Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3248-VIII, martes 26 de abril de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SCT para que modifique el reglamento sobre el peso, las dimensiones y la capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Juan Pablo Jiménez Concha, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice las modificaciones al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, y se comunique ello a la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El autotransporte terrestre constituye en México, un agente multiplicador para el desarrollo y crecimiento del país, ya que la mayor parte de la carga se mueve por medio de este sistema. El servicio de carga comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola, así como la carga de grandes volúmenes de producción.
Estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indican que en el año de 2008 el total de carga que fue trasladada por el autotransporte de carga ascendió a 484.3 millones de toneladas, las cuales fueron movidas por automotores de carga general, y por carga especializada.
Cabe señalar que el autotransporte de carga especializada ha mostrado una tasa más dinámica de crecimiento entre los años de 2007 y 2008 que fue de 2.2 por ciento, sin embargo las cifras para el año de 2009 reflejan una disminución de 3.3 por ciento comparado con 2008, consecuencia de la crisis que atraviesa el país.
Es necesario tener un control estricto del peso y las dimensiones con que circulan los vehículos de autotransporte por los caminos y puentes de jurisdicción federal, según cifras del Programa Integral de Regularización del Autotransporte Federal en el año de 2008, se efectuaron 143 993 verificaciones de peso y dimensiones en las carreteras, de los cuales 131, 641 fueron a unidades de los centros fijos de pesaje, 7,338 en los principales puertos marítimos, 4 566 a unidades vehiculares y 448 a vehículos de las instalaciones de Pemex, de esta forma se pretende disminuir los índices de accidentes ocasionados por vehículos con exceso de peso y dimensiones que circulen por las carreteras federales, así como y el deterioro acelerado de los mismas siendo esto, un factor de riesgo importante que pone en peligro el desarrollo económico de nuestro país; ya que no debemos olvidar que las vías de comunicación son el enlace más importante para cualquier movimiento comercial del mundo.
La mayoría de las carreteras existentes en el país, fueron diseñadas para cierto tipo de vehículos que difieren del parque vehicular de hoy. Hablamos de más vehículos, con mayores capacidades de desplazamiento, velocidad y particularidades con tecnologías avanzados que han hecho más rentable y competitivo el sistema del autotransporte.
En la actualidad es injustificable el grave desperfecto que presentan las carreteras de México, debido a la mala calidad de materiales que usan para el revestimiento, y sumado a esto la sobrecarga que realizan las unidades de transporte que se desplazan a lo ancho y largo del país.
La vulnerabilidad de los parámetros establecidos en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, ha provocado que se haya visto mermada la seguridad de los usuarios que utilizan estas vías de comunicación; los datos más recientes arrojaron un total de 30 mil 551 accidentes anuales, con un costo de 515.2 millones de pesos en pérdidas materiales, desafortunadamente son números que van en aumento año con año.
En materia ambiental el efecto de contaminantes producidos por largas filas dentro de las carreteras nacionales que abarcan kilómetros de vehículos parados con los motores encendidos, a causa de algún accidente o volcadura de contenedores, provocan un mayor índice de contaminantes suspendidos en el aire, que es producido por el aumento de tránsito de vehículos.
El transporte de carga que usualmente transita con mercancías es constantemente requerido por usuarios nacionales e internacionales, con el propósito de realizar operaciones comerciales propias o como intermediarios, esta suma de servicios debe ser responsabilidades compartidas del usuario como del autotransportista en el traslado de la carga.
La responsabilidad de dar cumplimiento a las normas, reglamentos y leyes aplicables a los vehículos de carga que circulan por los caminos y los puentes federales, debe de ser responsabilidad compartida de los permisionarios de autotransporte de carga, y del usuario del traslado de las mercancías, al establecer que el usuario y el permisionario son corresponsables del cumplimiento de la respectiva normatividad.
Asimismo se busca evitar ser acreedor a sanciones al transitar por las carreteras o ser extorsionados por autoridades que no cuentan con ética profesional.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice las modificaciones al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal y se incluyan adiciones al Capítulo II, artículo 10, y Capítulo VII, artículo 20, y se comunique a la Secretaría de Seguridad Publica.
Con el texto siguiente:
Dice:
Articulo 10.- Cuando se contrate carro por entero, el usuario del autotransporte de carga y el transportista, serán responsables de que la carga y el vehículo que la Transporta, cumplan con el peso y dimensiones establecidos en este Reglamento y en la Norma correspondiente. Esta responsabilidad deberá pactarse en contrato que se celebre entre el usuario y el auto transportista y establecerse en la carta de porte.
Para tal efecto, el usuario deberá declarar el peso de su carga en la carta de porte, y el auto transportista anexará a ésta una constancia de peso y dimensiones en la que se indique la capacidad de carga útil del vehículo.
Debe decir:
Artículo 10. Cuando se contrate carro por entero, el usuario del autotransporte de carga y el transportista, serán responsables de que la carga y el vehículo que la Transporta, cumplan con el peso y dimensiones establecidos en este Reglamento y en la Norma correspondiente. Esta responsabilidad deberá pactarse en contrato que se celebre entre el usuario y el auto transportista y establecerse en la carta de porte.
Para tal efecto, el usuario deberá declarar el peso de su carga en la carta de porte, y el auto transportista anexará a ésta una constancia de peso y dimensiones en la que se indique la capacidad de carga útil del vehículo.
De igual forma compartirá la responsabilidad en la aplicación de sanciones el usuario del autotrasporte de carga y el auto trasportista.
Dice:
Capítulo VII
De las Sanciones
Artículo 20
Las infracciones a lo dispuesto en el presen Reglamento, se sancionarán, tomando como base el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción, de conformidad con lo siguiente:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX.- Por transitar el vehículo sin las luces de destello y cintas reflejantes a que se refiere el Artículo 6., con multa de 100 a 200 días.
Las sanciones previstas en este Reglamento, no eximen al infractor de los daños y perjuicios ocasionados a las vías generales de comunicación y otros bienes de la Nación o a terceros.
Debe decir:
Capítulo VII
De las Sanciones
Artículo 20
Las infracciones a lo dispuesto en el presen Reglamento, se sancionarán, tomando como base el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción.
La aplicación de sanciones será, del total de la multa impuesta, la cual se dividirá en partes iguales para el transportista y para el usuario del autotransporte de carga, de conformidad con lo siguiente:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. Por transitar el vehículo sin las luces de destello y cintas reflejantes a que se refiere el Artículo 6., con multa de 100 a 200 días.
Las sanciones previstas en este Reglamento, no eximen al infractor de los daños y perjuicios ocasionados a las vías generales de comunicación y otros bienes de la Nación o a terceros.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de abril de 2011.
Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a efecto de que las elecciones de diputados federales de julio de 2012 se ajusten a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 constitucional, a cargo de la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada, Dora Evelyn Trigueras Durón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que el Instituto Federal Electoral organice las elecciones de diputados federales por realizarse en julio del 2012 con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 constitucional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primer párrafo del artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría”.
De acuerdo con ello y en estricto cumplimiento de la Constitución, para las elecciones de los diputados federales a realizarse durante el mes de julio del 2012, deberá aplicarse el “Censo de Población y Vivienda 2010”.
Es importante señalar que el “XI Censo General de Población y Vivienda 1990”, fue utilizado para la distribución de los distritos electorales uninominales, entre las entidades federativas, hasta en las elecciones de julio del 2003; no obstante que ya se contaba con los resultados definitivos del “XII Censo General de Población y Vivienda 2000”; el cual fue utilizado para tales efectos hasta en las elecciones de julio de 2006, esto es, dos trienios después del último censo general de población disponible.
Por ello, ahora podría preguntarse: ¿Cuántos trienios tendremos que esperar para que el Instituto Federal Electoral utilice el “Censo de Población y Vivienda 2010”, para la distribución de los distritos electorales uninominales de las diputaciones federales, entre las entidades federativas del país?
En las elecciones anteriores de este tipo, se han registrado reiteradas inequidades que han dado lugar a que algunas entidades federativas resulten sobre-representadas en esta Cámara de Diputados, en perjuicio de otros Estados que se ha visto sub-representados.
Para el año 2010, de acuerdo con los resultados definitivos del “Censo de Población y Vivienda 2010”, dados a conocer por el INEGI el 3 de marzo del 2011; el país cuenta con una nueva distribución de la población nacional, que genera a su vez una redistribución de los distritos electorales uninominales, cuando menos en 12 entidades federativas del país.
En virtud de que la distribución actual de los distritos electorales uninominales está determinada con base en el “XII Censo General de Población y Vivienda 2000”, si no se realizan los ajustes correspondientes derivados del reciente censo de población y vivienda; en las elecciones para diputados federales del año 2012 afrontaríamos un escenario de inequidad, ilegalidad e incongruencia, generada por las mismas autoridades electorales federales; debido a que, de acuerdo con nuestras propias estimaciones, 5 entidades federativas tendrían asignados 7 distritos electorales uninominales de más, en perjuicio de 7 estados que tendrían, cada uno, un distrito electoral menos, de este tipo.
De acuerdo con ello, 5 entidades federativas estarían sobre-representadas y 7 estados quedarían sub-representados en la próxima legislatura de esta Cámara de Diputados; violentándose las disposiciones constitucionales mencionadas, así como los derechos políticos de esas 7 entidades federativas y de sus respectivas ciudadanías.
Para mayor precisión, conviene tener presente que las disposiciones reglamentarias del Artículo 53 Constitucional mencionado, que están contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establecen en sus artículos 105, 118, 128 y 177, los fines y atribuciones del Instituto Federal Electoral, sobre el asunto que se plantea en la presente proposición, en los siguientes términos:
Artículo 105
1. Son fines del Instituto:
a) ...
b) ...
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;
f) a h) [...]
2. [...]
3. [...]
Artículo 118
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
a) a i) [...]
j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas y, en su caso, aprobar los mismos.
k) a z) [...]
2. [...]
3. [...]
Artículo 128
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:
a) a h) [...]
i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales;
j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral;
k) a p) [...]
2. [...]
Artículo 177
1. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales basada en el último censo general de población, el Consejo General del Instituto, con la finalidad de contar con un catálogo general de electores del que se derive un padrón integral, auténtico y confiable, podrá ordenar, si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique las técnicas disponibles, incluyendo la censal en todo el país, de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la propia Dirección Ejecutiva.
