Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3106-I, miércoles 29 de septiembre de 2010
Dictámenes
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a cumplir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para implantar programas de desarrollo social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-6-0124, de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 706, que contiene una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implantación de programas de desarrollo social, presentado por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
I. La proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar plantea que en la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación, y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos, las condiciones de vida de sus pobladores y sus necesidades reales.
II. La legisladora argumenta que la Ley General de Desarrollo Social establece en el artículo 3o. los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social y que, por tanto, deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia. Bajo su perspectiva se violan los principios de solidaridad e integralidad, toda vez que los gobiernos federal y estatal se abstienen de coordinar y articular con los ayuntamientos la ejecución de los programas de desarrollo social. De la misma manera, se viola el principio de transparencia, toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de los dos ámbitos de gobierno.
III. La legisladora considera que se han pasado por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo por excepción los ejecutarán directamente otras instancias. Por tanto, propone exhortar al ejecutivo federal a revisar y, en su caso, modifique las reglas de operación de los programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación con las instancias municipales correspondientes. Además, hacer un exhorto al gobierno de Michoacán a transparentar la entrega de bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación correspondientes la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos.
IV. Los argumentos expuestos por la proponente resultan significativos en la construcción de un federalismo pleno en nuestro país, sin embargo, las condiciones institucionales a las que hace referencia la proponente han cambiado y han llevado a dejar sin sustancia la proposición en comento.
V. En el artículo 30, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se establece que “tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia competente, decida suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las entidades federativas, procurará que éstos se celebren a más tardar en febrero en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán, como mínimo, los programas a que se refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa, a qué se destinarán los recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización. El gobierno federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los comités de planeación para el desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del convenio de coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas para lograr el mejor desarrollo e impacto social de éstos”.
VI. Es importante para esta comisión dictaminadora reconocer la labor legislativa y la preocupación de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar por consolidar un marco legislativo que contribuya a fortalecer el federalismo y el desarrollo social en nuestro país.
VII. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria, de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implantación de programas de desarrollo social, presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de noviembre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del consejo nacional para la cohesión social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38, segundo párrafo, de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-6-0316 de fecha 2 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1463, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del consejo nacional para la cohesión social, presentado por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de marzo del mismo año.
Con este antecedente la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
I. En su exposición de motivos, el diputado Eduardo Ledesma Romo hace una serie de reflexiones en torno a la importancia de la cohesión social en el país, principalmente ante un panorama de violencia, descomposición social y crisis económica que permea a lo largo de la república. Señala que la cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto del país. Además, menciona que es el momento de colocar en el centro de todo esfuerzo gubernamental la tarea de promover la cohesión social, como condición indispensable para garantizar la viabilidad del país.
II. El legislador habla de asumir el reto de reconstruir una cohesión social sólida, congruente con un proyecto de nación para el siglo XXI y que trascienda las visiones parciales y de coyunturas políticas. Asimismo menciona los dramáticos sucesos, particularmente en la frontera norte de nuestro país, como ejemplo del grado de descomposición social. Por ello, propone construir con visión de largo alcance y un gran esfuerzo nacional en favor de la cohesión social, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores de la sociedad civil, principalmente de las instituciones de educación superior, comprometidas con el interés superior de la nación.
III. Por lo anteriormente expuesto, el diputado propone la creación de un espacio de interlocución y generación de propuestas, como sería un consejo nacional para la cohesión social, integrado por representantes de los Poderes de la Unión, de la sociedad civil, de instituciones de educación superior y organismos de carácter consultivo que trabajen con esta visión y compromiso.
IV. Con base en los argumentos expuestos por el diputado proponente, resulta por demás significativa su preocupación por establecer mecanismos que propicien el fortalecimiento de la cohesión social, principalmente ante la ola de violencia que vive el país. Sin embargo, el mismo concepto de cohesión social es muy abstracto y ambiguo, por lo que su uso requiere de un análisis preciso para evitar la ambigüedad jurídica. Al hablar de cohesión social se alude a un sentido de pertenencia de individuos sobre algún proyecto o interés común y que requiere de un consenso generalizado, por lo que al ser México un país con una enorme pluralidad resulta difícil homogeneizar los patrones sociales.
V. La Ley General de Desarrollo Social señala en su artículo 36 al grado de cohesión social como un indicador para la identificación, definición y medición de la pobreza, por lo que las entidades y dependencias de la administración pública federal que participen en la ejecución de programas sociales deberán tomar en cuenta este indicador para el desarrollo de sus funciones y logro de sus metas.
