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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a analizar la viabilidad de incorporar en el sistema de educación pública la licenciatura en puericultura, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La historia del cuidado de los menores por instituciones en nuestro país, se remonta desde la época de la conquista, en enero de 1767 el señor arzobispo Lorenzana y Builtrón fundó el primer albergue infantil la “Casa para Niños Expósitos”; en la primer mitad del siglo XIX en el año de 1837, se inauguró la primera guardería en México, dirigida para el cuidado de los hijos de comerciantes del entonces Mercado del Volador.

En el México del siglo XX para el año de 1941, se inició con el carácter de seguridad social la prestación del servicio de guarderías para los trabajadores al servicio del Estado, por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue hasta 1973, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcionó, entre las prestaciones a sus derechohabientes, el servicio de guardería.

La puericultura en México data del año 1884, bajo la dirección del doctor Manuel Domínguez que entre las primeras medidas tomadas para el bienestar de los niños, fue separar a los niños que cumplían seis o siete años del resto de los menores, y para el año 1900 se instituyó la práctica de la biometría en los niños, así como la aplicación de la vacuna antivariolosa a cada niño que ingresaba a la casa de expósitos.

Consideraciones

La importancia de la puericultura recae en las aportaciones que ha realizado a la sociedad y al desarrollo de la infancia. La puericultura o “cuidado de los niños”, surge dentro de las ciencias médicas, actualmente está dirigida a identificar las características cognoscitivas y sociales del niño, valorando los trastornos del desarrollo y discapacidades para determinar su atención; aplica programas para desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes tomando en cuenta la edad del menor. Los conocimientos médicos de esta especialidad la califican para la prevención de enfermedades, así como para la atención de los accidentes más comunes en la infancia, asimismo, realiza el diseño, aplicación de programas educativos, nutricionales y didácticos.

En nuestro país tenemos aproximadamente una población de 14,400,669 niños entre 0 y 6 años de edad, de los cuales, aproximadamente 509,337 niños son cuidados por sistemas públicos como guarderías o estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social.

Existe una gran diversidad de prestadores de servicios de guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo, clínicas y hospitales de carácter público y privado dedicadas al cuidado de los niños, el crecimiento en la demanda de estos servicios hacen que la necesidad de profesionalizar al personal sea primordial para los intereses y bienestar de las familias.

Por otra parte, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en cumplimiento con lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 4º cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 que “Los Estados Parte adoptarán todas mas medidas apropiadas para que los niños cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.

En la actualidad, la puericultura es un programa de capacitación que se imparte en 448 horas en el nivel de educación media superior, lo que genera que nuestra infancia esté bajo el cuidado de jóvenes con una preparación básica. Por otra parte la responsabilidad del Estado es asegurar el bienestar de la infancia que actualmente es aproximadamente del 10 por ciento de la población total del país y por lo tanto, éste sector de la sociedad debe de contar personal con un mayor nivel de formación para beneficio de toda la sociedad mexicana, para contar con profesionistas formadores de una nueva generación de ciudadanos mejor preparados.

Por lo anteriormente expuesto, se sustenta la solicitud dirigida a la Secretaría de Educación Pública, para la realización de un análisis en el cual se contemple la viabilidad de la creación e incorporación al sistema de educación pública de la carrera profesional a nivel de licenciatura en puericultura.

Son de considerarse los grandes beneficios que esta propuesta traería aparejados para la sociedad: la oportunidad con la que los jóvenes contarían al ofrecerles una nueva opción para su formación profesional, al capacitarse para un campo laboral que está en desarrollo y crecimiento; el estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la norma oficial mexicana, NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores; el contar con una nueva generación de mexicanos con una formación de valores sociales, familiares y cívicos, mas sólidas que generaciones anteriores, así como con una mejor cimentación para su preparación académica y del cuidado de su salud, lo cual generaría un gran impacto social y económico en nuestro país.

