Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3107-I, jueves 30 de septiembre de 2010
Oficios
De la Secretaría de Gobernación, tres con los que remite el cuarto informe de labores de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al predio El Devisadero de Tenacatita y la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco
México, DF, a 24 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-1751, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DJ/ 714/ 2010, suscrita por el ingeniero Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez, director en jefe del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 23 de septiembre de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me permito hacer referencia a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2861/ 10, de fecha 8 de septiembre de 2010, dirigido al licenciado Alberto Pérez Gasca, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, a través del cual se le informa del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relacionado con el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco.
Con relación al asunto que nos ocupa, me permito informarle que se recibió solicitud de información por el ingeniero Francisco Yáñez Centeno, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, con referencia a la documentación básica que obra en los archivos de este órgano registral con relación a la acción de ampliación del ejido El Rebalse de Apazulco, en La Huerta, Jalisco, concretamente al plano definitivo en que se representara la exclusión de una superficie de 42.00-00 hectáreas concedida en el amparo número 1569/72, que promoviera la ciudadana Paz Gortazar de González Gallo.
Derivado de dicha solicitud se realizó una búsqueda en nuestros archivos sin que se localizara documento que sirviera de base para la localización física de las 42-00-00 hectáreas a que hace alusión el referido amparo. En razón de ello se solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico-Operativo, los antecedentes que tuviera sobre el particular a efecto de dar respuesta veraz e inmediata a la Secretaría de Gobernación.
El 14 de septiembre de 2010 se entregó mediante el oficio número DJ/ 697/ 2010 al ingeniero Francisco Yáñez Centeno una carpeta del ejido El Rebalse de Apazulco, con varios de los documentos que obran en los archivos de éste órgano registral, como el plano definitivo de la ampliación, el acta de posesión y el deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido, acta de posesión de las 42-00-00 hectáreas para cumplimentar el juicio de amparo número 1569/72, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las versiones técnicas sobre la ubicación de las 42-00-00 hectáreas del citado predio.
A la fecha se tiene respuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria en el sentido de que obran sólo planos proyectos de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie motivo del conflicto y de los cuales pongo a su disposición para una mejor ilustración de la situación técnico-jurídica.
Por lo expuesto, le manifiesto que este órgano registral está en la mejor disposición de participar y coadyuvar en el grupo de trabajo que integre la Cámara de Diputados a efecto de aportar todo tipo de documentación que obre en nuestros archivos a nivel central o estatal y, en su caso, realizar los trabajos técnicos que se requieran.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez
(rúbrica)
Director en Jefe
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Ruiz Argueta y Salomón Motte Santiago puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente
México, DF, a 10 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el mediante oficio número DEP-01413/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Salomón Motte Santiago.
Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Alfredo Ruiz Argueta.
Puesto: Auxiliar contable.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alicia Chávez Castillo, Héctor Ruiz Gamiño, Marcela González Meléndez y J. Darío Ortega Mercado puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Belice en México, y en los Consulados del primero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente
México, DF, a 20 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-01423/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Alicia Chávez Castillo.
Puesto: Inspector de mantenimiento rotativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Marcela González Meléndez.
Puesto: Empleada de visas temporal.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: J. Darío Ortega Mercado.
Puesto: Guardia de detección de vigilancia.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Nombre: Héctor Ruiz Gamiño.
Puesto: Chofer.
Lugar de trabajo: Embajada de Belice en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Víctor Jaír López Frausto y Adrián Leopoldo Navarro Soto puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua; e informa que la ciudadana Gabriela Hernández Navarro ha dejado de prestar servicios en el Consulado de ese país en Guadalajara, Jalisco
México, DF, a 24 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1467, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Adrián Leopoldo Navarro Soto.
Puesto: Chofer/mensajero.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Víctor Jaír López Frausto.
Puesto: Examinador de cuentas.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Gabriela Hernández Navarro.
Puesto: Asistente en el Departamento de Comercio.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Cámara de Senadores, por el que remite iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el pasado 9 de septiembre, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo
Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164, numerales 1 y 3; 169, numerales 1 y 4; 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa, con aval de grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, la economía mexicana se ha caracterizado por un débil crecimiento que la ha dejado rezagada respecto de otros países en desarrollo. Mientras México ha crecido desde el año 2000 en 1.9 por ciento en promedio anual, Brasil lo ha hecho en 3.3 por ciento, Chile en 3.7 por ciento y China 9.9 por ciento, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante de los mexicanos presente una reducción relativa respecto de los ciudadanos de estas naciones.
Las bajas tasas de crecimiento han coincidido con un importante aumento de la fuerza laboral. En el mismo periodo, la población económicamente activa (PEA) creció en 1.9 por ciento en promedio anual, es decir, el ingreso por habitante activo prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles desde hace 10 años. Estas cifras son preocupantes puesto que en este tiempo se ha desperdiciado gran parte del impulso demográfico de millones de jóvenes mexicanos.
Si las cifras de crecimiento económico son insatisfactorias, las de generación de empleo son aun menos positivas. El crecimiento promedio de los empleos formales ha sido de 1.1 por ciento. Del 2000 a la fecha, han ingresado la PEA en promedio 783 mil trabajadores por año, pero sólo se han generado 200 mil empleos anuales a través de los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, generando un amplio número de trabajadores desempleados, subempleados, informales o que se ven obligados a emigrar.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2010 existían 2 millones 485 mil trabajadores desocupados y 3 millones 978 mil subocupados, lo que representa un incremento, comparado con el año 2000, de 144 por ciento y de 164 por ciento respectivamente. Por su parte, la Secretaría del Trabajo reporta que hay 12 millones 612 mil trabajadores en el sector informal.
La baja creación de empleos formales afecta de forma particular a los jóvenes. La población entre 14 y 29 años representa el 53 por ciento de los desocupados, el 49 por ciento de los eventos de pérdida de empleos y un tercio de los informales.
Asimismo, la Secretaría del Trabajo reporta que la mitad de las solicitudes de trabajo provienen de este sector de la población, mientras las plazas disponibles para ellos tan sólo representan el 9.5 por ciento. Esto ha orillado a millones de jóvenes de todos los niveles de instrucción a buscar mejores oportunidades en otros países. Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo destaca que el desempleo de los jóvenes a nivel mundial supera el 21 por ciento, tres veces más que el resto de la población, por lo que recomienda impulsar una agenda coherente que combine políticas macroeconómicas de apoyo con transiciones al trabajo consolidadas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que un 8 por ciento de los profesionistas del país viven en Estados Unidos. Este es un fenómeno sumamente costoso, ya que quienes emigran son jóvenes, muchos de ellos capacitados, con niveles de productividad que bien podrían impulsar el crecimiento de la economía y que no lo hacen debido a la ausencia de oportunidades laborales. Por otra parte, no se puede negar que el crimen organizado se ha vuelto un importante empleador de la juventud mexicana.
