.
En ese sentido, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil viviendas por año, en promedio. Específicamente, la política nacional de vivienda prevé el financiamiento de 3.9 millones de viviendas nuevas en el periodo 2007–2012 destinando para ello subsidios por sesenta mil millones de pesos 1 . Considerando el total de viviendas nuevas en el periodo y con un estimado de cuatro habitantes por vivienda, la demanda de agua incrementaría en 2340 millones de litros diarios, que supera por ejemplo los 1405 millones de litros al día que consume a nivel nacional la educación media superior.
Estos datos ilustran la fuerte presión que existe sobre el líquido y la necesidad de establecer especificaciones y parámetros que regulen el uso del agua en vivienda.
Si consideramos que la principal fuente de abastecimiento de agua es la que se bombea del subsuelo y que de acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones para América del Norte, 104 de los 653 acuíferos del país se encuentran en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción, podemos deducir que estamos ante una situación crítica, que la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce hacia el año 2030.
De conformidad con algunas proyecciones, en algunas regiones la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez, basta mencionar que en 2006 la disponibilidad promedio del líquido por habitante del país fue de 4 mil 416 metros cúbicos, mucho menor a los 18 mil 035 metros cúbicos que se tenían por habitante en 1950.
Por todo lo anterior, este punto de acuerdo tiene como fin último crear un instrumento de observancia general que marque los parámetros y límites al uso del agua en vivienda; esta regulación ambiental generará escasez que a su vez hará la presión necesaria sobre el mercado para que genere las innovaciones tecnológicas que sustituirán a los medios tradicionales de aprovisionamiento de agua y dará paso a sistemas que promueven la captación, el control, el aprovechamiento, el uso, reúso y el reciclaje del agua pluvial y suministrada en las viviendas nuevas, como una medida para el uso sustentable del agua.
Cabe recordar que durante el segundo periodo ordinario de esta Cámara de Diputados, el que suscribe este punto de acuerdo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda con el objetivo de promover la captación, el control, el aprovechamiento, el uso, el reúso y el reciclaje del agua pluvial y suministrada en las viviendas nuevas; también presentó la iniciativa que reforma la Ley General de Infraestructura Física Educativa con el objeto de hacer realidad que la infraestructura escolar que se construye en nuestro país cuente con diseños que aseguren la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, control y aprovechamiento del agua pluvial así como su tratamiento reciclaje y reúso.
En ese mismo orden de ideas, envió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la solicitud de emitir una norma oficial mexicana que establezca los límites y requerimientos para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental del agua para consumo doméstico.
Opinión de la Semarnat
En atención a dicha solicitud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en oficio número BOO.03.04.-271 dirigido a la directora general adjunta de Enlace y Seguimiento Parlamentario, se refiere al acuerdo de calidad regulatoria emitido por el presidente de la República el 2 de febrero de 2007 como justificación a la negativa de emitir dicha NOM. Además explica que si bien se trata de un tema de gran preocupación, éste no debe ser tratado a través de una NOM, sino con programas de cambio de hábitos dirigidos a todos los mexicanos, como el que actualmente se está realizando por parte de esa comisión y con el fortalecimiento de los programas educativos para que a las nuevas generaciones se les inculque el cuidado de este vital líquido en sus hogares.
Por su parte Semarnat, sin argumentación jurídica alguna, en su oficio DGFAUT/612/0821 opina que el tema de uso sustentable del agua en vivienda no debe ser tratado mediante la emisión de una NOM y se suma a la opinión de Conagua. Además comenta “estamos trabajando en este asunto de manera conjunta con otras dependencias de la administración pública federal, como es el caso de Conavi que en su programa Esta es tu Casa se otorgan subsidios para la adquisición de viviendas en cuyos requisitos está el cumplimiento de medidas encaminadas al uso sustentable del agua, en esta primera etapa, mediante medidas de reducción, en el consumo de agua en la vivienda y en algunos casos el reúso o reciclado de la misma”.
Cabe recordar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), tiene por objeto, tal y como se señala en su artículo 1o., propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
Sorprende la respuesta del ejecutivo, toda vez que con fundamento en el artículo 36 de la LGEEPA corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas a través de la emisión de normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Dichas normas deberán cumplir con el objeto de establecer los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos. Para la emisión de estas normas, se deberá considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente así como reorientar procesos y tecnologías a la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.
