Iniciativas
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010
México, DF, a 12 de mayo de 2010.
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y se reforma el artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Civil Federal y se reforma el artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Elsa María Martínez Peña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y se reforma el artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Si bien en México existen ordenamientos jurídicos y acciones encaminadas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, en lo relativo al tema de la adopción parece haber aún grandes rezagos.
La adopción es el procedimiento legal que permite a una niña o niño a convertirse en términos legales, en hija o hijo de sus padres adoptivos, distintos de los naturales. Por ser la adopción un asunto relativo al orden civil, las disposiciones que la regulan se encuentran establecidas el Código Civil Federal y en los códigos civiles y familiares de los estados lo que ha dado como resultado que en la actualidad exista un gran número de variantes en su regulación.
La legislación civil federal, en su artículo 390, establece que las personas mayores de 25 años, libres de matrimonio o casadas y de muto consentimiento, podrán adoptar uno o más menores de edad o incapacitados siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite además:
I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar;
II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma, y
III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.
En esta legislación, existen tres tipos de adopción: la simple, la plena y la internacional.
La adopción simple es aquella que reconoce al menor como hijo legítimo del adoptante y en la que la relación de parentesco sólo se establece entre el adoptante y el adoptado; esto es, el menor adoptado no tiene ningún vínculo con los parientes de la persona o personas que lo adoptan. Esta figura contempla la posibilidad legal de poder revocarla o impugnarla.
Por su parte, la adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, es decir el adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. Este tipo de figura es irrevocable y extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio.
Por último, la adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Este tipo de adopción es plena.
A pesar que el Código Civil Federal, es la legislación sustantiva que regula las conductas o actos del orden civil y debe ser marco guía para el tratamiento de dichos asuntos la regulación de la adopción encuentra grandes diferencias dependiendo los códigos civiles y familiares de cada estado lo que deriva en fallas e inconsistencias en el proceso y dejan ver que no existe uniformidad respecto al interés superior de la infancia en dicha materia.
Por ejemplo, en algunas entidades federativas la adopción se regula bajo la forma simple, en otras de manera plena, y algunas otras permiten ambos tipos, demostrando que el marco para regular la adopción en México no está unificado, y ello tiene graves implicaciones tanto para quienes pueden ser adoptados como para las personas que desean adoptar.
En los últimos años y con el fin de adecuar los ordenamientos jurídicos en materia de adopción a la legislación internacional ratificada por México, y por considerar que acorde al interés superior de los menores de edad, sería mejor que los niños, niñas o adolescentes adoptados fueran integrados y reconocidos de forma definitiva y totalmente a un núcleo familiar, varios Estados han realizado reformas a sus códigos para avanzar y dar mayor protección a los menores de edad; sin embargo aún encontramos graves diferencias y se cuenta con una ley marco, que contemple las especificaciones y normas mínimas con las que se debe cumplir para un proceso de adopción.
Por ejemplo, según lo descrito en el documento Breve panorama de la adopción en México, del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados:
En 21 estados de la república se contemplan las figuras de la adopción tanto simple como plena. Los estados de Coahuila y Nuevo León contemplan la plena y semiplena. En el Distrito Federa se contempla únicamente la adopción plena. En Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, los respectivos códigos señalan la figura de la adopción, pero son especificar si esta es simple, plena o semiplena.
En 22 entidades de la república, las personas mayores de 25 años de edad y en pleno ejercicio de sus derechos son consideradas aptas para adoptar. En el estado de México, la edad mínima para adoptar es de 21 años, mientras que en Guerrero y Tlaxcala, la edad fue fijada en 30 años. En los estados de Coahuila, Chihuahua y Puebla, la ley semana que tienen que ser mayores de edad. En Hidalgo y Jalisco, la ley no señala la edad con la que debe contar el adoptante, pero establece que deberá tener 20 y 15 años más que el adoptado, respectivamente.
En 30 estados, la legislación señala explícitamente que los cónyuges pueden adoptar. En Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, México. Michoacán, Sonora y Tabasco, los códigos señalan de manera explícita que también los concubinos pueden adoptar.
En 28 estados de la república se establece que podrán ser adoptados uno o más menores de edad y personas con discapacidad. En Baja California se establece que podrán ser adoptados los menores de edad o las personas que no tengan capacidad de comprender el significado de los hechos. En Jalisco podrán ser adoptados los menores cuando sean huérfanos de padre y madre; los hijos de filiación desconocida declarados judicialmente abandonados; a los que sus padres hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial; aquellos cuyos padres o tutores otorguen su consentimiento; y a los mayores de edad cuando sean incapaces.
En 28 estados los adoptantes deben cubrir el requisito de contar con medios económicos suficientes para proveer la subsistencia del adoptado y su educación. Asimismo, en 26 estados el hecho de que la adopción sea benéfica para el adoptado representa un requisito a acreditar por los adoptantes. En 21 se contempla, para adoptar, el requisito subjetivo de tener o ser persona con buenas costumbres; asimismo y, además, en Chiapas se deberá contar con solvencia moral; en Guanajuato debe tenerse también reconocida probidad; en Morelos contar con antecedentes familiares y entorno social adecuado; en San Luis Potosí el adoptante debe contar con reconocida solvencia moral y modo honesto de vida y, por último, en Zacatecas es necesario tener solvencia moral.
En 13 estados de la república se señala como requisito que el adoptante goce de buena salud física, asimismo, en Chiapas es necesario que esté libre de enfermedades venéreas o contagiosas y en Guerrero que cuente con buena salud y personalidad. En Tamaulipas se requiere de una prueba de detección de VIH-sida, una biometría hemática y una prueba de química sanguínea por parte del adoptante.
En 12 estados de la república se señala como requisito para adoptar, el que el adoptante goce de buena salud mental, así mismo, en Guerrero y Nuevo León se amplía dicho requisito al señalar que deberán contar con capacidad psicológica.
En 7 entidades se establece que las personas que pretendan adoptar deberán ser aptas y adecuadas para tal fin, en el estado de Colima se amplía ese requisito y se señala que, además, deberán ser integras y, en Tlaxcala, contar con reconocida probidad. Los Códigos Civiles de los estados de Jalisco, Baja California Sur, Campeche y Querétaro, establecen como requisito que las personas que pretendan adoptar deberán ser asesoradas sobre las implicaciones de dicha responsabilidad. Es importante señalar que las legislaciones de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora no establecen requisitos para adoptar.
Finalmente, en 25 estados de la república se contempla la figura de la adopción internacional, mientras que en los otros 7, no se hace referencia a la misma. En 24 estados de la república se contempla el interés superior de la infancia como un requisito a observar para la adopción y en los otros 4 no se hace referencia al mismo.
Las diferencias que existen en los requisitos y procesos de adopción dependiendo el estado de la republica, que nos revela el estudio, hace imprescindible una revisión con el fin de unificar un marco normativo básico.
Uno de los objetivos fundamentales del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género es apoyar el trabajo legislativo mediante estudios e investigaciones que contribuyan a promover la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, dentro del estudio antes mencionado propone una serie de reformas legislativas al Código Civil Federal, que no sólo representan un ejercicio de armonización de la legislación al respecto, si no que de ser implementadas, según el centro, reflejarán un paso importante en la incorporación del interés superior de la infancia al marco jurídico mexicano.
Por su parte, y como resultado de la trigésima tercera Reunión General de Directores Generales de los Sistemas Estatales DIF, se propusieron una serie de directrices elementales para uniformar las legislaciones estatales con el Código Federal y contar con tipos de adopción iguales y procedimientos y requisitos similares, derogando como primer paso el tipo de adopción simple.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la adopción debe ser una verdadera estrategia para proporcionar un hogar alterno a miles de menores que sus familias no les han ofrecido o no pueden brindarles el bienestar mínimo que merecen para desarrollarse. Por ello, y tomando en cuenta el análisis y propuestas mencionadas, consideramos que si bien la figura de la adopción es una materia regulada en cada Estado, las diversas propuestas de reforma, adición y derogación al Código Civil Federal contenidas en esta iniciativa, y acordes a los propuesta del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, servirán de guía para armonizar y homologar la legislación estatal en la materia.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil Federal y reforma el artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Primero. Se reforman los artículos 157, 295, 390, 391, 395, 397, 398, 399, 410 D, 410 E, 1612, 1613 y 1620; se adiciona una fracción XI al artículo 156, una fracción IV y un último párrafo al 390, una fracción III al 397, un artículo 397 bis, y un artículo 410 E, recorriéndose los subsecuentes; y derogan el primer párrafo del artículo 86, el primer párrafo del 87, el artículo 88, el 394, la Sección Segunda del Capítulo V y el artículo 410 B; todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 86. En los casos de adopción plena, se levantará como un acta de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente.
Artículo 87. Extendida el acta de la adopción plena, se harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.
Artículo 88. Se deroga.
Artículo 133. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, o se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso al juez del Registro Civil por el mismo interesado o por la autoridad que corresponda para que cancele la inscripción a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:
I. al X. …
XI. El parentesco civil, extendido hasta los descendientes del adoptado, en los términos señalados por el artículo 410-D de esta ley.
Artículo 157. Bajo el régimen de adopción, el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes.
Artículo 295. El parentesco civil es el que nace de la adopción, en los términos del artículo 410-D de esta ley.
Capítulo V
De la Adopción
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 390. El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores de edad o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite además:
I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación, los alimentos y el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar;
II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma, y
III. Que el adoptante es persona apta y adecuada y goza de bienestar físico y mental para adoptar.
IV. Que el adoptante no haya sido condenado por delito grave y no haya incurrido en conductas de violencia familiar previstas en el artículo 323 ter de este código.
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de dos o más incapacitados o de menores de edad e incapacitados simultáneamente.
Los procedimientos de adopción y disposiciones relativas a ésta, deberán apegarse al principio del interés superior de la infancia. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia en los procesos de adopción no deberá mediar pago o compensación de ninguna índole.
Artículo 391. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.
Artículo 394. Derogado
Artículo 395. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos.
El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado.
Artículo 396. …
Artículo 397. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos:
I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor de edad que se trata de adoptar;
II. El tutor del que se va a adoptar;
III. El menor si tiene más de doce años;
IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo.
En todos los asuntos de adopción los menores serán escuchados atendiendo a su edad y grado de madurez. En el caso de las personas incapaces, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.
La persona que haya acogido al menor de edad dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de su adopción y lo trate como a un hijo, podrá oponerse a la adopción, debiendo exponer los motivos en que se funde su oposición.
Artículo 397 Bis. En el supuesto de la fracción I del artículo anterior, si los que ejercen la patria potestad están a su vez sujetos a ésta, deberán consentir en la adopción sus progenitores si están presentes; en caso contrario, el Juez suplirá el consentimiento.
Artículo 398. Si el tutor o el Ministerio Público no consienten en la adopción, deberán expresar la causa en que se funden, la que el juez calificará tomando en cuenta los intereses del menor de edad o incapacitado.
Artículo 399. El procedimiento para tramitaruna adopción será fijado en el Código de Procedimientos Civiles.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberá proporcionar la asesoría necesario y supervisar y dar seguimiento a los procesos de adopción de adopción de menores o incapaces.
Sección Segunda
De la Adopción Simple
Derogada
Artículos 402 al 410. Derogados.
Sección Tercera
De la Adopción Plena
Artículo 410 A. …
…
Artículo 410 B. Derogado.
Artículo 410 C. …
Artículo 410 D. Para el caso de las personas que tengan vínculo de parentesco consanguíneo con el menor de edad o incapaz que se adopte; los derechos y obligaciones que nazcan de la misma, se limitarán al adoptante y adoptado.
