Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3097-II, martes 14 de septiembre de 2010
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Caritina Saénz Vargas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan párrafos a los artículos 7, fracción VII; 33, fracción IX; y por el cual se reforman los artículos 8º, fracción III; y 49 de la Ley General de Educación, a fin de prevenir, detectar y corregir las conductas de maltrato psicológico, verbal o físico entre escolares (bullying), fomentando con ello, una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Los diferentes tipos de bullying que existen son; Sexual: Cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual; Exclusión social: Cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro; Verbal: Insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil; Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro; Físico: Hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado.
Cabe señalar que el tipo de violencia dominante es el emocional y se da principalmente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de las víctimas.
Asimismo, este fenómeno se da tanto en escuelas públicas como privadas, así como en zonas marginadas como en aquellas de situación media y alta.
Las causas de esta problemática suelen ser multifactoriales, sin embargo, principalmente se debe a la situación de violencia creciente en nuestra sociedad en los últimos años.
Por otra parte, cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que exista acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos.
Estudios recientes en México muestran que dos de cada 10 niños y jóvenes son agredidos por compañeros de escuela, sin embargo, no es una cifra exacta dado que su detección es complicada por la falta de compromiso humanitario por parte de las autoridades educativas, así como por la falta de atención de muchos padres de familia que no perciben que sus hijos están siendo víctimas de bullying.
Según la Secretaría de Educación Pública, en México más del 70 por ciento de los estudiantes que conforman la educación primaria y secundaria han padecido en algún momento de su vida escolar de bullying.
Otro aspecto relevante a considerar es que el acoso escolar electrónico se ha incrementado de forma notable por medio del envío de mensajes intimidatorios haciendo uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como mensajes vía celular, mensajería instantánea (chat), correos electrónicos, el empleo de redes sociales e incluso la conformación de sitios web difamatorios, así como los buscadores web y sitios donde pueden subirse videos. De esta manera podemos encontrar que en el ciberbullying se incluyen amenazas, connotaciones sexuales, adjetivos peyorativos que pueden incluir imágenes (video o fotos) o grabaciones de voz intimidantes.
Cabe señalar que para el Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), este tipo de bullying tiene el mismo impacto que el tradicional porque en ambos casos el fin es denostar e intimidar al acosado, sin embargo, es el alcance y el nivel de propagación que ofrece Internet que lo hace más intimidante por el acceso abierto e ilimitado del web.
Este abuso permanente, agresivo, intencional y sin motivo, ocasiona en los niños, niñas y adolescentes, daños que pueden llegar a ser irreversibles.
La agudización del acoso escolar en planteles de educación básica, hace imprescindible que las autoridades educativas federales y estatales implementen acciones persuasivas que coadyuven a contener el avance de las conductas violentas entre compañeros.
Actualmente existen programas enfocados a la prevención del maltrato escolar en diferentes dependencias de educación pública de los gobiernos estatales, por medio de cursos en los que se orienta a los padres a mantener alejados a sus hijos del bullying a través de; el amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación para detectar inmediatamente cualquier conducta anormal, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la existencia de límites y normas, así como el vigilar que se cumplan.
Lo anterior, tiene como principal objetivo enseñar a los padres como ayudarles a sus hijos a controlar sus emociones y comportamientos hacia los demás, de tal manera que puedan convivir sanamente.
Por otra parte, si bien es cierto que la familia es la principal fuente de educación a los niños a través de la cual aprenden a socializarse basándose en lo valores, normas y comportamientos enseñados en casa; es en las escuelas en donde se pueden prevenir, detectar y corregir las conductas violentas de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, a fin de fomentar una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones. Por ello, la disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es fundamental para la construcción de una buena conducta. De ahí la importancia de la supervisión de los alumnos y el establecimiento de programas especializados en las escuela a fin de prevenir, detectar y atender la problemática del bullying.
