Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3128-I, viernes 29 de octubre de 2010



Programas

De la Comisión de la Función Pública, anual de trabajo, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura

1. Marco legal

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39, establece que “las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”; en la fracción XVIII del referido artículo se señala a la Comisión de la Función Pública, en su carácter de ordinaria.

La Comisión de la Función Pública tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información, de estudio y de control evaluatorio sobre el informe al que se refiere el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia corresponde en lo general con las otorgadas a Secretaría de la Función Pública de la administración pública federal.

El artículo 45, numeral 6, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a) Elaborar su programa anual de trabajo;

b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura siguiente;

d) Sesionar cuando menos una vez al mes;

e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne;

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y

g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

2. Presentación

El programa anual de trabajo de la Comisión de la Función Pública es el documento base que establece y da publicidad a las líneas de acción esenciales para dar cumplimiento a las facultades y tareas de la Comisión de la Función Pública.

En tal virtud, esta comisión presenta el plan anual de trabajo que atiende al periodo del segundo año de ejercicio de la Legislatura LXI. Este plan comprende las siguientes tareas:

a) Análisis, discusión y dictamen de iniciativas, puntos de acuerdo y opiniones turnadas a la Comisión de la Función Pública.

b) Determinar los trámites de los asuntos turnados a la Comisión de la Función Pública en razón de su competencia, misma que le corresponde en lo general a las otorgadas a la Secretaria de la Función Pública.

c) Estudio y dictamen de las minutas enviadas por la honorable Cámara de Senadores.

3. Objetivos del plan anual de trabajo

a) Análisis, discusión y dictamen de iniciativas, puntos de acuerdo y opiniones turnadas a la Comisión de la Función Pública.

El objetivo será atender, resolver y dictaminar los asuntos turnados a la Comisión de la Función Pública por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: iniciativas, minutas, proposiciones con punto de acuerdo y opiniones de impacto presupuestario sobre los proyectos presentados ante ella por las distintas instancias, así como todos los pendientes de legislaturas anteriores.

b) Determinar los trámites de los asuntos turnados a la Comisión de la Función Pública en razón de su competencia, misma que le corresponde en lo general a las otorgadas a la Secretaría de la Función Pública.

El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las competencias de la Secretaría de la Función Pública y que debemos considerar para el buen funcionamiento de la Comisión de la Función Pública.

Competencia

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal, y su congruencia con los Presupuestos de Egresos;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

IV Bis. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;

VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal;

IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha secretaría;

XIII. Colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas;

XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

XVIII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVIII Bis. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;

XIX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública federal;

XX. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;

XXI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países;

XXII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;

XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello;

XXIV. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXIV Bis. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República;

XXV. Formular y conducir la política general de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere;

XXVI. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, y

XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Adicionalmente es necesario vincular las actividades de nuestra comisión a las siguientes leyes:

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley Federal de Entidades Paraestatales.

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

• Ley General de Bienes Nacionales.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Gubernamental.

4. Planificación del trabajo legislativo a cargo de la Comisión de la Función Pública

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este programa de trabajo se propone:

a) Reuniones constantes con la mesa directiva a efecto de programar los trabajos legislativos de la comisión y desahogar los asuntos pendientes.

b) Es importante atender de forma paralela a los asuntos de la Legislatura LXI todos aquellos asuntos rezagados de Legislaturas anteriores.

– Los asuntos turnados a la comisión de la LXI Legislatura se atenderán de acuerdo a la fecha en que sean recibidos, es decir, se propone utilizar el método de primeras entradas-primeras salidas para que no haya rezago.

– Se propone desahogar los asuntos rezagados en las sesiones ordinarias de acuerdo con el orden de importancia de los asuntos. La Comisión de la Función Pública priorizará los asuntos pendientes para poderlos atender de forma eficiente. Se invita a los Diputados que participan en la comisión, que nos manden por escrito los temas de su interés de la Legislatura LX.

c) Hasta el momento no hay actividades programadas, pero a lo largo de este segundo año de ejercicio se informara en su momento a la mesa directiva cualquier asunto relevante por llevar a cabo en la comisión.

5. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la Legislatura, con información pormenorizada sobre la fecha de recepción, promovente, el trámite dictado por la presidencia de la mesa directiva, las actividades desarrolladas para efectos de su dictamen y el estado preciso que guarden, con información de antecedentes documentales pertinentes

LX Legislatura

Iniciativas turnadas

1. Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 14 de septiembre de 2006.

Iniciante: Diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Dar una mayor certidumbre jurídica a los recursos destinados al campo, de la siguiente forma:

- Ejercer los recursos destinados al campo, sujetándose a los ciclos de producción y climáticos de la actividad agropecuaria.

- Adicionar, como una de las sanciones por falta administrativa, la pena privativa de libertad.

- Imponer pena de prisión a aquel servidor público que por culpa, dolo, mala fe o negligencia, no ejerza de forma oportuna, eficaz y eficientemente, los recursos públicos agrícolas y pecuarios, conforme con los calendarios establecidos para las siembras y cosechas de cada año.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

2. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia.

Fecha de presentación: 31 de octubre de 2006.

Proponente: Diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que cualquier partida de gasto público pueda ser objeto de fiscalización, con independencia del carácter legal de quien ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, que reciba, administre y ejerza recursos públicos federales.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

3. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Turno: Comisiones Unidas Gobernación, de la Función Pública y Derechos Humanos.

Fecha de presentación: 9 de noviembre de 2006.

Proponente: Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer la obligatoriedad de las autoridades a fundar y motivar las razones del cumplimiento u omisión respecto de la aceptación o rechazo de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Otorgar facultad al Congreso de la Unión, previa vista que le dé la CNDH, para solicitar su comparecencia con el objeto de que explique las razones de su conducta o las que justifiquen su omisión.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

4. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Justicia.

Fecha de presentación: 23 de noviembre de 2006.

Proponente: Diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Facultar a los ciudadanos que denuncien hechos en contra de los servidores públicos, para coadyuvar dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que con dicho motivo se haya iniciado, así como que les sea reconocida su personalidad en éste, a fin de que pueda actuar e imponerse de los autos del expediente correspondiente.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

5. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia.

Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2006.

Proponente: Diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer la obligación de los servidores públicos de abstenerse de ejercer sus funciones en estado de intoxicación. Asimismo, facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, a Tribunales Administrativos, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Federal Electoral, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco de México y demás órganos jurisdiccionales, para llevar a cabo pruebas anti-doping a los servidores públicos.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

6. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Justicia.

Fecha de presentación: 12 de diciembre de 2006.

Proponente: Diputado Jacinto Gómez Pasillas, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Eliminar el fuero constitucional a los gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los integrantes de los Consejos de las Judicaturas locales, para responder de manera directa ante las autoridades competentes.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

7. Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Planeación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Energía Eléctrica.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública, y de Energía, con opinión de la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 12 de diciembre de 2006.

Proponente: Diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Reglamentar el artículo 27 de la Constitución Federal en materia de energía eléctrica. Restringir la facultad de la Secretaría de Economía para establecer y revisar los precios y tarifas de energía eléctrica, y que sea la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a propuesta del suministrador del servicio público, la encargada de determinarlas. Crear la Comisión Nacional de Energía, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, cuyo objeto será el fungir como órgano técnico del Gobierno federal, para desarrollar la planeación y programación del sector energético. Crear una legislación específica para establecer las funciones y la manera de administrarse de la CRE y de la Comisión Federal de Electricidad.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

8. Proyecto de decreto, por reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de la Ley del Banco de México.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 15 de febrero de 2007.

Proponente: Diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer la obligación del Banco de México de regular, mediante disposiciones de carácter general, el cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades financieras, siendo causa de remoción del Gobernador y los Subgobernadores del Banco de México no cumplir con esta disposición; asimismo, que los usuarios de las tarjetas de débito no paguen comisiones cuando provengan de las cuentas de nómina.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

9. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes: de Fiscalización Superior de la Federación, de Coordinación Fiscal y de Instituciones de Crédito.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Fecha de presentación: 22 de febrero de 2007.

Proponente: Diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Convertir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en Órgano Constitucional Autónomo, responsable de la revisión de la Cuenta Pública. Incluir como sujetos de fiscalización a todos aquellos que ejerzan recursos federales, incluyendo a los órganos político administrativos del Distrito Federal, los que se han transferido a los particulares, los partidos políticos inscritos en el IFE, los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, los cuales estarán obligados a proporcionar la información que requiera la ASF. Asimismo, establecer que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a esta entidad a más tardar el 31 de marzo del año posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, y el informe del resultado de su revisión deberá estar concluido a más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública en la segunda reunión ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010, se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para darle seguimiento al proceso parlamentario.

10. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Justicia.

Fecha de presentación: 8 de marzo de 2007.

Proponente: Diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Eliminar la facultad sancionadora en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), circunscribiendo su actuación a la evaluación, fiscalización y control, así como la integración de la determinación para solicitar la acción sancionadora del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dicho tribunal será el competente para conocer de este proceso disciplinario. Establecer lo relativo al proceso antes referido. Y establecer que el titular del Órgano Interno de Control de la SFP, será nombrado por la Cámara de Diputados de una terna enviada por el presidente de la República.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

11. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Turno: Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 11 de abril de 2007.

Proponente: Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, tendrán derecho a recibir un ejemplar de la Publicación de la base de datos de los bienes del sector público, integrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Incluir entre los bienes que pueden ser donados, destruidos o enajenados por el SAE, los que pasen a ser propiedad del fisco federal. Asimismo, establecer que los bienes sujetos a procedimientos de las legislaciones aduanera, fiscal federal y otros ordenamientos jurídicos que deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados y, los que pasen a ser propiedad del fisco federal se destinarán equitativamente en 50 por ciento al procedimiento de donación. Este tipo de donaciones, será a favor de instituciones autorizadas para recibir donativos, los gobiernos estatales, los municipios o el Distrito Federal, para la utilización de servicios públicos locales.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

12. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación.

Fecha de presentación: 25 de abril de 2007.

Proponente: Diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Precisar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado que tendrá su domicilio en la Ciudad de México.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

13. Proyecto que expide la Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Desarrollo Social.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 25 de abril de 2007.

Proponente: Diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Establecer las normas y los criterios generales para la evaluación de la gestión de los Poderes de la Unión y de todos aquellos que ejerzan, administren o reciban recursos públicos federales a través de la evaluación de los programas que ejecutan; las bases para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño; normar las condiciones en que el Ejecutivo y el Legislativo utilizarán la información proveniente de las evaluaciones, como fundamento técnico en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación a efecto de mejorar el gasto público y la gestión gubernamental, a través del enfoque de resultados y el logro de impactos claros y medibles, a fin de incrementar la confianza social en el Estado.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria de la comisión.

14. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 26 de abril de 2007.

Proponente: Diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer la obligación de las entidades, organismos y dependencias federales, de rendir cuentas sobre los recursos que manejan de manera desglosada, a nivel analítico de gasto, partida y sub partida.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

15. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 3 de septiembre de 2007.

Proponente: Diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Precisar que será la Secretaría de Economía, quien dicte las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, teniendo atención preferencial a las de tipo rural.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la comisión.

16. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 30 Y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Fecha de presentación: 4 de septiembre de 2007.

Proponente: Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa.

Objetivo de la iniciativa: Adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, por parte del Ejecutivo Federal, del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, establecer que el informe de resultados elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sea presentado, en vez del 31 de marzo del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, el 30 de septiembre del mismo año de su presentación. Otorgar carácter vinculatorio a las observaciones y recomendaciones que emita la ASF hacia las entidades fiscalizadas. Establecer que sean la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las que emitan el dictamen correspondiente para su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública en la segunda reunión ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010, se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para darle seguimiento al proceso parlamentario.

17. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisión de Función Pública.

Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007.

Proponente: Diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Sancionar a los funcionarios públicos que utilicen su imagen para publicitar la operación de los programas y las obras públicas objeto de su responsabilidad en el cargo para el que fueron electos o designados.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

18. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007.

Proponente: Diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la liquidación de los gastos financieros, así como el pago de las estimaciones y ajustes de gastos que pueda hacer valer el proveedor o el contratista, por incumplimiento en el pago por parte de la dependencia o entidad, no puede ser renunciable o modificado por pacto entre las partes.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la Comisión.

19. Proyecto de Ley que Establece las Bases para Otorgar Pensiones y Prestaciones a los Ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, Seguridad Social y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 25 de octubre de 2007.

Proponente: Diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer las bases sobre las cuales se otorgarán pensiones (equivalente a 60 por ciento del salario del presidente en funciones), medios personales, materiales y servicios de seguridad con fondos del erario federal para los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, exceptuando a los que lo hubiesen ocupado como presidente provisional. Su aplicación y seguimiento, estaría a cargo de las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

20. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 25 de octubre de 2007.

Proponente: Diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Objetivo de la iniciativa: Incorporar, dentro de las garantías individuales, el derecho a la protección de los datos personales, e involucrar a los partidos o asociaciones políticas, sindicatos y a todas las personas morales constituidas conforme a la ley correspondiente, como sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Otorgar autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Crear un Sistema de Información Pública. Establecer los supuestos que los sujetos deberán acreditar para fundamentar la clasificación de información con el carácter de reservada, así como el procedimiento para el nombramiento de los comisionados.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

21. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación.

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2007.

Proponente: Diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que las Dependencias, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, deberán establecer los requisitos que tendrán que cubrir los aspirantes a participar en los concursos convocados, mismos que sólo podrán ser declarados desiertos en caso de falta absoluta de aspirantes calificados a la convocatoria respectiva.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

22. Proyecto de decreto, que adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal y un Título Quinto a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007.

Proponente: Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en los delitos cometidos por servidores públicos, no se aplicará la prescripción de la acción penal. Crear el observatorio ciudadano contra la corrupción, que funcionará como un órgano dependiente de la Secretaría de la Función Pública y, tendrá como objetivo, analizar, proponer, evaluar, consensuar y dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones y políticas relacionada con la prevención y el combate a la corrupción. Establecer que dicho observatorio, se integrará por 11 observadores ciudadanos que durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un período más. Serán elegidos por el secretario de la Función Pública, el Congreso de la Unión y por las instituciones de educación superior que cuenten con programas de estudios relacionados con corrupción y ejercerán su cargo en forma honorífica.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

23. Proyecto de decreto, que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 28 de febrero de2008.

Proponente: Diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer una sanción de 6 meses a 1 año de inhabilitación, al servidor público que omita, sin causa justificada, la presentación de la declaración de conclusión del encargo. Si el infractor fuere reincidente, se le sancionará con inhabilitación no menor a 9 meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la comisión.

24. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2008.

Proponente: Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en el procedimiento de rescisión de contrato, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de pruebas, se realizará con arreglo a lo dispuesto por el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Los criterios que se deberán observar respecto de las periciales ofrecidas.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

25. Proyecto de decreto, que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Turno: Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública y de Justicia.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2008.

Proponente: Diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en los casos de inconformidad con las resoluciones emitidas por las autoridades competentes por anomalías en la prestación de servicios por parte de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como por las presuntas responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la misma por deficiente atención o irregularidades en la realización de sus labores, el interesado podrá presentar ante la Procuraduría Federal del Consumidor una queja o denuncia, sin que el agotamiento de esta instancia sea una condicionante que imposibilite al consumidor acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública, en la Segunda Reunión Ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010; se envió a la Comisión de Energía para darle seguimiento al proceso parlamentario.

26. Proyecto de decreto, que expide la Ley del Archivo General de la Administración Pública Federal, adiciona la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y reforma los artículos 29, 32 y 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública, con conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2008.

Proponente: Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Crear el Archivo General de la Administración Pública Federal, como un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con sede en la Ciudad de México, que tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada en el estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración Pública Federal y de los organismos vinculados o dependientes de ella, así como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de los documentos, con excepción de aquellos que, por su naturaleza histórica, correspondan al Archivo General de la Nación.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

27. Proyecto de decreto, que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal; y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Orgánica de la Administración Pública Federal, y de Coordinación Fiscal.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, del Distrito Federal y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2008.

Proponente: Diputado Benjamín Ernesto González Roaro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Actualizar las disposiciones reglamentarias del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al Distrito Federal en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal, de las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio de las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas, en el servicio público, las autoridades competentes y, los procedimientos para aplicar dichas sanciones, así como del registro patrimonial de los servidores públicos.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

28. Proyecto de decreto, por el que se reforman el tercer párrafo del artículo 13 y los párrafos tercero, sexto y octavo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 4 de agosto de 2008.

Proponente: Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Aumentar el plazo de suspensión e inhabilitación a los servidores públicos, para los casos de actos u omisiones que impliquen beneficio o lucro, o causen daños o perjuicios, así como para la omisión en la presentación de la declaración de situación patrimonial.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

29. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 y 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 18 de septiembre de 2008.

Proponente: Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la ley que expida el Congreso de la Unión, deberá contener las bases de organización y funcionamiento del órgano federal encargado de promover, difundir y garantizar su ejercicio. Que dicho organismo será integrado por 5 comisionados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. Definir el proceso para la publicación de la lista de Propuestas de candidatos en el Diario Oficial de la Federación, y para la atención de las observaciones que al respecto emita la sociedad civil. Asimismo, incluir los requisitos para poder ser comisionado.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

30. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2008.

Proponente: Diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades federativas, deberán garantizar su distribución de manera equitativa a todos los grupos sociales y géneros, se deberán publicar trimestralmente en el Diario Oficial de la Federación y deberán contener el listado de los beneficiarios, instituciones, localidades, objetivo de los programas sujetos a reglas de operación, el monto asignado por beneficiario, institución o localidad objetivo, así como la información desagregada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

31. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Función Pública, y de Trabajo y Previsión Social.

Fecha de presentación: 4 de noviembre de 2008.

Proponente: Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Facultar al Congreso de la Unión para impedir que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, el Poder Judicial y legislativo federales, los organismos públicos autónomos, el Distrito Federal, los estados y municipios, subcontraten trabajadores bajo cualquier modalidad, salvo tratándose de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Tipificar como delito de abuso de autoridad al servidor público que autorice o subcontrate a trabajadores bajo cualquier modalidad. Asimismo, establecer que los titulares de las dependencias que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón o empresa externa, serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con éstos y deberán otorgarles los mismos derechos laborales que a los considerados como empleados de las dependencias e instituciones antes mencionadas.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

32, Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 4 de noviembre de 2008.

Proponente: Diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que cualquier persona podrá denunciar o interponer el recurso de revisión contra cualquier acto que afecte al medio ambiente, sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

33. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 4 de noviembre de 2008.

Proponente: Diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que los servidores públicos deberán abstenerse de otorgar permisos, concesiones y autorizaciones que confiera su encargo, cuando éstas ocasionen daños graves al medio ambiente.

Situación de la iniciativa: Predictaminada pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la Comisión.

34. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 18 de noviembre de 2008.

Proponente: Diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que las sentencias definitivas podrán ser impugnadas cuando se refieran a actos o resoluciones administrativas en aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como de las demás leyes, reglamentos federales y demás normatividades en la materia.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

35. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 18 de noviembre de 2008.

Proponente: Diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Considerar como obra pública, toda construcción o adecuación de bienes inmuebles para proveer un entorno ecológico sustentable. Asimismo, establecer que se podrán celebrar contratos plurianuales de obra pública cuando se justifique que en su celebración ha prevalecido el criterio o concepto de edificios inteligentes sustentables.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

36. Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes: de Fiscalización Superior de la Federación; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, y del Distrito Federal.

Fecha de presentación: 2 de diciembre de 2008.

Proponente: Diputado Antonio Ortega Martínez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Armonizar sus disposiciones conforme a la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de 2008 en materia de fiscalización, en el sentido de mejorar la calidad, control y fiscalización del gasto público e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, así como integrar nuevos sujetos de fiscalización. Eliminar la obligación de los Poderes de la Unión y de los organismos públicos autónomos, de presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera, en virtud de que con la reforma a los artículos 74 y 79 de la Constitución federal, se adelantó la fecha en que el Ejecutivo federal presenta la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, redefinir las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación en la materia.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública en la Segunda Reunión Ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010, se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para darle seguimiento al proceso parlamentario.

37. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 11 de diciembre de 2008.

Proponente: Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Aumentar de 3 a 10 años posteriores a la separación del cargo, el lapso durante el cual se puede sancionar a los funcionarios y servidores públicos que hubieren cometido alguna infracción durante su encargo. Asimismo, de 5 a 10 años, cuando dicha infracción hubiere sido grave.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria de la Comisión.

38. Proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 14 de enero de 2009.

Proponente: Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Aumentar de 1 a 3 años, el tiempo que deberán observar los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, las prohibiciones dispuestas para el caso de término del empleo, cargo o Comisión. Asimismo, que las violaciones a dichas disposiciones, se considerarán como delito de ejercicio abusivo de funciones, estableciendo como obligación de la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o, en su caso, el área jurídica de la dependencia o entidad respectiva, formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Situación de la iniciativa: dictaminada aprobada en la séptima reunión ordinaria de la Comisión.

39. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y adiciona un segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia.

Fecha de presentación: 21 de enero de 2009.

Proponente: Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer como obligación de cualquier servidor público, proporcionar de manera oportuna, y bajo protesta de decir verdad, toda la información y los datos que se les soliciten de forma verbal durante las comparecencias ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, de sus respectivas comisiones; o mediante pregunta por escrito que deberá ser respondida en los términos y en el tiempo que determine la Ley en la materia, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de toda disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público, en cuyo caso dichas violaciones serán consideradas como infracción grave. Asimismo, establecer las sanciones por la realización de los actos antes mencionados.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la Comisión.

40. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes de Fiscalización Superior de la Federación, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social, y Orgánica de la Administración Pública Federal.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y Gobernación.

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2009.

Proponente: Diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la Fiscalización Superior de la Federación, deberá realizar auditorías de desempeño de manera trimestral durante el ejercicio fiscal en curso de los programas con carácter social, para evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos; informando de los resultados, observaciones y recomendaciones a la Cámara de Diputados, a más tardar, a los 30 días posteriores de iniciada la auditoría.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública, en la Segunda Reunión Ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010; se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para darle seguimiento al proceso parlamentario.

41. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2009.

Proponente: Diputada Guillermina López Balbuena, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer el 15 de febrero del año siguiente, la fecha de entrega de la cuenta pública a la Cámara de Diputados, con una prórroga de hasta15 días, la cuenta pública deberá ser aprobada, a más tardar, el 30 de septiembre del año de la presentación. Asimismo, establecer el 15 de junio como la fecha de entrega del informe de resultados de la revisión de ésta cuenta por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a dicha Cámara.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública en la Segunda Reunión Ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010, se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para darle seguimiento al proceso parlamentario.

42. Proyecto de decreto, que expide la Ley de Impulso a la Economía Productiva.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 19 de febrero de2009.

Proponente: Pablo Gómez Álvarez (senador del PRD).

Objetivo de la iniciativa: Crear el Fondo Federal de Inversiones Productivas, con objeto el impulsar y apoyar la inversión pública productiva de la Federación y de las entidades federativas, y de forma indirecta, a la inversión privada y social, para la reactivación de la economía, el desarrollo social, el fomento del empleo y, una justa distribución del ingreso y la riqueza.

Situación de la iniciativa: Pendiente

43. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 24 de febrero de 2009.

Proponente: Diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que deberá notificase al quejoso o denunciante, sobre todo lo actuado durante el proceso del recurso de queja o denuncia que haya interpuesto, así como facultarlo para ofrecer pruebas. Que cuando se amplíe el plazo para dictar la resolución a dicho recurso, la notificación que se haga al quejoso deberá estar fundada y motivada. Asimismo, modificar diversas disposiciones relativas a la interposición, requisitos y alcances del recurso de revocación.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la Comisión.

44. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 3 de marzo de 2009.

Proponente: Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer, como criterio de evaluación para las Proposiciones de adjudicación de licitaciones públicas, la contribución y protección al medio ambiente.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria de la Comisión.

45. Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 10 de marzo de 2009.

Proponente: Grupos Parlamentarios (conjuntas).

Objetivo de la iniciativa: Establecer que los estudios, planes y programas para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, entre otros, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Turismo o la dependencia de que se trate, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

46. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 26 de marzo de 2009.

Proponente: Diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Incluir el concepto de ventanilla virtual, precisando el servicio que habrá de proporcionar, su finalidad y alcance.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria de la Comisión.

47. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 1 de abril de 2009.

Proponente: Diputado Jesús Ricardo Morales Manzo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Reducir los plazos que tienen las unidades de enlace de las dependencias o entidades de la administración pública gubernamental, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información efectuadas por los ciudadanos, así como para requerir la subsanación de algún error que imposibilite la expedita respuesta a dicha solicitud.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria de la Comisión.

Proyecto de decreto, que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 15 de abril de 2009.

48. Proponente: Diputada Lariza Montiel Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Otorgarle a los servidores públicos inculpados por incumplimiento de sus obligaciones, el derecho de presentar alegatos 5 días después de que sean desahogadas las pruebas que fueren admitidas.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la comisión.

49. Proyecto de decreto, que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer los principios y bases para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como prever los derechos, principios y excepciones, en materia de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del orden federal.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, pendiente de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria de la comisión.

50. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de Justicia, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Suprimir la obligación del Presidente de la República de “asistir” a la apertura de sesiones del primer periodo de sesiones del Congreso. Adicionar y reglamentar las comparecencias de los secretarios de Estado, el procurador general de la República o los directores de las entidades paraestatales relacionadas con la entrega del Informe Presidencial, estableciendo el número de intervenciones, tiempos y réplicas que tendrán derecho los legisladores. Establecer en el Código Penal Federal, que comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que bajo protesta de decir verdad, ante el honorable Congreso de la Unión, se le demostrara falsedad u omisión de declaración. Obligar a los servidores públicos a proporcionar de manera oportuna, bajo protesta de decir verdad, toda la información y los datos que se les soliciten, en cualquiera de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión o de sus respectivas comisiones; o mediante pregunta por escrito, que deberá ser contestada en los términos y tiempos que marca el artículo 93 de la Constitución.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

51. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Diputado José Ignacio Alberto Rubio Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la Secretaría de la Función Pública, deberá diseñar y aplicar, en las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través de los órganos internos de control, acciones y estrategias orientadas a la prevención y el control de los conflictos de interés. Cambiar la expresión de “intereses en conflicto” a “conflicto de intereses”.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

52. Iniciativa que reforma el párrafo primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: El 1 de julio de 2009, Comisión de Función Pública.

Iniciante: Diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establece que el límite para que la Auditoría Superior de la Federación entregue los resultados a las entidades fiscalizadas, será enero del año siguiente al que se entregue la Cuenta Pública. Asimismo, se precisa que la Auditoria Superior de la Federación, deberá iniciar el proceso inmediatamente después de finalizar sus labores de revisión.

Lo anterior, afirma el autor de la propuesta, permitirá el estricto cumplimiento del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el óptimo aprovechamiento de los Recursos Humanos y Materiales con los que cuenta.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

53. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Grupos parlamentarios (conjuntas).

Objetivo de la iniciativa: Considerar la igualdad entre mujeres y hombres al momento de establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y del Informe de Avance de Gestión Financiera.

Situación de la iniciativa: Dictaminada en sentido negativo por la Comisión de la Función Pública, en la segunda reunión ordinaria, de fecha 10 de febrero de 2010, se envió al pleno para su votación en la sesión del 4 de marzo de 2010.

54. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Grupos parlamentarios (conjuntas).

Objetivo de la iniciativa: Establecer que el Instituto Federal de Acceso a la Información, promueva que la información generada en las dependencias pueda desagregarse por sexo, grupo de edad, región del país, municipio o demarcación territorial, entidad federativa y grupo étnico, así como por su efecto en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

55. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de abril de 2009.

Proponente: Diputado Robinson Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que todo servidor público deberá de abstenerse de aplicar, ordenar o acatar cualquier instrucción, acción u omisión que implique el incumplimiento o la violación de disposiciones que en materia de gasto público contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

Puntos de acuerdo y minutas turnados

La Comisión de la Función Pública no cuenta con rezago en estos rubros.

LXI Legislatura

Iniciativas turnadas

1. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 1 de octubre de 2009.

Iniciante: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Precisar que las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República y los organismos descentralizados, en materia de planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, son aquellos sujetos que establece el artículo 1 del mismo ordenamiento.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la octava reunión ordinaria.

2. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 1 de octubre de 2009.

Iniciante: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la información solicitada mediante copia simple o certificada a las dependencias o entidades federativas, se entregará preferentemente en medios digitales cuando ésta exceda las 100 hojas.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria.

3. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 8 de octubre de 2009.

Iniciante: Diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones tenga a su cargo la autorización, liberación y/o ejercicio de recursos presupuestales, deberá autorizarlos o ejercerlos en su totalidad, de manera oportuna, eficiente, transparente y para los fines, planes y programas para los cuales fueron autorizados y destinados, evitando incurrir en retrasos en su autorización y liberación, o en subejercicios respecto del presupuesto asignado y/o sus ampliaciones, modificaciones o transferencias; asimismo, se considerará infracción grave el incumplimiento a dicha disposición.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

4. - Proyecto de decreto, que reforma los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de octubre de 2009.

Iniciante: Diputado Escudero Morales Pablo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Incluir en el procedimiento de designación, o en su caso el nombramiento por un segundo periodo, del auditor superior de la Federación, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, podrá optar por incluir en la terna al auditor superior de la Federación o podrá presentarlo de forma individual, sin necesidad de terna alguna, ante el pleno de la Cámara de Diputados en un dictamen, en el que se proponga su designación para un segundo periodo, para que el pleno de la Cámara de Diputados proceda, en su caso, a la designación de éste.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la octava reunión ordinaria.

5. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2009.

Iniciante: Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la Comisión de Vigilancia, de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, remita un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados antes del 20 de julio del año que corresponda, y, en caso de que en el Informe de Avance de Gestión se refiera la existencia de algún subejercicio en la ejecución del gasto público, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reasignará los recursos no ejecutados a más tardar el 30 de julio del mismo año y en un plazo máximo de 30 días naturales, a los programas de inversión en infraestructura previstos en el Presupuesto de Egresos.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, en la Comisión de la Función Pública, para ser aprobada en la próxima reunión ordinaria.

6. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Turno: Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 18 de noviembre de 2009.

Iniciante: Diputado César Augusto Santiago Ramírez.

Objetivo de la iniciativa: Facultar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a emitir el dictamen de conclusión de la revisión de la Cuenta Pública. Definir el concepto del dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Establecer que cuando la comisión no emita dicho dictamen, a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, se considerará revisada la Cuenta Pública que corresponda. Establecer que la comisión deberá elaborar el dictamen con base en el análisis del contenido de la Cuenta Pública y las conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se someta al Pleno de la Cámara de Diputados.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

7. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 24 de noviembre de 2009.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Modificar los periodos de las sanciones que, según la gravedad de las infracciones, las circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, los antecedentes y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del servidor público infractor, relacionadas con la omisión de la presentación de la declaración inicial o de conclusión del cargo.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

8. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 24 de noviembre de 2009.

Iniciante: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la Secretaría de la Función Pública deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades para el ejercicio siguiente. Imponer la obligación a la Secretaría de la Función Pública de proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo Federal entregue información sobre la evolución de las compras consolidadas al Congreso de la Unión, información que deberá presentarse a la Comisión de la Función Pública, a más tardar 30 días después de terminado el ejercicio de que se trate.

Situación de la iniciativa: dictaminada, aprobada en la séptima reunión ordinaria.

9. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Iniciante: Diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Fecha de presentación: 3 de diciembre de 2009.

Objetivo de la iniciativa: Explicitar que el servidor público inculpado, únicamente será separado del encargo que desempeñe, en caso de que se le decrete sujeción a proceso penal y sólo podrá reasumirlo cuando por sentencia ejecutoria se determine su absolución. De no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, en la Comisión de la Función Pública, para ser aprobada en la próxima reunión ordinaria.

10. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.

Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Función Pública, y de Justicia.

Fecha de presentación: 3 de diciembre de 2009.

Iniciante: Diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Especificar que los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades, deberán observar las disposiciones generales que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública. Explicitar que el gasto público federal deberá comprender las erogaciones que resulten con base al calendario de presupuesto. Establecer que los ejecutores de gasto, así como los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos, y sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa por el subejercicio de los recursos, por el incumplimiento de metas. Incluir en las obligaciones de todo servidor público el abstenerse de realizar acciones u omisiones que generen subejercicios e incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

11. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 3 de diciembre de 2009.

Iniciante: Diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público a los servidores públicos del Distrito Federal, señalados en el artículo 111 de la Constitución Federal, no se actuará de acuerdo con el procedimiento para la declaración de procedencia, sin embargo, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga. Establecer que los servidores públicos del Distrito Federal podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determine la ley cuando: a) Tratándose de la comisión de delitos graves así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, exista una orden de aprehensión.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

12. Proyecto de decreto, que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para Proyectos de Infraestructura y de Prestación de Servicios.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2010.

Iniciante: Diputado Javier Duarte de Ochoa.

Objetivo de la iniciativa: Crear un ordenamiento con el objeto de que regule la asociación entre entidades de los sectores público y privado para la realización de acciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, autorización, asignación y ejecución de proyectos para la prestación de servicios a largo plazo mediante asociación público-privada para el desarrollo de infraestructura pública, o la provisión de bienes relacionados con la prestación de servicios públicos a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, de organismos públicos autónomos, entre otros.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

13. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 40 y deroga los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2010.

Iniciante: Diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

Objetivo de la iniciativa: Facultar a la Cámara de Diputados, o a cualquier diputado, autoridades o ciudadano, a presentar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio fiscal en curso o los anteriores, para que ésta proceda a realizar las auditorías correspondientes y, en caso de que las denuncias no fueren procedentes, la Auditoría, informará de ello a los denunciantes en forma fundada y motivada. Derogar lo referente a que las entidades fiscalizadas deberán rendir a la Auditoría en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, el informe de situación excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores públicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, en la Comisión de la Función Pública, para ser aprobada en la próxima reunión ordinaria.

14. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 9 de febrero de 2010.

Iniciante: Diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Eliminar la disposición que establece que “no” se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de tratados, y establecer que dicha manifestación será obligatoria no sólo en el caso de los tratados, sino también de manera previa a la suscripción de los denominados acuerdos interinstitucionales.

Situación de la iniciativa: Predictaminada, en la Comisión de la Función Pública, para ser aprobada en la próxima reunión ordinaria.

15. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública, Función Pública, y Justicia.

Fecha de presentación: 9 de marzo de 2010.

Iniciante: Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en caso de que el país adopte medidas de austeridad, éstas deberán aplicarse de manera proporcional y equitativa a todas las dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los entes autónomos y demás ejecutores de gasto. Prever que el monto total de los subejercicios presupuestarios de las dependencias y entidades, deberán integrarse en un fondo para inversiones prioritarias que será ejercido dentro de los primeros 90 días naturales del siguiente año calendario, el cual se aplicará a programas existentes o nuevos a criterio y según los lineamientos que determine la Cámara de Diputados. Considerar como delito de ejercicio indebido de servicio público cuando teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o Comisión, de aplicar y devengar presupuesto durante un ejercicio fiscal no lo haga o lo haga parcialmente, sin que exista causa justificada para ello.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

16. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 40 bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisiones de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 16 de marzo de 2010.

Iniciante: Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que el Auditor Superior de la Federación o personal de mando superior de la entidad de fiscalización superior de la federación, podrán tener participación presencial sin derecho a voz y voto sólo en calidad de observadores en procedimientos y acciones de la administración pública.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

17. Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Turno: Comisión de la Función Pública y Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 18 de marzo de 2010.

Iniciante: Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Incluir como obligación de los servidores públicos formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos, de los programas que tengan bajo su responsabilidad, así como cumplir con la Publicación oportuna de las reglas de operación que tengan bajo su responsabilidad. Establecer que para el caso de las infracciones graves, se impondrá, además, la destitución inmediata del servidor público sancionado.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

18. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Turno: Comisión de Transportes y la Función Pública.

Fecha de presentación: 7 de abril de 2010.

Iniciante: Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en las concesiones que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales, el concesionario deberá garantizar la conservación, calidad, inalterabilidad y operatividad de los caminos y puentes por lo menos tres años a partir de otorgada la concesión; asimismo, responderá por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, el título de concesión o las Normas Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría. Sancionar dicho incumplimiento con multa de hasta dos mil salarios mínimos sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar, equiparándose la conducta descrita en la presente fracción al fraude. Facultar a la Secretaría de la Función Pública, para inhabilitar temporalmente a los contratistas que no cumplan con sus obligaciones legales, para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

19. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 148 y 149 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y la Función Pública.

Fecha de presentación: 13 de abril de 2010.

Iniciante: Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que en caso de separación injustificada, el trabajador tendrá derecho al pago de sus salarios caídos, y podrá optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización y el Estado deberá acatar la preferencia del trabajador. Facultar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar aviso a la autoridad respectiva para que, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se hagan cumplir sus resoluciones, y se proceda a la destitución, suspensión e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, juicio de procedencia si es el caso, del titular de la dependencia. Sancionar el desacato de un laudo.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

20. Proyecto de decreto, que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 13 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Prohibir a la dependencia o entidad convocante, la previsión de requisitos o características tecnológicas que induzcan a la preferencia o exclusividad de alguna tecnología en particular, ya sea de productos o prestación de servicios de algún fabricante o distribuidor, salvo cuando existan razones justificadas. Obligar a la dependencia o entidad convocante, a determinar las características y especificaciones tecnológicas, materia de la licitación pública, que permitan la participación efectiva de diversos fabricantes o distribuidores.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

21. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de Justicia y la Función Pública.

Fecha de presentación: 20 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Sancionar con pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 80 mil pesos, al funcionario o empleado de los gobiernos federal, estatal, o municipal, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales que, aprovechándose de su cargo, sustraiga información reservada y confidencial o privada, y la proporcione a personas ajenas no autorizadas, a bandas delictivas, a grupos armados, a otros servidores públicos mexicanos no autorizados, a particulares no autorizados y a gobiernos extranjeros, en cuyo caso el infractor no será beneficiado con el indulto. Incluir como miembros de la delincuencia organizada, el espionaje y sustracción de información reservada y confidencial.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

22. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 20 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que cualquiera de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados que detecten acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas, así como acciones u omisiones que injustificadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, podrán solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, la revisión concreta de las presuntas anomalías detectadas. Definir la figura de “subejercicio injustificado”. Obligar a todos los servidores públicos para formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos de su competencia con base en el calendario correspondiente y abstenerse de realizar acciones u omisiones que injustificadamente generen subejercicios, así como incumplir con los objetivos y metas anuales en sus presupuestos y, en caso de infringir estas disposiciones, se considerarán como conductas graves siendo aplicable la destitución e inhabilitación temporal de 10 a 20 años para ejercer el servicio público.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

23. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 27 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que para el caso de los bienes susceptibles de ser donados a los municipios, el SAE dará preferencia a aquellos de mayor grado de marginación, según lo indiquen los índices correspondientes que pública el Consejo Nacional de Población.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

24. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, la Función Pública con opinión dela de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha de presentación: 28 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Objetivo de la iniciativa: Facultar al Congreso para expedir las leyes generales que establezcan los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos, auditoría social y, demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa. Crear un ordenamiento jurídico, con los objetivos de estimular la capacidad crítica de los ciudadanos y sus organizaciones para demandar una administración pública eficiente, contribuir a garantizar la equidad, la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en la gestión del Estado e, involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y evaluación para la solución de los problemas nacionales y su incidencia en la aplicación de políticas públicas.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

25. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que la persona designada para ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación, protestará ante el Pleno de la Cámara de Diputados el día de su designación y entrará en funciones, en el caso de que sea nombrado por haber concluido el periodo del auditor anterior, el 1 de enero del año siguiente al de su nominación, en cualquier otro caso entrará en funciones al día siguiente al de su toma de protesta. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, resolverá todo aquello que no esté contemplado en la convocatoria para ocupar dicho cargo y podrá en todo momento interpretar su sentido y las resoluciones que adopte serán inatacables.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

26. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Turno: Comisión de la Función Pública y Ciencia y Tecnología.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Objetivo de la iniciativa: Prever que el personal de los centros de investigación o investigadores en activo de las instituciones de educación superior pública, gozará de beneficios adicionales a los que el convenio de investigación acuerde con el centro respectivo. Facultar al investigador para buscar y proponer convenios de colaboración y vinculación con empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales, siempre que contribuya al impulso de la ciencia y la tecnología nacional.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

27. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Incluir como atribución de la Auditoría Superior de la Federación, ejercer medidas correctivas cuando exista un daño patrimonial en los programas de gobierno, derivado de la revisión que éste órgano fiscalizador realice sobre la Cuenta Pública.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

28. Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Turno: Comisión de Economía, Hacienda y Crédito Público con Opinión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Incorporar como facultades de la Secretaría de Economía, expedir las autorizaciones vinculadas con el permiso de denominación o razón social de las empresas; para suscribir convenios con las Entidades Federativas, con la finalidad de coordinar la apertura de empresas microindustriales. Eliminar los requisitos de capital social mínimo para las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada. Establecer que la vigencia de las sociedades mercantiles sea indefinida, con la finalidad de no generar costos adicionales a los emprendedores por la constitución de una nueva sociedad al finalizar el plazo de duración.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

29. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales y la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Prever que el titular de la Auditoría Superior de la Federación no pueda ser designado para ocupar el cargo por un segundo periodo.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

30. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 12 de mayo de 2010.

Iniciante: Diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que se entenderá como acoso laboral, toda acción u omisión que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral o en el lugar de trabajo, por parte de un servidor público a otro, con independencia de su nivel jerárquico, que tenga como resultado una afectación en la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de éste, mediante la alteración sensible de las condiciones de disfrute de los derechos derivados de la relación laboral. Dicha conducta se manifiesta a través de amenazas, intimidación, maltrato, menosprecio, insultos, discriminación, imposición, inequidad salarial, entre otras. Adicionar un capítulo tercero al título segundo, denominado “Del acoso laboral”, con el objeto de regular las conductas consideradas como acoso laboral, de o hacia la o el servidor público afectado.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

31. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 6 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 19 de mayo de 2010.

Iniciante: Diputado Pablo Escudero Morales. del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Objetivo de la iniciativa: Facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para intervenir como parte en los procedimientos administrativos de responsabilidad que se inicien con motivo de la aceptación de sus recomendaciones o propuestas de conciliación, así como en el recurso de revocación o en la impugnación que interponga el servidor público responsable y para imponer sanciones administrativas.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

32. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 74, fracción VI párrafo segundo, 79 fracción II párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales y la Función Pública.

Fecha de presentación: 2 de junio de 2010.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Facultar a la Auditoría Superior de la Federación, en los casos en que encuentre algún tipo de irregularidad, para formular promociones de intervención de la instancia de control competente. Establecer que cuando en las auditorías sobre el desempeño se encuentre algún tipo de irregularidad de la que se presuma una responsabilidad administrativa sancionatoria o un presunto daño patrimonial, deberá comunicarse a la instancia de control competente durante el desarrollo de las auditorías.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

33. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 74, fracción VI párrafo tercero y cuarto, 79 párrafo tercero y cuarto y fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 párrafo segundo y cuarto, 15 fracción IX párrafo segundo, XXII y XXVII, 16 párrafo primero y segundo, 36 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales y la Función Pública.

Fecha de presentación: 2 de junio de 2010.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Modificar la fecha en que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente, deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del 30 de abril al 31 de enero del año siguiente. Establecer que la entidad de fiscalización superior de la federación, entregará el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses de que se reciba la Cuenta Pública. Establecer que la entidad de fiscalización superior de la federación, podrá iniciar la fiscalización de los recursos federales, a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, para lo cual contará con un programa preliminar de auditorías. Una vez que reciba la Cuenta Pública, elaborará el programa definitivo de auditorías, incorporando las que hubiere iniciado y las que se deriven de la Cuenta Pública, así como aquellas que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas. Reducir los plazos relativos a los requerimientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación

Situación de la iniciativa: Pendiente.

34. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 9 de junio de 2010.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que, de manera conjunta, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, estudiarán el contenido de la Cuenta Pública y ambas emitirán dictamen, el cual someterán a votación del Pleno, a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

35. Proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública.

Fecha de presentación: 9-Junio-2010.

Iniciante: Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Incluir dentro de las entidades fiscalizadas a los sindicatos de dependencias, entidades, organismos públicos, Poderes de la Unión y entes autónomos.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

36. Proyecto de decreto, que adiciona el artículo 8 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 9 dde junio de 2010.

Iniciante: Diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Incluir como delito de tráfico de influencias, al que por sí o a través de un tercero, indebidamente solicite, induzca o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos y de dependencia directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

37. Proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 7 de julio de 2010.

Iniciante: Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Incorporar al personal del Servicio Exterior Mexicano, como sujetos de responsabilidad administrativa, observando para ello, el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Actualizar la denominación de “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”, por la de “Secretaría de la Contraloría”. Establecer que el presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, tendrá voto de calidad en caso de empate durante las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios. Formular la denuncia sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos ante la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública. Explicitar los procedimientos disciplinarios que se llevan a cabo ante la subcomisión. Las resoluciones del Secretario podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

38. Proyecto de decreto, que adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 8 y se modifican los artículo 13 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 25 de agosto de 2010.

Iniciante: Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer como obligación de todo servidor público, abstenerse de realizar cualquier práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de un derecho.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

39. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Turno: Función Pública, Justicia y Gobernación

Fecha de presentación: 7 de septiembre de 2010.

Iniciante: Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que “todo servidor público tendrá la obligación de informar públicamente sobre: sus funciones, actividades diarias, estadísticas delictivas, personas detenidas y presentadas ante los jueces, personas puestas en libertad, personas sentenciadas y llamadas de emergencia”; además: los Magistrados y Jueces tendrán la obligación de informar sobre personas puestas a su disposición, sentencias condenatorias y absolutorias; los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, sobre estadísticas sobre órdenes de presentación y de aprehensión, personas detenidas y presentadas ante los jueces, personas puestas en libertad y llamadas de emergencia; y los integrantes de la Policía Federal, sobre personas detenidas y presentadas ante los jueces, personas puestas en libertad y llamadas de emergencia.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

40. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2010.

Iniciante: Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Objetivo de la iniciativa: Establecer que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves. Asimismo, podrá ser sujeto de juicio político en los siguientes casos: por violación expresa y grave a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales, cuya existencia será determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ataques a la libertad electoral. Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nombrar una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución o a las leyes federales que de ella emanen que pudiera ser imputable al presidente de la República, siempre y cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión y facultarla para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

41. Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Turno: Comisión de Justicia, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 5 de octubre de 2010.

Iniciante: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Objetivo de la iniciativa: Certificar a los peritos y al cuerpo técnico de control de la Procuraduría General de la República por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Crear el Programa Federal de Protección de Personas y Colaboradores, en el que sólo mediante autorización judicial se podrá incluir a una persona como colaborador y la información y documentación relacionada con las personas protegidas por este Programa se mantendrá en estricta confidencialidad. Establecer que las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, tendrán derecho en la averiguación previa o en el proceso a que el Ministerio Público, sus auxiliares y el juez, a mantener en reserva sus datos personales. Incluir un Título Quinto “De los colaboradores en la Investigación y Persecución de la Delincuencia Organizada”. Definir como información confidencial la proporcionada al Ministerio Público dentro del Programa. Imponer de 5 a 10 años de prisión y de 300 a 500 días multa al colaborador de una investigación en delincuencia organizada que faltare a la verdad; si el colaborador fuere servidor público se le incrementará la pena hasta en una tercera parte e inhabilitación de 8 a 12 años.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

42. Proyecto de decreto, que reforma el artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 5 de octubre de 2010.

Iniciante: Grupos parlamentarios (conjuntas).

