Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3411-V, martes 13 de diciembre de 2011
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud, al comisionado nacional contra las Adicciones y al titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones a evaluar la viabilidad de implantar medidas de prevención y tratamiento de la ludopatía
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al Secretario de Salud, al Comisionado Nacional contra las Adicciones y al titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adiciones, adopten e impulsen la implementación de las medidas pertinentes a efecto de establecer acciones de prevención y tratamiento de la ludopatía.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con el siguiente
Dictamen
I. Antecedentes
1. Con fecha 13 de septiembre de 2011, el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presento una proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a retirar los residuos tóxicos y dé a conocer respecto de las operaciones de traslado de desechos en los terrenos de Cytrar, y proceda al análisis de los mismos y sus efectos potencialmente nocivos en la salud; a la Secretaría de Salud, para que dé a conocer la incidencia de enfermedades asociadas a esta fuente de contaminación. Asimismo, se solicita a los gobiernos federal y del estado de Sonora, apliquen las medidas disciplinarias correspondientes.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha, a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen.
II. Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyo; desde 1992, en su clasificación Internacional de Enfermedades la ludopatía como un trastorno de la salud; no obstante desde 1980 esta enfermedad fue reconocida por el Manual Diagnostico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatras (APA) como una categoría diagnostica con el nombre de juego patológico.
III. Es importante señalar que el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral (CALCI) radicado en nuestro país, ha estimado que al menos 4 millones de mexicanos se han visto afectados directa o indirectamente por este padecimiento, consistente en una conducta de juego inadaptada, persistente y recurrente que afecta la vida personal, familiar y profesional.
IV. Sin embargo los ludópatas en México así como sus familias tiene que intentar resolver clínicamente el problema a través de estrategias individuales; debido a que en nuestro país la Secretaria de Salud, la Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones o el sector privado han generado campañas para prevenir, frenar y erradicar la adicción al juego.
V. Debido a esto y aunque se busca realizar encuestas para determinar la gravedad del problema de la ludopatía, es importante señalar que de acuerdo a los testimonios de los ludópatas y con el antecedente del casino de Monterrey, se considera que el impulsar las acciones que ayuden a la prevención y tratamiento de esta poco conocida enfermedad en nuestro país es un punto a consideración para esta LXI Legislatura.
En merito de lo expuesto anteriormente, la comisión dictaminadora, se permite someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Secretario de Salud, al Comisionado Nacional contra las Adicciones y al titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adiciones, evalúen la viabilidad de la implementación de medidas pertinentes a efecto de establecer acciones de prevención y tratamiento de la ludopatía.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de diciembre del 2011.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar por la Secretaría de Salud acciones a fin de detectar, prevenir, tratar y controlar el cáncer de pulmón, mediante programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta sobre el padecimiento
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento, así como para que la Secretaría de Salud evalué las ventajas y viabilidad que se tendrían al utilizar la terapia denominada de blanco molecular, en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con el siguiente:
Dictamen
I. Antecedentes
1. Con fecha 4 de octubre de 2011, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha, a la Comisión de Salud para efectos de su análisis y elaboración de dictamen.
II. Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en relación con las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con relación al Día Mundial contra el Cáncer.
III. Es importante señalar que el cáncer es una enfermedad que a nivel mundial reporta 10.9 millones de nuevos casos por año, que no respeta genero, edad, condición social, entre otras cosas, es por eso que resulta primordial facilitar los medios para su prevención, detección y tratamiento, en especifico de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en México, el cáncer de pulmón ocupa el primer índice de mortalidad por tumores malignos.
IV. El cáncer de pulmón hoy en día genera mayor número de muertes que el cáncer de colon y de próstata juntos, pero su detección resulta que el 75% de las detecciones son en etapas muy avanzadas, lo que disminuye en gran medida la supervivencia del paciente. De esto se desprende que el 90% de los pacientes con cáncer fallezcan a los diez meses de su detección.
V. Sin embargo, a pesar de los cursos que la Secretaria de Salud por medio de Trabajo Social tiene para el control y prevención de enfermedades respiratorias, que va dirigido a pacientes, familiares y público en general, no es suficiente para hacer eco en el índice que va en incremento del cáncer de pulmón y que se puede detectar a tiempo.
VI. Si bien las causas del cáncer de pulmón son distintas como por citar la contaminación ambiental, la exposición ocupacional (alquitrán, y hollín y metales de construcción) y a la radiación de rayos gamma y la contaminación dentro de los hogares producido por combustión de calentadores y cocinar, es el tabaquismo el responsable de más del 90 por ciento de los casos directa e indirectamente asociados con el padecimiento. A pesar de las útiles consecuencias especificadas en las cajetillas de cigarros, se considera insuficiente para la prevención del cáncer pulmonar.
VII. Finalmente si las diversas compañas para le prevención y detección de cáncer de mama han resultado satisfactorias entre la población, sería importante puntualizar que es posible reducir y controlar el cáncer de pulmón aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención, como también a la detección temprana la cual debe consistir en como conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el tratamiento antes de que la enfermedad siga avanzando.