La LGEEPA invoca el principio preventivo, consistente en el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:
VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;
VIII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
Asimismo, lo expone en su capítulo III, De la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos del título cuarto, protección al ambiente.
Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en
I. La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
II. La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales;
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales señala
Artículo 8. Son atribuciones del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales
V. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de “la Comisión”, y
Artículo 9. “La comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.
Adicionalmente, con fundamento en el artículo 7 fracción V. del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 , corresponde al subsecretario de Planeación y Política Ambiental con la participación que corresponda a las unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados competentes de la secretaría –léase Conagua– la atribución de expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes a la secretaría.
El agua: un tema de seguridad nacional
Es indiscutible que el tema del agua es uno de los más urgentes y que se requiere de voluntad política de la autoridad correspondiente para hacerle frente; basta mencionar la frágil situación de la Ciudad de México, conocida internacionalmente por lo crítico de su contexto en materia de demanda de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Otro ejemplo es el estado de Sonora, que bombea agua desde 400 pies de profundidad. No debemos olvidar que a nivel nacional 51 por ciento de toda el agua extraída del subsuelo proviene de acuíferos sobreexplotados y que la competencia por este recurso es causa de conflictos entre usuarios, entre comunidades y más aún, entre municipios y estados e incluso en el ámbito transfronterizo. No en vano, a partir de 2008, el gobierno federal mexicano ha declarado el manejo del agua como un asunto de seguridad nacional.
El agua en el escenario climático global
No podemos soslayar que en el escenario de cambio climático global, México es un país particularmente vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático. La adaptación es un elemento imprescindible para ajustarnos ante la variabilidad del clima con el fin de moderar el daño. El Instituto Nacional de Ecología (INE) ha elaborado proyecciones al año 2025 con datos de población/demanda de agua y encuentran probable que en nuestro país se experimenten procesos de desertificación y/o aridez en algunos estados del norte y la zona central, aumentando enormemente las condiciones de vulnerabilidad en el consumo de agua. Se estima que la disponibilidad del recurso hídrico se reducirá del orden de 10 por ciento anual hasta 2030 con respecto al 2000. Esta baja en la disponibilidad hará cada vez más difícil satisfacer la demanda de la creciente población, demanda que hoy por hoy está bajo presión por la sobreexplotación del acuífero y la creciente contaminación de los cuerpos de agua.
Las áreas o estados que pueden considerarse de alta vulnerabilidad desde la perspectiva del incremento en el consumo de agua son Chihuahua, Baja California Sur, Chiapas, México y Jalisco. En cuanto a vulnerabilidad por el enorme costo que significará la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, destacan sobre todo, el Distrito Federal y el estado de México.
Otro factor que tiene consecuencias climáticas es el uso de energía que se requiere para proveer agua de uso humano. La relación entre agua y energía es frecuentemente ignorada, pues el proceso de extracción de agua de la superficie o del subsuelo para llevarla a las plantas de tratamiento para asegurar sus estándares de calidad de consumo humano y luego entregarla a usuarios residenciales y comerciales demanda mucha energía, principalmente por los costos energéticos de bombeo y de tratamiento. En los Estados Unidos el sector agua consume el 3 por ciento de la energía eléctrica generada.
Se debe entonces mantener en perspectiva que los sistemas de reúso y de captación de agua sustituyen al agua potable y reducen la presión sobre el recurso, de tal suerte que la reducción en la demanda se traduce inmediatamente en ahorro de energía.
Limitar la demanda de energía es significativo por el impacto que puede tener en la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y las reducciones asociadas con la captación pluvial del agua son sin duda de importancia pues la conexión entre el uso de agua potable y demanda de energía eléctrica puede ser relevante: es primordial que el uso del agua se aprecie no sólo desde el punto de vista de la disponibilidad, sino que también se pondere como un elemento clave para el mejoramiento sustentable, en el que la energía es un componente de primera línea.
Potencial de la captación de agua de lluvia
A diferencia de otros países, en México llueve; si bien el volumen de agua que se recibe por precipitación es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, el Compendio de Estadísticas Ambientales 2009 del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) 1 informa que el volumen total promedio de agua que se obtiene por precipitación es de 1 488 192 millones de metros cúbicos; sin embargo, la falta de inversión en infraestructura para el aprovechamiento del agua ha provocado que 73 por ciento de la lluvia se evapore sin haber sido utilizada, con lo que se pierde una fuente de abastecimiento.
