---

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a realizar las acciones conducentes a autorizar la transmisión de Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Maurilio Ochoa Millán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a ejercer las acciones pertinentes a fin de autorizar la trasmisión de la estación Radio Universidad en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial, y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, siendo competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la encargada de otorgar las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas.

El servicio de radiodifusión es aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales audio o de audio y video asociado, haciendo un uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado.

En la ley de la materia se establece que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

Sabemos que actualmente nuestro país, pero sobre todo la región del norte adolece de una terrible ola de violencia, inseguridad, analfabetismo y pobreza. En estos tiempos tan complejos tenemos la obligación como legisladores de comprometernos a asumir la responsabilidad de promover la educación y la investigación entre los diversos sectores sociales, pero también de buscar alternativas de solución dentro de las cuales, está juega un papel muy importante.

Los municipios del norte y en especial Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua requieren de una alternativa de programación radiofónica de calidad, en donde exista la oportunidad de sintonizar noticias que sean de valor comunitario. Con la radio comunitaria se busca difundir información de importancia para las personas de la cabecera municipal y de sus comunidades más cercanas, dicha información está ligada con los temas: equidad de género, migración, educación sexual, ciencia, entre otras. Esta información pretende ser transmitida de manera dinámica y de fácil comprensión.

Al ofrecer una estación de radio como lo es Radio Universidad, se buscara transmitir la cultura, para generar un cambio en la sociedad promoviendo un estilo, un espíritu del conocimiento, la superación y progreso de la sociedad basándose en una experiencia plural de sus integrantes. Asimismo una vez aprobada la “Radio Universidad” se buscara ofrecer una tecnología de vanguardia que permita realizar esta tarea en un nivel de excelencia.

Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.

No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Es obligación de los legisladores convertirse en aliados de aquellos que dedican sus conocimientos y energías al cambio social, por tal razón estamos seguro que con medios como Radio Universidad podremos hacer de esta sociedad una sociedad más democrática, critica, solidaria, responsable en donde se puedan superar los problemas actuales y caminar hacía un país más justo, equilibrado y sostenible.

Por ello, se requiere de la participación del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los respectivos órganos legislativos en la concretización de acciones que den respuestas a las demandas de bienestar, de educación, de cultura y calidad de vida de los ciudadanos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que den respuesta cabal a la solicitud de Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua que han mostrado su vocación de legalidad y han cumplido con todos los tiempos y requisitos de ley; para que en tiempo y forma se dé respuesta a su petición e inicien operaciones previo permiso de transmisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.

Diputado Maurilio Ochoa Millán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al jefe del gobierno del Distrito Federal a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico y patrimonio cultural y urbano de la ciudad, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al jefe del gobierno del Distrito Federal a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico y patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Plaza de Toros México, edificada en 1944, es la plaza de toros más grande del país y también la de mayor aforo en el mundo. En los terrenos donde se halla se proyectó construir lo que sería la ciudad de los deportes, que incluiría plaza de toros, estadio de futbol, canchas de tenis y frontón, boliches, cines, restaurantes, arena de box y lucha, playa con olas y terreno para ferias y exposiciones. Sin embargo, el proyecto sólo alcanzó para construir la plaza y el estadio de futbol, conocido actualmente como “azulgrana”.

Tiene capacidad para 41 mil personas sentadas, pero han confluido en ella más de 50 mil.

Innovadora para su época constructiva por la técnica implantada, implicó la realización de avanzados sistemas de canalización, necesarios para encauzar los ríos de concreto con que se formó la estructura, así como la aplicación de un moderno sistema para fabricar concreto y elevarlo hasta el tope de la plaza, a 25 metros de altura.

La colosal obra que representa la plaza de toros, cuyo ruedo se encuentra 20 metros por debajo de las calles adyacentes, no sólo es considerada la precursora de las grandes obras de ingeniería deportiva en Latinoamérica y modelo de audacia en construcción y modernidad, no igualada hasta hoy por ninguna otra construcción taurina: además, constituye pieza fundamental de la tauromaquia en el país; forma parte del acervo cultural, arquitectónico, tecnológico y de ingeniería.

Antecedentes directos de esta plaza de toros fueron los escenarios del Toreo de la Condesa y el de Cuatro Caminos, lugares que funcionaron como espacios para la tauromaquia.

El Toreo de la Condesa comenzó a funcionar en 1907 y permaneció por más de 40 años, hasta que en 1946 sus acciones fueron donadas a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Actualmente, en los terrenos que ocupó se encuentra una tienda departamental. Con su demolición se rescataron piezas de su estructura, acero y sillas y, en general, todo el material que pudo ser reutilizado en el de Cuatro Caminos, que fue inaugurado en 1947 y dejó de funcionar como plaza de toros en 1968.

Esos dos lugares han sido demolidos para dar paso a nuevas edificaciones, por lo que resulta importante preservar la gran obra de ingeniería que representa la Plaza México.

Para ello, y de acuerdo con sus atribuciones, corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizar la declaratoria de la citada plaza como monumento artístico, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; y al jefe del gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad con lo establecido en la fracción XXVII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, coordinarse con las dependencias federales competentes con objeto de conservar y restaurar los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio arqueológico, histórico, artístico o cultural del Distrito Federal.

Asimismo, compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda atender la conservación, la recuperación y el acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de México, del cual pueden formar parte los bienes inmuebles, elementos aislados como esculturas, monumentos u obras de infraestructura, y los paisajes públicos y espacios como plazas, parques y jardines y en general todos los elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación y consolidación.

Con la declaratoria de la Plaza de Toros como monumento artístico y como patrimonio del Distrito Federal se busca salvaguardar esta obra constructiva y representativa de la historia de la ciudad y conservar sus valores artísticos y urbanísticos.

Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico e inscribirlo en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos.

Segundo. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a declarar la Plaza de Toros México patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal e inscribirla en el catálogo de bienes afectos a dicho patrimonio.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 30 de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para el rescate de los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El bosque de Chapultepec es el más grande toda América Latina, cuenta con una superficie total de 686 hectáreas y se integra por tres secciones, las cuales se componen de la siguiente manera:

a) Primera sección: superficie total 227.08 hectáreas; número estimado de visitantes 10 millones; superficie total de áreas verdes 108.21 hectáreas; número de árboles 55 mil; superficie del Lago Mayor 42 mil 379 metros cuadrados; capacidad del Lago Mayor 38 mil 741 metros cúbicos; superficie del Lago Menor 14 mil 419 metros cuadrados; y capacidad del Lago Menor 12 mil 977 metros cúbicos.

La primera sección genera en promedio 320 metros cúbicos de residuos sólidos semanales, también existen 150 especies animales y 150 especies vegetales, cuenta con 12 accesos y una puerta monumental, 19 fuentes, 12 sanitarios públicos y un estacionamiento. Sus principales atractivos son el zoológico, el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología.

b) Segunda sección: superficie total 168.03 hectáreas; número estimado de visitantes 4 millones 250 mil; superficie total de áreas verdes 70.05 hectáreas; número estimado de árboles 17 mil 500.

Esta sección genera 300 metros cúbicos semanales de residuos sólidos, cuenta con 6 accesos, 27 fuentes, 8 sanitarios públicos y 8 estacionamientos. Entre sus principales atractivos destacan La Feria, el Museo del Papalote y el Museo Tecnológico de la CFE.

c) Tercera sección: superficie total 243.90 hectáreas; número estimado de visitantes 750 mil; superficie total de áreas verdes 177.70 hectáreas, de los cuales 137.71 son de barrancas; número estimado de árboles 85 mil.

Genera 30 metros cúbicos semanales de residuos sólidos, cuenta con 3 fuentes y 6 estacionamientos. Su principal atracción es el espacio para realizar días de campo.

La tercera sección del Bosque fue declarada área natural protegida en 1992, por lo que no se permite desarrollar mayores obras en la zona, aunque cuenta con el foro Orquesta de los Animalitos, desde 1986, la fuente Cri Cri, de 1974 y el teatro Alfonso Reyes del mismo año. En 1999, el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal solicitó al gobierno federal que le fuera devuelta la administración del bosque al gobierno capitalino, lo cual se realizó, y en primera instancia quedó en manos de la delegación Miguel Hidalgo. Sin embargo, por falta de presupuesto e infraestructura fue dado en administración a la Secretaría de Medio Ambiente local, quien lo administra desde entonces.

El 4 de agosto de 2002, se creó el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec con el fin de involucrar a destacadas personalidades de la política y la sociedad a las actividades de renovación de éste, quienes integran el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec dedicados a obtener fondos para realizar obras de restauración y mejora. En una primera etapa se cerró la primera sección para realizar adecuaciones de espacios y limpiar el fondo del lago.

Como consecuencia de esta obra, el 12 de octubre de 2006, se inauguró el Jardín Botánico, en el área que anteriormente ocupaba el Centro de Convivencia Infantil, que deberá ser reubicado en las inmediaciones del Museo Rufino Tamayo, como parte de un Plan Maestro. De acuerdo a este plan, entre los años 2010 a 2012 se planea realizar el rescate de la segunda sección del bosque. 1

A pesar de haberse realizado importantes inversiones en el rescate del bosque, las dos primeras secciones se encuentran fuertemente amenazadas por las presiones para adecuar más espacios dedicados al comercio y otros negocios especulativos, ya que en el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional de Miguel Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal estableció para estas dos secciones del bosque la zonificación EA (espacios abiertos) con la cual se puede ocupar para construir en planta baja 5 por ciento de su superficie y construir en su totalidad hasta un 10 por ciento de su superficie total.

Por lo cual, resulta indispensable que se rescate la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec a efecto de protegerlo de más construcciones y especulaciones de suelo así como que le sea asignado el uso de área verde de valor ambiental con el cual únicamente se podría construir hasta en el 5 por ciento de la superficie total en la primera y segunda secciones y no el 10 por ciento, como se encuentra actualmente.