En merito de lo expuesto anteriormente, la comisión dictaminadora, se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento, así como para que la Secretaría de Salud evalué las ventajas y viabilidad que se tendrían al utilizar la terapia denominada de blanco molecular, en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de diciembre del 2011.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo en el ámbito de su competencia las acciones necesarias para que al hospital materno-infantil de Tlaxcala se reconozca el carácter de regional de alta especialidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias para que el hospital materno infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82 numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente
Dictamen
I. Antecedentes
1. En sesión del 12 de septiembre del 2011, la diputada Oralia López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se reconozca al hospital infantil de Tlaxcala como hospital regional de alta especialidad.
2. En la misma fecha el punto de acuerdo fue turnado a esta Comisión para su estudio y dictamen.
II. Consideraciones
I. Planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta exhortar a la Secretaría de Salud para que se considere al hospital infantil de Tlaxcala como hospital regional de alta especialidad.
II. El hospital infantil de Tlaxcala fue inaugurado el 30 de abril de 2007 con el objetivo de dar atención integral y de alta especialidad pediátrica a los habitantes del estado de Tlaxcala, y también a los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Estado de México e incluso al Distrito Federal.
Tiene la misión de ser referencia regional y nacional en temas de especialidad pediátrica y prevención de salud infantil.
El director del hospital declaró que tan solo hasta abril de este año se habían atendido 864 pacientes de neurología, 65 de hematología, 60 de oncología y 28 de nefrología.
III. Debido a que el hospital infantil de Tlaxcala está concebido como una institución de atención a problemas complejos es que no solo brinda consulta externa, sino que cuenta con un modelo de enseñanza dedicado incrementar el conocimiento médico, cuenta también con un área de investigación con la finalidad de generar nuevos conocimientos que permitan el avance de la medicina a nivel nacional e internacional. Además de lo anterior este hospital está capacitado para dar atención a especialidades pediátricas, es por esto que se estructuraron siete programas prioritarios de atención:
Cardiología integral
Onco-hematología
Nefrología-trasplante
Neurología integral
Recién nacido de alto riesgo
Otras malformaciones
Cirugía de mínima invasión
Como puede verse, este hospital cuenta con una atención integral la cual sin duda promueve y provoca un gran beneficio en la salud de los mexicanos.
IV. Los hospitales regionales de alta especialidad son aquellos que ofrecen un conjunto de especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas dirigidas a atender padecimientos de baja incidencia y alta complejidad diagnostico-terapéutica.
Debido a lo anterior es que se considera que es de gran importancia que un hospital como el infantil de Tlaxcala sea considerado como hospital de alta especialidad y de esta forma provea más y mejores servicios.
V. En la exposición de motivos se menciona que la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y hospitales de alta especialidad concluyo que este hospital si cumple con los requisitos para ser considerado como hospital regional, pero que debido a la crisis económica que se vivió en años pasados en nuestro país, y el mundo, este proceso no se pudo concluir.
VI. En resumen, debido a que el hospital infantil de Tlaxcala realiza un gran trabajo en pro de la población infantil de su estado, y de los estados aledaños, es se considera viable e importante que sea reconocido como hospital regional de alta especialidad. Lo anterior implicara mejoras significativas en la calidad de los servicios que se ofrecen y obviamente también en la salud de los niños y niñas de nuestro país.
En mérito de lo expuesto anteriormente, esta comisión dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para que el hospital materno infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de diciembre del 2011.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla.
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades locales y a las municipales a garantizar lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en la cual se establece la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial, que prevé a su vez un esquema de homologación salarial y de prestaciones de los policías
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 5 de octubre de 2011, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades locales y municipales a garantizar lo establecido en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), que a su vez prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones de los policías.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aboca al examen de la proposición descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 4 de octubre de 2011, el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 3, fracción XVIII; 6 fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral del Reglamento para la Cámara de Diputados, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades locales y municipales a garantizar lo establecido en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), que a su vez prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones de los policías.
II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 7 de diciembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. En sus consideraciones el proponente manifiesta que en 2009 se publica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con la cual se busca la reglamentación del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y por lo tanto tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia. Asimismo, menciona que dentro de la citada ley, se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), dicho sistema establece la homologación salarial y de prestaciones para todos los policías de nuestro país.
2. Indica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que a nivel nacional existe un sueldo promedio de un policía estatal de $9,250.00 pesos mensuales, pero el estado de Tamaulipas representa el extremo más bajo. Hace mención a que este incumplimiento al sistema, provoca además de los antecedentes de corrupción en cada estado, un aumento de ésta, ya que ante los índices tan elevados de delincuencia organizada, igualmente se presenta las necesidades de los funcionarios públicos de participar en tal actividad al no percibir prestaciones acordes con su labor.
3. Señala que de conformidad con el análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública se señala que los estados cuyas policías obtienen las mayores percepciones son los siguientes:
Entidad Federativa Percepciones
Baja California $17,636.00
Campeche $13,234.00
Zacatecas $12,000.00
San Luis Potosí $11,277.00
Sonora $11,000.00
Jalisco $10,091.00
Querétaro $9,994.00
Nuevo León $9,460.00
Por otra parte, además de Tamaulipas, las entidades federativas con los cuerpos policiacos que reportan las remuneraciones más bajas del país se encuentran los siguientes:
Entidad Federativa Percepciones
Quintana Roo $4,894.00
Nayarit $5,762.00
Oaxaca $5,951.00
Tabasco $6,271.00
Yucatán $7,625.00
Colima $7,685.00
Guerrero $7,736.00
Asimismo indica que por lo que se refiere a los sueldos de los mandos medios y superiores de las corporaciones de policía estatal, igualmente corresponden los registros más bajos a Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, y los sueldos más altos se encuentran en Coahuila, Campeche Durango y Guanajuato en cuarto sitio.
