De la Comisión de Seguridad Pública, segundo semestral atinente al periodo abril-diciembre de 2010
Introducción
En cumplimiento con los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 150, fracción X, 158, fracción III, 164, 165 y 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Pública, presenta su segundo informe semestral de actividades correspondiente al periodo de abril a diciembre de 2010 del primero y segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Este periodo fue sumamente trascedente dado que se aprobó la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que representa un gran avance para fomentar la credibilidad en las autoridades al establecer tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno; pero sobretodo otorga confianza para aquellos que más que la libertad se les ha privado de la impartición de justicia.
Con esta ley se logró estandarizar los tipos penales y sus respectivas sanciones; instituir la negativa de concesión de libertad preparatoria; tipificar la modalidad de secuestro exprés, autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén; que los acusados por el delito de secuestro no cuenten con el beneficio de la preliberación o reducción de la condena; que el Ministerio Público estaría obligado a actuar de oficio en todos los casos de secuestro así como impedir que este delito prescriba; se contempla la figura de inexcusabilidad del testigo; se castiga a quienes financien, recauden o aporten fondos económicos para personas u organizaciones que operen en la ejecución de este delito; se crea un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia; se implementa una política de seguridad y un nuevo sistema de justicia penal con la finalidad de abatir este delito; se fortalece con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos, entre otros.
El delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, es uno de los crímenes que afectan a la sociedad de manera más profunda, ya que, además de que causa daños graves e irreparables a las víctimas y a sus familias, crea un clima de inseguridad y temor en nuestras comunidades. Basta recordar la conmoción pública provocada por los actos brutales de asesinatos y mutilaciones en que han incurrido los secuestradores.
Otro aspecto importante en este periodo fueron las comparecencias del Secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, así como del procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno.
En un ejercicio plural e incluyente los integrantes de la comisión han mantenido contacto directo con las diversas asociaciones civiles para trabajar en la aplicación de medidas tendientes a erradicar la inseguridad.
Finalmente, gracias a la contribución de todos los integrantes de la comisión se aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 en materia de seguridad pública con un incremento de 31 por ciento respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo federal; que fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dichos incrementos fueron resultado del dialogo sostenido con gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales; los cuales manifestaron sus preocupaciones por la inseguridad que enfrentan cotidianamente sus estados y municipios.
Integrantes de la comisión
Total de integrantes: 28
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 14.
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional: 9.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 3.
Grupo Parlamentario de Convergencia 2.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 1.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 1.
Junta directiva
Diputados: José Luis Ovando Patrón (PAN), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI)*, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (PRI), Felipe Amadeo Flores Espinosa (PRI), Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), Adriana Sarur Torre (PVEM), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia)** secretarios.
* En sustitución de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.
** En sustitución del diputado Alejandro Gertz Manero
Además la integran
Diputados: Miguel Álvarez Santamaría (PRI), Salvador Caro Cabrera (PRI), Víctor Hugo Círigo Vásquez (Convergencia), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Omar Fayad Meneses (PRI), Jorge Fernando Franco Vargas (PRI), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), Rosi Orozco (PAN), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (PAN), Camilo Ramírez Puente (PAN), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (PAN)*, Francisco Lauro Rojas San Román (PRI), Arturo Santana Alfaro (PRD), Ricardo Sánchez Gálvez (PRI), Ardelio Vargas Fosado (PRI).
* En sustitución del diputado Óscar Arce Paniagua.
Durante el periodo que comprende el presente informe semestral se realizaron las siguientes altas y bajas en la Comisión de Seguridad Pública.
Fecha: 9 de septiembre
Baja: Alejandro Gertz Manero
Alta: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia)
Fecha: 23 de septiembre
Baja: María de Jesús Aguirre Maldonado
Alta: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI).
Fecha: 14 de octubre
Baja: Óscar Arce Paniagua
Alta: Liev Vladimir Ramos Cárdenas (PAN)
Avance en el programa anual de trabajo
De conformidad con los objetivos establecidos en el programa anual de trabajo, en el periodo correspondiente al primer año de trabajo comprendido del 6 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010, se ha realizado el siguiente trabajo relativo al análisis y dictamen de proyectos legislativos.
Séptima sesión plenaria
El 21 de abril de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes.
1. Iniciativas
1.1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal y Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Federal contra la Delincuencia Organizada.
Proponente: Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo
Sinopsis: Sancionar a quien haga uso de la violencia en contra de las vías generales de comunicación, especialmente en el Sistema Ferroviario el cual se ha transformado en objeto de la delincuencia.
1.2. Que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputado Carlos Samuel Moreno Terán
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Hace obligatorio el uso de uniforme para todas las corporaciones, policiales, asimismo que los vehículos de las corporaciones policiales deberán ostentar visiblemente denominación, logotipo, o escudo para poderlos ubicar.
1.3. Dictamen iniciativa que reforma los artículos 20, 40 y adiciona el artículo 134 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
Proponente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macarai.
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis:
• Implantación de políticas organizacionales formales orientadas a facilitar y potencializar el trabajo de los miembros de la organización.
• Implementación de sistemas tecnológicos de intervención temprana diseñados para identificar problemas de comportamiento de los miembros de la organización.
• Las supervisiones de rutina en áreas sustantivas
1.4. Dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Proponente: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se propone que se brinden servicios de atención médica que permita a los internos la atención y resolución de sus problemas de salud, así como precisar que en los centros de reclusión para mujeres, existan servicios ginecológicos necesarios para la atención especializada.
2. Puntos de acuerdo
2.1. Con punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal rediseña el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.
Proponente: Diputado Arturo Zamora Jiménez.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: El proponente considera necesario que se examine y estudie muy puntualmente los pormenores del nuevo modelo penitenciario que se pretende introducir en ese lugar, cuya puesta en práctica necesariamente tendrá un impacto en temas como la procuración y administración de justicia y los derechos humanos de los justiciables.
2.2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a investigar sobre las corporaciones policiacas y a deslindar responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a conductores de vehículos con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.
Proponente: Diputada Adriana Fuentes Cortés.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Prevenir que los agentes de transito utilicen su Reglamento con prepotencia y abuso de poder, ya que detienen automovilistas, motociclistas y auto transportistas con placas de algún estado foráneo con la finalidad de extorsionarlos y aprovecharse de la función que desempeñan para obtener dinero.
2.3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y al gobierno de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implantar medidas para deslindar responsabilidades a los policías que extorsionan a operadores de autotransporte.
Proponente: Diputado Adolfo Rojo Montoya
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo
Sinopsis: Exhortar a las autoridades correspondientes q que emprendan acciones para que el gobierno del Estado de Sinaloa, erradique prácticas de extorsión a operadores de autotransporte lo cual afecta a este sector de manera considerable.
2.4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la PGR y de la SSP que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cado acciones, con los demás integrantes, que den protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulse programas permanentes de prevención.
Proponente: Diputada Rosi Orozco.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
• Se hace un llamado a las Entidades Federativas a armonizar sus códigos penales según el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas especialmente en Mujeres y Niños.
• Solicita a los titulares de la PGR y de la SSP que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas, continúen llevando a cado acciones, con los demás integrantes, que den protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulse programas permanentes de prevención.
2.5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del programa operativo coordinado en Tepic.
Proponente: Diputada María Felícitas Parra Becerra.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Hace una solicitud urgente e inmediata al gobierno de Nayarit para que salvaguarde la seguridad e integridad de la Población de Nayarit y cesen los ataques con resultados fatales, mediante acciones conjuntas que tengan como finalidad primordial lograr una mayor inspección y vigilancia de las calles.
Octava sesión plenaria
El 1 de junio de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
1. Iniciativas
1.1. Con proyecto de decreto que expide la Ley Federal De Reinserción Social.
Proponente: Diputado Eduardo Mendoza Arellano.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Se propone un nuevo modelo de reinserción social.
2. Proposiciones con punto de acuerdo
2.1. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa integral de reinserción social de ex convictos deportados del país.
Proponente: Diputado Francisco Vega de Lamadrid.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: El proponente manifiesta la necesidad de que cada año se emprendan programas destinados a las personas repatriadas procedentes de Estados Unidos de América.
