Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3115-VII, martes 12 de octubre de 2010
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para contratar personal en las juntas federales de conciliación y arbitraje de los estados, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que, por el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Salud implante en los medios de comunicación una campaña preventiva dirigida a los adolescentes y a los jóvenes, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se aprueben recursos para ampliar y pavimentar la carretera que inicia en Santiago Quiotepec y concluye en Santa María Tlalistac, e introducir servicios públicos en La Cañada, Oaxaca, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a modificar el artículo 52 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fondo de Garantía para Apoyo de los Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas, a cargo del diputado Miguel Álvarez Santamaría, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la creación de un protocolo nacional de atención vía telefónica para la intervención en crisis por violencia o discriminación hacia la niñez, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura de la red deportiva de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que un porcentaje de los recursos otorgados a la SCT en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine al establecimiento de un centro de capacitación multidisciplinario donde las guanajuatenses tomen cursos intensivos que les permitan incursionar en el mercado laboral retributivo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura social de los centros de desarrollo infantil, centros comunitarios, centros de educación integral y bibliotecas públicas, en sus componentes físicos, financieros, materiales y humanos, de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el componente atención de desastres naturales en los sectores agropecuario y pesquero, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura física, financiera, material y humana de los hospitales y de los centros de salud de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que la Secretaría de Salud implante una campaña intensiva sobre prevención de la obesidad infantil, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que informe a esta soberanía respecto a los términos en que ha ejercido las facultades y las obligaciones establecidas en el decreto, publicado el 11 de septiembre de 2009 en el DOF, por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un diagnóstico nacional sobre la niñez, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar sus Constituciones y leyes en el reconocimiento de comunidades indígenas, en congruencia con la Carta Magna federal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que un porcentaje de los recursos otorgados a la Secretaría de Salud en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine a crear un centro de refugio para mujeres víctimas de maltrato familiar en Guanajuato, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para concluir las obras pendientes en el hospital general de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para actualizar el diagnóstico de la familia mexicana, suscrita por las diputadas María Joann Novoa Mossberger y Diva Hadamira Gastélum Bajo, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen al Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos recursos para cumplir las atribuciones establecidas en la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el 5 de julio del presente año, suscrita por los diputados Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México a respetar la decisión del cabildo del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc sobre el total rechazo a la creación de rellenos sanitarios de gran tamaño en el municipio y a apoyar proyectos de reciclaje de basura ambientalmente responsables y que involucren a los ciudadanos, suscrita por los diputados Paz Gutiérrez Cortina y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a no desaparecer el programa de atención de problemas estructurales de la industria pesquera nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino; y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para dicho plan, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a separar del encargo al procurador de Justicia por haber omitido la debida y exacta aplicación de la justicia en la integración y determinación de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la guardería ABC, SC, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del subsecretario de Ingresos de la SHCP y del jefe del SAT ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que expliquen los alcances de la cuarta resolución miscelánea, publicada el 31 de marzo del presente año, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud a prohibir en las primarias y las secundarias del país el uso de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la CNDH y al Poder Judicial federal a revisar y resolver con estricto arreglo a derecho el caso de Juan Ranulfo Martínez Pérez, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares para atender las necesidades de vivienda de la población que se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la Sagarpa un fondo de urgencia con estímulos directos para apoyar a los productores de algodón de la comarca lagunera de Coahuila y Durango afectados por la viruela del algodonero, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar con los otros órdenes de gobierno políticas en pro de los jóvenes para resolver de raíz el grave problema de los 7.5 millones de llamados “ni-nis”; y a la Cámara de Diputados, a destinar 5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 y subsecuentes a programas en favor de los jóvenes, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar por la SHCP recursos presupuestarios para reconstruir vías de comunicación y de tránsito e infraestructura carretera afectadas por los desastres meteorológicos en La Cañada, Oaxaca, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior y de Reconocimientos de Plantilla de 2007 a 2010, y de la partida de resarcimiento de 2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía demanda la liberación de los cinco cubanos injustamente presos desde hace más de doce años en Estados Unidos de América por luchar en favor de la paz y contra el terrorismo hacia su país, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al sector educativo, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Salud a establecer lineamientos para legislar a escala nacional en favor de las “madres subrogadas”, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2011 Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos para fortalecer los programas de desarrollo social aplicados en los polígonos Hábitat; y a la Sedesol, a hacer llegar a éstos el programa 70 y Más, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a utilizar de mejor manera el gasto público otorgado por la federación e impulsar la competitividad estatal, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género de esta soberanía a intensificar sus trabajos para atender el rezago legislativo de iniciativas, proposiciones y minutas pendientes de dictamen, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión especial en el Banco de México para conocer las causas del comportamiento de las variables incluidas en el balance general de la institución y los factores que explican los resultados de su operación, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para contratar personal en las juntas federales de conciliación y arbitraje de los estados, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Jesús María Rodríguez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. El artículo 591 de la Ley Federal del Trabajo señala que las juntas federales de conciliación tendrán entre sus funciones actuar como instancia conciliatoria potestativa para los trabajadores y los patrones; actuar como juntas de conciliación y arbitraje, cuando se trate de conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción IV, y las demás que le confieran las leyes.
2. Las juntas de conciliación y arbitraje están saturadas de demandas, y la plantilla laboral es menor. Esta circunstancia afecta la economía de las empresas privadas y los presupuestos oficiales, pues los retrasos en la atención de los conflictos laborales derivan en fuertes erogaciones en indemnizaciones y en otros rubros como “salarios caídos”.
3. Las instalaciones son insuficientes, faltan áreas para desarrollar correctamente la función y el poco personal tiene sobrecarga de trabajo, por lo cual urge la autorización de varias plazas que desahoguen las diligencias y actividades propias. Se requieren, entre otras, las siguientes: auxiliar de trámite, dictaminadores, secretario de acuerdos, actuarios, secretarias, oficialía de partes, archivista y hasta personal de intendencia.
4. El crecimiento ha sido exorbitante. A últimas fechas, el promedio de convenios y desistimientos, que en 14 años ha sido de 30 por ciento, ha disminuido hasta situarse en 15.
5. Se reporta que en septiembre de 2010 ingresó en las juntas gran número de de demandas que casi iguala las recibidas en todo 2009. Además, tiene que darse trámite a amparos directos, amparos indirectos, exhortos y procedimientos paraprocesales, actividades que resulta realmente imposible atender con eficiencia.
Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la contratación de recursos humanos calificados y suficientes, a efecto de que se cumpla el espíritu del artículo 123 constitucional de justicia pronta y expedita para los trabajadores de México, desahogando la carga de trabajo en la juntas federales de conciliación y arbitraje de los estados, con estricto arreglo a los plazos procesales de la Ley Federal del Trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que, por el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Salud implante en los medios de comunicación una campaña preventiva dirigida a los adolescentes y a los jóvenes, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos a la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal de 2011 en materia de prevención de adicciones, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), los factores que ponen en riesgo a nuestros hijos son “la carencia de normas claras sobre comportamiento, falta de afecto genuino en la familia, ausencia de comunicación y respeto entre los miembros la agresión, indiferencia y alejamiento emocional entre padres e hijos, así como entre ambos padres, la actitud permisiva ante el consumo de drogas, legales o ilegales, limitar la manifestación de emociones y sentimientos, fracaso escolar o fallas académicas, poca capacidad de adaptación al entorno social o intolerancia en casos de frustración, desconocimiento del riesgo real que implica el consumo de drogas, fácil acceso a las sustancias adictivas, tener una idea errónea de que su grupo acepta el consumo de drogas y mal aprovechamiento de su tiempo libre”. 1
Algunos resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008 2 nos muestran el siguiente panorama:
El consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado del 5 por ciento observado en 2002 a 5.7 por ciento en este periodo. La edad de inicio para el consumo de drogas es típicamente temprana: la mitad de los usuarios de mariguana (55.7 por ciento) se inicia antes de la mayoría de edad, sólo 36.4 por ciento declaró haber consumido cocaína por primera vez antes de los 18 años.
La exposición a drogas es menor si se está en la escuela: a 12.2 por ciento de quienes tienen entre 12 y 25 años y son estudiantes han ofrecido mariguana regalada; esto ocurre a 19.1 de quienes ya están fuera de la escuela. Además, en quienes están estudiando es menos probable que haya un progreso de la oportunidad al uso y de la experimentación al uso continuado.
La misma situación se observa en relación con la familia: a 85 por ciento de quienes viven en familia, incluida la uniparental, no han ofrecido drogas regaladas, mientras que esto ha ocurrido a 80 por ciento de quienes no viven en familia. Además, es menos probable la progresión hacia la experimentación y el uso regular cuando se está en familia.
En cuanto al consumo de alcohol, resulta evidente que los adolescentes están copiando los modelos de los adultos y que una proporción importante presenta problemas con su manera de beber. Sobresale el aumento del consumo entre las adolescentes.
En necesario implantar una campaña decidida, dirigida a la promoción de estilos de vida saludable, centrada en los menores que se encuentran como población cautiva en las escuelas de nivel básico.
La presente proposición va encaminada a solicitar que se etiqueten recursos para la prevención de las adicciones, a fin de que la Secretaría de Salud pueda implantar una campaña de prevención a través de diferentes medios de comunicación.
Por lo aquí expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos a la Secretaría de Salud, mediante el Consejo Nacional contra las Adicciones, en el ejercicio fiscal de 2011 para que se implante una campaña de prevención de adicciones en los medios de comunicación, dirigida a los adolescentes y a los jóvenes.
Notas
1 Página virtual del Consejo Nacional contra las Adicciones, octubre de 2010, http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/guiaprev.html
2 Conadic. Encuesta Nacional de Adicciones 2008, http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se aprueben recursos para ampliar y pavimentar la carretera que inicia en Santiago Quiotepec y concluye en Santa María Tlalistac, e introducir servicios públicos en La Cañada, Oaxaca, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011 se aprueben recursos etiquetados destinados para la ampliación y pavimentación del camino que inicia en Santiago Quiotepec y que comunica con otras comunidades y concluye en Santa María Tlalistac, así como la introducción de servicios públicos a favor de la región de La Cañada, en el estado de Oaxaca, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Que desde hace más de dos décadas, la región de La Cañada del estado de Oaxaca, integrada por las comunidades indígenas de Cuyamelcalco de Villa de Zaragoza, Santa Ana Cuauhtémoc, Chiquihuitlán de Benito Juárez, San Francisco Chapulapla, San Miguel Santa Flor, San Pedro Teófila, San Andrés Teotilalpan y Santa María Tlalistac ha solicitado apoyo para comunicar e integrar a las comunidades y acceder a diversos servicios y al desarrollo.
2. Que de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, el municipio Cuyamecalco Villa de Zaragoza, cabecera de la región, cuenta con 3,783 habitantes.
3. Que han definido en asambleas generales de los municipios que integran la región, que es necesario que dichas comunidades cuenten con un hospital regional y una universidad regional que respete e integre a los pobladores para que mejoren sus condiciones de vida.
4. Que otra de sus peticiones para su desarrollo y adelanto es la necesidad de tener comunicación telefónica y en consecuencia tener acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. Debido a que actualmente la cobertura de servicios públicos es únicamente agua potable y energía eléctrica y sólo se posee una caseta telefónica.
5. En suma, son muchas y variadas las necesidades de los municipios que conforman la región de La Cañada, no obstante es fundamental que cuenten con vías de comunicación que les permitan desarrollar actividades de intercambio entre las comunidades y que propicien el desarrollo
Considerando
Primero. Que es una realidad que en dicha población habitan decenas de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan día a día.
Segundo. Que es nuestro deber como legisladores velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país.
Tercero. Por ello es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía se establezca una partida presupuestal suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de las comunidades mencionadas y con cabecera municipal en Cuyamelcalco Villa de Zaragoza, estado de Oaxaca, así como para la introducción y dotación de servicios básicos y servicios de telefonía, respecto al que se harán las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011 se aprueben recursos etiquetados destinados para la ampliación y pavimentación de la carretera que inicia en Santiago Quiotepec y que comunica con otras comunidades y concluye en Santa María Tlalistac, así como la introducción de servicios públicos a favor de la región de La Cañada, en el estado de Oaxaca.
Palacio Legislativo, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rùbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a modificar el artículo 52 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, en tenor de las siguientes
Consideraciones
Es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el instrumento jurídico que otorga al Instituto Federal Electoral las facultades para sancionar económicamente a partidos políticos y a los concesionarios y permisionarios de radio o televisión, que infrinjan el marco legal en el proceso electoral.
En este sentido el actual Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 establece en su artículo 51 lo siguiente
“Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2010, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos.”
En cumplimiento de dicho artículo el Instituto Federal Electoral ha efectuado los depósitos a la Tesorería de la Federación, por concepto de las sanciones económicas aplicadas, derivado del régimen disciplinario a los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2010, por un monto de $ 50,127,313.00 pesos, correspondientes al periodo de enero - julio 2010, de los cuales $ 46,216,469.00 están en proceso de adecuación presupuestaria ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de ser aplicado a los proyectos estratégicos aprobados, en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación de los centros públicos de investigación y del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
A pesar del los recursos asignados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 y de los montos reasignados por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México se encuentra como último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de capacidad de innovación, al registrar el más bajo nivel de patentes para desarrollo científico. Además de ubicarse en el nivel más bajo en cuanto a inversión en ciencia y tecnología y en el número de personas dedicadas a este sector.
En México la inversión en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología, registró la más baja inversión respecto a los países miembros de la OCDE. En nuestro país se invirtió cerca del 0.35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), quedando por debajo de otras naciones cuya inversión oscila entre el 0.5 por ciento y 0.9 por ciento del PIB, siendo Suecia con un 3.60 por ciento, el país que más recursos destina al desarrollo científico y tecnológico.
Por lo anterior deriva la importancia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo principal es impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de información científica y tecnológica.
El fortalecimiento en materia de ciencia y tecnología en México propicia el desarrollo sustentable, así como la creación de empleos para el aprovechamiento de profesionistas de alto nivel que desarrollen y promuevan proyectos de innovación dentro de nuestro país, evitando así emigración de mano de obra calificada a otras naciones.
En fomento al desarrollo de ciencia, innovación y tecnología, el presente punto de acuerdo por medio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, tiene como finalidad de solicitar la modificación al artículo 52, en el decreto del proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2011 para que también sean reasignados los montos derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos, así también de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión durante el 2011. De igual forma los recursos serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, se modifique el artículo 52 presentado en el proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para quedar de la siguiente manera
Artículo 52. Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos, concesionarios y permisionarios de radio y televisión durante 2011, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 de octubre de 2010.
Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fondo de Garantía para Apoyo de los Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas, a cargo del diputado Miguel Álvarez Santamaría, del Grupo Parlamentario del PRI
La reforma constitucional de justicia y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala:
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.
Para lograr la implantación de la reforma, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han venido trabajando en la actualización de toda la legislación secundaria que da la pauta operativa a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la justicia penal. Sin embargo, aunque se ha avanzado mucho en las áreas ministeriales, policiales y periciales, persiste un olvido de los centros de readaptación social, particularmente en lo que respecta al ámbito estatal, cuya problemática se debe atender de manera urgente.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente existen 429 centros de reclusión con una capacidad instalada para albergar 176 mil 911 personas, de los cuales siete centros están bajo el control del gobierno federal, diez son administrados por el Distrito Federal, 92 son cárceles municipales y 320 dependen de los gobiernos estatales. Sin embargo, la población total de las cárceles es de 222 mil 297 internos, de los cuales 176 mil 851 son procesados y sentenciados por delitos del fuero común y 45 mil 446 internos son procesados o sentenciados del fuero federal. Es decir, estamos hablando de una sobrepoblación de 45 mil 386 internos que se encuentran albergados en centros de reinserción social de las entidades federativas.
Las 15 entidades federativas con mayores índices de sobrepoblación son el Distrito Federal, con 19 mil 143 personas; el estado de México, con 7 mil 967 personas; Jalisco, con 6 mil 311 personas; Sonora, con 4 mil 147 personas; Baja California, con 3 mil 326, personas; Puebla, con 2 mil 926 personas; Chiapas, con 2 mil 302 personas; Guerrero, con mil 614 personas; Tabasco, con mil 461; Morelos, con mil 184 personas; Nayarit, con mil 90 personas; Quintana Roo, con 772 personas; Hidalgo, con 739 personas; Yucatán, con 428; y Baja California Sur, con 428 personas.
Adicionalmente, y no necesariamente como un fenómeno vinculado a la sobrepoblación, encontramos hechos oprobiosos como las fugas, la corrupción, el tráfico de influencias, la violación a los derechos humanos o el maltrato a familiares e internos, las extorsiones telefónicas y hasta los casos del centro de readaptación social de Gómez Palacios, Durango, en el que la directora del penal permitía a sicarios procesados salir por la noche a delinquir; o la fuga de 86 reos en Reynosa, Tamaulipas, con la complicidad del propio personal de custodia.
Las cárceles estatales son el verdadero problema del sistema penitenciario mexicano y parte de su problemática se debe a una infraestructura insuficiente, falta de un procedimiento de clasificación y tratamiento, escasa profesionalización de su personal, carencia de equipo de seguridad e inteligencia y una legislación obsoleta que no regula de forma eficiente la operación, funciones y estructura de los penales estatales.
Como diputados federales, somos corresponsables en la atención de esta problemática no sólo por la obligación de aportar soluciones legislativas, sino también en la asignación de mayores recursos y su consecuente fiscalización.
Conscientes de esto, esta legislatura efectuó el año pasado una ampliación al Ramo 36, “Seguridad pública”, por la cantidad de mil millones de pesos, que se reflejó en la creación del Fondo de Garantía para Apoyo a Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas. Sin embargo, el Ejecutivo federal no tomó en cuenta esta ampliación y este año de nueva cuenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011 no considera esta ampliación para el mejoramiento de los centros penitenciarios estatales.
Consideramos que esta soberanía debe sensibilizar al Ejecutivo federal haciendo esta ampliación para evitar que los centros penitenciarios estatales queden de nueva cuenta en el olvido. Por ello hacemos un exhorto a los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados y las diputadas que integran el pleno de esta Cámara de Diputados para que asignemos recursos para el Fondo de Garantía para Apoyo a Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas.
Cabe señalar que los mil millones de pesos que se asignaron el año pasado sólo están permitiendo atender las necesidades de siete estados y el Distrito Federal. Hablamos de casi 30 centros penitenciarios estatales, de las 320 cárceles que tienen los estados en la república, razón por la cual consideramos necesario también aumentar la ampliación de recursos a centros penitenciarios estatales por la cantidad de 5 mil millones de pesos, cantidad a repartirse a las treinta y dos entidades de la república bajo criterios definidos por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, a septiembre de 2010, se habían ejercido 900 millones de pesos distribuidos a las siguientes entidades federativas: Chihuahua, 200 millones; Veracruz, 30 millones; Sinaloa, 110 millones; Coahuila, 180 millones; Baja California, 150 millones; Yucatán, 30 millones; Distrito Federal, 100 millones; y estado de México, 100 millones de pesos.
Como representantes ciudadanos estamos conscientes de que la sociedad exige cárceles más ordenadas, seguras, limpias de corrupción, sin motines o fugas y administradas por autoridades capacitadas y profesionales en el tratamiento para la reinserción social de los internos. Para alcanzar estos fines, es indispensable dotar a los centros penitenciarios estatales de recursos para que puedan capacitar a su personal, modernizar su equipo y la tecnología con la que operan, instalar inhibidores, realizar labores de remozamiento y ampliación de su infraestructura y desarrollar una verdadera industria penitenciaria que dé a los internos las herramientas necesarias para retornar a la sociedad sin el acecho de la reincidencia.
El destino de este fondo para apoyo a centros de readaptación social en las entidades federativas se deberá utilizar exclusivamente para la realización de proyectos:
a) Mejoramiento o ampliación de infraestructura. Mediante el remozamiento de la infraestructura existente o la construcción de nuevos módulos para procesados, sentenciados, hombres y mujeres, así como adultos jóvenes que permita cumplir con el nuevo modelo de reinserción social y demás programas de clasificación y tratamiento para la no reincidencia.
b) Profesionalización del personal. Mediante la habilitación de un servicio profesional de carrera penitenciario sujeto a evaluaciones de control de confianza periódicas de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
c) Equipamiento de los cuerpos de seguridad y custodia. Mediante la dotación de equipo básico para combatir las extorsiones telefónicas, el tráfico de sustancias ilícitas y la corrupción intramuros.
d) Transparencia. Mediante la aplicación de reglas e indicadores de eficiencia del gasto propuestos y aplicados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A fin de que esta soberanía demuestre nuevamente al gobierno federal la necesidad de dotar de mayores recursos a los centros penitenciarios estatales en beneficio de la ciudadanía tenemos a bien presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 5 mil millones de pesos para el Fondo de Garantía para Apoyo a Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas, a fin de mejorar la infraestructura, el equipamiento y la profesionalización del sistema penitenciario nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Subcomisión del Sistema Penitenciario de la Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Miguel Álvarez Santamaría, Ardelio Vargas Fosado, Aarón Irízar López, María de Jesús Aguirre Maldonado, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Rosi Orozco, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la creación de un protocolo nacional de atención vía telefónica para la intervención en crisis por violencia o discriminación hacia la niñez, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Joann Novoa Mossberger, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La infancia tiene su manera de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo francés
Uno de los mayores y más importantes compromisos que debemos tener los actores políticos del país es con la infancia. No sólo por sus circunstancias y los riesgos de mayor vulnerabilidad sino porque su formación humana es reflejo en la sociedad y el país que somos.
Así también garantizar a la niñez cada uno de sus derechos son las normas que aparecen en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que se aplica prácticamente en toda la comunidad de naciones. Las normas fueron negociadas en un periodo de 10 años por gobiernos, organizaciones no gubernamentales, promotores de los derechos humanos, abogados, especialistas de la salud, asistentes sociales, educadores, expertos en el desarrollo del niño y dirigentes religiosos de todo el mundo para obtener un documento que da una seria importancia a los niños, definidos como personas menores de 18 años.