Objetivo de la iniciativa: Establecer que el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, además de cumplir con los requisitos que marca la Ley, deberá contar con la recomendación de alguna institución pública de educación superior y será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Situación de la iniciativa: Pendiente.

Puntos de acuerdo turnados

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), realice una exhaustiva investigación e inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente y, en su caso, cese a los funcionarios encargados de aplicar el Programa Oportunidades en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por el mal manejo que le están dando.

Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2009.

Iniciante: Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al secretario de Desarrollo Social a realizar una exhaustiva investigación e inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, cese a los funcionarios Rutilio Gustavo Ortiz Ortega, Adrián Álvarez Artiaga, Jorge Arturo Méndez Villegas, Georgina Pulido Valencia, Elvia Guerra Garza y Balbina García Mariano, encargados de aplicar el programa Oportunidades en Reynosa, Tamaulipas, por el mal manejo que le están dando.

Situación: Pendiente.

2. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SFP, investigue el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12/09 mediante el cual se adquirirán equipos especializados para la obtención de información biométrica a fin de integrar el Renapo e informe si la empresa Smartmatic International Holding, BV., cumplió con los requisitos técnicos, así como para que comparezca el titular de la SEGOB e informe los procedimientos para la obtención, almacenamiento, procesamiento y medidas de seguridad de la información de los datos personales.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Gobernación.

Fecha de presentación: 1 de diciembre de 2009.

Iniciante: Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a investigar, a través de la Secretaría de la Función Pública, el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12109, mediante el cual se adquirirán equipos especializados para la obtención de información biométrica, a fin de integrar el Registro Nacional de Población y aclare el porqué se descalificó a las empresas mexicanas e informe si la empresa Smartmatic International Holding, BV, cumplió con los requisitos técnicos.

Segundo. Se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe a esta Soberanía, de los procedimientos para la obtención, almacenamiento y procesamiento de los datos personales, entre los que destaca la información biométrica de los ciudadanos y las medidas de seguridad de la información.

Situación: Pendiente.

3. Punto de acuerdo por el que se exige la destitución inmediata del ingeniero Alfredo Elías Ayub, Director General de la CFE y del Ing. Rogelio Gasca Neri, Consejero Ciudadano de Pemex, por los actos de corrupción en los cuales se les relaciona durante sus administraciones al frente de la CFE.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 8 de diciembre de 2009.

Iniciante: Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a destituir de forma inmediata al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área a su cargo; así como su presentación ante la justicia federal.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área que encabezó durante el sexenio pasado; así como su presentación ante la justicia federal.

Tercero. Que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros cuerpos legales les confieren, investiguen, exhaustiva y detalladamente todos los actos de corrupción e ilícitos que pudieran existir al interior de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos; asimismo, se finquen las responsabilidades administrativas y penales más severas que existan en la ley, a los ingenieros Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, así como a todos aquellos que estén directa e indirectamente relacionados con estos hechos delictivos, que manchan la imagen nacional ante todos los mexicanos y la comunidad internacional.

Cuarto. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, soliciten al gobierno de Estados Unidos de América, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, la inmediata extradición del ciudadano norteamericano John Joseph O´Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, para que ambos sean procesados y juzgados bajo las leyes mexicanas en base al principio jurídico elemental de la territorialidad jurídica, aplicando el principio de derecho locus regit actum.

Quinto. Se solicite la inmediata comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía y del titular de la Secretaría de la Función Pública, ante la honorable Cámara de Diputados, para explicar y dar cuenta del nexo causal de su actuación ante estos gravísimos actos ilegales y de corrupción.

Sexto. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal, a iniciar un proceso de renovación de los órganos de control en las dependencias federales y principalmente de las paraestatales, conjuntamente con un programa de auditorías especializadas y pormenorizadas a través de actos de fiscalización conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación, órganos de control interno y despachos especializados, que nos permitan detectar todos y cada uno de los ilícitos que se han cometido en las paraestatales, antes de que la justicia de otros países nos lo señale y reclame.

Situación: Pendiente.

4. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Profeco, tenga a bien instruir que por conducto de las delegaciones estatales sea intensificado el programa de verificación de combustibles que permita detectar la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y al titular de la SFP, dé seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina.

Turno: Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 8 de diciembre de 2009.

Iniciante: Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Primero. Se solicita al procurador federal del Consumidor, tenga a bien instruir a la Subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que por conducto de las delegaciones estatales sea intensificado, en todas las entidades federativas, el programa de verificación de combustibles que permita detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y, en consecuencia, sean sancionados los responsables con todo el rigor de la ley.

Segundo. Se solicita al titular de Secretaría de la Función Pública dar seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina y, en su caso, inicie los procedimientos y aplique las sanciones correspondientes.

Situación: Predictaminado en la Comisión de la Función Pública, en espera del dictamen de la Comisión de Economía.

5. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SFP, envíe un informe sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno del estado de Oaxaca; y a la PGR, informe sobre la averiguación previa, relativa al desvío de recursos federales por funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 23- Marzo-2010.

Iniciante: Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Primero. Se solicita al titular de la Secretaria de la Función Pública, envíe un informe detallado sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud, aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de la Republica, rinda un informe detallado sobre la averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, relativa al desvío de recursos federales, contrataciones indebidas y pagos ilegales, hechos por ex funcionarios, funcionarios y ex colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca.

Situación: Pendiente.

6. Punto de acuerdo relativo a la transparencia y control de los bienes que tiene bajo su custodia y administración el SAE.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.

Fecha de presentación: 24 de marzo de2010.

Iniciante: Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Primero. Se exhorta al titular del Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes, a remitir a esta Cámara, un informe pormenorizado de vehículos, computadoras, ropa, equipo de audio y video, alimentos envasados, equipo de oficina e inmuebles que tiene bajo su custodia y administración a esta fecha, así como una relación de las asignaciones de los bienes citados, efectuadas en los estados y municipios del país desde el 1 de julio de 2009 a la fecha. Ambas relaciones, en medio impreso y magnético.

Segundo. Que dicha información se envíe a la presidencia de esta Cámara de Diputados, con copia a las Comisiones de Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, así como al suscrito.

Situación: Pendiente.

7. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, considere en el nuevo modelo de Oficialía Mayor en el marco del Programa Nacional de Gasto Publico, las áreas de tecnologías de la información acorde con los objetivos de la agenda digital.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 28 de abril de 2010.

Iniciante: Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Primero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a garantizar que los esfuerzos de homologación y estandarización de procesos para el modelo de las oficialías mayores de las dependencias y de las entidades, emprendido a partir del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, se den con criterios acordes con lo establecido en la agenda digital en materia de interoperabilidad de la administración pública federal, involucrando al mayor número de dependencias y ordenes de gobierno, con criterios de eficiencia y economía, facilitando el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, en la cual los ciudadanos y las áreas de tecnologías de la información de las dependencias desempeñan un papel fundamental. Asimismo, se vincule con los esfuerzos emprendidos en los tres órdenes de gobierno en materia de homologación contable a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr reducciones de costos y homologación de sistemas y procesos, con los consiguientes ahorros en materia tecnológica, lo cual redundará en el alcance de las metas en materia de austeridad.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que en el marco de la agenda digital promovida por esta administración y, a pesar de los programas de austeridad, como el de carácter nacional recién presentado, se promueva el fortalecimiento de las áreas de tecnologías de la información y equivalentes de la administración pública federal, a fin de evitar que en las oficialías mayores se reduzca el nivel de importancia en los esfuerzos por emprender en dicha agenda digital.

Situación: Pendiente.

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Relaciones Exteriores, mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como de las actividades de ciudadanos extranjeros en nuestro país.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Gobernación.

Fecha de presentación: 28 de abril de 2010.

Iniciante: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus facultades:

1. Promuevan mecanismos que hagan más eficiente la transparencia en el destino de los recursos provenientes de préstamos internacionales, ya sean de Estados u organismos multilaterales.

2. Haga del conocimiento público los programas de trabajo en los que se utilizaran los fondos recibidos y el padrón actualizado de beneficiarios de los recursos del préstamo, y si estos son otorgados mediante concurso o convocatoria a personas físicas o morales que desarrollen por su cuenta acciones para las cuales fue destinado en préstamo.

3. Aclare la calidad migratoria en nuestro país de los ciudadanos extranjeros que en calidad de asesores de la Comisión Especial sobre Cambio Climático fueron presentados durante su instalación en la honorable Cámara de Diputados.

Situación: Pendiente.

9. Punto de acuerdo por el que se solicita la instrumentación de una auditoria a la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Narro Céspedes José del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda realizar una auditoría e investigación a través de la entidad fiscalizadora federal sobre el desempeño administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, hospital de especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, y se actúe de inmediato conforme a la ley.

Situación: Pendiente.

10. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a fomentar e impulsar la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos de los municipios.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Alberto Esquer Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Único. Se exhorta a los legisladores de los Congresos de los 31 estados de la República Mexicana, a fomentar e impulsar la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos de los municipios, a través de la estricta observancia de la regulación de los empréstitos, la cual deberá evitar se trasladen deudas importantes a las siguientes administraciones municipales.

Situación: Pendiente.

11. Puntos de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y a la Conagua, a dar respuesta a los procesos para indemnizar a los comuneros de San José de Gracia, Aguascalientes.

Turno: Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Recursos Hidráulicos.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: José Antonio Arambula López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Primero. Se hace un exhorto al Indabin, a efecto de que realice y haga entrega a la Comisión Nacional del Agua, a la mayor brevedad, el avalúo de tierras afectadas por la creación la presa Plutarco Elías Calles en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, y que determine el monto del valor monetario de éstas.

Segundo. Se hace un exhorto al titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que valore los elementos de la sentencia emitida por el tribunal agrario respecto de los comuneros de San José de Gracia y corroborando la razón jurídica de ésta, dé cumplimiento a la sentencia y realice el pago de la indemnización correspondiente, derivada del perjuicio que les ocasionó la creación de la presa Plutarco Elías Calles.

Situación: Pendiente.

Minutas turnadas

1. Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 65 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cámara de Origen: Cámara de Senadores.

Turno: Comisión de la Función Pública.

Fecha de presentación: 3 de septiembre de 2010.

Iniciante: Minutas (Senadores).

Objetivo de la minuta: Establecer que procederán las inconformidades que promuevan los interesados ante la Secretaría de la Función Pública, contra los actos de los procedimientos de licitación pública, siempre que éstos hayan adquirido las bases y manifestado su objeción en la propia junta de aclaraciones, y cuenten con los argumentos y razones jurídicas que la funden. Aumentar el plazo para presentar dicha inconformidad de 6 a 10 días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones. En contra de la resolución de inconformidad que dicte dicha Secretaría, se podrá interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Situación de la minuta:

1. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de junio de 2007.

2. Dictamen de primera lectura presentado en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2009.

3. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 30 de abril de 2009. Proyecto de decreto, aprobado por 81 votos.

4. Se turnó a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Minuta presentada en la sesión de la Cámara de Diputados el 3 de septiembre, 2009. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

6. Dictaminada, aprobada en reunión ordinaria.

2. Proyecto de decreto, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de datos personales.

Cámara de Origen: Cámara de Senadores.

Turno: Comisión de Gobernación, Función Pública y Justicia.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.

Iniciante: Minutas (Senadores).

Objetivo de la Minuta: Prever obligaciones por sector, de manera que se permita generar la obligación concreta de publicar información de interés en relación con materias particulares. Asimismo, la transparencia focalizada para publicar en los sitios de internet respectivos, la información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas. Se plantea, en relación a la inexistencia de información, que el Comité de Información y el IFAI, cuenten con facultades para instruir a que se genere un documento cuando ello se encuentre entre las obligaciones sustantivas del sujeto obligado, siempre que esto sea materialmente posible. Incluir un procedimiento denominado prueba de interés público para determinar la procedencia de hacer pública información sobre particulares, cuando se presuma que esta contribuye de manera trascendente a la transparencia gubernamental y a la rendición de cuentas. Incorpora la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando en estos se encuentren involucrados recursos públicos federales. Amplia las facultades de verificación y regulación del IFAI, a efecto de propiciar una mejor calidad de la información que se proporciona al gobernado. Asimismo, se incluye como atribución del IFAI, elaborar un programa que establezca las políticas en materia de transparencia para la Administración Pública Federal.

Situación de la minuta:

1. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el senador Alfonso Sánchez Anaya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 5 de febrero de 2009.

2. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de noviembre de 2009.

3. Dictamen de primera lectura con dispensa de trámite aprobado el 28 de abril de 2010 por 88 votos.

4. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Minuta presentada en la sesión de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2010, se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública, y de Justicia.

7. Descripción de las acciones y actividades que se llevaran a cabo para resolver los asuntos turnados, incluyendo su calendarización

La Comisión de la Función Pública tiene establecido como rendimiento mínimo mensual el dictaminar un mínimo de cuatro asuntos que le son turnados, con lo cual se da cumplimiento a la carga de trabajo y rezago legislativo que tiene.

8. Calendario de reuniones

En la actualidad no se cuenta con un calendario de reuniones, toda vez que se atiende a la necesidades que plantea el trabajo propio de la comisión, cumpliéndose con lo establecido en el inciso d) del párrafo 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto el programa anual de trabajo de la Comisión de la Función Pública sea aprobado, comuníquese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente

Diputado Pablo Escudero Morales

Presidente

De la Comisión de Juventud y Deporte, de trabajo correspondiente al segundo año de la LXI Legislatura

1. Introducción

El papel de los jóvenes en el contexto nacional es de suma importancia, no sólo en el aspecto numérico sino por el reto que para la sociedad representa garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades particulares. En esta etapa tienen lugar decisiones y transiciones que determinarán sus logros en las etapas posteriores de vida.

En México, de acuerdo con proyecciones de la Comisión Nacional de Población, 1 se espera que el sector juvenil (de 12 a 29 años) que alcanzó su participación relativa más alta en el total de la población en los primeros años de la década de 1990 (37 por ciento en 1995) se estabilice hasta 2030, y comenzará un paulatino descenso hasta llegar a representar para 2050 sólo 19.2 de la población.

Los próximos años serán vitales porque sufriremos el efecto del bono demográfico en la curva poblacional: para 2012 reportará la mayor cantidad de jóvenes en la historia del país. La población en edad de trabajar será mayor que toda la infantil y la de la tercera edad juntas. Es definitivo.

El fenómeno de la transformación de la pirámide poblacional da lugar a una serie de condiciones favorables para el desarrollo económico en la historia contemporánea de México, pues la población en edad laboral aumentará y la de dependientes menores de 15 años disminuirá en las próximas dos décadas. Sin embargo, a la par crecerán las presiones en la atención de las demandas de la población adulta mayor.

La importancia de la cultura física y la práctica del deporte radica en alentar un buen desarrollo físico, mental y social de los seres humanos. Entre otros muchos beneficios, contribuyen de manera tangible a preservar y mejorar la salud de las personas, complementan la educación y el desarrollo integral de niños y de jóvenes, coadyuvan al incremento del rendimiento escolar y la productividad laboral, representan un instrumento valioso para favorecer la integración de la sociedad, inhiben la delincuencia y la violencia, propician la igualdad, favorecen el sentido de pertenencia en las comunidades y son un valioso instrumento de bienestar social.

2. Justificación

La Comisión de Juventud y Deporte surgió el 9 de octubre de 2000, como resultado de la reforma de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante la cual se adicionó la fracción XIX al artículo 39.

Seis años más tarde, el 12 de mayo de 2006, el artículo 39 se reformó; se recorrió la fracción que dio origen a la comisión, pasando de la XIX a la actual XXII. De esa manera la comisión ha tenido vigencia durante la LVII, LIX, LX y LXI Legislaturas. 2

La comisión se encarga de legislar y realizar acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de la juventud, promover y desarrollar la educación física, la recreación y el deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades, a través del trabajo coordinado con instituciones de los tres ámbitos de gobierno en materia educativas y de salud, organizaciones civiles y todas las relacionadas con las perspectivas y problemáticas que afrontan la juventud y el deporte nacionales.

Atiende las denuncias y consultas de los ciudadanos en materia de juventud y deporte, y todo lo relacionado con actividades físicas y recreativas. Además, analiza, estudia y fortalece el marco normativo en la materia; y formula y evalúa proyectos integrales para generar la participación y el desarrollo integral de los jóvenes, así como fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas de toda la población mexicana.

3. Misión

Lograr una agenda legislativa en el marco de los principios constitucionales que impulse la transversalidad del tema de juventud en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, así como valorar la actividad física y la práctica del deporte como elementos virtuosos para la sociedad.

4. Visión

Posicionar a la comisión como referente legislativo que nos coloque a la altura de los parlamentos modernos, al convertirse en el principal impulsor de las acciones afirmativas en los marcos legislativos y en el desarrollo de políticas públicas en la sociedad.

5. Objetivo general

Promover la participación de los jóvenes como elemento activo y detonador, y no como sujetos receptores de las acciones por desarrollar, principalmente en el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos, tomando como herramienta la transversalidad en el quehacer legislativo, en la implantación de la política pública y la ejecución de programas gubernamentales, a fin de contribuir a dar esperanza presente a la juventud.

6. Líneas de acción juventud

Es importante asumir la declaratoria del primer Foro legislativo mundial sobre juventud 2010 como la agenda por impulsar en el tema, pues México fue el país sede y se aprobó por consenso la declaratoria.

I. Educación:

• Calidad;

• Entorno educativo;

• Transparencia y rendición de cuentas; y

• Cooperación.

II. Empleo.

III. Salud:

• Alcoholismo, drogadicción y tabaquismo; y

• Salud mental y ocupacional

IV. Tecnología e innovación.

V. Migración Internacional.

VI. Participación ciudadana y política.

VII. Desarrollo sustentable y sustentabilidad ambiental.

VIII. Seguridad.

Líneas de acción deporte

I. Masificación del deporte;

II. Deporte de alto rendimiento;

III. Federaciones deportivas; y

IV. Infraestructura deportiva

7. Dictaminen del trabajo legislativo pendiente

• Trabajo legislativo pendiente en materia de juventud:

I. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

II. Ley General de las y los Jóvenes; y

III. Iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo Integral de la Persona Joven.

• Trabajo legislativo pendiente en materia de deporte:

I. Reforma de las Leyes Generales de Educación, y de Cultura Física y Deporte; y

II. Nueva Ley de Cultura Física y Deporte.

8. Actividades

a) Realizar reuniones mensuales de la comisión en 2010 y 2011;

b) Analizar y, en su caso, dictaminar y emitir opinión de los pendientes legislativos turnados a la comisión por la LIX Legislatura;

c) Analizar y, en su caso, dictaminar y emitir opinión de las iniciativas, los puntos de acuerdo, las minutas y las excitativas turnados a la comisión por la LXI Legislatura;

d) Analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011;

e) Evaluar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos aprobados para 2011 en los sectores competencia de la comisión;

f) Realizar visitas de trabajo (una por mes) a las instituciones públicas y a las privadas que atienden los sectores de juventud y deporte;

g) Llevar a cabo y publicar investigaciones y estudios temáticos en torno de la juventud y el deporte;

j) Efectuar foros para abordar los temas que se proponen como líneas de acción;

k) Realizar actividades culturales novedosas para los jóvenes en las instalaciones de la Cámara de Diputados;

l) Dar seguimiento a los trabajos del comité organizador de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y a la adecuada aplicación de los recursos federales etiquetados para dicho acto;

m) Dar seguimiento al programa nacional Actívate, Vive Mejor;

n) Dar seguimiento al programa de infraestructura deportiva municipal; y

ñ) Mantener vinculación permanente con las federaciones deportivas.

Notas

1. Consejo Nacional de Población. El cambio demográfico, el envejecimiento y la migración internacional en México, Comité Especial sobre Población y Desarrollo, trigésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santo Domingo, República Dominicana, 9 a 13 junio de 2008.

2 Investigación elaborada por Rogelio Fernández Farfán, asesor de la Comisión de Juventud y Deporte en la LX Legislatura.

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, anual de trabajo, septiembre de 2010-agosto de 2011

Aprobación del programa anual de trabajo

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 15 fracción III y 56 del acuerdo de la Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en reunión ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2010, aprobaron el programa anual de trabajo para el periodo 2010-2011.

En dicho documento se plasmaron la misión y visión que orientarán los trabajos de la comisión en el presente ejercicio. Asimismo se plasmó el objetivo general y los objetivos específicos, con base en la competencia y facultades conferidas a esta comisión por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, que sirven como fundamento para el desarrollo de sus actividades.

El programa anual de trabajo tiene como eje rector coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación. Contiene los objetivos y las líneas generales de acción desde los diferentes frentes de competencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tales como los siguientes:

• Constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre la honorable Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación y evaluar el desempeño;

• La evaluación permanente del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (Auditoría Superior de la Federación) a través del análisis del informe que rinde anualmente a la Cámara de Diputados;

• La verificación del cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior mediante auditorías, visitas e inspecciones, con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control (Unidad de Evaluación y Control);

• El análisis de las diversas disposiciones vigentes en materia de fiscalización;

• La generación de espacios de debate y reflexión que retroalimenten el trabajo legislativo y aporten elementos para perfeccionar el modelo de fiscalización mexicano;

• La retroalimentación entre los integrantes de la comisión y sus respectivos grupos parlamentarios con el propósito de mejorar el marco legal en materia de fiscalización;

• El impulso para una mayor participación de las comisiones de la Cámara de Diputados en los trabajos de análisis de las auditorías practicadas a los sectores que son de su interés; y

• La formulación de recomendaciones de carácter técnico a la Auditoría Superior de la Federación con el propósito de mejorar su actuación, fortalecer su marco jurídico e impulsar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Integrantes de la comisión

Diputados: Esthela Damián Peralta (PRD), presidenta; Marcela Guerra Castillo (PRI), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (PRI), José Francisco Rábago Castillo (PRI), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (PAN), Ramón Jiménez López (PRD), José Narro Céspedes (PRD), Pablo Escudero Morales (PVEM), Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), Alejandro Gertz Manero (Convergencia), secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Alejandro Cano Ricaud (PRI), Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (PAN), Sergio Octavio Germán Olivares (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), Humberto Lepe Lepe (PRI), Margarita Liborio Arrazola (PRI), José Ricardo López Pescador (PRI), Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN), Gastón Luken Garza (PAN), Patricio Chirinos del Ángel (PRI), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza), Ramón Ramírez Valtierra (PRI), Gloria Romero León (PAN), David Ricardo Sánchez Guevara (PRI), César Augusto Santiago Ramírez (PRI), Francisco Saracho Navarro (PRI), María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI).

Fundamento legal

Los trabajos de la comisión se realizarán atendiendo lo dispuesto en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Principios

Las acciones a desarrollar habrán de ejecutarse bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, uso eficiente de los recursos públicos, eficacia y eficiencia, pluralidad, respeto a los principios, valores y previsiones, institucionalidad, legalidad e independencia.

Misión

Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación, requerirle información sobre la evolución de los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública, constituir el enlace que garantice la debida coordinación entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, realizando las observaciones y recomendaciones que contribuyan a que la fiscalización superior de la Cuenta Pública se realice de conformidad con las leyes en la materia, evaluando los resultados de la gestión financiera, comprobando que se hayan ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y que en caso de incumplimiento se hayan establecido las responsabilidades y recomendaciones para la mejora del desempeño de acuerdo con la ley.

Visión

Consolidar el liderazgo natural de esta comisión, por medio del dialogo y la construcción de acuerdos, que permitan constituir a la fiscalización superior, en una herramienta de control cercana al ciudadano, que le genere confianza por la certeza en su actuación para combatir la corrupción, transparentar las áreas de opacidad, promover el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas, que incida en el desarrollo del país, en la erradicación de la pobreza y los desequilibrios regionales, que proporcione a la Cámara de Diputados información estratégica para la toma de decisiones fiscales y presupuestales, que permitan al gobierno el cumplimiento de los planes y programas estratégicos para el desarrollo del país, buscando en todo momento fortalecer el sistema de fiscalización superior, para contar con un elemento vigente y oportuno que garantice que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y que los programas públicos cumplan sus objetivos en beneficio de la población mexicana.

Objetivo general

Cumplir con eficiencia las funciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las demás leyes aplicables en la materia, y promover acciones en materia legislativa que permitan el fortalecimiento de la fiscalización superior.

Objetivos particulares

1. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos.

2. Garantizar que el cien por ciento de los asuntos que la Comisión de Vigilancia reciba los turne a las instancias correspondientes y les dé seguimiento hasta su conclusión.

3. Elaborar el calendario de sesiones y actividades de la comisión.

4. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara, o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública y turnarla a la Auditoría Superior de la Federación en tiempo y forma.

5. Designar al titular de la entidad de fiscalización, por el voto de las dos terceras partes de total de sus miembros presentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley correspondiente.

6. Recibir de la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 20 de febrero, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 para su análisis respectivo, conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara y presentar el informe respectivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Auditoría Superior.

7. Elaborar el formato de revisión de la Cuenta Pública de 2009 definiendo mesas de trabajo y lugares en donde se desarrollarán, incluyendo la participación de la Unidad de Evaluación y Control la Auditoría Superior de la Federación y las comisiones correspondientes, considerando los siguientes puntos:

• Integrar las mesas de trabajo necesarias para el análisis de la cuenta pública 2009 y el calendario de sesiones;

• Análisis general del informe que rinde la Auditoría Superior de la Federación;

• Integrar y remitir con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control legajos por temas a cada una de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados solicitando su opinión;

• Desarrollar las sesiones de las mesas de trabajo establecidas;

• Integrar el documento de conclusiones y recomendaciones emitidas a la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su desempeño;

• Integrar y remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el documento de apoyo al trabajo de dictamen de la propia comisión; y

• Memoria de los trabajos de análisis al informe de 2009.

8. Recibir mensualmente la cuenta comprobada de la Auditoría Superior de la Federación relativa a la aplicación de su presupuesto aprobado y turnarla a la Unidad de Evaluación y Control para su análisis.

9. Conocer, opinar y dar seguimiento con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control al plan estratégico y al programa anual de actividades elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modificaciones.

10. Evaluar con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato y atribuciones en las Auditorías y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión.

11. Recibir y dar seguimiento con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control a los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al estado que guarda la solventación de las observaciones y recomendaciones que se promovieron como resultado de sus revisiones.

12. Dar seguimiento y en su caso aprobar la solventación de las observaciones formuladas por la comisión y por la Unidad de Evaluación y Control a la Auditoría Superior de la Federación.

13. Aprobar la propuesta de indicadores para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Evaluación y Control y dar seguimiento trimestral a su cumplimiento.

14. Recibir en tiempo y forma los informes semestrales del estado que guarda la solventación de auditorías y turnarlos a la Unidad de Evaluación y Control para su análisis.

15. Recibir y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal.

16. Aprobar el programa de actividades de la Unidad de Evaluación y Control y requerirle todo tipo de información de acuerdo a sus funciones, así como aprobar políticas, lineamientos y manuales que requiera.

17. Recibir, analizar y aprobar, el proyecto de presupuesto de la Unidad de Evaluación y Control y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio siguiente.

18. Promover la revisión del marco jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, para llevar a cabo las modificaciones que permitan fortalecerla a través de reformas integrales a la fiscalización.

19. Impulsar la armonización de las normas que rigen los diferentes procesos de fiscalización y la presentación homogénea de los informes de auditoría, a fin de mejorar sus resultados y la coordinación institucional entre los distintos órganos de fiscalización.

20. Promover esquemas de participación ciudadana para la detección de irregularidades, denuncias y propuestas de mejora del funcionamiento de las actividades de fiscalización.

21. Promover la realización de auditorías en áreas de riesgo para el gobierno federal por su opacidad y falta de transparencia, tales como Pemex Fideicomisos, sector eléctrico, recursos transferidos a estados y municipios, entre otros.

22. Apoyar en la dictaminación de las Cuentas Públicas pendientes.

23. Desarrollar encuentros (foros, seminarios) que permitan la mejora continua en el desarrollo de los trabajos de rendición de cuentas y fiscalización en el ámbito nacional e internacional.

24. Revisar y aprobar los lineamientos para la entrega de los recursos del Programa de Fiscalización Superior (Profis).

25. Mantener estrecha relación con todas las comisiones ordinarias de la honorable Cámara para retroalimentarlas con los resultados de las auditorías, promoviendo un esquema vinculatorio.

26. Promover que los programas de fiscalización se elaboren en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos de la Federación.

Subcomisiones

Con fundamento en lo establecido en los artículos 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 14, fracción III, del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados del 8 de diciembre de 2009, las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones esta comisión de vigilancia buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios y proponiendo las siguientes subcomisiones:

1. Subcomisión de vigilancia al Ingreso Público. Las funciones de esta subcomisión deberán centrar su atención en todo lo concerniente a la evaluación de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos públicos provenientes de impuestos, derechos por prestación de servicios públicos, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de venta de bienes, servicios y valores, recuperaciones de capital, ingresos derivados de financiamiento y otros ingresos de capital, los cuales están contenidos a detalle en la respectiva Ley de Ingresos, y consistirán en

a) Evaluar los resultados de las auditorías vinculadas con la captación de ingresos públicos y las diversas tareas en materia tributaria y administración de recursos públicos.

b) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los entes encargados de la fiscalización en materia de tributación e ingresos públicos;

c) Dar seguimiento a los principales programas en materia de ingresos y proponer su fiscalización oportuna en programas;

d) Evaluar los riesgos de la fiscalización en materia de ingresos públicos;

e) Coordinar la formulación de base de datos sobre los impactos de la fiscalización en la tributación;

f) Revisar el proceso y evoluciones de los ingresos públicos, la captación fiscal, la eficiencia recaudatoria, y la incidencia fiscal conforme a diversa información recabada por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de su función;

g) Revisar el proceso y evolución de fiscalización de ingresos públicos: perspectivas e impactos de fiscalización;

h) Recabar análisis de informes sobre el combate al fraude fiscal;

i) Evaluar el impacto de los beneficios fiscales de la Ley de Ingresos;

j) Elaborar un informe sobre la efectividad del Servicio de Administración Tributaria;

k) Evaluar de la fiscalización sobre las operaciones realizadas por la administración aduanera y sus efectos fiscales;

l) Evaluar el impacto del crecimiento del ISR y el IVA en el monto de la recaudación;

m) Evaluar los atrasos tributarios, la evasión y elusión fiscal, así como el presupuesto de gastos fiscales;

n) Dar seguimiento a los informes sobre el uso de las evoluciones tributarias; y

o) Analizar de los informes periódicos de la Administración General de la Secretaria de Hacienda.

2. Subcomisión de vigilancia al Gasto Público. Tendrá a su cargo las tareas relacionadas con la evaluación de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación sobre las erogaciones que realiza el gobierno federal, los Poderes de la Unión, las dependencias y entidades, así como los tres niveles de gobierno de las entidades federativas, en estricto apego a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, tal y como lo señala el artículo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, y que en especifico consistirán en

a) Evaluar los resultados de la fiscalización superior en entes y programas relacionados con el gasto público federal;

b) Dar seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los entes encargados de la fiscalización en materia de gasto público;

c) Proponer una fiscalización oportuna en programas emergentes de gasto público;

d) Evaluar los riesgos en materia de fiscalización, en materia de gasto público;

e) Evaluar la discrecionalidad presupuestaria a la luz de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación;

f) Evaluar el impacto de la Auditoría Superior de la Federación en la calidad del gasto público de infraestructura (después seguirá la evaluación para otros sectores);

g) Evaluar las variaciones presupuestales, económicas, transferencias presupuestarias sobre subejercicios presupuestales;

h) Evaluar el impacto de la fiscalización en los subejercicios;

i) Evaluar el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el proceso presupuestario en México;

j) Diseñar y operar una base de datos sobre los impactos de la fiscalización en el gasto público;

k) Vigilar y evaluar el avance presupuestal y programático;

l) Dar seguimiento a la relación entre el gasto corriente y el gasto de inversión;

m) Verificar que se haya realizado de manera correcta la autorización del gasto, la incidencia del gasto, es decir, como se gasta el dinero público y a quienes se beneficia;

n) Analizar el gasto público en desarrollo social, el gasto público en desarrollo económico y el gasto público en gobierno así como su impacto en los indicadores de bienestar, en los siguientes temas: gasto en superación de la pobreza, asistencia social, educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, jubilaciones y pensiones; y gasto público en el desarrollo económico: infraestructura, energía, comunicaciones y transportes, desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la capacitación y el empleo, impulso competitivo empresarial, pidiregas.

3. Subcomisión de vigilancia al Patrimonio Público. Estará encargada de la evaluación de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación y de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, las funciones serían las siguientes;

a) Evaluar la estrategia y programa de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación para el control patrimonial de la Hacienda Pública;

b) Solicitar informes periódicos sobre la calidad de control patrimonial a la ASF;

c) Evaluar los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la calidad del control patrimonial;

d) Evaluar las reservas financieras para el mantenimiento de proyectos de infraestructura al aprobarse un programa, como condición de garantizar infraestructura de calidad;

e) Mantener relaciones con institutos de auditoría técnica para evaluar la calidad de los proyectos de infraestructura;

f) Construir una base de datos sobre los avances del control patrimonial;

g) Evaluar los riesgos del control patrimonial de la Hacienda Pública Federal;

h) Analizar el inventario de los elementos materiales e inmateriales tanto del dominio público, como del privado, cuya titularidad es del estado, ya sea en forma directa o indirecta (a través de organismos descentralizados o sociedades mercantiles del estado que le sirven para el cumplimiento de sus actividades y cometidos;

i) Analizar los principales problemas que derivan de disputas por limites, aguas recursos y, en general, el territorio y todas las partes integrantes del mismo así como las disputas sobre la propiedad y dominio de los bienes;

j) Revisar y analizar las disputas asociadas a las fronteras negociadas o naturales, el subsuelo y todos los minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas y elementos radioactivos, la plataforma continental como prolongación del territorio por debajo de las aguas marítimas, las islas, arrecifes y cayos, el mar territorial, el mar patrimonial, y zona económica exclusiva, la flora y la fauna marítima, el subsuelo del mar territorial y el mar patrimonial y el espacio aéreo;

k) Verificar que se mantenga actualizado un inventario de todos los bienes cuya titularidad directa sea del estado, los ingresos del estado por vías de derecho público y privado, el conjunto de derechos de los que el estado es titular y los bienes del domino privado;

l) Revisar la correcta administración de la Hacienda del estado, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor;

m) Verificar que se encuentre actualizado el inventario de los inmuebles que las dependencias y entidades paraestatales, o particulares sean personas físicas o morales posean o administren bienes que sean de la nación;

n) Analizar el Registro Público de la Propiedad General para la integración del documento de la nación.

4.- Subcomisión de vigilancia a la Deuda Pública. Habrá de encargarse de la evaluación de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación en materia de deuda pública, y revisar si conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, si se llevaron a cabo las contrataciones, los pagos de deuda pública estipulados en el mismo y que el destino de dichos recursos cumplió lo establecido en la legislación aplicable, podría resaltarse como funciones concretas de esta subcomisión, las siguientes:

a) Evaluar los resultados de la fiscalización superior en entes y programas relacionados con la contratación, administración y ejercicio de los recursos de deuda pública.

b) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los entes encargados de la fiscalización en materia de deuda pública y pasivos contingentes;

c) Evaluar el impacto de la Auditoría Superior de la Federación en la transparencia de la gestión de la deuda pública;

d) Evaluar los riesgos en materia de fiscalización en materia de pasivos contingentes federales (pasivos laborales, pasivos carreteros, pasivos de Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), otros);

e) Dar seguimiento de observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los entes encargados de la fiscalización en materia de deuda pública y pasivos contingentes;

f) Elaborar un estudio especial integral-costo beneficio y costo-eficiencia de los pasivos Pidiregas desde el punto de vista de la fiscalización;

g) Promover la transparencia de la gestión de la deuda pública;

h) Consolidar la gestión de la deuda pública (deuda pública + bonos IPAB);

i) Integrar una base de datos sobre los impactos de la fiscalización en la deuda pública y pasivos contingentes;

j) Analizar los saldos de deuda pública, los pasivos del sector público presupuestario contratados con residentes nacionales y extranjeros, denominados en moneda nacional y extranjera, en términos brutos y netos;

k) Analizar la evolución de la deuda pública interna y externa;

l) Revisar las cifras de deuda provenientes de la Cuenta Pública y las que se reportan en los informes trimestrales de deuda pública;

m) Analizar la evolución del costo financiero (bruto y neto), amortización de deuda del sector público, asunción de la deuda (asunción de pasivo), créditos con el Banco Internacional de Desarrollo, créditos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial (BM);

n) Verificar los pasivos derivados de: ajustabonos (bonos ajustables del gobierno federal), Udibonos, Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes), Bonos de Protección al Ahorro (BPA), Certificados de Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos), créditos bilaterales, créditos directos por conceptos de la deuda interna, deuda asumida, deuda externa bruta, deuda externa neta, deuda interna bruta, deuda interna neta, deuda neta total del sector público consolidada con el Banco de México, deuda reestructurada, endeudamiento o desendeudamiento externo, endeudamiento o desendeudamiento interno;

o) Analizar la política de deuda pública, requerimiento de recursos financieros de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (ante Pidiregas), servicio de la deuda y variaciones de la deuda por revaluación entre otros conceptos.

5. Subcomisión de seguimiento a las Cuentas Públicas. Deberá centrar su atención en las tareas relacionadas con la evaluación de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación para hacer un seguimiento encaminado a dictaminar la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública, tales como reuniones de análisis de la fiscalización de la cuenta de la Hacienda Pública que presenta la Auditoría Superior de la Federación con la participación de las Comisiones Ordinarias convocadas por la Comisión de Vigilancia y las que deseen participar; elaboración del proyecto de opinión y conclusiones de la revisión del informe del resultado y fiscalización de la Cuenta Pública, que es considerado para el dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica al pleno de la Cámara, sus funciones serían;

a) Evaluar los resultados de la fiscalización superior a la luz de las disposiciones constitucionales y/o las que establece la ley de la materia, a efecto de determinar si la ASF cumple con su mandato;

b) Definir propósitos del dictamen;

c) Precisar los alcances y limitaciones de los dictámenes de la Cuenta Pública;

d) Proponer programa de trabajo especial para que la Comisión de Vigilancia se convierta en una comisión dictaminadora de la Cuenta Pública;

e) Realizar estudio internacional comparativo sobre la práctica internacional en materia de dictamen de cuentas públicas o de informes financieros del sector público;

f) Evaluar los riesgos de la fiscalización en relación con la dictaminación.

6. Subcomisión de revisión del marco legal, de los instrumentos de vigilancia y transparencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, esta subcomisión tendrá por objeto proponer y establecer objetivos estratégicos para fortalecer la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de la Federación, y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Evaluar el marco general legal de la fiscalización superior;

b) Dar seguimiento a las iniciativas presentadas al marco de la fiscalización;

c) Desarrollar el fundamento normativo, legal y bases metodológicas para la armonización nacional del sistema de fiscalización superior;

d) Desarrollar una metodología para presentar iniciativas legislativas en materia de fiscalización superior, incluyendo: 1. Propósitos o justificación de la iniciativa; 2. Contenido de la iniciativa; 3. Congruencia y consistencia con el marco legal e institucional; 4. Factibilidad técnica (incluye adicionales requeridos al marco de la fiscalización para hacer viable la iniciativa); 5. Rigor metodológico; 6. Impactos cualitativos y cuantitativos de la iniciativa en la gestión del sector público y en la fiscalización; 7. Mecanismos de seguimiento;

e) Evaluar las diferentes iniciativas presentadas, relacionadas con la fiscalización, que deriven en propuestas de modificación a la normativa que regula la fiscalización en México;

f) Revisar y, en su caso, aprobar el reglamento interior de la unidad que se presenta al pleno de la Cámara de Diputados;

g) Emitir opinión sobre las inconformidades que se presenten respecto a la interpretación de alguna norma que se relacione con la fiscalización;

h) Verificar que las normas que emite el auditor en materia presupuestal y administración de recursos, se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias;

i) Revisar la solventación de las observaciones realizadas a la Auditoría Superior de la Federación por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Calendario de trabajo

La comisión celebrará sus reuniones ordinarias de conformidad con el siguiente

Calendario Sesiones Ordinarias

2010 -2011

Las fechas establecidas estarán sujetas a cambios de conformidad con el desarrollo de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados y los de la propia comisión.

El presente programa de trabajo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a los diferentes temas que se requiera incluir o modificar por parte de los integrantes de la comisión.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Diputados: Esthela Damián Peralta (rúbrica) presidenta; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruíz (rúbrica), José Narro Céspedes, Ramón Jiménez López (rúbrica), Pablo Escudero Morales, Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica), Alejandro Gertz Manero (rúbrica), secretarios; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica).

Del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, y de los ayuntamientos de Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco, de actividades

El pasado 7 de septiembre, en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que presentaron los diputados David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera y Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, con el fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los ejecutivos federal y estatal de Jalisco y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, con el fin de evitar la inestabilidad social en la región, así como la integración de un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto.

A esta iniciativa, se sumaron los legisladores José Luis Íñiguez Gámez y Juan Enrique Ibarra Pedroza, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PT, respectivamente.

Esta propuesta fue aprobada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, acordando que la integración del grupo de trabajo será de seis legisladores de los diferentes grupos parlamentarios.

Debido a que en la costa de Jalisco se han suscitado problemas similares referentes a la tenencia de la tierra, el grupo de trabajo propone incorporar los temas de los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, así como del ayuntamiento de Cabo Corrientes, que continúan siendo focos de inestabilidad que requieren inmediata atención.

Las principales actividades que desarrollará el grupo de trabajo incluyen reuniones con funcionarios federales, estatales y municipales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de Jalisco, titulares de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, con ejidatarios, grupos indígenas, propietarios y demás involucrados en los problemas de los municipios de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco, así como con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y Alemania en México, las cuales ha solicitado información sobre la afectación a sus ciudadanos.

Antecedentes del predio El Divisadero y de la zona federal de la bahía de Tenacatita

• Existen documentos que datan de 1972 y que son parte de la resolución presidencial de fecha 29 agosto de ese año, cuando se le otorgó al ejido del Rebalse de Apazulco, hoy Lázaro Cárdenas, la primera ejecución en su favor, lo que derivó en que se llevará a cabo la ampliación del mismo para ocupar el predio denominado El Divisadero de Tenacatita, en más de 50 hectáreas.

• Esta ampliación de terreno fue comprobada por la Secretaría de la Reforma Agraria, que revisó la “carpeta básica”, para verificar que no existieran problemas de colindancias del plano definitivo con la resolución presidencial y con el proyecto.

• Antes de 1970, Rodolfo Paz Vizcaíno, habitante del municipio de San Gabriel, poseía un terreno en la zona, el cual fue comprado en ese año por Financiera Industrial de Jalisco (Banca Cremi). En 1973, los ejidatarios entablaron un juicio contra la financiera, toda vez que nunca fueron delimitadas las colindancias.

• Con la resolución presidencial de 1972, la señora Paz Gortazar de González Gallo, inconforme con la afectación, promovió el juicio de amparo número 1596/772 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, que culminó con la resolución definitiva pronunciada el 18 de agosto de 1977 por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión número 756/77, que resolvió que “el predio rústico denominado El Divisadero de Tenacatita, que formó parte de la antigua finca rústica conocida con el nombre de Apazulco, en el municipio de La Huerta, Jalisco, con superficie de 42 hectáreas, no fue materia de dotación agraria a favor de comunidad agraria alguna”, por lo que le concedió la protección constitucional y en cumplimiento de la sentencia de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria le restituyó –en el año 1979– la posesión del predio.

• En 1991, la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, adquirió 42 hectáreas bajo la escritura 20 mil 147, de fecha 14 de diciembre de 1991, delimitándose medidas y colindancias, a pesar de que los ejidos argumentaban estar “legitimizados” y el juicio en contra de la Financiera Industrial de Jalisco no estaba resuelto.

• En 1992, se le otorgó una concesión de la zona federal a la inmobiliaria para preservación y ornato de la zona, no obstante que el ejido ya había solicitado la concesión con anterioridad.

• El 7 de mayo de 1992, la SCJN rechazó un recurso de queja promovido por el ejido para revocar la sentencia emitida en 1980, que ratifica la de 1977; el 18 de enero de 1993, la misma Suprema Corte resolvió negativamente otro recurso de queja promovido por el comisariado ejidal para contravenir el veredicto.

• En 1996, el ejido solicitó un amparo contra esta resolución, pero le fue negado nuevamente.

• El 8 de febrero de 2000, el juez de primera instancia de Cihuatlán giró los oficios correspondientes para solicitar el auxilio de la fuerza pública en el proceso de desalojo, que intentó llevarse a cabo el 25 de febrero del mismo año. Sin embargo, éste no pudo realizarse debido a que el presidente municipal de La Huerta se negó a apoyar la diligencia.

• El miércoles 4 y jueves 5 de agosto, fue ejecutada una orden de desalojo dictada por el juez de Autlán, Jalisco, del predio El Divisadero de Tenacatita y de la Playa de Tenacatita, municipio de La Huerta, destruyéndose con maquinaria pesada pequeños hoteles, restaurantes, tiendas. Los daños provocaron el cierre de seis hoteles, la crisis de dos cooperativas de pesca y de servicios turísticos, la destrucción de restaurantes y de fondas familiares y, sobre todo, la afectación de los habitantes del ejido de El Rebalsito.

Además, se cerró una de las playas públicas más importantes del Estado de Jalisco, que es generadora de 700 empleos directos y el sostén para 200 familias de la zona.

Los pobladores desalojados han demostrado ser dueños mediante título de propiedad expedido por instrucciones del presidente Vicente Fox en 2006, así como con certificados de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Autlán, Jalisco, en donde se reconoce título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional.

Es el tercer desalojo que se intenta desde 1993; es la única vez que se ha logrado desalojar a la totalidad de los habitantes.

A pesar de ello, la inmobiliaria no ha pagado desde 1999 los derechos por el otorgamiento de la concesión, y la última liquidación la efectuó por concesión para uso y aprovechamiento de agricultura en la misma zona y el pago del adeudo de los cuatro años anteriores, por lo que no realizó los pagos en tiempo y forma y el motivo de concesión fue cambiado.

Habitantes de esa zona por el contrario, han cumplido con sus respectivos pagos.

• El 2 de septiembre de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Coste ros, la resolución administrativa mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m² de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en El Divisadero de Tenacatita.

Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.

• El 23 de septiembre de 2010, la dirección en jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la acción de ampliación del ejido “El Rebalse de Apazulco”, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representará la exclusión de una superficie de 42 00-00 hectáreas, concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.

El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido “El Rebalse de Apazulco” a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 hectáreas para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.

El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.

Diagnóstico

Este problema ha sido originado por las autoridades federales, al duplicar trámites y sin tomar en cuenta la situación de las personas que ya tienen concesiones.