VI. La misma ley contempla, en su artículo 55, la creación del consejo de desarrollo social como un órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, de participación ciudadana y conformación plural, que tiene entre sus objetivos analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social. Entre sus funciones tiene la de emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política nacional de desarrollo social, e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la misma política. Debe destacarse que está pendiente la integración y funcionamiento del citado consejo, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. A pesar de ello no se considera viable la creación de nuevas instancias institucionales en torno a la cohesión social.
VII. Debe destacarse la preocupación del diputado Ledesma Ramos por el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo social de los mexicanos a través del fortalecimiento de la cohesión social, sin embargo, con una visión de eficiencia y eficacia institucional, bajo un contexto de restricción de recursos presupuestarios, se hace poco factible la propuesta en comento.
VIII. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, en sesión ordinaria, de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar que las políticas públicas apuntalen al fortalecimiento de la cohesión social en el país, así como la creación del consejo nacional para la cohesión social, presentado por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de marzo del 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Sedesol y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-3-554, de fecha 29 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 2355, que contiene proposición con punto por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Sedesol y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada en la sesión de la misma fecha.
Con esos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes
Consideraciones
I. El diputado Natale López expone que la proposición con punto de acuerdo responde a un contexto coyuntural sumamente complejo y delicado por el tratamiento en que se están llevando a cabo los procesos político-electorales en las 15 entidades federativas donde se renovarán entre Ejecutivos estatales, congresos y presidencias municipales.
II. Para el legislador, el uso y la aplicación de recursos públicos se hacen cada vez más presentes en un intento de las estructuras de gobierno por cooptar y garantizar el voto ciudadano a sus intereses políticos. Lo anterior contraviene con toda amplitud el párrafo quinto del artículo 32 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social respecto a la utilización y operación del programa Oportunidades.
III. El legislador apunta que para 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de poco más de 63 mil millones de pesos para que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ampliara la atención y cobertura del programa. El proponente destaca que este presupuesto fue producto de adecuaciones fiscales por el Congreso en aras de aprobar un presupuesto menos dañino en comparación con la propuesta inicial del Ejecutivo federal.
IV. La proposición en comento plantea que hay la posibilidad de que por cuestiones de coyunturas político-electorales, los logros y avances de la política social en cuanto a atención y superación a la pobreza se trunquen y se extravíen cayendo en la simulación y el desperdicio –de recursos financieros, técnicos, y humanos– y, en el peor de los casos, al fracaso integral de la política social por beneficiar con base en preferencias político-electorales, como se ha registrado en algunas entidades donde se celebrarán elecciones.
V. El proponente señala que los legisladores federales deben velar y exigir reiteradamente la imparcialidad y calidad en el desempeño y aplicación real de los recursos provenientes de los programas sociales para la población objetivo, condiciones mínimas para seguir aprobando en los subsecuentes presupuestos mayores recursos o, en su caso, la viabilidad de ciertos programas sociales que han perdido su real aportación al combate de la pobreza y de la marginación.
VI. Como consecuencia de su argumentación, el diputado Natale López propone, primero, exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a adelante a esta soberanía por medio de la Comisión de Desarrollo Social, a más tardar en cinco días hábiles, contados a partir de la aprobación del punto de acuerdo, la entrega de la información sobre la descripción de la estrategia de ampliación de cobertura prevista para el segundo trimestre para los programas de atención social: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 70 y Más, así como un informe relativo a la ejecución de dicha estrategia de ampliación en el trimestre que se reporta. Asimismo, una vez presentados los informes ante la citada comisión, que la misma dependencia federal (Sedesol) suspenda los procesos de afiliación e inscripción de los tres programas sociales en los 15 estados donde se renovarán entre Ejecutivos estatales, congresos locales y presidencias municipales hasta después de concluida la jornada electoral del primer domingo de julio del presente año. Por último, que la misma dependencia se sujete al principio de publicidad en términos de la garantía constitucional de transparencia, a efecto de que publique el padrón de beneficiarios, el cual deberá permitir conocer los nombres de quienes sean atendidos por los programas mencionados, así como su localidad, municipio y entidad federativa de residencia, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable.
