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Comunicaciones
- De los diputados Luz Carolina Gudiño Corro y Salvador Manzur Díaz
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla y Yanel Alba Barragán puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Japón en México; e informa que el ciudadano Marx Ulises López Haros deja de prestarlos en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Arturo Pacheco Díaz y Julynna Vivaldo Fosado puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Marruecos en México, respectivamente
- De la Secretaría de Gobernación, cuatro con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Gobernación, cuatro con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente
- Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite el primer informe trimestral de 2010 sobre los niveles de población por entidad federativa y la metodología para estimar la población total nacional
- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en febrero de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
- De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM
- De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 84, reforma el artículo 84 Ter y adiciona el artículo 84 Quáter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
- De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 5 y reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional
Comunicaciones
Palacio Legislativo, a 22 de marzo de 2010.
Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, y para los efectos conducentes, me permito solicitar que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputada federal, con efectos a partir del martes 23 de marzo de 2010.
La presente se funda en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradeciendo que pueda resolverse conforme a derecho, sin otro particular reitero mi consideración.
Atentamente
Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica)
DEL DIPUTADO SALVADOR MANZUR DÍAZ
Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Me permito someter a consideración de esta honorable Cámara mi solicitud de licencia, con carácter de indefinida, en los términos del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quiero agradecer a mis compañeros de esta legislatura, miembros de diversas diputaciones y, por supuesto, a quienes forman la de Veracruz su solidaridad y respaldo. Dejo también constancia de mi profundo agradecimiento a los electores que concedieron la posibilidad de tener la invaluable experiencia de pertenecer al Poder Legislativo de mi país, a quienes me propongo seguir sirviendo desde otra responsabilidad pública.
Manifiesto igualmente mi gratitud a mis compañeros de bancada, a nuestro coordinador, diputado Francisco Rojas Gutiérrez, a los miembros de la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, encabezada por usted, por las facilidades que me brindaron en mis tareas legislativas y les expreso mi reconocimiento y personal afecto, así como a todos mis compañeros de todas las filiaciones políticas que, con su trabajo, contribuyen a alcanzar acuerdos y soluciones en beneficio de México y dignifican la actividad política, única forma civilizada y razonable de enfrentar los problemas de la convivencia colectiva.
A esa actividad quiero seguir dedicándome porque la entiendo como una oportunidad de servicio. A ello me abocaré plenamente una vez que se resuelva esta solicitud de licencia. En atención de lo anterior, atentamente solicito:
Segundo. Se llame a mi suplente, Adela Robles Morales, para que rinda protesta y se mantenga la continuidad representativa del distrito 4 de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atentamente
Diputado Salvador Manzur Díaz (rúbrica)
Oficios
México, DF, a 8 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0303/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Puesto: Gerente administrativo;
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Antonio José Cobacho Montilla;
Puesto: Gerente de arrendamiento;
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Yanel Alba Barragán;
Puesto: Empleada;
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en México.
Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Puesto: Administrador de sistemas;
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS ARTURO PACHECO DÍAZ Y JULYNNA VIVALDO FOSADO PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DE MARRUECOS EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE
México, DF, a 17 de marzo de 2010
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0365/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Puesto: Secretaria;
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Marruecos en México.
Nombre: Arturo Pacheco Díaz;
Puesto: Coordinador en información;
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CUATRO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 16 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL61-II-9-0772 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0386 /2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los Programas para Contingencias Climatológicas.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 10 de marzo de 2010.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/548/l0, de fecha 24 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 25 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-11-9-0772, de fecha 23 de febrero de 2010, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de 1a Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 23 de febrero del presente año, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:
Para esos efectos, estimamos conducente formular de manera previa las siguientes consideraciones:
Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal en particular, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la Entidad Federativa de que se trate para que esta última proceda a su posterior distribución.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias Rof). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, previstos en las Rof, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.
Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.
A ese respecto diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.
En ese sentido, el artículo 7 de los lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal deberán establecer los procedimientos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.
Por su parte. y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las Rof establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello4, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.
En esa lógica, con relación al punto de acuerdo que se atiende y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción III, 12, fracción IX, 34 y 36 de la Ley General de Protección Civil, LGPC; y en los numerales 5, fracción VIII. 10 y demás relativos aplicables de las Rof, se aclara que la emisión de una Declaratoria de Desastre Natural, en el marco del Fonden, corresponde dé manera exclusiva a la Segob, por conducto del a CGPC.
No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas. son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal5 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.
Visto lo anterior informamos que, a efecto de dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, el Gobierno del Estado de Michoacán ha formulado dos solicitudes de declaratoria de emergencia y dos solicitudes de Declaratoria de Desastres Natural. No obstante en ninguna de ellas fueron incluidos los municipios de Ario ni Cotija.
Sin demérito de lo anterior y para los efectos que se estimen conducentes. procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en la entidad federativa en comento:
Fondo Revolvente Fonden
Michoacán de Ocampo
Lluvias severas el día 3 de febrero de 2010 (Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero)
Con oficio CGPC/165/2010, de fecha 4 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la emisión del dictamen técnico correspondiente.
Dicha solicitud fue atendida mediante oficio 800.-173, de fecha 5 de febrero de 2010, en el que se corroboró lluvias severas el día 3 de febrero de 2010, para los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla del estado de Michoacán.
• Asimismo con oficio B00.-174, de fecha 5 de febrero de 2010, la Conagua corroboró las lluvias severas el día 3 de febrero de 2010 en los municipios de Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero.
Mediante boletines de prensa 39/10 y 40/10, ambos de fecha 5 de febrero del año en curso, la CGPC difundió las declaratorias de emergencias para los municipios antes mencionados del estado de Michoacán, afectados por las lluvias severas el miércoles 3 de febrero de 2010. La declaratoria de emergencia para los 5 municipios fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2010.
Con base en lo anterior, por cuanto hace a los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla, a la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado siete solicitudes de insumos, que se han autorizado de la manera siguiente:
Respecto de los municipios de Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero, a la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado tres solicitudes de insumos, que se han autorizado de la manera siguiente:
Al día de la fecha, las declaratorias de emergencia continúan abiertas, razón por la que aún no se concluye con la atención de esta emergencia en Michoacán.
Con oficio CGPC/191/2010, de fecha 9 de febrero de 2010 la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.
Dicha solicitud fue atendida mediante oficio BOO.-244, de fecha 15 de febrero de 2010, mismo en el que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 de febrero de 2010, para los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, del estado de Michoacán.
Mediante Boletín de Prensa 62/10, de fecha 15 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia para los municipios antes mencionados de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 febrero de 2010. Dicha declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de febrero de 2010.
Con base en lo anterior, y por cuanto hace a los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, al día de la fecha el gobierno Michoacán ha presentado dos solicitudes de insumos, que se han autorizado dé la manera siguiente:
Fonden Reconstrucción
Michoacán de Ocampo
Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Angangueo, Ocampo. Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla).
Con oficio B00.-189 de fecha 7 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las Rof, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla, de Michoacán de Ocampo.
Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las Rof, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, Ced, en el Estado de Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios referidos. Para esos efectos, los integrantes del Ced se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, urbano, carretero, hidráulico, hidroagrícola, educativo, deportivo, salud y medio ambiente.
En ese acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las Rof, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de febrero de 2010 la "Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 5 municipios del estado de Michoacán de Ocampo" procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla (municipios que el estado de Michoacán de Ocampo incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre natural y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010).
No se omite señal que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las Rof, en las sesión de instalación del Ced antes aludido se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada, del desastre natural en cuestión Los montos con cargo a los APIN se encuentran señalados dentro del cuadro de recursos que se presentará líneas adelante.
El diagnóstico de los recursos necesarios para la atención de los daños.
La solicitud de anticipas.
No se omite mencionar que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 22 de las Rof para que las dependencias y/o entidades federales presenten sus solicitudes de recursos y los diagnósticos de obras y acciones definitivos, incorporando, en la medida de lo procedente, los diagnósticos presentados en la sesión de entrega de resultados, por lo que habrá que esperar, para conocer de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos en el Estado de Michoacán, por la ocurrencia de las lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010.
No obstante, se adelanta que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los del Fideicomiso. Fonden Federal al Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de de las Rof, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso Estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en ,el entendido de que de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.
Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.
De igual manera, en términos del numeral 46 de las Rof, será responsabilidad del fiduciario del referido fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.
Lluvias severas los días 4 y 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro)
• Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las Rof, el gobernador de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia de lluvia severas del día 4 al 11 de febrero del año en curso, en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. (No se incluyó a los municipios de Ario y Cotija).
Con oficio BOO.-265 de fecha 18 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las Rof, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa sólo los días 4 y 5 de febrero de 2010, en los tres municipios referidos del estado de Michoacán de Ocampo (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro).