La captación de agua de lluvia, o cosecha de agua 4 , es una técnica presente desde hace milenios, pero no ha sido muy utilizada por las sociedades industrializadas, pues se confían principalmente al sistema de distribución central. En la actualidad, que los recursos hídricos están disminuyendo, el papel de la captación del agua de lluvia debe ser reconsiderado, pues además ofrece muchos beneficios:
• Proporciona una fuente alternativa de agua que requiere un tratamiento mínimo.
• Reduce la presión y demanda sobre el agua suministrada.
• Reduce la erosión en los medios urbanos.
• Reduce la sobrecarga de los drenajes urbanos y evita inundaciones en zonas bajas.
Cabe una reflexión fundamental: no toda el agua potable para consumo humano debe ser utilizada para todo, es decir, tenemos el hábito o la expectativa de que toda el agua es para usarla una vez, sin siquiera intentar su reúso. Más aún, se asume que el agua de calidad de consumo humano ¡es para los WC! Con la normalización que proponemos, se daría viabilidad a algunos usos comerciales y domésticos con aguas de reúso como se hace en algunos otros países del mundo; algunos ejemplos:
• En los Estados Unidos de América del Norte la UPC (Uniform Plumbing Code) Appendix J permite el uso de agua tratada 5 para WC y mingitorios además de para riego no superficial. Tanto la IPC (Internacional Plumbing Code) como la UPC se enfocan en requerimientos y medidas para el tratamiento de agua necesarias para prevenir la contaminación del agua potable a través de señalamientos y un sistema de etiquetado y codificación.
• En el estado de Texas se promueve la captación de agua de lluvia para cualquier uso, inclusive el de consumo humano, si se le da el tratamiento adecuado; Tucson, Arizona, fue la primera ciudad en los Estados Unidos de América del Norte que requirió la captación pluvial para uso de riego de áreas verdes y a partir del 1 de junio de 2010 el 50 por ciento de la irrigación a propiedades de tipo comercial deberá venir de agua de lluvia almacenada en cisternas; la regulación permite dirigir agua para riego de zonas forestadas. La ciudad de San Francisco permite el uso de agua de lluvia para WC sin tratamiento.
• Por su parte, Francia en su recientemente aprobada Grenelle II 6 en el artículo L. 111-6-2. del título primero, Edificios y Urbanismo establece:
“No obstante toda disposición de urbanismo contraria, el permiso de construcción o remodelación o la decisión tomada por una declaración previa, no puede oponerse a la utilización de materiales renovables o a materiales y procedimientos de construcción que permitan evitar la emisión de GEI, la instalación de dispositivos a favor de la retención de aguas pluviales o la producción de energía renovable correspondientes a las demandas de consumo doméstico de los ocupantes del inmueble o de la parte del inmueble en remodelación. La lista de dispositivos, procesos de construcción y materiales autorizados quedará establecida por vía reglamentaria. (...)”
De acuerdo a estas experiencias, para motivar la captación de agua de lluvia y el reúso del agua, es preciso contar con la regulación específica (codes) que permitan desarrollar una guía nacional para la captación de agua de lluvia que establezca los límites y requerimientos, características y especificaciones para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental seguro del agua para su consumo doméstico en vivienda y que atiendan las preocupaciones de salud pública.
En suma, corresponderá a la Semarnat a través de sus subsecretarías elaborar el proyecto de NOM, y podrá enriquecerlo con las experiencias de otros países y de allí determinar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y establecer los lineamientos para reorientar procesos y tecnologías que favorezcan al desarrollo sustentable.
Con ello se dará viabilidad a la adaptación de dispositivos, materiales o tecnologías aplicables a los sistemas de captación, de control y aprovechamiento del agua de lluvia, así como la instalación de equipamientos que puedan reintensificar la reutilización del agua y que puedan generar ahorros mayores al 50 por ciento en el consumo de agua.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar el procedimiento para emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente.
Notas
1. Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, Conavi 2008 p. 56
2. http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/facultades/RI24082009.pd f al 17 de enero de 2011.
3. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales
4. 1 pulgada de lluvia produce 600 galones de agua de escorrentía por 1,000 pies cuadrados.
5. Reclaimed water – agua tratada a estándares domésticos de tratamiento terciario, por una agencia pública especializada para uso controlado, que incluye el suministro de agua para WC, mingitorios y trampas de agua.
6. Aprobada en sesión ordinaria por la Asamblea Nacional el 29 de junio de 2010. Art. L. 111-6-2. Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.
Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención de adultos mayores, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador de la República a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad el término vejez se conceptualiza de manera oficial como personas adultas mayores; la conceptualización de la vejez es en sí misma un tema de investigación que puede ser abordado desde diferentes visiones, sin que necesariamente sean excluyentes entre sí. Desde la consideración biológica, el envejecimiento se puede definir como un proceso asociado generalmente a una disminución en la eficiencia del funcionamiento orgánico y celular, que lleva tarde o temprano a la muerte (Zetina, 1999: 28). Por otro lado, la definición demográfica se establece en términos de grupos de edad (Zetina, 1999: 31). En un carácter interdisciplinario, se define la vejez como el estado de una persona que por razones de crecimiento de edad sufre decadencia biológica en su organismo y receso en su participación social (Zetina, 1999: 38).
Nuestro marco constitucional garantiza la seguridad social en función de la actividad de los individuos en el mercado laboral. Asimismo, en el orden legal se establece que los adultos mayores son aquellas personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional (artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores). No obstante lo anterior, lo cierto es que a través del tiempo y, sobre todo, ante una expectativa en el mediano plazo, se denotan serias deficiencias y se vislumbran amplias limitaciones para que el Estado mexicano cumpla cabalmente con la protección social, entre otras razones, debido a la existencia de mercados de trabajo duales, inviabilidad financiera y exclusión sistemática de ciertos grupos, tales como los adultos mayores.
Solamente alrededor de una cuarta parte de este sector de población recibe actualmente los beneficios del sistema de seguridad social a través de una pensión o jubilación.
Esta situación se agrava si se consideran datos oficiales que señalan que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México hay alrededor de 9.4 millones de adultos mayores, y se estima que en el 2015 habrán 11.3 millones de ancianos, y para el 2050 esta cifra llegará a los 36 millones. El incesante crecimiento exponencial de este sector de población exige políticas de Estado que no sean meramente enunciativas y que vayan más allá del asistencialismo. En este país, en el que el 80 por ciento de su población se encuentra en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, el sector correspondiente a los adultos mayores tiene una mayor situación de desventaja.
Ciertamente, en la última década se han realizado esfuerzos importantes en México para reducir la vulnerabilidad de la población adulta mayor ante la caída en el ingreso, derivado del final de su vida productiva. Sólo 27 por ciento de los adultos mayores en México cuentan con ingresos provenientes de una pensión o jubilación, pero la mayoría de éstos pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos mientras que la cobertura es prácticamente nula para aquellos que se encuentran en situación económica más desfavorable o de pobreza.
Al analizar los programas que benefician a los ancianos, una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asegura que Oportunidades y el Programa 70 y más, ambos del gobierno federal, así como la pensión alimentaria que otorga el gobierno del Distrito Federal representan “soluciones fragmentadas, descoordinadas, incompletas e inconsistentes ante el creciente problema de envejecimiento de la población y de la incapacidad del sistema de seguridad social de garantizar ingreso a los individuos al final de su vida productiva”.
Incluso sentencia que las reformas de los últimos 15 años al IMSS e ISSSTE se enfocaron a mejorar la viabilidad financiera de los sistemas de jubilaciones, pero no incluyeron las medidas necesarias para ampliar la cobertura a la población pobre ni para la integración de los múltiples regímenes en un sistema único, equitativo y viable.
La atención que se brinda a este segmento poblacional es a través de programas de gobierno, que se limita al apoyo económico a los sectores más pobres; algunos de estos programas se han enfocado en garantizar la participación de la población en pobreza extrema, mientras otros han enfatizado su carácter universal, dentro de ámbitos geográficos acotados; pero no se cuenta con mecanismos adecuados de control en virtud de que, en no pocas ocasiones, estos apoyos se duplican y se destinan a personas que cuentan con beneficios de la seguridad social.