VII. Como segundo resolutivo, se propone exhortar al secretariado ejecutivo y a las delegaciones en las entidades federativas que forman parte de las coordinaciones nacionales encargadas de los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades, 70 y Más, y Seguro Popular a abstenerse de realizar acciones u omisiones que influyan en la manipulación de los programas para fines político-electorales. Asimismo, consideramos propicio hacer extensivo el exhorto para el resto de las delegaciones federales, a efecto de que los titulares responsables y representantes en los estados se ajusten a lo normativamente establecido en el ejercicio de sus funciones porque, en caso de cualquier anomalía o señalamiento por el incumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicables, éstos deberán rendir un informe y comparecer ante la Comisión Especial para el seguimiento y vigilancia de los procesos electorales de esta soberanía a efecto de que desvirtúen los señalamientos imputados.
VIII. Conforme a lo fundado, la comisión coincide en la preocupación del legislador proponente sobre el adecuado uso de los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social. Sin embargo, la supervisión y el control de dichos programas deben realizarse continua e integralmente y no sólo durante procesos electorales locales.
IX. La Cámara de Diputados creó una comisión especial para dar seguimiento a los recursos públicos durante los procesos electorales locales que realiza una supervisión del desempeño de los todos los programas sociales. Sin embargo, deben reconocerse el trabajo legislativo y la preocupación del legislador proponente por la correcta aplicación de los recursos públicos y la aplicación de la Ley General de Desarrollo Social.
X. El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente, toda vez que la motivación se ha extinguido.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Secretaría de Desarrollo Social y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 29 de abril de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009
Honorable Asamblea
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-4-140, de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 559, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, presentada por la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.
Con esos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes
Consideraciones
I. La proponente apunta en la exposición de motivos que el Ejecutivo federal estableció en 2006, como parte de su estrategia de desarrollo humano el Programa 100 x 100. El programa tiene como objetivos abatir las condiciones de pobreza extrema que viven los municipios con mayor rezago en el país, con apoyos en pisos firmes, baños ecológicos y previsión de agua potable, entre otros. Califica estas metas como loables en principio, pues de los 487 municipios con población mayoritariamente indígena, 70 por ciento se considera de muy alta marginación de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, apunta que en Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), este año se atienden 15 municipios con los mayores rezagos en la entidad, la mayor parte de ellos indígenas.
II. La legisladora señala que actualmente, en Veracruz quienes son los encargados de hacer llegar los apoyos a la gente son los “facilitadotes”; es decir, funcionarios de la Sedesol. Según el sistema federal que nos rige con los preceptos constitucionales, los municipios son la unidad básica y primordial de gobierno; por tanto, los presidentes municipales tienen el mejor conocimiento de las necesidades locales acerca de la distribución, programación y urgencia en las comunidades integrantes de sus municipios. Sin embargo, ellos son los últimos en enterarse de la metodología y programación de las acciones que llevan a cabo. Es una demanda generalizada por los presidentes municipales estar en la posibilidad de coadyuvar con los funcionarios federales en la aplicación eficaz de este programa. Desde su perspectiva, es necesario que distintos niveles de poder concurran en aras de que los recursos lleguen a quien más lo necesita.
III. De la misma manera, se observa que la mano de obra empleada en la construcción de la infraestructura básica enfrenta una situación crítica de desempleo, que ya sumaba en septiembre de 2009 6.41 por ciento de la población económicamente activa. Para la diputada Pérez Santos, los efectos económicos y sociales son tan complejos como lamentables. Por ello, propone cambiar las reglas de operación del programa para establecer que se aprovechen los recursos humanos de las localidades beneficiadas y los mismos habitantes construyan los pisos firmes, las letrinas y demás infraestructura básica. Esto incluso significaría un doble efecto pues, por una parte, se dotaría a la gente con mejores viviendas y, por otra, se incentivaría el empleo temporal.
IV. En la proposición se hace referencia a lo establecido en los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, por lo que se refiere a que el material de promoción de los programas para el desarrollo social, deberán contener la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido para fines distintos de los establecidos en el programa”. En la práctica, señala la legisladora, esto no es así.
V. Si bien los argumentos expuestos por la legisladora son de la mayor importancia, las condiciones y los recursos presupuestales asignados a la estrategia 100 x 100 han cambiado. La mencionada estrategia ha sido sustituida por programas sociales que buscan mejor focalización y mayor amplitud e impacto social.
VI. Es importante destacar la preocupación y la labor legislativa de la diputada María Isabel Pérez Santos por impulsar el desarrollo social y el bienestar de las comunidades más pobres del país. Sin embargo, las condiciones que motivaron el punto de acuerdo se han extinguido por lo que atañe al periodo presupuestal referido.