2.2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear un consejo de atención inmediata de las comunidades y de los municipios con incidencia delictiva.
Proponente: Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
1. Elaborar un listado de las comunidades y municipios que requieren intervención inmediata, sustentado en los diagnósticos que presente la Secretaría de Seguridad Público y las autoridades locales y municipales.
2. Formular un programa emergente de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y madres adolescentes que contemple asistencia médica, psicológica, nutricional y facilite en su caso, albergue.
3. Diseñar y programar Intervenciones en escuelas públicas de educación básica y media superior, acordadas con padres de familia, para detectar problemas de salud física y mental, con énfasis en desnutrición, adicciones, violencia familiar y escolar o ambas, depresión, predelincuencia y situaciones al suicidio.
4. Concertar con instituciones de educación superior un amplio programa de servicio social para que los alumnos de carreras como medicina, sociología, psicología, pedagogía, trabajo social, enfermería etcétera, apoyen a la comunidad escolar y atiendan o canalicen los casos detectados, bajo la coordinación y supervisión académica.
5. Atacar la deserción, a través de programas de becas; atender a los alumnos de bajo rendimiento proporcionando cursos de regularización vespertinos impartidos por profesionistas, padres de familias, estudiantes universitarios, supervisados por docentes del sistema educativo nacional.
6. Abrir las escuelas públicas a actividades sociales vespertinas supervisadas, de las que se responsabilicen los organizadores.
7. Actuar con los padres de familia a través de pláticas y talleres que serán obligatorios para recibir, en su caso, los beneficios del programa oportunidades. Las escuelas privadas podrán sumarse a estos programas.
8. Proporcionar a los maestros atención y capacitación dentro de estos programas que serán considerados en el puntaje de la carrera magisterial, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios.
9. Brindar atención a padres de familia y miembros de la comunidad que presenten problemas de adicciones.
10. Desarrollar un programa gubernamental de empleo temporal.
11. Estimular fiscalmente tanto a los empresarios que se comprometan a contratar personal atendiendo a programas de fomento al empleo como a quienes creen de centros de trabajo o empleos permanentes.
12. Desarrollar un programa concertado con autoridades municipales y estatales para el mejoramiento del entorno físico de las comunidades: alumbrado público, bacheo, construcción de banquetas y guarniciones, pavimentación de calles, servicio de limpia, cercado de terrenos baldíos, recuperación de espacios públicos ocupados por el comercio informal, mejora de aulas, auditorios escolares y municipales, canchas deportivas, jardines, plazas, paseos y todo espacio público de convivencia social. Este programa puede ser detonante del de empleo temporal
13. Trabajar con organizaciones de la sociedad civil (padres de familia, ejidatarios, asociaciones de colonos, de profesionistas, sociedades de alumnos, clubes de servicio, empresarios) en la elaboración y ejecución de programas de denuncia ciudadana, autoprotección para evitar o reducir el riesgo de delitos en la casa, escuela, calle, transporte público, etcétera; construcción de redes sociales para protección de escuelas, barrios, centros de trabajo, comunidades.
2.3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a la SCHP, a la CNBV y a los gobiernos del Distrito Federal de los estados y de los municipios a otorgar a los cuerpos policiacos –en el marco de sus atribuciones– el acceso a crédito para adquirir viviendas y automóviles.
Proponente: Diputados Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Manual Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramshburg, Jesús Alberto Cano Vélez.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales de su adscripción el acceso a créditos tanto para la adquisición de vivienda como de vehículos automotores
2.4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública a realizar las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento al séptimo transitorio de la reforma constitucional sobre seguridad y justicia.
Proponente: Diputado José Luis Ovando Patrón.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
I. Integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
V. Distribuir a los integrantes del sistema actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública;
VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;
IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de seguridad pública;
XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, a través de mecanismos eficaces;
XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos; y
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.
2.5. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía del estado que guarda la negociación del anunciado tratado de armas convencionales y de las medidas tomadas por su gobierno para frenar la introducción de armas en el territorio nacional.
Proponente: Diputada Guadalupe Pérez Domínguez.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
2.6. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de esta.
Proponente: Diputada Adriana Sarur Torre.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
1. Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México;
2. Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y
3. Ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada.
2.7. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP a implantar programas de reestructuración, capacitación y profesionalización necesarios a fin de erradicar la gran corrupción imperante en los mandos de la Policía Federal División Caminos.
Proponente: Diputado Joel González Díaz.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a generar los programas, académicos, científicos, culturales y sociales de capacitación y profesionalización que sean necesarios, a fin de lograr erradicar totalmente, o de manera considerable los altos niveles de corrupción existentes, que imperan en la actualidad, en la policía federal división caminos y así fomentar un cambio de cultura, tendiente a transformar, mejorar y depurar los distintos mandos de la mencionada corporación.
2.8. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP a reunirse con las autoridades encargadas de la seguridad pública en Coahuila para seguir coordinando esfuerzos y apoyar a Torreón en la problemática de su policía.
Proponente: Diputado Miguel Ángel Riquelme Solís.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que envíe, de manera inmediata, nuevamente a los elementos de la Policía Federal Preventiva al municipio hasta que no se restablezca la normalidad en la policía local.
2.9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conago con relación al pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.
Proponente: Diputado Salvador Caro Cabrera.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conago con relación al pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.
2.10. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSP.
Proponente: Diputado Amador Monroy Estrada.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Una mesa de negociación, donde se puedan atender los siguientes puntos:
A) El reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública.
B) La entrega de las cuotas sindicales.
C) La elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo.
D) El otorgamiento de las licencias sindicales correspondientes.
Novena sesión plenaria
El 11 de agosto de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
1. Iniciativas
1.1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macarai.
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Realizar un análisis de las leyes federales en materia de seguridad, señalando que el modelo institucional no está hecho para facilitar la cooperación, por el contario existe centralización de la información y las instituciones encargadas de la seguridad no están facultadas para celebrar convenios con otras instancias de seguridad nacional como internacional, para fomentar el intercambio académico y la profesionalización.
Esta iniciativa no fue viable en virtud de que toda vez que se ha demostrado su inviabilidad en razón de que ya se encuentra contemplada la inquietud del Diputado proponente dentro del mismo ordenamiento jurídico que se pretende reformar, e incluso ya se han celebrado varios acuerdos en materia de intercambio de información y estrategia de servicio, a través de un soporte sustantivo de conexión, operatividad, homologación de criterios y protocolos de operación para la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Municipios, así como la formación y profesionalización de los cuerpos policiales y aplicación sistemática de controles de confianza.
Asimismo la propuesta consistente en realizar convenios con otras instituciones de Seguridad Pública, con el objeto de fomentar el intercambio académico y de experiencia, ya se encuentra contemplada en el artículo 16, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y nada impide que dichos acuerdos se puedan celebrar incluso con instituciones internacionales.
1.2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Federal de Trabajo y Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Proponente: Diputado Irma Figueroa Romero.
Grupo Parlamentario: Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública.
Sentido del Dictamen: Negativo.
Sinopsis: Se pretende que los derechos de los pacientes con VIH/sida queden claramente establecidos en las diferentes leyes, a fin de contribuir a dar soluciones efectivas para evitar la discriminación, rechazo y violación de sus derechos como pacientes.
La iniciativa no fue viable en virtud de que el problema del VIH/sida ocupa un lugar importante en la agenda gubernamental como lo demuestra el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el Programa de Prevención y Control del VIH/sida y de las Infecciones de Transmisión Sexual 2001-2006, así como las acciones del Centro Nacional para la Prevención y control del sida y el Consejo Nacional para la Prevención y control del sida.
Se puede considerar la existencia de una política pública orientada a prevenir y controlar este padecimiento, el hecho de que no haya sido eficaz, efectiva y suficiente para atacar debidamente la problemática, no implica necesariamente una reforma a la ley con el fin de hacer obligatorias conductas especificas que evidentemente en lo general ya lo son.
En todo caso amerita la reorientación ejecutiva y cotidiana de las tareas y recursos institucionales; y en el caso de requerir una reforma a la ley, está deberá ser genérica, a fin de abordar el problema de salud en general, y cuyas acciones institucionales deriven en el trato especifico que la problemática del VIH/sida demanda.
