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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, referente al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentario de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecolologista de México
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la SHCP y la CFE tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF Nacional a implantar un registro nacional de adopciones, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, sobre la inseguridad y violencia en Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la SHCP, la Conagua, la SCT y la Sedesol un plan urgente a fin de rehabilitar los caminos rurales y los sistemas de distribución de agua entubada, reparar viviendas y operar el programa de empleo temporal y de apoyos económicos para resarcir los daños causados por las precipitaciones pluviales e inundaciones a las familias de La Montaña y la Costa Chica, en Guerrero, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al pleno de esta soberanía que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscriba el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos y a los congresos estatales, así como del Distrito Federal, a formar a partir del Presupuesto de 2010 un fondo especial para garantizar a los municipios o demarcaciones territoriales los recursos necesarios a efecto de que accedan al Subsemun, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre el proceso de licitación número 48111002-09, correspondiente a la obra "construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano", llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León, con la inclusión del presupuesto base y los respectivos costos unitarios, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir el pago del Procampo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas mediante los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y no por transferencia bancaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México y del titular de la SHCP ante el pleno de esta soberanía para que informen sobre las monedas conmemorativas fusión cultural La Mercancía y El Intercambio, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse mediante la Semarnat con los gobiernos estatales y los municipales de la cuenca del río Laja para elaborar y ejecutar un plan de manejo de ésta a fin de proteger y sanear el afluente, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a garantizar en el ámbito de sus facultades que las radiodifusoras dejen de trasmitir la canción "Unas nalgadas", del disco de Alejandro Fernández Dos mundos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes a promover como patrimonio de la humanidad el centro de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por conducto de la Sedesol y de la Ssa las medidas conducentes a la incorporación al Programa 70 y Más y al Seguro Popular de quienes participaron en el Programa Bracero (1942-1964), a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer una mesa de diálogo y negociación para resolver las demandas de los damnificados por las inundaciones en Chalco y Valle de Chalco, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP y a la SSP que implanten en Chihuahua un programa de regularización para vehículos usados de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la SEP y de la Segob a respetar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, a fin de reforzar acciones en favor de una cultura de respeto de las diferencias y la no discriminación entre las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezca la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la CNBV a efecto de que en las instituciones y sucursales bancarias que operan en la república se acepte como identificación oficial la credencial de diputado federal, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desechar toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que protege las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, en este caso particular el pez dorado, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SCT para que presente un informe pormenorizado sobre los ingresos recaudados en 2009 por concepto de peaje, tanto de la red propia como por las autopistas concesionadas, e implante un programa de mejoramiento de servicios, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, para que mediante las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución se realice un encuentro nacional de reconocimiento de los adultos mayores centenarios, en el marco de esas conmemoraciones, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas sus recomendaciones para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la SCT la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la atención y las indemnizaciones por las inundaciones en el estado de México y en el Distrito Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impedir mediante la SE la importación de frijol, confiriendo prioridad a los productores locales; y al titular de la Sagarpa, a realizar un estudio urgente sobre el daño que una acción de importación de esa naturaleza causaría a los productores y a los consumidores nacionales, a cargo del diputado Rolando Zubía Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob a formular e implantar con sus contrapartes estadounidenses procedimientos y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución que agilicen la expedición de visas; y al Congreso de la Unión, a incluir en la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos el tema específico del apoyo del Congreso de ese país para que el procedimiento relativo a la obtención de visa sea expedito y claro, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a la SHCP, a la CNBV y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios a otorgar a los cuerpos policiacos –en el marco de sus atribuciones– el acceso a créditos para adquirir vivienda y automóviles, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Electorales de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a solicitar al IFE que colabore en la organización de los comicios locales de 2010, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar, coordinar e implantar acciones con el director general de la Conagua para solucionar la grave crisis hidrológica y ambiental de la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN
Proposiciones
Eduardo Ledesma Romo, Carlos Samuel Moreno Terán y Alberto Emiliano Cinta Martínez, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es del dominio público, el pasado 1 de marzo del año en curso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EUA), hizo saber a las autoridades de nuestro país la decisión de no otorgar la certificación prevista en la Sección 609 de la Ley 101-162, que prohíbe la importación de camarón de aquellas naciones que a su juicio no cuentan con medidas equivalente en eficacia para proteger a las tortugas marinas durante las operaciones de pesca de arrastre de camarón silvestre.
Se ha dicho que esta medida unilateral es el resultado de las visitas que hicieran a nuestro país expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EUA, en conjunto con autoridades mexicanas, para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas (DET), durante las cuales se pudo observar incumplimientos de la flota camaronera nacional.
Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 20 de abril, justo cuando las especies de camarón en la mayor parte de las aguas de jurisdicción federal de nuestro país, están ya en período de veda y las operaciones de exportación del producto registran un decremento significativo.
Un promedio de 10 mil pescadores de 11 entidades sufrirán las consecuencias del boicot al camarón mexicano.
Según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), nuestro país exportó a Estados Unidos 39 mil 712.2 toneladas de camarón en 2009, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares.
Sabemos que esta pesquería cuenta actualmente con mil 443 embarcaciones, de las cuales 87 por ciento tienen más de 30 años de antigüedad, y de que ha sufrido las consecuencias directas de la ausencia de una política pesquera claramente definida, al igual que como sector económico y social no ha sido capaz de promover un cambio de fondo en sus prácticas de pesca, tal y como ahora se ven obligados a reconocer en boca de sus dirigentes y de los propietarios de las embarcaciones.
Lo que hoy sucede en nuestra flota camaronera, es tan solo un reflejo de lo que viene sucediendo en la mayor parte de todo el sector primario de nuestra economía nacional, y por lo tanto demanda de la construcción de un nuevo pacto que le permita hacerle frente a esta grave crisis y salir de ella con una nueva visión de futuro, más vinculada y comprometida con la sustentabilidad.
Como legisladores federales, promotores de la sustentabilidad y la cohesión social, lamentamos esta situación que tan solo en el estado de Sinaloa habrá de afectar a más de 5 mil pescadores que dependen de esta actividad. Hablamos del impacto negativo que necesariamente genera la pérdida de empleos en el terreno de la convivencia social, hoy tan lacerada por el incremento de la violencia y la inseguridad.
De este riesgo de embrago, los funcionarios del sector pesquero y ambiental ya tenían pleno conocimiento, ya que desde mediado del mes de febrero pasado se dio a conocer por un representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de que nuestro país estaba en riesgo de perder la certificación que otorgó Estados Unidos a la flota camaronera por ejercer malas prácticas de captura de camarón.
Según lo declaró el director de Inspección de Áreas y Especies Marinas Protegidas de Profepa, Tomás Camarena Luhrs, el gobierno estadounidense podría aplicar un embargo camaronero como lo hizo hace unos años con el atún.
