Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3171-II, martes 04 de enero de 2011

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Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3171-II, martes 04 de enero de 2011

Iniciativas

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, y en contra de la asfixia financiera y operativa a que está siendo sometido el sitio web WikiLeaks, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob y del comisionado del Instituto Nacional de Migración ante la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente a fin de que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrito por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del representante mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana de ésta a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el gobierno mexicano el 20 del mismo mes, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a presentar un informe sobre las condiciones técnicas y operativas de los ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana, los atlas de riesgo para cada una de las entidades, con la identificación geográfica de los ductos, los riesgos para los habitantes y comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto en la ecología, suscrito por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía del secretario de Economía, del gobernador del Banco de México y de los titulares de la Profeco, la Cofeco y el Inegi, con relación a los aumentos de precios, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT un informe detallado respecto del nuevo Sistema Satelital Mexicano; y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que ejerza sus facultades para que la ASF realice la revisión correspondiente, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto de las medidas que está adoptando la dependencia a su cargo para frenar los secuestros de migrantes y los ataques a éstos, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de que los titulares de la Segob y de la SCT informen a esta soberanía sobre el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la carretera ramal 421, del municipio de La Huerta, Jalisco, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local que reimpulsen el extensionismo rural a fin de incrementar el número de proyectos para aumentar la actividad económica, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, en relación con los procesos electorales de 2011, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

Iniciativas

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la república en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de acuerdo a los siguientes

Considerandos

Las formas delictivas que ha asumido la usurpación de funciones, atribuciones y títulos tradicionalmente se ha asociado con expresiones de falsedad. Nos referimos a conductas sancionadas desde la época del derecho romano bajo el nombre de crimen falsi * lo que, posteriormente, se propagó y llegó a los códigos penales españoles de los siglos XIX y XX. A diferencia de esos ordenamientos, en los códigos penales franceses e italianos estos delitos se catalogaron en contra de la administración pública o la función pública.

Lo anterior se menciona toda vez que en muchos de los recientes hechos de violencia en nuestro país nos han permitido percatarnos que la usurpación de funciones públicas, a través del uso de uniformes, insignias, vehículos y demás elementos –falsos o genuinos– otorga una ventaja decisiva a los criminales en la comisión de diversos delitos, por lo que es imperioso tomar medidas al respecto, sobre todo en aquellos ilícitos que se relacionan con la delincuencia organizada.

Se afirma lo anterior, toda vez que para nadie es un secreto que los delincuentes, al hacerse pasar por autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, logran confundir a sus víctimas y, en no pocas ocasiones, a los propios agentes del orden.

El reiterado uso indebido de uniformes, falsos o verdaderos, por parte de los delincuentes para cometer sus crímenes ha motivado la necesidad de legislar con el propósito de combatir la usurpación de funciones, y muestra de ello lo es la iniciativa presentada en mayo de 2007 por el entonces senador Carlos Lozano de la Torre.

Si bien en México estos delitos se encuentran ubicados y sancionados en el título decimotercero del Código Penal Federal, relativo a la falsedad, cuyo capítulo VII se refiere a la “usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas insignias y siglas”. Cobra importancia revisar las sanciones, el texto del articulado, ante el tipo de casos observados y su relación con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de que los delincuentes en la medida de lo posible tengan menos incentivos para cometer los actos encuadrados en los artículos 250, 250 Bis y 250 Bis 1 como medio de otro delito mayor.

A la letra, el Código Penal Federal indica lo siguiente:

Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien

I. Al que sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

IV. Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial .

Artículo 250 Bis. Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa .

Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.

Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

Artículo 250 Bis 1. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien:

I. Almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública falsificadas;

II. Adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier institución de seguridad pública, falsificadas;

III. Obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública;

IV. Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública; y

V. Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles con los emitidos legalmente, con el objeto de hacerse pasar por servidor público.

Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de cometer algún delito o bien cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas instituciones y sólo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables.

De lo anterior se desprende que, aunque nuestras leyes tipifican de manera adecuada, en los tres artículos arriba mencionados, el uso indebido de uniformes e insignias, hace falta la concatenación de tales descripciones típicas con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Lo anterior resultaría de enorme utilidad, ya que al reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando un delito se cometiera bajo las hipótesis a que se refiere el artículo 250 Bis 1, sería posible aumentar a los delincuentes hasta la mitad de la pena originalmente prevista.

De esta forma, la presente propuesta se presenta como una suerte de agravante. Además, en cuanto a la posibilidad de concurrencia de delitos, se debe entender que de acuerdo al Código Penal Federal nos encontraríamos frente a un concurso real, ya que cada una de las acciones descritas en dicho artículo constituye un delito diferente.

De conformidad con lo anterior, este proyecto propone relacionar el Código Penal Federal con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en lo que se refiere a los delitos catalogados como de “usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas insignias y siglas”, para que cuando con la base de estos delitos se cometan otros que encuadren con los tipificados como propios de delincuencia organizada, de mayor gravedad como son secuestro, homicidios, acopio de armas de fuego, etcétera, se castigue a los criminales con mayor rigurosidad.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único. Se reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las penas a las que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando

I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos;

II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley; y

III. Quienes para la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada, incurran en los supuestos previstos por las fracciones I, II, III, IV o V del artículo 250 Bis 1 del Código Penal Federal.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 De acuerdo a diccionarios legales estos son crímenes de la ley civil y se consideran

a) Perjudiciales, en tanto afectan la administración de la justicia por la introducción de una falsedad o fraude.

b) O bien, una alteración fraudulenta para ocultar o alterar la realidad en perjuicio de otra. Se puede cometer de tres maneras: por falsificación; por falsedad de declaraciones falso testimonio o perjurio; y por actos que alteren pesos y medidas, moneda corriente u otro.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2011.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

La diversidad de los recursos forestales de México es resultado y, al mismo tiempo, causa de la gran variabilidad ambiental y biológica que exhibe el país. Estos recursos, a nivel general, han representado a través de la historia fuentes de riquezas y de bienes y servicios, en donde el hombre ha encontrado protección, sustento y posibilidades para su crecimiento demográfico, apertura de nuevas tierras al cultivo, producción u obtención de diversos insumos o materias primas para su industria.

Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y proporcionan servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, captura y almacenamiento de agua, captura de bióxido de carbono; la regeneración de la fertilidad del suelo, la producción y mantenimiento de la biodiversidad, etcétera. Se estima que la superficie arbolada tiene un potencial de captura de agua de más de 48 mil millones de metros cúbicos anuales. 1

Desafortunadamente, los sistemas forestales están en riego por los efectos del cambio climático. De acuerdo con la cuarta comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los efectos directos del cambio climático al sector forestal son los siguientes:

• Potencial aumento de la evapotranspiración, lo que genera estrés hídrico; 2

• Mayor incidencia de plagas y enfermedades;

• Aumento en el potencial de incendios forestales; y

• Disminución en la polinización.

Así como la combustión del petróleo es un factor de gran relevancia para calentamiento global, la deforestación emite de 25 a 30 por ciento de los gases que crean el efecto invernadero. 2

Los árboles están compuestos de carbono en un 50 por ciento, y una vez talados, ese carbono que almacenan regresa a la atmósfera. Según cifras de la FAO, todos los años se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, la mayor parte en las zonas tropicales. En África, América Latina y el sudeste asiático sigue existiendo un elevado índice de deforestación.

Como podemos ver, los Bosques y selvas, son un potencial para proveer servicios ambientales globales y nacionales, y con ellos podemos generar medidas para atender el cambio climático.

En la presente iniciativa, se busca que los actuales sistemas de información que tiene la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia forestal, sirvan como un insumo para apoyar las gestiones en materia del cambio climático.

Actualmente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) debe integrar el inventario nacional forestal y de suelos, el cual deberá relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios ambientales y debe contener la siguiente información: 4

• La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;

• Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

• Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrológicas forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

• La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales;

• La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en éstos;

• Los criterios e indicadores de sustentabilidad y degradación de los ecosistemas forestales;

• Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente; y

• Los demás datos que señale el Reglamento de esta ley.

Estos datos son la base para: 5

• La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal;

• El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el volumen de corta o aprovechamiento potencial;

• La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento ecológico del territorio; y

• La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo.

Por lo anterior el inventario nacional forestal y de suelos es una herramienta que platea estrategias concretas para el manejo forestal. Asimismo, este documento puede utilizarse para generar acciones que mitiguen la generación de gases efecto invernadero y conocer las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Sin embargo en el documento antes citado, no existe información respecto al grado de afectación forestal por el cambio climático y las áreas con mayor susceptibilidad generada por los efectos de este fenómeno.

Es importante reconocer que la cuarta comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, elaborada por México, se registra que por el cambio de uso de suelo y la silvicultura se emitieron 70,202.8 de CO2eq.

Asimismo, en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) se establece que con su cabal cumplimiento podría alcanzar una reducción total de emisiones anuales en 2012 de alrededor de 51 millones de toneladas de CO2e, y como resultado de acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y desechos.

Entre las acciones y categorías que incidirán en la mayor reducción de gases efecto invernadero son, entre otras, las siguientes: 6

• Proyecto piloto de incentivos para reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD);

• Incorporación de 2.95 millones de hectáreas al manejo forestal sustentable;

• Incorporación de 2.175 millones de hectáreas a esquemas de pago por servicios ambientales;

• Incorporación de 750 mil ha de ecosistemas forestales a áreas naturales protegidas; y

• Incorporación de 170 mil has de plantaciones forestales comerciales.

Con la cuarta comunicación y con las metas establecidas en el PECC para 2012 podemos detectar cuáles son las acciones que requiere el gobierno para reducir las emisiones en el sector forestal; sin embargo éstas no están vinculadas con el inventario nacional forestal y de suelos. Asimismo, en la cuarta comunicación especifica del sector forestal se concluye que diversas especies forestales presentan mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, pero las áreas y zonas más susceptibles a ellos, no están establecidas.

Por tal razón, es necesario que las herramientas ambientales con las que cuenta el gobierno federal sean utilizadas para el mejor entendimiento a las consecuencias del cambio climático, las acciones para abatirlo y las zonas de mayor vulnerabilidad ante sus efectos.

Es por ello que la presente iniciativa busca establecer en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que el inventario nacional forestal y de suelos contenga información respecto al grado de afectación forestal por el cambio climático así como las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos de este fenómeno.

En atención a lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona las fracciones VII y IX, recorriéndose la subsiguiente del artículo 45, y la fracción V del artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se adicionan las fracciones VII y IX, recorriéndose la subsiguiente del artículo 45, y la fracción V del artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

I a la VI. ...

VII. El grado de afectación forestal por los efectos de cambio climático.

VIII. Las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

IX. Los demás datos que señale el reglamento de esta ley.

Artículo 46. ...

I. a IV. ...

V. La elaboración de programas y estrategias para mitigar los gases efecto invernadero en los procesos de reforestación y deforestación.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Conafor, 2001. Programa Estratégico Forestal 2025. Comisión Nacional Forestal. México.

2 El estrés hídrico es la primera respuesta de las plantas al impacto del estrés por temperatura alta y se traduce en una reducción en la duración de todas las etapas de desarrollo, además de causar reducciones en el tamaño de sus órganos y finalmente disminuir el rendimiento (Shpiler y Blum, 1986; Hall, 1992). Las plantas sólo pueden desarrollarse entre sus umbrales térmicos o temperaturas mínimas y máximas, variando según la especie, y se maximiza cuando se presentan temperaturas óptimas (Ortiz, 1987).

3 http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000385/index.html

4 Artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

5 Artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

6 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, Semarnat. http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclima tico/Pages/pecc.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de enero de 2011.

Diputados: Alejandro Carabias Icaza, Rosario Brindis Álvarez (rúbricas).

Que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas, declaró el 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad (IYB). En donde se organizarán innumerables iniciativas para difundir información, promover la protección de la diversidad biológica y alentar a las organizaciones, instituciones, empresas y público en general a tomar medidas directas para reducir la pérdida constante de la diversidad biológica global.

En este contexto, México al ser un país megadiverso debe trabajar para promover la protección de la diversidad biológica y para reducir su pérdida constante.

Recordemos que la riqueza de especies de flora y fauna silvestre ha sido victima de la captura, caza y extracción en el medio silvestre para el comercio, constituyendo la segunda amenaza de las especies de fauna y flora, seguida de la destrucción de su hábitat. A nivel mundial, el tráfico de animales silvestres es el tercer lugar en comercio ilegal del mundo, superado sólo por el tráfico de drogas y armas.

Lamentablemente, a este comercio se suma el impacto del comercio ilícito, cuyo efecto sobre las especies dependerá de la cantidad de animales extraídos y del estado de conservación en que se encuentren a nivel local y mundial.

Como una forma de revertir esta situación, algunos países han prohibido la extracción y el ingreso de especies exóticas y otros han decidido mantener el comercio legal, controlado y restringido a especies no amenazadas.

En nuestro país, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde 1997, estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma) el cual es el registro de predios e instalaciones que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares de vida silvestre que ahí se distribuyen. Este sistema actualmente está integrado por 9 mil 503 UMA que representan una extensión del 16.85 por ciento del territorio nacional.

Con estas UMA, se han otorgado diversos permisos de aprovechamiento extractivo de especies. Es importante destacar que las UMA no sólo se realiza el aprovechamiento de especies, también se les exige, promover esquemas alternativos de producción compatible con el cuidado del medio ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. 1

Por lo cual, a través de esta figura, los propietarios y legítimos poseedores de terrenos, por medio de un programa de manejo autorizado por la Semarnat, tienen derecho al aprovechamiento y la exigencia de la preservación del hábitat y las especies que habitan en sus terrenos. Lo anterior, siempre que dicho programa garantice la conservación de los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad de las poblaciones de especies existentes.

Con esta situación, nuestro país tiene la oportunidad de realizar el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre, entendiéndose al aprovechamiento como una herramienta de captación de recursos económicos, sin poner en riesgo a las poblaciones de vida silvestre.

Sin embargo, seguimos con la misma incidencia de pérdida de poblaciones de especies nativas en nuestro país, ya que cada vez aumenta el número de especies en peligro de extinción, derivado del comercio ilegal que existe en gran medida por traficantes de especies.

Si bien es cierto que el aprovechamiento de vida silvestre en México a través de las UMA, ha permitido que los propietarios de terrenos estén interesados en conservar la riqueza biológica de sus predios, también lo es, que en los lugares donde no se cuenta con la vigilancia de los propietarios de terrenos, se observe la perdida de poblaciones importantes de flora y fauna silvestre.