2. Proposiciones con punto de acuerdo
2.1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país.
Proponente: Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Cambiar la estrategia en el combate a la delincuencia realizando una gran jornada nacional contra la inseguridad que abarque la realización de tres foros en los que se puedan escuchar las voces e las víctimas del delito y la sociedad en general; donde los académicos y especialista en estos temas y los responsables de la seguridad pública de viva voz en un dialogo abierto y directo expresen a sus representantes populares sus propuestas.
Con los resultados de dichos foros exhortar al Ejecutivo federal para crear el Consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presenten mayor incidencia delictiva en el país, que tendría como objetivo diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de seguridad pública.
Se aprobó este punto de acuerdo ya que está comisión considera que “si bien resulta necesario el intercambio de ideas y la discusión amplia en torno a temas tan relevantes como el de Seguridad Pública, no es necesaria la creación de un nuevo Consejo denominado de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país, en virtud de que existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2.2. Con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua
Proponente: Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del Dictamen: Negativo.
Sinopsis: A través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, enviar a la brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con el objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de los órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como lo son las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre otras.
Décima sesión plenaria
El 30 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobó el siguiente dictamen.
1. Minutas
1.1. Con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de la Policía Federal; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cámara de origen: Cámara de Senadores.
Turnada a: Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con opinión de las de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación.
Sentido del Dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se estandarizarían los tipos penales y sus respectivas sanciones
• Se instituiría la negativa de concesión de libertad preparatoria.
• Se tipificaría la modalidad de secuestro exprés, autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén.
• Los acusados por el delito de secuestro no contarían con el beneficio de la preliberación o reducción de la condena.
• El Ministerio Público estaría obligado a actuar de oficio en todos los casos de secuestro así como impedir que este delito prescriba.
• Se contemplaría la figura de inexcusabilidad del testigo.
• Se castigaría a quienes financien, recauden o aporten fondos económicos para personas u organizaciones que operen en la ejecución de este delito.
• Se crearía un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia.
• Se implementaría una política de seguridad y un nuevo sistema de justicia penal con la finalidad de abatir este delito.
• Se fortalecería con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos.
• Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones podrían suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel. Por ende se fortalecería el sistema penitenciario.
Contenido del dictamen
Capítulo I. Disposiciones generales
Constitución de la ley: 14 capítulos divididos en 48 artículos.
Para la investigación, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables:
El Código Penal Federal.
El Código Federal de Procedimientos Penales.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados
Capítulo II. Penas
Pena: De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa.
Tipo
• Obtener para sí, o para un tercero, un rescate o cualquier beneficio.
• Detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida.
• Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad.
• Cometer secuestro exprés.
Pena: De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de multa.
Tipo
• Los secuestradores allanen el inmueble de la víctima.
• Cuando la víctima sea menor de edad, mayor de sesenta años, incapaces o que sea una mujer en estado de gravidez.
• El secuestro se realice en un camino público y en lugares desprotegidos.
• Que se ejecute con violencia.
• Que las personas que cometan el secuestro lo lleven a cabo en grupo de dos o más personas.
Pena: De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa.
Tipo
• Los autores del secuestro hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de las fuerzas armadas o se ostenten como tales sin serlo.
• Que él o los autores tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima.
• Cuando se lesione, torture o viole a la víctima durante el cautiverio.
Pena: De cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días de multa.
Tipo: Si la víctima es privada de la vida por los raptores.
Pena: De dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.
Tipo
• Cuando de manera espontánea se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad.
• El secuestrador habiendo participado en la planeación del secuestro se arrepienta y de parte a las autoridades para rescatar con vida a la víctima.
Pena: De ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días de multa.
Tipo: Se libere a la víctima dentro de los primeros diez días de haberse cometido el secuestro sin lograr ningún propósito.
Pena: Se aplicará una pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Tipo: Al que simule la privación de su libertad.
Pena: De dos a ocho años de prisión.
Tipo: Al que simule la privación de la libertad de una persona con el propósito de obtener un beneficio.
Pena: De dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días de multa.
Tipo
• A quien desvíe la investigación o la obstaculice.
• Auxilien u oculten al secuestrador.
• Alteren o modifiquen las huellas del delito.
Penas para servidores públicos
Se aplicará una pena de dos a ocho años de prisión y de doscientos a mil días de multa a los servidores públicos que divulguen información reservada o confidencial. Pero si tienen facultades de investigación, procuración o impartición de justicia y se abstienen a denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía los delitos citados en la Ley de la materia, serán acreedores de una pena de cuatro años seis meses a trece años de prisión y de doscientos a mil días de multa.
Capítulo III. Prevención y coordinación
Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:
• Llevar a cabo estudios de estadísticas, geodelictiva, patrones de comportamiento, para contar con una investigación más fidedigna y confiable.
• Procesar la información geodelictiva para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo.
• Intercambiar información.
• Realizar campañas tendientes a prevenir el delito.
• Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales.
Capítulo IV. Ámbito de aplicación de la ley
Los delitos contemplados en la multicitada Ley se prevendrán, investigarán y sancionarán por la Federación y en los casos donde no le corresponda, serán competencia de las autoridades del fuero común.
Capítulo V. Intervención y aportación voluntaria de comunicaciones
Objetivo: El procurador general de la República o los servidores públicos competentes podrán solicitar a la autoridad judicial, cumpliendo con ciertas normas legales, su autorización para la intervención de comunicaciones privadas.
Capítulo VI. Obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones
• Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas para estos casos.
• Suspender el servicio de telefonía cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Capítulo VII. Protección de personas
Objetivo: Salvaguardar la integridad física y moral de las víctimas y los testigos.
Líneas de acción:
• Los titulares del Ministerio Público y de las entidades federativas expedirán programas para la protección de personas.
• Toda la información y la documentación relacionadas con los testigos protegidos deben mantenerse en estricto secreto.
• El cumplimiento del programa de personas protegidas lo determinará el titular del Ministerio Público. En las entidades federativas, el titular del MP tiene que designar a la unidad especializada que lleve a cabo esta encomienda.
• La persona que sea candidato a este programa será autorizada por el Procurador General de la República o el servidor público en quien se delegue la facultad.
• La revocación de la protección de la persona será cuando el testigo no se conduzca con veracidad.
• Los programas establecerán un mínimo de requisitos de ingreso, protección física o electrónica; apoyos para sus necesidades personales e incluso en algunos casos hasta familiares o personas cercanas.
Capítulo VIII. Apoyos a las víctimas y testigos de cargo
• Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, se repare el daño a favor de la víctima.
• Solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades.
• Estar presentes en salas distintas al inculpado.
• Contar con apoyo permanente en asesoría y demás necesidades.
• Estar asistido por sus abogados, médicos y psicólogos durante sus diligencias.
• Obtener copia simple y gratuita de la diligencia en la que intervienen.
Capítulo IX. Restitución inmediata de derechos y reparación
Objetivo: El Ministerio Público o las entidades federativas deben, restituir a las víctimas de las conductas previstas en la Ley y solicitar la reparación del daño.
Integración: Se constituirá con los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio en los términos de la ley.
Capítulo X. Embargo por valor equivalente
Integración: En caso de que los productos, instrumentos u objetos hayan desaparecido, el Ministerio Público pedirá el embargo de bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a la reparación del daño.
Capítulo XI. Fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos
Objetivo: Dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas, así como incentivar la denuncia.
Integración: El fondo se integrará de la siguiente manera:
• Recursos del presupuesto de egresos de la federación
• Recursos obtenidos por la enajenación de bienes
• Recursos por bienes que causen abandono
• Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas.
• Donaciones hechas a su favor por terceras personas
Porcentaje: El fondo a que se refiere este artículo se constituirá en los términos y porcentajes que establezca el Reglamento respectivo.
Administración del fondo: La Procuraduría General de la República administrará el Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, siguiendo criterios de:
• Transparencia
• Oportunidad
• Eficiencia
• Racionalidad
Dichos criterios, serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos.
Los recursos que lo integren serán fiscalizados anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.
Finalidad: Se orientará prioritariamente a la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo, en los términos que precise el Reglamento.
Capítulo XII. Organización de la federación y de las entidades federativas
Los tres órdenes de gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, deberán coordinarse para:
• Impulsar políticas de apoyo y protección a las víctimas.
