Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3242-V, jueves 14 de abril de 2011
Dictámenes de punto de acuerdo
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas y acciones para rescatar los restos mortales de los 63 trabajadores que permanecen en los socavones de la mina Pasta de Conchos
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, e incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó proposición con punto de acuerdo
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el primer resolutivo de la proposición en comento a la Comisión de Relaciones Exteriores, y el segundo resolutivo a la Comisión de Derechos Humanos.
Contenido de la proposición
El diputado proponente celebra las acciones del gobierno chileno para lograr rescatar con vida a los 33 mineros chilenos, sin escatimar recursos económicos para hacerlo y propone enviarle por parte de esta Soberanía felicitaciones por la vía diplomática a ese gobierno por tan notable logro.
Dicho logro lo contrasta con la trágica muerte de los 63 mineros mexicanos en la mina “Pasta de Conchos” que trabajaban sin las mínimas condiciones de seguridad, que no tuvieron oportunidad de ser rescatados y posteriormente se les ha negado a sus familiares la recuperación de sus restos mortales.
Consideraciones
Toda vez que la Mesa Directiva de esta soberanía ha determinado que el segundo resolutivo de la presente proposición con punto de acuerdo sea dictaminado por esta Comisión de Derechos Humanos, se procede a su análisis en sus términos.
El Segundo Resolutivo es un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el marco de sus atribuciones, insista ante el Gobierno Federal para que se rescaten los restos mortales de los 63 mineros que aún permanecen en los socavones de la mina “Pasta de Conchos”.
Sobre este punto, se formulan los siguientes comentarios:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió con fecha 17 de julio de 2006, la Recomendación número 26/2006 sobre el caso de los trabajadores de la empresa Industrial Minera México, SA de CV (unidad Pasta de Conchos) dirigida al entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y que consta de siete recomendaciones específicas a la autoridad referida para que subsane todas las irregularidades y omisiones detectadas en materia de seguridad laboral así como de los funcionarios federales que incurrieron en las mismas con motivo de sus funciones.
No obstante que no hay señalamiento expreso ni recomendación específica en el documento sobre medidas o acciones a realizar para la recuperación de los restos mortales de los mineros fallecidos, si hay un pronunciamiento claro de la CNDH sobre el tema, que a continuación se cita textualmente:
“Esta Comisión Nacional expresa su preocupación por el rescate de los cuerpos de 64 trabajadores que aún permanecen al interior de la mina, toda vez que ello ha implicado la vulneración de un derecho para los familiares de los mismos. En este sentido, conforme los artículos 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de creencias y religión, dentro de éstas se encuentran las relativas a la relación del individuo con los restos mortales de sus difuntos. A ese respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de Reparaciones del 22 de febrero de 2002, del caso Bácama Velásquez, párrafo 81, señaló que el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana y que merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos. Adicionalmente, el entonces juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente consideró que el derecho que asiste a los familiares de una persona que ha fallecido de recibir los restos mortuorios de ésta, independientemente de cualesquiera consideraciones étnicas, religiosas, culturales que particularicen el caso, se trata de un derecho universal e irreducible” (recomendación CNDH 26/2006, páginas 45 y 46).
Por su parte, esta dictaminadora coincide totalmente con dichos argumentos expresados por el ombudsman nacional y los suscribe en sus términos. También considera que el derecho de las familias de los mineros fallecidos a reclamar y recibir sus restos mortales se les ha negado sistemáticamente por la empresa y el mismo gobierno federal y que, a pesar del tiempo transcurrido desde la tragedia, este derecho no pierde vigencia y puede reclamarse en cualquier tiempo.
Por las consideraciones anteriores, opinamos que debe reformularse el segundo resolutivo de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa a efecto de darle viabilidad. Para tal fin proponemos que la petición de exhorto sea dirigida directamente al Ejecutivo federal, y no a la CNDH para que esta a su vez haga lo propio ante el Ejecutivo, como se plantea originalmente en la proposición, ya que la CNDH ha dado seguimiento puntual al cumplimiento de su Recomendación 26/2006. Pero, después de casi 5 años de la tragedia ocurrida en la mina, e independientemente de las responsabilidades del orden penal, laboral o civil, que se hayan fincado, el tema de la recuperación de los restos mortales de las víctimas debe ser considerado como independiente de tales circunstancias.
De manera tal que la redacción del segundo resolutivo de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, quedaría de la siguiente manera:
“Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, tome las medidas y acciones necesarias para el rescate de los restos mortales de los 63 mineros que aún permanecen en los socavones de la mina Pasta de Conchos”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, tome las medidas y acciones necesarias para el rescate de los restos mortales de los 63 mineros que aún permanecen en los socavones de la mina “Pasta de Conchos”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, de considerarlo pertinente, tenga a bien instruir para que los visitadores adjuntos permanezcan durante cierto tiempo en Michoacán
Honorable asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 15 de diciembre de 2010, el diputado Martín García Avilés, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para que se solicite de la manera más atenta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tenga a bien girar sus instrucciones para que sus visitadores adjuntos estén por un determinado tiempo de manera permanente en el estado de Michoacán, realizando las funciones propias de su ley reglamentaria, a fin de que, de esta manera, se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos a favor de la sociedad michoacana.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Martín García considera necesario “presentar un punto de acuerdo a favor de las michoacanas y los michoacanos, que garantice el respeto irrestricto de sus derechos humanos, mismo que consiste en que, de los visitadores adjuntos del organismo constitucional autónomo, no jurisdiccional y de justicia alternativa como es la CNDH, estén por determinado tiempo, de manera permanente domiciliados en el Estado de Michoacán, realizando sus funciones propias e inherentes que establece la ley de la materia, lo que servirá, en dos aspectos muy importantes: como una medida preventiva y eficaz para que la autoridad federal se abstenga de cometer violaciones a los derechos humanos de terceros, que como se ha venido insistiendo son ajenos a los lamentables hechos en los que vivió la población michoacana, y , en el caso de que se cometan tales violaciones a esos derechos fundamentales, de una manera inmediata se realicen las investigaciones derivadas de las quejas presentadas por la ciudadanía”.
Consideraciones
1. Uno de los rasgos característicos del ombudsman, figura escandinava que ha inspirado a varias instituciones que realizan las funciones de defensa de los derechos humanos, es el carácter antiburocrático en cuanto a su organización administrativa y en relación a los trámites que sustancia.
Es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), como Ombudsman que es comparte esa característica.
2. Internacionalmente es reconocido que en México existe el sistema nacional de protección no jurisdiccional más grande del mundo (en cuanto a tamaño se refiere). Componen este sistema 33 instituciones (una nacional y 32 correspondientes a las entidades federativas), con estricto apego y respeto a la soberanía jurídica y territorial de cada Estado.
3. Es prudente hacer mención de que diversos organismos públicos de derechos humanos estatales, han establecido mecanismos de cooperación –a través de convenios– para que las instituciones que tienen sede en puntos geográficos distintos a donde se encuentran las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puedan recibir quejas y de inmediato remitirlas al ombudsman nacional. Así, la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Michoacán, de manera periódica, ha dado a conocer a la opinión pública los resultados de la colaboración con la CNDH, en particular, sobre las características y el número de quejas que le remite.
4. En aras de asegurar el cumplimiento de las características de ser un ente antiburocrático, y debido a que no cuenta con infraestructura en todos los Estados de la República Mexicana, en el artículo 4° de su ley, señala las características del procedimiento ante la Comisión, y de la posibilidad de tener contacto con quejosos, denunciantes y autoridades:
Artículo 4o.:
Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
...
5. Si bien, aun cuando la CNDH no cuenta con oficinas de representación en todos los Estados de la República, es cierto que de conformidad con el artículo 27 de su ley, ésta puede recibir quejas vía electrónica, e incluso, iniciar las investigaciones de oficio que le correspondan o estime pertinentes, al tenor de lo siguiente:
Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda que o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
...
6. Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos compartimos las preocupaciones del diputado Martín García, sobre los acontecimientos violentos y el clima de terrorismo que existe en varios municipios y ciudades del estado de Michoacán, así como la muerte de inocentes como resultado del enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuentes.
7. También es preocupación nuestra, como bien describe el diputado Martín García, que “Desafortunadamente, cuando pasan estas situaciones, como lo acaecido en Michoacán, trae como consecuencia que el gobierno federal refuerce sus cuerpos federales armados a fin de garantizar las seguridad pública; sin embargo, en muchas ocasiones, algunas de estas autoridades, cometen violaciones a los derechos humanos hacia terceros...”.
8. Por lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos consideramos pertinente modificar la petición del diputado Martín García para quedar como sigue:
Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, de considerarlo pertinente, envíe un grupo de visitadores adjuntos por un tiempo determinado al estado de Michoacán, para realizar funciones propias de su ley reglamentaria, con el objeto de vigilar el respeto y la protección a los derechos humanos de la sociedad michoacana.
9. Lo anterior, debido a que como señala el diputado García Avilés en su exposición de motivos, y el comunicado de prensa de la CNDH CGCP/315/10, de fecha 10 de diciembre de 2010, el presidente de dicho organismo anunció el traslado de personal de la Comisión a Michoacán, así como la solicitud de medidas cautelares a las autoridades federales y estatales para que en los operativos que lleven a cabo se busque proteger y resguardar la integridad y la vida de la población civil:
México, DF, a 10 de diciembre de 2010.
CGCP/315/10
Medidas cautelares para proteger a civiles
Ante los hechos de violencia en el estado de Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a las autoridades federales y estatales para que en los operativos que lleven a cabo se busque proteger y resguardar la integridad y la vida de la población civil, informó el Ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Durante su intervención en el Foro por el Día Internacional de los Derechos Humanos llevado a cabo en el Senado de la República, el presidente de la CNDH precisó que las medidas cautelares son para evitar la consumación irreparable de violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados.
“Estamos dictando medidas cautelares para que en este tipo de operativos se busque proteger y resguardar, ante todo, la integridad y la vida de la población civil.”
Por la trascendencia de lo sucedido, la CNDH envió visitadores a la entidad para que de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, atiendan a las víctimas en el aspecto legal, médico y psicológico.
La solicitud de medidas cautelares, para que se apliquen por un plazo de 30 días, está dirigida a los titulares de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública federal y Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Michoacán.
...
Los hechos ocurridos en el estado de Michoacán, como en otras entidades de la república, entre las que se encuentran Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos, Tamaulipas y Sinaloa, son sucesos que lamentablemente se han venido reproduciendo como resultado de las acciones emprendidas por el gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, en las que participan tanto las Fuerzas Armadas de México como la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por lo que la presencia física temporal de visitadores adjuntos de la CNDH y de acciones coordinadas con instancias de derechos humanos locales, ayudaría en la vigilancia y defensa de los derechos humanos de las y los michoacanos.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Asamblea de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, de considerarlo pertinente, envíe un grupo de visitadores adjuntos por un tiempo determinado al estado de Michoacán, para realizar funciones propias de su ley reglamentaria, con objeto de vigilar el respeto y la protección a los derechos humanos de la sociedad michoacana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar en el marco de sus atribuciones la gestión del ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción VI, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 19 de enero de 2011, el diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con “fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Juan Francisco Molinar Horcasitas responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios de nuestro estado de derecho”.
2. El 8 de febrero de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para estudio y dictamen.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La finalidad del punto de acuerdo es que la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción para investigar el asunto del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de que el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás implicados sean consignados ante las autoridades judiciales y sancionados con todo el peso de la ley.
Asimismo, se exhorte a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar, en el marco de sus respectivas atribuciones, la gestión del ex director general del IMSS Juan Francisco Molinar Horcasitas para el deslinde de responsabilidades.
Consideraciones
Sin duda, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, es una de las peores tragedias que ha conmocionado al país y por el que se pide justicia.
Por ello, las diputadas y los diputados de esta comisión coincidimos con el diputado proponente en que la comisión del delito debe trascender el ámbito de los que están en el poder y que ocupan altos cargos como servidores públicos.
De este hecho se desprendieron probables violaciones de derechos humanos de los fallecidos y los lesionados. Por ello, el 31 de julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 49/2009, dirigida al director general del IMSS, al gobernador constitucional de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo.
La recomendación para el IMSS consistía en que el instituto proporcionara toda la ayuda médica y psicológica a los afectados; en cuanto a la recomendación para el gobernador de Sonora, era que se investigue la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados; y, por otro lado, para la presidencia municipal, que lleve a cabo las prevenciones necesarias de protección civil.
La trascendencia del hecho llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ejercer la facultad consignada en el artículo 97 constitucional, por lo que el 26 de febrero de 2010 emitió un informe preliminar en el que determina la violación de garantías por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Es decir, autoridades del IMSS, entre los que señala al ex director general del instituto Juan Francisco Molinar Horcasitas y diversas autoridades estatales, incluyendo al gobernador de Sonora, así como también a autoridades municipales por la existencia de deberes jurídicos incumplidos que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, habrían evitado esta tragedia.
Posteriormente, el 3 de junio de 2010, la SCJN hizo público el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea relativo a la facultad de investigación 1/2009, donde ratificó que sí se registraron violaciones graves de las garantías de los niños, entre las cuales se encuentran el principio de interés superior de los menores, los derechos de los niños, el derecho de protección a la vida y el derecho a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.
A pesar de que el proyecto original del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señalaba como responsables de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales, este dictamen sólo pretende castigar a 7 funcionarios de menor rango. Es decir, ningún alto funcionario será involucrado, por lo cual quedaron exonerados el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora; y Daniel Karam, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, quedaron fuera del señalamiento el ex director de Prestaciones Sociales del IMSS Sergio Antonio Salazar y la ex directora de Guarderías de ese organismo Carla Rochín, quienes fueron destituidos de su cargo a raíz del incendio del 5 de junio de 2009.
Por otra parte, el informe concluyó con una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad y el funcionamiento de todas las guarderías del país y no sólo las del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Este acontecimiento trascendió al ámbito federal, e involucra a servidores públicos de la administración pública federal, como un servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, los que integramos esta comisión coincidimos con el diputado Lara en que debe ser la Procuraduría General de la República la instancia competente para investigar el asunto de mérito.
El 19 de junio de 2009, el Ministerio Público del Fuero Común de Sonora ejercitó acción penal contra 14 probables responsables por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, dando lugar a la causa penal 226/2009 ante el Juzgado Octavo Penal de Sonora.
En dicha causa penal, el juez del fuero común en Sonora obsequió 13 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
Asimismo, el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal en dos ocasiones, el 19 y el 22 de junio de 2009, contra los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Sonora. A dichos servidores públicos se inculpa de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y uso indebido de facultades y atribuciones.
El proceso penal correspondiente lo lleva el juez primero de distrito en sonora, bajo las causas penales 126/2009 y 133/2009.
Con fecha 24 de junio de 2009, el Ministerio Público de la Federación determinó ejercitar la facultad de atracción respecto de la indagatoria a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, sustentado en que el servicio de guardería es una prestación de seguridad social, que corresponde otorgar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado de la administración pública federal. Por tanto, se desecha la petición del ejercicio de la facultad de atracción que solicita el diputado proponente.
Por su parte, cabe subrayar que el juez penal de primera instancia en Sonora declinó competencia a favor de la justicia federal, por cuanto hace a la consignación de los propietarios y representantes legales de la guardería ABC, por considerar que los hechos se refieren a un servicio subrogado del ámbito federal.
El diputado Lara propone en el punto de acuerdo exhortar a la SFP para que esta investigue la administración del ex director general del IMSS Molinar Horcasitas.
Por otro lado, esta dependencia determinó inhabilitar por 20 años a las autoridades que directamente eran responsables de los hechos, así como la imposición de multas a ellas mismas por omisiones relacionadas con la verificación y supervisión de las condiciones para operar de la guardería ABC, en Hermosillo, y notificó a la guardería ABC, SC, una sanción por 5 años de inhabilitación para presentar propuestas y celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como con las entidades federativas cuando utilicen recursos federales.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar en el marco de sus respectivas atribuciones la gestión del ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a adecuar las instalaciones de cultura física y deportiva a los requerimientos de las personas con discapacidad, incluidas las que padecen acondroplasia
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A las Comisiones Unidas de de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1825, que contiene una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades competentes de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios a adecuar las instalaciones de cultura física y deportiva de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad, particularmente las que padecen acondroplasia, presentado por la diputada Yulenny Guylaine, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 7 de abril de 2010.
La proponente expresa que en nuestro país desgraciadamente la gente pequeña es un grupo vulnerable al que no se le ha prestado la atención necesaria por parte de todos los sectores, entre ellos, el social, laboral, educativo, y por supuesto el deportivo.