En un escenario en el que la recuperación de la economía mundial es aún incierta, en el que cada vez existen mayores restricciones para la entrada de migrantes a los Estados Unidos y en el que los programas prioritarios del gobierno federal generan incentivos para el crecimiento del mercado laboral informal, resulta prioritario tomar medidas para enfrentar el problema del desempleo.
En efecto, las políticas públicas del gobierno federal no han cumplido con el objetivo de crear empleos formales, suficientes y bien remunerados. Independientemente de los ciclos económicos, el porcentaje de la PEA que cotiza en el IMSS es de tan sólo el 30 por ciento sin que se observe ningún incremento en los años recientes. Por su parte, la existencia de programas con un componente solidario muy alto como el Seguro Popular han hecho al empleo formal menos atractivo, tanto para las empresas como para los trabajadores.
En enero de 2007 el ejecutivo federal publicó el Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa del Primer Empleo que daba el marco legal para impulsar lo que en ese momento se planteaba como una gran apuesta del gobierno federal para reactivar el empleo.
Sin embargo, el hecho de que se haya manejado como un subsidio de las cuotas obrero patronales, la gran cantidad de requisitos y la falta de flexibilidad a la hora de implementar el programa lo hicieron inoperante, a tal grado de que a la fecha no figura como una prioridad en la agenda del IMSS y su fondo de reserva se ha mantenido en los mismos niveles desde de diciembre de 2007. Con datos al 2 de junio de 2010, se habían inscrito un total de 19 mil 931 empresas con 63 mil 459 trabajadores y el monto total de los subsidios entregados a los patrones ascendía a 113 millones 766 mil 705.48 pesos, cifras muy por debajo de los objetivos planteados por el programa e irrelevantes ante las necesidades del mercado laboral.
Es por ello que se vuelve impostergable crear políticas públicas que fomenten el empleo formal, que favorezcan a los millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado laboral y que les presenten mejores alternativas a lo que la migración, y en el peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen.
Debemos de utilizar la política fiscal de forma inteligente. En las últimas administraciones se ha mostrado que ésta, en lugar de fomentar el crecimiento interno, inhibe el desarrollo de los sectores económicos de producción, distribución y consumo. Se deben aplicar medidas inmediatas para corregir el rumbo y dar prioridad a la generación del empleo, ya que éste es el principal impulsor del combate la pobreza, de la mejora en la distribución del ingreso y del aumento en la productividad de los sectores reales de la economía.
Debemos de considerar la experiencia internacional de aquellos países que están adoptando políticas de promoción con resultados visibles. En Chile, por ejemplo, el año pasado se aprobó un subsidio al empleo de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad provenientes de familias pobres. Se estima que este subsidio beneficiara a unos 300 mil jóvenes en el primer año, cifra de gran impacto si se considera la población total de aquel país. Por ello, es urgente adoptar medidas pertinentes antes de que sigamos perdiendo terreno frente a otras economías emergentes.
La presente iniciativa crea la Ley del Fomento al Primer Empleo. En primera instancia habría que señalar que la vigencia de la misma es de3 años por su carácter de emergente, ya que pretende ser una respuesta oportuna ante la situación económica actual, marcada por la incertidumbre internacional, la debilidad del mercado interno y el aumento del desempleo y subempleo. Incluso, se plantea que la deducción adicional sea un 25 por ciento menor en caso de que los nuevos empleos sean creados un año después de la entrada en vigor, con el objetivo de que el impuso en el primer año sea verdaderamente significativo.
Una vez concluidos los 3 años después de publicada la Ley, se regresaría al sistema actual.
El proyecto de ley que se presenta plantea brindar una deducción adicional en el impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU) a todo patrón que cree un puesto de nueva creación, entendido como todo aquel que incremente el número de trabajadores asegurados en su empresa a partir de que entre en vigor la ley y que sea ocupado por un trabajador de primer empleo, definido como todo el que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio del IMSS.
Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo será más expedita, ya que simplemente lo reportará en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.
El monto de la deducción adicional permitida equivale al 80 por ciento del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente del ISR o el IETU según aplique, y dividirla entre esa misma tasa. Para el caso del ISR dicha deducción no podrá ser mayor a la utilidad fiscal determinada y en el caso del IETU no podrá ser mayor a la diferencia entre el total de los ingresos percibidos y las deducciones que permite dicha ley.
La vigencia de la deducción adicional tiene un máximo de 36 meses por cada puesto de nueva creación, mismo que tiene que ser mantenido por un mínimo de 18 meses, con la finalidad de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal. Por su parte, la deducción no podrá ser mayor a 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona geográfica que corresponda. Además, la deducción adicional no se contabilizará para efecto del reparto de utilidades a que hace referencia el artículo 123 constitucional ni para la determinación del coeficiente de utilidad que se emplea en los pagos provisionales.
Los patrones deberán de cumplir ciertos requisitos que, en comparación con los que se solicitaban en el decreto de 2007, son más accesibles. Dentro de ellos, se destaca la obligación de inscribir a los nuevos trabajadores en el IMSS, de enterar sus cuotas obrero-patronales, de no tener adeudos por créditos fiscales firmes y de cumplir con los requisitos de información necesarios.
Finalmente se establecen sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones que van desde multas equivalentes al 20, 30, 50 y 70 por ciento, según aplique, de la deducción adicional, hasta la pérdida definitiva del derecho a aplicar la deducción adicional estipulada en esta ley.
Dada la incertidumbre que domina el panorama económico y que el desempeño del país en la generación de empleos es aun más pobre que el crecimiento, la Ley de Fomento al Primer Empelo se presenta como una alternativa viable para impulsar el mercado laboral, particularmente de los jóvenes y de quienes por distintas razones no han cotizado en el IMSS.
Esta iniciativa encaja dentro de un nuevo modelo de política económica, mediante el cual intenta corregir las fallas del mercado y paralelamente promover la formalidad. Un modelo en el cual el Estado retoma su papel como promotor del desarrollo que se contrapone con la pasividad que ha imperado en los últimos años.
Está ley hará que los empleadores tengan incentivos para eliminar el requisito de antigüedad laboral a la hora de otorgar un puesto y con ello beneficiarse de los niveles de productividad de los nuevos trabajadores y, por otra parte, hacerles más atractivo el mercado laboral formal gracias al esquema que plantea incentivos a cambio de la creación de puestos de trabajo que cumplan con todos los requisitos de la ley. Así mismo, fomentará la creación de capital humano que en la actualidad está siendo subutilizado por la falta de oportunidades de empleo productivo.
La propuesta genera incentivos a la formalidad en contraste con las políticas públicas que han sido promovidas en los años recientes. Podemos esperar que con esta ley se regularice un gran número de trabajadores que actualmente se encuentran en la economía informal y que, paralelamente, aquellos que nunca han cotizado en el Seguro Social se integren al mercado laboral formal por primera vez, con los beneficios que ello genera. Asimismo, se crea una motivación para que los empleadores hagan sus contrataciones de forma directa sin recurrir a terceros quienes, generalmente, eluden el pago de las prestaciones de ley.