Con fecha 19 de febrero de 2010, en cumplimiento de las disposiciones de las Rof, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, Ced, en Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de, 2010 en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. Para esos efectos, los integrantes del Ced se agruparon en subcomités de los sectores vivienda, educativo, deportivo, medio ambiente y de salud, infraestructura urbana, infraestructura carretera, infraestructura hidráulica e infraestructura hidroagrícola.
En dicha sesión; el Ced acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del Ced, para lo cual se, señaló originalmente ‘el día 4 de marzo de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción 11 de las Rof, el Ced autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 18 de marzo de 2010.
En ese acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las Rof, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2010 la . Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010, en 3 municipios del estado de Michoacán de Ocampo", procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro (municipios que el estado de Michoacán de Ocampo incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre natural y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010).
No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las Rof, en la sesión de instalación del Ced antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:
Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.
De igual manera, en términos del numeral 46 de las Rof, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1994.-Fonden etado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso ,de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.
Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.
Notas
1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2] de mayo de 2009,
2. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por su características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.
3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.
4. Aquellos antes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.
5. Los Fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparentes para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las Rof).
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Director General del Fondo de Desastres Naturales
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-6-0312, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número F00.6 DRCEN. 0305/ 2010, suscrito por el ciudadano Guillermo Ramírez Filippini, director regional Centro y Eje Neovolcánico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al programa de manejo del parque nacional La Malinche.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Cuernavaca, Morelos, a 12 de marzo de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 640/ 10, de fecha 3 de marzo del presente, remitido a la dirección a mi cargo a través de la Semarnat, mediante el cual se hace del conocimiento del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 2 de los corrientes.
Al respecto, le comunico que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) coordina a través de esta dirección regional la formulación del programa de manejo del parque nacional La Malinche y, de acuerdo con el calendario del presente ejercicio, se prevé concluir el proyecto a finales del tercer trimestre, y de esta forma estar en posibilidades de realizar la consulta pública, como establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, previamente a la revisión de la Dirección General de Operación Regional y la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.
Asimismo, nos encontramos en la mejor disposición de trabajar en la revisión del acuerdo de coordinación entre la Semarnat, a través de la Conanp, y los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla para coordinar y fortalecer la administración del parque nacional La Malinche con los gobiernos referidos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Guillermo Ramírez Filippini (rúbrica)
Director Regional Centro y Eje Neovolcánico
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0733, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0117, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto minero en Cananea.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de marzo de 2010.
Contador Público Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/447/556/10, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 11 de febrero del presente año, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a llevar a cabo diversas acciones en tomo al conflicto en la unidad minera de Cananea, Sonora.
Al respecto, se señala lo siguiente:
En el resolutivo primero del acuerdo referido se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que, en cumplimiento de la fracción VIII del articulo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigile el cumplimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en torno al conflicto minero en Cananea, absteniéndose de emitir notificaciones a petición expresa de la Compañía Mexicana de Cananea, SA de CV.
Sobre el particular, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 600, 604 y 605 de la Ley Federal del Trabajo; y 1o. del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la JFCA es un tribunal con plena jurisdicción de composición tripartita, integrada por igual número de representantes de trabajadores y patrones y un representante del gobierno federal.
La JFCA como tribunal laboral tiene a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo, o de hechos íntimamente relacionados con ellas, y su competencia está determinada en la fracción XXXI del citado artículo 123 de la Constitución Federal y en el artículo 527 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
A mayor abundamiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 606, 608, 609, 616 y 617 de la Ley Federal del Trabajo, y 4, 5, 7, 13 y 21 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a dicho tribunal laboral, funcionando como pleno o en juntas especiales, corresponde administrar justicia en el ámbito laboral federal y, en consecuencia, se encuentra investido de facultades legales de decisión en la resolución de los conflictos laborales, lo cual hace con plena autonomía e independencia, atendiendo al principio de imparcialidad en la impartición de justicia, en el ejercicio de su facultad jurisdiccional establecida en la Constitución General de la República y en la Ley Federal del Trabajo.
En tal sentido, si bien el artículo 40, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la STPS coordinar la integración y establecimiento de la JFCA y vigilar su funcionamiento, esta facultad se refiere a una supervisión de carácter administrativo, y no a una vigilancia respecto a las actuaciones y funciones jurisdiccionales de la JFCA. Lo anterior, ya que, como se ha señalado, se trata de un tribunal dotado con plena jurisdicción para dictar sus fallos; autonomía de la cual ha sido y será respetuoso el secretario del Trabajo y Previsión Social, así como todos los servidores públicos de esta dependencia del Ejecutivo federal.
Conforme a lo anterior, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo, relativo a las "Notificaciones", es obligación de la autoridad jurisdiccional laboral acordar y notificar los acuerdos y resoluciones respectivos, ya sea dentro del ámbito de sus actuaciones o por mandamiento del Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, la STPS no cuenta con facultades legales ni reglamentarias para vigilar que la JFCA se abstenga de emitir notificaciones en el asunto relativo al conflicto laboral suscitado en la mina de Cananea, situada en Sonora, ya que de intervenir en éste, implicaría una invasión a las facultades jurisdiccionales otorgadas legalmente a la JFCA.
Respecto al resolutivo segundo del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS a realizar cuanto antes un peritaje de sustancias químicas y explosivos en los polvorines de la mina de Cananea, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con personal de emergencia sindicalizado y con académicos e investigadores de la División de Ingenierías Civil y Geomática y de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que determine peligrosidad y las acciones a seguir, es de señalarse que la STPS, en el caso del conflicto en la mina de Cananea, se circunscribe únicamente a la conciliación de intereses para lograr el equilibrio entre tos factores de la producción y para preservar la paz laboral, así como para asegurar el ejercicio pleno y legítimo de los derechos de los trabajadores, en cumplimiento estricto de la Ley Federal de Trabajo, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En todo caso, corresponderá a la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, en su carácter de concesionaria de la unidad minera, llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar las medidas de seguridad e higiene de la referida mina y, en su momento, a esta dependencia, a través de la inspección federal del trabajo, vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de seguridad e higiene que prevalezcan en la mina.
Ahora bien, con relación a los resolutivos tercero y cuarto del citado acuerdo, por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reconvenga a la JFCA y ésta notifique la participación del personal sindicalizado, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Universidad Autónoma de México, en número paritario, para ingresar a las instalaciones de la mina de Cananea que explota la Compañía Mexicana de Cananea, SA de CV, y vigilar la legalidad y la corrección de los trabajos de la JFCA en el sentido de llamar el número exacto, preciso e indispensable, particularmente de policías y de fuerzas castrenses federales, para realizar tareas preventivas en las instalaciones de la mina Cananea y evitar roces e intimidaciones derivadas de una atropellada gestión del Ejecutivo Federal en el conflicto laboral.
Al respecto, se reitera que la STPS no cuenta con facultades para reconvenir a la JFCA, toda vez que, como se ha señalado, la JFCA es un tribunal legalmente constituido que cuenta con plena autonomía jurisdiccional para dictar sus fallos.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CUATRO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-4-264, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.222, suscrito por el ciudadano Carlos Alberto García González, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 11 de marzo de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con referencia al oficio número SEL/UEL/311/184/10, del 21 de enero de 2010, mediante el cual comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de enero, en el que exhorta a esta dependencia a efecto de que, de manera coordinada con otras secretarías, intervenga a la mayor brevedad posible y busque las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Antecedentes
El ingenio es propiedad de Carlos Garciarce (70 por ciento) y ED&FMan (30 por ciento) y se sitúa al norte de Sinaloa. El ingenio más cercano se encuentra a 200 kilómetros de distancia, hacia el sur (La Primavera) Eldorado se encuentra a 300 kilómetros al sur.
La empresa presentó ante las autoridades una demanda en la que solicita la terminación de las relaciones de trabajo. El ingenio cerró el 17 de diciembre de 2009.
El problema que presenta el ingenio referido es de carácter financiero y sus accionistas han manifestado la imposibilidad para continuar operando.
Situación actual
El ciudadano Garciarce encontró un grupo de inversionistas interesados en adquirir sus acciones, encabezado por los ciudadanos Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y Luis Puente (Grupo Ceres).
El 19 de enero se firmó la promesa de compra entre las partes por 70 por ciento de la acciones.
El 20 de enero se reunieron las partes con representantes de ED&FMan, quién cedió su derecho al tanto y expresó su interés por conservar su 30 por ciento.
Acciones de los gobiernos federal y estatal
El 20 de enero se reunieron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y esta secretaría en representación del gobierno federal y representantes del gobierno y de la Secretaría de Desarrollo de Sinaloa para estudiar la problemática del ingenio.