Otro de los bosques más importantes que existen en el Distrito Federal es el Bosque de San Juan de Aragón, conformado en el año de 1972 al ser expropiadas 885 hectáreas al ejido de San Juan de Aragón a favor del entonces Departamento del Distrito Federal para la construcción de viviendas económicas, unidades habitacionales, áreas de recreación, zoológico y áreas verdes. Para el año de 1973 la extensión destinada al bosque de acuerdo al decreto de ese año, fue de 290 hectáreas, aproximadamente.

El Bosque de San Juan de Aragón cuenta con zoológico, cabañas, teatro al aire libre, centro de convivencia infantil, también se construyeron un acuario, delfinario y balneario público inaugurados estos últimos en 1974.

Actualmente, las instalaciones del balneario con una extensión de 56 mil metros cuadrados se encuentran cerradas, la ciclopista ya despareció y el lago del bosque está sucio y sin mantenimiento.

La atención que se ha dado a este bosque resulta incomparable con la recibida por el Bosque de Chapultepec. Para el Bosque de San Juan de Aragón en su conjunto no se cuenta con programa integral de rescate ni se ha fomentado el apoyo de empresarios, ni de la sociedad civil.

Por lo anterior, se requiere de la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para que se elabore un plan de rescate del Bosque de San Juan de Aragón y sea declarado área de valor ambiental, se instaure un consejo rector igual que el existente en Chapultepec y se fomente la participación de los sectores público, privado y de la sociedad civil en general para su rescate integral.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, realice la corrección de la zonificación EA (Espacio Abierto) asignada a la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec en el actual Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, por AV (área verde de valor ambiental).

Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se asigne la zonificación AV (área verde de valor ambiental) al Bosque de San Juan de Aragón.

Tercero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, se elabore un plan maestro para el rescate y recuperación del Bosque de San Juan de Aragón, se cree un consejo rector del bosque, se destinen recursos para su rescate y se fomente la participación de la sociedad para el mismo fin.

Nota

1 El Plan Maestro del bosque es consecuencia de un programa de manejo elaborado entre los años 2002 y 2003 y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 17 de noviembre de 2006.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la recuperación y preservación del predio Pensil Mexicano, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Pensil Mexicano, que data de 1766, es un predio que cuenta con una superficie de 3 mil metros cuadrados, de los cuales 800 están construidos. Se ubica en el número 84 de la Calle Lago Chiem, en la colonia que le debe su nombre a este monumento. Se trata del último jardín barroco en México, que asemeja a los lugares de recreo de las ciudades de Europa del siglo XVIII, cuyo principal atractivo era lo imponente de sus jardines. En antiguo castellano, su nombre significa Jardín Exquisito y se ubicaba en la parte final de una serie de casas de recreo de la antigua calzada de Tlacopan, ubicadas en las orillas del Río San Joaquín.

Fue declarado monumento histórico el 14 de abril de 1932 por el jefe de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, Narciso Bassols. Sin embargo, haber sido uno de los primeros monumentos considerados patrimonio nacional no lo exime de su deterioro y abandono.

Actualmente, no se encuentra relacionado en el catálogo de monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Diversas autoridades han tratado de conservar este monumento histórico único en el país sin ningún éxito:

• En 1997 se creó el Comité Vecinal de rescate y restauración del Pensil Mexicano, con el propósito de preservarlo.

• En 1996 se inició la construcción de dos naves industriales en el predio marcado con el número 76 de la calle Lago Chiem, colindante con el Pensil, a lo cual, el Instituto Nacional de Antropología e Historia colocó sellos de suspensión debido a que el dueño no contaba con los permisos necesarios. En el año 2000, la Delegación Miguel Hidalgo colocó sellos de clausura por carecer de licencia de construcción.

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el área jurídica de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, presentó en 1998 una demanda para demoler las obras del número 76 por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

• En 1999, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio cuenta que no se respetaron los sellos de suspensión de la obra y denunció la construcción de una barda atrás de la fachada del Pensil Mexicano.

Al día de hoy, la fachada antigua ha sido dañada por la construcción de la bodega del número 76, también hay una afectación a la zona protegida y una construcción nueva en lo que fue parte de la huerta (lo que fue el casco y el jardín formal aún se conservan).

La importancia arquitectónico-artístico y cultural del Pensil Mexicano es trascendental en la historia del arte de los jardines. Lograr su recuperación y efectuar los análisis del sitio darían luz de cómo era un jardín barroco mexicano, ya que en Latinoamérica no existe una sensibilidad de la historia de estos jardines como sucedió en Europa.

Por ello, se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia que garantice la investigación, conservación, protección y difusión de este monumento como patrimonio histórico y cultural de México, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Además, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, realice la expropiación de inmueble de referencia a efecto de que sea parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal expropie el predio ubicado en la calle de Lago Chiem donde se encuentra el Pensil Mexicano, en la colonia del mismo nombre.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a declarar el Pensil Mexicano como monumento histórico y a catalogarlo como patrimonio cultural.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía que establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los artículos, 73o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o. fracción XIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señalan como facultad de la federación, específicamente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente

Que en México, son ya veintidós estados incluyendo San Luís Potosí, donde su actividad minera se caracteriza por la utilización de los métodos de tajo a cielo abierto y lixiviación.

Los yacimientos minerales que se presentan en el subsuelo, para extraerlos, se debe llegar a ellos. En el caso de la minería a cielo abierto, se deben eliminar lo que hay encima del yacimiento que, paradójicamente en el lenguaje minero se le llama “estéril”.

Así para construir un tajo a cielo abierto se debe eliminar por completo toda la cubierta vegetal que se encuentre sobre el yacimiento y alrededor del mismo. Esto, para que haya movilidad para el equipo minero e instalar las obras para el procesado minero. Nótese que al decir “cubierta vegetal”, puede tratarse de cualquier tipo, desde pastos hasta bosques primarios que tienen cientos o miles de años de existir, incluyendo mamíferos, reptiles, aves, insectos, etcétera, es decir todo el ecosistema es afectado.

Finalmente también se elimina la capa de roca que no tiene mineralización y que está por encima del yacimiento. Todos los materiales eliminados se convierten en desechos de la minería. Los efectos en el paisaje que tiene la actividad minera a cielo abierto, son por lo general devastadores. De un paisaje verde, de cerros, se puede pasar a un paisaje desértico, sin vegetación.

Debido a los cambios en la topografía que provoca la minería a cielo abierto, se afectan también los cursos de agua superficial. También se afecta la calidad del agua de esos ríos, y el uso que se hace de ellos, como la toma de agua para comunidades o bien, el abrevado de ganado.

El procesado de los minerales en la actividad minera metálica también puede provocar una serie de importantes impactos ambientales. La roca con el mineral debe ser pulverizada en grandes molinos de roca, que requieren grandes cantidades de energía para operar. Esa energía proviene del quemado de combustibles fósiles, que deben ser almacenados en el sitio del proyecto minero, con lo cual se da una situación de riesgo, ya sea de incendio o bien de derrame y contaminación del suelo, las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos.

Para extraer el mineral preciso, como por ejemplo el oro, se requiere aplicar sustancias químicas que puedan “atrapar y separar” el metal precioso del resto de la roca pulverizada. En el caso del oro se utilizaba mercurio (ahora en actividades artesanales), pero ahora se usa cianuro. Esas sustancias son altamente toxicas y por tanto muy peligrosas. Al igual que con los combustibles, se da aquí otra situación de alto riesgo, ya que si se diera un derrame durante el transporte o bien el almacenamiento y manejo de esas sustancias, se podrían producir enorme y peligrosa contaminación, con efectos muy negativos en la vida que pueda ser afectada.

La roca pulverizada a la que se le ha extraído, por métodos químicos, el metal precioso, se convierte en un desecho minero. Se debe recordar, que en yacimientos diseminados, puede representar casi una tonelada por cada gramo que se extrae. De esta manera, en minería de oro, para producir el equivalente de una onza de oro, se desechan más de 25 toneladas de roca pulverizada y contaminada. Contaminada, porque se le agregó una sustancia química para extraerle el metal precioso. Nótese entonces que no se trata de un desecho inerte, por el contrario, se trata de un desecho especial y peligroso que debe ser manejado con cuidado, para que no provoque contaminación del agua y del suelo. Por lo general, ese desecho es dispuesto en una escombrera.

En síntesis, la actividad minera, comparada con otras actividades humanas que se dan en la superficie de la tierra (la agricultura, la ganadería, las construcciones), es mucho más impactante e incluso peligrosa, cuando se trata de minería metálica, ya que además de los impactos que produce, requiere el uso de sustancias químicas altamente contaminantes, tóxicas y peligrosas, para poder extraer los metales preciosos.

En fecha 20 de octubre del presente año, el Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Yvett Salazar Torres, exhortó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias, regule y prohíba, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, debido a la irreversible reparación del daño causado al ambiente.

Por lo anterior es necesario regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación en congruencia con el desarrollo humano sustentable planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009 siempre procurando un progreso, que resulte socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente sostenible.

El derecho al medio ambiente está reconocido en el artículo 4o. constitucional, mismo que se traduce en una obligación del estado de preservar al medio ambiente y equilibrio ecológico.

Con base a lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable soberanía la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, debido a la irreversible reparación del daño causado al ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre del 2010

Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP a fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México hay más de 27 millones de jóvenes, lo que representa poco más del 26 por ciento de la totalidad de la población. Es responsabilidad del gobierno crear las condiciones propicias para que este sector se desarrolle de manera plena y pueda contribuir positivamente en la economía del país. En 2006 la población económicamente activa integrada por jóvenes era solamente de 13.9 millones y los empleos generados a partir de entonces para ellos han sido insuficientes, lo que significa que hay una gran cantidad de jóvenes que a pesar de tener una edad productiva permanecen desocupados.