Artículo 410 E. La adopción plena puede revocarse:
I. Cuando el adoptante incurra en la comisión de los delitos señalados en el Título Octavo del Código Penal Federal;
II. Cuando por las costumbres depravadas del adoptante, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la seguridad e integridad física y psicológica del adoptado, aún cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;
III. Por el abandono del adoptado por más de seis meses;
IV. Cuando el adoptante sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el adoptado;
V. Cuando el adoptante incurra en conductas de violencia familiar previstas en el artículo 323 ter de este Código; y
VI. Por la negativa del adoptante a proporcionar los alimentos al adoptado.
Sección Cuarta
De la Adopción Internacional
Artículo 410 F. La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor de edad que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.
La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 410 G. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros.
Artículo 1612. El adoptado hereda como hijo pero en el en el caso del parentesco civil no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante.
Artículo 1613. En el caso de parentesco civil, concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros sólo tendrán derecho a alimentos.
Artículo 1620. En el caso de parentesco civil, concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado la herencia de éste se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes.
Segundo. Se reforma el inciso A del artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 25. …
…
A. La adopción plena,
B. a C. …
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2010.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Mayo 12 de 2010.)
CON PROYECTO DE DECRETO, PARA REFORMAR Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 11, 66, 109 Y 110 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONAR EL CAPÍTULO DENOMINADO "DEL INFORME ANUAL DE LOS SENADORES" AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010
México, DF, a 12 de mayo de 2010.
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 11, 66, 109 y 110 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y adicionar el capítulo denominado "Del informe anual de los senadores" al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Honorable Congreso de la Unión
LXI Legislatura
El suscrito, Pablo Escudero Morales, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 11, 66, 109 y 110 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y adicionar el capítulo denominado "Del informe anual de los senadores" al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer la obligación de los senadores de la república de rendir un informe anual de actividades, así como establecer sanciones para el caso de su incumplimiento, con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad establecer la obligación de los senadores de la república de elaborar un informe de actividades anual, que habrá de servir a la población para exigir resultados en la labor legislativa.
La propuesta incluye que el informe elaborado por los senadores de la república sea dirigido a la Mesa Directiva del Senado, la cual lo hará publicar en la página de Internet de la Cámara de Senadores, lo que permitirá que sea consultada por la ciudadanía. Asimismo, la propuesta considera que el órgano encargado de recabar y publicar los informes anuales, sería la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara, apoyada por la Secretaría General de Servicios Administrativos y se establecen sanciones económicas en contra de los legisladores para el caso del incumplimiento de la obligación.
Como grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México reconoce la importantísima necesidad de informar a la ciudadanía, de los avances, trabajos y gestiones que se hacen en la Cámara de Senadores.
Hoy, los mexicanos quieren conocer de sus gobernantes lo que hacen, como lo hacen, y para que lo hacen y esto es totalmente entendible cuando la población está consciente que con sus impuestos se mantienen vivas instituciones como el Poder Legislativo. La obligación de informar y rendir cuentas es una demanda social que toma mayor relevancia y que debe ser atendida por los integrantes de la LXI Legislatura.
La sociedad requiere y reclama de manera justa este derecho de conocer qué hacen sus representantes durante su actividad legislativa, para de esta manera ratificar con su voto al partido o castigarlo.
Es por otra parte sustancial que la población cuente con un espacio accesible para consultar la eficiencia de los trabajos legislativos.
No podemos dejar de lado que esta iniciativa de reforma redundará en elevar de manera significativa la calidad del trabajo que se hace tanto en el pleno, como en comisiones. Una reforma en este sentido, permitirá darle seguimiento a lo que hacen cada uno de Senadores en beneficio de una mayor productividad legislativa.
Rendir informes de actividades es hoy día una medida de control de productividad que repercute en beneficio de la actividad en la que se aplique, y en lo tocante al tema la presente iniciativa repercutiría en beneficios sociales muy importantes, pero por desgracia, sabemos que muchas veces reformas que son solo enunciativas, no logran ser acatadas y cumplidas por el grupo a que van dirigidas, es menester dotarlas de imperio y sanción. Por ello se propone señalar amonestaciones de naturaleza económica en contra del legislador que incumpla con la presente disposición en caso de ser aprobada.
Consideramos en el Partido Verde Ecologista de México que la propuesta permitirá hacer eficientes los trabajos legislativos por medio de la transparencia y rendición de cuentas que efectuarían los senadores de la república.
No podemos perder de vista que en el marco de un Poder Legislativo actualizado, que desempeña funciones de gran importancia para la nación a través de la creación de leyes, se requiere cumplir con niveles de productividad que sólo se verán materializados cuando los senadores de la república se vean sometidos a una revisión de sus actividades anuales por parte de sus representados, quienes podrán consultar los informes de actividades en la página electrónica de la Cámara de Senadores.
De conformidad con lo expuesto, proponemos reformar los artículos 11, 66, 109 y 110 todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y adicionar el capítulo denominado "Del informe anual de los senadores" al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar una clara explicación de ello, a continuación detallamos la reforma planteada a cada uno de los ordenamientos legales.
Se pretende reformar el artículo 11, incluyéndole un punto 4, en el que se establezca: "Los senadores están obligados a rendir durante el periodo de receso de la Cámara, un informe anual de sus actividades a la Mesa Directiva". Este punto considera la obligación de los senadores de rendir un informe anual, se determino, que fuera anual, derivado a la carga de trabajo de éstos, además de evitar que coincidiera con el termino semestral que está determinado como obligatorio a las comisiones para que rindan su informe de actividades, también se tomo en cuenta la carga de trabajo que significará a la Secretaría General, procesar la información por lo que se considera que anual, resultaría en el tiempo propicio.
Se plantea en el mismo punto 4 de la propuesta de reforma del artículo 11 que el informe se rinda ante la Mesa Directiva, por ser el órgano idóneo para ello, además de tratarse de una analogía al procedimiento de los informes semestrales que rinden las comisiones, así mismo, se determinó que el periodo de receso al concluir cada año legislativo, sea el momento que de forma obligatoria se deba presentar el informe, por estar en clara concordancia con el fin del segundo periodo de sesiones el cual concluye el 30 de abril como señala la Constitución Política en el artículo 66.
El siguiente artículo que se pretende reformar es el 66, relativo a las atribuciones de la Mesa Directiva del Senado de la República, al cual se incluiría un inciso l) y se recorrería el actual para convertirse en el inciso m). La redacción que se propone para este nuevo inciso l) considera lo siguiente: "Imponer sanciones económicas en el monto de los trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a los senadores que incumplan la obligación de rendir el informe anual de actividades". La atribución que se conferiría a la Mesa Directiva tiene como finalidad establecer una coercitividad que permita sea materializada la propuesta, ya que de no considerarse esta sanción y sea aprobada la iniciativa, ésta no sería observada por los senadores.
Es importante destacar que el formato del monto de la sanción en salarios mínimos, atiende a las prácticas legislativas en materia penal y administrativa de utilizar esta unidad de medida, en razón de que ésta se actualiza de forma automática cada año.
Por su parte, consideramos que se debe reformar el artículo 109 del ordenamiento materia de la presente iniciativa por ser este el relativo a las atribuciones de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, incluyéndole un inciso h) en el cual se plantea que deberá "informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores respecto de la recepción y archivo del informe anual de actividades de los senadores federales, el último día hábil de los meses de junio". Es importante puntualizar que la Mesa Directiva tendría tres atribuciones durante el presente procedimiento que se pretende crear, el primero, sería recibir y remitir a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios para su procesamiento los informes de actividades anuales de los senadores, a su vez conocer, de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, lo relativo a la recepción, control, archivo y cumplimiento de la obligación de rendir los informes por parte de los senadores y por ultimo señalar la sanción y aplicarla en contra de los senadores que incumplan con esta obligación. Debemos hacer un alto en el camino para considerar que a la Mesa Directiva, como órgano de representación de las fuerzas políticas, se dirige la información, pero quien la procesa será la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, apoyada por la Secretaría General de Servicios Administrativos, como veremos líneas más adelante.
Por último, y antes de seguir avanzando en el estudio de la propuesta, se incluyó en la redacción del inciso h) que la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, tendrá la obligación de informar respecto de la recepción y archivo del informe anual de actividades, el último día hábil de los meses de junio, esto por la razón, de que se emplearía todo el mes de junio para procesar la información.
En lo tocante al último artículo que se pretende reformar, y que para el caso que nos ocupa, se trata del artículo 110 del multicitado ordenamiento, se consideró oportuno incluirle un nuevo inciso d), lo que afectaría la redacción del artículo vigente, en el cual se propone dotar al secretario general del Servicios Administrativos de la obligación de "recabar y archivar durante los meses de junio los informes anuales de actividades de los senadores de la república, así como publicarlos en la página electrónica de la Cámara de Senadores", por lo que será el órgano de la Cámara de Senadores encargado de dichas actividades que, de forma sintetizada, serán recabar, archivar y publicar los informes anuales de los Senadores durante el mes de junio de cada año. Es importante destacar que la publicación de los informes en la página electrónica de la Cámara de Senadores deberá ser de forma tal, que puedan ser permanentemente consultados por la ciudadanía.
En lo relativo a la propuesta de inclusión del capítulo denominado "Del informe anual de los senadores" en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consideró ello, toda vez que la naturaleza de este ordenamiento como su nombre lo indica, es el que reglamenta a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el nuevo capítulo que se pretende incluir se establecería de forma conjunta la propuesta de reforma que se analizó en la presente iniciativa en los párrafos anteriores, esto por ser el criterio jurídico parlamentario que se aplica, ya que se trata de una reforma legal que en su conjunto establece un procedimiento.
El capítulo propuesto en la presente iniciativa, "Del informe anual de los senadores", que se pretende sea incluido en el Reglamento, considero deberá ser insertado inmediatamente después del artículo 170 del mismo cuerpo normativo, dicho artículo corresponde al último del capítulo denominado "De la fórmula para la expedición de las leyes", la adición propuesta incluiría cuatro artículos con los números 171, 172, 173 y 174, lo que provocaría se mueva la numeración de todos los artículos siguientes. Por ello, el artículo 171 vigente, con el cual inicia el capítulo "De la Comisión Permanente", se modificaría para ser ahora el artículo 175 y así sucesivamente la numeración de los artículos restantes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 66, 109 y 110 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el capítulo denominado "Del informe anual de los senadores" al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer la obligación de los senadores de la república de rendir un informe anual de actividades, así como establecer sanciones para el caso de su incumplimiento
Artículo Primero. Se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 11.
1. Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
3. Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
4. Los senadores están obligados a rendir durante el periodo de receso un informe anual de sus actividades a la Mesa Directiva del Senado de la República.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 66.
1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:
a) Presidir los debates y votaciones del pleno y determinar el trámite de los asuntos, conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente;
b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;
c) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;
d) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir el ceremonial;
e) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;
f) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;
g) Presentar al pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el presidente de la Mesa turnará el presupuesto mensual al presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;
h) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;
i) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las Secretarías Generales, la Tesorería y el servicio civil de carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;
j) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las Secretarías Generales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;
k) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y
l) Imponer sanciones económicas en el monto de los trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los senadores que incumplan la obligación de rendir el informe anual de actividades.
m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.
2. Las facultades que se precisan en los incisos a), c), d), e), f), g) y k) serán ejercidas por el presidente de la Mesa Directiva.
3. Las facultades que se precisan en los incisos b), h), i) y j) serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 109.
1. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios tendrá las funciones siguientes:
a) Asistir a la Mesa Directiva durante el desarrollo de las sesiones del pleno;
b) Recibir los documentos oficiales y de los particulares dirigidos a la Cámara, remitirlos desde luego a la Mesa Directiva y llevar un control de registro de los mismos;
c) Asistir a los secretarios de la Cámara en la recepción de las votaciones del pleno;
d) Auxiliar al presidente de la Junta de Coordinación Política en la elaboración del programa legislativo a desarrollar durante cada periodo de sesiones;
e) Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos por la Cámara y supervisar el correcto manejo del libro de leyes y decretos;
f) Llevar un registro de las resoluciones, acuerdos y dictámenes emitidos por la Mesa Directiva y las comisiones de la Cámara, y garantizar su publicación en el Diario de los Debates o en los medios autorizados;
g) Desahogar las consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las comisiones, respecto a las iniciativas de ley o decreto que estén en proceso de dictamen, con el apoyo de la unidad especializada correspondiente; y
h) Informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores respecto de la recepción y archivo del informe anual de actividades de los senadores federales, el último día hábil de los meses de junio;
i) Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento, y de los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara.