Dada la posible negociación de compra-venta del ingenio entre particulares, la Sagarpa puso a disposición de los nuevos inversionistas todos los programas de financiamiento del campo para su inmediata implantación, así como los apoyos por parte del servicio nacional de inocuidad.
Asimismo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ofreció a los trabajadores apoyo durante 60 días, en el transcurso de la transición, mediante el Programa de Empleo Temporal.
Ese mismo día, los gobiernos federal y estatal sostuvieron una reunión con el sindicato de trabajadores para anunciar la posible compraventa del ingenio y los programas de financiamiento y apoyo comentados.
Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento del honorable Congreso de la Unión de la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Carlos Alberto García González (rúbrica)
Director General de Enlace
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-4-264, signado por el diputado Francisco Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0114, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
El Titular de la Unidad
México, DF, 9 de marzo de 2010.
Contador Público Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/186/10, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 20 de enero del presente año, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal a efecto de que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Economía (SE), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Trabajo y Previsión Social (STPS), de manera coordinada, intervengan a la brevedad posible y busquen las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.
Al respecto, por lo que hace a esta dependencia del Ejecutivo federal, se señala lo siguiente:
La problemática que enfrentaba el ingenio Los Mochis, propiedad de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV, era de carácter financiero.
Entre abril y noviembre de 2009, los pasivos de la empresa crecieron por cantidades millonarias, lo cual tuvo como consecuencia que se incumpliera con el pago de las jubilaciones de los trabajadores que dejaron de prestar sus servicios en dicho ingenio desde abril de 2009.
A finales de 2009, con la intervención de la STPS, se sostuvieron varias reuniones donde participaron los accionistas del ingenio, a efecto de evitar la terminación de las actividades en la fuente de trabajo y lograr la venta o la reinversión financiera que salvara al ingenio de la quiebra.
El 15 de diciembre de 2009, la administración de la empresa tomó la decisión de cerrar el ingenio y, en esa misma fecha, el apoderado de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV, presentó una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la que solicitó la terminación de las relaciones de trabajo, argumentando la notoria y manifiesta incosteabilidad de la explotación. Dicha decisión de cierre del ingenio fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (sindicato azucarero).
El 20 de enero de 2010, con el propósito de buscar alternativas para evitar el cierre del ingenio, se llevó a cabo una reunión en la STPS, donde participaron los representantes de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV; del sindicato azucarero; de la cámara azucarera, así como de la Sagarpa, de la SE y del gobierno de Sinaloa. En dicha reunión se informó que un grupo de agroindustriales estaba interesado en adquirir el ingenio Los Mochis lo cual permitiría su capitalización y reapertura.
El 10 de febrero de 2010, la representación del sindicato azucarero informó a esta secretaría de la firma de una carta de intención donde los inversionistas del ingenio manifestaron su plena disposición para solucionar en el corto plazo temas importantes para los trabajadores, como salarios caídos, pago de jubilaciones y el bono de previsión social.
Con estas acciones se establecieron las condiciones necesarias para que el viernes 12 de febrero de 2010 se reiniciaran las labores en el ingenio Los Mochis.
Finalmente, cabe señalar que esta secretaría estará atenta a la evolución de las medidas para la solución de la problemática que enfrentaba el ingenio Los Mochis, con el propósito de que esa importante fuente de trabajo continúe operando a favor de la economía de la región del norte de Sinaloa.
La anterior información se proporciona para los efectos correspondientes y con objeto de que sea integrada con la que remitan en su momento las otras dependencias que fueron objeto del exhorto del citado punto de acuerdo.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-6-0218, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 313.1/0711/2010, suscrito por la maestra Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al desarrollo educativo de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 8 de marzo de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
En respuesta al oficio número SEL/UEL/311/200/10, de fecha 21 de enero de 2010, donde se exhorta el titular del Poder Ejecutivo para que a través de las dependencias correspondientes, se lleve a cabo lo siguiente:
– Adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
• El exhorto se circunscribe a la atención educativa de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.
– Hasta el momento el Pronim atiende tanto a niñas y niños en el nivel básico, se promoverá la atención de la educación inicial para el 2010.
• Generar condiciones sociales y educativas a los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades.
En nuestro ámbito, en una primera etapa, podríamos abrir una estrategia para ampliar la cobertura en educación básica de calidad en los cinco estados de origen (expulsores) con mayor población migrante.
Sin embargo, es necesario anotar que las condiciones sociales y educativas requieren para su creación de intervenciones interinstitucionales e intersecretariales en los 3 niveles de gobierno.
Con la estrategia de fortalecimientos hemos trabajado por dos años para impulsar la formación de sinergias alrededor de este objetivo, desde el liderazgo educativo de los titulares estatales de educación y la generación de compromisos para favorecer prioritariamente a escuelas indígenas y migrantes.
• En cuanto al estudio que valore el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades.
Desde el Pronim se podría solicitar que la evaluación externa contemple el tema en al menos los cinco estados de origen (expulsores) más representativos que atiende el programa.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Maestra Rosalinda Morales Garza (rúbrica)
Directora General de Educación Indígena
México, DF, a 18 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0561, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112. 00001160, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de marzo de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/109/10, mediante el cual hace del conocimiento, para la atención de esta dependencia del Ejecutivo federal, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 13 de enero del presente año, el cual menciona en su primer punto lo siguiente:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora
México, DF, a 1 de febrero de 2010.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta de la Semarnat
Presente
Por instrucciones del ingeniero José Luis Luego Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, y en atención al oficio número 112. 00000370, F.I. 00631, recibido el pasado 27 de enero de 2010, mediante el cual remite copia del oficio número SEL/UEL/311/109/10, en el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión del 13 de enero del presente año, el cual menciona: "Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades", y solicita la información correspondiente para atender dicha petición.
Al respecto, le informo lo siguiente: las Reglas de Operación del Fondo de Destres Naturales y los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente (Fonden), publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 27 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, respectivamente, así como las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) y los lineamientos operativos y técnicos del sistema de operación y gestión electrónica publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el 29 de diciembre de 2009 y 26 de mayo de 2008, respectivamente, establecen los procedimientos normativos para la aplicación de dichas programas, con ello el gobierno federal pretende actuar de manera corresponsable, complementaria, oportuna y transparente, ante la eventual ocurrencia de un desastre natural que afecte a la población, a la infraestructura nacional, estatal, municipal o al sector agropecuario, pesquero y acuícola.
La Comisión Nacional del Agua es respetuosa en la aplicación del marco jurídico y normativo, de los procesos, de las competencias y de las responsabilidades de cada uno de los entes públicos de los tres niveles de gobierno. Por ello, conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política, los acuerdos internacionales, la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y demás disposiciones legales, participa en el Sistema Nacional de Protección Civil, apoya los procesos del Fonden, del PACC y otros programas e instrumentos financieros federales, proporcionando opinión técnica e identificando fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos que son una amenaza para la población, evalúa las características propias del fenómeno natural, su variabilidad climática normal y determina su severidad, extremidad o atipicidad, se apoya en la información técnica y científica disponible, utilizando los datos generados en las redes de observación y medición hidrológica y meteorológica nacional, las cuales están conformadas por la red sinóptica, climatológica, hidrométrica, de radio sondeo, la red, receptora de imágenes de satélite, los observatorios meteorológicos y más.
Estas redes cumplen con los estándares de instalación, calibración, operación y mantenimiento que establece la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también elabora en conjunto con los organismos internacionales mapas sinópticos, diagnósticos de sequías, estimación de normales de precipitación, temperatura, etcétera.
Como es de su conocimiento, nuestro país forma parte del acuerdo internacional con la OMM, organismo especializado de Naciones Unidas, que establece las obligaciones, responsabilidades y misión del Servicio Meteorológico Nacional en materia de estado y comportamiento de la atmosfera terrestre, incluyendo su interacción con los océanos, el clima y los recursos del agua, el cual se encuentra adscrito a esta Comisión Nacional del Agua.
Nuestra nación forma parte de la red de vigilancia global de la atmósfera, por lo que la norma de observación de cualquier estación de las redes nacionales administradas y operadas por la Conagua cumple con la normatividad internacional de observación meteorológica e hidrológica, igual a cualquier estación de la red mundial en cualquier parte del mando.
Conceptualmente, la declaratoria de emergencia sirve para actuar de manera inmediata, transparente y eficaz ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, con el propósito de brindar protección a la población, a la vida, la salud, la alimentación y proporcionar albergue temporal; la declaratoria de desastre natural es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional, tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos en la mitigación de los daños ocasionados a la infraestructura por un fenómeno perturbador, siempre y cuando las capacidades financieras de las entidades federativas, dependencias y entidades de la administración pública federal hayan sido superadas y la declaratoria de contingencia climatológica, tiene como propósito apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante, la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.