• Determinar criterios uniformes para la organización y modernización tecnológica para el combate del secuestro.
• Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas.
• Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública.
• Promover convenios de colaboración interinstitucional.
• Suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
• Participar en la formulación de un Programa Nacional para prevenir y sancionar las conductas enmarcadas en esta ley.
Las Procuradurías deben crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en la Ley. Estas Unidades contarán con las siguientes prerrogativas:
• Solicitar que se les brinde atención médica a las víctimas.
• Asesorar a los familiares en las negociaciones para liberar a la víctima.
• Recibir denuncias.
• Utilizar las técnicas de investigación previstas en la ley.
• Sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima.
Para ser integrante de estas unidades es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
• Aprobar los cursos de capacitación y actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
• Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia.
Capítulo XIII. Auxilio entre autoridades
Objetivo: Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán presentar auxilio cuando les sea solicitado por la autoridad competente, así como coordinarse para el intercambio de formación y adiestramiento de agentes del Ministerio Público.
Capítulo XIV. De la prisión preventiva y de la ejecución de sentencias
Objetivo: A los sentenciados por esta Ley se les podrán aplicar las medidas de vigilancia para su readaptación y la restricción de comunicaciones con terceros. Asimismo, las entidades federativas podrán enviar a los procesados a los Centros de Readaptación sin conceder libertad preparatoria a quienes trafiquen con menores de edad.
Undécima sesión plenaria
El 27 de octubre de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de seguridad pública.
La Comisión de Seguridad Pública decidió aprobar un proyecto de Presupuesto para el año 2011 con un incremento del 31 por ciento con respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo federal.
Dichos incrementos fueron resultado del dialogó sostenido con gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, los cuales manifestaron sus preocupaciones por la inseguridad que enfrentan cotidianamente sus estados y municipios.
Las peticiones antes mencionadas concentran las principales preocupaciones manifestadas por la ciudadanía, siendo la mayor presión de gasto detectada en las propuestas planteadas ante la Comisión de Seguridad Pública la necesidad de dotar de mayores recursos al rubro de infraestructura penitenciaria, a fin de dotar a los centros penitenciarios de instalaciones y equipamiento adecuados que permitan la efectiva reinserción social de los internos, logrando disminuir el hacinamiento que actualmente se registra en la mayoría de las prisiones, por lo anterior se decidió crear un Fondo de Infraestructura Penitenciaria que contará con 2,000 millones de pesos, que permitirá dar continuidad a los proyectos que requieran de estos recursos, tal y como en el ejercicio anterior la citada Comisión aprobó el mismo fondo por un monto de 1,200 millones de pesos, logrando para el ejercicio del 2011 el aumento de 800 millones de pesos para el mismo.
Al ser la participación ciudadana y prevención del delito otro de los rubros que más preocupación causan a las entidades federativas y municipios, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la ampliación al presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por un monto de 430 millones de pesos, que serán destinados al desarrollo y la aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana, logrando así involucrar a los ciudadanos de manera directa y responsable al interior de su comunidad en materia de seguridad pública, permitiendo la reducción de los índices delictivos y dotará de mayor transparencia el actuar de las instituciones encargadas de la seguridad pública en nuestro país.
Ante la necesidad de contar con infraestructura adecuada y que responda a las necesidades de seguridad pública que presentan la mayoría de las entidades federativas y los municipios en el país, siendo uno de los rubros que reflejó mayor presión de gasto de la totalidad de las propuestas que se recibieron, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la creación de un subsidio por 1,700 millones de pesos que serán destinados a la creación del Fondo para Infraestructura General, priorizando en la asignación de dichos recursos a aquellas entidades federativas que requieran el apoyo económico para proyectos específicos, así como a municipios que no se contemplen dentro del subsidio en materia de seguridad pública (subsemun).
Finalmente, al ser la base de organización del sistema penitenciario, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir, es necesario que cuente con los medios adecuados para lograrlo. Por ello, la Comisión de Seguridad Pública aprobó el incremento del rubro correspondiente al “Socorro de Ley” contemplado en la propuesta del Ejecutivo Federal, a fin de mejorar la calidad de vida, y alimentación de los internos, lográndose con ello un incremento del 50 por ciento, al pasar de 50 pesos a 75 pesos por interno diarios.
Duodécima sesión plenaria
El 9 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la sesión plenaria en la cual se aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de seguridad pública.
1. Minutas
1.1. Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Proponente: Senador Tomás Torres Mercado.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis:
Establecer que los prestadores de servicios de seguridad privada, sólo podrán auxiliar en las funciones de seguridad en aeropuertos, estaciones de transporte terrestre, recintos portuarios y otras instalaciones que tengan carácter estratégico, si sus elementos están acompañados y bajo el mando de elementos pertenecientes a instituciones de Seguridad Pública Federal y se deberán acreditar, ante quien tenga la administración, operación o explotación directa de dichas instalaciones, con la intervención, en su caso, de los Comités de Seguridad y en la forma que determine el Grupo de Coordinación.
1.2. Con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan las fracciones XII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Promovente: Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Establecer como requisito para la obtención de autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más Entidades Federativas, los prestadores de servicios deberán, además de cumplir con los requisitos ya establecidos, presentar una relación y muestra física de los equipos que utilicen para el servicio, así como el registro sanitario de los dispositivos de identificación personal, asimismo para su almacenamiento y transportación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de salud aplicable.
1.3. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Promovente: Senador Jorge Legorreta Ordorica.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sentido del Dictamen: Negativo.
Sinopsis:
Incluir dentro de las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada, garantizar que los animales que se utilicen para custodia y protección cuenten en todo momento con las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, particularmente que se les brinde periódicamente y en condiciones apropiadas, alimento, agua y un descanso cada determinado tiempo. Igualmente que los entrenadores que se encarguen del adiestramiento de estos animales, así como sus cuidadores, deberán estar certificados por la autoridad correspondiente.
1.4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Promovente: Sen. Humberto Aguilar Coronado y Felipe González
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sentido del Dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Definir los conceptos de sistemas de alarmas, monitoreo electrónico, central de monitoreo y sistema de redundancia. Crear un capítulo denominado “De los Prestadores de Servicio de Alarma y Monitoreo” en el que se especifica que los prestadores de dicho servicio deberán colocar en lugar visible y de acceso al público, en los inmuebles de los prestatarios y en los propios, el logotipo, nombre o razón social, domicilio, teléfono, y número o registro de autorización oficial otorgado en favor de la empresa privada.
2. Proposiciones con punto de acuerdo
2.1. Por el que se exhorta a las policías cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet.
Proponente: Diputado Agustín Castilla Marroquín
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sentido del Dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las Estatales, a los titulares del Poder Ejecutivo estatal, a los Congresos locales, al fortalecimiento del personal e infraestructura de las policías cibernéticas, así como a establecer convenios de cooperación e intercambio de información y unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgo en el uso de Internet.
2.2. Por el que se solicita el cumplimiento, por parte del secretario de Seguridad Pública, de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar en las personas que se encuentren en reclusión un ambiente propicio para una readaptación social, así como realizar adecuadamente y dentro de los lineamientos legales y respeto a los derechos humanos que correspondan, una eficaz labor de vigilancia y resguardo de los penales en el país.
Proponente: Diputada Adriana Sarur Torres.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, a la implementación y el fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la adecuada y efectiva reinserción social de los internos y el respeto a los derechos humanos.
2.3. Por el que se exhorta a las autoridades responsables del sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, implementen medidas de prevención y sanción contra la explotación sexual y la trata de personas en la población penitenciaria del país.
Proponente: Diputada Rosi Orozco.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno encargadas de los Centros de Readaptación Social Federales y Estatales a implementar medidas de prevención y las sanciones correspondientes contra la explotación sexual y la comisión del delito de trata de personas al interior de dichos centros penitenciarios.
2.5. Por el que se exhorta al titular del gobierno federal, al titular de la Secretaría de la defensa nacional y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal para que de forma pronta y expedita refuercen de manera permanente la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, además se pueda contar con vigilancia aérea, en los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe Distrito Bravos y para el Valle de Juárez en Chihuahua.