VII. El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar a personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, presentado por la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 4 de noviembre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa, mediante la Sedesol, para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo y 41 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-2-218 de fecha 3 de diciembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 827, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Secretaría de Desarrollo Social para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, presentado por el diputado Ricardo Sánchez Gálvez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes del mismo grupo parlamentario, en la sesión de la misma fecha.
Mediante oficio DGPL 61-II-244, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, amplió el turno de la proposición con punto de acuerdo citada, para que la Comisión de Desarrollo Rural pudiera brindar una opinión en la elaboración del dictamen correspondiente.
Con estos antecedentes, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. El diputado Ricardo Sánchez Gálvez, señala en los considerandos de su proposición, que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 sostiene que el sector agropecuario y pesquero tiene carácter estratégico y prioritario para el desarrollo del país dado que, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas, en éste vive la cuarta parte de la población del país en la cual, pese a los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en el sector, persiste un segmento relevante en tal condición.
II. El legislador proponente señala que por esa razón se plantea la necesidad de garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento de la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de la población, así como fortalecer su comercialización mediante la promoción y el ordenamiento de mercados. Asimismo señala que de acuerdo con el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos.
III. En la proposición con punto de acuerdo analizada, se citan datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que muestran como la producción de leche ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario, que lo ha colocado como el décimo quinto productor de leche a escala mundial. Sin embargo se señala que no obstante lo anterior, el país se halla también como el quinto importador de leche, dado que alrededor de 30 por ciento de su consumo total es adquirido, principalmente, de países como Nueva Zelandia, Irlanda, Uruguay y Argentina.
IV. El legislador propone para aprovechar las potencialidades del sector, que el gobierno federal, a través de Liconsa, instaure el programa de adquisición de leche nacional, el cual tendrá como objetivo apoyar la comercialización del lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos que enfrentan problemas de colocación de leche, además de reducir en forma gradual y parcial las importaciones.
V. La proposición con punto de acuerdo señala que en el sexenio pasado, la captación que realiza Liconsa respecto de la producción nacional de leche pasó de 0.26 por ciento en 2000 a 4.47 en 2006. No obstante, dicho incremento aún se considera insuficiente dado el crecimiento del sector, por lo que se requieren políticas y acciones adicionales que coadyuven a su reactivación y protección. La delicada situación de los productores nacionales de leche se agravará aún más si no se pone un freno a las importaciones del alimento, dado que la inclusión de los 5 millones de litros de leche rehidratada por Liconsa diariamente genera una distorsión en el mercado que afecta a unos 220 mil productores.
VI. Asimismo se señala en la proposición, que pese a que el país no tiene compromiso más que con Estados Unidos para la importación de leche en polvo, no se han impuesto aranceles a otros países, como es el caso de Nueva Zelanda. Por esta razón, resulta totalmente injusto que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias, que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite al sector rural, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelandia, Colombia, Brasil y Perú han adoptado la imposición de aranceles y cuotas de importación entre las políticas de apoyo de su sector lácteo. Por ello resulta necesario que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando el consumo y la comercialización de leche fresca en el país a través de Liconsa, fijando un arancel de carácter temporal a la importación de leche deshidratada.
VII. El legislador proponente señala que además de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados debe analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas elaboradas con productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional porque no pagan impuestos a la importación ni al consumo.
VIII. Por último, el diputado Ricardo Sánchez Gálvez señala que el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal. No obstante, si se reorientara el programa Oportunidades a los 220 mil productores que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.
IX. Motivado por las razones antes expuestas, el legislador propone cuatro resolutivos para atender la problemática del sector. El primero, hacer un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, creando demanda para los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento. El Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel temporal sobre la importación de leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche. Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar con los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional. Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas importadas.
X. Por otra parte, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, concedió a la Comisión de Desarrollo Rural la ampliación de turno a efecto de formular una opinión sobre la proposición en comento. Dicha opinión fue turnada a esta Comisión dictaminadora el pasado 3 de marzo con las consideraciones sobre el tema. En ellas se señala la preocupación de la Comisión de Desarrollo Rural por el grave problema de comercialización que enfrentan los productores nacionales de leche. La Comisión de Desarrollo Rural señala que en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional y desataca que la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos señalados en el artículo 179 de la mencionada Ley.