Es de observarse que la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre natural es una prerrogativa de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal conforme a la Ley General de Protección Civil y la normatividad del Fonden, la emisión de las declaratorias de contingencias climatológicas le corresponden a la Sagarpa, la Comisión Nacional del Agua sólo apoya los procesos en si marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para ello emite su opinión técnica fundamentada en los estudios y análisis estadísticos de los parámetros hidrometeorológicos y climatológicos conforme a la normatividad vigente, no administra ni opera ninguno de los instrumentos financieros señalados.
En este contexto, durante 2010 se han atendido en tiempo y forma 15 solicitudes de opinión técnica para las declaratorias de emergencia correspondientes a las siguientes entidades: Baja California (1), Chihuahua (1), Coahuila de Zaragoza (2), Durango (2), Oaxaca (2), San Luis Potosí (2), Tlaxcala (1), Veracruz (2) y Zacatecas (2); 3 solicitudes para las declaratorias de desastre natural correspondientes a Baja California (2) y Coahuila de Zaragoza (1) y, por último, en el sistema de gestión y operación electrónica del PACC se han atendido 7 solicitudes de diagnóstico climatológico para Baja California (1), Nuevo León (1), Puebla (1), San Luis Potosí (2), Tamaulipas (1) y Veracruz de Ignacio de la Llave (1).
Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta les explique a los legisladores que cada instrumento cuenta con un marco legal y normativo, y tiene su ámbito de aplicación particular, se activan a petición de las entidades federativas ante la eventual ocurrencia de un fenómeno natural imprevisible y determinado, siempre y cuando se rebasen los umbrales hidrometeorológicos y climatológicos establecidos en las normas y cuya magnitud supere la capacidad de atención de las entidades federativas, dependencias y entidades de la administración pública federal. Lamentamos informarles que esta Comisión Nacional del Agua no cuenta con atribuciones para emitir una declaratoria de emergencia, de desastre natural o contingencia climatológica.
Reciba un cordial saludo.
Doctor Felipe I. Arreguín Cortés (rúbrica)
Subdirector General
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, CON EL QUE REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2010 SOBRE LOS NIVELES DE POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA Y LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA POBLACIÓN TOTAL NACIONAL
Informe de los niveles de población por entidad federativa
Primer trimestre
Febrero de 2010
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Introducción
El panorama demográfico del México actual es resultado de la profunda transformación que ha tenido su población durante el siglo XX; algunas cifras pueden ayudar a entender mejor la magnitud del cambio: el censo de 1900 registró 13.6 millones de habitantes, hacia 1950 la población en el país había crecido casi al doble (25.8 millones) y en tan sólo veinte años más, para 1970 se habían alcanzado 48.2 millones de personas, cifra que para el año 2000 se ubicó cerca de los 97.5 millones. En suma, la población nacional se multiplicó casi ocho veces en un siglo.
Desde los años setenta el país ha experimentado un profundo cambio demográfico y la política de población ha sido un instrumento efectivo para incidir en el crecimiento de la población. Si bien, la población nacional ha continuado creciendo, ahora lo hace a un ritmo mucho menor, la tasa de crecimiento medio anual de la población mexicana en 2005 se estimó en 0.9% y en términos absolutos el país contaba con 103.3 millones de personas. Sin embargo, México es un país muy heterogéneo y en términos demográficos las disparidades en los montos de población a nivel estatal son un reflejo de la evolución de los componentes demográficos en cada una de las entidades.
Fecundidad
La evolución de la fecundidad en México se encuentra en franco descenso desde hace poco más de tres decenios. En la actualidad el nivel de la fecundidad se encuentra próximo al reemplazo generacional: 2.1 hijos por mujer.
Algunos factores determinan el tamaño de la descendencia, ejemplo de ello es la elevación del nivel educativo de las mujeres y una creciente participación de la población femenina en la actividad económica, situación que influye en el comportamiento reproductivo. También se reconoce como un derecho el acceso a los servicios de planificación familiar y la salud reproductiva, aproximadamente siete de cada diez parejas ejerce sus derechos reproductivos en un marco de respeto a las decisiones individuales.
La fecundidad generalmente es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, sin embargo, el descenso se observa en todas las entidades federativas y la brecha se reduce; si consideramos las entidades con mayor y menor fecundidad en el año 2000, se observa que la diferencia entre el Distrito Federal (2.0 hijos en promedio) y Guerrero (3.5 hijos en promedio) es de 1.5 hijos y se prevé que disminuirá a sólo 0.6 hijos en 2010 (1.7 hijos en el Distrito Federal y 2.3 en Guerrero).
Mortalidad
El notable descenso de la mortalidad ha sido uno de los logros sociales más significativos del México contemporáneo. El alargamiento de la sobrevivencia fue resultado de las mejoras en las condiciones generales de vida de la población, la ampliación de la infraestructura de servicios sanitarios, la expansión de la cobertura de los servicios de salud, el mejoramiento de la alimentación y la educación de la población, entre otros factores. Las muertes tempranas también se han visto reducidas considerablemente, debido a los esfuerzos realizados por el sistema de salud, el acceso de la población a servicios sanitarios y de agua potable; y la aplicación prácticamente universal de las vacunas.
Como consecuencia, los habitantes del país viven un mayor número de años y en mejores condiciones de salud. En la actualidad, la esperanza de vida se estima en 75.4 años, más del doble que la registrada en 1930 (36.2 años); y aunque el aumento en la esperanza de vida es diferencial por entidades federativas, las brechas en cuanto a la vida media de la población se han reducido.
Migración
En las últimas décadas la migración se ha convertido en el principal determinante demográfico de los cambios en la distribución geográfica de la población en México.
Por un lado, la migración de mexicanos al exterior, en particular hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo, con una prolongada tradición y con fuertes repercusiones sociales, económicas y culturales en ambos países. Este fenómeno se explica por diversos factores, los más importantes proceden de la enorme diferencia económica y del elevado grado de interdependencia entre los mercados de trabajo; a los que se incorporan las redes sociales y familiares establecidas entre mexicanos y la cultura de la migración edificada a lo largo de los años.
El número de migrantes mexicanos residente en los Estados Unidos asciende a más de 11 millones de acuerdo con las cifras de las más recientes encuestas americanas, con fuertes lazos sociales, económicos y culturales con nuestro país. Además, el fenómeno ha adquirido tal importancia cuantitativa que prácticamente todos los municipios del país están involucrados en este hecho. Con datos de la conciliación censal, se estima que durante 2000 y 2005 se tuvo una pérdida neta anual de 575 mil personas de México que salieron al resto del mundo, principalmente a Estados Unidos.1
Los niveles de población por entidad federativa
Las proyecciones tienen la finalidad de estimar la magnitud y composición futura de la población, basándose en un adecuado conocimiento de los hechos demográficos, ocurridos en el presente y pasado próximo, y además considerando los cambios que se estima ocurrirán en los factores que influyen sobre la dinámica demográfica. Las proyecciones tienen un componente de incertidumbre que se acrecienta conforme el período de referencia se aleja del año base, debido a que surgen factores naturales, económicos y sociales que pueden alterar los supuestos de la proyección. El próximo Censo de Población y Vivienda 2010, actualizará la información estadística sobre el tamaño de la población y los componentes demográficos del país y de las entidades federativas.
La institución gubernamental legalmente facultada para elaborar proyecciones de población es el Consejo Nacional de Población (Conapo), las cuales se publican referidas al primero de julio de cada uno de los años de proyección. El Inegi, realiza estimaciones de la población para fechas diferentes y para áreas geográficas específicas, las que se obtienen por medio de interpolaciones de las previsiones del Conapo. Enseguida se presentan los resultados para el primer trimestre del 2010 a nivel de entidad federativa.
Se estima que la población que reside en México a mitad del primer trimestre de 2010 alcanzará los 108.1 millones de habitantes, lo que significa que la población aumentará poco más de 211 mil personas en relación con el último trimestre del año anterior.
El mayor incremento será en el Estado de México con 48 mil personas, lo que representa un 23% del total nacional. Baja California es otra entidad en la cual se estima tener un incremento notable: poco menos de 22 mil habitantes representando el 10.3 por ciento del total nacional. En orden de importancia le siguen Puebla, Nuevo León y Jalisco con 6.4 por ciento cada entidad. En contraposición para las entidades de Michoacán de Ocampo, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas se prevé una reducción en su población (-1.7%, -0.7%, -0.3% y -0.2%, respectivamente).
En lo relativo al crecimiento de la población, la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2010 es de 0.78%, situación que incide en un menor dinamismo; sin embargo, se estiman tasas de crecimiento más elevadas en Quintana Roo (3.57%), Baja California (2.71%) y Baja California Sur (2.41%) y se estiman tasas de crecimiento negativas en Michoacán de Ocampo (-0.37%), Guerrero (-0.19%), Zacateca s (-0.15%) y Oaxaca (-0.06).