2 a 5 [...]
Por lo anterior, se propone que esta Soberanía exhorte al Instituto Federal Electoral para que las próximas elecciones de diputados federales, a realizarse en julio del 2012, se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 constitucional y en las disposiciones mencionadas del Cofipe; entendiéndose que para tales efectos deberá aplicarse el “Censo de Población y Vivienda 2010”, para la determinación de la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales, así como para su distribución entre las entidades federativas del país.
Sabemos que esta nueva redistribución de los distritos electorales en cuestión, entre la entidades federativas, requiere de una nueva reconfiguración de dichos distritos electorales cuando menos en doce Estados; anulando algunos distritos en determinadas entidades federativas y aumentándolos en otras. Por la complejidad de estos procesos consideramos conveniente que dichos trabajos se lleven a cabo a la brevedad posible.
Por todo ello, exhortamos respetuosamente al Instituto Federal Electoral y a todos los órganos que tengan que intervenir en estos procesos, para que nos pongamos a trabajar de inmediato, en estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y reglamentarias mencionadas; así como en atención y respeto a la ciudadanía, y en total apego a los principios de equidad, transparencia y legalidad.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a que realice todas las acciones jurídicas, administrativas y operativas que se requieran para que en las próximas elecciones de diputados federales, a llevarse a cabo en el mes de julio del 2012, se utilice el “Censo de Población y Vivienda 2010” para la determinación de la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales, así como para su distribución entre las entidades federativas del país, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de subastar por la Secretaría de Economía el 100 por ciento de los cupos textiles y negociar mayor cantidad de éstos para México, suscrita por los diputados Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Alejandro Cano Ricaud, Sergio Tolento Hernández, Luis Felipe Eguía Pérez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Alejandro Bahena Flores y Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de escuchar las diversas problemáticas del sector textil a través del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur, AC, y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, nos percatamos de una situación que demanda una política para el sector textil que no favorezca la concentración de los insumos y limite el crecimiento de una excesiva intermediación, pues ello tiene el efecto neto de elevar los costos de los insumos en la industria, referente a los niveles preferenciales de arancel en la industria textil (cupos textiles) o tariff preferential level.
La industria textil en México representa una importante fuente de crecimiento económico y de empleo, esto considerando su desarrollo en los últimos años así como su estructura dentro del sector industrial. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector textil representa cerca de 1 por ciento de la producción nacional y más de 5 por ciento de la manufacturera, pese al panorama adverso que se enfrentó en 2009 y 2010.
Estos datos se complementan con el personal ocupado dentro de esta industria de alrededor de 1.5 por ciento del personal ocupado del país y de más de 12 por ciento del ocupado en el sector manufacturero.
Dicha información cobra mayor relevancia al considerar que tan sólo de 2007 a 2009 se ha dado una disminución en las exportaciones de fibras de 36 por ciento. Asimismo, las exportaciones de tejidos disminuyeron 3.4 por ciento en el mismo periodo.
No obstante, la estructura regional de producción textil en el país sería afectada de manera diversa, especialmente a estados como el Distrito Federal, estado de México, Nuevo León y Jalisco, que representan 17, 9, 7.5 y 6.1 por ciento, respectivamente, del valor de la producción nacional para 2008, de acuerdo con datos presentados en las series estadísticas sectoriales de la industria textil y del vestido en México de 2010 por el Inegi.
Considerando que el sector industrial es el eje de crecimiento del país en la actualidad, es de gran importancia apoyar su fortalecimiento en las diversas áreas que lo conforman, en este caso la industria textil, no sólo por su alta relevancia en la economía y el empleo de diversas regiones y del país en general, sino por haber sido uno de los sectores más afectados luego de la crisis de 2009, especialmente en términos de competitividad donde los efectos de la crisis llegaron a que fuera más barato importar que adquirir la producción nacional, situación que afectó a la industria tanto en materia interna como en el comercio internacional.
No obstante, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se inició la inserción de la industria textil en el proceso de globalización, lo cual ha dado lugar a cambios estructurales en la industria, debido a la participación de empresas estadounidenses como compradores e inversionistas en la economía mexicana, por lo que mediante el acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al TLCAN.
Dicho acuerdo establece que los cupos con niveles de preferencia arancelaria mediante los cuales se otorga acceso preferencial al mercado estadounidense, con los beneficios del TLCAN, a los productos textiles y del vestido fabricados en México con insumos de terceros países, constituyen un importante motor de las exportaciones mexicanas.
Para asignar estos cupos se ha venido utilizando el mecanismo de asignación directa, cuyo dinamismo ha dado lugar a que los cupos de prendas de vestir de lana se agoten durante el primer semestre de cada año.
Por lo anterior, las exportaciones de la industria textil y del vestido muestran un retroceso y enfrentan una fuerte competencia en el mercado norteamericano debido al incremento de las exportaciones asiáticas a ese país, ante lo cual se ha implantado una estrategia de reposicionamiento del sector y se impulsa su reconversión hacia la producción de mercancías con mayor valor agregado.
La Secretaría de Economía ha venido implantando el mecanismo de licitación pública establecido en la Ley de Comercio Exterior para diversos cupos aplicables a otros sectores productivos, por lo cual se evaluaron diversos planteamientos de la industria del vestido para establecer un mecanismo de licitación pública para la asignación de los cupos de prendas de vestir de lana con preferencia arancelaria del TLCAN.
Lo anterior, con objeto de brindar mayor certeza en la planeación de relaciones comerciales de mediano y largo plazo, así como en el establecimiento de programas de exportación anuales, dijo.
De acuerdo con lo anterior, el cupo de prendas de vestir de lana se asignará de manera directa según la modalidad de “primero en tiempo, primero en derecho” la cantidad de 150 mil MCE (metros cuadrados equivalentes), y 90 por ciento del cupo equivalente a 1 millón 350 mil MCE, se asignará a través de licitación pública.
Al amparo del TLCAN, se estableció otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir que no cumplan las reglas de origen hasta por los montos señalados en él. Específicamente, dichas provisiones especiales se previeron en el anexo 300-B, apéndice 6, parte B.
Mediante dicho acuerdo, las partes integrantes del TLCAN convinieron en que la administración de dichas preferencias correspondiera a los Estados Unidos Mexicanos (país exportador), a través de certificados de elegibilidad.
Ahora bien, el artículo 24 de la Ley de Comercio Exterior establece que la Secretaría de Economía puede asignar dichos cupos mediante licitaciones públicas, o fundada y razonadamente por otros procedimientos de asignación, como la directa por antecedentes, capacidad, productos o preferencia, que promuevan la competitividad de las cadenas productivas y garanticen un acceso adecuado a nuevos solicitantes.
Sin embargo, dicho numeral también considera que los procedimientos de asignación de cupos se podrán determinar en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
En efecto, como se ha hecho relación con anterioridad, dichos procedimientos de asignación, se establecieron en el anexo 300-B del TLCAN, existiendo por jerarquía de normas conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supremacía de los tratados internacionales sobre la legislación federal, criterio que ha sido corroborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Anualmente, dichos cupos son abiertos por la Secretaría de Economía para transferir el beneficio a personas físicas o morales establecidas en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos que importen o exporten productos elaborados, transformados o confeccionados a partir de tela o hilo con materiales no originarios.
En la región Puebla-Tlaxcala se genera 35 por ciento de la producción textil nacional, por lo que es de suma importancia para no afectar la economía mexicana que mantenga el sistema actual primero en tiempo, primero en derecho, ya que históricamente se ha comprobado el resultado negativo al implantar el sistema de subasta.
Hay la iniciativa por la Subsecretaría de Economía de subastar los cupos a partir de 2011, lo cual es inadmisible por lo siguiente:
• Se violentarían las disposiciones del TLCAN.
• Se beneficiaría a unas cuantas empresas con capacidad económica suficiente para adquirirlos, en detrimento y desaparición de otras, generando verdaderos monopolios privados, iniquidad e injusticia, desalentando la competencia y, por ende, la competitividad.
• Se generarían desabasto y encarecimiento de la producción nacional.
El gobierno de México debería negociar mayores niveles de preferencia arancelaria por medio de arreglos intergubernamentales autorizados por el TLCAN.
Adicionalmente, y de acuerdo con datos estadísticos publicados por la propia Secretaría de Economía Federal, Estados Unidos de América otorga a Canadá mayores niveles de preferencia arancelaria que a México, como a continuación se demuestra:
Trato arancelario preferencial para prendas de vestir y bienes textiles confeccionados, no originarios:
Trato arancelario preferencial para telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir, de algodón y FAS:
Trato arancelario preferencial para hilos de algodón y FAS:
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno mexicano, a través de la Secretaria de Economía, a no subastar el 100 por ciento de los cupos textiles, con la finalidad de no afectar las finanzas del sector nacional en este rubro y los empleos que dependen de éste.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Economía a negociar mayor cantidad de cupos textiles para México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputados: Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Germán Contreras García, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a efecto de ampliar los horarios o establecer turnos matutino y vespertino, con base en las necesidades de los municipios de Colima, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Yulenny Guylaine Cortés León, diputada a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del numeral 1, y en la fracción II del numeral 1 del artículo 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a efecto de ampliar los horarios o establecer turnos matutino y vespertino en dichas estancias con base en las necesidades de los municipios del estado de Colima, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las estancias infantiles fueron creadas para apoyar a las Madres Trabajadoras, que buscan un empleo o estudian así como a los padres solos con hijos bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años de edad o bien de entre 1 y hasta 5 años de edad, en caso tener niños o niñas con alguna discapacidad, los padres requieren de estas estancias para apoyarse de estos lugares ya que en muchas ocasiones no cuentan con otro familiar para que les apoye en su guarda y cuidado, por ello se dan a la tarea de buscar un lugar seguro, con calidad, pero sobre todo que coincida con horarios flexibles a sus tiempos laborales.
La calidad de las estancias infantiles es muy importante para los padres de familia, ya que les preocupa no encontrarse con un sitio seguro, limpio, que cubra con las expectativas de los padres y así tener la confianza de dejarles sin preocupación alguna el tiempo necesario que su trabajo le requiera.