Conforme al principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, el propósito del desarrollo, es crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras, por lo tanto, hay que crear conciencia que teniendo una niñez protegida se crea una juventud con futuro y que cualquier esfuerzo que se realice para el bien de este sector de la población, es mínimo para los beneficios que como nación podemos recibir en los años venideros.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de noviembre de 2010.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar a partir de 2011 del área geográfica C a la B los municipios de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La fracción VI del Apartado A) del artículo 123 constitucional faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo establece que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente, los cuáles deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural.

2. Durante diciembre del presente año, los miembros del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos procederán a fijar los salarios mínimos generales y profesionales que entrarán en vigor en la República Mexicana a partir del primero de enero de 2011.

3. En cumplimiento de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III del artículo 561 y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica lleva a cabo los trabajos de investigación y los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias en todo el país.

4. En San Luis Potosí los efectos de la crisis económica del 2009 y la débil actividad económica del 2010, generó una importante caída en la capacidad adquisitiva de la población de la entidad con los sucesivos retrasos en materia de desarrollo social.

5. Con base en el desempeño esperado de la economía internacional y la información más reciente acerca de la actividad productiva nacional, en el 2010, el producto interno bruto de México será uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor crecimiento económico este año, sin embargo, la economía mexicana registró una profunda crisis que llevó a que el crecimiento económico durante el 2009 fuera negativo a una tasa del 6.5 por ciento, con la consecuente pérdida de empleos.

6. En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1o. de enero de 2011, deben de considerar que el objetivo del empleo productivo debe ser una meta fundamental de la política y de la estrategia nacional de desarrollo, y base de la estrategia de reducción de la pobreza, más tratándose de entidades con elevados índices de marginación y rezago social.

7. La gente de San Luis Potosí está padeciendo con la crisis del empleo. Detrás de cada empleo perdido hay un drama personal, una familia en grandes dificultades y una crisis social. La incertidumbre y la disminución de los ingresos alimentan la inseguridad. Cuando el desempleo se prolonga, los trabajadores pierden progresivamente sus competencias laborales.

8. En varios municipios de San Luis Potosí hay ahora trabajadores calificados del sector formal que se están dedicando a actividades provisionales en la economía informal, donde están sometidos a condiciones laborales más desfavorables.

9. De acuerdo a las áreas geográficas vigentes en que para fines salariales se ha dividido a la República Mexicana, los municipios de San Luis Potosí se encuentran clasificados en el área geográfica C, mientras que algunos municipios de Tamaulipas como Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl se encuentran en la zona con nivel salarial B.

10. Actualmente los salarios mínimos generales que tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2010 en las áreas geográficas son los que se señalan a continuación: Área geográfica A, corresponde un salario de 57.46 pesos; área geográfica B, un salario de 55.84 pesos y área geográfica C que corresponde un salario mínimo diario de 54.47 pesos.

En virtud de lo expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar, a partir de 2011, los municipios de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, con el fin de favorecer a los trabajadores y familias potosinas que registran una pérdida del poder adquisitivo acumulada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora de los actos de corrupción en el IMSS, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado martes 9 de noviembre se dieron a conocer a la opinión pública presumibles hechos que constituyen gravísimos actos delictivos y de corrupción, que denigran el eficiente y correcto ejercicio de la función pública en una de las instituciones que ha sido por más de 50 años piedra angular de la seguridad social en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Todos hemos sido testigos de la difusión en los principales medios de comunicación de una grabación telefónica en la que un directivo del laboratorio Novartis presuntamente negocia un contrato con un funcionario del IMSS, César Mora Eguiarte.

Se ha informado que en estos hechos presuntamente se encuentra involucrado también el presidente ejecutivo del laboratorio farmacéutico Stendhal, Carlos Abelleyra, quien fuera presidente de la Canifarma, por lo que se dice que se trata de un acto de colusión y no de soborno.

Aun cuando ahora se maneja la versión de que la grabación telefónica es entre particulares, lo más grave y lamentable es que en estos hechos se utilicen recursos públicos y las instituciones como instrumento de negocio entre particulares.

No debemos permitir tal situación, más aún cuando aquí año con año aprobamos para el IMSS la asignación de esos recursos, cuyo destino es robustecer su operación y funcionamiento en favor de los trabajadores y los ciudadanos.