Ante esta situación, nos hemos dado a la tarea de realizar un análisis a la legislación, que da oportunidad de autorizar los aprovechamientos extractivos.

La Ley general de Vida Silvestre en sus artículos 82 y tercer párrafo del 89, se menciona:

Artículo 82. Solamente se podrá realizar aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, en las condiciones de sustentabilidad prescritas en los siguientes artículos.

Artículo 89. ...

...

Cuando los predios sean propiedad federal, la Secretaría podrá otorgar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento sustentable en dichos predios y normar su ejercicio, cumpliendo con las obligaciones establecidas para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable.

...

Si analizamos el tercer párrafo del artículo 89, se permite autorizar a la Semarnat el aprovechamiento en predios federales, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones establecidas para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable. Por lo cual se entiende que la autorización de aprovechamiento extractivo en predios federales debe estar basada en los estudios que menciona el artículo 84 de la Ley General de Vida Silvestre, que a la letra dice:

Artículo 84. Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar:

a) Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.

b) Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento.

c) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares.

d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el caso de derivados de ejemplares.

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares, incluirá el aprovechamiento de sus partes y derivados, de conformidad con lo establecido en el reglamento y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan.

Si analizamos con detenimiento podemos observar que para el caso de aprovechamientos extractivos que no tengan que ver con investigación científica o con objetos de conservación de especies, este artículo no se cumple, toda vez que no se demostraría en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre que las tasas de aprovechamiento solicitados son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento. Dado que en nuestro país las autoridades no realizan un monitoreo poblacional de especies de flora y fauna silvestre en predios federales que permita el aprovechamiento sustentable de las especies.

Es extraño ver que la Ley General de Vida Silvestre, permite el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios federales cuando existen especies que se localizan en algún estatus de riesgo, tanto en las normas nacionales como internacionales.

México tiene clasificadas a las especies que se encuentran en algún estatus de riesgo, en la NOM-059-SEMARNAT-2001, y participa activamente desde 1991, en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres (Cites), la cual regula el comercio de especies, productos y subproductos de flora y fauna silvestres, nacionales y exóticas en cualquier estatus de riesgo.

En este sentido, es importante dar a conocer que dentro del análisis realizado para la elaboración de la presente iniciativa, se destaca que el artículo 238 de la Ley Federal de Derechos, indica que para el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios federales y zonas federales, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

I. Borrego cimarrón.......... 368 mil 837.77 pesos

II. Venado Bura en Sonora o Cola Blanca texano 35 mil 478.14 pesos

III. Puma............................ 13 mil 660.64 pesos

IV. Venado Bura Cola Blanca en el resto del país y Temazate 10 mil 928.51 pesos

V. Faisán de Collar.............. 6 mil 830.32 pesos

VI. Patos, palomas, codornices, cercetas, gansos, perdiz, tinamú, branta negra del pacífico y otras aves, por lote 20 mil 104.28 pesos

VII. Guajolote silvestre y pavo Ocelado............ 4 mil 98.18 pesos

VIII.- Zorra gris y otros pequeños mamíferos.... 4 mil 98.18 pesos

IX. Gato montés................... 2 mil 732.12 pesos

X. Jabalí (de collar, labios blancos, europeo)..... 2 mil 732.12 pesos

XI. Borrego Audat o Berberisco... 683.02 pesos

XII. (Se deroga).

XIII. (Se deroga).

Con lo anterior es importante destacar, que el borrego cimarrón es una especie clasificada en protección especial al igual que algunas aves entre palomas y codornices, la situación se torna más complicada al ver que el venado bura algunos patos, palomas, codornices, gansos y cercetas se encuentran como especies amenazadas o en peligro de extinción y en casos extremos algunas aves ya se consideran extintas en medio silvestre, de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Asimismo, los aprovechamientos extractivos en predios federales resultan contradictorios con los programas prioritarios de conservación de especies, publicados por la Semarnat para la conservación y en su caso el aprovechamiento de las especies, estos definen las problemáticas ecológicas, técnicas-científicas, social y legal de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Es por ello, que considero necesario que para dar congruencia con los programas de conservación de especies y con las acciones para el adecuado aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres, el aprovechamiento extractivo en predios federales, solo debe autorizarse para actividades de investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

De manera adicional, durante las temporadas de caza de 2006-2007 y 2007-2008 se otorgaron 19 y 21 autorizaciones de aprovechamiento extractivo respectivamente, en predios federales de las cuales fueron especies consideradas en la fracción VI del artículo 238 de la Ley Federal de Derechos 2 .

Con la información antes citada, podemos destacar que los ingresos obtenidos por el aprovechamiento extractivo en predios federales fue sólo de:

Artículo: 238

Temporada de caza: 2006-2007

Autorizaciones: 19

Monto Recuperado: 345 mil 990 pesos

Artículo: 238

Temporada de caza: 2007-2008

Monto Recuperado: 382 mil 410 pesos238

Para esta iniciativa también se solicitó a través del SISI, información a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual informó que esa dependencia no cuenta con información de inspecciones a predios federales.

Por lo anterior, y debido a que los ingresos obtenidos a la federación por este pago de derechos es mínimo a comparación de los costos de extinción de nuestra fauna, considero que es primordial que se especifique en la Ley General de Vida Silvestre que solo se permitirán los aprovechamientos extractivos de flora y fauna silvestre en predios federales cuando las actividades extractivas se realicen con la autorización de la autoridad competente para la investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

Es importante destacar que los legisladores del Partido Verde, no estamos en contra del aprovechamiento, pero si nos oponemos a la extinción de nuestras especies de vida silvestre que han dado valor a nuestro país.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 89, de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

...

Sólo se permitirá el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre en predios federales cuando las actividades extractivas se realicen con la autorización de la autoridad competente, para la investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

Al otorgar las autorizaciones para llevar a cabo el aprovechamiento en predios de propiedad municipal y estatal, se tendrán en consideración los beneficios que se pueden derivar de ellas para las comunidades rurales.

Los ingresos que obtengan los municipios y las entidades federativas del aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios de su propiedad, o en aquellos en los que cuenten con el consentimiento del propietario o poseedor legítimo, los destinarán, de acuerdo a las disposiciones aplicables, al desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculados con la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones, así como a la difusión, capacitación y vigilancia.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones de aprovechamiento extractivo en predios federales, en un plazo no mayor a 60 días naturales una vez que entre en vigor la presente iniciativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/vidasilvestre/Pages/sistema deunidadesdemanejo.aspx

2 Información obtenida mediante solicitud de información a Semarnat, a través de SISI.

Dado en salón de sesiones del Comisión Permanente, a 4 de enero de 2011.

Diputados: Alejandro del Mazo Maza, Diego Guerrero Rubio (rúbricas).

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Tanto en America Latina como en Europa occidental, los orígenes teóricos de los procesos de integración son más remotos a la época en que pudieran ponerse en práctica. Los proyectos más sólidos al respecto son en el caso europeo, la idea impulsada por el conde Richard Coudenhove-Kalergi, quien publicó el 17 de noviembre de 1922 un artículo donde propuso la creación de un movimiento europeo, con la finalidad explícita de lograr una unión europea plena, capaz de integrar los ideales visionarios previos y defender sus valores en el nuevo siglo, lo que habría de permitirle conservar su liderazgo y evitar la conquista por Rusia y por la dominación de Estados Unidos de América.

Por otra parte, “la concepción de América Latina como una sola nación –La Patria Grande – echa raíces en el origen mismo de las repúblicas. Los principales hombres de la independencia la proclamaron como objetivo fundamental, de Monteagudo a Artigas, y luego Bolívar intentó hacerla realidad en el Congreso de Panamá en 1826. A mediados del siglo XIX, aquel proyecto parecía ya un sueño irrealizable pues las presiones foráneas y la acción disociadora de las burguesías compradoras de los puertos habían roto los viejos vínculos, creando países hacia afuera, fomentando rivalidades absurdas, insertando cuñas hasta crear un incontenible mosaico de imposibilidades históricas, en vez de formar una sola nación, como lo hicieron las colonias anglosajonas que se separaron de Inglaterra, estaban divididas en veinte países diferentes y a veces hostiles entre sí”. 1

Luego de la frustración del proyecto unificador de San Martín y de Bolívar, desde diversos lugares de América Latina se alzaron voces reivindicando la necesidad de una sola Patria Grande, libre y unida. Entre otros, el chileno Francisco Bilbao, el cubano José Martí y el venezolano Rufino Blanco Bombona levantaron esta convocatoria. Ya en la primera mitad del siglo XX los proyectos de integración renacen durante las guerras mundiales y forman parte de la agenda regional en la posguerra dentro del marco de los organismos internacionales y regionales.

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta se amplió la acción integracionista impulsada principalmente por los gobiernos, teniendo como objetivos la integración económica. Más tarde, en los años setenta y ochenta, los conflictos políticos, los golpes militares y las guerras civiles mantuvieron el tema de la integración a bajo perfil, haciéndose énfasis en la seguridad regional, aquí surgen los procesos de concertación política, 2 en el terreno económico las crisis recurrentes del petróleo y la deuda externa colocaron a la Región en una situación de debilidad extrema e ingobernabilidad democrática. 3 A fines de los ochenta se reinicia la restauración de los regímenes elegidos por medios democráticos y por consiguiente tuvieron prioridad los temas de la agenda política y la gobernabilidad democrática.

Recordemos que a fines de los ochenta y principios de los noventa, se retoma el tema de la integración económica. Es en esta fase donde se inscribe el proyecto político para impulsar la comunidad latinoamericana de naciones para conjuntar los esfuerzos y experiencias de integración de la región, como un horizonte nuevo para las relaciones internacionales en la coyuntura actual y en el siglo venidero.

No olvidemos que la reordenación sistémica que vivimos, es resultado de la acumulación de factores de cambio en los sectores económicos, políticos, científicos, culturales y sociales. La coyuntura expresa el fin de un orden global y el surgimiento lento, de otro que está por definirse, con ello se abre paso a una nueva época.

Hoy son múltiples las interpretaciones y enfoques que nutren el estudio de las relaciones internacionales en todos los órdenes de intercambios. Los pensadores contemporáneos coinciden que las distancias y los tiempos de transmisión de mensajes en el mundo dan la impresión que éste se ha hecho más pequeño gracias a los avances en las comunicaciones. Hoy somos una aldea global. 4 Sin embargo, debemos estar conscientes de los límites físicos del hombre y su interacción de la naturaleza lo cual pone en entredicho la idea del progreso como proceso ascendente, ordenado e infinito que oriento a todas las sociedades occidentales cuyos signos de modernidad se pretenden como universales.

Hay que señalar que todas las experiencias históricas de integración constituyen procesos sociales y políticos, cuyo objetivo fundamental es la consolidación de espacios de exclusividad jurídico política, tal es el caso de la integración nacional, federal, o confederada y está presente en los casos de la consolidación de regiones multinacionales o supraestatales. Estas últimas son el producto histórico de vinculaciones transfronterizas derivadas de dinámica de competencia, la complementariedad de intereses, o la contigüidad geográfica, cuyo objetivo final es potenciar las capacidades y potencialidades económicas o articular espacios, donde la prioridad última es el lugar estratégico territorial dentro de una jerarquía de poder.

Por otra parte, no dejamos de observar que “la realidad ha impuesto un comercio administrado entre bloques cuya interdependencia expresa la forma jerarquizada y excluyente de la internacionalización del capitalismo en los espacios económicos mundiales, la expresión más acabada de esta situación lo demuestran las tareas del Grupo de las siete potencias más industrializadas y Rusia, las negociaciones para la liberalización completa del comercio mundial dentro de la OMC y la negociación en el seno de la OCDE, del acuerdo multilateral de inversiones (AMI) cuya negociación se ha mantenido en forma discreta, por no decir secreta, pretende crear un régimen de liberalización y apertura para las inversiones globales transnacionales privadas. En estos esquemas de intereses privados, el papel de los Estados Nacionales sin capacidad de poder propio es irrelevante, solamente cuentan las potencias y los grupos de países o regiones”. 5

Por otra parte, en América Latina a partir de los noventa coinciden las transformaciones políticas después del desgaste socio político de los regímenes militares, la disminución de los conflictos bélicos subregionales, como el centroamericano y la ampliación de las políticas de ajuste estructural.

A consecuencia de ello, se pierde la capacidad independiente de negociación frente al exterior, se deja de impulsar la industrialización substitutiva de importaciones, ni se le percibe como un instrumento de defensa colectiva de los mercados latinoamericanos frente a la competencia del exterior; se ve a la cooperación como una palanca para estimular la participación de las exportaciones regionales en los mercados mundiales, basándose en la desregulación y apertura generalizada, aunada a políticas económicas “amistosas” con el capital extranjero colocado en inversiones de cartera o directas.

Hoy resulta conveniente hacer examen sobre la integración regional, en el marco de la “normalidad” democrática y en un clima de distensión sobre la base del fin del conflicto bipolar. En este sentido, es de trascendencia la participación de Cuba en las cumbres iberoamericanas. Las viejas organizaciones regionales se han reanimado, al tiempo que surgen nuevas vertientes, donde destacan a nivel subregional, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela), la renovación del Pacto Andino, la reactivación del Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la multiplicidad de acuerdos bilaterales donde destacan, entre otros, el de Chile con México, y en ciernes el de Brasil con México.

En el plano de la integración política, en América se pueden identificar tres grandes proyectos históricos, con diferentes perfiles y objetivos:

1. El latinoamericano que retoma el principio bolivariano de unirse sin la concurrencia de los Estados Unidos y Canadá, ni alguna otra potencia extranjera, entre las instituciones que la impulsan están algunos sectores de organismos internacionales como la Cepal o el Parlamento Latinoamericano;

2. El panamericanismo, que impulsa la tutela de Estados Unidos de América sobre los países de la región y es la base del actual sistema interamericano, tales como la OEA; y

3. El iberoamericano, impulsado desde 1991 por España y Portugal, a fin de recuperar su influencia en la región y que se reúne anualmente en las cumbres iberoamericanas que agrupan a la mayoría de los países de Latinoamérica incluyendo a Cuba.

Sin embargo, actualmente la definición de las regiones o el regionalismo van más allá del plano económico comercial y comprende, en un sentido amplio, diversos planos como: la cohesión social –etnícidad, raza, lenguaje, religión, cultura, historia, conciencia de un pasado común–; cohesión económica –patrones de complementariedad económica, comercio–; cohesión política –tipos de régimen político, ideología, valores políticos–; y cohesión organizacional –institucionalidad regional.