La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo que es evidente desde el nacimiento que se caracteriza por anormalidad en las proporciones del cuerpo, tienen brazos y piernas muy cortos, mientras que el torso tiene un tamaño casi normal.
La acondroplasia se produce por una mutación en un gen (denominado receptor 3 del factor de crecimiento del fibroblasto) que se encuentra en el cromosoma 4. Normalmente, este gen ayuda a regular el ritmo de crecimiento de los huesos largos. Las mutaciones en este gen dan como resultado un crecimiento óseo severamente limitado.
La proponente plantea que los esfuerzos de la gente pequeña tienen que ser apoyados por la sociedad, y doblemente reconocidos, por ello es necesario que hagamos conciencia de que independientemente de la estatura con la que nacimos, todos los seres humanos somos iguales.
En este sentido, es importante resaltar que los días 13, 14 y 15 de marzo del 2010 se llevo a cabo en Colima el tercer Congreso Nacional de Gente Pequeña. Hay que tener presente que ésta es la primera entidad que incluye a la gente pequeña en el sector de las personas con discapacidad, luego de que recientemente, el Congreso del Estado aprobó reformas a la ley correspondiente, indica la legisladora.
Por otra parte, en el terreno deportivo, como en muchos otros, existe gente pequeña con grandes talentos y habilidades, que sin duda alguna sería de gran ayuda si les proporcionamos una muestra de mayor cultura y respeto hacia su situación, hacia sus intereses, tal como adecuar las instalaciones deportivas para el mejor desarrollo de sus actividades.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expone la diputada, prevé en su artículo 1, que el objeto de ésta es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo señala en el artículo 2 que “corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, por lo cual los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos .”
De igual forma, dicha ley señala en su artículo 9 que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, además considera como conducta discriminatoria restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales .
Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, fracción X, establece como una de sus finalidades garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen .
Es un hecho, destaca la diputada promovente, que el derecho vigente contempla el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en todos los ámbitos, que cuenta con una legislación incluyente, pero también es una realidad, que en la práctica no se ven reflejados dichos preceptos.
Las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables, procedieron al estudio y análisis del Punto de Acuerdo de referencia llevando a cabo, para tal efecto, diversas reuniones de trabajo con los integrantes de las mismas, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
Las codictaminadoras, son conscientes de que el deporte entre otros beneficios sociales, permite al individuo desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a mejorar su calidad de vida; juega un papel preponderante para preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, además de constituir una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares, de obesidad, entre otras. De ahí la importancia de impulsar el desarrollo de de la práctica de la cultura física y el deporte entre la población; es un hábito que se debe impulsar por los beneficios que conlleva pues estos no son solamente físicos, además crea en el individuo disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y espíritu de superación. Es por eso que es fundamental garantizar el acceso a la práctica deportiva a todas las personas, sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que pudiera constituir un pretexto para su exclusión.
En efecto, como acertadamente la legisladora promovente lo expone, el marco jurídico vigente reconoce el derecho de todas las personas a la práctica de la cultura física y el deporte, y las obligaciones de las autoridades de fomentar y garantizar ese derecho mediante acciones específicas sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que pudiera constituir un pretexto para su exclusión.
Y en obvio de repeticiones, además de las disposiciones referidas por la diputada promovente, las cuales fundamentan el derecho de todas las personas y específicamente de las que padecen alguna discapacidad como las personas pequeñas, a la práctica de la cultura física y el deporte; la Ley General de Personas con Discapacidad prevé expresamente lo siguiente:
Artículo 13. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.
Las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
Artículo 21. Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional.
Es claro que estas disposiciones complementan el derecho de las personas con alguna discapacidad, particularmente el derecho de acceder a las instalaciones deportivas públicas.
Por todo lo anterior, y en virtud de la falta de garantías reales, es decir de la falta de adecuación de todas las instalaciones deportivas públicas para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de las mismas, es urgente realizar acciones tendientes a realizas los ajustes necesarios hasta garantizar ese derecho. Es cierto que no se podrá hacer de un día para otro, debe ser un proceso a adecuación paulatino, y es momento de iniciarlo de manera sistemática.
Al respecto consideramos importante recordar que los atletas paraolímpicos Mexicanos, gracias a su esfuerzo y tenacidad, han cosechado grandes triunfos tanto nacionales como internacionales, poniendo en alto el nombre de México en todo el mundo, logrando entre 1976 y el 2008, un total de 256 medallas tan sólo en juegos paralímpicos.
Lo anterior es un ejemplo del potencial que tienen las personas con discapacidades, personas a las cuales en muchos casos no se les toma en cuenta en sus necesidades de infraestructura deportiva y equipamiento.
Las codictaminadoras consideran un acto de justicia social el prestar apoyo a las personas con discapacidad.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables, emiten el siguiente:
Dictamen
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal y a los ayuntamientos, para que en el ámbito de sus atribuciones, adecuen las instalaciones de cultura física y deportiva, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las personas con alguna discapacidad, incluyendo a las personas que padecen acondroplasia.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Carlos Bello Otero, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), María Jeann Novoa Mossberger, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme, Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales.
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Cultura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias federales y estatales a coordinar programas y campañas de orientación del grafiti organizadamente y en espacios destinados para ello
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A las Comisiones Unidas de de Juventud y Deporte, y de Cultura, de la LXI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número 3201, que contiene una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias federales y estatales a coordinar programas y campañas de prevención y orientación para reubicar el grafiti, presentado por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 13 de octubre de 2010.
Las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Cultura, procedieron al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo, para tal efecto, diversas reuniones de trabajo con los integrantes de las mismas, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. Las Comisiones dictaminadoras realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Sobre el particular, los diputados integrantes de las codictaminadoras tuvieron a bien reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos, antecedentes y resolutivos contenidos en la Proposición que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“En los setenta, surgió en Nueva York un movimiento juvenil denominado Tager, que incorporó el break dance, el rap y los grafitis. Es el antecedente de los modernos grafiteros que además han estilizado y perfeccionado la forma de hacer sus grafitis, logrando en algunas ocasiones, verdaderas obras de arte.
”Sin embargo, existe también el grafiti que deteriora la propiedad y promueve un ambiente compatible con el delito, este tipo de grafiti se ha convertido en uno de los problemas sociales que más molesta a la sociedad, pues además de la pésima imagen que representan, los dueños de casas y negocios tienen que sufragar gastos innecesarios, al igual que el gobierno federal, estatal y municipal ya que no se respetan edificios públicos ni monumentos históricos. Los jóvenes deben respetar el derecho de los demás, para que sea respetado su derecho a la libertad.
”En México, la mayoría de los grafiteros provienen de barrios marginales, aunque no se desconoce el hecho de que también existen jóvenes de clase media que se dedican al grafiti, muchas veces forman grupos denominados Crew, que se distinguen porque dejan sus huellas por la ciudad con aerosoles y con una rúbrica denominada tag. No tienen base territorial y realizan grafitis por todos los lugares por los que transitan. Están en contra de la propiedad privada y consideran que las calles les pertenecen por ser espacios públicos.
En esta cultura juvenil se distinguen subdivisiones: los Owners, que son jóvenes que pintan de manera individual; los Sucios utilizan piedras de granito y rayan los vidrios del metro para garabatear sus nombres y firmas.
”En nuestro país, las ciudades fronterizas fueron las primeras que comenzaron a tener este tipo de manifestaciones.
”Considerado un fenómeno indeseable por muchos sectores sociales, los gobiernos de los tres niveles han emprendido diferentes acciones para erradicar el grafiti de las calles, y con ello recuperar la belleza y mantener limpias las ciudades. La cuestión es que el número de grafitis aumenta cada vez más, a pesar de las acciones que se han emprendido para disminuirlo.
”A pesar de las prevenciones adoptadas, no se ha logrado controlar este fenómeno, y la creación de áreas para la expresión, no ataca de fondo la problemática, y mucho menos resuelve las necesidades de los jóvenes. Por el contrario, los alienta a continuar con estas prácticas; asimismo tampoco ayuda a controlar la situación el tipificar esta actividad en una ley, si no se hace valer, ni qué decir de la pintura con repelente que en este caso sólo es de utilidad para los afectados.
”Es de señalarse que en la mayoría de las legislaciones penales de las entidades federativas, el grafiti está equiparado con el delito de daños, y sancionado con pena privativa de libertad que puede variar de tres meses a tres años, incluso hay legislaciones que contemplan diez años de prisión y multa pecuniaria estimando la reparación del daño.
Además en muchas de estas legislaciones existe la agravante cuando las manifestaciones de grafiti se realizan en bienes de carácter público o privado que hayan sido declaradas, por autoridades competentes, como acervo cultural.
”Incluso, el Código Penal del Estado de Coahuila en su artículo 438 Bis, tipifica específicamente la figura de “grafito” como delito: “Se aplicará prisión de un mes a tres años de multa: A quien por cualquier modo, sin importar el material o instrumento que utilice y sin consentimiento de quien pueda darlo conforme a la ley: pinte, grabe, raye, riña o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchones o figuras a un bien mueble o inmueble”.
En la mayor parte de los casos se trata de jóvenes que sólo requieren un poco de orientación y cuidado; muchos de ellos estudian secundaria, pero hay otro fracción que se ubica en el sector vandálico que sólo busca hacer daño y son a ellos a quienes también hay que detener, a través de los cuerpos policíacos.
”En ese sentido cabe hacer mención al Programa de Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito “Sensores Juveniles”, llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en coordinación con diversos organismos e instituciones de las entidades federativas.
”El Programa de Promoción de la Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito fue creado para concienciar a la sociedad sobre los beneficios de actuar apegados a la legalidad. El programa de Sensores Juveniles capacita a ciudadanos entre los 18 y 28 años de edad para que puedan detectar conductas de riesgo, así como difundir acciones que coadyuven a la prevención del delito:
”Entre septiembre de 2008 y julio de 2009, se realizaron diversas actividades para promover una cultura de legalidad entre los jóvenes, en diferentes entidades del país:
”Se presentó el programa a la comunidad educativa en diversas instituciones.
”Se desarrollaron actividades de capacitación para la formación de sensores juveniles y de multiplicadores del programa en distintas ciudades e instituciones educativas.
”Debido a las experiencias de éxito del programa “Sensores Juveniles”, durante mayo del 2009 se reestructuró y modificó su proceso de implementación, y por ende el contenido de los manuales para el sensor y el coordinador, además de guías de implementación del enlace de prevención y de la institución a cargo del programa.
”De este ejemplo se desprende la necesidad de establecer de manera preventiva una política lineal desde los tres órdenes de gobierno a través de programas y campañas de prevención y orientación a través de distintas dependencias, como son la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, las secretarias de Educación Pública de ambos niveles de gobierno, el Instituto Mexicano de la Juventud, así como los sistemas nacional, estatales y municipales de desarrollo integral de la familia.
”Entre algunos de los objetivos de las campañas de prevención y orientación deben ir encaminadas a concienciar a los jóvenes que de acuerdo a los códigos penales vigentes, el grafiti se encuentra tipificado como delito, así como promover el cuidado de las áreas circunvecinas, para que padres, jóvenes y vecinos sean vigilantes de éstas, incitar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las demás personas y prevenir prácticas vandálicas entre otros.
”Entre el rango de los 14 a los 17 años se encuentran en la mayoría de los grafiteros detenidos, es decir, más del 70 por cierto de los infractores se encuentran en la etapa de la adolescencia por lo que, como ya se ha expuesto, se sugiere que los programas y acciones que implementen participe también el sector educativo.
”El grafiti es un problema que ha crecido en nuestro país, agravar las penas no es la solución por sí sola. La solución está en la prevención y la orientación.
”Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable soberanía la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
”Único. Que las secretarias de Educación Pública y Seguridad Pública federales y estatales, los sistemas nacional, estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia e Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus atribuciones coordinen programas y campañas encaminados a la prevención y orientación para reubicar el grafiti de los lugares no destinados específicamente para ello.”
II. Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras analizaron amplía y cuidadosamente las propuestas y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y coinciden plenamente con los planteamientos formulados por la autora, al tenor de lo siguiente:
El Programa de Promoción de la Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito fue creado para concienciar a la sociedad sobre los beneficios de actuar apegados a la legalidad. El programa de Sensores Juveniles capacita a ciudadanos entre los 18 y 28 años de edad para que puedan detectar conductas de riesgo, así como difundir acciones que coadyuven a la prevención del delito.
Se desprende la necesidad de establecer de manera preventiva una política lineal desde los tres órdenes de gobierno a través de programas y campañas de prevención y orientación a través de distintas dependencias, como son la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, las Secretarias de Educación Pública de ambos niveles de gobierno, el Instituto Mexicano de la Juventud, así como los Sistemas Nacional, estatales y municipales de Desarrollo Integral de la Familia.
Es de señalarse que en la mayoría de las legislaciones penales de las entidades federativas, el grafiti está equiparado con el delito de daños, y sancionado con pena privativa de libertad que puede variar de tres meses a tres años, incluso hay legislaciones que contemplan diez años de prisión y multa pecuniaria estimando la reparación del daño.
El grafiti es un problema que ha crecido en nuestro país, agravar las penas no es la solución por sí sola. La solución está en la prevención y la orientación.
Es necesario que las dependencias de los tres órdenes de Gobierno consideren está problemática y que en caso de que no se tenga contemplado se instrumenten acciones para atenderlo.
En mérito de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura someten a la consideración del Pleno el siguiente:
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Cultura emiten el siguiente
Dictamen
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, y de Educación Pública, así como al Instituto Mexicano de la Juventud para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios instrumenten y coordinen programas y campañas de orientación del grafiti de forma organizada en espacios destinados para ello.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de marzo de dos mil once.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
La Comisión de Cultura
Diputados : Kenia López Rabadán (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica en contra), José Antonio Aysa Bernat, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, José Alberto González Morales (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Reyes Tamez Guerra, María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conacyt a rediseñar la normativa del Sistema Nacional de Investigadores
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conacyt respecto al rediseño de la normatividad que rige el Sistema Nacional de Investigadores.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e, f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las Comisiones que dictaminan presentan a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
Con fecha 19 de octubre de 2010, la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno el punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), respecto al rediseño de la normatividad que rige el Sistema Nacional de Investigadores.
En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite “Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología”.
Contenido
La legisladora propone lo siguiente:
• Exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y para que, en su calidad de presidente y secretario ejecutivo, del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a que promuevan la revisión y actualización de los instrumentos jurídicos y los mecanismos de implementación del SNI, a fin de que este instrumento sea pertinente al contexto actual y a las necesidades presentes y futuras de impulso y desarrollo de la actividad científica y a la investigación.
Consideraciones
Primera. Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México y tiene como meta principal consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país. Para lo anterior es que en 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como mecanismo estratégico de promoción de la actividad científica y la investigación de excelencia.
El Sistema Nacional de Investigadores tiene entre sus objetivos, promover y fortalecer por medio de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como de la innovación, asimismo contribuir a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos altamente calificados, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar social.
Segunda Que es indispensable aprovechar al máximo los recursos humanos especializados con que se cuenta en el Sistema Nacional de Investigadores, a fin de que participen directamente en la estructuración y reordenamiento de acciones y estrategias que impulsen y provoquen el desarrollo y el crecimiento del país mediante la investigación e innovación de tecnologías.
Tercera. Que durante el vigésimo quinto aniversario del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se reunieron los más destacados científicos y tecnólogos del país para discutir y evaluar su funcionamiento, identificando logros y áreas de mejora, en la búsqueda de estrategias alternativas y complementarias que respondan con mayor efectividad a las necesidades actuales.
De acuerdo a dicho proceso de evaluación, se ponderó la necesidad de adecuar la normatividad del SNI de acuerdo con las nuevas políticas de transparencia, evaluación e incentivos. Perfeccionar las políticas y estrategias del Sistema elevaría la calidad de sus tareas que involucran la docencia, la investigación y la innovación y, permitiría proyectar de mejor manera el conocimiento y la capacidad de divulgación de la actividad científica.
Cuarta. Que bajo el firme propósito de ubicar a la ciencia y tecnología en el lugar estratégico que le corresponde, y como promotor del desarrollo social y económico, ésta Comisión pondera la importancia del trabajo productivo de los científicos e investigadores y, de la aplicación de sus conocimientos y experiencia en la atención situaciones que hoy día enfrentamos.