XI. La Comisión de Desarrollo Social consideró muy importante el fondo de la propuesta del Diputado Ricardo Sánchez Gálvez, sin embargo, el tema y alcance de los resolutivos propuestos van más allá de las atribuciones de dictamen con las que cuenta esta Comisión. Las propuestas de los resolutivos segundo, tercero y cuarto, planteados por el legislador Ricardo Sánchez Gálvez, no atañen a la Comisión en el marco de una política nacional de desarrollo social y de la Ley General respectiva.
XII. Por lo que se refiere al resolutivo primero de la propuesta en análisis, conforme lo señala el artículo 32, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial aquellos que van dirigidos a los pobladores de las zonas árida y de las zonas rurales para elevar el nivel de vida de la población.
XIII. Liconsa es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como finalidad industrializar y distribuir leche de alta calidad a un precio accesible en apoyo de la alimentación y nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo. La empresa adquiere leche de producción nacional como importante fuente de abastecimiento de su principal materia prima. Con esta actividad se apoya la comercialización de lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos, a la vez que se reducen las importaciones de leche en polvo que la empresa se ve obligada a realizar ante una insuficiente oferta interna.
XIV. El lácteo comprado a productores nacionales se incorpora al Programa de Abasto Social con lo que los 3 millones de familias incluidas en el padrón de atención institucional cada vez en mayor medida consumen leche producida en el país. En apoyo a la compra de leche nacional y atendiendo demandas de pequeños y medianos ganaderos que carecían de infraestructura de acopio, Liconsa construyó y rehabilitó 49 centros de acopio y enfriamiento de leche fresca, en doce entidades federativas. Esta red de acopio con capacidad para manejar alrededor de un millón 100 mil litros de leche diarios, constituye una respuesta a las demandas de más de 10 mil pequeños y medianos ganaderos, cuya principal limitación para participar competitivamente en el mercado nacional de la leche, era la de contar con instalaciones apropiadas para acopiar y enfriar su producto, a fin de ofertarlo en mejores condiciones de calidad y precio.
XV. Hasta 2001 Liconsa compraba volúmenes reducidos de leche nacional, los cuales representaban menos del 3 por ciento del lácteo que se distribuía a través de su Programa de Abasto Social de Leche. En el 2002 se inició un programa de adquisición de leche producida en el país y en ese año se captaron 95.7 millones de litros, cantidad que ha ido creciendo año con año, de manera que en el 2008 se compró la cifra récord de 609.5 millones de litros. Para el 2009 se adquirieron 640 millones de litros, y en el 2010 se ha programado Llegar a los 650 millones.
XVI. La empresa complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina. Debe señalarse que la leche de importación históricamente ha tenido un precio más bajo que la leche nacional, lo que Liconsa aprovecha para adquirir leche en el mercado internacional, de elevada calidad, a menor precio, en beneficio de los sectores poblacionales de bajos ingresos incluidos en su padrón de atención.
XVII. Hasta el inicio de la presente década prácticamente toda la leche que la empresa utilizaba como materia prima era de importación. A partir del 2002, con la introducción del Programa de Adquisición de Leche Nacional, esta situación se ha revertido de manera radical. En el 2001 la empresa adquirió 120.9 miles de toneladas de leche en polvo de importación y desde entonces se ha venido reduciendo la cantidad de leche que compra en el mercado internacional. En el 2009 se compraron 58.7 miles de toneladas, que equivalen a cerca del 50 por ciento de la adquirida en el 2001.
XVIII. De esta manera se puede ver una reorientación de las compras de leche en polvo realizadas por Liconsa en el extranjero, que en el 2001 significaba el 97.3 por ciento del total de lácteo que distribuyó a sus beneficiarios a través de su Programa de Abasto Social, en tanto que para el 2009 esta proporción se redujo drásticamente al 33 por ciento.
XIX. La Comisión de Desarrollo Social hace énfasis en un reconocimiento a la labor legislativa del proponente y a la preocupación que tiene por fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los sectores de la población más desprotegida. Sin embargo, no se encontró motivo y fundamentación suficiente en los considerandos expuestos para reorientar los programas sociales que coordina Liconsa.
XX. A la Comisión de Desarrollo Social atañen la evaluación y seguimiento del impacto de los programas sociales del “Ramo 20” del Presupuesto de Egresos de la Federación. De esta manera, las consideraciones del dictamen se centran exclusivamente en el impacto social de los programas ejecutados por la SEDESOL y sus organismos desconcentrados.