En el último resultado del Censo 2010, los hogares censales mexicanos ascienden a 28.2 millones; 21.2 son encabezados por un hombre y 6.9 millones por una mujer. Esto significa que de cada cuatro hogares que hay en el país, uno está a cargo de una mujer. En el año 2000 la proporción de hogares con jefatura femenina fue de 20.6 por ciento, esto es uno de cada cinco hogares; cabe señalar que en todas las entidades federativas se incrementó la proporción de estos tipos de hogares.
Los mayores porcentajes de hogares con una mujer al frente corresponden al Distrito Federal, con 31.4 por ciento; Morelos, 27.4 y Guerrero 26.9 por ciento, cabe señalar que 24 estados de la República registran porcentajes de 23 por ciento o más hogares encabezados por una mujer.
Hay millones de hogares a nivel nacional que se encuentran en situación de extrema pobreza patrimonial en los que las madres, padres o tutores, trabajan, estudian o están buscando un empleo y no tienen acceso al servicio de estancia infantil o cuidado de estancias a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.
En los estudios de género y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de manera frecuente en la necesidad de hacer visible la participación económica femenina. Los trabajos que realizan las mujeres son en su mayoría precarios, discriminatorios, de tiempo parcial.
En la encuesta de ocupación realizada en México sobre porcentajes de población femenina económicamente activa nos dice que en 1979 había ya un 21 por ciento de fuerza de trabajo femenina y en la actualidad existe ya un 39 por ciento.
Las importantes contribuciones de las mujeres a la producción económica se basan tanto en su trabajo formal, como el informal. El empleo de una perspectiva de género en el análisis de la fuerza de trabajo tiene que partir de esta consideración esencial y gradualmente se ha llegado al consenso de que los trabajos tienen que ser analizados de manera integral.
La Población Económicamente Activa Ocupada por hombres en el 2010 es de 167,607, mientas que la ocupación Económicamente activa por mujeres en el 2010 es de 111,873, sólo para el estado de Colima.
Colima es una de las ciudades del país donde existe un sin número de mujeres que son el sostén económico de sus hogares y la cabeza de sus familias, uno de los mayores problemas para las madres trabajadoras es lo limitado de los horarios de las estancias infantiles así como del rango de edad de niños para admitir a los menores, por lo que es urgente ampliar los horarios y/o modificarlos para así brindarles el apoyo necesario para cubrir sus necesidades en este sentido.
Con el propósito de beneficiar a las madres trabajadoras Colimenses y en general a las madres trabajadoras de todos los Municipios que son cabezas de familia, se le requiere a la Secretaría de Desarrollo Social la modificación de las Reglas de Operación de 2011 del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras emitidas por la misma, y que en su numeral A.6. Características Generales de Operación específicamente en su apartado A.6.8 menciona la apertura de la estancia infantil, así como la atención del servicio prestado por las estancias infantiles, donde indica, que debe ser de 8 horas al día; también alude que en caso de horarios extras adicionales a las 8 horas, deberá hacerse del conocimiento a los beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que el horario de 8 horas en ocasiones resulta insuficiente ya que las madres trabajadores no cuentan con tiempos determinados y trabajan en horarios, ya sean matutinos o vespertinos, con base a las consideraciones anteriores se somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras a efecto de ampliar los horarios o establecer turnos matutino y vespertino en dichas estancias con base en las necesidades de los municipios del estado de Colima.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que en el PEF de 2011 y en el de 2012 se consideren recursos para Ezequiel Montes, Querétaro, provenientes del Subsemun, orientados a generar infraestructura que permita construir un campo de tiro e instalaciones de capacitación de cuerpos policiacos, como aulas, auditorios, oficinas administrativas, gimnasio, comedor, vehículos y pista de reacción, y al rubro de equipamiento relativo a armamento en general y equipo de radiocomunicación, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura, Reginaldo Rivera de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento para la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente
Antecedentes
Debido al incremento de casos y eventos delictivos que se ha presentado en el estado de Querétaro, de conformidad con el escenario que se observa en el ámbito nacional, así como a los intentos reiterados del crimen organizado por asentarse en diversos municipios de la entidad, el municipio de Ezequiel Montes requiere contar con la debida protección institucional por parte de sus corporaciones policiacas ya que por su alto grado de crecimiento turístico y demográfico –4.1 por ciento arriba de la media nacional– es el principal polo turístico del estado; ya que cuenta con el segundo monolito de América Latina, La peña de Bernal, sitio en donde se desarrollan diferentes eventos festivos y culturales como la celebración del equinoccio de primavera, conciertos a la aire libre; de igual forma se cuenta con la segunda zona de importancia vitivinícola del país, que tiene su propio recorrido turístico denominado Ruta del Vino, un efecto de repatriación migrante con todos lo problemas que ello implica, una transición de una comunidad típicamente rural a una comunidad urbana y de reinserción migratoria, incluyendo la transculturización de los paisanos y sus familias que llegan a la comunidad con una nueva cultura con pro y en contra, que se van enconando en nuestro municipio, así como de una constante migración proveniente de otras regiones del estado y del país, al igual que de naciones de Centro América, es imprescindible contar con mayores recursos económicos, materiales y humanos para enfrentar a la delincuencia organizada.
Esto nos lleva a crear nueva políticas que armonicen el crecimiento sustentable y el desarrollo económico de la región con una visión de bienestar social, dirigida hacia los habitantes de este municipio, por ello es imprescindible la aplicación del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) a efecto de fortalecer la protección y seguridad mediante intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, que permitan anticipar y evitar los diversos tipos de inseguridad y modalidades de violencia, impulsando la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social en atención al fenómeno delictivo y la reducción del índice de criminalidad.
Para lograrlo, la capacitación de los cuerpos policiacos debe ser una constante que permita responder de manera eficiente las agresiones de los criminales.
Actualmente, la Dirección de Policía y Tránsito municipal de Ezequiel Montes carece de infraestructura para que sus agentes realicen prácticas de tiro y sean capacitados por lo que es de suma importancia dotarlos de las instalaciones necesarias para desempeñar dicha labor de preparación y adiestramiento permanente.
El equipamiento con que cuenta el ayuntamiento no es suficiente; de ahí la necesidad de incrementar el armamento, así como el equipo de seguridad, de reacción y de radiocomunicación para que pueda cubrirse todo el territorio del municipio.
A su vez, la pista de reacción contribuiría de manera importante a la capacitación del personal de policía y tránsito, ya que carece de instalaciones propias y adecuadas para brindar el servicio.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2008, los municipios del país por primera vez contaron con una gran partida presupuestal que ascendió a casi cinco mil millones de pesos para atender el rubro de la seguridad pública en sus respectivas jurisdicciones, cifra por demás histórica si tomamos en cuenta que hasta antes del PEF de 2008, los municipios sólo contaban con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, compuesto por recursos residuales para atender la seguridad pública, función que por mandato constitucional deben atender los gobiernos municipales.
Con estos recursos económicos del ramo 36 a través de 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), es posible atender la seguridad pública con políticas locales que resulten efectivas y eficaces para combatir la inseguridad pública en las respectivas regiones de la nación.
No obstante, dichas expectativas no se alcanzan en muchos casos porque los recursos del Subsemun fueron controlados y asignados desde el gobierno federal bajo la perspectiva de una política pública diseñada desde la capital de la república, mientras que en el caso de los recursos federales correspondientes al FASP, los mismos fueron asignados bajo la perspectiva de una política de los gobiernos estatales a través del Fondo para la Seguridad Pública (Foseg), lo que dejó a los gobiernos municipales sin la posibilidad de implementar políticas públicas desde su propia perspectiva, cuando son precisamente los espacios municipales donde interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno y que son los que pueden garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito, no desde la cúpula del gobierno federal que desconoce las particularidades de la realidad municipal.
El Foseg es un fideicomiso que utilizan los estados para liberar y gestionar los recursos del FASP, por lo tanto es de uso discrecional y no se cuenta con datos oficiales de alguna instancia de auditoría gubernamental que los evalúe en su implementación; sin embargo, a partir de 2009, se estableció que la liberación de los recursos del FASP mediante el Foseg no se podría hacer mediante este fideicomiso porque dichos recursos serían regulados por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, no ha sido posible optimizar los recursos que hoy se ocupan para la administración del Foseg porque la mayoría de estos recursos se aplican para gasto corriente (pago de burocracia) y poco o nada para gasto de inversión (equipamiento, infraestructura y tecnología).
El hecho es que el municipio de Ezequiel Montes requiere de recursos extraordinarios para hacer frente a las necesidades de crecimiento que se presentan y sobre todo para dar cobertura necesaria a la población.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se integre dentro del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) al municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, municipio que debido a su economía pujante y de notable crecimiento demográfico debe modernizarse en materia de seguridad pública, antes de que se incrementen los índices de criminalidad. Siempre será mejor prevenir que combatir.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar, dentro de los recursos disponibles no ejercidos en el año 2011, entregar al municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, a que hace referencia el quinto párrafo de la fracción VII del artículo 9 del PPEF 2011, los cuales deberán ser ejercidos durante lo que resta del presente año, con la finalidad de dotar con los elementos requeridos para incrementar el armamento de la policía municipal, así como el equipo de seguridad, de reacción, y de radiocomunicación para que pueda cubrirse todo el territorio del municipio Ezequiel Montes, Querétaro, ya que es urgente dotar a las autoridades municipales de estos elementos para hacer frente sin demora a la delincuencia organizada.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar, en el marco de la discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del Ejercicio Fiscal de 2012, la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de entregar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, a que hace referencia el quinto párrafo de la fracción VII del artículo 9 del PPEF 2011, a fin de garantizar la entrega de recursos de dicho presupuesto al municipio Ezequiel Montes, Querétaro, mismos que se utilizarán para prevenir y combatir el delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Colima a respetar las donaciones y no destinarlas a fines distintos de los previstos en la Ley de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Yulenny Guylaine Cortés León, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del articulo 6, en la fracción II del numeral 1 del artículo 79 y demás artículos relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno de Colima a respetar las donaciones y que éstas no se destinen a fines que la Ley de Asentamientos Humanos no considere, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima se reglamenta el desarrollo urbano, el aprovechamiento del suelo urbano, acorde con la función social de la propiedad, con respeto de las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecología de los asentamientos e impulsar la participación social en la planeación de áreas verdes, centros comunitarios, escuelas, centros culturales, bibliotecas, espacios deportivos, etcétera, cuando se realicen aprovechamientos urbanos del suelo que comprenden la urbanización del suelo y la edificación en él; la transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas así como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura.