Este funcionario explicó que México está incluido en una lista de 389 naciones que pueden exportar camarones y sus derivados al mercado estadounidense, previa certificación de que sus programas de pesca aseguran que son capaces de evitar la captura incidental de tortugas marinas.
No obstante de que las sanciones por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente oscilan entre 20 mil y 50 mil días de salario mínimo y el decomiso de las artes de pesca, e incluso de uno a nueve años de cárcel, pues es considerado delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales, es un hecho que las malas prácticas continúan y ahí están ahora las consecuencias.
Es muy lamentable que se tenga que sufrir sanciones externas para reconocer la ausencia de respeto a nuestras normas legales y la prevalencia de barcos camaroneros mexicanos que utilizan métodos rudimentarios que no se ajustan a las normas internacionales para proteger la vida de las tortugas marinas, lo cual fue constatado por expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EUA, en conjunto con autoridades mexicanas, que buscan garantizar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas (DET).
Nos queda claro que urge establecer un pacto amplio y duradero con el sector pesquero de nuestro país, que nos dé garantías de que el esfuerzo que se ha venido realizando para convertir a México en un santuario de tortugas no se vea vulnerado.
En este sentido y desde esta tribuna, hacemos un público reconocimiento al esfuerzo conservacionista que se viene realizando desde 1990, en que se impuso la veda total y permanente para todos los productos y subproductos de las 7 especies de tortugas que existen en México.
Ponderamos la participación de organizaciones y sectores de la sociedad civil, que año con año participan en políticas públicas para la protección y reproducción de las tortugas en las playas mexicanas del Pacifico, gracias a lo cual se ha logrado que nuestro país tenga un reconocimiento internacional en la materia, que hoy se ve empañado por la existencia de inercias que definitivamente hay que superar, por la vía del consenso y la toma de conciencia de quienes participan en la actividad pesquera nacional.
Coincidimos en que para evitar mayores problemas en la temporada 2010-2011, que iniciaría tentativamente a fines de agosto o mediados de septiembre del presente año, es necesario trabajar en un frente común para recuperar la certificación de esta pesquería que le permita acceder al mercado estadounidense, y ello implica acabar con la cultura de la impunidad, que impide el respeto a la legalidad.
Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Envíese atento oficio al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, solicitándole con todo respeto tenga bien instruir a los sectarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( Sagrapa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, para exponer ante esta soberanía el problema del embargo camaronero y las medidas que al respecto se habrán de tomar por el gobierno federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2010.
Diputados: Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Carlos Samuel Moreno Terán, Alberto Emiliano Cinta Martínez, Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Marcos Covarrubias Villaseñor, Jesús Zambrano Grijalva, Francisco Meza Castro.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIANTE LA SHCP Y LA CFE TARIFAS ESPECIALES PARA USO DOMICILIARIO Y AGRÍCOLA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Gerardo Leyva Hernández, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Entre los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico tenemos el peor índice de Gini, que es la medida internacional más aceptada para medir la desigualdad dentro de una economía.
Según la última medición, México tiene un índice Gini de 48.2, mientras que el país menos desigual del mundo, Suecia, tiene un Gini de 23. Incluso tenemos un peor coeficiente que varios países latinoamericanos, como Costa Rica, Ecuador y Uruguay, aunque estamos ligeramente mejor que Argentina y Brasil.
Otro indicador de desigualdad es el índice de desarrollo humano (IDH) que toma en cuenta indicadores como la esperanza de vida al nacer, indicadores educativos e indicadores económicos como el producto interno bruto per cápita.
Según este indicador, México, en 2007, ocupaba el lugar 53 del mundo con un IDH de 0.854, mientras Noruega ocupaba el primer lugar con 0.971 y Níger el último con 0.340. Dentro del continente americano ocupamos la novena, debajo de países como Chile 0.878, Argentina 0.866, Cuba 0.863, pero arriba de Venezuela 0.844 y de Panamá 0.840.
Sin embargo, dentro de México las diferencias regionales son enormes, puesto que mientras el Distrito Federal tiene un IDH de 0.883, que es exactamente igual al de Estonia, que está en el número 40 del mundo, Chiapas tiene un IDH de 0.718, equivalente al de Guinea Ecuatorial, que ocupa el lugar número 118 a nivel mundial.
En respuesta a esta situación, la Ley General de Desarrollo Social establece en el Capítulo IV que las zonas de atención prioritaria, definidas por los criterios del Consejo Nacional de Población (Conapo), serán declaradas cada año por la Cámara de Diputados junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Según el artículo 31 de dicha ley, esta declaratoria tendrá los efectos siguientes:
2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales; y
4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
En la parte urbana se incluyó a 2 mil 109 localidades urbanas cuya población registra índices de pobreza y marginación.
Uno de los elementos fundamentales para medir el desarrollo humano y la marginación es el acceso a servicios básicos, como lo es la energía eléctrica que tiene un efecto determinante en la vida cotidiana de las familias y comunidades más vulnerables.
Incluso el Conapo toma en cuenta dentro de sus variables para determinar el grado de marginación el porcentaje de habitantes de casa habitación sin servicio de energía eléctrica.
En conclusión, tenemos toda una política social mandatada por ley, que señala que debe darse un trato especial a las zonas de alta y muy alta marginación y que una de las causas de esta marginación se relaciona específicamente con el acceso y el costo de los servicios públicos básicos, pero de manera inexplicable en nuestro país se toman en cuenta únicamente criterios de temperatura para establecer las tarifas eléctricas, ignorando el espíritu social de nuestras leyes.
De esta manera, la tarifa doméstica 1A se reserva para regiones con una temperatura media mensual de verano de 25 grados centígrados, mientras que la 1F es más baja y se reserva para regiones con una temperatura media de verano de 33 grados.
Mantener la actual política de tarifas eléctricas en las que se da un trato igual a las zonas declaradas de atención prioritaria, sería incongruente con el sentido fundamental de nuestras leyes y del estado mexicano.
Lo natural y congruente con la política social del país sería otorgar a las zonas de atención prioritaria, independientemente del lugar geográfico en el que se encuentren, el acceso a la tarifa 1F en el caso del consumo doméstico y extender la tarifa nocturna 9N a las 24 horas del día en el caso del consumo para uso agrícola.