XXI. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el programa de abasto social de leche subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, presentado por el diputado Ricardo Sánchez Gálvez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar en el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 38, segundo párrafo, de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-3-527 de fecha 28 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 2200, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva, presentado por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, durante la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. El diputado Vázquez Aguilar plantea que la práctica del deporte constituye un elemento fundamental en la formación de la personalidad y la vocación de los individuos. Contribuye a generar condiciones de vida más saludables, a inculcar valores como la solidaridad y la cooperación social, pero sobre todo a alejar a nuestras niñas, niños y jóvenes de flagelos como el alcoholismo, las drogas o la delincuencia.
II. Para el legislador, en tanto que la actividad física es un factor de inclusión e integración social, es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal promover, procurar y generar las condiciones para lograr que se lleve a cabo de manera óptima. Es una tarea impostergable que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, promueva la inversión y recuperación de espacios deportivos y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.
III. Subraya el legislador que lo anterior es importante, pues la infraestructura deportiva nacional es escasa e insuficiente para atender a los 29.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que hay a nivel nacional. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el año 2009 nuestro país tenía en operación únicamente 2,785 centros deportivos instalados en 943 municipios, de los cuales 169 eran considerados de alta marginación.
IV. Para el legislador las acciones realizadas en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, son loables y coadyuvan a devolverle a la sociedad espacios de esparcimiento y la convivencia colectiva. Argumenta que en el año 2009 se recuperaron 820 espacios de convivencia (parques, plazas, instalaciones deportivas y andadores) para los ciudadanos de 200 municipios del país, en beneficio de más de 4 millones de personas. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes, sobre todo si queremos convertir a la práctica del deporte en una cuestión de prevención del delito y la actividad delincuencial.
V. El diputado Vázquez Aguilar apunta que los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ciudad Victoria, Ecatepec y 15 delegaciones del Distrito Federal, con excepción de Milpa Alta. Por citar sólo un ejemplo, Ciudad Juárez tiene una población de 1 millón 400 mil habitantes y se calcula que 70 mil son “ni-nis” (jóvenes que ni estudian, ni trabajan), es decir, 5 por ciento de la población. El fenómeno es un catalizador aprovechado por el crimen organizado para expandir sus actividades delictivas.
VI. El proponente opina que en tanto la práctica del deporte y la realización de la actividad física contribuyen a la convivencia armónica de la sociedad. Señala que es prioritario contar con recintos deportivos e instalaciones que amplíen las oportunidades para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. El legislador está seguro de que se debe comenzar a hablar en este país de planeación a largo plazo y dejar atrás ocurrencias y generar políticas públicas con el objetivo de colocar al deporte como una práctica fundamental para atacar los males sociales. Señala que se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una mejor coordinación en su realización y un eficiente uso de los recursos.
VII. La proposición con punto de acuerdo señala como resolutivos:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país.
Segundo. Crear acciones transversales entre la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de establecer lineamientos generales para la operación de los espacios deportivos; contar con mecanismos que permitan la prevención del delito; y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.
VIII. Conforme lo señala el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el Programa de Rescate de Espacios Públicos se encuentra sujeto a reglas de operación que establecen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivos.
IX. La Secretaría de Desarrollo Social, señala que el Programa de Rescate de Espacios Públicos actúa bajo un enfoque integral para contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, a través de la construcción, rehabilitación, y mejoramiento de canchas y unidades deportivas, plazas, centros de barrio, entre otros sitios de convivencia, el fomento de actividades deportivas, recreativas y artístico-culturales que inciden en la prevención de conductas antisociales y de riesgo (por ejemplo, violencia familiar y social, drogadicción y pandillerismo), así como el impulso a la integración de redes sociales como formas de organización y participación comunitaria para el cuidado de los espacios públicos y el logro de entornos seguros. Todo ello, permite fortalecer las relaciones interpersonales, creando lazos de confianza e identidad.
X. Los subsidios del programa se distribuyen entre las entidades federativas, mediante la aplicación de una fórmula que considera diversas variables como son la participación por continuidad de 2009 y los índices relativos a la población municipal, marginación, desempeño en el ejercicio inmediato anterior, avance de obra e incidencia de delitos cometidos. Adicionalmente, en los municipios que participen en la estrategia Limpiemos México se incorpora un índice de esta estrategia interinstitucional y, en los municipios apoyados por el Programa de Subsidios para la Seguridad Pública Municipal en 2009, se agrega el índice de municipios prioritarios en materia de seguridad pública.