Debo destacar que el regionalismo contemporáneo a nivel global incluye las dimensiones geopolíticas, geoeconómicas y geoculturales en dimensiones nuevas de mayor grado de profundidad:

1. Regionalización o integración social producto de la interacción económica social;

2. Conciencia regional o identidad. Se basan en el discurso que establece mapas mentales que enfatizan lo que se incluye y lo que se excluye, asumido a nivel subestatal o supranacional: cultura, historia, religión comunes que pueden amalgamar una región por ejemplo lo europeo de lo no europeo;

3. Integración económica regional. Expresión de la cooperación regional de mercados y estructuras económicas, se manifiestan en políticas tendientes a reducir o remover barreras mutuas para consagrar las cuatro libertades de la integración económica, libre movilidad de: bienes, servicios, capitales y personas.

4. Cohesión regional. Se refiere a la cohesión social en la combinación de las categorías anteriores tendientes a la creación de una unidad regional consolidada o cohesionada que lleva a las distintas modalidades del regionalismo supranacional en las relaciones internacionales.

Por otra parte hay que destacar que propuesta o iniciativa política de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN) se inició en los contactos entre jefes de estado y de gobierno propiciados durante la celebración de la primera reunión de la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara en 1991, como una respuesta propia de los países latinoamericanos a los procesos de integración y rediseño del orden internacional emergente de la posguerra fría.

Busca rescatar los esfuerzos de integración desarrollados a lo largo de la historia de nuestros países y conducirlos a estadios de integración profunda que involucren temas, no solamente económicos o comerciales y que rescate la indemnidad cultural, para que se transforme en el proyecto político regional para el siglo XXI.

Más tarde, esta iniciativa continúa como una prioridad de la actividad diplomática del Parlamento Latinoamericano, logra el aval de los países integrantes del Grupo de Río y la acción política internacional conjunta del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la ONU (Grulac). El primer paso que se planteó es cambiar las constituciones para integrar jurídicamente el objetivo de la creación de la comunidad latinoamericana de naciones como una prioridad de la política exterior de los países de la región; en éste sentido, se logran cambios constitucionales en las leyes supremas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, para apoyar esta iniciativa integradora. El Parlatino y el grupo de trabajo del Grupo de Río elaboraron el acta de intención para la constitución de la comunidad latinoamericana de naciones en 1995, la cual fue revisada y aprobada por los jefes de estado del Grupo de Río y se continúa avanzando en este esfuerzo regional.

Así, en las cartas fundamentales de Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana y Bolivia contienen preceptos para promover y constituir la comunidad latinoamericana de naciones.

La Constitución de Venezuela, en el artículo 153, señala lo siguiente:

“La república promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones , defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región.”

Por otra parte, la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece en el artículo 6 que “la república procurará la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos”.

Asimismo, la carta fundamental del Perú, en el artículo 44, se precisa lo siguiente:

“Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.”

Asimismo, “es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana , así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior”

Por su lado, la carta política del Ecuador, capítulo tercero, “Integración latinoamericana”, artículo 423, establece:

Artículo 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado . En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a lo siguiente:

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad.

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.

Igualmente, la Constitución del Brasil de 1988, artículo 4, párrafo único, precisa:

“La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”.

Así, la carta fundamental de Colombia, en el artículo 227, señala:

“El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”.

Además, la Constitución Cubana en el artículo 12, inciso c), declara:

Artículo 12. La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas; y

c) Reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo;

Por su parte, la Constitución de la República Dominicana, artículo 26, incisos 5 y 6, establece:

Artículo 26. Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

5. La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración;

6. Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad.

La nueva Constitución de Bolivia en su capítulo tercero, “Integración”, artículo 266, fracción I, señala:

Artículo 266

I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

En el caso de México, en el Congreso de la Unión se han presentado dos iniciativas para impulsar y construir una comunidad latinoamericana de naciones: una por el PAN, presentada el 20 de diciembre de 1992 por los entonces diputados panistas Luis Felipe Bravo Mena y Enrique Caballero Peraza ; y otra, por el PRD, presentada el 29 de septiembre de 1999 en por el senador del PRD, Jorge Calderón. 6

Por otro lado, en el plano político se propone ir más allá de la concertación política y crear, inclusive, un Parlamento Latinoamericano elegido directamente, con atribuciones legislativas para conducir el proceso integrador, similar a lo que acontece en Europa y complementario con los Parlamentos subregionales existentes –Parlamento Andino o Parlamento Centroamericano.

El Parlatino tiene claro que de ninguna manera dicho empeño ha de contar con la creación de nuevos organismos burocráticos, máxime tomando en consideración que América Latina ya cuenta con importantes instrumentos de integración. Lo que se requiere ahora es la voluntad política para conformar con ellos la comunidad latinoamericana de naciones. Y tiene claro también que esa voluntad política debe reflejarse en propuestas institucionales concretas que atiendan simultáneamente los intereses comunitarios y los legítimos intereses nacionales de cada país.

La iniciativa de la CLAN estuvo presente en las declaraciones de Cartagena (diciembre de 1991), de Buenos Aires (diciembre de 1992) y de Santiago de Chile (diciembre de 1993), donde los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río destacaron “la importancia de los trabajos e iniciativas del Parlamento Latinoamericano, al tomar con especial interés su propuesta sobre una comunidad latinoamericana de naciones”. En esa oportunidad, decidieron instruir a sus ministros de Relaciones Exteriores a efectuar la evaluación conjunta durante 1993, de esa iniciativa, así como seguir estudiando esta propuesta, a cuyos afectos resolvió constituir un grupo técnico de trabajo entre sus respectivas cancillerías.

Este grupo técnico tuvo su primera reunión en la sede permanente del Parlatino en Sao Paulo, el 7 de noviembre de 1994, en donde resolvió, según consta en actas, que “el Parlamento Latinoamericano redacte un borrador del acta de intención constitutiva de la comunidad latinoamericana de naciones y lo presente a discusión del grupo técnico de trabajo, para que sea sometido a la consideración de los cancilleres y posteriormente de los jefes de estado y de gobierno del Grupo de Río, para proponer en coordinación con el grupo técnico las diversas líneas de acción prioritarias.

En el mes de febrero de 1995, en la ciudad de Quito, Ecuador, el Parlamento Latinoamericano entregó formalmente a los coordinadores nacionales y a la secretaría pro témpore del Grupo de Río, el proyecto de borrador del acta de intención constitutiva de la comunidad latinoamericana de naciones. Documento que fue ampliamente analizado en la reunión del grupo técnico de trabajo del Grupo de Río, que se realizó en la sede permanente del Parlatino, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el 25 de abril de 1995. En aquella ocasión, se llegó a una propuesta final de texto que fue aprobado por unanimidad y que fue sometido a conocimiento de los cancilleres del Grupo de Río.

Paralelamente, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno también han apoyado la iniciativa de la comunidad latinoamericana de naciones, tal y como se demuestra en la declaración de Bariloche (1995): “los mandatarios latinoamericanos encomendamos a nuestros cancilleres que establezcan un comité de alto nivel que, en colaboración con el parlamento latinoamericano, proponga un cronograma de trabajo y promueva a los estudios necesarios para la constitución de la comunidad latinoamericana de naciones y su vinculación con la comunidad iberoamericana”.

A fin de dar cumplimiento al mandato de la declaración de Bariloche, antes mencionada, el Grupo de Río resolvió constituir el comité de alto nivel para que, conjuntamente con el Parlatino proponga un cronograma de trabajo y promuevan estudios sobre la creación de la CLAN.

Dicho comité se instaló en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano el 2 de abril de 1996 y está integrado por los representantes de las respectivas cancillerías. Se trazaron objetivos a corto plazo, en los que se destacan la necesidad de estudiar proyectos específicos de coordinación y compatibilización en diversas materias.

El Parlamento Latinoamericano se haya impulsando varios proyectos, destinados a dar base y promover la CLAN. Entre dichos proyectos pueden mencionarse los siguientes: educación para la integración en colaboración con la UNESCO; salud en colaboración con la OMS/OPS; medio ambiente en colaboración con PNUMA; narcotráfico en colaboración con la OEA; seguridad alimentaria en colaboración con la FAO; defensa del consumidor en colaboración con Consumers International ; micro, mediana y pequeña empresa en colaboración con el Programa Bolívar del BID y otros organismos; deuda externa; legislación y políticas anticorrupción; y defensa de la seguridad pública, que son prioritarios en la acción constitucional.

Asimismo, el proyecto político de la Comunidad Latinoamericana de Naciones cuenta con el apoyo de diversas instancias como el Mercosur, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, El Grupo de los Tres, el Grupo de Río y muchas organizaciones de la Sociedad Civil entre las que destacan las universidades e instituciones de enseñanza superior a través de la UDUAL (agrupa a 167), confederaciones sindicales latinoamericanas de diferentes tendencias (CLAT celebrará en noviembre de 1998 en México una reunión sobre la CLAN), cámaras industriales regionales, la Federación Latinoamericana de Bancos, las iglesias, las católicas a través de la Celam, o de organizaciones cristianas evangélicas regionales, entre otras.

A manera de reflexión, debo señalar que es precisamente en el contexto de la era de la globalidad y de los procesos de integración regional en donde se abre una ventana de oportunidad, y por supuestos de retos, para el resurgimiento de América Latina. Ésta es, sin duda, una tarea compleja pero indispensable para actuar en la conformación de un mapa mundial político, económico y cultural donde se redistribuyen los espacios geográficos de poder en nuevas dimensiones espacio-regionales.

Por ello resulta conveniente concitar a la reconstrucción de la identidad de América Latina y el Caribe ante el reconocimiento de canales adecuados que faciliten la cohesión entre y al interior de los países. Es claro que esta situación se agrava frente a la definición clara de objetivos comunes y la dispersión de los centros de decisión. En ello, la propuesta del Parlamento Latinoamericano para impulsar el proyecto político de la comunidad latinoamericana de naciones (CLAN) resulta acertada porque busca la región sea la que determine los factores y el programa que impulsen su unidad, y que su inserción en la globalidad no sean determinados desde fuera del área.

Sin duda, al interior de los países, las diferencias económicas, culturales y políticas, regionales fronterizas, urbanas o rurales, también son múltiples y muestran mosaicos sociales complejos en la mayoría de los países, haciéndose más evidentes entre los de mayor extensión.

Sin embargo, “a pesar de las diferencias abismales entre cada parte de la región, compartimos raíces históricas que se remontan a la Colonia y un tronco lingüístico común lo cual nos hace diferentes a la América anglosajona. Para otras regiones somos una entidad con características propias que nos distinguen de las demás, así por ejemplo los europeos, asiáticos, africanos e inclusive los norteamericanos anglosajones nos ven como los otros, los distintos y por tanto, con una identidad diferente o propia que no todos los latinoamericanos logramos identificar y asumir”. 7

Para los países latinoamericanos, la integración regional puede traer beneficios que van más allá del fomento al comercio. Una integración bien lograda genera nuevas oportunidades en el ámbito de la reforma institucional, y para los países latinoamericanos la integración regional puede traer beneficios que van más allá del fomento al comercio. Una integración bien lograda genera nuevas oportunidades en el ámbito de la reforma institucional y de la gestión de políticas; fomenta la modernización de las infraestructuras y la promoción de sistemas productivos integrados. En términos generales, la integración regional permite a los países mejorar su capacidad de adaptación a os requerimientos de una economía de mercado globalizada. Además, puede contribuir a la estabilización de las políticas exteriores y a la consolidación democrática.

Sin embargo, estos beneficios no se presentan de forma automática. Para lograr una buena integración regional, no sólo es necesario que los respectivos intereses nacionales sean tomados en cuenta en las negociaciones; mucho más importante aún, los países tienen que adaptar sus políticas domésticas y elevar sus capacidades de gestión pública.

La propuesta del Parlamento Latinoamericano para impulsar el proyecto político de la comunidad latinoamericana de naciones (como alternativa política, busca que la región sea la que determine los factores y el programa que impulsen su unidad, y que su inserción en la globalidad y convertirnos en actores en el nuevo orden internacional.

Los países de la región afrontan nuevos desafíos en lo político, medioambiental, social y económico ante la un mundo más interdependiente y globalizado.

El tercer milenio debe significar para los pueblos latinoamericanos un impulso firme al desarrollo, para lo cual hemos de aceptar que la comunidad latinoamericana de naciones habrá de ser el mejor instrumento de propulsión para la vida económica integrada, más allá del aislamiento, para que ampliando los mercados y la actividad cultural, sea posible deparar a estos pueblos nuestros una era de anhelado desarrollo y consolidación democrática.

La comunidad latinoamericana de naciones ha de ser un propósito común, y que a su logro hemos de contribuir para que la dimensión geopolítica que significamos pueda superar diversos obstáculos para dar esplendor a las iniciativas tendentes a la integración.

Hoy, resulta necesario encontrar mecanismos de cooperación internacional, como lo estamos viendo en otras latitudes del mundo, y estar convencido de que pueden traducirse en oportunidades y no amenazas. Es por ello que el esfuerzo en favor de las instituciones multilaterales debe ser fortalecido constantemente. Además, los problemas avasallan a las entidades nacionales aisladas. Son aquellos referidos al narcotráfico, la democracia, los derechos humanos o el medio ambiente que va más allá de las líneas fronterizas, que ya no han de reputarse con rayas separadoras sino como espacios integradores.

Recordemos que todo proceso de integración va a depender fundamentalmente de los esfuerzos internos de cada país, de los espacios que generen para establecer las reformas o acciones inmediatas en su derecho interno así como de la efectividad de sus políticas nacionales. En otras palabras el proceso de integración avanza en la medida de lo que hacen los países y de la correlación de fuerzas políticas que se hallen comprometidas en una visión integracionista. Será pues una América Latina unida más latina, más americana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89...

I. a IX...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; promover la integración regional e impulsar la constitución de una comunidad de América Latina y del Caribe para constituir un espacio común de con el propósito de lograr la integración política, económica, social y cultural de la región para la promoción del desarrollo en el marco de unidad, democracia, respeto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.

XI a XX...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Norberto Galazo, Manuel Ugarte (1875-1951) y la lucha por la unidad latinoamericana , Biografía de; Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2001 (5 de julio de 2010: http://www.feps-europe.eu/fileadmin/downloads/globalprogressive/0912_FE PS_Delbo_Latam_ES.pdf)

2 Ejemplos son Contadora o Grupo de Río.

3 Denominada como la “Década perdida para muchos países de América Latina”.

4 Véase a Hobsbown, Historia del siglo XX , Editorial Crítica Grijalbo, Barcelona, 1996, y Vid. Lanni Octavio: Teorías de la globalización , UNAM-Siglo XXI, México. 1996.