• Los títulos de propiedad de terrenos locales expedidos durante el sexenio del presidente Vicente Fox, son un sustento jurídico para los poseedores, quienes tienen todo derecho de oponerse a los desalojos.

• Estos títulos se emitieron con base en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos (Procede), encabezado por la Procuraduría Agraria y el Inegi, que derivaron de un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.

• Sumado a lo anterior, al momento del desalojo y en la delimitación del terreno para evitar que los ejidatarios entraran por la fuerza, la inmobiliaria destruyó algunos metros cuadrados de mangle al instalar profundamente en él una malla ciclónica con cadenas y pasador, daño que fue comprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Jalisco, quien determinó que los efectos fueron mínimos, por lo que no hubo sanción a la empresa responsable y únicamente se le ordenó la entrega de un informe de las actividades que desarrollarían, así como el estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente Federal.

• Con esta determinación de desalojo, se violó además el derecho de acceso a las playas que impiden policías estatales, problema que ha ido creciendo; las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se encuentran estudiando actos y omisiones de los niveles de gobierno.

• Incluso, la Comisión Nacional abrió un expediente sobre presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos.

• La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó información al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, Jalisco, y explicara si solicitó que permanecieran los elementos de seguridad en el bloqueo de la carretera y acceso a las playas, contestando negativamente.

• La intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha circunscrito a realizar las gestiones para que se reabra el acceso a las playas.

• Contrario a lo anterior, el gobernador de la entidad señaló que la decisión de no permitir la entrada corresponde a la orden del juez, y no al gobierno del Estado, y él solamente se limita a garantizar el estado de derecho, cuestión que ya fue desmentida por el propio juez.

• Después del violento desalojo, se estableció una mesa de diálogo y entendimiento entre representantes del ejido El Rebalsito con el secretario general de Gobierno, refrendando éste el compromiso de “salvaguarda del estado de derecho y a petición de un juez, en virtud de una sentencia.”

• Sin embargo, el gobierno del estado se ha negado a aceptar cualquier demanda, incluyendo la negativa de abrir una mesa de diálogo para cotejar documentos de propiedad, de mover a la policía estatal de la playa y de liberar la carretera bloqueada.

• En esta problemática, también se ha involucrado la Embajada de Alemania en México, cuya representación diplomática ha solicitado información ante diferentes instancias públicas de las denuncias de ciudadanos alemanes que fueron afectados por el lanzamiento, ya que argumentan, son compradores de buena fe y “poseen escrituras validadas por dos presidentes de la República Vicente Fox y Felipe Calderón”.

Líneas de acción

• Evitar se generen actos de violencia y violaciones de derechos humanos. Es evidente el conflicto de intereses y la duplicidad de propietarios, por lo que es importante participar de manera inmediata en la solución del problema y así, dejar un antecedente para futuros inconvenientes similares.

• La .presunta intención del desalojo sin ningún tipo de negociación, es convertir esa zona en un desarrollo turístico con dos marinas, villas unifamiliares y hoteles, un campo de golf y la construcción de un aeropuerto entre los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, por lo que es necesario impulsar a la brevedad posible el establecimiento de una mesa de diálogo con todos los involucrados, con el fin de evitar se generen mayores problemas.

• Solicitar la participación de ambientalistas oficiales e independientes para que emitan sus opiniones respecto a los presuntos problemas causados a los mangles, así como la posible afectación, en caso de la construcción del proyecto turístico, a las reservas ecológicas de mangle más importantes del litoral costero que forma parte del corredor del jaguar.

Antecedentes de los ejidos de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán

• El 20 de agosto de 2007, funcionarios del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, en compañía de elementos antimotines de las policías estatal y federal preventiva, se presentaron en el poblado Campo Acosta en el kilómetro 105 de la carretera federal 200 que corre entre Puerto Vallarta y Melaque, del municipio de Tomatlán, para ejecutar la sentencia dictada en el juicio agrario 362/02 de restitución de tierras -gran parte de ellas situadas en las playas de Peñitas-, promovido por la comunidad indígena de Tomatlán, debido a que unos 200 ejidatarios se oponían a entregar mil 200 hectáreas a la comunidad indígena que a su vez, presuntamente vendió al menos dos terceras partes del predio playero a la empresa Sierra Vallarta, vinculada al ex presidente Vicente Fox Quesada y al empresario sinaloense Ernesto Coppel.

• Además de ser desalojados, algunos campesinos fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal y posteriormente, a la de Puerto Vallarta, quienes fueron liberados con el pago de una caución de tres mil pesos por cada uno.

• El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, manifestó que en el desalojo y detención “hubo excesos” de la policía estatal.

• En la Recomendación 33/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acreditó negligencia en agravio de una paciente por parte del Centro de Salud de San Martín de Bolaños, cuando acudió a recibir atención porque había sido herida en el abdomen por arma de fuego. No obstante la gravedad del caso, luego de revisarla, se le suministró medicamento, se tuvo en observación una hora y se le envió a su domicilio. Con la gravedad, se tramitó tardíamente su traslado urgente a un hospital de Tlaltenango, Zacatecas, a donde no pudieron llegar y pidieron atención en el centro de salud de Villa Guerrero, donde la mujer falleció.

• Este conflicto data desde los años 60, entre la comunidad indígena de Tomatlán y el poblado de Campo Acosta. En el transcurso de ese tiempo, se han desarrollado diversos juicios ante distintas instancias judiciales, sin llegar hasta el momento a resolverse de fondo, ya que es un tema muy complejo.

• Este problema creció porque, además del enfrentamiento entre ambas comunidades agrarias, apareció un tercer actor, una empresa inmobiliaria denominada “Sierra Vallarta”, que se adjudicó la propiedad de los terrenos de más de 100 comuneros, que afectó sus propiedades, ganado, embarcaciones.

• En cuanto al ejido de Chalacatepec, el director de Proyectos de la empresa Rasaland y responsable de las negociaciones con los ejidatarios, aseguró que éstos fueron bien remunerados por la cesión de derechos posesorios de las tierras; reconoció que hubo quienes recibieron 150 mil pesos por hectárea, así como otros llegaron a cobrar hasta 700 mil pesos por hectárea.

• La empresa Rasaland y pensiones del estado, pretenden desarrollar el complejo turístico.

• Isaías Rivera Rodríguez, ex procurador agrario, explicó que después de que diversos pequeños propietarios promovieron el juicio de amparo 2130/65 contra el decreto presidencial que otorgaba la tierra a los ejidatarios, el 23 de julio de 1971 se dictó sentencia definitiva “protegiendo a Carlos Jimeno Serrano y otros”, determinando que los planos conforme a los que se ejecutó la resolución presidencial no eran correctos porque en ellos se incluía los predios Param y Xola (donde se ubicaría el complejo turístico).

• Con esa resolución, ambos predios se excluyeron de la dotación de tierra y el régimen de la propiedad cambió a ser privado; aunque esta sentencia se tuvo por ejecutada en favor de los propietarios en 1985, según lo establece un acuerdo firmado el 23 de mayo de ese año por el Juez Segundo de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, la posesión del predio la conservaron los ejidatarios debido a que la ejecución de la restitución se hizo “de gabinete”.

• Es en este punto donde entró la empresa Rasaland, que tras adquirir la propiedad a un precio no revelado, procedió a negociar con los ejidatarios para ofrecer “convenios indemnizatorios” por la posesión de la tierra para así, consolidar el derecho a la propiedad.

• En enero pasado, el gobierno del estado anunció la compra de terrenos en la playa de Chalacatepec para desarrollar el “Nuevo Cancún”, a pesar del conflicto agrario que no ha sido resuelto. El ejido tiene un decreto presidencial y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su favor.

• Este proyecto es presuntamente catalogado como un negocio inmobiliario de “complicidad de intereses públicos y privados”, ya que se comprometen recursos estatales para infraestructura carretera y aeroportuaria, y los fondos de los pensionados del gobierno de Jalisco para adquirir reservas territoriales bajo la figura jurídica de un fideicomiso como socios minoritarios, con riesgos de mercado.

• El fondo de retiro de 115 mil burócratas de la entidad, que asciende a unos 89 millones de dólares, podría incrementa el grado de peligro, debido a que los recursos se encuentran en manos de Goldman Sachs, firma financiera acusada de fraude por las propias autoridades estadunidenses.

Líneas de acción

• Conocer la opinión de la sociedad civil y los sectores productivos, incluyendo a los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec y de otros ejidos de la zona, para participar en la solución de los graves problemas sociales, territoriales y económicos que padecen.

• Evitar el despojo de tierras a campesinos de las localidades.

• Consultar a especialistas para garantizar que cualquier obra que se pretenda realizar, garantice el respeto y cuidado del medio ambiente, así como la inclusión e integración social.

• Vigilar que no se utilicen recursos públicos para beneficio de particulares.

• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.

• Cuidar que no se cometa un fraude a las pensiones del estado.

Antecedentes del municipio de Cabo Corrientes

• El municipio de Cabo Corrientes atraviesa por una transformación en el ámbito de la tenencia de la tierra, y por la creciente presión de desarrolladores y corredores de bienes raíces.

• De sur a norte, se encuentran los ejidos La Boquita, Vistahermosa e Ipala, donde las transmisiones de parcelas han sido a nivel interno.

• En Villa del Mar y López Mateos, la corredora Golden ha adquirido decenas de derechos ejidales y las ventas a diversos desarrolladores van aumentando. Sólo en unas cuantas caletas se tiene acceso, ya que predomina el mar abierto.

• En Villa del Mar ha habido un intenso tráfico de propiedades, desde lotes frente al mar hasta parcelas completas.

• El ejido distribuyó parcelas a lo largo de litoral a todos sus ejidatarios para que tuvieran frente de playa.

• En el ejido Aquiles Serdán, se acordó por asamblea la venta de todas sus tierras, caminando en el mismo sentido los ejidos Morelos y Naranjitos.

• Habitantes del poblado de Aquiles Serdán, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, intentaron ser desalojados el 18 y 25 de junio pasado por elementos de seguridad estatales y personas ajenas y desconocidas, cuando irrumpieron armados para ejecutar la orden de desalojo, que presuntamente nunca presentaron, emitida por un juez federal de Monterrey, acompañados por el ejecutor del juzgado tercero civil de Puerto Vallarta.

• Los afectados, conforman aproximadamente 65 familias que se encuentran asentados en 208 hectáreas, en el predio de Tecolotán, en zona de playa.

• Durante un tercer desalojo el 5 de julio, los pobladores de Cabo Corrientes argumentaron tener más de 30 años con la posesión de sus tierras, además de que existe un juicio agrario por la titularidad de las tierras del ejido de Aquiles Serdán.

Líneas de acción

• Conocer la opinión de los pobladores de los ejidos que conforman el municipio y de los sectores productivos y desarrolladores, así como de otros sectores para participar en la solución de una posible problemática.

• Evitar el despojo de tierras y propiedades hasta que no se agoten todos los recursos legales y políticos.

• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.

• Ofrecer la asesoría legal a los ejidatarios para que en caso de vender sus tierras, se apeguen a Derecho.

Reuniones

Funcionarios federales, magistrados y diplomáticos

• La primera reunión que se propone realizar, es con los secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para que participen como mediadoras en las reuniones.

• Con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer su opinión referente a la duplicidad de títulos de propiedad.

• Con el secretario o subsecretario de la Reforma Agraria, con el fin de conocer la posición sobre las “carpetas básicas” que verificaron los planos definitivos antes de las resoluciones presidenciales.

• Reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las dependencias y entidades que pudieran tener competencia, con el fin de realizar un diagnóstico de la conflictividad agraria en la zona, incluyendo la problemática de mérito, y se implementen acciones de política pública que prevengan y, en su caso, solucionen pacíficamente los conflictos por tierras.

• Reunión con el secretario o subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para conocer sus opiniones sobre la afectación al área de mangles y el impacto que podría generar la construcción de los proyectos turísticos.

• Reunión con el titular del Registro Agrario Nacional, para solicitar información sobre la situación legal de las áreas referidas.

• Reunión con los titulares de la Procuraduría Agraria (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos –Procede–) y del Inegi, quienes verificaron los títulos que se emitieron en el gobierno de Vicente Fox, mediante un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.

• Reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que informe sobre el expediente que abrió de las presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos, como consecuencia del desalojo.

• Reunión con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y de Alemania en México, para que sus ciudadanos participen en las mesas de diálogo, ostentando los títulos de propiedad que poseen.

Funcionarios y actores locales

• Reunión con el gobernador o secretario de Gobierno del estado, para plantear la instalación inmediata de una mesa de trabajo que coadyuve en la solución del problema y en la liberación de los accesos públicos y vías de comunicación.

• Reunión con magistrados del Poder Judicial de Jalisco, con el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, y con el Juez de Autlán, para conocer su opinión sobre la problemática jurídica que existe en el municipio de La Huerta.

• Reunión con el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán, para conocer los certificados que reconocen los títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional.

• Reunión con el procurador federal de Protección al Ambiente en Jalisco, con el fin de que informe sobre los daños causados al manglar que, argumentó, fueron muy mínimos, y sobre la resolución administrativa que emitió la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

• Reunión con el presidente de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, institución que ha intervenido activamente en el conflicto para conocer y garantizar no se violen los derechos de los desalojados y de la sociedad del municipio, al cerrar accesos públicos y carreteras.

• Reunión con .ejidatarios, propietarios y representantes de Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, principales actores en esta problemática y quienes tendrán que participar, a través de representantes, en todas las mesas de trabajo con las autoridades que intervendrán en la solución.

• Reunión con el titular del Instituto de Pensiones de Jalisco, para conocer la participación de esa dependencia en los proyectos de Tomatlán.

• Reunión con los presidentes municipales de Tomatlán y Cabo Corrientes, para coadyuvar en la pronta solución de los conflictos.

• Encuentro con la sociedad civil, con los sectores productivos, con grupos indígenas, ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec, de Cabo Corrientes, de otros ejidos de la zona afectados; con representantes de Rasaland.

Resolutivos planteados en el punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través del Registro Agrario Nacional, se realice nuevamente una valoración que contribuya a encontrar una solución entre todos los involucrados.

Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se informe a esta soberanía sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica.

Cuarto. Que se exhorte al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una pronta opinión sobre el conflicto suscitado por el desalojo en mención.

Quinto. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a esta soberanía del estado que guarda el problema. Este grupo presentará programa de trabajo y tendrá vigencia hasta la conclusión del problema.

Integrantes

Diputados: David Hernández Pérez, presidente; Salvador Caro Cabrera, Rafael Yerena Zambrano, Juan José Cuevas García, Carlos Luis Meillón Johnston Johnston, Indira Vizcaíno Silva, Norma Leticia Orozco Torres, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Roberto Pérez de Alva Blanco, (falta que el Grupo Parlamentario de Convergencia nombre un integrante).



Informes

De la Comisión de Derechos Humanos, correspondiente al foro La protección de los derechos humanos de la ciudadanía ante el combate a la delincuencia organizada

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en el numeral 4 del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece los lineamientos para la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y diputados para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional, acordados por las comisiones y comités, presenta el siguiente

Informe

De conformidad con el programa de actividades de la Comisión de Derechos Humanos y con el fin de fomentar el respeto de los derechos humanos en el marco del combate a la delincuencia organizada, el pasado 26 de mayo del presente se realizó el foro La protección de los derechos humanos de la ciudadanía ante el combate a la delincuencia organizada, celebrado en el salón Luis Sahagún de la Casa de la Cultura, en Morelia, Michoacán.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal que asistieron al foro fueron los siguientes: diputados Rubén Moreira Valdez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Margarita Gallegos Soto, Sabino Bautista Concepción, Florentina Rosario Morales, Héctor Hernández Silva y Noé Fernando Garza Flores.

En el contexto de la estrategia del Ejecutivo federal para combatir al crimen organizado, en diversos sectores de la sociedad mexicana han surgido demandas de respeto a las normas constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Desde esa perspectiva, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideraron importante abrir un espacio de análisis y reflexión para escuchar propuestas e iniciativas sobre esta problemática, con los siguientes

Objetivos

• Promover la protección integral a los derechos humanos en el marco del combate a la delincuencia organizada

• Valorar desde diversas perspectivas el uso actual de las figuras jurídicas del testigo protegido y el arraigo

• Analizar, en el contexto del derecho comparado, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

• Reflexionar sobre el concepto, tipificación y penalización de la delincuencia organizada

Temática

Los temas del foro estuvieron centrados en la tipificación y penalización de los delitos de delincuencia organizada del marco jurídico nacional e internacional. Se analizaron las posibles acciones y estrategias para combatir al crimen organizado emprendidas por el Estado mexicano.

Dentro de la temática se abordó el análisis de las figuras jurídicas del arraigo y del testigo protegido, tanto en el marco jurídico nacional, como en el derecho comparado, en el sentido de que estas figuras son violatorias de los derechos humanos y de las garantías del debido proceso y presunción de la inocencia.

Asimismo se analizaron temas sobre las víctimas del delito y la situación del sistema penitenciario en México.

Programa

El foro se desarrolló en los siguientes segmentos:

1 . En la parte de presentación de autoridades y bienvenida se realizaron las siguientes intervenciones:

• Del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Plural Michoacán

• Del senador Silvano Aureoles Conejo

• Del licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, funcionario público liberado

• Mensaje del diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos de la Cámara de Diputados

• Inauguración, por el secretario de Gobierno, licenciado Fidel Calderón Torreblanca, en representación del maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional del estado de Michoacán

• Conferencia magistral a cargo del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

2 . En el primer panel de expertos se contó con la presencia del diputado Martín García Avilés como moderador y de los siguientes ponentes:

• Licenciado Julián Andrade Jardi, director general de Newsweek

• Doctor Ernesto López Portillo Vargas, especialista

• Doctor Miguel Ontiveros Alonso, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

3 . En el segundo panel de expertos se contó con la presencia de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía como moderadora y de los siguientes ponentes:

• Licenciado Marat Paredes Montiel, titular de la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

• Doctor Samuel González Ruiz, especialista

• Magistrada Lilia Mónica López Benítez, especialista

4 . Participación de la señora Cristina Cortés Carrillo, representante del Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos

5 . Clausura a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

Desarrollo

A. Presentación e intervención de autoridades

a) El diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Plural de Trabajo para darle seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos ex funcionarios del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con organizaciones delictiva, señalo que a un año del operativo de la entonces denominada Policía Federal Preventiva en el que se detuvieron a 32 ex funcionario de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado, se han hecho evidentes múltiples violaciones de los derechos humanos de los detenidos en ese operativo.

Mencionó también la importancia de legislar en materia de la reparación del daño, al respecto, el diputado Víctor Manuel Báez dijo que los daños que causo el operativo no solo se manifestó en los detenidos, hubo daños colaterales que afectaron la imagen en general del estado, provocando con ello la pérdida de empleos y en consecuencia más pobreza.

También señalo que no se está en contra de la lucha en contra del crimen organizado, pero que este debe ser dentro del marco de la ley.

El diputado reconoció la labor de la CNDH, representada en este acto por su presidente, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, la cual emitió la recomendación número 72/2009, pero que lamentablemente no fue aceptada por las autoridades a quienes fue dirigida.

Por ello ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados la minuta que aprobó el senado de la República que contiene importantes reformas en materia de derechos humanos, entre las que destaca la reforma que permite que las recomendaciones de la CNDH sean aceptadas, atendidas y encaso contrario sean sancionadas las autoridades que no cumplan con las normas.

El caso del michoacanazo es un precedente para que los diputados federales puedan legislar en materia del arraigo y testigo protegido, evitando así que gente inocente sea detenida y sujeta a un proceso ilegal.

Por otra parte el Senador Silvano Aureoles Conejo manifestó que el operativo de la Policía Federal Preventiva en Michoacán no sólo violó la soberanía del estado, sino que principalmente se violaron los derechos fundamentales de la ciudadanía, sin embargo, con la liberación de algunos de los detenidos, los argumentos de las autoridades se han venido abajo.

Señaló la importancia de este foro, en razón de la importancia de analizar la conveniencia de tener en el marco jurídico nacional las figuras jurídicas del arraigo y del testigo protegido, que sólo han servido como instrumentos del gobierno federal para llevar a cabo sus fines políticos.

También reconoció la labor del presidente de la CNDH, que en ese entonces era primer visitador de ese organismo, así como de otros funcionarios públicos que decidieron asistir a los detenidos.

Finalmente señaló la importancia de llevar a cabo las reformas para eliminar del marco constitucional las figuras jurídicas del arraigo y del testigo protegido.

b) El señor Ignacio Mendoza Jiménez inició con una breve descripción de los hechos ocurridos el 26 de mayo de 2009 en los que fueron detenidos 32 ex funcionarios por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, hechos en los que fueron violados sus derechos humanos y sus garantías individuales.

Esta intervención se baso en la narración de los medios de prueba que el Ministerio Público de la Federación utilizó para solicitar a los jueces de consignación las órdenes de detención o presentación, y las cuales están plagadas de inconsistencias, tal es el caso de los testigos protegidos o colaboradores. Estos medios de prueba fueron urdidos por el gobierno federal como un golpe mediático, pues fue previo al proceso electoral que se llevó a cabo el año pasado.

El señor Ignacio Mendoza señaló que los testigos protegidos son delincuentes que testifican con carácter de confesión, pero que lo hacen sin estar un abogado presente, lo cual invalida esa confesión, otra situación que pone en duda la credibilidad de los testigos protegidos, es que estas siempre acompañados del Ministerio Público de la Federación, lo que hace suponer que son testigos aleccionados, y más aun, los testigos protegidos que declararon en Morelia, el mismo día estaban declarando en Quintana Roo.

El señor Ignacio Mendoza concluyó su participación señalando que estos hechos deben servir para hacer mejores leyes, en donde los poderes de la federación rindan cuentas y estemos frente a un régimen verdaderamente democrático.

c) El diputado Rubén Moreira Valdez inició su participación agradeciendo a las autoridades que facilitaron la realización de este foro en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El diputado Rubén Moreira señaló que en lo acontecido el 26 de mayo de 2009 conocido como el michoacanazo, se gesto una historia de justicia, de héroes y de reflexión. En estos hechos hubo una gran injusticia, pero también surgieron héroes en las personas de los familiares que estuvieron acompañando a los detenidos, por eso la necesidad de proteger la institución de la familia porque es el lazo que une a los integrantes de la misma y se apoyan entre sí.

Otras instituciones que fueron las primeras en denunciar los hechos, son las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Por otro lado, el diputado Rubén Moreira reconoció la labor del presidente de la CNDH, el doctor Raúl Plascencia Villanueva. Este año se cumplen 20 años de la creación de este organismo, en ese entonces la sociedad tenia la creencia que la Comisión defendía a los delincuentes, pero hoy se sabe de la importancia que tiene el organismo para defender los derechos humanos de la sociedad.

El diputado Rubén Moreira señaló que lo primero que llevó cabo el Grupo Plural de diputados que se formó para darle seguimiento al proceso judicial de los michoacanos detenidos, fue la de analizar la recomendación 72/2009, emitida por la CNDH, en la que se expresa que por las inconsistencias del proceso, los detenidos deberían estar en libertad, pero siguen en prisión porque este país no ha reflexionado sobre estos hechos, más aun, no han salido de prisión porque el Estado se confabulo para que no salieran, esto se demuestra porque cuando los detiene son llevados a México, después son llevados a otras partes de la República, los detenidos son arraigados, esta figura jurídica que la ONU dice que es violatoria de los derechos humanos, que los expertos señalan que no debe estar en la Constitución, y por lo que el diputado Rubén Moreira junto con el senador Silva no Aureoles, presentaron una iniciativa para eliminarla del texto constitucional.

Otro punto que mencionó el diputado Rubén Moreira es en torno al testigo protegido, esta figura que al igual que el arraigo no pueden estar insertas en la Constitución, por el dicho de un delincuente no debe tener ningún valor probatorio para detener a ninguna persona, cualquier figura jurídica que no tenga un contrapeso será dañina para todos.

El diputado Rubén Moreira hizo una reflexión en la que involucra a los estudiantes universitarios que estuvieron presentes porque, dice el diputado, “en las escuelas se dice que antes del derecho esta la justicia y a este país le hace falta mucha justicia”, por lo que, es necesario revisar las figuras jurídicas del arraigo y del testigo protegido, discutir la minuta del Senado de la República que contiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que se dota de mas facultades a la CNDH.

La intervención del diputado Rubén Moreira terminó reconociendo la labor del senador Carlos Sotelo, quien preside un grupo plural de senadores que también atiende el caso de Michoacán, además de un reconocimiento al Gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel por la forma en que defendió la causa de los detenidos, pero sobre todo, la forma en que defendió las instituciones del gobierno de Michoacán.

d) La inauguración del foro La protección de los derechos humanos de la ciudadanía ante el combate a la delincuencia organizada, fue a cargo del secretario de gobierno, licenciado Fidel Calderón Torreblanca, en representación del Mtro. Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del estado de Michoacán.

El licenciado Fidel Calderón, hizo extensivo el mensaje del gobernador Leonel Godoy, en el que manifestó que desde el primer momento, el gobierno de Michoacán expreso su posición institucional respecto de los hechos por el que se detuvieron a los ex funcionarios michoacanos, operativo que careció de bases procedimentales y una estrategia eficaz.

El gobierno del estado refrendó su convicción de combatir al crimen organizado, pero cuando esté sustentado en una estrategia integral que tenga como base el cumplimiento de la ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos, acompañado de programas sociales y políticas públicas a favor de la población.

El licenciado Fidel Calderón expreso su confianza de que en las conclusiones de este foro se encontrarán mejores argumentos para la preeminencia del estado de derecho y del bienestar de todos los ciudadanos.

Es así como a las 11:45 horas del 26 de mayo de 2010, el licenciado Fidel Calderón Torreblanca declaró formalmente inaugurado el foro La protección de los derechos humanos de la ciudadanía ante al combate a la delincuencia organizada.

B. Conferencia magistral

La conferencia magistral: Reforma penal y derechos humanos, estuvo a cargo de presidente de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva.

El doctor Plascencia inició su conferencia con una pequeña introducción en la que señaló que en el siglo pasado comienza una tendencia en contra de la impunidad, la injusticia, la tortura, los crímenes de lesa humanidad, entre otros; se tiene la necesidad de sujetar a los servidores públicos a un marco jurídico que atienda el reclamo social de justicia.

Es así, como surge un marco jurídico de excepción, es decir, tenemos un marco jurídico donde están sujetos todos los ciudadanos y el marco jurídico de excepción, este último, en una tendencia internacional, criminaliza a algunas personas, e incluso limitarle sus derechos.

El doctor Plascencia dividió su conferencia en cuatro puntos:

1 . Surgimiento del derecho penal de excepción

En 1993 se reforma la Constitución para introducir el concepto de delincuencia organizada y los delitos graves bajo el pretexto de modernizar el marco jurídico interno, inicia así una tendencia de endurecer las penas en el derecho penal, para contener la violencia generada por el fenómeno del narcotráfico, aunado a lo anterior se van dando transformaciones que definen como guerra la lucha en contra del narcotráfico.

Otro aspecto importante es que la justicia tiene dos facetas: la primera de ellas que respeta los derechos y garantías de los presuntos delincuentes; por otro lado la que califica de enemigos públicos a los delincuentes restándoles sus derechos y calificándolos como sujetos no personas. Al respecto, no hay justificación, so pretexto de erradicar la lucha contra la delincuencia, para restarles sus derechos y garantías a los probables responsables.

Es así como el Estado emprende una lucha en contra de todos, incluso en contra de sí mismo, considerando a las personas como probables culpables y no como probables inocentes.

2 . Orientación del sistema de justicia mexicano

En 1993 se lleva a cabo una reforma constitucional que establecería las bases del nuevo sistema de justicia penal mexicano, se introdujeron los conceptos de delincuencia organizada y delitos graves, esto con la intención de modernizar la Constitución.

Anterior a esta reforma, el agente del Ministerio Público estaba impedido para retener legalmente a las personas, con la reforma se disminuyen los derechos de las personas y se faculta a las instituciones públicas para poder retener por 48 hrs., o hasta por 96 en caso de delincuencia organizada, acotando esta facultad en el sentido de que el Ministerio Publico no podía retener a una persona para investigar, sin embargo se ha dado la tendencia de pervertir esta disposición y ahora se retiene para investigar.

La Constitución tuvo una serie de reformas que modificaron las bases del sistema de justicia penal mexicano. Es en el 2008 que sufre una reforma que modifica 10 artículos y la cual incluye 17 cambios sustanciales, esta reforma conlleva cuatro tendencias:

– Se f1exibilizan figuras jurídicas, principios de derecho y derechos, entre los que destaca el derecho a -la legalidad en materia de las órdenes de aprehensión.

– Se establece un régimen de excepción para sujetos que son señalados como miembros de la delincuencia organizada, es decir, a estos se les restringen sus derechos.

– Se introducen nuevas figuras jurídicas como los medios alternativos de solución de controversias, investigaciones de las corporaciones policiales a cargo de policías, el ejercicio de las acciones penales privadas, entre otras.

– Se reorientan las figuras como la extensión de la flagrancia y el cambio de la readaptación social por la reinserción social del delincuente.

3 . Retrocesos en la reforma al sistema de justicia penal mexicano.

Con la reforma de 2008 a la Constitución se da una tendencia de flexibilizar los requisitos para otorgar las órdenes de aprehensión: para solicitar esta orden se pide que solo obren datos que establezcan que se ha cometido este hecho.

Datos y hechos son dos conceptos que la doctrina y jurisprudencia mexicana no han determinado todavía, por lo que, el cumplimiento de este requisito para que se otorgue una orden de aprehensión limita el ejercicio del derecho de legalidad, y es un retroceso porque desde el siglo XIX no se utilizaban estos conceptos.

4 . El arraigo

Es importante analizar el tema del arraigo, una figura jurídica que está presente en el sistema de justicia penal mexicano desde hace 23 años, pero que no se había aplicado porque el Ministerio Público no podía retener a las personas. El arraigo surgió como una medida cautelar para evitar evasión del sujeto; a falta de regulación el arraigo más que una medida cautelar parece ser una prisión preventiva, lo que ha propiciado más abusos que beneficios.

Por lo anterior, se propone eliminar la práctica de detener para investigar, es decir eliminar del sistema de justicia penal mexicano la figura del arraigo, sin embargo la tendencia no es eliminar esta figura, es más se llevó inclusive al texto constitucional.

Entonces, es necesario regular la práctica del arraigo, establecer los límites de la autoridad, lo derechos que le son restringidos a la persona y las modalidades de tiempo y lugar para arraigar a una persona.

Muy importante será legislar en materia de régimen jurídico de responsabilidad penal o civil para quien ordene o ejecute la práctica del arraigo, y una vez que se determine la inocencia de la persona determinar esa responsabilidad del servidor público.

Para finalizar la conferencia magistral el doctor Raúl Plascencia señaló que se requiere un desarrollo permanente de protección y defensa de los derecho humanos. Las reformas al sistema de justicia penal, de acuerdo a la experiencia, no van a resolver el problema de la delincuencia organizada; por lo que, se debe reorientar el camino a seguir, es decir, limitar mas los derechos y prerrogativas de las personas, o respetar sus derechos y la libertades.

C. Primer panel

Después de la lectura curricular de los expertos ponente el diputado Martín García Avilés, quien fungió como moderador de este panel, le otorgó el uso de la voz al licenciado Julián Andrade Jardi.

a) En su intervención el licenciado Julián Andrade hizo una reflexión en torno a los testigos protegidos o colaboradores desde el punto de vista crítico del periodismo.

El licenciado Julián Andrade señaló que, de acuerdo a la información que se puede obtener a través del periodismo, las declaraciones de los testigos protegidos de ninguna manera puede calificarse de verídica, porque no puede ser confiable el dicho de una persona que traiciona a sus jefes, a sus colegas.

Sin embargo las autoridades hacen uso estos testigos, porque se ven obligados a presentar algún medio de prueba para cumplir con un objetivo, un fin que poco o nada tiene que ver con la justicia. Entonces, hay una responsabilidad por parte de la autoridad en el uso indiscriminado de la utilización de estos medio.

El licenciado Julián Andrade terminó su intervención diciendo que, de acuerdo con la experiencia, hacer uso de estos medios de prueba para fines distintos a los de la consecución de la justicia, provoca efectos negativos en el desarrollo de los procesos y en el impacto en la sociedad.

Posteriormente el diputado Martín García le cedió el uso de la voz al licenciado Ernesto López Portillo Vargas.

b) La intervención del licenciado Ernesto López Portillo Vargas estuvo dirigida a analizar el fenómeno de la delincuencia organizada. Al respectó señaló que, como un problema multifactorial, no sólo se debe analizar desde el ámbito penal, también en un contexto social y político.

Señala el licenciado Ernesto López Portillo que es necesario analizar por qué se tiene la convicción de que las modificaciones de las normas jurídicas, traerán consigo un cabio en la realidad social. Las reformas que se planteen para cualquier ordenamiento jurídico debe acompañarse de de suficiente información que sustente dicha modificación y para que esta sea más eficaz.

El licenciado Ernesto López Portillo mencionó que en toda democracia el poder ejercido por las instituciones debe estar bajo control, para que sean más suficientes y a su vez estas respeten los derechos humanos; la ley por sí sola no puede generar esta situación, requiere de mecanismos que faciliten su aplicación.

Ejemplo de lo anterior, es que las instituciones policiales deben tener mecanismos de controles estandarizados, en general todas las instituciones deben de contar con estándares de control, de lo contrario generan mecanismos de autogobierno y si estos son débiles se pueden contaminar por intereses privados, como lo hemos visto con la delincuencia organizada que controla a los cuerpos policiacos.

El licenciado Ernesto López Portillo concluye con su propuesta de estandarizar el desempeño profesional de las autoridades para que toda ley sea más eficaz.

El diputado Martín García le cedió el uso de la voz al doctor Miguel Ontiveros Alonso.

c) El doctor Miguel Ontiveros Alonso, señaló, en relación a la guerra en contra de la delincuencia organizada, que el término guerra es inapropiado, ya que este se contrapone al término de derecho. La delincuencia organizada es un delito y como tal, este no se combate, se previene se persigue y se sanciona.

En su explicación, el doctor Miguel Ontiveros señaló que esta guerra contra la delincuencia organizada es una simulación del Estado mexicano, porque no existe, como tal, en Estados democráticos.

En esta parte de su intervención el doctor Miguel Ontiveros, explicó las implicaciones legales de la figura jurídica del arraigo, señaló que esta es una evidente contraposición con la presunción de la inocencia, es decir, soy inocente hasta que se demuestra lo contrario; sin embargo la autoridad puede detener a un presunto responsable hasta por 80 días para probar su presunta culpabilidad.

En discordancia con el licenciado Ernesto López Portillo, el doctor Ontiveros afirmó que las reformas a las leyes si hacen mucho, afectan la realidad en perjuicio de las personas, al respecto señaló que la reforma constitucional de junio de 2008 se estableció el derecho penal del enemigo, ya que se restringen los derechos de aquellos que presuntamente pueden ser miembros de la delincuencia organizada.

Por lo que, consideró, en coincidencia con el licenciado Ernesto López Portillo, que una reforma constitucional debe acompañarse de mecanis1mos de estandarización de desempeño profesional para un efectivo respeto de los derechos humanos.

El doctor Miguel Ontiveros concluyó su intervención señalando que se debe aprovechar el trabajo de las comisiones legislativas de derechos humanos para armonizar, a través, de leyes generales, los tratados internacionales.

En la réplica el licenciado Miguel López Portillo, afirmó que tanto él como el doctor Ontiveros tiene razón en relación con la eficacia de una reforma, al respecto señaló que una reforma si puede causar perjuicio como lo afirmó el doctor Ontiveros, pero él se refería, cuando dijo que una reforma no es suficiente, si esta no se acompaña de un análisis del impacto de eficiencia y cumplimiento de sus expectativas.

Para abundar más en su explicación, señaló que en la Constitución podemos encontrar cuatro principios: de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, a los que ahora se le suman dos más; el de objetividad y respeto de los derechos humanos; y para lograr que los cuerpos policiacos cumplan con estos principios se debe establece un sistema complejo de aplicación de estándares.

D. Segundo panel

Después de la lectura a su currículo, la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía como moderadora de este panel, le otorgó el uso de la voz al licenciado Marat Paredes Montiel.

a) En su intervención el licenciado Marat Paredes trató el tema del derecho a la inviolabilidad del domicilio regulado por la Constitución. Al respecto, el licenciado Marat Paredes señaló que la Constitución no solo es un ordenamiento jurídico para juristas que interpretan sus disposiciones, también es una guía para los no juristas, para las personas es la expresión del estadio de desarrollo social en la que los ciudadanos vivimos en la realidad.

Lo anterior, lo mencionó el licenciado Marat Paredes porque las autoridades han tratado de evadir el cumplimiento y respeto de los derechos humanos con estrategias aparentemente legales para la consecución de algún objetivo; ejemplo de ello son la detenciones en el caso de los ex funcionarios de Michoacán que fueron detenidos en oficinas de gobierno, en este asunto la autoridad llevó a cabo cateos sin la orden correspondiente justificando su actuar diciendo que eran lugares públicos, sin embargo para llevar a cabo un cateo la leyes específica y señala que se requiere una orden expedida por un juez, por lo que los cateas y detenciones realizadas en esta caso fueron ilegales.

Continuando con su exposición el licenciado Marat Paredes explicó que en la Constitución encontramos dos cláusulas: la libertad y la propiedad, esta última no se ha respetado por las constantes violaciones al derecho de inviolabilidad del domicilio, sin embargo, las personas hacen a un lado la importancia del respeto de este derecho humanos, porque no quieren denunciar los cateos ilegales señalando que no se llevaron sus pertenencias; situación peligrosa porque comienza a relajarse el respeto a los derechos humanos.

El licenciado Marat Paredes concluye su intervención señalando la importancia de no permitir la violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución.

La diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía leyó el currículo del doctor Samuel González Ruíz, para posteriormente cederle el uso de la voz.

b) El doctor Samuel González en su intervención explico que la principal función del estado debe ser la de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, particularmente en la lucha contra la delincuencia organizada dando cumplimiento a los más altos estándares internacionales que marcan los tratados internacionales en la materia, entre los que destacan el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El doctor Samuel Ruiz dijo que existen dos convenciones que son el parámetro para llevar a cabo esta lucha en contra de la delincuencia organizada en el marco del respeto a los derechos humanos, estas son: la Convención para la Lucha contra la Delincuencia Organizada de Palermo y la Convención de Anticorrupción de Mérida.

El doctor Samuel González, en coincidencia con el licenciado Ernesto López Portillo, señaló que el problema derivado de la lucha contra la delincuencia organizada no está en la ley o sus posibles reformas, el verdadero problema surge en las instituciones y es por la falta de una estrategia y planeación en la que los responsables respeten los derechos humanos. Es así como la estrategia del ejecutivo federal en esta lucha es una estrategia fallida, ya que está basada en el uso de las fuerzas armadas y no de los servicios de inteligencia.

Respecto a las detenciones, el doctor Samuel González afirmó que la Convención de Palermo señala que la detenciones arbitrarias estas prohibidas, aun cuando estas sean ordenadas por un juez, porque una detención legal debe estar basada en elementos objetivos de investigación y no en simples suposiciones. Para abundar, el doctor Samuel dio lectura a las definiciones de las actividades de investigación que deben cubrir las autoridades de la ONU.

El doctor Samuel concluyó su participación señalando que deben regularse las figuras jurídicas del arraigo, el testigo protegido, las operaciones en cubierto y las intervenciones telefónicas, entre otras, pero sobre todo se deben mejorar las actuaciones de las instituciones para que sean en estricto apego a derecho.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía leyó el currículo de la Magda. Lilia Mónica López Benítez, para posteriormente cederle el uso de la voz.

c) La magistrada Mónica López explicó que la figura del testigo protegido no ha tenido la eficacia que se pretendió con la reforma constitucional de 2008, porque la forma en que ha sido utilizada por las instituciones vulnera derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional y que le son favorables a personas que probablemente sean delincuentes.

La reforma constitucional de 2008, explicó la Magda. Mónica López, cambió el sistema de justicia penal en México, instaurándose el un sistema acusatorio adversarial, y los artículos reformados establecen la figura del testigo protegido.

Por otra parte, la forma en que se plantearon las reformas nos lleva a pensar que no se violan derechos sustantivos, aunque doctrinalmente así sea.

La magistrada Mónica López señaló que es necesario establecer elementos operativos para combatir a la delincuencia organizada, tomando en cuenta que son grupos altamente organizados y que cuentan con la información adecuada para llevar cabo sus operaciones.

Por otro lado, dice la Magda. Mónica López que también se debe regular la figura del testigo protegido, e incluso desarrollar un programa de protección de testigos para evitar los abusos y que de verdad ayude a combatir a la delincuencia organizada.

La magistrada Mónica López concluyó su participación señalando, en coincidencia con los expertos que la antecedieron, que el problema de la ineficacia de la lucha contra la delincuencia organizada no son las leyes o sus reformas, sino de las instituciones.

d) En la última parte del foro la señora Cristina Cortés Carrillo, representante del Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos, llevó a cabo una presentación en PowerPoint en relación con las actividades que realiza el Colectivo con motivo de la detención de los ex funcionarios michoacanos.

El mensaje y declaratoria de clausura estuvo a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

A dicho evento acudieron aproximadamente 320 personas, entre las que destacan diputados federales y locales de los estados de Michoacán y de Coahuila, así como también: senadores, autoridades locales de los tres poderes, ex servidores públicos liberados, así como familiares y abogados de 10 ex funcionarios aún detenidos por el michoacanazo, representantes de organizaciones de derechos humanos de Michoacán y de medios de comunicación local y nacional.

Finalmente es importante mencionar que se cumplieron los objetivos del foro superándose las expectativas del mismo por la gran afluencia y por el alto nivel de invitados especiales y expertos ponentes.

Diputados: Rubén Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Sabina Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica).

De la Comisión Especial para la Familia, de actividades correspondiente al lapso marzo-agosto de 2010

I. Fundamento Legal

En cumplimiento a los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 58 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y de los Comités de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para la Familia de la LXI Legislatura presenta su primer informe semestral de actividades legislativas correspondiente al periodo de marzo a agosto de 2010.

II. Introducción

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos define a las comisiones como órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Para cumplir con tal encomienda se constituyen al interior de la Cámara de Diputados comisiones ordinarias, especiales y de investigación.

En razón de lo anterior, en sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 23 de febrero de 2010, fue aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean seis comisiones especiales, entre ellas la Comisión Especial para la Familia, la cual fue instalada formalmente el 4 de marzo del presente año, dando inicio a su quehacer legislativo.

Para llevar a buen cause y de forma ordenada su labor, fue aprobado su programa de trabajo 2010, que tiene como objeto fundamental estructurar la agenda legislativa de la comisión, de conformidad con las facultades y competencias que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, teniendo como misión:

• Legislar y realizar acciones parlamentarias, encaminadas a defender, difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia –derechos sociales, comunitarios, patrimoniales y en general–, cimentar una ruta que posibilite el fortalecimiento y mejoramiento del marco jurídico vigente en la materia, así como de la política pública del país, que incidan de forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de los derechos de las personas en su entorno familiar; reforzando el trabajo de armonización y transversalidad con los tratados internacionales y regionales protectores de los derechos humanos en el ambiente familiar, con la asignación presupuestal necesaria y suficiente para su atención y desarrollo, al mismo tiempo de impulsar políticas públicas realmente efectivas por parte del Estado mexicano.

• Sensibilizar o apoyar a otras instancias legislativas relacionadas con el tema, a través de informes, opiniones o resoluciones que contribuyan a que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cumpla a cabalidad con sus atribuciones constitucionales y legales en beneficio de las familias mexicanas.

De tal manera que el presente informe da cuenta de la integración actual de la comisión, de sus reuniones de mesa directiva y del pleno, eventos, así como de otras actividades realizadas por la misma.

III. Integración de la comisión

Mesa Directiva

Presidenta: Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).

Secretarias: Diputadas Guadalupe Pérez Domínguez (PRI), Paz Gutiérrez Cortina (PAN), Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD).

Integrantes: Diputados y diputadas Margarita Gallegos Soto (PRI), Margarita Liborio Arrazola (PRI), Julieta Octavia Marín Torres (PRI), María Isabel Pérez Santos (PRI), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), Laura Elena Estrada Rodríguez (PAN), Arturo Ramírez Bucio (PAN), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), Laura Arizmendi Campos (Convergencia)

IV. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la legislatura

Durante el periodo que se informa no se ha turnado, por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ningún asunto legislativo para opinión.

V. Avances en el Cumplimiento del programa de trabajo

De conformidad al programa anual de trabajo de la comisión 2010 a la fecha se han realizado

• Cinco reuniones ordinarias del pleno.

• Seis reuniones de mesa directiva.

• Dos eventos.

VI. Reuniones ordinarias de la comisión

a) Plenarias convocadas

i. De Instalación, convocada para el 4 de marzo de 2010.

ii. Convocada para el 17 de marzo de 2010.

iii. Convocada para el 28 de abril de 2010.

iv. Convocada para el 3 de junio de 2010.

v. Convocada para el 8 de julio de 2010.

b) Plenarias convocadas y celebradas

i. De Instalación, realizada el 4 de marzo de 2010 con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Intervención y declaración formal de instalación.

5. Intervención de los integrantes.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita.

ii. Reunión plenaria realizada el 17 de marzo de 2010, con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y comprobación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Comunicaciones y correspondencia.

• Del diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

• Del licenciado Abraham Emiliano Arellano, secretario técnico de la mesa directiva.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de instalación del 4 de marzo de 2010.

5. Presentación del anteproyecto del plan de trabajo de la comisión, por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta.

6. Intervención de la LCP Julieta Lujambio, para presentar propuesta sobre la creación de llevar a cabo una base de datos de deudores alimentarios morosos.

7. Intervención de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión para comentar sobre lo expuesto por la LCP Lujambio.

8. Asuntos generales.

Acuerdos

Primero: Formular un punto de acuerdo o iniciativa para transformar en ordinaria la Comisión para la Familia.

Segundo: Se llevará a cabo la revisión del marco jurídico interno del Congreso, sobre la facultad de las comisiones especiales para emitir opinión sobre los asuntos legislativos relacionados con el tema o motivos que dieron origen a su creación, a fin de replantear a la Mesa Directiva de esta Cámara, de forma fundamentada, las razones de nuestra solicitud, en el sentido de que nos sean turnados para opinión los asuntos legislativos relacionados con la materia de familia.

Tercero: Que la comisión realice los diagnósticos necesarios a través de la organización de encuentros, reuniones de trabajo o un foro con especialistas en materia derecho de familia como el licenciado Tomas Trueba Gracián, jefe de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del DIF nacional; la doctora Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la doctora Victoria Adato Green, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, a fin de contar con estudios e información clara y fidedigna que coadyuve con las actividades y objetivos de la comisión.

Cuarto: Que las y los integrantes de nuestra Comisión participemos en el sexto Congreso Internacional de Familia, que tendrá verificativo el próximo mes de mayo de 2010 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; tomando como referente las experiencias, información, resultados y conclusiones emanados del foro o encuentro antes referido.

Quinto: Las y los diputados integrantes de la comisión harán llegar a la Presidencia de la Comisión, a más tardar el lunes 22 de marzo del año en curso, sus comentarios acerca del documento “Propuesta para modificar algunos aspectos de la ley, con relación a la pensión alimenticia y la creación de un Registro Nacional de Deudores”, presentado por la licenciada Julieta Lujambio.