Para lograr un adecuado crecimiento económico es indudable que debemos incorporar a los jóvenes a la vida productiva de tal manera que éstos puedan aportar todas sus potencialidades en aras de generar un proceso virtuoso de integración y cohesión social en el que las ideas funjan como palanca de desarrollo.

Es necesario fomentar una cultura emprendedora que rinda frutos desde la adolescencia especialmente en aquellos estudiantes de educación media, puesto que son la base del sector productivo y social de la generación inmediata más vulnerable ante las condiciones del entorno, pero con un gran potencial y sensibilidad. Una opción viable para nuestros adolescentes y jóvenes es el impulso de proyectos productivos que se realicen a partir de las facilidades gubernamentales otorgadas mediante el aprovechamiento multidisciplinario de los profesionistas, empresarios y expertos exitosos en materia económica y de negocios.

Los jóvenes deben estar motivados a ser parte de una cultura empresarial que les permita crear e innovar en el ámbito comercial y a la vez les dé identidad y sentido de pertenencia al momento de emprender un proyecto. Dichos proyectos pueden ser apoyados por las autoridades, en diferentes formas como los son: el financiamiento, la capacitación, la asistencia técnica y la comercialización.

El impulso a proyectos productivos representa una gran oportunidad de transformación en la que los jóvenes pueden construir una fuente de empleo, riqueza y autosuperación. Los proyectos productivos establecen oportunidades para resolver las necesidades insatisfechas de algún sector determinado, detonan las capacidades de quién o quiénes lo crean y pueden ser rentables económicamente.

Si promovemos el desarrollo de proyectos productivos entre adolescentes y jóvenes estaremos frenando los altos índices de migración ya que habrá mayores oportunidades de empleo y evitaremos siga creciendo la población ni-ni.

El fomento de la cultura empresarial debe darse a partir del impulso de programas y proyectos que fortalezcan el espíritu emprendedor de los adolescentes y jóvenes para la reconstrucción del tejido social y la generación de riqueza y bienestar. Es necesario un proceso educativo que transmita a los educandos los conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan integrarse al sector productivo con iniciativa, creatividad y responsabilidad social.

Detonar en los adolescentes y jóvenes una cultura empresarial es una tarea que puede hacerse con programas de formación de células de emprendedores con una visión sustentable y sostenible que les permita conocer su entorno y las áreas de oportunidad con las que cuentan. Estos programas deberán estar especialmente dirigidos a los adolescentes y jóvenes que viven en zonas de alta marginación, de tal manera que tengan contacto con profesionistas y empresarios exitosos dispuestos a compartir sus experiencias con ellos para que posteriormente puedan generar su propia riqueza.

Asimismo, los jóvenes deben estar preparados para tomar las riendas de un proyecto productivo, es por ello que las autoridades deben promover el desarrollo de iniciativas y proyectos de inversión productiva, que funcionen de tal forma que haya seguimiento para detonar negocios y generar empleos.

Muchos de los programas de capacitación gubernamental en los que se enseña a jóvenes y adolescentes a desempeñar un oficio quedan truncados a falta de oportunidades económicas pero también por el poco ánimo emprendedor de llevar a cabo un proyecto empresarial.

Fomentar la cultura empresarial no solo resuelve las carencias materiales sino aquellas que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, es decir, el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o inter sistémicas; que constituyen un activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Los adolescentes y jóvenes son presa fácil para las adicciones y abusos por parte de grupos delictivos, es importante esforzarnos en lograr que este sector no quede excluido de ningún rubro de convivencia, en cualquiera de sus ámbitos, ya sea cultural, laboral, educativo, o comercial.

Fomentando la cultura emprendedora a través de proyectos productivos en adolescentes y jóvenes podremos impulsar el desarrollo del capital humano con el que contamos y optimizar los recursos y energía distintiva de la juventud.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que dentro del plan de estudios de la educación media superior se destine tiempo para el fomento y desarrollo de proyectos productivos entre los jóvenes para crear una cultura emprendedora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se destinen recursos para la creación de un fondo para el apoyo de proyectos productivos derivados de las acciones de fomento de la Secretaría de Educación Pública entre los jóvenes de educación media superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.

Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de tránsito de ciudadanos en Michoacán, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La libertad de tránsito se encuentra establecida en el artículo 11 de la Constitución. Esta garantía a su vez incluye cuatro libertades especificas: la de entrar en el territorio nacional; la de salir de él, la de viajar por el mismo así como la de cambiar de residencia.

Estas libertades fundamentales no pueden estar supeditadas a requisitos como los de contar con alguna carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o cualquier otro requisito semejante, derechos que sin duda son violados constantemente en virtud de la lucha emprendida por el gobierno federal en contra del crimen organizado.

Se ha vuelto común que en las carreteras e incluso en ciudades del país se ubiquen lo denominados “retenes” como puestos de inspección y revisión en el que las autoridades tanto militares como civiles detiene vehículos particulares o de transporte público, hacen descender a sus ocupantes lo que ha llevado al grado de cometer una serie de violaciones a los derechos humanos e incluso hasta atentar en contra de la integridad de las personas.

Actualmente, Michoacán es una de las entidades federativas con el mayor número de ataques y desapariciones en contra de sus ciudadanos en su tránsito por las carreteras del país; sucede lo mismo en el caso de trabajadores migrantes que regresan de Estados Unidos que están siendo levantados por desconocidos sin que se vuelva a saber su paradero.

Hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos registra a 180 ciudadanos michoacanos que se encuentran desaparecidos en el transcurso de los últimos dos años, sin embargo, la Procuraduría estatal reporta de junio de 2009 a agosto de 2010 la cantidad de 550, en ambos casos, las autoridades no han informado sobre el paradero y localización de estos ciudadanos.

A pesar de haberse desplegado por parte de las autoridades federales un número importante de operativos y retenes para el combate al crimen organizado, lo cierto es que éstos no han logrado disminuir la serie de abusos en contra de ciudadanos michoacanos que circulan por el territorio nacional. Es responsabilidad de las autoridades federales no sólo garantizar su libre transito, sino además sus garantías individuales y el respeto a sus derechos humanos.

El problema se agudiza por que en la temporada vacacional de diciembre el flujo migratorio de ciudadanos michoacanos por el territorio nacional y los provenientes de Estados Unidos se incrementará considerablemente.

Por tanto, es necesario que el gobierno federal en sus operativos en contra del combate al crimen organizado, refuerce las acciones de protección que garanticen a los ciudadanos no sólo michoacanos sino a cualquier persona independientemente de su origen o nacionalidad, el ejercicio del libre transito y el respeto a sus derechos fundamentales independientemente de su origen.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a tomar las medidas y los procedimientos conducentes para combatir los problemas de inseguridad que permitan garantizar el libre transito en el territorio nacional de ciudadanos michoacanos sin ningún tipo de discriminación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación; a la de Seguridad Pública y a la de Relaciones Exteriores para que de manera conjunta garanticen la seguridad y derechos de los ciudadanos michoacanos provenientes de Estados Unidos que visiten nuestro país en la temporada vacacional de diciembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.

Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, al procurador general de Justicia de Sinaloa, al Poder Judicial, al titular de la delegación de la STPS y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a investigar, sancionar y reparar el daño por el siniestro ocurrido en la sucursal Hidalgo de Coppel en Culiacán, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al procurador de Justicia del estado de Sinaloa, al Poder Judicial del estado de Sinaloa, al titular de la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen, sancionen y se repare el daño por el siniestro ocurrido en la tienda Coppel, sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en la que fallecieron seis trabajadoras, bajo los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 10 de noviembre ocurrió una conflagración a las 21:50 horas en la tienda Coppel, sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, en el que perdieron la vida: Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36 años; Mariana López Soto, de 24 años; Verónica Gabriela Picos Bastidas, 22 años; Claudia Janeth Bernal Delgado, de 25 años; Karla Judith González Zapata, 25 años y Rosa Imelda Félix Gamboa, de 40 años.

2. Dicho incendio fue controlado 13 horas después de su inicio y requirió del apoyo de decenas de bomberos de 3 municipios.

3. Las mujeres que fallecieron en condiciones dramáticas y en completa vulnerabilidad, mientras realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, en la que todos los accesos estaban cerrados con cortinas metálicas y candados, esto, hacía materialmente imposible su desalojo. Diversos medios de comunicación informaron que las víctimas se comunicaron telefónicamente a familiares e incluso con socorristas, para hacerles saber que estaban encerradas y que no podían ser rescatadas por ese motivo. Aún más, el subprocurador de Justicia en la zona centro informó que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa investiga (actualmente) quién ordenó cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea fuera del alcance de las empleadas. La Coordinación de Servicios Periciales de la procuraduría informó que las seis empleadas murieron por asfixia y los cuerpos de tres de ellas quedaron calcinados Robles agregó que directivos de Coppel ofrecieron información a la fiscalía y apoyo a las familias de las víctimas

4. Días después, como hemos sabido también gracias a los medios de comunicación, denotan la presión ejercida por la empresa Coppel para que los familiares de las víctimas recibieran una indemnización consistente en 640 mil pesos por concepto de seguro de vida y de liquidación. No obstante inicialmente los abogados y gerentes de la empresa habían informado de diversos apoyos, consistentes en pagos de alimentos a los infantes y adolescentes (que asciende a 9 menores de edad), asimismo se había informado que les serían entregados diversos apoyos para acceder a la vivienda o remodelar la que tuvieren.

5. Como sabemos, han existido diversas denuncias hechas por los trabajadores de las tiendas, en las que refieren que se les descuenta de su salario los objetos que son sustraídos en los almacenes Coppel; aún más, que es habitual que en un día laboral, se sustraigan hasta 100 mercancías y todas éstas son descontadas a los trabajadores.

6. Por otra parte, existen testimonios de diversos trabajadores que los almacenes Coppel, no son las únicas tiendas de autoservicio que tienen estas prácticas, sin que exista autoridad en materia laboral que investigue y sancione estas actividades que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores.