Proponente: Diputado Jaime Flores Castañeda.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sentido del Dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que con base en la incidencia delictiva registrada en el estado de Chihuahua, considere la posibilidad de incrementar la presencia de elementos de Seguridad Pública Federal en los municipios que presenten mayor inseguridad y violencia a fin de salvaguardar la integridad de sus habitantes.
2.6. Por el que se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios, para que otorguen a los servidores públicos que la integran de un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.
Proponente: Diputado Sergio González Hernández.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que otorguen, a los elementos encargados de la seguridad pública, un seguro de vida y de gastos médicos mayores.
2.7. Por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y el lavado de dinero.
Proponente: Diputado Juan José Cuevas García.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa, Marina y a la Procuraduría General de la República, a la implantación y el fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada así como los delitos conexos
2.8. Con punto de acuerdo relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal.
Proponente: Diputada Gabriela Cuevas Barron.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Sentido del Dictamen: Positivo.
Sinopsis:
Se exhorta a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la federación a través del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a destinar y ejercer oportunamente los recursos recibidos para cumplir los objetos, materias y fines conducentes.
Reuniones de trabajo
En el periodo que comprende los meses de abril a diciembre del año 2010, la Comisión de Seguridad Pública celebro las siguientes reuniones de trabajo:
Séptima reunión ordinaria
Se votaron seis iniciativas y 5 proposiciones con punto de acuerdo
Octava reunión ordinaria
Se votó una iniciativa y 10 proposiciones con punto de acuerdo
Novena reunión ordinaria
Se votaron 2 Iniciativas y 2 Proposiciones con Punto de Acuerdo
Décima reunión ordinaria
Se aprobó el proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; De la Ley de la Policía Federal; De la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Undécima reunión ordinaria
Se voto el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 en materia de seguridad pública.
Duodécima reunión ordinaria
Se votaron 2 minutas y 8 proposiciones con punto de acuerdo.
Estadísticas de la Comisión de Seguridad Pública
Proyectos recibidos en la Comisión de Seguridad Pública, estatus que guardan y sentido de los dictámenes.
La Comisión de Seguridad Pública durante el 2009-2010, recibió 102 proyectos que le fueron turnados por la Mesa Directiva para su dictamen.
De los 102 proyectos:
a) 50 por ciento corresponden a puntos de acuerdo.
b) 29.4 por ciento corresponden a Iniciativas que reforman diversas leyes vigentes.
c) 11.7 por ciento corresponden a iniciativas con proyecto que expiden leyes turnadas a la LXI Legislatura.
d) 7.8 por ciento corresponden a minutas turnadas a la Comisión de Seguridad Pública.
Productividad de la Comisión de Seguridad Pública
• Del total de los proyectos recibidos (102), se han dictaminado el 72 por ciento.
• El 28 por ciento de los proyectos recibidos están en proceso de dictamen.
A continuación se ilustra la productividad por proyecto según su clasificación legislativa:
Resumen de la votación de los proyectos turnados a la Comisión de Seguridad Pública
• Del total de los proyectos recibidos, 63 por ciento se han votado en sentido positivo y 37 por ciento se han votado en negativo.
• En el primer año de ejercicio de la LXI legislatura se han llevado a cabo 100 sesiones ordinarias de pleno; si tomamos en cuenta que se han recibido 102 proyectos, se podría decir que en cada sesión ordinaria se turna al menos 1 proyecto a la Comisión de Seguridad Pública.
Comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 27 de septiembre de 2010, en el Salón Protocolo del edificio C de esta Cámara de Diputados, compareció ante la Comisión de Seguridad Pública el ingeniero Genaro García Luna con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
En el marco de esta glosa se abordaron diversos temas de interés nacional, tales como:
• Situación actual del Sistema Penitenciario.
• Estrategia de infraestructura de la Policía Federal así como resultados.
• Ejercicio presupuestal.
• Plataforma México.
• Evolución criminal.
• Situación de Policías Locales (Propuesta de fusión policía local)
• Radiografía del índice delictivo en México.
El Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, afirmó que se necesitan inversiones económicas para que el Estado mexicano cuente con instituciones eficientes en esta materia.
El funcionario aseveró que las inversiones han crecido anualmente de mil 100 millones a más de cuatro mil millones de pesos para las policías estatales y municipales, lo que hoy permite la conectividad de todos los estados y las instituciones del gobierno federal, así como una tercera parte de los municipios a una base de datos que es Plataforma México, lo cual ha dado resultados.
Sostuvo que hasta hoy, las instituciones de seguridad pública han realizado más de cuatro millones de consultas a estos archivos, y de ellas, más de 25 mil han dado resultados positivos que derivaron en capturas, seguimientos y otras acciones de la lucha contra el crimen organizado.
Finalmente, manifestó que en materia de secuestro, la Policía Federal cuenta hoy con tecnología y personal capacitado, y que hasta el momento, en los primeros cuatro años del gobierno federal se ha liberado a más de mil víctimas de este delito.
Comparecencia del procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 06 de octubre de 2010, en el Salón Verde del edificio A de esta Cámara de Diputados, compareció ante las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública el licenciado Arturo Chávez, con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
El procurador afirmó que esta dependencia aplica la ley de manera imparcial y objetiva y no ha habido ni habrá favoritismo ni consignas políticas.
Señaló que la justicia con tintes políticos, simplemente no es justicia; la inacción con tintes políticos también es injusticia y vulnera el estado de derecho. Aseveró que en todos los casos el Ministerio Público de la federación ha cumplido su obligación constitucional de investigar y perseguir delitos, ya que como institución de buena fe ejerce la acción penal cuando se cumplen los extremos requisitos que establece la propia constitución.
Comentó que en la lucha contra la delincuencia, la Federación ha trabajado en construir grandes soluciones para problemas igualmente grandes, sin embargo no puede soslayase que la complejidad de enfrentar a la delincuencia organizada radica en buena medida en los componentes y basamentos delictivos regionales y locales.
En este sentido, indicó que en materia de seguridad y justicia la respuesta es evidente, por ello el poder revisor de la Constitución optó por modificar integralmente el sistema de justicia penal, abandonando el procedimiento inquisitivo mixto, adoptando uno nuevo, acusatorio, adversarial y también forjando nuevas instituciones.
Reunión de trabajo de la junta directiva con asociaciones civiles
El 11 de noviembre de 2010 asistieron diversos representantes de asociaciones civiles a una reunión de trabajo con la junta directiva de la comisión.
En esta reunión se entregó una propuesta ciudadana con el fin de impulsar una política de Estado en materia de seguridad, la cual se caracteriza por ser integral, democrática y basada en el respeto a los derechos humanos, encaminada a resolver de manera efectiva y coordinada la inseguridad.
Los antecedentes de esta propuesta se remontan en el mes de septiembre de 2010, en donde 77 líderes de la sociedad civil y la academia se reunieron en Cuernavaca, Morelos, con el objeto de consensuar una agenda legislativa en materia de seguridad pública con enfoque de derechos humanos.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón
Presidente
De la Comisión de Seguridad Pública, tercero semestral, correspondiente al lapso enero-mayo de 2011
Introducción
En cumplimiento con los artículos 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 150 fracción X, 158, fracción III, 164, 165 y 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Pública, presenta su tercer informe semestral de actividades correspondiente al periodo de enero a mayo de 2011 del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
El papel de los legisladores en calidad de representantes legítimos de la ciudadanía, exige ser cumplido con un alto sentido de respeto y compromiso por velar por los intereses de los ciudadanos, por hacer valer sus garantías individuales y por mantener la confianza en que la existencia e intervención de los poderes públicos es la mejor manera que tenemos para resolver los agudos problemas que hoy nos son comunes.
Por lo anterior, este periodo fue histórico ya quela Comisión de Seguridad Pública, en un ejercicio plural e incluyente, aprobó el Decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde hace más de 40 años no se había podido aprobar un dictamen de esta magnitud; además se da cumplimiento a la temporalidad que establece el artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional de junio de 2008; regula la figura de “sistema penitenciario” y el tema de la “reinserción social” y por su estructura, las entidades federativas deben replicarla a través de los mecanismos contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aunado a esto, se incorpora la figura de juez de ejecución, el cual será competente para emitir las resoluciones respecto de la modificación y duración de las penas, lo que implica la aplicación del principio de legalidad y la garantía de jurisdicción en el procedimiento de ejecución, en beneficio de los sentenciados.