Como se menciona en el párrafo anterior, se hace énfasis en la participación ciudadana y en una adecuada dotación y administración del equipamiento urbano manejado en la ley y su reglamento como equipamiento institucional, así como los espacios verdes.
Los ciudadanos colimenses tienen el derecho de conocer e identificar las áreas de cesión que recibe el ayuntamiento y el destino de éstas para el beneficio de la comunidad, como establece la Ley de Asentamientos Humanos, para que no sean permutadas, vendidas o dadas en donación a particulares.
Nos queda claro que el equipamiento, las construcciones y las zonas destinadas para áreas verdes es una necesidad de la población independientemente de la zona y del nivel socioeconómico de que se trate. Las áreas verdes son parte fundamental de la ciudadanía, ya que cumplen una función social, urbana y ambiental.
La comercialización o el cambio de uso de las áreas de cesión o los terrenos públicos además de ilegal, genera molestia a los vecinos y habitantes, trayendo consecuencias de impacto social, ambiental y económicas para las finanzas del municipio, que tendrá que invertir más para intentar revertir el déficit generado por la carencia de las superficies comprometidas.
En conclusión, las áreas donadas no podrán ser fraccionadas con base en la Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, por lo que se solicita dar leal cumplimiento a lo dispuesto en ella.
Por lo expuesto, y con base en las consideraciones anteriores, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de Colima a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos y el Reglamento de Zonificación del estado.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Villa de Álvarez a cumplir lo dispuesto en la legislación estatal y en la municipal para que se respeten las áreas de cesión para destinos.
Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al director general de la CFE para atender el cobro excesivo de electricidad y las interrupciones del suministro en Gustavo A. Madero y diversas colonias del Distrito Federal, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Roberto Rebollo Vivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62 numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del gobierno federal para que instruya a la Comisión Federal de Electricidad atender de manera inmediata el cobro indebido y excesivo en el consumo de energía eléctrica y las diferentes fallas en las líneas públicas que ocasionan la falta de electricidad en los hogares, así como al gobierno del Distrito Federal para que instrumente los mecanismos de emergencia para atender la problemática que se presenta en varias colonias del Distrito Federal y en la delegación Gustavo A. Madero particularmente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el gobierno federal se comprometió a que los servicios en esta materia serían mejores y que estaban preparados para atender de mejor manera a los ciudadanos que tenían problemas con las instalaciones de sus demarcaciones en el Distrito Federal.
Hicieron una gran difusión para garantizar a los usuarios del servicio de energía eléctrica del Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla lo siguiente:
a) El servicio de flujo eléctrico.
b) Puso en servicio el número telefónico 071, que operaría las 24 horas del día, todo el año, donde se podrían: reportar fallas en el suministro, consultar saldos y realizar trámites relacionados con el servicio.
La decisión del gobierno federal realizada desde 2010, que en términos de estos objetivos se pretendía obtener, están pendientes pues hasta el momento no se ha podido constatar el mejoramiento de los servicios, bastan unos ejemplos que demuestran que el gobierno no cuenta en este momento con la infraestructura para atender los problemas.
A pesar de que el ingeniero Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantuvo hasta hace unos días como titular del organismo, no pudo hacer que los trabajadores de la CFE resolvieran los problemas que venía arrastrando la Compañía de Luz, y a pesar de que ya casi pasó más de un año de la liquidación, no se han podido atender los reclamos de la población para evitar el cobro excesivo en el consumo de energía eléctrica, y disminuir las fallas de suministro; ante este escenario, el titular de la paraestatal –recientemente nombrado–, pidió tiempo para corregir las fallas.
La versión oficial contrasta con la de los ciudadanos de diferentes colonias de varias delegaciones y de la demarcación de Gustavo A. Madero, se han venido acercando a los diputados que los representamos a fin de solicitar nuestra intervención ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, para que sean atendidas sus solicitudes de reparación de líneas, transformadores y postes que permiten el suministro adecuado del servicio. Por otro lado la falta de luminarias en las calles y en unidades habitacionales ha propiciado asaltos, el incremento de la delincuencia y que los habitantes tengan desconfianza al salir de sus hogares para ir a la escuela o trabajo.
Lo anterior porque a últimas fechas han ocurrido un sinnúmero de solicitudes a la Comisión Federal de Electricidad para que ajusten y regulen el cobro del consumo eléctrico y reparen el suministro, sin que hasta el momento la compañía haya atendido las peticiones, provocando descontento. Todo lo anterior en perjuicio de la economía en la delegación Gustavo A. Madero, ya de por sí deteriorada por la falta de empleo.
El malestar se incrementa cada día entre la población a partir de que en algunas zonas todos los días hay fallas en el suministro de electricidad, sin que se presente personal a reparar dichos desperfectos, mismos que ocasionan que alimentos, medicinas y/o atención a enfermos, se alteren o suspendan, provocando graves trastornos a las familias.
La crisis de suministro eléctrico que ha venido agravándose desde hace once meses, cuando fue declarado extinto el organismo público Luz y Fuerza del Centro. Se tuvo noticia de que en enero habría muerto por un estallido que lo derribó del poste del que pendía, un empleado de una empresa contratista de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Jorge Negrete de la delegación Gustavo A. Madero, de una de las empresas a las que la CFE ha confiado tareas que debería realizar directamente su personal. Brigadas de muchachos que con notable dificultad se afanan en reparar averías, y que son trasladados por vehículos sin identificación o de empresas privadas, a menudo con placas de circulación distintas de las del Distrito Federal.
Es la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sustituir a Luz y Fuerza de Centro (LFC) y con personal propio o contratado reemplazar a los electricistas afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Desde hace tres años se advirtió sobre el riesgo de un colapso en el sistema eléctrico del centro del país, concentrado en 24 zonas críticas.
Si ya había dificultades extremas en la operación de la red eléctrica antes de la liquidación de Luz y Fuerza, se han agravado a partir de entonces. La CFE, o quien ella contrate, han podido mantener en general la continuidad del servicio, pero menudean las interrupciones. Y no se ha dado mantenimiento a instalaciones que lo requieren con urgencia por su antigüedad, como se hace evidente en el Centro Histórico del DF, afectado de más en más por percances que de no evitarse pueden poner en peligro vidas humanas y bienes de los usuarios y aún de los transeúntes.
Los habitantes en la demarcación de Gustavo A. Madero en un afán extremo de llamar la atención han bloqueado las vialidades con el fin de ser atendidos, creando con ello caos vial y molestias al resto de los ciudadanos al no poder llegar a sus trabajos o a sus hogares en los tiempos que requieren.
De acuerdo con los habitantes afectados, hicieron varios intentos para que se les cobre de manera correcta y justa el consumo de energía eléctrica, y de reportar y solicitar se reparen la falta de suministro eléctrico, habiendo encontrado las líneas telefónicas ocupadas, operadores que toman la llamada y en seguida cuelgan.
Asimismo, comentaron que los principales inconvenientes que ha traído consigo la falta del suministro de energía eléctrica que se ha prolongado es que los alimentos perecederos se han descompuesto y los han tenido que tirar, y en algunos casos se han visto afectados las personas que necesitan de manera cotidiana, instrumental médico eléctrico.
Por ello, molestos por la situación que están viviendo, los vecinos de la colonias en la delegación Gustavo A. Madero, tuvieron retenidos a una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que no pudieron reparar una falla eléctrica que había dejado sin luz a esa zona. Sólo permitieron que la cuadrilla de trabajadores de la CFE se retirara hasta que realizaron la reparación de la falla.
Los trabajadores de la CFE realizaron reparaciones improvisadas que podrían generar cortos circuitos, “están utilizando cables pelones ante la presencia de Protección Civil del DF”, por lo que existe el peligro de que se vuelvan a presentar las fallas. Los fuertes vientos que azotan a la ciudad provocan cortes en la energía eléctrica y, en consecuencia, en la próxima temporada de lluvias se pueden presentar fallas en el servicio y dejar de funcionar la energía eléctrica para un millón 200 mil habitantes, todo en esta delegación de Gustavo A. Madero.
Esta situación ocurre en diferentes colonias del Distrito Federal y de la delegación Gustavo A. Madero, en las que hemos intervenido para gestionar ante las autoridades que el suministro sea el adecuado, el cobro sea conforme al consumo, y que la atención al público se haga correctamente, sin embargo hemos observado que la gente se encuentra muy molesta con el servicio.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda con prontitud los problemas de facturación (cobros excesivos) en el Distrito Federal, así como que se aboque a la coordinación y operación de las cuadrillas de reparación de la red eléctrica en la misma entidad.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad informe a esta soberanía sobre la situación de los recursos materiales y humanos con los que se cuenta para atender con prontitud las peticiones de los ciudadanos que tienen fallas eléctricas en el Distrito Federal, y sobre los casos presentados en la delegación Gustavo A. Madero.
Tercero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y al delegado de Gustavo A. Madero, a que instrumenten los mecanismos de coordinación para atender los casos de emergencia que se presentan en la delegación en comento, para evitar el incremento delincuencial por falta de iluminación en vía pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a regionalizar las reglas de operación de los programas federales y distribuir así de manera equitativa, prioritaria y suficiente los apoyos generados mediante los programas existentes, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, propone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Las Reglas de Operación de los programas federales son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia; sin embargo para lograr este objetivo es necesario considerar las características especificas de cada una de las regiones que integran el país y de este modo generar las condiciones necesarias para que los programas federales cumplan con mayor eficacia su objetivo.
Para lograr una mejor aplicación de los programas federales es necesario implementar la regionalización de las Reglas de Operación ya que esto permitiría un ejercicio más cercano a las necesidades de cada región así como, facilitar los procesos de planeación para la aplicación de los programas.
Entre las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2009 en su informe de seguimiento de aspectos susceptibles de mejora de los programas federales para la atención especial se especificó que es necesario promover mecanismos para la identificación de la población potencial y objetivo de los programas federales. Mejorar la focalización de los programas demanda necesariamente la construcción de padrones de beneficiarios, este aspecto puede ser atendido con mayor facilidad mediante la regionalización de los programas; ya que el desarrollo en nuestro país es distinto en cada una de sus zonas geografías en el sureste, el centro, el bajío y el norte.