Artículo Cuarto.
Se reforma el artículo 110 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 110.
1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Encabezar y dirigir los servicios administrativos, a fin de que éstos se desempeñen con eficacia;
b) Conducir las relaciones de trabajo establecidas con el personal de base de la Cámara; y
c) Administrar los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales, de informática, jurídicos y de seguridad de la Cámara.
d) Recabar y archivar durante los meses de junio los informes anuales de actividades de los senadores de la república, así como publicarlos en la página electrónica de la Cámara de Senadores.
Artículo Quinto. Se adiciona el capítulo denominado "Del informe anual de los senadores", el cual incluirá los artículos 171 a 174, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo la numeración de los artículos restantes, para quedar como sigue:
Artículo 170. …
Del Informe Anual de los Senadores
Artículo 171.
Los senadores de la república están obligados a rendir durante el periodo de receso posterior al segundo periodo de sesiones ordinario de cada año de la legislatura un informe anual por escrito de sus actividades, en el cual se deberán incluir
a. Datos generales, incluyendo nombre del senador, periodo del informe, fundamento legal,
b. La relación de los órganos legislativos de que es parte,
c. En orden cronológico, las iniciativas, puntos de acuerdo, publicaciones y documentos que haya elaborado y presentado a la Mesa Directiva de la Cámara,
d. La relación cronológica, de las reuniones de comisión, foros, grupos de trabajo y eventos parlamentarios en los que haya participado, y
e. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.
El informe será presentado a la Mesa Directiva del Senado de la República de conformidad con lo establecido en el punto 4 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 172.
La Mesa Directiva del Senado de la República tendrá la facultad de imponer sanciones económicas por la cantidad de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a los senadores que incumplan la obligación de rendir ante ella el informe anual de actividades descrito en el artículo 171 del presente Reglamento, el cual será reducido directamente de sus dietas, dicho recurso será destinado a las aéreas de comunicación social de la Cámara de Senadores. Una vez que la Mesa Directiva haya recibido los informes los remitirá mediante oficio a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.
Artículo 173.
Una vez recibido el oficio descrito en el artículo 172 del presente Reglamento por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, ésta se auxiliará de la Secretaría General de Servicios Administrativos para recibir y archivar durante los meses de junio de cada año, los informes anuales de actividades de los senadores, para lo cual se destinara recursos a esta labor que será determinado en el presupuesto anual de la Cámara de Senadores. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios deberá informar a la Mesa Directiva del Senado respecto de la recepción y archivo del informe anual de actividades de los senadores el último día hábil de los meses de junio.
Artículo 174.
La Secretaría General de Servicios Administrativos además de las atribuciones señaladas en el artículo 173 del Reglamento tendrá la obligación de publicar los informes anuales en la página electrónica de la Cámara de Senadores y velará porque la viabilidad de su consulta pública sea permanente.
De la Comisión Permanente
Artículo 175. …
Artículo 176. …
Artículo 177. …
Artículo 178. …
(Continúa…)
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl, salón de sesiones sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo periodo de receso del primer año de la Sexagésima Primera Legislatura, a diez de mayo de dos mil diez.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Mayo 12 de 2010.)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4-C A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, RECIBIDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010
México, DF, a 12 de mayo de 2010.
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del Congreso del estado de México oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal y se reforma la fracción IV del artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Presidencia dispuso que dicha documentación, la cual se anexa, se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La LVII Legislatura del estado de México, en uso de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México ha tenido a bien aprobar
Iniciativa al Congreso de la Unión
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 4-C. El Fondo de Compensación por el Aprovechamiento de Acuíferos y Descargas de Aguas Residuales estará conformado con el 1% de la recaudación federal participable y el 40% del importe obtenido por los derechos de concesión, uso y aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y de extracción del subsuelo, y, los obtenidos por descargas de aguas residuales de uso doméstico, comercial e industrial, en términos de la Ley Federal de Derechos.
El Fondo, para su ejercicio, se otorgará a favor de los estados y municipios en cuyos territorios se encuentren los ecosistemas abastecedores del agua y/o las instalaciones de conducción, recepción y tratamiento de aguas residuales, distribuyéndose el 60% a favor de las entidades federativas y el 40% en apoyo a los municipios, para destinarlo al financiamiento de obras y acciones de conservación y recuperación de los ecosistemas de los ríos, cuencas, cauces y/o vasos hidrológicos abastecedores de agua a las ciudades, así como al establecimiento y mantenimiento de la infraestructura de conducción, cuerpo receptor y tratamiento de aguas residuales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación antes del 25 de noviembre de cada año, las bases para el cálculo distribución y ajuste en la integración del fondo del ejercicio fiscal del año siguiente, considerando para su distribución los criterios de población, pobreza y rezago de la infraestructura de servicios. Así mismo, publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos y el calendario de asignaciones mensuales por entidad federativa y municipios.
La comprobación y fiscalización de los recursos asignados en este fondo se hará ante los órganos técnicos de fiscalización de las Legislaturas estatales, conforme a la normatividad que las mismas dispongan.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción IV al artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. a III. ...
IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales; así como, para formular y ejecutar programas, obras y acciones para la protección, resguardo, conservación y recuperación de los ecosistemas de los ríos, cuencas, cauces y/o vasos hidrológicos abastecedores de agua para el uso doméstico, industrial y público en las ciudades; y para el establecimiento y mantenimiento de la infraestructura de conducción, recepción y tratamiento de aguas residuales;
V. a IX. ...
…
…
Transitorios
Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de garantizar la asignación de los recursos al Fondo de Compensación por el Aprovechamiento de Acuíferos y Descargas de Aguas Residuales, cuando menos en la misma cantidad del ejercicio anterior más el incremento que resulte de aplicar el índice de inflación del año en curso.
Transitorios
Primero. Publíquese la presente iniciativa en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Segundo. Remítase la presente iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al honorable Congreso de la Unión.
Lo tendrá entendido el gobernador del estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputados: Arturo Piña García, presidente; Antonio Hernández Lugo, Feliz Adrián Fuentes Villalobos, Horacio Enrique Jiménez López, secretarios (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 12 de 2010.)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN SEGUNDO AL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECORRIÉNDOSE EL ORDEN LOS SUBSIGUIENTES, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS JUVENTINO VÍCTOR CASTRO Y CASTRO Y GUADALUPE ACOSTA NARANJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010
México, DF, a 12 de mayo de 2010.
Diputado Juventino Víctor Castro y Castro
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Presente
Me permito comunicarle que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un segundo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose enb el orden los subsiguientes, que se anexa, presentada por usted y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada en esta fecha, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Iniciativa
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Agustín Guerrero Castillo en nombre de los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Guadalupe Acosta Naranjo, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de mayo de 2010
Los suscritos, diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura y en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en el orden los subsiguientes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestra patria, como lo establece el artículo segundo de la Constitución, tiene una composición pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas. La disposición precisa que los pueblos indígenas a los cuales se refiere, son aquellos que descienden de poblaciones indígenas que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización.
Debe entenderse que dicha disposición constitucional precisa que estamos integrados por culturas diversas, y en el artículo que se cita, se toma conocimiento; la referencia tan sólo de una de ellas: la indígena, pero no la de otras más.
Sí aclara nuestra Constitución, la época en que se da esta singular pluriculturalidad cuando ocurre en el territorio nacional la colonización, la cual es un hecho histórico precisable, al igual que las circunstancias y los problemas culturales relacionados a la forma en que las poblaciones indígenas fueron afectadas e ignoradas por la colonización española.
El acontecimiento histórico no es precisado por la Constitución, y por ello no incurre en una omisión, ya que nuestro devenir histórico es del perfecto conocimiento de los mexicanos.
La historia que es de nuestro total conocimiento hace constar que los pueblos indígenas poseían y siguen poseyendo, como lo dice nuestro artículo segundo, una cultura que contiene instituciones propias y que éstas pueden ser sociales, económicas, culturales y políticas, propias de los pueblos conquistados por otra cultura y con grandes divergencias correspondientes a su estatus cultural.
España, nuestra conquistadora tenía, entre otras características culturales que profesa en su gran mayoría las creencias cristianas, específicamente las del catolicismo.
La concepción indígena influía en sus conceptos culturales aquellas de tipo religioso que regían a su grupo, al igual que su idioma y muchas otras notas de identificación distintas a las del pueblo conquistador.
Por ello, al imponer su gobierno y su administración peculiares se colapsaron –entre otras– con las que son propias de los pueblos indígenas conquistados.
Durante la colonia, que en México tomó la forma de virreinato, o sea de gobierno llevado a cabo bajo una pertenencia al reino español, se impuso mediante el uso de la violencia material del conquistador, así como a la lengua, las costumbres, los usos y las creencias propias de España, y no así del pueblo indígena original y en el actual.
Entre estas imposiciones se incluyó la del credo religioso español, por encima del que profesaban las culturas indígenas, una de ellas fue la del virreinato, a la medida y a la inspiración indicadas por la jerarquía católica española.
El virreinato de la Nueva España que ahora se denomina Estados Unidos Mexicanos impuso por lo tanto caprichosamente un régimen político y otro régimen de influencia religiosa.
Cuando los inicios del siglo XIX se intentó obtener la libertad de mando español, se hizo tanto respecto de lo político como de lo religioso.
La independencia política se logró en 1810, pero no así la independencia en las imposiciones de la jerarquía católica, materia específica que en la segunda mitad del siglo fue retomada por Benito Juárez, Benemérito de las Américas.
Nuestro entonces presidente logró plasmar, inclusive en textos constitucionales que México Independiente había nacido bajo la ideología laica o sea la no influenciada por alguna religión o jerarquía religiosa.
A la fecha se ha obtenido que la Cámara de Diputados apruebe el reconocimiento constitucional de que México constituye desde sus primeros inicios un estado independiente y laico.
Pero no se ha establecido en qué consiste nuestra laicidad constituida.
Por ello, esta iniciativa propone que el Artículo 130 aclare de una vez por todas nuestra vocación para que no subsista imposición de la jerarquía católica ante la persistente tendencia que tiene de influir en la vida pública del país, y deje de persistir en una desobediencia sistemática a nuestras leyes, con el pretexto de que el pueblo mexicano ha adoptado, finalmente la cultura española y sus dogmas religiosas, su lengua, sus usos y sus costumbres, es por ello que para seguir no influyendo en el terreno muy respetable de lo espiritual, sino en el soberano de la actuación independiente efectiva del Estado mexicano.
Por ello, proponemos que nuestro artículo 130, aparatado para regir los principios que dictan de modo correcto el que debe conducirse el Estado y las iglesias, fije las características que es independiente de cualquier otro Estado, pero también de cualquier jerarquía religiosa que influya y condicione nuestra actuación independiente.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en el orden los subsiguientes
Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en el orden los subsiguientes, para quedar como sigue
Artículo 130. El laicismo al que debe conformarse el Estado mexicano en sus relaciones con las agrupaciones religiosas, fundamenta el principio histórico de la separación del Estado y las asociaciones o prácticas gubernamentales religiosas. Estas actuaciones funcionales se llevarán a cabo respetando, en todo caso, las libertades religiosas de las personas que garantiza el artículo 24 de esta Constitución.
Por ello los poderes de los estados, se mantendrán ajenos a esas creencias y prácticas religiosas, conforme a lo ordenado por el artículo 3o. para la educación. Dichas relaciones se practicarán de acuerdo a las bases que se establecen a continuación.
…
a) a e) ...
…
…
…
…
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 12 de mayo de 2010.