Por tanto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad otorgue el acceso a la tarifa 1F a los usuarios domiciliarios situados en todas las zonas de atención prioritaria mencionados en la declaratoria de 2010.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad extienda a las 24 horas el día la tarifa nocturna 9N para uso agrícola a los usuarios domiciliarios situados en todas las zonas de atención prioritaria mencionados en la declaratoria de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Gerardo Leyva Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIF NACIONAL A IMPLANTAR UN REGISTRO NACIONAL DE ADOPCIONES, A CARGO DEL DIPUTADO GREGORIO HURTADO LEIJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Gregorio Hurtado Leija, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Se entiende por adopción o filiación adoptiva el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a las que resultan jurídicamente de la paternidad. Como establece el Código Civil Federal, en su Título Sexto, Capítulo I, Título Séptimo, Capítulo V, Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta.
Las legislaciones establecen unos requisitos mínimos para poder adoptar, entre los cuales son comunes una edad mínima del adoptante que suele superar la de la mayoría de edad y, en ocasiones, una edad máxima y plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles, entre otros.
La adopción reviste dos tipos: plena y simple.
Adopción simple
Esta adopción es la que genera solo derechos y deberes entre el adoptante y el adoptado, pero no crea relación alguna de parentesco entre el adoptado y los parientes del adoptante ni entre el adoptante y los parientes del adoptado. Tampoco habrá relación alguna entre los padres adoptivos y los padres biológicos del menor. Para realizar una adopción simple en algunos Estados, es necesario que la persona sea soltera, mayor de veinticinco años de edad y quince años mayor que el que se pretenda adoptar; de buenas costumbres, con medios suficientes para subsistir y proveer educación. Con la adopción simple no se extinguen los derechos y obligaciones con el parentesco natural, excepto la patria potestad que pertenecerá al adoptante.
Adopción plena
En este tipo de adopción se admite la ficción de establecer una afiliación, semejante a la biológica, de esta forma el niño adquiere todos los derechos y obligaciones de un hijo, no sólo frente a los padres adoptivos, sino frente a toda la familia de estos. Paralelamente se extinguen los derechos y obligaciones que el menor tenía con su familia biológica. Generalmente el adoptante tiene que reunir unos requisitos más exigentes que en la adopción simple. Para realizar una adopción plena es necesario que los adoptantes sean un hombre y una mujer casados entre sí por lo menos cinco años, que vivan juntos y bien avenidos, de buenas costumbres, sin hijos y con medios suficientes para subsistir y proveer educación. El adoptado no deberá tener más de cinco años de edad.
La adopción se revoca o extingue por varios motivos, como son: si ambas partes están de acuerdo; si se demuestra que existe peligro para el menor, por ingratitud, esto significa: cometer un delito en contra de la honra y bienes del adoptante, si el adoptante se rehúsa a dar alimento al adoptado cuando el adoptante cae en pobreza, entre otros. Por eso el objetivo primordial de la adopción actual es y será asegurar el bienestar a un niño cuando sus padres naturales son incapaces de educarle o por muerte de los mismos.
Ahora bien, estadísticas en donde se enumeran las adopciones realizadas dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde el año 2000 a la fecha tomando en cuenta el género (niñas y niños) y si los adoptantes son nacionales o internacionales, y según datos de la dependencia hasta el 2009 se han realizado 273 adopciones destacando el año 2000 en donde se realizaron 56; el 2002, 27; el 2006, 24; y en el 2009, apenas 11. También cuentan con otro concentrado de información de adopciones que los estados les proporcionan como son Baja California, que tiene en 2008 398 solicitudes de adopciones recibidas, 29 se encuentran en proceso judicial y 33 adopciones se encuentran concluidas; Nuevo León, tuvo 245 solicitudes en 2008, 142 en proceso Judicial y 89 adopciones concluidas, entre otros (datos obtenidos por el DIF), pero según datos de la misma dependencia informa que no todos los estados emiten a tiempo los datos o peor aun no proporcionan los datos adecuados para alimentar este concentrado, que si bien se tiene una estadística y con algunos datos confidenciales, no deja de ser solo un concentrado que no indica con exactitud la realidad a la que se enfrentan tanto los adoptantes como los adoptados.
Por la inexactitud de los datos con los que se cuentan, organizaciones especializadas en la búsqueda de infantes y México Unido contra la Delincuencia denunciaron que anualmente desaparecen en el país hasta 45 mil niños, y que en el Distrito Federal y en los estados de México y Jalisco es donde el problema registra la mayor gravedad; que en muchos de los casos terminan en Estados Unidos o Canadá, donde pagan hasta 50 mil dólares por cada niño. Representantes de los mismos organismos indicaron que las autoridades no han dado la suficiente atención a un problema que anualmente se incrementa, tampoco se han preocupado por elaborar un padrón que documente el número de menores desaparecidos. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores documentó el robo o secuestro de 12 mil infantes sólo en 2006, la mayor parte de ellos fueron sustraídos de sus hogares, para ser vendidos al mejor postor que los hace víctimas de comercio sexual, adopciones ilegales, tráfico de órganos y explotación laboral. En casos de extrema miseria, afirma la UNICEF, los infantes son vendidos por sus padres para contrarrestar su pobreza, que es, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, "el principal alimento de las adopciones ilegales".
Sólo en los albergues del DIF se encuentra una población aproximada de cinco mil niños y niñas esperando ser adoptados, el problema es que sólo un 30 por ciento está en condición de ser entregados a unos nuevos padres. Las cifras de niños desaparecidos que se mencionan no incluyen a los niños que por voluntad propia abandonaron su hogar o son sustraídos por un familiar. La Asociación Pro Recuperación de Niños Extraviados y Orientación a la Juventud de México advierte que de recién nacidos a seis años de edad, el móvil del robo o adopción ilegal, es la venta a parejas que no pueden concebir.
Adopción internacional
Las adopciones internacionales han aumentado en los últimos años un 40%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. También han variado en los últimos años los países preferidos para la adopción. Así, mientras en los noventas el 64% de ellos procedía del continente americano, en la última década ese porcentaje se había reducido al 16%, al tiempo que crecían las adopciones de niños europeos (que pasaron del 14 al 38%) y asiáticos (del 20 al 43%). En cuanto al continente africano, las cifras no han variado mucho y se mantienen muy alejadas del resto, no llegando a representar más que el 1,4% de las adopciones realizadas.
Desgraciadamente, en la actualidad no se cuenta con un sistema en donde se tengan datos reales y verídicos tanto de adoptantes como de adoptados, es por eso que este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al DIF Nacional, en conjunto con los DIF estatales, a que implemente un "registro nacional de adopciones" que junto con un Registro Nacional de Adoptantes, tendría como objetivo dar transparencia y celeridad a los trámites de guarda y adopción de menores, esta base de datos nacional se crearía con un doble objetivo: evitarle a los aspirantes que tengan que inscribirse en múltiples registros para acceder a la adopción de un menor y brindarle a los jueces y a los organismos oficiales que tienen a su cargo estos trámites "una lista centralizada, íntegra y segura de aspirantes".