XI. Los recursos asignados a cada entidad federativa, se distribuyen, de común acuerdo, entre los municipios participantes y se formalizan mediante la suscripción de instrumentos jurídicos, en donde se incluye la conformidad de las partes para acatar la normatividad del programa, se comprometen los recursos de cada instancia participante y se establecen los mecanismos de información sobre los recursos y erogaciones realizadas. Los proyectos apoyados por el Programa de Rescate de Espacios Públicos, son de beneficio comunitario y en virtud de ello las plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos y culturales, centros de barrio, etcétera, son ámbitos abiertos donde cualquier persona tiene derecho a circular.
XII. Los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas pueden ser ejecutores de las obras y acciones financiadas por el programa; promueven la organización comunitaria mediante la conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social, asimismo, realizan acciones tendientes a fortalecer la equidad de género y, de prevención de conductas antisociales y de riesgo como la violencia familiar y social. Todo ello, con el objeto de fortalecer el tejido comunitario y el capital social, y mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público y su entorno.
XIII. De esta manera, se observa que el esquema de operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos ya contempla en la actualidad acciones diversas de prevención de conductas delictivas y la integración de las comunidades en la organización de actividades. Sin embargo, debe reconocerse la preocupación del legislador por que el desarrollo social en nuestro país logre ampliar las capacidades de un mayor número de mexicanos y con ello ayudarlos a superar las condiciones de marginación en que viven.
XIV. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos los municipios con mayor incidencia delictiva, presentado por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentada el 28 de abril del 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles que envíen a esta soberanía los parámetros de las evaluaciones y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-7-22 de fecha 23 de septiembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 122, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias, presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, en la sesión de la misma fecha.
Dicho expediente se conservó en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integraban las comisiones ordinarias respectivas.
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió el expediente número 122 con la proposición de punto de acuerdo en comento.
Con este antecedente, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. La diputada Yolanda de la Torre Valdez expone, en los considerandos de su propuesta que la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de todos los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niñas y niños hijos de madres trabajadoras en México.
II. La legisladora asegura que la disparidad que existe en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la Sedesol, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales y municipales, es abismal, lo que exige revisar las políticas y recursos que se destinan a ellos.
III. En las consideraciones se señala que debido a la ausencia de una política integral de protección de los derechos de la niñez en México, se ha comprometido seriamente el principio de protección del interés superior de la infancia. En consecuencia, señala que es urgente revisar los esquemas de guarderías desde la perspectiva de los derechos de los niños.
IV. Los considerandos de la propuesta señalan que las evaluaciones realizadas por el Coneval en 2008, establecen en sus “puntos susceptibles de mejoras”, la necesidad de generar sinergias entre los programas para la protección, guarda y custodia de niños, y homologar la calidad de los servicios.
V. La diputada de la Torre Valdez plantea que es evidente la necesidad de contar con un mecanismo efectivo de control, que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora a los programas federales, opere de verdad, se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde la Cámara de Diputados.
VI. De esta forma, la legisladora propone los siguientes resolutivos: Primero.- Se solicita a las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno responsables de establecer y operar estancias infantiles, en cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación, y resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes, acorde con el sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos. Segundo.- Se aprueba la creación de una Comisión Especial de esta honorable Cámara de Diputados, que revise la política general de estancias infantiles del Estado Mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes, y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieren para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños de México.
VII. Debe señalarse que el tema de la proposición con punto de acuerdo, debe ser abordado desde una perspectiva integral y multidisciplinaria como parte del desarrollo social en el país. Sin embargo, la comisión dictaminadora considera que la solicitud propuesta por la legisladora excede las atribuciones de esta soberanía. La Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con las atribuciones para ser rectora de una política de evaluación y seguimiento de los programas orientados al servicio de guarderías infantiles, por lo que se propone desechar el primer resolutivo.
VIII. La Sedesol sólo coordina el apoyo a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres sólos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos por persona, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.
IX. El subsidio que otorga el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, coordinado por la Sedesol, sirve para pagar parcialmente el costo del servicio de cuidado infantil en las estancias que operan en la red del programa, dicho apoyo se entrega de manera mensual a la responsable de la estancia infantil a la que acude el hijo del beneficiario. El beneficiario a su vez, paga una cuota de corresponsabilidad mensualmente, para cubrir la totalidad del costo del servicio.