Diputados: Juventino Víctor Castro y Castro (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 12 de 2010.)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE ACOSTA NARANJO, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010
México, DF, a 12 de mayo de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente de la Comisión de la Función Pública
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el diputado José Guadalupe Acosta Naranjo, en nombre de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
José Guadalupe Acosta Naranjo, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En una primera etapa, el derecho laboral surgió en el país tutelando a las y los trabajadores, garantizándoles condiciones de trabajo que les permitieran a ellos y a sus familias sobrevivir y obtener condiciones de vida dignas. A través de éste, se pretendió combatir condiciones de explotación intolerables, estableciendo disposiciones destinadas a: limitar el trabajo infantil, regular la jornada laboral, a velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, entre otros derechos fundamentales. Sin embargo, en las últimas décadas, a esa tutela de las normas laborales, se ha unido la tutela de la integridad psicosocial de las y los trabajadores y el pleno reconocimiento en el trabajo de su dignidad personal. Es decir, transitamos hacia una segunda etapa del derecho laboral, cuya más alta expresión es el respeto de los derechos fundamentales de las personas en el trabajo.
Por ello, instancias supranacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, han abordado esta temática desde una perspectiva general, denominada como: "violencia en el trabajo". Concepto que engloba cualquier incidente, acción o comportamiento realizado en el ámbito laboral, teniendo en común todos ellos la potencialidad de afectar a la seguridad y al bienestar físico, psíquico y social de las y los trabajadores. Sin embargo, y pese a que la OTI ha publicado estudios y recomendaciones prácticas al respecto, no se ha aprobado ningún instrumento que genere obligaciones jurídicas para los Estados.
De igual manera, a escala internacional hay consenso sobre la gravedad de la incidencia que tiene el fenómeno del acoso en el trabajo. Por lo que, grupos de países, como es el caso de la Unión Europea, han realizado diversos estudios enfocados específicamente a este fenómeno, tratando de dar a éste un abordaje jurídico que permita a las y los trabajadores emprender acciones de tutela contra estas conductas.
El 6 de julio de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, en el cual advierte que se está presentando una creciente atención al fenómeno del acoso y la violencia en el lugar del trabajo, en especial en el contexto del incremento de las tasas de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y el perfeccionamiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Asimismo, refiere que, diversas encuestas realizadas en Europa, han revelado importantes tasas de acoso en el lugar de trabajo, pues entre 40 y 50 por ciento de las mujeres de la Unión Europea declaran haber sufrido alguna forma de acoso sexual o comportamiento sexual no deseado en el lugar de trabajo. Para el caso de países de Asia y el Pacífico, refieren que las encuestas indican que, entre el 30 por ciento y 40 por ciento de las trabajadoras declaran haber sufrido alguna forma de acoso, ya sea verbal, física o sexual.
Para el caso particular de México, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2006, arrojaron un nivel de violencia laboral del 29.9 por ciento, esto significa que 30 de cada 100 mujeres, de 15 años y más que trabajan, padecieron algún incidente de violencia laboral. Entre las situaciones más frecuentemente reportadas por las mujeres, destacan las que tienen que ver con actos de discriminación laboral, con un 23.7 por ciento; así como el acoso sexual, que presentó un porcentaje de 12.4 por ciento.
Por ello, en nuestra legislación se ha reconocido la existencia y gravedad de esta problemática, a través de su inclusión en normatividades como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disposición en la que se ha recogido normativamente las nociones de violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual. La noción de violencia laboral es definida como "la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género". Por su parte, el acoso sexual se refiere a "toda forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos".
No obstante, y pese a establecerse en dicha ley la obligatoriedad de los tres órdenes de gobierno para establecer mecanismos y procedimientos administrativos, que favorezcan su erradicación y sancionen estos ilícitos, no se han realizado las armonizaciones legislativas al respecto. Por lo que, considero de primordial importancia, iniciar con las modificaciones legislativas necesarias para trasladar estas disposiciones al ámbito de normatividad aplicable a las y los servidores públicos. De forma tal, que tengan éstos la posibilidad de contar con medios de protección de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral y, se garantice así, su derecho a un "trabajo decente".
Centro mi propuesta en el área de la administración pública porque tenemos la obligación de ser los principales garantes de los derechos de las personas, pues la prohibición de discriminación prevista en la Constitución Política, implica no sólo un rechazo de las desigualdades de trato injustificadas, sino además, se trata de una prohibición de discriminación que obliga a todas las personas, incluyendo a los poderes públicos. En este sentido, es necesario reconocer que, situaciones como el acoso laboral, constituyen un claro ataque a la integridad de las y los trabajadores. Por ello es necesario regular explícitamente las obligaciones que, como servidoras y servidores públicos, tenemos de respetar los derechos fundamentales de la persona del trabajador, absteniéndonos de ejercer un poder disciplinario que no se ajuste a los legítimos fines que justifican la atribución de dicho poder sancionador por parte del ordenamiento jurídico.
Es indispensable que contemos con procedimientos administrativos que sancionen jurídicamente conductas, tanto de verdadero ataque frontal a la persona, a través de comportamientos objetivamente vejatorios, como de aquellas que se realicen de manera fortuita, amparadas en los poderes de dirección, de organización o de hecho, suscitados en el ámbito laboral. Debemos brindar la oportuna relevancia jurídica a una realidad hasta ahora sólo considerada parcialmente, atendiendo a la gravedad de algunos comportamientos.
Considero importante hacer hincapié en las repercusiones de esta problemática. Ya la Organización Internacional del Trabajo ha declarado que la violencia en el trabajo afecta la productividad, debido a los efectos negativos y de distracción que ésta causa sobre el ambiente de trabajo. Asimismo, destaca que la persona receptora de violencia ve mermada su salud, al tiempo que experimenta un debilitamiento de su condición de bienestar, transgrediéndose así su derecho a una condición laboral digna. Estudiosos como Artazcoz, señalan que el trastorno asociado más habitualmente al acoso en el trabajo es el síndrome ansioso depresivo y, en los casos más graves, se puede llegar al síndrome de estrés postraumático.
Desde el punto de vista jurídico, la violencia en el trabajo implica una violación a los derechos fundamentales de las personas. Por ello no puede pasar inadvertida y sin atención esta situación; máxime, entre las personas que laboramos en el ámbito público, pues debemos ser las primeras en respetarlos y garantizar su exigibilidad.
Propongo la regulación del acoso laboral en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que sea de aplicación a todas las personas que laboran en las instancias de los poderes de la Unión, sin que se vea limitado su ámbito de obligatoriedad sólo a las y los trabajadores catalogados como de base. Situación que ocurriría si se propusieran estas reformas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
De igual manera, justifico esta iniciativa en el deber que, las y los servidores públicos, tenemos de respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, trasladándolo al ámbito laboral.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Único. Se adiciona párrafo octavo al artículo 5; se reforma el artículo 7; se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 8; y se adiciona un Capítulo Tercero, denominado Del acoso laboral, al Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 5. …
…
…
…
…
…
…
Acoso laboral: a toda acción u omisión que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral o en el lugar de trabajo, por parte de de un servidor público a otro, con independencia de su nivel jerárquico, que tenga como resultado una afectación en la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de éste, mediante la alteración sensible de las condiciones de disfrute de los derechos derivados de la relación laboral. Dicha conducta se manifiesta a través de amenazas, intimidación, maltrato, menosprecio, insultos, discriminación, imposición, inequidad salarial, entre otras.
Artículo 7. Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de cumplir y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas, así como dar cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Artículo 8. …
I. a V. …
VI. …
Por ello tiene la obligación de no discriminar a otras y otros servidores públicos en el trabajo, por razones de sexo, estado civil, por la edad, raza, condición social, creencias religiosas, preferencias sexuales, ideas políticas, discapacidad o cualquier otra característica propia de su condición humana. Por lo cual, deberá abstenerse de ejercer contra ellos conductas que puedan ser consideradas como acoso laboral.
VII. a XXIV. …
Título Segundo
Capítulo Primero…
Capítulo Segundo…
Capítulo Tercero
Del Acoso Laboral
Artículo 34 Bis. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la fracción VI del artículo 8 de la presente ley, referentes a la prohibición de incurrir en conductas consideradas como acoso laboral, dará lugar a que la o el servidor público afectado pueda presentar quejas o denuncias ante los órganos de control interno de la dependencia o instancia de la administración pública federal a la que pertenezca.
Para el caso de los demás Poderes de la Unión, éstos deberán establecer el procedimiento y órganos a través del cual se abordará y tratará el acoso laboral en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Artículo 34 Bis 1. El acoso laboral puede manifestarse, entre otras, en las siguientes modalidades:
I. Discriminación laboral: consistente en prestar un trato diferenciado, por razones de género, edad, condición social, preferencias sexuales, creencias religiosas, discapacidad, ideologías políticas, entre otras, que tenga como resultado un menoscabo o afectación en los derechos laborales de la persona trabajadora. Entre ésta, puede mencionarse a la exclusión o marginación injustificada respecto a la formación profesional y la reclasificación;
II. Entorpecimiento laboral: toda acción que tenga como resultado obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones y tareas asignadas a la o el trabajador; o bien, que tiendan a hacerlas gravosas o retardadas. Entre éstas, se encuentran: impedimentos sistemáticos o injustificados para obtener información relacionada con la actividad normal del trabajo; privación, ocultación o negación de prestación de insumos o instrumentos necesarios para ejercer su labor u ocultamiento de notificaciones;
III. Inequidad laboral: se refiere a la asignación de tareas excesivas, en comparación con las desempeñadas respecto a sus iguales;
IV. Persecución laboral: consistente en toda conducta manifestada de manera reiterada o con arbitrariedad, que permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia de la o el servidor público, la cual se puede manifestar a través de constantes cambios de horario, asignación de tareas insignificantes o descalificaciones de las actividades laborales realizadas;
V. Maltrato laboral: todo acto u omisión que atenten contra la integridad física o psicológica de la o el servidor público, la cual puede presentarse a través de presiones o molestias psicológicas, calumnias, maltrato verbal, ofensas personales, amenazas o actitudes tendientes a intimidar, humillar o deslegitimar la imagen de la o el trabajador dentro de su espacio laboral; y
VI. Acoso sexual, constituido por las conductas que implican un contacto físico o una fuerte coacción para que se acceda a las pretensiones sexuales del acosador, así como en las otras situaciones en que la conducta con connotaciones sexuales no es persistente pero lleva explícita o implícita una amenaza relacionada con las condiciones laborales o el empleo mismo de la persona afectada.
Artículo 34 Bis 2. Se consideran agravantes para la sanción del acoso laboral:
I. Reiteración de la conducta;
II. Haber sido cometido bajo condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificultaran la defensa de la persona agraviada;
III. Poseer una posición jerárquica superior a la persona afectada, o bien, por contar con la tolerancia del superior jerárquico de ambos; y
IV. Que la conducta u omisión haya causado un daño en la salud física o psicológica de la persona afectada.
Artículo 34 Bis 3. Se presumirá la existencia de acoso laboral si se acredita la ocurrencia reiterada de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Agresiones físicas;
II. Expresiones injuriosas, humillantes, con utilización de palabras denigrantes con alusión a la condición social, género, sexo, preferencias sexuales, preferencia política, condición étnica, entre otras;
III. Comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional;
IV. Expresiones de burla sobre la apariencia física, forma de vestir, discapacidad, alusivas a la intimidad de la persona, entre otras;
V. La asignación de deberes injustificados o no relacionados con las obligaciones laborales;
VI. La exigencia de laborar en horarios excesivos, que no se encuentren justificados; y
VII. Brindar un trato discriminatorio respecto de los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
Artículo 34 Bis 4. No constituyen acoso laboral las siguientes:
I. La exigencia de cumplir con las obligaciones y deberes laboralmente asignados;
II. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración, derivadas de la necesidad de la instancia o entidad; y
III. La exigencia de mejorar la eficiencia laboral o de mejora técnica del trabajo.
Artículo 34 Bis 5. Para la acreditación del acoso laboral se aceptará cualquier medio de prueba, siempre que no sea contrario a la ley.