Este registro también tendría como objetivo simplificar los requisitos que se les piden a los adoptantes, como son: 1. Acudir a la entrevista en el área de trabajo social de cualquiera de los centros nacionales para iniciar los trámites; 2. Acudir a la Subdirección de Asistencia Jurídica para integrar el expediente durante un lapso no mayor de dos meses, 3. Presentar carta manifestando la voluntad de adoptar; 4. Presentar copias certificadas de actas de nacimiento de los solicitantes y de los hijos que pudiesen tener y de matrimonio, según sea el caso; 5. Mostrar dos cartas de recomendación de personas que conozcan a los solicitantes; 6. Certificado médico de buena salud de los solicitantes, así como exámenes toxicológicos; 7. Constancia de trabajo, especificando puesto, antigüedad y sueldo, o documentación que acredite fehacientemente los ingresos que perciben los solicitantes; 8. Llenar y firmar la solicitud proporcionada por el DIF nacional, 9. Estudios socioeconómicos y psicológicos, que practicará el DIF nacional, 10. Presentarse al Centro Nacional signado para iniciar los estudios socioeconómicos y psicológicos –los resultados estarán listos en un lapso no mayor a tres meses–; 11. En caso de ser aprobados, se ingresa a la lista donde permanecerá hasta la asignación de la niña o niño, que se hará basados en las necesidades de las niñas (os) y perfil psicológico; 12. Durante este periodo se deberá asistir a la Escuela de Padres Adoptivos, cuya duración es de seis a ocho meses de acuerdo a los requerimientos del grupo, 13. Una vez asignada la niña o niño, convivirán tres meses hasta que se concluya el proceso legal de adopción; 14. Facilitar las acciones de seguimiento de la niña o niño adoptados, que realizan los profesionales del área de Trabajo Social y Psicología de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna, Casa hogar y Centro Amanecer para niños… todos estos trámites en muchos de los casos no se presentan una sola vez, en muchas de las ocasiones y al no contar con un Registro Nacional, los adoptantes buscan más de una opción y así poder tener, a la larga, una respuesta favorable en la adopción.
Por estas razones, el suscrito diputado somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar con la mayor brevedad, en el ámbito de sus atribuciones, un registro nacional de adopciones, adoptantes e instituciones privadas que prestan los servicios de adopción.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar, en el ámbito de su competencia, un registro de adopciones, adoptantes e instituciones privadas que presten los servicios de adopción, y que, en un marco de coordinación, proporcionen dicha información al Sistema Nacional DIF para la integración del registro nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.
Diputado Gregorio Hurtado Leija (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo y Eduardo Mendoza Arellano, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su carácter de presidente y secretarios del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La inseguridad y la violencia en México, son el pan de cada día.
Las cifras en esta materia, señalan que en el país durante el mes de enero del presente año, se registraron casi los mil asesinatos; dando un total de casi 18 mil personas muertas en lo que va de la presente administración.
Con la cifra en 2009, de ocho mil 281 muertes relacionadas con el crimen organizado, se dio un incremento del 147 por ciento; lo que da un promedio de casi 23 homicidios al día.
El asesinato múltiple ocurrido la madrugada del domingo 31 de enero de 2010, cerró la estadística del primer mes del año con más de 300 ejecuciones, 230 en la ciudad fronteriza, colocando nuevamente a Chihuahua en el primer lugar mundial en violencia.
Las primeras informaciones sobre estos repugnantes acontecimientos, señalan que fueron 16 las víctimas del violento ataque perpetrado por un grupo armado la madrugada del domingo en una fiesta de jóvenes en la que había alrededor de 60 estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) 9, la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128.
De acuerdo al Frente Nacional contra la Represión en Ciudad Juárez, se ha sostenido a través de un comunicado, que este tipo de masacres son acciones realizadas por escuadrones de la muerte que operan en la ciudad.
También, se ha sostenido con relación a este clima de violencia, que de los 2 mil 635 asesinatos del año 2009 y los que van del año 2010, la mayoría de ellos se han dado por ejecuciones a personas desarmadas sin enfrentamientos, en lo que parece ser una estrategia de limpia programada por una fuerza militar superior, en el marco de una campaña de terror; por lo que la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.
No obstante, que el día último de marzo del 2008 se inauguró el Operativo Conjunto Chihuahua (renombrado Operación Coordinada Chihuahua), los niveles de inseguridad y zozobra no ceden.
Por el contrario, la denuncia y las manifestaciones ciudadanas, han puesto en evidencia las violaciones a los derechos humanos que se han generalizado por parte de las fuerzas militares; en las que curiosamente han ocurrido también una serie de asesinatos a luchadores y líderes sociales como defensores de derechos humanos.
Compañeras y compañeros Diputados:
Los hechos cruentos de que todos hemos sido testigos, no refleja más que la incapacidad del Estado mexicano para frenar el tumbo de violencia generado con motivo de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, y abatir la impunidad con la que actúa la delincuencia organizada.
El dilema en el que nos encontramos, está en frenar esta espiral de violencia, sin que se siga socavando más aún el frágil o nulo estado de derecho en Chihuahua.
Como representantes populares, no podemos continuar en la pasividad; la salvaguarda y protección de las garantías y derechos fundamentales de nuestros queridos paisanos chihuahuenses, requiere la actuación pronta de las instituciones responsables de garantizar el ejercicio pleno de esos derechos, en el que se comprenden los de justicia pronta y expedita y seguridad pública efectiva; así como de la firme actuación de este Poder Legislativo en el ámbito de su competencia.
Una de las formas en las que esta Cámara de Diputados puede y debe contribuir al restablecimiento del orden y tranquilidad social de esa entidad, es instrumentando y agilizando los mecanismos para atender, recibir y desahogar los reclamos, quejas y denuncias de los ciudadanos del estado de Chihuahua ante las circunstancias de riesgo y peligro latente de vejación de sus derechos humanos con motivo del estado de excepción que de facto, ahí se ha conformado.
Por lo expuesto, pedimos atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva, someta a la consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerda enviar a la brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con el objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como lo son las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre otras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2010.
Diputados: Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Eduardo Mendoza Arellano.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIANTE LA SHCP, LA CONAGUA, LA SCT Y LA SEDESOL UN PLAN URGENTE A FIN DE REHABILITAR LOS CAMINOS RURALES Y LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, REPARAR VIVIENDAS Y OPERAR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RESARCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES E INUNDACIONES A LAS FAMILIAS DE LA MONTAÑA Y LA COSTA CHICA, EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, las condiciones climatológicas han ido agravándose en los últimos años, huracanes, frentes fríos, incrementos en la temperatura, etcétera, que han provocado pérdidas humanas irremediables y daños materiales, causando efectos negativos en la población, principalmente en aquélla que vive en extrema pobreza y con una alta marginación, tal es el caso de los municipios de la región de La Montaña, región centro y la Costa Chica de Guerrero, que se han visto seriamente afectadas por las precipitaciones fluviales e inundaciones en días pasados.