Asimismo, es notable que en cada estado podemos ver regiones más prósperas que otras, sin importar si son zonas rurales o urbanas. Por ejemplo, en México el fenómeno de la pobreza urbana se manifiesta de forma aguda en los llamados cinturones de miseria que rodean las principales urbes, en estos asentamientos de pobres se registran el desempleo y los más bajos salarios, predomina el sector informal, el déficit de vivienda y hay poca atención a la educación, a la cultura y al deporte, en muchos de los casos estos asentamientos irregulares no son considerados dentro de las Reglas de Operación de los programas federales por no pertenecer a las consideradas zonas marginadas, por lo cual es prioritario buscar los mecanismos necesarios para hacer más eficiente el proceso de selección de los potenciales beneficiarios de los programas federales para evitar al máximo errores –de inclusión y exclusión– ya que ciertamente existen personas que su nivel de ingreso y carencias sociales las hacen susceptibles de ser beneficiarios de algún programa social, no obstante, no lo pueden ser porque habitan en una localidad que no es considerada como de alta marginación o marginada.
Si bien es cierto que los programas federales han sido exitosos, la motivación principal de este punto de acuerdo es que se implemente la regionalización de las Reglas de Operación de los programas federales y así lograr distribuir de manera igualitaria, prioritaria y suficiente; los apoyos generados mediante estos y atender directamente las necesidades de cada uno de los estados de la Republica.
Por lo anterior, se le solicita, respetuosamente, al Ejecutivo federal de acuerdo a sus facultades conferidas por el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala las facultades y obligaciones del presidente de la República. En su primera fracción establece que es facultad y obligación del presidente “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Así, el precepto anterior confiere al presidente de la República tres facultades: a) la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) la de ejecutar dichas leyes, y c) la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. En función de lo anterior, es facultad del Ejecutivo federal la definición de las Reglas de Operación.
Para los diputados del Partido Acción Nacional es de vital importancia impulsar y promover las políticas públicas necesarias que permitan el desarrollo democrático de la sociedad mexicana.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, de manera respetuosa, al titular del Ejecutivo federal para que implemente la regionalización de las Reglas de Operación de los programas federales y así lograr distribuir de manera igualitaria, prioritaria y suficiente los apoyos generados mediante los programas existentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al GDF a mantener sin incremento los precios de los productos de la canasta básica, del gas doméstico y de los servicios que el segundo proporciona, como medida de apoyo económico real a los habitantes de la ciudad, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Roberto Rebollo Vivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62 numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del gobierno federal y del Distrito Federal para que la canasta básica, el gas doméstico y de los servicios que se proporcionan a la población más necesitada del Distrito Federal y de la delegación Gustavo A. Madero se mantengan con los mismos precios de 2009, con el propósito de ayudar a su economía familiar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el mes de diciembre se aprobó un presupuesto que requirió de días de trabajo intenso y de negociaciones entre el gobierno federal y los grupos parlamentarios del congreso para definir los ingresos y el presupuesto que se ejercería en el año de 2011.
Lo anterior con el fin de que tanto el gobierno federal como el del Distrito Federal contaran con los recursos necesarios para realizar las funciones más importantes que se requieren para atender las necesidades de los ciudadanos, y de que se contemplaron los recursos que permitieran mantener los precios de los productos de la canasta básica y el gas doméstico, resulta que el gobierno federal y el local han realizado una serie de incrementos a los productos básicos, gas doméstico y servicios que ya han impactado la economía familiar, con el argumento de que requieren de más recursos.
No es entendible que el congreso dedique tantos esfuerzos para determinar los recursos presupuestales que debe ejercer el gobierno federal y local, para que en una decisión unilateral sin la autorización del congreso se incrementes los servicios, los productos básicos y el gas, en una clara oposición a las determinaciones financieras y presupuestales establecidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2011.
Es necesario evitar que la población que tiene salarios mínimos sea afectada con este tipo de acciones, que lo único que hace es obligar a nuestros compatriotas a irse del país, a ingresar a la delincuencia organizada y en el peor de los casos no cuente con los mínimos de bienestar y sin ninguna posibilidad de tener un trabajo digno para sostener a sus familias, menos para pagar los incrementos de los productos básicos y el gas, para cumplir con el derecho a la alimentación que señala nuestra Constitución.
Tal situación se ve refleja con los datos económicos que cada día son más indignantes, actualmente en el país el 47.4 por ciento de la población vive en pobreza patrimonial; mexicanos que tienen un nivel de ingreso menor a mil 900 pesos mensuales en las ciudades y menor de mil 200 en las zonas rurales, el 18.2 por ciento de personas se encuentran en el nivel de “pobreza alimentaria”; que carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación diaria.
También hay que alzar la voz para señalar que la brecha social en México sigue creciendo, 57 millones de pobres, que la economía no está generando los empleos y dinamismo que son indispensables, que la mayor parte de los jóvenes de esta generación no tienen posibilidades de estudiar que, en pocas palabras, el país no está en el rumbo que quisiéramos y ello es así porque hace más de dos décadas se propagó una estrategia de desarrollo contraria a la equidad y sus resultados están a la vista.
En la delegación Gustavo A. Madero existe una población de un millón 2000 mil habitantes y de estos el 70 por ciento de los habitantes de la GAM viven en alta y muy alta marginación con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos, por lo cual se requiere de instrumentar políticas de mejoramiento económico y de desarrollar acciones de apoyo a esos sectores.
No es necesario que les recuerde a mis compañeros diputadas y diputados que hay un gran número de productos de la canasta básica a los cuales mucha gente ya no tiene posibilidad de acceso, y que en esas condiciones mucho menos va a tener para pagar los incrementos en los servicios de transporte, de vivienda, agua, luz y gas, entre otros, por ello les pido que actuemos en consecuencia para mitigar esta situación que afecta a muchos mexicanos.
Los serios y graves problemas que enfrentan día a día las familias mexicanas para adquirir los productos de la canasta de primera necesidad que han sido castigados por las alzas en sus precios durante la administración del presidente Felipe Calderón.
De 2006 a abril del 2011 el precio por litro de la gasolina Magna se incrementó 34 por ciento, es decir, costaba 6.74 y ahora tiene un valor de 9.08 pesos el litro, de 10.26 la Premium y de 9.44 el Diesel. Estos incrementos representan en el caso de la Magna y Diesel 12 por ciento, dos veces más que la inflación; la proyección para este año es que van a permanecer los incrementos mensuales el segundo sábado de cada mes.
Durante 2010, el precio de los combustibles tuvo un acumulado de 12.4 por ciento, es decir un poco más de tres veces que la inflación de ese año, que se estima cerró alrededor de 4 por ciento. En 2011, de continuar la tendencia de incrementar el precio 1 por ciento al mes, el aumento será del orden de 12 por ciento anual, de nuevo por encima del objetivo de la inflación para el Banco de México de 3 por ciento para este año 2011. Ante el alza en las gasolinas, se prevé un aumento de precios en algunos productos de consumo, afectado la economía familiar, y el poder adquisitivo, ocasionando mayor inflación en el territorio nacional.
Uno de los productos que más ha sufrido con el alza de precios es la tortilla, a pensar de que es la base de la alimentación, aproximadamente cada persona en promedio consume 80 kilos de tortilla al año, pues en 2006 se compraban 9.4 kilos con un salario mínimo diario, hoy sólo alcanza para 5.8. En 2006 con el salario mínimo diario alcanzaba para comprar 59 bolillos hoy sólo se puede comprar con el mismo dinero 39. Su precio era de .80 centavos en 2006 y hoy cuesta entre 1.5 y dos pesos. El kilo de arroz costaba 6 pesos y con un salario mínimo, los mexicanos compraban 7.8 kilos, ahora el kilogramo tiene un valor de 14 pesos y con un salario mínimo alcanza para 4.1.
El aceite, al principio de la administración de Felipe Calderón costaba 12 pesos y con un sueldo mínimo alcanzaba para 4 litros, hoy cuesta 22 pesos y sólo alcanza para 2.6 litros. El frijol costaba 10 pesos el kilo y con el salario mínimo alcanzaba 4.7 kilos, ahora tiene un costo de 18 pesos y alcanza para 3.2 kilos. El kilo de azúcar costaba 10 pesos y alcanzaba con un salario mínimo para 4.7 kilos, en marzo de 2011, cuesta 15 pesos y con un salario mínimo les alcanza para 3.9.
La leche en 2006 tenía un costo de 8 pesos y con un salario mínimo alcanzaba para seis litros en promedio; para marzo de 2011 su valor se ha incrementado cuatro pesos y sólo se puede comprar 4.8 litros con un salario mínimo. El consto la canasta alimentaria mensual que en 2006 costaba 702 pesos hoy vale mil 20 pesos.
Todos los incrementos han “deteriorado el poder adquisitivo del ingreso de la gran mayoría de la población” y ejemplificó que en 2006 una persona destinaba menos de la mitad de su salario diario a alimentos hoy destina seis de cada 10 pesos.
Ante estos incrementos en los precios y las gasolinas esta a la vista de todos y es comprobable y ante esto no hay y no puede haber defensa, es una realidad que está viviendo el país, por ello los legisladores debemos impulsar y desarrollar un gran acuerdo para salir de la crisis alimentaria y la pobreza.
Más que una reforma política de estado que el Gobierno federal requiere del Congreso, con la que el Ejecutivo quiere justificar su ineficacia para gobernar y disfrazar su política económica fallida, negando a los mexicanos la posibilidad de salir de la crisis económica en la que se encuentra, los legisladores requerimos proteger la economía de las familias de escasos recursos, exigiendo el respeto a las decisiones tomadas por el Congreso que definió que no habría más incrementos en los productos e insumos básicos en 2011.