X. Además, se otorgan apoyo a las personas interesadas en operar una estancia infantil siempre que ésta cumpla con las especificaciones establecidas en las reglas de operación. Las personas interesadas son apoyadas con un subsidio para realizar las adecuaciones necesarias al inmueble que propongan. El inmueble puede ser una vivienda particular o rentada, o bien en un contrato de comodato.
XI. El DIF nacional y la Sedesol supervisan las estancias infantiles afiliadas a la red del programa a nivel nacional, para asegurar su correcto funcionamiento y en consecuencia el bienestar de los niños. Las supervisiones que ha realizado el personal del DIF nacional a las estancias infantiles en lo que va del 1er semestre de 2010 ascienden a 17,022; no obstante cabe señalar que dichas supervisiones son de carácter tutorial, con el propósito de observar todas las actividades que se realizan en las estancias infantiles, además de los elementos que aseguran la calidad en el cuidado y atención infantil.
XII. Por lo que atañe al segundo resolutivo propuesto, conforme lo establece el artículo 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales serán aprobadas por el pleno de la Cámara y su integración será propuesta por la Junta de Coordinación Política, por lo que el resolutivo en comento sobrepasa la competencia de esta dictaminadora. De tal manera, la Comisión propone desechar dicho resolutivo.
XIII. La Comisión de Desarrollo Social hace un reconocimiento a la labor legislativa y a la preocupación que expresa la proponente, así como los legisladores que brindaron su adhesión a la proposición en comento, en beneficio de la seguridad y calidad de los servicios de guarderías en el país. Sin embargo, se recomienda impulsar una estrategia de atención intergubernamental para lograr mayor impacto en las acciones de evaluación, prevención y corrección de deficiencias en las guarderías a nivel nacional.
XIV. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias, presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el 23 de septiembre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en Naucalpan de Juárez, México
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-88 de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 548, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, presentado por el diputado David Ricardo Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. El diputado proponente plantea en su exposición de motivos que el municipio de Naucalpan de Juárez cuenta con una población aproximada de un millón de habitantes y se encuentra localizado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, existen zonas marginadas que colindan con grandes zonas residenciales entre los cuales se encuentran las zonas populares de San Francisco Chimapa y Santiago Tepatlaxco.
II. El diputado Sánchez Guevara expone que las comunidades mencionadas son clasificadas como zonas rurales y basan su desarrollo y progreso en la riqueza de sus propios recursos naturales y se encuentran rezagados del desarrollo y la dotación de servicios básicos.
III. El legislador proponente indica que nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Además apunta que uno de los grandes retos del gobierno federal es ofrecer a los mexicanos mejores y mayores oportunidades que les permitan elevar su nivel de vida. Con este fundamento, el legislador Sánchez Guevara propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naulcalpan de Juárez, estado de México.
IV. Conforme lo señala el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el programa Oportunidades se encuentra sujeto a reglas de operación que establecen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo.
V. El programa Oportunidades articula incentivos para la educación, la salud y la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza. La coordinación de este programa en los estados, se realiza a través de comités técnicos estatales donde se involucran las responsables federales y estatales vinculados a la operación del programa.
VI. La misión del programa Oportunidades es coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a la superación de la pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. Su población objetivo son los hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud.
VII. En el estado de México, durante 2008, Oportunidades atendió a habitantes de 2,634 localidades en 124 municipios, lo que implicó beneficiar a 392 mil 313 familias. En el año 2010 son beneficiarios del programa 431 mil 246 familias que viven en 3 mil 775 localidades de 125 municipios en el estado. Actualmente Oportunidades atiende a 292 familias en las localidades de San Francisco Chimalpa y 218 en Santiago Tepatlaxco, estado de México. Si bien debe reconocerse que es necesario un mayor esfuerzo de focalización y mejor implementación del programa, su impacto en comunidades de alta y muy alta marginación es considerablemente satisfactoria.
VIII. Debe reconocerse la preocupación del legislador por que el desarrollo social en nuestro país logre ampliar las capacidades de un mayor número de mexicanos, sin embargo, el programa Oportunidades cuenta con reglas de operación que norman los requisitos para el ingreso de las familias beneficiarias y sus localidades desde el inicio del ejercicio presupuestal. Asimismo, a través de los comités técnicos estatales se establecen los criterios y población objetivo a atender en las distintas entidades federativas.
IX. Conforme a lo anterior, resulta improcedente la proposición con punto de acuerdo en comento, toda vez que contravendrían los procedimientos establecidos para definen la población objetivo y las localidades beneficiarias del programa Oportunidades.
X. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, presentado por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 14 de noviembre del 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