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que de acuerdo con datos preliminares, los daños en municipios de la región de Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, zona centro y La Montaña son 12 caminos obstruidos, 2 mil 400 viviendas dañadas, mil 300 sufrieron daños en sus techos y estructuras que se colapsaron y mil 100 sufrieron inundaciones.
Que el gobierno de Guerrero ha declarado zona de desastre y emergencia en 28 municipios y 24 localidades rurales aún permanecen aisladas de manera parcial, debido a la falta de recursos indispensables para atender a las más de 2 mil 700 familias damnificadas que han perdido todo su patrimonio y necesitan apoyos alimenticios, de abrigo y de salud.
Es importante comenzar a rehabilitar los tramos carreteros que sufrieron daños y que han dejado incomunicadas a las poblaciones, la rehabilitación de los sistemas de distribución de agua entubada que se averiaron por el temporal y que han ocasionado que las colonias sufran la escasez del servicio.
Que los recursos humanos y materiales deben utilizarse sin restricción, que la población afectada debe ser atendida de manera urgente y que los sistemas de protección civil estatales deben trabajar en coordinación con las autoridades federales, buscando proteger y salvar vidas con medidas preventivas eficientes y acciones concretas, aplicando las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes.
Es importante que las mencionadas secretarías revisen las ineficiencias que se han generado en los municipios de la región de La Montaña y de la Costa Chica a causa de una infraestructura carretera inadecuada, la falta de construcción de caminos rurales, de sistemas de distribución de agua entubada, la deficiente construcción de viviendas y desarrollos urbanos, etcétera, ya que son hechos que han provocado los problemas y consecuencias que viven los habitantes de los municipios de las zonas más marginadas de Guerrero en la actualidad.
Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social, a trabajar en coordinación para implementar un programa emergente para la rehabilitación de los caminos rurales, sistemas de distribución de agua entubada, reparación de viviendas, así como la operación del programa de empleo temporal y de apoyos económicos, a efecto de resarcir los daños causados por las precipitaciones fluviales e inundaciones en detrimento de las familias que viven en los municipios de la región de La Montaña y de la Costa Chica de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Sofío Ramírez Hernández (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA QUE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SUSCRIBA EL DOCUMENTO COMPROMISOS POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
Las que suscriben, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para solicitar a la Cámara de Diputados, que dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscriba el documento "compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres", al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los individuos gozarán de las garantías contenidas en ella, de igual forma instituye que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, en su artículo cuarto instaura la igualdad entre la mujer y el varón.
Por otra parte, desde la mitad del siglo pasado, se han creado los instrumentos desde la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas conjuntamente con el sistema internacional sobre el tema de la equidad de género. Entre los más destacados encontramos: la Carta de las Naciones Unidas, de 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948; la Declaración y Programa de Acción de Viena, de 1993; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en 1979; así como en la cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, su plataforma de acción y la Cumbre de Desarrollo Social de 1995 en Copenhague.
De esta forma, se han establecido compromisos jurídicos para los Estados que han signado estos documentos, sobre la equidad de género, entre ellos se encuentra México, con esto nuestro país es consciente de los compromisos adquiridos tanto en materia de igualdad de derechos como en la adopción de medidas prácticas en contra de la discriminación y la violación de los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo dentro la configuración del Estado mexicano, el Poder Legislativo es un órgano fundamental de la democracia constitucional integrado por representantes de la nación. Esta naturaleza representativa expresa la voz del pueblo en los asuntos públicos, donde se intenta traducir las inquietudes y anhelos de la sociedad, donde se delibera en un ambiente de pluralidad constituido por un mosaico de manifestaciones humanas, sociales, culturales y políticas susceptibles de dar forma a un espejo de la sociedad. Esta deliberación gira en torno a los grandes temas que conciernen al Estado y al conjunto de la sociedad.
Por tanto, la Cámara de Diputados como parte del Poder Legislativo tiene entre sus funciones parlamentarias la legislativa, la financiera y presupuestaria, la jurisdiccional, la administrativa, la constituyente y la de control y contrapeso político.
En estas tareas legislativas, el Congreso de la Unión ha generado un marco jurídico más amplio para garantizar y avanzar en el desarrollo individual y colectivo de las mujeres, a través de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Violencia. Pese a ello, y a que esta última ley es particularmente importante ya que tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres pero hasta el momento se ha cumplido con una cabalidad relativa ya que de manera constante, nos encontramos con una dilación permanente y falta de interés político del Estado para actuar con prioridad en los temas relativos a las mujeres.
Así, vemos como flagelos sociales, la violencia contra las mujeres, la explotación económica y sexual, el problema de la trata de mujeres, niñas y niños van en aumento, así también la pérdida de de vida de las mujeres con el incremento de los feminicidios a nivel nacional.
Por ello los legisladores de esta LXI legislatura, preocupados por el deterioro no sólo del conjunto de la población de nuestro país, también particularmente por revertir la desigualdad entre los géneros, nos comprometemos a, desde el ámbito de nuestras responsabilidades, generar los aportes necesarios para alcanzar la eliminación de la brecha de desequilibrio entre las mujeres y los hombres de nuestra nación.
Por ello, los diputados de esta LXI Legislatura suscribimos los siguientes:
Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres
II. Incorporar la perspectiva de género, en las acciones y actividades legislativas.
III. Transversalizar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
IV. Dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.
V. Pronunciamiento para la derogación de las normas en las entidades federativas que contravengan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
VI. Armonizar la legislación vigente conforme a los preceptos que establecen la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
VII. Impulsar la revisión de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la trata de Personas para que integralmente se atienda y erradique esta práctica que atenta contra la integridad y el sano desarrollo de las niñas y mujeres.
VIII. Impulsar la revisión de las normas que rigen las condiciones de las mujeres en reclusión para que no se viole, ni se atente contra sus derechos humanos.
IX. Impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres para que se concilie la vida familiar y laboral.
X. Impulsar la revisión de las normas que rigen a los medios de comunicación para evitar la difusión de estereotipos y roles que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.
XI. Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.
XII. Impulsar una cultura de equidad entre los géneros y la no discriminación dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos.
XIII. Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación, y a planes de crédito y ahorro.
XIV. Impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales.
XV. Fomentar las acciones afirmativas tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada.
XVI. Vinculación de la Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al pleno de la Cámara de Diputados que, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscriba el documento Compromisos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2010.