En años recientes hemos visto cómo el IMSS ha sufrido embates y acusaciones de inoperatividad, atención médica y hospitalaria deficiente, trato incorrecto a los usuarios y demás calamidades que también se ciñen sobre las instituciones públicas de servicio social que dan cobertura y asistencia a las clases más desprotegidas y vulnerables.

En días pasados, al celebrarse la asamblea general ordinaria del IMSS, el presidente de la República alertó sobre la falta de recursos para garantizar las pensiones de los trabajadores que gozan de dicha protección, toda vez que según la información que dijo conocer a más tardar en 2012 se dejaría de contar con recursos para la cobertura de la única fuente de subsistencia, precaria por cierto, de millones de trabajadores que entregaron los mejores años de su vida al engrandecimiento de México.

La información presidencial contradice lo que hechos recientes nos han demostrado: la exhibición en medios electrónicos de cobertura nacional de notorios actos de corrupción en los que presuntamente se encuentran involucrados funcionarios del más alto nivel del IMSS, y quizá de diversos ámbitos del sector salud, lo que arroja a la cara de la opinión pública la incongruencia de las afirmaciones oficiales.

Esos hechos, lejos de revertir el panorama que priva en las instituciones de seguridad social y de fortalecerlas, abonan y profundizan la situación compleja y de crisis por la que atraviesan éstas, concretamente el IMSS.

Tales hechos nos obligan a reparar y actuar con prontitud, toda vez que del diagnóstico último que emite Transparencia Internacional en materia de corrupción, se concluiría que el país es hoy más corrupto y menos democrático.

No en vano tal organismo señala que México obtuvo para este año 3.1 de calificación, por lo que toca fondo en el índice de percepción de corrupción: se coloca en el sitio 98, 9 lugares abajo con relación a 2009, cuando estuvo en el 89. Eso significa que el país es más corrupto que nunca, a la par de Egipto y Burkina Faso.

En suma, estas viejas prácticas y comportamientos perversos que ahora se han dado a conocer en el IMSS afectan la correcta administración y función pública. Deben ser aclarados.

El Congreso de la Unión no puede permitir que las instituciones públicas sigan siendo presa de situaciones y comportamientos que, de ser ciertos, deber ser sancionados con todo rigor.

Como representante popular interesado y comprometido con la ciudadanía y la clase trabajadora en la defensa de sus intereses y en la búsqueda de soluciones a sus reclamos, hago desde esta tribuna un firme llamado a quien dirige el IMSS para que venga a la Cámara a dar una explicación de cara a la sociedad sobre estos hechos, vergonzosos y lastimosos para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General, acuerda la integración de una comisión cuyo objeto es investigar los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en torno de las adjudicaciones y contrataciones del inicio de la presente administración a la fecha; particularmente por la Coordinación de Adquisiciones de Bienes de dicho instituto, a cargo del ciudadano César Mora Eguiarte.

La comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes:

1. La comisión de investigación podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime conveniente con las autoridades correspondientes y realizar las gestiones necesarias, conforme a su marco normativo aplicable.

2. Se integra con nueve diputados, propuestos por los grupos parlamentarios, con base en la siguiente proporción:

2 del PRI, 2 del PRD, 1 del PAN; 1 del PVEM, 1 de Convergencia, 1 del PT y 1 de Nueva Alianza.

3. Los resultados de la actuación, investigaciones y conclusiones de la comisión se harán del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar.

Segundo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía al ciudadano Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que informe a detalle sobre los procesos de licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que se realizan desde el inicio de su gestión hasta la fecha, así como de los presuntos hechos de corrupción ocurridos recientemente en la Coordinación de Adquisiciones de Bienes del instituto.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.

Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que la SRE proteja los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente las constituidas para superación en la República Bolivariana de Venezuela y que han sido afectadas por las políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorio y abusivo por su presidente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 2008 el mundo padece una de las peores crisis económicas, misma que comenzó y tuvo origen en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. La causa raíz de toda crisis según la teoría austríaca del ciclo económico es una expansión artificial del crédito. En palabras de Jesús Huerta de Soto esta crisis “surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían”.