La aplicación temporal de esta ley dará una mayor liquidez para que las empresas puedan cumplir con algunas de sus obligaciones de seguridad social asociadas a la contratación, como lo son las cuotas del IMSS, el Infonavit y lo correspondiente al Sistema de Ahorro para el Retiro e incluso dejarles un remanente para incrementar sus niveles de inversión o para garantizar su operación.
Además, hay que considerar el efecto multiplicador que genera esta iniciativa, ya que se espera un aumento significativo en la producción acompañado de mayores ingresos para el gobierno y para el IMSS los cuales serán muy superiores a los costos de la deducción adicional. La temporalidad de la ley, por su parte, garantiza que este incentivo no se convierta en un nuevo gasto fiscal perpetuo, sino que simplemente sea una herramienta para reactivar el mercado en épocas de incertidumbre.
México se encuentra atrapado en el estancamiento económico, en un ciclo vicioso que promueve el empleo informal y la migración, y en un momento político en que los acuerdos entre las distintas fuerzas son contados y de poco alcance. Esta iniciativa pretende ser una de las primeras acciones decisivas para alterar la marcha inercial de nuestra economía y retomar el papel del Estado como promotor del desarrollo, a través de medidas específicas entendidas en un contexto determinado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente decreto, por el que se expide la
Ley de Fomento al Primer Empleo
Decreto
El congreso de los estados unidos mexicanos, decreta:
Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo
Artículo Primero. Se expide la siguiente
Ley de Fomento al Primer Empleo
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Ley: la Ley de Fomento al Primer Empleo;
II. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo;
III. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo;
IV. Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón;
V. Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de esta Ley y en los términos dispuesto en la misma.
VI. Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y
VII. Salario base: es el monto del pago hecho en efectivo por cuota diaria sin considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
Artículo 4. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate.
Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales que esta Ley otorga.
Capítulo II
Del Beneficio del Primer Empleo y Procedimiento para su Aplicación
Artículo 5. Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta y en el impuesto empresarial a tasa única, que resulte a su cargo en el ejercicio de que se trate, según corresponda.
La determinación de la deducción adicional se llevara a cabo conforme a lo siguiente:
I. Para los efectos del impuesto sobre la renta:
a. Al salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.
b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.
El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.
La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal del mismo determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.
II. Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única:
a. Al monto del salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho monto por la tasa establecida en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.
b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente en el ejercicio de que se trate.
El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.
Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la deducción adicional determinada conforme a la presente fracción aplicable en cada ejercicio no podrá exceder de la diferencia que resulte de restar al total de ingresos percibidos por las actividades gravadas por dicho impuesto las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
La deducción adicional a que se refiere el presente artículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica en que se encuentre.
Tratándose de personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales.
Artículo 6. Sin perjuicio de que la deducción adicional se aplique en el ejercicio de que se trate, el patrón podrá aplicar la deducción adicional en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta o del impuesto empresarial a tasa única, según corresponda.
La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Para efectos del impuesto sobre la renta, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto que resulte de dividir el salario base pagado al trabajador de primer empleo en el periodo al que corresponda el pago entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente.
Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.
II. Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, los patrones podrán deducir en los pagos provisionales de dicho impuesto, el monto que resulte de dividir el monto de los salarios base pagados en el periodo correspondiente al pago provisional entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente.
Cuando los patrones realicen en una sola exhibición pagos por salarios que comprendan a dos o más meses, a efecto de calcular la respectiva deducción adicional dividirán el monto pagado entre el número de meses a que corresponda el mismo para obtener la parte proporcional correspondiente al periodo en que se aplicará la deducción adicional.
Artículo 7. Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.
III. Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.
IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.
V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
VI. Presentar ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria que le corresponda en razón de su domicilio fiscal, el aviso correspondiente y anexos, que dicha autoridad dará a conocer mediante reglas de carácter general.
VII. Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.
VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 8. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo establecido en la presente Ley.
Artículo 9. El patrón que cumpla con lo previsto en la presente Ley, deberá presentar a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio que corresponda.
Para tal efecto, se estará a lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Artículo 10. El Servicio de Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de comprobación respecto a la aplicación de la deducción adicional a que se refiere la presente Ley; si llegará a determinar que existe una diferencia a cargo del patrón derivada de la aplicación de la presente Ley el patrón podrá impugnar la resolución correspondiente en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.
Capítulo III
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 11. Constituyen infracciones a lo dispuesto en la presente Ley:
I. Efectuar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ley y en las demás disposiciones fiscales relativas y aplicables a las deducciones de sueldos y salarios;
II. Omitir la entrega de los informes, datos y documentación estando obligado a ello en los términos de esta Ley;
III. No mantener a disposición de las autoridades competentes, la información relativa a la aplicación del beneficio a que se refiere la presente Ley;
IV. Omitir información o incluir datos falsos en los avisos o declaración que se presenten;
V. No mantener ocupados los puestos de nueva creación durante el tiempo establecido en la presente Ley y aplicar la deducción adicional; y
VI. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente Ley.
Artículo 12. Cuando se comenta alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, el Servicio de Administración Tributaria aplicará al patrón responsable las siguientes sanciones:
I. Se le impondrá una multa del 50% al 70% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente, tratándose de las infracciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 11 de la presente Ley, cuando las infracciones sean descubiertas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Si los patrones infractores corrigen la aplicación indebida de la deducción adicional después de iniciadas las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y antes de que se les notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, se les impondrá una multa equivalente al 20% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente.
En caso de que los patrones infractores corrijan la aplicación indebida de la deducción adicional después de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, se impondrá una multa equivalente al 30% de la deducción adicional aplicada indebidamente.
II. Cuando se trate de las infracciones a que se refieren las fracciones I y V del artículo 11 de la presente Ley, además de la sanción prevista en la fracción inmediata anterior, el patrón perderá de forma definitiva su derecho a aplicar la deducción adicional a que se refiere la presente Ley.
Lo dispuesto en la presente fracción también será aplicable a aquellos patrones que reincidan en la comisión de las infracciones previstas en el artículo 11 de la presente Ley.
III. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones I y II del presente artículo, el patrón infractor deberá presentar su declaración complementaria del ejercicio en que haya aplicado indebidamente la deducción adicional, sin considerar para efectos de la determinación del impuesto a su cargo dicha deducción y pagar el impuesto correspondiente debidamente actualizado y con los recargos que le correspondan.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La presente ley tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, quienes durante la vigencia de la presente establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de primer empleo, tendrán el beneficio a que se refiere esta ley hasta por el periodo de 36 meses, conforme a lo previsto por el artículo 4 de la misma, aún cuando la presente ya no se encuentre vigente.
Tercero. El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere la presente ley se disminuirá en un 25% a partir del segundo año de vigencia de la presente ley.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de septiembre de 2010.