Señalan los expertos de la Cepal que la solución para atender a la población adulta debe provenir de un sistema de seguridad social nacional y no de un conjunto de programas de gobierno que carecen de una visión global nacional de la situación.
Es importante destacar que las personas adultas mayores, además de resentir de manera más directa los efectos de la crisis económica, de igual forma se ven afectados, entre otras cosas, por la creciente ola de violencia e inseguridad que vive el país.
A este respecto, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), señala que, de acuerdo con datos del Inegi en 2008 había en México más de 11 mil muertes violentas de personas mayores de 65 años, cerca de nueve mil ocurrieron por accidentes (casi 25 al día); mil fallecieron por homicidios (más de 2.4 diarios); mientras que 542 murieron a causa de suicidio (1.48 al día). De los casi ocho millones de adultos mayores de 60 años que hay en el país, 3.1 millones viven en pobreza multidimensional, de los cuales poco más de 800 mil viven en pobreza extrema. Adicionalmente, 3.22 millones carecía de servicios de seguridad social en 2009.
No cabe duda que es apremiante que el gobierno federal intensifique las acciones encaminadas a fortalecer y transparentar el manejo de los programas federales destinados a las personas adultas mayores, con miras a avanzar en el corto plazo hacia nuevas modalidades de atención a esta franja poblacional.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores, e informe a esta Soberanía sobre las acciones y, en su caso, resultados obtenidos en relación al cumplimiento de los postulados de la Cumbre Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el año 2004, principalmente en lo que se refiere al derecho a un envejecimiento activo, cuando éste es posible, así como a la protección social integral.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de enero de 2011.
Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género a declarar la alerta por violencia de género en el estado de México, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Información difundida por diversas organizaciones de mujeres y derechos humanos ha hecho evidente que en el estado de México existe un patrón sistemático de violencia ejercida en contra de las mujeres que no se encuentra debidamente atendido por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, dado que no ha sido reconocida la presencia objetiva de este problema. Estas organizaciones argumentan lo siguiente:
• La violencia feminicida se concentra en diez de los municipios más poblados del estado de México (Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli).
• La Procuraduría del estado reportó 4 mil 773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010.
• De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen la identidad del responsable en el 56.72 por ciento de los crímenes, y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida de la víctima (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario –en el 35.47 por ciento de los casos–, contrario a esta información, el gobierno del estado de México ha pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito de la violencia familiar.
• La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 11 y 30 años de edad.
• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México registró que de 672 mujeres que fueron asesinadas durante el periodo de 2005 a 2009, la mayoría presentaba huellas de tortura y abuso sexual, y que en 9 de cada 10 asesinatos, no se ha hecho justicia, pues únicamente se han emitido 76 sentencias.
• Existen 99 mujeres que no han sido identificadas, según la Procuraduría General de Justicia del estado, las cuales han sido enviadas a la fosa común. *
* Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Argumentos para la procedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida en el estado de México.
El pasado 11 de enero, en sesión del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia de Género –con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones–, se determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el estado de México, por los múltiples casos de feminicidio, bajo argumentos que más que combatir las violaciones graves a los derechos humanos que sufren las mujeres en nuestro país, privilegiaron intereses políticos.
Debemos señalar que la alerta de género es un mecanismo creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 22 la define como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Así entonces, es el instrumento por el cual se pretende implementar acciones de política pública encaminadas a proteger y promover los derechos humanos de las mujeres cuando éstos se encuentran seriamente vulnerados.
Estas acciones forman parte de los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres de los que México forma parte y que, más allá de constituir una acción política, responden a una necesidad social para visibilizar y contener la violencia de género. Esta violencia es una afrenta contra la sociedad y una muestra más de la ineficiencia de las autoridades encargadas de perseguir estos delitos.
Resulta, en consecuencia, imprescindible que frente a los incontrovertibles hechos las instancias gubernamentales del estado de México asuman la responsabilidad que les corresponde, en beneficio únicamente de la población femenina mexiquense.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres para que, con la brevedad posible, reexamine y emita la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
Diputadas: Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a colaborar con las autoridades locales en la implantación de acciones para garantizar la seguridad en la jornada electoral que se llevará a cabo en Guerrero y Baja California Sur, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El próximo 30 de enero y el 6 de febrero habrá elecciones en Guerrero y Baja California Sur, respectivamente. Nuestro deseo es que ambos procesos se lleven a cabo con respeto de la legalidad y de la voluntad de los ciudadanos que acudirán a votar.