El juez de ejecución no sólo tendrá facultades para el otorgamiento de beneficios a los sentenciados, sino también para procurar la reparación del daño a la víctima del delito mediante la tramitación del respectivo procedimiento y se concede la facultad a la víctima del delito, para inconformarse con la concesión de algún beneficio preliberacional, pudiendo realizarlo de manera personal o por conducto del Ministerio Público de la Federación.
Esta reforma constituye una poderosa herramienta a favor de la transparencia, a favor de hacer público lo que por definición debe ser público.
Para esta Comisión, la instauración del régimen democrático en México requiere de mayores garantías, no sólo para el ejercicio de las libertades, sino también para fortalecer la posición competitiva de nuestro país y combatir de fondo la corrupción, dándole a los ciudadanos herramientas cada vez más poderosas para controlar el funcionamiento del gobierno y para ejercer a plenitud sus garantías individuales.
Otro tema de suma importancia fue la aprobación de la minuta con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta minuta tuvo por objeto incluir la palabra “prisión”, con el fin de establecer y determinar de forma específica e indubitable que la pena será de dos años a seis años de prisión. Regular el plazo que podrá considerar el Juez para la determinación de la medida postpenitenciaria, para lo cual, de que sea hasta por los cinco años posteriores a la liberación del sentenciado. Esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2011.
En este periodo se llevó a cabo una reunión de trabajo con el licenciado Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se abordaron temas como la inseguridad en el país (coordinación de los tres niveles de gobierno), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Subsidio Policía Acreditable, así como los avances en la estrategia nacional de prevención social en el contexto de flujos migratorios.
En otro orden de ideas, en este periodo hemos avanzado en un 85 por ciento del trabajo legislativo y el 15 por ciento restante se encuentra en proceso, dando así cumplimiento al compromiso adquirido en el programa anual de trabajo. Lo anterior se debe gracias a la valiosa participación y entrega de todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de los diversos grupos parlamentarios.
Finalmente no debemos olvidar que como legisladores, tenemos la obligación de construir el horizonte de posibilidades para que las generaciones actuales y las futuras se desarrollen en entornos más democráticos, responsables, honestos y plenamente humanistas.
Integrantes de la comisión
PRI: 13
PAN: 8
PRD: 3
Convergencia: 2
PVEM: 1
PT: 1
Junta directiva:
Diputados José Luis Ovando Patrón (PAN), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (PRI), Felipe Amadeo Flores Espinosa (PRI), Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), Adriana Sarur Torre (PVEM), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia), secretarios.
Integrantes
Diputados: Miguel Álvarez Santamaría (PRI), Salvador Caro Cabrera (PRI), Víctor Hugo Círigo (Convergencia), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Jorge Fernando Franco Vargas (PRI), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), Rosi Orozco (PAN), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (PAN), Benigno Quezada Naranjo (PAN), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (PAN), Francisco Lauro Rojas San Román (PRI), Arturo Santana Alfaro (PRD), Ricardo Sánchez Gálvez (PRI).
Reuniones de junta directiva
Vigésima primera (15 de febrero de 2011).
Vigésima segunda (22 de febrero de 2011).
Vigésima tercera (1 de marzo de 2011).
Vigésima cuarta (8 de marzo de 2011).
Vigésima quinta (29 de marzo de 2011).
Altas y bajas de integrantes
Fecha: 22 de febrero de 2011.
Baja: Omar Fayad Meneses
Alta: Ricardo Sánchez Gálvez
Grupo parlamentario: PRI
Fecha: 12 de abril de 2011
Baja: María Antonieta Pérez Reyes
Alta: Lucila del Carmen Gallegos Camarena
Grupo parlamentario: PAN
Fecha: 12 de abril de 2011
Baja: Camilo Ramírez Puente
Alta: No definido aún
Grupo parlamentario: PAN
Avances del programa anual de trabajo
De conformidad con los objetivos establecidos en el programa anual de trabajo, se ha realizado el siguiente trabajo relativo al análisis y dictaminación de proyectos legislativos.
Reuniones plenarias
Decimotercera sesión plenaria
El 9 de febrero de 2011 se llevó a cabo la decimotercera sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
1. Iniciativas
1.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Proponente: Diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Crear el Fondo de Ayuda Especial para la Familia de las y los policías que en el cumplimiento de su deber fallezcan al combatir al narcotráfico y delincuencia organizada; en los tres niveles de gobierno, con el pago de 150,000 pesos adicionales al seguro de vida establecido, en tanto disminuyen las actividades delictivas.
Esta iniciativa no fue viable en virtud de que no procede pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o que esté determinado por la ley posterior, debido a que se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos. Lo anterior en términos de lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo al realizar el correspondiente impacto presupuestario, esta Comisión concluyó que “la suma asegurada básica es el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por las dependencias y entidades”, por lo tanto un policía federal de menor rango recibe aproximadamente 300,000 mil pesos de indemnización, es decir, el doble de lo contemplado en el fondo propuesto por la iniciante.
1.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 84 de la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Lucila del Carmen Gallegos Camarena.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Llevar a cabo una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para enfatizar el deber de las instituciones de Seguridad Pública de asegurar a los elementos en caso de fallecimiento o de incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones y de establecer una base mínima sobre la cual se asegure el bienestar de sus familias.
Este proyecto se dictaminó en sentido negativo por los mismos argumentos que la iniciativa anterior.
1.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputada Elsa María Martínez Peña.
Grupo parlamentario: Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Proteger los derechos de los migrantes a fin de prevenir y atender la violencia de las cuales podrían ser objeto.
Este proyecto fue dictaminado en sentido negativo ya que la propuesta de referencia se encuentra fuera del ámbito de regulación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1.4. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputado Julio César Godoy Toscano.
Grupo parlamentario: Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Propone una nueva denominación para el Título Octavo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y añadirle dos capítulos: el primero, destinado a las políticas de prevención; y el segundo, que regule las formas de participación de la comunidad y la sociedad civil.
La propuesta es inviable toda vez que los diversos ordenamientos vigentes en la materia como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen de manera enunciativa más no limitativa facultades inherentes al Consejo Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, encontrándose actualmente reguladas algunas de las propuestas planteadas por el Diputado iniciante; aunado a que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores la minuta que en la materia fue aprobada por esta H. Soberanía, misma que además de contemplar en su totalidad la presente propuesta, establece un mayor número de mecanismos que refuerzan el ámbito organizacional, técnico, comunitario, presupuestal y sancionador, que permiten garantizar de manera efectiva la prevención del delito y la participación ciudadana.
2. Proposiciones con punto de acuerdo
2.1. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
Proponente: Diputada Diana Patricia González Soto.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Esta propuesta se dictaminó en sentido positivo dado que los artículos 89 fracción VI de la Constitución Política y 2 de la Ley de Seguridad Nacional establecen la prerrogativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal de proteger la seguridad nacional.
2.2. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal para que con base en el artículo 7 fracción VI de la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del programa Plataforma México.
Proponente: Diputado Sergio González Hernández.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: El exhorto es viable ya que Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal que contiene la base de datos sustantiva más importante del país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, ya cuenta con conexión en todos los estados de la republica y los 150 municipios con mayores índices delictivos.
Dado lo anterior, mediante la profesionalización se optimizará el sistema de inteligencia para mejorar la investigación en el combate a la delincuencia y el crimen organizado y por ende, en la eficiencia de la integración de la averiguación previa del proceso penal que actualmente representa un grave problema.
2.3. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar las acciones pertinentes para cumplir la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.
Proponente: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: A fin de valorar y dilucidar el presente dictamen, esta Comisión decidió exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, la asignación de recursos que permitan asumir por parte del Gobierno Federal los gastos generados de la manutención de reos federales que se encuentran recluidos en los Centros de Readaptación Social Estatales y a que dé cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
2.4. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la Federación, los Estados y los Municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.
Proponente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Después de analizar la propuesta se decidió exhortar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
2.5. Dictamen de tres proposiciones con punto de acuerdo referentes a la construcción de un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.