Por esto, a los menores se reconocen los derechos humanos que precisan el cuidado y una protección especial de que los adultos no necesitan; basándose en cuatro principios fundamentales: la no discriminación en el disfrute de sus derechos en cualquier situación o circunstancia; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño.
Por otro lado, las leyes de los derechos de niño y de adolescentes, así como las legislaciones sobre justicia para adolescentes, establecen instancias y procedimientos para atender a la infancia en estos aspectos, lo que significa aplicación de recursos materiales, humanos y presupuestales para hacer efectivas dichas disposiciones.
Fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
La Convención sobre los Derechos del Niño considera como tal a todo ser humano menor de 18 años, y en ella se agrupa la mayor parte de los derechos humanos más importantes de los niños, de acuerdo con el criterio de los Estados soberanos miembros de la ONU.
La convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, la ratificó México el 21 de septiembre de 1990, entró en vigor en el país el 21 de octubre de 1990 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
El país, al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, se compromete a garantizar a la niñez todos sus derechos, buscando hacer realidad uno de los temas que más ha generado preocupación en el mundo entero: la violencia y discriminación de que son objeto los niños, convertido en grave problema social. Un estudio mundial propuesto por la ONU consistió en presentar un panorama detallado sobre la naturaleza, el alcance y las causas de la violencia contra la infancia. De ello concluyen con recomendaciones claras sobre cómo actuar para impedirla y responder ante ella.
En fecha pasadas se presentó un exhorto en los mismos términos que la propuesta que se plantea: se aprobó por unanimidad, con lo cual nos comprometimos todos a apoyar a la niñez.
Se identifican principalmente cinco espacios en los que de manera prioritaria se violenta a niños: el hogar y la familia; las escuelas y los entornos educativos; las entidades asistenciales y judiciales; el lugar de trabajo; y la comunidad.
Establece dicho estudio que la violencia contra la infancia se da tanto a nivel físico como psicológico, a manera de insultos y humillaciones, discriminación, abandono y malos tratos, en lugares como la escuela y en el hogar principalmente, con repercusiones graves en muchos casos.
El país ha llevado a cabo adecuaciones legislativas y programáticas, a través de una serie de acciones tendentes a asumir el compromiso con la infancia; sin embargo, han resultado insuficientes. Ello hace evidente que la violencia contra la niñez es poco atendida.
Lo anterior se hace patente cuando pese a dichos avances, aún se consideran cultura de legitimación social el castigo físico y el maltrato emocional como parte de control o corrección, siendo formas aceptables de educación infantil.
Las cifras que el maltrato infantil presenta a escala mundial son alarmantes. El documento Acabar con la violencia contra los niños y adolescentes, que contiene los resultados del estudio mundial referido en párrafos anteriores, da una idea de la magnitud del problema:
• La Encuesta Global de Salud en la Escuela, llevada a cabo en una amplia gama de países en desarrollo, ha mostrado recientemente que entre 20 y 65 por ciento de los niños y los adolescentes en edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela en los 30 días precedentes.
• Se calcula que en 2002, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico.
• La Organización Internacional del Trabajo indica que en 2004 218 millones de niños y de adolescentes trabajaban y 126 millones realizaban trabajos forzosos. Los cálculos relativos a 2000 indican que 5.7 millones realizaban trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre, 1.8 millones trabajaban en la prostitución y la pornografía y 1.2 millones eran víctimas de la trata.
En México se tienen algunos relacionados con la situación que se da respecto al maltrato infantil. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta los siguientes datos a escala nacional:
| Tipo de maltrato |
2002 |
2003 |
2004 |
| Físico |
31 |
29.2 |
23.7 |
| Abuso sexual |
4.9 |
4.4 |
3.8 |
| Abandono |
6.4 |
8.4 |
7.7 |
| Emocional |
20.6 |
27 |
21.1 |
| Omisión de cuidados |
23.2 |
27.7 |
27.6 |
| Explotación sexual comercial |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
| Negligencia |
13.4 |
8.6 |
8.3 |
| Explotación laboral |
1.1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
Tras analizar esta información y por la magnitud de la problemática, se concluye que las denuncias son muy pocas, no son siquiera 0.5 por ciento; solamente 2.2 por ciento de las denuncias se atiende. Es urgente abrir espacios para la recepción de denuncias de casos de maltrato infantil, a través de una línea específica para su atención, creando un protocolo para su atención de manera integral.
La recomendación ocho del documento citado conmina a los Estados parte a crear sistemas de denuncia y servicios accesibles y adecuados para niños y adolescentes:
... Recomiendo que los Estados establezcan mecanismos seguros, bien publicitados, confidenciales y accesibles para los niños, sus representantes y otras personas para denunciar la violencia contra los niños. Todos los niños, incluidos los que están en régimen de tutela y en instituciones judiciales, deberían conocer la existencia de mecanismos de denuncia. Se deberían establecer mecanismos como líneas telefónicas de ayuda mediante los cuales los niños puedan denunciar los abusos, hablar con un asesor capacitado de manera confidencial y pedir apoyo y asesoramiento, y se debería considerar la posibilidad de crear otras maneras de denunciar los casos de violencia mediante nuevas tecnologías.
Por tanto, se pide que dicha necesidad se tenga por permitida en cuanto a la siguiente manifestación:
Proyecto, programa u obra pública: Protocolo nacional de atención vía telefónica para la intervención en crisis por violencia o discriminación hacia la niñez, y crear un número nacional único de tres dígitos para la atención de niños y de adolescentes víctimas de violencia o discriminación.
Presupuestal solicitado: 3 millones de pesos.
Unidad ejecutora de gasto: DIF Nacional.
Población beneficiada: 37 millones de niños.
Meta o indicador económico o social por alcanzar: 100 de atención y disminución de 50 por ciento del índice de violencia.
Los niños requieren atención inmediata, y un agravante son las situaciones vulnerables en que viven; no es mentira la protección y seguridad que se les deben brindar. Hay que garantizar que dichas encomiendas se realicen para su efectivo goce de derechos y que tengan un desarrollo íntegro en su carácter y personalidad para que en la etapa adulta sean hombres de bien y solidarios con sus semejantes.
Es urgente asentar en nuestras agendas que a los niños se deben dar los suficientes mecanismos de manera prioritaria no sólo para ser oídos sino para escuchados, por la niñez que es de todos, que no quiere que haya un momento más de violencia.
La niñez requiere el amor y la comprensión de la familia, así como de la sociedad en su conjunto. Los niños deben ser protegidos desde antes y después de su nacimiento, durante su crecimiento; debe protegerse su vida y su salud y asegurarles el efectivo goce de todos sus demás derechos, a fin de garantizarles un desarrollo físico, mental, social y espiritual que les permita la formación del carácter y personalidad.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a etiquetar recursos en el ejercicio fiscal de 2011 para crear un protocolo nacional de atención vía telefónica para la intervención en crisis por violencia o discriminación hacia la niñez, y a crear un número nacional único de tres dígitos para la atención de niños y de adolescentes víctimas de violencia o discriminación, por realizarse mediante el DIF Nacional, por 3 millones de pesos, lo cual permitiría la atención de este sector de la población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura de la red deportiva de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La juventud ha sido un valioso capital humano en la preservación de la paz mundial, ha sido un engranaje fundamental en los procesos de desarrollo social, económico, cultural y político en todas las naciones. Tanto es así que 1985 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Juventud.
En el contexto nacional, el papel de las y los jóvenes, es de suma importancia, no sólo por su aspecto numérico, sino, por el reto que representa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas; así como, el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Se reconoce especialmente, que en esta etapa del ciclo de vida es en donde tienen lugar decisiones y transiciones vitales que determinarán sus logros en las etapas posteriores de vida.
Los jóvenes mexicanos representan un valor potencial en el desarrollo de la nación, debido a que constituyen el cimiento de todo país en desarrollo, por la densidad numérica y fuerza de trabajo que representan. Por ello, es preciso encauzar sus capacidades, satisfacer sus necesidades, demandas y promover el pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades, toda vez, que los jóvenes sin excepción tienen los mismos derechos.
Entender a la juventud representa una pluralidad de convicciones, intereses, preferencias, que conforman una expresión cultura compleja. En la actualidad los jóvenes son afectados por la pobreza, el desempleo, la drogadicción, la violencia, el abuso o explotación sexual; las discapacidades, la discriminación y la marginación social.
Los jóvenes se encuentran involucrados en una gama de cambios nacionales y globales, que tienen que ver con las tendencias sociodemográficas, la familia, la pobreza, la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente y el consumo, por lo que se hace necesario garantizar la plenitud de sus derechos.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, la población juvenil, que comprende la de 12 a 29 años de edad, alcanzó su participación más alta dentro del total de la población en los primeros años de la década de los noventas (37 por ciento en 1995). Se espera una estabilización en 2030 e inicie su descenso en 2050, donde representará sólo el 19.2 por ciento del total de la población. El Consejo Nacional de Población considera que en el 2012 se reportará la mayor cantidad de jóvenes en la historia del país.
En sí, las cifras revelan que los jóvenes en México de entre 15 y 29 años de edad representan el 27.3 por ciento de la población total, lo que significa 29.1 millones de personas, y de este universo, aproximadamente 15 millones son jóvenes que viven en condiciones de pobreza.
El promedio de escolaridad de este sector es apenas de 9 años, lo que quiere decir que sólo cuentan con educación primaria y secundaria. Comparativamente la brecha es mayor entre las zonas urbanas y las zonas rurales, se estima que en estas zonas los jóvenes de entre 15 y 19 años en desventaja de recursos económicos solo asisten el 40 por ciento a las escuelas, además de estimar que cada año más de 200 mil jóvenes emigran del país en la búsqueda de cambiar y mejorar su condición de vida.
La inestabilidad y la baja percepción de los ingresos en muchos hogares, han obligado a que cada vez sean más los jóvenes que contribuyan al sustento de la familia a través de la informalidad laboral, con jornadas de más de 8 horas, sin contrato y sin la prestación de servicios de seguridad social y de salud.
El Banco Mundial, indica que en México cada año los más de 900 mil jóvenes que pretenden incorporase al mercado laboral, se enfrentan a un escenario adverso, que obedece entre otros factores por la actual crisis económica que ha afectado más a nuestro país en comparación con otras naciones en desarrollo, y por la falta de una política de Estado diseñada específicamente para el crecimiento integral y sustentable de los jóvenes.
Es el momento de generar para los jóvenes las nuevas condiciones que les permitan centrar sus expectativas en mejores oportunidades de calidad de vida, combatiendo las desigualdades y la vulnerabilidad en la que miles de jóvenes se encuentran ante factores adversos que tienen que ver con la pobreza, la marginación, la discapacidad, la apatía, el abandono y la falta de sensibilidad social.
Es un grave problema la dispersión y la apatía en que una mayoría de jóvenes se encuentra al no ver satisfechos sus intereses, acceder a una enseñanza educativa de calidad, el disponer de instalaciones deportivas en sus centros educativos o empresas que los aleje de la marginalidad y la pobreza.
De aquí que la importancia de la práctica del deporte y de la cultura física de la juventud tlalpense radique en alentar un buen desarrollo físico, mental y social de los jóvenes; contribuyen de manera tangible en la preservación y mejora de su salud; complementan su educación y desarrollo integral; contribuyen en el incremento del rendimiento escolar y la productividad laboral, representan un instrumento valioso para favorecer su integración a la sociedad, inhiben la delincuencia, la violencia, propician la igualdad, favorecen el sentido de pertenencia en sus colonias, barrios, comunidades y son un valioso instrumento de bienestar social.
Este segmento de la poblacional representa un enorme potencial para el desarrollo económico, social, cultural y político de la delegación Tlalpan. Legislar en este sentido, significa garantizar sus derechos fundamentales y su desarrollo integral, es confiar precisamente, en sus ideales, sueños y aspiraciones, los cuales en un futuro no muy lejano, se convertirán en los cimientos donde descansará nuestro país.
Los jóvenes hoy día representan una apuesta segura para el progreso armónico y el desarrollo de la nación, es por eso, que mi compromiso con la juventud, se ha traducido en plantear propuestas que promuevan la participación y respeto de los derechos fundamentales de la juventud mexicana.
Promover que la juventud participe de manera libre y democrática en los procesos de toma de decisiones que afecten su entorno social y su necesaria inclusión en los procesos de transformación económica, social y cultural y política de nuestra delegación.
Los jóvenes mexicanos necesitan de un marco normativo que garantice condiciones mínimas de un Estado social y jurídico, que contribuya a su desenvolvimiento personal, familiar, público, laboral, profesional, un trato en igualdad de condiciones, con dignidad, respeto, tolerancia y capacidad de respuesta, que evite la ambigüedad, desatención y desprecio de que son objeto.
Así como el acceso a la salud pública como un derecho y no como un privilegio que les permita acceder a los sistemas públicos médicos y al establecimiento obligatorio del seguro médico básico educativo. Un sistema nacional de becas juveniles que les garantice reglas claras y operativas para tener el beneficio económico de una beca.
Las diferentes formas de pensar, las inquietudes, las expresiones, las ideologías de los jóvenes deben ser escuchadas sin afanes protagónicos; deben atenderse con el ánimo y el espíritu constructivo para avanzar hacia una mayor equidad e igualad de oportunidades, eliminando las asimetrías de nuestro entorno social, cultural, económico y político. Serán ellos los que el día de mañana contribuirá en el fortalecimiento de una mejor y más grande nación.
A la fecha, la delegación Tlalpan cuenta con 12 unidades deportivas como a continuación se señala: Centro Deportivo Villa Olímpica; Centro Deportivo Sánchez Taboada; Deportivo la Joya; Deportivo San Andrés Totoltepec; Deportivo San Nicolás Tolentino; Deportivo Vivanco; Deportivo Solidaridad; Deportivo Balankán; Deportivo Parque Morelos; Deportivo Vivanco; Deportivo San Pedro Mártir y Módulo Deportivo Morelos Barrio Niño Jesús (confrontar el anexo).
En este sentido, es prioritario fomentar en la población tlalpense la práctica del deporte de niños, jóvenes y adultos mayores, que permita un desarrollo integral familiar, social y comunitario. Así como, propiciar la construcción y el desarrollo de la infraestructura deportiva y de espacios públicos abiertos que permitan promover la práctica de actividades deportivas, e Impulsa la construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, adecuación y equipamiento de la red de instalaciones deportivas en la delegación Tlalpan.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Juventud y Deporte de esta honorable soberanía que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren las previsiones presupuestales etiquetadas de 500 millones de pesos para que la delegación de Tlalpan lleve a cabo la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, para un aceptable funcionamiento, en beneficio de la juventud tlalpense.
Segundo. Para el ejercicio de este presupuesto se deberá celebrar un convenio entre el gobierno federal y el Gobierno del Distrito Federal, con sus acuerdos específicos, para que se transfieran estos recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto del Deporte del Gobierno del DF a la delegación Tlalpan.
Tercero. Los recursos solicitados provendrán de la reasignación presupuestal a partir de las ampliaciones presupuestales derivadas de los ahorros e ingresos adicionales a la federación de acuerdo a la ley de ingresos y demás aplicables en materia fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica)
Anexo
Delegación Tlalpan
Unidades deportivas
Con punto de acuerdo, a fin de que un porcentaje de los recursos otorgados a la SCT en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine al establecimiento de un centro de capacitación multidisciplinario donde las guanajuatenses tomen cursos intensivos que les permitan incursionar en el mercado laboral retributivo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se destine un porcentaje del presupuesto otorgado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio presupuestal 2011, al establecimiento de un centro de capacitación multidisciplinario que permita a las mujeres guanajuatenses, principalmente amas de casa que no han tenido la oportunidad de desarrollar conocimientos técnicos u oficios, tomar cursos intensivos que le permitan a muy corto plazo incursionar en el mercado laboral retributivo, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inserción de la mujer en el mercado laboral remunerado ha traído consigo un avance fundamental en el desarrollo económico y social de los países, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo en desarrollo, por ejemplo, entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de la producción, elaboración y comercialización de alimentos está a cargo de las mujeres, así como el 70 por ciento de las pequeñas empresas.
Además, la incorporación de la mujer en el trabajo remunerado contribuye a su empoderamiento económico, lo que impulsa el control de las mismas sobre sus recursos materiales y financieros, así como en su fortalecimiento integral de conocimientos y habilidades para sustentar su seguridad, autonomía e independencia económica.
No obstante lo anterior y aún cuando el nivel de escolaridad de las mujeres ya es superior que el de los hombres en el mercado de trabajo y que ha crecido considerablemente el número de mujeres en las ocupaciones profesionales y técnicas, la participación de la mujer en el ámbito laboral todavía no es plena.
Existe un importante sector de mujeres que, en razón de las construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales a través de los cuales se definen los papeles y tareas a cada género, han asumido en su totalidad la responsabilidad de las labores domésticas y el cuidado familiar. Cuando alguna de estas mujeres, pretende, por cualquier razón, insertarse en el mercado laboral se encuentran con múltiples obstáculos, uno de ellos es, sin duda alguna, la falta de los conocimientos técnicos adecuados o del desarrollo de sus capacidades.
Nuestro país, ha realizado importantes esfuerzos por prevenir y atender este grave problema social, entre estos, se encuentra la aprobación y entrada en vigor de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Esta ley establece en su artículo 33 que será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos. Asimismo, el artículo 34, fracción II, dispone que las autoridades y organismos públicos deben desarrollar acciones que fomenten la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas.
En Guanajuato 254,129 hogares están a cargo de una mujer, estas mujeres, además de tener la responsabilidad del cuidado de los hijos y del hogar, son responsables de proporcionar el sustento a sus familias.
Compañeros legisladores: la importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la república.
Por ello, debemos impulsar la creación de un centro de capacitación multidisciplinario que permita a las mujeres guanajuatenses, principalmente amas de casa que no han tenido la oportunidad de desarrollar conocimientos técnicos u oficios, tomar cursos intensivos que le permitan a muy corto plazo incursionar en el mercado laboral retributivo
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Trabajo y Previsión Social, y de Equidad y Género de la honorable Cámara de Diputados a fin de que se destine un porcentaje del presupuesto otorgado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio presupuestal 2011, al establecimiento de un centro de capacitación multidisciplinario que permita a las mujeres guanajuatenses, principalmente amas de casa que no han tenido la oportunidad de desarrollar conocimientos técnicos u oficios, tomar cursos intensivos que le permitan a muy corto plazo incursionar en el mercado laboral retributivo.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura social de los centros de desarrollo infantil, centros comunitarios, centros de educación integral y bibliotecas públicas, en sus componentes físicos, financieros, materiales y humanos, de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero el derecho de todo ciudadano a una educación gratuita y laica. Asimismo, la Ley de Educación en su capítulo tercero prevé el pleno derecho a la educación de todo individuo, la igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los diversos servicios educativos a los grupos poblacionales con mayor rezago que enfrentan condiciones socioeconómicas adversas al grueso de la población
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado programas estratégicos de atención a población infantil en zonas urbanas marginadas, mediante esquemas de participación social comunitaria, fortaleciendo así al sector social al reconocer la necesidad de ofrecer modelos educativos de atención infantil, constituyendo una red de servicios cuya finalidad es la atención educativa además de programas complementarios de salud, nutrición y promoción comunitaria.
Al respecto, existen establecimientos sin fines de lucro que se han constituido como Cendis, centros comunitarios y centros de educación integral, que proporcionan servicios asistenciales de custodia, alimentación, atención medica, además de impartir educación preescolar, en horarios amplios y flexibles, de aquellos en los que operan las escuelas públicas oficiales y privadas, a favor de una población en condiciones económicas y sociales de muy alta y alta marginalidad y vulnerabilidad social.
Las transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que vive actualmente nuestro país han originado cambios significativos en el modo de vivir, que se reflejan en un proceso de desintegración de los núcleos familiares, de una urbanización critica de extrema pobreza y en la incorporación de un amplio sector de la población femenina al mercado laboral formal e informar, matizando más las desigualdades sociales entre los grupos de población.
Es preciso señalar que en el perímetro delegacional habitan 607 mil 545 personas, que representan 7.76 por ciento de la población total del DF. El 83 por ciento del total de la población se concentra en las cuatro zonas territoriales de tipo urbano.
Actualmente, la delegación Tlalpan cuenta con una infraestructura social de centros educativos como a continuación se específica: centro de desarrollo infantil (Cendis): GDF, 4; DIF-DF, 2; delegación, 3; comunitarios/voluntarios, 3; particulares, 10; IMSS, 3; ISSSTE, 4; SEP, 2; SSA, 1; Centros de Educación Integral, 12; Centros Comunitarios, DIF-DF; voluntarios, 3; bibliotecas públicas, 18 (confrontar anexos).
En este contexto, sin perder de vista el ámbito educativo y que el Estado carece de la suficiente infraestructura para atender las necesidades de madres durante el tiempo que dura la jornada laboral, es que demandan los servicios que brindan los centros de desarrollo infantil, los centros comunitarios y los centros de educación integral en la demarcación de Tlalpan.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de esta honorable soberanía que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011 se consideren las previsiones presupuestales etiquetadas de 500 millones de pesos para que se lleve a cabo la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura social de los centro de desarrollo infantil; centros comunitarios, centros de educación integral y de las bibliotecas públicas, en sus componentes físicos, financieros, materiales y humanos de la delegación Tlalpan.
Segundo. Para el ejercicio de este presupuesto se deberá celebrar un convenio entre el gobierno federal y el Gobierno del Distrito Federal, con sus acuerdos específicos, para que se transfieran estos recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y del DIF de la Ciudad de México a la delegación Tlalpan.
Tercero. Los recursos solicitados provendrán de la reasignación presupuestal a partir de las ampliaciones presupuestales derivadas de los ahorros e ingresos adicionales a la federación de acuerdo a la ley de ingresos y demás aplicables en materia fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica)
Anexo
Delegación Tlalpan
Centros de desarrollo infantil
Centros
de educación integral
Centros comunitarios del DIF-DF
Bibliotecas públicas
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el componente atención de desastres naturales en los sectores agropecuario y pesquero, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El sector agrícola es uno de los más afectados por los desastres naturales y, a su vez, de los más sensibles por el impacto que tiene ello en la población que requiere de sus productos para vivir; tales afectaciones se generan en sus habitantes y trabajadores agropecuarios, así como en la maquinaria agrícola, e instalaciones de producción agropecuarias, que suelen estar bajo amenazas y resultan vulnerables a ser destruidos o afectados.