5 Luis Miguel Valdivia Santa María, La comunidad latinoamericana de naciones: un proyecto para la globalidad, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (5 de julio de 2010: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad%20latinoamericana% 20de%20naciones%20cono%20proyecto.pdf)

6 La iniciativa del PAN presentada en la Cámara Baja proponía la adición de un segundo párrafo al artículo 40 de Constitución Federal en los términos siguientes:

Art. 40...

Los Estados Unidos Mexicanos favorecerán todo esfuerzo encaminado a fortalecer y desarrollar la integración cultural, política y económica de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.

Por otra parte, la iniciativa del PRD presentada en el Senado en 1999 proponía lo siguiente:

Artículo 89...

I. a IX...

X. ...

...promover la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones con instituciones democráticas y representativas.

7 Op. Cit Valdivia Santa María.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.

Diputados: Rubén Velázquez López (rúbrica), José Luis García Zalvidea.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, y en contra de la asfixia financiera y operativa a que está siendo sometido el sitio web WikiLeaks, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Wikileaks es una página web que nació en 2006 y se autodefinió como un servicio público cuyo propósito es transparentar lo que gobiernos, bancos, organizaciones religiosas, corporativos y multinacionales se esfuerzan en mantener oculto con respecto a acciones y operaciones no necesariamente éticas o lícitas. Esta web funciona a base de filtraciones que surgen desde las entrañas de las propias instituciones y organismos oficiales, quedando a salvo el anonimato de informantes, periodistas y activistas que así logran dar a la luz información sensible que, como queda demostrado por los cientos de miles de documentos que circulan en Internet provenientes de WikiLeaks, son en verdad de interés público. Con ello se ejerce la libertad de expresión periodística, se presta un gran servicio a la transparencia y así también, se da sentido pleno a la palabra democracia y el derecho a la información que ésta presupone.

El sitio WikiLeaks dispone más de un millón de documentos oficiales y secretos.

En julio de 2010 se publicaron más de 92 mil documentos sobre la guerra en Afganistán y el sitio recibió una serie de ataques cibernéticos que pretendieron sacarlo de circulación. El 28 de noviembre pasado WikiLeaks sacó a la luz más de 250 mil documentos con información diplomática. Como anteriormente, dicha web fue atacada por medios cibernéticos, pero lo más terrible es que se desató una furiosa ofensiva de diversos gobiernos que busca la asfixia económica y operativa de WikiLeaks.

Así, al tiempo que se desarrolla un proceso legal contra Julián Assange, fundador de WikiLeaks, diversas corporaciones han dejado de prestar servicios a su web: Paypal, Mastercard, Visa, EveryDNS, Amazon y el banco suizo PostFinance, entre otras. De esta forma, el portal que revolucionó el periodismo financiándose con donaciones diversas, tiene cortadas sus cuentas y ve anuladas sus capacidades operativas.

En las democracias, el siglo XXI se caracteriza por la transparencia y el acceso a la información. Toda información generada en las esferas gubernamentales es de interés público. Es por ello que resulta sumamente preocupante que se tienda un cerco en acciones orquestadas oficialmente para suprimir el portal WikiLeaks utilizando para ello no la Ley, sino la razón de Estado y la referencia insostenible a una presunta vulneración de la seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Al rechazar la asfixia financiera y operativa a la que está siendo sometida la web WikiLeaks, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia.

Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.

Senador René Arce Círigo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob y del comisionado del Instituto Nacional de Migración ante la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente a fin de que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:

Consideraciones

Amnistía Internacional, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos.

Conforme a testimonios de víctimas de este delito, en la mayoría de casos, las autoridades encargadas de dar seguridad y procurar el respeto de las garantías individuales de los migrantes –como policías y agentes migratorios– actuaron, contradictoriamente, coludidos, en complicidad, con los autores de sus secuestros.

Hace solo una semana, el 27 de diciembre de 2010, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció explícitamente este fenómeno, al dar a conocer que durante el último año fueron reportados, por sujetos asegurados por ese órgano, 222 secuestros de migrantes centroamericanos, en territorio mexicano.

Esas cifras, tanto la de migrantes secuestrados como la del número de secuestros denunciados, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a los Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio; y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, a lo largo de las rutas migratorias mexicanas.

Estas cifras engloban también casos de amplio impacto social, como el de los setenta y dos migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado, y el de los cuarenta o cincuenta desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior.

Hechos éstos, documentados y plenamente probados, según cuenta de las autoridades mexicanas, gobiernos extranjeros, organismos no gubernamentales y medios de comunicación.

Del primer caso, que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional, muy pobres han sido, hasta ahora, los resultados relativos a la persecución y sanción de sus autores intelectuales y materiales. Éstos, hasta la fecha, permanecen impunes.

El gobierno federal, como en la gran mayoría de casos en los que se reportan ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, poco sabe, poco avanza o poco informa.

Respecto al segundo caso, el del secuestro de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en Chahuites, Oaxaca, no obstante que han transcurrido casi tres semanas de que se dio a conocer, tampoco es mucho lo que se sabe, lo que el gobierno federal ha logrado para esclarecerlo.

Hasta hoy, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el gobierno del estado de Oaxaca, no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos a poner a disposición del Poder Judicial a sus secuestradores.

Como sabemos, el gobierno federal, primero negó los hechos, luego los reconoció. Redactó comunicados, ofreció investigar, lamentó lo sucedido, se confundió, enredó, contradijo, declaró, leyó discursos, condenó, pero hasta ahora, en resultados, cero, nada.

La opinión pública mexicana, los legisladores federales, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, las familias de los secuestrados, aún esperan certidumbres, que no llegan, que no se tienen.

Cuarenta o cincuenta personas desaparecieron como el humo. Los órganos de inteligencia e investigación federales y estatales o ignoran que ha pasado con ellas u ocultan la información que poseen, pese a la transparencia de la que se ufanan.

El gobierno federal debe explicar que ha hecho en relación con estos casos, que avances tiene, que resultados concretos entregará; cual fue su participación en el operativo policial previo al secuestro de Chahuites; como evitará nuevos secuestros de migrantes extranjeros; como protegerá a quienes desde otros países cruzan nuestro territorio; como reorientará políticas públicas en materia de migración, para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes; como coordina acciones en la materia con autoridades estatales y municipales, qué planes tiene para depurar al personal operativo del Instituto Nacional de Migración y paliar la corrupción que en éste priva; como protegerá y dará seguridad en nuestras rutas migratorias; como evitará que trenes cargueros mexicanos sean usados como medio de transporte por los migrantes extranjeros, entre otros aspectos.

Corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal explicar esas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país, ya que es éste quien, normativa y operativamente, es el responsable de conducir la política de población y de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales.

Asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana, toca decirnos que hace y que hará para enfrentar satisfactoriamente estos problemas.

La importancia del tema migratorio, hacia nuestro territorio, amerita que ambos servidores públicos sean llamados a informar a esta Comisión Permanente, sobre los hechos narrados.

En razón a ello, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, solicitando se tramite como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba.

La Primera Comisión acordará con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato, fecha y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas.

Palacio Legislativo, a 4 de enero de 2011.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrito por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Las diputadas Enoé Uranga Muñoz, Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca y los suscritos, senadores y diputados ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se torna cada vez más turbio e indignante entre tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detienen. La insostenible y vergonzosa impunidad de los feminicidios de su hija Rubí Marisol Frayre y el de Marisela Escobedo, el cual aconteció 16 de diciembre de 2010, en circunstancias tan previsibles que la propia víctima las describió antes de ser ejecutada y que sin embargo fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja, el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Marisela Escobedo, horas después de que fuera “levantado” por un comando.

Estamos viviendo momentos muy graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad interior de la nación, mientras en este país el Ejecutivo sólo parece tener capacidad para “condenar el asesinato”, mientras en otras latitudes, gobiernos y organizaciones exigen tomar acciones más drásticas y contundentes sobre el caso.

El martes 21 de diciembre, es decir, el mismo día que la Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto al caso en el que hacía la condena del Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Marisela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y a adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, cuyo asesino confeso Rafael Barraza, pese haber sido condenado a 50 años de cárcel, permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado, y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

El miércoles 22 de diciembre la Unión Europea se pronunció a través de un a comunicado de la delegación diplomática de la UE en México sobre el asesinato de la activista mexicana expresando que “luchaba para exigir justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Marisol y en contra de la impunidad en casos de asesinatos de mujeres en Chihuahua”, condenó además el crimen e hizo un llamamiento a las autoridades para “esclarecer los hechos e identificar y llevar a juicio a los responsables de este asesinato”.

La mirada internacional al respecto y la de los defensores de derechos humanos en el país no dan crédito a la inmovilidad institucional y la falta de resultados positivos respecto del caso. La situación que rodea el asesinato de hija y madre sólo parece empeorar.

Ante la falta de garantías y la ya probada incapacidad o indolencia de quienes son responsables de salvaguardar las vidas de los habitantes del país, los hijos de Marisela Escobedo, quienes ven amenazada su vida en nuestro país, fueron escoltados por autoridades del gobierno de Chihuahua hasta uno de los puentes que hacen frontera con EUA.

La secretaria de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, confirmó que cuatro familiares de la activista social, Marisela Escobedo, huyeron de México y se refugiaron en EUA, por las amenazas de muerte que han recibido. Sin embargo, su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo fue detenido por las autoridades migratorias de EUA, país al que acudió en busca de asilo y está custodiado desde el 19 de diciembre en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas.

Toda esta desgracia que deshonra a la nación, nació el día en que quienes eran encargados de hacer justicia en el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre, le fallaron a la sociedad y creció por una cadena de errores, corrupción, complicidad, ineficiencias, indiferencia institucionales. Es decir, por el trato y la atención que las diferentes instituciones responsables de cada tramo; investigación, procuración y seguridad, le han dado a los feminicidios.

En una carta abierta con relación a los asesinatos de Marisela y Rubí, dirigida al presidente Calderón, la ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy Fevimtra, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, denunciaba la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que ministros, ministras, magistrados y magistradas, juezas y jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que en el transcurso del año pasado se llevaron a cabo múltiples foros de consulta, debate y opinión en colaboración con la Secretaría de Gobierno, respecto de la necesidad apremiante de hacer una revisión exhaustiva al sistema penal acusatorio que ya opera desde hace mucho tiempo en Chihuahua, así como la urgencia de proteger cada vez más a las víctimas u ofendidos de un delito, dada la impunidad y corrupción que permea en aquella entidad y en otras tantas, y a la fecha nada pasa.

Ante la inoperancia de los responsables de la seguridad del país, se ha abierto una peligrosísima puerta falsa hacia la punición malsana, para la que el gobierno ha mostrado la sorprendente pasividad, misma que hace emergente reaccionar desde esta soberanía: nos referimos, desde luego, a los grupos de la delincuencia organizada que se autodeclaran paladines de la venganza y hoy, por medio de comunicados públicos, ofrecen hacer el trabajo que no hace justicia en Juárez y prometen castigar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo sin importar a qué grupo del crimen organizado pertenezcan, pues afirman que el gobierno del estado es quién protege a estos grupos criminales. Es decir ante la falta de justicia tenemos a un cartel ungiéndose como salvador de la patria, mismo que además apunta su solidaridad “con los familiares de la activista y con el pueblo chihuahuense”.

Resulta toral exigir a las autoridades correspondientes que se responsabilicen y éste crimen se esclarezca y se castigue a todos los culpables de éste y de los demás crímenes “colaterales” a él. Advertimos el riesgo palpable de que, al ser el crimen organizado el que ilegalmente “castigue a los culpables” como ha amenazado, lleguemos a extremos que nos convertirán en territorio sin ley y la credibilidad en la justicia caerá a un atascadero impensable en este siglo y lucrativo para la inseguridad en el país.

Es evidente que el asesinato de Marisela Escobedo es consecuencia de un contexto de violencia contra las mujeres en general y las luchadoras sociales contra la violencia de género en particular, por lo que además de otras medidas debemos insistir en la exigencia a las autoridades para cumplir con la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de mujeres.

Por lo anterior, y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha, y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, fijar plazos para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta Soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del Estado la investigación y sanción a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huida de Sergio Barraza Bocanegra.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad, admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terepeútica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia, hasta que cumpla la mayoría de edad y/o obtenga una profesión u oficio, a la hija de Rubí Marisol Frayre quien apenas cuenta con dos años de edad.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres, que como sabemos debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluya en resoluciones sólidamente sustentadas; y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil, para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad.

Quinto. La Comisión Permanente solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de Estados Unidos de América para que puedan recibir asilo por temor a su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.

Sexto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo.

Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implantar el protocolo de protección a Derecho-Humanistas en el estado.

Dado a los cuatro días del mes de enero de dos mil once, Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente.

Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del representante mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana de ésta a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el gobierno mexicano el 20 del mismo mes, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Castro Trenti, legislador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos se reunió en las oficinas de la Sección Estadounidense en la ciudad de El Paso, Texas, el pasado 17 de diciembre de 2010, para discutir el ajuste del calendario de entregas de agua del río Colorado a México en el período comprendido de 2010 a 2013, con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 014, río Colorado, ocasionados por los sismos ocurridos en el Valle de Mexicali, Baja California, en abril de 2010.

En dicha reunión, el comisionado mexicano refirió que durante los sismos referidos, resultó seriamente dañada la red hidráulica del distrito de riego 014, río Colorado, en una longitud de 640 kilómetros (398 millas) de la red de canales y también fue afectada una superficie de alrededor de 60,000 hectáreas (148,000 acres), por lo que México está enfrentando dificultades para recibir a través de su infraestructura hidroagrícola, todo el volumen de agua que le asigna anualmente el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Los Estados Unidos de América, firmado el 3 de febrero de 1944, de conformidad con lo siguiente:

“Artículo 4

Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a los dos países de la siguiente manera:

A. A México:

a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande), de los ríos San Juan y Álamo; comprendiendo los retornos procedentes de los terrenos que rieguen estos dos últimos ríos.

b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este Tratado a alguno de los dos países.

c) Las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y Arroyo de Las Vacas, en concordancia con lo establecido en el inciso c) del párrafo B de este artículo.

d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados -que son aquellos no denominados en este artículo- entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.