Para agravar más aún este factor mundial de desequilibrio, en la República Bolivariana de Venezuela particularmente los mexicanos se han visto gravemente afectados en sus patrimonios, ya que el cambio en la línea ideológica de las políticas de Venezuela por la llamada Revolución Bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI, implementadas por el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, se ha caracterizado por la serie de ordenanzas de nacionalización de diversas empresas con participación de capitales mexicanos.

En México la Doctrina Estrada, que postula los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, indica que el reconocimiento de gobiernos es una interferencia de un estado en otro, por lo cual el gobierno de México se limita y actúa al margen sin calificar el derecho de otros países a cambiar sus gobiernos o autoridades buscando relaciones diplomáticas sanas y de acuerdo, donde no cabe la injerencia de un estado en otro en cuanto a los cambios ideológicos, sociales o de gobierno.

De acuerdo a lo anterior es que reprobamos enérgicamente la implementación de las políticas y ordenanzas realizadas por dicho mandatario, ya que la belicosidad generada en la sociedad, la sustracción injustificada de recursos tanto de su pueblo, como de mexicanos que en un afán de progreso armónico han invertido en dicha nación, la falta de diplomacia por parte del gobierno y el trato discriminatorio del gobierno venezolano, ha generado daños evidentes a México y sus nacionales, a empresas de capital mexicano y a quienes en ellas trabajan.

Es totalmente reprobable el doble discurso con que se arropan la injusticia y abuso del gobernante venezolano, discurso que por un lado ondea una bandera que pugna por justicia, que pregona la unificación y respeto de los pueblos de la América Latina y, que por otro lesiona personas, menoscaba sus intereses y sobre todo su patrimonio, sin que medie en ello ningún respeto ni consideración sutil de convenios y cooperación.

El cambio ideológico y social comenzado desde el 4 de febrero de 1992 en Venezuela, basado en el ideario del libertador Simón Bolívar, las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el general Ezequiel Zamora, quien defendía la tenencia de la tierra para los campesinos que la trabajaban y tiene como fin llegar a un nuevo socialismo, no es el motivo del presente documento, sino las consecuencias de los actos abusivos e injustificados de un presidente que con sus abusos ha lesionado en su camino patrimonio hermano. México y sus ciudadanos han padecido los embates de estas estrategias del gobierno sufriendo un trato discriminatorio y socavando la inversión en su país.

Por lo anterior es que tenemos la obligación y compromiso como legisladores de velar por el respeto a los derechos y los intereses de nuestros representados en el extranjero, respaldar mediante las instituciones encargadas y competentes la estabilidad en el marco de la cooperación internacional y el respeto a la soberanía. Los países de la América Latina, como ha señalado Hugo Chávez en reiteradas ocasiones deben tener una estrecha relación de armonía y cooperación. Por eso es que consideramos la necesidad de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que intervenga en el ámbito de sus facultades protegiendo los intereses de los ciudadanos y empresas mexicanas, y manifieste enérgicamente una solicitud al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que en estricto apegó a derecho se dé cause a las negociaciones sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura.

Punto de Acuerdo

Único. El Congreso mexicano hace un enérgico pronunciamiento para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga todo lo que se encuentre en el ámbito de sus atribuciones, para proteger en el marco de los tratados internacionales de cooperación y comerciales, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero así como de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente los que han sido constituidos legalmente para su operación en la República Bolivariana de Venezuela y han sido afectadas por políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorias y abusivas por parte de su presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010

Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provea a los adolescentes de educación musical y propicie el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana, a cargo de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el bicentenario y el centenario de los inicios de la Independencia y de la Revolución Mexicana han motivado la realización de un conjunto de celebraciones que tienen como propósito la evocación histórica, la valoración de los elementos constitutivos de la identidad nacional derivados de estas gestas y el aquilatamiento de los valores de libertad, democracia y justicia que inspiraron a nuestros héroes patrios.

