Con punto de acuerdo, relativo a la cédula de identidad ciudadana, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios y presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de enero de 2011
En junio de 2009, el presidente Felipe Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.
La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa, generaron de inmediato, diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil.
Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto.
El Congreso de la Unión, siendo sensible a la expresión de inquietudes y entendiendo su responsabilidad en la construcción del marco jurídico que permitiera la implantación de esta iniciativa en la nueva realidad política que garantiza el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, generó sendos exhortos para que el gobierno federal detuviera la implementación de esta iniciativa.
Más aún, el pleno de la Cámara de Diputados, reconociendo que estas discrepancias eran políticas y jurídicas y que un proyecto de esta magnitud e implicaciones debía ser promovido y consensado como un propósito de Estado, más que de un gobierno en turno, decidió la constitución de un Grupo Plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esta forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, ha anunciado en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución y que en el plazo más breve iniciará a emitir los primeros ejemplares.
Anunció asimismo que la secretaría cuenta con un presupuesto autorizado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, la cédula de identidad para los menores de entre cuatro y diecisiete años.
El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer, ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda será el más importante en el país.
Este proyecto ha enfrentado, cada vez que se retama, férreas, salidas y fundadas criticas de amplios sectores de la sociedad civil que han manifestado su preocupación porque, con él se abran las puertas para la posibilidad de violentar, de diversas y graves maneras, las garantías individuales.
Los instrumentos de identificación personal, con los que, hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos de coordinación y unicidad de metas y objetivos, por la que iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el registro único de población, los registros de la cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros.
Esta soberanía aprobó las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, publicadas el pasado 5 de julio de 2010, a fin de facultar al instituto del ramo para proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, y es justamente este instituto el que ha, con fundamento en sus atribuciones legales, llamado la atención con respecto a la necesidad de que en los trabajos, en curso, se ofrezcan las garantías y mecanismos, suficientes y necesarios, a fin de asegurar que la información que se recabe, con motivo de la expedición de la cédula de identidad personal, a que se refiere el artículo 87 de la Ley General de Población, reúna los elementos de transparencia, confidencialidad, buen uso y seguridad que se requieren a fin de no generar posibles violaciones a las garantías individuales que consagra nuestra Constitución.
El referido artículo 87 de la Ley de Población mandata al Registro Nacional de Población para inscribir a los menores de edad, sin distinción alguna, mientras que el anuncio hecho por la dependencia del Ejecutivo federal, se refiere exclusivamente a un sector de este grupo de población -al de entre cuatro y diecisiete años- cuando la mayor urgencia y necesidad de contar con una identificación nacional se ubica entre la población de los recién nacidos, que carece de un instrumento de las características anunciadas y que la falta de identificación propicia la comisión de innúmeros y graves delitos en agravio de la población de menor edad, que ahora se ve excluida de este programa.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental, por lo que resulta, de la mayor urgencia e importancia, convocar al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que informe sobre los avances de este proyecto y las respuestas institucionales que esa dependencia del Ejecutivo federal ha dado al Instituto Federal de Acceso a la Información, a fin de asegurar que sus preocupaciones, queden a salvo.
Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar con respecto a la cédula de identidad personal. A este instituto le preocupan varios temas, que no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de esa cédula, con la credencial de elector para votar con fotografía; el doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal, pero más de fondo se encuentra su preocupación por que la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la Credencial de Elector, afectar el Padrón de Nacional de Electores y, desde luego el impacto que, en materia de ejercicio de sus derechos políticos, pueda tener la cédula, para los Ciudadanos.
La Secretaría de gobernación (Segob) deja de nueva cuenta serias dudas sobre aspectos centrales que deben ser observados.
La activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, en la mayoría de ésta.
Contando con esta plataforma, ¿qué va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años?
¿Qué va a pasar entonces con la credencial para votar con fotografía?
Parece que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no sólo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos.
Con ello, el gobierno federal estaría trasgrediendo claramente lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Por otro lado, la Segob no precisa como se va a garantizar el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración.
No se ha aclarado qué medidas se estarían adoptando para evitar el acceso de la delincuencia como ocurrió en abril del año pasado cuando se descubrió que por cierta cantidad se podían obtener diversas bases de datos.
De la misma forma es necesario cuestionar los criterios del gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos.
¿Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información?
¿Cómo se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva?
Estas son preocupaciones planteadas no sólo por los legisladores sino también por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Por otro lado, la Segob ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos.
Esto último llama poderosamente nuestra atención pues en el presupuesto de egresos para este año los diputados federales no aprobamos dichos recursos.
En efecto, desde el 2010, en el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula.
Para 2011 la Cámara de Diputados mantuvo su decisión y no aprobó recursos específicos para el referido proyecto.
Esta decisión de los diputados se enmarca en la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución que establece que los diputados federales tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Por tanto, el anuncio del gobierno federal evidencia que la Segob desatendieron una decisión colegiada, que la Segob no reparó en anular.
El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente.
Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación, sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Primero. Exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de implantar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda la información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social, presupuestal y jurídico de dicha iniciativa.
Segundo. Cita a comparecer al licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ante la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente, para que informe a esta soberanía, sobre los avances, alcances, fases de implantación y, en general, respecto a todo aspecto social, jurídico, técnico y presupuestal relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2011.
Diputados: José Ramón Martel López, por el Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Javier Orduño Valdez, por el Grupo Parlamentario del PAN; René Arce Islas, por el Grupo Parlamentario del PRD; Alberto Emiliano Cinta Martínez, por el Grupo Parlamentario del PVEM; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, por el Grupo Parlamentario del PT (rúbricas).
(Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquese. Enero 19 de 2011.)