Quinta. Que como sustento de lo anterior cabe señalar que nuestra Constitución Política en su artículo 3º establece la obligación del Estado para apoyar la investigación científica y tecnológica. Asimismo, el artículo 73 otorga facultades al Congreso para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
De igual manera la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 12, establece los principios que rigen el apoyo del gobierno federal para fomentar, desarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal. En este sentido se establece que dichas actividades deben buscar un efecto benéfico en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación y desarrollo de investigadores y tecnólogos.
Particularmente, la fracción VIII del mismo precepto establece que las políticas y estrategias de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán ser periódicamente revisadas y actualizadas.
Sexta. Que de acuerdo a lo anteriormente señalado, se coincide con la propuesta de la promovente, en cuanto a la necesidad de realizar una minuciosa revisión y actualización de los mecanismos que rigen el funcionamiento del Sistema Nacional de Investigadores, cumpliendo así con la tarea de evaluación que establece la Ley, de manera que permita el perfeccionamiento de su implementación y contribuya en la búsqueda de una mayor efectividad de sus resultados e impactos en el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología sometemos a esta soberanía los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta respetuosamente al director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que, con base en las potestades que la legislación correspondiente le asigna, proponga y apoye un proceso de revisión y rediseño de los mecanismos e instrumentos jurídicos bajo los cuales opera el Sistema Nacional de Investigadores.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, como presidente del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigadores, a que coadyuve en el proceso de revisión y actualización de sus instrumentos jurídicos y mecanismos de implementación, a fin de hacerlo coherente con las necesidades presentes y futuras de impulso y desarrollo de la actividad científica y la investigación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
La Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a la Profepa a verificar que las aguas residuales vertidas por empresas cumplan los límites máximos permisibles de contaminación
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 3113, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a coordinar acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y de los mares, presentada por la diputada Cecilia Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 28 de octubre de 2010 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Cecilia Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a coordinar acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y de los mares.
Segundo. En la misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la proposición con punto de acuerdo, la diputada promovente señala su preocupación por la problemática de contaminación que afecta la calidad y limpieza de las playas mexicanas, solicitando que se homologuen los criterios de contaminación con los estándares internacionales.
En vista de lo anterior, la diputada exhorta a lo siguiente:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional del Agua se coordine con los gobiernos de las entidades federativas para realizar acciones de sustentabilidad transversal a fin de mejorar la calidad y limpieza de las playas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios homologue los criterios de contaminación de playas con lo dispuesto en los estándares internacionales. Asimismo, a informar oportunamente a la población cuando se presente un riesgo sanitario en las playas mexicanas.
Tercero. Se hace un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que verifique que las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares cumplen los límites máximos permisibles de contaminantes señalados en las normas oficiales mexicanas y en las diversas disposiciones legales aplicables.
Cuarto. Se pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, una vez realizada la verificación de las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares, entregue un informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Con relación a lo expuesto por la diputada promovente, cabe señalar lo siguiente:
Respecto a la propuesta de la diputada promovente en el sentido de que la Conagua se coordine con los gobiernos de las entidades federativas para realizar acciones de sustentabilidad transversal a fin de mejorar la calidad y limpieza de las playas, es importante mencionar lo que establece el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua:
Artículo 57. Corresponden a la Gerencia de la Calidad del Agua las siguientes atribuciones:
...
III. Llevar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales continentales y costeras a nivel nacional, su preservación, rehabilitación y control, conforme a la información con que cuente la gerencia y a los informes que al respecto le proporcionen los organismos.
Aunado a esto, es de mencionarse que existe a escala federal el Programa de Playas, el cual fue instaurado en febrero de 2003 1 para “proteger la salud de los usuarios y mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales. En dicho programa intervienen las Secretarías de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Turismo (transversal)”.
En este programa se crearon comités locales de playas limpias en los destinos turísticos de Mazatlán, Huatulco, La Paz, Cancún-Riviera Maya, Yucatán, Manzanillo, Tamaulipas, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Jalisco-Nayarit para llevar a cabo, con los resultados de los monitoreos, acciones de saneamiento y limpieza de playas y cauces; y difundir los resultados de los muestreos en cada destino turístico.
Dichos comités están integrados por la autoridad municipal, organizaciones sociales, asociaciones de hoteleros y restauranteros, y otros organismos privados a escala local; por representantes del gobierno estatal y del federal; instituciones académicas locales y nacionales; y organismos operadores del agua.
En esta fase del programa, la responsabilidad fundamental recae en la comunidad local, y sus logros dependerán del nivel de participación de todos los sectores involucrados.
Con lo referido podemos establecer que existe trabajo conjunto entre las dependencias federales y los gobiernos locales.
Con referencia a la solicitud de la diputada promovente respecto a homologar los criterios de contaminación de playas con los estándares internacionales, cabe mencionar que en abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas mediante el esfuerzo conjunto de las Secretarías de Marina, de Medio Ambiente, de Salud, y de Turismo. A lo largo de ese año se logró sistematizar y homogeneizar los monitoreos del agua de mar, de acuerdo con los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud para las aguas de mar de contacto recreativo. 2
Asimismo, en diciembre de 2008, la Semarnat puso en marcha el Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua en Playas Prioritarias con el propósito de garantizar que los usuarios cuenten con información adicional confiable y oportuna sobre la calidad del agua de las playas turísticas prioritarias del país.
Este sistema está diseñado para brindar al usuario información frecuente y actualizada sobre la calidad del agua en las playas consideradas prioritarias, ya que históricamente han presentado al menos un incidente de riesgo sanitario anual entre 2003 y 2007. Actualmente, se incluyen en el sistema 40 playas en 6 estados costeros.
El Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua en Playas Prioritarias no sustituye el monitoreo que, desde 2003, realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud, en el marco del Programa Integral de Playas Limpias, en el que participan también las Secretarías de Marina, de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Respecto a la petición en el sentido de que la Profepa verifique que los vertidos de aguas residuales cumplan los límites máximos permitidos de contaminantes establecidos en la norma oficial mexicana, cabe mencionar que la Conagua se encuentra facultada para verificar que se cumplan los límites vertidos de aguas residuales, como se desprende la NOM-001-SEMARNAT-19996, específicamente en el numeral
6. Verificación
La Comisión Nacional del Agua llevará a cabo muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales, de manera periódica o aleatoria, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la presente norma.
Y visto que parte de las peticiones de la diputada promovente ha queda atendida, esta comisión considera viable exhortar a la Conagua y a la Profepa a verificar en el ámbito de sus atribuciones que las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares cumplan los límites máximos permisibles de contaminación establecidos en la normas oficiales mexicanas aplicables y en los demás ordenamientos. Asimismo, y una vez realizada la verificación publique el informe del resultado de la misma.
De acuerdo con lo expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora legislativa que suscriben el presente se permiten someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar en el ámbito de sus atribuciones que las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares cumplan los límites máximos permisibles de contaminación establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables y demás ordenamientos; asimismo, y una vez realizada la verificación solicitada publique el resultado de la misma.
Notas
1 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_de_Playas_Limpias
2 http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/playas_limpias
3 http://www.semarnat.gob.mx/playas/playas_prioritarias/Paginas/info_play as.aspx
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 17 de marzo de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar programas que garanticen el manejo adecuado y el reciclaje de unicel y demás plásticos de usos comercial e industrial, conforme al Programa Nacional para la Prevención y Gestión de los Residuos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2886, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a hacer cumplir la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos referente al manejo aplicable a productos de consumo que, al desecharse, se convierten en residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos, presentada por la Diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados: Unidos Mexicanos; así como los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 7 de septiembre de 2010 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a hacer cumplir la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos referente al manejo aplicable a productos de consumo que, al desecharse se convierten en residuos peligrosos en particular el unicel y demás plásticos.
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la proposición con punto de acuerdo la diputada promovente señala que la Semarnat debe hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión de riesgos respecto al manejo aplicable a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos en particular el unicel y demás plásticos.
En vista de lo anterior, la diputada exhorta a lo siguiente:
Uno. A hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, referente al manejo aplicable a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos usados en el hogar y la industria.
Dos. A elaborar programas y proyectos que garanticen el manejo adecuado y reciclaje del unicel y demás plásticos de uso comercial e industrial.
Tres. A usar tiempo aire oficial en los medios de comunicación para difundir campañas que den a conocer el riesgo que conlleva el uso de unicel y demás plásticos para el ecosistema.
En relación a lo expuesto por la Diputada Promovente, cabe señalar lo siguiente:
El unicel o poliestireno expansible (EPS) es un material dúctil y resistente a temperaturas bajo cero, pero a temperaturas elevadas, aproximadamente a 88°C, pierde sus propiedades. 1
Debido a ello, y a su bajo coeficiente de conductividad térmica, se utiliza como aislante a bajas temperaturas. Posee poder de amortiguamiento, es decir, permite absorber la energía producida por golpes y vibraciones. Flota en el agua y es completamente inerte a los metales.
Resiste la mayoría de los ácidos, soluciones alcalinas y saladas, sin importar su concentración. También resiste a la temperatura e intemperie, no es tóxico. Sin embargo, no es resistente a solventes orgánicos o aceites minerales.
El EPS es uno de los termoplásticos más versátiles por lo que tiene aplicación en:
- Edificación
- Vivienda
- Industria
- Envases
En México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16 por ciento son de plástico y 2 por ciento de unicel unas 160 000 toneladas de unicel más o menos. 2
Visto lo anterior es importante destacar que el unicel o poliestireno expandido no está considerado como residuo peligroso en la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos.
Artículo 16. La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo
Aunado a lo anterior, la NOM-052-Semarnat-1993 (antes NOM-052-ECOL1993) que es la Norma Oficial Mexicana que establece las características de los residuos peligrosos y listados de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, tampoco contempla al Unicel o Poliestireno como residuo peligroso.
Por lo que el Unicel al no estar contemplado como residuo peligroso, no puede estar sujeto a un plan de manejo, tal y como lo establece la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos
Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:
I. Aceites lubricantes usados;
II. Disolventes orgánicos usados;
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores;
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;
VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;
VIII. Fármacos;
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos;
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos;
XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus derivados;
XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos;
XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol, y
XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes.
La Secretaría determinará, conjuntamente con las partes interesadas, otros residuos peligrosos que serán sujetos a planes de manejo, cuyos listados específicos serán incorporados en la norma oficial mexicana que establece las bases para su clasificación.
Respecto a la petición en donde se solicita la elaboración de programas para el manejo para el reciclaje del unicel, esta comisión estima pertinente se exhorte la Semarnat elabore los mismos, toda vez el manejo incorrecto de los residuos sólidos incide directamente en la degradación ambiental y en la salud pública.
Sirva de sustento lo que se expresa en el Eje Rector 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, denominado “Sustentabilidad ambiental2, donde se plantea el objetivo 12 dedicado a la reducción del impacto ambiental de los residuos.
Lo cual da fundamento al objetivo del que parten los preceptos en los que se sustenta el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012.
Por lo que hace a la petición del uso de tiempos oficiales para las campañas sobre el riesgo que conlleva el uso del unicel, esta Comisión se declara incompetentente, por no ser materia de la misma, sirva como fundamento la Ley Federal de Radio y Televisión:
Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Por lo anterior, se considera necesario exhortar a la Semarnat para que elabore los programas que garanticen el manejo adecuado y reciclaje del unicel y demás plásticos de uso comercial e industrial, acorde con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión de los Residuos.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Semarnat para que elabore los programas que garanticen el manejo adecuado y reciclaje del unicel y demás plásticos de uso comercial e industrial, acorde con el programa nacional para la prevención y gestión de los residuos.
Notas
1 http://www.aniq.org.mx/cipres/clasificacion.asp
2 http://ecoblog.com.mx/el-unicel-y-sus-peligros/
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Diputados el día de Marzo de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo acciones tendentes a proteger el entorno natural de la zona boscosa y los cerros que forman la cuenca entre El Cedro, Calderones y Pozuelos, en el municipio de Guanajuato
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3518, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lleve acabo las acciones tendentes a preservar el ambiente natural representativo del área ecológica y el ecosistema de las superficies comprendidas en diversos cerros del estado de Guanajuato, presentada por la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputado, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2010 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal la intervención de la Semarnat a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones tendientes a preservar el ambiente natural representativo del área ecológica y el ecosistema de una superficie de aproximadamente 42 hectáreas comprendidas entre los cerros de El Hormiguero, La Bufa, Los Picachos y Los Lomeríos.
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la proposición con punto de acuerdo la promovente señala la problemática que actualmente presenta el cerro de La Bufa, en el estado de Guanajuato, en virtud del cambio de uso de suelo que autorizó el ayuntamiento del estado, lo cual conlleva a una grave afectación ambiental.
En vista de lo anterior, la diputada exhorta a lo siguiente:
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal la intervención de la Semarnat a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones tendentes a preservar el ambiente natural representativo del área ecológica y el ecosistema de una superficie de aproximadamente 42 hectáreas comprendidas entre los cerros de El Hormiguero, La Bufa, Los Picachos y Los Lomeríos, que conforman la cuenca entre El Cedro, Calderones y Pozuelos de la ciudad y municipio de Guanajuato, conocido como predio granja La Bufa de la antigua fracción de la ex hacienda La Yerbabuena, municipio de Guanajuato, a fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, el aprovechamiento sustentable del ecosistema y sus elemento s, proteger las montañas donde se origina el ciclo hidrológico, así como las demás que tiendan a la salvaguarda de los elementos circundantes con los que se relaciona ecológicamente el área, proteger el entorno natural de la zona y los cerros como monumentos naturales emblemáticos de la cultura e identidad de los guanajuatenses.
En relación con lo expuesto por la promovente, cabe señalar lo siguiente:
Es de destacar en primer término que la ciudad de Guanajuato es considerada como patrimonio de la humanidad desde 1988 por la UNESCO.
Los cerros La Bufa y El Hormiguero pertenecen, dentro de la orografía de Guanajuato, a la sierra de ese estado.
Y justamente dentro de la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago se encuentran La Bufa y El Hormiguero, y corresponden a la cuenca Lerma-Salamanca que drena una superficie mayor a los 10,000 kilómetros cuadrados dentro de la zona centro y sur del estado.
Haciendo patente que las zonas con recursos hídricos más vulnerables al cambio climático, es la región centro del país y la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
El clima del estado de Guanajuato es variable pues al norte tiene un clima semiseco templado (seco estepario), y al sur una zona de clima semicálido subhúmedo. La zona de transición entre estos dos climas es una zona de amortiguamiento, lo que hace de ella una zona vulnerable al cambio climático
En esta área se localizan zonas de reforestación con eucaliptos y casuarinas y zonas de chaparral con gran abundancia de matorrales y pastos. No existen zonas de desarrollo agrícola.
Siendo muy rica en biodiversidad, pues hay especies vegetales y animales en peligro de extinción, además de microorganismos que ayudan a regenerar el suelo”. “En lo que se refiere a la vegetación, la cual está caracterizada por pertenecer a un sistema árido y semiárido con vegetación nativa, era posible apreciarla en áreas bien conservadas de la vegetación original que era de selva baja caducifolia. 1
La importancia de la zona de La Bufa y Los Picachos radica en que estas prestan invaluables servicios ambientales a la ciudad capital, toda vez que es un importante espacio para la captación de agua y la regulación de clima.
Visto lo anterior, podemos establecer que la problemática con esta zona inició el 13 de Julio de 2010, cuando el ayuntamiento de Guanajuato cambió el permiso de uso de suelo de casi 50 hectáreas de área considerada de preservación ecológica.
Con ello, la zona de los cerros de Los Picachos, El Hormiguero y La Bufa perderían su vocación de área natural y ecológica para que pueda construirse un complejo habitacional, un hotel y un centro comercial.
La urbanización de la zona podría no sólo significar un golpe contra la naturaleza, sino que podría ocasionar desgracias de niveles catastróficos, por obstruir el paso de los torrentes que bajan por las laderas de las montañas con las lluvias, sin contar derrumbes de los puntos rocosos.
Viene a robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, lo establecido en el artículo 2° del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:
Artículo 2o. Para los efectos del presente reglamento, además de la terminología contenida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por:
I. a XIL. ...
XL. Vegetación forestal de zonas áridas, aquélla que se desarrolla en forma espontánea en regiones de clima árido o semiárido, formando masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como cualquier otro tipo de vegetación espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipitación media anual inferior a 500 milímetros.
Asimismo es necesario tomar en cuenta las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:
Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. a XLIV. ...
XLV. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales.
...
Características con las que cumple el cerro La Bufa, por lo que concatenado a esto se esta transgrediendo lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Titulo Quinto, Capitulo Primero que al tenor establece:
Artículo 117. “La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y con base en estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo”.