Es fundamental que las escuelas deban estar abiertas a las quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, además de reforzar el tema de los valores en la formación de los estudiantes, toda vez que especialistas en el tema del bullying, señalan que este es un proceso que se caracteriza por ser un acontecimiento que se repite y se prolonga en el tiempo y suele mantenerse debido a la pasividad e ignorancia de las personas que rodean al agresor y la víctima.
Asimismo, las autoridades educativas tienen que avanzar en líneas de acción para frenar la violencia intraescolar y no quedarse sólo en campañas para prevenir estos abusos.
Ante estas circunstancias, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México externamos nuestra preocupación e interés para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia en las escuelas, y para ello es necesario enseñar a nuestros niños y adolescentes a resolver conflictos de forma constructiva por medio de programas de prevención de violencia escolar que incluyan la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia.
Por lo anteriormente señalado, debemos sumar esfuerzos para que la práctica del bullying sea eliminada en todas las escuelas de nuestro país, fomentando –tanto en casa como en los colegios– modelos sociales positivos y solidarios, y de comportamiento basados en la tolerancia y el respeto.
Por lo expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan párrafos a los artículos 7, fracción VII; 33, fracción IX; y por el cual se reforman los artículos 8º, fracción III; y 49 de la Ley General de Educación, a fin de prevenir, detectar y corregir las conductas de maltrato psicológico, verbal o físico entre escolares (bullying), fomentando con ello, una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Primero. Se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
I. al VI. ...
VII. Promover la convivencia de respeto y de armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal entre estudiantes.
VIII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
IX. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;
X. Estimular la educación física y la práctica del deporte;
XI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto;
XII. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad;
XIII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;
XIV. Fomentar los valores y principios del cooperativismo;
XV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;
XV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro;
XVI. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Artículo Segundo. Se reforma un párrafo del artículo 8, fracción III, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 8. ...
I. a II. ...
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios y la discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Así como la promoción de una cultura de paz, libre de cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal.
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 33. ...
I. al VIII. ...
IX. Desarrollar de manera permanente, programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de maltrato entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.
X. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos;
XI. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;
XII. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al Financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;
XIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior, y
XIV. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.
XV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.
El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Artículo Cuarto. Se reforma un párrafo del artículo 49 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la convivencia de respeto y armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato entre escolares y educadores, y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.
Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2010.
Diputada Caritina Saénz Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Banobras a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banobras, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Francisco Hernández Juárez, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, actuario Alonso Pascual García Tamés, a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banobras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el congreso de reestructuración de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios se tomó el acuerdo de que los sindicatos de la banca de desarrollo no formarán más parte de ella.
Esta decisión, excluyente, obligó a los Sindicatos Único Nacional de Trabajadores del Banobras, Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext, Único Nacional de Trabajadores de Nafinsa, Nacional de Trabajadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y Único de Trabajadores de Sociedad Hipotecaria Federal a formar la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, nombrando como secretario general a Luis Ángel Romo Lazo, quien funge como secretario general del sindicato del Banobras.
La nueva federación busca ser el medio directo de interlocución para defender los derechos laborales y resolver mediante el diálogo y la propuesta la problemática laboral ante las diferentes administraciones de los bancos de desarrollo.
La administración del Banobras, en lugar de respetar la libertad de asociación prevista en el artículo 123 constitucional, Apartado B, fracción XIII Bis, y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México, lanza una postura antisindical, con lo que atenta contra la decisión de los trabajadores de organizarse libre y democráticamente, y promueve una representación con la protección patronal, violando derechos colectivos y poniendo en evidencia su intolerancia y su visión antidemocrática de las relaciones laborales.
La intervención de la administración en la vida interna del sindicato del Banobras por la vía del hostigamiento, las amenazas y la persecución de su directiva por negarse a renunciar a sus cargos se traduce en reducción de licencias sindicales, supresión del servicio dental a los jubilados, amenaza de desalojo del local sindical, la suspensión de la línea telefónica e Intranet, y la amenaza de despido de los secretarios general y de trabajo y conflictos, así como la negativa a reconocer a la representación del sindicato para la gestión de los trámites sindicales, como se hacía desde la respectiva toma de nota.