7. De lo expuesto, se desprende que existen omisiones graves por parte de las autoridades en materia laboral que investigan y sancionan el riesgo que sufren los trabajadores.

Del análisis a los antecedentes aquí mencionados se concluye que es imperioso que no exista impunidad y se sancione en el ámbito de las respectivas competencias la omisión en que pudieran haber incurrido la empresa, así como diversas autoridades del estado de Sinaloa y de la federación.

Considerandos

1. Que se investigue de manera exhaustiva, independiente e imparcial y se finquen responsabilidades de lo sucedido en la tienda Coppel-sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa y se sancione a quienes resulten responsables de la tragedia.

2. Que se realice la verificación administrativa en materia de protección civil a las instalaciones de todas las tiendas Coppel, así como de otras tiendas departamentales de las que se tiene indicios que llevan a cabo las mismas prácticas para evitar y erradicar estos actos que ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores.

3. Asimismo, solicitamos que la empresa Coppel atienda cabalmente los resultados del peritaje de las instancias competentes.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sinaloa emita las observaciones o recomendaciones necesarias para que las autoridades locales garanticen el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales y las instituciones públicas.

5. Que como parte de la acción de la justicia, se repare el daño no solamente el que se pueda contabilizar como material, sino que se entienda el daño ocasionado en todos los ámbitos de la vida, como lo es, el daño psicológico a los descendientes de las mujeres que fallecieron.

6. Que se cree un fideicomiso para cubrir los gastos de alimentos, vestido, salud y educación de las hijas e hijos de las víctimas.

7. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si existe omisión por parte de las autoridades federales, a través de sus delegaciones estatales.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si existe omisión por parte de las autoridades federales, a través de sus delegaciones estatales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se realicen las inspecciones del trabajo en las instalaciones de todas las tiendas Coppel, así como de otras tiendas departamentales de las que se tienen indicios de que llevan a cabo las mismas prácticas que ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores que prestan sus servicios en dichas empresas.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa para que se investigue y consigne a quienes resulten responsables, de manera exhaustiva, independiente e imparcial.

Cuarto. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Sinaloa para que se finquen responsabilidades penales de lo sucedido en la tienda Coppel y se sancione a los responsables, incluso aquellos que pudieran ser autores intelectuales del delito.

Quinto. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa para que en la reparación del daño se incorpore el daño psicológico a los descendientes de las mujeres que fallecieron.

Sexto. Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que emita las recomendaciones necesarias para que las autoridades locales garanticen el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales y las instituciones públicas.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que emita una recomendación para la creación de un fideicomiso para cubrir los gastos de alimentos, vestido, salud y educación de las hijas e hijos de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, y a la ALDF a recibir a los representantes de los Pedregales de Coyoacán y ajustar el impuesto predial, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, misma que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. La reforma constitucional de 1999 sobre la autonomía municipal contempló disposiciones sobre el impuesto predial que trascienden al ámbito del Distrito Federal. Así el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso textualmente que:

“Antes del inicio del ejercicio fiscal 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios correspondientes, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.”

2. Habitantes de los Pedregales de Coyoacán manifestaron a la suscrita que han sido objeto de aumentos de impuesto predial a partir de 2005. Señalan que el cálculo del mismo se basa en el metro de construcción y no conforme a los criterios de la reforma constitucional.

3. La queja ciudadana se basa en que el cálculo del impuesto predial favorece a los propietarios de los predios de mayor valor en contra de los habitantes de las colonias populares. Esto resulta contrario a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.

4. Los afectados afirman que la solución a esta problemática durante los años de 2005, 2006 y 2007 en los que se aumentó el impuesto predial para el 30 por ciento de sus habitantes, consistió en la propuesta de las autoridades para ajustar el pago por autodeterminación, mediante el llenado de un formato, poniendo a su disposición asesores y oficinas después de horas de atención al público.

5. Señalan que actualmente no se les quiere reconocer esos pagos e intentan cobrarles, con recargos la diferencia entre el importe del pago por autodeterminación y el importe de las boletas.

6. Los habitantes no han podido entrevistarse con el secretario de Finanzas, el tesorero y el procurador Fiscal para exponer sus argumentos.

7. De manera análoga a la disposición constitucional que establece la posibilidad de las diputaciones locales de iniciar leyes federales, considero pertinente que la diputación federal sugiera respetuosamente a la legislatura local la implementación de una tarifa social para las unidades habitacionales de interés social y colonias populares que identifique la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local, como una solución definitiva a la problemática planteada.

Por lo expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicite que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal reciba en audiencia a los representantes de los quejosos, para que se les reconozcan los pagos hechos por autodeterminación.

Segundo. Respetuosamente se sugiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la implementación de una tarifa social para las unidades habitacionales de interés social y colonias populares que identifique la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Gobernación, y de Justicia de esta soberanía integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos por la demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco ante su responsabilidad en la problemática suscitada en El Divisadero de Tenacatita y en la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, como ratificantes e integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que esta soberanía instruya a las Comisiones de Gobernación y de Justicia para que instalen la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, por la demanda de juicio político en contra del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por su responsabilidad en la problemática que se ha suscitado en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El marco jurídico concerniente a la responsabilidad de los servidores públicos que lleva a la procedencia del juicio político, está conformado por cuatro ordenamientos fundamentales de carácter federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

El reclamo social por sancionar a todo aquel funcionario público que transgreda el régimen jurídico descrito, va a la par del sistema democrático constitucional y características esenciales de todo estado de derecho que hemos construido.

Dentro del sistema de responsabilidades de los servidores públicos a que alude el título cuarto constitucional –De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado–, la llamada responsabilidad política en que pueden incurrir servidores públicos en el ejercicio de su cargo o comisión, constituye un elemento básico de control y de sanción a todo servidor público federal que viola los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho o en su caso, de servidores públicos estatales que incurran en violación de disposiciones federales.

El juicio político, es un proceso de orden constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, como jefes de Estado y de gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Congreso o Parlamento.

La pena para aquel funcionario público que incurre en un delito, puede ocasionar la destitución o inhabilitación.

El caso particular que nos compete en este momento es el del estado de Jalisco, en contra del gobernador Emilio González Márquez, quien es responsable de la violencia que se está generando en el municipio de La Huerta, con el desalojo que se ejecutó el pasado 4 de agosto por una orden dictada por el Juez de Autlán, en contra de los habitantes del predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita; de los bloqueos de una carretera propiedad pública del Estado y; del acceso a la playa, propiedad de la nación.

Esta situación está tomando dimensiones similares en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes, sin que se den signos de solución por parte de los involucrados, destacando que los ejidatarios y pobladores de escasos recursos también son los principales afectados.

Como se expuso ante el pleno de la Cámara de Diputados por las distintas fracciones parlamentarias con la creación del grupo plural de trabajo al que se le encomendó participar en la solución de este conflicto, los dueños de la Inmobiliaria siguieron destruyendo con maquinaria pesada hoteles, restaurantes, tiendas, casas, en terrenos donde no tenían ningún tipo de relación, con el apoyo de las autoridades estatales e incluso, utilizando dinamita.

Esta arbitraria y salvaje acción de violación de derechos humanos en contra de la población que durante muchos años había logrado construir su patrimonio de manera honrada, que había cumplido con sus pagos de derechos, contrario a la Inmobiliaria que tenía el título de concesión de la playa y que tenía un gran adeudo con el ayuntamiento de La Huerta por pago de derechos, tuvo más respaldo de las autoridades estatales que sin mediación alguna, se lanzaron con todo para llevara a cabo el desalojo.

El dudosamente fundado desalojo, ha atentado contra las garantías de seguridad jurídica, legalidad y seguridad social consagradas en nuestra Constitución Política, ignorando lo dictado en el artículo 14:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

No solo eso, la protección ha llegado a los niveles de mantener cerrado un tramo carretero que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó al Gobierno del estado de Jalisco, lo que significa que nadie tiene derecho a interrumpir su libre circulación, menos aún para protección del interés de un particular, tal y como se establece en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación:

Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal.

Aunque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 28 de junio de 2006 que, tratándose de ataques a las vías generales de comunicación mediante el bloqueo de carreteras o colocar obstáculos en una vía general de comunicación con el objeto de impedir el paso de vehículos, debe aplicarse el tipo penal especial contenido en dicho artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, es muy clara la violación del artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:

III. Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;

Sumado a lo anterior, se violó también el derecho de acceso a las playas que impiden policías estatales.

El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, señaló que nunca dio la instrucción de que la fuerza pública permaneciera en el lugar de desalojo y menos, bloquear accesos, infringiendo así el Gobernador de Jalisco el artículo 11 de la Carta Magna, que indica:

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Por lo que toca a la propiedad de tierras y aguas a la Nación, el artículo 27 señala:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del Territorio Nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Con relación a la Ley General de Bienes Nacionales, sobre todo aquellos que se desprenden de nuestra Constitución, el titular del Ejecutivo de Jalisco no ha observado lo siguiente:

Artículo 3. Son bienes nacionales:

I. Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

I. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta ley;

IV. El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores;

IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;

XIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;

XXI. Los demás bienes considerados del dominio público o como inalienables e imprescriptibles por otras leyes especiales que regulen bienes nacionales.

Artículo 7. Son bienes de uso común:

IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

V. La zona federal marítimo terrestre;

VI. Los puertos, bahías, radas y ensenadas;

XI. Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia;

XIV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.

Por su parte, el gobernador del estado ha señalado que solamente se limita a garantizar el estado de derecho, además de respaldarse en la supuesta decisión de la orden de un juez, la cual fue desmentida y refiriendo que solamente se autorizó a la fuerza pública acompañar a los presuntos dueños para llevar a cabo el desalojo el día 4 de agosto, y no para permanecer permanentemente en el lugar.

El titular del Ejecutivo de Jalisco se encuentra desviando recursos para fines distintos a los que fueron asignados en perjuicio de los intereses públicos de los ciudadanos jaliscienses. Está pagando la seguridad por parte de elementos de seguridad pública del estado en favor de un particular.