4. En este orden de ideas Tamaulipas uno de los estados con mayores índices delictivos del país, un agente de la policía estatal de Tamaulipas percibe, en promedio, un sueldo de $3,618.00 mensuales, igualmente con la misma diferencia en prestaciones de sus cargos. Señala al estado de Aguascalientes como el extremo contrario ya que a pesar de que el sueldo promedio de la policía estatal es de $9,250.00, en la mencionada entidad federativa se encuentran las más altas remuneraciones a los agentes estatales, con percepciones de $18,173.00 mensuales.
5. Finalmente el proponente puntualiza que es parte fundamental del desarrollo integral de la nación, la promoción del correcto cumplimento de nuestro orden jurídico ya que sólo de esta manera lograremos que todos los actores de nuestra sociedad cumplan con responsabilidad su función.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
Segunda. El objetivo del punto de acuerdo que se propone es homologar los salarios y prestaciones que perciben los elementos pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública en el país ya que existen abisales diferencias entre los salarios y prestaciones otorgadas entre las entidades federativas del país, esto de conformidad con el Sistema de Integral de Desarrollo Policial.
Tercera. Antes de atender al fondo del punto de acuerdo que el proponente plantea, resulta necesario establecer la viabilidad del mismo, ya que en atención al artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece lo siguiente:
Artículo 79.
1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:
I. ...
II. Puntos de Acuerdo , que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y
...
En esta tesitura, se considera que el interés nacional es aquel que representa los variados intereses que existen en una sociedad nacional y que en su conjunto representan el bien común, ahora estos intereses no pueden ser estáticos ya que al surgir de la sociedad, deben de adaptarse a las necesidades que en un determinado momento emanen de la misma, en consecuencia la finalidad del el punto de acuerdo propuesto es mejorar la calidad de las percepciones que reciben los elementos de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, lo cual se traduce en un beneficio no sólo para el elemento de los cuerpos policiacos, sino que a la sociedad también, ya que al mejorar las condiciones salariales y de prestaciones, se mejorará del mismo modo el desempeño del elemento. Siendo lo anterior de suma importancia ya que a causa de la situación de inseguridad que actualmente se vive en el país, es imperante la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de los elementos que tienen bajo su responsabilidad guardar y mantener el orden público, fortaleciendo de esta manera la eficacia de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno.
Cuarta. El presente punto de acuerdo encuentra su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , ya que en él se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, asimismo señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional; y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De esta manera en la legislación reglamentaria del precepto constitucional citado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece las bases del Desarrollo Policial, estableciendo que es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales enunciados con anterioridad.
Subsecuentemente, dentro de los fines de la Carrera Policial se indica que uno de ellos será garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las instituciones policiales.
Quinta. En atención a la normatividad vigente es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública inicia las operaciones del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, que tiene como objetivos los siguientes:
Reestructurar a las instituciones de seguridad pública de los municipios, de conformidad con los requisitos y esquemas de organización jerárquica establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Homologar las condiciones laborales y los salarios de los elementos operativos de las instituciones policiales.
Generar la estructura base para la implementación del Servicio de Carrera Policial.
Sobre esta línea de ideas, dentro del Informe del Programa en mención del Sistema Nacional de Seguridad Pública de agosto de 2011, se aprecia el avance en la materia, estableciendo que 97 municipios asignaron recursos para la homologación salarial y 124 municipios asignaron recursos para mejora de las condiciones laborales, esto es otorgar mejores prestaciones a sus cuerpos policiacos, sin embargo, en la parte final del informe se puede apreciar que existen 101 municipios susceptibles de suspendérseles la segunda ministración del mencionado subsidio, por el incumplimiento de la aplicación de la Reestructuración y Homologación Salarial 2010, así como por el incumplimiento de entrega del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales 2011. Lo anterior, atiende a una manera efectiva de impulsar a los gobiernos municipales a implantar el Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, sin embargo, este programa tiene como finalidad impulsar y observar el cumplimiento de sus objetivos dentro de los municipios que reciban el citado subsidio federal.
Sexta. Tomando en cuenta que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública enuncia en la fracción I del artículo 79, que una de las finalidades de la Carrera Policial es establecer un esquema de remuneraciones y prestaciones sociales equitativo para los integrantes de las corporaciones policiales, es que esta comisión dictaminadora considera viable el punto de acuerdo que plantea el proponente, ya que la homologación salarial y de prestaciones para todos los integrantes de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se encuentra debidamente estipulada en la normatividad vigente de la materia, por lo tanto las autoridades estatales y municipales deben observar el cumplimiento de la norma y aplicar lo que en ella se establece, independientemente de que reciban o no algún subsidio en la materia.
Por lo expuesto y fundado los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente proposición con punto de acuerdo por lo que se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea lo siguiente:
ACUERDO
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales, a emprender acciones para garantizar lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), que a su vez prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones para los policías.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de éste, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a impulsar el establecimiento de observatorios de seguridad ciudadanos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada, el pasado 28 de septiembre de 2011, para su estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a efecto de impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de seguridad.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avoca al examen de la Proposición descrita, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 27 de septiembre de 2011, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confieren los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, del Reglamento para la Cámara de Diputados, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a efecto de impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de seguridad.