Asimismo, el gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard gasta tanto dinero en árboles navideños gigantes, en pistas de hielo, conciertos y demás eventos mediáticos, y realiza recorridos en bicicletas, sin tomar las decisiones que realmente requiere la población de esta ciudad, y sobre todo de la delegación Gustavo A. Madero, así las vialidades importantes son cerradas sin la menor sensibilidad. ¿Para qué se construyó una ciclopista? Si muchos mexicanos no tienen bicicleta, eso es una cultura que requiere más que un paseo dominical; ¿para qué tenemos deportivo y parques? en los que se cobra por el derecho de acceso a éstos, si muchos habitantes no tienen ni para comer; ¿por qué hacer eventos en vialidades y explanadas? Si la población no tiene para sostener una vivienda.
El Distrito Federal rompió el récord Guinness con la rosca más grande del mundo, aseguró la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora se estima el costo de la rosca en un millón 600 mil pesos, recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Se dio de comer un día a sus habitantes y el resto del año queda en completa indefensión.
Con estos eventos debemos considerar que lo prioritario no está resuelto. Mientras que en las colonias de la Gustavo A. Madero cada día hay más gente sin trabajo, drogadictos y delincuentes principalmente, que viven en parques y banquetas. Son seres humanos que esperan que el gobierno cumpla con sus responsabilidades, y nosotros debemos hacer algo al respecto. Al parecer esto no importa cuando estamos viviendo una guerra sin fin, por otra parte grandes recursos se destinan a la imagen pública de Marcelo Ebrard, para lograr ser candidato de su partido en las elección del 2012.
Con este tipo actividades electoreras del gobierno federal como del Distrito Federal, cada día se incrementa el daño colateral de la sociedad en estos momento de crisis económica, lo que requiere la población es un mejor gobierno que realice políticas públicas que beneficien la economía familiar y acciones que busquen otras métodos de recaudación fiscal evitando el incremento de los precios de los productos de la canasta básica y del gas doméstico que dañan a las familias del país.
Ya es necesario que el gobierno federal y de la ciudad de México hagan algo para detener los incrementos los precios de los servicios y productos esenciales a su antojo, de seguir con la política económica que no resuelve los problemas estructurales de fondo, que sólo han resultado ser ineficaces para los ciudadanos de este país y de la Ciudad de México, que impactan en la delegación Gustavo A. Madero, por ello les solicitamos que no se incrementen de precios en los servicios y alimentos básicos.
Rechazamos los fines electorales en los temas más importantes del país, y centrar nuestros esfuerzos en solucionar la realidad que están viviendo quienes van y compran los productos en el mercado, es urgente llegar a acuerdos con las fuerzas políticas del país y ese es el objetivo.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares del gobierno federal y del Distrito Federal para que frenen el alza indiscriminada de los productos básicos, el gas doméstico y de todos los servicios en sus ámbitos de competencia que utilizan los ciudadanos de escasos recursos de la Ciudad de México, y eficiente y transparente los recursos de los programas de apoyo a la población de la delegación Gustavo A. Madero.
Segundo. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a los titular del Ejecutivo federal y del Gobierno del Distrito Federal para que haga un llamado a todos las partes responsables del aumento de precios de la canasta básica, gasolina y gas, frenen el aumento de dichos productos, y convoquen a un gran acuerdo nacional sobre la alimentación y el combate a la pobreza, instrumentar y propiciar programas de apoyo en la adquisición de los productos básicos en la delegación Gustavo A. Madero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados costeros a expedir su normativa en materia pesquera y acuícola y crear las respectivas secretarías de pesca y acuacultura, a efecto de dar puntual cumplimiento a la concurrencia en la materia, como señala expresamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita respetuosamente por este conducto a esta honorable asamblea tenga a bien exhortar a las legislaturas locales de las entidades federativas, que cuenten con litorales costeros, a expedir su legislación en materia pesquera y acuícola estatal; asimismo, a crear sus respectivas secretarías de pesca y acuacultura, con base en las siguientes
Consideraciones
El proceso de discusión y aprobación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable fue, en su momento, arduo y complejo; éste implicó una amplia consulta nacional al sector pesquero y, en general, a todos los interesados en la materia, incluyendo por supuesto a los gobiernos de las entidades federativas, las cuales incluso enviaron un amplio número de opiniones para que la dictaminadora las tomara en cuenta.
En este sentido, los gobiernos estatales dejaron en claro la necesidad de contar con mayores facultades para atender las necesidades del sector pesquero y acuícola. Esta situación resultó ser prioritaria para que el legislador propusiera que la ley fuese general y, con ello, posibilitar la concurrencia de los estados y municipios.
Lo anterior fue apoyado por unanimidad por el sector pesquero y acuícola nacional, quienes vieron en ello la oportunidad de contar con una ley y autoridad estatal encargada de dictar y ejecutar medidas públicas para apoyar el desarrollo de la actividad piscícola y acuícola de nuestro país.
Resulta contradictorio el hecho de que en los foros de discusión y participación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, los estados pidieron y defendieron con vehemencia la necesidad de contar con facultades de concurrencia con la finalidad de poder establecer medidas que les permitieran ejecutar de mejor manera sus programas de pesca estatal.
Es por lo anterior que resulta contradictorio el hecho de que la gran mayoría de las legislaturas de los estados costeros aún no están ejerciendo sus facultades de concurrencia por la falta de un ordenamiento legal que regule expresamente las funciones que el Estado tiene en materia pesquera.
Compañeras y compañeros diputados, la intención más pura de la ley es el recoger y resolver sobre las necesidades de los gobernados; es sumamente lamentable el hecho de que sólo algunas legislaturas estatales hayan legislado en la materia para regular el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura les competen a los estados y municipios bajo el principio de concurrencia, previsto en la fracción XXIX-L del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Esta situación ha puesto en desventaja al sector pesquero y acuícola nacional que no cuenta con una legislación local que establezca por ley las principios que deberán orientar dicha actividad en el estado.
Igualmente resulta grave que la actividad pesquera y acuícola no cuente con una secretaría estatal que se encargue de ejecutar políticas públicas tendentes a impulsar el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura y la salvaguarda de los recursos marinos del estado.
Por lo expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las legislaturas locales de los estados costeros de nuestro país para que legislen en materia de pesca y acuacultura, a fin de que expidan su respectiva Ley Estatal de Pesca y Acuacultura.
Segundo. Se exhorta a las legislaturas y gobiernos de los estados costeros de nuestro país para que se aboquen a la creación de sus respectivas Secretarías Estatales de Pesca y Acuacultura.
Tercero. Para auxiliarse en el proceso de elaboración de sus respectivas legislación pesquera, esta honorable asamblea hace una recomendación especial para que se consulte ampliamente al sector pesquero del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado César Mancillas Amador (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, del GDF y de la delegación Gustavo A. Madero a instaurar un programa de dotación de mallas solares a las escuelas públicas de educación básica para proteger de los rayos UV a los alumnos al realizar actividades físicas, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Roberto Rebollo Vivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, por el Distrito Federal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de está soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al titular de la delegación Gustavo A. Madero, para que instrumenten un programa permanente de dotación de mallas solares a todas las escuelas de educación básica de la delegación Gustavo A. Madero, para proteger a los alumnos de los rayos ultravioleta, UV, que afectan la salud de los alumnos que realizan actividades físicas en los planteles, al tenor de las siguientes
Consideraciones
a) Daños en la salud humana
La exposición excesiva a la radiación solar puede originar efectos negativos en la piel, ojos y debilitamiento del sistema inmunológico. El grado de daño de la radiación UV en la piel depende de la intensidad y la longitud de onda, así como el tipo de piel. Los efectos en la piel consisten en la aparición de un eritema, quemadura ligera distinguible por enrojecimiento de la piel, sin embargo, pueden presentarse efectos similares a los producidos por quemaduras con fuego de primero o segundo grado. Entre los padecimientos asociados se pueden mencionar los siguientes: cáncer de piel y otros trastornos cutáneos; cataratas y otros trastornos de la vista envejecimiento prematuro; e ignición del sistema inmunitario.
La radiación solar también adelgaza la piel y puede inducir la aparición de formaciones precancerosas; queratosis actínica, queratosis solar. Los individuos expuestos durante mucho tiempo al sol corren mayor riesgo de contraer cánceres de piel, en cierto grado, un melanoma maligno.
Los ojos no tienen mecanismos de protección a la radiación solar, el desarrollo de cataratas en humanos es uno de los padecimientos asociados con la exposición.
En el curso de la evolución, los seres vivos han desarrollado mecanismos de adaptación a la radiación solar, sin embargo, la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera puede alterar el balance de la radiación solar que recibe la tierra, siendo incapaces de ajustarse los organismos vivos a estos cambios.
b) Estructura de las escuelas
Se localizan 402 escuelas primarias públicas y 116 privadas; el número de aulas es de 6 mil 11 y mil 83, respectivamente; existen 96 escuelas secundarias diurnas federales, 12 secundarias para trabajadores (federales) y 32 secundarias particulares incorporadas; las secundarias técnicas suman 13 particulares y 8 federales. En el ámbito medio superior se cuenta con 56 bachilleratos, 20 públicos federales, 6 autónomos y 30 particulares; además existen 2 escuelas normales. En educación superior profesional existen 12 instituciones. En cuanto a educación especial, reúne 44 elementos del sector público y 1 privado, que representan el 13.5 por ciento del Distrito Federal.
c) Prevención en las escuelas de GAM
En épocas de altas temperaturas de calor las niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a los rayos ultravioleta que cada día más atraviesan la capa de ozono de manera más directa con el riesgo grave de afectar la salud humana de manera importante.
Es un problema que se puede solucionar y en el menor de los casos mitigar sus efectos a través de instalar mallas solares en alguna zona de los patios de las escuelas en donde se realizan actividades físicas y deportivas, en donde están expuesto por mas de treinta minutos.
Es recomendable planear nuestras actividades y evitar la exposición al aire libre, sobre todo en las horas de mayor radiación solar. El tiempo de exposición saludable al sol depende de nuestro tipo de piel y la intensidad de la radiación UV.
Para conocer el índice de rayos ultravioleta, se debe consultar el Sistema de Monitoreo Atmosférico del gobierno del Distrito Federal, en donde se emiten alertas periódicas, esto con el fin de cuidar la salud de niños y adultos mayores, principalmente antes de realizar cualquier actividad física al aire libre.
Esta situación aunada al mantenimiento que requieren las escuelas en el piso de los patios, las aulas y en el mobiliario, que sobrepasan el tiempo de utilidad y que se sigue utilizando gracias a la participación de los padres de familia que les dan el mantenimiento mínimo.