B. A Estados Unidos:

a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto.

c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 721 000 metros cúbicos (350 000 acres pies), salvo el derecho a usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido.

En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales que se asignan a los Estados Unidos como aportación mínima de los citados afluentes mexicanos, en el inciso c) del párrafo B de este artículo, los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios.

Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminando un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose, a partir de ese momento, un nuevo ciclo.”

El comisionado mexicano hizo mención entonces a las instrucciones del gobierno en el sentido de explorar en el seno de la Comisión, la opción de ajustar el calendario de entregas de agua del río Colorado, reconociendo los volúmenes de agua que México no pueda utilizar en el período comprendido de 2010 a 2013 a causa de los daños ocasionados por el sismo del 4 de abril del 2010, y el deseo de que dichos volúmenes sean entregados a México cuando pueda utilizarlos, según el avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada. En este contexto, mencionó que un volumen estimado de 320 millones de metros cúbicos (260,000 acres-pie) pudieran no ser utilizados en el periodo comprendido de 2010 a 2013.

El comisionado estadounidense observó que las autoridades competentes de su país, han sido informadas de los daños sufridos por la infraestructura del distrito de riego 014 como resultado de los sismos registrados en abril de 2010, y han expresado su disposición para apoyar a México a fin de ajustar los calendarios de entrega de agua de su asignación anual durante el período comprendido de 2010 a 2013, debido a los problemas derivados de los daños mencionados.

En este contexto, los comisionados observaron la procedencia de ajustar el calendario de entregas de las aguas asignadas a México durante el período comprendido de 2010 a 2013, a fin de atender inmediatamente los problemas derivados de los daños generados por los sismos en la infraestructura de riego en México, tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con este cambio en el calendario de entregas y el potencial impacto en el diferencial de salinidad entre la presa Imperial y el lindero internacional norte. 1

Con base en lo anterior, el acta 318 contiene las siguientes resoluciones:

“1. Tomando en cuenta los daños en infraestructura causados por los sismos de abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California, y con el propósito de asegurar que únicamente se programe la entrega durante el período comprendido de 2010 a 2013 de aquellos volúmenes que México pueda utilizar en dicho período, a solicitud de México, el calendario para la entrega anual a México de sus asignaciones correspondientes al Artículo 10(a) 2 del Tratado de Aguas de 1944, se podrá ajustar reduciéndola en la forma siguiente:

Desde la fecha en que esta acta entre en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2013, por un máximo de 320 millones de metros cúbicos (260, 000 acre-pie).

2. Cualquier solicitud de ajuste de reducción para los años 2010 hasta 2013, a que se refiere la resolución 1 anterior, será comunicada por el comisionado mexicano a través de una notificación oportuna al comisionado estadounidense, mediante un escrito indicando los volúmenes afectados por este cambio en el calendario de entregas y los meses a los que dichos volúmenes corresponden.

3. Tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con el ajuste del calendario de entregas, iniciando en 2011, el 31 de diciembre de cada año en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 anterior o una parte de ellos no hayan sido aun entregados a México, se cargará un 3 por ciento de evaporación anual, el cual se deducirá de los volúmenes pendientes de entregar. Este porcentaje no se aplicará en un año dado en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 de esta acta, no puedan ser entregados a México por problemas operativos en Estados Unidos.

4. Tomando en cuenta el impacto potencial que el ajuste al calendario de entregas de agua a México en el período comprendido de 2010 a 2013, pueda tener en el diferencial de salinidad entre presa Imperial y el lindero internacional norte descrito en la resolución 1.a del acta 242, “Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del río Colorado”, del 30 de agosto de 1973, el citado diferencial de salinidad se calculará como si el volumen de agua mencionado en la resolución 2 anterior se hubiera entregado de la presa Imperial en el lindero internacional norte, en congruencia con el monitoreo de las entregas de agua adoptado en la enmienda al Informe Común de los Ingenieros Principales que forma parte del acta 314, “Ampliación de las entregas temporales de emergencia de aguas del río Colorado para su uso en Tijuana, Baja California”, del 14 de noviembre de 2008. Los ajustes al calendario de entregas se realizarán, en cuanto sea práctico, de manera que minimicen los impactos en la salinidad en el lindero internacional norte, reconociendo que México y las organizaciones no gubernamentales podrán conducir agua hacia el Estero de Santa Clara, a través del dren Wellton-Mohawk, en el marco del acta 316 “uso del dren de desvío del Wellton Mohawk y de la Infraestructura necesaria en Estados Unidos, para la conducción de agua de México y las organizaciones no gubernamentales de ambos países, hacia el estero de Santa Clara, durante la prueba piloto de la planta desaladora de Yuma”, de fecha 16 de abril de 2010, acción que tendrá un impacto favorable en la salinidad en el lindero internacional norte.

5. Serán aplicables las limitaciones en lo que se refiere a los gastos de las entregas especificados en el artículo 15 del Tratado de 1944.

6. Se considerará que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones de entrega estipuladas en el Tratado de Aguas de 1944 para los años 2010 a 2013, independientemente del ajuste del programa de entregas que se realice en el marco de esta acta.

7. En el marco del acta 317, “marco conceptual para las conversaciones México-Estados Unidos, relativas a las acciones de cooperación sobre el río Colorado”, de fecha 17 de junio de 2010, deberán continuar las discusiones sobre las acciones de cooperación conjunta en el río Colorado que pudieran beneficiar a ambos países, particularmente reconociendo la necesidad de minimizar los impactos de potenciales condiciones de escasez en la cuenca del río Colorado, y ante el creciente reconocimiento sobre los potenciales efectos adversos del cambio climático, México y los Estados Unidos reconocen que es crítico para el interés de ambos países, continuar con sus esfuerzos para atenuar los impactos referidos, conforme se estableció en el acta 317.

8. Los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, serán entregados a México a partir de 2014, sujetos a reconsideración dependiendo de los avances en los esfuerzos de reconstrucción por parte de México, y en función de las oportunidades de cooperación que se identifiquen en el marco del punto 10 de esta acta. La entrega del agua mencionada se realizará dentro de los calendarios de entrega contenidos en el artículo 15 del Tratado de Aguas de 1944, sin exceder un volumen de entrega total anual de 2097 millones de metros cúbicos (1.7 millones de acre-pie), y sin exceder los límites de salinidad estipulados en el acta 242. Para obtener esta entrega, el comisionado mexicano remitirá la solicitud correspondiente al comisionado estadounidense, indicando los volúmenes que serán entregados y los meses a los que dichos volúmenes corresponden, al menos seis meses antes de la primera entrega de dichos volúmenes de agua. El comisionado estadounidense, al recibir la solicitud, es responsable de revisar las condiciones del sistema del río Colorado y aprobar la solicitud, sujeto a los aspectos operativos identificados en la revisión de las condiciones del sistema del río Colorado, tomando en consideración el deseo de ambos países de programar la entrega de esta agua, de manera que no se detonen o agraven potenciales condiciones de recortes en los Estados Unidos.

9. Las estipulaciones de la presente acta no deberán ser consideradas como precedente para entregar en el futuro agua del río Colorado adicional a la asignada anualmente a México, conforme al artículo 10 del Tratado de Aguas de 1944, ni para manejar en el futuro la salinidad mediante el esquema descrito en el punto cuatro anterior.

10. Las discusiones que se llevan a cabo en seguimiento del acta 317, como se menciona en la resolución 7 anterior, podrán considerar otras acciones de cooperación conjunta relacionadas con la entrega de los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, tomando en consideración los beneficios potenciales para ambos países, así como el avance logrado en la reconstrucción de la infraestructura dañada en México.

11. La entrega de agua a que se refiere la resolución 8 anterior, no impide la implementación, si las condiciones así lo ameritan, de las estipulaciones del Artículo 10 (b) del Tratado de Aguas de 1944, en lo relativo a la reducción de agua asignada a México bajo el artículo 10 (a) del tratado.

12. Que esta acta deberá entrar en vigor cuando el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hayan notificado su aprobación a la misma, a través de la correspondiente sección de la comisión.”

Durante todo el 2010, Baja California enfrentó diversos sucesos, tanto naturales, como el sismo del 4 de abril, y políticos, como las restricciones al uso de dólares en efectivo, resultando afectada, de manera importante, la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

El Valle de Mexicali sigue sufriendo las consecuencias del terremoto y, como se mencionó anteriormente, todavía no se ha podido restaurar la infraestructura hidroagrícola de la zona, lo que significa pérdidas para todos los productores agrícolas mexicalenses, quienes no pueden continuar con sus actividades debido, en gran medida, a la falta de abastecimiento de agua para riego.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría del Interior estadounidense, se estima que las reservas de la cuenca del Río Bravo, principal fuente de agua para el estado de Baja California, han caído a 55 por ciento de su capacidad desde el 2000 y los pasados 11 años han sido los más secos en un siglo, por lo que es menester llevar a cabo un profundo análisis de este pacto bilateral ya que la restricción de más de 300 millones de metros cúbicos de agua correspondientes al Estado mexicano, puede resultar en otro fuerte golpe a la de por sí menoscabada economía de los estados fronterizos, en especial la de Baja California.

En este orden de ideas, es que se propone citar a comparecer ante esta Comisión Permanente al doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, a fin de que explique a detalle las razones y posibles consecuencias que el acta 318, firmada con Estados Unidos, puede significar para el país.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer, al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, y al secretario de la sección mexicana, licenciado José de Jesús Luévano Grano, a fin de que expliquen, a detalle, las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010, aprobada por los gobierno mexicano y estadounidense el 20 del mismo mes.

Notas

1 Resolución 1.a del acta 242, “Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del río Colorado”, del 30 de agosto de 1973

2 “Artículo 10. De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México:

a) Un volumen garantizado de 1,850,234,000 metros cúbicos (1.500,000 acres pies) cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este tratado.”

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.

Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Ricardo Fidel Pacheco, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleomino Zoreda Novelo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública surge, con sus actuales características, de la reforma al artículo 21 constitucional contenida en la Reforma al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad que entró en vigor el 18 de junio de 2008 y de su nueva Ley Reglamentaria emitida el 2 de enero de 2009, hace ya dos largos años.

Entre sus responsabilidades, según consigna la página web del secretario ejecutivo del sistema, se encuentran:

• Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.

• Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.

• Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

• Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.

• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

La Secretaría Ejecutiva del Nacional de Seguridad Pública tiene como misión declarada reforzar y consolidar la estrategia nacional de seguridad, y nos interesa sobremanera conocer: ¿cuáles son las características de la estrategia que hay que reforzar y consolidar y qué han hecho para ello? Sobre todo a la luz del crecimiento exponencial de la violencia criminal que nuestro país vive desde que surgió este nuevo sistema de seguridad pública, que aunque se constituyó hace aproximadamente quince años, fue rediseñado a través de la reforma constitucional hace dos.

Según un balance de los quince años de existencia del sistema que nos ofrece el secretario ejecutivo del sistema, se han invertido en el mismo 83 mil millones de pesos, es decir, un promedio de 5, 533 millones de pesos al año con sus altas y bajas conforme las prioridades; el presupuesto de 2000 se correspondía con esta cifra, sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, éste se redujo a un poco más de 2 mil millones hasta que en el 2005/2006 se inició un proceso ascendente en el presupuesto en materia de seguridad pública, sin contar con lo que se destina a las Secretarías de la Defensa y de Marina, que sin sustento legal realizan tareas de seguridad pública. Por lo que nos gustaría conocer una evaluación de costos contra resultados.

En el 2009, los recursos del financiamiento conjunto federación/estados fue de 8, 975 millones de pesos, de los cuales 4, 383 millones de pesos, el 48.8%, se dedicó al rubro de alineamiento de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia, pero el subejercicio fue de 1, 282 millones de pesos; mientras que el subejercicio total fue de 2, 591 millones de pesos, por lo que nos gustaría saber cuál es la razón de que en la preocupación ciudadana más sensible, que ha provocado en amplios territorios un escenario bélico con más de 30 mil muertos en tan sólo cuatro años y que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia, se puede dar el lujo el Sistema Nacional de Seguridad Pública de tener subejercicio presupuestal.

Cifras sobre la incidencia delictiva, la prevención del delito, el éxito o fracaso de la Estrategia Nacional de Seguridad, del cumplimiento de las instancias federales y estatales de seguridad pública, de los gobernadores y de los miembros del gabinete federal de seguridad pública, van y vienen, queremos un informe oficial y los elementos para que las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión tengan los elementos para discutir y dictaminar las propuestas legislativas que se encuentran asentadas en cada comisión.

En particular, en el Congreso se encuentra la iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único policial, sin embargo, las y los legisladores desconocemos el avance, no sólo de la implementación de la reforma penal, en lo que a proceso acusatorio y oral adversarial se refiere, sino importantemente desconocemos el avance de la certificación y acreditación de las instancias de policía federal, estatal y municipal que le corresponde al sistema nacional que coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

Esta información es sustantiva para la discusión pues incluso es mandato constitucional la evaluación, certificación y acreditación de los elementos de las instancias de seguridad pública: policías municipales, estatales y federales y de los agentes del Ministerio Público y de las policías ministeriales estatales y federal.

Requerimos las cifras y datos precisos de dicho avance pues los representantes del secretario ejecutivo del sistema han planteado que, con los recursos actuales, el proceso para evaluar, certificar y acreditar a las policías todas tardaría aproximadamente 20 años, y entonces de cara a esta realidad analizar cómo se insertan las iniciativas del ejecutivo federal en un contexto nacional de crisis de la seguridad del Estado en donde grupos criminales le disputan el monopolio del uso de la fuerza, controlan amplios territorios, se pierden vidas ya sea de presuntos delincuentes, agentes del Estado y civiles, se incrementa la violencia, el sistema de justicia sigue degradándose, se violentan derechos humanos, el miedo modifica patrones culturales y de vida de las comunidades, se usa a las fuerzas armadas sin base constitucional ni legal, y en cada delito de alto impacto nos encontramos que están involucrados policías federales, estatales y municipales, e incluso integrantes del ejército y la marina.

La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales de la democracia y la construcción de políticas públicas, por ello, el Congreso de la Unión necesita saber, conocer y analizar los datos, las cifras, la realidad de cómo está funcionando, a dos años de su surgimiento, el cumplimiento de las tareas encomendadas al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Miguel Alcántara Soria, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para que presente ante el pleno de esta soberanía un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública.

Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.