Sexto: Las y los diputados integrantes de la Comisión analizarán el anteproyecto de programa de trabajo 2010 y harán llegar a la comisión sus comentarios y propuestas, a más tardar el martes 23 de marzo del presente año.

iii. Reunión plenaria realizada el 28 de abril de 2010, con el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y comprobación de quórum.

2. Palabras de bienvenida al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, como nuevo integrante de la comisión, por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

4. Comunicaciones y correspondencia.

5. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

6. Revisión y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión, 2010.

7. Intervención de la licenciada María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

8. Comentarios y preguntas de los integrantes de la comisión, acerca de lo planteado por la titular del DIF.

9. Intervención de la licenciada Laura Carrera Lugo, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación.

10. Comentarios y preguntas de los integrantes de la comisión, acerca de lo planteado por la licenciada Carrera.

11. Análisis y comentarios sobre la propuesta de la licenciada Julieta Lujambio Fuentes, para modificar algunos aspectos de la ley, con relación a la pensión alimenticia y la creación de un registro nacional de deudores alimentarios.

12. Consideraciones sobre la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 4o., 7o. y 8o. de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

13. Asuntos generales.

Acuerdos

Primero: Revisar el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2011.

Segundo: Revisar la Ley de Asistencia Social, pues existe duplicación de competencias.

Tercero: Revisar la Ley de Coordinación Fiscal para ver de qué forma se puede lograr que los recursos bajen hasta el municipio.

Cuarto: En relación a las instituciones de familia, se debe revisar el marco jurídico que regula la adopción.

Quinto: Impulsar políticas públicas con una perspectiva de familia.

iv. Reunión plenaria realizada el 3 de junio de 2010, con el siguiente orden del día:

2. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

3. Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone la adición de una fracción XII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados, con carácter de ordinaria.

4. Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, Federal de Procedimientos Civiles y Penal Federal, así como de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con relación a la pensión alimentaria y la creación de un Registro Público Federal de Deudores Alimentistas.

5. Anteproyecto de organización y desarrollo del encuentro nacional de legisladores Hacia la armonización jurídico-legislativa con perspectiva de familia en México”.

6. Propuesta de integración de un gabinete de trabajo encargado de la formulación de una ley marco en materia de familias.

7. Asuntos generales.

Acuerdos

Primero: Que las observaciones que se realicen a las propuestas de iniciativas para crear la Comisión de la Familia con carácter de ordinaria, el Registro Público Federal de Deudores Alimentistas y por la que se expide la Ley Sobre Pensiones Alimenticias, deberán emitirse como grupo parlamentario. En relación a la primera, se propone como plazo del 21 al 25 de junio del presente, para realizar las observaciones.

Segundo: Que la comisión solicite a los Centros de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; y de Finanzas Públicas, opinión sobre las propuestas de iniciativas para crear el Registro Público Federal de Deudores Alimentistas y por la que se expide la Ley Sobre Pensiones Alimentarias; además del tema de pensión emocional, que en su momento serán remitidas a las oficinas de las y los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento.

Tercero: En lo que respecta al anteproyecto de organización y desarrollo del encuentro nacional de legisladores Hacia la armonización jurídico-legislativa con perspectiva de familia en México, se esperarán comentarios por parte de las y los diputados integrantes de la comisión, para continuar con su desarrollo.

Cuarto: Las y los diputados integrantes de la comisión como grupo parlamentario realizarán propuestas para la integración de un gabinete de trabajo encargado de la formulación de una ley marco en materia de familias.

Quinto: Así mismo, harán llegar a la presidencia de la comisión, comentarios acerca de la viabilidad de participar en el premio “Por una mejor familia mexicana”.

v. Reunión plenaria realizada el 8 de julio de 2010, con el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Avances en la organización del encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar y acreditación de diputadas o diputados de la comisión para coordinar la organización y desarrollo de las reuniones regionales del encuentro.

5. Opinión de los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; y de las Finanzas Públicas, en relación con los proyectos de iniciativas sobre deudores alimentarios y para la creación de la comisión ordinaria de familias.

6. Relación de iniciativas y minutas turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a diversas comisiones, que tienen relación o se refieren a temas de familias, a fin de solicitar la ampliación de turnos de aquellas a las que está Comisión tenga interés de emitir opinión.

7. Se comunica acuerdo de la Mesa Directiva para la celebración de una reunión de trabajo con las diputadas y los diputados de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de dialogar y acordar los mecanismos para la integración de una propuesta de asignación presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011, que fortalezca los programas y actividades gubernamentales de impacto a las familias mexicanas, con la presencia de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expertos en el tema y representantes de la sociedad civil organizada.

8. Asuntos generales.

9. Conclusiones y clausura de la reunión de trabajo.

Acuerdos

Primero: Se buscará elaborar un diagnostico de familia, sobre perspectiva y transversalidad de las familias.

Segundo: Se elaborará por parte de la Comisión, un cuadro que contenga la opinión de los Centros de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria; para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; y de las Finanzas Públicas, con relación a los proyectos de iniciativas sobre deudores alimentarios, y para la creación de la Comisión Ordinaria de las Familias.

Tercero: Se realizarán las gestiones pertinentes para celebrar una reunión de trabajo con la doctora Lucía Pérez Fragoso, con el tema de presupuestos públicos para las familias.

Cuarto: En relación al encuentro nacional legislativo se acordó incorporar como ponentes en las reuniones regionales a sociólogos y antropólogos; se da como plazo para la lista de ponentes para las mesas temáticas el próximo martes y finalmente por escrito se enviará a las oficinas de la diputadas y diputados la confirmación de las sedes y fechas de las reuniones regionales.

c) Reuniones convocadas y suspendidas por falta de quórum

Durante el periodo que se informa no se suspendió ninguna reunión por falta de quórum.

d) Reuniones de mesa directiva

i. 16 de marzo de 2010

1. Lista de asistencia.

2. Oficinas.

3. Plan de trabajo.

4. La opinión de nuestra comisión en el trabajo legislativo.

5. Disposiciones para comisiones especiales.

6. Reunión plenaria del miércoles 17 de marzo de 2010, a las 10:00 horas.

ii. 27 de abril de 2010

1. Registro de asistencia y comprobación de quórum.

2. Comunicaciones y correspondencia.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Revisión y, en su caso, visto bueno del plan de trabajo de la comisión.

5. Orden del día para la segunda reunión del Pleno de la comisión, prevista para las 11:00 horas del miércoles 28 de abril del año en curso.

6. Asuntos generales.

iii. 11 de mayo de 2010.

1. Registro de asistencia y comprobación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

3. Comunicaciones y correspondencia.

4. Día Internacional de la Familia: coloquio magistral La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo.

5. Plan de trabajo 2010 (análisis, deliberación y, en su caso, acuerdo sobre los puntos 14 y 15 del referido programa).

6. Análisis y comentarios sobre la propuesta de la licenciada Julieta Lujambio Fuentes para modificar algunos aspectos de la ley, con relación a la Pensión Alimenticia y la creación de un registro nacional de deudores alimentarios.

7. Consideraciones sobre la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 4o., 7o. y 8o. de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

8. Orden del día para la segunda reunión del pleno de la comisión, prevista para las 17:00 horas del miércoles 19 de mayo del año en curso.

9. Asuntos generales.

iv. 8 de julio de 2010

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Avances en la organización del encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar y acreditación de las diputadas o los diputados de la comisión para coordinar la organización y desarrollo de las reuniones regionales del encuentro.

5. Opinión de los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP); para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG); y de las Finanzas Públicas (CEFP), en relación con los proyectos de iniciativas sobre deudores alimentarios y para la creación de la Comisión Ordinaria de Familias.

6. Relación de iniciativas y minutas turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a diversas comisiones de la misma, que tienen relación o se refieren a temas de familias, a fin de solicitar la ampliación de turnos de aquellas a las que está Comisión tenga interés de emitir opinión.

7. Se propone la celebración de una reunión de trabajo con diputadas y diputados de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de dialogar y acordar los mecanismos para la integración de una propuesta de asignación presupuestal del PEF de 2011, que fortalezca los programas y actividades gubernamentales de impacto a las familias mexicanas, con la presencia de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, expertos en el tema y representantes de la sociedad civil organizada.

8. Asuntos generales.

• Confirmar la propuesta para invitar a la señora Nelly del Carmen Vargas Pérez, para que en la próxima reunión del pleno de esta comisión, nos comparta sus experiencias en la conducción del Programa Gobernética.

• Propuesta y, en su caso, aprobación del orden del día para la reunión del pleno de la comisión, prevista para las 14:00 horas del jueves 8 de julio de 2010.

9. Conclusiones y clausura de la reunión de trabajo.

v . 22 de julio de 2010

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de mesa directiva, celebrada el martes 11 de mayo de 2010.

4. Encuentro nacional legislativo.

• Adecuaciones al proyecto ejecutivo, sugeridas por las diputadas, a partir del acuerdo emanado de la reunión del pleno de la comisión del 8 de julio del presente año.

• Confirmación de sedes para las reuniones regionales.

• Propuesta de cartel para la difusión del encuentro.

• Proyecto de programa de la reunión regional Jalisco.

• Relaciones para ponentes e invitados propuestos por las diputadas de la comisión.

• Acuerdo de la mesa directiva por el cual se autoriza a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta, para que le sea autorizada la asignación del presupuesto de la misma, en gastos a comprobar, recursos que serán ocupados para atender las necesidades que emanen de la organización y desarrollo del encuentro y sus tres reuniones regionales.

• Comentarios y, en su caso, aprobación.

5. Cuadro comparativo con las opiniones del CEDIP, del CEAMEG y del CEFP respecto a los proyectos de iniciativas para crear el registro nacional de deudores alimentarios y para crear con carácter de ordinaria la Comisión para la Familia.

6. Análisis de una primera propuesta de capitulado y articulado para la conformación de la ley marco en materia de familia o Ley Reglamentaria del Artículo 4º Constitucional.

7. Asuntos generales.

vi. 9 de agosto de 2010

La reunión de mesa directiva fue realizada en el estado de Jalisco, en la que fueron atendidos distintos aspectos sobre la coordinación y organización de la reunión regional centro del encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar, destacando ajustes al programa general del evento y la distribución de ponentes en las tres mesas temáticas.

VII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos

De los asuntos generales inscritos en las distintas reuniones del pleno de la comisión, destacan los siguientes:

• Oficio enviado al gobernador del estado de Baja California en el mes de mayo del presente año, en la cual se le solicitó de manera respetuosa para que reconsiderara su posición, para ejercer las facultades que le concede la Constitución Política de Baja California como poder ejecutivo de su estado, respecto a la no publicación del decreto referido a la reforma que el jueves 13 de mayo aprobó el Congreso local de acuerdo con el dictamen número 207 por medio del cual, reforma y adiciona el artículo 235 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Lo anterior, con el propósito de que tal iniciativa, no mejora los derechos de la familia, ni el interés superior del menor sino por el contrario, es atentatoria de los derechos más elementales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales así como de las convenciones y acuerdos firmados y ratificados por México.

• Pronunciamiento, en el mes de junio del presente año en contra de lo acontecido y la evidente premeditación, alevosía, ventaja y traición con que actuó el agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América, en contra del menor Sergio Adrián Hernández Huereca, causando su muerte el pasado 8 de junio del año en curso en las aproximaciones del puente internacional Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

VIII. Dictámenes, opiniones, informes y publicaciones generados

Fue editado en formato de disco de video digital el coloquio magistral La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo, organizado por la Comisión Especial para la Familia, celebrado el 19 de mayo del presente año, a las 11:00 horas en el salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

IX. Grupos de trabajo o subcomisiones integrados

Durante el periodo que se informa no se integraron grupos de trabajo o subcomisiones.

X. Viajes oficiales de trabajo

La Comisión Especial para la Familia, con el apoyo de los congresos de los estados de Jalisco, Chiapas y Sinaloa, celebraron tres reuniones regionales en el marco del encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar, motivo por el cual se realizaron los siguientes viajes por territorio nacional:

Reunión regional centro

Entidad sede y lugar: Guadalajara Jalisco. Recinto oficial del Congreso del estado.

Fecha: 10 de agosto de 2010.

Reunión regional sur

Entidad sede y lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fecha: 17 de agosto de 2010.

Reunión regional norte

Entidad sede y lugar: Culiacán, Sinaloa. Recinto oficial del Congreso del estado.

Fecha: 30 de agosto de 2010.

XI. Reuniones con servidores públicos

En el marco de la reunión ordinaria del pleno de la comisión de fecha 28 de abril de 2010, asistieron como invitadas especiales la licenciada María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y la licenciada Laura Carrera Lugo, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención la licenciada María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, comentó que la idea es compartir con las y los legisladores los estudios que se han hecho y que se están haciendo en el Sistema Nacional DIF; que la presente administración busca un cambio importante, en donde se pase de un enfoque asistencialista a un enfoque de derechos, y pasar de un enfoque limitado a un enfoque integral y sustentable de atención.

Es decir, que la asistencia social en el DIF, busca responder a las causas de la vulnerabilidad, a prevenir sus efectos y atenderla de una manera integral y sustentable, viendo a la familia como el eje transversal, motivo y fundamento de las políticas públicas que se llevan a cabo. Y para esto se necesita partir de un conocimiento de la realidad, en dos vertientes: por un lado se necesita generar conocimiento y sistematizar la información y por otro realizar trabajo de campo.

También abordó otros temas, como son: el Diagnóstico Nacional de la Familia Mexicana (2002-2006) realizado por el DIF; Que el presupuesto asignado a la infancia en este año, al Sistema Nacional DIF, para 31 millones de niños, niñas y adolescentes es de 130 millones de pesos.

Puntualizó algunos aspectos del Programa de Estancias Infantiles. Comentó que la campaña Nueva vida contra las adicciones, hace del conocimiento de los padres de familia: qué drogas hay, cómo puede saber si su hijo está en riesgo o está metido en las drogas y a dónde puedes acudir; que se están realizando mesas de trabajo sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes; que se acaba de abrir un nuevo modelo de atención denominado Casa de Medio Camino, que es una pequeña comunidad donde viven los niños ya con cierta supervisión nada más, para que se hagan fuertes unos a otros y las niñas también; entre otros temas.

En la parte final de su exposición, la licenciada Landerreche señaló que se tiene un modelo nacional de educación familiar, donde se ve desde tres vertientes: la prevención, profesionalización y la responsabilidad; que la idea de articular un Sistema Integral de Protección a la Infancia, requiere, y hace la petición de una revisión y modificación, al marco jurídico, y que están dispuestos a modificar el marco de institucionalidad.

Asimismo, mencionó que se puede observar que existe un dilema entre las legislaciones locales y federal sobre el tema de la adopción, pues existe resistencia en el mismo estado para cambiar la legislación; y que se están realizando talleres de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia.

En lo que respecta a la intervención de la licenciada Laura Carrera Lugo, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, comentó que se han hecho una gran cantidad de estudios en los 10 meses que tiene de creada la Conavim; entre ellos, seis con metodología de corte socioantropológico, que hablan de las causas económicas, sociales, culturales, de la violencia en 6 municipios; y 4 que se hicieron con otra metodología, epidemiológica, con objeto de conocer cuáles son los detonadores de violencia tanto de manera personal o individual o en la familia o en la comunidad.

Mencionó, que se realizó otro estudio que tiene que ver con la política pública internacional y la nacional de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se hicieron estudios respecto a lo realizado desde hace 40 años, cuáles han sido los tratados internacionales, y cómo han ido aterrizando en diferentes políticas, programas y acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales.

Señaló, entre otros aspectos que ha habido una gran cantidad de sensibilizaciones y capacitaciones a policías, ministerios públicos y jueces; que existe un modelo de Centros de Justicia Familiar, que se creó en San Diego, California en 1992, y que nosotros le hemos llamado Centro de Justicia para las Mujeres; que se ha comparado con otros centros que se han hecho en Colombia, en Nicaragua, algunas cosas que se han probado en Brasil y en España, se han estudiado y se ha creado un modelo mexicano a partir de lo que existe en el país.

Agregó, que el modelo de Centros de Justicia Familiar aglutina a su alrededor desde la policía, el Ministerio Público, servicios de salud, servicios de apoyo psicológico, terapias, apoyo a los niños, etcétera, que les dé todos los servicios. La idea es que sea un edificio que aglutine todo, donde alrededor de este funcionen todos los servicios, públicos y privados, en coordinación con el centro para ofrecer a las mujeres víctimas de violencia una atención integral.

XII. Otras actividades

Durante el periodo que se informa se realizó lo siguiente:

Coloquio magistral La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Familia, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47/237, en la que señala entre otros aspectos que “...en la familia se reflejan de la manera más cabal, al nivel más básico de la estructura social, las virtudes y los defectos de las medidas de bienestar social y desarrollo...” y en la que decide entre otros asuntos que “...a partir de 1994, el 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de las Familias...”, la Comisión Especial para la Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, organizó el coloquio magistral La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo.

Se celebró el 19 de mayo del presente año, a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la participación de los siguientes ponentes magistrales:

• Doctora Elssie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Doctor Rolando Tamayo y Salmorán, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Doctor Julián Güitrón Fuentevilla, maestro emérito de las Universidades Autónomas de Tamaulipas y Chiapas; profesor por oposición de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México; presidente vitalicio de los Congresos Internacionales de Derecho Familiar.

En el coloquio se contó con la participación de legisladores, académicos, universidades, investigadores, servidores públicos, medios de comunicación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y público interesado en el tema.

Encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar

La Comisión Especial para la Familia, contempla en su programa anual de trabajo 2010, implementar mecanismos de diálogo e intercambio de experiencias con instancias legislativas de los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF., a fin de fortalecer y concretar la labor legislativa en la materia, competencia de la comisión, a la vez, establecer puentes de comunicación con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los organismos estatales, así como con los actores sociales relevantes relacionados con la materia.

Para cumplir lo anterior, las y los integrantes de la Comisión, acordaron celebrar el encuentro nacional legislativo Hacia la armonización legislativa en derecho familiar , con el apoyo de los Congresos de los estados de Jalisco, Chiapas y Sinaloa, teniendo como principal objetivo:

• Lograr la visibilización, armonización y transversalidad jurídico-legislativa de los derechos humanos de las personas en su entorno familiar, en los ámbitos legislativo, político, social, antropológico, económico y presupuestal, a través del aprovechamiento o apertura de espacios para el análisis, reflexión y discusión, con un dialogo directo, respetuoso e incluyente desde el Congreso Federal, que permita estrechar los lazos de comunicación y coordinación con los Congresos e instancias gubernamentales federales y de las entidades de la república encargadas de la materia familiar, para el desarrollo e implementación de programas y políticas públicas en favor de las familias mexicanas.

A fin de recabar el mayor número de experiencias, propuestas y opiniones de los Congresos participantes, se celebraron tres reuniones regionales, para concluir en una reunión nacional en las siguientes sedes y fechas:

Reunión regional centro

Entidad sede y lugar: Guadalajara Jalisco. Recinto oficial del Congreso del estado.

Fecha: 10 de agosto de 2010.

Reunión regional sur

Entidad sede y lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fecha: 17 de agosto de 2010.

Reunión regional norte

Entidad sede y lugar: Culiacán, Sinaloa. Recinto oficial del Congreso del estado.

Fecha: 30 de agosto de 2010.

Nacional

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro

Fecha: 13 de septiembre 2010

Las reuniones regionales, se desarrollaron mediante tres mesas temáticas que se realizaron de manera simultánea, con los siguientes temas:

Mesa uno: Actualidad de la procuración e impartición de justicia en materia familiar.

El propósito de esta mesa, es el de conocer y compartir las experiencias y conocimientos de funcionarios y servidores públicos encargados tanto de la procuración, como de la impartición de justicia en materia familiar (magistrados, jueces y Ministerio Público, etcétera); así como representantes de otras disciplinas relativas y la sociedad civil organizada interesados en el tema, que seguramente, servirán de insumos a las y los legisladores federales y locales para valorar, si es o no viable, la procedencia de una ley federal marco o reglamentaria del artículo 4o. constitucional en materia familiar, que siente las bases para resolver aquellos casos de incertidumbre jurídica o falta de precisión en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles Federal, y de los códigos o leyes familiares de los estados.

Mesa dos: Adecuaciones del marco jurídico vigente en el país, en materia de derecho civil y familiar, frente al nuevo esquema de los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales.

En la actualidad no existe uniformidad de criterios jurídicos para regular la materia familiar en nuestro país, por lo que el propósito de la mesa será el de compilar opiniones y experiencias de los expertos y de la sociedad en general, que nos permitan tener el panorama nacional e internacional en este rubro, para contar con elementos suficientes que determinen la viabilidad o no, de separar la materia civil de la familiar, de acuerdo a lo que más beneficie a los derechos humanos de las familias inscritos en los tratados internacionales, firmados y ratificados por México.

Mesa tres: Modernización de las políticas públicas y programas gubernamentales para las familias y su impacto presupuestal.

El objetivo será conocer las experiencias y opiniones, de servidores públicos y de la sociedad en general, respecto al acceso, beneficios y aplicación de las políticas públicas y programas institucionales, en favor de las familias, y evaluar si el destino del presupuesto para éstas, es ejercido de manera eficiente, eficaz y transparente, en la protección del patrimonio de los integrantes de las familias, su educación, cultura, vivienda digna, esparcimiento y en todo lo que establece el artículo 4o. constitucional para su desarrollo, elementos que nos permitirán impulsar reformas legislativas; políticas públicas y programas institucionales, más acordes a la realidad del país.

Al encuentro nacional legislativo asistieron legisladoras y legisladores federales y locales, integrantes de la academia, servidoras y servidores públicos encargados de la materia, asociaciones y organismos de la sociedad civil y público interesado.

XIII. Transparencia

El quehacer legislativo de la Comisión para la Familia es difundido a través de la Gaceta Parlamentaria y de la página en Internet de la Cámara de Diputados; asimismo, está en construcción el sitio web de la comisión.

Diputados y diputadas: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), presidenta; Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarias, Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Laura Elena Rodríguez Estrada, Margarita Gallegos Soto, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Elsa María Martínez Peña.

De la Comisión Especial para la Competitividad, primero de actividades, 23 de febrero-31 de agosto de 2010

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial para la Competitividad de la LXI Legislatura presenta su primer informe de actividades, correspondiente a los trabajos realizados del 23 de febrero al 31 de agosto de 2010.

Antecedentes

El 10 de diciembre de 2009, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se aprobó la creación de la Comisión Especial para la Competitividad, con el objetivo de construir con el Poder Ejecutivo, el sector productivo, organismos nacionales e internacionales, la academia y expertos, una agenda de trabajo que contribuya a impulsar la competitividad de México.

Integración de la comisión

La comisión está integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 5 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 4 del Partido Acción Nacional (PAN), 2 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1 del Partido Verde Ecologista (PVEM), 1 del Partido del Trabajo (PT), 1 de Convergencia y 1 de Nueva Alianza.

Presidente: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM).

Secretarios: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI) y Norma Sánchez Romero (PAN).

Integrantes: Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Nancy González Ulloa (PAN), Francisco Herrera Jiménez (PRI), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia), Armando Ríos Piter (PRD), Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN), y Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza).

Actividades de la comisión

La comisión se instaló el 23 de febrero del 2010, con la presencia de representantes del sector público, el sector empresarial, la academia, y organismos nacionales e internacionales.

En la instalación, el presidente, Alberto Emiliano Cinta Martínez, manifestó que el objetivo de la comisión es analizar, discutir y proponer reglas y procedimientos que fomenten y estimulen la inversión, la innovación, el empleo, la productividad y el desarrollo de los individuos.

Aseveró que para alcanzar estos objetivos es indispensable que la comisión tenga una estrecha vinculación con el sector productivo, con la academia, con los trabajadores y con todos los grupos que determinan la competitividad de México o pueden contribuir a mejorarla, ya que sólo a través del trabajo conjunto y coordinado y la búsqueda de consensos se lograrán los cambios que requiere el país.

A partir de la instalación de la comisión y hasta el 31 de agosto de 2010 se han celebrado cinco reuniones ordinarias y una con expertos para analizar reformas de la Ley Federal de Competencia Económica, así como cuatro mesas de análisis sobre las reformas legislativas necesarias para fortalecer los órganos reguladores.

• Reunión del 4 de marzo

El objetivo fue aprobar la agenda de trabajo de la comisión. Se acordó trabajar principalmente en los siguientes ejes:

- Competencia. Se acordó analizar medidas legislativas que contribuyan a impulsar la competencia en México, en particular una reforma integral de la Ley Federal de Competencia Económica, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia, transparentar las decisiones de la comisión, establecer tribunales especializados en la materia, establecer medidas cautelares efectivas, elevar las sanciones económicas a quienes lleven a cabo prácticas monopólicas, e instaurar sanciones punitivas.

- Vinculación del sector productivo con la educación. Se consideró indispensable que se establezcan procedimientos eficientes que permitan mayor vinculación entre las universidades y los institutos tecnológicos con el sector productivo, así como impulsar un sistema nacional de capacitación y certificación. Ello contribuiría a que la formación del capital humano se ajuste a los requerimientos del mercado laboral, en particular en los sectores con mayor potencial.

- Innovación, ciencia y tecnología. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vinculación, una de cada cuatro empresas, es decir, 24.4 por ciento, realiza actividades de investigación y desarrollo, y de ellas sólo 1.4 por ciento lo hace en colaboración con universidades. Eso es resultado de la falta de regulación y de trabas institucionales. Por ello se consideró necesario explorar procedimientos efectivos para que se articulen las universidades y los centros de investigación con el sector productivo.

- Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Revisar la legislación que repercuta en el funcionamiento de Mipyme, para simplificarla, con textos jurídicamente más claros y comprensibles, que faciliten su transparencia y ejecución.

En México hay cerca de 400 programas de apoyo a las Mipyme, por lo que es necesario examinar el orden jurídico vigente para consolidar los programas de apoyo y hacerlos eficientes, evitando duplicaciones, lo que contribuirá a que se ejerzan de manera más eficiente los recursos. También se consideró conveniente analizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que las compras del gobierno contribuyan al crecimiento y desarrollo de las Mipyme.

- Mejora regulatoria. Impulsar que los dictámenes de las iniciativas de ley incluyan un estudio del impacto en regulación y en la competencia. Se acordó que la comisión estableciera vínculos con las legislaturas en los estados, pues ahí se encuentran los principales cuellos de botella en materia de regulación.

• Reunión del 16 de marzo

La reunión tuvo como objeto que expertos dieran su visión sobre la situación competitiva de México.

Especialistas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias expusieron los principales resultados del estudio Evaluación del desempeño de los órganos reguladores en México. En relación con cada una de las comisiones que se analizaron, comentaron lo siguiente: la Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual obtuvo una calificación de 5.2, tiene una estructura adecuada, pero no ha utilizado suficientemente sus capacidades normativas e institucionales, además de que requiere mayor transparencia en sus procesos internos. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), con calificación de 5.1, tiene capacidades limitadas para regular a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad, y hay barreras a la competencia y apertura de mercados. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con 6.1 de calificación, no regula efectivamente el ahorro y crédito popular, además de que necesita mayor autonomía. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la cual obtuvo 4.2 de calificación, tiene debilidad institucional frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y no cuenta con capacidad para implantar procedimientos y mecanismos operativos internos.

El doctor Roberto Newell García, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, centró su intervención en el efecto de la inseguridad en la competitividad de México. Aseguró que el costo del delito y la corrupción son elevados: representa 1.8 por ciento del PIB.

Manifestó que hasta que no se incrementen las probabilidades de que la persona involucrada en actividades delictivas sea condenada, no se van a interrumpir las rentas delictivas. Hizo hincapié en que el sistema de administración de justicia es tan pobre, que sólo alrededor de 1.8 por ciento de los delitos reportados en el país acaba con alguien condenado y en la cárcel.

Propuso para acabar con el delito del narcotráfico su liberalización, lo que disminuiría inmediatamente las rentas económicas, y que se debe tratar el problema relacionado con la distribución, producción y consumo de las drogas como un problema de salud.

Señaló que otra opción es crear una policía nacional profesionalizada o policías estatales que operen en territorios grandes y también profesionalizadas con mayores probabilidades, en consecuencia, de éxito en su lucha contra el crimen.

El maestro Pablo Rojo Calzada, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, aseguró que la competitividad es un fenómeno que se define particularmente a escala local. Puntualizó que las principales premisas a fin de generar un ambiente local-regional para la innovación y la competitividad son las siguientes: empresas innovadoras, aglomeración del conocimiento, polos de innovación tecnológica, infraestructura, capital social, capital humano, esquemas de sustentabilidad, constitución de redes de políticas públicas para el desarrollo y acción pública de gran intensidad.

Expuso que el diseño institucional que tiene el municipio no es el más favorable para que se desarrolle ese potencial innovador. Principales deficiencias del sistema: los periodos de gobierno municipal son muy cortos, el diseño institucional del cabildo impide una vinculación con actores de la sociedad local y no hay mecanismos de coordinación metropolitana ni profesionalización de los servidores públicos a escala local.

El maestro Francisco Lelo de Larrea, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que se han identificado, a través de encuestas entre empresarios, obstáculos de mercado: elevados impuestos, existencia de monopolios de empresas privadas y públicas, transacciones ilegales entre empresas, ausencia de financiamiento, problemas de logística, marco regulatorio deficiente, y falta de rotación de personal y disponibilidad de mano de obra.

Algunas recomendaciones para elevar la calidad regulatoria que señaló fueron las siguientes: promoción de la competencia; seguridad y estabilidad en la regulación; transparencia en el proceso de creación de leyes; protección del interés del consumidor, la seguridad y el ambiente, y disminución de los costos de cumplimiento y proceso expedito para ajustarse a los cambios de mercado.

• Reunión del 24 de marzo

En la reunión se hicieron reflexiones sobre la situación de la competencia en México, con la presencia del doctor Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC; del licenciado Víctor Frías, especialista de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), y del diputado Ildefonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía.

El doctor Eduardo Pérez enfocó su exposición en tres temas:

1. México presenta problemas estructurales de competencia que se traducen en baja competitividad y crecimiento de la economía mexicana. El mercado en condiciones de competencia genera oportunidades para los empresarios y beneficios para los usuarios y los consumidores.

2. La CFC ha logrado avances importantes para consolidar la competencia en los mercados nacionales mediante la investigación y sanción de prácticas monopólicas, así como la promoción de los principios de competencia. En el caso de las Afore, señaló, los ahorros de los trabajadores por la eliminación de la comisión sobre flujo han sido de 688.7 millones de pesos; la entrada de un nuevo participante en la oferta de servicios triple play en el sector de telecomunicaciones ha tenido como resultado la reducción de precios; y por las autorizaciones para la entrada de nuevas aerolíneas, disminuyeron las tarifas y aumentó el número de pasajeros de vuelos domésticos.

3. Hay obstáculos políticos importantes que impiden una política económica favorable a la competencia, pero puede avanzarse por medio de mecanismos de regulación más eficaces y transparentes. Por ello, señaló, es muy importante realizar modificaciones “quirúrgicas” a la Ley Federal de Competencia Económica, como aumentar las sanciones económicas (10 por ciento de las ventas anuales de la empresa) e incorporar sanciones penales como las que hay en otros países. En materia de acciones regulatorias, hay propuestas concretas de alto impacto para el Legislativo, como liberar totalmente la inversión extranjera en telefonía fija, de la misma forma que hoy se tiene en la telefonía móvil.

El licenciado Víctor Frías, especialista de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del Cidac, aseveró que un simple aumento en las sanciones a quienes lleven a cabo prácticas monopólicas no traería beneficios a la competencia del país si no viene acompañado por otras reformas de vital importancia. En particular, expuso tres propuestas específicas para complementar la parte sancionatoria: que las opiniones y recomendaciones de la CFC sean vinculantes para que se apliquen con criterios técnicos y alejados de los grupos de interés; asignar mayores recursos a la comisión para que pueda realizar mejores investigaciones, y dotar a la parte perjudicada con recursos legales para que pueda presentar por su cuenta una demanda por los daños ocasionados.

El diputado Ildefonso Guajardo manifestó su completo compromiso institucional para trabajar con la CFC y aseguró que la Comisión de Economía procesaría las reformas de la Ley Federal de Competencia Económica de manera transparente y en el mejor interés del país.

• Reunión del 12 de abril

En la reunión participaron expertos de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del Cidac, quienes opinaron respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal el martes 6 de abril de 2010.

En la reunión se contó con la participación de María Cristina Capelo, coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación; Alejandro Faya, profesor de las Universidades Iberoamericana, y Nacional Autónoma de México, y consultor externo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Víctor Pavón, profesor de economía de la competencia y la regulación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Jorge Velázquez, economista especialista en temas de competencia y socio fundador de Gabinete Económico; y Víctor Valdés, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.

Los principales aspectos abordados en la reunión fueron los siguientes:

- Atribuciones de la CFC. Consideraron como avances importantes las propuestas de facultar a la CFC para requerir información de los agentes económicos y que publique lineamientos en materia de competencia económica; sin embargo, manifestaron que los lineamientos deben tener carácter obligatorio, no sólo de referencia.

- Sanciones por violaciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Manifestaron que el monto de las sanciones expuesto en la iniciativa del Ejecutivo se encuentra en el promedio de porcentajes comprendidos en la práctica internacional. Se consideró que el aumento en las sanciones debe ir vinculado con mayores facultades de investigación, autonomía presupuestal, aumentar la probabilidad de ser detectado cometiendo la violación de la ley, así como ampliar y desarrollar recursos humanos.

- Visitas de verificación sin previo aviso. Se consideró de suma importancia que la CFC pueda hacer este tipo de visitas, pues actualmente tiene que comunicar a los agentes económicos que los va a investigar, lo que conlleva a un escenario propicio para que se destruya u oculte evidencia.

- Autonomía de la CFC. Señalaron como relevante que la CFC cuente con autonomía en su funcionamiento, decisión y presupuesto para favorecer su credibilidad, evitando que sus resoluciones se interpreten o se afecten por los intereses del gobierno, lo cual no fue abordado en la iniciativa del Ejecutivo.

- Instancia revisora de las resoluciones de la CFC. Hubo coincidencia en que sería un retroceso y un error que las resoluciones de la CFC se revisen por una sala especializada en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se está creando una instancia que complica las resoluciones y dilata las decisiones de la comisión. Consideraron que el verdadero contrapeso debe estar en el Poder Judicial, donde sí debe explorarse la creación de tribunales especializados para agilizar la resolución de los casos.

- Voto de los comisionados. Se consideró que la propuesta de cinco días para que un comisionado emita su voto por ausencia es exagerado y podría sesgar el voto, por lo que debería emitirse en un plazo menor, proponiéndose 24 horas. Asimismo, sugirieron que se establezca que la ausencia debe ser aprobada por el pleno y sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor.

• Reunión del 13 de abril

El objetivo de la reunión fue aportar ideas para generar una opinión con relación a la iniciativa que adiciona y reforma la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el Ejecutivo.

Se consideraron viables las propuestas de la iniciativa del Ejecutivo; sin embargo, se acordó que son necesarias algunas precisiones, como las que señalaron los expertos de la Red Mexicana de Competencia y Regulación, pues contribuyen a enriquecer y a no dejar ambiguos algunos temas.

Adicionalmente, los integrantes de la comisión consideraron prioritarias las siguientes reformas: establecer en la ley mecanismos para que las Mipyme puedan defenderse de las prácticas monopólicas, que se especifique sobre quién va a recaer la sanción de prisión, fijar algún tipo de perfil para los comisionados y examinar el destino de los recursos de las multas que se imponen por violaciones de la ley, pues si bien el artículo 35 especifica que deben destinarse a los programas de apoyo de las Mipyme, no hay informes que determinen si estos recursos se canalizan a este fin de forma eficiente y transparente.

• Mesas de trabajo para fortalecer los órganos reguladores

En virtud de que una de las limitaciones más importantes para impulsar la competitividad de México es la ausencia de una regulación eficiente y eficaz, la Comisión Especial para la Competitividad realizó cuatro mesas de trabajo a fin de analizar reformas legislativas tendentes al fortalecimiento institucional de cuatro reguladores específicos: las Comisiones Federal de Mejora Regulatoria, Federal de Telecomunicaciones, Nacional Bancaria y de Valores, y Reguladora de Energía. En las mesas de discusión participaron reconocidos expertos, miembros del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y de la Red Mexicana de Competencia y Regulación que impulsa el Cidac.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

La mesa de trabajo de la Cofemer se realizó el 25 de mayo de 2010. Tuvo como expertos invitados a la doctora Josefina Cortés, profesora e investigadoras del ITAM y experta en temas de mejora regulatoria; al ingeniero Alí Haddou Ruiz, secretario ejecutivo de la CFC y quien se desempeñó como coordinador general de Manifestación de Impacto Regulatorio de la Cofemer de 2000 a 2004; y al licenciado Carlos Arce Macías, titular de la Cofemer en el periodo 2000-2004.

Comentarios principales:

• Las iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar en el Congreso de la Unión no abordan desde una óptica integral el tema de la mejora regulatoria. Un verdadero fortalecimiento no puede centrarse sólo en los temas de adscripción orgánica, integración y nombramientos.

• Es necesario revisar elementos duros, como los poderes de revisión, mando, disciplinario y de información, así como el sistema presupuestal, los mecanismos de remoción y el sistema de responsabilidad administrativa.

• La presentación de informes al Poder Legislativo podría favorecer la rendición de cuentas.

• Es necesario promover la mejora regulatoria en los estados y en los municipios.

• La Cofemer debe ser independiente de la Secretaría de Economía.

• Debe revisarse cuidadosamente que el titular de la Cofemer tenga un perfil adecuado, que un comité revisor avale el perfil técnico. Es importante que el nombramiento del titular sea inamovible, y sería positiva la ratificación senatorial.

• Impulsar el cumplimiento por las secretarías de los planes bianuales de mejora regulatoria.

• Es importante dividir claramente las funciones de la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública.

• El Congreso debería establecer un filtro interno de mejora regulatoria. Las iniciativas deben discutirse con un documento técnico de costo-beneficio.

Comisión Federal de Telecomunicaciones

El 1 de junio de 2010 se realizó la sesión relativa a la Cofetel, con la participación del doctor César Hernández, quien ha sido investigador asociado del Cidac y actualmente es director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; del doctor Ernesto Flores Roux, quien fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en México en el periodo 2008-2009 y actualmente es académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y del doctor Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.

Comentarios principales:

• Hay un problema de gobernanza derivado de la “doble ventanilla”. La Cofetel debe tener capacidad de gestión integral; es decir, integrar el mayor número de procesos posible: concesiones, permisos y registros tarifarios.

• Igual que en el caso de la radiodifusión, todas las atribuciones de la SCT en materia de telecomunicaciones deben ser conferidas a la Cofetel.

• Resulta nocivo que la SCT pueda modificar una resolución de la Cofetel.

• Las tareas de política y regulación deben mantenerse separadas.

• La Cofetel debe ser un órgano autónomo, con fortaleza suficiente y capacidad de sanción.

• Son necesarios mecanismos de transparencia, incluyendo arreglos efectivos para que participen los afectados y los particulares, deseablemente los propios consumidores. Asimismo, debe haber transparencia en las decisiones y publicidad de criterios y lineamientos.

• Debe haber reportes que incorporen datos y una dimensión cualitativa que aporte al debate público.

• El modelo de órgano desconcentrado resulta poco conveniente y las opciones de nomenclatura administrativa son obsoletas.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

En la mesa de trabajo de la CNBV, realizada el 3 de junio de 2010, se contó con la participación de la doctora Patricia Armendáriz, quien fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria en 1992 y actualmente es directora general de Credipyme; y del maestro Vicente Corta Fernández, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y en la actualidad es socio de la firma internacional de abogados White and Case.

Comentarios principales:

• La CNBV requiere mayor autonomía respecto a la Secretaría de Hacienda. Hay ejemplos de interferencia para fines políticos.

• Hay un traslape regulatorio entre los reguladores, lo que impone costos de transacción muy altos. La CNBV y el Banco de México deben homologar reglas cuando se trate del mismo producto.

• Para evitar traslape de funciones resulta necesario fusionar la CNBV con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

• La CNBV debe tener como parte de su mandato impulsar el desarrollo del sistema bancario y la competencia en el sector.

• Es importante seguir regulando las cooperativas y cajas de ahorro.

• La carga regulatoria de los intermediarios financieros sigue siendo muy alta, lo que se traduce en barreras de entrada e inhibe la bancarización en el país. Cualquier institución que acredite solvencia técnica, moral y patrimonial debería estar en posibilidades de prestar servicios financieros.

• La supervisión debería ser consolidada; y la regulación, funcionar no por tipo de institución sino por servicio, mediante una especie de “licencia financiera”.

• Las cuotas de supervisión deberían cubrir en su totalidad el costo de la regulación financiera, que no debe ser asumido por la sociedad.

• Es necesario revisar y ampliar el seguro de depósito.

• Se requiere mayor flexibilidad para atraer profesionales, pues hay un deterioro de los cuadros de la comisión y de todos los supervisores.

• La información disponible para el mercado es importante. Resulta conveniente que la comisión pueda informar de los procesos de sanción iniciados, aunque no estén concluidos.

Comisión Reguladora de Energía

En la mesa de trabajo de la CRE, que se llevó a cabo el 8 de junio de 2010, participaron la doctora Miriam Grunstein, profesora e investigadora titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con línea de investigación en diversos temas relacionados con el sector energético; el doctor Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad; y el licenciado Raúl Nocedal Moncada, consultor jurídico en materia de energía y quien fue titular de la CRE de 1994 a 2003.

Comentarios principales:

• México carece de una política de regulación en materia energética.

• El marco legal de la CRE es incongruente: la entidad forma parte de la Secretaría de Energía y, al mismo tiempo, regula a Pemex.

• La naturaleza de órgano desconcentrado genera una autonomía precaria en la CRE. Tiene que modificarse la subordinación jerárquica prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• La CRE debe tener mayores facultades de verificación y acceso a la información por los regulados.

• Debe crearse una forma jurídica para los reguladores, sobre todo si hay voluntad real de tener reguladores serios, en lugar de seguir simulando a través de figuras “de papel”.

• Hay distorsiones en materia de tarifas que afectan gravemente los sectores económicos, como el industrial y comercial. Estas distorsiones, que constituyen un “impuesto a la competitividad”, se dan cuando las tarifas están por encima de los costos marginales de largo plazo, o cuando se suministra el servicio a segmentos de la población, como el residencial, a costos significativamente más bajos.

• La función de tarificación eléctrica debe migrar a la CRE para que se fije con criterios técnicos, neutrales, objetivos y no recaudatorios.

• En la medida en que no haya un marco legislativo en materia de eficiencia energética, es poco plausible implantar una política de cambio climático. La CRE es débil para vigilar a Pemex, el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país.

• Reunión del 22 de julio

En la reunión se presentaron las principales conclusiones de las cuatro mesas de trabajo para analizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los órganos reguladores.

Se señaló que mientras que en otros países los reguladores son autónomos y tienen una solidez institucional, en México no se da porque la figura de “órgano desconcentrado” presenta límites de forma importante: reduce la autonomía, fomenta la interferencia política, debilita políticas transversales, genera conflictos de interés e imposibilita establecer arreglos institucionales acordes con las mejores prácticas; por ejemplo, imposibilita que los reguladores estén obligados a presentar reportes al Congreso, así como la ratificación de los nombramientos por el Senado de la República.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión acordaron analizar la viabilidad de presentar una iniciativa para crear la figura de “órganos reguladores autónomos”, como un nuevo componente de la administración pública centralizada, para lo cual sería necesario efectuar una categorización en la propia Constitución y hacer una reglamentación de la figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se intercambiaron ideas en relación con la propuesta de que la comisión impulse que los dictámenes incluyan un instrumento análogo a la manifestación de impacto regulatorio para que se analice el costo-beneficio de las propuestas legislativas.

Opinión de la comisión sobre las iniciativas en materia de competencia económica

Con el ánimo de sumarse a la construcción de una legislación de competencia económica efectiva y moderna, la Comisión Especial para la Competitividad envió el 21 de abril de 2010 a la Comisión de Economía su opinión sobre los siguientes proyectos legislativos:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual fue enviada por el Ejecutivo a la Cámara de de Diputados el 6 de abril de 2010; e

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, Vidal Llerenas Morales y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, el 13 de abril de 2010.

En términos generales, los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad coincidieron con las propuestas de reforma de ambas iniciativas; en específico, se consideraron fundamentales y valiosas las siguientes:

- Audiencias orales.

- Simplificación y disminución de la carga regulatoria.

- Facultar a la CFC a fin de requerir información para estudios de mercado y opiniones.

- Prever medidas cautelares.

- Agilizar la realización de visitas de verificación.

- Aumentar las sanciones económicas.

- Publicar los lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia.

- Publicar los votos de los comisionados y otros documentos relevantes en las resoluciones del pleno, como de la secretaría ejecutiva.

- Coordinación de los órganos reguladores.

Los integrantes de la comisión consideraron necesarias reformas adicionales para fortalecer la competencia en el país:

- Explorar otra figura jurídica para la Comisión Federal de Competencia, a fin de brindarle mayor autonomía y evitar que su actuación sea influencie por los criterios del titular del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Economía, adoptando sus resoluciones con absoluta independencia, y que ejerza con eficacia, objetividad e imparcialidad las funciones que le son encomendadas.

- Para que los comisionados sean imparciales en sus decisiones, durante un año previo a su nombramiento éstos no deberán haber ocupado ningún cargo en las empresas que estuvieron sujetas a alguno de los procedimientos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica. También se consideró necesario que durante el año posterior al término de su cargo, el presidente, los comisionados y el secretario ejecutivo no puedan ejercer actividad profesional alguna en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en la ley.

- El desconocimiento, el costo y la complejidad de los procedimientos son barreras para que los micro y pequeños empresarios establezcan denuncias ante la CFC. Por ello se propuso que se especificara en la ley que las denuncias puedan ser presentadas individual o colectivamente. Se sugirió que la comisión estableciera un procedimiento especial y sencillo para que los micro y pequeños empresarios puedan presentar sus denuncias, y que dichos procedimientos sean difundidos en todo el país.

- Se planteó la alternativa de crear un tribunal especializado en temas de competencia económica en el Poder Judicial, que agilice la resolución de amparos y revise las resoluciones emitidas por la CFC.

Iniciativa presentada por los integrantes de la comisión

El 29 de abril de 2010, los diputados Alberto Cinta Martínez, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, César Daniel González Madruga, Nancy González Ulloa, Jorge Juraidini Rumilla, Vidal Llerenas Morales, María Teresa Ochoa Mejía y Armando Ríos Piter, integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa propone que en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que el Ejecutivo federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión, se incluya un apartado donde se detallen el destino y uso de las multas y sanciones económicas que se consideran en las leyes federales.

La transparencia en el uso de estos recursos asegurará que sean destinados al fin que por ley les ha sido conferido; favorecerá el análisis sobre el mejor uso de éstos; evitará subejercicios; dará certidumbre a los agentes sobre las implicaciones de estas multas; y, en suma, generará mayor rendición de cuentas de sus ejecutores.