Con ello podemos establecer que el dictamen emitido por el ayuntamiento es irregular, toda vez que este no contaba con las facultades para autorizar cambio de uso de suelo, en virtud de que en este caso especifico, las características del cerro de la bufa se encuentran contempladas en ordenamientos federales, siendo por ende de competencia federal y no municipal.
Por lo anterior, se considera necesario exhortar a la Semarnat para que en ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones tendientes a proteger el entorno natural de la zona y los cerros que conforman la cuenca entre El Cedro, Calderones y Pozuelos de la ciudad y municipio de Guanajuato.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora Legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Semarnat para que, en ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones tendentes a proteger el entorno natural de la zona boscosa y los cerros que conforman la cuenca entre El Cedro, Calderones y Pozuelos, de la ciudad y municipio de Guanajuato.
Notas
1 http://rescatandolospicachos.wordpress.com/2010/10/11/la-sierra-de-guan ajuato-en-nuestra-vida-diaria
2 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/01/26/la-bufa-de sata-conflicto-social/
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 17 de marzo de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastacio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar estudios técnicos justificativos para que el humedal La Lagunita El Naranjo, en Ensenada, Baja California, sea declarado área natural protegida
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3722, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad realice las gestiones conducentes a fin de que se decrete área natural protegida, el humedal la lagunita El Naranjo, en Ensenada, Baja California.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 15 de diciembre del 2010, el diputado César Mancillas Amador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, realice las gestiones conducentes a fin de que se decrete área natural protegida el humedal la lagunita El Naranjo, en Ensenada, Baja California.
Segundo. Con fecha 13 de enero de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El presente Dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado César Mancillas Amador, quien expone en su punto de acuerdo la importancia de considerar las características únicas con que cuenta la laguna de El Naranjo, conformado como un cuerpo de agua dulce por acumulación de escurrimientos estacionales de agua de lluvia de los lomeríos colindantes, al señalar que su basamento limo-arcilloso le da la característica de ser impermeable y evitar la intrusión de la cuña salina del agua de mar en esa región.
De esta manera, la laguna El Naranjo, cuenta con una cantidad importante de especies de vida silvestre, entre las que se ubican una gran cantidad de aves residentes y migratorias, que encuentran en ese lugar refugio, alimento y condiciones propicias para su anidación.
En este sentido, es también de mencionar por parte del diputado promovente, la cantidad de especies que arriban de otras partes del mundo a la Laguna durante el invierno, como aves migratorias que provienen de Estados Unidos América y Canadá, de las cuales, 17 se encuentran registradas bajo categoría de conservación, en términos de la NOM-059-ECOL-2001, además de algunos reptiles y otras especies de mamíferos y aves de tránsito y acuáticas que habitan el lugar.
Asimismo, se resalta la importancia de ese cuerpo de agua, como humedal, que además no se encuentra aislado, pues forma parte de un complejo natural de pequeños humedales diseminados por la franja costera noroccidental de Baja California.
Estos humedales, ofrecen importantes servicios ambientales, por ser sitios de retención de agua dulce que regulan inundaciones, son reservorios de diversidad biológica y poseen un importante valor cultural y económico.
Se refiere también que en el caso particular de la Laguna, su riqueza sobresale debido a que es un ecosistema que se encuentra inmerso en la zona urbana de Ensenada, por lo que, no obstante contribuir a la educación para la conservación de otras zonas naturales y ser un gran atractivo turístico, este ecosistema, se encuentra fuertemente amenazado por la presión del crecimiento urbano y las implicaciones que esto conlleva, por lo que se han realizado diversas gestiones por parte de diferentes autoridades a fin de que el humedal sea declarado como Área Natural Protegida.
En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:
Único. Esta soberanía hace un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se realicen las gestiones conducentes a fin de que el humedal la lagunita El Naranjo en Ensenada, Baja California, sea decretada Área Natural Protegida .
En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis:
El municipio de Ensenada en el estado de Baja California, es el más grande en extensión territorial a nivel nacional, conformado por un complejo sistema de sierras y diversos valles, entre los que figuran el de San Quintín, Guadalupe, El Rosario y Ojos Negros, entre otros.
En ese municipio, no se cuenta con ríos, sólo existen algunos arroyos con escurrimientos de aguas broncas, que se a crecentan en el verano con el volumen pluvial de la región, amén de que el mismo, sólo cuenta con tres cuerpos de agua importantes, a decir, Laguna Escondida, la Presa Emilio López Zamora, alimentada por el arroyo de Valle Verde, con una capacidad de almacenamiento de 3,000,000 de metros cúbicos. El tercer cuerpo de agua que existe en el lugar, y que prevalece por su importancia ecológica, es La Lagunita, o tal y como lo refiere el diputado promovente, Lagunita El Naranjo. 1
En los últimos años, la urbanización de las costas en Baja California, se ha impulsado de manera considerable por parte de los desarrollos inmobiliarios, provocando con ello una falta de equilibrio por los fuertes procesos de transformación hacia los espacios ubicados en colindancia con el mar, por lo que los instrumentos jurídicos, políticos y de la administración pública en sus tres órdenes, se han visto rebasados en su intento por contener este acelerado crecimiento.
No obstante lo anterior, una ciudad como Ensenada, que cuenta con el tipo de naturaleza costera que ahí existe, le proporciona un espacio abierto de suma importancia, que tiene además valores agregados que le otorgan mayor riqueza, a decir; el mar, los humedales, las playas, y la flora y fauna del lugar. 2
Debido a la riqueza de biodiversidad marina que habita en el Municipio de Ensenada, se encuentran áreas que han sido consideradas como espacios de importancia para la conservación, dentro de los cuales se ubica a la lagunita El Naranjo, que actualmente tiene la categoría de zona de reserva ecológica, declarada mediante acuerdo de cabildo, de fecha 7 de marzo de 2003.
Debido a que la Laguna es de los pocos cuerpos de agua dulce con que se cuenta en el lugar, y dada la presión que el crecimiento de la zona urbana ejerce sobre los espacios naturales, es fundamental garantizar su conservación. 3
Asimismo, la laguna El Naranjito, funge como humedal costero. Los humedales costeros, no pertenecen a los ecosistemas terrestres, ni costeros como tal, pero comparten rasgos de los dos, lo que les permite proveer servicios ambientales, tales como la defensa de inundaciones en los lugares en los que se tiene la suerte de contar con ellos, pues biológicamente son considerados como los ecosistemas de mayor riqueza natural existentes. 4
En este sentido, se sabe también que estos complejos sistemas, proporcionan un hábitat único para una amplia variedad de flora y fauna. Son además, una fuente de transformadores químicos y biológicos que contribuyen a la depuración de aguas contaminadas, estabilizando el suministro de ese importante recurso, contribuyen a la recarga de acuíferos y a la protección de litorales, siendo reconocidos como sumideros de carbono, lo que permite la estabilización del clima a escala global.
Del mismo modo, esos servicios ambientales que estos ecosistemas ofrecen, se ha tomado cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de mantener y conservar los humedales, dado, como ya se hizo mención todos los beneficios ambientales que los mismos ofrece, ya que tienen además la función de restauración de áreas costeras ya degradadas. 5
Los cambios hidrológicos constituyen uno de los principales factores para la afectación de los humedales. Ésta se determina por el nivel de agua que contienen estacionalmente y la profundidad y el tiempo de inundación que tienen por períodos determinados, afectando de manera sustancial la composición de los suelos en esos ecosistemas, así como la composición de las especies que ahí habitan, además de los procesos metabólicos que permiten la salida y entrada de materiales en los laterales de esos importantes sistemas naturales.
En este sentido, es de señalar que las actividades antropogénicas, aunadas a los fenómenos naturales, han propiciado la modificación de la hidrología, principalmente en las zonas tropicales, lo cual afecta indirectamente a los humedales, pues éstos se encuentran fuertemente ligados a las condiciones de las cuencas de las que reciben sus nutrientes, a través de los escurrimientos de agua que permiten su existencia, lo que hace que la conservación de estos espacios, dependa en gran medida de los planes de manejo de las cuencas que alimentan a los humedales, por lo que su degradación está determinada por los mismos factores que degradan esas cuencas. 6
Para garantizar la conservación de los ecosistemas que cuentan con condiciones de riqueza natural y de biodiversidad importante, como el caso de los humedales, ha sido creado el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene como prioridad la conservación de la biodiversidad, a través de herramientas jurídicas y técnicas que garanticen la delimitación de las mismas, sus zonas de amortiguamiento, y la gestión eficaz que otorgue un régimen de protección que contemple los recursos naturales, históricos y culturales de los territorios considerados con ésta categoría. 7
En este sentido, y dado que La Laguna de El Naranjito, comparte las condiciones de deterioro propias de las grandes zonas urbanas, como es el caso de Ensenada, la importancia de generar condiciones que permitan y aseguren su conservación, se acentúa de manera considerable.
Por lo anterior, esta Comisión coincide con el diputado promovente, en exhortar a la Semarnat a que realice los estudios técnicos justificativos para proponer al Ejecutivo federal que el humedal la lagunita El Naranjo pueda ser decretado como área natural protegida; asimismo, a solicitarle la urgente protección con cercos naturales, para delimitar dicha área, esto debido al crecimiento de la mancha urbana.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios técnicos justificativos para proponer al Ejecutivo federal que el humedal la lagunita El Naranjo en Ensenada, Baja California, sea declarada área natural protegida.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la urgente protección, con cercos naturales, para delimitar el área del humedal la lagunita El Naranjo, en Ensenada, Baja California.
Notas
1 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Baja California, Ensenada. Para su consulta en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/bajacalifornia/municip ios/02001a.htm.
2 Para su consulta en http://www.imipens.org/IMIP_files/EST-ESP-ABI-FRENTE-MAR.pdf pág. 1.
3 Localización de la Industria en Ensenada, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada y Fortalecimiento Institucional del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Para su consulta en http://www.imipens.org/IMIP_files/LOCINDUSEDA.pdf.
4 La gestión ambiental en México. Semarnat. Página 217.
5 “Esquema de clasificación de los humedales en México”. Boletín del Instituto de Geografía , UNAM. Boletín 66, 2008, página 26. Para su consulta en: http://www.ejournal.unam.mx/rig/RIG066/RIG000006602.pdf.
6 Los humedales en México, tendencias y oportunidades. Patricia Moreno Casasola. Página 11. Para su consulta en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8838/1/cuadbiod28_02.pdf.
7 Áreas Naturales Protegidas. Cecilia García Chavelas. Para su consulta en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/87/trb/trb8.pd f.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Diputados, el 17 de marzo de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Conagua a evaluar el efecto que la participación de los productores usuarios de riego ha mostrado en el desarrollo de la agricultura bajo riego, el cumplimiento de los compromisos que ésta tiene con la administración del agua y el mantenimiento y la construcción de infraestructura y preservación de los recursos en cada cuenca o distrito de riego
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a evaluar el efecto que la participación de los productores usuarios de riego ha mostrado en el desarrollo de la agricultura bajo riego, el cumplimiento de los compromisos que ésta tiene con la administración del agua, y el mantenimiento y la construcción de infraestructura y preservación de los recursos en cada cuenca o distrito de riego.
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I, 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
Con fecha 17 de febrero del 2011, el diputado federal Enrique Castillo Ruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometió a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conagua a evaluar el efecto que la participación de los productores usuarios de riego en el desarrollo de la agricultura bajo riego, el cumplimiento de los compromisos que éstos tienen con la administración del agua, y el mantenimiento y la construcción de infraestructura y preservación de los recursos en cada cuenca o distrito de riego.
En esa misma fecha se turno a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su posible dictaminación.
II. Consideraciones
I. Conforme al artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, publicado según decreto de diciembre de 1992, cuyo objeto tiene el de regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr el desarrollo integral sustentable. Éste apartado de la Ley, regula todas las actividades relacionadas con las aguas nacionales que se encuentran en lo superficial y en el subsuelo de México, además de establecer que su administración y vigilancia es responsabilidad del gobierno federal a través de la Conagua, entre muchos otros tiene como mandato el manejo y uso eficiente del agua; en el artículo 3 se define que la Conagua, entrega los títulos de concesión, uso o aprovechamiento de agua por un tiempo no menor de 5 años y no mayor a 50 años, también reconoce la figura de concesionario o asignatario a diversas personas físicas o morales, tales como individuos, ejidos, las comunidades, asociaciones sociedades y demás instituciones a las que la ley reconozca personalidad jurídica; conforme al artículo 5o. de la Ley de Aguas Nacionales, el gobierno federal debe buscar la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y municipios, así como con los usuarios y particulares que tengan que ver con el manejo, uso y administración del agua, con el mantenimiento y construcción de su infraestructura.
Para facilitar esta coordinación con los diferentes niveles de gobierno en el artículo 13 de dicha ley, se contempla la creación de los Consejos de Cuenca, que sirven como unidad de enlace entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias federales, estatales y municipales, con el propósito de fijar las políticas de administración del agua, infraestructura y preservación de los recursos dentro de cada cuenca.
En el artículo 14 de la ley, se establece que la Conagua acreditará, promoverá y apoyará la organización de los usuarios para elevar el aprovechamiento, la preservación y control de calidad de las aguas, así como promover su participación a nivel estatal, regional o de cuenca.
En las cuencas se plantea la organización de los usuarios del agua en unidades de riego a efecto de atender su propia problemática, pero también pueden organizarse en una estructura mayor, como distritos de riego, figura que atiende las necesidades de la infraestructura de riego necesaria para que todas las unidades de riego funcionen de manera armónica y cumplan con los propósitos para los cuales han sido creados.
En el capítulo IV, articulo 30, se menciona al Registro Público de Derechos de Agua como el instrumento de registro de todos los concesionarios o asignatarios que se les otorgó un titulo de concesión para el uso de explotación, uso o aprovechamiento del agua, todo bajo la administración de la Conagua, donde se incluyen los documentos de permisos, prorrogas, suspensiones y terminación de asignaciones o concesiones.
II. La transferencia de los distritos de riego en la década de los años 90 por el gobierno federal a los usuarios, arrojó la cifra y la formación de 450 asociaciones civiles y 11 sociedades de responsabilidad limitada, lo cual permitió conformar 85 distritos de riego, para una superficie total de riego de 6.4 millones de hectáreas. de los cuales; 3.5 millones de hectáreas cuentan con infraestructura de riego, en beneficio de 550 mil usuarios; el resto del área de 2.9 millones de hectáreas en 45 mil unidades de riego, con 470 mil usuarios, no cuentan con infraestructura de riego.
La problemática que sufre la agricultura de riego en el país, se debe principalmente a:
• Falta de personal técnico.
• Falta de asistencia técnica a los usuarios.
• Escasez de recursos para la rehabilitación y modernización de la infraestructura. (se estima que el 60 % de la infraestructura de riego del país ya cumplió su ciclo).
• Problemas de organización y tecnologías de la información para los usuarios.
• Falta y discrecionalidad de aplicación de los recursos asignados al sector.
III. Producto de los cambios y transformaciones que ha sufrido el campo mexicano derivado de la globalización, donde parte de este sector hídrico, que antes administraba el estado, hoy se ceden a particulares o se concesionan, la Ley de Aguas Nacionales impulsa la organización, concesiona los volúmenes de agua y transfiere la infraestructura, así como también su operación y funcionabilidad, sin embargo, es común observar pobres niveles de eficiencia en la conducción y manejo del agua, opacidad en el manejo de los recursos, abandono de maquinaria y equipo, falta de mantenimiento y conservación de la infraestructura disponible donde en su mayoría predomina el riego por gravedad. Es Fundamental para llevar acabo el uso sustentable y eficiente del agua en México, mediante la realización de una planeación integral a diferente escala, nacional, regional-cuenca-acuífero, distrito o unidad de riego y desde luego a nivel parcela, ya que son múltiples los factores que limitan llevar a cabo una agricultura de precisión en nuestro país, por ello y derivado de los márgenes de productividad que una hectárea de riego tiene, respecto a una de temporal (cuatro veces más productiva); es fundamental que los usuarios con superficies de riego en sus diferentes modalidades, ya sea a través de pozos, presas de almacenamiento, derivaciones, manantiales, plantas de bombeo sobre ríos, etcétera, cambien radicalmente los paradigmas tradicionales para permitir hacer más eficiente el uso de los recursos que deriven en un uso sustentable y eficiente del agua en México. Así mismo, los Consejos Directivos de las Asociaciones de Usuarios deben de dar cumplimiento a las tres grandes responsabilidades: Administración, Operación y Conservación y Mantenimiento.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
III. Acuerdos
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a publicar los ingresos que obtienen por el pago de agua en bloque, de parte de las Asociaciones de Usuarios del Agua de riego, así mismo publicar las fechas de reintegro del recurso a los usuarios.