Senador René Arce Círigo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a presentar un informe sobre las condiciones técnicas y operativas de los ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana, los atlas de riesgo para cada una de las entidades, con la identificación geográfica de los ductos, los riesgos para los habitantes y comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto en la ecología, suscrito por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, diputado federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

Con motivo de los trágicos acontecimientos del pasado 19 de diciembre de 2010 ocurridos en el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, con la explosión del oleoducto de Nuevo Teapa-Venta de Carpio, en el tramo de San Martín Texmelucan, que transportaba petróleo crudo y que privó de la vida a 29 habitantes de esa zona, es necesario modificar los métodos de control y prevención en la operación de los ductos en el país, propiedad de Petróleos Mexicanos o de particulares, para el caso del gas natural y gas LP, porque resulta evidente que los sistemas implementados en ese importante ducto Teapa-Venta de Carpio, fallaron.

Es evidente la vulnerabilidad en la que se encuentra la población civil, expuesta a explosiones en los ductos, por tomas clandestinas que en el periodo de enero a octubre de 2010, según información de Pemex, en cuanto a la evaluación de tomas clandestinas y volumen, es de 614, prácticamente se han duplicado desde 2008 a la fecha.

Son números alarmantes, de casi dos tomas clandestinas de hidrocarburos por cada día. Ante este panorama, nadie puede asegurar que los accidentes en la red nacional de ductos del país, se vuelvan a presentar con explosiones y la pérdida de más vidas humanas.

Para captar con mayor realidad éstos sucesos, considero oportuno recordar como antecedente de esta clase de siniestros, la tragedia del 19 de noviembre de 1984, cuando explotó la planta de Petróleos Mexicanos en la localidad de San Juan Ixhuatepec en el municipio de Tlalnepantla, del estado de México, donde perdieron la vida más de 500 personas. Así como la tragedia del 22 de abril de 1992 en la zona de Analco en Guadalajara Jalisco, que provocó la destrucción de 12 kilómetros de calles y que costó la vida a más de 150 personas. Explosiones provocadas por la presencia de gasolinas en los colectores del Sector Reforma de esa ciudad de Guadalajara.

Consideraciones

La red nacional de ductos de Petróleos Mexicanos, reporta la empresa paraestatal hasta el momento, es de 12,295 kilómetros de oleoductos que transportan petróleo crudo, 8,381 kilómetros de poliductos que transportan hidrocarburos refinados como gasolinas y diesel, 16,945 gasoductos de gas natural y gas LP. Sin embargo las autoridades municipales y estados de la república, donde se han instalado estos ductos, no cuentan con Atlas de Riesgo, planos de identificación de los mismos y programas que prevención, mitigación y de contingencia ante el caso de un siniestro.

Los informes presentados por Petróleos Mexicanos sobre las acciones emprendidas contra el mercado ilícito de combustibles, son solamente de resultados parciales, no reflejan el contexto real del riesgo y la tragedia. En el caso de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, fue evidente la falta de previsión y coordinación de Petróleos Mexicanos con las autoridades locales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, la Secretaría de Energía, Sener, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Sistema Nacional de Protección Civil y otras más.

En este siniestro, Petróleos Mexicanos falló en la implementación de métodos con estándares de seguridad aplicables a todos los municipios del país, que tengan la presencia de ductos, oleoductos, gasoductos o poliductos. No se implementaron los más elementales sistemas de prevención para la protección de vidas humanas y los consecuentes daños materiales, así como el impacto a la ecología por la cercanía del río Atoyac. El hidrocarburo fluyó por las redes de drenaje de la población, sin que se tuvieran planes preventivos por el riego latente que representa el oleoducto.

El 26 de marzo de 2010, conociendo de los riesgos manifestados por diversos agentes económicos en materia energética del país, que nos presentaron quejas sobre los riesgos que representaba el mercado ilícito de combustibles, para los habitantes de muchos estados, entre ellos Yucatán que contaba en ese momento con 350 puntos de venta clandestinos de gasolina y diesel producto del robo de combustibles a los poliductos de Petróleos Mexicanos, mientras que las gasolineras adheridas a la franquicia Pemex son cerca de 120 expendios autorizados, es decir la venta clandestina duplicaba en puntos de venta al comercio formal.

Denuncié a todos los medios, el robo de 20 mil millones de pesos anuales, de gasolinas y diesel sustraída de los ductos de Petróleos Mexicanos y aseguré “Que de no atenderse el robo de combustibles a los ductos de Pemex se podría generar una situación que escaparía de las manos de las autoridades del país”, sostuve que en esas actividades están involucradas bandas del crimen organizado.

La denuncia fue para exigir a Petróleos Mexicanos y a las autoridades competentes, hacer uso de las herramientas jurídicas para detener el problema del robo de combustibles. Solicité a la Procuraduría General de la República, PGR, la investigación así como el inicio de operativos en los sitios donde se comercia el combustible robado.

Petróleos Mexicanos no contestó nada, ignoró la denuncia realizada por esta Cámara de Diputados, como ha ignorado otras invitaciones más a solucionar la problemática a fondo del mercado ilícito de los combustibles en México. Lamentablemente las denuncias sobre los graves riesgos, no fueron escuchadas por Pemex y los hechos del 19 de diciembre en las explosiones del oleoducto de Pemex en el tramo de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, demuestran la negligencia en la que incurrió el director general de Petróleos Mexicanos.

Pemex debe informar a esta soberanía de la Cámara de Diputados, así como a todas las autoridades competentes en la regulación del transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos, gasoductos y otros duetos, la información a detalle de lo siguiente:

Red de Oleoductos, Gasoductos, Poliductos y otros ductos de Petróleos Mexicanos

1. Definir la ubicación física de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos en la República Mexicana propiedad de Petróleos Mexicanos y/o organismos subsidiarios:

a. Origen y destino del oleoducto, poliducto o gasoducto.

b. Diámetro del oleoducto, poliducto o gasoducto.

c. Longitud del oleoducto, poliducto o gasoducto

d. Productos que transporta (gasolinas, diesel, combustóleo, gas licuado, gas propano, gas natural).

e. Instalaciones accesorias del oleoducto, poliducto o gasoducto.

2. Ubicación física de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos en la República Mexicana propiedad de particulares:

a. Origen y destino del oleoducto, poliducto o gasoducto.

b. Diámetro del oleoducto, poliducto o gasoducto.

c. Longitud del oleoducto, poliducto o gasoducto.

d. Productos que transporta (gasolinas, diesel, combustóleo, gas licuado, gas propano, gas natural).

e. Instalaciones accesorias del oleoducto, poliducto o gasoducto.

3. Condiciones operativas de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Capacidad de diseño nominal del ducto.

b. Capacidad operativa real del ducto.

c. Programa de mantenimiento del ducto.

I. Fecha de programa.

II. Características del mantenimiento programado.

III. Costo estimado del programa de mantenimiento.

d. Mantenimiento real proporcionado al ducto.

I. Fecha de los trabajos realizados.

II. Características de los trabajos de mantenimiento realizado.

III. Costo real de los trabajos de mantenimiento realizado.

IV. Empresas que proporcionaron los trabajos de mantenimiento.

4. Condiciones de seguridad de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Mapa de riesgos de las principales poblaciones del país en donde se localiza la red de oleoductos, gasoductos y poliductos.

b. Plan de emergencia de protección civil para las principales poblaciones en donde se localiza la red de oleoductos, gasoductos y poliductos.

5. Siniestros ocurridos en la red de oleoductos, gasoductos y poliductos del país:

a. Pérdidas humanas ocurridas.

b. Causas principales que los ocasionaron.

c. Pérdidas materiales y económicas ocasionadas.

d. Medidas adoptadas para sustituir el suministro de productos a través de la red de duetos, impacto económico y duración de las mismas.

e. Impacto ecológico de los siniestros ocurridos y medidas de remediación.

6. Tomas clandestinas a la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Número de tomas clandestinas ocurridas en la red de ductos en los últimos cinco años. (anual)

b. Pérdidas estimadas (económicas y vidas humanas) por las tomas clandestinas.

c. Medidas judiciales adoptadas por Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes.

d. Personal de Pemex involucrado en las tomas clandestinas.

7. Resultados del combate al mercado ilícito de combustibles realizado por Petróleos Mexicanos de 2006 a la fecha:

a. Informe de los resultados del Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles consiste en dotar a la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación con la infraestructura propia y con los elementos necesarios para combatir el robo, la adulteración y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional. A que se refiere su Memoria de Labores.

b. Incluyendo el informe de resultados del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), avance de instalación en todos los oleoductos y poliductos propiedad de Petróleos Mexicanos, así como el Sistema Integral de Medición y Control de Operaciones en las 77 terminales de almacenamiento y reparto propiedad de Pemex.

8. Tomas clandestinas de petróleo y refinados:

a. Identificar los principales puntos de reventa de petrolíferos obtenidos como producto del robo de esos combustibles a través de tomas clandestinas. Tanto en México como en el extranjero.

b. Informe de las denuncias conocidas

c. Razones de las inequidades comerciales que regulan la venta de productos petrolíferos a través de los canales de mayoreo y menudeo (Distribuidores de petrolíferos vs. Estaciones de servicio de la franquicia Pemex).

d. Informe de los métodos y resultados de la supervisión de puntos de venta en los canales de comercialización por parte de Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes en todos los puntos de distribución y comercialización de petrolíferos.

e. Informar las medidas de control, supervisión y resultados, que ha implementado Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes para evitar la reventa de productos petrolíferos obtenidos del robo de combustibles en las tomas clandestinas a oleoductos, gasoductos, poliductos y a las instalaciones de Pemex.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, a efecto de que a la brevedad informe a esta soberanía sobre los puntos mencionados en el cuerpo del presente texto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2010.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía del secretario de Economía, del gobernador del Banco de México y de los titulares de la Profeco, la Cofeco y el Inegi, con relación a los aumentos de precios, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento, equivalente a dos pesos. Para el año 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento de 2.6 pesos. A partir del 1 de enero de 2011, la percepción mínima para el área geográfica A será de 59.80 pesos diarios; mientras que para el área geográfica B llegará a los 58.10 pesos por día y para el área geográfica C ascenderá a 56.75 pesos diarios. En promedio, el salario mínimo en el país será de 58.22 pesos diarios. Sin embargo, el salario se incrementa una sola vez en todo el año, mientras que los precios se han elevado constantemente.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Tecnológico de Monterrey, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75 por ciento, de 1976 al 2010, debido a que los precios tienen un mayor crecimiento a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores. El estudio “Fortalecimiento del mercado interno. Un proyecto de nación”, destaca que esta situación representa el retraso de tres décadas de desarrollo potencial y una reducción real del bienestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26 por ciento, mientras que el salario mínimo nominal creció 21 por ciento en promedio anual.

Cabe recordar que en un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM se indica que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; también señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica.

Es importante señalar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ubicó a México en la categoría de “ingreso bajo”, por debajo de Eslovaquia, Estonia, Polonia, Croacia, Lituania y Letonia y por arriba de Rusia, Bulgaria, Rumania, Turquía y Macedonia. Por otra parte, los efectos de la crisis global afectaron gravemente a la población que vive en condiciones de pobreza en los últimos años, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha señalado que la presión alcista de los productos básicos, particularmente los agrícolas, afecta a las personas que viven en pobreza, además de que, el precio del petróleo a nivel internacional ha ido en aumento, agravando aún más la situación de los pobres.

Mientras que datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.

Con base a la información de dicha encuesta, se destaca que entre los años de 2006 a 2008, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaría a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.

En tanto que, de acuerdo con las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, difundidas por el Banco de México (Banxico), para el próximo año mejorará el crecimiento económico y se mantienen sin cambio las correspondientes a la inflación. De manera que para el cierre de 2010, los consultores estiman en promedio que la inflación general anual será de 4.40 por ciento, mientras que para el cierre de 2011 será de 3.82 por ciento.

Desde que el gobierno federal puso fin al congelamiento del precio de la gasolina, que había sido implementado en 2009, los precios tuvieron incrementos graduales para la gasolina Magna, Premium y para el diesel. Así como también el precio del gas licuado de petróleo, el combustible de mayor consumo en los hogares de México, aumentó, lo que se sumó a las alzas en alimentos básicos, transporte e impuestos, entre otros. Para 2011, el aumento de gasolinas, electricidad, gas, cigarros, cervezas, peajes carreteros, derechos por trámites como agua, predial, y transporte entre otros rubros afectarán al grueso de la población.

Recientemente, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa) señaló que se espera un incremento en el precio del pan a partir de febrero próximo o a más tardar a principios de marzo. La Canainpa aún desconoce el porcentaje del incremento ya que dependerá del anuncio que den los principales países productores de trigo, como Rusia, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina, sobre cómo vendrán las cosechas de ese grano.

El pasado 12 de diciembre, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías planteaba que se han visto en la necesidad de incrementar en cuatro pesos el precio de la tortilla, ante el incremento en los costos de producción, en específico el maíz. Luego de acusar que el mercado nacional padece la especulación de empresas que aprovechan el entorno internacional y la falta de protección a la alimentación y a la economía para esconder el maíz, esa situación ha provocado la quiebra de miles de pequeños industriales y con ello la pérdida de empleos y patrimonios.

En este sentido el pasado 20 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto del acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional. De manera que, el monitoreo de los mercados cobra relevancia ante la escalada de precios de productos de la canasta básica, además de que la falta de control por parte de las autoridades repercute en perjuicio de todos, particularmente de los más pobres.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía; de Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico); así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); de Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC); y de Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente solicita al Banxico, a la CFC, a la Profeco, y al Inegi que procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación, y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía, y Comercio y Fomento Industrial de esta Soberanía.

Tercero. También, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía, considere las opiniones del Banxico, de la Profeco, de la CFC y del Inegi y que con esta opinión tome las medidas que le competen para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.

Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT un informe detallado respecto del nuevo Sistema Satelital Mexicano; y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que ejerza sus facultades para que la ASF realice la revisión correspondiente, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón y Fernando Jorge Castro Trenti, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, se permiten someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita el informe detallado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nuevo Sistema Satelital Mexicano, y respetuosamente se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ejerza sus facultades en materia de auditoría, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes del sistema satelital

Un satélite es todo cuerpo, artificial o natural, que gira alrededor de otro mayor atrapado por su gravitación. Los principales ejemplos de un satélite son los que naturalmente giran alrededor de los planetas, a estos satélites naturales también se les llama lunas. Los satélites naturales se distinguen de los artificiales en que éstos son naves espaciales puestas en órbita alrededor de la Tierra, la Luna, otro planeta o de los puntos de Lagrange. 1 Los satélites, por su utilización y aplicaciones, pueden ser científicos, meteorológicos, de navegación, de teledetección, de observación de la tierra, de comunicaciones y militares. El primer satélite artificial puesto en la órbita terrestre fue producto del arduo trabajo de la Unión Soviética en el año 1957.