Un ejemplo es el efecto de los huracanes, tan comunes en nuestro territorio nacional, sus daños son devastadores porque además de destruir cosechas e interrumpir el suministro de alimentos, pueden afectar también la calidad de la tierra y su potencial de producción, incluso con las inundaciones de las áreas costeras se produce salinidad de las tierras agrícolas y los efectos de tales contingencias climatológicas, pueden también generar enfermedades y plagas como consecuencia de la humedad persistente en el terreno, así como pérdida en el rendimiento agrícola de los cultivos.
El ejemplo claro lo tenemos con las grandes pérdidas que a causa de los siniestros se suscitan en nuestro país; donde la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación manifestó que los daños por contingencias climatológicas al 23 de septiembre de este año ascienden a una pérdida total de 135 mil 994 hectáreas, en tanto que 60 mil 480 unidades animal han visto afectadas sus fuentes naturales de alimentación.
La secretaría ha informado que para el mes de septiembre del presente año se han entregado a los productores más de 135.4 millones de pesos, y que en este mismo período se han verificado 472 mil 385 hectáreas y casi 247 mil unidades animal de ganado bovino y caprino en cuatro mil 236 núcleos ejidales, localidades y comunidades ubicados en 552 municipios del país en que se ha declarado contingencia climatológica y puntualiza que los estados donde se ha iniciado el pago de los seguros o apoyos directos en cultivos o actividades ganaderas son Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Coahuila y Chiapas, entre otros. Estas cifras de afectaciones así como los montos señalados no incluyen la revisión de daños en campo en Nuevo León, Tabasco, Morelos y Oaxaca, ni los causados por el huracán Karl, que hasta hace una semana no había sido posible evaluar por la situación crítica que prevalece en las zonas afectadas.
Tan sólo para Veracruz, al mes de septiembre del presente año y con base en la operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, se tiene una superficie asegurada total por 719 mil hectáreas, por una suma de 674.5 millones de pesos, pago que ha sido posible gracias a la cobertura que dicho programa tiene, con un aseguramiento en 8.04 millones de hectáreas y 4.1 millones de unidades animal, en las cuales se aplicaron 950 millones de pesos de Presupuesto federal y 148.7 millones de pesos por parte de las entidades federativas.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas es altamente útil y eficiente en los casos de desastres naturales, porque ha permitido apoyar a los productores con coberturas que subsanan sus pérdidas por estos siniestros.
Por supuesto que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo en la compactación de programas, porque evita duplicidades y hace más eficiente la aplicación de los recursos, de manera especial con la de los programas de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural, el de atención a problemas estructurales y el de atención a contingencias climatológicas, integrados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2011 en uno solo, llamado programa de prevención y manejo de riesgos; sin embargo, en su componente "Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero", en el PEF 2010 se aprobaron 936 millones de pesos y en el PPEF 2011 se proponen sólo 900 millones de pesos, cantidad por demás insuficiente para cubrir las afectaciones que pudiera sufrir el sector en nuestro país a causa de los siniestros climatológicos.
Por tanto, solicitamos la revisión de los montos del programa de prevención y manejo de riesgos en su componente "Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero" del PPEF 2011, el cual tiene asignado un monto de 900 millones de pesos, para que se incremente con base en las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y demás instancias técnicas responsables de monitorear y atender tales siniestros.
Por todo lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se incremente el monto asignado al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el componente "Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero", con base en las previsiones de Conagua y de las instancias responsables del monitoreo y atención a los desastres naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar y mantener la infraestructura física, financiera, material y humana de los hospitales y de los centros de salud de Tlalpan, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, en los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra el derecho de todo ciudadano al acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Por su parte, la declaración universal de los derechos humanos, determina que todo ser humano tiene derecho a la salud y que su combate es una responsabilidad pública del Estado mexicano.
En este contexto, la salud en nuestro país es uno de los ejes por el cual deben girar las políticas de seguridad social del gobierno, para proveer bienestar y calidad de vida de la población en general.
A la fecha mediante los índices de marginación se determinan las carencias sociales, económicas y las áreas geográficas como son: el acceso a la salud, educación, vivienda, ingreso e igualdad de género. Lo que determina el nivel de pobreza que aún persiste en la delegación Tlalpan.
La transición demográfica en las décadas de los años setenta y ochenta registró una explosión poblacional que derivó en un incremento de 300 por ciento y un aumento progresivo de saturación del suelo urbano y un ascenso de la población. De tal forma que en la delegación de Tlalpan la población es de 607 mil 545 habitantes, que representa el 7.76 por ciento del total de habitantes de la ciudad de México. Asimismo, registra una de las más altas tasas de fecundidad y natalidad
La urbanización conllevo un proceso de expulsión poblacional hacia la periferia y el despoblamiento del centro de la ciudad, agudizó la segregación social y territorial y polarizó las condiciones de vida y salud e incremento el número de viviendas y de ocupantes.
En la ciudad de México, los indicadores de bienestar y calidad de vida se ubican arriba de la media nacional; sin embargo, cuando se aterriza en las demarcaciones delegacionales revelan una fragmentación territorial crítica. Tal es caso de la delegación Tlalpan donde existe un considerable número de viviendas precarias, insuficiente equipamiento urbano, de servicios y de manera particular la falta de servicios de salud para una población carente de seguridad social.
Las transformaciones económicas, sociodemográficas y la insuficiente inversión en infraestructura de las unidades médicas, generaron un desfasamiento entre las necesidades de atención a la población y la capacidad de respuesta del sistema público de salud en la ciudad de México y de manera particular en la delegación Tlalpan.
Lo anterior debido a que las unidades hospitalarias se ubicaron donde se concentraban los núcleos poblacionales de hace cuatro décadas y su construcción respondía a los principales índices de morbilidad.
Actualmente la delegación Tlalpan cuenta con un hospital general, Ajusco Medio; un hospital materno infantil, “Topilejo”, con una capacidad física de 30 camas censables, 21 no censables y once consultorios, dos de atención general, cuatro de especialidades, dos de urgencias y tres de otros servicios. Su cobertura permite atender especialidades y servicios de urgencias; ginecoobstetricia; pediatría; medicina preventiva y epidemiología.
Cuenta también con 8 centros de salud comunitaria; seis de tipo T-III (Doctor José Castro Villagrán, Doctor David Fragoso Lizalde, Pedregal de las Águilas, Doctor Gerardo Valera Mariscal, Ampliación Miguel Hidalgo y Cultura Maya) y dos de tipo T-II (San Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo –confrontar el anexo).
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en la delegación Tlalpan el 46.5 por ciento no cuenta con seguridad social, lo cual representa que 294,035 habitantes carecen de servicio médico y no se encuentran afiliados a ningún tipo de programas de salud, del gobierno federal o estatal para tener acceso a consultas externas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos u otro servicio que requieran.
Aunado a ello a pesar de la infraestructura hospitalaria con que cuenta, que le permite atender las necesidades de una población altamente demandante, los recursos humanos para la atención médica de la demarcación son escasos. Actualmente está considerada como la segunda con mayor rezago contando con 0.84 médicos por cada mil habitantes y 0.69 enfermeras por cada mil habitantes. En cuanto a camas censables le corresponden 0.83 camas por cada mil habitantes.
Los datos mencionados, permiten determinar que existe un déficit en infraestructura hospitalaria, en recursos humanos y equipo hospitalario, considerando que los estándares internacionales y nacionales establecen un medico y una cama censable por cada mil habitantes.
En la delegación Tlalpan, el proceso salud-enfermedad determina el perfil de morbilidad que se caracteriza por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas, diarreicas, respiratorias y las enfermedades carenciales, que repercuten en la población, infantil, mujeres y adultos mayores.
Sin embargo, a pesar de la infraestructura en comento, resulta prioritario ampliar la infraestructura y disponibilidad de los servicios de salud, a los patrones demográficos, epidemiológicos y de poblamiento de la delegación Tlalpan, para estar en condiciones de abatir la morbilidad materno-infantil, las enfermedades crónico degenerativas e incentivar la participación de la población en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de esta honorable soberanía que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren las previsiones presupuestales etiquetadas de 500 millones de pesos para que la delegación de Tlalpan lleve a cabo la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación, y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y de las unidades medicas comunitarias, así como su equipamiento y los recurso financieros, materiales y humanos para una aceptable cobertura y funcionamiento.
Segundo. Para el ejercicio de este presupuesto se deberá celebrar un convenio entre el gobierno federal y el Gobierno del Distrito Federal, con sus acuerdos específicos, para que se transfieran estos recursos a través de la Secretaria de Salud del Gobierno del DF a la delegación Tlalpan.
Tercero. Los recursos solicitados provendrán de la reasignación presupuestal a partir de las ampliaciones presupuestales derivadas de los ahorros e ingresos adicionales a la federación de acuerdo a la Ley de Ingresos y demás aplicables en materia fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
Anexo
Delegación Tlalpan
Red hospitalaria y centros de salud comunitarios
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que la Secretaría de Salud implante una campaña intensiva sobre prevención de la obesidad infantil, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos a la Secretaría de Salud, para el ejercicio fiscal de 2011, en materia de prevención contra la obesidad infantil, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México ocupa el segundo lugar en obesidad infantil. Es del dominio público que la obesidad se encuentra íntimamente relacionada con la predisposición para adquirir una enfermedad crónico-degenerativa.
El grupo de las enfermedades clasificadas como crónico-degenerativas generan costos directos que ascienden a más de 43 mil millones de pesos por concepto de consultas y atención hospitalaria.
Dada la alta incidencia mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha tipificado como pandemia, asimismo está promoviendo mundialmente la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, a la cual México se adhirió en 2004.
En siete años, la prevalencia en niños menores de 15 años se ha elevado en 10 por ciento, con lo que la cifra actual indica que 35.1 por ciento de los menores en ese rango de edad padecen sobrepeso u obesidad mórbida.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, de un universo de 73 mil 560 estudiantes de primaria y secundaria, 30 por ciento de los estudiantes de primaria y el 31.7 de los estudiantes de secundaria presentan obesidad o sobrepeso.
Se trata de un problema de salud pública que requiere la intervención de toda la sociedad civil y política. En virtud de que los niños se desarrollan en diversos ámbitos, entre los cuales, la escuela y el hogar juegan un papel relevante.
Debemos reconocer los esfuerzos del gobierno federal, por lo que es necesario recordar que los legisladores aprobamos una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta de alimentos y golosinas que favorecen la obesidad.
Como consecuencia de la reforma, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud tienen la obligación de publicar los lineamientos bajo los cuales se regirá la prohibición de la venta de tales productos en las escuelas.
Sin embargo, es de considerarse que cada niño recibe aproximadamente 20 mil impactos publicitarios al año, gran parte de ellos corresponde a anuncios de la llamada comida chatarra, como frituras y golosinas.
En contraste con lo anterior, se encuentran los bajos recursos con que cuenta la Secretaría de Salud para la prevención contra la obesidad, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 se prevén 260.1 millones de pesos.
Resulta de suma importancia que los legisladores generemos con nuestro trabajo, la sinergia necesaria de la política de prevención de la obesidad necesaria para que nuestro país cuente con generaciones futuras sanas, y con mayores posibilidades de desarrollo.
Por lo aquí expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos a la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal de 2011, a fin de que se implante una campaña intensiva en los medios de comunicación en materia de prevención contra la obesidad infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que informe a esta soberanía respecto a los términos en que ha ejercido las facultades y las obligaciones establecidas en el decreto, publicado el 11 de septiembre de 2009 en el DOF, por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD
José de Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo segundo, de la Constitución federal, 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 53, 58, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El viernes 11 de septiembre del 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
El contenido de dicho acuerdo establece lo siguiente:
1) La compañía de Luz y Fuerza del Centro conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.
2) La liquidación estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.
3) El servicio de Administración y Enajenación de Bienes, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.
4) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y a los funcionarios que corresponda, que informen, por escrito, a esta soberanía los términos en los que han ejercido las facultades y obligaciones que se establecen en el decreto publicado el 11 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión soliciten al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y a los funcionarios que corresponda, que informen, por escrito, a esta soberanía todos y cada uno de los actos que han llevado a cabo respecto al ejercicio de las facultades que se expresaron en el capítulo de considerandos de la presente proposición con punto de acuerdo, que corresponden a los artículos 1 y 2 del decreto publicado el 11 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Palacio Legislativo, a 12 de octubre de 2010.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un diagnóstico nacional sobre la niñez, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada a la LXI Legislatura, María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La humanidad ha hecho invisibles a las niñas y los niños. Hablar de niñez, es hablar de un sector con una serie de advenimientos que le han impedido por décadas, crecer y desarrollarse en un marco de respeto y atención a sus derechos. La dirección de una nación no puede encontrar más alta motivación que la de proteger y desarrollar a la niñez, ya que lo que hagamos hoy será visible en el mañana.
La niñez es la fase donde el ser humano es más vulnerable ante las vicisitudes de su entorno, por lo cual es importante, estratégico e impostergable el bienestar de la niñez en nuestro país. Lamentablemente las estadísticas sobre la realidad de esta población parecen ya no impactarnos y las creemos como lejanas a nuestras realidades.
En nuestro país existen poco más de 36 millones de niñas y niños. La población de entre 0 y 5 años de edad era de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones son niños y 5.7 son niñas, hay un total de 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad, de los cuales 6.6 millones son niños y 6.4 millones son niñas. Del total de esta población en su gran mayoría son atendidos en todos los niveles con políticas asistenciales, no focalizadas.
La Convención sobre los Derechos del Niño, constituye la síntesis más importante para interpretar y enfrentar la realidad de la infancia, introduciendo la importancia de la niñez frente a lo jurídico, a la familia, a la comunidad y al estado, pasando de ser considerado como un objeto de protección y control, a ser sujeto de derechos frente a los padres, al estado y a la sociedad en general.
Podemos ver que, poco a poco, la familia, ha perdido protagonismo en la formación y atención de las necesidades de las niñas y niños. Existe hoy una ausencia de liderazgo en el proceso de desarrollo de las niñas y los niños por parte de los padres, de los educadores, de la sociedad en su conjunto, dejando que sean otros los encargados de acompañarlos, de atenderlos e instruirlos, no siempre siendo los indicados o responsables de su formación.
En general, la historia indica que en la mayoría de las instituciones operan en forma desvinculada entre sí, con programas y sistemas de información aislados unos de otros, en muchas ocasiones repitiendo procesos y servicios, duplicando inútilmente acciones y con ello presupuestos. En el caso de la niñez, esta descoordinación que se ha llevado desde décadas anteriores ha tenido consecuencias severas que van desde la seguridad, el bienestar y desarrollo, por ejemplo, cuando se presenta una situación de maltrato, ésta se atiende al nivel de emergencia, sin contar con una coordinación que garantice un seguimiento que asegure la superación del riesgo.
Por lo que es imprescindible contar con políticas públicas enfocadas en la realidad, en todos y cada uno de los niveles de gobierno, con un enfoque integral proyectando y planificando adecuadamente las acciones en programas para que nuestro esfuerzo sea realizado con excelencia, eficacia y dignifique a la niñez.
Por ello, uno de nuestros compromisos como legisladores comprometidos con la niñez, es que debemos de apoyar la realización de un diagnostico nacional sobre la niñez, que nos permita conocer de manera oficial su situación, y que nos motive a una profunda reflexión y compromiso sobre la materia, para así desarrollar respuestas serias en beneficio de las niñas y los niños.
Concretar un presupuesto específico para el diagnostico nacional sobre la niñez, permitiría un gran avance para la consolidación de un marco de derechos que favorezca la generación de políticas públicas que el estado debe adoptar, para garantizar la construcción de un estado moderno, incluyente, democrático y plural que certifique el ejercicio responsable de los derechos de la niñez y la adolescencia, incorporando la doctrina de protección integral en materia de infancia y adolescencia contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la legislación nacional.
La propuesta para realizar el diagnostico nacional sobre la niñez realizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), implicaría un presupuesto de $ 7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100), el cual permitiría la atención de 36 millones 314 mil niñas y niños. Se trata de un proyecto nuevo, con el objetivo de contar con información verídica de la situación de la infancia en México, que permita promover, orientar e impulsar políticas públicas del Estado mexicano en materia de infancia, velando por el interés superior del niño; compromiso asumido por México en diversos tratados y convenciones internacionales.
Asimismo, las conclusiones permitirían que las instituciones obligadas a la realización y protección de los derechos humanos de los niños y niñas coordinen esfuerzos de tal forma que las diversas acciones se orienten a lograr efectos que sean oportunos, eficientes y eficaces.
Concientizar objetivos y metas, para incorporar de manera urgente, con determinación y claridad en el trabajo enfocado a la niñez, cumpliéndose de esta manera los derechos expresados en la Convención de los Derechos de la Niñez, no sólo porque está suscrita por nuestro país, sino porque la niñez nos lo demanda; hoy este es un compromiso directo de cada uno de nosotros los legisladores.
Ante esta realidad, la legislación vigente debe revisarse permanentemente con información real, para garantizar que está respondiendo a las necesidades de supervivencia, de protección y desarrollo de la niñez de nuestro país, con directrices claras para el corto, mediano y largo plazo.
Entre los objetivos al contar con un diagnostico real, es el de formar redes de trabajo local, regional y nacional, para garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos asignados.
Queremos y debemos ser parte activa de todos los planes nacionales, estatales y municipales, dedicados a la niñez que se propongan inteligentemente, con seriedad y sin banderas partidarias, que éstas sean de corto y largo plazo. Por nuestra parte, estamos trabajando por actuar con la misma voluntad de siempre y con profesionalismo y calidad en nuestras propuestas y acciones.
Deseamos pugnar por mejores programas y proyectos basados en un diagnostico, que nos permita conocer de manera confiable la realidad de la niñez en nuestro país, expresado en presupuestos públicos suficientes y dignos que se inviertan en programas integrales, de gran impacto y que no sólo ofrezcan alternativas de supervivencia y protección, sino que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.
Contar con un diagnóstico a nivel nacional, permitiría tener disponibles indicadores reales sobre la drogadicción, el maltrato infantil, la migración, la marginación, el abandono, la educación, el embarazo adolescente, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas, el trabajo laboral, etcétera, entre otros.
Por lo anterior, concluyo que las niñas, niños y adolescentes, son sujetos de derecho con responsabilidades en la medida en que se van desarrollando física y mentalmente, por ello es necesario promover, como en párrafos anteriores se enfatizó, políticas públicas captando los problemas de este grupo social impulsando un desarrollo suficiente para tener consultas breves y exactas del contexto en que viven nuestros infantes, así como estadísticas de éste tema que mermen el conocimiento mal informado.
Esto debe ser a través de una metodología estricta sobre la situación actual de la niñez, ya que es una demanda social que será fácil en la medida que nosotros nos comprometamos a pugnar por un presupuesto digno y suficiente y con políticas públicas reales por un medio para la solución de dicho problema que es la creación de un diagnóstico nacional sobre la niñez.
Es por esto que buscamos tener objetivos contundentes y así lograr que estas decisiones se apliquen sin dejarlo para otro momento porque es un problema de la comunidad, porque es un problema de la autoridad, porque es un problema de todos.
Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que se etiquete un presupuesto de 7 millones de pesos, para la creación de un diagnostico nacional sobre la niñez a realizarse por el SNDIF, para el ejercicio presupuestal de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada María Joann Novoa Mossberger (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar sus Constituciones y leyes en el reconocimiento de comunidades indígenas, en congruencia con la Carta Magna federal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país pluricultural: en él existen al menos 62 pueblos indígenas. De acuerdo con cifras oficiales, “la población indígena alcanza 10 millones de habitantes y representa 9.8 por ciento de la población nacional. Esta población se localiza preponderantemente en cinco entidades federativas del sur y sureste del país. Oaxaca es la entidad que concentra mayor número de indígenas, 1.5 millones; le siguen Chiapas, con 1.2 millones, y Veracruz, Yucatán y Puebla, con más de 900 mil cada uno”. (Fuente: Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, CDI.)
Los pueblos indígenas aportan una gran riqueza a la nación, mas las condiciones de vida que enfrentan los han colocado como uno de los grupos más vulnerados; por ello han sido motivo de preocupación nacional.
Desde el ámbito legislativo se han emprendido reformas importantes a fin de reconocer y garantizar una serie de derechos a este sector de la sociedad. En agosto de 2001 se modificó el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el carácter pluricultural de la nación, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, al establecerse que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, las que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Dicho artículo establece para estos pueblos y comunidades indígenas derechos como la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; para aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y en general su identidad cultural; para acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y a la jurisdicción del estado, por mencionar algunos.
No obstante las reformas emprendidas, los indígenas mexicanos aún enfrentan una situación de rezago, pues su derecho a la libre determinación y autonomía que la Constitución federal les reconoce no se ha ejercido a plenitud.
Muchos estados de la república no han llevado a cabo reformas a fin de reconocer a los pueblos y a las comunidades indígenas de sus territorios, así como sus derechos, lo que ha propiciado que las políticas y acciones del gobierno no lleguen a la población indígena en su totalidad ni a muchas de las comunidades indígenas alejadas.
Esta situación se ha dado pese a que el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente a la reforma constitucional de 2001 en materia indígena dispuso que al entrar en vigor ésta, las legislaturas de las entidades federativas deberían realizar las adecuaciones a las Constituciones locales que procedan y reglamenten lo señalado en ella.
Por eso, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo rector en la materia, ha realizado actividades con diversos gobiernos locales para avanzar en la armonización del marco jurídico estatal, a fin de que éste cuente con los estándares mínimos establecidos en la Constitución federal.
Qué bueno que se avance en este sentido. No obstante, la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas propicia, por un lado, rezago en la información, ya que no hay una clara ubicación de éstas, pues el sistema de información estadística registra datos sociodemográficos sobre dicha población, localidades y hablantes de lenguas, pero no da cuenta de los espacios que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres; y, por otro lado, no se garantiza a las comunidades el ejercicio pleno de sus derechos.