Segunda. Que un elemento fundamental de la identidad nacional se vincula con las expresiones artísticas populares derivadas de los movimientos de Independencia y de la Revolución. De manera muy significativa tanto la Independencia como la Revolución inspiraron a la plástica mexicana, y la música popular recoge diversos momentos del heroísmo popular y de la crónica de los sucesos acontecidos. El impacto en la cultura popular de ambos movimientos fue de tal trascendencia que le imprimió un sentido; en el caso de la música, produjo géneros musicales reconocidos que han tenido una gran repercusión en la música nacional y han trascendido nuestras fronteras, como el corrido revolucionario, entre otros.

Tercera. Que, el aprendizaje de la música desarrolla en niños y adolescentes el desenvolvimiento de sus sentidos, particularmente del oído musical, favorece y estimula la memoria y cuando se trata de trabajo en grupos, como son los coros y las orquestas, provocan un ambiente propicio para estimular la buena conducta vinculada al espíritu de cooperación, a la puntualidad, entre otros.

Cuarta. Que, habida cuenta de que participar en un grupo musical implica un esfuerzo de organización del tiempo, de higiene personal, de disciplina, para concurrir a los ensayos y propicia el trabajo en equipo, y que las experiencias de enseñanza musical en grupo han demostrado su repercusión positiva en el comportamiento de los educandos y en su concentración en el aprendizaje académico en otras materias.

Quinta. Que, considerando que en México es necesario estimular el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo, apoyar el reconocimiento de los atributos de un mexicano por otros mexicanos y favorecer todo lo que implique un trabajo de conjunto para desarrollar una conciencia de cooperación y de solidaridad entre los mexicanos.

Sexta. Que en los tres niveles de la educación de tipo básico se busca aproximar a los alumnos a las distintas maneras de hacer arte, pero es en la educación secundaria en donde se enfatiza la contextualización histórica y social de las manifestaciones artísticas como elemento que favorece la formación de la conciencia histórica y fortalece la construcción del sentido de pertenencia a una cultura nacional. Con pleno respeto a las preferencias musicales de los alumnos, es conveniente que en este nivel se les ofrezca la posibilidad de acceder a géneros y estilos valorados históricamente por nuestra sociedad.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.

2. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.

3. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los Institutos de Cultura de los Estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado, podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.

4. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa, podrán hacerlo, cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.

5. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla a hacer públicas las investigaciones sobre la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como las medidas que se llevan a cabo por ser éste un problema de salubridad general, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de septiembre del 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), determinó reservar por 10 años un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que éste no se hiciera público; dicho estudio se refiere al grado de contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca, argumentando la protección del “secreto comercial”, pues existía un convenio entre el instituto y el gobierno de Tlaxcala para no divulgarlo sin autorización.

Según las notas vertidas por el periódico Reforma , el estudio que efectuó el IPN en la cuenca del Alto Atoyac consistió en visitas trabajo de campo, pruebas de laboratorio, planos, revisiones técnicas y evaluación del personal de 28 plantas de tratamiento de aguas residuales. Obviamente, dentro del mismo estudio se incluyó una investigación sobre descargas clandestinas.

El instituto, además, elaboró diversos dictámenes técnicos y calculó los volúmenes de obra que se requieren para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento existentes.

Es de mencionar que la decisión, dentro del mismo IFAI no fue unánime, siendo la votación de la resolución la siguiente: a favor votaron las comisionadas Wanda Sigrid Arzt Colunga, María Marván Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal, y en contra Ángel J. Trinidad Zaldívar y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por lo que puede existir una duda razonable de que los argumentos esgrimidos a favor de la reserva pueden ser endebles, no por el número de votos, sino por los argumentos vertidos.

Es más, conscientes de que es un problema de salud pública, se consideró debían resguardar, quienes votaron a favor de la resolución de reserva, los intereses del Instituto Politécnico Nacional ya que, de violar el secreto impuesto en el convenio, según lo dicho por el Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública y Datos Personales “la preocupación sería que la reacción de los gobiernos estatales fuera ya no contratar al Instituto Politécnico Nacional para que hagan este tipo de estudios”.