Los componentes demográficos (fecundidad, mortalidad y migración interna e internacional) mantienen una profunda influencia en el tamaño, la dinámica y la distribución de la población en el territorio nacional. El Estado de México es la entidad federativa más poblada con 15.0 millones de habitantes, lo que representa 13.8 por ciento de la población nacional. En monto de población le sigue el Distrito Federal con 8.8 millones, con una proporción de 8.2 por ciento y Veracruz de Ignacio de la Llave con 7.3 millones (6.7%).
Baja California Sur se mantiene como el estado menos poblado con cerca de 574 mil habitantes, le sigue Colima (606 mil), Campeche (802 mil) y Nayarit (971 mil).
Nota
1. Inegi. "El Conapo, el Inegi y El Colmex concilian cifras de la dinámica demográfica del país para el periodo 2000-2005", Comunicado número 189/06, Aguascalientes, Aguascalientes, 7 de septiembre de 2006.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Metodología para la estimación de la población total nacional y por entidad federativa a mitad de mes
Febrero de 2010
Introducción
La estimación de montos de población total a mitad de cada mes por entidad federativa se obtiene con la finalidad de que todas las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenten cifras homogéneas, para ello se calculan indicadores de razón utilizados como cifras de control de población proveniente de las proyecciones de población que elabora el Consejo Nacional de Población (Conapo). El presente documento metodológico describe el procedimiento con el que se desarrollan dichas estimaciones.
Insumos
• Población a mitad de año por entidad federativa 2000-2012 (datos de la conciliación demográfica y de las proyecciones).1
• Bases de datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 con marco geoestadístico 2005 y la base de datos del II Conteo 2005.
Los censos y conteos permiten obtener datos de la población y de sus características, sin embargo, la información es de tipo instantánea, en otras palabras, los datos son el reflejo de la situación en un momento determinado. Ante esta situación, el objetivo de las proyecciones de población es establecer las posibles tendencias de las cifras de población futura, mediante técnicas demográficas y matemáticas, a partir de supuestos hechos acerca de la evolución de las variables que determinan su dinámica: fecundidad, mortalidad y migración. La estimación de la población se refiere al volumen de personas que tiene, tuvo o tendrá una población en un momento dado del tiempo, que no puede ser medido directamente, sino estimado de alguna información censal.
El Inegi realiza dichas estimaciones a partir de las proyecciones de la población, 2005-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo), las cuales fueron elaboradas en dos etapas: un grupo de trabajo integrado por técnicos del Conapo, el Inegi y el Colegio de México (Colmex) desarrollaron un ejercicio de conciliación demográfica para el periodo 1990-2005, que consistió básicamente en el análisis de toda la información disponible y, con base en ello, en la construcción de un conjunto congruente de cifras de población y de indicadores demográficos que permitió estimar el volumen de la población total en el periodo intercensal. Posteriormente, la elaboración de las proyecciones.
Primordialmente, con la información censal (XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005) se calculan las tasas de crecimiento de la población, mientras que con el ejercicio de conciliación demográfica y las proyecciones de población se establecen los volúmenes de la población al 1 de julio de cada año. Esta información es relevante para la estimación de los montos de población para las encuestas que realiza el Inegi. Enseguida se detalla puntualmente la forma en que se elaboran las estimaciones y el método utilizado.
Procedimiento
Las localidades fueron clasificadas con base en el tamaño de su población, según el Conteo 2005, en una de cuatro clases: menos de 2 mil 500 habitantes, de 2 mil 500 a 14 999 habitantes, de 15 mil a 99 999 habitantes, y 100 000 y más habitantes.
Se computó el tamaño total de la población para cada una de las clases anteriores, tanto a nivel nacional como para cada una de las 32 entidades federativas, usando información del Censo General de Población y Vivienda, 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
2. Se calculó la tasa de crecimiento de la población considerada en cada clase a nivel nacional y por entidad federativa:
Se determinó la población, aplicando la tasa de crecimiento a la población censal, al 1 de julio de cada año para cada uno de estos ámbitos geográficos. Con lo anterior se logró contar con estimaciones anuales de los tamaños de población nacionales y estatales para cada año del periodo de manera similar a las proyecciones de población de Conapo.
Adicionalmente, se determinó la distribución porcentual de los tamaños de localidad respecto al total nacional y para cada una de las entidades federativas.
3. A partir de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y de las estimaciones anteriores para cada mitad de año:
Se ajustó el total de población por tamaño de localidad que se calculó con las tasas de crecimiento a la población total nacional que proporcionó la proyección de población.
Una vez que se tuvieron los montos de población por tamaño de localidad nacional se procedió al ajuste correspondiente al interior de las entidades federativas, de acuerdo al volumen que proporciona la proyección. Esto se realizó mediante el ajuste bilineal convergente (también conocido como tabla cuadrada) que garantiza que al sumar la población en todos los tamaños de localidad al interior de todas las entidades, se respete el correspondiente total nacional y por entidad federativa proporcionado por la proyección de población.
Así resulta
Haciendo el cambio de variable y sutituyendo los valores de qi(y) se tiene:
En el planteamiento anterior se utilizó el supuesto de que los valores de la función y los de su derivada, en cada punto base son bien conocidos; sin embargo, en aplicaciones reales esto no siempre es posible, por lo que pueden establecerse condiciones sobre la derivada que aseguren continuidad hasta la derivada de segundo orden.
La segunda derivada de Pi(x) queda expresada como:
Debido a que la interpolación se hace por segmentos, se deben imponer ciertas condiciones sobre la primera y la segunda derivada para asegurar continuidad y suavidad en los puntos de ruptura del polinomio, lo que equivale a:
De esta manera se garantiza el comportamiento deseado en todos los puntos de unión, sin embargo, no es aplicable a los puntos extremos xo y xn (cuando se tienen n puntos de apoyo).
Sustituyendo en la igualdad:
De aquí se obtienen que los g’i deben satisfacer las siguientes ecuaciones:
El sistema de ecuaciones resultante se encuentra asociado a una matriz tridiagonal con n-2 incógnitas. Al imponer como condición en los extremos que la derivada sea igual a cero, se tiene que las derivadas se calculan como solución al sistema lineal:
Donde:
5. A manera de ejemplo, el cuadro siguiente presenta la información base para la aplicación del interpolante cúbico de Hermite (procedimiento 1, 2 y 3).
Los datos que sirven como insumo para el polinomio de Hermite son las tasas de crecimiento exponencial acumuladas de la población a mitad de año, respecto de la población en la primera fecha de la serie de los datos base. El cuadro siguiente muestra las tasas de crecimiento interpoladas acumuladas a fechas específicas y a partir de éstas, las correspondientes tasas de crecimiento anualizadas. La población estimada a mitad de mes es el resultado de aplicar el crecimiento exponencial de manera subsecuente.
Este ejercicio se realizó para cada uno de los tamaños de localidad que se requieren, obteniéndose el total por entidad federativa de la suma de los cuatro tamaños de localidad interpolados a mitad de mes. La población total nacional es la suma de las entidades federativas. Es importante señalar que también se realizaron las interpolaciones de la población total por entidad federativa, con la finalidad de observar la diferencia que hay entre la interpolación del total de población y el total de población por suma de los tamaños de localidad, pero dado que las diferencias son mínimas, se mantuvo el total obtenido por suma.
1. Inegi. "El Conapo, el Inegi y el Colmex concilian cifras de la dinámica demográfica del país para el periodo 2000-2005", Comunicado número 189/06, Aguascalientes, Aguascalientes, 7 de septiembre de 2006. www.conapo.gob.mx
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE INFORMA QUE EN FEBRERO DE 2010 EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS LOCALES COMPETENTES, DIO DESTINO ÚNICAMENTE A MERCANCÍA PERECEDERA, DE FÁCIL DESCOMPOSICIÓN O DETERIORO Y NO TRANSFERIBLE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
México, DF, a 17 de marzo de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de febrero de 2010, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
Atentamente
Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica)
Administrador Central de Destino de Bienes
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
México, DF
En referencia al punto de acuerdo remitido al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria referente al exhorto que ese cuerpo legislativo hace para que se revise y replantee la estrategia de combate de la mosca de la fruta en las zonas huasteca y media de San Luís Potosí, al respecto le informo lo siguiente:
San Luís Potosí actualmente cuenta con el siguiente estatus fitosanitario: 21 municipios de la zona del altiplano están reconocidos como zona libre de moscas de la fruta mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de septiembre de 2009. Esta declaratoria incluye a 281 hectáreas de frutales como durazno, manzana y chirimoya, con una producción estimada de mil 200 toneladas (se anexa publicación de la declaratoria en el DOF). Actualmente se encuentra en revisión el expediente técnico para el reconocimiento como zonas libres de moscas de la fruta de los municipios Villa de Reyes, San Luís Potosí, Armadillo de los Infante, Tierra Nueva, Santa María del Río y San Nicolás Tolentino, de la zona del altiplano.