El gobierno estatal se ha negado a aceptar cualquier demanda o recomendación, incluyendo la negativa de abrir una mesa de diálogo para lograr los acuerdos que en la medida de lo posible, no perjudiquen a los afectados, para cotejar títulos y certificados de propiedad, así como retirar a la fuerza pública estatal de la playa y de la carretera bloqueada, sobre todo después de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federale, mediante resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el divisadero de Tenacatita.

Asimismo, a través de este resolutivo se apercibió a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada, de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.

No obstante a esta resolución, la mencionada Inmobiliaria sigue destruyendo las propiedades que se encontraban construidas en la zona federal y fuera de ella, llegando a utilizar dinamita, como ya mencionó.

A estas acciones, las autoridades estatales han hecho caso omiso, incluyendo las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos nacional y estatal.

Es intolerante ver que no se está haciendo nada al respecto; la falta de interés del titular del Ejecutivo estatal por participar en la solución del conflicto es evidente. La violencia está cerca. No soslayemos ni minimicemos este problema, como lo ha hecho el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez. La población, al ver cómo destruyen sus casas, sus negocios, sus propiedades, con toda impunidad y bajo la protección del gobierno de Jalisco, está dispuesta a reaccionar de la misma manera como actuaron las autoridades, con acciones violentas. Los connatos de violencia cada vez son más evidentes. Esta percepción no solamente es de los legisladores que hemos acudido a la región en conflicto, sino de la población afectada y de otras regiones circunvecinas de ese lugar, tal y como se describe en la nota periodística aparecida en el diario El Occidental , del 3 de noviembre de 2010, cuyo encabezado es: “Temen lo peor en Tenacatita. Podría tener un grave desenlace: mujeres de la comunidad”. Anexamos copia de dicha noticia.

Por tanto, responsabilizamos al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de los sucesos violentos que se susciten en el municipio de La Huerta, así como en los ayuntamientos de Tomatlán y Cabo Corrientes, debido a su indiferencia y a su actitud de confrontación con la sociedad.

Esta condición asumida por parte del Mandatario de Jalisco, rechazando su participación como responsable de garantizar la seguridad y la paz social, es el motivo de nuestra denuncia, sustentándonos en la siguiente normatividad:

• En el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

Artículo 110. ...

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

• En los párrafos primero, quinto al séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica lo siguiente:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

.....

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

En los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los cuales disponen:

Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Artículo 6o. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII. ...

.....

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

De acuerdo con la técnica, la lógica y el sentido común, existen los elementos suficientes para suponer que el ciudadano Emilio González Márquez ha tomado parte en la concepción, preparación y ejecución de un hecho considerado delictuoso y contrario a Derecho, por tal motivo, su permanencia en el cargo resulta ser insostenible, tal como lo robustece el siguiente criterio de jurisprudencia.

Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, febrero de 2000. Página 629. Tesis: P./J. 1/2000.

Jurisprudencia.

Materia(s): Constitucional.

Juicio político. Los gobernadores de los estados son sujetos de responsabilidad oficial, en términos de los artículos 109, párrafo primero y fracción I, y 110, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

El artículo 110, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que los gobernadores de los estados pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves a esa norma fundamental y a las leyes federales, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales. En este caso, la resolución de responsabilidad que llegue a emitir la Cámara de Senadores, como jurado de sentencia, tendrá sólo un carácter declarativo y se comunicará a la legislatura estatal que corresponda, para que proceda en consecuencia. Por su parte, el artículo 109, primer párrafo, de la Carta Magna dispone que corresponde a los Congresos locales expedir las leyes conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurran en responsabilidad, siendo procedente el juicio político, según lo establecido en la fracción I del propio numeral, respecto de los sujetos enumerados en el artículo 110, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La interpretación conjunta de los aludidos preceptos conduce a determinar que los gobernadores de los estados pueden ser sujetos de juicio político por los motivos indicados, debiendo las legislaturas estatales emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios.

Controversia constitucional 21/99. Congreso del estado de Morelos. 3 de febrero de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada hoy diez de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de febrero de dos mil.

Si se considera como ilegal la conducta de un particular que desobedezca la norma constitucional, el hecho de que una autoridad con alta investidura, como lo es el de un gobernador, se agrava en perjuicio del interés público y de la trayectoria republicana de las entidades federales.

En un estado de derecho, es inadmisible suponer que alguien, por razón del alto cargo que desempeña, esté al margen de responsabilidades que deriva del desempeño del cargo, sea federal o local.

En tal mérito, esta Cámara deberá pronunciarse en favor del juicio político que deberá ser realizado para el efecto de separar del cargo de gobernador al ciudadano Emilio González Márquez.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a las Comisiones de Gobernación y de Justicia para que, en términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, integren e instalen la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2010.

Diputados: David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo que investigue el retraso del abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual se crea el grupo plural de trabajo que investiga las causas que han retrasado el abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara.

Exposición de Motivos

La implantación de un esquema de abastecimiento y saneamiento del agua en la zona conurbada de Guadalajara, tiene un retraso de más de 15 años, en el cual se pueden mencionar los siguientes Antecedentes

En 1990 se firmó un acuerdo de coordinación entre Jalisco y Guanajuato, suscribiendo por Jalisco el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador del estado, y su homólogo por Guanajuato, Rafael Corrales Ayala, siendo testigo de honor el presidente Carlos Salinas de Gortari. El objetivo de este acuerdo fue estudiar la calidad y la cantidad de las aguas de la cuenca del Río Verde, para surtir a Guadalajara y León. Posteriormente, se firmó el 2 de mayo de 1990 el acuerdo de coordinación especial por las mismas autoridades para realizar los estudios de La Zurda Calderón. Estos estudios se terminaron en 1994 y el resultado fue positivo a comprobarse la existencia de agua apta para consumo humano en el Río Verde y en cantidad suficiente para el abastecimiento proyectado. En noviembre de 1994, se firma el tercer acuerdo de coordinación para el aprovechamiento de las aguas, donde se reservaron 504 milímetros cúbicos, siendo 384 milímetros cúbicos para Guadalajara y 120 milímetros cúbicos para León; este tercer acuerdo lo firmaron los entonces gobernadores Carlos Rivera Aceves, por Jalisco, y Carlos Medina Plascencia, por Guanajuato y por la Comisión Nacional del Agua (CNA) Fernando González Villareal. Este tercer acuerdo fue elevado a decreto por el presidente Ernesto Zedillo, publicándolo en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, siendo vigente hasta la fecha.

No obstante, a pesar de la base proporcionada por los acuerdos suscritos, siendo en 1995 electo gobernador en Jalisco el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, no sólo no se inició de inmediato la construcción de la presa en el Río Verde, sino que este solicitó al gobierno federal que fueran descontados 12 milímetros cúbicos de los 384 milímetros cúbicos que por derecho correspondían de agua apta para consumo humano para la zona conurbada de Guadalajara para ser utilizados en uso pecuario en San Nicolás, petición que se aprobó.

El 22 de mayo de 1997 y ante la presencia del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se firmó el cuarto acuerdo de coordinación, habiendo firmado por Jalisco el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y por Guanajuato, el entonces gobernador Vicente Fox Quesada, quedando 372 milímetros cúbicos para Jalisco, siendo 300 milímetros cúbicos para consumo humano y 72 milímetros cúbicos para uso pecuario, y 120 milímetros cúbicos para León. El 17 de noviembre de 1997, el presidente Zedillo Ponce de León publica en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo, en donde de manera oficial quedan los 372 milímetros cúbicos para Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan y 120 milímetros cúbicos para León, Guanajuato.

En febrero del año 2000, toma posesión como gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, y su primera acción en la materia del abastecimiento de agua fue crear la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), prevista en la primera Ley de Aguas del Estado de Jalisco.

El 12 de mayo de 2003, el entonces titular del Ejecutivo Estatal envió al Congreso del estado una iniciativa de decreto en el cual solicitaba 3 mil 200 millones para construir un sistema de captación y bombeo en el Río Verde el cual fue aprobado por el Congreso en los mismos términos en que fue presentado, bajo el número de decreto 19985, donde se le autorizan 3 mil 200 millones para construir un sistema de captación y bombeo en el Río Verde, para tomar 10.3 m3 por segundo de agua apta para consumo humano; cabe señalar que para ese entonces, el retraso del proyecto de abastecimiento tenía 8 años. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Estatal, no acató en sus términos el decreto 19985, que el propuso, firmó y publicó en el Periódico Oficial de Jalisco el 23 de mayo de 2003, ya que en el mismo mayo de 2003, el entonces gobernador instruyó al director de la entonces CEAS, el ingeniero Enrique Dau Flores, para que hiciera una presentación del proyecto de la presa de Arcediano en el Río Santiago, en el recinto del Congreso; a partir de entonces, nació una oposición férrea por la sociedad organizada en contra de la construcción de la presa de Arcediano, por no acatar el decreto 19985 y los decretos federales de 1995 y 1997.

En septiembre de 2003 se llevó a consulta pública la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto de Arcediano y en el acta quedó demostrada la oposición al sesgo legal para imponer el punto de Arcediano.

Para noviembre de 2003 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), autorizó la MIA, siendo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez.

Para marzo de 2004 el director de las CEAS se dirigió a la DGIRA, de Semarnat, solicitando que se le aprobara la manifestación no en el Río Verde, sino en el río Santiago, soslayando que existe por decreto federal reserva de aguas a favor de Jalisco, un derecho de un volumen hídrico, proveniente del Río Verde de 372 Mm3, y no del Río Santiago, el cual se encuentra contaminado por descargas industriales que lo hacen inviable para el consumo humano.