II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 7 de diciembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. Los proponentes señalan que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reglamentaria del Artículo 21 Constitucional, establece dentro de su objeto el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia; asimismo, en el artículo 10 de la mencionada ley, se establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado, entre otros, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, así como por el Secretariado Ejecutivo del sistema que por disposición de la misma ley, tiene carácter de órgano operativo del Sistema y goza de autonomía técnica y de gestión presupuestal y cuenta, entre otros, con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Al efecto mencionan algunas de sus atribuciones encontradas en el artículo 20 de la ley en comento:
I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta misma materia;
IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta ley, y...
Dentro del mismo ordenamiento jurídico se contempló en el título octavo una serie de lineamientos a fin de establecer un conjunto de previsiones relativas a la participación ciudadana, de la misma manera, el artículo 128 concibe a la ciudadanía como coadyuvante y corresponsable con las autoridades a través del establecimiento de mecanismos que está obligado a llevar a cabo el centro Nacional de Prevención en el entendido de que la participación ciudadana la llevará a cabo tanto la comunidad, tenga o no estructura organizativa como la sociedad civil organizada.
2. Mencionan que con la finalidad de mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promoverán la participación de la comunidad a través de distintas acciones, entre las que enumera las siguientes:
Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública;
Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
Realizar labores de seguimiento;
Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública.
3. Por otra parte, enfatizan que la sociedad civil mexicana viene irrumpiendo el escenario nacional, impulsando una gobernabilidad más democrática y participativa, que en innumerables casos se alimenta del aprendizaje de experiencias exitosas ocurridas en distintos países, en buena medida como una respuesta ante el agotamiento e insuficiencia de los mecanismos de orden público para brindar seguridad. Una de estas experiencias es la autogestión, que cobra vida a través de distintas organizaciones y movimientos sociales, que al mismo tiempo que se plantean en su interior una serie de compromisos y metas, presionan a los actores políticos para que desde la perspectiva de su responsabilidad pública, asuman decisiones que solo a ellos competen y cuya instrumentación oxigena y a su vez impulsa aun más la voluntad de la propia sociedad civil, vigorizando su protagonismo e influencia.
En este sentido, los proponentes señalan que la labor de la policía debe ser fortalecida por la sociedad, lo que exige una funcionalidad eficiente de las estructuras y órganos que permitan la participación social, sobre la base de lo que hoy en día son los ámbitos en los que, como la experiencia mundial lo indica, se han separado los dos grandes grupos de la acción policial: uno de ellos, en el que la policía realiza lo que podríamos llamar tareas tradicionales; el otro, en el que efectúa trabajo comunitario preventivo con la comunidad, a efecto de promover su participación en la definición de los problemas y el diseño de las soluciones.
4. En este orden de ideas, indican como un indudable reconocimiento al fenómeno señalado, el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto del año 2008, mismo que contempló la inclusión del Observatorio Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Los objetivos que acompañaron el nacimiento de estos observatorios, fueron:
Construir sistemas de información técnica que permitan la homologación de levantamientos respecto a índices de victimización, percepción de inseguridad y confianza institucional, así como la recopilación e interpretación de la información emitida por fuentes públicas; y
Diseñar y publicar instrumentos y mecanismos ciudadanos de evaluación ciudadana y rendición de cuentas por parte de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Dentro de este orden de ideas, puntualizan que el diagnostico que priva a México en términos generales, respecto a la relación ciudadanía-Estado, refiere una problemática relevante que se cimenta en la desconfianza mutua y en la dificultad para construir mecanismos de cooperación e intercambio positivos. No obstante, existen ejemplos a nivel federal y local que se distinguen y que están produciendo resultados significativos en la función de contraloría social y en la contribución de propuestas en las que participan consultores expertos en la materia.
5. Con la finalidad de ahondar en el tema, proporcionan una definición de seguridad ciudadana e indican que es un concepto que involucra un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y garantizadas por el Estado en una situación de confianza para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante los peligros que pudieran afectarla, así como de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona.
6 . Al efecto, señalan que los Observatorios de Seguridad son espacios intersectoriales e interdisciplinarios donde se recopilan datos e información que puede orientar el análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre los diferentes tipos de violencia, lesiones y delitos que de manera continua y oportuna permiten la definición de indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. El proceso debe orientar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, así como permitir evaluar las intervenciones que se desarrollen en el tema de la prevención del delito, la violencia y la convivencia pacífica. Señalan los proponentes que la concepción de esta estrategia tiene la peculiaridad de proponer la incorporación en las tareas preventivas y en sus políticas, no solo el factor político, sino también una perspectiva técnica y en particular la especialización de sus funcionarios. Este nuevo enfoque pretende la incorporación e interacción permanente con la sociedad civil.
7. Es por lo señalado en líneas anteriores que exhortan al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a que conforme su carácter de instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas y órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, en observancia de las disposiciones legales que regulan sus actividades y a partir de la metodología, experiencias y uso de tecnología existentes en lo concerniente a Observatorios Ciudadanos en materia de seguridad, se realicen las actividades pertinentes a efecto de impulsar el establecimiento de este tipo de Observatorios Ciudadanos de Seguridad en el ámbito municipal.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo es impulsar el establecimiento de Observatorios Ciudadanos de Seguridad, específicamente en el ámbito municipal.