Asimismo, 11 municipios (Villa Juárez, Cerritos, Alaquines, Lagunillas, Rioverde, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Santa Catarina, Cárdenas, Rayón y San Ciro de Acosta) que integran la zona media de San Luís Potosí se encuentran reconocidos como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2009 (se anexa publicación de la declaratoria en el DOF). Con esta declaratoria la zona de baja prevalencia se impacta positivamente en 4 mil 460 hectáreas de cítricos con una producción estimada de 89 mil toneladas y un valor de la producción de 267 millones de pesos.
Los recursos asignados para la Campaña contra Moscas de la Fruta en los últimos 3 años se desglosan en el siguiente cuadro.
Durante 2009, en la zona media de San Luís Potosí se instalaron 644 trampas, se muestrearon 46.3 toneladas de fruta, se realizaron actividades de control químico en 15 mil 981 hectáreas de áreas marginales, se instalaron 234 mil 170 estaciones cebo, se destruyeron mil 274 toneladas de fruta y se liberaron mil 27 millones de insectos estériles bajo el sistema de adulto en frío, logrando con ello que el MTD de la zona se mantenga 0.0040 (baja prevalencia). Para reforzar estas acciones y lograr erradicar la plaga del área citrícola de esta zona, se pretende aumentar la cantidad de moscas estériles liberadas de 25 millones a la semana (cantidad liberada actualmente) a 45 millones semanalmente.
Por otro lado, en la zona de la Huasteca las actividades desarrolladas durante 2009 son las siguientes: se instalaron 511 trampas, se muestrearon 4.8 toneladas de fruta para detección de larvas, se realizaron actividades de control químico en 3 mil 547 hectáreas, se instalaron 4 mil 950 estaciones cebo y se destruyeron 88 toneladas de fruta. Las acciones realizadas en esta región para el control de la plaga son insuficientes y requieren fortalecerse incrementando los recursos asignados a la campaña para esta zona. Para el ejercicio 2010 se pretende llevar a cabo un programa en coordinación con los productores para la supresión de la plaga en esta área
Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.
Atentamente
MVZ Enrique Sánchez Cruz (rúbrica)
Director en Jefe
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2O.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
México, DF, a 18 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
Recinto del Senado de la República, a 17 de marzo de 2010.
Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
Presentes
Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de salud de un individuo y de un pueblo tiene sus raíces en los hábitos alimentarios. En ese acto cotidiano, sistemático, social, que constituye el comer.
En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento para su protección y prevención de enfermedades.
Sin embargo, la sociedad ha sufrido una evolución notable en los hábitos alimenticios, como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición de los consumidores los denominados "alimentos servicio", que son aquellos especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de los mismos, sin importar su contenido proteico.
Los cambios sociales que se han producido en nuestro país también han modificado las costumbres alimenticias. Entre éstos, podemos destacar el flujo migratorio del campo a la ciudad y una amplia difusión de las nuevas técnicas de producción y conservación de los alimentos, que amplían las posibilidades de consumo a zonas en las que antes no era posible. Hay que considerar también la influencia del marketing, la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias y de los medios de comunicación sobre los hábitos en la alimentación.
A lo anterior, podemos añadir que la evolución del comportamiento alimentario también se ha visto afectada por el paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado, el trabajo de la mujer fuera del hogar, los nuevos sistemas de organización familiar, etcétera.
Asimismo, la tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los individuos.
Estos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos estilos de vida y a los nuevos productos a consumir, relacionados muy directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre personas de culturas alimentarías distintas.
Así, el consumo de alimentos en occidente se caracteriza, cuantitativamente, por una ingesta excesiva de alimentos, superior, en términos generales, a aquella recomendada en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. Una gran parte de la población mundial sufre las consecuencias de la mala nutrición y la otra parte de la población que está sobrealimentada sufre, a su vez enfermedades debidas al exceso de alimentos o a la mala selección de una dieta balanceada.
Esta situación ha provocado que en México la epidemia del sobrepeso y la obesidad sea un problema de gran magnitud en todos los grupos de edad, experimentando su crecimiento una gran velocidad.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 69.2% de la población mexicana tenía sobrepeso u obesidad en el 2008, este porcentaje representa un incremento de 6.9 puntos porcentuales por encima de los datos del 2007.
El promedio de los países que integran la OCDE es del 48% de su población con sobrepeso u obesidad, y de los treinta miembros, sólo nueve superan el 50%.
En obesidad, el primer lugar lo ocupa los Estados Unidos con 32.2% de su población con este problema, en tanto que México ocupa el segundo lugar con 30.2%.
En sobrepeso, México encabeza la tabla con 39.1%, seguido por Estados Unidos con 34.1%. Sólo en México y Turquía es mayor la tendencia en sobrepeso y obesidad en mujeres que en hombres.
De esta forma, queda claro que la obesidad y el sobrepeso representan un problema de salud mundial, ya que de ellos derivan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las anomalías cardiovasculares, los problemas respiratorios, la artritis, entre otros.
Este cúmulo de enfermedades genera un gran gasto que pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud. En México, el gasto atribuible a la obesidad y el sobrepeso asciende a más de 67 mil millones de pesos y se espera que para el 2017 esta cifra sea cerca de 150 mil millones de pesos.
Todo ello lleva a la urgente necesidad de que en nuestro país se implementen medidas que contribuyan a la reducción de la obesidad, a través del fomento del deporte, una dieta balanceada y a la educación nutricional.
Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, en el núcleo familiar, ya que los hábitos adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta alimentación en la adolescencia y una prevención de las enfermedades vinculadas a los trastornos alimenticios.
Es por ello que se han desplegado esfuerzos legislativos para lograr la disminución del consumo de alimentos con bajo contenido proteico. Diversos grupos parlamentarios hemos presentado iniciativas en distintas materias a fin de reducir la obesidad y el sobrepeso de la población.
Entre las propuestas realizadas, es de destacar aquellas que promueven la prohibición de la comida chatarra en las escuelas.
Sin duda alguna, una de nuestras mayores preocupaciones ha sido el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en nuestros niños. Hoy son más de 4 millones de niños entre los 5 y 11 años los que padecen sobrepeso y obesidad en el país.
La Secretaría de Educación Pública finge estar realizando una cruzada en favor de la alimentación saludable en las escuelas, mientras el futuro ya nos alcanzó.
Entre 1988 y 2002 el consumo de frutas y verduras descendió en un 30%, y el de refrescos se incrementó en 40%, entre los más pobres esta cifra representó un 60% de aumento.
Hasta ahora no existe reglamentación federal alguna para el tipo de alimentos y bebidas que se sirven y venden al interior de las escuelas. Veinte entidades han decidido prohibir la comida chatarra en planteles escolares, pero su aplicación es variable, diferenciada y sin claro sustento científico.
La comida chatarra tiende a ser alta en grasa, sal y calorías y baja en fibra. Estos factores dietéticos pueden llevar a problemas de salud.
La experiencia internacional nos muestra diversos precedentes tendientes a la reglamentación, y en algunos casos la prohibición, de la comida "chatarra".
En Francia, en el 2005 fueron prohibidas en las escuelas los refrescos y chocolates de las máquinas expendedoras. Asimismo, desde marzo del 2007 se implementó una nueva legislación respecto a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables, la cual debe ir acompañada de mensajes para el cuidado de la salud, de lo contrario se tendrá que pagar una multa equivalente al 1.5% del costo de la publicidad.
En Irlanda se impuso la prohibición de publicidad de comida rápida y dulces por televisión, así como el uso de celebridades y estrellas del deporte para promover la comida chatarra entre los niños.
Lituania, en 2006, fue el primer país de la comunidad europea en prohibir por completo la venta de alimentos chatarra en las escuelas y guarderías. La prohibición incluyó la venta de alimentos y bebidas que contengan colorantes artificiales, endulcorantes, conservadores, aminoácidos y cafeína. Como parte del programa el Ministerio de Salud también promovió los alimentos saludables como la leche, jugo y frutas.
Noruega y Suecia han prohibido también la publicidad de alimentos chatarra dirigida a menores de 12 años.
En el Reino Unido, durante el 2005 también se prohibió la venta de diversos alimentos y bebidas en las escuelas, por su contenido calórico. También se implementó una regulación respecto a la publicidad dirigida a niños.