En enero de 2004, el entonces gobernador Ramírez Acuña, solicitó mil millones para iniciar la construcción de la presa de Arcediano, petición rechazada en el Congreso del estado; posteriormente, el 16 de febrero de 2004, el entonces gobernador de Jalisco envió al Congreso una iniciativa de decreto, por medio del cual pretendió que se modificara, tal como sucedió, el artículo primero en su numeral Uno para quedar como sigue: Construcción de un sistema de captación y bombeo de agua de los ríos Verde y Santiago, en el sitio conocido con el nombre de Arcediano en el río Santiago, aproximadamente a 800 metros aguas abajo de la confluencia de los ríos mencionados. Con esta iniciativa de decreto, se invadieron competencias federales, al pretender que el Congreso local legislara en materia de aguas federales y por encima de lo establecido en los decretos federales que otorgan Jalisco y la ZCG el derecho a recibir 372 milímetros cúbicos y a León 120 milímetros cúbicos de agua apta para consumo humano proveniente del Río Verde.

El 7 de junio de 2004 se aprobó el acuerdo legislativo 238/04, por medio del cual se rechaza la iniciativa de decreto remitida por el Ejecutivo estatal, en el cual se proponía cambiar el texto del decreto que le daba origen al financiamiento y proyecto para el abastecimiento del agua a la ZCG proveniente del acuerdo federal, y sustituir arbitrariamente al Río Verde por el Río Santiago; la resolución de la negativa a su ilegal propuesta se le comunicó oficialmente el 14 de junio de 2004 con el oficio número OPL 500 - 02 - LVII.

En mayo de 2004, a través de la Secretaría General de Gobierno se propició la salida de los habitantes de la comunidad de Arcediano, quienes fueron hostigados, amenazados, humillados y presionados; esta comunidad tuvo que dejar sus tierras y aceptar que frente a ellos se les derribaran sus casas, para apoderarse a través de los terrenos a través de la compra de los mismos sin que mediara decreto expropiatorio presionando y engañando a los ejidatarios con el inminente inicio de la construcción de la presa. En este sentido, la señora Guadalupe Lara Lara, no aceptó los ofrecimientos, y a través del apoyo económico y jurídico de la Fundación Cuenca Lerma, Lago Chapala-Santiago, AC, y por medio de la interposición de ocho amparos, entre ellos el número 14/06/06, logró con posterioridad detener la construcción de la presa y frenar la expropiación de sus propiedades.

El 29 de julio del 2004, el Ejecutivo estatal solicitó al Congreso que se expidiera el decreto que declarara una superficie de 9 mil hectáreas, como área natural protegida con carácter de Parque Estatal a la zona aledaña al proyecto denominado “Presa Arcediano en el Municipio de Guadalajara, Jalisco”. En este orden de ideas, el 15 de octubre con el oficio DPL 006 LVII, mediante el acuerdo legislativo 318/04, el Congreso le envía el DECRETO QUE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON CARÁCTER, DE ÁREA DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA ESTATAL, 9,000 HECTÁREAS, COMPRENDIDAS EN UN PERÍMETRO ALEDAÑO AL PROYECTO DENOMINADO “PRESA DE ARCEDIANO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO . El entonces gobernador no acató la recomendación del Congreso, porque se agregó a su propuesta la frase Con carácter de protección hidrológica estatal; con esta categoría, el Congreso invalidó la construcción de obras como la presa de Arcediano, lo cual afectó el interés del gobernador y por esa razón, no lo promulgó y publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco como por ley corresponde.

En noviembre de 2004, el titular del Ejecutivo estatal remitió a la LVII legislatura la iniciativa con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, en el cual, para el programa de abasto de agua, y como concepto de la partida 44203 se le transcribió parte del decreto federal del 7 de Abril de 1995 que está vigente y que dice Comprende las acciones encaminadas al aprovechamiento del Rio Verde, como fuente de abasto de agua para Guadalajara y León y el saneamiento del Rio Santiago. Sin embargo, el día primero de enero de 2005 apareció publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco , en el párrafo que se menciona, la siguiente leyenda: Comprende las acciones encaminadas al aprovechamiento de los Ríos Verde y Santiago como fuente de abastecimiento de agua. En este sentido, el Congreso del estado advirtió la alteración del texto del decreto, y por ende de sus efectos, y el día 5 de enero la asamblea le solicitó al entonces gobernador que publicara la fe de erratas correspondiente, lo que se hizo tal y como aparece en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 5 de febrero de 2005.

El 24 de mayo de 2005, mediante oficio CJ/13/2005, el entonces gobernador de Jalisco se dirigió al licenciado Cristóbal Jaime Jáquez entonces director de la CNA, expresando en el punto número 6 de su oficio lo siguiente: Por lo cual propongo considerar otro sitio en el Río Verde, para realizar la obra de captación, bajo los siguientes lineamientos: a) que no se afecte ningún núcleo de población y b) que no se afecten grandes superficies agrícolas de alta rentabilidad. Es de señalar que este punto así descrito existe y se llama Loma Larga II; se menciona a continuación lo expresado en el numeral 7 del oficio de marras: Por conducto del Ing. Enrique Dau Flores Titular de la Comisión del Agua y Saneamiento, sugerí a la CNA, en la persona del gerente Regional Lerma Santiago-Pacífico, Ing. Raúl Antonio Iglesias, considerar un sitio alterno, en el Cañón de Sandovales, conocido indistintamente como las Escobas, El Zapotillo o Piedra Parada, aguas abajo del sitio San Nicolás en el mismo cauce del Río Verde. Al proponer El Zapotillo, el entonces gobernador creo conscientemente un problema de grandes dimensiones sociales, políticas, económicas y de soberanía hidráulica; porque esta decisión implicaría la desaparición de las comunidades de Temacapulín y Palmarejo en el municipio de Cañadas de Obregón, y Acasico, dentro del municipio de Mexticacán, en Jalisco.

En mayo de 2004, la Universidad de Guadalajara publicó un informe denominado Evaluación sobre la Viabilidad del Proyecto Arcediano elaborado por su Comité Técnico para el caso específico, en el cual, los académicos y técnicos de dicha casa de estudios expresaron con claridad los argumentos científicos en contra del proyecto de Arcediano, dando sus opiniones favorables al punto de Loma Larga II, en el Río Verde, para la construcción de la presa. Esto originó un enfrentamiento mediático del gobierno estatal en contra de la Universidad de Guadalajara, con la intención de desprestigiar a la capacidad científica de ésta.

Por otra parte, en noviembre de 2006 la Universidad de Guadalajara publicó un libro denominado El proyecto Arcediano y el abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara , el cual consta de 277 páginas, y en el que se detallan los argumentos que sustentan la razón por la que no se debe de construir la presa en el sitio denominado Arcediano, demostrando que el sitio Loma Larga II es más económico y eficaz. El estudio de la Universidad de Guadalajara en la página 34, menciona lo siguiente: Otra inconsistencia que fortalece la idea del sesgo a favor de la alternativa Arcediano, surge del análisis del reporte geológico de Loma Larga, donde se indica que Arcediano ´Es el sitio más atractivo para la construcción de una presa y para desarrollar una zona turística’, Una obra que aporte ingresos vía impuestos y como valor agregado, un uso adicional recreacional a la obra”. Al respecto, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco declaró que esta presa iba a constituir el Valle de Bravo de Guadalajara y con este concepto se estaría desarrollando un proyecto inmobiliario de 40 mil hectáreas.

Ante este debate a cerca de la calidad del agua del Río Verde, la LVII Legislatura, en coordinación con el Ejecutivo del estado mediante Decreto crearon un Comité, para que se convocara a un tercer opinante para con elementos científicos fundamentara la calidad real del agua. En este sentido, se recurrió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organismo de la ONU, quien aceptó la participación, dictaminando los tres escenarios siguientes: a) para que las aguas del Rio Santiago sean aptas para consumo humano deben transcurrir cerca de 70 años de acuerdo con la experiencia que se tiene del río Támesis en Inglaterra, siempre y cuando se realice su saneamiento; b) para que sean aguas aptas para consumo humano, se requiere que se evite el 100 por ciento de las descargas de aguas negras, tanto de empresas particulares y organismos del gobierno. Este escenario, dicho organismo lo estima en 30 años, en virtud de las lagunas legales que existen en Jalisco, y c) que se cuente con la técnica del más alto nivel, que garantice el tratamiento de las aguas residuales, y que se asegure que el producto del tratamiento, sea el agua con una calidad exenta de contaminantes, que a la larga y por su nivel de concentración, perjudique la salud humana.

Derivado de lo mencionado en el punto anterior, la OPS entregó al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco a través de la entonces Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, un documento que contenía más de treinta recomendaciones para que las aguas del río Santiago fueran saneadas previamente, si el objetivo era el consumo humano.

El primero de marzo de 2007, llegó a la gubernatura de Jalisco, Emilio González Márquez actualmente en funciones. El 16 de octubre de ese año, el gobernador firmó un acuerdo de coordinación con el Gobernador de Guanajuato, Manuel Oliva Ramírez, y el actual director general de la CNA, ingeniero José Luis Luege Tamargo, en donde aceptó que se le redujeran a Guadalajara 200 milímetros cúbicos de agua y que solamente se le otorgue para el abasto de agua 100 milímetros cúbicos de la cantidad que le asignaban originalmente los Decretos Federales que son 372 milímetros cúbicos de los cuales 300 milímetros cúbicos son para consumo humano y 72 milímetros cúbicos para la agricultura.

El gobernador de Jalisco presentó un proyecto de decreto al Congreso, mismo que se le autorizó y fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco con el número 21915, el día 9 de Octubre de 2009, mediante el cual se modificó el punto número uno del artículo Primero del decreto 19985, estableciendo el siguiente texto: la construcción de un sistema de captación y bombeo en el Río Santiago, cuyo costo estimado hasta por la cantidad de 3 mil 200 millones de pesos, consistente en la construcción de una presa que técnicamente determine la Comisión Estatal del Agua y de Jalisco, planta de bombeo, línea de conducción (L=13 KM), pago de indemnizaciones de inmuebles, estudios y proyectos, supervisión y administración.