Senadores: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alfonso Elías Serrano, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón, Heladio Elías Ramírez López, Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza Herrera, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con el que transcribe acuerdo aprobado relativo al desastre natural ocasionado por el alud en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y a la creación de un fondo especial de etiquetado para la atención de lo inmediato y de lo urgente, así como para el próximo ejercicio fiscal
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. El Senado de la República solicita a los gobiernos federal y estatal que de manera inmediata se coordinen y realicen las labores de rescate y salvamento por el alud en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en el estado de Oaxaca, que sepultó a más de un centenar de viviendas y donde se reporta la desaparición de más de quinientas personas.
”Segundo. El Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata disponga de los recursos necesarios para afrontar este desastre natural ocasionado por el alud en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
”Tercero. El Senado de la República hace un llamado a la comunidad internacional para que a través de las autoridades competentes ayuden y colaboren con las labores de rescate y salvamento en ocasión del alud que sepultó a más de quinientas personas en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
”Cuarto. El Senado de la República se pronuncia por la creación de un fondo especial de etiquetado para la atención de lo inmediato, de lo urgente y también para el próximo ejercicio fiscal.”
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación creciente de recursos a las instituciones de educación superior
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó de la Comisión de Educación, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar la asignación creciente de recursos destinados a las instituciones de educación superior del país.
Segundo. El Senado de la República solicita al gobierno de Aguascalientes, con pleno respeto a su soberanía, a considerar la aprobación de mayores recursos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un incremento de los recursos para la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, presentada por Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a la situación presupuestal de la universidad intercultural maya de Quintana Roo.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Comisión de Educación el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo de éstos.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Los suscritos, senadores de la república a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es la principal herramienta de desarrollo, crecimiento y progreso de una nación, pues es en la preparación de la población, que recae la posibilidad de lograr un país más productivo y competitivo a nivel internacional, generando mejores oportunidades para el bienestar.
Sin embargo, como todos sabemos, la educación en México es uno de los sectores que no ha logrado superar su rezago en comparación con los estándares internacionales.
Particularmente, la educación superior en nuestro país presenta una cobertura insuficiente de apenas el 17.7 por ciento de la población en edad de cursarla, mientras que naciones como Argentina, Chile y Uruguay cuentan con una tasa de cobertura del 36.2, 28.2 y 29.4 por ciento, respectivamente. 1
Hoy en día, el porcentaje de la eficiencia terminal en educación superior es menor que el registrado entre los años 1985 y 1990, cuando éste era del 50.6 por ciento, mientras que actualmente es del 50 por ciento. 2
Y es que, de cada 100 alumnos que inician una licenciatura, entre 50 y 60 de ellos concluyen cinco años después, y sólo dos lo hacen entre los 24 y 25 años de edad, mientras que el resto lo hace entre los 27 y 60 años de edad.
Por otra parte, aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes abandona la carrera en el primer semestre. Ya para el tercer semestre la deserción alcanza el 36 por ciento de los que iniciaron sus estudios, cifra que incrementa cada semestre hasta alcanzar el 46 por ciento a los cinco años. 3
Estos datos, reflejan la difícil situación que vive nuestro país para otorgarle oportunidades de estudio a más jóvenes. Y es que para ello, la inversión educativa que realice la federación es fundamental, particularmente la derrama económica que se pueda ver en los estados para fortalecer las universidades públicas.
La preocupación del Partido Verde Ecologista de México al realizar esta propuesta, es la imperiosa necesidad de estimular una política educativa que realmente permita a los jóvenes completar sus estudios de educación media superior y superior, de manera tal que sea posible generar una mayor inversión en el sector educativo y lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación que consagra el artículo 3° de nuestra Carta Magna.
En esta ocasión, específicamente nos referiremos al estado de Quintana Roo, en donde el nivel de matrícula a nivel de licenciatura universitaria pública es de poco más de 13 mil estudiantes. 4
La propuesta con punto de acuerdo que a continuación se realiza, surge del desalentador escenario que se observa en el desarrollo educativo de la población que intenta lograr un desarrollo académico, el cual claramente se ve truncado ante la precaria situación económica no sólo de las familias, sino de las instituciones educativas en Quinta Roo, particularmente la Universidad Intercultural Maya.
Esta universidad es vital para los pueblos y comunidades indígenas de la región, su objetivo es formar profesionistas (profesional asociado, licenciatura y postgrado) y la generación y aplicación de conocimiento innovador; a través de un modelo educativo intercultural, multilingüe y con una fuerte vinculación entre los diferentes sectores a nivel local, estatal, nacional e internacional. Asimismo se busca que se reconozcan y se impulsen todas aquellas actividades que promuevan el estudio, desarrollo y fortalecimiento de la lengua y cultura mayas de la península de Yucatán.
La Universidad Intercultural Maya de Quinta Roo fue creada por decreto presidencial el 30 de octubre de 2006, con un esquema de financiamiento del 50 por ciento con recursos federales y 50 por ciento con recursos estatales.
En un inicio, las aportaciones fueron hechas en esta proporción, logrando un presupuesto para el año 2007 de 4.4 millones de pesos.
Sin embargo, al pasar los años esta proporción no ha sido respetada, de tal forma que para el año 2010 observamos que el presupuesto federal otorgado a la Universidad fue de 2.7 millones de pesos, mientras que el estado de Quintana Roo aportó casi 10 millones de pesos. Es decir 4 veces más que el financiamiento federal.
Asimismo, es de destacar que en el 2010, fue la intervención de la Cámara de Diputados la que permitió obtener un mínimo incremento en los recursos federales otorgados a la Universidad y no así una disposición del Ejecutivo.
Aún cuando la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo se encuentra en un procesos de franco crecimiento debido a su reciente creación, la federación no ha tomado esto en consideración y ha otorgado una cantidad de recursos sin considerar el incremento en el alumnado y las necesidades de la misma.
Durante todo el transcurso de 2010, la federación no ha otorgado algún apoyo adicional, a pesar de varias gestiones, especialmente ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Esto ha puesto a la Universidad en una situación extremadamente difícil.
La universidad mantiene un gasto total de casi 10 millones de pesos, de los cuales, como ya se mencionó, la federación sólo aporta 2.7 millones. Para el año 2011, debido al crecimiento proyectado, la Universidad prevé tener un gasto total de casi 28 millones de pesos, de los cuales Quintana Roo aportará cerca de 14 millones, y la federación pretende seguir con su tendencia y otorgar sólo 3 millones.
La tendencia de los datos es claramente insostenible, especialmente a la luz de las necesidades institucionales de certidumbre financiera para lograr una buena planeación y comprometer objetivos y metas con el respaldo financiero adecuado.
Si la pretensión de la federación es que en 2011 se le otorgue a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo un presupuesto similar al del año 2010, sin mostrar un incremento relevante, entonces se comprometería seriamente el sostenimiento de la Universidad, y por tanto, podría verse incluso en la necesidad de cancelar clases, ya que no tendrían para pagar profesores y mantener las instalaciones.