Los procesos electorales más recientes que se llevaron a cabo el año pasado estuvieron ensombrecidos por sucesos trágicos, y lamentablemente la firma del crimen organizado se hizo presente.
En estados como Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Chiapas se registraron muertes en el contexto del proceso electoral.
Amenazas, conatos de bronca, provocaciones y, en numerosas ocasiones, agresiones físicas a funcionarios de casilla y a los votantes no se hicieron esperar. Ejemplos sobran:
En esos días, en Oaxaca dos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) murieron presuntamente al intentar impedir el funcionamiento de una casilla. En tanto, en la capital de Durango un comando fuertemente armado robó urnas y disparó contra las autoridades de las mesas, que resultaron ilesas. Poco antes, en Lerdo, otro comando había disparado contra las instalaciones del comité municipal del PRI.
En Hidalgo se denunció el allanamiento del centro de operaciones de la candidata de la alianza entre los Partidos Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática, Xóchitl Gálvez. En este suceso se logró detener a 12 personas, entre las que hubo 2 armadas, lo que fue interpretado por el equipo de la aspirante como un acto de intimidación.
Mientras tanto, Tamaulipas fue ensombrecido por el asesinato del candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú, y poco más de 600 funcionarios de casilla renunciaron a cumplir la encomienda por el clima de terror que una vez más causó en esa entidad el crimen organizado. Por si fuera poco, también resultó muerto el candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Mario Guajardo, abatido junto con su hijo y uno de sus colaboradores.
Pedro Brito, quien fuera dirigente local del PAN, fue asesinado por cuatro impactos de bala en Heliodoro Castillo, en el centro de Guerrero. También fue acribillado el dirigente del Partido del Trabajo, Rey Hernández.
Esos hechos de violencia provocaron un ambiente de terror durante los comicios pasados, y este año no ha sido diferente: en las campañas electorales realizadas en Guerrero y Baja California Sur han ocurrido actos de intimidación y violencia de índole electoral, siendo el más comentado la agresión que sufrió Guillermo Sánchez Nava, quien fue golpeado por supuestos priistas de la entidad; su estado de salud es delicado. Ayer fue asesinado un militante del PRI en Atoyac.
Los hechos relatados prenden señales de alarma en los días previos a que se realice la jornada electoral en Guerrero y Baja California Sur. La violencia ha provocado una escalada en la guerra de declaraciones entre los candidatos a la gubernatura, amén de la guerra sucia y de la movilización de operadores electorales en aras de garantizar el triunfo de la opción política que representan.
Nos preocupa que se dé un clima de intimidación y violencia para infundir temor entre los ciudadanos y con ello inhibir su participación en los comicios.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que el derecho al sufragio se ha conquistado después de muchos años de lucha y de movilización ante los embates de un partido monolítico que pulverizaba la voluntad ciudadana. Por ello debemos garantizar que sea ejercido con entera libertad y de forma segura.
Es necesario que los domingos 30 de enero en Guerrero y 6 de febrero en Baja California Sur se garantice la seguridad de los votantes, funcionarios de casillas, candidatos, personal de los institutos electorales locales y población en general, durante los procesos, mediante la coordinación de las autoridades locales y las federales.
Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta para que sea considerado como de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en el marco de sus atribuciones, a coadyuvar con las autoridades locales en la implantación de acciones para garantizar la seguridad en la jornada electoral que se llevará a cabo en Guerrero y Baja California Sur.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.
Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento del obispo Samuel Ruiz García, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López y la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, senador Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Esthela Damián Peralta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa condolencias por el sensible fallecimiento del obispo Samuel Ruiz García, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 24 de enero de 2011, el pueblo mexicano perdió a un gran hombre. Samuel Ruiz García, defensor de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y de América Latina, dejó de existir a consecuencia de la complicación de sus múltiples padecimientos.