Artículo 34 Bis 6. El acoso laboral será sancionado conforme a lo previsto por los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la presente ley.
Artículo 34 Bis 7. A fin de erradicar conductas de acoso laboral, las instancias y entidades de la administración pública deberán diseñar mecanismos de prevención de dicha conducta, así como el establecimiento de procedimientos internos, confidenciales, expeditos y garantes de los derechos fundamentales, a fin de atender las denuncias que se presenten en dicha materia.
Artículo 34 Bis 8. Con la finalidad de evitar actos de represalia contra quienes han formulado denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, se establecerán la siguiente garantía:
I. El despido o remoción de la persona que haya ejercido el procedimiento de acoso laboral, o bien haya fungido como testigo, acaecido dentro de los seis meses siguientes a éste, carecerá de efecto, en tanto no se justifique plenamente su legalidad ante las autoridades competentes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de mayo de 2010.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de la Función Pública. Mayo 12 de 2010.)
Actas
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, RELACIONADA CON LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 2010
En la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, el miércoles 7 de abril de 2010 acuden los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, conforme a convocatoria de la décima reunión ordinaria. A las 17:15 horas, en la zona C del edificio G se inicia la reunión.
Lista de asistencia. Asisten los diputados Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Guillermina Casique Vences, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, María Terán Velázquez, Julio Saldaña Morán, Carlos Luis Meillón Johnston, Federico Ovalle Vaquera, Alfonso Martínez Alcázar, Guadalupe Pérez Domínguez, Esteban Albarrán Mendoza, Francisco Jiménez Merino, Fermín Montes Cavazos, Rolando Zubía Rivera, José Erandi Bermúdez Méndez, Emiliano Velázquez Esquivel, Avelino Méndez Rangel, Norma Leticia Orozco Torres e Israel Madrigal Ceja.
Se declara quórum con la asistencia de 18 diputados. Rubén Arellano Rodríguez y Arturo Ramírez Bucio justificaron su inasistencia.
Punto uno
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Veo difícil que completemos el quórum en este momento; sin embargo, podemos empezar con la discusión del articulado de la ley de almacenamiento que está en el orden del día, ya que no es necesario que tengamos que votar nada; así damos tiempo a que lleguen los demás compañeros que, me comentan, están por venir. Antes de iniciar con la ley de almacenamiento, quisiera comentar dos cosas: la primera es ratificar al diputado Alfonso como secretario de las reuniones ordinarias por el próximo mes; y la segunda, presentarles al licenciado Ángel Soriano Ibarra, el nuevo secretario técnico, que sustituye al licenciado Francisco Márquez Aguilar, quien se incorpora a la Dirección de Planeación Estratégica del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Quiero agradecer a los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por hacernos llegar sus aportaciones. Creo que el PRD hizo un trabajo profesional y lo entregaron por escrito. En el proyecto de ley de almacenamiento comentan que el artículo 25 limita la participación de los sectores sociales, ya que los almacenes generales solo necesitarían montos de depósito altos solo para la sociedad agropecuaria con altos ingresos. El artículo 25 no es limitativo ni restringe a los grupos de productores más pequeños; de hecho, permite a los interesados tener mayor certeza de resguardo de sus bienes, apelo a esta observación, ya que existen programas de la Sagarpa y de Firco para organizaciones sociales que pueden acceder a los almacenes rurales, tomando en cuenta que no podemos otorgarle facultades discrecionales a la ley. La Sagarpa cuenta con la autoridad y autorización de operar bodegas rurales, el objetivo es evitar el mal servicio y el abaratamiento de la producción.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Si me lo permite, presidente, quisiera comentarle que se acaba de incorporar una compañera diputada, con lo que se puede hacer declaratoria de quórum, si están de acuerdo le doy lectura al orden del día y lo ponemos a su consideración:
1. Lectura del orden del día.
2. Aprobación del acta de la novena reunión ordinaria.
3. Aprobación del calendario de reuniones ordinarias para el segundo año de actividades legislativas.
4. Dictámenes:
4.1. Sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, amentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos.
4.2. Sobre la minuta que devuelve la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
4.3. Análisis del proyecto de la Ley de Almacenamiento Rural (para dictaminar en la siguiente sesión).
5. Asuntos generales.
6. Clausura y convocatoria para la próxima reunión.
Punto dos
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Presidente, está aprobado el orden del día. Si no hay inconveniente, prosigo con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la reunión anterior. Solicito a los compañeros se dispense la lectura del acta en virtud de que se envió para su observación con toda antelación y no se recibieron comentarios, si hay alguien que quisiera hacerlo en este momento adelante. Presidente, no hay comentarios podemos pasar a la votación del mismo
Votación del proyecto de acta correspondiente a la novena reunión ordinaria.
Punto tres
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Aprobada. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del calendario de reuniones para el segundo año de ejercicio, en este respecto se coincidió en mesa directiva hacer la siguiente observación, en lugar de seguir sesionando los miércoles, cambiar a los jueves a las nueve de la mañana, la primer y tercer semana de cada mes, en periodo de sesiones y hacer por lo menos una vez al mes, los miércoles, reuniones ordinarias en periodo de receso, en caso de hacer reuniones extraordinarias, convocar con una semana de antelación para evitar problemas de agenda.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Hechas estas observaciones, someto a su consideración el proyecto de calendario. Si no hay comentarios, pasamos directamente a la votación, con las observaciones hechas.
Votación del proyecto de calendario de reuniones ordinarias para el segundo año de ejercicio.
Punto cuatro
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Presidente, está aprobado el calendario de reuniones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son dictámenes.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Para el primer dictamen, solicito a la secretaría que lea el resumen ejecutivo.
Lectura del proyecto de dictamen sobre la minuta que devuelve la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Se somete a su consideración el proyecto de dictamen.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. De no haber participación de mis compañeros, pasamos a la votación del proyecto de dictamen.
Votación del proyecto de dictamen positivo sobre la minuta que devuelve la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Presidente, está aprobado. Si no hay inconveniente, pasamos al siguiente proyecto de dictamen.
Lectura del proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, amentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Se pone a su consideración. Quisiera hacer un comentario respecto a este dictamen: ¿recuerdan que en la quinta reunión ordinaria aprobamos un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a dar fuerza a consejos municipales y locales del desarrollo rural? Este exhorto tiene que ver casi con lo mismo, va de la mano para federalizar los programas productivos.
Diputado Fermín Montes Cavazos. La verdad es que me extrañó que en el orden del día nos comenten el proyecto íntegro emanado del Senado; sin embargo, esto cambia a la hora de la reunión, si lo que comenta el presidente sobre descentralización de programas y fortalecer consejos es el espíritu original de la minuta está bien, si no es así estaríamos atorados en una contradicción.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Pido a la asamblea su comprensión para aclarar que este proyecto de dictamen al igual que como lo plantea el diputado Fermín, es acorde con la administración del desarrollo de la sociedad rural, permite darle fortaleza a los consejos municipales y estatales, el desarrollo rural nos lleva a buscar transparencia, y una buena herramienta de ello es la descentralización.
Diputado Rolando Zubía Rivera. Éste es un asunto de la mayor relevancia. Las entidades federativas deben tener mayor certeza y dar respaldo a los consejos municipales y estatales. Debemos dar mayor certidumbre a los productores locales, debemos saber cuáles son las políticas públicas idóneas para el sector, debemos fortalecer la jurisprudencia para el sector productivo.
Diputado Alberto Jiménez Merino. Para mí, el espíritu de este proyecto resulta ser la propuesta de miles; sin embargo, no ha resultado o no se tienen las metas propuestas todavía, es por ello que estoy a favor de este dictamen. Aprovecho para hacer un comentario: a lo largo de mi experiencia en el sector público impulsé varias propuestas que aterrizaron de la mejor manera, pero no fueron suficientes; debemos aplicar modelos para competir. En el desarrollo rural hay que generar modelos repetibles, desde ese punto de vista, ni siquiera es un problema de planeación, simplemente no recogemos lo que pasa en las comunidades, municipios, regiones. El diagnóstico se hace desde abajo y de manera conjunta, si no sabemos lo que hacen los productores es reprobable entonces todo lo que se genere. Necesitamos mejorar las reglas de operación, necesitamos basados en un diagnostico un modelo de planeación integral, diversificar las variantes de financiamiento, hay muchos recursos que no tenemos la certeza de cómo se aplican.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Si no hay otras participaciones, si están de acuerdo, pasaríamos a la votación del proyecto de dictamen.
Votación del proyecto de dictamen en sentido positivo sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, amentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar. Presidente, todos a favor del sentido del dictamen.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Si les parece, seguimos con el siguiente punto del orden del día que es asuntos generales si alguien tiene algo que comentar tiene el uso de la palabra.
Diputado Alberto Jiménez Merino. El tema que quiero tratar es sobre la energía. La secretaria de Energía publicará el acuerdo sobre energía renovable, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la estrategia de energía que deberá analizar y aprobar el Consejo Nacional de Energía. Esto es de suma importancia, ya que para los próximos 15 años debemos diversificar las fuentes de energía, reducir los gases contaminantes del efecto invernadero. Algunos dicen que todavía hay petróleo para 20 años, otros que 10, lo que no podemos posponer es precisamente como vamos hacer para obtener energía que sustituirá el petróleo. Debemos tomar seriamente la decisión de producir biocombustibles, pero con reserva ya que debemos identificar las fuentes mejor abastecidas de energía. Tenemos sorgo, remolacha, otros comentan que jatropa es la mejor opción, en realidad debemos analizar la mejor opción. Debemos tomar en cuenta que nosotros importamos una cantidad considerable de arroz y maíz, cuando un país importa más de 25 por ciento de su alimento, creo que pierde la soberanía alimentaria. Debemos rebasar los planteamientos legales y darle mayor importancia a los acuerdos, debe prevalecer del fomento a los proyectos y apoyos a los productores.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Debo felicitar al diputado Merino por esta participación porque el tema que acaba de poner en la mesa es de suma importancia, debemos poner atención en la energía alternativa, hacer políticas públicas referentes a ello y darles seguimiento, si me lo permiten, tenemos cuatro reuniones ordinarias en lo que resta de este mes, en ellas podemos verter diversas propuestas que vayan encaminando a una estrategia global de esta comisión referente a las energías renovables.
Diputado Rolando Zubía Rivera. Gracias, presidente. En este día he escuchado en dos reuniones el tema de producción de etanol a base de maíz, desafortunadamente hay limitaciones técnicas, políticas e incluso jurídicas que lo impiden. El caso de la industria en Sinaloa fue subsidiada directamente por el gobierno federal; sin embargo, en el transcurso hubo escasez en el producto, con todo y los incentivos. Para hacer rentable este tipo de inversiones necesitamos un excedente de por lo menos tres millones de toneladas y eso ya de entrada se antoja complicado, ya que sólo se tiene en suerte excedentes en cosecha estacional con un costo de almacenaje y maniobras dentro de la ley. Éste es un problema serio si pensamos en energías alternativas.
Diputado Fermín Montes Cavazos. Creo que estamos en favor de mayor información del campo que permita tener algo que no tenemos. Es importante trabajar en esto y darle seguimiento a este asunto. Tenemos la opción de la biomasa, con posibilidad de usar sorgo. Hay diversa alternativas para producir biomasa, que en diversos estados de la república no tendrían problema en producir, tenemos que analizar la mejor opción.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel. Se hace necesaria la obtención de otras fuentes alternativas de energía, que sustituyan el petróleo, este país tiene un debate en ese sentido. Debemos revisar la normatividad, utilizar los recursos que se tengan a la mano, para ser autosuficientes no es correcto apoyar a empresarios que quieren sacar provecho de la producción de energía. El enfoque debe ser la alimentación y no se quede en mensaje de una empresa. En este momento es imprescindible ser autosuficiente en la alimentación de México.