Sin el respaldo financiero nunca se podrá lograr una educación de calidad y mucho menos el desarrollo con equidad en el país.
Por otra parte, está la situación de la interpretación de los convenios estado-federación. Una versión indica que el estado debe aportar la cantidad igual que aporte la federación o viceversa. Otra versión indica que lo anterior sólo aplica a los recursos ordinarios, no a los extraordinarios. De tal forma, que toda esta confusión lo único que provoca es que los esfuerzos estatales se vean minimizados ante el nulo interés que tiene el Ejecutivo Federal para incentivar la educación superior en el estado de Quintana Roo.
Por tal motivo, proponemos exhortar al Ejecutivo Federal para que haga una revisión del decreto que dio origen a la universidad y se le dé cabal cumplimiento, o en su caso sea modificado para que no haya duda, y los recursos federales igualen en proporción a los recursos otorgados por el estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el honorable Senado de República envíe un exhorto al Ejecutivo federal para que dé cabal cumplimiento al decreto por el cual se creó la Universidad Intercultural Maya del estado de Quintana Roo, y que en su caso se modifique para que los recursos otorgados por la federación para el sostenimiento de esta Universidad, igualen en proporción a los aportados por el estado.
Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados considere en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, un incremento presupuestal para la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo del orden de 14 millones de pesos, como gasto total otorgado por la federación a dicha institución educativa.
Notas
1 Arturo Damm Arnal. La educación superior en México.
2 Informador.com.mx. Declaración de Patricia Rosas Chávez, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 2010.
3 informador.com.mx “Disminuye eficiencia termina en educación superior”. Rafael Zapata.
4 Secretaría de Educación Pública.
Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello (rúbrica).
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos adicionales para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se considere recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexar se turnara a la Cámara de Diputados.
Francisco Arroyo Vieyra
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la Republica
Presente
Quien suscribe, Javier Castelo Parada, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, considere recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo anterior en base a las siguientes
Consideraciones
En días pasados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo presento el paquete económico para el año 2011, de donde se desprende realizar una reingeniería al presupuesto destinado al campo, con el fin de evitar duplicidades de recursos y funciones apuntalando la tarea productiva en el sector.
El presupuesto para el campo ha sido un tema relevante en los procesos de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los últimos siete ejercicios fiscales.
El PPEF establece que para el campo en 2011 deberá brindar mayor atención a factores de riesgo, como el cambio climático, en todas sus vertientes de producción, y tomar en cuenta la inversión en bienes públicos, el cuidado del suelo, de los recursos naturales y el desarrollo científico y tecnológico.
El proyecto de Presupuesto contiene una reingeniería presupuestal, consistente en establecer seis grandes programas 1. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura; 2. Apoyo al ingreso agropecuario: Procampo; 3. Prevención y manejo de riesgos (sanitarios, climáticos y de mercado); 4. Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural; 5. Desarrollo de mercados agropecuarios y pesqueros, y 6. Sustentabilidad de los recursos naturales.
El presupuesto para 2010 aprobado por la honorable Cámara de Diputados asciende a 73 mil 368 millones; el proyecto de presupuesto para 2011 suma 59 mil 529 millones, hay una reducción de 13 mil 839 millones que significa menos 19 por ciento.
En el GPPAN queremos apoyar a los productores agropecuarios y pescadores de México, por lo que solicitamos a la colegisladora, ya sea vía reasignación de recursos o con recursos adicionales, que seguramente se aprobaran por esa honorable Cámara, se aumente el presupuesto para la Sagarpa en 14 mil 290 millones de pesos, es decir mantener el mismo presupuesto aprobado para el 2010 en términos reales.
Estamos proponiendo se incrementen los recursos para investigación, al Inifap, al Instituto Nacional de Pesca, para atención de desastres naturales del sector agropecuario y pesquero, a la tecnificación de riego, a la agricultura protegida, así como el componente de garantías, para el aspecto sanitario, proponemos aumentarle Senasica, entre otro componentes.
En el PAN somos sensibles a la problemática de los productores agropecuarios y pescadores, por ello mi grupo parlamentario está demandando recursos adicionales por 14 mil 290 millones de pesos.
Los componentes de los programas para los que proponemos un incremento que sume $14,290 millones de pesos, son los siguientes:
Componentes Recursos Adicionales
Tecnificación de riego 1000
Agricultura protegida 500
Modernización de maquinariaa gropecuaria 1000
Infraestructura pesquera y acuícola 300
Manejo posproducción 200
Garantías 1000
Apoyo al ingreso objetivo y/o la comercialización 3 mil 700
Atención adesastres naturales en el sector pecuario y pesquero 1 000
Servicio Nacional, inocuidad y calidad agroalimentaria 2 000
Extensionismo rural 1 000
Bioenergía y fuentes alternativas 400
Reconversión productiva 150
Promoción de exportaciones y ferias 200
INIFAP 1000
Instituto Nacional de Pesca 240
Firco 100
Conservación uso sustentable de suelo y agua-pequeñas obras hidráulicas 500
Total 14 mil 290
Por todo lo anterior invito a todos los Senadores interesados a sumarse a este esfuerzo, para que se le aumente recursos a la Sagarpa.
En mérito de lo expuesto me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, consideren recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los componentes mencionados.
Senado de la República, a 28 de septiembre de 2010.
Senador Javier Castelo Parada (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos destinados a continuar el convenio entre el IMSS y productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas, presentada por Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Senador Francisco Arroyo Vieyra
Vicepresidente
El suscrito, senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas, sobre la base de las siguientes
Consideraciones
Los criterios de política económica de 2010, enviados por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para su análisis, discusión y aprobación por el Congreso de la Unión, son restrictivos, prioriza el gasto a la seguridad pública y reduce significativamente el gasto social y agropecuario del país.
Para Felipe Calderón Hinojosa es más importante la seguridad pública y principalmente su seguridad personal, toda vez que propone incrementar a 138 millones 476 mil 127 pesos para la compra de vehículos de sus escoltas, 212 millones 789 mil 479 pesos para el Estado Mayor Presidencial y 224 millones 446 mil 703 pesos para el transporte aéreo presidencial, la suma total de estas erogaciones es de 574 millones 712 mil 309 pesos.
El gobierno panista propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para la Secretaría de Gobernación por 50 mil millones de pesos, para la Secretaría de la Marina por 18 mil millones de pesos y para la Secretaría de Seguridad Pública solicita una partida de 36 mil millones de pesos.
Estos recursos representan un incremento respecto al Presupuesto de Egresos de 2009 de 78.1 por ciento para la Secretaría de Gobernación, 10.3 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional, de 9.9 por ciento para la Secretaría de la Marina y 5.9 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública; en cambio se reduce el gasto para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 22 por ciento, lo que representa una reducción de 17 mil millones de pesos, es decir, importa más para el gobierno panista apoyar su guerra fallida en contra del crimen organizado que el campo mexicano y el desarrollo social.