Es urgente detener la actitud antisindical y de intromisión en la vida sindical del director general del Banobras, actuario Alonso Pascual García Tamés. Es necesario restablecer el respeto y diálogo en las relaciones laborales como elemento central en la solución y en las decisiones de los trabajadores en torno de su organización y representatividad.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, actuario Alonso Pascual García Tamés, a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banobras.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el entubamiento del río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Las aguas residuales que se descargan al río Atemajac son de tipo municipal producto del sistema de alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, desembocando en el río Santiago en el área de la Barranca de Huentitán, lo cual contamina el ecosistema natural, la flora y fauna silvestre. Una fracción de la extensión del mencionado río Atemajac atraviesa parte de los municipios de Zapopan y Guadalajara.
Esta extensión, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es de aproximadamente 2 mil 796.23 metros, alcanzando el río en algunos puntos un ancho de 40 metros.
El tramo de referencia afecta a los habitantes de colonias de los municipios de Zapopan y Guadalajara, como Atemajac del Valle, Villas Alcalde, Santa Elena Alcalde, Santa Elena, Autocinema, Santa Elena de la Cruz y División del Norte, con basta población, quienes por esa desatención de que el río corra al aire libre, padecen, entre muchas, enfermedades de la piel, de tipo respiratorio, dolores e irritación de la garganta, dolores de cabeza, nauseas y conjuntivitis por vivir en esas colonias que colindan con el río.
Además, los habitantes soportan, injustificadamente, los olores pestilentes del cauce del río que día a día son mayores dada su lamentable contaminación y el incremento de descarga de aguas que provienen del sistema de drenaje. Aunado a esto, se generan problemas de inseguridad por no existir sistema de iluminación que sirva a quienes transitan por la noche en las áreas colindantes con el río.
La solución del problema relatado es muy urgente y tendrá que realizarse a la brevedad por ser inadmisible que los habitantes afectados sigan teniendo detrimento en su salud, cuya protección está tutelada como derecho fundamental en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución federal.
Esa solución debe ser estructural, teniendo el objetivo trascendental de preservar la salud de los pobladores afectados y fortalecer la sustentabilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, proporcionando a esos habitantes una vida más digna, pues hasta la fecha, y no obstante que es ampliamente conocido el deterioro que sufren en su calidad de vida, han carecido de proyectos sanitarios.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a analizar, discutir y, en su caso, aprobar una partida etiquetada dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 para los municipios de Zapopan y Guadalajara, distritos 4, 8 y 9, con objeto del entubamiento del río Atemajac, que inicia en el parque Colomos, que continúa su trayecto por la calle Patria, cruza con la avenida Federalismo, con la avenida Alcalde hasta llegar a la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, situada en Periférico Norte y avenida Imperio, con la finalidad de proteger a los habitantes de las colonias de los municipios mencionados, quienes sufren afectación en su salud y bienestar por las aguas residuales expuestas al aire libre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes del sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno a implantar medidas de prevención y sanción contra la explotación sexual y la trata de personas en reclusos, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
Ya resulta verdad de Perogrullo señalar que los sistemas penal y de seguridad pública en nuestro país se encuentran en una crisis profunda para la cual no parece haber salida en el corto plazo. Por un lado, debido a la enorme desconfianza que los ciudadanos tienen respecto a las autoridades, se denuncia apenas el 5 por ciento de los delitos dolosos y culposos que se cometen contra la ciudadanía; de éstos pocos que se denuncian, apenas 2 por ciento llegan a resolverse mediante una sentencia contra quien lo comete, de los delincuentes que se encarcela, un número creciente escapa de los centros penitenciarios o vive en ellos en condición de privilegio y con libertad de seguir cometiendo delitos dentro y fuera de ellos.