Diputada Norma Orozco Torres. Me uno a la preocupación del diputado Merino, pero haría mayor énfasis al pequeño productor. Creo que si apoyamos al pequeño productor se nivelará la balanza de producción que tenemos deficitaria. Países como Brasil encontraron en pequeños productores su base para producir etanol, la producción es redituable.
Diputado Federico Ovalle Vaquera. Creo que se puede gestar una muy buena propuesta de esto que ha venido comentando. Quiero expresar una opinión, referente al plan nacional energético, ya no es una opción el petróleo, debemos transitar hacia otras fuentes de energía, abonar con otras fuentes alternativas, quiero comentar que me preocupa el uso de granos para fuentes de energía para diversas presentaciones. Hace unas reuniones tuvimos al subsecretario de Desarrollo Rural y al director del Inca-Rural; nos comentaron que sólo a 10 por ciento de los productores le va bien. Estamos importando, mientras que en Sinaloa tenemos excedentes, no podemos tapar un pozo para destapar otro. Necesitamos una estrategia plural y avanzar en este debate.
Diputado Alberto Jiménez Merino. Ahora que la diputada Norma comentó lo de los pequeños productores, creo que a todos nos preocupan la pequeña producción, que no se desarrolla como debe ser, entonces la respuesta es llevémosles oportunidades, empezó con nueve mil y ahora ya son cuarenta y cinco mil, y no sé hasta dónde va a terminar. Hay ingenieros agrónomos en Jalisco que de dos hectáreas en ladera producen más maíz que en otras zonas planas, sabiendo que es casi imposible sembrar en laderas. Este tipo de estrategias son el ejemplo para producir cuando se tiene un modelo bien corroborado, estamos perdiendo soberanía alimentaria, no esperemos a que nuestros hijos discutan lo mismo que estamos platicando actualmente.
Diputado Rolando Zubía Rivera. La producción de energía no renovable no tiene que ver con pobreza alimentaria, los grandes productores en este caso son los productores de grano del país, oleaginosas, maíz, todos esos tiene producción continua. Hay diversas propuestas para crear infraestructura más tecnologías, en Sinaloa cuesta mucho comercializar para poder darle un valor agregado, debemos entender las circunstancias que estamos viviendo en producciones agropecuarias.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Qué bueno que esta reflexión se está dando. Tenemos la obligación de reflexionar sobre éste y otros temas que requieren nuestra atención; tenemos que estimular la creatividad de políticas públicas que impulsen el verdadero desarrollo rural. Como otro punto en asuntos generales, quisiera comentar que los diputados nos señalen en qué subcomisión desean integrarse, en la Comisión de Agricultura acaban de crear otra subcomisión, los invito a que se inscriban. Si no hay otro comentario, quisiera pedir a la diputada Guillermina que nos ayude con la clausura.
Diputada Guillermina Casique Vences. Gracias, presidente. A las 18:40 horas del 7 de abril de 2010, declaro formalmente clausurada la décima reunión ordinaria, y los convoco para la undécima, que tendrá lugar el 15 de abril del presente, a las 8:30 horas; de la sede se les informará oportunamente. Gracias a todos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), María Terán Velázquez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, Carlos Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz, Julio Saldaña Morán, Alfonso Martínez Alcázar (rúbrica), secretarios; Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Felipe Borja Texocotitla, Luis Félix Rodríguez Sosa, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Francisco Jiménez Merino (rúbrica), María Domínguez Arvizu, Sabino Bautista Concepción, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Arturo Ramírez Bucio, Alba Méndez Herrera, Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Norma Orozco Torres (rúbrica), Francisco Espinosa Ramos, Sergio Gutiérrez Villanueva, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).
Lista de asistencia
Décima reunión ordinaria
Miércoles 7 de abril de 2010
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (presidente), rúbrica; Guillermina Casique Vences (secretaria), rúbrica;
Rogelio Díaz Brown Ramsburgh (secretario), rúbrica; Martín Enrique Castillo Ruz (secretario);
María Terán Velázquez (secretaria), rúbrica; Julio Saldaña Morán (secretario), rúbrica;
Carlos Meillón Johnston (secretario), rúbrica; Federico Ovalle Vaquera (secretario), rúbrica;
Hernán de Jesús Orantes López (secretario); Alfonso Martínez Alcázar (secretario), rúbrica
Guadalupe Pérez Domínguez, rúbrica; Felipe Borja Texocotitla;
Esteban Albarrán Mendoza, rúbrica; Luis Félix Rodríguez Sosa;
María Domínguez Arvizu; Francisco Jiménez Merino, rúbrica;
Fermín Montes Cavazos, rúbrica; Sabino Bautista Concepción;
Rolando Zubía Rivera, rúbrica; José Erandi Bermúdez Méndez, rúbrica;
Alberto Esquer Gutiérrez; Rubén Arellano Rodríguez;
Arturo Ramírez Bucio; Alba Méndez Herrera;
Sergio Gutiérrez Villanueva; Emiliano Velázquez Esquivel, rúbrica;
Avelino Méndez Rangel, rúbrica; Norma Orozco Torres, rúbrica;
Francisco Espinosa Ramos; Israel Madrigal Ceja, rúbrica
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2009
A las 17:30 horas del martes 8 de diciembre de 2009, en la zona C del edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, situado en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación, de conformidad con la convocatoria de fecha 4 de diciembre de 2009, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Acuerdo relativo al desahogo de las iniciativas turnadas por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
5. Acuerdo referente al procedimiento especial de dictamen de las solicitudes de permisos para la prestación de servicios a embajadas, uso de condecoraciones y designación de cónsules honorarios.
6. Acuerdo para la integración de las subcomisiones.
7. Proyecto de plan anual de trabajo 2009-2010.
8. Dictámenes de las solicitudes de permisos para la prestación de servicios a embajadas, uso de condecoraciones y designación de cónsules honorarios:
a. Por el que se concede el permiso constitucional necesario para que Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Dina Plotnik Golcman puedan prestar servicios a las embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel en México, respectivamente;
b. Por el que se concede el permiso constitucional necesario para que María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Édgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Polozzi Moras puedan prestar servicios de carácter administrativo en los consulados de Estados Unidos de América; en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y
c. Por el que se concede el permiso constitucional necesario para que Armando Antonio Aguilar Ruibal y Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur y como cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en la República Mexicana, respectivamente.
9. Lectura y, en su caso, aprobación de los siguientes anteproyectos de dictamen con puntos de acuerdo:
a) En sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo relativa a los edictos de excomunión contra los independentistas mexicanos;
b) En sentido negativo, que desecha dieciocho proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortos a diversas autoridades estatales, turnadas durante la LX Legislatura.
c) En sentido negativo, que desecha treinta proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortos a funcionarios de la administración pública federal y a titulares de organismos constitucionales autónomos, turnadas durante la LX Legislatura.
d) Dictamen, en sentido negativo, que desecha veintidós Proposiciones con punto de Acuerdo en materia de protección civil, turnadas durante la LX Legislatura.
10. Lectura y, en su caso, aprobación de los siguientes anteproyectos de dictamen:
a) En sentido positivo, de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación.
b) En sentido positivo, de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XVIII del artículo 40 y adiciona la fracción XIX al artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; reforma la fracción XXII del artículo 35, adiciona las fracciones XXIII y XXIV al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma los artículos 94, 98 y 99 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
c) En sentido positivo, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional Para la Competitividad.
d) En sentido positivo, con proyecto de decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como "Día Nacional de la Juventud".
e) En sentido positivo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
f) En sentido negativo, de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
g) En sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
h) En sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada durante la LIX Legislatura.
i) En sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que adicional el numeral 7 del artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada durante la LIX Legislatura.
j) En sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada durante la LIX Legislatura.
k) Con punto de acuerdo, por el que se desechan diversas iniciativas que reforman la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentadas durante la LIX y LX legislaturas.
11. Asuntos generales.
El presidente de la comisión, diputado Javier Corral Jurado pidió al diputado Gastón Luken Garza, secretario apoyo para desahogar el orden del día de la sesión.
El secretario Gastón Luken Garza pasó al punto número dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; en esa etapa, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera pidió la palabra para solicitar al pleno se pudiera anexar en el orden del día un punto de acuerdo propuesto por el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que se solicita que se declare el 19 de julio, el día para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, en el marco del centenario y el bicentenario, de la Independencia y la Revolución Mexicana, para que se pudiera dictaminar debido a la urgencia. Al mismo tiempo solicitó que se retirara del orden del día el dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación, así como la minuta con proyecto que reforma la fracción XVIII del artículo 40 y adiciona la fracción XIX del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza señaló en ese punto que le parecen pertinentes las propuestas que acababa de hacer el diputado del PRD, en los tres sentidos.
El presidente Javier Corral Jurado sometió a consideración de la comisión la propuesta de modificación del orden del día, el que se aprobó por evidente mayoría. Asimismo, propuso la inclusión de un punto que tenía que ver con un permiso constitucional para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros, es el caso del ciudadano Antonio Ramón Suárez Gutiérrez que la confiere el Reino de España, el que también se aprobó por mayoría.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente pidió la palabra para proponer la reserva del dictamen en sentido positivo relativo a la Ley del Sistema Nacional para la Competitividad; el presidente Javier Corral Jurado sometió a consideración dicha propuesta que se aprobó por evidente mayoría.
El secretario Gastón Luken Garza sometió a consideración de la comisión el acta de la sesión anterior, la que se aprobó por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza, en el punto número cuatro, procedió a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobernación relativo al desahogo de las iniciativas turnadas por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, cuyo artículo único prevé: "Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión; uno, a remitir de inmediato a los integrantes de esta comisión para su revisión los anteproyectos de dictamen en sentido positivo, diferenciándolos entre aquéllos que se hallan en el seno de la comisión y los que pertenecen a comisiones unidas; dos, remitir de inmediato a los integrantes de esta comisión para su revisión los anteproyectos de dictamen en sentido negativo, diferenciándolos entre aquéllos que se hallan en el seno de la comisión y los que perteneces a comisiones unidas", el cual fue puesto a la consideración de los miembros de la comisión y votado por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza pasó al siguiente punto que era el acuerdo de la Comisión de Gobernación referente al procedimiento especial de dictamen de las solicitudes de permisos para la prestación de servicios a embajadas, uso de condecoraciones y designación de cónsules honorarios, para lo cual, se le cedió el uso de la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente quien dio lectura al proyecto de acuerdo; a su vez, el presidente Javier Corral Jurado informó a la comisión que está suscrito por los integrantes de la comisión y que es el procedimiento que facilitará dar curso ágil y efectivo a los permisos constitucionales; sin dejar de observar que –aquí también se propuso– para que cualquiera de esos asuntos deba ser conocido por el pleno de la comisión, se separe de inmediato. El dictamen se aprobó por mayoría.
En el punto número 6, acuerdo para la integración de los subcomisiones de trabajo, la diputada Claudia Ruiz Massieu presentó una propuesta alternativa a la que presentó la presidencia de la comisión; al efecto la diputada Claudia Ruiz Massieu señaló, entre otras cosas, que: "El Grupo Parlamentario del PRI estudió con detenimiento la propuesta que la presidencia hizo a los integrantes de esta comisión, relativa a la creación de las distintas subcomisiones de trabajo y estimamos, presidente, que en lugar de como se propone en el documento enviado por la presidencia que se integran cinco subcomisiones, algunas de temática muy específica, nosotros nos inclinamos porque se creen tres que tengan una vocación más amplia, toda vez que no sabemos cuál va hacer la carga de trabajo real, que vamos a tener en ésta Legislatura y para no crear de antemano subcomisiones de trabajo muy especificas que quizá ni siquiera lleguen a tener materia, pudiéramos englobar lo que comentamos en la reunión de mesa directiva que son las materias propias de esta comisión, que es tan amplia, en tres grupos temáticos". Para ese fin, se propone una subcomisión de política interior, una subcomisión de demografía, población y migración y una tercera subcomisión de reforma de las instituciones democráticas y el sistema electoral.