La Cámara de Diputados, a través del control constitucional del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá de modificar el proyecto económico del gobierno calderonista que le da prioridad al gasto de seguridad pública y reasignar las partidas presupuestales para dotar de mayores recursos al campo mexicano y al desarrollo social.
Hoy más que nunca, compañeros senadores, se tiene que apoyar a los productores del campo mexicano. El huracán Alex, que se presentó en julio de 2010 y afectó severamente los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y recientemente, el huracán Karl, que demostró su fuerza desbastadora y afectó los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, muchas de las familias afectadas son pequeños productores del campo que han perdido totalmente la producción.
En estas pérdidas se sitúa la caña de azúcar: han sido afectados aproximadamente 40 por ciento de los productores a nivel nacional del edulcorante, motivo por el cual se tiene que priorizar a los campesinos mexicanos y sobre todo garantizarles el derecho universal a la salud. El gobierno federal ha demostrado su incapacidad para atender y declarar zona de desastre el estado de Veracruz, el motivo injustificado no contar con los recursos suficientes para atender estas contingencias.
No podemos escatimar recursos a los productores de caña de azúcar para que sean atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo porque son sumamente pobres. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aparte de discriminar y no atender a los pobres en éstas tragedias, es mal administrador, y su gobierno demuestra opacidad en el manejo de los recursos públicos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó las cifras del segundo Informe Trimestral de las Finanzas de 2010, en donde establecen que el gobierno de Felipe Calderón ha subejercido 88 mil millones de pesos en diversos programas sociales, principalmente salud, pensiones e infraestructura.
No obstante de no ejercer estos recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobados por la Cámara de Diputados para 2010, la administración calderonista ha sostenido e incrementado diversos fideicomisos y fondos que al 30 de junio del 2010 sumaban la cantidad de 399 mil 378 millones 400 mil pesos, recursos que no se han utilizado y no sabemos qué destino tendrán estas sumas millonarias. El gobierno panista cuenta con miles de millones de pesos y miles de campesinos su producción se encuentra bajo el agua sin ser atendidos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre el manejo del gasto que realiza el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y concluyó lo siguiente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene una política de opacidad, y violenta diversas disposiciones para no revelar el manejo de millonarios recursos que tiene la federación.
La Cámara de Diputados tiene los fundamentos constitucionales para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 propuesto por el gobierno calderonista y asignar recursos suficientes para que los productores del campo cañero tengan el derecho universal de la salud.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a ejercer sus funciones de control constitucional y modifique la propuesta del gobierno federal del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y no se asignen los miles de millones de pesos propuestos para la seguridad pública y se priorice el gasto al campo mexicano y al desarrollo social.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos por 400 millones de pesos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, septiembre de 2010.
Senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a reintegrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el subsidio destinado a diesel marino, en apoyo necesario del desarrollo de la industria pesquera nacional, presentada por Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
México, D F, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Secretarios de la Cámara de Senadores.
Presentes
La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación, el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.
Considerandos
El desarrollo de las actividades económicas en sus tres niveles de desarrollo y productividad –primarias, secundarias y terciarias- requieren del óptimo funcionamiento para garantizar el armónico crecimiento económico de todas las naciones del mundo, por lo que contar con el suficiente apoyo de los órganos facultados del estado para su realización, conlleva a garantizar que dicho crecimiento tenga el éxito anhelado.
En nuestro país, muchos sectores productivos pertenecientes a las actividades primarias y secundarias, se han visto gravemente afectados por las crisis económicas nacional e internacional, presentando mayor vulnerabilidad el de la extracción de materias primas, mismo que ha sido castigado con mayor dureza durante la última década. Esta situación, ha provocado un desarrollo lento y poco redituable para ellas, siendo distante la generación del crecimiento anhelado, lo que se traduce en una caída vertiginosa para el desarrollo económico y social de la nación.
En este caso, la industria pesquera mexicana se ha visto afectada además por el alza indiscriminada de los insumos necesarios para el desempeño de su actividad, especialmente el del combustible empleado para la movilización de sus embarcaciones en altamar, el denominado diesel marino , motivo que ha provocado la caída tanto en la oferta como en la demanda de sus productos, así como el alarmante inicio del desmembramiento de varias empresas dedicadas a este rubro.
En este sentido y como es de su entero conocimiento, hace un par de semanas se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Federaciónpara el Ejercicio Fiscal 2011 ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se aprecia la eliminación completa del subsidio del diesel marino, mismo que fue decretado en el año 2004 por el presidente de la República, con el objeto de apoyar y promover el desarrollo competitivo de la industria pesquera mexicana.
No obstante que en el último trienio de esta década, se han presentado disminuciones drásticas en las cantidades de dinero destinadas dentro del mencionado Presupuesto de Egresos, notándose la reducción del subsidio de este energético, de 260 mil millones de pesos en el presupuesto en el año 2008, a la mitad en los dos últimos ejercicios, correspondiente a los años 2009 y 2010, que es equivalente a 138 mil millones de pesos, cantidad insuficiente para la ejecución de sus actividades al cien por ciento, es de resaltar que la eliminación del subsidio del diesel marino afectaría en gran medida a la industria pesquera, debido a que los gastos en combustible para las naves representa el 60 por ciento de la inversión total para salir al mar, aunado a los gastos generados por los insumos como el pago y mantenimiento de refacciones, pago de energéticos, lubricantes, avituallamiento así como otros implementos primarios que requiere la embarcación en el desarrollo de su actividad.
Por ello, existe una latente preocupación en quienes participan e impulsan el desarrollo de esta industria, especialmente de su mayor representante, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, toda vez que la supresión al subsidio del diesel marino, representará la notable imposibilidad de continuar llevando a cabo sus actividades para el próximo año.
Esta medida ha sido tomada sin que dentro de la industria pesquera existan las condiciones para absorber este elevado costo, en virtud de que las precarias condiciones en que se encuentra en ambos litorales y en relación con su comercialización interna y al exterior, impiden su autosustentabilidad.
Por esta razón, la industria pesquera no puede ni debe arriesgarse a un paro de actividades o a su desaparición, ya que los efectos repercutirían en todos los sectores de la economía, provocando, entre otros efectos, el alza en el desempleo y una notoria afectación en la balanza comercial de nuestro país. Cabe enfatizar que de no realizarse acción alguna para el reajuste presupuestal, existe el riesgo de que más de dos mil embarcaciones camaroneras y atuneras en las costas del océano Pacífico y del Golfo de México queden varadas, provocando la merma de medio millón de empleos directos e indirectos.