De igual manera, publicar los ingresos que obtienen las asociaciones de usuarios por cobro de cuotas de agua y/o autosuficiencia.
Segundo. Se difunda en su portal oficial la relación detallada de las tarifas por pago de agua a través de cuotas de recuperación que aplican las asociaciones de usuarios del agua en el país.
Tercero. Se realice una evaluación seria y actualizada, sobre el impacto que ha tenido la participación de los productores usuarios de riego, en el desarrollo de la agricultura bajo riego; de igual modo, sobre el cumplimiento de los compromisos que tienen las asociaciones de usuarios de agua con la administración del agua, así como lo relativo al mantenimiento y construcción de infraestructura, uso eficiente del agua y la preservación de los recursos dentro de cada cuenca o distritos de riego.
Cuarto. Se precise la inversión realizada por cada una de las asociaciones de usuarios del agua para riego agropecuario, destinada a la operación, conservación, modernización y tecnificación de la infraestructura de riego agrícola, incluyendo por supuesto la aportación federal.
Quinto. Se difunda en su portal oficial, los padrones de todos los concesionarios o asignatarios a quienes se les otorgue un título de concesión para el uso de explotación, uso o aprovechamiento del agua para riego agrícola, donde se incluyan los documentos de permisos, prórrogas, suspensiones y terminación de concesiones o asignaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo del año 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat y a diversas autoridades locales y municipales de Jalisco a realizar obras de entubamiento del cauce del río Atemajac, en Guadalajara, y tratamiento de las aguas residuales municipales
Honorable Asamblea :
A la Comisión de Recursos Hidráulicos fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar obras de entubamiento del cauce del río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, y el tratamiento de las aguas residuales municipales previo a su descarga al cuerpo receptor.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar y dictaminar la citada proposición con punto de acuerdo, y procede, en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes
I. Antecedentes
Primero . En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 01 de diciembre de 2009, la diputada Clara Gómez Caro, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar obras de entubamiento del cauce del río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, y de tratamiento de sus aguas residuales.
Segundo . En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos”.
Recibido el asunto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, procedimos al estudio del siguiente
II. Contenido de la proposición
La diputada proponente señala que el río Atemajac recibe aguas residuales de tipo municipal de la zona metropolitana de Guadalajara, y desemboca en el río Santiago, en el área de la Barranca de Huentitán, contaminando el ecosistema natural, la flora y la fauna silvestres.
Refiere que el gobierno del estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan han desarrollado un proyecto que comprende el entubamiento de una parte del río Atemajac en los municipios de Zapopan y Guadalajara; sin embargo, en la parte del río comprendida entre la calle Federalismo y la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, de 2 mil 796 metros de longitud, aproximadamente, las aguas contaminadas seguirán corriendo al aire libre, pues el entubamiento de este tramo no está considerado en proyecto federal, estatal o municipal alguno.
Según la proponente, el tramo desatendido comprende seis colonias del municipio de Guadalajara, cuyos 35 mil habitantes padecen diversas enfermedades ocasionadas por la lamentable contaminación del río, su exposición a cielo abierto y el incremento incesante de las descargas de aguas residuales provenientes del sistema de drenaje municipal.
Asevera que la solución del problema es urgente para restituir y preservar la salud de la población, así como para fortalecer la sustentabilidad de zona metropolitana de Guadalajara.
Con base en lo anterior, la diputada Clara Gómez Caro propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que realicen las obras de entubamiento del río Atemajac en la superficie aludida en las consideraciones, con la finalidad de proteger a los habitantes de las precitadas colonias del Municipio de Guadalajara quienes, se reitera, sufren afectación en su salud y bienestar por las aguas residuales expuestas al aire libre.
Segundo . Que se exhorte a la Secretaría y Comisión aludidas a fin de que realicen las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac, reciban el tratamiento adecuado para que el ecosistema, los lagos, lagunas, ríos y mar costero, no se vean afectados por estas descargas.
Tercero . Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ingrese urgentemente a sus programas de atención a la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco, para salvaguardar la flora y fauna de este ecosistema.
Analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes
III. Consideraciones
Esta comisión dictaminadora estima válidos los motivos expuestos por la diputada Clara Gómez Caro, en los cuales se manifiesta una problemática que requiere de la atención inmediata por los tres órdenes de gobierno.
En efecto, consideramos que si en el proyecto de rehabilitación de la Avenida Patria, los gobiernos del estado de Jalisco y del municipio de Zapopan, contemplan el entubamiento de una parte del río Atemajac, en beneficio de un sector importante de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara, bien valdría que el exhorto planteado por la Proponente, se hiciera extensivo a dichas autoridades para que, conjuntamente con el gobierno federal y el ayuntamiento de Guadalajara, incorporaran en el mismo proyecto, o en un proyecto paralelo y complementario, las obras de entubamiento del río Atemajac, en el tramo de 2 mil 796 metros que, de quedar a cielo abierto, sus aguas contaminadas seguirán siendo un grave problema de insalubridad, en detrimento directo de la calidad de vida de los 35 mil habitantes de las colonias: “Villas Alcalde”, “Santa Elena Alcalde”, “Santa Elena”, ”Autocinema”, “Santa Elena de la Cruz” y “División del Norte”, en el municipio de Guadalajara.
Así, consideramos que la solución al problema que representa el río contaminado y a cielo abierto, debe ser integral y atender con equidad a dos sectores de la sociedad, cuya desigualdad socio-económica no diferencia el grado de afectación de que son objeto uno y otro.
Por ello, estimamos necesario modificar la redacción de los resolutivos del punto de acuerdo propuesto, para precisar las autoridades competentes sujetos del exhorto, y darle claridad al objeto del mismo.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua; al gobierno del estado de Jalisco, y al ayuntamiento de Guadalajara a que, de manera conjunta y en ejercicio de sus respectivas atribuciones, realicen las obras de entubamiento del río Atemajac, en el tramo de 2 mil 796 metros de su cauce, comprendido entre la calle Federalismo y la central hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías”, con la finalidad de proteger a los 35 mil habitantes de seis colonias del Municipio de Guadalajara, quienes son afectados en su salud y bienestar por la exposición, a cielo abierto, de las aguas contaminadas de dicho cuerpo de aguas nacionales.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Jalisco, y a los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, a que, de manera conjunta y en ejercicio de sus respectivas atribuciones, realicen las obras necesarias para que las aguas residuales de los sistemas de drenaje municipales reciban el tratamiento adecuado antes de ser descargadas al río Atemajac, a fin de proteger de la contaminación a los ecosistemas vinculados.
Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en sus programas de atención para salvaguardar la flora y fauna de ecosistemas, incorpore urgentemente la Barranca de Huentitán, Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agúndiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, así como a la Comisión Nacional del Agua, a indemnizar a los afectados por el abastecimiento de agua del río Cutzamala a la zona metropolitana
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado México, así como a la Comisión Nacional del Agua, a indemnizar a los afectados por el abastecimiento de agua del río Cutzamala a la zona metropolitana.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar y dictaminar la citada proposición con punto de acuerdo, y procede, en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 10 de noviembre de 2009, el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal, y del estado México, así como a la Comisión Nacional del Agua, a indemnizar a los afectados por el abastecimiento de agua del río Cutzamala a la zona metropolitana.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos”.
Recibido el asunto, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, procedimos al estudio del siguiente
II. Contenido de la proposición
El diputado proponente expone que el río Cutzamala es la fuente de abastecimiento de uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo; cuenta con 162 kilómetros de extensión, transporta aproximadamente 480 hm3 de agua anualmente, los que abastecen a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que comprende al Distrito Federal con 45.9 por ciento del agua suministrada, estado de México, con 49.28 por ciento y estado de Hidalgo con 4.82 por ciento.
Señala que la gran demanda del vital liquido para abastecer a la zona metropolitana, el deterioro del Sistema Cutzamala y la escasez de lluvia, han disminuido los mantos freáticos de la zona del río, en un 40 por ciento, reduciendo la disponibilidad de agua para atender las demandas locales de las comunidades dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, asentadas a lo largo del Cutzamala, en los municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, San Lucas, Huetamo de Núñez, Tiquicheo y Luvianos, entre otros que conforman la región de tierra caliente.
Refiere que se trata de grupos sociales que padecen una prolongada crisis productiva, a causa de la escasez de agua derivada del abastecimiento a la zona metropolitana; asimismo, afirma que al atender la necesidad de agua del gran conglomerado urbano, se afecta a un sector de la sociedad rural, inhibiendo su desarrollo y amenazando su supervivencia.
Según el proponente, los habitantes de las ciudades beneficiadas consideran que el agua es un derecho y, por tanto, lo exigen; por su parte, los habitantes de las zonas afectadas o de captación consideran la explotación como un despojo, lo cual es alarmante, porque el acceso al agua, es fundamental para la subsistencia de otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
Finalmente, manifiesta su preocupación por el acceso al agua para todos, como un derecho fundamental para garantizar la salud, los productos del campo y asegurar la supervivencia de los pueblos asentados a lo largo del río Cutzamala; por lo cual, propone exhortar a los Gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, así como a la Comisión Nacional del Agua, a facilitar los recursos económicos mediante indemnizaciones hacia las personas afectadas para que les permitan a dichas comunidades planificar y ejercer sus actividades económicas para reactivar la economía rural, y que precisen las medidas necesarias para el mayor desarrollo de las comunidades que son afectadas con el abastecimiento de agua que requiere la zona metropolitana.
Analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
Esta comisión dictaminadora estima válida la preocupación del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, por atender la crisis productiva que padecen las comunidades dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, asentadas a lo largo del río Cutzamala.
Sin embargo, esta comisión dictaminadora no cuenta con los elementos necesarios para determinar los tipos y grados de afectación, específicos, de los cuales pudieran ser objeto los supuestos productores afectados.
Desde luego, reconocemos el derecho constitucional y legal de toda persona física o moral, a explotar, usar o aprovechar aguas nacionales, siempre que cuente con la concesión correspondiente expedida por la autoridad del agua, en la que se establezcan el derecho a utilizar un volumen determinado del recurso y las condiciones a que se sujeta su ejercicio.
En el supuesto de que dicha crisis derivare de la falta de disponibilidad de agua en la región, como consecuencia del suministro del recurso hídrico que, a través del Sistema Cutzamala, se realiza para la atención de diversas necesidades en los estados de México y de Hidalgo, así como en el Distrito Federal, consideramos indispensable exhortar a las autoridades competentes de los órdenes de gobierno federal y estatal, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias, realicen los estudios necesarios para determinar:
1. Los casos en que los usuarios de aguas nacionales en la región del río Cutzamala, cuentan con la concesión correspondiente y, en el supuesto, si se ha imposibilitado la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes autorizados;
2. Los casos en que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se realiza de manera clandestina, y
3. El deterioro del entorno ecológico, consecuencia del abastecimiento al Sistema Cutzamala y, en su caso, los daños que inciden directamente en perjuicio de las comunidades afectadas, entre otras definiciones que las autoridades involucradas estimen pertinente para el reconocimiento de las afectaciones existentes, en su caso.
Consideramos también procedente exhortar a las mismas autoridades, para que, con base en los resultados de los estudios realizados, determinen los daños y perjuicios ocasionados a los productores agropecuarios de la región, así como la forma y términos de su reparación y, en su caso, los montos de las indemnizaciones procedentes y los plazos para su cumplimentación.
De tal manera, esta comisión dictaminadora estima necesario modificar los términos del punto de acuerdo propuesto por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, para adecuarlo a las consideraciones vertidas, precisando las autoridades competentes sujetos del exhorto, y darle claridad al objeto del mismo.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua; al Gobierno del estado de México, y al Gobierno del Distrito Federal, a que, de manera conjunta y en ejercicio de sus respectivas atribuciones, realicen los estudios y acciones necesarios para
1. Determinar los daños y perjuicios ocasionados a los productores agrícolas y ganaderos de las comunidades asentadas a lo largo del río Cutzamala, con motivo del suministro de agua al Distrito Federal y el estado de México, a través del Sistema Cutzamala;
2. Acordar la forma y términos para la reparación de los daños y perjuicios determinados y, en su caso, los montos de las indemnizaciones procedentes y los plazos para su cumplimentación, y
3. Acordar y formalizar un programa con los lineamientos para el cumplimiento de las acciones de reparación del daño y, en su caso, del pago de indemnizaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 de marzo de 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agúndiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al director general de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que reforme las Reglas de Operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal instruya al director general de la Comisión Nacional del Agua, a reformar las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la proposición de punto de acuerdo descrita, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. Con fecha 27 de septiembre de 2010, el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, en uso de sus facultades, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal instruya al director general de la Comisión Nacional del Agua, a reformar las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, con la finalidad de que las comunidades rurales del país con población menor o igual a 2,500 habitantes, consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de este programa.
2. Ese mismo día, los diputados Óscar Javier Lara Aréchiga, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Violeta Avilés Álvarez, José Antonio Yglesias Arreola, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Alberto Jiménez Merino, José Manuel Marroquín Toledo, Francisco Javier Orduño Valdez, Ramón Merino Loo, Héctor Franco López, Rolando Zubia Rivera, Aarón Irízar López, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Edgardo Melhem Salinas, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Jorge Venustiano González Ilescas, Margarita Liborio Arrazola, Benjamín Clariond Reyes Retana, José Ignacio Pichardo Lechuga, Jorge Rojo García de Alba, Teófilo Manuel García Corpus firmaron la referida proposición que nos ocupa.
3. Con fecha, 6 de octubre de dos mil diez, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a la Comisión de Recursos Hidráulicos para estudio y dictamen.
II. Contenido de la proposición
La proposición con punto de acuerdo en estudio por esta dictaminadora se propone solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal para que, por medio del director general de la Comisión Nacional del Agua, reforme las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, con la finalidad de que las comunidades rurales del país con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes, consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de este programa, para lo que se requiere adecuar las reglas de operación y modificar el porcentaje y forma de aportación que les corresponde a los municipios, para quedar este en una aportación de 20 por ciento y 80 por ciento la federación, pudiendo los municipios hacer su aportación con mano de obra y materiales de la región.
III. Consideraciones
1. La provisión de los servicios de agua potable y de saneamiento es un elemento fundamental para la salud de la población, especialmente la infantil. El acceso a estos beneficios es factor crucial para reducir la mortalidad entre la población, especialmente la menor de cinco años, así como en la disminución de enfermedades de transmisión hídrica entre las que se encuentran la hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería, entre otras letales para la salud. Sin embargo, es necesario destacar que actualmente cerca de 3 millones de habitantes en alrededor de 12 mil comunidades, con menos de 2 mil 500 pobladores continúan sin recibir estos servicios, cuya población registra elevados índices de pobreza y marginación.
2. El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales que aplica el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, tiene como objetivo apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada para beneficiar a comunidades con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes, siendo estas, localidades que requieran de más apoyo técnico y económico para salir de la marginalidad y del rezago en el que se encuentran.
3. Sin embargo, dadas las condiciones de marginalidad en que viven las comunidades que podrían ser beneficiadas por el programa mencionado y, a su vez que los municipios a los que pertenecen enfrentan circunstancias similares, se ven impedidos al acceso de estos servicios, pues las reglas de operación para la aplicación del programa de agua potable y saneamiento les resultan difícil de cumplir.
4. Dentro de las facultades del Poder Ejecutivo federal, corresponden formular y conducir la política nacional en materia de agua, así como intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como cabeza de sector, y de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con las fracciones II y XXXI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
5. Para hacer efectivo el desarrollo humano de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de los mexicanos, la dotación de agua potable y los servicios de alcantarillado juegan un importantísimo papel en este propósito, principalmente si se atienden a las comunidades con problemas de rezago y marginación social, mismas que dada su precaria condición económica se ven impedidas en hacer aportaciones para infraestructura hidráulica, de acuerdo a como lo establecen actualmente las Reglas de operación de estos programas.
6. Por ello, es necesario y urgente que la Comisión Nacional del Agua modifique las Reglas de Operación ya mencionadas, en beneficio de las comunidades más desprotegidas, y por lo tanto más débiles, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de sus habitantes y dar cumplimiento a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo que entre otros establece atender, tanto de la pobreza en las ciudades como la pobreza en el área rural, ya que cada una requiere de mecanismos de atención particulares en aras de lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades y mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza.