Diputadas: Martha Elena García Gómez (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Luz Carolina Gudiño Corro, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández, Laura Elena Estrada Rodríguez, Tomasa Vives Preciado, Bélgica Nabil Carmona Cabrera.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS Y A LOS CONGRESOS ESTATALES, ASÍ COMO DEL DISTRITO FEDERAL, A FORMAR A PARTIR DEL PRESUPUESTO DE 2010 UN FONDO ESPECIAL PARA GARANTIZAR A LOS MUNICIPIOS O DEMARCACIONES TERRITORIALES LOS RECURSOS NECESARIOS A EFECTO DE QUE ACCEDAN AL SUBSEMUN, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo de Trabajo de Análisis de Subejercicios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, de la Comisión de Seguridad Pública de esta LXI Legislatura, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos y Congresos estatales, así como del Distrito Federal, a formar, a partir del Presupuesto para el ejercicio de 2010 un fondo especial para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que estos accedan al Subsemun
Exposición de Motivos
En el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir de 2008, con el propósito de fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, la Cámara de Diputados aprobó el Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun), un presupuesto etiquetado, con cargo al Ramo 36 por la cantidad de 3 mil 589.4 millones de pesos, para el otorgamiento de subsidios a 135 municipios y 15 demarcaciones territoriales del Gobierno del Distrito Federal, en total 150 localidades.
El Subsemun integra una aportación financiera del Gobierno Federal específica para este rubro y que se formaliza mediante la firma de convenios de adhesión con las entidades federativas. Estos recursos están orientados a mejorar la seguridad pública en los municipios seleccionados y a iniciar la implantación del nuevo modelo de policía a nivel nacional mediante acciones dirigidas a lograr mayor eficiencia y efectividad en la presentación del servicio de seguridad pública a cargo de las corporaciones policiales de estos órdenes de gobierno.
Este programa opera mediante una estrategia dividida en 4 ejes rectores: profesionalización; equipamiento e infraestructura; operación policial; y tecnología y telecomunicaciones.
Para 2010 los recursos destinados al Subsemun ascienden a 4 mil 137.9 millones de pesos y podrían alcanzar la 220 municipios y demarcaciones territoriales.
En las últimas semana se abrió un debate donde algunos municipios reclamaban autonomía plena en el ejercicio de recursos del subsidio municipal para la seguridad pública, por otra parte, la realidad nos habla de un subejercicio a septiembre de 2009 del 62% de los recursos en ese rubro.
La Comisión de Seguridad Pública conformó un grupo de trabajo para analizar las causas de los elevados niveles de subejercicio en el Fondo de Aportaciones en Materia de Seguridad (FASP) y en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios. Se integraron 10 miembros de la comisión a dicho grupo y se realizaron 3 reuniones: la primera tuvo como objetivo revisar el análisis financiero y jurídico del FASP y Subsemun; la segunda tuvo como objetivo escuchar los puntos de vista de la Conferencia Nacional para la Seguridad Pública Municipal; la tercera se desarrollo con la presencia de funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los problemas estructurales de Subsemun estriban en la dificultad de los ayuntamientos para otorgar la aportación económica correspondiente que les dé acceso al subsidio.
El grupo de trabajo concluye que no es de aceptarse la petición de los municipios de tener autonomía en el ejercicio de los recursos de Subsemun pero que sin duda es urgente la flexibilización de las reglas de acceso y ejercicio. Más que una posición municipalista, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como eje integrador de los órdenes de gobierno en la persecución de mayores niveles de protección ciudadana debe transitar por las rutas del federalismo a efecto de no menguar la lucha contra el crimen y preservar un frente sólido y homogéneo conformado por las distintas corporaciones policiales del país.
Por ello se propone un exhorto a los Poderes Ejecutivos y Congresos estatales, así como del Distrito Federal para que conformen en sus presupuestos fondos especiales para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que estos accedan al Subsemun, considerando recursos de Fortamun y de otras fuentes para que se destinen a esta materia, lo que permitirá disponer del subsidio desde el inicio del año.
Cabe señalar el compromiso del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expresado ante la comisión legislativa en la materia para flexibilizar las reglas de acceso y ejercicio de los recursos de este subsidio.
Por tal motivo, proponemos ante este pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Poderes Ejecutivos y Congresos estatales, así como del Distrito Federal, a formar a partir del Presupuesto para el ejercicio 2010, un fondo especial para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que estos accedan al Subsemun.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Gustavo Ortega Joaquín, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Ernesto de Lucas Hopikins (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN NÚMERO 48111002-09, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CUENCA PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA EL CONSUMO HUMANO", LLEVADA A CABO POR LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON LA INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO BASE Y LOS RESPECTIVOS COSTOS UNITARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Alfredo Rodríguez Dávila, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León para que le informe a esta soberanía sobre el proceso de licitación 48111002-09 y contratación de la obra "Construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para consumo humano" llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León por un monto de 30 millones 730 mil 914.71 pesos, en el que se incluya el presupuesto base con sus correspondientes costos unitarios, en base a lo siguiente:
Antecedentes
El 4 de octubre del año 2009, dio inicio el periodo del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, como gobernador del estado de Nuevo León, señalando en su discurso de toma de posesión de un día previo, que su gobierno iba a priorizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo la semana pasada en un medio de comunicación del estado de Nuevo León se refieren con lujo de detalles sobre la realización de un proceso de licitación llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León, en el que sin duda alguna se desprenden situaciones que generan dudas razonables sobre el manejo de los recursos públicos, pues en una licitación de una obra denominada "Construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano", por un monto de 30 millones 730 mil 914.71 pesos, resulta ganadora una empresa denominada Grupo Regio Obras, SA de CV, la cual apenas había sido constituida el 24 de noviembre de 2009, un mes 21 días posteriores al referido inicio de gobierno de Rodrigo Medina.
Es de llamar la atención diversas situaciones que se detallan, como el que dentro de la licitación 48111002-09, correspondiente a la obra que nos ocupa se haya establecido como uno de los requisitos para participar en la licitación que las empresas inscritas deberán de contar con un monto de capital mínimo de 25 millones de pesos, siendo precisamente éste el capital con el que se registra la empresa Grupo Regio Obras, SA de CV, según escritura 39769 libro 479, pasada ante la fe del notario público 33, licenciado Gilberto Federico Allen.
Otra de las irregularidades, es que dentro de la convocatoria se refiere, como lo establece la ley, que las empresas deberán de contar con la debida experiencia en el desarrollo de trabajos iguales o similares, no siendo el caso de la empresa en cuestión pues solo tenía al momento de ganar la licitación menos de tres meses de estar constituida, no se diga al momento de ser lanzada la licitación el 28 de diciembre en el cual solo tenía un mes y cuatro días de existencia.