Los satélites de comunicaciones son los más utilizados y rentables ya que a través de ellos se pueden prestar servicios de radio, televisión, telefonía, y en general para las comunicaciones de la vida moderna.

De acuerdo con la información proporcionada por la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Cristina Rosas, en un ensayo publicado en la revista Etcétera, 2 en 2008 alrededor de 846 satélites artificiales orbitaban la tierra, de ellos 431 eran estadounidenses, 90 rusos, 37 japoneses, 36 de China, 18 de India, 12 de Luxemburgo, 10 de Francia, 10 de la Agencia Espacial Europea, 10 de Canadá y 9 del Reino Unido. Para el 2010 Estados Unidos aumentó a 438 satélites, Rusia a 97 y China a 60 (el crecimiento de China es formidable, en sólo dos años creció en 60 por ciento). En América Latina sólo cuatro países cuentan con satélites propios: Brasil, Argentina, México y Venezuela; y próximamente Colombia y Bolivia.

En el caso de México, en 1968, con motivo de los juegos olímpicos, nuestro país ingresó a la era satelital a través del ATS-3, propiedad de la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos, captando las señales del Sistema Intelsat.

Para 1985 México adquirió su propio sistema satelital, y se puso en órbita el Satélite Morelos I el 17 de junio, y para el 17 de noviembre se lanzó el Morelos II. El costo del sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. Ambos satélites tenían una vida útil de nueve años. La vida útil del Morelos I terminó en 1993, y la del Morelos II en 1994, es así que sus funciones las tomaron la nueva generación de satélites “Solidaridad I y II” lanzados en 1993 y 1994, los cuales contaban con el doble de capacidad de los Morelos, siendo su vida útil hasta el 2007 y 2008.

Sin embargo, por una falla en el Solidaridad I, éste dejó de funcionar en 1998, con lo que afectó de manera importante a las telecomunicaciones del país. Hoy el Solidaridad II (al que fueron transferidas las tareas del Solidaridad I) opera en órbita inclinada, lo que le permite una vida útil hasta el 2013 y se emplea exclusivamente para tareas de seguridad nacional, y no está asegurado bajo el argumento de que no opera con fines comerciales y si se llegara a averiar, sus tareas se le transferirían a otro satélite.

El satélite mexicano Satmex V o Morelos 2R fue puesto en órbita en 1998, con vida útil de 15 años, pero a principios del 2010 presentó fallas, unas de las cuales son en el sistema de propulsión y no son cubiertas por el seguro del satélite, debido a que estas fallas son graves se estima que este satélite seguirá funcionando hasta el 2013. El Satmex VI, lanzado en 2006, se proyecta que tiene una vida útil aproximada hasta el 2021, sin embargo, ha presentado diversas fallas técnicas.

Los proyectos Satmex VII y VIII fueron anunciados en 2008 y en 2010 respectivamente. El satélite Satmex VII, se construiría por Space Systems/Loral y estaba previsto su lanzamiento para el año 2011, pero debido a la gran deuda que tiene la empresa Satélites Mexicanos, el mismo no se construyó y únicamente quedó como un acuerdo de contrato que no se concluyó por falta de financiamiento para su creación.

Política gubernamental en materia satelital

En el programa de trabajo 2010 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual expresa “las acciones que deberá realizar la SCT en el corto plazo para contribuir con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán el desempeño de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector, en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), planteado por el C. Presidente de la República” incluye como el objetivo 10.1, el “Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.” Para lo cual se establecen diversas estrategias, dentro de las cuales, en el tema de comunicaciones satelitales están:

• Estrategia 1: “Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son cubiertas con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor población del país.” Y como una línea de acción para su cumplimiento se encuentra el “Atender y dar seguimiento a los procedimientos de coordinación internacional en materia satelital que resulten necesarios para la adecuada operación de los satélites mexicanos, así como para la ocupación y explotación de posiciones orbitales geoestacionarias”.

• Otra estrategia señalada es “Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía”. Y como líneas de acción de los Servicios Satelitales proporcionados por Telecomm 3 se encuentran:

– Aumentar la comercialización de los servicios de televisión ocasional con estaciones terrenas transportables digitales, para llegar a 6 redes permanentes y 1,643 servicios ocasionales.

– Asegurar la comunicación telefónica rural por satélite en comunidades de 60 a 499 habitantes, para atender a 1.2 millones de personas en el medio rural.

– Instrumentar el plan de contingencia a mediano plazo para cubrir los requerimientos operativos de las redes satelitales en banda “L” y realizar los estudios que permitan la continuidad de los servicios.

– Garantizar la prestación de los servicios satelitales en “banda L”, mediante la instrumentación del Plan de Contingencia y el Plan de Continuidad, para prestar los servicios de voz y datos para las instituciones nacionales de seguridad y de telefonía por satélite a las comunidades rurales de entre 60 a 499 habitantes.

– Garantizar las comunicaciones de las redes Movisat a través de su modernización y un óptimo monitoreo del segmento.

– Instalar, reubicar y dar mantenimiento a las terminales telefónicas satelitales (TTS), en banda “L” y “Ku” propiedad de la SCT y Gobiernos de los Estados.

– Prestar los servicios de comunicación satelital en los Centros Comunitarios Digitales (CCD), para la consulta y acceso a Internet.

– Instalar y operar las redes del sistema del conocimiento y la información (e-México).

– Garantizar la continuidad de los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad.

– Incrementar el número de redes permanentes de televisión y de enlaces ocasionales.

– Fortalecer la infraestructura de estaciones terrenas transportables y de telepuertos y la actualización del codificador/compresor para servicios gubernamentales.

– Operar y mantener la red de comunicaciones móviles por satélite en banda “L” y el Centro de Control Satelital conforme a la vida útil del satélite Solidaridad 2.

– Instalar, operar y mantener las redes de la sociedad del conocimiento y la información (e- México) bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A partir de lo anterior, se denota el papel que el sector satelital tiene en las comunicaciones del país y todas las acciones que, a muy corto plazo, fueron planteadas para dar un mínimo avance que nos aleje del rezago de acuerdo a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igualmente, a partir de lo anterior, se aprecian los lineamientos en esta materia se impuso el gobierno federal, los cuales, como mínimo, deben ser cumplidos dentro del periodo anual (2010).

Satélites Mexicanos, SA DE CV

El 26 de junio de 1997 se constituye la empresa Satélites Mexicanos, SA de CV (Satmex), siendo propiedad del Estado. En octubre del mismo año, después de realizarse una licitación pública, la alianza entre Principia y Loral Space & Communications (Loral Space and Communications y Sergio Autrey) adquiere 75 por ciento de Satmex, pagaron al gobierno 659 millones de dólares (MDD) por la compañía en un proceso de privatización, fueron los únicos postores en la subasta. Al día siguiente de ganar la asignación, Satmex se quedó con una deuda por 645 MDD para pagarle al gobierno. El gobierno retiene una participación de 25 por ciento, sin derecho a voto.

Con posiciones orbitales geoestacionarias del servicio fijo (banda C y Ku), es el principal proveedor de capacidad fija de servicios satelitales en México. La compañía provee servicios para cadenas de televisión públicas y privadas, programadores de televisión por cable y operadoras públicas y privadas de redes de telecomunicaciones.

En octubre de 2006, Satmex salió del concurso mercantil, sin embargo aún mantiene un alto nivel de apalancamiento que representa una fuerte carga para la empresa. Satmex cuenta con tres satélites: Solidaridad II, Satmex V y Satmex VI, que tienen una capacidad ocupada de alrededor de 85 por ciento. Los tenedores del capital de la empresa están interesados en capitalizar la empresa y sustituir en tres o cuatro años el Solidaridad II por un nuevo satélite, el Satmex VII, lo cual no se consolidó por falta de capital.

Los dueños actuales de la empresa son los tenedores de bonos que aceptaron capitalizar su deuda con un 78 por ciento, el gobierno con 20 por ciento y los dueños originales, Sergio Autrey y Loral Space and Communications, con el 2 por ciento restante. A junio 2009 el total de la deuda en bonos ascendía a 413 millones de dólares.

El 26 de febrero del 2010, MVS y EchoStar anunciaron que pagarían 374 millones de dólares por Satmex (267 millones en efectivo y 107 millones dependerán del balance general de Satmex al cierre). El 16 de marzo de 2010, Satélites Mexicanos suspendió su proceso de venta, ya que EchoStar y MVS rescindieron el contrato de compra-venta de acciones debido a que no obtuvieron el consentimiento de los tenedores de más del 50 por ciento de las notas senior. Derivado de la cancelación de la compra por parte de EchoStar Satellite Adquisition LLC y MVS –que juntas integran Dish México– representa un riesgo para su existencia y se estima que de quererla rescatar el gobierno tendría que invertir cerca de 250 millones de dólares en el reemplazo de satélites.

Se ha considerado que con base en el antecedente del 2007, en donde se intentó su venta con un precio mínimo de 500 millones de dólares, es de esperar que una propuesta financiera similar sea lo único aceptable para los tenedores de notas.

Nuevo programa satelital mexicano

Mediante un comunicado de fecha 20 de diciembre del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó su nuevo programa satelital mexicano, a través del cual se informa que:

• Colocará en órbita tres satélites entre 2012 y 2014 para dar servicios de seguridad nacional, protección civil y conectividad social.

• Se dará una inversión de 12 mil 907 MDP, la más importante en materia de telecomunicaciones en los últimos 20 años.

• La dependencia firmó con Boeing Defense un contrato por 12 mil 907 millones de pesos para la fabricación de los artefactos.

• Los satélites se pondrán en órbita en 2012, 2013 y 2014 y darán servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional.

• Se tiene por objeto dotar a las entidades de seguridad nacional de una nueva plataforma de comunicaciones, comunicar a las poblaciones más aisladas del país con los servicios de telefonía y banda ancha así como atender a la población e instituciones de gobiernos en situaciones de desastres naturales.

• Los cuerpos de emergencia y fuerzas armadas tendrán a su disposición vías de comunicación que no dependen de infraestructura terrestre y que es susceptible a daños por desastres naturales.

• El primer satélite se pondrá en órbita entre octubre y noviembre de 2012 y dará servicio de comunicación fija. El segundo artefacto se colocará en el espacio en el cuarto trimestre de 2013 y estará dedicado a las comunicaciones móviles. El tercer satélite será lanzado en el tercer trimestre de 2014 y también brindará servicios móviles.

El secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que el Sistema Satelital Mexicano que conforma el proyecto (Mexsat) será operado por Telecom y no existe una nueva empresa. Este sistema se compone de tres satélites, dos de servicio móvil y uno de servicio fijo. Igualmente ha sido expresado por el Secretario del ramo que existen recursos para el lanzamiento al espacio de estos satélites ya que existe un programa multianual autorizado por la Cámara de Diputados, y aclaró que lo que se firmó es el contrato que incluye esas partes, pero falta por determinar los seguros.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011

De conformidad con el artículo 55 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social”; además, de que el artículo 28 constitucional considera a la comunicación satelital como un área prioritaria para el desarrollo nacional.

Con base en lo anterior, el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, establece que

“El destino y ejercicio de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones deberá reportarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los Informes Trimestrales, incluyendo el destino y el monto ejercido durante el periodo correspondiente y el saldo disponible.

”La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, dará puntual seguimiento al desarrollo del Sistema Satelital, en su caso, realizará las auditorías especiales que disponga la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.”

Con motivo de que en el comunicado de prensa y demás declaraciones del Secretario del ramo no se detallan los alcances del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, limitándose a señalar lo que en este punto de acuerdo se citó; y de que como se vio con anterioridad, el sistema satelital nacional es una rama estratégica para el desarrollo de nuestro país, se considera conveniente que la autoridad responsable del mismo dé a conocer de manera detallada las acciones que se van a llevar a cabo en esta materia, específicamente con el nuevo desarrollo de infraestructura en materia satelital, y si a partir de ellas se cumple con los requerimientos que en materia de telecomunicaciones satelitales se tienen a nivel nacional. Igualmente, se considera de suma importancia que se tenga el conocimiento y control total sobre el uso y manejo del presupuesto que para estos fines fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda informe detallado acerca del Nuevo Sistema Satelital Mexicano.

Segundo. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, a fin de que dicha comisión mandate a la Auditoria Superior de la Federación para realizar, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una auditoria de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Notas

1 Los puntos de Lagrange, también denominados puntos L o puntos de libración, son las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, sólo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna.

2 México: ¿Fuera de órbita? Octubre del 2010, número 119.

3 Telecomunicaciones de México tiene como función principal brindar el servicio público de telégrafos y de remesas de dinero internacionales y nacionales, así como los servicios de telepuertos y de comunicación móvil y rural satelital en banda de frecuencia L y la comercialización de servicios satelitales de consorcios internacionales como Compañía de Satélites para las Comunicaciones Intercontinentales (Intelsat, por sus siglas en inglés), LTD y Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (Inmarsat, por sus siglas en inglés).

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 4 del mes de enero de 2011.

Senadores: María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Jorge Castro Trenti (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto de las medidas que está adoptando la dependencia a su cargo para frenar los secuestros de migrantes y los ataques a éstos, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Sofía Corichi García, senadora integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el artículo primero de la Constitución se dispone que

“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

Conforme al artículo 7o. de la Ley General de Población, a la Secretaría de Gobernación corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios. El mismo numeral dispone que “En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.”

A su vez, el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación prescribe que “El Instituto Nacional de Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo federal.”

Es el caso que los migrantes centro y sudamericanos que cruzan por nuestro país, sujetos a la Ley General de Población, ven continuamente violados sus derechos humanos, al ser víctimas de atentados en contra de su libertad, su patrimonio, e inclusive, su vida, sin que las autoridades mexicanas les otorguen la protección a la que constitucionalmente tienen derecho. Algunos de los secuestrados y sobre todo de las secuestradas, son privados de su libertad con fines de trata de personas, convirtiéndolas en esclavas a las que explotan sexualmente.

El director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, comentó el 16 de noviembre que se calcula que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado cifras parecidas– y seis de cada diez mujeres que llegan a albergues han sufrido violación sexual. Las autoridades mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), sólo reconocen 222 denuncias de secuestros de migrantes centroamericanos en el país a lo largo del 2010.