Pese a estos esfuerzos, se coincide en todas partes en la necesidad de reforzar estas medidas con otros elementos que incidan determinantemente sobre el consumo de las personas.
Es por ello, que consideramos por demás relevante que en nuestro país se establezcan todo tipo de medidas para reforzar los esfuerzos a favor de una mejor alimentación. Si bien el gobierno federal ha lanzado el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, este resulta insuficiente para modificar hábitos alimenticios y reducir el consumo de alimentos chatarra.
Por tal motivo, el grupo parlamentario del Partido Verde presenta esta modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de establecer una tasa del 15% a aquellos alimentos procesados a partir de diversas harinas sometidos a un proceso industrial de fritura, a las golosinas y panecillos empaquetados, dulces y caramelos, y en general a todo aquel alimento que contenga altos niveles de grasas, sal o azúcares y numerosos aditivos alimentarios con carencia de proteínas, vitaminas y fibra.
El Estado no puede seguir privilegiando a todos aquellos que contribuyen al deterioro de la salud, en especial de los niños. Si bien, la idea de mantener una tasa de cero por ciento en alimentos es procurar el derecho básico a la alimentación, también debemos tener presente que el derecho a la salud puede verse afectado si no se tienen limitaciones en este respecto.
Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, tarde o temprano en la salud. Por lo que tenemos que promover las medidas que contribuyan a incorporar la buena alimentación como parte de la vida cotidiana de los mexicanos.
Hoy estamos a tiempo de poder hacer algo para la reducción del sobrepeso y la obesidad y con ello contribuir a la sustentabilidad del sistema de salud, el cual, de seguir como vamos, estará en riesgo de una crisis mayor a causa de la gran cantidad de enfermedades provocadas por la obesidad y el sobrepeso.
Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al inciso b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se adiciona un numeral 5 al inciso b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
a) ….
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
2. ...
3. …
4. …
5. Alimentos procesados a partir de diversas harinas (maíz, papa, cebada, trigo) añadidos de frutas secas sometidas a un proceso industrial de fritura. Cacahuates, nuez, almendra y avellana que son sometidos a un proceso industrial básico y luego son sazonados con aderezos dulces, salados, ácidos o picantes para modificar el sabor. Frituras en empaques, golosinas y panecillos empaquetados, dulces y caramelos, y todo alimento que contiene altos niveles de grasas, sal o azucares y numerosos aditivos alimentarios con carencia de proteínas, vitaminas y fibra.
…
…
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica).
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PARA QUE SE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 84, REFORMA EL ARTÍCULO 84 TER Y ADICIONA EL ARTÍCULO 84 QUÁTER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
México, DF, a 18 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La Presidencia acordó remitir la documentación, la cual se anexa, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Solicitud de excitativa del senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Gobernación y Defensa Nacional de Cámara de Diputados en relación a minutas aprobadas en el Senado de la República; y a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, en relación a proposición con punto de acuerdo, todas, concernientes al Combate al Tráfico de Armas.
El suscrito, Fernando Castro Trenti, en nombre de distintos senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 2009 fue el año más violento del que se tiene registro al terminar con alrededor de 7 mil 800 asesinatos; el casi medio centenar de asesinatos cometidos el fin de semana, elevó a dos mil 49 las vidas que el crimen organizado ha cobrado en lo que va del año, cifra que en el 2007 y 2006 no se alcanzó hasta otoño.
El tema del tráfico de armas recobra especial relevancia dado los sucesos ocurridos el fin de semana en Ciudad Juárez donde fueron asesinados tres ciudadanos estadounidenses relacionados con la labor consular en aquella ciudad fronteriza, pues fueron acribillados precisamente con armas y municiones provenientes y fabricadas en el mismo país del que eran originarios.
Esas armas y municiones pudieron haber sido adquiridas a escasos metros del Río Bravo, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los asesinatos en Ciudad Juárez, puesto que en la línea fronteriza con Estados Unidos hay más de 12 mil tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.
La visita del Presidente Calderón a Ciudad Juárez, que se da al momento de oficializarse la participación del FBI en labores de investigación de crímenes, es señal de preocupación y no de alivio, que enrarece el clima e incrementa el nerviosismo de la ciudadanía.
Ante la situación que vivió Ciudad Juárez el fin de semana pasado, la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró que el envío del Ejército Mexicano a Ciudad Juárez no ayudó a resolver el problema de la inseguridad y que Estados Unidos ya reforzó su frontera. Declaración irresponsable, debido a que el problema de inseguridad que padece México no se resuelve con la seguridad de aquél lado de la frontera, sino con medidas de control más estrictas que impidan la fácil adquisición de armas estadounidenses y su internación a México.
¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno extranjero al reprobar el combate a la inseguridad en México, cuando han sido los responsables del problema de internación ilegal de armas, municiones y explosivos al país debido a que no han sido capaces de frenar el flagelo en su propio territorio?
Si el año pasado el gobierno estadounidense fue culpable de la crisis económica a nivel mundial por falta de regulación en materia financiera; hoy, los graves problemas de inseguridad que se viven en México como en gran parte del mundo son, en parte, también derivados de la responsabilidad del gobierno estadounidense debido a la falta de regulación en materia de adquisición de armas.
Hoy pretenden juzgar neciamente y demeritar nuestro trabajo en materia de seguridad interior, cuando sus esfuerzos deben orientarse a combatir el tráfico de armas hacia México y evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos.
Dada la accesibilidad de armas y municiones y la facilidad con que pueden ser transportadas a la franja fronteriza, los grupos criminales del norte del país pueden abastecerse de las mismas con facilidad; por ello la franja fronteriza es una zona insegura y Ciudad Juárez es considerada la localidad más violenta de México, con más de 2 mil 600 asesinatos durante el 2009.
Pero Ciudad Juárez no fue la única golpeada el fin de semana pasado, que fue uno de los más sangrientos en el país, en el que la guerra que sostiene el narcotráfico y el crimen organizado dejó desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo 65 muertos, pues 45 de ellos fueron en el estado de Guerrero, 31 en distintas balaceras en el puerto de Acapulco que fue la zona más golpeada este fin de semana por el crimen organizado.
El último episodio de violencia en Acapulco se registró la madrugada de este domingo, cuando dos grupos rivales de presuntos sicarios se enfrentaron a balazos dejando nueve criminales muertos.
Es por todos conocido que las armas que utilizan las organizaciones criminales y se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores de nuestros homólogos estadounidenses señala que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.
Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y el de personas, nuestro mayor problema.
Señores legisladores: no han sido pocos los esfuerzos que en esta soberanía hemos hecho para combatir frontalmente el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos a México.
El pasado 19 de noviembre de 2008, en esta tribuna presentamos una proposición, por la cual exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar y redoblar esfuerzos con los gobiernos federales y locales de los Estados Unidos de América para combatir de manera más enérgica y eficiente el tráfico ilegal de armas proveniente de aquel país.
En ese mismo acuerdo propusimos exhortar a los poderes legislativos Federal y locales fronterizos de los Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos; y exhortar al presidente de la república, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la vía diplomática, exhorte a los Poderes Legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo necesarias para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego.
Han transcurrido 16 meses desde que el punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República sin que se haya presentado el dictamen correspondiente. Ante la pasividad legislativa que demuestran nuestras comisiones de trabajo, la introducción ilegal de armas de fuego a nuestro país sigue cobrando víctimas.
La preocupación del galopante aumento del tráfico ilegal de armas al país nos condujo a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a presentar dos iniciativas en la materia.
Una presentada el 25 de noviembre de 2008, con la que propusimos que el delito de introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto como amenaza de seguridad nacional. Con esta propuesta igualmente se obliga al gobierno federal para que al momento de elaborar la agenda nacional de riesgos se tome en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como las medidas tendientes a evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional previstas en la ley de la materia.
Esa iniciativa fue aprobada por este Pleno el 28 de abril de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio por la Comisión correspondiente en la colegisladora.
La segunda iniciativa fue presentada el 8 de enero de 2008 y tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a nuestro país, sancionando con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan esa obligación y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. Al elevar la sanción a la que puedan hacerse acreedores, se agrega la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.
Esa segunda iniciativa fue aprobada por este Pleno el 23 de abril de 2009 y enviada a la colegisladora en calidad de Minuta, desde entonces se encuentra en estudio en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Como se ve, la Cámara de Diputados tiene hoy bajo su responsabilidad la seguridad interior del país. Ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de todos los mexicanos será suficiente, si quienes tienen la responsabilidad a su cargo no realizan los esfuerzos que se requieren para lograrlo. Los legisladores, debemos dotar al Ejecutivo de mecanismos eficientes para enfrentarla.
Hoy el combate al tráfico de armas es tarea pendiente en Cámara de Diputados.