Por si fueran poco las sospechas e irregularidades detectadas dentro del proceso de licitación y adjudicación de la obra es que como parte de la investigación y de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa se desprende que su domicilio fiscal es en Simón Bolívar 1227 en la colonia Mitras Sur, en Monterrey, Nuevo León, lo cual al realizarse varias visitas al sitio y demostrándolo por medio de imágenes se desprende que en dicho domicilio se encuentra un local en malas condiciones y deshabitado, solo con un letrero con el nombre de la empresa recién constituida Grupo Regio Obras, SA de CV, pero sin personal ni señales de estar en operación como se esperaría de una empresa con un capital de 25 millones y con la reciente obtención de un contrato millonario de más de 30 millones de pesos.
Sin lugar a dudas el desarrollo del proceso de licitación y contratación de la obra denominada "Construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano", nos muestra un proceso que dista mucho del espíritu con el que esta Cámara asigno recursos federales al estado de Nuevo León para que éstos fueran utilizados para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y nos genera preocupación la forma en que se inicia el nuevo Gobierno del estado de Nuevo León en materia del manejo de los recursos públicos, pues en una obra destinada a favorecer y mejorar las condiciones de vida de comunidades desfavorecidas (municipios rurales) se dan todos los elementos para tener la evidente presunción de que la empresa Grupo Regio Obras, SA de CV, es una empresa fantasma creada al vapor, la cual posiblemente utilizando información privilegiada logra obtener un contrato millonario, por lo que es relevante que este caso sea revisado y analizado a profundidad para que se encuentren todas las posibles irregularidades cometidas y se sancione de manera ejemplar a quienes evidentemente se confabularon para obtener beneficios indebidos si es que este fuera el caso, y evitar en lo posible que en el actual gobierno de Nuevo León, se sigan presentando prácticas como éstas.
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a esta honorable soberanía, proceder a aprobar el siguiente proyecto de
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León le informe a esta soberanía sobre el proceso de licitación 48111002-09 correspondiente a la obra "Construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano", llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León por un monto de 30 millones 730 mil 914.71 pesos, en el que se incluya el presupuesto base con sus correspondientes costos unitarios.
Segundo. Se solicita que una vez recibida la información del resolutivo primero se turne a la Comisión respectiva de esta H. Cámara de Diputados, con el propósito de realizar un análisis del mismo y determinar la probable existencia o no de costos inflados en perjuicio de la hacienda pública del estado de Nuevo León.
Tercero. Asimismo esta soberanía exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León a que realice las investigaciones pertinentes a través de su Órgano Interno de Control y sancione las irregularidades que se pudieran haber realizado en el referido proceso de licitación y contratación.
Diputado Alfredo Rodríguez Dávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A EMITIR EL PAGO DEL PROCAMPO EN OAXACA, GUERRERO Y CHIAPAS MEDIANTE LOS CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL Y NO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, A CARGO DEL DIPUTADO ELPIDIO DESIDERIO CONCHA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Elpidio Desiderio Concha Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La realidad en los estados del sur-sureste mexicano dista mucho de la del resto del país. Las oportunidades en muchos ámbitos de la vida económica y social son diametralmente opuestas. Un ejemplo concreto es el acceso a la banca comercial, con referencia al pago electrónico del Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que lleva 60 por ciento de avance en el país.
El Procampo, respecto a cuya operación de los últimos años hay graves críticas, y pese a que cuenta con un presupuesto histórico en 2010, que supera 16 mil millones de pesos, no puede considerarse exitoso porque no cumple los objetivos.
Su cuestionado padrón de beneficiarios y el irritante peregrinaje ante los organismos que operan el programa llevan al campesino a una situación de incertidumbre, enfrentándolo a múltiples dilaciones y a un excesivo burocratismo que merma el alcance del apoyo cuando, finalmente y fuera de tiempo, le es entregado.
La productividad agropecuaria de los estados del sur-sureste es tarea intrincada; no se alcanzará la meta si falta la debida coordinación de las dependencias que participan en la ejecución en el sector agropecuario.
A partir de 2007, la Sagarpa formuló los lineamientos para emitir el pago del Procampo a través de tarjeta de débito. Esa situación, efectivamente, abona a la transparencia en la entrega de recursos y elimina el intermediarismo, pero que no es sensible a la realidad en las regiones con menor índice de desarrollo humano, y escasa penetración de la banca comercial.
De los poco más de 2 millones 700 mil inscritos en el padrón del Procampo, 600 mil corresponden a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los cuales cuentan con 99 de los 125 municipios más pobres del país. En esos estados hay mil 439 cajeros automáticos, dispersos en 761 municipios. En contraste, Jalisco cuenta con 2 mil 512 cajeros, en los 126 municipios: 180 por ciento más posibilidades de acceso que toda la región sur-sureste.
No son pocos los casos de molestia por esta situación a lo largo y ancho de país. En el caso concreto de mi región, en la sierra Mazateca, de un total de 13 mil productores de café, sólo 7 mil han cambiado sus respectivos cheques del Procampo por medio de tarjeta de débito. Ahora bien, los productores que ya cuentan con este medio de pago se enfrentan a la cruda realidad: la institución bancaria elegida por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) es Banco Azteca, el cual tiene sólo 26 puntos directos de cobro, y que se suman a los escasos 396 cajeros automáticos en todo el estado. Se hace un peregrinaje en la cobranza de los apoyos.
Esta compleja dispersión territorial, la falta de penetración del sector bancario en la región y la dificultad para reunir los requisitos que impone Aserca para tramitar la cuenta bancaria generan gastos extra a los productores, pues tienen que trasladarse de sus poblaciones literalmente a pie, hasta un día de camino, al cajero más cercano, perdiendo una parte sustancial del apoyo federal en el esfuerzo.
Por tanto, es importante que la Sagarpa se sensibilice con esta región del campo mexicano, que entienda sus necesidades y complejidad, y que actúe en consecuencia, realizando los pagos del Procampo de manera directa a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, con la intención de reducir los costos inherentes a la dispersión demográfica y poca presencia de la banca comercial en estos estados.
Por lo expuesto, solicito que sea sometido a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el pago del Procampo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y no por transferencia bancaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO Y DEL TITULAR DE LA SHCP ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS FUSIÓN CULTURAL LA MERCANCÍA Y EL INTERCAMBIO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para solicitar la comparecencia ante el pleno de esta soberanía, del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Cartens, y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arrollo, para que informen respecto de las monedas conmemorativas Fusión Cultural "La Mercancía" y "El Intercambio", al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Banco de México se fundo por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, e inicia su operación como Banco Central el 1 de septiembre de ese mismo año. Su primer director general, Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del consejo, Manuel Gómez Morín.