En octubre de 2009, el ingeniero Luege Tamargo le informó de viva voz al actual gobernador de Jalisco que se cancelaba el proyecto de Arcediano, por que el costo llegó a 14 mil millones y los 3 mil 200 millones que se reiteran en el decreto 21915 son insuficientes para dicha obra. El 30 de noviembre de 2009, la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le informó oficialmente al gobernador a través del Ing. César Coll Carabias actual director de la Comisión Estatal de Agua (CEA), que daba por cancelada la autorización de la MIA, que en 2003 le otorgó el entonces titular de la dependencia, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez al entonces gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, para construir la Presa de Arcediano en el Río Santiago, ya que el documento que el CEA le presentó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) tenía inconsistencias, por lo que la Dirección no realizó el trabajo profesional que se requiriera.

No obstante todo lo aquí expresado, el actual gobernador, solicitó en la iniciativa con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de 2010 en la partida 44203 una asignación de 475 millones de pesos para invertir en el proyecto de Arcediano, monto que le fue aprobado. Para invertir este recurso, se requería terminar un trámite ante la Semarnat, para dar cumplimiento a lo anterior, se presentó por parte de la CEA, la MIA particular de la segunda parte de Arcediano, para el cambio de uso de suelo complementario al proyecto de Arcediano denominado Laguna de Regulación en la comunidad de El Aguacate, que fue sometido a consulta pública, no obstante que el proyecto de Arcediano está cancelado.

El gobernador González Márquez aceptó la propuesta que le hizo el ingeniero Luege Tamargo para el abasto de agua de Guadalajara, y que consiste en: a) enviar 800 litros por segundo de la presa de El Salto con una antigüedad de 16 años de construcción, sin que al agua se le dé ningún uso y tratamiento (ésta agua es para la cuenca lechera de Los Altos de Jalisco por acuerdo federal); b) enviar 100400 litros por segundo de la cuenca de Picachos; c) enviar 3 mil litros por segundo de la presa de El Zapotillo, cuando ésta presa esté terminada. Cabe señalar que la anterior propuesta se encuentra fuera de lo previsto en los decretos federales que otorgan a Guadalajara 372 milímetros cúbicos; además, es inaceptable que se piense en la construcción de la presa de El Zapotillo, ya que, como se señaló anteriormente, se estaría condenando a la desaparición de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Todo lo anteriormente reseñado retrata las causas que han estado retardando la realización del proyecto de abasto de agua para la zona conurbada de Guadalajara, lo cual ha afectado la garantía y del derecho fundamental que tiene la población de gozar del vital líquido. Por otra parte, ha sido evidente la comisión de violaciones flagrantes a decretos federales, así como la ineficiencia, opacidad y la falta de objetivo social del gasto público en esta materia, originadas tanto por acciones erráticas en la conducción de la política en materia de abastecimiento de agua potable, como el reprobable fin de beneficiar intereses particulares, todo lo cual, ha impedido la conformación de un proyecto sólidamente fundamentado, provisto de viabilidad y legitimidad. Por todo lo anterior, es imperativo crear un grupo plural de trabajo que investigue las causas que han retrasado el abasto de agua a la zona conurbada de Guadalajara.

Al crearse la comisión de referencia, se estará estableciendo el punto de partida para ejercer las acciones y recomendaciones que coadyuven en la solución de los siguientes asuntos:

• Terminar con el retraso de 15 años en el programa de abasto de agua

• Definir el punto donde se construirá la presa en el Río Verde para darle agua a la Zona Conurbada de Guadalajara

• Preservar las poblaciones de Temacapulín, y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón y la de Acasico, en el municipio de Mexticacán, en Jalisco.

• Supervisar la transparencia de los recursos que se han invertido y en lo sucesivo se inviertan para el tema del abastecimiento de agua en la zona conurbada de Guadalajara.

• Impulsar el acatamiento de los decretos federales que otorgan a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara el derecho al agua del Río Verde, y la coordinación de esfuerzos para este fin entre el gobierno federal, gobierno estatal y autoridades y habitantes de los municipios de la zona conurbada de Guadalajara.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea el grupo plural de trabajo que investiga de las causas que han retrasado el abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara.

Segundo. El objetivo del grupo plural de trabajo será ejercer las acciones y formular las recomendaciones pertinentes que coadyuven en la solución de los siguientes asuntos:

• Terminar con el retraso de 15 años en el programa de abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara

• Definir el punto donde se construirá la presa en el Río Verde para darle agua a la zona conurbada de Guadalajara

• Preservar las poblaciones de Temacapulín, y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón y la de Acasico, en el municipio de Mexticacán, en Jalisco.

• Supervisar la transparencia de los recursos que se han invertido y que en lo sucesivo, se inviertan para el tema del abastecimiento de agua en la zona conurbada de Guadalajara.

• Impulsar el acatamiento de los decretos federales que otorgan a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara el derecho al agua del Río Verde, y la coordinación de esfuerzos para este fin entre el gobierno federal, gobierno estatal y autoridades y habitantes de los municipios de la zona conurbada de Guadalajara.

Tercero. El grupo plural de trabajo podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. El grupo plural de trabajo estará integrado por los diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, y adoptará sus decisiones por consenso; será presidido por un diputado perteneciente al grupo parlamentario mayoritario.

Quinto. El grupo plural de trabajo durará la totalidad de la LXI Legislatura o hasta cuando se haya agotado su objeto.

Sexto. El grupo plural de trabajo no contará con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los estados y al Distrito Federal a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Juan José Cuevas García, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México ocupa el segundo lugar en obesidad infantil, cosa que hace apenas dos décadas ni siquiera imaginaríamos. Según la última Encuesta Nacional de Nutrición, dada a conocer en noviembre de 2008, cuyos datos corresponden al 2006, la incidencia de sobrepeso y obesidad en el grupo de edad de 5 a 11 años creció 10 por ciento entre 1999 y 2006.

Mientras que en 1999 un 24.9 por ciento de los niños, en ese rango de edad, presentaba esta condición –alrededor de 264 mil–, para 2006 pasó a 35.1 por ciento –aproximadamente 334 mil.

Al menos 20 por ciento de los mexicanos menores de 10 años presenta sobrepeso u obesidad, lo que resulta más grave, incluso, si se considera que los niños y adolescentes con sobrepeso tienen 70 por ciento de probabilidades de mantenerse obesos en la edad adulta.

Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, de 73 mil 560 estudiantes de primaria y secundaria, 30 por ciento (primaria) y 31.7 por ciento (secundaria) presentan obesidad y sobrepeso.

Las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la obesidad generan costos directos que ascienden a más de 43 mil millones de pesos por consultas y atención hospitalaria.

Las pérdidas indirectas que ocasiona este padecimiento por improductividad a causa de incapacidades laborales, según el IMSS, se estiman en 25 mil millones de pesos.

El exceso de peso provoca una mortalidad 12 veces mayor en jóvenes que tienen entre 25 y 35 años de edad. En el país, para cubrir la atención médica necesaria, las familias destinan entre 22 y 34 por ciento de su ingreso total.

Este dato obligó al gobierno federal a tomar medidas radicales al respecto; entre ellas podemos mencionar los programas 5 Pasos por tu Salud, y Para Vivir Mejor; el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y la estrategia de Sobrepeso y Obesidad que tiene como objetivo detener y revertir el problema de salud que representa el sobrepeso y la obesidad.

Además, en 2009 se programó la construcción de 50 unidades de especialidades médicas (Unemes) de enfermedades crónicas, construyéndose 59 durante el periodo enero a agosto de 2010, de las cuales se encuentran operando 56.

En las cooperativas escolares se da prioridad a la venta de productos con altos contenidos de calorías. Por ejemplo, el 81 por ciento de estas tiendas ofrecen dulces, el 78.8 botanas industrializadas, 71.8 refrescos y 48 por ciento pastelitos industrializados.

Tan sólo 50 por ciento de las cooperativas ofrece agua pura embotellada, 29 por ciento yogurt, 20 por ciento verdura fresca y sólo el 19 por ciento leche. Es por eso que fue necesario que el Poder Legislativo aprobara la reforma a la Ley General de Salud, para prohibir la venta de alimentos y golosinas que favorecen la obesidad.

Como consecuencia de la reforma la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud publicaron los lineamientos bajo los cuales se regirá la prohibición de la venta de tales productos en las escuelas.

Sin embargo, la gravedad del problema exige acciones en diferentes frentes y la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes federales, a fin de generar la sinergia necesaria para que medidas como la que se ha mencionado, cobren mayor efectividad y trascendencia.

Es por ello, que la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal, a fin de que intensifiquen las acciones de vigilancia que les competen para evitar que afuera de las escuelas se continúe vendiendo los productos que se prohíben en las escuelas y que forman parte de la política de ataque frontal a la obesidad.

Solamente con la participación de todos podremos hacer frente a la obesidad y sus efectos, solamente con la ayuda de la sociedad civil podremos construir un México de personas sanas y que cuiden voluntariamente de su bienestar y salud.

Por lo expuesto, atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en puestos ambulantes, en el perímetro inmediato de las escuelas de educación básica, así como en un kilómetro a la redonda, a fin de generar la sinergia necesaria para las acciones que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud están realizando contra la obesidad infantil, por mandato de ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía presente con la mayor brevedad controversia constitucional ante la SCJN contra el decreto del Ejecutivo federal que extinguió Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Cualquier agresión a la división de poderes es ir en contra de la frágil esencia de la democracia.

Como representantes populares, por un lado debemos sujetarnos a las atribuciones que nos marca la ley; y, por otro, es nuestra obligación velar porque los otros dos Poderes no interfieran en facultades exclusivas del Poder Legislativo federal. Esto sin menoscabo de la necesaria colaboración entre poderes.