Tercera. Resulta necesario analizar la viabilidad de la proposición con punto de acuerdo que se presenta, ya que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, fracción II, establece lo siguiente:
Articulo 79
1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:
I. ...
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y...
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera pertinente definir que los asuntos de interés nacional son todos aquellos que son de observancia y afectación directa a la sociedad en general, en este orden de ideas, la proposición con punto de acuerdo pretende impulsar el establecimiento de Observatorios Ciudadanos de Seguridad, específicamente en el ámbito municipal. Tomando en consideración la necesidad de estrechar la comunicación entre la sociedad y el gobierno, promoviendo así la participación activa de la ciudadanía en la implementación de políticas y procesos que les afectan de manera directa, los Observatorios Ciudadanos se constituyen como una manera en la que los gobernados pueden dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo por aquellos en el poder, evaluarlas y en determinada circunstancia, instar para que sean perfeccionadas. Por lo tanto, se considera que es un tema de interés nacional la creación de espacios que permitan a los ciudadanos tener una participación activa en cuanto a la supervisión de las políticas públicas y procesos que afectan directamente en su vida diaria promoviendo así una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Cuarta. Los Observatorios Ciudadanos son creados con la finalidad de analizar, evaluar y criticar políticas públicas o procesos por parte de un grupo de personas o instituciones especializadas que en una primera instancia no tendrían por qué hacerlo, es decir, son individuos u organizaciones que no guardan relación alguna con el gobierno por lo cual, su trabajo opera de manera autónoma y con cierta objetividad respecto de las políticas o procesos llevados a cabo por el gobierno, con el objetivo de combatir la corrupción y observar un correcto uso de recursos públicos esto en un marco de cultura de transparencia.
Resulta necesario establecer que el concepto de observatorio ciudadano se encuentra ligado con el concepto de contraloría social, que se define como un tipo de participación ciudadana, de manera organizada o independiente, orientadas al control, vigilancia y evaluación, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes. De esta definición destacan dos aspectos fundamentales, el primero es una forma de participación ciudadana, por lo tanto, permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad, esta participación puede ser ejercida de manera directa al incluir los trabajos realizados en instancias gubernamentales, o bien de manera indirecta al ejercer como receptores de denuncias de la ciudadanía en general; en segundo lugar, a través de la Contraloría Social se promueve un tipo de rendición de cuentas vertical ya que son los ciudadanos quienes controlan las acciones de gobierno y el desempeño de funcionarios públicos al emitir observaciones y presentar quejas y denuncias que pueden ser tomadas en consideración para modificar programas o servicios y en su caso sancionar a los responsables del mal manejo de recursos públicos, por lo tanto, contribuye a que la gestión gubernamental sea realizada en términos de transparencia, honradez y eficacia.
Por otra parte, la Contraloría Social encuentra su fundamento en los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional, mismos que se encuentran consagrados en los artículos 6°, 8° y 26° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto establecen:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
...
...
...
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.
...
...
...
Artículo 26
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
...
...
...
En este orden de ideas, la contraloría social es el género y los observatorios de seguridad serían la especie, ya que estos últimos tienen como finalidad específica el observar y evaluar las políticas públicas y procesos puestos en marcha por el gobierno en materia específica de seguridad pública, a lo cual es necesario destacar que los Observatorios que actualmente operan a en la república son muy pocos.
Quinta. Es necesario tomar en cuenta que este tipo de organizaciones, al ser creadas bajo un esquema de observancia y crítica objetiva hacia el gobierno, no reciben fondos de éste por lo que los costos de creación y operación corren totalmente a costa del sector privado, lo que acarrea como consecuencia que sean muy pocos los Observatorios Ciudadanos que se encuentran actualmente en operación en el país y por lo tanto, en menor número. De conformidad con cifras publicadas por el Sistema de Información sobre Observatorios Ciudadanos existen 88 Observatorios Ciudadanos distribuidos en 23 entidades federativas, lo cual implica que los estados de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas no cuentan con Observatorios de esta índole. Ahora, estos números corresponden a los Observatorios Ciudadanos que atienden diversas políticas públicas, pero de ellos solo un reducido número contempla a la Seguridad Pública dentro de las políticas que atiende, a fin de atender con claridad lo expuesto, se realiza el siguiente cuadro:
De lo expuesto con anterioridad se puede apreciar que, por lo que hace a observatorios municipales, únicamente 4 atienden a la seguridad pública dentro de las políticas públicas que atiende y solamente uno dedicado específicamente a la atención de la seguridad como única política pública. Por otra parte existen 3 observatorios que actúan en ámbitos estatales y municipales, considerando que los mismos son insuficientes ya que para lograr un correcto acercamiento al pueblo se debería tener como mínimo un Observatorio Ciudadano por Municipio. En este orden de ideas, se considera que son insuficientes los Observatorios Ciudadanos de Seguridad que existen en México, ya que tomando en cuenta la finalidad de impulsar la creación de este tipo de organismos a nivel municipal, los existentes actualmente abarcan apenas un 8 por ciento de la totalidad de municipios del país ya que al ser estos el orden de gobierno que tiene una relación más estrecha con los gobernados, son los indicados para verificar el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas así como el correcto uso de los recursos públicos.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente proposición con punto de acuerdo por lo que se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a que en su carácter de instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas y órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la luz del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008, tomando en consideración las disposiciones legales que regulan sus actividades y a partir de la metodología, experiencias y uso de tecnología existente en lo concerniente a Observatorios Ciudadanos en materia de seguridad, realicen las actividades pertinentes a efecto de impulsar en el país, específicamente en el ámbito municipal, el establecimiento de este tipo de Observatorios Ciudadanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública a investigar a fondo los posibles actos de extorsión, corrupción, abuso de la función y amenazas, respecto a denuncias ciudadanas contra elementos de la Policía Federal en Cuauhtémoc, Chihuahua
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada, el pasado 9 de noviembre de 2011, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, a efecto de que se investigue a fondo los actos de extorsión y corrupción por parte de elementos de dicha corporación destacamentados en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante los últimos meses.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avoca al examen de la proposición con punto de acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 8 de noviembre de 2011, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento para la Cámara de Diputados, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, a efecto de que se investigue a fondo los actos de extorsión y corrupción por parte de elementos de dicha corporación destacamentados en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua durante los últimos meses.