El contexto de la industria pesquera y acuícola, requiere hoy más que nunca de toda la atención y rescate del Estado mexicano, a través de una correcta colaboración de sus impulsores y desarrolladores con el gobierno federal y especialmente a través de la secretaría de estado que cubre su rubro: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En este sentido, el proceso de creación de una sostenible política de estado, con respecto a la explotación desde la sustentabilidad ecológica, de nuestros riquísimos recursos del mar, necesita fundamentalmente de la aplicación y conservación de una adecuada tasa de subsidio al costo del diesel marino.
En este orden de ideas, expongo ante esta honorable Cámara de Senadores, la necesidad de solicitar por vía de esta manifestación, el restablecimiento y mejora del subsidio de este combustible, ya que su disminución vertiginosa ha precipitado su caída e incluso, puede condenarla a desaparecer.
Por último, es prudente y necesario considerar y reintegrar para el Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable al Ejercicio Fiscal 2011, el señalado subsidio, ya que apoya de manera sostenible la realización, impulso y crecimiento de la industria pesquera, a la par que la hacen competitiva en el escenario comercial, nacional e internacional, permitiendo el desarrollo sostenible de la economía mexicana y generando una mayor cantidad de empleos mejor remunerados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de septiembre de 2010.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, presentada por José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
México, D. F., a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados asigne los recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura
Presente
El suscrito, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente propuesta con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados asigne los recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, de conformidad con lo siguiente:
El artículo 67 fracción XLIV de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza señala que son atribuciones del Poder Legislativo expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo ente el estado y sus trabajadores y entre los municipios y quienes laboran a su servicio, con base en lo dispuesto por el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte el apartado B del artículo 123 de la Constitución federal establece, entre otras disposiciones, el derecho que tienen todos los trabajadores al servicio del estado a la seguridad social, la cual comprende los servicios médicos para los propios trabajadores y sus familiares derechohabientes.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila cumple con las obligaciones de seguridad social para sus trabajadores docentes y administrativos, mediante el Hospital Universitario cuya sede está ubicada en la ciudad de Torreón Coahuila.
No obstante lo dispuesto en las diversas leyes que señalan como obligación del estado el brindar una adecuada atención médica a los trabajadores de la educación en el estado de Coahuila, en la realidad encontramos que ello no es así.
El Hospital Universitario ha sido completamente abandonado por el gobierno estatal, opera con un importante déficit que se traduce en la falta de atención oportuna y al final, todo ello en perjuicio de cualquier trabajador que presente un padecimiento.
Ante la falta de recursos, el hospital se ha visto en la necesidad de realizar grandes esfuerzos para atender a los derechohabientes, dado que al carecer de un presupuesto que les permita modernizarse y ser una institución de vanguardia en el ramo de la salud, su servicio es proporcionado como hace 50 años.
Este Hospital Universitario atiende también a personas de escasos recursos de la Comarca Lagunera, pero no han podido transformarse en un nosocomio de vanguardia ante el abandono económico de los gobiernos estatal y municipal, por lo que al paso de los años su situación se agrava aún más.
Ante tal situación, es menester que desde el ámbito federal se tomen las previsiones necesarias para otorgar a la población de la región los servicios de salud en óptimas condiciones, de forma eficiente, oportuna y con la seguridad plena de que si sufren de alguna enfermedad estarán atendidos de la mejor forma posible con personal médico capacitado, mejores doctores, enfermeras, equipo, aparatos, material de curación y con los medicamentos que les permitan recobrar la salud.
Por ello, compañeros y compañeras senadoras, es justificado solicitar a la honorable Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales asigne específicamente recursos presupuestarios del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, concretamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, una cantidad por el orden de 20 millones de pesos para el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, con la finalidad de que puedan prestar el servicio de salud en condiciones adecuadas.
Por ello, compañeros y compañeras senadores, les solicito atentamente su apoyo a la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en el ejercicio 2011, asigne específicamente recursos presupuestarios del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, concretamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, una cantidad por el orden de 20 millones de pesos para el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, con la finalidad de que puedan prestar el servicio de salud en condiciones adecuadas.
Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, D F, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil diez.
Senador José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).
De la Cámara de Senadores, por el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con independencia de lo propio en el Fondo de Desastres Naturales, recursos para el rescate del patrimonio cultural de Tlacotalpan y La Antigua, Veracruz, con motivo de las recientes inundaciones que han padecido, presentada por María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del PRD
México, DF, a 28 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2011, con independencia de los recursos propios del Fonden que se destinen a Tlacotalpan y La Antigua, del estado de Veracruz, se les asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Proposición con punto de acuerdo que la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante del Senado de la República, LXI Legislatura, presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual el Senado de la República exhorta al titular del gobierno federal y a la honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, con independencia de los recursos propios del Fondo de Desastres Naturales que se destinen a Tlacotalpan y La Antigua, localidades ambas del estado de Veracruz, se les asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido. Lo anterior se sustenta en la siguiente:
Exposición de motivos
Los efectos devastadores de los fenómenos naturales azotan primero a la población, trastornando su vida cotidiana y afectando su patrimonio; pero también producen daños de diversa naturaleza en el patrimonio cultural de los mexicanos y de la humanidad, daños graves que pueden ser irreparables si no son atendidos con atingencia.
Si bien en diferentes lugares del territorio nacional se han sentido con rigor los efectos de los fenómenos climatológicos extremos, que nos mueven a la solidaridad con nuestros compatriotas damnificados, ocurre que en el Estado de Veracruz dos localidades con valor patrimonial cultural se han visto terriblemente trastornados, refiriéndome a Tlatocatlpan (cuyo centro histórico cuenta con declaratoria de la UNESCO como Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998) y La Antigua (que se encuentra gestionando una declaratoria similar).
Tlacotalpan es conocido por su tradición pesquera y por los dos festivales anuales de música jarocha y décima que patrocina, especialmente interesante por formar un vínculo cultural e histórico entre la música andaluza, del centro-occidente de África y de las culturas nativas de Mesoamérica. Puerto fluvial, rodeado e irrigado por el río Papaloapan, su centro histórico fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1998.
Tlacotalpan perteneció al territorio Totonaca en el siglo XII, por lo que su fundación remonta en esa época. Era cabecera de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y Tlazintlata. En el periodo de la Colonia, en el siglo XV, el lugar recibió el nombre de Tlacotclpan, que significa: entre aguas. Poco después de la conquista el poblado fue encomendado a Alonso Romero, cuya familia gobernó el lugar hasta mediados del siglo XVI. En 1541, se estableció el corregimiento, que poco después se convirtió en la alcaldía mayor. En 1577, Gaspar Rivadeneyra, después de recibir en encomienda dos sitios de ganado mayor en la hoya del Papaloapan, fundó la estancia de Santa María de Cuzpalapan, más conocida como Estanzuela, la cual constituyó una hacienda muy ligada al nacimiento y desarrollo del Tlacotalpan novohispano. Al principio del siglo XVII el Gobierno Virreinal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. El siglo XVII se distingue por el asentamiento de las haciendas, san Juan Zapotal y el crecimiento de la población española, la construcción de barcos y la persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace que desembarquen los filibusteros( pirata en los mares de América en los siglos XVII y XVIII)., en Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan.