La Mesa Directiva de la Comisión Especial para la Competitividad

Diputados: Alberto Cinta Martínez, presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Norma Sánchez Romero, secretarios (rúbricas).

De la diputada María del Pilar Torre Canales, correspondiente a la segunda Reunión Interparlamentaria Brasil-México, llevada a cabo el miércoles 5 de mayo de 2010 en Brasilia

Presentación

Las reuniones interparlamentarias, por definición, no son un espacio resolutivo, es constitucionalmente imposible que ahí se tomen decisiones, que se aprueben cosas por parte del grupo de legisladores que asiste de cada país, sin embargo son espacios donde se dan diálogos muy valiosos y surgen acuerdos para el desarrollo de la región.

En general estas reuniones tienen como finalidad el que la diplomacia parlamentaria aporte sus visiones y acuerdos para lograr un mejor entendimiento entre los Congresos de ambas naciones en temas que suponen retos comunes, para que eventualmente se agreguen al trabajo legislativo que se desarrolla en el congreso de cada país.

México y Brasil se encuentran conscientes de la importancia de que los parlamentos se reúnan periódicamente para analizar los temas cruciales bilaterales e internacionales.

Asumieron que las reuniones interparlamentarias tienen el objetivo de intercambiar experiencias en el área legislativa y procurar un acercamiento personal entre los legisladores mediante el ejercicio de la diplomacia parlamentaria.

Tomando en consideración que los Congresos de Brasil y de México son miembros de diversas asambleas parlamentarias y que es importante, además de conocer y compartir temas, se considera relevante impulsar posiciones comunes que lleven a la toma de decisiones a fin de obtener beneficios conjuntos.

Antecedentes

La primera reunión interparlamentaria entre México y Brasil se llevo a cabo los días 26 y 27 de febrero de 2004, en la Ciudad de México.

En esta primera reunión se abordaron los siguientes temas:

1. Mecanismos regionales de cooperación económica y su aportación a la integración latinoamericana.

2. Mecanismos institucionales para el combate a la pobreza e impulso del desarrollo social.

3. Fortalecimiento del sistema democrático.

4. Sistema federal y coordinación.

5. Asuntos internacionales y cooperación interparlamentaria.

Temas de la primera Reunión Interparlamentaria México-Brasil

Subtemas

a) Acciones diplomáticas

1. Relaciones interparlamentarias

2. Agenda bilateral

3. Organismos internacionales

4. Próxima reunión

b) Sectores productivos y competitividad

5. Integración y desarrollo regional

c) Desarrollo social

6. Sector laboral

7. Desarrollo urbano

8. Seguridad social

9. Enfoque de género

10. Cooperación fronteriza

11. Migración

12. Política y democracia

13. Pobreza

14. Desarrollo social

Delegación mexicana

Senadores

Carlos Navarrete Ruiz (PRD), jefe de la delegación

Augusto César Leal Angulo (PAN)

Gabriela Ruiz del Rincón (PAN)

Andrés Galván Rivas (PAN)

María de los Ángeles Moreno Uriegas (PRI)

Rogelio Humberto Rueda Sánchez (PRI)

Graco Ramírez Garrido Abreu (PRD)

Tomás Torres Mercado (PRD)

María Cruz García Sánchez (Convergencia)

Diputados

Beatriz Paredes Rangel (PRI)

Carlos Flores Rico (PRI)

Ricardo Armando Rebollo Mendoza (PRI)

J. Guadalupe Vera Hernández (PAN)

José Antonio Arámbula López (PAN)

José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD)

Rafael Pacchiano Alamán (PVEM)

Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT)

María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza)

Pedro Jiménez León (Convergencia)

Programa

Miércoles 5 de mayo

10:00 horas. Llegada del presidente del Senado mexicano, Carlos Navarrete Ruiz al Congreso Nacional.

Lugar: Rampa principal del Congreso Nacional

El presidente del Senado federal, José Sarney recibe al presidente del Senado mexicano y lo invita a entrar en el salón Noble.

10:25 horas. El presidente del Senado mexicano y su comitiva son conducidos a la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer. Por confirmar.

10:30 horas. Entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer. Por confirmar.

11:00 horas. Inauguración de la II Interparlamentaria Brasil-México

Lugar: Plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

11.20 horas. Primera Sesión de Trabajo.

Tema 1: Los Parlamentos de Brasil y México. Intercambio de experiencia.

a) Dialogo sobre las estructuras de los congresos nacionales y métodos de funcionamiento.

b) Trabajo en comisiones y construcción de consensos.

c) Continuidad y mantenimiento de los encuentros parlamentarios México-Brasil.

Lugar: Plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

13:20 horas. Comida ofrecida por el presidente del Senado federal, José Sarney. Por confirmar.

15:00 horas. Segunda sesión de trabajo.

Tema II: Relación estratégica Brasil-México. Cooperación.

a) Energía, ciencias y tecnologías, comunicaciones electrónicas.

b) Banca de desarrollo.

c) Migración y atención a nacionales del Convenio de Integración Económica.

Lugar: Plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

16:30 horas. Intervalo.

16:45 horas. Tercera sesión de trabajo.

Tema 1II.- Asuntos regionales y globales.

a) Después de la Cumbre de Cancún.

b) Cambio climático.

c) Brasil y México en las instancias Internacionales.

Lugar: Plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

18:35 horas. Clausura de los trabajos de la II Interparlamentaria Brasil-México

20:30 horas. Cena ofrecida por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado federal, senador Eduardo Azeredo.

Declaración conjunta

La segunda edición de la Interparlamentaria entre Brasil y México se realiza en cumplimiento del acuerdo de nuestros Congresos por estrechar los vínculos de amistad y cooperación, en el marco de una diplomacia parlamentaria que busca abonar y contribuir con la política general de nuestros gobiernos, el fortalecimiento de nuestras relaciones y su continua expansión.

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo de las relaciones bilaterales y de la integración de América Latina y el Caribe. Celebramos que la amistad y profunda admiración recíproca entre nuestros pueblos es el principal valor para dar continuidad a la relación estratégica entre nuestros países.

Reconocemos que la histórica relación entre México y Brasil ha mantenido un diálogo continuo desde el proceso democrático brasileño en 1985 y que en consecuencia, además de los representantes del Poder Ejecutivo es fundamental que los parlamentarios de ambos países profundicen su relación.

Nos congratulamos que el espacio democrático se haya ampliado en la vida interna de los dos países y que constituya el medio para idear, instrumentar y ejecutar las diversas políticas públicas que tengan como fin el desarrollo integral de los ciudadanos.

Reiteramos nuestro compromiso de contribuir a la solución de los desafíos comunes y regionales como la pobreza y la desigualdad, el crimen organizado.

En el marco del año del bicentenario de la Independencia de México, el Centenario de la Revolución Mexicana y el cincuentenario de la fundación de Brasilia, consideramos necesario:

– Intensificar el diálogo interparlamentario entre México y Brasil para compartir experiencias en las tareas legislativas.

– Impulsar el proceso de integración económica entre Brasil y México, salvaguardando los sectores vulnerables de ambos países.

– Explorar otros mecanismos de cooperación en materia de biocombustibles e hidrocarburos que contribuyan al fortalecimiento de las economías de ambos países desde una visión de desarrollo sustentable y protección al medio ambiente.

– Analizar mecanismos que faciliten los intercambios en materia de ciencia, tecnología y telecomunicaciones y dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en la materia.

– Mantener el intercambio de información sobre los programas de combate a la pobreza de ambos países y reafirmar la importancia de la perspectiva de género en su aplicación.

– Promover los esfuerzos de unidad latinoamericana y acercamiento con el Caribe, entre otros la constitución de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).

– Llamar a mantener los esfuerzos de reconstrucción en Haití, reconociendo la labor de las tropas brasileñas al frente de la Misión de estabilización de la ONU en Haití (MINU5TAH) así como el papel del Grupo de Amigos para Haití en el que participan nuestros dos países.

– Nos pronunciamos firmemente en contra de la asociación indebida entre migración indocumentada y la criminalización de la migración. Especialmente manifestamos nuestro rechazo y condena a la ley 581070 del estado de Arizona por considerarla violatoria de los derechos humanos de los migrantes y hacemos un llamado para que sea derogada.

– Hacemos un exhorto a los titulares de los Ejecutivos de los dos países para eliminar las visas entre México y Brasil que constituyen una limitante a la libre circulación de nuestros conciudadanos.

– Daremos seguimiento a las posiciones que se adopten en la próxima Conferencia sobre Cambio Climático (COP 16), por realizarse en Cancún, México en noviembre próximo enfatizando la necesidad de que se llegue a un acuerdo que combine el derecho al desarrollo de las naciones en proceso de industrialización, con la protección de los recursos naturales de sus respectivos países.

– Instamos a los países responsables de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero a asumir su responsabilidad a través de programas de mitigación.

– Nos mantendremos atentos a los avances que tengan lugar en materia de cambio climático con miras a la cumbre Río+20 que se celebrará en 2012 en Río de Janeiro.

– Nos comprometemos a afianzar la presencia de ambos países en los foros parlamentarios a nivel regional e internacional, subrayando la creciente importancia que tiene la diplomacia parlamentaria en los principales temas de la agenda global.

– Recomendamos a los órganos directivos de nuestros Congresos que se conformen delegaciones permanentes para afianzar y facilitar el diálogo y los posicionamientos conjuntos en los foros parlamentarios internacionales como la Unión Interparlamentaria, el Parlatino, Foro Interparlamentario de las Américas, Confederación Parlamentaria de las Américas, Parlamento Centroamericano, entre otros.

– Promoveremos los intercambios de experiencias y flujo de información entre los canales de televisión de ambos Congresos, e igualmente subrayamos la importancia que reviste la transparencia y difusión de las tareas legislativas.

– Los legisladores participantes estamos conscientes de la trascendencia de las reuniones periódicas entre parlamentarios para analizar los principales temas de la agenda bilateral e internacional y reconocemos la posición de liderazgo que ejercen México y Brasil en la región de América Latina y el Caribe, así como las contribuciones que pueden hacer desde esa posición.

– Por ello coincidimos en realizar las reuniones interparlamentarias anualmente, alternando la sede entre los dos países, para lo cual la delegación mexicana, al mismo tiempo que agradeció a sus anfitriones su hospitalidad, e invitó a su contraparte a asistir a la 111 Reunión Interparlamentaria Brasil-México que deberá celebrarse en territorio mexicano.

Dada en Brasilia, Brasil, a los cinco días del mes de mayo del año 2010.

Atentamente

Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)

De la diputada María del Pilar Torre Canales, relativo a la decimotercera reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino, celebrada el jueves 8 y el viernes 9 de julio de 2010 en Panamá

Comisiones permanentes de parlamento latinoamericano

Por resolución de la XIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) celebrada en Sao Paulo el 7 y 8 de noviembre de 2002, la Junta directiva, previo y cuidadoso análisis y consultas, realizó una reforma del reglamento del Parlatino, en relación con los nombres, funciones y número de las comisiones permanentes del organismo, quedando reducidas a sólo 13 de las 21 que hasta ese momento funcionaban.

Comisiones vigentes

I. Equidad de Género, Niñez y Juventud

II. Agricultura, Ganadería y Pesca

III. Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos

IV. Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

V. Medio Ambiente y Turismo

VI. Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración

VII. Pueblos Indígenas y Etnias

VIII. Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias

IX. Salud

X. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación

XI. Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado

XII. Energía y Minas

XIII. Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor

Antecedentes

• Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Panamá, 8 y 9 de julio de 2010

• Duodécima reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– La Habana, Cuba 1 y 2 de octubre de 2009

• Undécima reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración conjunta con la Undécima reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Brasilia, Brasil 7 y 8 de mayo de 2009

• Décima reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Panamá, 22 y 23 de septiembre de 2008

• Novena reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

– Panamá, 18 de julio de 2008

• VIII reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Caracas, Venezuela 30 y 31 de julio de 2007

• VII reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Sao Paulo, Brasil 24 y 25 de mayo de 2007

• VI reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Potosí, República de Bolivia, 21 y 22 de septiembre de 2006

• V reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional (en el marco de la quinta Cumbre de la Deuda Social)

– Venezuela, 22 al 27 de mayo 2006

• Reunión Conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional y Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor

– Buenos Aires, Argentina, 30 de junio y 1 de julio de 2005

• Tercera reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 24 de febrero de 2005

• Segunda reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Sao Pablo, Brasil, 14 y 15 de octubre de 2004

• Primera reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional

– Caracas, Venezuela, 2 al 4 de junio de 2004

Temas principales tratados en la reunión

Deuda externa

Expositores:

1) Diputado Carlos Gamou, (Uruguay)

2) Cristian Campos, Chile

3) Filinto Durán, Venezuela

4) Diputado Juan Carlos Arosemena

5) Senador Federico Doring, México

6) María Soledad Vela, Ecuador

7) Diputada Norma Sánchez Romero, México

8) Juan David Yrausquin, Aruba

Renta básica

Expositores

1) Diputado Carlos Gamou, Uruguay

2) Filinto Durán, Venezuela

3) María Soledad Vela, Ecuador

4) Federico Doring Casar, México

Conclusiones de cada parlamentario de la comisión

Juan David Yrausquin (Aruba)

Comenta que es la primera reunión del Parlatino, ya estuvo en Eurolat. En Aruba no se manejan los temas que Latinoamérica maneja, probablemente por ser parte del Reino Holandés. Aruba tiene una posición interesante por ser parte de los dos mundos.

Holanda tiene un buen balance entre gente rica y pobre, buena educación, un tipo de renta básica, todo el mundo tiene garantía de escuela vivienda y todo. Se llegó ahí no de un día a otro y esa es la lección. Las pensiones se están discutiendo en Aruba, hay comisión de diálogo social que se encarga de esto.

La prensa no es positiva con las reuniones del Parlatino, y debemos explicar bien qué hacemos acá y también por cumplir con las invitaciones que se hacen para participar. Es buena la idea de comisión de seguimiento como la que hay en Europa.

Gregory Damoen (Curazao)

Comenta que esta es su última participación pues se retira de la política. Vino con la idea de que es importante que Latinoamérica se una. Comparte con Sonia Escudero esto, se siente más Latinoamericano que holandés, pero hay que analizar la historia.

En Curazao se viven los mismos problemas, en estos momentos se está debatiendo sobre la calidad de educación, a veces se antepone a la calidad a la obligación. No se conoce deuda externa, solo la deuda interna. Por ser parte de Holanda hay que garantizar buen gobierno y derechos humanos.

Es necesario que haya un órgano que supervise lo que pasa en nuestro continente, que se evalúen las decisiones que se toman. El Presidente Chávez pelea por la unidad latinoamericana, así debe ser y además tenemos que tener voz en los Organismos Internacionales.

Norma Sánchez Romero (México)

Experiencia enriquecedora. Estrategias de la economía mexicana; elaboración de un bono a diez años, apoyo a programas sociales y economía familiar y pequeñas empresas. Hay reformas estructurales en el sistema agrario y laboral, cuando las mismas se aprueben tendrá más competitividad.

Sofía Castro Ríos (México)

No se ha tocado el tema del desarrollo regional; en el tema de la deuda no se han visto resultados pues no se ha evaluado. Es necesario que el Parlatino revise sus orígenes para que seamos críticos y generemos resultados hacia afuera. En la reunión de Comisión de Asuntos Indígenas ya he participado también.

Hay falta de interés porque hay demasiados organismos internacionales, y que evidencian la ambición de personas que quieren organismos nuevos por interés propio. No hay que pulverizar organismos. Para lograr los cambios debemos dejar de lamentamos y ser más propositivos, debe ir el conocimiento junto a la productividad, y no quedamos en la productividad sino también llegar a la competitividad.

Solicita al Presidente de la Comisión que se abra de la percepción venezolana, que se inste a Brasil a participar en este foro, que no esté ausente su representación.

Federico Doring Casar (México)

Vino con expectativas de aprender. Le llama la atención el tema de la deuda, hasta qué punto es ético la deuda que es generada por gobiernos que no tienen legitimidad, como podría ser el caso de Honduras.

Esto puede tener consecuencia en los países africanos en que las dictaduras también han estado presentes. México ya pasó este tema, y puede aportar con su experiencia, que fue de tres gobiernos.

El mal manejo de la deuda fue el causante de la crisis. Las participaciones de México en el Consejo de Seguridad han sido de luz y sombra, es relevante tener presencia pero hay consecuencias que hay que tener en cuenta.

Ricardo Berois (Uruguay)

Los expositores tienen a veces compromisos y esto a veces genera problemas en la agenda, pero nuestros encuentros dependen de nosotros. Carlos Gamou se encargó ayer de la exposición de renta básica, la mesa debe tomar en cuenta que se pueden cubrir estas falencias. En este caso los debates de la mesa han sido provechosos por nuestras participaciones.

Se ha mencionado las críticas de la prensa sobre este tipo de actividades parlamentarias, pero son positivas porque se sacan conclusiones con el intercambio de opiniones. Este es un proceso positivo que depende de nosotros.

Cristian Campos, Chile. La seriedad del trabajo parlamentario la ponemos nosotros con nuestro actuar, la experiencia en nuestros países se enriquecen con los debates que acá se dan. Se aporta en el debate de los temas, y esto puede paliar las ausencias de expositores. Hay la disponibilidad de Chile para aportar al debate del tema de pensiones pues hay la experiencia, con la reforma previsional que tuvo el apoyo de los dos partidos de este país.

Se podría invitar a un ponente chileno para que socialice nuestro proceso para no quedamos con interrogantes. Las regiones de Chile cambiaron luego del 27 de febrero; hay que gozar de hermandad en los momentos difíciles como ocurrió con el terremoto de Chile y hay que continuar enriqueciendo la instancia del Parlatino.

Carlos Gamou (Uruguay)

Como latinoamericano me sentí orgulloso del papel que jugó México en el Consejo de Seguridad. Se ha hablado de resultados tangibles de una comisión del Parlatino, es la misma discusión que se tiene en nuestros países sobre nuestro trabajo en los parlamentos.

Sabemos que las leyes que se hacen son para desarrollar las Constituciones, y por esto sabemos también que llega un momento en que las leyes ya se hicieron. Por esto pretender que un Parlamento tenga resultados tangibles que se puedan medir con indicadores no es políticamente posible.

Pero precisamente por estar en este foro, encontré en Chile la solución al problema de las matrículas universitarias gratuitas, que en Uruguay vamos a tratar. Me parece justo felicitar a Emil Guevara por cómo ha llevado la comisión, siempre ha habido agenda, el que no estén los expositores es de fuerza mayor, la sustancia de estas reuniones es que los parlamentarios intercambien ideas.

En América Latina debería estudiarse la historia de manera integrada, si vamos a hablar de educación debería haber revolución cultural y las guerras de independencia debería ser tratada en su conjunto como una guerra mundial.

En la cumbre social, algún parlamentario debe llevar el planteamiento unión de historiadores que se junten y como un trabajo del Parlatino se haga un libro de texto integrado de nuestra historia. Felicita la gestión del presidente.

Nilo Swaen (Aruba)

Vine a conocer y aprender. En Aruba se está tratando renta básica, salud y también hay el problema de la extensión de los años de vida. Nuestras realidades son diferentes y hay que lograr soluciones comunes en estos casos.

Lamento que no se hayan dado las exposiciones pero solicita que se nos hagan llegar por escrito que sería algo importante. En Aruba hay experiencia en seguro médico y podrían venir personas para exponer.

Rosauro Martínez (Chile)

A veces la ausencia de ponentes complica las reuniones, pero es responsabilidad nuestra el éxito de estas reuniones. Conocemos en estos encuentros las experiencias de los diferentes países, tenemos que sacar lo positivo.

En Chile se está cambiando la televisión análoga a la digital, hay que ver cómo esto aportará a la sociedad y si mejoran los contenidos. El avance tecnológico va muy rápido y debe vigilarse que no quede en pocas manos y hay que hacer marco regulatorio.

Cómo vamos a mejorar la educación pues podría darse brecha entre quienes no tienen acceso a ese avance. Hay que recoger aportes que nos pueden mejorar como país. Recoger, aportar y buscar hacer nuestras estas experiencias en nuestros países.

Marko Antonio Cortés Mendoza (México)

El tema de la convergencia digital también se está abordando en México y el mismo debe ser integrado en las próximas agendas, pues sin lugar a dudas si este tema se tocará aquí y se compartieran las experiencias volveríamos más enriquecidos. Por esto solicito que se agregue el tema en la agenda. Se podría preguntar a los países a través de la secretaría los temas de interés común y particular de quienes participan en esta reunión.

María Soledad Vela Cheroni (Ecuador)

Considera que este tipo de reuniones a pesar de las ausencias de ponentes nos enriquecen porque los parlamentarios comentan sobre las propias experiencias en sus países. De esta forma lo hemos visto en las reuniones que se han dado, tanto en renta básica como en deuda externa. Nos enriquecemos probablemente más con estas experiencias compartidas.

María del Pilar Torre Canales (México)

Experiencia interesante, refuerzo la necesidad de tener material para próxima reunión en Paraguay.

Emil Guevara (Venezuela)

He escuchado las críticas, pero tengo la percepción que ha habido un gran intercambio de ideas y asumimos la corresponsabilidad. La temática de los dos ponentes se envió a los parlamentarios para que la comente.

Sobre la renta básica es necesario nombrar una comisión, para no quedamos solo con la perspectiva de los expositores. Hay que hacer una comisión que se propone esté integrada por Ecuador, México, Chile, Paraguay, Argentina y Venezuela.

Sonia Escudero (Argentina)

En cada tema se busca un relator del tema entre los parlamentarios para que se haga una exposición previa sobre el tema en particular. En el tema de la renta básica se hizo una asignación por hijo para todas las personas desocupadas, algo como sesenta dólares, con un tope de cuatro hijos, con la única condición de que los hijos van a la escuela y que se han hecho los controles médicos.

Esto tuvo grandes resultados en cuanto a las matrículas porque es una de las condiciones, la escolarización obligatoria. Se está analizando si se amplía. Otro tema limitante es que concurra a una escuela pública, pero también hay instituciones de educación católica que cobran muy poco.

Delegación mexicana

1. Senador Federico Doring Casar

2. Senador Marko Cortes Mendoza

3. Diputada María del Pilar Torre Canales

4. Diputada Sofía Castro Ríos

5. Diputada Norma Sánchez Romero

Programa

Jueves 8 de julio de 2010

9:00 horas. Reunión de la Subcomisión de Deuda Externa.

10:00 horas. Reunión de la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de Ley Marco de Renta Básica.

11:00 horas. Tema I: Crisis mundial financiera y crisis global.

15:00 horas. Tema II: Crisis inminente de la deuda externa y sus efectos en la gobernabilidad de los estados.

16:00 horas. Tema III: Presentación del proyecto de Ley Marco de Renta Básica.

Viernes 9 de julio de 2010

9:00 horas. Tema IV: Foro sobre los países deudores; la crisis griega y la inclusión social.

11:15 horas. Tema V: Octava Cumbre sobre Deuda Social

Informe sobre los avances para la firma del convenio de cooperación entre esta comisión y la Asociación Latinoamericana de Economistas.

15:00 horas. Conclusiones; lectura y aprobación del acta.

Conclusiones

1. Delegados de los siguientes países: Ecuador, México, Chile, Argentina, Paraguay y Venezuela para elaborar el proyecto de Ley Marco de Renta Básica.

2. Agenda en Paraguay: Deuda externa, renta básica o salario de ciudadanía, las metas del Parlatino en el contexto de las Metas del Milenio; seguimiento y presión sobre aprobación de la carta social en la OEA. Incorporar a la Comisión de Derechos Humanos en la reunión previa de presidentes en Venezuela, en diciembre de este año. Cambios de tecnología de analógico a digital que debería tratarse en conjunto con las Comisiones de Servicios Públicos y de Educación del Parlatino, por propuesta de Chile y de México.

3. Construcción política e integración latinoamericana en reunión de cancilleres.

4. Tema de próxima agenda: Cambio tecnológico, educación, ciencia y comunicación.

Atentamente

Diputada María del Pilar Torre Canales

De la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, referente a la trigésima conferencia anual de la Asociación de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, efectuada del miércoles 22 al viernes 24 de septiembre de 2010 en San Antonio, Texas

Como secretaria de la Comisión de Economía y por invitación de Tee Row, presidente de la Association of Small Business Development Centers (ASBDC, Asociación de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa), junto con los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Economía José Luis Velasco y José Antonio Arámbula, acudimos del 22 al 24 de septiembre pasado a su trigésima Conferencia Anual, realizada en San Antonio, Texas, con el objetivo de conocer otras estrategias que permitan dar un crecimiento agregado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México, que signifique innovación, competitividad del sector Pyme a través de diversas mejoras como en la administración empresarial, en la asesoría técnica, capacitación, seguimiento, investigación de mercados, entre otros.

A la conferencia asistieron alrededor de mil 500 personas, directores de la red SBDC, capacitadores, empresas, entre otros, así como Marie Johns, US Small Business Administration’s deputy administrator, el presidente del Banco de América Central y Sur de Texas y representantes de la organización de mujeres de negocios (OWBO) y de la OAS.

La Asociación de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos tiene como propósito ayudar a los nuevos emprendedores para que tengan su negocio propio y a los que ya tienen negocio, la asociación trabaja para apoyarlos y mantenerlos en un nivel competitivo ante la dinámica que significa el mercado cambiante dentro de la economía global en la que vivimos.

El modelo que tuve oportunidad de conocer, que es para hacer crecer la economía y crear trabajos y empleos, es reconocido por ley por el gobierno federal de los Estados Unidos, desde 1980, como organización nacional representante de la Red de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC, por sus siglas en inglés), a partir de que esta organización empezó a jugar un papel muy especial en el tema de las pequeñas empresas.

Desde su origen, el plan de la SBDC era detectar y empezar a estudiar y actuar para apoyar a aquellos emprendedores que sueñan con tener su negocio o reinventar aquel en el que ya están trabajando, facilitándoles el camino que les pudiera significar tener acceso al crédito, a las tareas de ventas y lo que significa la actividad de cómo mejorar el negocio y ser competitivo, que significa capacitarse y recibir asesoría diversa, pero lo más importante que observé es el seguimiento que dan a los negocios que ellos apoyan.

La ASBDC cumplió 30 años, desde su creación hasta ahora; han instaurado 63 instituciones líderes, más de 4 mil consejeros en negocios, más de mil centros de atención y, de acuerdo con lo que reportan, han apoyado a más de 12 millones de emprendedores.

En el programa de trabajo se desarrollaron actividades con base en 7 importantes categorías, donde la SBDC compartió sus mejores prácticas que los ha llevado al éxito: mercadotecnia, planeación, procuración, dirección, liderazgo, tecnología, competencia, en donde a través de conferencias se dio la oportunidad de actualizarnos en algunos de los temas que más resultados está dando a la SBDC, tales como estrategias de cómo hacer crecer un negocio, calidad total, dirección para pequeños negocios, como lograr contratos gubernamentales, el poder de la mercadotecnia a través de las redes sociales, de los correos electrónicos como una de las mejores prácticas, así como del impacto económico que significan los pequeños negocios procurando una estrategia diferente según la propuesta del SBDC.

Se realizaron varios talleres de trabajo, módulos de liderazgo, comunicación y mercadotecnia, conferencias en torno a los nuevos mercados para pequeños negocios, en donde incluyeron ejemplos de proyectos de índole agrícola y rural, mostraron las estrategias que muchos productores están aplicando y que los está colocando en diferentes mercados con éxito.

En la sala de exhibición tuvimos la oportunidad de interactuar con varias financieras que prestan sus servicios crediticios a los pequeños negocios, así como conocimos la red que la SBDC maneja que permite concentrar la información de todos los pequeños negocios que ellos están apoyando en su construcción y consolidación y de ahí conectarlos con otros mercados de otras ciudades de Estados Unidos o de otros países, a través de una plataforma de comercio en línea que une a los más de 750 mil de clientes que reportan de los centros para el desarrollo de la pequeña empresa de EUA, México y Colombia, con oportunidades comerciales internacionales.

Una de las alianzas que pudimos conocer es la que existe entre la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ASBDC y la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) con el Instituto para el Desarrollo Económico (IED) de la Universidad de Texas, San Antonio (UTSA).

El IED da capacitación, asistencia técnica, consultoría, servicios de investigación e información para facilitar el crecimiento de las empresas y el desarrollo comunitario de San Antonio a partir de la UTSA, que como universidad y con el objetivo de impulsar la economía de Texas apoya la construcción o reinvento de una empresa, pero aprovechando la infraestructura que tienen para el desarrollo económico del país, ofrece educación extendida al sector Pyme, comercialización de la investigación y servicios técnicos al público.

El gobierno federal proporciona el financiamiento, promueve programas de SBA de préstamos y contratos públicos con los servicios del SBDC y apoya al sector Pyme del país, la ASBDC, a través de su modelo construirá más Pymes y por consiguiente generación de empleo, fortaleciendo la economía formal y a través del SBDC, que están alineados con las estrategias de la OEA y muchos gobiernos en América Latinas, se está logra la integración y alianzas entre el gobierno-empresa-universidad.

Sobre la viabilidad del modelo Association of Small Business Development

Ventajas:

• Los servicios a que pueden acceder los beneficiarios no tienen ningún costo.

• Participan miembros de toda la sociedad: empresarios, gobierno y las ONG.

• Apoyan a un importante número de mujeres en grupos minoritarios.

• Presencias en comunidades rurales y zonas suburbanas.

Desventajas:

• En México existen iniciativas de la Secretaría de Economía que buscan dar consultoría y entrenamiento a emprendedores y pequeños empresarios.

• Las universidades apoyadas por recursos de la Secretaría de Economía ofrecen servicios de incubación y aceleradoras de empresas.

Comentario:

• El subsecretario para las Pymes de la Secretaría de Economía y el CEO Charles Tee Rowe, sostuvieron un encuentro donde se acordó conocer las metodologías que se ofrecen en los Centros de EUA para adoptarlos en los Centros México Emprende y generar otro tipo de sinergias en materia de exportación.

Sobre los esfuerzos en México para impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas:

Desventajas:

• Baja calidad de los programas de la secretaría para apoyar a las Pymes.

• La cobertura nacional está muy reducida.

• Es difícil determinar la efectividad de los programas ya que no se cuentan con los indicadores apropiados.

• Las incubadoras competitivas se encuentran en las principales escuelas de negocios del país.

A partir de lo descrito, considero importante que si los legisladores queremos incidir verdaderamente en las políticas públicas de nuestro país y no sólo apoyar presupuestos, tenemos que estudiar, adoptar y adaptar el modelo a la realidad de nuestro país de estos tiempos, ya que es claro que tenemos que mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, a partir de que la pobreza y la falta de oportunidades han lanzado a millones de personas a buscar empleos y oportunidades de ingreso en las áreas urbanas, pero tampoco sin encontrar verdaderas alternativas por falta de información y de apoyos.

Miles de personas, en especial los jóvenes sin oportunidad ni esperanza, provenientes de las regiones y familias en mayor pobreza se involucran en actividades ilícitas y a pesar de que el presupuesto ha aumentado en ciertos rubros, este no se ha traducido en incrementos proporcionales a la producción y productividad y menos aún en mejora de ingresos y nivel de vida de muchas familias.

Ante la situación de desempleo en México, en nuestro país se incrementó el 22.75 por ciento del número de microempresas (hasta 10 empleados), luego de que miles no encontraron otras alternativas para ocuparse y generar ingresos, pero justamente esta prisa por generar microempresas hizo que los microempresarios no se capacitaran, para orientar su negocio y se impulsaran para que en el tiempo se convirtieran en medianas empresas, con lo que hace que la cifra de 600 mil micronegocios que no tienen plan empresarial que les ayude a evolucionar es alarmante, si se está apostando a que la estrategia de generar microempresas de esta forma es el rumbo para salir adelante.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2009 (censo económico) el número de empresas aumentó 23.9 por ciento en 5 años, en 2010, hay más de 5 millones de unidades económicas de las cuales el 95.2 por ciento son microempresas.

Se ha apoyado a la microempresa de baja productividad y nuestro país no va a resistir ese rumbo (simplemente observemos como la debacle económica golpeó a las Pymes por el lado del consumo, demostraron una baja en la demanda de sus productos y servicios), por lo cual considero que se debe impulsar de inmediato una estrategia más agresiva que apoye al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, pues es claro que es necesario crear empresas líderes que además de que generen ingresos, sean competitivas, rompan con la mala imagen que en la actualidad tienen que es la de subsistencia, pero sobretodo, que ante alguna crisis tengan la capacidad de mostrar lo novedoso que pueden ofrecer al mercado y que su proyecto administrativo es a largo plazo.

Transformar la realidad de las microempresas de ahora significa entonces desarrollar este sector, propiciando acceso al financiamiento y a la experiencia empresarial (administración, recursos humanos, formas de pago, capacitación, dirección, tecnología sencilla entre otros), puesto que el empresario no sabe cómo hacerlo, pero de lo más importante que quisiera subrayar, es que estas acciones deben incentivar en gran medida el actuar de los emprendedores del sur, sureste del país, para que la riqueza que se esté generando no solo se concentre en el centro y norte del país.

La cooperación entre las microempresas es un plus, pero las alianzas entre el gobierno y sociedad civil, universidades, estudiantes, voluntariado, sería la clave para elevar la participación en el mercado de miles de microempresas (competitividad, acceso a financiamientos) pero sobre todo para profesionalizar a los negocios.

Concluyo manifestando que el desarrollo económico de México depende en buena medida del desarrollo empresarial de las Pymes, el reto es procurar que crezcan con profesionalización y acceso a recursos financieros, más aún, haciendo alianzas en donde se articule dicho crecimiento y, por consiguiente, se fortalezcan, de aquí mi interés por trabajar en alguna propuesta de iniciativa para que lo que signifique creación de empresas sea considerando la participación de las partes antes mencionadas.

Recibimos de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa una propuesta para mejorar la competitividad de las Mipymes, y para ello solicitan que en el presupuesto 2011 se consideren 89 millones de pesos para iniciar el proyecto de trabajar con 25 SBDC, lo que significaría cubrir gastos de operación y equipamiento, impulsar planes especiales, desarrollar proyectos de transferencia de tecnología y herramientas de acceso a información estratégica y de mercados en línea. La aportación de las universidades sede de las SBDC y la AMCDPE aportarían 17 millones de pesos para cubrir dicha operación.

Atentamente

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)

De la diputada Sofía Castro Ríos, atinente a la decimocuarta reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino, que se llevó a cabo el jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre de 2010, en la República de Paraguay

En salón Comuneros de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de la República del Paraguay, se llevó a cabo el jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre se llevó a cabo la decimocuarta reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

Legisladores asistentes

Nombre País

Diputado Juan Carlos Arosemena, secretario general alterno Panamá

Diputado Emil Guevara Venezuela

Diputado Ronnie Escobar Guatemala

Asambleísta María Soledad Vela Cheroni Ecuador

Diputada Martín Quispe Julián Bolivia

Diputado Agustín Amado Florentín Cabral Paraguay

Diputado Antonio Raúl Estigarriba Ferreira Paraguay

Diputado Justo Pastor Cárdenas Paraguay

Diputado Eulalio Morel Paraguay

Diputado Dionisio Ortega Paraguay

Diputado Elinto Durán Venezuela

Diputado Reynabel Estrada Roca Guatemala

Senador Milo Swaen Aruba

Diputado Cristian Campos Jara Chile

Congresista Walter Menchola Vazquez Perú

Diputado Humberto Benitez Treviño México

Diputada Sofia Castro Ríos México

Diputada María del Pilar Torre Canales México

Diputado Guzman Pedreira Uruguay

Temas tratados

Tema I

Se establece como metodología que cada parlamentario enriquezca siguiendo el orden alfabético de cada país.

• Informe de la Subcomisión de Deuda Externa

Elaboración del proyecto de Ley Marco de Renta Básica.

Exposición de la diputada Sofía Castro, sobre el trabajo de la subcomisión, dando lectura al documento elaborado.

Entregó del trabajo de la subcomisión que se resume en la Ley Marco de Renta Básica que consta de 10 artículos elaborado por la diputada Vela que resalta los derechos humanos básicos como erradicar la pobreza, incluyendo como beneficiarios a los emigrantes Se adjunta al acta.

El diputado Treviño también entrega una propuesta de ley marco de renta básica que fueron debatidas ambas propuestas.

La subcomisión se manifiesta a favor de la ley marco de renta básica.

Participaron los miembros Campos, Torre Canales, Ronnie Escobar, Guzmán Pedreida, Guevara, Vela, Treviño.

Se acordó culminar la Ley Marco para el mes de noviembre, para lo que se solicita elevar a la Secretaría de Comisiones, senador Moreno, la propuesta de realizar una reunión extraordinaria en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, en Lima o en Panamá, en el mes de noviembre de 2010.

Se agregó un disco compacto sobre la renta básica más allá de la sociedad salarial de autoría de Jorge Giraldo Ramírez.

Tema II

Las metas del Parlatino en el contexto de las Metas del Milenio

Expuso la diputada María Soledad Vela de Ecuador

La exposición se resume en que Ecuador avanza en el cumplimiento de las metas del Milenio, con programas específicos para cada meta que están siendo implantadas.

Intervienen haciendo uso de palabra los Miembros Treviño, Campos, Arosemena, Milo Swaen, Menchola, Castro, Guevara, Quispe Julián, Ronnie Escobar, quienes exponen sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio en sus respectivos países.

El Parlatino, a través de las naciones que la integran avanzan positivamente en el cumplimiento de las metas del milenio con la implantación especifica de programas y acciones para erradicar la pobreza, protección del medio ambiente, igualdad de género, seguridad alimentaria, reducir la muerte por enfermedades prevenibles.

Tema III Addenda

Situación política de Ecuador

La diputada María Soledad Vela informa sobre los acontecimientos que se dan en Ecuador referentes a una manifestación de policías que termino con violencia y se desconoce el estado del Presidente Correa quien aparentemente fue herido.

Comentó que era difícil la comunicación con su país por el caos y la tensión. Dio lectura a una propuesta de declaración.

Participaron el diputado Guevara quien propuso el repudio al acto en que se puso en riesgo la democracia y las instituciones legítimas de Ecuador.

El diputado Campos y Aremeda exhorta el respeto al presidente electo y a las instituciones constitucionales legitimas.

Por unanimidad se acordó dar respaldo a la Presidencia de Ecuador y la solidaridad con el pueblo ecuatoriano.

Se exhortó a que el Parlatino siente postura al respecto.

Se da lectura a una propuesta de declaración que expone como considerando el tratado de institucionalización del Parlatino, artículo 2 establece la defensa de la democracia.

Y resuelve exhortar a la Mesa Directiva del Parlatino que se pronuncie a favor de la democracia

Se enriqueció con la propuesta del diputado Treviño. Dio lectura la diputada Vela al texto y se aprobó por unanimidad siendo distribuido a todos los participantes.

Asesora: Secretaría de Comisiones Parlatino: Licenciada Norma Calero.

Asistente: Licenciada Liduvina Vera.

Conclusiones: Se aprobó el documento trabajado en la Subcomisión de Deuda externa y se acuerda socializar y enriquecer la ley marco de renta básica para fines de noviembre.

Se aprobó la declaración que forma parte del acta sentando postura referente a los hechos de desestabilización que ocurren en Ecuador.

Se agradece la cordialidad con la que el Congreso de Paraguay recibe a los Parlamentarios del Parlatino y se destaca la eficiencia en la organización.

El 1 de octubre concluye la sesión.

Atentamente

Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)



Actas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la octava reunión plenaria, celebrada el miércoles 22 de septiembre de 2010

A las 18:00 horas del miércoles 22 de septiembre de 2010, en la sala de juntas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, situada en el basamento del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, se inició la octava reunión plenaria de ésta, presidida por Yolanda de la Torre Valdez.

Además de la presidenta, estuvieron presentes los diputados Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo, Daniela Nadal Riquelme, María Joann Novoa Mossberger, Yolanda del Carmen Montalvo López, Claudia Edith Anaya Mota, Carlos Bello Otero, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Hilda Ceballos Llerenas, Inocencio Ibarra Piña, Rosario Ortiz Yeladaqui, Ana Elia Paredes Árciga, María Isabel Pérez Santos y María Sandra Ugalde Basaldúa.

No estuvieron presentes los diputados Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Olga Luz Espinoza Morales, Ilich Augusto Lozano Herrera y Laura Margarita Suárez González.

Los diputados Pedro Ávila Nevárez, Laura Felícitas García Dávila, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Liborio Arrazola, Rosalina Mazari Espín, Nely Edith Miranda Herrera, Malco Ramírez Martínez, Caritina Sáenz Vargas y Guadalupe Valenzuela Cabrales justificaron mediante oficio su inasistencia a la reunión.

Los asuntos tratados en la reunión fueron los siguientes:

1. Verificación de quórum

La presidenta, Yolanda de la Torre Valdez, solicitó a la secretaria Yolanda del Carmen Montalvo López que informara del cómputo de asistencia. La diputada informó que había registradas 15 firmas de asistentes. Se declaró el quórum reglamentario.

2. Lectura del orden del día

Yolanda de la Torre Valdez solicitó a Yolanda del Carmen Montalvo López que leyera el orden del día y consultase sobre su aprobación.

Una vez leído, el orden del día fue aprobado en votación económica.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior

A solicitud de la presidenta, la secretaria Yolanda del Carmen Montalvo López consultó si se omitía la lectura del acta de la sesión anterior porque se había distribuido previamente. En votación económica, la mayoría se manifestó a favor. Se omitió la lectura.

Puesta a discusión el acta, la secretaria consultó si era de aprobarse. Por unanimidad fue aprobada y suscrita de inmediato.

4. Comunicaciones

La secretaria Yolanda del Carmen Montalvo López leyó las comunicaciones, atendiendo la instrucción de la presidenta:

• De la diputada Caritina Sáenz Vargas, una propuesta de modificación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 13 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y 1o., fracción VII, 2o., fracción I, 17 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• De la Comisión de Economía, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en sentido positivo.

5. Revisión, análisis y, en su caso, aprobación del anteproyecto de metodología y ruta crítica para elaborar el dictamen en materia de discapacidad

Yolanda de la Torre comentó que de las dos propuestas hechas llegar a la presidencia de la comisión, se retomó el espíritu de cada una a fin de unificar la propuesta.

Comentó que se buscaron consensos con Enrique Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, para establecer líneas de trabajo conjuntas.

Explico cada parte del documento presentado e hizo los siguientes señalamientos:

Que la secretaria Claudia Anaya Mota presentara una metodología para realizar reuniones con representantes de las dependencias de la administración pública federal.

Que a propuesta del senador Tamborrel, las iniciativas en estudio se enviaran a la Conferencia Nacional de Gobernadores para su conocimiento.

De igual manera se enviarán a las legislaturas estatales, como propone la diputada Susana Hurtado.

Se estableció que el grupo de trabajo se reunirá todos los lunes, por la mañana.

Se plantea que para el 3 de diciembre se haya terminado la primera etapa del proceso bicamaral.

Respecto a las iniciativas turnadas a comisiones unidas, la secretaria Claudia Anaya Mota revisará la viabilidad de éstas para poder votarlas.

La presidenta sometió a votación los lineamientos señalados, que se aprobaron por unanimidad.

6. Revisión, análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta para elaborar la opinión en materia del PEF de 2011 que se habrá de entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

La presidenta dijo que este año las comisiones ordinarias emitirán sólo una opinión sobre el proyecto de PEF de 2011. Destacó la propuesta de establecer procedimientos a fin de que puedan llevarse recursos a las entidades federativas para proyectos de infraestructura, rehabilitación y equipamiento, entre otros.

La secretaria Susana Hurtado Vallejo comentó la necesidad de tener una perspectiva amplia en términos presupuestarios de los grupos vulnerables.

La diputada De la Torre pidió a los legisladores que revisaran el documento en análisis para las consideraciones a que hubiere lugar.

Finalmente, la presidenta planteó buscar la forma de incluir un apartado para que con esa partida los diputados puedan incidir en los programas que consideren a fin de apoyar a sus estados.

7. Revisión, análisis y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades

La presidenta sometió a votación el informe, que fue aprobado por unanimidad y suscrito en seguida por los diputados.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez declaró en sesión permanente los trabajos de la comisión, para luego declarar un receso.

Receso

8. Asuntos generales

La sesión se reanudó el 30 de septiembre del presente año, en el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la presencia del licenciado Raúl Cerón Domínguez, director operativo de Telmex; y del doctor Sergio Medina González, jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF, quienes acudieron para entregar tres sillas de ruedas a cada integrante de la comisión, la cuales fueron gestionadas por la presidenta, Yolanda de la Torre Valdez.

Los invitados especiales dirigieron un mensaje y señalaron que se buscará en posteriores ocasiones ampliar el número de sillas para entregar a la comisión y beneficiar con ello a más personas con discapacidad en las diferentes entidades federativas.

Se sometieron a consideración del pleno el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y a la ALDF a crear una comisión de la niñez, adolescencia y familias”.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López comentó que el dictamen era viable y que debería votarse enseguida. Puesto a votación, fue aprobado y suscrito enseguida.

La presidenta comentó que la Mesa Directiva de la Cámara informó mediante el oficio número DGPL 61-II-9-1876 que la diputada Daniela Nadal Riquelme causaba alta como secretaria en la comisión.

Asimismo, hizo un repaso general de lo abordado en la reunión convocada para el 22 de septiembre del presente año.

Finalmente, como no había otro asunto pendiente por tratar, la diputada Yolanda de la Torre dio por terminada la sesión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Atentamente

Diputada Yolanda de la Torre Valdez

Presidenta

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, derivada de la duodécima reunión plenaria, verificada el jueves 23 de septiembre de 2010

En el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 15 horas con 35 minutos del jueves 23 de septiembre de 2010, se reunieron los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3098, del miércoles 15 de septiembre de 2010, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum

El diputado Reyes Tamez Guerra solicitó a la secretaría dar cuenta del registro de asistencia.

El secretario Óscar Román Rosas González anunció que habían firmado la lista de asistencia en esa sesión los diputados Reyes Tamez Guerra, Óscar Román Rosas González, Alejandro Bahena Flores, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, José Alberto González Morales, Aarón Irízar López, Óscar Lara Salazar, María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Antonio Yglesias Arreola, Tomás Gutiérrez Ramírez, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Oralia López Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, César Octavio Pedroza Gaitán, Gerardo Leyva Hernández, Alejandro del Mazo Maza, Juan Enrique Ibarra Pedroza y Pedro Ávila Nevárez.

Estuvieron ausentes los diputados Ángel Aguirre Herrera, José Trinidad Padilla López, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino y Ana Luz Lobato Ramírez.

El diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la comisión, manifestó que se contaba con la asistencia de 21 diputados, con 5 ausencias y 0 justificaciones, de 26 integrantes que en esa fecha forman la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal.

2. Lectura del orden del día

El diputado Reyes Tamez Guerra procedió a leer al orden del día: 1 Verificación de quórum;

2. Lectura del orden del día; 3. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la 10a Reunión Ordinaria de la Comisión; 4. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a elaborar, con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores un catálogo de problemas y necesidades nacionales; 5. Presentación del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de Ciencias; 6. Intervención del Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el Proyecto de la Alianza “Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, AC”; 7. Intervención del doctor Mario César Salinas Carmona, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el proyecto “Segunda Etapa del Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica”; 8. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del sector ciencia y tecnología para el Ejercicio Fiscal de 2011; 9. Proyecto de punto de acuerdo para solicitar mayores rubros del desarrollo científico, tecnológico y de innovación; 10. Asuntos generales.