A pesar de lo anterior, nuestras cárceles están llenas. En ellas no están todos los delincuentes que merecen estar; no todos los que están merecen estar, ya porque no son delincuentes o porque siéndolo ya cumplieron con el pago de su deuda con la sociedad, pero no pueden salir. Es así porque en México se castiga más la pobreza que el delito: el mayor porcentaje de quienes están presos, delincuentes o no, son personas que no tienen influencias que apoyen sus causas ante autoridades ni recursos para pagarse una defensa, activar sus casos o interesar a los impartidores de justicia en ellos.
La prisión es una medida de protección a la sociedad que tiene detrás la idea de castigar al delincuente privándolo de uno de sus bienes más preciados, la libertad; de proteger a la sociedad aislando de ella a quienes cometen ofensas en su contra y representen un peligro para la comunidad, o como una medida precautoria para evitar que un presunto delincuente escapara a la acción de la justicia mientras se lleva a cabo su proceso. Paralelamente, se busca que el sujeto entienda los alcances de sus conductas antisociales e incorpore nuevos valores y habilidades sociales que le permitan reintegrarse, mediante una serie de acciones pertinentes para neutralizar los factores que inciden en la extinción de la conducta delictiva.
Esa es la teoría. En los hechos el sistema penitenciario en México se encuentra ligado a un sistema de horror, sufrimiento y constante violación de los derechos humanos, en medio de un alto índice de corrupción, hacinamiento, tráfico de influencias, comercio de drogas, venta de armas, coerción, violencia, abuso sexual, prostitución, venta de protección, extorsión, etc., en una cadena que involucra a autoridades penitenciarias, custodios, internos, autoridades de impartición de justicia, autoridades administrativas y políticas, abogados, ministerios públicos, policías y corporaciones policíacas, entre otros, que hace posible que en las cárceles se planeen, coordinen y cometan evasiones, permisos a los presos que tienen influencias y dinero para salir a divertirse a antros o a pasar fines de semana con sus familias o a cometer asesinatos, y delitos como tráfico de drogas y de armas, extorsiones telefónicas y secuestros, prostitución y trata de personas dentro y fuera de las prisiones.
Como ejemplo, recientemente los medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, indagan una red de prostitución que opera entre los reclusorios femenil de Santa Martha y los reclusorios varoniles, en la que participan reos, personal de seguridad y del área jurídica de los reclusorios, los secretarios de acuerdos de los juzgados 52, 56 y 59, a partir de una denuncia presentada, con peligro para sus vidas, por reclusas que, además de estar privadas de su libertad, son obligadas a ejercer la prostitución dentro y fuera de los reclusorios.
En su testimonio las reclusas explican que cada día salen de Santa Martha entre 15 y 20 mujeres para ser llevadas a otros reclusorios y obligadas a prostituirse en los túneles que comunican a los juzgados; que para hacerlo se valen de pedimentos judiciales apócrifos emitidos por los secretarios de acuerdo referidos, para supuestamente presentar ante un juez a personas a las que no les corresponden ni los juzgados ni el reclusorio a los que las llevan, en los que no tienen un número de expediente ni número de toca; que por cada pedimento reciben entre 300 y 500 pesos por interna; que los principales consumidores son los padrinos, reos con poder económico, a quienes se les cobra alrededor de 3500 pesos por servicio sexual, y que este dinero se reparte entre los funcionarios involucrados en esta red.
Señalan que el mecanismo por el cual se les recluta, es el clásico que se usa para el enganche de víctimas para la trata de personas: las reclusas encargadas de reclutar, manipular y coaccionar a las otras, primero las identifican como necesitadas de recursos para su sobrevivencia y la de su familia, se ganan su confianza, les prestan dinero para cubrir sus necesidades y, una vez endeudadas en términos que no pueden pagar, les proponen prestar estos “servicios especiales” a reos, y si no aceptan, son amenazadas y agredidas físicamente.