En ese sentido se apoyó el argumento de que el Instituto Politécnico Nacional estaba “actuando como un particular que ofrece sus servicios y que se somete a una competencia en el mercado frente a otros que pudieran realizar el mismo tipo de servicio”, por lo que, reitero, el IFAI está protegiendo, con la reserva, intereses de particulares en perjuicio de la población afectada por la contaminación en Tlaxcala y en los estados donde fluyen los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca.

De las discusiones que el IFAI tuvo para aprobar tal reserva, se desprende que invocaron el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece el secreto industrial para proteger toda información que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros, en la realización de actividades económicas donde se haya buscado preservar su confidencialidad, restringiendo el acceso a dicha información.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, su naturaleza (contenida en el artículo 1o. de la ley) es de una “institución educativa del estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; asimismo, uno de sus principales objetivos es 1 el de “Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales”, por lo que estimamos, el fundamento invocado para la reserva no es válido ni aplicable, debido a la naturaleza del instituto, el cual es una institución educativa estatal y no una empresa, y que, es más, es la obligación del mismo proporcionar toda información que se le solicite.

Por otro lado, al reclasificar el tipo de información a reservarse, para que el IPN no diera la información por razones de violación del secreto industrial, sin tomar en cuenta las razones de salud pública, pone de relieve el intentar hacer prevalecer los intereses de los particulares sobre los del interés general 2 .

El costo del estudio fue de 6 millones y medio de pesos que pagó el gobierno de Tlaxcala al IPN con recursos públicos, que se entregaron en el marco de un convenio de colaboración, por lo tanto, el estudio debe ser conocido, y aunque se haya determinado que al IPN no se le puede obligar a dar a conocer su estudio, sí al estado de Tlaxcala por razones de salud pública quien está obligado a hacerlo, sobre todo porque es al pueblo de Tlaxcala al quien afecta dicha polución.

Recientemente, los medios de comunicación han publicado dos cosas importantes que no debemos dejar de considerar:

1. La comisionada presidenta del instituto, Jaqueline Pesschard señaló que al existir la reserva, los únicos que podrían cambiar el status de la misma son el Instituto Politécnico Nacional y el gobierno de Tlaxcala 3 .

2. Este último ha sostenido que ya la hizo pública, al haberla “incluido en los documentos de transparencia y de acceso público” reconociendo que “la zona sur de Tlaxcala es un ‘foco rojo’ por contaminación del afluente que cruza por 16 comunidades tlaxcaltecas de la zona sur” 4 . Y se comentó que el culpable de todo el problema de contaminación es el vecino estado de Puebla, concretamente el municipio de San Martín Texmelucan 5 .

Siendo este honorable Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, el lugar idóneo para el debate que permita la solución de problemas, es que consideramos que, antes de que crezca la afectación a la salud de los habitantes de las zonas contaminadas y se complique la solución, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sin mayor afán que el bienestar de nuestros representados, pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los Estados Libres y Soberanos de Tlaxcala y Puebla para que hagan pública la información que obre en su poder, respecto la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como de las medidas que se están llevando a cabo, por ser un problema de salubridad general.

Segundo. Se exhorta a los Secretarios de Salud, tanto del Poder Ejecutivo federal, como de los estados de Tlaxcala y Puebla para que tomen las medidas de salud pública que sean necesarias para atender a la población que resulte afectada.

Notas

1. Artículo 3o., fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

2. Basta ver la diferencia contenida en los artículos invocados de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. El primero es el artículo 13 en su fracción IV que dice: “Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda... IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona...”, mientras que el 14, en su fracción II dice: “Artículo 14. También se considerará como información reservada... II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”

3. Reforma, 14 de octubre del 2010, Sección Nacional, página 14.

4. Reforma, 16 de octubre del 2010, Sección Nacional, página 9.

5. Ídem .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.

Diputados: Esthela Damián Peralta (rúbrica), Vidal Yerenas Morales (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Juventino Víctor Castro y Castro (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), Adán Augusto López Hernández (rúbrica), Balfre Vargas Cortez (rúbrica), Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica).

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