II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la JUNTA Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 7 de diciembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. La Proponente indica que en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere a que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución dejando en claro que queda prohibida toda conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otro lado, señala que una de las medidas en el eje del sector de Seguridad Pública en el actual Plan Nacional de Desarrollo, se prevé la obligación de salvaguardar a toda costa la seguridad de los ciudadanos en toda amplitud de su persona y su entorno social. De la misma manera hace mención a uno de los principales objetivos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal para el cumplimiento de misión tienen que ver con la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas.
2. Hace mención que el exhorto que presenta es motivado por el temor de los ciudadanos ante los abusos de autoridad y atropellos por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, dependiente de la SSP, mismos que se han venido denunciando desde hace aproximadamente un año; cabe mencionar que esta situación coincide con los cambios de mandos de tal institución en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Indica que los constantes problemas que se han presentado a causa del abuso de poder por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva destacamentados en esa región, es la consecuencia de que la comunidad se encuentre en un estado de desesperación ante la impotencia de no poder hacer nada.
3. Finalmente, indica que los cambios que se han presentado en los mandos de los cuerpos policiacos federales, son la consecuencia de la falta de atención por parte de sus superiores y la libertad que les dan a los elementos para que extorsionen y corrompan.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo es realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ingeniero Genaro García Luna, con la finalidad de que sean investigados a fondo diferentes actos delictivos presuntamente realizados por elementos de la Policía Federal destacamentados en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
Tercera. De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Seguridad Pública de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende las prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva; asimismo la fracción X del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública el organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario.
Cuarta. Siguiendo este orden de ideas el artículo 2o. de la Ley de la Policía Federal establece lo siguiente:
Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:
I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;
III. Prevenir la comisión de los delitos, y
IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.
...
Derivado de lo anterior, se concuerda con la proponente respecto a los objetivos que la Policía Federal tiene la obligación de cumplir y tomando en consideración lo establecido en el artículo 30 Bis, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es competencia de la Secretaría de Seguridad Pública supervisar a la Policía Federal Preventiva, así como el cabal apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, mismos que son rectores de la institución y señalados en el artículo 3° de la Ley de la Policía Federal.
Quinta. Por otra parte, los elementos integrantes de este cuerpo policial deberán conducirse de acuerdo al régimen disciplinario que indica la Ley de la Policía Federal, ya que como lo indica el artículo 18, la disciplina es la base del funcionamiento y organización de la Policía Federal, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética, por lo tanto esta dictaminadora considera que la inquietud de la proponente es loable en virtud de ser de vital importancia que aquellas individuos que tienen bajo su tutela el resguardo de las libertades, el orden y paz públicos conduzcan su actuar de manera honrada y en cabal cumplimiento de los principios rectores de la institución a la que pertenecen.
Sexta. Finalmente, esta Comisión considera que con la finalidad de dar precisión al punto de acuerdo motivo del presente dictamen, es necesario realizar modificaciones a efecto de indicar que los elementos de referencia pertenecen a la Policía Federal, ya que es la organización que la proponente señala en sus antecedentes, debido a que el personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública es distinto a los elementos de la Policía Federal.
Por lo expuesto y fundado los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente Proposición con Punto de Acuerdo por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea lo siguiente:
Acuerdo
Único . Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que sean investigados a fondo los posibles actos de extorsión, corrupción, abuso de la función y amenazas, respecto de las denuncias realizadas por parte de ciudadanos en contra de elementos de la Policía Federal en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas sobre el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal a un mayor número de localidades e incluir Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para recibirlo
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada, el pasado 9 de noviembre de 2011, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del área correspondiente, se modifiquen las reglas para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal a un mayor número de municipios y se incluya al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avoca al examen de la proposición con punto de acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 8 de noviembre de 2011, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento para la Cámara de Diputados, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del área correspondiente, se modifiquen las reglas para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal a un mayor número de municipios y se incluya al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 7 de diciembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. El Proponente indica que a raíz del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Presidente de la República, la inseguridad y la violencia se han convertido en el principal problema de nuestro país y las mismas han generado una serie de afectaciones directas en la vida de millones de mexicanos.