Esta situación continúa desarrollándose cotidianamente, a pesar de que puede ser investigada de manera directa por las autoridades y tomarse medidas simples, como es la instalación de cámaras en los pasillos de los juzgados; se ha dado a conocer información, de otras entidades del país, donde este delito se comete con impunidad semejante a lo que ocurre en el Distrito Federal.
En lo que hace a la seguridad de los centros penitenciarios, casi cotidianamente nos enteramos de asesinatos, motines, aseguramientos de arsenales y confiscación de grandes cantidades de drogas, de extorsiones a familiares y, cada día más, de evasiones y de delitos cometidos por internos fuera de los reclusorios, tanto federales como estatales, preventivos y de extinción de penas, de alta, media y mínima seguridad.
Baste recordar la espectacular fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, del que salió por la puerta grande; los repetidos motines por el control de las penitencierías a todo lo largo y ancho del país, que arrojan saldos de muertos, heridos y daños materiales, de cuyas investigaciones nunca se informa; la reciente denuncia acerca de reclusos de una cárcel del estado de Coahuila que, con permiso de las autoridades penitenciarias, se reclutaban y salían en vehículos oficiales a perpetrar asesinatos colectivos.
La semana pasada ocurrió una de las mayores fugas de reos de que se tenga memoria: 85 internos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, Tamaulipas, al parecer con la ayuda del personal del centro evadieron su encierro. Este hecho es uno más de una serie los ocurridos en las penitencierías del estado, que muestra a las claras el abandono en el que el gobierno estatal tiene al sistema: sólo en 2010 han ocurrido más de 23 muertes violentas; 4 fugas masivas con un total de 116 internos fugados, más los 85 de ésta última: 2 fugas del Cedes de Reynosa, la primera de 13 internos en abril, la segunda de 12 internos en julio; 2 fugas del Cedes de Matamoros, la primera de 41 internos en marzo, la segunda de 40 internos apenas en agosto, y el asesinato del director de los Centros de Ejecución de Sanciones, Amado González Escalante hace un par de semanas.
Cabe destacar un dato alarmante: de estos 201 presos de reclusorios locales, el 85 por ciento, es decir, 170 presos, han sido presos federales recluidos en esos establecimientos, razón por la cual presenciamos ahora el clásico peloteo entre autoridades estatales y federales, tratando de tirar la bolita y hacer responsable una a la otra de la situación que prevalece y por los hechos ocurridos.
No es posible que las autoridades no puedan o no quieran controlar lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, que es una de sus obligaciones establecida en la Constitución Política; que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos; que echen por tierra los de por sí escasos resultados de la justicia penal, y que se siga tolerando la impunidad ante los delitos que allí se fomentan y allí o desde allí se cometen.
En virtud de lo anterior y con fundamento en las facultades que mi carácter de diputado federal me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades responsables de los sistemas penitenciarios en los diferentes órdenes de gobierno, a implementar medidas de prevención y sanción contra la explotación sexual y la comisión del delito de trata de personas en la población penitenciaria; y al gobierno del Distrito Federal a que investigue las denuncias presentadas en este sentido e informe a esta soberanía de las acciones y resultados obtenidos de la indagatoria y las acciones adoptadas contra los responsables.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta a al gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, a que en cumplimiento del deber de proteger la seguridad de la ciudadanía, investigue los hechos que redundaron en la fuga de 85 reos del penal de Reynosa el 10 de septiembre pasado, a que refuerce las medidas para la efectiva custodia de las personas recluidas en centros penitenciarios del estado; implemente una política integral que permita a su gobierno recuperar el control de sus centros penitenciarios, e informe a esta soberanía de las acciones tomadas y los resultados obtenidos.
Tercero. Se solicita a este pleno acuerde citar a las autoridades del gobierno federal, responsables de la seguridad pública en materia penitenciaria, a una reunión de trabajo con las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, con el fin de presentar un diagnóstico de la situación que guardan los centros penitenciarios federales y estatales del país, y las políticas y medidas para mejorarla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del 2010.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el IMSS, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123 constitucional. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.