En el país requerimos información más específica sobre las comunidades indígenas y su población, así como sus características culturales, sociales, lingüísticas y territoriales; lo cual contribuirá a que el Presupuesto, los programas, las estrategias y, en general, el trabajo de las instituciones públicas en la materia se centren de manera adecuada en la población indígena del país y, de esa forma, se logre una verdadera igualdad de oportunidades y se mejoren sus condiciones de vida a fin de que obtengan su desarrollo integral.
No obstante, dicho reconocimiento depende de las legislaturas locales en términos del texto vigente del artículo 2o. constitucional, que establece en el párrafo quinto que “el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”. Señala en el párrafo segundo de la fracción VIII, Apartado A, que “las Constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.
Estados como San Luis Potosí y Querétaro han avanzado en el reconocimiento de las comunidades indígenas en su marco jurídico, incluso, lo han hecho a través de un padrón de comunidades. Sin embargo, queda mucho trabajo pendiente, en el que se requiere un compromiso activo de los congresos locales a fin de realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo en la materia a efecto de reconocer a las comunidades indígenas de su entidad y sus derechos para que, de esa manera, cuenten con la información necesaria sobre cada de las comunidades existentes en su territorio y sus características.
En el Partido Acción Nacional estimamos pertinente que se avance en el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público a escala estatal a través de sus Constituciones y leyes específicas, como dispone la Constitución federal, a efecto de que sean reconocidos y garantizados sus derechos y se tenga conocimiento sobre cada una de las comunidades indígenas de cada entidad, lo que será de gran utilidad en la planeación, la aplicación y el seguimiento de las políticas públicas encaminadas a la atención de los indígenas mexicanos.
Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a realizar las adecuaciones necesarias en sus Constituciones y leyes locales o mediante la creación de leyes reglamentarias en la materia para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público y como una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres; y a que reconozcan y garanticen sus derechos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que un porcentaje de los recursos otorgados a la Secretaría de Salud en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine a crear un centro de refugio para mujeres víctimas de maltrato familiar en Guanajuato, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se destine parte del presupuesto que se otorgue a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para el ejercicio presupuestal 2011, a la creación de un Centro de Refugio para Mujeres Víctimas de Maltrato familiar, en el estado de Guanajuato, priorizando el municipio de León, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia contra la mujer es común en prácticamente todas las sociedades. Recibe apoyo y a su vez sirve para reforzar la discriminación contra la mujer y su subordinación. La violencia contra las mujeres no respeta fronteras geográficas, culturales o económicas, ni edades. Tiene lugar en el trabajo y en las calles pero su principal manifestación es dentro del ámbito familiar. Ésta, es diferente de la naturaleza y modalidades de la violencia contra los hombres; éstos tienden a ser víctimas más de un extraño o de un conocido ocasional, mientras que las mujeres son víctimas más de un familiar o de la pareja íntima.
La violencia con base en el género no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico.
Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.
De acuerdo con Unifem la violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias de gran alcance: daña a las familias y a las comunidades. Para mujeres y niñas entre 16 y 44 años la violencia es la mayor causa de muerte y discapacidad. En 1994, el Banco Mundial realizó un estudio en 10 factores de riesgo que enfrentan mujeres y niñas en este rango de edad, encontrando que el rapto y la violencia doméstica son más peligrosos que el cáncer, accidentes en vehículos, la guerra o la malaria.
Nuestro país, ha realizado importantes esfuerzos por prevenir y atender este grave problema social, entre estos, se encuentra la aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objeto de establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como establecer las medidas necesarias para la reinserción social de los agresores, y promover el desarrollo integral de las mujeres y su participación en todos los ámbito de la vida nacional.
Esta ley dispone en su artículo 52, fracción IV, que las víctimas de violencia tienen derecho a contar con un refugio, mientras lo necesite.
Asimismo, el artículo 8, fracción VI, del citado ordenamiento jurídico señala la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, para lo cual deberá tomar en consideración favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos.
En el estado de Guanajuato, de acuerdo con el Inegi, el 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más han reportado al menos un incidente de violencia a lo largo de su última relación de pareja. De ese porcentaje el 37.5 por ciento son mujeres casadas o unidas, el 57.2 por ciento estuvieron alguna vez unidas y el 20.1 por ciento son solteras.
La importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la República.
Por ello, debemos impulsar la creación de un Centro de Refugio para Mujeres Víctimas de Maltrato familiar, en el estado de Guanajuato, priorizando el Municipio de León, a fin de beneficiar a mujeres, niñas y niños, víctimas de maltrato y acoso que se encuentran en suma vulnerables debido a su estatus económico o familiar.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Equidad de Género y de Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se destine parte del presupuesto que se otorgue a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para el ejercicio presupuestal 2011, a la creación de un Centro de Refugio para Mujeres Víctimas de Maltrato familiar, en el estado de Guanajuato, priorizando al municipio de León.
Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 12 de octubre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para concluir las obras pendientes en el hospital general de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2011 para concluir las obras pendientes en el hospital general de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, la población de Tuxtla Gutiérrez es de 555 mil habitantes aproximadamente: 52 por ciento correspondiente a mujeres; y 48, a hombres. Pero como ciudad capital de la entidad recibe visitantes con expectativas de atención médica de los 118 municipios que la forman, cuya población total sobrepasa 4 millones 400 mil habitantes.
En Tuxtla Gutiérrez, desde hace 110 años, el hospital general Doctor Rafael Pascasio Gamboa ha representado la única atención médica hospitalaria para las personas de escasos recursos. Ello ha significado que su crecimiento haya sido poco planificado y hoy día la demanda de atención rebase la capacidad de este importante nosocomio, el cual fue construido para albergar 140 camas censables, y funciona actualmente con 200, lo que ha incidido en la adecuación de áreas que originalmente no fueron construidas para este fin.
No obstante lo anterior, el hospital produce 23 mil egresos hospitalarios, que representan 41 por ciento de los generados en Chiapas por los hospitales de la Secretaría de Salud. De esos egresos, la mayor parte, 53 por ciento, obedece a eventos ginecoobstétricos: partos, causas obstétricas directas, abortos y causas ginecológicas.
Además de lo anterior, y como consecuencia de la misma demanda en salud, el hospital cuenta con un área de neonatología con espacio para 35 niños; no obstante, siempre se encuentra saturada en su ocupación.
Como resultado, los egresos del hospital general Doctor Rafael Pascasio Gamboa se distribuyen la manera siguiente: 15 por ciento cirugía, 20 medicina interna, 12 pediatría y 53 de ginecoobstetricia.
Es necesario considerar las actuales causas de mortalidad que se presentan en el hospital general a fin de dar prioridad a las acciones que conlleven un beneficio directo a la salud de las personas de escasos recursos que son atendidas. Así, destacan entre las causas ciertas afecciones del periodo perinatal, enfermedades cardiacas, enfermedades hipertensivas, accidentes y tumores malignos.
Es necesario revisar el contexto nacional de salud, a fin de robustecer la justificación del presente punto de acuerdo; para mejor proveer:
• Según el Plan Nacional de Salud, 79 por ciento de las muertes en menores de 1 año que se producen en el país es evitable; específicamente, tenemos el lamentable primer lugar en el grupo de estados con mortalidad infantil muy alta, en el que se hallan Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que presentan probabilidades de muerte en menores de 1 año superiores a 20 y 25 por mil nacidos vivos en niñas y niños, respectivamente.
• En Chiapas, una de cada cuatro defunciones en menores de cinco años es producto de una diarrea o una infección respiratoria.
• Las entidades con problemas de mortalidad materna más graves son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, que presentan cifras de razón de mortalidad materna superiores a 80 por 100 mil nacidos vivos. Las principales causas de muerte materna son los trastornos hipertensivos del embarazo y las hemorragias durante el embarazo, el parto y el puerperio.
• En los hospitales de los Servicios Estatales de Salud de Colima, la disponibilidad de camas por mil habitantes es 8.5 y 4.5 veces más alta que en Chiapas.
Dado lo anterior y vista la necesidad de mejorar los servicios de atención médica que requiere la población chiapaneca, se ha decidido construir un nuevo hospital general, con 180 camas censables, cuyo destino sea la atención de las especialidades y subespecialidades necesarias. Además, que al hospital Doctor Rafael Pascasio Gamboa se dé la categoría de “especialidades de la mujer y del recién nacido”.
Para el nuevo hospital general se requieren 450 millones de pesos a fin de dar continuidad a la construcción, al equipamiento y a la operación.
En virtud de lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a destinar 450 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2011 con objeto de concluir las obras pendientes en el hospital general de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para actualizar el diagnóstico de la familia mexicana, suscrita por las diputadas María Joann Novoa Mossberger y Diva Hadamira Gastélum Bajo, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente
Las suscritas, diputadas María Joann Novoa Mossberger y Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La importancia jurídica y social que tiene la institución de la familia se fundamenta en el artículo 4o. constitucional en donde se reconoce el derecho fundamental al “desarrollo de la familia”. Es por tanto una obligación de orden tanto público como privado, velar por su cuidado, protección y promoción.
Nuestro país al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el cual establece en su artículo 16.3 que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, adquirió dicho compromiso internacional.
Resulta altamente valioso y fundamental para el Estado apoyar a la familia con políticas fiscales que favorezcan su presupuesto, con el fin de que la fortalezcan económicamente.
Como podemos ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes citada, la familia es el núcleo fundamental en donde se forma la sociedad. En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado enormes transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y demográficas. Lo cual, ha tenido como consecuencia cambios importantes en la construcción de la médula fundamental de nuestra sociedad.
La familia encuentra su origen en el matrimonio, que se conforma con el nacimiento de sus hijos. En otros casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos como lo es la adopción y de esta forma se logra el desarrollo de la familia por ser ésta el núcleo social por excelencia, siendo el principal promotor de una cultura de los valores, de la legalidad, de la tolerancia y del respeto hacia los demás.
Por lo cual, consideramos que la familia es la base y soporte de nuestra sociedad; su fortaleza depende de la unión que fomentemos, a través de políticas públicas encaminadas a su desarrollo, generando en su miembros valores comunes, mantenimiento de costumbres y tradiciones en familia, entre otras.
Según encuesta realizada recientemente por el Instituto Mexicano de la Juventud señala que, más del 78.2 por ciento de los jóvenes mexicanos acude a la familia cuando tienen algún problema de índole económico o personal, siendo la familia el sustento de la gran mayoría de los ciudadanos, de constituir un elemento esencial de seguridad y permanencia. Nada ni nadie puede sustituir a la familia como primera escuela de valores, formadora de personas responsables y productivas, base primaria de nuestra sociedad.
Como bien sabemos la familia no ha permanecido al margen de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas de los últimos tiempos, se ha vuelto cada día más vulnerable quedando expuestos mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, ante la inseguridad, el abandono, entre otros.
Por lo cual, debemos facilitar a las familias un mejor entorno por medio de políticas públicas responsables, con el fin de fomentar la formación de familias exitosas y productivas, en el desarrollo de habilidades, en la capacitación para el trabajo y en el desarrollo de la sociabilidad, siendo esta como lo mencionamos anteriormente, por excelencia un centro formador de personas, ya que es esta la primera comunidad en donde el niño interioriza las bases de la solidaridad y adquiere las buenas costumbres.
Podemos decir que actualmente los principales problemas que enfrenta la familia en México son: violencia intrafamiliar, problemas económicos, desintegración familiar, una de ellas se ha dado por la falta de convivencia, por la necesidad de incorporación de ambos padres en el ámbito laborar, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en espacios como las guarderías, el sistema de educación preescolar, a los abuelos, tíos, parientes cercanos y, en muchas ocasiones, a la escuela misma, sin embargo la familia sigue siendo el núcleo formativo por excelencia.
Debemos responder como país en materia de cumplimiento pleno con la unión familiar y la valoración de la importancia de la familia, sus intereses, sus retos y perspectivas en el nuevo milenio.
El reto está en lograr programas eficientes por medio de datos, estadísticas o diagnósticos reales. Dado el contexto y evolución del entorno local y global, la familia enfrenta nuevos retos, mismos que debemos afrontar. Señores legisladores, solicitamos que el presupuesto aquí solicitado sea aprobado dado la importancia que nos ocupa. Para la actualización del Diagnostico de la Familia, se requiere un presupuesto de 4 millones de pesos, el cual beneficiaria a los 26 millones 960 mil familias. Se trata de actualizar el instrumento que el DIF Nacional presentó en 2005, con el fin de contar con información verídica de la situación de la institución familiar en México, que permita promover, orientar e impulsar políticas públicas sobre la familia, desde la visión de la institución familiar como eje, motivo y fundamento de las acciones del Estado y de la sociedad.
Debemos de reflexionar y trabajar en encontrar soluciones y ponerlas en práctica para fortalecer a la familia y sus valores.
Nuestro país debe comenzar a ponderar el núcleo fundamental de la sociedad, ya que es en la familia en donde se comparten y trasmiten los más importantes valores, a la vida, a la patria, entre otros, bases fundamental para que seamos personas de bien: padres, ciudadanos, trabajadores, estudiantes, investigadores y políticos.
Por lo expuesto, no podemos permanecer indiferentes ante la urgencia de implantar políticas públicas que fortalezcan la institución de la familia, su apoyo resulta indispensable para la construcción democrática de ciudadanía, a partir de la gestión social, política, económica, cultural y ambiental de las comunidades.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se etiqueten recursos en el ejercicio fiscal 2011, para la actualización del Diagnostico de la Familia realizado por el DIF nacional, por 4 millones de pesos, para la atención de 26 Millones 960 mil familias, para contar con información verídica de la situación de la institución familiar en México, que permita promover, orientar e impulsar políticas públicas sobre la familia, desde la visión de la institución familiar como eje, motivo y fundamento de las acciones del Estado y de la sociedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputadas: María Joann Novoa Mossberger, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen al Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos recursos para cumplir las atribuciones establecidas en la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el 5 de julio del presente año, suscrita por los diputados Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados federales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El uso de nuevas tecnologías en el campo de la informática ha traído consigo beneficios que hace algunos años eran inimaginables. Hoy día en cuestión de segundos es posible obtener, almacenar y someter a tratamiento un gran número de datos, lo cual facilita y crea condiciones favorables para el trabajo realizado en diferentes esferas de la vida social y económica, principalmente en el intercambio comercial.
Sin embargo, en forma paralela a dicho avance, ha surgido la posibilidad de que existan violaciones a la vida privada de las personas ya que la circulación de los datos personales es prácticamente ilimitada. Y es justamente el uso indebido de los datos personales lo que puede tener consecuencias graves para una persona que pueden ir desde la provocación de actos de molestia al titular de los datos, consistente en el envío ilimitado de información no solicitada; pasando por actos de discriminación, toda vez que mediante el cruce de información de una persona, se puede configurar un perfil respecto de sus gustos, creencias, afinidades o qué decir de su estado de salud o mental, que pueden influir negativamente al momento de solicitar que se le proporcione un servicio o adquiera un bien; hasta la comisión de delitos graves como el secuestro o el robo de identidad. El uso perverso de la información puede crear problemas muy serios que han convertido a la persona en un ser vulnerable que vive con la amenaza latente de ser observado en forma permanente.
Es por esto que el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poder de los Particulares, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio del presente año. Dicha ley busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional que prevé el derecho fundamental a la protección de datos personales, dando seguridad y certeza jurídica para las personas en el manejo de su información personal, siendo el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el órgano garante de velar por la protección de los datos de todos y cada uno de los ciudadanos.
Las nuevas atribuciones del IFAI derivadas de la puesta en marcha de esta ley son, entre otras, la elaboración del reglamento de la ley, el desarrollo de los procedimientos de tutela de derechos, la creación de los mecanismos para el ejercicio de derechos frente al instituto, la emisión de regulación secundaria en coadyuvancia con dependencias en materia de salud, educación, sector financiero, telecomunicaciones y seguridad de las bases de datos, capacitación al sector privado, el diseño y aplicación de modelo de autorregulación para el sector privado y elaboración de campañas de difusión para la promoción de este nuevo derecho.
Derivado de estas nuevas tareas a realizar por parte del instituto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) en el artículo octavo transitorio establece que “el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considerará partidas suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en las materias de esta ley”.
A fin de que el IFAI pueda cumplir con estas nuevas atribuciones que la LFPDPPP le otorga, se hace necesario un incremento presupuestal al techo comunicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la cantidad de 214.6 millones de pesos, monto se encuentra integrado por 119.3 millones de pesos para el capítulo de servicios personales y 95.3 millones de pesos para programas institucionales.
Con este recurso se dará seguridad y certeza jurídica para las personas en el manejo de su información personal, lo que evitará injerencias en la vida privada de las personas, el robo de identidad y consecuentemente afectación del patrimonio y las molestias por envío de publicidad no deseada; además dará ventajas competitivas al país al atraer inversión extranjera, se dará cumplimiento a tratados internacionales en la materia y a recomendaciones de foros como OCDE, APEC, ONU, entre otros, y se completará la protección de datos que hasta ahora sólo cubría al sector público, al extender los sujetos obligados al sector privado como lo son los bancos y aseguradoras, tiendas departamentales, hospitales y universidades, por citar algunos.
No es posible dotar al IFAI de menores recursos a los requeridos, toda vez que el derecho a la protección de datos debe poder ser ejercido en plenitud en la totalidad del territorio nacional, ya que el Instituto no puede distraer recursos del programa de acceso a la información, en favor del derecho a la protección de datos pues haría nugatorio ambos derechos.
Por lo expuesto, los suscritos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se le asignen los recursos necesarios al Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos para cumplir con las atribuciones establecidas en la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputados: Óscar Martín Arce Paniagua, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rubricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México a respetar la decisión del cabildo del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc sobre el total rechazo a la creación de rellenos sanitarios de gran tamaño en el municipio y a apoyar proyectos de reciclaje de basura ambientalmente responsables y que involucren a los ciudadanos, suscrita por los diputados Paz Gutiérrez Cortina y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Paz Gutiérrez Cortina y Carlos Pérez Cuevas, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, localizado al noreste del estado de México, es reconocido por su legado histórico y cultural, así como por sus recursos naturales que lo cualifican como un sitio privilegiado para proyectos de turismo, paisaje y naturaleza.
Entre los recursos naturales del municipio resaltan sus características topográficas. Al estar ubicado entre los Valles de México y Teotihuacán, constituye un mirador extraordinario de ambos valles; en cuanto a sus recursos hidrológicos, participa de la misma cuenca de escurrimiento que llega hasta la Ciudad de México a través del acuífero Tepetlaoxtoc-Texcoco.
Estas características, entre otras muchas, nos obligan a todos los mexicanos a impulsar la clara vocación que tiene el municipio de Tepetlaoxtoc de ser una zona de especial preservación del medio ambiente, así como un lugar relevante en la historia y cultura de nuestro país.
A causa de la sobresaturación del tiradero de basura del Bordo de Xochiaca, el cual culminó su vida útil en el 2008, el gobierno del estado de México, desde el 2007, inició acciones impulsadas por empresas privadas, para sustituir dicho confinamiento de basura.
La población de Tepetlaoxtoc se ha visto constantemente amenazada por la construcción de un relleno sanitario que acabaría con los recursos hidráulicos y el medio ambiente, así como la afectación a la promoción turística del patrimonio histórico y cultural de la región.
Gracias a la oposición de los vecinos de Tepetlaoxtoc, con el apoyo académico de la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados, los estudios científicos el Instituto Nacional de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en varias ocasiones se ha logrado detener dicha pretensión de la autoridad estatal.
Sin embargo, no ha sido suficiente para que la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y demás autoridades involucradas, dejaran de ver a Tepetlaoxtoc como una opción para el establecimiento de un relleno sanitario.
A raíz de lo anterior, el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la Federación aprobó el pasado 27 de abril, un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México, así como a las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, a revisar toda gestión encaminada al establecimiento o desarrollo de depósitos de basura, rellenos sanitario o recolectores de residuos sólidos dentro del territorio municipal. Dicho exhorto fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realizara el trámite legislativo correspondiente.
En seguimiento a la excitativa realizada por esta soberanía, el pasado lunes 4 de octubre, el cabildo del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc en sesión plenaria, se manifestó
“... en contra y en total rechazo de la creación de rellenos sanitarios de gran tamaño, como el que propone la empresa CEM Reciclados ecológicos de Texcoco, así como de cualquier otro proyecto de esta índole que no incluya un manejo y disposición final adecuado de los residuos sólidos urbanos...”.
La anterior declaración está avalada por 4, 290 firmas de ciudadanos de Tepetlaoxtoc, que pugnan por dar solución al problema de la basura mediante un proyecto ambientalmente responsable y que incluya la participación ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos y el medio ambiente, así como la preservación del patrimonio histórico cultural de México, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio ambiente del estado de México a respetar la decisión del cabildo del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, de total rechazo a la creación de rellenos sanitarios de gran tamaño en territorio municipal; asimismo se incita a que se apoyen proyectos de reciclaje de basura que sean ambientalmente responsables y que involucren a la ciudadanía.
Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, a impulsar el desarrollo de infraestructura para la promoción del turismo en el municipio de Tepetlaoxtoc.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)
Diputado Carlos Pérez Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a no desaparecer el programa de atención de problemas estructurales de la industria pesquera nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino; y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para dicho plan, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
México genera más de 1.7 millones de toneladas anuales de producción pesquera, ocupando el lugar 17 a nivel mundial en ese rubro y generando empleo para miles de mexicanos que viven de la práctica diaria de esta actividad económica.
Cifras oficiales hacen referencia que existen más de 200 mil embarcaciones pesqueras que componen la flota total nacional, cuyos gastos de operación, en específico de combustible, significan el 50 por ciento de sus costos de operación.
Sensible a esta situación y reconociendo a la pesca y acuacultura como un asunto de seguridad nacional y alimentaria, el Ejecutivo Federal a cargo del entonces Presidente Vicente Fox Quesada, decidió implementar un programa de ayuda en cuanto al precio del diesel agropecuario, mismo que incluía a la gasolina ribereña y al diesel marino, con el objetivo de favorecer la industria pesquera nacional haciéndola más competitiva.