En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después, en 1788, ocurre otro incendio, por lo que se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería, por lo que de esta época datan las amplias casonas de pilares y arcos de medio punto, techadas de teja.
A mediados del siglo XIX, se construyó el palacio municipal. El pueblo se denominó San Cristóbal Tlacotalpan. En 1847 obtiene el titulo de villa. En 1862 fue ocupada por los franceses en la Intervención Francesa.
Por decreto de 9 de mayo de 1865, el General Alejandro García Marcín gobernador del estado, eleva la villa de Tlacotalpan a la categoría de ciudad, por la defensa contra los franceses que el mismo comando, Alejandro García era originario de Campeche, Campeche. Durante este período Tlacotalpan fue provisionalmente capital del Estado. Años más tarde desde aquí Porfirio Díaz Mori organizó el levantamiento contra el Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896, nombre que se cambió después de la Revolución.
Guadalupe Victoria fundó ahí una de las primeras escuelas de la Armada de México, que duró dos años las prácticas que hacían a bordo de la embarcación Papaloapan. Miguel Z. Cházaro, fundó en 1870 el Colegio Preparatorio, tercero que funcionó en la entidad. Es Tlacotalpan cuna de ilustres veracruzanos y mexicanos universales, en las artes y la academia destacan Gonzalo Aguirre Beltrán y Cayetano Rodríguez Beltrán y el poeta y músico Agustín Lara. Además de grandes decimistas como lo son Guillermo Cházaro Lagos y Rodrigo Castellanos.
En la actualidad Tlacotalpan sigue siendo semillero de las artes, es común los fines de semana ver a jaraneros, decimistas y bailadores en la plaza principal, llevando a cabo el tradicional fandango. Existen diversos grupos de música jarocha entre los que destacan El Siquisiri, Estanzuela, Son de Madera y muchos otros más, rescatando así la música tradicional tlacotalpeña.
En el documento preparado por el Instituto Veracruzano de Cultura para integrar el expediente de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, se nos dan algunos antecedentes de La Antigua que nos permiten conocer y refrendar su importancia:
“La Antigua Villa Rica de la Vera Cruz, fundada en 1525, es uno de los lugares de mayor trascendencia, no sólo para Veracruz y México, sino de la América entera. Lugar de historias y leyendas, contiene estructuras que refieren los primeros instantes de la vida colonial den México; vista como residencia de Hernán Cortés por muchos, en ella existen traza, inmuebles y vestigios que manifiestan una intención urbana estratégica en el proceso de dominación hispana, tanto militar como económica. La Antigua representa el punto estratégico que domina el escenario de los primeros intentos de vincular el territorio nacional con el viejo mundo y posteriormente, en el período independentista, alojó a los ejércitos de Guadalupe Victoria y de Antonio López de Santa Anna.
“Aún persisten estructuras de los albores del siglo XVI, edificios como la Ermita, edificada en 1525, el Cabildo y el templo de Nuestra Señora de la Consolación (...), también se encuentra ahí vestigios de la Casa de Cortés y de las Caballerizas de Santa Anna, así como de lo que se supone fue la primera aduana en América. La escuela Elodia Rosales conserva algunas estructuras que se supone pertenecieron a alguna casa notable o a la aduana del siglo XVI. Dentro del paisaje urbano pueden detectarse también algunos modelos de vivienda como “casa de tablas” y algunos ejemplares de ascendencia africana.
Asimismo, se localiza en el centro histórico una ceiba que remite a la existencia previa de un embarcadero, lo que nos da idea del movimiento del cauce del río desde la era de Cortés hasta nuestros días y para mayor referencia, se enlistan las características de algunos de esos inmuebles:
• Ermita del Rosario: Esta iglesia fue construida entre 1523 y 1524, su arquitectura es de tipo español, con su espadaña para tres campanas y su atrio en el que se ven las catorce estaciones del Vía Crucis, hechas en mosaico de Talavera de la reina, dentro de ella se encuentra una pila bautismal labrada por indígenas hecha de piedra volcánica y de una sola pieza.
• Edificio del cabildo: construido en 1523, es el primero de su tipo en la Nueva España.
• Casa de Hernán Cortés: Su arquitectura es similar a la que se encuentra en edificaciones de la época en Andalucía. Fue construida con rocas de coral, piedra de río, piedra volcánica, teja plana (ladrillo) y como repello la baba del ostión, la concha molida del carey, huevo de gaviota , baba de nopal, arena de río junto con su agua, a esta mezcla se le llamaba estuco o argamasa. A su lado se encuentra un cañón traído por los españoles que fue rescatado por los pobladores hace aproximadamente 45 años, para poder sacarlo fue necesario dinamitarlo, por tal motivo se fracturó la parte delantera del mismo, fue llevado a los astilleros de Veracruz donde fue soldado y trasladado y al mismo lugar donde esta exhibido fuera de la casa.
• Parroquia del Cristo del Buen Viaje: Construida a mediados del siglo XIX, en ella se pueden apreciar pilas bautismales hechas por manos indígenas.
• Cuarteles de Santa Anna: Fortificación Militar construida en el siglo XIX también utilizado como hospital por los frailes franciscanos.
Según se aprecia de la breve descripción que, de cualquier manera se encuentra apoyada por la fama de ambos sitios, la importancia cultural de Tlacotalpan y La Antigua es indiscutible, sin menoscabo de la trascendencia que para sus habitantes reviste el rescate cabal de su lugar de residencia, tomando en cuenta que esos compatriotas nuestros son la parte viva de una historia que ha sido conservada gracias a sus esfuerzos y entusiasmo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la importancia que para todos tiene el rescate de Tlacotalpan y La Antigua, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno Federal y a la honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, con independencia de los recursos propios del Fondo de Desastres Naturales que se destinen a Tlatocatalpan y La Antigua, localidades ambas del Estado de Veracruz, se le asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido.
Dado en el pleno del Senado de la República el 23 de septiembre de 2010.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
(rúbrica)
Del ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, respecto al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Ministerio del Interior del Reino de España
México, Distrito Federal, a 25 de septiembre de 2010.
Secretarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión
Presentes
Por medio de la presente hago de su conocimiento que el Ministerio del Interior del Reino de España me ha distinguido con el otorgamiento de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, como se hace constar en el documento anexo.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37, inciso c), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito por su amable conducto el permiso correspondiente del Congreso de la Unión para recibir la condecoración mencionada.
Para tales efectos, se adjunta al presente copia certificada de mi acta de nacimiento, y copia de mi currículum vitae y de una identificación oficial.
Para los fines correspondientes señalo como domicilio para cualquier tipo de notificaciones el situado en Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel, delegación Álvaro Obregón, código postal 01000.
Atentamente
Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca
Hernández (rúbrica)
Consejero de la Judicatura Federal