El artículo 2 de la Ley del Seguro Social, establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. En este sentido, el instituto proporciona a sus derechohabientes una gama de seguros que permita cumplir con lo establecido en la ley y sobre todo brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias ante el acaecimiento de cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. El seguro social comprende el régimen obligatorio y voluntario. Los esquemas de prestaciones, requisitos y contribuciones para tener acceso a estos regímenes son diferentes en cada caso y están claramente establecidos en la ley.
Como institución administradora de riesgos, administra los distintos ramos de seguro que prevé la LSS, requiriendo de una adecuada gestión de las contribuciones y los recursos financieros para proporcionar las prestaciones en especie y en dinero; y en su carácter de organismo fiscal autónomo conducirá una recaudación eficaz logrando la transparencia y el control en la información que genera.
Como prestador de servicios, fomenta la salud de la población trabajadora asegurada y de sus familias, de los pensionados y de los estudiantes, de manera integral, a través de la provisión de servicios preventivos y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones económicas y sociales previstos en la Ley del Seguro Social.
Sabemos que el IMSS tiene su partida asignada en el Presupuesto por ley, que es un presupuesto muy limitado, que se debe de reforzar y aumentar en el Presupuesto de Egresos para 2011 y con ello darle oportunidad a que esta institución siga otorgando y perfeccionando la atención de todos sus servicios, ya que la única limitación que se tiene son los recursos.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, sean otorgados mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Clara Gomez Caro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a expedir normas que obliguen a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros a tomar medidas que eviten mediante esos servicios la comisión del delito de trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La muerte no es la única forma en que una persona pierde su vida. La otra forma es la esclavitud, que constituye la máxima agresión al bien más preciado de las personas; al bien que las define propiamente como tales: su libertad.
Los esclavos son seres humanos apropiados por otros para convertirlos en cosas, en mercancías sujetas a la demanda. Son seres humanos retenidos contra su voluntad para realizar trabajos y servicios; que no pueden decidir marcharse o dejar su trabajo, a quienes no se les paga un salario por la labor que realizan, aunque se les da alimento y vivienda, la mayor parte de las veces en términos de las peores condiciones de precariedad.
La Convención Internacional sobre la Esclavitud de 1926 la define como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos”. La Organización Internacional del Trabajo la define como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Estas definiciones básicas comprenden toda una serie de tipos distintos de trabajo forzoso, obligatorio, no libre, en condiciones de servidumbre, sujeto al pago de una deuda, etcétera, generado a través de medios violentos, del chantaje, del abuso o del engaño y se concreta y oculta bajo numerosos disfraces incluyendo la explotación infantil, el tráfico de seres humanos, el trabajo en condiciones de servidumbre, la prostitución ajena, la producción de pornografía, la venta de órganos y tejidos, entre otros que muchas veces tenemos ante nuestros ojos y convenientemente nos negamos a ver, o peor, no los podemos ver como lo que son.
Se trata de un fenómeno y mundial que sólo en apariencia y en las buenas conciencias se ha reducido o desaparecido, argumentando para ello que existe multitud de tratados internacionales y disposiciones constitucionales y legales en casi todos los países que expresamente lo prohíben; en México, en el mismísimo artículo 1o. de la Carta Magna.
Sin embargo, la esclavitud sique estando escandalosamente vigente en el mundo contemporáneo y en nuestro país. Y a sus formas tradicionales se han agregado otras características, conductas, medios comisivos y fines, a los que en conjunto pudorosamente llamamos ahora con el nombre de trata de personas para evitar darle la denominación que le corresponde.
Este es un delito multiforme que convierte a las víctimas en cosas, en mercancía que se intercambia en mercados clandestinos, semiclandestinos y aún abiertos, generalmente controlados por mafias locales, nacionales e internacionales que actúan y lo hacen posible al amparo de la impunidad que les brinda, por un lado, la invisibilidad que la sociedad se impone hacia este delito, o por la vista gorda –en muchas ocasiones más que voluntaria– de autoridades que participan en él por comisión o por omisión, por negligencia o por ignorancia, por complicidad o por complacencia.