Nacido en Irapuato, Guanajuato, el 3 de noviembre de 1924 y con una predestinada vocación para el servicio, decidió ingresar desde muy joven -a los 13 años- al Seminario Diocesano de León. Posteriormente, debido a su notable inteligencia, disciplina y compromiso hacia su trabajo, fue enviado a la Universidad Gregoriana para ordenarse como sacerdote, y tiempo después es nombrado rector del seminario donde inició su carrera pastoral.
Samuel Ruiz García, siempre fue un hombre comprometido con sus ideales y valores. Por ello, en 1959 es designado como obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Durante los años de servicio en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el obispo estableció un sistema de ayuda hacia la población indígena, gente de escasos recursos o en situación de desamparo. Cabe señalar que además de sus actividades pastorales, Samuel Ruiz prestó su colaboración como mediador en varios conflictos latinoamericanos, situación por la que fue reconocido con el Premio Internacional Simón Bolívar.
El Premio Internacional Simón Bolívar, según describe la misma UNESCO, tiene por objeto recompensar una actividad particularmente meritoria que de conformidad con el espíritu de Simón Bolívar, haya contribuido a la libertad, la independencia y la dignidad de los pueblos, al fortalecimiento de la solidaridad entre las naciones, favoreciendo su desarrollo o facilitando el advenimiento de un nuevo orden internacional económico, social y cultural.
Es importante señalar que el obispo Samuel Ruiz García es el único mexicano que ha sido digno de recibir el Premio Internacional Simón Bolívar.
Asimismo, por más de dos décadas de lucha para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg, galardón destinado únicamente a las personas que promueven y defienden los derechos humanos con riesgo de su propia vida y contribuyen a la paz.
Durante más de 40 años se mantuvo a cargo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, una de las más grandes y con mayores carencias en el país ya que comprende 36,821 km., y atiende a más de millón y medio de personas, que viven en 2,500 comunidades, en su mayoría rurales e indígenas. Con el trabajo de 84 sacerdotes y 7 zonas pastorales; el obispo Samuel Ruiz con una vocación incorruptible sirvió a los indígenas, a los más vulnerables y a los más pobres chiapanecos sin distingo de creencias.
El obispo Samuel Ruiz, fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), cimentando la ciudadanía, y las bases de la activa participación y coordinación de la sociedad civil organizada en una época en la que ésta no injería de forma determinante en los asuntos públicos, de justicia y de defensa de los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas fue concebido y hasta la fecha se erige como una organización civil sin fines de lucro, independiente de cualquier gobierno o ideología política o credo religioso. Fundada en 1989, se ha centrado en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Chiapas pues atienden, documentan, denuncian y litigan violaciones a los derechos humanos, particularmente en el territorio indígena, con interés especial en los temas de ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamiento forzado. Promoviendo el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas desde sus derechos a la tierra y territorio, sistemas de justicia propios y ejercicio de gobierno. Todo ello sustentado en la visión y misión que el obispo Samuel Ruiz apuntaló desde la creación de esta organización social.
Por lo anterior, la asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede ser ajena al reconocimiento de un gran humanista, defensor de los derechos humanos del pueblo latinoamericano, comprometido servidor de los chiapanecos y comunidades indígenas. Descanse en Paz, obispo Samuel Ruiz García.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa a la familia y amigos, las más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del gran humanista, defensor de los derechos humanos y humilde servidor del pueblo chiapaneco, obispo Samuel Ruiz García, acaecido por enfermedad el pasado 24 de enero de 2011.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que realice una evaluación más objetiva y profunda sobre la situación de los migrantes en Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gobierno de Chiapas ha asumido retos significativos a lo largo de su administración en lo relativo a brindar atención a la seguridad en los puntos de tránsito y albergue de los transmigrantes, que atraviesan el territorio estatal, ya sea como punto de destino o meramente de tránsito.
En los 4 años de administración del gobernador Juan Sabines Guerrero, la protección de derechos humanos de todas las personas que radican o transitan por territorio chiapaneco ha sido un mandato permanente de su gobierno. Inició con la vocación de brindar atención a casos emergentes y ha devenido en la mayor cobertura y en la creación de modelos y mecanismos únicos que se acoplan a la realidad cambiante de los flujos migratorios, en cinco ejes: salud, trabajo, educación, protección y, el más importante en la actualidad, seguridad y garantía de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en las rutas de tránsito.