Otros factores que influyen en la intensidad de la radiación solar son la refracción en paredes y asfalto, y la reflexión de los cristales de edificios. La hierba refleja al menos un 10 por ciento de la radiación incidente y la nieve pueden reflejar un 80 por ciento. La radiación solar también varía con la altitud, a mayor altitud su aumenta. Por ésta razón la radiación UV es mayor en la Ciudad de México que al nivel del mar.
d) El sol y los niños
Es importante enseñar a los niños a protegerse del sol desde pequeños, porque los efectos de la radiación solar son acumulativos e irreversibles. La piel de los niños presenta diferencias respecto de la piel de los adultos y hay que darle la protección adecuada.
Así pues habrá que tener en cuenta que: Hay proteger a los niños del sol durante su estancia en las escuelas. Se tienen que evitar las horas centrales del día. No exponerse al sol entre las 11 y las 15 horas. Hay que utilizar una protección solar especial para niños.
En las escuelas de educación básica se debe inculcar entre los educandos el hábito de utilizar bloqueador solar y de evitar la radiación directa del sol.
e) Recomendaciones de las dependencias
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad México (Simat) informó que hay radiación solar moderada, pero advirtió de posibles riesgos para la salud en caso de exposición sin protección. El organismo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, detalló que está en cinco el índice de radiación ultravioleta, y recomendó a la gente en el valle de México evitar salir a la calle, mantenerse a la sombra, usar camisa o blusa de manga larga, crema con bloqueador solar y gorra.
En estos días se han registrado, entre las 11:00 y las 16:00 horas, una intensa radiación solar, el organismo señaló que este fenómeno es normal en esta época del año y que incluso se espera mayor intensidad, al grado de alcanzar los 15 puntos en el índice de rayos ultravioleta, lo que es considerado como “extremadamente alto”. Además de que hay fuertes vientos que despejan el cielo y los rayos llegan más directamente.
El nivel de radiación solar en el valle de México es muy alta, por lo que existen riesgos para la salud de la población de exponerse al sol sin protección, alertó el Simat.
f) Petición de los padres de familia
No esperemos que los padres tengan que salir a las calles para manifestarse, como ya lo hicieron un grupo de escuelas en el Zócalo de la Ciudad de México, para solicitar el apoyo de las autoridades para solucionar este problema que tiende a acentuarse en un tiempo breve, demos atención a este tipo se situaciones.
Hago un llamado a mis compañeros diputados para que en conciencia aprobemos los mecanismos necesarios para proteger a nuestra infancia, como ya lo hemos hecho al aprobar más recursos en el presupuesto para la educación y en defensa de la alimentación y la ampliación de la gratuidad al sistema medio de la educación.
Adelantémonos al tiempo antes que nos alcance y tengamos que destinar mayores recursos para atender la salud de la población infantil de una de las delegaciones más pobladas del Distrito Federal. Y que nos están pidiendo nuestro apoyo para contar con las mallas que tanto necesitan en sus planteles.
Hacemos un llamado a las autoridades de educación pública, y del Distrito federal a que se atienda a las escuelas de la delegación Gustavo A. Madero, y que requieren este tipo de malla y que se puede realizar con los recursos con los que cuenta para los comités vecinales, en donde el vecino voto para su utilización en su comunidad, y que bien se pueden destinar una parte de ellos en esta necesidad de los planteles.
Como cada temporada de primavera, las horas durante el día con muy alta radiación solar en el Distrito Federal empezaron a aumentar y se espera que los índices de rayos ultravioleta (UV) se incrementen conforme avanza el año. La situación del cambio se esta sintiendo en todas las ciudades, y en el Distrito Federal, de manera muy relevante con los efectos hacia la población infantil de la Delegación Gustavo A. Madero.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al titular de la delegación Gustavo A. Madero, para que instrumente un programa permanente para la instalación de mallas solares en las escuelas públicas de educación básica en la demarcación, para proteger a los educandos.
Segundo. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal para que en el periodo de vacaciones de este año lleven a cabo la instalación de las mallas que se requieran en las escuelas de la delegación Gustavo A. Madero, e informen a esta soberanía sobre su realización.
Tercero. Se exhorta a las autoridades federales y del distrito federal y de la delegación en coordinación de los comités vecinales a utilizar los recursos que ya se cuentan para cada comunidad, en el mantenimiento de las escuelas de educación básica, y en la colocación de mallas solares, y aplicar en tiempo los recursos del mantenimiento de escuelas públicas en la delegación Gustavo A. Madero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF y al delegado en Gustavo A. Madero a llevar a cabo de manera oportuna y transparente los programas de mantenimiento, con los recursos de los ramos afines a infraestructura de agua, drenaje y alcantarillado para prevenir los efectos negativos de la próxima temporada de lluvias, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Roberto Rebollo Vivero, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y al delegado en Gustavo A. Madero a llevar a cabo los programas de mantenimiento de la red pluvial con oportunidad y transparencia, a efecto de prevenir los efectos negativos de la próxima temporada de lluvias en la Ciudad de México y en la demarcación de Gustavo A. Madero, al tenor de las siguientes
Considerandos
No es un asunto menor; es un asunto muy grave. Hay basura en los sistemas de drenaje y podemos tener dificultades serias. Los legisladores debemos pedir a las autoridades del Distrito Federal que ayuden a la población del Distrito Federal y de la delegación Gustavo A. Madero. La ciudad debe estar lista, preparada para esta temporada de lluvias. Las calles, alcantarillas, canales, presas y ríos son basureros, y se deben limpiar, pues a la larga eso genera riesgos para todos, como se ha constatado ya en varias ocasiones con inundaciones y encharcamientos por el taponamiento del drenaje con desperdicios.
El planteamiento se sustenta en las leyes que nos rigen en esta ciudad conforme a que se dispone en la Ley de Aguas del Distrito Federal para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal que atribuye a la Secretaría de Medio Ambiente la facultad integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos.
Por otra parte, en la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2000, define como “un conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. De esta manera debemos ser incluyentes, solidarios, participativos y corresponsables, y promover con anticipación que se efectúen coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades; la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, sólo el 77 por ciento de los residuos se recolecta oportunamente siendo el Distrito Federal el que genera el 62 por ciento de la basura de todo el país, es decir, cerca de 1.3 kilogramos de basura por persona al día. En la delegación Gustavo A. Madero se tiene una población de 1 millón 200 mil habitantes, por lo que se puede estimar que se produce 1,560,000 kilogramos de basura al día. De ese porcentaje, el 70 por ciento es producido en los hogares, pero el 10 por ciento es originado en la vía pública, por lo que representa una gran cantidad de basura que se deposita en las calles de la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior y de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología solamente se recolecta el 86 por ciento de la basura, mientras que el 14 por ciento restante permanece disperso.
Conforme a datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la ciudad tiene 17 presas de regulación. Tan sólo de las denominadas Tacubaya, Becerra C, Mixcoac, San Joaquín, Tarango y Anzaldo, así como de las lagunas de Cuautepec, Menor de Iztapalapa y San Lorenzo, el año anterior se retiraron más de 250 mil metros cúbicos de lodo y basura con una inversión de casi 74 millones de pesos.
El programa de desazolve también comprende el Río Hondo, Gran Canal, el Túnel Interceptor Oriente-Sur y el Túnel Oriente-Oriente, de cuyos causes se extrajeron más de 142 mil metros cúbicos con una inversión cercana a 60 millones de pesos. En total, el programa de desazolve 2010 en las presas, lagunas y los cauces mencionados se previó la extracción de 392 mil metros cúbicos de basura y lodo con una inversión total de 133 millones 600 mil pesos.
A su vez, a lo largo de 6 mil kilómetros de drenaje superficial, red primaria y red secundaria —que incluye 238 mil coladeras, pozos de visita, rejillas de piso, cárcamos de bombeo, pozos de absorción y sifones— se realizarán acciones similares, lo cual, junto con rehabilitación de plantas de bombeo de aguas negras, implicó una inversión de 345.2 millones de pesos.
Es preciso que para prevenir daños durante en la época de lluvias de 2011, se requiere hacer trabajos de desazolve y retiro de basura en laderas, cauces de ríos y barrancas.
Nuestra ciudad ha sufrido los embates de la naturaleza, por la intensa descarga pluvial que se presenta en la temporada de lluvias, en años anteriores ha caído sobre la ciudad tres veces más agua que los puntos máximos registrados en los últimos años, llegando a niveles superiores a los 80 centímetros de altura, que se concentró en las zonas norte y oriente de la ciudad.
De acuerdo con declaraciones del titular del Sistema de Aguas, el año anterior las lluvias han llegado a ser de 27 millones de metros cúbicos, lo que equivale a llenar tres veces el Estadio Azteca, causando la saturación del drenaje. La lluvia ha ocasionado problemas en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectando el funcionamiento normal y en su caso se ha tenido la llegada y salida de aviones, con el consecuente inconvenientes de los viajeros nacionales y de turistas extranjeros , y también se a cerrado las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y lo más grave se inundaron muchas colonias, que provocan daños en las viviendas en el Distrito Federal, que nunca han recuperado la totalidad de sus pérdidas, acentuando aún más la situación crítica de su economía familiar.
Las contingencias vividas en años anteriores a pesar de que el gobierno del Distrito Federal y en la delegación Gustavo A. Madero han realizado las obras, el mantenimiento y limpieza en la red pluvial la ciudad permanece en “contingencia muy especial” por las fuertes lluvias que se pronostican este año. Los riesgos son mayores en la medida en que el fenómeno del calentamiento global del planeta avanza y altera el patrón de lluvias, como en la Ciudad de México, donde de repente llueve en unos cuantos minutos o en horas lo que antes se precipitaba en semanas.
Tenemos que solicitar información sobre la supervisión de los trabajos del programa de desazolve en donde se sucedieron eventos que afectaron a la población por la lluvia que desbordaron los principales canales de desagüe para prevenir afectaciones mayores. Conocer información sobre los trabajos de reparación, mantenimiento y desazolve en el sistema de presas y drenaje de la Ciudad de México conforme a lo programado para evitar encharcamientos e inundaciones. Sobre los trabajos para prevenir riesgos a la población, así como otros trabajos para proteger a las zonas vulnerables de otro tipo de afectaciones por la lluvia.