Con base en lo anterior, ciudadano Presidente, le solicito respetuosa y atentamente dé trámite a la siguiente
Excitativa
Primero. La honorable Cámara de Senadores, a través de su Mesa Directiva, extiende una solicitud a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que, por su conducto se excite a la Comisión de Defensa Nacional para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 84; se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quáter, todos ellos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y a la Comisión de Gobernación para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
Segundo. Se excita a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, a que presenten dictamen del punto de acuerdo por el que esta Cámara exhorta a los Poderes Legislativos federal y locales fronterizos de los Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su fácil adquisición; y por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que coordine y redoble esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y, por la vía diplomática, exhorte a los Poderes Legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego, mismo que fue presentado el 19 de noviembre de 2008.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de marzo de 2010.
Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Fernando Baeza Meléndez, (rúbrica) Pedro Joaquín Coldwell (rubrica), Francisco Labastida Ochoa (rubrica), Francisco Arroyo Vieyra (rubrica), Francisco Herrera León, (rubrica), Alfonso Elías Serrano (rubrica), Adolfo Toledo Infanzón (rubrica), Rosario Green Macías (rubrica), Norma Esparza Herrera (rubrica), Heladio Ramírez López (rubrica), Melquiades Morales Flores (rubrica), Jesús María Ramón Valdés (rubrica), Amira Gómez Tueme (rubrica), Rogelio Rueda Sánchez (rubrica), Raúl Mejía González (rubrica), Guadalupe Fonz Saenz (rubrica), María del Socorro García Quiroz (rubrica).
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PARA QUE SE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5 Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
México, DF, a 18 de marzo de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
La Presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Solicitud de excitativa del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Gobernación, y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en relación con las minutas aprobadas en el Senado de la República; y, a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República en relación a proposición con punto de acuerdo, todas, concernientes al combate al tráfico de armas
El suscrito, Fernando Castro Trenti, en nombre de distintos senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2009 fue el año más violento del que se tiene registro al terminar con alrededor de siete mil 800 asesinatos; el casi medio centenar de asesinatos cometidos el fin de semana, elevó a dos mil 49 las vidas que el crimen organizado ha cobrado en lo que va del año, cifra que en el 2007 y 2006 no se alcanzó hasta otoño.
El tema del tráfico de armas recobra especial relevancia dado los sucesos ocurridos el fin de semana en Ciudad Juárez donde fueron asesinados tres ciudadanos estadounidenses relacionados con la labor consular en aquella ciudad fronteriza, pues fueron acribillados precisamente con armas y municiones provenientes y fabricadas en el país del que eran originarios.
Esas armas y municiones pudieron haber sido adquiridas a escasos metros del Río Bravo, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los asesinatos en Ciudad Juárez, puesto que en la línea fronteriza con Estados Unidos hay más de 12 mil tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.
La visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, que se da al momento de oficializarse la participación del FBI en labores de investigación de crímenes, es señal de preocupación y no de alivio, que enrarece el clima e incrementa el nerviosismo de la ciudadanía.
Ante la situación que vivió Ciudad Juárez el fin de semana pasado, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano declaró que el envío del Ejército Mexicano a Ciudad Juárez no ayudó a resolver el problema de la inseguridad y que Estados Unidos ya reforzó su frontera. Declaración irresponsable debido a que el problema de inseguridad que padece México no se resuelve con la seguridad de aquél lado de la frontera, sino con medidas de control más estrictas que impidan la fácil adquisición de armas estadounidenses y su internación a México.
¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno extranjero al reprobar el combate a la inseguridad en México, cuando han sido los responsables del problema de internación ilegal de armas, municiones y explosivos al país debido a que no han sido capaces de frenar el flagelo en su propio territorio?
Si el año pasado el gobierno estadounidense fue culpable de la crisis económica a nivel mundial por falta de regulación en materia financiera; hoy, los graves problemas de inseguridad que se viven en México como en gran parte del mundo son, en parte, también derivados de la responsabilidad del gobierno estadounidense debido a la falta de regulación en materia de adquisición de armas.
Hoy pretenden juzgar neciamente y demeritar nuestro trabajo en materia de seguridad interior, cuando sus esfuerzos deben orientarse a combatir el tráfico de armas hacia México y evitar la fácil adquisición de éstas propios ciudadanos
Dada la accesibilidad de armas y municiones y la facilidad con que pueden ser transportadas a la franja fronteriza, los grupos criminales del norte del país pueden abastecerse con facilidad de éstas; por ello la franja fronteriza es una zona insegura y Ciudad Juárez es considerada la localidad más violenta de México con más de 2 mil 600 asesinatos durante el 2009.
Pero Ciudad Juárez no fue la única golpeada el fin de semana pasado, que fue uno de los más sangrientos en el país, en el que la guerra que sostiene el narcotráfico y el crimen organizado dejó desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo 65 muertos, pues 45 de ellos fueron en el estado de Guerrero, 31 en distintas balaceras en el puerto de Acapulco que fue la zona más golpeada este fin de semana por el crimen organizado.
El último episodio de violencia en Acapulco se registró la madrugada de este domingo, cuando dos grupos rivales de presuntos sicarios se enfrentaron a balazos dejando nueve criminales muertos.
Es por todos conocido que las armas que utilizan las organizaciones criminales y se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores de nuestros homólogos estadounidenses señala que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.
Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y de personas, nuestro mayor problema.
No han sido pocos los esfuerzos que en esta soberanía hemos hecho para combatir frontalmente el tráfico ilegal dé armas de fuego y explosivos a México.
El pasado 19 de noviembre de 2008, en esta tribuna presentamos una proposición, por la cual exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar y redoblar esfuerzos con los gobiernos federales y locales de Estados Unidos de América para combatir de manera más enérgica y eficiente el tráfico ilegal de armas proveniente de aquel país.
En ese acuerdo propusimos exhortar a los Poderes legislativos federal y locales fronterizos de Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos; y exhortar al presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la vía diplomática, exhorte a los Poderes legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo necesarias, para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego;
Han transcurrido 16 meses desde que el punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República sin que se haya presentado el dictamen correspondiente. Ante la pasividad legislativa que demuestran nuestras comisiones de trabajo, la introducción ilegal de armas de fuego a nuestro país sigue cobrando víctimas.
La preocupación del galopante aumento del tráfico ilegal de armas al país nos condujo a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a presentar dos iniciativas en la materia.
Una presentada el 25 de noviembre de 2008 con la que propusimos que el delito de introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto como amenaza de seguridad nacional. Con esta propuesta igualmente se obliga al gobierno federal para que al momento de elaborar la Agenda Nacional de Riesgos se tome en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como las medidas tendentes a evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional previstas en la ley de la materia.
Esta iniciativa fue aprobada por el pleno el 28 de abril de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio por la comisión correspondiente en la colegisladora.
La segunda iniciativa fue presentada el 8 de enero de 2008 y tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a nuestro país, sancionando con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan esa obligación y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. Al elevar la sanción a la que puedan hacerse acreedores, se agrega la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.
Esta segunda iniciativa fue aprobada por este pleno el 23 de abril de 2009 y enviada a la colegisladora en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Como se ve, la Cámara de Diputados tiene hoy bajo su responsabilidad la seguridad interior del país. Ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de todos los mexicanos será suficiente, si quienes tienen la responsabilidad a su cargo no realizan los esfuerzos que se requieren para lograrlo. Los legisladores, debemos dotar al Ejecutivo de procedimientos eficientes para enfrentarla.
Hoy el combate al tráfico de armas es tarea pendiente en Cámara de Diputados.
Señores legisladores:
Con base en lo anterior, ciudadano presidente, le solicito respetuosa y atentamente de trámite a la siguiente
Excitativa
Primero. La honorable Cámara de Senadores, a través de la Mesa Directiva, extiende una solicitud a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, para que por su conducto se excite a la Comisión de Defensa Nacional para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 84, se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quater, todos ellos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, a la Comisión de Gobernación para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
Segundo. Se excita a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, a que presenten dictamen del punto de acuerdo por el que esta Cámara exhorta a los Poderes legislativos federal y locales fronterizos de Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su fácil adquisición; y por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que coordine y redoble esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y, por la vía diplomática, exhorte a los Poderes legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego, que fue presentado el 19 de noviembre de 2008.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de marzo de 2010.
Senadores: Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida Ochoa, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Herrera Leon, Alfonso Elías Serrano, Adolfo Toledo Infanzón, Rosario Green Macías, Norma Esparza Herrera, Heladio Ramírez López, Melquiades Morales Flores, Jesús Maria Ramón Valdés, Amira Gómez Tueme, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía González, Guadalupe Fonz Saenz, María del Socorro García Quiroz (rubricas).
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