Este delito ha tomado formas y dimensiones tales que debe de ser considerado de lesa humanidad, porque violenta prácticamente todos los derechos inherentes a las personas: la vida, la libertad, la salud, la dignidad, la educación y cualquier otro que se nos venga a la mente. Y como muestran persistentemente las cifras de la ONU y de la OIT, cada año unos 27 millones de personas en el mundo se ven sometidas a una u otra de las formas de la esclavitud contemporánea.
La ubicación geográfica de nuestro país, nuestra historia y las condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad han hecho de México territorio de origen, tránsito y destino de migrantes víctimas de tráfico y de trata de personas, victimizando, sobre todo, a mujeres, niños y adolescentes.
Hoy en México entre 16 mil y 20 mil son atrapados en estas redes con fines de explotación sexual, y millones son explotados laboralmente u obligados a realizar trabajos peligrosos o denigrantes fomentados, por la contraparte de una gran demanda local e internacional. Y a esto hay que agregar el incremento de la migración internacional de nuestros connacionales o de personas en tránsito por nuestro territorio, aparejada a políticas cada vez más restrictivas de los países receptores, incrementando la migración indocumentada que hace a las hace presas aún más fáciles.
Nadie capaz de una momentánea reflexión puede dejar de sentirse conmocionado por la enormidad de este fenómeno y por sus consecuencias en cada uno de los seres humanos que resultan sus víctimas. Debe ser prioritario convertir este delito en materia central de las preocupaciones de la sociedad, de las obligaciones de la autoridad y de los objetivos de organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos. Sin embargo también deben de sumarse a esta lucha los sectores privados y empresariales de nuestro país.
Este delito se comete, no me cansaré de insistir en ello, al amparo de la indiferencia que le da la invisibilidad que se impone la sociedad; de la impunidad que otorgan a los delincuentes leyes laxas y funcionarios venales, y la ignorancia por parte de las víctimas respecto a sus derechos y las formas de ejercerlos y reclamarlos. Es crucial que se tomen medidas de prevención y para su combate en todos los frentes.
El sector privado debe de contribuir también a ello. En muchos casos de trata de personas se han documentado rutas para trasladar a las víctimas dentro y fuera del país usando medios públicos de transporte de pasajeros terrestres, marítimos y aéreos. Rutas establecidas y regulares que se usan cotidianamente sin que existan procedimientos ni normatividad que obligue a las autoridades y a los concesionarios a rutinas de verificación que permitan ya no impedir, sino siquiera obstaculizar estas prácticas infames.
Recientes investigaciones han expuesto que las centrales camioneras de las grandes ciudades son de los principales lugares en donde los tratantes enganchan y transportan a sus víctimas. En su mayoría mujeres, niñas y niños de escasos recursos que viajan sin compañía a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Este es el caso de la terminal de autobuses que tenemos a unos metros de este recinto parlamentario
Es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con las autoridades responsables de perseguir el delito y las empresas concesionarias implante medidas preventivas y de detección en terminales, puertos y aeropuertos, mediante operativos de vigilancia e inspección, programas de difusión, promoción y capacitación, a fin de informar y sensibilizar en la materia al personal que labora en estas instalaciones, así como a los usuarios.
Por ello es que en mi carácter de diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ustedes la presente proposición de
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las autoridades ministeriales federales y estatales que corresponda, a reforzar las acciones preventivas y expedir una norma oficial en la que especifique las condiciones mediante las cuales las empresas concesionarias, que prestan servicio de transporte terrestre, marítimo y aéreo de pasajeros, toman medidas en el desarrollo de sus actividades para evitar la comisión del delito de trata de personas y apoyen la prevención de éste.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del 2010.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