Enseguida, anunció que estaba a discusión el orden del día y toda vez que no generó discusión, lo sometió a votación: aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la décima reunión ordinaria

Para el desahogo de este punto el presidente, Reyes Tamez Guerra, sometió a consideración de los presentes el acta derivada de la sesión anterior, referida a la décima sesión ordinaria realizada el 21 de julio de 2010, remitida previamente a cada diputado, al no haber oradores la sometió a votación: aprobada por unanimidad.

4. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a elaborar con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores un catálogo de problemas y necesidades nacionales, y a establecer plazos máximos para su atención planificada y definitiva, presentado por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Puesto a consideración de los señores diputados para realizar alguna intervención respecto al tema, que ya se había discutido previamente, por lo que no generó discusión y se votó de la manera habitual, manifestando su conformidad 16 diputados, cero votos en contra y cero abstenciones. Por tanto, se aprobó en sus términos la proposición con punto de acuerdo, turnándolo al pleno de la Cámara de Diputados.

5. Presentación del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de Ciencias

El presidente, Reyes Tamez Guerra informó de la reunión con el doctor Arturo Menchaca Rocha, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, quien propuso elaborar un convenio de colaboración entre la Academia Mexicana y Ciencias y el Congreso, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se entrega a todos los integrantes de la comisión con el fin de que lo conozcan y para su discusión en la próxima reunión.

6. Intervención del doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el Proyecto de la Alianza “Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, A. C.”;

El doctor Alcocer hizo la presentación de un proyecto que encabeza la Universidad Nacional, pero que no es de ella, es un proyecto que va más allá, es un consorcio entre gobierno, las empresas, las instituciones de educación superior y las asociaciones profesionales en materia de investigación y de formación sobre especialistas en infraestructura para el desarrollo de México.

La alianza tiene una asamblea de asociados, 61 socios y un Consejo Directivo que preside el rector de la Universidad Nacional, con 15 consejeros, un secretario, un tesorero y dos comisarios. Esto opera a través de un director general y una comisión de honor y justicia.

La distribución de socios es: 11 en el sector gobierno, 22 en el sector empresarial, 23 en asociaciones profesionales y 5 en el sector académico.

Los principales postulados de esta alianza es propiciar el fortalecimiento y el desarrollo de la ingeniería y de la infraestructura mexicana.

En el área de la ciencia y la tecnología se escucha hablar de la Triple Hélice, ésta es en realidad una cuádruple de hélice, en donde lo que estamos haciendo es vinculando al sector gubernamental que son aquí los asociados: Banobras, Comisión Federal, la Comisión Nacional del Agua, la de Vivienda, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Distrito Federal, o sea, no únicamente el gobierno federal es parte de este consorcio; el IMP, el IMPI, Petróleos Mexicanos, SCT y la Secretaría de Energía.

Los objetivos de la alianza son primero que nada propiciar una articulación entre los varios actores, gobierno-empresa, instituciones de educación superior y asociaciones profesionales.

Por otro lado, se quiere que este mecanismo propicie la formación y actualización de ingenieros, reconociendo que nos hemos quedado atrás en la formación de especialistas en infraestructura, comparado con los socios que actualmente invierten en México. No estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Corea, de España, de Sudamérica y Centroamérica. Cuando antes México exportaba ingeniería lamentablemente ahora la estamos importando. Ese es un problema de soberanía de a de veras.

La alianza requiere de esta soberanía, y aquí es importante reconocer que participan los asociados en términos de su financiamiento, su apoyo para que a través de la comisión, se le asignen recursos a la alianza para la construcción de este primer laboratorio, en este caso estamos pidiendo 150 millones de pesos y a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes una partida de 50 millones de pesos.

Todo esto etiquetado a la Alianza y obviamente con los requisitos y las consideraciones de transparencia y rendición de cuentas, que por supuesto debe de darse y obviamente no rehuimos, de manera que quede claro en qué vamos a usar los recursos.

Se entregó un plan financiero de la alianza, en donde solicitan recursos del PEF por 200 millones. El terreno, el primero de los laboratorios estaría en Ciudad Universitaria, pero sería el único que estaría ahí, todos los demás estamos viendo en otras universidades, en otras partes del país, según la conveniencia del proyecto.

El presidente, Reyes Tamez Guerra comentó que estos proyectos son de la mayor pertinencia e importancia para el país. No puede ser que México esté dependiendo de otros países para realizar este tipo de estudios, que son necesarios para la creación de toda la infraestructura en el país.

Por el espíritu que priva en la comisión, el proyecto tendría el respaldo de todos nosotros para presentarlo y para hacer un esfuerzo por tratar de conseguir los recursos que requieren para iniciar el proyecto.

El diputado Pedro Ávila Nevárez afirmó que el proyecto le parece magnífico y que los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología apoyaran este proyecto para el bien de México.

El presidente diputado Reyes Tamez Guerra coincidió e informó que el proyecto sería incluido en la propuesta para la Comisión de Presupuesto.

7. Intervención del doctor Mario César Salinas Carmona, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el proyecto “Segunda Etapa del Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica”.

El presidente, Reyes Tamez Guerra presentó al doctor Mario César Salinas Carmona para hacer la exposición del proyecto, en representación del doctor Jesús Ancer Rodríguez, rector de la universidad.

La primera etapa del proyecto inició en agosto de 2007, al iniciar la carrera de ingeniero aeronáutico en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde hay inscritos 200 estudiantes, población que se espera para la segunda etapa sea de 300 estudiantes de esta carrera, que responde a la necesidad de formación de ingenieros de un alto desempeño para la industria de manufactura aerospacial.

En Nuevo León se ha constituido un clúster de la industria aeronáutica, Monterrey Aerocluster, una agrupación de empresas de la manufactura como Frissa Aerospace, MD Helicopters Monterrey, Grupo Lomex, Grupo OMA y Monterrey Jet Center, las cuales forman parte del Consejo Consultivo Externo del centro de Investigación, el cual vigila que el programa satisfaga las necesidad de la industria y que también cuenta con el Instituto Politécnico Nacional, que a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Campus Ticomán, se ha incorporado como parte del consejo, para dar seguimiento a las actividades de este centro.

También se proyectan colaboraciones de movilidad académica de licenciatura y postgrados entre el Centro y el Instituto de Mantenimiento Aeronáutico de Burdeos, Ensica y la Universidad de Lion en Francia, Universidad Politécnica de Valencia España y la Universidad de Concepción en Chile.

La visión del centro de investigación, es la innovación en ingeniería aeronáutica y ser el brazo tecnológico de la industria aeronáutica que promueve actividades orientadas a desarrollar nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos materiales y nuevos procesos.

En resumen, las actividades del centro son investigar y desarrollar tecnología en esta área del conocimiento; generar capital humano, con la carrera de ingeniero, pero también con la carrera de técnico superior que se requiere fundamentalmente para apoyar esta industria; y proveer servicios tecnológicos muy especializados para la industria aeroespacial.

El apoyo que se solicita a esta Comisión de Ciencia y Tecnología es para continuar con este centro de investigación que está a un 60 por ciento de su primera etapa, que ya está funcionando en muchos de sus laboratorios, y que para la segunda etapa requiere inversión en equipamiento de laboratorios por 60 millones de pesos.

El doctor Mario César Salinas Carmona aclaró que la carrera de ingeniero aeronáutico existe también en Chihuahua, pero tampoco está funcionando todavía al 100 por ciento y recordó que el Instituto Politécnico Nacional creó la carrera de ingeniero aeronáutico en 1937, pero desde entonces ninguna institución en el resto del territorio nacional se había ocupado por llenar esta necesidad tan importante en el desarrollo de México.

El presidente, Reyes Tamez Guerra agradeció la presentación y comentó que se va a tomar en cuenta este proyecto para la discusión del presupuesto que tendrá la comisión.

8. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del sector ciencia y tecnología para el Ejercicio Fiscal de 2011

El presidente diputado Reyes Tamez Guerra informó de la entrega de la carpeta con el proyecto de presupuesto y señaló que la fecha límite de la Comisión para solicitar reunión con la Comisión de Presupuesto es el 8 de octubre.

Al respecto, propuso un acuerdo para hacer la solicitud formal de modificación presupuestal a la Comisión de Presupuesto y solicitar una reunión que se agende con oportunidad, ya que una de las reglas establecidas por esta Comisión es que las reuniones con las comisiones ordinarias tengan duración de una hora, en el periodo del 6 al 23 de octubre.

Se entregó una copia del análisis desglosado del proyecto de presupuesto de egresos para ciencia y tecnología de parte de la Secretaría de Hacienda yde todos los acuerdos desglosados para su revisión y observaciones.

Al respecto el diputado Reyes Tamez Guerra comentó que el presupuesto global es de 3 billones 378 mil millones de pesos y que el producto interno bruto que se está considerando para el año 2011 es de 14 billones, 140 mil millones de pesos.

En particular, en el ramo 38, donde se ubica a ciencia y tecnología, al Conacyt se le asignan 13 mil 380 millones de pesos como presupuesto, y para los centros de investigación del Conacyt 6 mil 410 millones de pesos.

Detalló el rubro del Conacyt, que es el que más interesa y donde se pueden hacer algunos ajustes para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, así como al rubro de becas y para el Sistema Nacional de Investigadores.

Comentó que integrada toda la inversión que se realiza en ciencia y tecnología se mantiene el 0.4 por ciento del producto interno bruto, que no crece como porcentaje del PIB el presupuesto de ciencia y tecnología del país.

Otra lectura es el impacto por rubros del presupuesto a Conacyt, que tiene un crecimiento, en términos reales, con respecto al presupuesto del año pasado ya que los programas sustantivos tienen un incremento del 7.7 por ciento. De igual forma, becas de posgrado crece 14.8 por ciento; el Sistema Nacional de Investigadores crece 9.3 por ciento; Apoyo a la Consolidación Institucional, 12 por ciento y Fortalecimiento a las entidades federativas baja, menos 56 por ciento.

En cuanto a los gastos de operación se tiene un crecimiento de 3.1 por ciento; un problema en esto es que es que, como en otras ocasiones, la Secretaría de Hacienda no está autorizando plazas para los centros públicos de investigación, lo cual es un tema para modificación, porque existe una gran cantidad de gente que se está graduando, con estudios de posgrado, y que finamente no encuentran una plaza dónde poder ejercer, lo cual es una dificultad para todas las instituciones de investigación y de educación superior del país.

En el caso del Sistema Nacional de Investigadores el presidente diputado Reyes Tamez Guerra comenta que es un tema que hay que empujar también.

El Fondo Sectorial Conacyt-SEP, que es para los apoyos de posgrado de calidad de todas las universidades del país, pasaría de 450 a 500 millones, con un crecimiento de 1 por ciento. En este punto se pide la unión para buscar un fondo que elevara al máximo la ayudar a todas las universidades, a lo que el presidente diputado Reyes Tamez Guerra reitera que ésa es la idea, la de conocer al detalle el proyecto y empujar para lograr mayores recursos.

Respecto al proyecto del gran telescopio milimétrico, comenta de la invitación del Foro Científico y Tecnológico para hacer una visita al gran telescopio, que va a ver su primera luz en noviembre. Se localiza en los límites entre Puebla y Veracruz, cerca del Pico de Orizaba y es el telescopio de su tipo más grande del mundo. En Islas Canarias hay uno de este tipo, que tiene 30 metros de circunferencia y éste tiene 50 metros de circunferencia. Es el que va a ver a mayor profundidad que cualquier otro en el mundo, va a permitir hacer estudios a la mayor profundidad.

El presidente diputado Reyes Tamez Guerra concluye comentando que lo que requiere el Conacyt son 15 mil 246 millones, por lo que hay una diferencia de 2 mil 541 millones de pesos, adicionales al presupuesto que se presentó en estos rubros. De esta manera propuso, ante la evidente falta de más recursos del proyecto que fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la firma de un punto de acuerdo para presentar al pleno de la Cámara de Diputados solicitando respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 contemple un incremento adicional de recursos que permita fortalecer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que el país requiere.

Señaló la importancia de hacerlo antes de hacer el análisis completo, para buscar el respaldo del pleno para poder conseguir más recursos para todas estas actividades. Así que puso a consideración el punto de acuerdo.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas reconoció que el presupuesto no se presentó como el año pasado, en que hubo un poco más de incremento. En términos generales, el incremento global es del 3.5 por ciento, en lo general el aumento es mejor que el del año pasado, pero el problema está al final considerando el producto interno bruto, ya que seguimos igual que el año pasado, que era en el punto cuatro por ciento.

Cuando desde el año pasado, hemos estado reiterando que hay que cumplir con lo que establece la Ley General de Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología, de que sea del 1 por ciento, es decir, no estamos ni al 50 por ciento de lo que está en la ley.

En ese sentido es correcto sumarnos para que el incremento se dé y sostener el criterio que establece la ley de tratar de alcanzar el 1 por ciento o por lo menos al 6 o al 0.7 por ciento, ya que países de África andan en 2.5 por ciento, Ruanda, por ejemplo, que acaba de pasar una guerra civil terrible, hay más de 8 países africanos que están arriba del 2 por ciento y México en la fiesta del bicentenario no crece en ciencia y tecnología, el desarrollo científico no avanza y tenemos que concretarlo, no en el discurso sino en las cifras.

Apoyar el rubro donde prácticamente las entidades federativas casi le bajan el 56 por ciento, me parece un presupuesto todavía muy centralista donde no se le da prioridad a la provincia.

El presidente, Reyes Tamez Guerra comentó que se busca, igual que el año anterior, hacer una lista de proyectos prioritarios para el país, para las entidades y en ese sentido reiteró la invitación para que los proyectos que consideren importantes se incluyan y se invite a quienes presentan los proyectos a presentarlos en la comisión, con el fin de tener más elementos de juicio para apoyar proyectos como se hizo el año pasado.

El presidente diputado Reyes Tamez Guerra sometió a votación la propuesta, resultando 17 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones: aprobado por unanimidad en sus términos.

Acto seguido, y sin intervenciones en asuntos generales, a las 17 horas del jueves 23 de septiembre de 2010, el diputado Reyes Tamez Guerra dio por concluida la duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Atentamente

Diputado Reyes Tamez Guerra

Presidente

De la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, referente a la reunión ordinaria celebrada el miércoles 16 de junio de 2010

A las 13:22 horas, del 16 de junio del presente año, en el salón E en el segundo nivel del edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron 16 de los 27 diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, de conformidad con la convocatoria publicada en Gaceta Parlamentaria del jueves 27 de mayo del 2010, para el desahogo del orden del día que a continuación se desarrolla.

Registro de asistencia

- Asistieron:

César Octavio Pedroza Gaitán, presidente; María Isabel Merlo Talavera, Rafael Pacchiano Alamán secretarios; Carlos Bello Otero, Germán Contreras García, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Héctor Fernández Aguirre, Sergio Gama Dufour, Jesús Giles Sánchez, Samuel Herrera Chávez, Sergio Mancillas Zayas, Guadalupe Pérez Domínguez, Cora Pinedo Alonso, Miguel Ángel Riquelme Solís, Jesús María Rodríguez Hernández, Ricardo Sánchez Gálvez.

- No asistieron:

Omar Fayad Meneses, Adán Augusto López Hernández, José Luis Soto Oseguera, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Víctor Manuel Báez Ceja, María Estela de la Fuente Dagdug, Gustavo González Hernández, Olivia Guillen Padilla, Miguel Martínez Peñaloza, Silvia Isabel Monge Villalobos, Cristabell Zamora Cabrera.

Se recibieron en la comisión las justificaciones de los siguientes diputados:

• Mediante oficio de fecha 9 de junio de 2010, signado por el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, justifica la inasistencia del diputado quien se encontraba comisionado para asistir en Baja California como secretario de la Comisión de Turismo.

• Mediante oficio de fecha 15 de junio de 2010, signado por Gabriel Téllez Mondragón, asesor del diputado Miguel Martínez Peñaloza, justifica la inasistencia del diputado quien se encontraba en un evento de Tequisquiapan.

• Se recibió copia del oficio JLSO/0147/2010, de fecha 7 de junio, signado por el diputado José Luis Soto Oseguera y dirigido a la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, oficial mayor del grupo parlamentario, mediante el cual informa que asistirá a una reunión en París, Francia con personal de la Organización de las Naciones Unidas.

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes

El Diputado y Presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, Ing. César Octavio Pedroza Gaitán, haciendo uso de la palabra, dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión y agradeció la presencia de todos los ahí reunidos y solicitó a la Secretaria de la Comisión la Dip. María Isabel Merla Talavera, verificara el quórum.

2. Declaratoria de quórum

Procediendo la diputada María Isabel Merla Talavera a verificar el cómputo del registro previo de asistencia, estando presentes 16 diputados, cumpliendo este con el número de integrantes reglamentario, en virtud de lo cual se declaró el quórum legal.

3. Lectura del orden del día.

Acto seguido, el presidente de la comisión instruyó a la Secretaría leer el orden del día, el cual fue aprobado, por unanimidad.

Procedió el presidente, César Octavio Pedroza Gaitán, a continuar con el orden del día.

4. Aprobación del acta derivada de la reunión extraordinaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo del 28 de abril

El presidente, César Octavio Pedroza Gaitán solicitó a la diputada María Isabel Merlo Talavera, que consultara a los diputados presentes si se dispensaba la lectura del acta referente a la reunión extraordinaria realizada el 28 de abril de 2010, en virtud de que había sido enviada con antelación a cada uno de los integrantes, mediante el oficio número CFF 1ST 1095/10, de fecha 7 de mayo de 2010.

Se dispensó la lectura y se puso a consideración el contenido de la misma, los integrantes del pleno la aprobaron por mayoría.

5. Entrega del proyecto de Foros Regionales: Federalismo fiscal en México: Por un nuevo pacto fiscal para estados y municipios

Con relación a este punto del orden del día, César Octavio Pedroza Gaitán, presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, señaló que se habían anexado en las carpetas de los integrantes de la comisión el proyecto para la realización de foros regionales con la temática de El federalismo fiscal en México por un nuevo federalismo fiscal para estados y municipios.

Con el fin de que lo revisaran los integrantes e hicieran llegar en un plazo de ocho días las propuestas respecto a los foros, para definir en los próximos días una temática más completa, más profunda, con las aportaciones que todas y todos los diputados integrantes de la comisión hicieran llegar.

Pues señaló el diputado Pedroza que la intención era abrir un espacio de debate, un espacio de aportación, de propuestas para que como un producto de la comisión pudieran aportar a esta legislatura elementos con la visión federalista, particular y precisamente de los integrantes de la misma, en virtud de que estaban en la etapa de la conformación de la temática y dijo que en unos cuantos días les haría llegar a sus respectivas oficinas temas más relacionados con la propuesta de fechas y sedes para estos foros.

Solicitó el uso de la palabra el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, quien pidió fuera considerado Querétaro en uno de estos foros regionales para no dejar de pasar por alto que estamos en el marco de la conmemoración, tanto del bicentenario como del centenario, para el gobierno de Querétaro, y que ya lo había platicado con el gobernador y con los 18 presidentes municipales, y que les sería altamente satisfactorio y una oportunidad de atender a los miembros de la comisión y a los que participen en este foro, para que sea considerado Querétaro.

Agradeció el diputado Pedroza Gaitán el ofrecimiento del diputado Jesús María Rodríguez Hernández y comentó que lo valorarían en la mesa directiva, y estarían en condiciones de encontrar una ubicación estratégica, desde el punto de vista no solamente geográfico, sino también de la importancia que pueda tener.

Por su parte, el diputado Héctor Fernández Aguirre externó que él –en otra ocasión–había dicho que en octubre, en Ramos Arizpe, Coahuila, ahí donde nació precisamente el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe, quería que también fuera las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara y del Senado, para hacer un bueno acto allá en Coahuila.

Hizo uso de la palabra el presidente diputado César Octavio Pedroza Gaitán quien comentó que respecto al tema de las fechas. No quería que se recorrieran mucho, por una idea fundamental: que el producto o los resultados de esos foros puedan tener un peso específico en el análisis de las decisiones que tomará esta legislatura en noviembre y diciembre, con el tema de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos.

Por eso en un principio se había pensado que los foros fueran antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, por eso lo de agosto, pero que sin embargo no era restrictivo.

Por lo que reiteró la solicitud de que las propuestas las hicieran llegar a la brevedad posible, tanto en lo temático, como de la posibilidad de algunas otras sedes, a valorar.

6. Entrega de listado de las iniciativas presentadas en la LXI legislatura que modifican, reforman y adicionan artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de Federalismo .

Continuando con el siguiente punto en el orden del día, el diputado César Octavio Pedroza Gaitán señaló que se programó la entrega de un documento que consiste en un listado de las iniciativas presentadas en esta legislatura, las cuales contemplan modificaciones, reformas o adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de Federalismo, las cuales se encuentran pendientes de dictamen en las comisiones a las que fueron turnadas.

Por lo que la intención del documento era que se valore cuáles pueden ser prioritarias, pero sobre todo, benéficas para el federalismo, y que los diputados que son integrantes de esas comisiones a las que fueron turnadas, las puedan impulsar como asuntos prioritarios.

Recordó el diputado Pedroza Gaitán que en una sesión anterior planteó que era del mayor interés de esta comisión, que sea considerada para codictaminar, o para en todo caso establecer opiniones en temas que, de manera casi natural se están dirigiendo a las Comisiones de Puntos Constitucionales, o a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público pero que sin embargo, aunque eran temas que por su contenido no podían soslayarse la participación de una comisión relacionada, como es la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Por lo que la mesa directiva de la comisión emitió una solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con el fin de que todos aquellos asuntos que sean materia de federalismo o incidan sustantivamente en el campo de competencia de esta comisión sean turnados a este órgano legislativo para su estudio y dictamen o, en su caso, opinión, en virtud de que es interés de los integrantes de ésta, participar en los asuntos que tengan que ver con la materia.

Y lamentablemente se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de que el reglamento establece que no se puede remitir para la codictaminación a posteriori a un plazo establecido, que si no mal recuerdo de cuatro días después de que se presentó en el pleno. Por lo tanto, no podían –reglamentariamente– solicitar las iniciativas que fueron turnadas en estos plazos perentorios muy determinados por el reglamento, se ha tenido un acercamiento con la Mesa Directiva en este sentido y no logramos, definitivamente, que pudiera ser modificado el criterio.

Pero que lo importante, y por eso el valor de este documento que los integrantes estaban recibiendo era para que todos los diputados, y sobre todo, los grupos parlamentarios aquí representados puedan trabajar al seno de sus propios grupos, y con sus compañeros que forman parte de estas comisiones, sobre todo la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Puntos Constitucionales, para que todos hagamos la labor pertinente, que se requiera para que se puedan ir desahogando en la dictaminación, estos puntos que sin duda son importantes.

También dijo que era lamentable ver cómo va creciendo lo que se conoce comúnmente como “la congeladora legislativa”, en temas que le parecían que hoy ya deberían de estarse discutiendo. Por lo que hizo un atento llamado a todos los integrantes de la comisión para que cuando revisen este listado de iniciativas que obran en poder para su dictaminen de otras comisiones puedan desde el seno de sus grupos parlamentarios buscar la forma en que vayan transitando prioritariamente con la mayor celeridad.

Dijo que ese es el objeto de esta relación es interesante ver cómo varias de ellas, incluso han surgido de diputados integrantes de esta comisión, y que lamentablemente no tuvieron y asumía la responsabilidad, la atingencia de buscar oportunamente la solicitud de codictaminación, que solamente se logro presentar la solicitud de una de ellas, y está por turnarse a nuestra comisión.

El diputado Samuel Herrera Chávez señaló que el tema era importantísimo, sobre todo, de poder fortalecer e incidir en los dictámenes que tienen que ver con esta comisión importante, de la cual todos son miembros. Dijo que valdría la pena como lo había señalado el presidente diputado, que esto lo tomaran como reflexión y lo analizaran al interior con cada unos de los asesores de los diputados y con los propios diputados como también con la secretaría técnica de la comisión, para que de alguna manera pudieran fortalecer e incidir en esas propuestas que son importantísimas, sobre todo para el fortalecimiento. y para el aspecto de que tienen que legislar tanto para los municipios como para las entidades.

Reiteró que, como lo había señalado el presidente de la comisión, que quizá no hubo la oportunidad de codictaminar, que por eso era importante la posibilidad de aprovechar la oportunidad. Dijo que en el listado había muchas iniciativas importantes y estratégicas, y considero necesario la oportunidad de fortalecerlas y cobijarlas.

Comentó que sería importante que se nos diera una ficha técnica en las cuáles se especificara la importancia de las iniciativas y cuales se podrían dictaminar en positivo y no en negativo o queden estancadas y legislar a favor del fortalecimiento al federalismo, y sobre todo a los municipios.

El presidente, César Octavio Pedroza Gaitán preguntó a los integrantes de la comisión si alguien tenía algún otro comentario al respecto.

Solicitó el uso de la palabra el diputado Sergio Gama Dufour, quien comentó que en el cuadernillo que se proporcionó, vienen las iniciativas que están presentadas sobre todo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Continúo señalando que la mayoría han sido alcaldes de algún municipio y ver que en estos momentos algunos están siendo auditados por la federación, y había observaciones precisamente de alguna de las iniciativas que están en tránsito aquí en la Cámara de Diputados.

Asimismo, exhortó a todos a la agilización de la aprobación de este tipo de iniciativas que están en tránsito. Y ver también en torno a las observaciones que se están haciendo a los municipios en esa materia que tienen que ver con las iniciativas pendientes, cómo poder entrelazarlas y sacarlas adelante.

Pidió el uso de la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, quien señaló que no se le ha dado a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, la dimensión que tiene, y que muchos de ellos han sido ediles, y bien desde la construcción de los presupuestos, su revisión y sus procedimientos, en fin, a lo que nos enfrentamos.

Dijo que si bien valía la pena y era cierto la comisión sustancial –la de Puntos Constitucionales– en el aspecto deliberativo, pues era importante empujar y hablar con la Junta de Coordinación Política, que sean Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y que a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo le den todos los temas que tienen que ver con los municipios. Incluso propuso hacer un documento, lo pongo sobre la mesa, para que se hagan de esa manera las deliberaciones en el seno de comisiones unidas.

Hizo uso de la palabra el presidente, César Octavio Pedroza Gaitán, quien señaló que ya se había solicitado a la Mesas Directiva en muchas de las iniciativas que se habían presentado que se tomara en cuenta, si bien ya no para codictaminar, por lo menos para emitir una opinión. Puesto que en la comisión se ha resuelto ya en opinión algunas iniciativas. No como codictaminadora. Pero que lamentablemente la respuesta de la Mesa Directiva fue que todo lo que ya había sido orientado hacia otras comisiones no podía redireccionarse. En ese sentido así lo planteamos.

El presidente, César Octavio Pedroza Gaitán instruyó a la secretaría de la comisión, diputada María Isabel Merlo TaIavera, que consultara a los integrantes de la comisión si existiera algún asunto que pudiera ser tratado en esta reunión como asunto general.

Procediendo la diputada secretaria María Isabel Merlo Talavera, a preguntar a los integrantes de la comisión, si deseaban tratar algún tema en específico.

7. Asuntos generales

Pidió el uso de la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, quien comentó que en el dictamen de presupuesto se aprobaron cerca de 2 mil millones de pesos para los municipios. Por lo que hizo un llamado sobre todo para la operación para que bajen nuestros recursos, pues muchos municipios ya habían presentado sus proyectos, pero en la Secretaría de Hacienda no ha salido nada.

Planteó la posibilidad de una reunión de la Comisión con la Secretaría de Hacienda, sobre todo que, dado que de la Cámara salió el dictamen, y sobre todo fue la iniciativa de esta comisión apoyar a los municipios.

Si ustedes bien recuerdan –dijo– planteamos dos puntos de acuerdo; uno que tendrían que ver sobre todo en un proyecto de presupuesto para los municipios marginados que están en zonas prioritarias, cerca de 8 mil millones de pesos, para infraestructura básica: agua potable, drenaje, en fin, todo lo que tiene que ver con infraestructura social básica y que no hubo respuesta positiva, puesto que en la Comisión de Presupuesto en el dictamen aprobado en el presupuesto del año pasado no se aprobó. Pero en relación a la propuesta cerca de 3 mil millones de pesos o algo así para la pavimentación de los municipios esta si se aprobó.

Continuó señalando que muchos representantes de las distintas federaciones, tanto de la gente de la AMMAC, de la ANAC del PAN; como de la AALMAC, del PRD; y del PRI la FENAMM; de las tres o cuatro federaciones que tienen que ver con el pluralismo de los ayuntamientos. A todos les interesa aterrizar y bajar en esos aspectos los recursos, puesto que varios han sido presidentes municipales y les interesa fortalecer a los municipios de donde provienen.

Por lo que externo su temor que por esas acciones es que haya muchos subejercicios, como hay muchos subejercicios digamos, en otras áreas y ejemplificó señalando el caso de una comparecencia con un secretario, en donde hay muchos subejercicios en lo que se refiere a caminos rurales, a carreteras alimentadoras, donde no hay proyectos y no se han registrado en la unidad de inversión. Esos son subejercicios, se van a perder esos recursos.

Por lo que reiteró la idea de tener una reunión de la comisión con la Secretaría de Hacienda para ver la posibilidad de que puedan bajar estos recursos lo más pronto posible, dado que es interés de los municipios poder ejercerse.

Haciendo el uso de la palabra el presidente, César Octavio Pedroza Gaitán comentó que si estaban de acuerdo los miembros de la comisión en aprobar la propuesta del diputado Herrera Chávez, de solicitar una reunión con los funcionarios correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se les informara sobre el estatus del ejercicio de ese presupuesto, y tal vez incluso conocer con mayor puntualidad la aplicación en los hechos de las reglas de operación, las cuales en su origen estuvieron un tanto confusas yeso propició que para muchos municipios se complicara realmente el poder presentar proyectos con agilidad.

El presidente, César Octavio Pedroza Gaitán instruyó a la secretaria de la comisión que consultara a los integrantes de la comisión si estaban de acuerdo en solicitar la reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Procediendo la secretaria María Isabel Merla Talavera a preguntar a los integrantes de la comisión, si estaban de acuerdo en solicitar dicha reunión. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El presidente, César Octavio Pedroza Gaitán haciendo el uso de la palabra agradeció a todos los ahí reunidos, puesto que en la reunión anterior habían sido enfáticos en manifestar su preocupación por el no haber podido llevar a cabo las reuniones anteriores por falta de quórum, dijo “hoy tengo que expresar mi beneplácito, mi satisfacción porque en esta reunión, contra mis propias expectativas tengo que ser honesto, pudimos llevar a cabo la reunión con quórum suficiente, con participación de un muy buen número de los diputados integrantes”.

Señaló también que siempre ponderando la responsabilidad, el sentido del compromiso de los diputados que en esta tarde asistieron; y sobre todo hacer votos de expectación, porque los trabajos de esta comisión, como bien lo dijeron hace un momento, tenga otra dimensión.

Externó que es necesario hacer que la comisión tenga mayor peso específico, pero que eso depende de todos. Puesto que tiene que ver con la aportación y la participación de todos, pidió a los diputados asistentes lo acompañen en hacer crecer los trabajos y la importancia de la comisión, presionando a sus respectivos grupos parlamentarios, estando muy atentos a que iniciativas que se presenten en el pleno para solicitar la ampliación de turno para poder ser codictaminadora o generadores de opinión en temas que evidentemente le corresponden también a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

8. Clausura de la reunión

No habiendo quien más hiciera uso de la palabra y no habiendo otro asunto que tratar, a las 13:55 horas del 16 de junio de 2010, el diputado César Octavio Pedroza Gaitán dio por clausurada la reunión ordinaria, agradeciendo a todos su presencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2010.

La Mesa Directiva de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Diputados: César Octavio Pedroza Gaitán, presidente; Francisco Vega de Lamadrid, María Isabel Merlo Talavera, Omar Fayad Meneses, José Luis Soto Oseguera, Adán Augusto López Hernández, Alejandro del Mazo Maza, secretarios (rúbricas).

De la Comisión de Juventud y Deporte, correspondiente a la novena reunión plenaria, efectuada el martes 3 de agosto de 2010

A las 12:00 horas del martes 3 de agosto de 2010, en el edificio G, salón B, se reunieron los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura para llevar a cabo la novena reunión plenaria, para el desahogo del siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden de día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Presentación de la iniciativa que reforma la Ley de Premios y Estímulos, en lo referente al Premio Nacional del Deporte.

5. Avance de la elaboración del megadictamen referente a la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Juventud.

6. Primer Foro legislativo mundial sobre juventud 2010.

7. Celebración del Día Nacional de la Juventud, 12 de agosto 2010.

8. Asuntos generales.

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez, presidente; Salvador Caro Cabrera, Nely Edith Miranda Herrera, Juan José Cuevas García, Sixto Alfonso Zetina Soto, Carlos Torres Piña, secretarios; Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Dora Evelyn Trigueras Durón, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Yulenny Guylaine Cortés León, Indira Vizcaíno Silva, Diego Guerrero Rubio.

Justificaciones: diputados Onésimo Mariscales Delgadillo, Carlos Cruz Mendoza.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la comisión, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, dio por iniciada la sesión.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

A continuación, el presidente dio lectura al orden del día y lo sometió a consideración; se aprobó en votación económica.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior

El presidente dio lectura y puso a consideración el acta de la sesión anterior; no habiendo quien hiciere uso de la palabra, se aprobó.

4. Presentación de la iniciativa que reforma la Ley de Premios y Estímulos, en lo referente al Premio Nacional del Deporte

El diputado José Francisco Landero mostro la propuesta de iniciativa que es crear una nueva categoría al Premio Nacional del Deporte y modificar la fecha de entrega del premio para darle un día especial, y se propone el 8 de diciembre de cada año. Igualmente se propuso que el primer domingo de diciembre se declare Día Nacional del Deporte. El Premio Nacional del Deporte se concederá por la actuación y los logros destacados en el año que se califica a un deportista de cada una de las siguientes modalidades:

En el deporte no profesional;

En el deporte profesional; y

En el deporte paralímpico (cosa que también ahí se hace mención específica).

De igual manera los integrantes de la mesa directiva presentaron la propuesta, acordada en la reunión de mesa directiva, para reformar la Ley de Premios y Estímulos, alcanzando los siguientes acuerdos:

– Se reestructura el contenido del Premio Nacional de Deportes y se crea el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

– Se incorpora al Comité Paralímpico Mexicano.

– Se fortalecen las facultades del consejo para resolver cualquier controversia presentada durante el proceso de premiación.

– Se cambiar la fecha de entrega de los premios, del 20 de noviembre al primer domingo de diciembre de cada año.

– El jurado estará sujeto a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad.

5. Avance de la elaboración del megadictamen referente a la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Juventud

El presidente comentó que se han recibido seis iniciativas en esta legislatura, que modifican la Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Juventud. El presidente dio lectura a las seis iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2,3,4,8,y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8,y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3,y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El presidente comentó que se iba a incluir las seis iniciativas para firmarlas en un solo dictamen y, de igual manera, presentar las dos iniciativas en septiembre.

Por último, el presidente solicitó que se dieran los comentarios relativos al megadictamen a más tardar a mediados de septiembre, para que en próxima sesión poder aprobarlo.

6. Primer Foro legislativo mundial sobre juventud 2010

El presidente comentó que hasta el momento se tiene 30 diputados confirmados, 1 representante del Parlamento Europeo, 1 de la Asamblea Parlamentaria del consejo de Europa, 2 de Croacia, 5 del Parlacem, 1 de Filipinas, 2 de Turquía, 2 de Uruguay, 2 de Argentina, 1 de Canadá, 3 de Polonia, 1 de Italia, 4 del Parlatino, 3 de Sudáfrica y 2 de Costa Rica.

El diputado Landero Gutiérrez dio lectura a las actividades de cada uno de los integrantes de la comisión:

El diputado Sixto Zetina Soto estará como moderador de la mesa de seguridad.

El diputado César Daniel, en la mesa de desarrollo sustentable.

El diputado Juan José Cuevas estará en el protocolo en el Hotel Meliá.

El diputado Salvador Caro, en la mesa de empleo.

La diputada Sandra Méndez, en la coordinación de atención a diputados.

La diputada Nelly, en las palabras de bienvenida de la comida del 25 de agosto.

El diputado Carlos Torres, como moderador de la mesa de migración internacional.

El diputado Juan Carlos Natale, en la ceremonia de inauguración y clausura, en atención a los diputados.

La diputada Yulenny, en el brindis en el Palacio de Bellas Artes, la visita a una exposición y la cata de vinos mexicanos.

La diputada Wendy, protocolo, en la cena de gala del alcázar del Castillo de Chapultepec.

La diputada María Antonieta Pérez, protocolo en la inauguración y clausura.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, como moderador en la mesa de asociación global y desarrollo.

La diputada Dora Evelyn Trigueras, protocolo en el Museo de Antropología.

El diputado Jesús Gerardo Cortés Mendoza, en las palabras de bienvenida en la comida del 26 de agosto

El diputado Carlos Cruz Mendoza, como delgado de México.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en la mesa de trabajo de asociación global.

El diputado Andrés Aguirre Romero, en la mesa de tecnología e innovación.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez, en la ceremonia de inauguración y clausura.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, protocolo en la ceremonia de inauguración y clausura.

El diputado Francisco Ramos Montaño, en la mesa de participación ciudadana y política.

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez, junto con el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, protocolo del Hotel Meliá.

El diputado Martín Enrique Castillo Ruz, en el Museo de Antropología.

La diputada Laura Felícitas García Dávila, en Bellas Artes.

La diputada Indira Vizcaíno Silva, en la cena de gala del Castillo de Chapultepec.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, palabras de bienvenida en la comida del 27 de agosto.

El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, protocolo en la ceremonia de inauguración y clausura.

El diputado César Burelo Burelo, protocolo del Museo de Antropología.

El diputado Diego Guerrero, protocolo en la cena del Castillo de Chapultepec.

Igualmente comentó las temáticas de los ejes de trabajo de las mesas:

– Empleo.

– Educación.

– Salud.

– Asociación global y desarrollo.

– Tecnología e innovación.

– Migración internacional.

– Participación ciudadana y política.

– Desarrollo sustentable y sustentabilidad ambiental.

– Seguridad.

Por consecuente, el presidente proyecto el spot del Foro legislativo mundial sobre juventud.

7. Celebración del Día Nacional de la Juventud, 12 de agosto 2010

El presidente comentó que la Organización de las Naciones Unidas decretó 2010 como Año Internacional de la Juventud, y dio lectura al programa preliminar.

8. Asuntos generales

El diputado Juan José Cuevas García comentó que se tenía que saber qué estaba pasando con los recursos que se canalizan a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Confederación Deportiva Mexicana, y cómo está afectando a las asociaciones en los diversos estados.

El presidente puso en consideración los Juegos Panamericanos y del Caribe, comentando que por un lado se logró la meta del mayor número de medallas en las historia de nuestro país 343. Sin embargo, por otro lado, el número de medallas de oro se quedó corto: 133 de las 146 que se habían previsto.

El diputado Salvador Caro también comentó que con el resultado obtenido en los juegos del Caribe, el medallero para México en los próximos Juegos Panamericanos a decaído significativamente, ya que se tiene previsto estar entre los primeros tres de los medalleros.

Los integrantes de la comisión solicitaron llamar a comparecer al licenciado Bernardo de la Garza Herrera.

El presidente dio por concluida la novena reunión plenaria a las 13:30 horas del 3 de agosto de 2010.

La Mesa Directiva de la Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios.

De la Comisión de Reforma Agraria, sobre la reunión de mesa directiva llevada a cabo el jueves 12 de agosto de 2010

En las oficinas de la Comisión de Reforma Agraria, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves 12 de agosto de 2010, a las 9:30 horas, se inició la sesión de mesa directiva, con la asistencia de los diputados Óscar García Barrón, presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu, Justino Eugenio Arriaga Rojas y Benigno Quezada Naranjo, secretarios.

A la hora señalada, el presidente inició la sesión.

El presidente, Óscar García Barrón: Nos urgía y nos sigue interesando ir sacando todo lo que nos vaya llegando para no ir generando rezago. Pero creo que más allá de esa preocupación, también debemos tener la preocupación de que las iniciativas tengan el espacio, en ella, en el pleno, para debatir, analizar, dar más vida al trabajo legislativo en la comisión.

Más allá de hacer llegar a los diputados con tiempo suficiente las iniciativas para que las conozcan, las lean, las reflexionen y den sus aportaciones, en una primera reunión del pleno, sea un proyecto de dictamen para analizarlo, leerlo, conocerlo, ampliarlo; y volver, si hay aportaciones de los diputados, volver a retomar esas aportaciones para que en una segunda reunión afinar el proyecto de dictamen y llevarlo acabado.

Como comisión, debemos dar oportunidad a los diputados en el pleno de que expongan sus puntos de vista, de que participen, de dar más vida a la comisión, con la participación de los diputados.

La mesa directiva y los integrantes de la comisión sólo queremos que las cosas salgan bien. Y que todo dictamen, sobre todo de reformas de los artículos de la ley, del marco jurídico propio de la comisión, siempre esté sustentado en lo legal, que esté argumentado lo más posible para evitar situaciones que se nos han presentado, compañeros, como se nos presentó en el periodo anterior: diputados que aprobaron el dictamen de la comisión, que participaron y todo eso, en tribuna dicen que siempre no.

Tenemos que dar un trabajo más amplio, más concienzudo, sobre todo de la participación de los demás compañeros integrantes de la comisión en el pleno, a reserva de lo que ustedes piensen. Por eso pienso que en el punto cinco, donde dice: “Análisis, estudio y aprobación de proyectos de dictamen”, si las circunstancias son propicias se podrá aprobar el dictamen. Pero si hay otras participaciones y hay otras aportaciones, que se tomen en consideración, que nos volvamos a reunir en la comisión y tomemos en cuenta todas las opiniones de los compañeros. Así, todo mundo se va a tomar en cuenta como parte de la comisión.

Con esto quiero decir que aun cuando señala el número cinco del orden del día “y aprobación del proyecto”, que si se puede se aprueba, si no se puede porque haya otros argumentos, otras inquietudes, otros puntos de vista, hay que retomar esos puntos de vista y volvemos a analizarlos, a revisarlos; y si es posible y necesario, formular otro proyecto. Se formula y en la próxima sesión se pone a consideración de los compañeros diputados. No sé qué piensen ustedes, compañeros.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, presidente. Estoy de acuerdo en la mayoría de los términos que dice. Creo que a final de cuentas el rezago de la Comisión de Reforma Agraria es no sólo de esta legislatura sino de las anteriores. Creo que, por ejemplo, la creación de las subcomisiones da razón a eso.

El problema es que, por ejemplo, en la subcomisión que presido no me ha llegado un solo expediente de los compañeros diputados. Entonces, sin expediente, sin iniciativas, sin rezago, no podemos trabajar. De acuerdo con lo que usted comenta, el debate es importante hacerlo lo más ordenado y lo más respetuoso posible y que empiece a producir la comisión y a dar resultados. Pero me da lástima, por ejemplo en esta reunión de mesa directiva, que no viene la mayoría de los integrantes, que siguen faltando diputados, y eso me preocupa. Sobre el orden del día, no sé si pueda comentar algunas cuestiones, presidente.

El presidente, Óscar García Barrón: Por supuesto.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Principalmente en los temas de las iniciativas que ya estaremos discutiendo en el pleno, no veo problema a los dictámenes que envió la comisión; en los dos primeros no hay problema.

Deseo informarles que no nos hicieron llegar el dictamen del tercero, del proyecto de dictamen de la Ley Agraria, que fue una iniciativa del diputado Ramón Ceja, de la LX Legislatura. De las dos primeras iniciativas, tanto el tema del testamento agrario como el dominio pleno, que es en los artículos 17 a 19 y 79, estamos a favor del dictamen donde se desecha la iniciativa en lo general y se admite la modificación del artículo 19. Ahí, el tema principal es el testamento agrario, donde se determinará que los derechos se adjudican al propio núcleo agrario para los fines sociales correspondientes.

Creo que no hay ningún problema ahí. Es una iniciativa a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu y que la comisión la desechó, principalmente porque repetía muchas cosas ya existentes en la Ley Agraria y no tendría caso volver a trabajar esta iniciativa.

En cuanto a la otra iniciativa, del dominio pleno, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, también estoy de acuerdo en desecharla en lo general, como propone la comisión y de modificar el 82; creo que aquí estamos de acuerdo en ese sentido, no hay problema. Sobre la iniciativa del doctor Ramón Ceja, compañero del PAN, de la anterior legislatura, le comento que no tenemos el dictamen; no conocemos el sentido del dictamen, si es positivo o negativo. Estimamos que técnicamente no es viable; propone una iniciativa de una nueva Ley Agraria General, donde hay, encontramos puntos, se los leo rápidamente... No contiene una innovación en la legislación agraria; sólo refiere a otras leyes a tratar de incorporar disposiciones ya contenidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Establece duplicación de funciones con otras entidades de la administración pública federal, como el RAN, cuestiones de propiedad intelectual, duplicación de funciones con la Sagarpa y la Sedesol y contiene elementos similares a iniciativas de otros compañeros presentadas, como la de los diputados Alfredo Ríos Camarena y César Duarte Jácquez.

El quinto: precisar que el objeto no es reinventar la totalidad del marco jurídico sino hacer reformas posibles que se puedan llevar a cabo, no se trata de hacer otra nueva Ley Agraria. En lo personal, lo que tenemos que hacer como comisión es empezar a trabajar sobre tiros de precisión, presidente, donde realmente las iniciativas que creamos que puedan ayudar y a contribuir a mejorar el campo de nuestro país, es donde tenemos que trabajar. Vale decir: “Quiero ser el padrino de una nueva ley agraria, de un nuevo documento, para que mi nombre quede escrito para la posteridad y que pasen los años y que perdure”. Creo que si tenemos una iniciativa que creemos que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ejidatarios y campesinos del país, que aunque sean pequeños pasos o pasos graduales los hagamos en ese sentido, no querer comernos el pastel completo y a la mera hora nos quedamos sin pastel, sin refresco, sin agua y sin nada. Creo que si vamos a pasos graduales viendo iniciativas concretas, bien diseñadas, bien estructuradas, podemos salir adelante. Eso, con referencia a las iniciativas, presidente.

Respecto a los puntos de acuerdo, ahí sí difiero un poco de los dictámenes que nos manda la comisión, pues ambos son positivos, y creo que debieron emitirse negativos. Los dos son puntos de acuerdo de compañeros del PRI.

El primero es el proyecto de dictamen de una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Reforma Agraria a laborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural, a elaborar los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunal de la república. Aquí había hecho unas anotaciones al respecto y, como usted dice, presidente, creo que si esto se puede compartir en la elaboración del dictamen antes, podríamos aportar como diputados nuestra opinión y decir vamos a favor o vamos en contra.