En contraste, la ayuda durante la presente administración ha resultado ser insuficiente, entre otros temas, por los continuos incrementos al precio del diesel marino, producto de presiones económicas externas, afectando sensiblemente la actividad pesquera y sus utilidades.
Derivado de esta importante problemática en la estructura de costos del sector pesquero nacional, causados por la histórica falta de atención en el ordenamiento y a la inspección y vigilancia en el año 2009 la flota inició con un paro técnico de las embarcaciones por la incapacidad de operar con el precio del diesel marino impactado por el deslizamiento semanal de 5 centavos (20 centavos mensuales).
Me resulta preciso mencionar, que el paro terminó con la disposición del presidente Felipe Calderón Hinojosa de disminuir el deslizamiento del precio a cinco centavos mensuales, en lo que se atenderían los problemas estructurales con la conformación de mesas de trabajo cuyo objetivo era recuperar y mantener la competitividad y rentabilidad de la actividad pesquera nacional, concluyendo con la generación de los siguientes compromisos:
1. Llevar a cabo investigación científica puntual para potenciar el desarrollo pesquero y acuícola nacional;
2. Fortalecer las acciones para avanzar y concluir los Ordenamientos pesqueros y Acuícolas que se vayan priorizando;
3. Con bases científicas, reducir el esfuerzo pesquero en aguas interiores y de alta mar;
4. Reactivar los empleos directos generados por la actividad pesquera.
5. Captar y manejar información pesquera en tiempo real, veraz y oportuna para la toma de decisiones;
6. Fortalecer la aplicación y adecuación del marco jurídico y normativo de la pesca;
7. Impulsar por conducto de la autoridad competente, la clasificación como delito grave de la sustracción ilegal en época de veda de recursos pesqueros, y
8. Combatir la pesca furtiva, mediante implementación de programas imparciales con transparencia y mecanismos de rendición de cuentas; entre otros.
Con agrado reconozco que el Ejecutivo federal haya asignado mayores recursos en el actual ejercicio fiscal de 2011, para el rubro de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero, con un monto por 570 millones de pesos, con lo que sin duda se avanzará en el cumplimiento de los compromisos pactados.
Sin embargo con preocupación veo que no se asignó presupuesto a los rubros de subsidio al diesel marino y gasolina ribereña, que para el actual ejercicio fiscal aprobamos poco más 651.2 para Diesel marino y 111.3 para gasolina ribereña. De tal manera que la industria pesquera nacional estaría en peligro de colapso, poniendo en riesgo alimento, divisas y empleo, a consecuencia de la falta de asignación presupuestal a los programas mencionados.
Así, me permito solicitar la sensibilidad de los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados y de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para continuar con las acciones en pro de la industria pesquera nacional y asignar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2011 para los programas que complementan este objetivo.
De esta manera y con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que no desaparezca el programa de atención a problemas estructurales de la industria pesquera nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino.
Segundo: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, tomando en consideración el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, asigne recursos suficientes a los programas de diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a separar del encargo al procurador de Justicia por haber omitido la debida y exacta aplicación de la justicia en la integración y determinación de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la guardería ABC, SC, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
Después de una sucesión de ineptitudes, de hipocresía, de corrupción, de confabulación, de menosprecio a las leyes, de omisiones, de tráfico de influencias ocurrió la más grande tragedia infantil en la historia: el incendio de la Guardería ABC, Sociedad Civil, en Hermosillo, Sonora, en donde hubo cuarenta y nueve víctimas fatales –veinticinco niñas y veinticuatro niños– y setenta y cinco más lesionados, con quemaduras, muchas de ellas graves, que por virtud de éstas estarán marcados y sujetos por el resto de sus vidas a dolorosos tratamientos y con elevados costos.
Ha transcurrido un año tres meses de estos lamentables hechos y, después de un sinfín de averiguaciones, no hay una contestación por parte de las autoridades del gobierno de Sonora, ni de las autoridades del ayuntamiento de Hermosillo, ni del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni las autoridades federales, que satisfagan a plenitud las exigencias para que se haga justicia a las madres, padres, familiares y ciudadanos lastimados el 5 de junio de 2009.
A pesar de los contundentes resultados de la facultad de investigación ejercitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se relacionada jurídicamente la clara responsabilidad en que incurrieron cada una de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con esto funcionarios públicos de alto nivel de los gobiernos federal, estatal y municipal, señaladas como responsables de la tragedia en comento, a la fecha no hay un solo detenido del nivel ya referido, por lo que estamos frente a uno de tantos casos de impunidad total a los que nos enfrentamos los mexicanos año tras año, mes con mes, día tras día.
Esta manipulada omisión sigue lesionando el interés superior de los menores víctimas de la tragedia, así como a la dignidad de la sociedad mexicana, por lo que hechos como éste deben de erradicarse de manera definitiva, velando por la correcta aplicación de políticas públicas que garanticen los derechos de protección igualdad y seguridad jurídica de las personas en el país.
Siendo preciso mencionar que el 28 de septiembre de 2009, madres y padres de los niños fallecidos y heridos en el incendio de la Guardería ABC, SC, presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Quinta, Agencia Segunda de Procedimientos Penales, zona centro, delegación estatal en Sonora de la Procuraduría General de la República, denuncia penal contra el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez.
Toda vez que fue la primera autoridad que tomó conocimiento de tan lamentables hechos, omitiendo consignar la averiguación previa, evitando con ello que resultaran con responsabilidad penal los dueños de la Guardería ABC, SC, así como altos funcionarios de la administración estatal, el entonces gobernador del estado de Sonora, José Eduardo Robinson Bours Castelo; el secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán; el director de Protección Civil, Willebaldo Alatriste Candiani; el jefe de la Oficina de Bienes y Concesiones del gobierno del estado, Eliseo Morales, entre otros.
Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Justicia de Sonora, actúo de manera ilegal al intentar responsabilizar de tan graves hechos a personal de bajo nivel del gobierno estatal, a quienes de inmediato consignó, con la finalidad de evadir su responsabilidad constitucional de hacerse comparecer, con el carácter de probable responsable.
Esto se fortalece con que el peritaje oficial de causalidad del incendio de la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y de la Guardería ABC, SC, ordenado por Abel Murrieta Gutiérrez, fue realizado por peritos oficiales expertos en grafoscopia y documentación, como consta agregado al expediente número 226/2009 del juzgado octavo de lo penal del distrito judicial de Hermosillo, Sonora, y que es visible a fojas números 1267-1294, cuando este peritaje lo debieron realizar expertos certificados en el manejo del protocolo internacional de investigación de escena de fuego; esto es una prueba más de que se quiere encubrir a los responsables de tan lamentables hechos.
En el momento de la tragedia y como titular del ministerio público, Abel Murrieta Gutiérrez estaba en aptitud legal de solicitar el arraigo precautorio, sin necesidad de ejercer acción penal y sin que para tal solicitud se requiera que se trate de delito grave, como lo establece el artículo 134 Bis del Código de Procedimientos Penales para el estado de Sonora, de todas aquellas personas a las que podría resultar con responsabilidad penal, como pudieran ser el entonces gobernador del estado, José Eduardo Robinson Bours Castelo; el ex secretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán; el encargado de Protección Civil Estatal, Willebaldo Alatriste Candíani; los dueños de la Guardería ABC, SC. Al no haberlo solicitado propició la impunidad a los delitos que cometieron y de que se sustrajeran a la acción de la justicia, concediéndoles con este proceder una ventaja indebida a los involucrados.
Quedando claro que la conducta desplegada por Abel Murrieta Gutiérrez, aún procurador de Justicia del estado de Sonora, encuadra en la hipótesis normativa que previenen y sancionan los delitos de incumplimiento de un deber legal y contra la procuración y administración de justicia, tipificados en los artículos 180 del Código Penal para el estado de Sonora, fracciones VIII y X, y el 193, fracción VII.
Derivando de la denuncia de carácter penal contra el actual procurador de Justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, y otros más, integrada en la averiguación previa número AP/PGR/SON/HER-V/797/2009, con fecha 28 de septiembre de 2009, en el Ministerio Público federal de la delegación estatal de Sonora de la Procuraduría General de la República, situación que deja a este personaje en calidad de probable responsable por las claras violaciones y omisiones a su deber como procurador de Justicia del estado de Sonora, como lo es la exacta y debida aplicación de la justicia, garantizando la legalidad y constitucionalidad del proceso penal, ya que con esto se evidencia que el mismo no goza de buena reputación, calidad moral, ética y profesionalismo para desempeñarse en el puesto que ostenta, además de que no ha sido ratificado por el Congreso local; es por eso que solicitamos la destitución inmediata para que responda por las graves y negligentes omisiones que se le imputan, permitiendo así realizar de manera imparcial, ágil y expedita las indagatorias del trágico incendio de la Guardería ABC, SC.
Es lamentable que a un año de haberse renovado democráticamente el Poder Ejecutivo en el estado de Sonora, permita que aún siga en el cargo Abel Murrieta Gutiérrez, y se sigan entorpeciendo y desviando las averiguaciones sobre este caso.
Nos deja claro que mientras continúe en el cargo de procurador de Justicia del estado de Sonora, seguirá imperando la ilegalidad e impunidad en el sistema de impartición de justicia del estado.
Por todo lo expuesto y fundado, solicito a la Presidencia sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y se ponga a consideración del honorable pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, en términos de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la presente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a proceder a separar de manera inmediata del cargo al procurador de Justicia del estado a Abel Murrieta Gutiérrez por haber omitido la debida y exacta aplicación de justicia en la integración y determinación de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la Guardería ABC, SC, propiciando que los probables responsables, servidores públicos de alto nivel del gobierno del estado de sonora, se sustrajeran de cualquier tipo de responsabilidad penal; de lo anterior se integró la averiguación previa número AP/PGR/SON/HER-V/797/2009, del 28 de septiembre de 2009, en la que se encuentra actualmente como probable responsable ante la Procuraduría General de la Republica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del subsecretario de Ingresos de la SHCP y del jefe del SAT ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que expliquen los alcances de la cuarta resolución miscelánea, publicada el 31 de marzo del presente año, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
Antecedentes
Durante el pasado proceso de análisis y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, el Congreso aprobó una serie de modificaciones tendentes a limitar la “elusión fiscal” que llevan a cabo los grandes grupos económicos que tributan bajo el llamado régimen de consolidación fiscal, a través de los llamados impuestos diferidos.
Considerando
Que en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, enviada a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoce que el llamado régimen de consolidación fiscal, en su origen, se concibió como un sistema de incentivo para coadyuvar con la capacidad operativa y financiera de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR).
Que la propia SHCP reconoce que el régimen de consolidación fiscal ha sido distorsionado por muchas empresas y que en la actualidad existen 4,862 empresas que consolidan para efectos fiscales integradas en 422 grupos, y que el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas el 1.78 por ciento del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007.
Que por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimiento del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos.
Que de igual manera, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha señalado que la recaudación potencial que se podría alcanzar de no existir este régimen de excepción para estos grupos sería de 850 mil millones de pesos.
Que durante el pasado proceso de análisis y discusión y aprobación de la Ley de Ingresos para 2010, después de muchos debates, el Congreso decidió empezar a acotar mínimamente este régimen de consolidación fiscal para que las empresas y grupos ya no “difirieran permanentemente” el pago de sus impuestos. Y para ello, se aprobaron modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Que, sin embargo, el 31 de marzo del presente año el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publicaron la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2009.
Que dicha miscelánea, en el inciso I.3.5.17, prácticamente elimina el precario avance logrado y dispuesto por el Congreso en lo que se refiere al pago de impuestos diferidos por estos grandes grupos, ya que reduce en 86 por ciento el monto de impuestos diferidos que estos grupos pagarían en el presente ejercicio fiscal.
Que esta situación ya ha sido reconocida e informada por estos grupos a sus accionistas, como son los casos de SARE e ICA.
Que por lo anterior, esta resolución miscelánea va mas allá del espíritu de las modificaciones realizadas por este Congreso y por lo tanto va en contra de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para estos grandes grupos empresariales.
La mejor prueba de lo anterior es que a junio de 2010, 30 grandes empresas presentaron impuestos diferidos por más de 30 mil millones de pesos.
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Hacienda a fin de que solicite las comparecencias del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria para que expliquen los criterios y los alcances de la 4o. resolución miscelánea publicada el 31 de marzo del presente año, así como su impacto en la recaudación y en el régimen de consolidación fiscal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud a prohibir en las primarias y las secundarias del país el uso de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN
Yolanda del Carmen Montalvo López, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional contra las Adicciones a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias prohíban en todos los planteles educativos del país de nivel primaria y secundaria el uso de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo y a que instruyan a que se dé inicio y se acelere el proceso de certificación de las escuelas de educación básica del país como “escuelas libres de adicciones”, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el tema del consumo de drogas y su prevención se encuentra en el centro de la atención internacional. Cada vez son más patentes los daños que el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas ocasionan en individuos, familias, comunidades y naciones. En todos los foros del orbe se insta a los gobiernos a fortalecer acciones dirigidas, no sólo al control de la oferta, sino a la atención integral del fenómeno.
2. Que en nuestro país, el consumo de drogas constituye uno de los principales problemas de salud pública, y los estudios recientes refieren tendencias que apuntan hacia dos vertientes. Por un lado, se percibe una reducción en la edad de inicio en el consumo, lo que significa que jóvenes y niños empiezan a consumir sustancias adictivas a edades cada vez más tempranas; y por otra parte, hay un aumento en la disponibilidad de drogas ilícitas entre la población estudiantil, derivado de las nuevas estrategias de distribución y comercialización conocidas como “narcomenudeo”.
3. Que por otra parte, existen otras formas por las cuales los niños y jóvenes mexicanos acceden o tienen un contacto inicial con sustancias tóxicas e inhalantes producidas comercialmente para uso doméstico, escolar o industrial. Esta aseveración tiene su base en los datos arrojados en la Encuesta Nacional contra las Adicciones 2008. 1 En ella, muchos jóvenes refieren haber iniciado el abuso de inhalantes en la escuela primaria o secundaria, utilizando los mismos útiles escolares y que empezaron, porque sentían que esas sustancias no podrían dañarles o por presión de los compañeros. Pero que una vez que se hicieron adictos, relatan que es un hábito muy difícil de romper.
4. Que es por ello que la prevención del consumo de drogas en todo el territorio nacional, entre los estudiantes de primaria y de secundaria, inclusive desde el nivel preescolar, requiere la construcción de nuevas estrategias de atención eficientes y específicas, a fin de revertir en el largo plazo las tendencias de este fenómeno en uno de los principales lugares donde se suele presentar: las escuelas.
5. Que es en este sentido que el presente punto de acuerdo busca llamar la atención de nuestras autoridades federales, a fin de prohibir el uso de útiles escolares en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, productos que representen un peligro latente y que a su vez conduzcan de alguna manera al inicio del consumo de drogas e inhalantes.
6. Que entre los productos que se han detectado como nocivos, están: pegamentos, adhesivos, lápices marcadores con punta de fieltro, diluyentes de pintura, pintura en aerosol, líquido para encendedor, gasolina, gas propano, y corrector líquido, los cuales contienen sustancias potencialmente adictivas y que han sido usados como productos inhalantes, muchos de los cuales son utilizados dentro de los ámbitos educativos ignorando su peligrosidad.
7. Que si bien es cierto, el gobierno mexicano ha hecho un gran esfuerzo en materia del combate al consumo de drogas y adicciones en las escuelas, mediante la creación de los lineamientos para la prevención del consumo de drogas en la escuela mexicana, de la Norma Oficial Mexicana NOM – 028 – SSA – 1999, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”; de la Norma Oficial Mexicana NOM – 009 – SSA2 – 1993, “Para el fomento de la salud del escolar”; y de la Norma Oficial Mexicana NOM-015 / 1 - SCFI / SSA - 1994, “Seguridad e información comercial en juguetes - Seguridad de juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales en artículos recubiertos con pinturas y tintas. Especificaciones químicas y métodos de prueba”.
8. Que en el caso de la Norma la Norma Oficial Mexicana NOM-015 / 1 - SCFI / SSA – 1994 establece las especificaciones y los métodos de prueba para la determinación de la biodisponibilidad de los elementos antimonio (Sb), arsénico (As), bario (Ba), cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb), mercurio (Hg) y selenio (Se) del material en juguetes, instrumentos gráficos escolares, pinturas para niños y plastilinas, la cual debe aplicarse a todos los juguetes y artículos escolares de fabricación nacional y de importación. Sin embargo, ésta no considera restricciones a elementos químicos como el tolueno, benceno, metanol y cloruro de metileno.
9. Que hasta ahora se pensaba que el uso de pegamentos como drogas era un fenómeno exclusivo de chicos de la calle, pero esa realidad ha cambiado, ya que las adicciones ahora se presentan en todas las clases sociales, situación que obliga a corregir esa impresión y a tomar medidas para enfrentar el problema en las diferentes realidades sociales en las que se manifiesta.
10. Que consumidos en considerables cantidades, los inhalantes producen intoxicación, desinhibición y pérdida de control. La mayoría de estos productos incluyen entre sus componentes al tolueno, que es uno de los solventes más usados como droga de abuso, provocando severas manifestaciones neurológicas y por consiguiente, adicción.
11. Que los daños que pueden producir estas sustancias son devastadores, producen lesiones irreversibles con el uso crónico. Afectan las áreas de atención, la memoria, las habilidades viso-espaciales, la capacidad verbal y producen alteraciones motrices, causan efecto en cuestión de segundos, inmediatamente son transportadas al cerebro, al corazón, los riñones y el hígado, donde producen cambios en el funcionamiento de estos órganos vitales.
12. Que según datos de la Encuesta Nacional contra las Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento. 2 En el caso de las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento.
13. Que la cantidad de estudiantes de nivel primaria y secundaria que consumen inhalantes y drogas asociadas a los sectores más vulnerables sigue en aumento. De ahí que se hace necesario emprender acciones concretas y tangibles para prohibir el suministro, provisión o contacto a estudiantes de nivel primaria y secundaria, de artículos escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo que por inhalación produzcan efectos alucinógenos u otra sintomatología orgánica (sea física, psíquica o funcional).
14. Que con este exhorto se buscan dos objetivos: primero, ampliar la protección de la salud de los niños desde temprana edad, evitando que en los establecimientos educativos donde trascurren varias horas de sus vidas por día, tengan contacto con productos adictivos; y segundo, dar seguimiento y cumplimiento a los retos plasmados en los lineamientos para la prevención del consumo de drogas en la escuela mexicana, donde se asume específicamente como uno de los retos más importantes, certificar a las escuelas de educación básica del país como “escuelas libres de adicciones”.
15. Que es a través de los lineamientos anteriormente citados, que el gobierno federal propuso una estrategia nacional de largo plazo en materia de prevención del consumo de drogas en nuestro sistema educativo, la cual busca impactar positivamente en la salud integral de las nuevas generaciones de escolares, niños, niñas y adolescentes quienes, sin duda, constituyen el presente y el futuro de un país que todos deseamos construir.
16. Que es por ello que, más allá de la indelegable función que tiene la familia en materia de prevención de las adicciones, y con la necesaria coordinación de las escuelas, las cuales deben ser espacios donde se preserve la salud física y mental de nuestros niños, consideramos que la prohibición propuesta y la certificación en comento son herramientas fundamentales que contribuirán a evitar el acceso de jóvenes y niños a estos productos inhalantes tóxicos, potenciales generadores de adicciones.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias prohíban en todos los planteles educativos del país de nivel primaria y secundaria el uso de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional contra las Adicciones a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias instruyan a que se dé inicio y se acelere el proceso de certificación de las escuelas de educación básica del país como “escuelas libres de adicciones”.
Notas
1 Encuesta Nacional contra las Adicciones 2008, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2008
2 Encuesta Nacional contra las Adicciones 2008, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2008, página 41.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la CNDH y al Poder Judicial federal a revisar y resolver con estricto arreglo a derecho el caso de Juan Ranulfo Martínez Pérez, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta –como asunto de obvia y urgente resolución– proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Poder Judicial federal a revisar el caso del señor Juan Ranulfo Martínez Pérez, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Que el pasado 14 de agosto del año en curso, el periódico electrónico www.dialogoqueretano. com.mx, publicó un artículo de Agustín Escobar Ledesma, en el cual se narra una historia de injusticia que ahora hago de su conocimiento:
“Cinco años atrás, en el 2005, en un predio, aledaño a las vías del tren, propiedad de Juan Ranulfo Martínez Pérez, se encontraban trabajando cuatro de sus amigos. Pasaron tres centroamericanos pidiendo agua. Les permitieron que llenaran sus botellas con agua de la llave y, justo en ese momento, se apareció un grupo armado de agentes de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, quienes, entraron al predio sin permiso y a punta de amenazas, detuvieron a los cuatro amigos del danzante chichimeca y a los centroamericanos. A todos se los llevaron a las instalaciones de la PGR; a los primeros los encarcelaron por, presuntamente, traficar con indocumentados. Después de ocho meses los liberaron por falta de pruebas.
Aquél día el danzante apache-chichimeca no estaba en el lugar porque cumplía su jornada como inspector de alcoholes del municipio de El Marqués. Sin embargo, cuando ya nadie se acordaba del suceso, dos años después, el 5 de octubre de 2007, se aparecieron en su casa dos Afis y, con engaños, lo detuvieron. Desde entonces está encarcelado, acusado de un delito que no cometió.”
2. Que desde el 5 de octubre de 2007, el ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez está preso en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto, Querétaro, acusado de, presuntamente, traficar con indocumentados.
3. Que después de casi tres años en la cárcel, el ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez aún no ha sido sentenciado.
4. Que Juan Ranulfo Martínez Pérez es un ciudadano de 50 años de edad, cuya esposa y seis hijos viven en la pobreza, en una humilde casa de techumbre de lámina a un costado de las vías del ferrocarril. Dos de sus menores hijos van a la escuela, tres están desempleados y sólo la hija mayor es la que trabaja para sostener a la familia ante la forzada ausencia de su padre.