7. En este contexto, de los estudios y análisis que ha realizado la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados considera afirmativo someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, instruya al director general de la Comisión Nacional del Agua, a reformar las Reglas de Operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, con la finalidad de que las comunidades rurales del país con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes, consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de este programa, modificando la aportación económica que le corresponda al municipio, para quedar en 20 por ciento y 80 por ciento la federación, pudiendo los municipios hacer su aportación con mano de obra y/o materiales de la región.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo del año 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Jaime Álvarez Cisneros.
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir por la Secretaría de Desarrollo Social el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio 61-II-3-854 de fecha 13 de diciembre de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3488, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol expida el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de diciembre del mismo año.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
I. En sus consideraciones, la diputada precisa que la Constitución federal garantiza el disfrute de las garantías individuales de todas las personas, incluyendo los grupos vulnerables, precisamente los adultos mayores, a fin de que gocen en plenitud sus derechos humanos fundamentales.
II. La diputada proponente hace una serie de reflexiones en torno a la importancia de crear una legislación jurídica que reglamente a las personas adultas mayores, no obstante la existencia de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que a través de su reglamento es como se pueden instrumentar los fundamentos normativos.
III. Conforme a lo expuesto por la diputada, un reglamento es una norma de carácter general que expide el Poder Ejecutivo y, jerárquicamente es inmediato inferior de una ley federal. Un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación.
IV. La Constitución federal, en sus artículos 71 y 72, mandata al Poder Legislativo la creación de leyes (vía el llamado proceso legislativo) que regulen la sana convivencia entre la sociedad, sin embargo los reglamentos respectivos de cada ley son competencia o atribución del Poder Ejecutivo en fundamento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 89° Constitucional y a los artículos 13, 27 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
V. Según la citada ley, en su artículo 13 los Reglamentos deberán ser expedidos por el Presidente de la República y para su validez y observancia deben ir firmados por el Secretario de Estado respectivo. Asimismo, el artículo 27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, así como los reglamentos que expida el Presidente de la República y las resoluciones y disposiciones que por ley deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
VI. En base a lo anterior, no existe ningún precepto jurídico que establezca la obligatoriedad de un reglamento para cada ley federal, sin embargo sí hay elementos normativos (en diferentes leyes) que señalan la importancia de los reglamentos y la autoridad correspondiente para crearlos. Por tal motivo, los reglamentos pueden considerarse como el elemento sustantivo de una ley para su aplicación.
VII. Asimismo, el artículo 33 constitucional establece la jerarquización de las leyes supremas de la nación: primeramente, la Constitución federal, después los Tratados internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo, posteriormente las leyes federales o secundarias que emita el Congreso de la Unión y, por último, los reglamentos de dichas leyes.
VIII. Por lo anterior, una vez creado el reglamento el Ejecutivo deberá hacerlo público a través del DOF, en sintonía con lo establecido en el artículo 2° de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales que dice: “El DOF es el órgano del gobierno constitucional de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares órdenes y demás actos, expedidos por los poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados”.
IX. Aunado a lo antes expuesto, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002 en el DOF sufriendo a la fecha 3 reformas a diversos artículos, sin embargo a lo largo de su observancia no se ha creado su reglamento respectivo, con lo cual se fortalecería la instrumentación jurídica en pro de los adultos mayores.
X. Debe señalarse la labor y preocupación de la diputada por el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo de los grupos vulnerables, en este caso en particular de las personas adultas mayores.
XI. Bajo este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó, en sesión ordinaria de fecha 3 de marzo del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social emite el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar plenamente, el ejercicio de sus derechos estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar.
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a incluir en su proyecto de Presupuesto de Egresos un fondo para la atención y prevención de desastres naturales
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado para estudio y dictamen el oficio número DGPL 61-II-4-665, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a instaurar en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 un fondo para la atención y prevención de desastres naturales, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que “se exhorta al gobierno del Distrito Federal a instaurar acciones a fin de establecer en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 un fondo para la atención y prevención de desastres naturales”.
2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emitiera el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada sostiene que en los últimos años el ambiente se ha ido deteriorando a una velocidad alarmante. De hecho, menciona que los efectos ambientales de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas, podrán provocar transformaciones graves en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras.
4. La proponente manifiesta que el Plan Nacional de Desarrollo contiene un objetivo específico para impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, en donde se reconoce la necesidad de desarrollar capacidades preventivas y de respuesta ante los impactos adversos previsibles. Entre esas medidas se incluye la generación de información sobre la vulnerabilidad de distintas regiones del país, así como de los impactos potenciales que pudieran ocasionar eventuales desastres naturales.
Señala que en el periodo comprendido de 2006 a 2009, el gobierno federal destinó 71 mil 888.9 millones de pesos para atender urgencias y desastres naturales en diversas regiones del país, de los cuales 43 mil 429.2 millones fueron asignados de los ingresos excedentes conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto da cuenta –a juicio de la proponente– de la insuficiencia de los presupuestos destinados a la atención de dichas emergencias si se considera que únicamente disponemos de los fondos y fideicomisos establecidos por la federación.
5. La diputada agrega que el gobierno capitalino no cuenta con las herramientas tecnológicas y financieras para actuar con prontitud ante estas emergencias, lo que se agrava por deficiencias en: la coordinación de los tres órdenes de gobierno; la colaboración interinstitucional; y la distribución territorial de infraestructura y equipamiento para atender dichas situaciones.
6. Con base en este diagnóstico, la promovente considera necesario implementar acciones concretas para la seguridad y protección de los habitantes de la capital mediante la implantación de un fondo de desastres naturales que sirva como instrumento financiero para destinar recursos a la atención de emergencias y desastres naturales o antropogénicos. También estima conveniente la creación de un fideicomiso que administre los remanentes no utilizados o aportaciones adicionales que se hagan de las economías y ahorros de ejercicios anteriores para cuando existan situaciones imprevistas y cuya magnitud supere la capacidad financiera de las dependencias, entidades o delegaciones del Distrito Federal.
7. Por ello, la diputada considera necesario exhortar al gobierno del Distrito Federal a establecer en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 un fondo para la atención y prevención de desastres naturales con una primera asignación de 100 millones de pesos; además, para que especifique en el Presupuesto de Egresos que, de no ser necesaria la utilización de los recursos contenidos en dicho fondo, éstos sirvan de reserva para años y ejercicios subsecuentes.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en que el jefe del gobierno tiene la facultad exclusiva de someter a la Asamblea Legislativa la iniciativa respecto al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, y destaca lo siguiente:
1. Por sus condiciones geográficas y geológicas, su gran infraestructura y alta concentración demográfica, el Distrito Federal es una ciudad sumamente vulnerable ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antropogénicos. Esto ha sido reconocido por el gobierno del Distrito Federal en el Programa General de Desarrollo de 2007-2012, en el cual se diagnostica que la pérdida de vidas o el truncamiento de proyectos de vida por los efectos de los desastres naturales o antropogénicos representan un alto costo social y económico para la ciudad.
Por esta razón, entre las acciones que establece dicho programa se encuentra la actualización de los sistemas de monitoreo y prevención de desastres, así como la modernización de los equipos de rescate y atención de urgencias. Además, incluye la creación de una nueva cultura de protección civil que mejore la preparación de la ciudadanía para enfrentar una emergencia antes, durante y después de que ocurra el evento.
2. Para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que habitan y transitan en el Distrito Federal es necesario contar con instrumentos normativos y financieros que armonicen el funcionamiento de los sistemas de protección civil. Esta exigencia fue percibida no sólo por la diputada proponente sino, también, por los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes han hecho las modificaciones legales conducentes para dotar al gobierno capitalino de las herramientas necesarias para prevenir, mitigar y reconstruir los daños causados por la ocurrencia de fenómenos naturales y antropogénicos que ponen en peligro tanto la vida como el patrimonio de los capitalinos.
En este sentido, y con la finalidad de eficientar la respuesta en la atención de emergencias de esta índole, el 19 de octubre de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó con 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal para la creación de los fondos de atención a desastres y emergencias (Fodem), y de prevención de desastres (Foprede), así como del fideicomiso preventivo de desastres (Fiprede). Dichos instrumentos se definen como sigue:
a) Fodem: Instrumento operado por el gobierno del Distrito Federal, activado mediante las declaratorias de emergencia y desastre, en los términos de la ley y de las reglas de operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos humanos o naturales y la recuperación de los daños causados por ellos.
Este fondo quedará integrado por los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y con los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección civil a que se refiere el Código Fiscal local;
b) Foprede: Instrumento financiero operado por el gobierno del Distrito Federal con la finalidad de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos de carácter natural o humano; y
c) Fiprede: Instrumento financiero operado por el gobierno del Distrito Federal, a través de la reglamentación expedida, con la finalidad de realizar acciones preventivas de carácter urgente, surgidas de momento a momento, para evitar afectaciones a la vida y patrimonio de la población o la estructura de la ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos de carácter natural o humano.
Además de lo anterior, se constituyó un fideicomiso del Fodem como un mecanismo para integrar los recursos presupuestales remanentes provenientes de los ejercicios financieros anuales de dicho fondo. Igualmente, y con el propósito de hacer posible la operación de dichos mecanismos, se adicionaron tres fracciones al artículo 5o. de la Ley de Protección Civil para definir las facultades del jefe del gobierno en esta materia; a saber:
Artículo 5o. Corresponde al jefe del gobierno del Distrito Federal...
VIII. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el Fodem y Foprede, estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos conforme a las disposiciones aplicables;
IX. Disponer la utilización y destino de los recursos del Fodem con arreglo a la regulación que al respecto se emita; y
X. Resolver y en su caso emitir, a solicitud de la secretaría o de los titulares de los órganos político-administrativos, las declaratorias de emergencia o desastre, en los términos del capítulo II Bis del título VI de esta ley.
3. De conformidad con el citado ordenamiento, los montos asignados por una declaratoria de emergencia se destinarán a atenuar los efectos de los posibles desastres y a responder en forma inmediata a las necesidades urgentes que generen los mismos; mientras que la declaratoria de desastre permitirá que se eroguen los recursos necesarios para restituir las condiciones de vida de la población y la normalización de los servicios públicos.
En otras palabras, previa declaratoria de emergencia o de desastre, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y los titulares de los órganos político-administrativos pueden adquirir con los recursos del Fodem y Foprede: suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre; equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y desastres; así como indumentaria especializada para la atención y rescate.
De esta manera, las reformas aprobadas impactan de manera directa la disminución de los niveles de riesgo en el Distrito Federal al dotar a las autoridades de los recursos, las capacidades y los instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente, como sismos e inundaciones. Además, se otorga certeza financiera a los gobiernos delegacionales y del Distrito Federal, ya que ahora contarán con recursos específicos para prevenir y mitigar daños, así como atender los efectos generados por la ocurrencia de fenómenos naturales sin que tengan que erogar recursos no predestinados para este rubro.
IV. No obstante que la Ciudad de México ya cuenta con un marco jurídico para que las autoridades se encarguen del ciclo completo de la protección civil (prevenir catástrofes, atender emergencias y, en su caso, recuperar las condiciones de vida de la población), en el ejercicio fiscal de este año no se destinaron recursos para hacer operativos los instrumentos financieros aquí esbozados.
En el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010 se incluyeron artículos transitorios para establecer –entre otras cosas– que a partir del ejercicio fiscal de 2011, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal consideraría los recursos necesarios para la operación del Fondo de Desastres y del Fondo Preventivo de Desastres Naturales, así como los recursos para la creación y operación del Fideicomiso Preventivo de Desastres.
En contravención de lo anterior, los diputados locales no asignaron recursos a los fondos ni a los fideicomisos, no obstante que las modificaciones a la ley se publicaron antes que se aprobara el Presupuesto de Egresos.
V. Esta dictaminadora resalta que la demora en la instauración de los fondos no sólo es imputable a la Asamblea Legislativa, ya que es la fecha en que el jefe del gobierno no ha emitido las reglas de operación conforme a las cuales operará el otorgamiento de suministros de auxilio y la asistencia por la ocurrencia de fenómenos humanos o naturales y la recuperación de los daños causados por los mismos. De hecho, el artículo tercero transitorio del referido decreto menciona que “el gobierno del Distrito Federal expedirá las reglas de operación y lineamientos a que hace referencia el presente decreto sin que la publicación exceda el 1 de enero de 2011 ”.
Es necesario que el gobierno capitalino aterrice la operación de estos instrumentos financieros mediante la elaboración de reglas de operación que identifiquen claramente las instituciones que aplicarán los recursos, así como los mecanismos a través de los cuales se canalizarán y fiscalizarán para evitar malos manejos.
VI. Conforme al análisis de la información y los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se deriva que los planteamientos realizados por la diputada proponente deben ser actualizados en el sentido de que
a) Corresponde al gobierno del Distrito Federal proponer en los procesos de planeación y presupuestación los recursos que se destinarán a la creación del Fodem, del Foprede y del Fiprede para permitir el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos del sistema de protección civil;
b) El jefe del gobierno es el encargado de emitir las reglas de operación a que hace referencia el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010;
c) El jefe del gobierno tiene la obligación de incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2012 el Fodem y el Foprede, estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos conforme a la Ley de Protección Civil; y
d) La Asamblea Legislativa tiene el deber de incluir en el presupuesto del próximo ejercicio fiscal los recursos que se destinarán a la operación del Fodem y del Foprede, así como los recursos necesarios para la creación y operación del Fideicomiso Preventivo de Desastres.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir las reglas de operación a que hace referencia la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, conforme a las cuales operará el otorgamiento de suministros y la asistencia por la ocurrencia de fenómenos humanos o naturales, así como la recuperación de los daños que éstos ocasionen.
Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a incluir, en ejercicio de sus atribuciones, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2012 los recursos que se destinarán a la creación del fondo de atención a desastres y emergencias, del fondo de prevención de desastres y del fideicomiso preventivo de desastres, estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos.
Tercero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incluir en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal los recursos que se destinarán a la creación y operación de los fondos de atención a desastres y emergencias, y de prevención de desastres, así como del fideicomiso preventivo de desastres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2011.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal, Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán, Miguel Ángel Luna Munguía, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Sánchez Camacho (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir la política consistente en reducir los aranceles al acero
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento, le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente:
“Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender, en los términos administrativos y legales correspondientes, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, asimismo, se cree un grupo de trabajo que de seguimiento puntual a las necesidades de la industria acerera nacional”, presentado por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 22 de febrero de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el martes 22 de febrero de 2011, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:
“Durante los últimos años la industria acerera nacional ha resentido los efectos de la crisis económica mundial, la reducción de la demanda de sus productos en los mercados nacionales e internacionales, así como la constante presencia de prácticas consecuencia una reducción en la producción de acero en el año 2009 de 18.7 por ciento y una insuficiente recuperación durante el año 2010 donde se produjeron 15.9 millones de toneladas, cifra aun inferior en un 11.6 por ciento a la registrada en el 2008.
Dentro de los principales retos a vencer de la industria acerera en México se encuentra la creciente ola de importaciones de acero provenientes de países asiáticos, en especial de la República Popular China, país del que se cuentan diversas prácticas desleales de comercio principalmente por alentar el dumping en los precios de sus productos.
Los subsidios otorgados por el gobierno chino a los productores de acero, han creado distorsiones en los precios de sus productos, que en el ámbito de comercio internacional han afectado a los productores internacionales tanto en sus plantas productivas como en el ingreso de los trabajadores.
Uno de los puntos más relevantes de las prácticas desleales de comercio es la constante manipulación de la moneda china para mantenerse por debajo de su precio real, contradiciendo las propias leyes del mercado al devaluar el precio real de ésta, lo que se traduce en una estrategia comercial que distorsiona los precios de los productos que exporta y que por ende da ventajas claras a sus productos.
Con la devaluación de la moneda china, el gobierno de este país da a sus exportadores un subsidio expresado en el descuento de sus precios y una ventaja clara que no proviene de la competitividad de sus procesos industriales si no de políticas monetarias que no se alinean a las prácticas de comercio convencionales y que afectan a los países productores que si lo hacen.
Los efectos de dichas prácticas se hacen evidentes ante la subocupación de las capacidades productivas con las que cuenta la industria nacional, que a pesar de poseer una capacidad instalada de producción de más de 22 millones de toneladas, produce niveles que se ubican alrededor de los 15.3 millones de toneladas como promedio en los últimos 3 años. Con la reducción de la demanda ocurrida durante el 2009, la planta laboral de la industria acerera se redujo en casi un 26 por ciento lo que significó el despido de más de 100 mil obreros en todo el país.