2. Menciona que el limitado presupuesto que reciben los municipios no es suficiente para cubrir una de las funciones fundamentales que es la de otorgar seguridad a sus habitantes, en consecuencia, surgió en el año 2008 el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el cual se integra con una aportación financiera del gobierno federal y del municipio y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesión. este subsidio complementa los recursos que los municipios destinan a esta importante actividad con la intención de coadyuvar en la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo de los municipios mexicanos.
Indica que en 2008 se aprobaron al Subsemun recursos del orden de los 3 mil 589 millones de pesos que se asignaron de manera directa a 150 Municipios. En 2009 se aumentaron los recursos a 4 mil 137 millones de pesos, ampliándose la cantidad de Municipios beneficiados a 206, asimismo se otorgan condiciones especiales a municipios turísticos, fronterizos y conurbados. En cuanto al 2010, tanto el monto otorgado como los municipios beneficiados se mantienen iguales a aquellos de 2009. Sin embargo, en 2011 se aprobó un monto de 4 mil 303 millones de pesos beneficiando de esta manera a 220 municipios.
3. Asimismo, el 28 de enero del 2011 se publican en el Diario Oficial de la Federación las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales. Estas reglas señalan que el mencionado subsidio es de cobertura nacional para los municipios, y en su caso, a las entidades federativas cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el gobierno del Distrito Federal para el ejercicio de dicha función en sus demarcaciones territoriales, conforme al artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. En este orden de ideas, los recursos de este subsidio se destinan para los conceptos y conforme a las reglas que establece el Ejecutivo federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública en los Municipios, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
4. Subsecuentemente, el 14 de enero del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal, así como la fórmula utilizada para su selección. En este Acuerdo se incluyeron para el estado de Coahuila de Zaragoza los Municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Pedro y Torreón.
5. El proponente indica que los recursos aprobados para el Subsemun son muy limitados y no todos los municipios tienen acceso a ellos, lo que impide que la mayoría de los municipios del país puedan cumplir a cabalidad la importante función de seguridad y en esta situación es en la que se encuentra el municipio de Ramos Arizpe, cabecera municipal ubicada en el sureste de Coahuila, y una de las ciudades progresistas que forma parte de la zona metropolitana del sureste de Coahuila junto con Saltillo y Arteaga. En virtud de la importancia que tiene este municipio en la generación de desarrollo y empleos para esta región, el proponente considera que es necesario y justificado que dicho municipio se incluya en la lista de beneficiarios del Subsemun para estar en posibilidades de mejorar la seguridad en esta región.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
Segunda. Los objetivos de la presente proposición son, por una parte, realizar un exhorto al Ejecutivo federal con la finalidad de que a través del área correspondiente, sean modificadas las reglas para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y se amplíe la cobertura de dicho subsidio a un mayor número de municipios; y como consecuencia, incluir al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza en la lista de los municipios elegibles para el otorgamiento del citado subsidio.
Tercera. De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos, es una función a cargo de de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende las prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, en tal virtud el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios es un recurso federal que se le ministra a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiadas a través de una formula de elegibilidad, y que objeto de dichos recursos es el que destine de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarta. El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios surge con la finalidad de
Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como a delegaciones del gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.
Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las detonan.
Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.
En esta virtud, los recursos se consideran etiquetados y se destinan expresamente a los rubros de equipamiento, operación policial, infraestructura, prevención social del delito y participación ciudadana y profesionalización.
Quinta. De conformidad con el artículo 11 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 aprobado por esta Cámara de Diputados el 13 de septiembre de 2011, se establece la obligación del Ejecutivo federal para emitir la reglamentación en base a la que se distribuirán los recursos federales, así como a dar a conocer a mas tardar el 15 de enero del 2012, a través del Diario Oficial de la federación, la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere este artículo, así como la fórmula utilizada para su selección, la cual deberá contemplar entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva, así como grupos de municipios que por su proximidad geográfica se vean afectados por la alta incidencia delictiva.
Sexta. Cabe destacar que si bien se reconoce la urgente necesidad de aumentar el número de municipios que se benefician del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, es necesario el incremento de los recursos destinados al mencionado subsidio en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que depende de ello la inclusión de más municipios a la ministración de este subsidio, en este supuesto y de conformidad con el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 el subsidio de referencia tuvo un incremento del 3.5 por ciento respecto del otorgado para el ejercicio fiscal 2011 y atendiendo a los antecedentes de este subsidio, en 2011 se otorgó una cantidad con un incremento de poco menos de 4 por ciento respecto a lo otorgado en 2010 y en consecuencia el número de municipios seleccionados para ministrarles el subsidio se elevó de 206 a 220.
Séptima. En tal virtud, esta comisión considera asequible la intención del proponente toda vez que existen numerosos municipios que requieren de este subsidio a fin de proporcionar la capacitación, equipo e instalaciones necesarias a los elementos de los cuerpos de seguridad pública de los municipios y por lo tanto estar en las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de los gobernados, y ante la imposibilidad de otorgar el subsidio a la totalidad de municipios de la República, se establece un procedimiento de elegibilidad para ser candidatos al otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el cual actualmente consta de 2 etapas:
Jerarquización. Se ordenan los municipios y demarcaciones con mayor índice de criminalidad compuesto, ICC, el cual incluye criterios de población e incidencia delictiva.