Podríamos ahorrar mucho tiempo útil, a lo mejor en debates, hasta podrían ser estériles, y a lo mejor esto que estamos haciendo ahorita sí es fructífero, pero si ustedes, como comisión, nos ayudan o nos pueden compartir: “¿Sabes qué? Estamos trabajando en este dictamen, pensamos que va por aquí”. Una opinión, al final de cuentas, la opinión de un diputado es eso, al final de cuentas elabora el dictamen la propia Comisión de Reforma Agraria, pues tiene la facultad para eso. Pero nosotros, como diputados, podemos hacer una opinión sobre todo técnica, jurídica y podría enriquecer la decisión del dictamen.

En el punto del proponente, Francisco Alberto Jiménez Merino, del PRI, se exhorta... Lo quiero leer rápido: “Se exhorta a la Secretaría de Reforma Agraria, para que Uno. Con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Agraria Antonio Narro, el Instituto Superior de Agricultura de Guerrero y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, elaboren los planes de desarrollo ejidal de los 31 mil 480 núcleos agrarios del país. Dos. Lo anterior será presentado a través de una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potencialidades de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazos”. Eso comenta el diputado Jiménez Merino.

Para empezar, quiero preguntar a la Comisión de Reforma Agraria, ya que dictaminó positivo, cuál es el fundamento legal de los planes de desarrollo ejidal; busqué en todos lados, y no hay fundamento legal. Hay unos planes de desarrollo rural que están en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero los planes de desarrollo ejidal son una creación, innovación del diputado Jiménez Merino; no están en la ley.

Entonces, no podemos avalar, primero legalmente, un punto de acuerdo cuando no hay fundamento donde se está proponiendo. Esos planes de desarrollo ejidal no existen en ninguna ley: busqué en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Planeación Federal, y no existen. Creo que aquí, de buena fe, se pudieron haber confundido estas atribuciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la Ley Agraria, pero al final de cuentas, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable hay una comisión intersecretarial, donde están la Sagarpa, Reforma Agraria, la Semarnat, varias dependencias, donde la idea general de lo que propone el diputado Jiménez Merino está plasmada en la ley.

La otra: también estaríamos duplicando funciones donde se integren y reconozcan la participación de ejidos y comunidades, precisamente en las Leyes Agraria, y de Desarrollo Rural Sustentable. Eso es sin entrar tanto en el tema de lo que dice el punto de acuerdo, entrando en el tema, también habrá cosas que cuestionarse. Por ejemplo, por qué nada más estas universidades que propone él, por qué nada más Chapingo, por qué Narro, por qué la de Guerrero, por qué la Agropecuaria, porque en Guanajuato hay una, Copal, y también hay gente que trabaja ahí y está dedicada a temas de campo y temas agrarios muy importantes. En varios estados de la república, al final de cuentas se me hace hasta un poco limitativo el punto de acuerdo, y en ese sentido no lo encuentro viable.

En el segundo punto de acuerdo, que también la Comisión de Reforma Agraria califica de positivo, difiero también. Es del diputado Rodríguez Sosa Luis Félix, del PRI. Lo leo rápido: “Único. Que esta soberanía, por conducto de su presidencia, exhorte a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a emitir y poner en marcha con la mayor brevedad una política de Estado que tienda orientar en el corto, mediano y largo plazos el desarrollo agrario del país e induzca el ordenamiento territorial a través del proceso de desamortización, a fin de que el perfil cuantitativo y cualitativo de la estructura de la tenencia de la tierra y su composición social y geográfica en los años venideros responda a las directrices de los grandes objetivos nacionales en materia de desarrollo rural”. Hasta ahí, el punto de acuerdo del diputado del PRI.

También difiero porque, primero, la Reforma Agraria no es competente; no son autoridades competentes para que emitan y pongan en marcha una política de Estado. El que pone en marcha una política de Estado es el Plan Nacional de Desarrollo, es el Ejecutivo federal, que sí da a las diversas dependencias federales, pero son las ejecutoras, no son las que deciden los planes y lo que comentaba también es ligado al otro punto, hay un plan nacional de desarrollo y una ley de planeación. Aquí, lo que le propondría y comentaría al diputado ponente del punto es que se fuera mejor a revisar la Ley de Planeación Federal, en este sentido si tuviera alguna propuesta en el sentido de modificación la Ley de Planeación Federal.

Creo que ahí nos estamos saliendo un poco de quién es la autoridad competente para llevar a cabo estos planes, para orientar la política de Estado que él comenta. Creo que aquí, tanto en el primero como en el segundo punto de acuerdo no es tema que pueda cubrir la Secretaría de la Reforma Agraria ni la Procuraduría Agraria. Ésos serían mis argumentos para no estar a favor del dictamen que la Comisión de Reforma Agraria propone, principalmente porque hasta nos estaríamos exhibiendo un poco en el tema de la competencia que estaríamos trabajando en los puntos de acuerdo.

Propondría respetuosamente volver a estudiar los dictámenes o volver hacer una propuesta en el dictamen y en este caso desecharlos, si esto se va al pleno de la sesión ordinaria de las 11:00 de la mañana, sí tendría que votar en contra, por los argumentos aquí comentados. Eso sería todo, presidente. Estoy a sus órdenes.

El presidente, Óscar García Barrón: Gracias, diputado. Quiero informarles a los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Reforma Agraria que por eso mi participación inicial va en ese sentido de ampliar el debate, de dar vida a la comisión desde la mesa directiva en sus aportaciones, en la integración, como dice el compañero diputado Justino, que el dictamen vaya argumentado en todo lo posible desde el punto de vista jurídico. Porque la opinión de ustedes, y se los digo de manera muy sincera, por eso quiero que los abogados asesores de la comisión estén muy cerca, porque lo que les voy a comentar se los he comentado a ellos muchas veces y no lo hago con doble discurso.

Lo digo de manera muy sincera: en la responsabilidad que conlleva presidir la comisión, compañeros diputados, indistintamente del grupo, aquí tenemos un compromiso todos y la opinión de ustedes como integrantes de la mesa directiva es fundamental. Es fundamental para nosotros como comisión, porque no quiero que los dictámenes aprobados a favor o en contra sean una responsabilidad de una determinación unilateral del presidente de la comisión. Por supuesto, eso ni en lo personal me lo permito, se los digo de manera muy sincera y aquí están ellos que les he dicho, todavía noche, hasta muy noche platicamos, que me parece que sí tenemos el interés en desahogar todas las iniciativas que los compañeros nos envíen, pero no tenemos prisa de hacer las cosas corriendo.

Tenemos que asumir una actitud responsable, pero que no sea el discurso, que haya congruencia en el decir y en el hacer. Se los digo como presidente de la mesa directiva y de la comisión. Soy congruente con el decir y el hacer; lo digo a mis compañeros integrantes de esta mesa directiva, pues lo único que tengo como presidente para con ustedes es gratitud, reconocimiento a ese trabajo legislativo.

Como decía nuestro compañero diputado, tiene que haber reciprocidad. Quiero ser recíproco en el decir y en el hacer. No tengo ningún interés de grupo ni personal; se los digo sinceramente. Como presidente de una comisión, el único interés que tengo es que todos participemos, todos aportemos, todos demos nuestros puntos de vista y que todos, en la responsabilidad más seria del quehacer legislativo, seamos parte de ese proyecto que se emita en todos los aspectos que esta comisión tiene que realizar, donde somos parte de eso.

Quiero decir a mi amigo Justino que usted, como integrante de la mesa directiva, me parece que sus aportaciones siempre serán muy valiosas. ¿Y deben tomarse en cuenta? Por supuesto que deben tomarse en cuenta y que los dictámenes que se elaboren en la comisión, de cualquier iniciativa, más allá de intereses personales o de grupos, o de partidos, prevalezca el interés general de la gente que estamos representando, que es la sociedad, que eso se vea reflejado en el trabajo serio, responsable y maduro de cada uno de nosotros, donde no nos arrastren intereses de otro tipo, nada más el interés de reflejar ante la sociedad que estamos haciendo un trabajo muy maduro, pero sobre todo muy fundado en el estado de derecho.

Aquí, en la comisión, diputados, me queda muy claro que la opinión de los compañeros de Acción Nacional, de los compañeros del PRI, de los compañeros del PRD, que forman la mesa directiva, es la opinión de su grupo, ustedes lo representan, se les tiene que escuchar, se les tiene que tomar en cuenta su participación, sus aportaciones, sus opiniones, juntos revisar el estado de derecho para, en una responsabilidad jurídica, elaborar los dictámenes. No podemos dictaminar nada más al vapor.

Usted tiene mucha razón, diputado, cuando comenta la situación de los puntos de acuerdo. No importa de dónde vengan las iniciativas o quién las firme: como diputado, estoy en mi derecho, incluso a pesar de ser el presidente de la comisión, tengo todo el derecho de enviar una iniciativa de reforma de ley a la comisión y si no tengo el argumento jurídico legal, no por ser el presidente se le va a dar para adelante. Lo estoy haciendo en mi calidad diputado y en derecho que me asiste la ley, pero eso no quiere decir que por ser el presidente la iniciativa, si no está fundada, le vamos a dar para adelante.

Tenemos que fundar todo en lo legal, diputados. Por eso me interesa mucho escuchar los puntos de vista de todos los diputados, antes de elaborar un dictamen, donde todo mundo se sienta parte de ese dictamen, donde el que desee participar y de dar sus aportaciones, sienta que se le incluyó. Que la mesa directiva está haciendo un trabajo incluyente. Si lo hacemos así, no vamos a tropezar con situaciones, no vamos a tropezar con nada, porque todo diputado tuvo el derecho de ser escuchado y a que se le sirvan sus aportaciones, se analicen sus aportaciones, se revisen y si tiene la razón, se le tendrá que dar, aunque yo no esté de acuerdo, pero si tiene la razón y le asiste la razón, se le tendrá que dar la razón a quien la tenga con base en lo jurídico.

Ése es mi punto de vista, mis amigos; ésa es mi postura como presidente de la comisión, como presidente de la mesa directiva. Y sí les digo diputados que los felicito, sinceramente los felicito por esa postura, porque estamos ante la nación, que los intereses externos que se ventilen también a través de las diferentes corrientes políticas de sus diputados, sean partidos o sean grupos o sean lo que sea y aquí se escuchará a todo mundo y en su momento se tomará una determinación con base en lo legal y en lo jurídico.

En cuanto a lo que dice el compañero diputado, el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero es lo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Rural. Lo que el orden del día está haciendo es dar a conocer a los diputados que hay esa opinión, para que los diputados sepan que la Comisión de Desarrollo Rural ya tiene una opinión para que la conozcan, para que opinen y se integre el dictamen.

La opinión que emite la Comisión de Desarrollo Rural, ellos están cumpliendo lo que establece la técnica legislativa, ahí está. Nosotros tendremos que dar nuestro punto de vista con base en el dictamen que nosotros emitamos.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: El problema es que no fue anexada al documento que nos hicieron llegar. Vienen sólo las iniciativas, las dos primeras.

El presidente, Óscar García Barrón: Se mandó antes por oficio. Propongo lo siguiente para subsanar esto con base en el orden del día, comentarles a los compañeros diputados que la mesa directiva analizó el tema y el por qué, con la aprobación de ellos suprimimos este tema, si ellos están de acuerdo, del debate del orden del día para en la próxima reunión, ya con un estudio, un debate y un conocimiento a profundidad de la iniciativa y con las aportaciones que ellos hagan estemos en condiciones de aportar nuestro punto de vista, nuestro dictamen y, tras el dictamen que demos a conocer, damos a conocer también ahí mismo la opinión que emite la comisión.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Estoy de acuerdo. Mandamos las opiniones, damos un plazo perentorio, una semana... mandamos las opiniones y entonces ya se presenta. Sí coincidimos que hay que retirar del orden del día el proyecto de dictamen y que la subcomisión sea la que nos dé luz en el sentido de las iniciativas que existen de reforma de la Ley Agraria en general, de todos los partidos.

El presidente, Óscar García Barrón: Estaría bien. Entonces, para concretar, compañeros: creo que con base en la participación del compañero Justino, del proyecto de dictamen de la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero en 1992, hay que pedirle ahí la aprobación a los compañeros, para retirarla y abordarla para la próxima reunión. El compañero Justino hablaba también de la reforma y análisis de los proyectos de dictamen del artículo 17, 18, 19 y 79, ¿o del 82 y 84? Usted comentaba alguna inconformidad con alguno de éstos.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: No, en ésos no hay ningún problema. Así como viene el dictamen de parte de la comisión. Los está desechando, excepto algunas cuestiones donde estamos de acuerdo con lo que se expresa en el dictamen, entonces no hay problema. Bueno, desde mi punto de vista.

El presidente, Óscar García Barrón: La situación es nada más con los puntos de acuerdo, ¿verdad?

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Exactamente.

El presidente, Óscar García Barrón: Con base en los comentarios del compañero diputado, ¿hay algún otro referente a los puntos de acuerdo? Si les parece, compañeros, pido a la secretaría técnica que dé instrucciones a los compañeros asesores que tomen nota de las aportaciones y los puntos de vista del compañero diputado Justino, para que se tome nota.

Hay aportaciones. Me parece que hay argumentos para que el proyecto de dictamen sea sujeto de revisión y análisis, y probablemente en el seno del pleno vaya a haber diputados que también manifiesten algunas otras opiniones y hay que tomarlas en cuenta, y no quiere decir que este dictamen porque ahorita está así, así debe ser. Sino que vamos a enriquecerlo con las aportaciones, los puntos de vista y a revisar la cuestión jurídica, pues esa misma explicación tendré yo que darle al pleno. ¿Sí? El por qué no se va a someter a votación.

Hay unas aportaciones previas que hizo el compañero diputado, que dan pie a volver a revisar el proyecto de dictamen al seno de esta mesa directiva. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros?

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Lo tomamos como acuerdo. Estoy de acuerdo en la limitación que establece en cuanto a las universidades que deberían de participar, ¿por qué se eligieron esas universidades? En la exposición de motivos del punto de acuerdo, de la proposición del punto de acuerdo no existe una argumentación de por qué es así nomás. ¿Por qué ésas y no otras? Porque consideré que son las que están más vinculadas con el campo, o porque tienen más posibilidades de recursos, sobre todo, programas de vinculación con los campesinos. Ésas son las consideraciones.

El presidente, Óscar García Barrón: En cuanto al otro punto de acuerdo, compañero Justino, si hay algún comentario preciso del porqué su desacuerdo.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Creo que ni la Procuraduría Agraria ni la Secretaría de la Reforma Agraria son competentes... el diputado está diciendo que Reforma Agraria... emitan y pongan en marcha una política de Estado. El principal argumento del dictamen es que no son autoridades competentes... para que pongan en marcha esta política de Estado.

El presidente, Óscar García Barrón: Perfecto. Entonces, pido a la secretaría técnica que tome el punto de acuerdo del compañero diputado, y que éste sea motivo como antecedente de aportación, para que volvamos a revisar el proyecto. ¿Hay algún otro comentario respecto a estos puntos de acuerdo de los compañeros diputados?

De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día. Estudio del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2010, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de todas las dependencias que a la comisión competen, y propuesta de Presupuesto de Egresos de 2011. Creo que tenemos una oportunidad excepcional, de una participación dinámica y muy responsable, de mucha coordinación con la Comisión de Presupuesto. Este punto de estudio del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2010 y particularmente, del Presupuesto de 2011, es una lucha de todos nosotros.

El propósito de este punto es que estemos muy puntuales participando en este asunto del Presupuesto de 2011, porque ¿quién luchó por la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria? Nosotros, la comisión.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Creo en lo que dice el presidente. Es muy importante empezar a trabajar con mesas de trabajo formales, y con tiempo tener la capacidad argumentativa principalmente con los datos y los números para defender a todo el sector agrario en esta lucha del presupuesto que nosotros ya vivimos el año pasado y es una vorágine impresionante. Vienen gobernadores, viene gente de todo tipo: líderes, organizaciones.

Tenemos que estar a la altura de las circunstancias como Comisión de Reforma Agraria y estar en un solo lado. Pienso que eso sí sería la propuesta. Empezar a trabajar desde ahora y usted como presidente que nos convoque a estas reuniones. Estaríamos atentos a su convocatoria y al trabajo constante de aquí a que presente el proyecto de Presupuesto el Ejecutivo.

Solicita la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.

El presidente, Óscar García Barrón: Sí, diputada.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Abundando en lo que dice nuestro querido diputado, quiero atraer los dos puntos anteriores. Los quise dejar pasar cuando hablaron los de presupuesto porque van muy de la mano. ¿Por qué lo de la planeación y por qué la exhortación? Porque el Presupuesto no puede ser ocurrente, tampoco puede ser por ocasión o tampoco puede ser porque así se dan las cosas. Nosotros, en Reforma Agraria, como Confederación Nacional Campesina, pugnamos por un acuerdo nacional para el campo en 2003. Fue un acuerdo de todas las organizaciones campesinas con el presidente de la República en ausencia de políticas públicas y en el desmantelamiento que se tuvo de las instituciones que incidían en el campo. Esto vino a descapitalizar, esto vino a dejar en los eslabones de la cadena productiva un alejamiento brutal y una tutela desintegrada al 100 por ciento de los productores mexicanos. Hay un sector productivo primario, en manos de los coyotes porque no hay el acompañamiento para la comercialización, están Acerca, el Procampo, la Ley de la Comercialización, del acompañamiento. Todo cambia, lo que no cambia es la planeación del campo. No hay una integración para un desarrollo rural sustentable y esto va embonado con el artículo 27, con la Ley Agraria, con los artículos 25 y 26 de la Constitución y de la propia Ley Agraria; de la Constitución, en el artículo 27, fracción XX; Ley de Planeación de Desarrollo Rural Sustentable, de la fracción XX. Va muy de la mano. Si ustedes ven en el Acuerdo Nacional para el Campo llegó un programa, así confirmado, pero no era posible porque eran buenas intenciones, no había presupuesto en la LVIII Legislatura ya para terminar; y entramos nosotros, en la LIX y pusimos el programa especial concurrente. Ahí nacen tres ejes rectores de la vida nacional en políticas públicas federales. Ahí nacen lo que es, precisamente, en el ramo 15, de reforma agraria, FAPPA, Promusag, Jóvenes Emprendedores, Formar, deja de ser Procede para pasar a Fanar y conflictos agrarios y hay más. Eso lo diseñamos, y tengo el orgullo de decirlo, Abelardo y su servidora; conflictos agrarios, con motivo de lo que tenía Durango. En Durango permanentemente se mataban nuestros tepehuanos Durango-Zacatecas y era una gran preocupación, fue el primero que resolvimos con ese recurso, pero tenía que ir de la mano con el presupuesto, porque cómo podíamos entonces si no teníamos una visión de lo que tenía que hacer reforma agraria para poderle inyectar recursos. Dijimos: hay problemas muy fuertes como el de Nayarit y San Andrés Comiate, que era muy grande, un problema ancestral de 100 años entre posesionarios y ejidatarios y comuneros. Pero igual está el purépecha en Michoacán, muy fuerte, o el de Chiapas; problemas que no se van a resolver porque no hay sustitución, para sustituirlos de tierra. Entonces, o se le paga al propietario o al que dice ser el dueño de la tierra o al dotatario para resolver un problema de tipo social, legal-agrario. Le pusimos ese recurso. No existía eso. No existían todos esos programas, ese presupuesto no existía en reforma agraria, que va muy vinculado y va muy de la mano con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ¿Adónde quiero llegar? ¿Por qué la migración del campo? ¿Por qué se atreven a decir, muchos sin conocimiento de causa, que nosotros, los ejidatarios, estamos viejos ya, que el campo y el sector social dejaron de ser importantes y que se han envejecido los ejidos?

No. No es que nos hayamos envejecido, lo que pasa es que nos hemos descapitalizado. Hay una profunda descapitalización. Tenemos que buscar políticas de financiamiento, para el inicio de siembra de nosotros los campesinos mexicanos. Ya no estoy hablando de los ejidatarios, de los comuneros, también de los pequeños propietarios, porque para el caso estamos parejos. Todos nosotros, para las tres formas de tenencia de la tierra, es igualito en estos momentos, los tres estamos acogidos por una pobreza y pobreza extrema. No hay un seguimiento en el inicio de siembra y lo vemos ahora mismo en el otoño-invierno, primavera-verano que estamos. Aprobamos mil millones de pesos para fertilizante, ¿o no? ¿Y cuándo lo bajamos? ¿A qué hora? Apoyamos 16 mil millones de pesos para Procampo. ¿Saben cuánto llevamos en ejercicio? Nueve mil millones de pesos.

Si ya está acabando el ciclo agrícola, ya sembramos, ya la milpa ya está jiloteando y nosotros ya estamos casi para levantar elote y es hora que no llega Procampo. El Procampo tiene que ser acompañado con el inicio de siembra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué esta migración? ¿Por qué el arrendamiento?, ¿el abandono de nuestra tierra? y se ha concretado el rentismo o a vendismo. ¿Y por qué nuestro pueblo no ve al ejido, a la comunidad, a la pequeña propiedad, al campo? ¿A los propietarios, los productores mexicanos jodidos de 20, 50, 100 hectáreas para abajo? ¿Por qué no vemos para el campo que sea costeable, rentable, que no nos dan? pues, no sale. Pues porque no estamos acompañados de políticas públicas. Entonces le metemos más que lo que le metemos en el costo de producción.

Esta gran preocupación; se están yendo los campesinos, y nuestros jóvenes dicen: ¿para qué me quedo, si mi viejo todo el día trabaja y venimos y levantamos cosecha y la llevamos allá y salimos hasta debiendo? Le debo aquí. Le debo allá. Me voy a ver qué consigo por allá y traigo una lana, por lo menos para pagar y de ahí pasarla para mientras viene. Y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo.

Nosotros acá, que somos políticos, que rascamos aquí y allá, pero nada más somos poquitos, el grueso está jodido. Luego la lanita que llega por el desarrollo rural sustentable en la ley son proyectos productivos, queridos diputados. Si no estás acompañado de una figura económica, de una sociedad cooperativa, cinco changos, otros cinco changos en un ejido, quince gentes; a quince gestes repartidas en proyectos productivos le bajas 20 millones y tienes 500 ejidatarios, más los que están ahí de propietarios o posesionarios, que son todos avencindados y que están dentro de un proyecto integral en zonas compactas, por ejemplo, de aguacate, y nos jode la misma suerte.

¿Por qué? Porque necesitamos un empaque, porque necesitamos darle marca certificada, que venga Estados Unidos a darnos la certificación, porque si no, no podemos exportar; que venga Desarrollo Social y que venga la Sagarpa para que nos vea que aquí estamos y que le meta ganas. Éste es un programa de desarrollo integral de la región o en la microrregión. No, no es ex profeso. No. Nada más los cinco y a los cinco les bajo los 5 millones y adiós. ¿Y el resto? De éste resto estoy hablando de 90 por ciento de este país que está entre comunidad- ejido, que no le ha llegado al recurso. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hablamos de planeación y cuando hablamos de exhortación a ordenamiento es que le regresemos al ejido, a las comunidades, la figura económica productiva.

En el artículo 27 queda perfectamente, porque eso no se reformó. Se reformó inalienable, imprescriptible, enajenable. Se reformó para el 92. Pero le deja como identidad jurídica y patrimonio propio al ejido; pero lo desviste, lo deja jurídicamente, así literalmente. Pero en la ley reglamentaria lo deja libre y sin el acompañamiento de figura económica, para que por esa identidad jurídica bajen los acompañamientos de los recursos presupuestales federales a los ejidos y vayan parejos.

Entonces, los ejidos, la palanca motora de desarrollo, ellos, eran los actores y precursores de la explotación de sus recursos. Traigo una concesión. Tú tienes un pozo hermano, y porque no te falta el equipamiento; entonces viene un pelado que ni siquiera es del ejido, va a la Comisión Nacional del Agua, trae la concesión y aunque el recurso esté en tu parcela, porque ya trae una concesión, él trae mucha lana, en término de dos meses ya te lo quitó y se quedó con el pozo. ¿Por qué si era el esfuerzo de tú familia, de todo lo tuyo y está en tu parcela? Son los atropellos extraordinarios que se están haciendo dentro de los ejidos, dentro de las comunidades y dentro de las propiedades, porque no hay un ordenamiento.

Tenemos que regresar la figura económica productiva al ejido, para que sea acompañado de financiamiento, para que busquemos la forma, la figura económica, que ya es jurídica en nuestro ejido, Que vaya aparejado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esto lo comentábamos en la Comisión de Desarrollo Rural, la gran importancia de darle al ejido, regresarle al ejido la figura económica productiva y no solamente social. Al ente social tú le llevas cualquier programa social, pero eso no resuelve porque no estás cumpliendo; es una parte y a la mejor ni siquiera son ejidatarios, son avecindados a los que les estás dando oportunidades, pero no en su integración.

Si acompañamos un programa con otro, estamos cumpliendo una tarea para que los campesinos mexicanos sean la palanca productiva de este país. De otra manera no sé cuándo ni a qué hora vamos a alcanzar los niveles de equilibrio. Se nos están abriendo mucho las asimetrías de desigualdad social. Entre los campesinos pobres, pobres, pobres, si son muchos y se están yendo muchos a la ciudad, porque muchos vienen para acá y no hay posibilidades, porque no vienen preparados. Están preparados para producir, pero para el mercado y es ahí donde nosotros tenemos que buscar los instrumentos legales, económicos, productivos y de financiamiento para poder hacerle llegar algo de esta pequeñita justicia. Creo que esto es el fondo.

Termino diciendo que las dos últimas propuestas es parte de regresar la figura económica y en el Presupuesto. ¿Se acuerdan ustedes que también pusimos extensionismo? Creo importante hacer saber que el prestador de servicios ya no viene. El interesado tiene que pagar su proyecto. Pero, se los quiero decir de una vez. En este país, los únicos dos programas que se siente que está levantando su economía son esos dos FAPPA y Promusag, en este país. Lo demás no lo vemos, menos en el bolsillo de los productores.

Creo que es una reflexión y me parece que lo guardemos, le demos otra sacudida y podamos, para la hora que vayamos incorporando los eslabones del presupuesto podamos encajonar algo importante que les quede a los campesinos.

Lo del presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado es evidente que esta comisión fue la punta de lanza, indudablemente. Primero, porque existía reforma agraria y seguirá permaneciendo y también fuimos punta de lanza en el Senado, ustedes y nosotros hablamos con nuestros grupos parlamentarios para que no modificara la Ley de la Administración Pública Federal. Me parece que hoy tenemos que revisar, presidente, muy clarito este presupuesto.

Hay muchos rezagos, por ejemplo, me parece que el programa de Fanar, que sustituye el Procede, es un tema que vale la pena que lo valoremos en otra sesión de presupuesto. Tengo aquí mí comentario y muchas gracias.

El diputado Benigno Quezada Naranjo: Coincido con la compañera diputada, con el compañero Justino y mi reflexión es que en cuanto a estos dos puntos de acuerdo quiero dar mí aportación por escrito y fundamentado en lo que argumente en esta mesa. Para que no se quede nada más como un comentario, sino que también sea un argumento. Porque cuando se habla, por ejemplo, de las políticas de desarrollo al campo, ya hay los instrumentos para hacerlo pero nos falta.

El punto de acuerdo es bueno, pero nada más hay que orientarlo donde debe de ir. Porque el de las políticas públicas es del gobierno, la ley así lo establece como un mandato y a través de figuras que están muy definidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Están por ejemplo, la Comisión Intersecretarial, donde están todas las dependencias relacionadas con el campo. La ley habla de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, en los tres niveles.

La ley establece quién los constituye y con qué fin. Entonces, con base en eso, también les pido que lo podamos analizar. No lo sometamos a aprobación. También quiero darles aportaciones por escrito con base en lo que ya comenté. Por último, compañeros, en cuanto a los asuntos generales. Esta comisión ha venido abordando algunos temas por acuerdo del pleno, sobre todo de problemas agrarios que existen en algunos puntos de la república.

En la sesión anterior, así lo deja claro el acta, se tomó el acuerdo unánime de solicitar la comparecencia ante la comisión del señor director de la Comisión Nacional del Agua y no me acuerdo qué otros dos. Me parece que el de la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria, y que hoy podamos también, bueno, el acuerdo ya se tomó, hay que definir nada más fechas.

Entonces, compañeros, creo que, por respeto a los otros compañeros... los invito a que pasemos a la próxima reunión. Creo que más o menos en palabras más, palabras menos, hay puntos de coincidencia. Lo que pediría es que todas las expresiones que fueron importantes consten en el acta y que el acta se nos haga llegar rápidamente, para que estos asuntos les demos la continuidad de lo que se está hablando.

Entonces, esa acta que no quede en el olvido, que no nada más se quede en que se nos entregue. Pediría mejor que se lea para que le demos el seguimiento adecuado en la próxima. Entonces, te voy a encargar mucho el acta.

El presidente, Óscar García Barrón: Que se le dé lectura al acta de la sesión anterior. Otra situación así. Por último compañeros, aquí, como integrante de la mesa, quisiera pedir la consideración de ustedes para que algún compañero secretario de la mesa me auxiliara a darle seguimiento al orden del día, del pleno. No sé si el compañero Benigno, si ustedes están de acuerdo, nos pudiera apoyar como secretario.

El diputado Benigno Quezada Naranjo: Tengo que salir al rato, de hecho me acaba de llegar un mensaje de la Secretaría de Hacienda, precisamente con un problema que tenemos con los ejidatarios en esa zona. Entonces, les tengo que ayudar con un trámite de maquinaria. Te pediría por esta ocasión me permitan que me retire un poquito antes y si alguien está en esa disponibilidad, para que también se me permita de forma discreta y prudente retirarme de la mesa.

El presidente, Óscar García Barrón, declara clausurada la sesión el día de su inicio, a las 11:00 horas.

La Mesa Directiva de la Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu, Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios.

De la Comisión de Reforma Agraria, correspondiente a la octava reunión ordinaria, celebrada el jueves 12 de agosto de 2010

En la Ciudad de México, Distrito Federal y de conformidad con lo que establecen los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 55 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, en el salón C de los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro; con la asistencia de quince diputados integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria; entre las doce y las trece horas con diez y siete minutos del día doce de agosto de dos mil diez, se llevó a cabo la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura, la cual, de acuerdo a la normatividad establecida se convocó previamente en la Gaceta Parlamentaria y se desarrolló conforme a la siguiente asistencia: diputados Oscar García Barrón, María Hilaria Domínguez Arvizu, Joel González Díaz, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Benigno Quezada Naranjo, Héctor Fernández Aguirre, Ramón Jiménez Fuentes, Carlos Luis Meillón Johnston, Fernando Santamaría Prieto, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Luis Hernández Cruz, Gumercindo Castellanos Flores, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Felicitas Parra Becerra, Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Al iniciar la sesión, el presidente diputado Óscar García Barrón: agradece la presencia de los diputados presentes e informa que se tiene la firma de 15 diputados, existiendo quórum y propone de manera respetuosa al diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, como secretario de esta reunión ordinaria de la comisión y pregunta si están de acuerdo, pide por favor, se sirvan manifestarlo alzando su mano (votación aprobatoria). Les agradece infinitamente. A continuación pide al diputado secretario haga el favor de darle seguimiento al primer punto del orden del día.

El secretario diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas agradece al diputado presidente, da los buenos días a diputados y diputadas y enseguida da lectura al primer punto del orden del día: Lista de asistencia, e informa que la secretaría técnica de esta Comisión de Reforma Agraria, da cuenta de que hasta el momento están registrados 15 diputados, por lo tanto hay quórum.

El presidente Óscar García Barrón agradece al secretario y a continuación le pide ponga a consideración la lectura y aprobación del orden del día.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas da lectura al orden del día que fue remitido a todos los diputados y diputadas por la secretaría técnica de esta comisión

1.- Lista de asistencia.

2.- Declaración del quórum.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior.

5.- Análisis, estudio y aprobación de proyectos de dictamen de iniciativas y puntos de acuerdo.

6.- Asuntos de las subcomisiones (Informe).

7.- Estudio del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2010, de la Secretaría de la Reforma Agraria del RAN y la Procuraduría Agraria y propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2011.

8.- Asuntos generales.

9.- Clausura.

El presidente Óscar García Barrón solicita que antes de poner a consideración la aprobación de este orden del día desea informar, que en junta previa a esta reunión del pleno, los diputados integrantes de la mesa directiva de la comisión, acordaron de forma unánime poner a consideración la modificación del orden del día en el quinto punto, que dice: “Análisis, estudio y aprobación de proyectos de dictamen de iniciativas y puntos de acuerdo” porque con base en la importancia que reviste cada una de las iniciativas de reforma a los artículos de la ley, es necesario prorrogar el tiempo, para dar oportunidad de que los diputados puedan aportar sus puntos de vista y fortalecer jurídicamente los dictámenes que ahorita se tienen elaborados de manera previa, y recuerda que las iniciativas de los diputados que reforman el artículo 17,18, 19 y 79 de la Ley Agraria, de manera muy oportuna se les hizo llegar a cada uno de los diputados de la comisión. Así, también, la iniciativa de reforma del artículo 82 y 84 de la Ley Agraria también de manera oportuna se les hizo llegar. Que del punto cinco, la tercera, que es proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992, los diputados manifiestan que no se les ha hecho llegar el proyecto de dictamen. Entonces, que estos tres puntos del inciso a), de iniciativas, si ustedes están de acuerdo que a la próxima sesión que tengamos como comisión, demos ese tiempo para dar oportunidad a los diputados de la comisión, nos puedan dar sus observaciones y sus aportaciones. Y, que en la próxima reunión, estemos en condiciones de poner a consideración de esta comisión los proyectos de decreto de estas iniciativas a las cuales me refiero. Enseguida pregunta si hay algún comentario. También comenta que la diputada Hilaria solicita que su iniciativa se posponga en la aprobación del dictamen, por considerar que es necesario escuchar y ampliar estos puntos de vista de la iniciativa. Entonces pregunta, si están de acuerdo, y que se va a someter a consideración el punto número cinco al cual se ha referido. Enseguida pregunta si hay algún otro comentario en relación a este punto cinco. Pide el uso de la palabra el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y el presidente la concede. El diputado en uso de la voz: “ahorita vamos a abordar los puntos de acuerdo; es el mismo punto cinco nada más que con el inciso b). Entonces, lo podemos abordar ahorita. Miren, el punto número cinco, inciso b), se refiere a puntos de acuerdo”.

El presidente Oscar García Barrón, agradece al diputado su observación y continúa: son proyectos de dictamen con puntos de acuerdo donde también la comisión, los integrantes de la mesa directiva de la comisión, llegamos al mismo acuerdo: que se posponga la lectura de los proyectos hasta la próxima reunión, por si hay diputados que deseen hacer aportaciones, como hace unos minutos el diputado Justino hizo algunas aportaciones y que, desde ese momento, que el diputado Justino hace aportaciones al seno de la mesa directiva, eso nos obliga a ampliar el tema para revisar en qué sentido puede venir en la próxima reunión, el proyecto de decreto. La diputada Hilaria hizo algunas apreciaciones en relación a los dos puntos de acuerdo y también su servidor, hice algunas observaciones y eso nos motiva a pedirles a ustedes si están de acuerdo que bajemos estos temas del punto cinco, del inciso a) y el inciso b). Si hay algún inconveniente o algún comentario, estén en uso de la palabra. De no ser así, le pido al secretario ponga a consideración de ustedes esta propuesta de la mesa directiva.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas agradece y pone a consideración la propuesta y pregunta los que estén a favor de lo expresado por el presidente para bajar del orden del día el punto número cinco, incisos a) y b), iniciativas y puntos de acuerdo, favor de levantar la mano. Los que estén a favor de la propuesta del presidente (votación). Los que estén en contra (votación). Abstenciones (votación). Con base en esta votación declara “aprobado por unanimidad, señor presidente”.

El presidente Óscar García Barrón también comenta que han pedido los diputados de la mesa directiva que en los asuntos de las subcomisiones se dé el informe hasta la próxima sesión. Eso también fue un acuerdo de los diputados de la mesa directiva y también pide al diputado secretario que ponga a consideración de ustedes esta propuesta de la mesa directiva.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas pone a consideración de los integrantes de esta comisión retirar del orden del día el asunto de las subcomisiones y pregunta los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano, en seguida los que estén en contra (votación). Y finalmente las abstenciones (votación); acto seguido declara aprobada la propuesta.

El presidente Óscar García Barrón agradece y solicita al secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas, ponga y someta a consideración la aprobación del orden del día, ya con las modificaciones autorizadas.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas somete a la consideración de los diputados integrantes de esta comisión el orden del día modificado y pregunta que los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano (votación), luego los que estén en contra (votación) y finalmente las abstenciones: ninguna. Acto seguido declara aprobado el orden del día modificado.

El presidente Óscar García Barrón pasando al cuarto punto del orden del día que se refiere a la lectura y aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior informa que también es un acuerdo de la mesa directiva que se dé lectura completa del acta de la sesión anterior, entonces pide al secretario que haga el favor de darle lectura al acta de la sesión anterior.

Acto seguido pide la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama y se le concede.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: Entiendo perfectamente que la mesa directiva tiene sus atribuciones; sin embargo, creo que los que decidimos somos la mayoría de los diputados que conformamos la comisión. Respecto a ello creo que es un poquito ocioso, después de habernos mandado el acta de la sesión anterior desde hace una semana o un poco más, quienes tuvimos oportunidad de leerla, los que tuvieron oportunidad de participar en la sesión, de discutir, pues creo que son los que, en su momento deben aclarar si se omitió algo en el acta de la sesión anterior o si se le tiene que agregar; pero creo de verdad ocioso estar leyendo acá 5 o 6 páginas de un acta que cada uno de nosotros tuvo en su poder desde hace más de ocho días. Entonces sí, en este caso, creo que por práctica parlamentaria, también para agilizar los puntos importantes que siguen pues, omitirlo, y que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad de leer el acta de la sesión anterior el día que nos llegue a nuestro correo, y de hecho nos llegó vía escrita también.

El presidente Óscar García Barrón: Gracias, compañera diputada. ¿Algún otro comentario? Pide la palabra el diputado Fernando Santamaría Prieto y se le concede

El diputado Fernando Santamaría Prieto: Simplemente para abonar en lo que la diputada Rosa Adriana comentaba. A mí me parece que es demasiado ocioso volver a leer el acta que nosotros tuvimos la oportunidad de revisar y hacer nuestros comentarios. Escuchar la lectura creo que muy poco abona a hacer las correcciones que en su caso se pudieran dar. Yo respetuosamente pediría que obviáramos ese punto, que la mesa directiva ha acordado, porque hay temas más importantes, como el presupuesto que está agendado aquí, que creo que es de los temas que podríamos profundizar más y que estaríamos dando mejores resultados.

El presidente Óscar García Barrón agradece al diputado y pregunta si hay alguna otra participación y de no ser así, solicita se ponga a consideración la propuesta de la compañera diputada Rosa Adriana y del compañero Fernando Santamaría, para que la lectura del acta anterior se omita en esta reunión. Pide por favor al secretario que haga el favor de someter a consideración esa propuesta.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas agradece y pregunta que los que estén por la afirmativa de omitir la lectura del acta de la reunión anterior favor de manifestarlo levantando su mano (votación), luego los que estén en contra (votación) y finalmente las abstenciones. Como resultado declara aprobada por unanimidad la propuesta.

El presidente Óscar García Barrón agradece y pide someter a aprobación el acta, porque lo que se votó fue la no lectura; y le pide respetuosamente al secretario, que haga favor de poner a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas pone a consideración la aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior y dice el que esté por la afirmativa sírvase levantar la mano (votación), enseguida, los que estén en contra (votación) y finalmente las abstenciones. Como resultado declara aprobada el acta de la reunión ordinaria anterior.

El presidente Óscar García Barrón solicita al secretario pasar al siguiente punto.

El siguiente punto del orden del día es el estudio del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2010 de la Secretaría de la Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, y propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2011.

El presidente Óscar García Barrón agradece e informa que en este punto también la mesa directiva coincide en que todos los compañeros diputados de esta comisión ahora que se aproxima la integración y la aprobación del presupuesto de egresos del gobierno es necesario que la comisión tome una actitud y una participación más dinámica y con mayor presencia e invita a que se esté muy pendiente de la convocatoria que habrá de hacer la mesa directiva porque así los diputados integrantes de la misma lo han instruido y habremos de estar en mucha relación. Invita para que en esas reuniones ya traigan sus puntos de vista y sus aportaciones y pregunta si alguien tiene algún comentario en relación a este tema.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama pide intervenir. No sé si la mesa directiva ha considerado la propuesta que voy a hacer. Creo importante no sólo saber cómo se están ejerciendo los recursos que aprobamos para el 2010, sino lo que vamos a ver para 2011. Considero muy importante que tengamos mesas de trabajo, que no se centre la labor del presupuesto únicamente en la mesa directiva o en el pleno de esta comisión, sino que podamos tener mesas de trabajo con los funcionarios de Reforma Agraria, así como con los grupos organizados. Creo bien importante esta parte porque Reforma Agraria nos va a dar números redondos, pero a la mejor no conocemos algunos detalles del gasto que se está ejerciendo, a qué grupos están yendo, qué proyectos grandes, relevantes se están aprobando a nivel nacional, que son determinantes y sí, ahí pediría al presidente, a los secretarios, que nos organicemos muy bien en mesas de trabajo, que este año ya no es de aprendizaje, sino de concretar acciones y en cuanto a ello, que podamos estudiar muy bien en qué se ha gastado el dinero, qué resultados ha dado y en qué podemos a la mejor intercambiar presupuesto de un rubro a otros viendo no sólo la necesidad de la dependencia o del gobierno federal sino también de los productores y de los grupos organizados. Es una propuesta que dejo sobre la mesa”. El presidente Óscar García Barrón agradece y pregunta ¿Algún otro diputado?

Pide intervenir el diputado Fernando Santamaría Prieto y se le concede: Gracias, señor presidente. Abonar al comentario. El año pasado tuvimos pláticas, la verdad que a mí me pareció que deberían de haber sido más dinámicas, de más interacción entre nosotros los diputados con los propios funcionarios de Hacienda y de Reforma Agraria, porque luego nos centramos en temas o que violentan la ley o el reglamento o que parecieran ser cuestiones más sectorizadas, de grupos. Por ejemplo, a mí me preocuparía mucho que no nos estuviéramos preocupando por un presupuesto real para el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional es la última ventanilla donde los campesinos reciben sus documentos que modifican, extinguen o crean derechos, pero el paso es lentísimo, ustedes lo saben, creo que María Hilaria lo ha vivido, usted también, profesor; para recibir un documento pasan seis, siete meses, un año, y el campesino no puede estar todo el tiempo en esas gestiones. Creo que tenemos que ser muy puntuales en que el Registro Agrario Nacional necesita más recursos y además se está violentando la ley porque el Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional dice que en 90 días nos deben de dar respuesta, cuando pasa un año o dos. Simplemente pediría en forma muy respetuosa que pudiéramos hacer esos trabajos, estas mesas de trabajo conjuntas, para que abonemos a la respuesta que debe de dar la Reforma Agraria. Hay que recordar que el año pasado tuvimos el tema, el debate, si la Reforma Agraria continuaba o no, que aquí se defendió muy bien por usted, presidente. Creo que eso es importante, que los que podamos aportar de nuestra experiencia en el sector, pudiéramos hacer, diputado, mesas de trabajo conjuntas, abonar nuestra experiencia para que tengamos un recurso serio, digno, de los campesinos de México.

El presidente Óscar García Barrón agradece al diputado su participación y pregunta si hay algún otro comentario. Pide el uso de la palabra el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz Muchas gracias, presidente. Nada más aunado a lo que comentó la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, creo que sí sería conveniente que antes del 8 de septiembre, que es el día en que el Ejecutivo federal presenta el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquí a la Cámara de Diputados, sería conveniente que se reuniera esta comisión, para revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos que el pleno de la comisión va a proponer a la Mesa Directiva del pleno de la Cámara de Diputados, para de alguna manera que no nos agarren los tiempos para el 8 de septiembre que haya sido presentado el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Ejecutivo federal. Creo que sería conveniente hacer la reunión un poquito antes para que todos los diputados que integramos esta comisión tengamos cuál es el Proyecto de Presupuesto de Egresos que presentaría el pleno de la Comisión de Reforma Agraria a la Cámara de Diputados. Sí lo consideraría porque estoy seguro que las demás comisiones: Comunicación, Transportes, Desarrollo Social, etcétera, de alguna manera ya están en esta dinámica de estar revisando el presupuesto de sus propias áreas, entonces creo que para que no nos vayan a llevar al baile, creo que sí es importante adelantarnos. Es cuánto.”

El presidente Óscar García Barrón: Gracias, compañero diputado. A mí me parece excelente la participación y el deseo de que nos reunamos con los funcionarios, en este caso con los titulares de las dependencias que inciden y que tienen que ver con el presupuesto y es la Reforma Agraria, es la Procuraduría, es el Registro Agrario Nacional, son los tribunales agrarios, es Fifonafe y por qué no hacerlo. Me parece excelente. Aquí pudiéramos determinar fechas y si ustedes tienen algún comentario en relación a las fechas, es el momento de darlas a conocer. Tienen la palabra, compañeros”.

Pide la palabra el diputado Gumercindo Castellanos Flores: Es una disculpa por el día, pero si el 31 de agosto creo que es un lunes o un martes, entonces propongo ese día, que probablemente, digo, la mayoría debemos de estar aquí, dios mediante. Propongo el 31 de agosto”.

El presidente Óscar García Barrón: Es martes 31. El compañero Gumercindo tiene una propuesta. ¿Hay alguna otra? A ver, compañera diputada Hilaria”.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: “ Gracias, presidente. El día 31 seguramente nos van a convocar a las once o a las doce del día a instalación de Congreso General y se tiene que elegir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Entonces hay votación. En consecuencia cambia la Mesa Directiva, es la terminación de un periodo para iniciar otro. Y el día primero es un acto solemne de informe de actividades del Ejecutivo federal que no tiene otro punto y los posicionamientos de los grupos parlamentarios, que es primero y después el comentario en base al informe que presenta constitucionalmente a esta soberanía el Ejecutivo federal y se convoca a Congreso General. Entonces no tendríamos la posibilidad, andaríamos, no conocemos la agenda ni la convocatoria que nos harían nuestros grupos parlamentarios, no sabemos si es a las once o a las doce; pero en todo caso, presidente y compañeros diputados, si la cita es en la mañana, como suele ocurrir, mediodía, tarde, nos podemos reunir aquí mismo, en este mismo lugar con todos los funcionarios, empezando por Abelardo, que es el titular de Reforma Agraria, con Rosendo de PA, con RAN y con Maribel, del Fifonafe, y con Paty para que nos diga de los proyectos productivos y conflictos agrarios, el subsecretario, con el objeto de que los tres subsecretarios también junto con el secretario aquí estemos platicando y dialogando de los temas, de lo que ellos nos ejercieron, de lo que falta por ejercer y de las prioridades que nosotros desde nuestro punto de vista nos importa ver realmente cómo ha funcionado el presupuesto y el desarrollo del mismo y las prioridades que hoy traemos en mano de la demanda de nuestros representados y desde el enfoque que lo tiene la propia Reforma Agraria para hacer un presupuesto. Me importa mucho y comparto plenamente con mis compañeros que me han antecedido, que hagamos este ejercicio porque eso nos permite a todos fundir aquí las prioridades, el recoger de todas las demandas sociales, muy sentidas, de nuestros compañeros. Con esto retomamos lo que tiene que ver, cumplimos a cabalidad con el artículo 27 en su figura jurídica, autónoma, del ejido, la comunidad y la auténtica pequeña propiedad para la integración del desarrollo rural integral sustentable, que elevemos en este presupuesto la figura económica productiva al ejido como tal, para que todos los ejidatarios, los comuneros o los pequeños propietarios se exprese y las tenencias de la tierra tengan la posibilidad de tener los instrumentos presupuestarios para que pueda crecer en un desarrollo integral. No vemos que podamos asignar en un área que no sea la reforma agraria, en las vertientes importantes, en los lugares pertinentes, porque hoy estamos en un mundo globalizador en una competencia desigual, en donde somos productores primarios. Cuando tenemos que darle el valor agregado a la industria o a la agroindustria no tenemos ni la asistencia técnica ni el financiamiento ni la competitividad a que debe aspirar el mercado regional, local y nacional, ni siquiera internacional. Son organizaciones muy específicas las que lo han logrado. Yo creo, presidente, que con respecto al presupuesto... El año pasado aprobamos un presupuesto parcial. Curiosamente fue... negociado y dijimos que íbamos a negociar con hacienda para reasignación de recursos. Ni se reasignaron, ni se integraron; sólo quedó un presupuesto mutilado que no alcanzó a las aspiraciones y a las demandas que nos hicieron... Por eso es importante que desde ahora hagamos un presupuesto que realmente responda a los intereses del campo”.