La sola manipulación de la moneda china representa ya un factor que diezma la capacidad para competir de los industriales nacionales, y es razón suficiente para gravar las importaciones del acero provenientes de aquel país, no existe justificación alguna para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, siga permitiendo la libre entrada de productos de acero chino que con precios manipulados, logran desplazar a los productores nacionales.
El daño causado a la economía nacional no es el único ejemplo de tales repercusiones sobre el mercado internacional, por ello productores de acero de los Estados Unidos se han manifestado en contra de dichas prácticas a través de su Congreso, exigiendo condiciones justas de comercio.
El argumento de dotar a nuestros productores nacionales de insumos baratos para incrementar su competitividad, ha quedado superado, toda vez que sus efectos crean condiciones de mercado adversas y que avanzan solo a expensas del sacrificio de la industria nacional, sus trabajadores y los ingresos de los mismos, que se ven afectados a consecuencia de la ejecución de políticas comerciales que minimizan los efectos nocivos para los sectores manufactureros de la economía nacional.
Es preciso que se detenga la entrada libre de aranceles a los productos de acero chino, hasta que su gobierno legitime los precios de éstos, y cuando se dé muestra de que el precio de su moneda sea fijado por las libres fuerzas del mercado y no sea producto de una deliberada manipulación, persiguiendo ventajas competitivas, fabricadas de manera desleal, creando distorsiones y precios ficticios.
Es importante resaltar que la libre competencia en el mercado debe basarse en condiciones equitativas de producción, basar las decisiones de libre mercado teniendo como única referencia el precio de los productos, es una visión corta y que poco hace por explorar para proporcionar condiciones de equidad. Si se espera que el libre comercio dé resultados positivos, éste, tiene que ser justo y justo significa competir en igualdad de circunstancias.
El establecer condiciones equitativas de producción exige la presencia de una política industrial, que incentive a los productores nacionales a incrementar sus ventajas competitivas pero que les provea además de ventajas para incrementar su competitividad en el contexto de los mercados nacionales e internacionales.
En este tenor, si se desea que los productores nacionales produzcan a precios semejantes a los de sus competidores asiáticos, en especial de los chinos, debe revisarse las condiciones sobre las que producen unos y otros, el precio de las tarifas eléctricas, los subsidios, las restricciones al ingreso de los mercados asiáticos para productos extranjeros, los subsidios directos a la producción, las normas ecológicas vigentes en ambos países, las normas laborales y la política monetaria y de comercio internacional llevada a cabo por cada país.
Situaciones como ésta han sido subvaluadas por parte del gobierno federal y de las dependencias directamente involucradas, por ello es necesario que se abra un lugar que dé voz a esta industria ante el pleno de esta soberanía, a fin de ser consideradas sus propuestas y necesidades y para evaluar los programas que de manera conjunta se ejecuten como parte de la política comercial que los involucra.
Es imperioso reconocer la desventaja a la que sometemos a los productores nacionales de acero, al promover una libre competencia en contra de acereros que producen en condiciones diametralmente distintas a las aquí impuestas, es ilógico y carente de sentido el pedir lo mismo en condiciones completamente asimétricas. Mientras las condiciones de producción mantengan diferencias tan marcadas, el comercio nunca llegara a ser justo.
Por lo descrito, el que suscribe presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a revertir, en los términos administrativos y legales que correspondan, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, en especial a los productos provenientes de la República Popular China, en virtud de los graves efectos negativos que esta medida tiene actualmente sobre la industria acerera nacional.
Segundo. Se cree un grupo de trabajo que dé voz a las necesidades y requerimientos de la industria acerera nacional, en el que las cámaras de la industria siderúrgica nacional puedan participar en la elaboración de programas ejecutados por la Secretaría de Economía que los afecte directa o indirectamente y en el que se consensen acuerdos que doten a la Industria nacional de condiciones propicias para su desarrollo, buscando políticas comerciales que nivelen las disparidades económicas que existen con los competidores externos”.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán turnadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictamen.
Cuarta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés en el marco de libertades que otorga la Constitución.
Quinta. Que el artículo 131 constitucional establece que el Congreso podrá facultar al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país.
Sexta. En ese sentido, el Congreso en el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior, estableció que el Ejecutivo federal tendría facultades para crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles; regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente; establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía; entre otras.
De igual manera, el artículo 5 de la ley referida, se confirió a la Secretaría de Economía estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo federal modificaciones arancelarias; estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías; tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones; establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones, así como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores productivos e instituciones promotoras del sector público y privado; entre otras.
Séptima. Que la fracción V del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye a la Secretaría de Economía estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior.
Asimismo, tiene facultad para organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial; promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; entre otras.
Octava. Que el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior establece lo siguiente:
“Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta Ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley”.
Aunado a lo anterior, el artículo 39 de la misma ley establece que por daño se entenderá:
“...I. Un daño material causado a una rama de producción nacional;
II. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o
III. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional...”
Novena. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo en el Eje 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable”, tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo, entre otras estrategias contempla: salvaguardar la industria nacional y hacer de ella una economía nacional más competitiva que brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.
Décima. Ahora bien, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero publicó en su portal electrónicohttp://www.canacero.org.mx/Archivos/Prensa/DocInformativos/P erfilIndustriaSiderurgica-2005-2009. pdf) que al término de 2009 el valor de las exportaciones siderúrgicas alcanzó 3 mil 668 millones de dólares, mientras que el de las importaciones fue de 6 mil 108 millones de dólares, con lo que la balanza comercial siderúrgica se mantuvo en niveles deficitarios, del orden del 71.9 por ciento en términos de volumen y del 60.1 por ciento en términos de valor.
Undécima. Por ello, ante los datos referidos, los Diputados que integran la Comisión de Economía estiman correcto exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a revertir la estrategia de reducción arancelaria, ya que las posibles prácticas desleales de ese país pudieren causar graves daños a la industria nacional; y a que mejore las políticas en materia de comercio exterior, a fin de generar esquemas de sana competencia y equidad comercial que garanticen el libre intercambio de bienes y servicios.
Duodécima. Con respecto a la integración de un Grupo de Trabajo que dé voz a las necesidades y requerimientos de la industria acerera, los integrantes de esta Comisión de Economía estiman que dada la posible desleal penetración de los productos de acero chino, que podrían estar afectando negativamente a dicha industria, es pertinente y adecuado abrir dicho grupo en esta Comisión a fin de que se escuche a los sectores industriales, se analicen las políticas de desgravación arancelaria establecidas unilateralmente por el Ejecutivo y se realicen acciones que apoyen al ramo acerero.
Decimotercera. Por lo que en virtud de lo expuesto, esta Comisión de Economía dictamina positivamente el Punto de Acuerdo propuesto para quedar como sigue:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que revierta la política consistente en reducir los aranceles al acero, en especial al proveniente de la República Popular China; ya que dicha reducción está teniendo serios efectos negativos en la industria acerera nacional.
Segundo. Se cree un grupo de trabajo en la Comisión de Economía que dé voz a las necesidades y requerimientos de la industria acerera nacional, en el que las cámaras de la industria siderúrgica nacional puedan participar en la elaboración de programas ejecutados por la Secretaría de Economía que los afecte directa o indirectamente y en el que se consensen acuerdos que doten a la Industria nacional de condiciones propicias para su desarrollo, buscando políticas comerciales que nivelen las disparidades económicas que existen con los competidores externos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo del 2011.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Vidal Llerenas Morales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los órganos y a las instituciones gubernamentales a adquirir artesanías del país para obsequiar a visitantes nacionales y extranjeros
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnados para estudio y dictamen los siguientes puntos de acuerdo: “para exhortar a todos los órganos e instituciones de gobierno a adquirir artesanías para sus regalos”, presentada por la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en fecha 13 de diciembre de 2010; y “para exhortar a los Ejecutivos federal y de los estados a formalizar la obligatoriedad de que todas las dependencias del gobierno, en sus distintos niveles, consideren las artesanías de producción nacional como único bien por obsequiar a visitantes nacionales o extranjeros; y a la Secretaría de la Función Pública, a verificar el cumplimiento de que todas las dependencias de gobierno consideren los productos del sector artesanal nacional como único bien por obsequiar a visitantes nacionales o extranjeros”, presentada por el diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en fecha 15 de diciembre de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo referidas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En las sesiones celebradas en la Cámara de Diputados el 13 y 15 de diciembre de 2010, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de los puntos de acuerdo que se mencionaron en el exordio del presente escrito.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó en ambos casos dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La diputada Magdalena Torres Abarca, en el punto de acuerdo, plantea lo siguiente:
El sector artesanal se enfrenta a uno de los momentos más críticos y delicados a su historia debido a que se enfrenta a un mercado interno totalmente debilitado y abarrotado de mercancías pirata, mercancías clonadas de mala calidad provenientes principalmente de China.
Adicionalmente, se enfrenta a elevados costos de producción, debido al incremento en el precio de los insumos y mano de obra. Todo, aunado a la falta de tecnología, capacitación, financiamiento y canales de comercialización.
Hace falta darnos cuenta de la importancia de este sector como parte de nuestra etnicidad y cosmología, como parte de nuestra cultura, pero sobre todo, como una parte fundamental de la actividad económica y comercial en que se sustenta gran cantidad de regiones y comunidades.
Comunidades a las que aporta una gran cantidad de ingresos y empleos, máxime en un momento en que la economía se encuentra tan deprimida. Es importante hacer conciencia de que en la medida en que los mexicanos adquiramos y consumamos lo que producimos, entonces en esa medida, empezaremos a crecer.
No podemos permitir que se agoten nuestros oficios, no podemos permitir que desaparezca la economía auténticamente artesanal. No podemos permitir el triunfo de la artesanía de mercado, el triunfo de la artesanía pirata.
En esa medida, hoy más que nunca hago un llamado para que todos los representantes populares adquiramos artesanía para regalar. Considerando que en la medida en que lo hagamos haremos felices a muchas familias mexicanas, principalmente a muchas niñas y niños mexicanos, cuyos padres contarán con ingresos para su educación y salud.
Esto es una inversión que a todos nos beneficia; invirtamos y gastemos en México; rescatemos lo que haya que rescatar, nuestra dignidad y fortaleza.
Es tiempo de volver a confiar en nosotros, en nuestros productos, en nuestros artesanos, en nuestro país. Volvamos a lo auténtico, volvamos a la artesanía nacional producida por mexicanos para mexicanos y para el mundo.
Por lo expuesto y fundado propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todos los órganos e instituciones del gobierno federal, a los integrantes del Congreso de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas y, en general, a todos los representantes populares a adquirir artesanías para sus regalos decembrinos.
Cuarto. El diputado Martín García Avilés, en el punto de acuerdo, plantea lo siguiente:
Antecedentes
El sector artesanal de nuestro país refleja la diversidad cultural y riqueza creativa de nuestros pueblos y nuestros antepasados, constituyendo parte fundamental de la identidad de todos los mexicanos.
Las artesanías mexicanas están consideradas como un referente cultural del país y son reconocidas y valoradas en el mundo entero.
Los artesanos de México preservan y reproducen, a través de generaciones, los valores más elementales y representativos de nuestra cultura y nuestras tradiciones.
En el marco jurídico mexicano se entiende por artesanía a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente.
Asimismo, se conceptúa a los artesanos como aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía.
No obstante la capacidad de producir artesanías en el país y que ésta pueda constituirse en una actividad productiva eficiente, enfrenta actualmente diversos factores tales como las bajas posibilidades de acceso a la educación para los artesanos, la ausencia de mecanismos de producción, la migración y la evolución tecnológica, han colocado al sector artesanal de nuestro país en una situación cada día más complicada.
Los miles de artesanos mexicanos, que con sus familias se dedican a la creación, producción y comercialización de artesanías, enfrentan serios obstáculos económicos y son víctimas de trabas administrativas y la ausencia de una política de fomento de largo aliento para el sector.
Los programas creados para atender las demandas del sector artesanal en México aplicados hasta el día de hoy, han resultado insuficientes y limitados para contribuir a mejorar sus niveles de vida.
La situación de los mexicanos en general y de los artesanos en particular es cada día más crítica, los esquemas existentes de producción artesanal no logran generar suficientes ganancias para cubrir los costos de producción. Esto se debe a que la mayor parte de los artesanos venden a precios muy bajos su trabajo, su producción y venta se conciben tanto para el autoconsumo como para el intercambio en una economía de trueque, donde no se establece claramente un valor económico al trabajo.
Por otra parte, en las entidades federativas existen institutos de fomento a las artesanías, organismos denominados casas de las artesanías y direcciones de fomento artesanal, que de igual manera realizan actividades de organización, promoción, capacitación y apoyo a la comercialización de artesanías tradicionales, quienes en la mayoría de los casos se ven limitados a adquirir productos, por existir requerimientos fiscales que cientos de miles de artesanos no cubren, quedando excluidos de estas compras que realizan las dependencias de gobierno.
Como se aprecia, poco se ha avanzado en la tarea de vincular la creatividad del artesano con el consumidor final, y el hecho de que el gobierno compre directamente a los artesanos sus productos con el objeto de abrir nuevos canales para facilitar su venta, no puede seguirse viendo como una alternativa sostenible.
De igual forma, la organización de concursos; la capacitación y la asistencia técnica; así como el escaso financiamiento a la producción, poco han ayudado a colocar los productos artesanales en el mercado nacional e internacional.
Por ello, para ayudar a los artesanos del país a dejar atrás la situación de abandono y marginación por la que atraviesan, necesitamos diseñar mecanismos que contribuyan a colocar al sector en mejores condiciones de competencia.
En otros países se valora la producción artesanal, y hay programas integrales para apoyar a quienes se dedican a producir artesanías. En algunos de estos países existe, incluso, financiamiento a fondo perdido, y apoyo para proyectos productivos del sector artesanal que no tienen que regresar y no tienen que evaluarse en un esquema meramente comercial o bancario, sino que se evalúan desde una perspectiva acorde con la realidad en que viven quienes se dedican a producir artesanías. Existiendo, también, políticas públicas de protección al sector artesanal.
En México contamos con una gran variedad de artesanía, que va desde la artesanía artística, dirigida a museos y coleccionistas, a la artesanía utilitaria, pasando por la artesanía convencional o cultural. Cada una de estas tiene diferentes mercados, diferentes problemáticas; sin embargo, tienen una constante, requieren de apoyo y promoción para generar capacidad de producción más allá del autoconsumo, en el que en el mejor de los casos se encuentran, en su mayoría actualmente.
Se requiere generar mecanismos legales que obliguen a las dependencias de gobierno, en todos sus niveles a adquirir productos artesanales mexicanos para regalarlos a las visitas que vienen de diferentes partes, del país o del extranjero.
De tal suerte que se difunda tanto nacional como internacionalmente la producción de artesanías mexicanas, coadyuvando con ello a mejorar las condiciones de competitividad del sector artesanal.
Cabe destacar que con esta propuesta se busca generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos que viven del sector artesanal, y de otros que hoy se encuentran en el desempleo y podrán encontrar en este sector una posibilidad de integrarse a la vida productiva del país.
Consideraciones
La situación económica en la que vive la población mexicana es cada día más deplorable, el porcentaje de población en condiciones de pobreza es muy alto, de acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno, actualmente 47.19 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, lo que significa que no cuentan con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
Debido a la falta de infraestructura y oportunidades la población rural en pobreza se ve inmersa en una serie de privaciones y riesgos, de ahí la importancia de generar alternativas que contribuyan a propiciar escenarios y herramientas que permitan al sector artesanal armar estrategias distintas que les permitan salir de la pobreza a partir de su trabajo.
En la búsqueda de propiciar mejores condiciones para el sector artesanal, al inicio de la LXI Legislatura del Senado de la República, dicho órgano legislativo, acordó un exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore al gremio artesanal y las artesanías tradicionales de conformidad con los conceptos establecidos en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en el capítulo de autofacturación y catálogo de bienes autofacturables contenido en el capítulo 2.5 de la resolución miscelánea fiscal vigente.
Sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes para mejorar las condiciones de vida de quienes se dedican a producir artesanías en nuestro país, así como tampoco han generado el desarrollo de dicho sector, por el contrario, la falta de difusión y promoción de nuestras artesanías, han llevado al deterioro en la calidad de vida de las y los artesanos mexicanos.