Elegibilidad por criterios. Se eligen en base al siguiente orden de criterios:
ICC mayor o igual a mil delitos por año por cada 100 mil habitantes, que constituyen el 90 por ciento de la incidencia delictiva a nivel nacional.
Mayor número de características (turístico, fronterizo, conurbado y proximidad geográfica) que cuenten con un ICC mayor o igual a 80 delitos promedio por año por cada 100 mil habitantes.
Mayor número de características (turístico, fronterizo, conurbado y/o proximidad geográfica) que sean mayores a 20 delitos promedio por año por cada 100 mil habitantes.
Mantener el beneficio a los Municipios ya seleccionados y que cumplen con la normatividad aplicable.
En consecuencia, para el caso específico del Ramos Arizpe, aun cuando se ve afectado por su cercanía con el municipio de Saltillo, ambos de Coahuila de Zaragoza, sería elegible solamente si cumpliera con los requisitos del procedimiento vigente.
Octava. Aunado a lo anterior, actualmente existe la lista de Municipios Sustitutos publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que abarcan desde el municipio número 221 al 250 conforme al número de la fórmula de elegibilidad, la cual se compone de los siguientes municipios:
Lo cual indica que existen por lo menos 30 municipios en espera de que les sea otorgado el subsidio federal, independientemente de la elegibilidad por criterios (ser un municipio turístico, fronterizo, conurbado y o con proximidad geográfica a un municipio con elevados índices de inseguridad) y si bien es cierto que en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se aumenta en un 3.5 por ciento los recursos asignados para este subsidio con respecto al ejercicio 2011, también lo es que el incremento se realizo con la finalidad de adaptarse a la inflación y no perjudicar a los municipios que ya son beneficiarios de este subsidio. Siguiendo este orden de ideas, modificar las formulas para la selección de Municipios implicaría la inclusión de un gran número de municipios, lo cual representaría un fuerte impacto presupuestal que conllevaría a perjudicar a los municipios que ya son parte de este programa, aunado a que se estaría diluyendo el monto otorgado a el municipio.
Novena. Sin embargo a fin de atender la inquietud del proponente cabe mencionar que de conformidad con el artículo 12 inciso B del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 aprobado por esta Cámara de Diputados el martes 15 de noviembre de 2011 se establece que:
Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial.
B. $3,000000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012, deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios, en los cuales deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los informes trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y acciones contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 8 de este decreto.
Así como de conformidad con el artículo vigésimo sexto transitorio del mencionado decreto que establece lo siguiente:
Vigésimo Sexto. El Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad tiene por objeto apoyar operaciones asociadas a infraestructura en las entidades federativas incluyendo el Distrito Federal, incluyendo la destinada a seguridad pública. El apoyo consiste en que el fondo aporte los recursos que servirán como fuente de pago al componente del capital, debiendo dichas entidades federativas cubrir los intereses correspondientes, bajo un esquema financiero similar al del fondo al que se refiere el artículo décimo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
La asignación de los recursos para el apoyo referido se distribuye con base en el coeficiente derivado de la distribución del Fondo General de Participaciones publicada en la Cuenta de la Hacienda Publicada Federal del Ejercicio Fiscal de 2010. En caso de que, a más tardar el 30 de junio del 2012, existiesen en el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad recursos que no hayan sido solicitados o formalizado el apoyo o no hubiese cumplido con los requisitos establecidos por el Fondo, dichos recursos podrán ser reasignados a otras entidades federativas que cumplan con los requisitos, atendiendo estrictamente al orden de presentación de solicitudes a partir del 1 de julio de 2012.
De este fondo ya potenciado, se destinaran hasta 8 mil millones de pesos para infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.
El manejo, destino, tratamiento contable y aplicación de los recursos de que se trata, se realizará bajo la responsabilidad de las entidades federativas de acuerdo a las disposiciones correspondientes, no resultando aplicable el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reportará en los informes trimestrales que presente al Congreso de la Unión, sobre los recursos comprometidos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, así como de las disponibilidades que se registren al cierre del trimestre que corresponda.
En su participación en el esquema financiero a que se refiere el presente artículo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá instrumentar mecanismos que permitan la agilidad en la tramitación correspondiente, mismos que deberán estar disponibles a partir del 1 de enero del 2012 para aplicarse conforme se integren los expedientes correspondientes.
En consecuencia esta comisión sugiere modificar el punto de acuerdo para que se exhorte al titular del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a dar prioridad al municipio de Ramos Arizpe y se le beneficie otorgándole recursos del apoyo a las entidades federativas en materia de seguridad pública o bien del Fondo de Apoyos para Infraestructura y Seguridad a que se refieren el inciso b) del artículo 12 así como el artículo vigésimo sexto transitorio ambos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, respectivamente; siendo que, en el primer casos, se incluye la cantidad de $3,000000,000 (3 mil millones de pesos), para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas y, en el segundo de los casos, indica que se destinarán hasta 8 mil millones de pesos para infraestructura y equipamiento.
Por lo expuesto y fundado los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza para que a través del otorgamiento de apoyos a entidades federativas en materia de seguridad pública y del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, dé prioridad al municipio de Ramos Arizpe en cuanto al otorgamiento de recursos que permitan satisfacer las necesidades que en materia de seguridad pública se tenga, ello con fundamento en el artículo 12, inciso B y del artículo vigésimo sexto transitorio, ambos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de 2011
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).