Por todo esto, como una actitud solidaria y responsable con quienes menos tienen, que también son los más lastimados cuando se presentan eventos naturales, hago, el llamado a su sensibilidad y conciencia, para evitar un desastre mayor a los habitantes.
Tenemos la oportunidad, compañeros legisladores, de hacer un poco de justicia si nos mantenemos vigilantes de los recursos aprobados para el mantenimiento y limpieza de la red hidráulica que evite en el futuro el encharcamiento e inundaciones en las zonas afectadas, y de otras zonas de la Ciudad de México. Por ello es de vital relevancia que las autoridades informen sobre los costos de las pasadas inundaciones, las afectaciones y necesidades actuales labores de limpieza, y sobre el apoyo brindado por el GDF para recuperar el patrimonio de las familias.
En la delegación Gustavo A. Madero en el año anterior se emprendió una campaña de limpieza en los ríos que cruzan la zona de Cuautepec con maquinaría de la delegación y se retiraron casi mil metros cúbicos de azolve y 213 toneladas de basura. Aunado a esto se han hecho podas en áreas verdes de las barrancas y limpiaron las calles para evitar inundaciones.
Ello, para evitar desbordamientos de los ríos que pasan por esta zona y que ponen en riesgo a cientos de familias, además continúa con los trabajos de restauración de los caudales Maximalaco, San Javier y Cuautepec en colaboración del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se podrán restaurar de manera integral 10.5 kilómetros de ríos que nacen en la parte alta de Cuautepec, donde concurren grandes infiltraciones del agua de lluvia.
A la corriente superficial se incorpora líquido de los drenajes de las colonias aledañas, con lo cual se pierde la calidad del agua con la que inician los cauces, convirtiéndose en un canal de aguas residuales, que con la intensidad de la lluvia corren peligro de desbordarse y afectar a la población, como ocurrió el 30 de octubre del año pasado.
El gobierno del Distrito Federal debe explicar el proyecto de las obras y las inversiones que debe realizar, para reforzar la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México y de la delegación en Gustavo A. Madero para evitar inundaciones como las del año pasado. Se tiene estimado que este año se invertirán 400 millones de pesos solo en infraestructura hidráulica de Iztapalapa y tres mil millones en todo el Distrito Federal. Asimismo, se tiene que cuidar el posible subejercicio de los recursos destinados a obras hidráulicas, pues a pesar de los recursos destinados para estas obras destinados en los últimos años, las inundaciones aún siguen afectado principalmente a la delegación, estas experiencia deben servir para prepararse mejor ante lluvias atípicas, que rebasan la capacidad de desalojo del drenaje.
No permitiremos que esto vuelva a ocurrir porque haríamos responsable al gobierno del DF de los daños provocados por las inundaciones en estas colonias. Ya basta de esta irresponsabilidad para evitar contingencias del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, por la manera en que ha enfrentado los problemas generados por las inundaciones.
Por la mala atención proporcionada a los habitantes de la colonia San Felipe de Jesús afectados por las inundaciones de febrero de 2009. Además, sobre la infraestructura y personal certificado con que cuenta la delegación para atender cualquier contingencia y sobre la compra de bombas para evitar inundaciones. Por la desatención a vecinos de San Juan y Guadalupe Ticomán afectados por las inundaciones del pasado 8 de agosto, fenómeno que se repite constantemente. Sobre la entrega de ayuda a vecinos afectados por inundaciones. Y la elaboración de un diagnóstico claro sobre los problemas y soluciones que se han dado en Aragón y en otros punto problemáticos en la Gustavo A. Madero.
Además, de transparentar las solicitudes de quienes reclamaron el pago de indemnizaciones y apoyos en Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero, porque en algunas ocasiones se han entregado doble o triple los apoyos, después de que se vieron afectados por inundaciones, y de todas las zonas que sufrieron estos efectos y quedaron fuera de recibir el apoyo, no sólo en Cuchilla del Tesoro, sino también en las colonias Cuautepec Barrio Bajo, CTM Aragón y Narciso Basolss.
Los ciudadanos requieren de nuestra intervención en la atención de los problemas que se presentan en la Ciudad de México y en especial de mi delegación en donde tengo mi domicilio, de que realicemos nuestro trabajo para que no se vean afectados por los cambios climáticos que se vienen dando en todo el mundo, por ello es necesario prever las acciones necesarias, pues después ya nadie quiere ayudarlos a recuperar los bienes que con tanto trabajo han adquirido para sus familias.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a garantizar a los ciudadanos que habitan las zonas que siguen siendo afectadas y no vislumbran ninguna actuación por parte de las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero o del gobierno del Distrito Federal, lo que justifica el legítimo reclamo de la comunidad tanto de conocer la situación que guarda su entorno como de los trabajos hechos por estas autoridades, que resuelva la problemática en torno de las inundaciones, como asunto que merece especial y oportuna atención, de la mayor importancia para la población de la delegación Gustavo A. Madero, que requiere le generen condiciones de seguridad, certidumbre y prevención de riesgo en los que viven los habitantes.
Segundo. Se exhortar respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que instruya al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a intensificar las labores de desazolve y limpieza de drenaje en esta ciudad, así como en la delegación de Gustavo. A. Madero, y se apliquen en tiempo y forma los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 2011 en la materia, y se informe a esta soberanía sobre el avance de las obras realizadas para evitar inundaciones.
Tercero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a atender de manera inmediata y urgente las afectaciones que han quedado pendientes en las viviendas y propiedades de la población del Distrito Federal por las lluvias ocurridas en pasadas inundaciones, así como a realizar una adecuado mantenimiento del sistema de alcantarillas y del drenaje, con el objetivo de atender las posibles emergencias y, en la medida de lo posible, prevenirlas.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a presentar la información detallada sobre las obras de mantenimiento realizadas y el avance, así como los datos precisos sobre las acciones realizadas en la ciudad y en la delegación Gustavo. A. Madero, que den certidumbre a la población sobre la seguridad de que no se volverán a inundar y perder sus bienes.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear un fondo de urgencia para atender a víctimas del delito, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Enoé Uranga Muñoz y Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, fracción II, párrafo cuarto; 79, numerales 1, fracción II, y 2; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El nivel crítico de inseguridad y violencia que actualmente se vive en el país ha traído como consecuencia la disminución del capital humano, social y económico. 1
En consecuencia, esta soberanía ha dado prioridad a las iniciativas orientadas a enfrentar la inseguridad y la violencia, como la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera, la Cámara aprobó la iniciativa de Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se encuentra en el Senado de la República en proceso de dictamen y que en breve será devuelta para aprobar, en su caso, las modificaciones realizadas por la colegisladora.
Pese a lo anterior, uno de los grandes pendientes de esta legislatura lo constituye la atención de las víctimas del delito que, como dispone el artículo 20 constitucional, inciso c), fracción III, tienen derecho a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia.
Ahora bien, en ausencia de una ley reglamentaria de esta disposición constitucional, la mitigación del daño de las víctimas del delito es una obligación que debe ser asumida con corresponsabilidad por el Estado, en tanto no se cuenta con una ley de atención de víctimas del delito que fije las directrices conforme a las cuales se buscará mitigar los efectos de la violencia en los que han sido víctimas de un delito.
Dicha atención constituye un elemento urgente para los ciudadanos que debe ser atendida por la federación, pues la Encuesta Nacional sobre Inseguridad de 2010 2 y el índice de inseguridad ciudadana y violencia 3 muestran una tendencia de aumento de víctimas del delito en los últimos 10 años.
Así, entre 1991 y 2000 el número de denuncias recibidas en las procuradurías de justicia estatales por cada 100 mil habitantes aumentó 44 por ciento (Zepeda, 2004); ello, sin considerar los miles de delitos que no son denunciados.
Resulta particularmente relevante la situación de los niños víctimas de la violencia. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, de 2006 a la fecha alrededor de 900 niños han muerto en el marco de la lucha contra el narcotráfico. 4
Aunado a lo anterior, no hay un cálculo certero de cuántos niños han quedado en la orfandad a consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, algunos especialistas calculan que alrededor de 45 mil niños han quedado en orfandad por la violencia que se vive actualmente en el país.
Si bien la situación de inseguridad y la violencia han sido ampliamente difundidas, no ha sido así con la secuela de daños psicológicos, físicos, sociales y familiares que las víctimas sufren a consecuencia de un acto violento o delictivo. Se trata en la mayoría de los casos de duelos muy difíciles de superar o de cuadros de depresión, angustia y ansiedad muy graves, ante los cuales la población se encuentra sin recursos para hacerles frente; esto, además de los daños materiales o personales que también sufren las víctimas.
En consecuencia, las víctimas del delito requieren atención especializada y basada en el principio de que deben ser tratadas sin discriminación, con total respeto de su dignidad y sus derechos humanos, considerando el tipo de daños sufridos, y evitar así que sean sometidas a una situación que las revictimice.
Segundo. Debido a lo anterior y a la urgente necesidad de atender a las víctimas del delito, se considera indispensable exhortar al Ejecutivo federal a asignar recursos extraordinarios a fin de crear un fondo de emergencia para la atención de víctimas del delito, que permita la atención médica, psicológica, jurídica y social de quienes son víctimas u ofendidos de un delito, de acuerdo con sus circunstancias personales, así como repararles el daño causado.
Es importante destacar que de ser atendida esta propuesta, el fondo de emergencia para la atención de víctimas del delito revestiría carácter transitorio, pues atendería de manera prioritaria una demanda social y un mandato constitucional en tanto que no se cuenta con una ley que regule la atención de las víctimas del delito y que, en su caso, cree de manera definitiva un fondo como el que hoy se propone.
En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a asignar recursos extraordinarios a fin de crear un fondo de emergencia para la atención de víctimas del delito.
Notas
1 Informe sobre desarrollo humano México, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
2 http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=26738&s=est
3 http://www.mexicoevalua.org/descargables/551328_INDICE_INSEGURIDAD-VIOL ENCIA.pdf
4 http://www.eluniversal.com.mx/notas/685930.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputadas: Alma Carolina Viggiano Austria, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Enoé Uranga Muñoz, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Rosi Orozco (rúbricas).