El presidente Óscar García Barrón: Gracias. Y pregunta si hay algún otro comentario, y continúa. Coincidimos en que tenemos que hacer reuniones de trabajo; esto es algo que es necesario. Hay la propuesta de un día, que es el martes 31 de agosto y, como dice la diputada Hilaria, es un día cuando tenemos una sesión solemne. Pero precisamente por el carácter de ser solemne, es muy ágil.

Si es en la mañana la reunión, podríamos reunirnos en la tarde. Si es en la tarde, podríamos reunirnos en la mañana. Esto, si ustedes así lo determinan, lo dejamos a reserva de que informemos y nos convocamos a una hora o a otra. ¿Están de acuerdo, compañeros? Le pido al compañero secretario lo ponga a consideración.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas pone a consideración la reunión para ver el tema de presupuesto de esta comisión, para el martes 31 de agosto, en hora y lugar por decidir por la secretaría técnica de esta comisión. El que esté por la afirmativa, sírvase levantar su mano. En contra. Abstención. Como resultado de la votación, declara aprobado el punto.

El presidente Óscar García Barrón agradece y en relación a esto, informa que el señor secretario de la Reforma Agraria hizo llegar a la comisión un informe presupuestal al 30 de junio e instruye al secretario técnico para que lo haga llegar a cada uno de los diputados; viene muy completo. Nos habla del presupuesto ejercido por la Reforma Agraria en los diferentes programas que ellos manejan. Nos habla también del presupuesto de la Procuraduría Agraria, con los diferentes acciones y programas que maneja. Nos habla también del Registro Agrario Nacional. Esos tres aspectos son los que vienen, para que nosotros para el 31 ya tengamos también alguna información complementaria. Por favor, le solicita al secretario técnico que lo antes posible haga llegar esta información a cada diputado. Enseguida pregunta si hay algún otro comentario en relación con el punto que se trata, de no ser así, le pide al diputado secretario, dé cuenta del punto siguiente del orden del día.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: “ Señor presidente. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. ¿Hay algún compañero diputado o diputada que desee hacer uso de la voz?”, solicita la palabra la diputada María Hilaria. Para pedir su anuencia si el mismo día 31, hay un ejido y una comunidad, la comunidad es Cumbres, en donde hay una ejecución de resolución presidencial de un ejido y dentro del ejido y de la comunidad están enclavadas propiedades y hay un problema sobrepuesto en resoluciones de un ejido, una comunidad y por si fuera poco, certificaron la efectividad o escritura que ampara a muchos propietarios en estas mismas dotaciones. Dicho problema se ha venido agravando y hoy no sólo es legal sino es social. Solicitaría muy comedidamente que si no tiene inconveniente la comisión en pleno, presidente, nos autorizaran para que, una vez desahogados los puntos de acuerdo de la próxima sesión, que sería el día 31, al final le diéramos alguna audiencia pública a los representantes de la comunidad, del ejido y los propietarios, que son de Nayarit, del municipio de Compostela y que nos cedieran 20 minutos para que en el pleno de la comisión se tratara esa audiencia de ese conflicto agrario pues, de no atenderlo pronto, pudiera agravarse y derramarse sangre, lo que no quisiéramos. Muchas gracias.

El presidente Óscar García Barrón agradece a la diputada y concede a solicitud expresa el uso de la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: “Creo que son dos temas totalmente diferentes. Si vamos a tener esa reunión de trabajo con funcionarios de la Reforma Agraria por cuestiones de presupuesto, tenemos que enfocarnos a ello. Si la diputada Hilaria lo considera, a lo mejor posteriormente, sólo la comisión celebrara una reunión con los ejidatarios o si tiene conflictos de presupuesto, que pida la cita la diputada con los funcionarios de Reforma Agraria porque no podemos estar sujetando a los funcionarios de Reforma Agraria a venir a tratar lo del presupuesto y a la vez estarle exponiendo aquí, como dice la diputada, con riesgo de grupos de ejidatarios. Que posteriormente cada diputado haga su gestión y tenga su reunión con los funcionarios y si quiere tener reunión con la comisión, con mucho gusto. En este aspecto no coincido, no lo apruebo porque si vamos a tratar un tema que sea ése y posteriormente a lo mejor comentarle aquí al secretario y pedir la cita específicamente para ellos porque si les vamos a dar importancia no les vamos a dar 10 minutos; tendría que ser atención exclusivamente a los grupos de ejidatarios, que se sientan bien atendidos y no que sientan que son parte final de una reunión de presupuesto, en donde tenemos mucho que discutir.

El presidente Óscar García Barrón concede el uso de la palabra a solicitud expresa al diputado Gumersindo Castellanos Flores: Gracias, señor presidente. Coincido con la diputada Rosa Adriana hasta cierto punto. Sin embargo, creo que sería conveniente, si así lo consideran ustedes, compañeros, que se nos hagan llegar con anterioridad los antecedentes. Es viable que la mesa directiva se reúna con ellos para que estudie el caso y luego exponerlo aquí. Yo estoy dispuesto a escucharlos cuantas veces sea necesario, pero sabiendo el tema creo que podemos avanzar más rápido”.

El presidente Óscar García Barrón: agradece al diputado su intervención y a petición expresa concede el uso de la palabra a la diputada Hilaria y posteriormente el compañero diputado Ramón Jiménez Fuentes.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, presidente. Con todo respeto, diputada, conozco el proceso legislativo y si en algo me he distinguido durante 40 años como luchadora social es conocer esto y el modo de tratar las cosas. No tengo desconocimiento y no lo tengo de cómo tratar los asuntos agrarios. Además de ser abogada, vengo de un ejido... desde niña...Sólo que estamos hablando de presupuesto y se trata de una comunidad, de un ejido y de propietarios. Es un problema que ya no es legal, no sólo es legal, es social. Haz de cuenta que es el problema de purépechas en Michoacán y que estamos hablando de miles de millones de pesos para arreglarlo. Estamos hablando del problema de Chiapas, estamos hablando de San Juan de Oaxaca. Es muy parecido. Ancestralmente Nayarit, si ustedes retoman la relación de conflictos agrarios es el más grave durante 30 años que tiene Nayarit. Quiero decirles a ustedes que quienes dirigen a estos grupos no son de mi partido, son del de ustedes, no lo hago como colores, lo hago desde mi punto de vista y lo traigo a esta comisión desde el punto de vista humano, de justicia, si vamos a hablar de presupuesto para que reforma agraria no haga su traje a la medida, sino para eso venimos los diputados a defender un presupuesto que responda a los intereses de los campesinos, qué mejor que ustedes estén sensibilizados y conozcan del tema para que tengan a bien acordar y poner mayor presupuesto en conflictos agrarios y armar muy en claro con reforma agraria y con quien va a ejecutar el recurso que es el titular para que estos asuntos que no son muy propios y muy específicos que nos pueden acarrear problemas de enfrentamientos, de hechos de sangre, podamos corregirlos ahorita. Primero porque somos diputados y porque somos de esta comisión y es la comisión rectora, responsable de esta legislatura para hacerlo. Muchas gracias.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias compañera diputada. En uso de la palabra, el compañero diputado Ramón Jiménez”. El diputado Ramón Jiménez Fuentes: “Gracias. Yo creo que es muy importante recordar que nosotros somos los representantes del pueblo. Me parece muy importante lo que dice usted diputada Hilaria, que vengan aquí directamente los representantes de los conflictos, porque esta comisión, precisamente, es la responsable de atenderlos, los primeros que tenemos ese compromiso con la gente directamente, qué importa el estado de nuestro país, por lo tanto, qué importan los colores, importa el pueblo. Ese día 31, a la hora que se señale, vemos adelante el trabajo de esta comisión, se me viene a la mente que sería muy importante que estemos todos juntos, nosotros, como legisladores representantes de la gente, esta gente tiene sus problemas, que estén aquí también nuestras autoridades federales, que estemos todos juntos 20 minutos más, es lo que se nos pide, no digo 20 minutos, sino el tiempo que sea necesario para atender y buscar darle solución a los problemas de esta gente que está esperanzada a que nosotros les ayudemos”.

El presidente Óscar García Barrón: agradece su participación al diputado y pregunta si algún otro diputado desea intervenir. A solicitud expresa se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Santamaría.

El diputado Fernando Santamaría Prieto: “Gracias, presidente. Desde luego que comparto la posición de la diputada Hilaria, es de conocimiento de todos nosotros su trayectoria como luchadora social, pero podríamos dedicarle algún tiempo, el asunto es que a mí me parece diputada, que debemos trabajar en una forma más productiva, recibir a los compañeros que tienen un conflicto social, donde seguramente hay sobreposición de alguna resolución presidencial, es un tema más que legislativo, jurídico de la reforma agraria, desde mi punto de vista. Y que también se debe de aportar la opinión del gobierno del estado. Yo lo que propondría diputado presidente y diputada Hilaria, respetuosamente, es que nos hicieran llegar la documentación, porque también nosotros no tenemos facultad, en el caso de los conflictos sociales en el medio rural, como es el caso de proyectos u obras que podemos asignarlos, porque los conflictos sociales tienen un reglamento, que tienen que respetar la reforma agraria con todo un procedimientos, entonces nosotros estaremos violentando la ley del Ejecutivo y nosotros como Legislativo. Podemos, desde luego, ampliar el monto. Si no mal recuerdo, ¿fueron mil 500 millones, Justino, para...? Podemos ampliar el monto, eso sí lo podemos hacer. Yo propongo que independientemente de si aceptamos o no recibir a los compañeros, que nos entregue la reforma agraria el análisis jurídico y el propio estado de Nayarit, con eso nosotros trabajemos y podamos asignar más recursos para conflictos sociales, pero no podemos invadir la esfera de la facultad del ejecutivo, porque el recurso de conflictos sociales lo asigna la reforma agraria, de acuerdo con el reglamento. Es cuanto, señor presidente”.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, compañero diputado. ¿Algún otro compañero diputado? De no haber otra opinión, le pido al compañero diputado secretario, ponga a consideración la solicitud que hace la compañera diputada Hilaria”. El secretario pone a consideración de los diputados la propuesta de la diputada Hilaria. Y pregunta, “los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Uno, dos, tres, cuatro. Los que estén en contra. Tres, cuatro. Abstención. Uno. Cuatro, cuatro... Señor presidente, el resultado de la votación son cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención. Presidente”.

El presidente diputado Óscar García Barrón:“Compañeros diputados, en vista de que hay un empate, cuatro a favor y cuatro en contra, y una abstención, en base a la importancia del tema, claro que a todos los diputados nos interesa lo que pasa en el medio rural y con los campesinos, solicito a ustedes la aprobación de un receso de cinco minutos para poder analizarlo”. Enseguida concede el uso de la palabra al diputado Gumercindo.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores: “Su servidor y el diputado Fernando, propusimos se nos hiciera llegar documentación antes de aprobar o no la presencia de estas personas. Me gustaría, si así lo tiene a bien, presidente, que lo sometiera a votación, el sentido de mi votación cambiaría porque lo dije claramente, si se me hace llegar la información antes, porque estoy dispuesto a escuchar no nada más a ellos, sino a los que sean necesarios, siempre y cuando se nos haga llegar la información antes para, de perdida, saber de qué se trata. Me gustaría, si así a bien lo tiene, que se someta a consideración la propuesta tanto del diputado Fernando, como la de su servidor, casi es la misma, que se nos haga llegar la información antes, luego valoramos el que acudan ellos... me gustaría, si a bien lo tienen, de que someta a consideración la propuesta, tanto del diputado Fernando como la de su servidor, que casi es la misma. Que se nos haga llegar la información antes y luego valoramos el que acudan ellos o no acudan. Gracias”.

El presidente Óscar García Barrón: “A ver, nada más, discúlpenme. Puedo someter a consideración las dos propuestas, pero en el entendido que hay una primera y es lo que la diputada tiene todo su derecho en hacer su propuesta al seno de este pleno. Entonces, no sé si la diputada Hilaria, que es la que está solicitando el derecho de audiencia, ese día con los funcionarios y con los campesinos pudiera comentarnos si tiene algún inconveniente o no en hacernos llegar a los diputados una ficha informativa en relación al caso o al tema. Diputada, en uso de la palabra”.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputado presidente. Debo decirles que no tengo ningún inconveniente. Estos trabajos de campo están muy avanzados por Reforma Agraria. Conflictos agrarios ya está trabajando en campo. Ya están haciendo un levantamiento, para poder sopesar de qué tamaño es el presupuesto del recurso que ellos requieren para poder convenir con los propietarios o con los comuneros o con los ejidatarios, para que cada quien tenga la parte que le corresponde y delimitar perfectamente la superficie de ejidatario a donde da el ejido, la comunidad y a donde dan las propiedades. Yo no tengo ningún problema para hacerles llegar en esta semana a ustedes, junto con la opinión de Reforma Agraria, Fifonafe y la nuestra de este conflicto. Debo decirlo también, que yo no lo he encabezado. Que he sido muy cuidadosa y respetuosa. Este asunto lo ha encabezado Ivideliza, que es de Acción Nacional, que es compañera de ustedes, y también la compañera María, también integrante. He sido muy cuidadosa. Si lo traigo a esta comisión es porque quiero que nos pongamos las pilas Reforma Agraria y esta comisión y lo institucionalicemos, porque si no se nos cae de las manos y podemos correr riesgos graves. Nayarit en estos momentos está viviendo momentos muy difíciles de seguridad, y hay mucho armamento que no está legitimado y que están en muchas casas, que puede ser caldo de cultivo para que se den unos enfrentamientos, no estamos hablando de pistolitas; de cosas grandes. Es sierra, generalmente la parte de Cumbres ocupa la parte más alta del municipio de Compostela donde están los productores mayoritarios de café del estado, y como hay montes y selvas, ustedes saben las cuestiones que están allá. Por eso para nosotros resulta importante traerles a ustedes una información, como debe de ser y un criterio jurídico y un criterio social, y con mucho gusto lo platicamos el subsecretario y su servidora les haremos llegar el comentario jurídico y social y la propuesta de presupuesto, que Reforma Agraria lo tiene, pero que Reforma Agraria dice: lo que diga la Comisión y lo que nos dé el Congreso de presupuesto si no, no tenemos manera de dar respuesta. Por eso lo traigo aquí, porque vamos a hablar de presupuesto, y trayéndoles a ustedes, con mucho gusto, nos encargamos Felicitas y yo de hacer ese documento y entregárselo en su propia mano. Muchas gracias.

El presidente Óscar García Barrón: “Diputada María Felicitas, en uso de la palabra sobre el tema”. La diputada María Felicitas Parra Becerra: Sí, con el permiso de todos y con una disculpa por el retraso. Efectivamente, vuelvo a reiterarles, compañeros, el problema existe, la problemática existe en el estado de Nayarit. Yo soy también de Nayarit al igual que mi compañera Hilaria. Existe la problemática. Sin embargo, creo yo que es conveniente que tengamos la información, y es lo que yo expresaba hace unos momentos. El motivo de mi abstención es por desconocer la información tal y como lo está manejando mi compañera. Sí le pediría yo, con todo respeto, que nos hiciera llegar esta información para analizarla, conocerla y poder dar un voto de manera consciente, un voto que vaya ayudar a resolver la problemática de las personas del campo. A la vez también solicitaría tener un poco más de información para poder, no entorpecer las labores que está realizando la propia institución, la Reforma Agraria, que también tengo yo conocimiento que está tomando cartas en el asunto y que de manera coordinada resolvamos esta problemática, que creo y considero que es lo más conveniente para poder ayudar a resolver esta situación. Muchas gracias”.

El presidente Óscar García Barrón: “Compañeros diputados, hemos escuchado los diferentes puntos de vista en relación a la propuesta que hace, -porque está en la mesa todavía-, la diputada Hilaria. Los diferentes puntos de vista a favor y en contra, y en base a la técnica legislativa tiene razón el señor secretario, hay empate y en base a la técnica legislativa que los ordenamientos jurídicos nos marcan cuando hay un empate, se tiene que llevar a una segunda votación. Entonces, le pido al señor secretario someta a votación la propuesta. Adelante, compañero diputado”.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Antes de la votación quisiera hacer uso de la palabra, en el sentido de que los diputados del Partido Acción Nacional jamás nos vamos a oponer que vengan ciudadanos, la gente, y menos en esta comisión, gente del campo, como lo propone la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu. Ésta es la casa del pueblo, la casa de todos los mexicanos y las mexicanas, y no solamente han venido invitados por nosotros, de todas las fracciones políticas vienen invitados. Vienen aquí a platicar con nosotros, a formar comisiones de trabajo, a formar mesas de trabajo, a donde se escucha a la gente y se les trata de dar soluciones. En este sentido creo que es importante que se ponga sobre la mesa que no estamos en contra de que venga ningún ciudadano, ningún mexicano, ninguna mexicana, en ese sentido. Es importante que se señale así, que no se quiera malinterpretar de ninguna manera. Lo único que estamos expresando y recogiendo las opiniones, tanto de la diputada Rosa Adriana como de la diputada María Felicitas, es que no tenemos en este punto de asuntos generales, señor presidente, señora diputada María Hilaria, es conocer la información antes. Esa sesión de trabajo más que de fondo es la forma, que creemos no sería el método más práctico para poder llevar a cabo una reunión y que, además, esa reunión rinda frutos. En ese sentido, tanto la diputada María Hilaria como cualquier otro diputado integrante de la Comisión de Reforma Agraria, bueno, ese día o el día que todos nosotros queremos pueden venir campesinos ejidatarios de todos los puntos de la república, no solamente de Nayarit; pueden venir gente invitados de nosotros libremente. Tampoco es condicionante que la Comisión de Reforma Agraria autorice o no que vengan personas de un ejido o de alguna comunidad. Al final de cuentas no es una condición sine qua non pueda venir o no pueda venir alguien, al final de cuentas eso tampoco es algo fundamental o algo que sin ello se pueda llevar a cabo. Entonces, yo creo que aquí tampoco el debate es ése, si al final de cuentas lo que estamos discutiendo nosotros, la fracción de Acción Nacional, en la Comisión de Reforma Agraria, es que no se nos hace práctica la forma con la que se estaría trabajando, que la verdad nos estaría llevando mucho tiempo en ese sentido, que todavía ni siquiera tenemos la hora definida y que una vez teniendo la hora, el lugar y el método de trabajo, entonces sí ya podríamos ver la posibilidad de recibir a un grupo de personas, hasta por el mismo respeto y el tiempo de esas mismas personas. Entonces, ésa es la posición que nosotros como diputados de Acción Nacional estamos poniendo. No estamos en contra del fondo que al final de cuentas es muy noble lo que comenta la diputada María Hilaria Domínguez, sino es por la cuestión de la forma. Ésa sería nuestra condición. No estaríamos a favor de la propuesta como tal de la diputada María Hilaria, por cuestiones ni de conocimiento total del tema ni por las cuestiones de la práctica y el trabajo que se va a llevar ese día precisamente. Estamos en contra no del fondo, sino más bien de la forma de trabajo, que vemos que no sería nada práctico para dar resultados, ni a los campesinos ni a los funcionarios ni a nosotros mismos, tampoco. Es todo”.

El presidente diputado Óscar García Barrón: “El tema que está precisamente en debate donde ya se escucharon diferentes opiniones a favor y en contra es una propuesta que hace la diputada y que está en todo su derecho. Ella ha dicho, la diputada, que no tiene ningún inconveniente de hacernos llegar una ficha informativa a todos, que en su momento nos la hará llegar lo antes posible para estar también en condiciones, nosotros, de conocer el tema. Dejo la sugerencia, muy respetuosa, que por sentido común de apoyo a los campesinos, si ya cuando conozcamos el documento y la información y si ese día es propicio para que nuestros compañeros campesinos expongan ante los funcionarios y ante la comisión su tema, qué bueno, pero dándole seguimiento a la técnica legislativa. Insisto, hay...La diputada María Felícitas Parra Becerra”: “Disculpe que insista. Yo pediría nuevamente se nos haga llegar la información, incluso por la prioridad o por la necesidad de resolver el caso, pues sí es necesario que sesionemos antes del tiempo que está estipulado, pero que sí conozcamos la información. Yo lo solicito, de veras, de veras, atentamente para tomar una decisión que no vaya a afectar, si es que ya hay avances por parte de la dependencia federal.

El presidente Óscar García Barrón: “Yo agradezco la participación de cada uno de ustedes, porque en derecho, como diputados lo tenemos, pero insisto hay una propuesta que nos da el derecho como diputados, y que la técnica legislativa nos obliga a votarlo. Le pido al compañero secretario ponga a consideración esta propuesta”.

El secretario: “Sí, señor presidente” y pregunta “Los que estén a favor de la propuesta de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu; los que estén a favor sírvanse levantar su mano (votación). Los que estén en contra (votación). Abstenciones (votación). Cuatro votos a favor, cuatro votos en contra, cero abstenciones, señor presidente”.

El presidente Óscar García Barrón: “Cuatro votos a favor, cuatro en contra. Le sugiero al señor secretario, el diputado compañero Justino, me haga el favor de dar lectura al artículo 50 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados”.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Presidente quiero hacer antes el uso de la palabra. El artículo 50 es de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités es de los dictámenes, no es de las votaciones. El artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso habla precisamente de las votaciones en las que hubiere empate es el artículo 160, presidente”.

El presidente Óscar García Barrón: Le pido nos haga el favor de dar lectura, y si la circunstancia que usted comenta, y los argumentos así son, pues aquí se tiene que hacer todo conforme a derecho”.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: artículo 50. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma reunión, y si resultare empate por segunda vez se discutirá y votará de nuevo el asunto en la reunión inmediata. Pero si aquel persistiera, el asunto será resuelto en definitiva por el pleno de la Cámara dando cuenta de ambas posiciones escuchando a los oradores a favor y en contra, que determine el presidente de la mesa directiva, y conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 numeral 7 de la Ley Orgánica”. El presidente Óscar García Barrón: “Permítame un segundo. ¿Algún comentario, compañeros? Adelante, compañero Gumercindo”.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores: “Gracias, diputado presidente. Solicito de la manera más respetuosa se dé lectura al artículo 160, también, por favor”.

El presidente Óscar García Barrón: Compañero diputado Gumercindo solicita a esta mesa se le dé lectura al artículo 160. Adelante compañero, le pido por favor agote la petición del compañero diputado Gumercindo.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: “Artículo 160 del Reglamento para el Gobierno Interior; artículo 160. Si hubiera empate en las votaciones que no se refieran a elección de personas se repetirá la votación en la misma sesión, y si resultare empate por segunda vez se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata. Es todo”.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, compañero. Yo quisiera también pedirle, para agotar la técnica legislativa, lo que contempla el artículo 50. Nos conlleva también al artículo 45 numeral 7 de la Ley Orgánica, yo quisiera pedirle, no sé si se encuentra por aquí la Ley Orgánica, que el secretario técnico nos pueda proporcionar la Ley Orgánica, para que se le dé lectura al artículo 45 numeral 7 de la Ley Orgánica.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: artículo 45 numeral número 7, las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros, en caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y si resultara empate por segunda vez se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata. Pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el pleno dando cuenta de ambas posiciones escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la mesa directiva, y conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea. Los proyectos de dictamen de la sección instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos”.

El presidente Óscar García Barrón: “Compañeros diputados, la cuestión legislativa así está. Yo espero algún comentario, en este caso, de la diputada Hilaria, quien es la que está solicitando, en todo su derecho como diputada, el derecho de audiencia de los campesinos ante la comisión, y ante los funcionarios”.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: “Muchas gracias, presidente. Tengo que lamentar que en este seno, y en los representantes de esta soberanía nacional, que somos los indicados no acatemos ni siquiera el mandato del artículo 16 de nuestra Constitución. Dice que todo mexicano tiene derecho a ser oído escuchado y... sin conocer de origen ni de oficio antes del asunto de que se trate, y nosotros mismos estamos cayendo en la aberración, de que primero quieren saber para poder aprobar, y lo que yo estoy pidiendo es el derecho de audiencia. Artículo 16 constitucional. El derecho de audiencia para que ustedes conozcan de propia voz, y no mía, de nuestros hermanos campesinos, pero yo encantada y con mucho gusto; si ustedes me piden todos los antecedentes, con mucho gusto se los hacemos llegar, de todo el problema. Obvié, al no hablar del tema, porque en el orden del día sólo están asuntos generales, y en el tema asuntos generales, que me facultara el Reglamento de las Comisiones, y la Ley Orgánica del Congreso General, y la Constitución, en mi carácter de legisladora vengo a la comisión plenaria de nuestra comisión, porque es asunto de los campesinos, de Reforma Agraria. Y no hay otra entidad rectora que atienda los asuntos de los campesinos, si no es esta comisión, y como estamos hablando de presupuesto, me atreví a hacerlo así, de rápido, porque no me podrían ustedes dar 15 minutos porque no estaba autorizado, ni siquiera en el orden del día, para yo darles los antecedentes del asunto que se trata, y que es ancestral. Y que en esta comunidad de Cumbres de Huizizila, en sus antecedentes históricos ya llevamos alrededor de 35 muertos comuneros y ejidatarios, y que hoy el tema está muy enconado, mucho muy enconado y hace muy delicado el asunto, por la inseguridad que hoy mismo existe en Nayarit. Yo encantadísima de que con todo gusto yo les hago llegar a ustedes la información, pero dejo testimonio en este Canal del Congreso del estado, y en esta sesión plenaria, que se han interpuesto nuestros compañeras y compañeros diputados a dar audiencia, el derecho de audiencia constitucional, de acuerdo con el artículo 16 de nuestra Carta Magna, para ser escuchados en esta comisión, nuestros compañeros de la comunidad indígena de Cumbres de Huizizila, del ejido Zapotán, y del ejido de los propietarios que están en la superficie; que son todos ellos del municipio de Compostela, estado de Nayarit”.

El presidente Óscar García Barrón: “Adelante, compañera diputada María Felícitas”.

La diputada María Felícitas Parra Becerra: “Agradeciendo nuevamente la oportunidad que me da de expresarme, y sabedora de la situación que impera en nuestro estado, yo propongo compañera Hilaria, compañeros todos, compañero presidente propongo que efectivamente escuchemos a las personas que están pasando por esta problemática... Y por qué no, que vayamos allá la Comisión de Reforma Agraria, para que ellos no tengan que trasladarse, los grupos, y sean escuchados por nosotros, compañeros diputados, y sean atendidos en Nayarit. Muchas gracias, ésa es mi propuesta. Y de ser posible, discúlpeme, de ser posible que considere la fecha próximamente.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, diputada. Compañera diputada Rosa Adriana”.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: “Yo secundo la petición de mi compañera Felicitas. Y con todo respeto, para la diputada Hilaria, que es amplia conocedora de derecho, creo que las cosas aquí hay que decirlas como son. Y si alguien las dijo como nosotros las sentimos, el Grupo Parlamentario del PAN, es el diputado Justino.

Aquí no se trata de no atender a ningún ciudadano, sino que tenemos que respetar las formas. Por tanto, me sumo a la propuesta de la diputada. Y le pido a la diputada Hilaria que considere su propuesta, para que la hagamos el más pronto posible, el 25, el 16, el día que ustedes nos digan estaremos presentes, atendiendo a los ejidatarios, y por supuesto no sólo a los de Nayarit sino a todos los que tengan problemas en el país. Por tanto, no se vale, y lo digo aquí en la Comisión, que se esté diciendo que los diputados no queremos atender a los ciudadanos, sin conocer simplemente que no es la forma. Porque estábamos hablando de una reunión ya aprobada con los funcionarios de Reforma Agraria para un tema específico, y no estábamos hablando de la propuesta de ella. Sin embargo, reitero, vamos a adelantarlo. Dejo sobre la mesa la fecha del 24 o 25 de agosto, para atenderlos aquí o en Nayarit. Y nos sumamos a la propuesta no sólo de atenderlos, sino también de hablar con los funcionarios, y que ellos formen parte de esta comitiva o de esta comisión o grupo de trabajo que atenderán los ejidatarios”.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, compañera diputada. El compañero Joel, adelante”.

El diputado Joel González Díaz: “Gracias, presidente. Yo creo que más que los reglamentos que nos marcan estas sesiones y una propuesta de una compañera diputada, se ocupa lo que expresó el presidente diputado. Se ocupa de sentido común. Hoy la propuesta de la compañera diputada María Hilaria... lo propone en asuntos generales, cuando en este pleno se ha visto que se han atendido otras peticiones similares. Hoy es una propuesta de la diputada, mañana va ser de ustedes, compañeros, y pasado mía y de algún otro compañero diputado. Yo creo que se ocupa el sentido común, y que si las condiciones en Nayarit no son aptas para ir a tomar las propuestas allá, y hay voluntad de que ellos quieran venir a ser escuchados, yo también propongo, no le veo ningún inconveniente, que ellos pudieran ser escuchados, al fin y al cabo la decisión no se va a llevar a cabo en ese momento. Para eso están los términos jurídicos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, compañero diputado. Compañeros, yo creo que estamos conscientes de que todo lo que al interior de esta comisión se ventile tiene que ser en el marco jurídico legal. La diputada Hilaria... y yo festejo el hecho de que ella dice que no tiene ningún inconveniente en hacernos llegar a todos los diputados de la comisión una ficha informativa para ampliar nosotros nuestro conocimiento en relación con el tema. Y con base en eso yo le agradezco a la diputada su buena disposición y su compromiso social con los campesinos. Y también a los compañeros diputados que han participado. El hecho de querer ampliar el conocimiento del tema a través de una ficha informativa por parte de la diputada, también tengo que decir que es un reconocimiento porque hay interés de conocer a plenitud el tema. Y con base en la discusión, y que ya se agotaron dos votaciones y prevalece el empate, el artículo 160 del marco jurídico de este Congreso así lo estipula y así lo consigna: si hay un primer empate, y después de la discusión una segunda votación y persiste el empate, el tema habrá de trasladarse a discusión para tomar su resolución en la reunión próxima inmediata, que será, parece ser, el 31, como aquí lo estamos comentando.

Entonces, compañeros, con base en eso a mí no me queda nada más que pedirles que nos sometamos a lo que el artículo 160 establece, porque es la norma jurídica que nos rige. Eso es en cuanto a este tema, compañeros diputados. Si hay algún otro comentario dentro de los asuntos generales. Si no es así, compañeros, me permito... Adelante, compañera María Felicitas”.

La diputada María Felicitas Parra Becerra: “Insistiendo en la invitación, compañero presidente, de que podamos ir a Nayarit a atender y a escuchar de viva voz las problemáticas que están viviendo nuestros compañeros”.

El presidente Óscar García Barrón: “Gracias, compañera. Su propuesta es bienvenida. La recogemos. Si no hay ningún inconveniente, como lo establece el artículo 160 de nuestro marco jurídico que rige el Congreso, en la próxima reunión retomamos su propuesta y le damos seguimiento, diputada, si no tiene ningún inconveniente. Gracias.

No habiendo otro asunto que tratar, compañeros, dentro del último punto, que son asuntos generales, clausuramos esta reunión de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria. Muchas gracias. Y que regresen con bien a sus entidades federativas. Muchas gracias”.

Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu, Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios.

De la Comisión Especial para la Competitividad, derivada de la reunión que tuvo lugar el jueves 22 de julio de 2010

A las 11:00 horas del 22 de julio de 2010, en el salón C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad, según la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, a fin de desahogar el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia

Se pasó lista de asistencia, y estaban presentes los diputados Alberto Emiliano Cinta Martínez (Partido Verde Ecologista de México), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (Partido Revolucionario Institucional, PRI), Norma Sánchez Romero (Partido Acción Nacional), secretarios; Jorge Juraidini Rumilla (PRI), Vidal Llerenas Morales (Partido de la Revolución Democrática) y María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia).

2. Lectura y aprobación del orden del día

Alberto Emiliano Cinta Martínez leyó el orden del día, el cual se aprobó por unanimidad.

3. Análisis de las principales propuestas de reformas legislativas derivadas de las mesas de trabajo para fortalecer los órganos reguladores

Alberto Emiliano Cinta Martínez señaló que la comisión había realizado diversas reuniones para analizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los órganos reguladores, vertiente fundamental para la competitividad y la competencia del país.

Manifestó que en las mesas de trabajo participaron reconocidos expertos miembros del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y de la Red Mexicana de Competencia y Regulación, que impulsa el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), con objeto de recoger su visión, propuestas e ideas para mejorar la regulación en el país.

El equipo técnico de la comisión expuso las conclusiones, los comentarios y el aprendizaje derivado de la opinión de varios expertos en relación con cuatro órganos reguladores: las Comisiones Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Reguladora de Energía (CRE) y Nacional Bancaria y de Valores.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

La mesa de trabajo de la Cofemer se realizó el 25 de mayo y tuvo como expertos invitados a la doctora Josefina Cortés, profesora e investigadoras del Instituto Tecnológico Autónomo de México y experta en temas de mejora regulatoria; al ingeniero Alí Haddou Ruiz, quien se desempeñó como coordinador general de Manifestación de Impacto Regulatorio de la Cofemer de 2000 a 2004; y al licenciado Carlos Arce Macías, titular de la Cofemer en el periodo 2000-2004.

Los expertos señalaron que son necesarios los siguientes ajustes para que se impulse la mejora regulatoria en el país: asegurar que el titular de la comisión tenga la capacidad técnica y el perfil adecuado, y que su cargo sea inamovible; promover la mejora regulatoria en los estados y los municipios; impulsar que las secretarías cumplan los planes bienales de mejora regulatoria; establecer mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y dividir las funciones de la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública para que no haya duplicación.

Se consideró fundamental imponer cierta disciplina de revisión y de mejora regulatoria en el Congreso, por lo que en la reunión se sugirió que haya un ente técnico que evalúe el costo-beneficio de las iniciativa de los legisladores, que tenga responsabilidades de transparencia, de publicación y que pueda tomar posturas imparciales.

Comisión Federal de Telecomunicaciones

El 1 de junio se realizó la sesión relativa a la Cofetel, con la participación del doctor César Hernández, quien ha sido investigador asociado del Cidac y actualmente es director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; del doctor Ernesto Flores Roux, quien fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en México durante el periodo 2008-2009 y actualmente es académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas; y del doctor Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.

Las principales propuestas que se abordaron fueron las siguientes: dar a la Cofetel la potestad de sanción, pues la mayoría de sus contrapartes en otros países cuentan con ella; que todas las atribuciones en materia de telecomunicaciones que tiene actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sean dadas al órgano regulador para que adquiera una potestad regulatoria plena y no se fraccione el proceso entre dos dependencias.

Se mencionó insistentemente que la doble ventanilla crea un sistema de gobernanza poco propicio para impulsar y desarrollar el sector, impone cargas burocráticas ociosas sobre los particulares y genera elevados costos de supervisión.

Se habló de la falta de visión y planeación de largo plazo del sector de las telecomunicaciones, así como de la necesidad de establecer una serie de procedimientos de transparencia y rendición de cuentas para que la Cofetel haga más explícitos sus criterios.

En relación con la autonomía, se propuso que la Cofetel deje de ser un órgano desconcentrado de la SCT y que se ratifique a los comisionados por el Congreso, arreglo que actualmente está impedido, según criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

En la mesa de trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizada el 3 de junio, se contó con la participación de la doctora Patricia Armendáriz, quien fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria en 1992 y actualmente es directora general de Credipyme; y del maestro Vicente Corta Fernández, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y en la actualidad es socio de la firma internacional de abogados White and Case.

Los expertos señalaron que el principal factor que debilita el funcionamiento de la comisión estriba en la falta de autonomía y en las fuertes presiones políticas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que debería eliminarse la carga regulatoria de los intermediarios financieros.

Manifestaron que debe incluirse como objetivo de la comisión impulsar el desarrollo del sistema bancario y la competitividad de los intermediarios, así como ampliar la cobertura total y absoluta de todos los intermediarios que capten depósitos en el país, ya que pueden generar un problema serio de carácter sistémico en México.

Ampliar a todos los intermediarios el seguro de depósito y las cuotas de supervisión fueron aspectos que se consideraron de suma importancia para generar mayor competencia y seguridad.

En la reunión se señaló que las cuotas de supervisión deberían cubrir en su totalidad la regulación financiera, que no ha de ser asumida por la sociedad.

Con relación al traslape, se indicó que se tiene que obligar a la comisión y al Banco de México a homologar sus reglas, así como revisar la distribución de atribuciones entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la comisión. También propusieron que se fusionara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la de Seguros y Fianzas.

Otro problema en que hicieron énfasis fue el deterioro de los recursos humanos y la urgencia de generar incentivos para atraer a los mejores, y dar más capacitación. Finalmente, mencionaron que sería interesante regular la responsabilidad de los funcionarios no sólo por acción sino por omisión.

Comisión Reguladora de Energía

En la mesa de trabajo de la CRE, que se llevó a cabo el 8 de junio, participaron la doctora Míriam Grunstein, profesora e investigadora titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con línea de investigación en diversos temas relacionados con el sector energético; el doctor Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad; y el licenciado Raúl Nocedal Moncada, consultor jurídico en materia de energía y titular de CRE durante dos periodos, de 1994 a 2003.

Los siguientes temas fueron discutidos por los expertos: la falta de capacidad de la CRE para participar en la fijación de las tarifas por la prestación del servicio eléctrico, facultad actualmente en manos de la Secretaría de Hacienda; fortalecer las capacidades de verificación de acceso a la información de la CRE, en especial por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex; y dar mayor autonomía a la comisión, además de revisar su mandato, pues resulta confuso.

Propuestas de reformas

Se señaló que mientras que en otros países los reguladores son autónomos y tienen una solidez institucional muy importante, en México esto no sucede porque la figura de “órgano desconcentrado” presenta límites: reduce la autonomía, fomenta la interferencia política, debilita políticas transversales, genera conflictos de interés y limita el establecimiento de arreglos institucionales acordes con las mejores prácticas; por ejemplo, imposibilita que los reguladores estén obligados a presentar reportes al Congreso, así como la ratificación del Senado de la República de los nombramientos de los titulares y comisionados, donde tiene que asegurarse un perfil técnico.

La discusión en el Poder Legislativo se ha centrado en sustituir la figura de órganos desconcentrado por la de organismos descentralizados, lo cual tiene limitaciones y problemas importantes porque los descentralizados fueron diseñados para funciones netamente empresariales o de asistencia social.

Por lo anterior, el equipo técnico de la comisión propuso a los integrantes que se explore la posibilidad de crear la figura de “órganos reguladores autónomos” como componente de la administración pública centralizada, para lo cual es necesario hacer una categorización en la propia Constitución y hacer una reglamentación de la figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se hizo hincapié en que en la práctica internacional, los reguladores tienen su nomenclatura, su figura para efectos de autonomía y solidez institucional, y que estas características se vinculan al cumplimiento eficaz del mandato de los reguladores.

También se propuso que la Comisión Especial para la Competitividad impulse que los dictámenes incluyan un instrumento análogo a la manifestación de impacto regulatorio para que se analice el costo-beneficio de las propuestas legislativas. Para ello, las comisiones dictaminadoras contarían con apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Al finalizar la exposición, el diputado Alberto Cinta Martínez manifestó que brindar mayor autonomía a los órganos reguladores es una propuesta trascendental, pues transforma de manera importante el marco normativo, además de que impulsaría la competencia en el país.

Por otro lado, señaló que las figuras de “órgano desconcentrado” y “órgano descentralizado” quedan cortas para el mandato que tienen los reguladores. Por ello, crear una figura en la administración pública es un buen punto de partida para una reflexión sobre el tema de los órganos reguladores en el país.

La diputada María Teresa Ochoa manifestó que es muy importante que cuenten con mayor autonomía las comisiones reguladoras, así como disponer de un filtro regulatorio, y tener un efecto costo-beneficio de todas las iniciativas. Sin embargo, comentó que es indispensable analizar qué órgano sería el encargado de hacer el análisis para que no haya ninguna tendencia partidista y que no vaya a beneficiar a ningún partido sino que realmente realice un análisis técnico.

La diputada Norma Sánchez Romero señaló que sería importante analizar cuál sería el papel del CEFP, el procedimiento de análisis, el presupuesto necesario y el tipo de capacitación requerida. También manifestó que sí es necesario encontrar una figura jurídica que dé mayor autonomía a los órganos reguladores.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez planteó que podría ser más fácil y rápido avanzar aprovechando la estructura del CEFP, el cual cumple algunos de los requisitos que mencionó la diputada Ochoa: es un órgano que tiene vocación apartidista y cuenta con un equipo técnico y de auxilio de la labor legislativa. No obstante, apuntó que sí requeriría una formación técnica y debe analizarse cómo se crearía esta responsabilidad.

El diputado Vidal Llerenas Morales manifestó que sí hay congresos internacionales que han tenido alguna experiencia en términos de tener órganos internos de mejora regulatoria, y consideró que el CEFP podría ser el encargado del análisis de impacto regulatorio, pero que es necesario darle otro enfoque y más recursos humanos, pues no tiene expertos en mejora regulatoria; sin embargo, apuntó que también deben analizarse otras opciones.

Con relación a los órganos reguladores, señaló que podrían ser órganos descentralizados y no darles total autonomía porque podría ser contraproducente. Al respecto, se aclaró que la propuesta de la comisión no estaría encaminada a darles autonomía constitucional, ya que se generaría un vacío de revisión de cuentas, entre otros problemas.

La iniciativa iría en el sentido de generar una figura de órganos reguladores autónomos en la administración pública centralizada, con nuevos arreglos institucionales comunes, como la obligación de entregar reportes al Congreso, que se permita ratificar a los integrantes de los cuerpos colegiados de estos organismos, que cumplan un perfil, pero que al mismo tiempo se sujeten a los mecanismos de tutela, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad hacendaria.

El diputado Vidal Llerenas opinó que debe analizarse que expertos revisen las tesis de los órganos reguladores, pues ello generaría un nivel de rendición de cuentas más interesante. Ejemplificó con el caso de Estados Unidos, donde un grupo de especialistas revisa y evalúa las tesis, las resoluciones y los reportes de la comisión de competencia de ese país.

Finalmente, la diputada María Teresa Ochoa sugirió que se invite al nuevo titular de la Cofetel para que presente su plan de trabajo. El diputado Alberto Cinta Martínez señaló que podía hacerse con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

4. Clausura

Como no hubo asuntos generales por tratar, el diputado Alberto Cinta Martínez dio por clausurada la reunión a las 12:30 del 22 de julio de 2010.

La Comisión Especial para la Competitividad

Diputados: Alberto Cinta Martínez (rúbrica), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), secretarios; Mario Alberto di Costanzo Armenta, César Daniel González Madruga, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Israel Reyes Ledesma Magaña, Vidal Llerenas Morales, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica), Armando Ríos Piter, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara.

Del Grupo de Amistad México-Argelia, derivada de la reunión constitutiva, que se realizó el martes 15 de junio de 2010

Con base en sus principios de política exterior, México apoyó la legítima aspiración del pueblo argelino a la independencia en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, al ser uno de los seis estados de América Latina en votar, en 1955, a favor de la inscripción de la cuestión argelina en la orden del día de la Asamblea General de la ONU.

El 21 de octubre de 2010 se cumplirán 46 años (1964) del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales han sido tradicionalmente amistosas y se han caracterizado por un alto grado de entendimiento político.

Tras la apertura de embajadas en las respectivas capitales (México 1974, Argelia 1975) se fortalecieron los lazos de amistad, caracterizándose por un alto grado de entendimiento político, destacando las coincidencias en la agenda internacional, especialmente en los asuntos del ámbito multilateral; por ejemplo: el combate a la pobreza extrema, la promoción de la salud y la necesidad de fomentar el desarrollo de los pueblos; la importancia de estrechar la cooperación en temas prioritarios para los dos países.

A lo largo de su historia, los Estados Unidos Mexicanos han mostrado una doctrina que fomenta la amistad y la paz con las demás naciones del mundo, caracterizándose por la práctica permanente de la unión y la fraternidad universal.

Estamos convencidos que entre las naciones, el respeto a su libertad, la amistad; el respeto a la autonomía de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias y la igualdad jurídica; son los elementos necesarios para que la humanidad alcance con éxito sus ideales de paz y justicia que garanticen la seguridad internacional.

Por la amistad entre las naciones de los Estados Unidos Mexicanos y la República Democrática y Popular de Argelia, por los ideales compartidos y los firmes compromisos de diálogo y concertación política mundial para alcanzar un mejor futuro; instalamos este grupo de amistad, con la seguridad que junto con nuestra contraparte en el Congreso de los Diputados de Argelia, fortaleceremos nuestra ya estrecha relación para engrandecer a nuestros pueblos.

Por lo expuesto, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de los grupos de amistad de la LXI Legislatura, a las 16:00 horas del martes 15 de junio de 2010, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, se declaró formalmente instalado el Grupo de Amistad México-Argelia, que funcionará durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Contando con la presencia, como testigo de honor, del excelentísimo señor Merzak Belhimeur, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Democrática y Popular de Argelia.

Se acordó que los siguientes ciudadanos, diputadas y diputados, integren el Grupo de Amistad México-Argelia:

José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), presidente; Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), vicepresidentas; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rubrica), testigo de honor: excelentísimo señor Merzak Belhimeur (rúbrica), embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Democrática y Popular de Argelia.

Distinguidos Testigos: Excelentísimo señor Mohammad Hassan Ghadiri Abyneh, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán; diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados; Ahmed Mulay Ali Hamadi (rúbrica), embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe y Saharaui Democrática; excelentísima señora Nafisah Binti Mohamed, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la Federación de Malasia; licenciada Sara Valdés Bolaño (rúbrica), directora general de África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; excelentísimo señor Alev Kihc (rúbrica), embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía; doctor Fernando Bilbao Marcos (rúbrica), rector de la Universidad Autónoma de Morelos; ingeniero José Raúl Hernández Ávila, representante del Poder Ejecutivo del estado de Morelos en el Distrito Federal.

Atentamente

Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)

Presidente


Inklusion
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