Los modelos aplicados en el rubro específico de seguridad, además de combatir los delitos cometidos en contra de migrantes, como son la extorsión, asaltos y secuestros, buscan también brindar atención a los fenómenos delictivos indirectos asociados a la ruta del migrante, como es la venta de estupefacientes en albergues, prostitución, trata y tráfico de personas.
Los dos modelos más destacados que han generado resultados positivos y únicos a nivel nacional en el estado de Chiapas son los siguientes:
a) La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes; y
b) La instalación de las mesas de seguridad estratégica en puntos de atención y tránsito de migrantes
Estas estrategias, aunadas a diversas acciones de prevención de delitos hacia la población migrante, me permiten asegurar que hoy día Chiapas es un estado que brinda mayores seguridades a la población migrante, sin importar su nacionalidad de origen ni su calidad migratoria.
Por tal motivo, escuché con extrañamiento los señalamientos de parte del ciudadano Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que en su comparecencia ante este honorable Congreso de la Unión señaló la presencia de 25 focos rojos en las rutas que habitualmente transitan los migrantes, de los cuales 10 están en Chiapas.
Como diputada federal por el estado de Chiapas, me permito señalar que precisamente en los municipios mencionados en su reporte es donde se han realizado la mayor cantidad de acciones en aras de asegurar la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, encontrando solamente delitos del fuero común, a los cuales se les ha combatido de manera enérgica, asimismo, no se ha encontrado evidencia tangible de la presencia del crimen organizado en el tema de delitos cometidos contra población migrante.
Cómo se observará más adelante, de acuerdo con las cifras y hechos reportados por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes, las bandas desarticuladas y los delincuentes consignados son actores aislados cuya conducta delictiva no ha sido asociada de manera directa con grupos del crimen organizado. De igual forma, se podrá observar que los dos modelos de atención a la seguridad de migrantes antes mencionados abarcan la totalidad de los 10 focos rojos mencionados por el licenciado Juan Miguel Alcántara Soria en su comparecencia, amén de las tareas de prevención y atención en los ejes de salud, trabajo, educación y protección, que son de cobertura estatal.
Por lo que no estoy de acuerdo en la parcialidad del informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en función de la definición que utiliza para los “focos rojos”, a los que se refiere como municipios donde se han registrado denuncias de delitos y abusos en contra de migrantes irregulares.
Dado que no es posible afirmar de manera total que todos los delitos cometidos en contra de migrantes están relacionados con el crimen organizado, siendo la mejor prueba de ello que al revisar los secuestros masivos de migrantes en las rutas ferroviarias, encontré que en Chiapas no se ha dado uno sólo de estos casos.
Cuando se detectó puntos de reincidencia delictiva contra migrantes, como en 2008 en la zona conocida como La Arrocera, en el municipio de Huixtla, el gobierno del estado, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, tomó acciones inmediatas y determinantes para desmantelar los grupos de delincuentes que operaban en la zona, obteniendo resultados sumamente positivos.
En mi estado, el gobernador Sabines cuenta con el apoyo del Congreso del estado y de todos los diputados federales en su política de atención a migrantes, por lo que ambos modelos de atención y protección a migrantes han permitido grandes avances; lo que le ha valido a Chiapas ser la única entidad federativa que cuenta con una política en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes en América Latina, razón por la cual fue designada como sede de la decimoquinta Conferencia regional sobre migración, mecanismo multilateral de alcance continental, donde a nivel ministerial se lograron acuerdos de cooperación y mejores prácticas en políticas migratorias.
Por todo lo anterior, Chiapas ha sido reconocido por instancias de todo tipo, como los gobiernos nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Dinamarca, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Conferencia Regional sobre Migración, el Homeland Security de Estados Unidos de América, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, así como diversas agencias de cooperación internacional.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un estudio y un análisis objetivos de la situación de los migrantes en el estado de Chiapas, para que cuando se refiera a “focos rojos” no lo haga con un sesgo parcial e incompleto.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turna a la Comisión Especial para la Atención de los Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, para que cite a comparecer al secretario ejecutivo nacional de Seguridad Pública, para que dé cuenta de un estudio más objetivo sobre el tema de migración en el estado de Chiapas.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Especial para la Atención de los Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, a efecto de que en coordinación con el secretario ejecutivo nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, realicen un recorrido en los municipios mencionados por él en su comparecencia.
Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