A su vez, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza formuló una pregunta a la diputada Claudia Ruiz Massieu: "Uno de los temas, el de medio de comunicación que sin lugar a dudas va ha hacer un tema muy relevante en toda la Legislatura ¿dónde contemplaría, en la propuesta de ustedes, insertarlo?". A lo cual, la diputada Claudio Ruiz Massieu responde: "La propuesta es precisamente es que al ser subcomisiones de denominaciones amplia, según la materia sobre la que versen las iniciativas, se irían turnando a una u otra subcomisión. Habrá temas que toquen a los medios de comunicación que sean alusivos o propios de las subcomisión de política interior o quizá otros que sean propios de las de reforma del sistema electoral si versan sobre algunas disposiciones específica, como el Cofipe, o de las instituciones electorales relativas a medios de comunicación".
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera señaló que el Grupo Parlamentario del PRD compartía la propuesta presentada por la diputada Claudia Ruiz Massieu; y agregó si sería posible cambiar el nombre de "Política Interior" para cumplir con los efectos legales de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal.
El presidente Javier Corral Jurado pidió precisar la solicitud del diputado Lozano Herrera y éste manifiestó que proponía se cambiara la denominación de "Política Interior" a la de "Gobernación"; a lo que el diputado Javier Corral Jurado señaló que "si la Comisión es de Gobernación, reiterar una Subcomisión de Gobernación, vuelve a meter en un problema mayor. Es tan amplia la denominación "Gobernación", que se nos puede generar. Yo creo que lo de ‘Política Interior’ no está mal". Y apunta que está de acuerdo con la propuesta que ha hecho la diputada Ruiz Massieu.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel tomó la palabra para dejar constancia del reconocimiento del Grupo Parlamentario del PRI al trabajo de la Presidencia; a continuación, señaló que al tener enunciados más genéricos y reducir el número de las subcomisiones, se logró primero que las subcomisiones tengan más vida; y segundo: "Efectivamente hay muchos temas que cortan transversalmente y hacer una subcomisión especializada, iba a generar que los integrantes de otra subcomisión quisieran estar participando".
El presidente Javier Corral Jurado reconoció la lógica del planteamiento y sometió a consideración de los miembros de la comisión las tres subcomisiones de trabajo con los genéricos en estos términos: De "Política Interna", "Demografía, Población y Migración" y "Reforma de las Instituciones Democráticas y del Sistema Electoral"; que se aprobó por unanimidad.
En el punto número 7, proyecto de plan anual de trabajo 2009-2010, el diputado Javier Corral Jurado señaló: "El plan de trabajo se les envió a todos y cada uno de los miembros de la comisión para su discusión, para su análisis. Debo decir que se ha integrado con varias de las propuestas que los grupos parlamentarios hicieron llegar sobre la priorización de iniciativas que, tanto de la Legislatura anterior como de las que están turnadas en ésta a nuestra comisión, consideraron conveniente hacerlo".
A este respecto, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideraba que aun cuando son abordados los temas con mucha acuciosidad, le interesaría independientemente de algunas correcciones o algunas observaciones pertinentes, que se le dieran facultades a la mesa directiva y poder estar en condiciones a la brevedad de tener listo ese documento. El diputado Javier Corral Jurado señaló que "Si ustedes están de acuerdo en facultarnos a la mesa directiva para hacer los ajustes necesarios al plan de trabajo de integrar las observaciones que de última hora lleguen, tanto en adición de iniciativas como de ampliar dos conceptos, uno, el relativo a política migratoria, que para el grupo parlamentario del PRI se expresa como asunto de mayor relevancia o que debería tener mayor relevancia en este trabajo". Finalmente, en este asunto, somete a consideración de la Comisión reunirse en mesa directiva al día siguiente para estar en condiciones de publicar el plan de trabajo, lo que se aprobó.
En el punto número 8 del orden del día, relativo a los dictámenes de las solicitudes de permisos para la prestación de servicios en embajadas, uso de condecoraciones y designación de cónsules honorarios, el presidente Javier Corral Jurado puso a la consideración de los miembros de la comisión los proyectos de dictamen por los que se conceden permisos constitucionales, marcados con los incisos a), b) y c) del orden del día, se sometieron a la consideración de los miembros de la comisión y se votaron en sentido afirmativo con la abstención del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.
El secretario Gastón Luken Garza pasó al siguiente punto que era el relativo a diversos dictámenes. En el dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo relativa a los edictos de excomunión contra los independentistas mexicanos, el diputado Javier Corral Jurado lo sometió a la consideración de los miembros de la comisión; en este punto, el diputado Ilich Lozano hizo uso de la palabra para comentar que para el Grupo Parlamentario del PRD sería muy importante solicitar a la iglesia católica aclare el asunto de los edictos. A lo que el diputado Javier Corral Juradoseñaló: "Quiero decirle que el dictamen tiene su base precisamente en una comunicación oficial de la Curia Católica Mexicana. No sé si sea curia o el Episcopado o no sé quién, pero es un documento formal que fue remitido por las autoridades eclesiásticas de la iglesia católica, donde dan cuenta de que en realidad no estaban ellos excomulgados, sólo amonestados, pero en realidad este dictamen perdió su materia en función de esa aclaración que hizo". En este mismo punto, la diputada Beatriz Paredes Rangel abundó sobre la oportunidad sobre el dictamen. Al respecto, comenta: "No sé cuál sea el tratamiento que se quiera dar ante la opinión pública del dictamen, y me parece que en el nivel de afecto que todos procuran que los diputados tengamos, y el esfuerzo que todos realizan para que se prestigie la función de legislar, no sé si sea un dictamen que tenga un sentido de oportunidad".
Sobre el mismo asunto, el diputado Sami David David comentó: "No estamos en el grupo parlamentario pidiendo que en este momento se deseche este dictamen, sino que estamos haciendo uso de nuestra capacidad de opinión, en razón de que el procesamiento que marca el Reglamento le da un sentido negativo a la opinión histórica respecto a acontecimientos en los que todos estamos de acuerdo de que merecen emitir opinión".
El presidente Javier Corral Jurado señaló que le parecía pertinente la moción al término del dictamen que formulan los dos diputados mencionados y determinó: "Estoy totalmente de acuerdo con su preocupación. Veámoslo, por supuesto, en mesa directiva. Rehagamos la propuesta de dictamen y, por supuesto atendiendo a estas preocupaciones, formularlo en los términos correctos".
Sobre el dictamen en sentido negativo que desecha 18 proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortos a diversas autoridades estatales, turnadas por la LX Legislatura, el diputado Javier Corral Jurado lo sometió a votación de los miembros de la comisión, el cual se aprobó por unanimidad.
Luego, en materia permisos constitucionales, el diputado Javier Corral Jurado comentó que existen dos asuntos que fueron omitidos; uno de ellos, es una minuta de la Cámara de Senadores, mediante el cual se concede permiso para que el ciudadano Antonio Ramón Suárez Gutiérrez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en Grado de Gran Cruz que le otorga el Reino de España. Sometido a votación de los miembros de la comisión el presente dictamen, se aprobó por unanimidad. El segundo dictamen tiene que ver con el proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Juan Carlos Mestas Avilés, Ernesto Campos Tenorio, Jorge Gerardo Sánchez Sosa, José Ángel Córdoba Villalobos, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, José Luis Sánchez Sánchez, José Luis Pilar Rodríguez, Alfredo Carranza Rosales, Joaquín Chabelas Carrillo, Enrique Hernández Cisneros, Manuel Arango Arias y Jorge Luis Volpi Escalante para que puedan aceptar y usar las medallas y condecoraciones que en distintos grados les otorgan diversos gobiernos extranjeros; sometido a la consideración de los miembros de la comisión se votó a favor con el voto en contra del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, sólo en el caso de José Ángel Córdoba Villalobos.
Sobre el dictamen en sentido negativo que desecha 26 proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortos a funcionarios de la administración pública federal y a titulares de organismos constitucionales autónomos turnadas durante la Legislatura LX, se votó a favor por unanimidad.
Acerca del dictamen en sentido negativo que desecha 22 proposiciones con punto de acuerdo en materia de protección civil, turnadas durante la Legislatura LX, el diputado Javier Corral Jurado señaló que se habían quedado prácticamente sin materia, se votó a favor por unanimidad.
A continuación, el diputado Javier Corral Jurado sometió a consideración de la comisión el dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año, como Día Nacional de la Juventud, se votó a favor por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza pasó al siguiente punto que se refería a un dictamen en sentido negativo de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El diputado Javier Corral Jurado sometió a votación de los miembros de la comisión el citado dictamen, el cual fue votado por mayoría.
El secretario Gastón Luken Garza puso a consideración el dictamen –en sentido negativo– de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El diputado Javier Corral Jurado sometió a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen, fue aprobado por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza presentó el dictamen –en sentido negativo– de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la Legislatura LIX. El diputado Javier Corral Jurado sometió a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen, fue aprobado por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza pasó al siguiente dictamen, en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral VII del artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada durante la Legislatura LIX. El diputado Javier Corral Jurado somete a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad.
El secretario Gastón Luken Garza presento el siguiente dictamen, con punto de acuerdo, por el que se desechan diversas iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentadas durante las Legislaturas LIX y LX. El diputado Javier Corral Jurado sometió a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad.
En el rubro de asuntos generales, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza comentó que existía un tema que había sido, en su opinión, uno de los más recurrentes –en el periodo que estaba por concluir– el de los trabajadores migratorios, conocidos como "ex-braceros"; al respecto, refiere el problema, mencionando casos específicos de las personas que no han podido cobrar los correspondientes pagos; y agregó: Imagínense toda la cuestión traumática, primero la cantidad irrisoria de 38 mil pesos, luego decirles, "te lo vamos a dar en 10 años", ahora que han ido a recoger sus recursos, se los niegan porque no coinciden, como aparece en el Diario Oficial de la Federación con la credencial del Registro Federal de Electores". Por ello, pide a la Presidencia de la comisión turnar este asunto que se está reproduciendo en otros municipios, para que la secretaría obre en consecuencia, a través del fideicomiso correspondiente. Sobre el tema, el diputado Javier Corral Jurado manifestó que con mucho gusto se atendería. Continuó diciendo que la petición –por ser de suma importancia– para colaborar y apoyar a estos ciudadanos, pues siendo raquítico el apoyo, no esta bien que además se los regateen por problemas del registro en la credencial de elector. Al respecto, comentó que: "No habíamos elaborado el oficio, este tema se trató en la mesa directiva entre otras cosas, no habíamos tenido la información detallada, con nombre y todo"; con estos nombres inmediatamente se elaborará el oficio y les decimos que se ha tratado en el seno de la Comisión de Gobernación. Al respecto, la diputada Marcela Guerra Castillo señaló que no se resuelve el problema de corrección de datos, con una simple misiva de solicitud; manifestó que era preciso legislar en torno a eso. En este mismo asunto, el diputado Arturo Zamora Jiménez respaldó la propuesta que se hace de darle coherencia a un gesto que puede tener el gobierno federal en favor de estos mexicanos.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera tomó la palabra para solicitar que se reincorpore en el orden del día el punto sobre el punto de acuerdo de Francisco Primo de Verdad y Ramos, y procedi a darle lectura; después de lo cual, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza apoyó la propuesta. El diputado Javier Corral Jurado sometió a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen, el cual fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de la diputada Marcela Guerra.
En el mismo punto de asuntos generales, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas solicitó una aclaración respecto de la solicitud del Grupo Parlamentario del PRI de tener una reunión con el secretario de Gobernación. El diputado Javier Corral Jurado señaló que en efecto hubo un error y que la agenda del secretario de Gobernación ha venido cambiando por la naturaleza propia de sus funciones, empero que sí habría reunión al día siguiente, a las 11 de la mañana.