Proponentes: Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, Oscar Román Rosas González y José Ignacio Seara Sierra.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: El pleno de la comisión decidió solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, notifique a esta Soberanía si existe un proyecto para construir un Penal de Máxima Seguridad en el estado de Campeche, y de ser así, envíe un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamente la construcción del centro penitenciario de referencia.
2.6. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, realice lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Mihoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio, sean trasladados al Centro de Readaptación Social Licenciado David Franco Rodríguez.
Proponente: Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Este dictamen quedó sin materia en virtud de que en ese momento ya habían sido liberados 37 de los 38 detenidos y el restante Armando Medina Torres fue trasladado el 27 de enero de 2010 al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez”, en Morelia, Michoacán.
Decimocuarta sesión plenaria
El 2 de marzo de 2011 se llevó a cabo la decimocuarta sesión plenaria sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
1. Minuta
Dictamen de la minuta que reforma el segundo párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Senador Francisco Arroyo Vieyra.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Establecer que en el caso de los particulares autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública para prestar servicios de seguridad en determinada modalidad, cumplan con las disposiciones locales que rijan materias distintas a la regulación de la seguridad privada en la Entidad Federativa en la que materialmente presten los servicios.
Esta minuta fue dictaminada en sentido negativo en virtud de que se considera necesario mantener la actual redacción del segundo párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública toda vez que las Entidades Federativas deben realizar las funciones contenidas en el mismo, incluyendo en estas, si consideramos que a los elementos que integran las instituciones de Seguridad Pública se les aplican estrictos controles de confianza, evaluaciones de ingreso y permanencia siendo estos esenciales para el funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos, siendo las empresas de seguridad privada auxiliares en la labor de Seguridad Pública, debe haber un estricto control en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones para su funcionamiento.
Por lo que hace a la propuesta de redacción del segundo párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resulta innecesario establecer que para prestar los servicios en determinada modalidad (esto es seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado) deberán cumplir las disposiciones locales que rijan materias distintas a la regulación de la seguridad privada en la Entidad Federativa en la que materialmente presten los servicios, reiterándose que al ser las Entidades Federativas libres y soberanas en su régimen interior tienen la facultad de regular todas aquellas actividades que en ellas se realicen sin contravenir lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente esta comisión no consideró que con el texto vigente del artículo 150 de la ley en comento exista una sobreregulación en la materia, ya que como se ha mencionado a lo largo del presente dictamen las actividades encaminadas a brindar seguridad a los ciudadanos implica la concurrencia de facultades, no siendo exclusiva de la materia de seguridad, sino también es aplicable en otras materias como la educativa y ambiental, entre otras.
2. Proposiciones con punto de acuerdo
2.1. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y retomar el acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad para que coordine las encuestas nacionales en el tema.
Proponente: Diputado Noé Fernando Garza Flores.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se dictaminó en sentido positivo la presente proposición a efecto de solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal informe a esta Soberanía sobre la participación actual del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C., en materia de levantamiento de encuestas así como percepción de inseguridad del país.
2.2. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades y de más actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Proponente: Diputado Sergio González Hernández.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: El pleno de la Comisión de Seguridad Pública acordó exhortar solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos planteados por el proponente.
2.3. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, a verificar y dictaminar si la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente Serpaprosa, SA de CV, cumple con las disposiciones legales aplicables.
Proponente: Diputado Ramón Jiménez López
Grupo parlamentario: Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: El Pleno de la Comisión de Seguridad Pública decidió exhortar a las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y Defensa Nacional respectivamente a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV, a fin de verificar que su objeto social cumpla con la totalidad de los requerimientos que exige el marco jurídico vigente y los tratados internacionales de los que México es parte, y solicitar a la Secretaría de Economía a revertir la compra-venta de Servicio Pan Americana de Protección (Serpaprosa, SA de CV), a la compañía estadounidense Brinks, por la presunta adquisición del 100 por ciento de las acciones, por considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional.
2.4. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice una evaluación más objetiva y profunda sobre la situación de los migrantes en el estado de Chiapas.
Proponente: Diputada Magdalena Torres Abarca.
Grupo parlamentario: Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se acordó solicitar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envíe a esta Soberanía un informe sobre inseguridad de los migrantes en el Estado de Chiapas, particularmente de los 10 “focos rojos” en las rutas de esta circunscripción en las cuales transitan los migrantes.
2.5. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades federales y estatales, a investigar y dar seguimiento, de acuerdo a su ámbito de competencia, a los robos que están sufriendo en las carreteras federales y estatales los paisanos que regresan a nuestro país por las festividades navideñas, así como para incrementar la vigilancia en las carreteras para inhibir la comisión de delitos.
Proponente: Diputado Gumercindo Castellanos Flores.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se resolvió solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a tomar las medidas y los procedimientos conducentes para combatir los problemas de inseguridad que permitan garantizar el libre tránsito en el territorio nacional de los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación; así como requerir a la Coordinación del Programa Paisano para que de manera conjunta con las dependencias que la constituyen, garanticen la seguridad y derechos de los connacionales que visiten nuestro país.
2.6. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relacionado con la libertad de tránsito de ciudadanos en el estado de Michoacán.
Proponente: Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
Grupo parlamentario: Partido de la Revolución Democrática
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se resolvió solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a tomar las medidas y los procedimientos conducentes para combatir los problemas de inseguridad que permitan garantizar el libre tránsito en el territorio nacional de los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación y a la Coordinación del Programa Paisano para que de manera conjunta con las dependencias que la constituyen, garanticen la seguridad y derechos de los connacionales que visiten nuestro país.
2.7. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, se diseñen estrategias en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para la implementación de acciones con la finalidad de coadyuvar en el combate a la trata de personas en el turismo sexual.
Proponente: Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
Grupo parlamentario: Partido de la Revolución Democrática
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Se decidió solicitar al titular del Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas, el Distrito Federal y órganos de gobierno estatales y municipales, diseñen estrategias en el ámbito de sus respectivas atribuciones para la implantación de acciones con la finalidad de coadyuvar en el combate de la trata de personas y el tráfico de personas en el turismo sexual; y de manera periódica, se solicitó que la Cámara de Diputados sea informada sobre los avances y resultados obtenidos por la implantación de las acciones para combatir la trata de personas en las zonas rojas de turismo sexual del país.
Decimoquinta sesión plenaria
El 6 de abril de 2011 se llevó a cabo la decimoquinta sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
Iniciativa
Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de pena de muerte.
Proponentes: Diputados Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Adriana Sarur Torre e integrantes del Congreso del Estado de Coahuila.
Grupos Parlamentarios: PRI, PVEM y Congreso del estado de Coahuila.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública.
Esta propuesta no es viable ya que al quedar abolida la pena de muerte en nuestra legislación mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 2005 y en congruencia entre la Legislación Nacional y los ordenamientos jurídicos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito debe darse una necesaria correspondencia de la suscripción de los mismos en materia de derechos humanos y de abolición de la pena de muerte; por lo que al suscribirse la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José Costa Rica, que en su artículo 4o. señala categóricamente: “No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido”, sería más que imposible insertar en nuestro marco jurídico la pena de muerte, cualquiera que sea su naturaleza.
Decimosexta sesión plenaria
El 27 de abril de 2011 se llevó a cabo la decimosexta sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes dictámenes:
1. Iniciativas
1.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Proponente: Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Establecer como regla general, que los reos sentenciados por delitos del orden federal deberán cumplir su sentencia en centros penitenciarios a cargo del gobierno federal, mientras que los reos sentenciados por delitos del fuero común no podrán cumplir su sentencia en centros penitenciarios del orden federal.
Esta propuesta es viable ya que con esta reforma se fortalecen los preceptos jurídicos constitucionales. Además se mantiene la facultad de las autoridades competentes para convenir que los reos sentenciados por delitos del orden federal puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública.
El paradigma de la reinserción social de los sentenciados podría cumplirse de forma eficaz y con resultados concretos, y con ello se inhibiría la comisión de nuevos delitos por parte de los que ya han cumplido una sentencia.