Por ello, en un ánimo propositivo de contribuir al diseño de alternativas y soluciones viables para hacer frente a una problemática tan particular y con objeto de que los artesanos cuenten con herramientas para propiciar condiciones de promoción que generen, crecimiento y desarrollo en este sector, considero pertinente poner a su consideración exhortar a que todas las dependencias de gobierno a que consideren las artesanías de producción nacional como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Atendiendo a los acuerdos protocolarios y disposiciones de ahorro para la administración pública federal, local y municipal, ya que se trata de un sector que prácticamente vive del autoconsumo por lo que el que todas las dependencias de gobierno deban comprarles su producto les generara un ingreso seguro, pero además, sus productos se darán a conocer a nivel nacional e internacional, provocando una promoción desde el gobierno de las artesanías mexicanas.
Por todo lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados federal exhorta a los Ejecutivos federal y de los estados a formalizar la obligatoriedad de que todas las dependencias de gobierno, en sus distintos niveles, consideren las artesanías de producción nacional único bien por obsequiar a visitantes nacionales o extranjeros.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a verificar el cumplimiento de que todas las dependencias de gobierno consideren los productos del sector artesanal nacional como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los diputados Magdalena Torres Abarca y Martín García Avilés.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por los diputados Magdalena Torres Abarca y Martín García Avilés, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo referidas.
Tercera. Que según se aprecia en los puntos de acuerdo que se dictaminan, en ambos hay una solicitud hecha hacia todas las dependencias de gobierno, en sus distintos niveles, para que consideren a las artesanías de producción nacional como único bien a obsequiarse a los visitantes nacionales o extranjeros, agregando uno de los puntos de acuerdo que aquí se dictaminan, que sea la Secretaría de la Función Pública quien se encargue de verificar lo anterior.
Por lo anterior, puede concluirse que hay coincidencia en cuanto al sentido de los puntos de acuerdo propuestos por los diputados Magdalena Torres Abarca y Martín García Avilés, pues de dictaminarse alguno de ellos en sentido positivo, como de hecho así se estima, el otro tendría que ser dictaminado en el mismo sentido en congruencia con el primero.
La Comisión de Economía estima que en aras de economía procesal y parlamentaria, y con fundamento en el artículo 81 sección 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, lo correcto es dictaminar en conjunto ambos puntos de acuerdo.
Cuarta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...
... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Quinta. Que la Ley de Planeación establece en el artículo 2 que la planeación deberá basarse en los principios que a continuación se citan:
... III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.
Sexta. Que por su parte, la Ley General de Desarrollo Social dispone en el artículo 3, fracción III, que la solidaridad será uno de los principios a que esté sujeta la política de desarrollo social, y deberá entenderse por dicho principio la colaboración entre personas, grupos sociales y ordenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Asimismo, la ley establece en los artículos 8 y 9 lo siguiente:
... Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables...
Séptima. Que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal dispone en el artículo 44 lo siguiente:
Artículo 44. Dentro del marco del sistema nacional de planeación y de conformidad con los acuerdos que se celebren, se establecerán las bases de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, a fin de impulsar el establecimiento y apoyar el fortalecimiento de empresas microindustriales, orientado hacia una eficiente descentralización de la planta productiva y un desarrollo más equilibrado.
Octava. Que aun existiendo apoyos para el sector artesanal como lo es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, debe reconocerse que para resultar beneficiario de dicho fondo se requiere cumplir con una serie de requisitos y papeleo establecidos en las reglas de operación y que no todo solicitante podrá cubrirlos o incluso ni siquiera forme parte de su población objetivo, pues según dichas reglas de operación, en el punto 3.2, solo podrán ser beneficiarios los habitantes de las zonas de atención prioritarias establecidas.
Novena. Que en el Senado, en fecha 18 de marzo de 2010, integrantes del Partido Revolucionario Institucional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Desarrollo Social a implantar programas de fomento de la producción y comercialización de las artesanías mexicanas y a establecer acciones que impidan el ingreso ilegal de artesanías en territorio nacional. En dicho punto de acuerdo se exponen igualmente los problemas ocasionados del ingreso de productos pirata de procedencia china, la precaria situación de los artesanos mexicanos y la necesidad de apoyar este sector.
Décima. Que respecto al término obligatoriedad utilizado en la proposición del punto de acuerdo del diputado Martín García Avilés, debe decirse que en virtud de la imposibilidad de obligar tajantemente a todos los organismos gubernamentales para que adquieran artesanías y sean utilizadas como obsequios a nacionales y extranjeros, esta comisión considera que dicho termino debe ser sustituido por considerar, pues cabe decir que igualmente pueden ser considerados otros tipos de productos u objetos típicos nacionales y que igualmente requieren de apoyos para la sustentabilidad de quienes lo realizan.
Que igualmente, por no poder obligar a los organismos gubernamentales, no cabe exhortar a la Secretaría de la Función Pública a verificar el cumplimiento de esta supuesta obligación como propone el diputado García Avilés. No obstante, la Comisión de Economía teniendo en cuenta la necesidad de estimular y fomentar el consumo y la producción de artesanías, coincide con los diputados proponentes para exhortar a los órganos de gobierno para que consideren adquirir las artesanías realizadas por nuestros nacionales y sean promocionadas u obsequiadas a los visitantes nacionales e internacionales.
Undécima. Que, asimismo, esta comisión estima adecuado eliminar el término regalos “decembrinos” propuesto por la diputada Magdalena Torres Abarca, pues el apoyo y fomento del sector artesanal no debe limitarse a ciertas épocas, sino que debe ser una actividad constante del gobierno mexicano para generar mejores circunstancias a las actuales y proteger a los artesanos, familias y todas aquellas personas que dependen de este sector económico.
Duodécima. Que en virtud de lo expuesto
La Cámara de Diputados acuerda:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los Ejecutivos de los estados y a todas las dependencias de gobierno, en sus distintos niveles, a considerar las artesanías de producción nacional como un bien por obsequiar a visitantes nacionales o extranjeros.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Vidal Llerenas Morales (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a aplicar la normativa sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 1 de marzo de 2011, el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la normativa sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales, en particular en la 80, tramo Cocula-Barra de Navidad, Jalisco.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-7-962.
Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la proposición
El diputado Luis Meillón argumenta en su proposición que el autotransporte federal de carga ha constituido un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, ya que favorece al encadenamiento productivo nacional transportando alrededor de 80 por ciento de la carga que se mueve por la red carretera nacional.
Indica el diputado Meillón Johnston que la carretera federal 80 es una vía de comunicación que vincula a la ciudad de Guadalajara con la costa sur de Jalisco, atravesando los municipios de Acatlán de Júarez, Villa Corona, Cocula, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, La Huerta, Casimiro Castillo y Cihuatlán, éste último, donde se localiza la llamada Barra de Navidad.
Asimismo, el diputado proponente plantea que el tramo carretero Cocula-Barra de Navidad se encuentra ubicado en una zona muy accidentada geográficamente del estado de Jalisco, y en consecuencia el diseño y estructura de la carretera la tornan una vía peligrosa, debido a que posee curvas muy pronunciadas, las cuales carecen de peralte en su mayoría, además de que no cuenta con la suficiente señalización, poniendo en peligro a todo aquel conductor que circula por ella.
Expone también que en los 230 kilómetros que conforman el tramo descrito, la circulación de los vehículos se realiza por un solo carril en ambos sentidos y es transitada por el autotransporte de carga de gran tonelaje, así como por configuraciones de doble remolque. Además es una carretera frecuentada por los vacacionistas que visitan las playas de Jalisco, lo que la hace muy transitada en periodos de asueto.
Lo anterior ocasiona accidentes frecuentes, producto de la desesperación de los conductores debido a la lenta circulación del autotransporte de carga, o a la circulación de vehículos con exceso de dimensiones que invaden el carril contrario en las zonas de curvas, poniendo en riesgo a los usuarios de esta vía, ya que circulan cotidianamente por esta vía, vehículos extra largos que sólo podrían hacerlo en carreteras tipo ET.
Agrega el diputado Luis Meillón que al circular configuraciones vehiculares con exceso de peso en este tipo de vías de comunicación, se generan ahuellamientos, grietas, erosión, vados, hundimientos, baches y diferentes deformaciones en la infraestructura carretera, poniendo en riesgo a los demás conductores que transitan por éstas.
En ese sentido, el diputado proponente plantea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice operativos en la carretera 80 en el tramo Cocula-Barra de Navidad, para que el autotransporte que circula por esa vía se sujete a las disposiciones oficiales, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad, protección de la infraestructura carretera y el desarrollo de la actividad productiva del país y se sancione, se detenga la unidad y se obligue al conductor que infrinja las disposiciones aplicables, a reducir la carga o a transportarla en una unidad vehicular que cubra con la normatividad.
Consideraciones de la comisión
La comisión que dictamina coincide con el planteamiento del diputado Luis Meillón, al señalar que cada tipo de carretera está diseñada para diferentes volúmenes de tráfico, y por sus condiciones estructurales y geométricas, es obligación del transportista respetar las disposiciones establecidas en la ley, reglamento y normas oficiales en relación a los pesos y dimensiones, con la finalidad de evitar el deterioro de la infraestructura carretera.
Al respecto, debe señalarse que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que “Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.”
Por su parte, el Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, establece en el artículo 5, lo siguiente:
“Artículo 5. El peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
”Las violaciones a este Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes, serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley y este Reglamento.”
En ese sentido, cabe recordar que el 1 de abril de 2008, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, para mejorar los niveles de seguridad tanto en la vida como en los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras de jurisdicción federal, así como disminuir los daños a la infraestructura del país, siendo obligatorio para los prestadores del servicio público federal constreñirse a las disposiciones que en la misma se establecen.
Asimismo, la Comisión de Transportes que dictamina considera válida la preocupación del diputado Luis Meillón, pues el exceso de dimensiones en caminos que no fueron diseñados para ese propósito, genera inseguridad, tanto para el prestador del servicio público federal como para los demás usuarios de la vía. En ese sentido, el artículo 6 del Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal establece:
“Artículo 6. La clasificación de los caminos y puentes para los efectos de este Reglamento, se sujetará a lo establecido en el Apéndice del mismo. Se permitirá la circulación de los vehículos provenientes de un camino de mayor clasificación, con las especificaciones correspondientes a éste, en uno de menor clasificación en ambas direcciones, siempre y cuando la longitud recorrida en cada dirección no sea mayor a 50 km. Los tractocamiones y camiones que requieran transitar de una carretera a otra tipo ‘A’, ‘B’ o ‘C’ en una longitud mayor de 50 km, y hasta 150 km, deben contar en la parte superior con luces blancas de destello, y los semirremolques y remolques con cintas reflejantes y luces blancas, que demarquen los costados y gálibos del vehículo, conforme a la Norma correspondiente.
”Los vehículos extralargos sólo podrán circular en carreteras tipo ‘ET’. En caso de que requieran circular en carreteras o caminos de menor clasificación, no podrán hacerlo por más de 30 km.
”Las industrias cuyas instalaciones se encuentren ubicadas a una distancia de la red troncal superior a los 150 Km, deben solicitar autorización de la Secretaría para que su carga pueda ser trasladada en caminos de menor clasificación por una longitud mayor a ésta. La Secretaría establecerá las condiciones para otorgar dicha autorización.
”La Secretaría podrá modificar, reducir o ampliar la clasificación de los caminos y puentes de jurisdicción federal, que contempla el apéndice de este Reglamento, cuando así se requiera, tomando en cuenta, las características de tránsito seguro, así como los requerimientos económicos y de comunicación del país, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación.”
De tal manera, esta Comisión de Transportes considera necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo recorridos en la vía descrita y se coordine con la Secretaría de Seguridad Pública, para detectar y sancionar a los conductores que no cumplan con las disposiciones aplicables, en uso de las atribuciones que señala el artículo 8 del mismo Reglamento, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 8. La Secretaría vigilará e inspeccionará que la capacidad, peso bruto vehicular y dimensiones de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, cumplan con lo establecido en este Reglamento y las normas oficiales mexicanas.
”La verificación e inspección del peso, dimensiones y capacidad de los vehículos se realizará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones que opere la Secretaría. En su caso, la Secretaría podrá realizar esta verificación o inspección en terminales de los diferentes modos de transporte.
”Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes de jurisdicción federal.
”Asimismo, la verificación del peso y dimensiones se podrá realizar por unidades de verificación aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.”
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, aplique la normatividad sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales del territorio nacional, y en particular, en la carretera 80 en el tramo Cocula-Barra de Navidad, Jalisco.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar en las tarifas de transporte público un descuento permanente para personas con discapacidad
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de fecha 1 de marzo de 2011, la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sometió a consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que amplíe y emita una circular con el propósito de que se otorgue un descuento permanente en las tarifas de transporte público para personas con discapacidad.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo, que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-8-879.
Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Descripción del punto de acuerdo
Uno de los segmentos importantes y de mayor significación entre la población mexicana, aunque no necesariamente por su peso cuantitativo, es el que corresponde a las personas con discapacidades. De acuerdo con las cifras recientemente emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según las cuales la población actual del país es de 112 millones 322 mil 757 habitantes, el número de personas con discapacidad representa aproximadamente el 0.7 por ciento de la población total equivalente aproximadamente a 786 mil 259 personas.
De la misma manera que el resto de la población pero con mayor intensidad, los discapacitados padecen la endeble e incierta situación económica por la que atraviesa el país. Como el resto de la población, los discapacitados enfrentan la caída en el poder adquisitivo de sus magros ingresos, lo que se refleja por ejemplo en el recientemente anunciado e indignante “incremento” al salario mínimo de dos pesos con cincuenta centavos diarios, que queda nulificado en el momento mismo de su anuncio por el alza en los precios de bienes de consumo básico.
Todo lo anterior repercute en un empeoramiento del nivel de vida de todos los trabajadores mexicanos. Y en particular, afecta la capacidad de todos ellos para realizar traslados y viajes tanto al interior de su localidad o entre localidades, ciudades y aún de entidades federativas. Como una forma de paliar por parte del gobierno federal, dicha situación entre algunos segmentos de la población en el ámbito de la transportación, las secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes establecieron mediante una circular, de fecha 29 de julio de 2010, descuentos del 25 por ciento y del 50 por ciento para maestros y estudiantes respectivamente, en el pago de las tarifas del transporte en los servicios ferroviarios de pasajeros y en el autotransporte federal de pasajeros durante los periodos vacacionales aprobados por la SEP en el ciclo escolar 2010-2011.
Esta medida se consideró parcial y limitada por parte del Legislador, pero fue en sentido correcto como un intento de beneficiar a algunos pocos segmentos de la población especialmente aquellos que fueron afectados económicamente. Creemos que este mismo esquema puede y debe ser ampliado para incluir entre sus beneficiarios a las personas con discapacidades, como una medida mínima de justicia hacia ellas.
Consideraciones de la comisión
Primera. De la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de julio de 2010, en la que se establecieron rebajas en los periodos vacacionales, aprobados por la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2010-2011, es importante mencionar que dicha dependencia en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dispuso que del miércoles 22 de diciembre de 2010 al 7 de enero de 2011, los prestadores de servicios del autotransporte federal, aplicarían descuentos del 50 y 25 por ciento a estudiantes y a maestros, respectivamente, en los viajes que llevaran a cabo en territorio nacional.
Segunda. Aunado al párrafo inmediato anterior, los estudiantes y maestros acreditaron en su momento ante los prestadores de servicios de transporte su credencial vigente o, en su defecto, una constancia que consignara nombre y sello del plantel educativo con su fotografía, y en su caso, número de cuenta o matrícula. Asimismo, las credenciales para hacerse acreedor de dichos beneficios fueron únicamente por parte de las siguientes instituciones: la Secretaría de Educación Pública; direcciones o departamentos de educación y universidades de las entidades federativas; institutos y escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía; Colegio de Bachilleres, UNAM, IPN; y, planteles incorporados a estas últimas casas de estudios.
Tercera. Por lo anterior, la Comisión de Transportes considera viable la presente propuesta, toda vez que la misma propone en su esencia llevar a cabo una ampliación a través de este tipo de esquema, exhortando al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que emita una circular equivalente que incluya y beneficie a las personas discapacitadas, pero de manera permanente, no restringida a periodos vacacionales escolares.
Asimismo, cabe mencionar que dicho sector es relativamente reducido en nuestro país, por lo que el aprobar este incentivo para esa parte de la población no constituiría un peso excesivo y en consecuencia no generaría una carga manifiesta para las finanzas de las distintas empresas del autotransporte federal.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe y emita una circular equivalente a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2010, con el propósito de que se otorgue un descuento del 50 por ciento permanente, en las tarifas de pasaje del autotransporte federal para personas con discapacidad.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