5. Que según testimonios de los vecinos de la Cañada, cabecera municipal de El Marqués, Querétaro, el tren siempre se detiene en su comunidad y los indocumentados, en su mayoría, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, aprovechan para bajarse y pedir agua, algo de comer o dinero. Sin embargo, después de esta experiencia la gente ya no les brinda ayuda porque tienen miedo de la policía los vaya a encarcelar.
6. Que la ayuda humanitaria no se castiga, ni mucho menos puede constituir un delito.
7. Que si la justicia mexicana castiga y criminaliza la ayuda humanitaria estaríamos incentivando una sociedad insensible y deshumanizada.
8. Que ante la reciente matanza de migrantes y la violación continua de sus derechos humanos, la ayuda humanitaria que los ciudadanos y los centros especializados de apoyo a migrantes puedan brindarles en su paso por territorio nacional, constituye su única posibilidad de ingerir alimentos, agua, y en el mejor de los casos alojamiento temporal y atención médica.
9. Que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares adoptada por la ONU, ratificada por México el 8 de marzo de 1999, establece en sus artículos 2 y 7 lo siguiente:
Artículo 2.
La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
Artículo 7.
Los Estados Parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
10. Que con todos estos antecedentes me permito solicitar su apoyo en esta propuesta de punto de acuerdo, para exhortar a los funcionarios competentes a que analicen el caso, revisen el proceso judicial que se sigue y actúen en estricto apego a derecho.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al licenciado Arturo Chávez Chávez, procurador general de República, a que revise el proceso judicial que se sigue al ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez y que se resuelva a la brevedad en estricto cumplimiento del derecho.
Segundo. Se exhorta al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investigue el caso y brinde apoyo institucional al ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez.
Tercero. Se exhorta al Poder Judicial federal para que en el análisis del caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez, actúe en el marco de los derechos humanos y ponga en inmediata libertad al detenido.
Transitorio
Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del 2010.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares para atender las necesidades de vivienda de la población que se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento de mil 225 millones de pesos para el ejercicio presupuestal de 2011 de los programas del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), con el propósito de atender las necesidades de vivienda de la población que se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de la vivienda es imprescindible para un país democrático que aspira alcanzar un desarrollo humano sustentable a través del fortalecimiento de capacidades básicas que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Es un elemento esencial en la determinación de la calidad de vida de las personas ya que, además de brindar abrigo y protección, implica la posibilidad de tener acceso a servicios considerados como esenciales (agua, energía eléctrica, drenaje, sanitario) para alcanzar un techo mínimo de bienestar.
Un ejemplo de la causalidad entre bienestar y vivienda se observa en la evaluación de las acciones de piso firme realizadas, en el que se identifican efectos como la reducción en un 78 por ciento de enfermedades por parásitos, 49 por ciento en diarreas, 81 por ciento en anemia y de 36 a 96 por ciento en desarrollo cognitivo (se midieron habilidades de comunicación y lenguaje). Asimismo, mejora el bienestar de los adultos a través de un aumento en satisfacción con su vivienda y menores tasas de depresión y estrés.
En este contexto, el gobierno mexicano ha dado importante énfasis en los últimos años a las políticas de vivienda, particularmente para los más pobres del país, expresando así el pleno reconocimiento de la vivienda como un derecho esencial que se encuentra establecido desde la Constitución de 1917 como un derecho de los trabajadores y posteriormente, con la reforma del artículo 4o. se consagró que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, de esta manera, el derecho a la vivienda quedó elevado a rango constitucional.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano precisa: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Esto supone un mandato para que el legislador haga realidad ese derecho y, por otra parte, también implica un mandato a todas las administraciones públicas de todos los órdenes de gobierno para que implanten políticas públicas de fomento de la vivienda.
Las administraciones recientes, conscientes de la importancia que tiene la vivienda para el nivel de bienestar de los mexicanos, se propusieron ampliar de manera considerable el acceso al financiamiento a los segmentos de la población más desfavorecidos para que puedan acceder a una vivienda, siempre, en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable.
No obstante los avances logrados en la materia, persiste el reto de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda a la población de escasos recursos, preferentemente a la que se encuentra en una situación de pobreza, anticipando las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago existente, lo que supone multiplicar los recursos de inversión; mejorar las condiciones de financiamiento; abrir opciones de vivienda a los menores costos, nueva, usada, rentada o autoconstruida, e impulsar la máxima productividad de los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, a través de la modernización de sus estructuras institucionales y formas de operación.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para el periodo 2006-2012 se requiere construir 4.4 millones de viviendas nuevas y mejorar más de 2.9 millones. En las zonas urbanas se presentará mayor demanda, en una razón de 4 a 1, respecto a lo rural, de modo que uno de los principales retos es contar con los recursos suficientes para atender dicha demanda. De la misma forma, las estadísticas del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman un incremento del 60 por ciento en el déficit de vivienda, en términos de número de hogares para 2030 respecto a 2005, que es de 734 mil viviendas.
Es importante considerar también que 69 por ciento de los 10 millones 960 mil 398 viviendas que integran el parque habitacional ocupado por la población en condiciones de pobreza patrimonial, lo que equivale a 7 millones 616 mil 788 viviendas de acuerdo con las proporciones de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2008 aplicadas a la estimación de hogares en condición de pobreza para 2011, presentan alguna condición de deterioro, ya sea en infraestructura (servicio eléctrico, drenaje o agua en la vivienda), condición de pisos, muros, techos o en materia de hacinamiento.
El esfuerzo monetario que se requiere para atender estas carencias es elevado y similar a lo que se necesitaría para la construcción de 3 millones 700 mil 246 viviendas. Además, de acuerdo con estimaciones del Fonhapo, a esta cifra hay que sumar 1.5 millones de hogares en condiciones de pobreza que demandan vivienda nueva.
El reto que enfrentamos es de tal magnitud que se hace indispensable dotar de mayores recursos a las instancias encargadas de atender las necesidades de vivienda de la población como la Conavi y el Fonhapo, particularmente a este último que atiende la demanda nacional de las familias en situación de pobreza patrimonial para que adquieran, edifiquen, amplíen o mejoren sus viviendas. Ante tal situación, resulta preocupante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, los recursos destinados a los programas del Fonhapo Tu Casa y Vivienda Rural tienen un presupuesto asignado de 2 mil 37.6 millones de pesos (mil 620.54 para Tu Casa y 377. 26 para Vivienda Rural); esto es, 197.4 millones menos que el año anterior, lo que resulta inadmisible si consideramos los rezagos en materia de vivienda que tiene nuestra población, particularmente aquel 42 por ciento que representan los 21 millones de personas que demandan apoyos inmediatos para construir o remodelar su vivienda y que se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial, además, si el Gobierno Federal destinó un presupuesto de 8 mil 150 millones para acciones de vivienda, la asignación en el PEF a estos programas debería ser al menos un porcentaje igual o superior a 42 por ciento del monto referido, representando este porcentaje un monto de 3 mil 425 millones de pesos.
Por esto, compañeros legisladores, solicitamos un incremento de mil 225 millones de pesos respecto a lo asignado en 2010 para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, el Fonhapo cuente con un presupuesto de 3 mil 425 millones de pesos para atender a todos los mexicanos que tienen la apremiante necesidad de contar con un techo digno para vivir.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social, y de Vivienda de la Cámara de Diputados a considerar un incremento de mil 225 millones de pesos para el ejercicio presupuestal de 2011 de los programas del Fonhapo, con el propósito de otorgar mayor número de subsidios a fin de atender las necesidades de vivienda de la población que se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de septiembre de 2010.
Diputados: Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Enrique Torres Delgado, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Jesús Giles Sánchez, Sergio Octavio Germán Olivares, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Carlos Luis Meillón Johnston, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la Sagarpa un fondo de urgencia con estímulos directos para apoyar a los productores de algodón de la comarca lagunera de Coahuila y Durango afectados por la viruela del algodonero, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados federales de Coahuila, Durango y del sector agrario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en voz del suscrito diputado Héctor Fernández Aguirre, presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad uno de los fenómenos que mayores efectos negativos ha tenido en el medio ambiente mundial, es el cambio climático, entendido éste, como una variación del estado natural del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.
El cambio climático global no sólo se circunscribe al medio ambiental, éste es un problema que afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos del país.
Año con año vemos a nivel mundial los estragos que ocasiona este fenómeno natural y México no está ajeno a esta problemática. De acuerdo a estudios realizados por instituciones internacionales como el Banco Mundial y La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), además de otros realizados por científicos, señalan que los efectos se resentirán cada vez en mayor cuantía, presentándose climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos.
Lo anterior lo podemos ver en inundaciones de lugares que, de acuerdo con los patrones de lluvias, no estaban identificados como de alta incidencia pluvial, muestra de ello son las inundaciones en varios estados del norte y centro de la república.
Uno de los fenómenos climatológicos que mayores afectaciones ha ocasionado es el huracán Alex, que afectó con lluvias los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ocasionando a su paso fuertes inundaciones con la consecuente afectación a la sociedad civil que reside en esos lugares.
Ante esta tragedia la sociedad mexicana, las instituciones públicas y privadas, así como los diferentes poderes y órdenes de gobierno, dieron muestra de la solidaridad y la colaboración, haciendo a un lado los intereses políticos y las conveniencias, se logró superar en parte las afectaciones ocasionadas por este problema climático.
Sin embargo, en el campo la afectación no sólo se manifestó en la destrucción de los inmuebles y la destrucción de cultivos, sino en los efectos colaterales provocados por un exceso de humedad provocada por las lluvias atípicas provocadas por el citado huracán.
Como consecuencia de lo anterior la Comarca Lagunera, que comprende parte de los estados de Coahuila y Durango, se vio afectada enormemente por el exceso de humedad, lo que creó las condiciones propicias para que se presentara la enfermedad fungosa llamada “Viruela del Algodonero” siendo el sector algodonero el más afectado. No solo en términos de la cantidad de hectáreas dañadas sino que se deben considerar los efectos que resienten las familias rurales que dependen de dicha actividad. Cabe destacar que esta afectación se exacerbó gracias a la decisión por parte de la Comisión Nacional del Agua de abrir las compuertas de la presa Francisco Zarco, sin evaluar los riesgos y consecuencias que esto podría acarrear para el sector agropecuario.
Es importante mencionar que con un grado de afectación fuerte fueron perjudicadas por esta enfermedad 13,667 hectáreas en total, de las cuales 8,584 hectáreas se encuentran en Coahuila y 5,083 hectáreas se ubican en Durango además de 3,400 hectáreas con afectaciones moderadas, y 7,000 hectáreas con afectaciones leves en Coahuila.
Por tal motivo, se reunieron los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable de la Laguna, Coahuila y Durango, para analizar en forma conjunta, las afectaciones y la manera en cómo se resolvería dicho problema de igual forma participaron autoridades agropecuarias de los tres niveles de gobierno con productores quienes conocen de primera mano la situación que prevalece.
Como resultado de estos trabajos se acordó solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) así como a los gobiernos de los dos estados afectados un apoyo extraordinario y urgente para los productores de algodón que fueron afectados por la viruela del algodonero.
Asimismo cabe mencionar que producto de esta reunión y de otras que se realizaron con los involucrados en el sistema-producto-algodón, se acordó realizar las gestiones necesarias para ubicar recursos de otros programas que se aplican para este cultivo. El apoyo que estimaron necesario para resarcir los daños fue por un monto total de 315 millones de pesos.
Sin embargo, a los cuantos días, de manera unilateral, el delegado de la Sagarpa en la región lagunera, se desdijo de sus acuerdos e informó a los medios locales que no iba a ser posible otorgar los apoyos que quedó en gestionar los cuales además firmó ante los consejos distritales, para los productores de algodón afectados y en caso de otorgarse, pareciera que los apoyos responden más bien a cuestiones de tipo electoral que a situaciones de necesidad comprobada de los productores.
Ante esta respuesta, los representantes de esta rama productiva se dirigieron a sus diputados federales para solicitar nuestra solidaridad y apoyo, asimismo exigir al Ejecutivo federal dé respuesta a los compromisos contraídos por el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en La Laguna, sabemos que este tipo de apoyo extraordinario ya se ha dado en otras ocasiones a otros estados, y que sólo es cuestión de disposición y compromiso para uno de los sectores más golpeados de nuestra sociedad.
Dada la magnitud de los daños, el apoyo solicitado para los productores de esta región es urgente.
Lamentablemente los programas vigentes no consideran recursos para la atención de estas contingencias, con excepción del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, al que sólo le fueron asignados 900 millones de pesos, que a la fecha ya han sido rebasados, según los funcionarios de la Sagarpa.
El cultivo del algodón en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, ha sido históricamente el más importante, por ser un generador de alta demanda en mano de obra, desde la preparación de la tierra hasta su despepite, de no ser atendida en tiempo y forma esta situación, se estaría generando un serio problema, ya que se calcula sean 43 mil familias campesinas afectadas directa e indirectamente por la enfermedad de éste cultivo.
De igual forma, en caso de que la autoridad no dé respuesta, se corre el riesgo de tener una menor superficie cultivada de algodón y con ello un problema en el mercado regional, ya que se considera que este cultivo es un regulador de precios para todos los productos agrícolas de la zona.
Es por eso que acudimos a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destine un fondo de emergencia con apoyos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero, de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.
Diputados: Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Hugo H. Martínez González (rúbrica), Rubén I. Moreira Valdez (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Melchor Sánchez De La Fuente (rúbrica), Miguel A. Riquelme Solís (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Óscar García Barrón, José Ricardo López Pescador, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Federico Ovalle Vaquera.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar con los otros órdenes de gobierno políticas en pro de los jóvenes para resolver de raíz el grave problema de los 7.5 millones de llamados “ni-nis”; y a la Cámara de Diputados, a destinar 5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 y subsecuentes a programas en favor de los jóvenes, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José María Valencia Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
A millones de jóvenes se les niega el derecho a estudiar o trabajar, es decir, se les niega el derecho a la esperanza, al desarrollo. En un contrasentido, se les niega a estos jóvenes la juventud , como etapa de fijar sus ideales en pos de su realización.
Conforme al rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, cuyos datos parten de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, en nuestro país existen 7.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los denominados “ninis”. Algunos funcionarios del gobierno federal en lugar de reconocer y enfrentar este gravísimo problema social, en el marco de sus atribuciones, pretenden minimizarlo manipulando las cifras. Conforme a esta condenable práctica que aplican en otras áreas de la realidad nacional, concretamente reducen las cifras a 285 mil ninis, cifra mentirosa que no merece ser tomada en cuenta: ¡Como si borrando de las estadísticas a estos jóvenes sin futuro se borrara en automático el problema social!
El olvido de estos siete millones y medio de jóvenes, además de representar una violación masiva de sus derechos humanos, implica a condenar al país a la inmovilidad, a cortar de tajo su desarrollo futuro. No debe olvidarse que la mayor riqueza de un país es su capital humano, especialmente el contenido en los jóvenes.
Estos millones de jóvenes, en lugar de aprovecharse como palanca para el engrandecimiento del país, el llamado “bono demográfico”, se les deja como mano de obra barata ofertada a los grupos del crimen, a la dolorosa migración, como si no formaran parte de nuestra nación o peor aún, sólo encuentran salida a su triste situación en la depresión y en el suicidio. Concretamente en 2008, 349 mil 947 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad intentaron quitarse la vida. Esto es sumamente doloroso e inadmisible.
Nunca debemos olvidar que el derecho prioritario de los jóvenes es a la educación, que no puede ser compensada por su inserción en el mercado laboral de los trabajos precarios. Además de que la incorporación de los jóvenes a los estudios, es una de las mejores formas de alejarlos de todo tipo de adicciones.
Que el Año Internacional de la Juventud, decretado por la ONU a partir del 12 de agosto de 2010, sirva para cuestionar la exclusión y maltrato hacia los jóvenes, y se apliquen en el marco de la coordinación de todos los niveles del gobierno políticas públicas coherentes, estratégicas, continuas y eficaces. Lo que se debe complementar con la creación por la Cámara de Diputados de una bolsa equivalente a 5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 y en los subsecuentes, para ser destinada a programas en favor de los jóvenes. Tal y como se propuso en la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, celebrada en nuestro país en agosto pasado.
Dentro de estos mecanismos de política pública, deberán crearse programas especiales con perspectiva de género.
De manera especial deberá ser favorecida la educación y, dentro de ésta, destacadamente las finanzas de las instituciones públicas de educación superior que apenas reciben 0.7 por ciento del producto interno bruto. De manera de alcanzar una educación de mayor calidad, aumentando a la par de manera esencial su matrícula, hasta alcanzar la incorporación de todos los jóvenes. Es decir, la educación debe enfocarse como una estrategia vital de desarrollo.
Adicionalmente se deben impulsar de manera masiva las actividades artísticas, deportivas y de capacitación.
También es indispensable que se llene el enorme vacío jurídico que existe en la tutela de los jóvenes, de manera de que éstos sean reconocidos como sujetos de derechos, garantizando el ejercicio pleno de éstos.
Una juventud sin esperanza, es la muestra más clara del fracaso de nuestra llamada democracia. Que la irresponsabilidad e indiferencia hacia los jóvenes, destacadamente hacia los ninis, sean sustituidas por una acción inmediata, unida, decidida; de lo contrario, crearemos un “agujero negro social” que amenaza con tragarse todo futuro.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en coordinación de los otros órdenes de gobierno, se impulsen políticas públicas coherentes, estratégicas, continuas y eficaces a favor de los jóvenes, especialmente para resolver de raíz el grave problema social de los siete millones y medio de los llamados ninis.
Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una bolsa equivalente a 5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 y en los subsecuentes, para ser destinada a programas en favor de los jóvenes, tal y como se propuso en la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, celebrada en nuestro país en agosto pasado.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de septiembre de 2010.
Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar por la SHCP recursos presupuestarios para reconstruir vías de comunicación y de tránsito e infraestructura carretera afectadas por los desastres meteorológicos en La Cañada, Oaxaca, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Elpidio Concha Arellano, de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país, desde el mes de julio, dio inicio la temporada de lluvias, y estas se han caracterizado por la presencia de fenómenos meteorológicos tales como sistemas de baja presión, tormentas tropicales y ciclones; contabilizándose por autoridades del Servicio Meteorológico Nacional tan sólo en el citado mes, 102 tormentas severas, promedio que habitualmente aparecía hasta el siguiente mes, y justamente entre julio y septiembre tuvimos el paso del ciclón Alex, causando estragos en varias regiones del país, así como los efectos de la tormenta tropical Frank por Oaxaca.
Por su parte autoridades de Conagua han manifestado que el país se encuentra 47por ciento arriba de la media histórica en precipitación pluvial y los pronósticos indican que se superarían las lluvias de 1955, cuando se tuvo el mayor registro para el mes de julio.
La presencia consecutiva de estos fenómenos pluviales y su concentración de humedad, han llevado a las presas al ciento por ciento de su capacidad y el nivel de los ríos por encima de su escala crítica con graves desbordamientos, inundando e incomunicando comunidades, rancherías, poblados y un número en aumento de municipios, causando pérdidas humanas, económicas, comerciales, materiales e infraestructura de todos tipo en distintas regiones del país.
Una muestra de lo anterior lo representó la destrucción que dejo el huracán Karl de categoría tres, el pasado día 19 y la madrugada del 20 de septiembre en varias zonas del estado de Oaxaca, ya que en tan sólo dos horas cayó de agua lo que en 12 horas en el estado de Veracruz, provocando encharcamientos e inundaciones con daños estructurales, dejando cerca de 5 mil casas afectadas y 20 mil damnificados más; con la pérdida de vías de comunicación, de servicios de electricidad, de abasto y de salud.
Ante las afectaciones, es vital llevar a cabo la reparación de la red carretera de comunicación terrestre e iniciar de manera urgente los trabajos de rehabilitación y reparación que permitan de nueva cuenta el llegar a la población, en zonas como la Cañada, Sierra Norte, Papaloapan e Itsmo de Tehuantepec, dado que no es posible por vía pluvial o aérea.
La región de la Cañada con treinta municipios en su territorio, se vio severamente afectada en 978.50 kilómetros de infraestructura carretera cuya inversión económica es considerable, y su situación es crítica por las intensas lluvias. En la zona Cuicateca se intenta reubicar a varios cientos de familias que se encuentran en riesgo. En esta región, las fuertes lluvias registradas en la Sierra Mazateca han ocasionado derrumbes principalmente en el tramo Cuicatlán-Santa María Tecomavaca, que es atendido por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC); en tanto que un deslave en la comunidad de Santa María Chilchotla, está siendo retirado con maquinaria del municipio, pero insuficiente.
Lo anterior plantea de manera urgente, la realización de obras de reconstrucción de caminos rurales, carreteras alimentadoras, así como de carreteras troncales a cargo SCT, lo que implica implementar recursos económicos presupuestales que ante la gravedad de la realidad que sufren los damnificados, no pueden espera tres meses más entre la discusión, el etiquetado y aplicación de recursos del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a partir de enero del 2011.
La necesidad es aquí y ahora, los trabajos a realizar son el desmonte, la extracción de derrumbes, el relleno de deslaves, rastreos, desazolves de obras de drenaje, reconstrucción de bases, bacheos, pavimentación y revestimiento, construcción de carpetas en tramos parciales, tramos completos de pavimento, señalización de tramos, entre otros trabajos.
Baste como ejemplo de ello la tragedia sucedida la madrugada del martes 28 de septiembre en la que varias viviendas fueron sepultadas por el desgajamiento de un cerro en la población de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona mixe de Oaxaca.
En el caso de la región de la Cañada, para llevar a cabo obras de carácter prioritario, requiere recursos económicos por un monto de $920.341 millones.
Es más que claro, que tanto los recursos del Fonden, los fideicomisos estatales, seguros y donativos serán insuficientes para llevar a cabo tales actividades, y la astringencia de recursos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por todo lo antes expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos presupuestales por un monto de $920.341 millones, utilizando las economías del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, necesarios para la reconstrucción de vías de comunicación, transito e infraestructura carretera afectados por los desastres meteorológicos en la región de la cañada, del estado de Oaxaca.
Segundo. Se informe a esta soberanía de los mecanismos de coordinación intergubernamental para la implementación de dichos recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.
Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior y de Reconocimientos de Plantilla de 2007 a 2010, y de la partida de resarcimiento de 2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que proporcione a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de fondos federales que le corresponde cubrir respecto de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. La Universidad de Guadalajara (U de G) es la segunda más antigua y grande de México. Su estructura contemporánea consiste en catorce centros universitarios desconcentrados en las regiones de Jalisco y vinculados en red, un sistema de educación media superior (conformado por 149 planteles) y el sistema de universidad virtual. Es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, que ofrece sus servicios a más de 218 mil estudiantes. La U de G, acorde con las políticas nacionales de modernización educativa, ha consolidado una serie de indicadores de calidad que la ubican como uno de los primeros centros educativos del país, aportando 85 por ciento de la investigación científica de Jalisco.
La U de G atiende 95 por ciento de su matrícula en carreras evaluadas de calidad reconocida (108 programas); es la institución educativa con mayor número de profesores incorporados al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) con 2 mil 23 académicos; ocupa el segundo lugar en México por el número de cuerpos académicos consolidados de investigación (55), así como por el número de especialidades, maestrías y doctorados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (77). De las universidades estatales es el primer lugar por el número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (633), y ha sido calificada por Aregional.com como la primera universidad pública de México en materia de transparencia informativa.
2. A partir de 2007, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha aprobado diversos fondos federales para apoyar a las instituciones públicas de educación superior del país, mismos que han sido publicados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Diario Oficial. Sobre esta base, la Secretaría de Educación Pública ha emitido diversas convocatorias para los fondos de concurso como el concurrente para incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y, con apoyo solidario, el de ampliación de la oferta educativa, el de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales, entre otros. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hizo cargo de la partida de resarcimiento de 2008. Conforme a dichas convocatorias, el gobierno de Jalisco adquirió la obligación de otorgar las contrapartes económicas correspondientes al recurso aprobado por la Federación, mediante cartas compromiso a favor de la Universidad de Guadalajara, en los montos asignados a sus programas.
3. La actual administración del gobierno de Jalisco ha omitido su compromiso de proporcionar a la U de G los recursos por 701 millones 194 mil 823.69 pesos, equivalentes a lo que el gobierno federal ha otorgado como se muestra a continuación:
*En el caso del fondo de reconocimiento de plantilla, la aportación que debe dar el Estado no es de 50 por ciento sino de 48 por ciento.
4. La falta de dichos recursos ha llevado a la Universidad de Guadalajara a una precaria situación financiera, poniendo en riesgo las diversas actividades sustantivas, compromisos y programas institucionales, así como el patrimonio universitario y de sus trabajadores académicos, administrativos, por lo que resulta urgente la entrega de los recursos anteriormente aludidos a fin de dar certeza financiera a la máxima casa de estudios de Jalisco.
5. Cabe subrayar que el gobierno de Jalisco cuenta con los recursos suficientes para cumplir sus compromisos con la U de G. Lo anterior se evidencia con los ingresos que ha recibido por arriba de lo presupuestado año con año.
6. Los firmantes consideramos que ante la gravedad de la situación financiera de la Universidad de Guadalajara y la negativa del Ejecutivo estatal de entregar los recursos que por derecho le corresponden, esta soberanía no debe mantenerse ajena dada su ineludible obligación de propiciar la certidumbre y tranquilidad en el Estado de Jalisco. Por ello sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar inmediatamente a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de los Fondos de Incremento de Matrícula en Educación Superior, de ampliación de la oferta educativa de nivel superior y de reconocimiento de plantilla, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008, cuyos montos totales suman 701 millones 194 mil 823.69 pesos, con objeto de que dicha casa de estudios tenga certeza financiera y pueda cumplir con sus actividades y funciones sustantivas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.
Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, Fermín Alvarado Arroyo, Jesús Rodríguez Hernández, Miguel Ángel Luna Munguía, Carlos Cruz Mendoza, José Alberto González Morales, Laura García Dávila, María del Carmen Izaguirre Francos, Janet Graciela González Tostado, Francisco Alberto Jiménez Merino, Julieta Octavia Marín Torres, José Óscar Aguilar González, Malco Ramírez Martínez, Leobardo Soto Martínez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Juan Pablo Jiménez Concha, Ardelio Vargas Fosado, María Isabel Merlo Talavera, Narcedalia Ramírez Pineda, Cristabell Zamora Cabrera, Francisco Ramos Montaño, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar, Hilda Ceballos Llerenas, Morelos Canseco Gómez, María Araceli Vázquez Camacho, José de Jesús Zambrano Grijalva, Víctor Manuel Castro Cosío, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Vázquez González, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Mario Alberto di Constanzo Armenta, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía demanda la liberación de los cinco cubanos injustamente presos desde hace más de doce años en Estados Unidos de América por luchar en favor de la paz y contra el terrorismo hacia su país, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT
Quienes suscriben, diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Los cinco cubanos, como se les conoce internacionalmente, han estado encarcelados en los Estados Unidos de América desde su arbitrario arresto hace doce años por cargos de conspiración para realizar espionaje y, en el caso de Gerardo Hernández, conspiración para cometer asesinato en primer grado. Su presunto delito fue infiltrar grupos terroristas en Miami que planeaban continuar su guerra no declarada contra el pueblo de Cuba y la Revolución Cubana.
Fueron sometidos a crueles condiciones de confinamiento, enjuiciados injustamente en una ciudad que no podía proporcionarles un juicio justo, víctimas de la mala conducta de sus fiscales, y castigados a excesivas e ilegales condenas de cadena perpetua.
Siete años después del arresto, un panel de jueces de apelación dictaminó que el juicio efectuado en Miami fue una violación elemental de sus derechos, dictamen éste que no fue tenido en cuenta tras una solicitud expresa del Ejecutivo por motivos políticos.
Un panel dictaminó que las cadenas perpetuas impuestas por la jueza eran una violación de las normas tradicionales para dictar sentencia en los Estados Unidos de América, así como también que Cuba tiene el derecho de defender su espacio aéreo.
México y la comunidad internacional han rechazado la injusticia que se comete en contra de estos cinco ciudadanos cubanos, entre las que se destacan:
La declaración emitida el 9 de julio de 2003, por 300 legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, entregada al embajador de Cuba en México, señor Jorge Bolaños, y al diputado Eusebio Leal, en la que se solidarizan con la causa de los cinco cubanos prisioneros injustamente en Estados Unidos y demandan la realización de un nuevo juicio;
Opinión adoptada el 27 de mayo de 2005, por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la que se afirma que el juicio de los cinco cubanos presos en los Estados Unidos de América no fue imparcial ni justo. Y que su encarcelamiento es arbitrario e incompatible con la Convención de Derechos Civiles y Políticos;
Declaración del Parlamento Europeo, aprobada el 3 de enero de 2007, en el que solicita al consejo y a la comisión haga un llamamiento al gobierno estadounidense con vistas a que adopte las medidas necesarias para resolver la situación de los cinco cubanos detenidos;
Resolución del Senado de la República aprobado el 10 de febrero de 2010, que solicita “a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica por medio de un amicus , se acepte y se apruebe el recurso de apelación presentada por la defensa de los “cinco cubanos presos en Estados Unidos” que termine con las violaciones de los derechos humanos de estos cinco cubanos, se les someta a un nuevo juicio fuera de Miami con todas las garantías procesales y estos hombres retornen a su país y a sus familias”.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión demanda la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados por luchar por la paz y en contra del terrorismo hacia su país, que se encuentran en prisión en los Estados Unidos de América, desde hace más de doce años.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputados Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al sector educativo, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, Roberto Pérez de Alva Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La educación constituye el medio fundamental para incorporar a México en el desarrollo integral, sustentable, incluyente y democrático. La inversión que se destina a la educación en el marco de un proyecto educativo con visión de futuro se convierte en una política sumamente redituable en el mediano plazo, pues de esa manera se generan las condiciones para el crecimiento económico, el desarrollo social, la distribución más equitativa del ingreso y la armonía social. Los países que han transitado con éxito evidente por este camino han seguido esa trayectoria: primero una revolución educativa y después etapas crecientes de desarrollo y prosperidad.
La obligación del Estado mexicano de impartir educación gratuita, laica y obligatoria debe cumplirse a cabalidad. La vía de la educación como instrumento de movilidad social, superación de desigualdades y fuente de estabilidad se refleja en el artículo 3o. de la Carta Magna, que establece que el criterio de la educación que imparta el Estado será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El financiamiento de la educación pública debe ser considerado prioridad nacional. La meta y obligación legal de destinar hacia la educación cuando menos 8 por ciento de producto interno bruto deben enfocarse como un objetivo ineludible susceptible de lograrse en un corto plazo, pues la importancia de la función social educativa así lo exige.
Por lo anterior resulta inaceptable que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 presente una disminución de -0.4 por ciento, en términos reales, en relación con 2010. El ramo 11, “Educación pública”, considera en el proyecto del Ejecutivo una inversión por 218 mil 825.9. Por su parte, el gasto educativo englobado en el ramo 33 presenta un incremento mínimo de 2.0 por ciento en relación con el proyecto aprobado en 2010: pasa de 234 mil 357 millones de pesos a 248 mil 571 en el proyecto de 2011; es decir, un incremento que no resarce siquiera los efectos de la inflación. Finalmente, el ramo 25 presenta una disminución importante, de -3.5 por ciento: pasa de 43 mil 844.1 millones en 2010 a 43 mil 983.7 en el proyecto de 2011.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la inversión pública en educación debe tener la mayor prioridad en la agenda nacional. Tenemos que impulsar una educación pública de calidad y amplia cobertura, que impulse el desarrollo integral de las personas, promueva la justicia y la equidad y coadyuve a elevar la competitividad y productividad de la economía nacional.
Por ello tenemos que modificar el presupuesto en materia educativa para el ejercicio de 2011. Es preciso garantizar crecientes recursos para abatir el rezago educativo fortaleciendo la educación de los adultos y el acceso pleno de los pueblos indígenas a la educación, Nos preocupa en específico el Programa para el Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena, que contó en 2010 con una partida de 250 millones, y para 2011 se deja sin recursos. La enseñanza del inglés, considerada una necesidad estratégica, tiene una disminución de 15 millones en el Programa Nacional de Inglés y de 238 millones en el de Apoyo a las Entidades Federativas para el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica.
En programas como Fortalecimiento de Educación Especial, e Integración Educativa se ve una disminución de 78 millones de pesos a un presupuesto de por sí insuficiente. En un momento en el que amplios sectores de la sociedad exigen elevar la calidad constatamos que a reforma curricular en educación básica se reduce el presupuesto en casi 14 millones de pesos; al Fondo para el Mejoramiento de las Tecnologías Educativas en Educación Básica se reduce en 100 millones de pesos; en equipamiento de escuelas para educación básica a nivel nacional se reducen 150 millones de pesos.
En Nueva Alianza consideramos que un mayor presupuesto educativo para consolidar la estrategia de la Alianza por la Calidad de la Educación en sus ejes fundamentales, como la modernización de los centros escolares, el acceso pleno a las tecnologías de la información, la profesionalización de los profesores y las autoridades educativas, el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, o la formación integral de éstos para la vida y el trabajo, nos permitirá hacer realidad la transformación del sistema educativo nacional que México necesita y nos puede llevar a tener una educación de calidad con equidad.
En función de lo expuesto, me permito someter a consideración de la esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 2011, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar a educación un presupuesto equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Salud a establecer lineamientos para legislar a escala nacional en favor de las “madres subrogadas”, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
La ciudadana María Estela de la Fuente Dagdug, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a esta honorable asamblea a instruir a la Comisión de Salud para establecer los lineamientos de legislación y reglamentar a nivel nacional a favor de las llamadas madres subrogadas.
Consideraciones
Con su venia señor presidente, diputadas, diputados. Los tiempos modernos nos obligan a actualizar nuestra leyes y reglamentos, no obstante aquellas prácticas, que por demás necesarias se vuelven comunes y riesgosas, por no existir una regulación jurídica como es el caso, de lo que llamamos, “madre sustituta” o su caso “maternidad subrogada”, sabemos que son temas que generan desconcierto e inquietud en nuestro país, pero que es de suma importancia el derecho de la pareja de tener un hijo, y el cual se encuentra en el marco jurídico de nuestro país, en nuestra constitución en su artículo 4to. En torno al llamado derecho a la reproducción, que se consagró como un derecho a la salud y libertad de procreación a favor del ciudadano, como un medio de actualizar el derecho de organización y desarrollo de la familia.
Para ello no debemos olvidar que tratándose de reproducción humana, existen dos palabras que por demás son desalentadoras para el desarrollo y reproducción de la pareja al querer conformar una familia, y son la esterilidad e infertilidad, sabemos que los recursos económicos de muchas parejas en nuestro país no son suficientes para afrontar este tipo de problemática, y que en muchos de los casos se ven en la necesidad de recurrir a médicos y charlatanes, con costos muy altos que les prometen que con algún estudio o tratamiento les garantizan quedar embarazadas, sin obtener resultados satisfactorios, de ahí se desprende la posibilidad y la necesidad de utilizar el vientre o útero de otra mujer, actualmente es sobre el 15 por ciento de la población mexicana que sufre alguna deficiencia reproductora, y que el avance de la ciencia ha trascendido hasta las relaciones sexuales y reproductoras del ser humano.
Poco tiempo atrás la pareja solamente podía tener hijos mediante las relaciones sexuales, gracias a estos avances científicos contamos con métodos y prácticas seguras, que permiten a la pareja realizar ese sueño por medio de la llamada “madre sustituta” o “madre subrogada”, son mujeres fértiles que aceptan mediante costo o no, llevar a cabo el embarazo, mediante las llamadas técnicas de reproducción humana asistida. Y, una vez concluido el parto, entregará, el producto de esa gestación a las personas que así lo requirieron, sujetándose a un pacto compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de la pareja que figurarán como padres de éste. El único fin de que estas prácticas existan es de corregir los problemas actuales de la pareja permitiendo así la procreación y el desarrollo familiar.
En nuestro país el único estado que cuenta con esta práctica de manera legal mediante su Código Civil es tabasco, ya que en su Quincuagésima Legislatura, en 1997, los legisladores consideraron conveniente incorporar y adecuar los dispositivos a este código, debido a los recientes avances científicos en materia de reproducción humana, expresando y haciendo referencia a la maternidad sustituta en su código civil, como una solución a la problemática de la mujer de no poder ser madre.
Éstas prácticas ya existen, legales o no, simplemente podemos verlo en el Internet, anuncios solicitando vientres de alquiler o bien ofreciendo vientres, esto en diferentes estados de la república como Querétaro, Guanajuato, San Luís Potosí y Guerrero, por nombrar algunos, de ahí la necesidad y obligación de legislar sobre esta materia a nivel nacional.
El alquiler de vientres está permitido en EU y algunos países europeos, considerando la utilización de los avances de la ciencia médica y de las técnicas de reproducción de manera ordenada y responsable, en nuestro país se debe regular esta práctica por medio de disposiciones jurídicas para evitar la clandestinidad, ya que contamos con excelentes instituciones de salud, médicos y personal calificado.
Si hablamos de las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud, el cual fue creado para dar lineamientos y principios, los cuales deberán someterse a la investigación científica y tecnológica destinada a la salud de los seres humanos, habría que garantizar por parte del estado el uso de técnicas de reproducción humana asistida, para resolver esta problemática atendiendo las necesidades de mujeres y hombres, en nuestro país, en el cual se ha legislado sobre el aborto, sobre la eutanasia, por qué no legislar sobre un tema que por demás, defiende la vida, y por qué no decirlo, la estabilidad de la familia.
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por medio de la Comisión de Salud, se forme de inmediato un grupo de trabajo que, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y establecer las necesidades de seguridad, salud y bienestar, para la creación de una ley para protección de las madres subrogadas y de las personas que así lo requieran.
Segundo. Que el grupo de trabajo presente las propuestas a las que haya lugar en la comisión de salud y, de ser necesario, la creación de una nueva comisión especial, para llevar a cabo los trabajos para legalizar o reglamentar el tema a nivel nacional y de esta manera estaríamos modernizando y actualizando los métodos científicos con los cuales cuenta nuestro país.
Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2011 Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Leandro Rafael García Bringas, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Consideraciones
Del año 2000 a la fecha, la donación y transplantes de órganos se lleva acabo por la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Transplantes, dichas instituciones realizan una labor de calidad para aumentar la donación y transplantes de órganos; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los ciudadanos mexicanos aún no tienen la cultura, ni el conocimiento para realizar de propia voluntad la donación de órganos.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace mención al derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y a la participación coordinada de los tres órganos de gobierno así como de la comunidad en general, a efecto de conjuntar esfuerzos y acciones para lograr de manera eficiente el control y tratamiento de las enfermedades. Es por ello, que todo mexicano debe saber que la donación de órganos es la oportunidad de ayudar a salvar una vida.
Los resultados del Centro Nacional de Transplantes, informan que a la fecha, se encuentran alrededor de 13 mil pacientes en espera de una donación. Los órganos que tienen más demanda para trasplante son aproximadamente: 6 mil 500 riñones, 6 mil 300 córneas, además de hígado, corazón, páncreas y pulmón, entre otros.
Cabe destacar que las opciones para recibir órganos y tejidos son tres: La primera se llama donación en vida y consiste en que una persona viva le done a otra un órgano, el segundo tipo de donación es la de órganos cadavéricos, que es cuando una persona fallece y sus familiares autorizan la toma de órganos que puedan ayudar a otra a vivir, y el tercer tipo de donación es cuando alguien en vida manifiesta el deseo de donar sus órganos al momento de morir.
De las enfermedades que pueden ser tratadas exitosamente mediante un procedimiento de transplantes se encuentran la diabetes mellitus, así como una de sus complicaciones más graves: la insuficiencia renal crónica terminal, la ceguera por trastornos de la córnea, la insuficiencia cardiaca; enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática de cualquier causa, el síndrome del intestino corto, leucemia y anemias aplásticas.
En la actualidad, muchas de estas enfermedades se encuentran entre las 10 primeras causas de mortalidad de la población mexicana entre su nacimiento y los 50 años de edad.
Si bien existe el decreto del Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos, el cual se celebra cada 26 de septiembre, la respuesta de la donación ha sido insuficiente para los mexicanos en espera de un órgano sano, ya que para muchos de estos pacientes su única alternativa de vida es un donante, pues gracias a éste, salvara la vida o recuperará su salud; ser donante de órganos es un acto de altruismo y solidaridad.
La demanda de órganos va en aumento en los últimos años, lo que hace que más allá de establecer un día para la donación de órganos, al declarar 2011, Año Nacional de Donación y Transplante de Órganos, permitirá que a lo largo de todo un año se realicen una serie de actividades que ayuden a sensibilizar a la población y crear conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas.
En consideración a lo anterior y con base a la facultad que le confiere al Ejecutivo federal, la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 70, 329 y 339 de la Ley General de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se solicita la declaración referida a efecto de contribuir con la generación de una cultura de donación altruista de órganos.
Punto de Acuerdo
Único: La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a declarar “2011: Año Nacional de Donación y Transplantes de Órganos”, y a realizar las acciones necesarias para fomentar una cultura de donación altruista de órganos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar mayores recursos para fortalecer los programas de desarrollo social aplicados en los polígonos Hábitat; y a la Sedesol, a hacer llegar a éstos el programa 70 y Más, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
María Estela de la Fuente Dagdug, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta propuesta con puntos de acuerdo para exhortar al pleno de esta soberanía a instruir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que asigne mayores recursos para el fortalecimiento de los programas de desarrollo social que son aplicados en los polígonos Hábitat; y que el pleno de la Cámara exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer llegar el programa 70 y Más a los polígonos Hábitat, sin tomar en cuenta que reciban algún apoyo o beca de otro programa.
Consideraciones
La pobreza es uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos de innumerables países. El reto de reducirla es muy grande, ya que no sólo se manifiesta en zonas rurales alejadas, como se pensaba, sino que también se encuentra en las zonas urbanas. El programa Hábitat, promovido por la UNESCO y otras instancias internacionales, fue adoptado por el gobierno federal de México a partir de 2003, buscando atacar la pobreza en zonas urbano-marginadas.
La Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promueven la superación de la pobreza, al coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, el programa Hábitat ha obtenido buenos resultados, los cuales se podrían fortalecer si partiera de un diagnóstico de lo realizado, que permita identificar las principales carencias de cada ciudad y de cada polígono, hacerles llegar a los más desprotegidos y que son los que integran o forman parte de los polígonos Hábitat, de tal manera que pudiera fortalecer los programas sociales ya existentes con mayores recursos.
Hacerles llegar programas como el de 70 y Más, sin tomar en cuenta si reciben algún apoyo o beca de otro programa de los ya existentes, lo que estaríamos haciendo sería sumar los esfuerzos y el apoyo para todas las personas que dejaron toda una vida de trabajo y esfuerzo durante tantos años, y tengan una vida más digna y decorosa.
Esta política social ha permitido que se obtengan buenos resultados. Más niños van a la escuela, hay menos analfabetos, más adultos con pensión y más casas con piso firme; son pasos que apuntarían a que los esfuerzos de cobertura básica de los tres niveles de gobierno han tenido un efecto importante. Creemos que ese efecto puede ser mayor si se mejora la calidad de los programas sociales y la suma de otros, dirigidos a las zonas más pobres y marginadas, como los polígonos Hábitat, sobre todo en ámbito alimentario y laboral, que son de las necesidades más imperiosas de abatir, la pobreza en un país, y de esa forma tener un desarrollo más sustentable.
La mejor política social es el crecimiento económico que genere empleos y mejore los ingresos de la población porque cuando la economía está mal, el número de pobres crece, lo cual ya afecta a 50.6 millones de personas.
El gran reto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo es hacer que el país crezca y tratar de resolver este problema. La dinámica económica y la caída de la recaudación nos conducirán a que tengamos que pensar seriamente en la asignación de los escasos recursos beneficiando primordialmente a los más pobres, reforzando los programas de política social, principalmente en los polígonos Hábitat.
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortar al pleno de esta Cámara a instruir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que asigne mayores recursos para el fortalecimiento de los programas de desarrollo social aplicados en los polígonos Hábitat.