1.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 Bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputado Carlos Luis Meillón Johnston.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Dotar de armamento a los cuerpos policiales de las entidades federativas y municipios, al asignar las armas y municiones aseguradas a la delincuencia y crimen organizado, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por los ordenamientos legales correspondientes. Lo anterior con el propósito de dar herramientas de trabajo funcionales y adecuadas a las instituciones de seguridad pública para que tengan la posibilidad de dar un adecuado cumplimiento de sus obligaciones elementales, como es la paz y tranquilidad de los mexicanos, en materia de seguridad pública.
La presente propuesta no es viable toda vez que la ley objeto de las reformas que plantea es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y no así la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos el organismo de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional el encargado de llevar el control de las armas decomisadas y no el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
1.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal.
Proponentes: Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez.
Grupo parlamentario: Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: crear una división especial denominada “Policía Fronteriza”, como cuerpo de la Policía Federal especializado para ejercer las facultades de prevención, vigilancia, y coadyuvancia en la persecución e investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público Federal, en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, a fin de:
• Prevenir, perseguir y en su caso colaborar en la investigación de delitos de carácter federal, específicamente el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas y cualquier otra sustancia de consumo humano.
• Vigilar los procedimientos en materia aduanal.
• Perseguir delitos de tráfico de órganos, a efecto de establecer rangos de control.
Esta propuesta es viable dado que como se observa, cinco de las facultades establecidas en el inciso a) de la fracción III del artículo 8 de la Ley en se trasladan al inciso b) a fin de que la Policía Fronteriza que se propone dentro de la Policía Federal se encargue de salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y el espacio aéreo.
Al respecto esta comisión consideró pertinente la propuesta planteada a fin de circunscribir únicamente a estas áreas las funciones que desempeñe la Policía Federal encargada de garantizar la seguridad en las zonas fronterizas y las demás áreas que se establecen en el inciso a) del citado artículo queden tal y como actualmente se encuentran reguladas dichas funciones, de esta manera se cumple con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de la Policía Federal, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:
I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;
III. Prevenir la comisión de los delitos, y
IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables”.
Respecto a la adición al artículo 12 de la ley de referencia, si bien se considera pertinente la propuesta toda vez que no altera la organización en la integración actual de la Policía Federal, se sugirió que dicha propuesta se establezca en el propio artículo 8º de la Ley de la Policía Federal, toda vez que el artículo propuesto no alude ni tiene relación con la finalidad que persigue la propuesta en comento:
Artículo 12. En el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, la Policía Federal y su Comisionado General tendrán el apoyo de las unidades administrativas que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría.
Como se observa en el precepto anteriormente citado, se hace referencia al apoyo de unidades administrativas en las obligaciones y atribuciones de la Policía Federal no así a la integración y labores de la Policía Federal.
1.4. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 121 Bis y 121 Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponente: Diputado Agustín Castilla Marroquín.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Crear un Registro Público Nacional de Delincuentes Sexuales dependiente del Sistema Único de Información Criminal, el cual tiene como objeto principal registrar, sistematizar y publicar por medio de internet en los portales de todos los entes de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y municipios, a efecto de identificar a los individuos sentenciados por cometer algún delito de índole sexual en contra de menores de edad, el cual contendrá lo señalado por el artículo 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas donde se incluya su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.
La propuesta no es viable ya que el publicitar datos personales vulnera los artículos 6, fracción II, y 16 de la Constitución que resguardan entre otras cosas, la protección de datos personales, así como el artículo 13 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
1.5. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías.
Proponente: Diputado Camilo Ramírez Puente.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Negativo.
Sinopsis: Garantizar un seguro educativo como prestación social para los cuerpos policiales, siendo los beneficiarios directos los descendientes en primer grado de los policías. Dicho seguro funcionará en el momento que un policía haya fallecido o sufra una incapacidad total o permanente, derivado del cumplimiento de sus funciones.
La prestación que solicita el iniciante se incluya en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya se encuentra prevista dentro de reglamentos y convenios de las corporaciones policiales.
1.6. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Proponente: Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez.
Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Incorporar la perspectiva de género, por las autoridades competentes, durante el desarrollo de la averiguación previa, así como durante todo el proceso penal. Establecer que a efecto de contar con un debido proceso que logre el equilibrio entre los hombres y mujeres, tanto el Ministerio Público como los jueces de oficio, en todas sus resoluciones deberán realizar el análisis de perspectiva de género, el cual tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito, estuvo motivada por cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual. Establecer que cuando el juez decrete la sujeción a proceso o la formal prisión, admitirá, desahogará y valorará las pruebas que se ofrezcan tendientes a acreditar las circunstancias de perspectiva de género; asimismo si de las actuaciones del procedimiento se desprende la existencia de las circunstancias de perspectiva de género, el juez ordenará el desahogo de las pruebas para mejor proveer.
Por lo que respecta a esta Comisión, la reforma al párrafo primero del artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados es viable en virtud de que el 21 de octubre de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Seguridad Pública, para reformar y adicionar los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
La minuta en comento, contempla la obligación por parte de los centros penitenciarios de proporcionar a las mujeres internas la atención médica, servicios ginecológicos necesarios, así como la atención especializada que requieren durante el embarazo y con posterioridad a éste, además de considerar en la asignación de trabajo los deseos, vocación y aptitudes, y en su caso, el estado de gravidez.
1.7. Dictamen por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Proponentes: Diputados Alejandro Gertz Manero, Adriana Sarur Torre, Paz Gutiérrez Cortina y Josefina Vázquez Mota.
Grupo parlamentario: Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción Nacional respectivamente.
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Sentido del dictamen: Positivo.
Sinopsis: Establecer la organización, operación y administración del sistema penitenciario.
Esta propuesta es viable debido a que desde hace más de 40 años no se había podido aprobar un dictamen de esta magnitud.
Con esto Se da cumplimiento a la temporalidad que establece el artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional de junio de 2008 y se regula la figura de “sistema penitenciario” y el tema de la “reinserción social”.
Por su estructura, las entidades federativas deben replicarla a través de los mecanismos contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estadísticas
Proyectos recibidos en la Comisión de Seguridad Pública, estatus que guardan y sentido de los dictámenes
• La Comisión de Seguridad Pública durante la primera mitad del año 2011 recibió 38 proyectos que le fueron turnados por la mesa directiva para su dictaminación.
• De los 38 proyectos:
a) 39.4 por ciento corresponden a puntos de acuerdo.
b) 55.5 por ciento corresponden a Iniciativas con proyecto que expiden leyes turnadas a la LXI Legislatura.
c) 5 por ciento corresponden a minutas turnadas a la Comisión de Seguridad Pública.
Productividad de la Comisión de Seguridad Pública
Del total de los proyectos recibidos, se han dictaminado el 86 por ciento
El 13.2 por ciento de los proyectos recibidos están en proceso de dictaminación.
A continuación se ilustra la productividad por proyecto según su clasificación legislativa:
En el primer año de ejercicio de la LXI legislatura se han llevado a cabo 100 sesiones ordinarias de pleno; si tomamos en cuenta que se han recibido 102 proyectos, se podría decir que en cada sesión ordinaria se turna al menos un proyecto a la Comisión de Seguridad Pública.
Reunión de trabajo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Juan Miguel Alcántara Soria
El pasado 6 de abril, en el marco de la decimoquinta sesión plenaria, el licenciado Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asistió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en la cual se abordaron los siguientes temas:
• Inseguridad en el país (coordinación de los tres niveles de gobierno).
• Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Subsidio Policía Acreditable.
• Avances en la estrategia nacional de prevención social en el contexto de flujos migratorios.
Reunión extraordinaria
El pasado 23 de febrero del año en curso, esta comisión llevó a cabo una reunión extraordinaria a efecto de dictaminar la minuta con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismo que fue aprobado.
Esta minuta tuvo por objeto incluir la palabra “prisión”, con el fin de establecer y determinar de forma específica e indubitable que la pena será de dos años a seis años de prisión. Regular el plazo que podrá considerar el Juez para la determinación de la medida postpenitenciaria, para lo cual, de que sea hasta por los cinco años posteriores a la liberación del sentenciado.
El 24 de febrero de 2011 el dictamen de referencia fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados por 350 votos en pro, 4 en contra y 5 abstenciones. Subsiguientemente esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez.