Y bien, en el caso del decreto del Ejecutivo Federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, en la opinión de un importante y creciente número de diputados el Poder Ejecutivo invadió facultades del Poder Legislativo, trastocándose el principio de división de poderes, lo que pone en riesgo la regularidad constitucional y se atacan instituciones fundamentales del Estado.

En contrapartida, hay otro grupo de diputados que estima que el decreto de mención no vulnera la división de poderes y, por tanto se apega a lo ordenado por nuestra Carta Magna.

Sin embargo, interponer una controversia constitucional, no es garantía de que ésta se resuelva de manera favorable, para los que cuestionamos su constitucionalidad; pero por el contrario es sumamente saludable para la vida democrática del Poder Legislativo que el Poder Judicial resuelva de manera clara y fundada si tal decreto falta o no a la división de poderes de la Unión. En bien de la salud pública de la nación.

A la fecha 132 diputados han suscrito la necesidad de que esta Cámara haga valer una Controversia Constitucional; al efecto hagamos memoria de los hechos que tuvieron lugar en torno a la sesión del Pleno de esta Cámara del 24 de noviembre del 2009:

Esta sesión se abrió con un quórum de 280 diputados; en el acta de la sesión se incluyó la “proposición: con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado presentara controversia constitucional ante la Suprema Corte; igualmente en el listado del orden del día se manejó este punto de acuerdo.

Y bien, en la sesión de cita, el Pleno no emitió votación ni a favor ni en contra, quedando los diputados en libertad para adherirse mediante suscripción de la promoción de la controversia constitucional en la oficina de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta suscripción fue llevada a cabo por 132 legisladores.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, finalmente no interpuso controversia constitucional contra el decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro.

En vista de lo anterior, un grupo de diputados de los partidos del PRD y el PT presentamos una controversia constitucional en el marco de nuestra obligación de respetar y hacer respetar a nuestra Carta Magna, igualmente ante la omisión del presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de informar al pleno sobre la reunión de las firmas de los legisladores conformes con la presentación de la controversia, además de que también omitió archivar el expediente sobre el grupo de trabajo plural formado para analizar la viabilidad de la acción jurídica a intentar en contra del decreto de extinción de comento. Y bien, esta controversia constitucional fue desechada por proveído del 13 de mayo de 2010; en vista de lo anterior, oportunamente se interpuso recurso de reclamación, cuya resolución ratificó el desechamiento de la controversia. No obstante lo cual, en la resolución de este recurso de reclamación, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, en su página 41, párrafo segundo, textualmente se señala:

“Por lo tanto, el estudio (de) las consideraciones por las cuales los diputados federales pretendieron justificar su legitimación no lleva a presumir que cuentan con la representación de la Cámara de Diputados, por el contrario, lleva al convencimiento de que el asunto está pendiente de resolución por el Pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que no se ha emitido votación en ningún sentido y, como manifiestan los recurrentes, no se ha archivado el asunto como concluido.”

Por otro lado, y tomando en cuenta que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro contiene violaciones a la Constitución federal que aún no se han validado, esta Cámara aún está en tiempo para interponer la controversia constitucional.

En vista del anterior, urge que este pleno se pronuncie en torno a la suscripción de la controversia constitucional, en nuestra confianza de que mayoritariamente se votará a favor de esta controversia, como medio de aclarar cualquier duda sobre la violación del principio de división de poderes, el que insistimos es fundamental para el respeto de la democracia y nuestra Carta Magna.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados a suscribir la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se presente a la brevedad controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del presidente de la Mesa Directiva, en contra del decreto del Ejecutivo federal que extinguió el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009.

Palacio Legislativo, a 7 de septiembre de 2010.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los secretarios de Educación federal y de la capital del país para que expliquen la reducción de los recursos asignados para la educación básica en la ciudad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Antecedentes

Con fecha 11 de octubre del 2010, el secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, maestro Mario Delgado Carrillo, hizo del conocimiento de la opinión pública el hecho que, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se reduce el rubro referente a los servicios de educación básica en el Distrito Federal.

Revisando el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 y comparándolo con el Presupuesto aprobado para este año, nos percatamos de una tendencia hacía la baja en ese rubro, por lo que se estima pertinente, debido a la importancia de la educación básica para nuestro país por ser la base formativa de nuestra niñez y de nuestra juventud, que comparezcan ambos funcionarios ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, sobre todo para saber cuál es el avance que, en la materia, se ha dado a los recursos aprobados para la educación básica en la capital del país, como sigue:

PEF 2010: Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Pesos: 31,842,444,400.

PPEF 2011: Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Pesos: 28,500,022,728.

Diferencia: 3,342,421,670.

Esta reducción impacta en la calidad educativa del Distrito Federal, ya que con esta cantidad se podrían remodelar las escuelas de la Ciudad de México, arreglar los baños, cambiar muebles, arreglar espacios deportivos, poner bebederos o se podría dotar de una computadora laptop a cada uno de los estudiantes de primaria y secundaria en la capital del país, ya que equivale a casi 5 mil pesos por cada niño.

Es importante recordar que en los últimos años no se han tenido avances en la prueba ENLACE por la falta de recursos, asimismo datos estadísticos establecen que de 100 niños que se inscriben en primaria, 62 terminan la secundaria, 25 terminarán el bachillerato, solo 13 egresarán de licenciatura y 2 o 3 concluirán un posgrado, nuestro promedio de escolaridad es de 8.7 años mientras en Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea superan los 12 años.

La evaluación más contundente que revela la situación de los países es PISA, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); esta prueba no pide memorización de los conceptos, sino capacidad de aplicar los conocimientos para resolver problemas, los resultados en la escala de matemáticas de la última evaluación 2006, colocan a México en la última posición de los países de la OCDE, lugar 30 de 30 y en la posición 48 de 57 naciones participantes.

Si hablamos de la calidad educativa, en promedio de cada generación, de 2 millones de jóvenes apenas 3800 se pueden ubicar con un desempeño sobresaliente en 2006, esos estudiantes mexicanos de alto desempeño deberán competir con los del resto del mundo al menos 246 mil de Estados Unidos de América, 124 mil de Corea, 96 mil de India, 12 mil de Tailandia, estos resultados no nos permiten aceptar una disminución en los recursos para educación.

Hasta la fecha de la suscripción de la presente proposición con punto de acuerdo, el secretario de Educación Pública se ha negado a emitir manifestación alguna en torno a dicha reducción, por lo que se vuelve necesario el escuchar la postura de la entidad que administra la educación básica en la Ciudad de México.

Por lo anterior ponemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se cita a comparecer a los secretarios de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal, y de Educación del Gobierno del Distrito Federal, maestro Mario Delgado Carrillo, para que, ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, expliquen las razones por las cuales, para el Ejercicio Fiscal de 2011, se plantea una reducción de 3 mil 342 millones de pesos a la educación básica en el Distrito Federal, dentro del ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de octubre de 2010.

Diputados: Vidal Yerenas Morales (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Adán Augusto López Hernández (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Ariel Gómez León (rúbrica), Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Balfre Vargas Cortez (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ílich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Juventino Víctor Castro y Castro (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a cesar la represión contra dirigentes sociales de diversas organizaciones y a liberar al ciudadano Caralampio Gómez Hernández, detenido el 16 de junio de 2010, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

Con fecha 16 de julio de 2010, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el ciudadano Caralampio Gómez Hernández fue detenido junto con ocho personas más, después de participar en un acto en solidaridad con los integrantes del bloque democrático de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una vez concluido el acto, el mencionado fue perseguido y detenido, con lujo de violencia y en espectacular operativo, a una cuadra de las oficinas de la organización que pertenece, Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ). El 17 de julio pasado, fueron puestos en libertad los ocho compañeros que inicialmente fueron asegurados ilegalmente, quedando solamente Caralampio Gómez en calidad de detenido.

La acusación que se le imputa a Caralampio Gómez es la de atentar contra el orden constitucional, además de fraude y despojo, sin embargo, es de llamar la atención que el día de su detención, fue uno en que el gobierno del estado de Chiapas inició una cacería de brujas en contra de diferentes dirigentes sociales, de integrantes de la sección 50 del Sindicato de Salud y del bloque democrático de la sección VII del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

Es importante hacer mención que el 22 de agosto fue detenido otro compañero de la OPEZ-MLN, el dirigente de la región altos, Juan Díaz Gómez, acusado del delito de despojo, razón por la que a la fecha se encuentra recluido el Cereso de San Cristóbal de las Casas.

Después de varias acciones de movilización, la OPEZ-MLN logró entablar una mesa de negociación sin obtener una respuesta satisfactoria a la petición de la libertad de Caralampio y Juan Díaz Gómez. El pasado 29 de septiembre se realizaron acciones en Tuxtla Gutiérrez, en frontera Comalapa, en la región costa soconusco, en Benemérito de las Américas, y se instaló un plantón a las puertas del palacio de gobierno del estado de Chiapas, así como otro a las afueras de las oficinas del PNUD-Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en reclamo de justicia y en contra de la criminalización de la lucha social. En ese tenor, el pasado 6 de octubre se instaló una huelga de hambre para exigir la libertad de todos los compañeros presos, diez de los cuales se encuentran en el penal de compañeros en San Cristóbal de las Casas y otros diez compañeros en el de Tuxtla Gutiérrez.

La situación política que se vive en Chiapas día a día se ha ido deteriorando, ya que la represión social y política se recrudece, lo que se agrava con la cancelación de programas sociales para grupos vulnerables agrarios.

Considerando

Que el derecho de asociación y participación política son elementos medulares de nuestra Constitución Política y que los gobernantes que ceden a impulsos autoritarios al criminalizar la lucha social no corresponden a la vocación demócrata del pueblo de México, ni al imperio de la legalidad que debe de prevalecer sobre cualquier otra consideración sea ésta de índole social, económico o político.

Se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a cesar la represión en contra de dirigentes sociales de diversas organizaciones, así como a liberar de manera inmediata al ciudadano Caralampio Gómez Hernández, detenido el 16 de junio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)