Segundo. Que el pleno de esta Cámara exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer llegar el programa 70 y Más a los polígonos Hábitat sin tomar en cuenta que reciban algún apoyo o beca de otro programa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.
Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a utilizar de mejor manera el gasto público otorgado por la federación e impulsar la competitividad estatal, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El desarrollo de un país va a depender solo y solo si, tiene la capacidad estratégica y administrativa para implantar políticas que ayuden al desarrollo de la plena convivencia social, política y económica de los diversos actores que participan en la formación de un Estado, por su puesto existen diversos actores que participan en la formación de un Estado fuerte, en efecto, estamos hablando de los ciudadanos, instituciones, organizaciones pero sobre todo de las autoridades que den estabilidad en el sistema político, social y económico que permita el impulso a un desarrollo suficiente.
En este sentido las entidades federativas como parte integrante contribuyen fundamentalmente al impulso del desarrollo de nuestra nación, en la actualidad es de suma importancia para la población en general el desarrollo y bienestar como condicionantes del crecimiento de su comunidad, pues esto se traduce esencialmente con la evaluación de los avances o retrocesos en las condiciones de vida de los ciudadanos.
El 8 de septiembre del año 2009, el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para su examen, discusión, modificación en caso de ser necesario, aprobación, en los términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 12 de noviembre del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el PEF para el ejercicio fiscal de 2010.
Sabemos que el gasto federalizado o descentralizado, se integra por los recursos públicos que el gobierno federal asigna a los estados y municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
Para el ejercicio fiscal de 2010, este pleno aprobó un presupuesto de 1 billón 128 mil 998.40 mdp para el gasto de la totalidad de las entidades federativas del país, los cuales se integraron de la siguiente manera: un presupuesto de 914 mil 935.92 millones de pesos (mdp) para el gasto descentralizado y 214 mil 062.50 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 129 mil 423.98 mdp se asignaron para las secretarías de Estado de la administración pública centralizada y los organismos autónomos y 84 mil 638.52 mdp fueron por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
Del ejercicio fiscal referido, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 116 mil 496.72 mdp para el gasto identificado para el estado de México, los cuales se integraron de la siguiente manera: 98 mil 385.02 mdp para el gasto federalizado y 18 mil 111.70 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 10 mil 715.48 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 7 mil 396.22 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
A diferencia de los recursos otorgados al estado de México existen otras entidades federativas como Nuevo León que recibió para el ejercicio fiscal del presente año la cantidad de 43 mil 116.38 millones de pesos, que equivale casi la tercera parte de lo que le correspondió al estado de México y que es de las entidades más competitivas del país.
En este orden de ideas y si bien el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-20011, establece a la competitividad como uno de los temas estructurales y es una de las tres prioridades para el Ejecutivo estatal, éste no cumple con tales expectativas.
Es así y no obstante de que es la segunda entidad federativa que cuenta con mayor presupuesto público federal, dichos recursos no se han canalizado de una manera efectiva y eficaz, en razón que es una de las entidades que goza con menor impacto directo en la competitividad, en efecto, dicho gobierno, ha sido deficiente en generar las condiciones que originen y atraigan inversiones que contribuyan a mejorar el nivel de vida y condición socioeconómica de los habitantes.
Verbigracia de lo anterior, son las diversas evaluaciones diagnóstico de competitividad estatal, en particular del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, (Imco), que en su estudio del año 2010, el estado de México reporta desde el 2006 el lugar 28 de los 31 estados y el Distrito Federal.
El Índice General de Competitividad Estatal, del Imco 2010, está compuesto de diez subíndices y de 120 variables que en conjunto estos indicadores explican, a través de una metodología robusta, la capacidad de una entidad para atraer y retener inversiones y talento.
Como ya se mencionó, el estado de México se encuentra en el grupo de los últimos cinco lugares con desempeño bajo, como también lo son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco.
En donde se encontraron deficiencias en ramos como:
• Sectores económicos con potencial: donde destacan la falta de investigadores, insuficientes empresas grandes y certificadas y el poco valor agregado de la industria manufacturera.
• Mercado de factores eficientes: Índice de menor productividad laboral, poca capacidad de negociación entre sindicatos y empresas, bajos niveles de mecanización en el campo y una inversión el vivienda modesta comparada con el promedio nacional.
• Manejo sustentable del medio ambiente: Sus principales debilidades son la baja proporción de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, pocas empresas certificadas como “limpias” y volúmenes insuficientes de aguas tratadas.
• Sociedad incluyente, preparada y sana: sus principales carencias son la falta de cobertura de agua potable en la población, altos índices de dependencia económica y educación. Este último sector es el más rezagado de los estados, sus fallas se agrupan en varios indicadores como: calidad educativa, escolaridad, analfabetismo poca penetración informática y bajo porcentaje de personas con estudios superiores.
No es de sorprender que la falta de competitividad, este íntimamente ligada con la calidad de las instituciones, la falta de un sistema de derecho confiable y objetivo y un gobierno ineficiente e ineficaz en el Estado de México, da como resultado que dicha entidad federativa no solo se encuentre rezagada a nivel nacional sino que sea un lastre para la competitividad.
El estado de México tiene un rezago de 35 por ciento respecto al promedio nacional. La calidad del sistema de derecho de esta entidad es similar a la de países como Belice y Tailandia, lo que hace que el estado de México sea uno de las tres entidades federativas que se caracterice por tener los índices de delincuencia, informalidad y corrupción más altos del país.
Con 22 mil 499.5 kilómetros cuadrados de territorio, con una población de más de 15 millones de habitantes, con 125 municipios ricos en biodiversidad por sus variados climas y con dos importantes zonas metropolitanas, el estado de México cuenta con los elementos necesarios para ser un estado que impulse el crecimiento económico y ofrezca una mejor calidad de vida a sus habitantes, situación que lamentablemente no ocurre.
Considerando lo anterior, el gobierno del estado de México:
• No ha cumplido con generar las condiciones que originen y atraigan inversiones, que contribuyan a mejorar el nivel de vida y condición socioeconómica de sus habitantes.
• No ha cumplido con proyectos, programas y acciones de mayor impacto que busquen maximizar su competitividad.
• No ha cumplido con acciones que optimicen los recursos financieros, permitan su evolución y puedan materializarse incluso si ello implica más de un sexenio.
En fin, el mal llamado “gobierno que cumple”, no ha cumplido en realidad con su “compromiso”.
Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al gobernador Enrique Peña Nieto a utilizar de mejor manera el gasto público otorgado por la federación al estado de México, para implantar una política de diseño integral a fin de impulsar la competitividad de la entidad federativa.
Referencias
1 M. en E. Reyes Tépach M., El Presupuesto Público Federal Identificado para las Entidades Federativas del país y el Distrito Federal, 2009-2010. Mayo, 2010.
2 “Índice de competitividad estatal 2010”. Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
3 Acceso en línea: http://www.edomex.gob.mx/planeacion/docs/plandesarrollo.pdf
4 Convenio de colaboración del Gobierno del Estado de México y el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
5 Biebrich Torres, Carlos Armando; Spíndola Yáñez, Alejandro. Diccionario de la Constitución Mexicana.
6 Titular del Ejecutivo federal, Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF), septiembre de 2009.
7 Titular del Ejecutivo federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Septiembre 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género de esta soberanía a intensificar sus trabajos para atender el rezago legislativo de iniciativas, proposiciones y minutas pendientes de dictamen, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Comisión de Equidad y Género de esta honorable Cámara de Diputados a intensificar sus trabajos para atender el rezago legislativo de iniciativas, proposiciones y minutas pendientes de dictamen, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera, a fin de que tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, es decir, la igualdad de género representa el pleno y universal derecho de hombres y mujeres al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social.
A este respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha señalado que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.
Para contribuir a la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, esta honorable Cámara determinó el 30 de septiembre 1997, la creación de la Comisión Especial de asuntos de la equidad entre los géneros, la cual elaboró un documento básico con los criterios generales para su estructura y funcionamiento y adoptó el nombre de Comisión Especial de equidad y género, instalándose de manera formal el 7 de octubre del mismo año.
Casi dos años después, este órgano legislativo aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la que transformó esta Comisión en ordinaria, dotándola así de permanencia y fortaleciendo sus atribuciones. Desde entonces fue denominada Comisión de Equidad y Género.
Desde su creación, la Comisión de Equidad y Género ha impulsado importantes avances en el camino hacia la igualdad de género, entre los que se encuentran:
La asignación de presupuestos específicos para atender las necesidades de las mujeres mexicanas (presupuestos con perspectiva de género).
La incorporación de las denominadas cuotas de género en el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, con la finalidad de que la participación política de mujeres y hombres se dé en términos de paridad.
La incorporación en los Códigos Civil y Penal de la figura de la Violencia Intrafamiliar.
La aprobación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
La aprobación de la Ley Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Fortalecimiento de la relación con los congresos locales y las instancias estatales de mujeres con la finalidad de adecuar el marco jurídico de los estados, a efecto de avanzar en la armonización legislativa tomando como base el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través de reuniones como los Encuentros Nacionales de Legisladoras.
La creación de espacios de discusión y análisis sobre la problemática que enfrentan las mujeres en el país, como el Parlamento de las Mujeres.
Fortalecimiento de la relación interinstitucional con las instancias y dependencias de la administración pública federal para la creación de instancias que diseñen y vigilen la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género. La incidencia para la formulación de indicadores desagregados por sexo.
No obstante estos importantes logros y la incidencia de la Comisión de Equidad y Género en el avance y empoderamiento de las mujeres, a lo largo de las diferentes legislaturas se ha ido generando un rezago importante en el dictamen de las iniciativas y proposiciones en la materia.
Tan sólo de la LX Legislatura, por ejemplo, se quedaron pendientes de dictamen 134 iniciativas y en lo que va de esta LXI legislatura de las 17 iniciativas, 11 proposiciones y 1 minuta del Senado de la República que hacen un total de 29 asuntos turnados a esta Comisión, sólo se han aprobado 4.
Nos preocupa de sobre manera que al retrasar la aprobación de iniciativas y proposiciones se retarde también el logro del fin último que es la igualdad de género.
Esta preocupación, ha sido reconocida también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que con motivo del análisis del Sexto Informe Periódico de México, emitió sus observaciones finales, entre las que destacan:
“12. Preocupan al Comité las demoras en la aprobación de los proyectos de ley pendientes y las enmiendas de las leyes vigentes que son críticas para lograr el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la discriminación.
”13. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de las enmiendas y de los proyectos de ley pendientes dentro de calendarios concretos. El Comité recomienda al Estado Parte que ponga en marcha una estrategia eficaz con prioridades claras para garantizar la continuidad de los esfuerzos destinados a lograr que se respeten los derechos humanos de la mujer.”
Por lo anteriormente señalado, consideramos que es indispensable que la Comisión de Equidad y Género de esta honorable Cámara de Diputados intensifique sus trabajos y elimine el rezago de iniciativas y proposiciones que le han sido turnadas en ésta y la anterior legislatura y que se encuentran pendientes de dictamen y que de esta manera se contribuya a la promoción de la igualdad entre los géneros como un pre-requisito esencial del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Equidad y Género de esta honorable Cámara de Diputados a intensificar sus trabajos para atender el rezago legislativo de iniciativas, proposiciones y minutas pendientes de dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, septiembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión especial en el Banco de México para conocer las causas del comportamiento de las variables incluidas en el balance general de la institución y los factores que explican los resultados de su operación, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Víctor Báez Ceja, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2009, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la información sobre ingresos tributarios, en el renglón de aprovechamientos no petroleros, encontramos el registro de los remanentes del Banco de México del año anterior, por 95 mil millones de pesos. Sobra decir que esos recursos fueron fundamentales para cubrir parte del boquete propiciado por la caída de ingresos tributarios en 2009.
Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, esta institución deberá entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas a las que está obligada, lo cierto es que es necesario analizar qué es lo que está ocurriendo con el banco central, cuyas políticas son determinantes en el comportamiento de la economía nacional.
La preocupación de lo que sucede en el Banco de México se vincula a los señalamientos que se hicieron en el Senado, en el que se atribuyó a la entrega de remantes una situación de quiebra en el Banco Central, porque como resultado de eso, se dijo, en 2009 su activo habrían sido inferior a su pasivo en 58 mil 851 millones de pesos.
Lo cierto es que, al revisar los balances de los últimos años encontramos que, en realidad, la operación con números rojos es una situación recurrente en el Banco de México. En 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009 encontramos que los activos del Banco de México fueron inferiores al monto del pasivo y el capital contable de la institución fue negativo. ¡Estaba en quiebra!
Es probable que como resultado de la revisión de las cifras del Banco de México, se concluya que el efecto de los pasivos es consecuencia del aumento de las reservas y como en el pasado, habrá quien opine que no son necesarios esos recursos.
Al respecto hay que señalar que, sólo una operación ineficiente puede justificar que a mayor fortaleza, es decir, al contar con más reservas, se provoca una mayor debilidad. Pero eso sólo sucede con las políticas de Banxico.
Sin duda, un uso distinto de las reservas, para apoyar la inversión productiva en el país, le resultaría más rentable al Banco Central y al país, que estarlas depositando en bonos estadounidenses a tasas de uno por ciento. El problema no son las reservas, sino su administración. Las reservas incluso podrían ser mayores si se retiraran del mercado los dólares que hoy absurdamente se rechazan supuestamente para combatir la delincuencia organizada, dejándolos libremente en el mercado, contribuyendo con ello, más mal, a financiar el contrabando de todo tipo.
Por otra parte, es importante señalar que, en realidad, las cuentas del resultado del ejercicio en 2008 fueron positivas en 247 mil 522 millones, pero se usaron 77 mil 197 para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores; 63 mil 570 para amortizar créditos del IPAB, por cierto un registro sorprendentemente alto en comparación con años previos y, 11 mil 758 para constituir reservas. Incluso la adquisición de valores del IPAB registrada en los activos parece ser una tenue medida contracíclica, que también merece explicación. Por ese conjunto de operaciones, sólo quedaron 95 mil millones de pesos de remanentes en 2008.
Todo indica que el comportamiento positivo del balance de Banxico en 2008 se debió a la devaluación del peso en ese año, que modificó la valoración de sus reservas en divisas en función del tipo de cambio. Lo que ocurrió en 2009 fue lo contrario.
Por eso pedimos esta investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Porque resulta increíble que la institución que impuso sus reglas de disciplina monetaria y cambiaria a 100 millones de mexicanos, a costa de miles de millones de dólares, propiciando un grave rezago social y estructural y un enorme sector informal, opere con número rojos y con registros poco claros de sus operaciones.
Por lo expuesto, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación que realice una auditoría especial a la operación del Banco de México de los últimos diez años, a las fuentes de ingresos propios de la institución, a la administración de los activos a su cargo, de los pasivos y las razones de su recurrente situación de quiebra, así como el origen y destino de los remanentes en los ejercicios en los que se generaron.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Víctor Báez Ceja (rúbrica)
Excitativas
A la Comisión de Salud, a solicitud de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Salud, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a la comisión a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso, que el pasado 27 de abril de 2009, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó, para los efectos legales correspondientes, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo especializado, en el que participen legisladores, gobierno, empresarios, universidades, institutos de investigación y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar y emitir propuestas que permitan desarrollar alimentos con alto contenido nutricional y bajos en grasas, que sustituyan a los que actualmente se expenden en cooperativas de planteles de educación básica.
Tercera. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
Cuarta. El 18 de mayo de 2009, por indicaciones del diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, envían copia del punto de acuerdo, al presidente de la Comisión de Salud, a efecto de que analice la viabilidad de formar el grupo de trabajo.
Quinto. El 19 de mayo de 2009 recibió el punto de acuerdo la Comisión de Salud.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión
Excitativa
Única. Que, en los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión Salud, a efecto de que presente el dictamen correspondiente de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo especializado, en el que participen legisladores, gobierno, empresarios, universidades, institutos de investigación y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar y emitir propuestas que permitan desarrollar alimentos con alto contenido nutricional y bajos en grasas, que sustituyan a los que actualmente se expenden en cooperativas de planteles de educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule atenta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita dictamen de la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha de 2 de febrero de 2010, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
2. En la misma fecha fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y posterior dictamen.
Consideraciones
El proceso de industrialización actual se ha caracterizado por la utilización de combustibles fósiles, como el petróleo y sus derivados, el crecimiento de las zonas urbanas, la demanda exponencial de insumos naturales y la tala inmoderada de bosques y selvas. Tales actividades han aumentado la emisión de gases efecto invernadero.
Dichos gases se encuentran de manera natural en la atmosfera, jugando un papel fundamental en la estabilidad climática de la Tierra, sin embargo en los últimos años han tenido un crecimiento alarmante, elevando de ésta forma la temperatura media del plantea.
El incremento de la temperatura media ha provocado efectos catastróficos en el clima del planeta, pues ha aumentado en 0.6 grados Celsius desde los últimos años del siglo XIX y se prevé que crecerá entre 1.4 grados y 5.8 grados centígrados para 2100, lo que significa que las temperaturas del planeta están teniendo un crecimiento preocupante, pues aunque la percepción es que la acentuación del calor es limitada, se estima que será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10 mil años.
Las actuales tendencias del calentamiento global nos dicen que numerosas especies vegetales y animales no sobrevivirán en los años venideros, ya que sufrirán los efectos de la contaminación y las modificaciones de sus hábitat naturales.
Por otro lado, por el calentamiento global se intensificarán los fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas, inundaciones (como las que han azotado a Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero) así como sequías, además de incendios, erosión del suelo y el derretimiento de los polos.
Gracias al calentamiento global existe un proceso de expansión del volumen de los océanos, que para 2100 se espera que se incremente de 9 a 88 centímetros adicionales a los 20 que se elevaron durante el siglo XX, por lo que el mar podría invadir los litorales fuertemente poblados de países como Bangladesh, provocar la desaparición total de algunas naciones (como el Estado insular de las Maldivas), contaminar las reservas de agua dulce de miles de millones de personas y provocar migraciones en masa.
México no escapa de esta problemática, como la experiencia lo indica, pues se espera que el calentamiento global nos afecte de tal forma que la temperatura del mar en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico mexicano aumente entre 1 y 2 grados centígrados, el ciclo hidrológico se vuelva más intenso y de esta forma se incremente el número de tormentas severas, y se produzcan periodos de sequía más extremos y prolongados.
Estas previsiones son alarmantes para la seguridad de México y el mundo, por lo que se han realizado avances: por un lado, en el campo de la ciencia, en la búsqueda de fuentes energéticas menos contaminantes; y, por otro, acciones que tienen como objetivo generar un proceso de institucionalización de políticas para mejorar el ambiente, además de formar una legislación pertinente.
Entre las acciones de institucionalización de medidas para mejorar el ambiente a escala internacional destacan las múltiples conferencias sobre cambio climático que van desde la celebrada en Berlín en 1995, pasando por el Protocolo de Kioto, hasta la Cumbre de Copenhague, del año pasado.
Los compromisos adquiridos responden a la necesidad de producir nuevas tecnologías que permitan el desarrollo económico de forma sustentable y sin alterar de forma nociva el ambiente, y se elaboren políticas que promuevan acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y una legislación pertinente que proteja nuestros ecosistemas.
Por tal motivo, es necesario que en México se establezcan vínculos entre las políticas públicas y la legislación nacional para favorecer la producción y el consumo de artículos con gran valor agregado y el fomento de la mejora de las condiciones del medio ambiente.
Uno de estos adelantos los encontramos en la industria automotriz, la cual es una de las más importantes para la economía internacional y desempeña en el país un papel preponderante para las exportaciones. Distintas empresas del ramo han desarrollado motores híbridos y eléctricos, los cuales, en el caso de los primeros, reducen en más de 50 por ciento la emisión de dióxido de carbono y el consumo de gasolina, mientras que en el caso de los segundos se eliminan las emisiones contaminantes y el uso de combustibles fósiles.
La utilización de automóviles con motores híbridos o eléctricos permitirá mitigar la emisión de gases efecto invernadero, sobre todo en las zonas urbanas del país, pues los autos forman parte de los principales renglones de contaminantes ambientales en las zonas más densamente pobladas.
La utilización de motores híbridos y eléctricos también es una solución al uso cada vez mayor y exponencial de los combustibles como la gasolina, que en últimas fechas ha tenido un alza alarmante y así amortiguar su constante importación, ya que permite un rendimiento, en el caso de los automóviles que poseen motores de combustión interna y eléctrica, de 17 kilómetros por litro de combustible, contra los 7 de un motor convencional.
Los rendimientos de estos motores son plausibles. Sin embargo, las acciones fiscales no son las correctas para promover el consumo de este tipo de vehículos, pues tienen una carga impositiva, a través del ISAN, bastante alta. Eso, aunado a los precios inherentes de una tecnología que no ha logrado socializarse, produce que la venta de este sector no tenga un crecimiento a la par de otras naciones.
En otras naciones, el tema de la incorporación al mercado de más modelos con motores híbridos y eléctricos ha cobrado mayor relevancia en sus políticas de protección del ambiente. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente fue presentada una nueva ley ambiental, que exige la producción de automóviles híbridos; y en Alemania se han realizado incentivos fiscales a través de bonos al consumo de automóviles ecológicos. En ambos ejemplos resulta obvio que no hay una pretensión de mayor cobro de impuestos.
Por otro lado, una política fiscal que promueva este tipo de vehículos puede atraer mayores inversiones al país, pues hay condiciones de capital humano y materiales a fin de desarrollar automóviles ecológicos para exportación, pero sobre todo para consumo interno.
Es por ello que dicha iniciativa pretende reformar el artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con la finalidad de promover el uso de tecnologías limpias, fomentar el desarrollo tecnológico e impulsar la producción del sector automotriz.
Finalmente, cabe comentar que éste tipo de iniciativas son fundamentales para mostrar avances en la materia, más aún, cuando en el próximo noviembre se llevará a cabo en México la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), en la cual se espera que los Estados parte alcancen acuerdos concretos y efectivos que permitan hacer frente al reto global que representa éste problema mundial.
Ante lo descrito, se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se emite excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que realice el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