En uno de los casos más recientes, el ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador denunció qué el 16 de diciembre del pasado año, un grupo de hombres armados pararon un tren de carga en la localidad de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido a unas 50 personas de diversas nacionalidades que viajaban en el ferrocarril. La primera reacción de las autoridades federales mexicanas fue negar el hecho, para después, ante el alud de pruebas y la demanda internacional de aclarar ese delito, iniciar las investigaciones y pareciera que se quiere negar la realidad.

El pasado 2 de diciembre, la cancillería de El Salvador solicitó mediante nota verbal a México tomar acciones para investigar el secuestro de otros 20 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas en Veracruz, hecho ocurrido el 3 de noviembre.

El 2010 fue un año especialmente malo para los migrantes, siendo el caso más grave detectado en su contra, el ocurrido el 24 de agosto en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centro y Sudamérica fueron asesinados. El desinterés, y finalmente la incompetencia del gobierno mexicano para proteger a esos seres humanos vulnerables son del todo reprochables y quita autoridad moral para reclamar ante otros gobiernos la protección de nuestros connacionales más allá de nuestras fronteras.

México debe proteger eficazmente a los transmigrantes que cruzan por nuestro territorio. Es, además de una obligación internacional, un deber moral.

Ante la gravedad y el número creciente de violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en nuestro país, el gobierno federal debe de implementar un programa efectivo de protección para esos nacionales de otros países, de paso por nuestro territorio.

Por las razones vertidas, se somete a consideración del pleno, con carácter de urgente resolución, de urgent y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid, para que informe que medidas urgentes se están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2010.

Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que los titulares de la Segob y de la SCT informen a esta soberanía sobre el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la carretera ramal 421, del municipio de La Huerta, Jalisco, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados convoque a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes para que informen a esta soberanía, de manera inmediata, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, ante la urgente necesidad de integrar mesas de trabajo entre las autoridades federales, estatales, ejidatarios, comerciantes, inversionistas y demás involucrados en el conflicto en el municipio de La Huerta, Jalisco.

A partir de esa fecha, se estableció comunicación con autoridades federales y estatales, con el fin de poder reunirnos con los titulares de las diversas dependencias involucradas en la problemática.

Desafortunadamente y ante la magnitud que está adquiriendo el conflicto, no hemos tenido respuesta de los principales funcionarios claves en la solución, lo que es muy preocupante.

Entendemos los graves problemas que han surgido a lo largo y ancho del país, pero insistimos en convocar a una reunión urgente con los responsables que cuentan con el poder de decisión, como son los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno del estado de Jalisco.

Reconocemos y agradecemos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Reforma Agraria, su disposición de participar y por sus apoyos en la solución de un problema que está poniendo en riesgo cada vez más la paz social, uno más en Jalisco.

La Semarnat nos proporcionó copia de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.

Además de la revocación, la Semarnat no liberó a la empresa en mención de pagar los adeudos por la falta de pago de la concesión, destacando los derechos del municipio de La Huerta de ejercer las acciones legales para el cobro de adeudos.

Por su parte, la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la “Acción de ampliación del ejido “El Rebalse de Apazulco”, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representara la exclusión de una superficie de 42.00-00 has., concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.

El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido “El Rebalse de Apazulco” a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 has., para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.

El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.

En un nuevo intento de reunirnos con los funcionarios federales, el Grupo Plural de Trabajo invitó, mediante oficio, el día 14 de octubre, a una reunión de trabajo, en las oficinas de la Coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal, a funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para encontrar una solución al conflicto.

A esta reunión, sólo asistieron representantes de Semarnat y de la Reforma Agraria, sin obtener respuesta, o con la molestia de haber sido citados de manera inmediata, por lo que no podían atender la convocatoria, sin importar la urgencia del asunto, de la Segob y de SCT.

El licenciado José Luis Gutiérrez Miranda, director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, se refirió a la revocación que hizo esa secretaría a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV; y a que dicha inmobiliaria había solicitado la concesión, independientemente de que estuviera ocupada por ejidatarios.

Fue enfático al mencionar que con utilizar u ocupar la zona federal no se adquieren derechos. Agregó, que el ayuntamiento de La Huerta inició el proceso de revocación por falta de pago, el cual fue notificado a la inmobiliaria en mayo pasado.

Dicha inmobiliaria contestó en contra de la revocación, argumentando que no estaba obligada al pago, porque no ocupaban la zona. Sin embargo, exhibieron pagos parciales realizados, por lo que asumieron su responsabilidad.

Ahora, la inmobiliaria tendrá que impugnar la revocación a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Un objetivo, es que se le otorgue la concesión al ayuntamiento de La Huerta.

Por su parte, el licenciado Luis Camacho Mancilla, director general de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, señaló que será imperativo cerciorarse de quiénes son los verdaderos propietarios, por medio de instancias judiciales, para establecer si están en regla los certificados parcelarios, así como la importancia de haber sido informados los ejidatarios.

Con esos elementos y seguramente ya de conocimiento de la Delegación Federal de la Semarnat en Jalisco, de la inmobiliaria, de la autoridad municipal y muy posible, de dominio de las autoridades estatales, no se ha actuado para solucionar el conflicto. Por el contrario, aún siguen bloqueados los accesos a las playas de esa localidad y la carretera a Tenacatita.

Sumado a lo anterior, se ha hecho caso omiso a la determinación de la Semarnat, y se derrumbaron edificios, comercios y casas con total impunidad por parte de las autoridades.

Se tuvo una reunión el día 7 de diciembre de 2010, con el licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño, jefe de unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación con representantes de la cooperativa de pescadores, representantes de los ejidatarios y representantes de los comerciantes, en esta reunión se propuso un convenio, en el que se establece la apertura de la carretera y la playa para este periodo vacacional de fin de año, sin que hasta el momento se haya concretado dicho acuerdo y la empresa Rodenas SA de CV, desconoce que sí exista tal posibilidad de convenio, lo que hace que la desesperación de la gente derive en la realización de actos violentos por parte de los afectados, por ello se hace prioritario se cumpla con lo acordado para dar una solución a cientos de familias afectadas.

La molestia, incapacidad, abandono, y abuso contra los ejidatarios, pobladores, comerciantes del municipio de La Huerta, puede tomar dimensiones que después lamentaremos.

Problemas similares se comienzan a presentar en otros ejidos de Jalisco, como Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, y en el ayuntamiento de Cabo Corrientes.

Es el momento de iniciar los diálogos con todos los involucrados que tengan la capacidad, autoridad y disposición de solucionar el conflicto.

Una vez estableciendo los acuerdos políticos y el respeto de los derechos de los afectados, iniciaremos con la solicitud de documentos, a nivel federal y local, que contribuyan a la delimitación y solución del problema y que, en su caso, se solicite realizar los trabajos técnicos que se requieran a quien corresponda.

La preocupación de los diputados solicitantes, es que se genere un conflicto social que adquiera dimensiones lamentables ante el poco interés de las autoridades federales y estatales.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de urgente y obvia resolución , el siguiente punto de acuerdo para que se convoque a los funcionarios públicos en mención, con base en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice en su segundo párrafo:

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, para que informen, de manera inmediata, a esta soberanía, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, y la carretera Ramal 421 municipio de La Huerta, Jalisco, sobre todo después de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, de una superficie de 266 mil 473.23 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 4 de enero de 2011.

Diputados David Hernández Pérez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La meteorología es la ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, es decir, donde se desarrolla la vida de plantas y animales. Estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. El objetivo de la meteorología es predecir el tiempo que va a hacer en 24 o 48 horas y, en menor medida, elaborar un pronóstico del tiempo a medio plazo.

Por otro lado, la climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo.

Sin duda, estas dos ciencias, han cobrado en la actualidad una vital importancia, particularmente debido a los fenómenos de cambio climático que se desarrollan en el planeta y que está teniendo fuertes consecuencias: aumento del nivel del mar, lluvias abundantes, inundaciones, huracanes más intensos, al tiempo que también se producen sequías extremas y olas de calor más frecuentes, mismas que afectan sin excepción a todos los países del mundo.

En nuestro país, es cada vez más recurrente que fenómenos meteorológicos como huracanes, lluvias, tormentas se presenten de manera más intensa provocando alteraciones y daños severos a los bienes, servicios y medio ambiente de las personas, de ahí la importancia de contar con personal humano capacitado en estas áreas de estudio e investigación.

Ante la creciente importancia que ha adquirido la meteorología y la climatología en la toma de decisiones, tanto de las autoridades como de la vida cotidiana de las personas, cobra relevancia la declaración que hiciera en días pasados el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Felipe Adrián Vázquez Gálvez, al referirse que existe un déficit de profesionistas que se dediquen a estudiar los fenómenos climatológicos en nuestro país.

Así, dice, en México sólo existe una universidad que forma especialistas en la materia, de la cual egresan alrededor de 15 licenciados al año, sin embargo, esto no alcanzará a cubrir la demanda, ya que se calcula que el Servicio Meteorológico necesita incorporar al sistema a 300 nuevos meteorólogos y climatólogos en los próximos 10 años.

Por lo anterior, es indispensable que se tomen acciones para revertir esta situación e incorporar a jóvenes en las áreas de especialización antes mencionadas. En tal virtud, es que el día de hoy proponemos a esta soberanía un exhorto para que el Ejecutivo federal, a través de las autoridades correspondientes, promueva convenios con las instituciones académicas y los centros de investigación del país, a fin de que se incentive este tipo de profesiones y podamos contar con los recursos humanos con conocimientos suficientes para hacer frente a esta realidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes, promueva convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 4 de enero de 2011.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local que reimpulsen el extensionismo rural a fin de incrementar el número de proyectos para aumentar la actividad económica, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Es por todos conocido la delicada situación por la que atraviesa el campo mexicano, que ha generado en ocasiones el desabasto de alimentos, su encarecimiento, el abandono de tierras, el desempleo, el incremento de la migración del campo a la ciudad, y el deterioramiento de las calidad de vida los trabajadores y de su familia, al no contar con las herramientas indispensables para afrontar los retos de la vida cotidiana de las grandes urbes.

A lo anterior debemos agregarle los efectos que está generando en las cosechas el cambio climático, situación que hace indispensable la tecnificación del campo para obtener éxito en los proyectos productivos que se realicen.

El extensionismo rural tiene por objeto difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación, de gran éxito en nuestro país a mediados de los años noventa.

De conformidad con los datos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es punto de partida para impulsar las actividades económicas en México.

Sin embargo y como consecuencia en el cambio de las políticas públicas el extensionismo rural ha quedado relegado, ocasionando la pérdida de proyectos productivos que impulsan un importante número de actividades comerciales en el país, que garantizaban la seguridad y autonomía alimentaria, hoy con un déficit considerable.

En la edición del 27 de diciembre de 2010, el periódico La Jornada publicó un artículo en el que el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) reveló que 40 por ciento de los agrónomos de este país están desempleados.

Al respecto, la actual administración se comprometió a reimpulsar está política, sin que a la fecha se tengan resultados que respalden dicha propuesta, en virtud de que a pesar de que se otorgan apoyos económicos, éstos no se emplean correctamente.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentó en la fecha antes mencionada el proyecto para la creación de la Red de Innovación y Extensionismo Rural, con el cual se vinculará a productores con las instituciones académicas y de investigación en México, sin tomar en consideración las distintas realidades socioculturales que existen en las diferentes entidades de nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país, disminuir las tasas de desempleo que enfrentan los trabajadores del campo, en particular los agrónomos, y elevar la calidad de vida de este sector de la población.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2011.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en relación con los procesos electorales de 2011, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

Estamos viviendo los primeros días del 2011 y en los mensajes de la cúpula del gobierno panista se respiran buenos deseos y optimismo desbordado. Mensajes falsos y mentirosos que pretenden engañar a la mayoría de los mexicanos.

Tenemos que señalar con toda firmeza y convicción que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos de que este año y el próximo, 2012, son claves para consolidar el proyecto alternativo de nación que hemos enarbolado desde el año 2006.

Es urgente que la sociedad continúe interesándose por los temas políticos y sociales que le rodean. Una sociedad informada, organizada y participativa es una sociedad que podrá definir de manera clara, cuál es el destino que quiere darse.

México requiere, a todas luces, la reorientación del modelo neoliberal, que abarca todo el entorno de la vida nacional.

La esperanza de una vida mejor es lo que nos da aliento para luchar porque la democracia pase de una utopía a una realidad para todos los mexicanos.

Este 2011, en lo político, se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán. Todos ellos son importantes, son la antesala para el proceso electoral federal de 2012.

Tenemos, debemos, que vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto seguimiento de las leyes que los regulan, evitando injerencias indebidas que afecten el resultado final.

El PRI y el PAN tienen que abandonar las prácticas electorales clientelares y de coacción del voto para que tengamos elecciones legales, transparentes, democráticas y sin injerencia de los poderes fácticos y, principalmente, del duopolio televisivo.

Asimismo, es imprescindible que los órganos electorales se conduzcan con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.

Es necesario que la Comisión Encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, creada por la Cámara de Diputados en marzo de 2010, de manera inmediata se aplique en los procesos electorales citados, para garantizar la limpieza de los mismos y que no se desvíen recursos públicos para esos fines.

Ante la problemática que enfrenta el país cobra más vigencia, el proyecto alternativo de nación propuesto por el presidente legítimo, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

En dicho proyecto se insertan propuestas claras de solución a los grandes problemas de la nación a favor de los más necesitados. El carácter social, incluyente y plural de esta propuesta de nación, permitirá mejorar el nivel de vida de los mexicanos.

Estamos convencidos que otorgar becas a los jóvenes para que sigan estudiando, apoyar a las madres solteras y personas con capacidades diferentes, proporcionar pensión universal a los adultos mayores, apoyar con créditos a las microempresas y a las cooperativas, son acciones claras y contundentes para mejorar la vida de los mexicanos.

Los recursos para financiar estas medidas deben provenir de los empresarios ricos que no pagan impuestos en nuestro país, de los especuladores financieros y de la reducción de salarios y prestaciones que percibe la alta burocracia.

Sólo con una amplia participación popular con la que la gente apoye a sus gobernantes y con la que los gobernantes atiendan las necesidades de la ciudadanía se podrá superar la gran desesperanza que ahora agobia a los mexicanos.

Estamos firmemente convencidos de que la sabiduría popular sabrá distinguir la mejor propuesta para superar las desigualdades de nuestro pueblo.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados a reiniciar de inmediato los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.

Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)