La diputada Marcela Guerra Castillo, en otro tema, comentó que se ha estado en audiencias con todos los aspirantes al cargo de auditor superior de la Federación, e invitó a los diputados a participar, para lo cual el presidente de la comisión Javier Corral Jurado explicó que en principio era para la mesa directiva la invitación a participar y añadió que por supuesto si algún diputado quería inscribirse en una lista para participar en la reunión con aspirantes a encabezar la Auditoría Superior de la Federación, para enviar una comunicación de quienes se suman a la reunión, con mucho gusto, terminó.
En el mismo punto de la orden del día, en otro asunto, la diputada Beatriz Paredes Rangel comentó que desde hace varios años por la época decembrina las autoridades migratorias del país acostumbraban establecer un programa que facilitaba el acceso de los connacionales que viven en Estados Unidos, particularmente, y en Canadá y este programa se proyectaba en los aeropuertos, en las aduanas, etcétera y facilitaba el arribo; al efecto, agregó que le gustaría contar con información al respecto. En ese punto, el diputado Javier Corral Jurado señaló que se asumía de inmediato e incluso ofreció incorporarlo dentro de la agenda con el secretario de Gobernación. En este mismo asunto, el diputado Humberto Lepe Lepe informó que la Junta de la Coordinación Política aprobó una propuesta para sumarse a atender, a vigilar a los paisanos que regresan a México.
Se clausuró la reunión a las 20:00 horas del martes 8 de diciembre de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 25 de marzo de 2010.
La Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación
Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Francisco Ramos Montaño, Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), secretarios.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DERIVADA DE LA CUARTA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL MARTES 23 DE MARZO DE 2010
A las 18:00 horas del 23 de marzo de 2010, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación, edificio D, tercer piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, situado en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se reúnen los integrantes de la mesa directiva, de conformidad con la convocatoria respectiva, para el desahogo del siguiente orden del día:
I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Aprobación del acta de la sesión anterior.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:
a) A fin de otorgar permiso constitucional para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros:
1. Que concede permiso a los ciudadanos Claudia Morlet Novales, Miriam Melania Renaat Tollenier, Karla Paniagua Ramírez, Isaac Esaú Palacios de la Peña, Adriana María Greca García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María Barrera Morales para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Bélgica y de la República de Chile en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
b) Dictamen con proyecto de decreto:
1. Por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
c) Dictámenes en sentido negativo:
2. Sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
3. Relativo a la proposición con punto de acuerdo para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
V. Asuntos generales.
El presidente, Javier Corral Jurado, registra la asistencia de los secretarios y manifiesta que se tiene quórum. Luego somete a consideración el acta de la sesión anterior, que se aprueba.
Da cuenta del permiso constitucional para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros relativo a los ciudadanos Claudia Morlet Nobales, Miriam Melania Renat Toliner, Carla Paniagua Ramírez, Isaac Esaú Palacios de la Peña, Adriana María Greca García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María Barrera Morales para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, de Bélgica, y de la Republica de Chile; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se aprueba en sus términos.
Somete a consideración la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el dictamen en sentido negativo relativo a la proposición con punto de acuerdo para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Aprobados por mayoría.
Comenta que continúan pendientes las firmas de varios compañeros sobre el dictamen que reforma la fracción XVIII y adiciona la XIX del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que reforma diversos artículos.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera comenta que desea formular una propuesta, pues cuenta con un proyecto de dictamen en sentido negativo de la Comisión de Economía de la ley de metrología, lo que implica que habría posiciones encontradas del dictamen. Sugiere que se revise el tema.
El presidente comenta que hay dos comisiones de las tres que están listas para resolver favorablemente la minuta del Senado.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera comenta: "Sería un punto importante para el desahogo de esta iniciativa. Ojalá a través de tu persona, presidente, y que esta mesa pudiera valorar que se convoque a una reunión de comisiones unidas". Se aprueba.
El presidente somete a consideración de la mesa directiva, para discusión, el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a fin de formular comentarios y observaciones. Solicita a la mesa directiva su incorporación en el orden del día para ver la posibilidad de votarlo antes del periodo vacacional con motivo de la Semana Santa.
La diputada Claudia Ruiz Massieu señala que por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se tiene una propuesta de diversas modificaciones de carácter específico. La primera propuesta de modificación sería en el artículo 3o.
El presidente pregunta si alguien tiene observaciones sobre ese artículo. Manifiestan que no.
El alcance de la propuesta de modificación se señala por la diputada Claudia Ruiz Massieu en estos términos: "Es la fracción IV, que tiene que ver con el consentimiento". Y abunda: "El Grupo Parlamentario del PRI propone incluir en la fracción IV la siguiente redacción: ‘Fracción IV. Consentimiento. Manifestación de la voluntad del titular de los datos’, para que se efectúe el tratamiento de éstos en términos de lo dispuesto en el Código Civil Federal en el artículo de consentimiento, el 1803".
Explica que se decidió remitir al consentimiento tal cual lo trata el Código Civil Federal por estimar que dicho ordenamiento cuenta ya con una definición de consentimiento, que es comúnmente aceptada y utilizada. Aclara que la propuesta se encuentra estrechamente ligada a la contenida en el artículo 8o., donde se detalla el consentimiento expreso y se habla del tácito.
El diputado Gregorio Hurtado Leija señala que considera que entre la propuesta en la fracción IV citada y el artículo 8o. hay una contradicción, pues la primera dice que será en los términos de lo dispuesto en el Código Civil Federal, y en el artículo 8o. ya no se considera que el consentimiento sea expreso cuando se efectúa de manera verbal.
El presidente propone hacer un paréntesis sobre el particular a efecto de avanzar. La diputada Claudia Ruiz Massieu propone que en una mesa de trabajo ulterior se formule un planteamiento de redacción.
Se propone posponer para el día siguiente la discusión sobre el particular.
El diputado Raúl Domínguez Rex propone que así como el Grupo Parlamentario del PRI presentó una serie de planteamientos generales, valdría la pena ceñirse a un método de trabajo orientado a partir de los aspectos específicos del documento
El presidente señala que está de acuerdo, y propone como método basarse en el pliego de observaciones presentado por el PRI y si con relación a esos puntos se tienen observaciones, éstas se harán notar. No se objeta esta propuesta de trabajo.
La diputada Claudia Ruiz Massieu propone que en el artículo 5o. se adicione un complemento del párrafo para determinar que a falta de disposición expresa en la ley, se aplicarán de manera supletoria las del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tras un breve intercambio, se acepta la propuesta.
El presidente somete a consideración de la mesa una propuesta de reordenación de las fracciones de distintos artículos, como el 10, el 26 y el 29; en este caso, igual que en el del artículo 28, se propone una modificación por razones de técnica legislativa que sería, en los primeros tres casos, reordenar las fracciones según si son generales o su prioridad, sin alterar su contenido; y en el del artículo 28 es igual porque dice "solicitar una solicitud".
Aprobadas las modificaciones anteriores, se aborda el artículo 36, segundo párrafo. La diputada Claudia Ruiz Massieu manifiesta que sería pertinente que el tratamiento de los datos se haga conforme al aviso de privacidad y no entrar en el asunto de que el contrato respectivo deberá incluir una cláusula. Señala: "El aviso de privacidad debe contener los parámetros del tratamiento de los datos".
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera comenta que lo que abone a la certeza que pueda tener el usuario de que su información va a ser protegida no tendría por qué limitarse. Pregunta: "¿Qué garantía te da de que al trasladarla a la tercera, que está afuera de todo un marco legal porque no hay convenio previo, ella no vaya a usufructuar como decida la información que tiene en su poder? Porque no hay ninguna relación que obligue a la tercera con la primera".
El diputado Gastón Luken Garza manifiesta que no se discute el deber de proteger la privacidad del usuario o del ciudadano mientras transiten sus datos donde sea. Comenta: "Lo único que está en discusión estriba en cuál es la mejor herramienta para hacerlo. Si es la propuesta que hace Claudia, si es algo explícito y tácito en cada transmisión de los datos, que puede ser muy seguro, pero posiblemente inconveniente, o logísticamente difícil". Sugiere que se forme un grupo de trabajo que realice una propuesta sobre el tema.
El diputado Raúl Domínguez Rex señala que debe precisarse la discusión, pues el tema es la transferencia de los datos, no el contrato en sí. A raíz de ello "se excluye la figura de que el contrato deberá contener una cláusula". Aclara que si se observa bien, el capítulo donde se halla ese artículo es el de la transferencia de los datos. Y agrega: "La propuesta, el sujeto activo es la protección de los datos. Por eso, el tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso".
El diputado Gregorio Hurtado Leija afirma que el tratamiento de los datos se hará conforme al aviso de privacidad: "Partiendo de esa base, ya no hay necesidad de que digamos si va a haber o no contrato, pues ya hay un aviso de privacidad. No obstante, la propuesta del proyecto de dictamen te dice que obligadamente tiene que haber un contrato entre el responsable y el tercero o terceros".
El presidente propone que se clarifique la redacción del artículo, pero que se mantenga la idea del contrato como una especie del convenio final.
Cede el uso de la palabra a la diputada Claudia Ruiz Massieu para abordar el artículo 38.
La diputada manifiesta que en el artículo 38 propone cambiar la palabra "velar" por "vigilar". Se aprueba.
Refiere la propuesta de modificación del artículo 40, donde se propone eliminar la referencia al reglamento de la ley, por un lado; e impulsar, por otro, que la reglamentación que se emita se haga con la coadyuvancia del IFAI.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera comenta que ciertas áreas son de amplia especialización y, si bien la Secretaría de Economía tiene atribuciones para emitir regulación en materia de normas oficiales mexicanas o de calidad, sanidad y verificación, debería haber coadyuvancia de la instancia especializada.
Por ello se manifiesta en favor de defender ese principio. El presidente manifiesta su acuerdo en apoyar la propuesta respecto de la coadyuvancia del instituto si no se sugiere un nuevo título del capítulo.
El presidente somete a consideración de la mesa una propuesta de reordenación de las fracciones del artículo 43. Igual que en los casos anteriores, se propone una modificación por razones de técnica legislativa sin modificar el contenido de éstas.
Aprobadas las modificaciones anteriores, la diputada Claudia Ruiz Massieu aborda el artículo 45, para que se elimine la referencia a la legislación de aplicación supletoria. Manifiesta que sería pertinente esta reforma a raíz de la modificación del artículo 5o. Se aprueba la propuesta.
El presidente somete a consideración de los presentes la propuesta de reforma del artículo 46, fracción III, para sustituir "dirección" por "domicilio".
Aprobada la propuesta anterior, cede el uso de la palabra a la diputada Claudia Ruiz Massieu para atender el asunto del artículo 59, sobre el que se propone la adición de un segundo párrafo, que diría: "La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones de la presente ley".
El presidente comenta que con esta propuesta "ya no habrá verificación del instituto en términos reales de oficio". La diputada Claudia Ruiz Massieu aclara el alcance de la propuesta y manifiesta que la verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de resoluciones, en el primer supuesto, o cuando se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones de la ley.
El presidente señala que pondría un asterisco a la propuesta y propone verlo con los secretarios de cada partido.
La diputada Claudia Ruiz Massieu propone que el artículo 60 también se modifique en lo relativo al procedimiento de verificación. El diputado Javier Corral Jurado sugiere que se mantenga en sus términos; y la diputada Claudia Ruiz Massieu propone que también se reserve. Acordada la reserva, se aborda el caso del artículo 63, fracción XVII, para que se haga la aclaración correspondiente de que la referencia del artículo 16 contenida en ella corresponde al artículo 16 constitucional. La propuesta de modificación se aprueba en tales términos.
El presidente hace una relación de los asuntos reservados: la fracción IV del 3o., el 8o., el 36, el 59 y el 60. Da cuenta de un permiso constitucional, un dictamen con el que se solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos Rodrigo López, Antonio José Covacho Montillo, Arturo Pacheco Díaz, Yanel Alba Barragán… Rosado puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, de Japón y del Reino de Marruecos. Se aprueba.
Por último, el presidente comenta que sólo cinco cosas quedan pendientes de discutir para el día siguiente.
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 26 de abril de 2010.
La Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación
Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretarios.