Por mandato constitucional, el Banco de México es una institución autónoma desde abril de 1994. Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
El ejercicio de sus funciones y su administración está encomendada a su Junta de Gobierno y una de las finalidades principales del Banco de México es proveer al país de moneda nacional. Al igual que cualquier banco central moderno, cuenta con la facultad exclusiva de emitir papel moneda y de regular la cantidad de billetes y monedas en circulación.
La Casa de Moneda de México es una entidad separada del Banco de México, bajo la normatividad constitucional y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es responsable de fabricar las monedas en las cantidades y denominaciones que requiere el público para efectuar sus transacciones.
Se establece, en el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que:
Por lo que hace a la emisión de billetes y monedas conmemorativas, el Banco de México debe en todo momento promover los valores patrios y la identidad nacional.
El Banco de México y la Casa de Moneda al acuñar las monedas de la Serie Fusión Cultural, están pasando por alto el fomento entre la población del patriotismo y el orgullo de ser herederos de una rica historia nacional.
Con la emisión y acuñación se debe responder a la finalidad de fortalecer la tradición numismática mexicana que abarca casi cinco siglos de orgullo, calidad y diseño, además de que se impulse el ahorro y el interés por coleccionar monedas, principalmente entre la niñez y la juventud.
En este tenor, al conmemorar a nuestros héroes tanto de la Independencia como de la Revolución Mexicana o los acontecimientos históricos tendríamos que preguntarnos:
¿Por qué poner en la moneda número 3 de la Serie Fusión Cultural de oro puro denominada "La Mercancía", una figura de una indígena cargando en forma descendente una gran semilla de cacao, que simula a simple vista una mujer embarazada, con las manos descansando en el regazo; y en la moneda número 4 de la misma serie denominada "El Intercambio", que contiene los elementos de una cruz; así como imagen de la espiga cruzada en forma diagonal y la vasija con una semilla de cacao, simulando unas manos en oración; al igual que las hojas de maíz, mostrando a todas luces que esta parece más una medalla religiosa que una moneda nacional conmemorativa y que tendríamos que incluir en el diseño emblemas que sean el símbolo de nuestra nación y tener presente el respeto al carácter laico del Estado mexicano.
Recordemos que México se caracteriza por su pluralidad religiosa y no solo la católica, y que históricamente nuestro país ha destacado a nivel mundial por la emisión de sus monedas.
Luego entonces, tendríamos que hacer las siguientes preguntas:
¿Bajo que criterios se diseñan estas monedas conmemorativas? ¿Quienes intervienen en este diseño? ¿Cuál es el verdadero objeto de estos diseños?
Por ello, compañeras diputadas y diputados, en Convergencia consideramos fundamental motivar, en símbolos como estas monedas, el amor y lealtad a la patria; son una oportunidad para rendir un homenaje a los héroes que nos dieron patria y libertad; nos permitirán llevar a México al mundo reflejado a través de nuestras monedas y billetes.
En vista de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Único. Solicitar la comparecencia ante el pleno de esta soberanía, del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Cartens, y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arrollo, para que informen los criterios que motivaron el concepto y diseño de las monedas conmemorativas Fusión Cultural "La Mercancía" y "El Intercambio".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A COORDINARSE MEDIANTE LA SEMARNAT CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y LOS MUNICIPALES DE LA CUENCA DEL RÍO LAJA PARA ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MANEJO DE ÉSTA A FIN DE PROTEGER Y SANEAR EL AFLUENTE, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN ARELLANO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Rubén Arellano Rodríguez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja para elaborar y ejecutar un plan de manejo del afluente a fin de proteger y sanearlo, suscrito por el diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
II. Es por ello que, en nuestro carácter de representantes populares, los diputados federales tenemos que permitir que los factores que rodean y contribuyen al desarrollo de las personas se den de manera adecuada; por ello, es indispensable que "la sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente."2 Así como promover la conciencia de la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, ya que el buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y a sus instituciones.
III. Debido a lo anterior, es de importancia resaltar la situación actual de la cuenca alta del río Laja que se localiza en el estado de Guanajuato, en la región central del semidesierto mexicano y como es sabido de todos, constituye un corredor vital para la vida silvestre local y migratoria; asimismo, el río Laja tiene una longitud de 250 kilómetros, es tributario del Lerma, uno de los más grandes (718 kilómetros) y el más deteriorado de México. La cuenca del río Laja pertenece a la zona hidrológica Lerma-Chapala, y se divide en dos cuencas: la Laja 1 que abarca una superficie de 4,981 kilómetros cuadrados, que inicia en el Cerro de San Juan en la sierra de Guanajuato y termina en la Presa "Ignacio Allende". Presenta un escurrimiento anual de 265.2 millones de m3 al año y la Laja II, con una superficie de 2,415 kilómetros cuadrados, que comienza en la presa de referencia y termina en la confluencia con el Río Lerma, con 80.7 millones de metros cúbicos al año. Ambas cuencas, de acuerdo con los estudios de disponibilidad media anual de agua superficial representan una categoría de deficitarias, con cero volumen de agua a la salida de las cuencas,3 lo que significa que no existe agua para nuevas concesiones.
La cuenca incluye numerosas comunidades locales como son: los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comonfort, Apaseo El Grande, Villagrán y parcialmente Ocampo, Apaseo el Alto, San Felipe, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Salamanca, Doctor Mora, San José Iturbide, León, Guanajuato, Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortázar y Jerécuaro.
Hoy día la cuenca del río Laja está severamente dañada y contaminada, pues aún cuando todavía cuenta con áreas de bosque y zonas conservadas, el crecimiento de la población, la conversión de las zonas forestales al uso agrícola y ganadero, la sobreexplotación del acuífero subterráneo, la degradación de los sistemas acuáticos por las descargas de aguas residuales de las poblaciones ha impactado no sólo en los ecosistemas sino también en los sistemas productivos de los cuales depende la supervivencia de la población de la cuenca.
Por eso y fundamentándonos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; se propone esta iniciativa de acuerdo legislativo, para que las autoridades encargadas trabajen en conjunto por encontrar y dar soluciones al tratamiento del agua, de la cuenca del río Laja, ya que la calidad del agua que drena por el Río se ve afectada por la carga orgánica e inorgánica derivada de los alcantarillados urbanos, plaguicidas y fertilizantes de los retornos agrícolas que desembocan a lo largo del cauce, así como los residuos industriales provenientes de los parques industriales de las grandes ciudades como Salamanca, Celaya y Querétaro, entre otras. Semejante coctel tóxico limita severamente cualquier uso posterior del agua, aunque es empleada sin reservas en muchos cultivos para consumo humano directo.
Los riesgos sanitarios que ello significa resultan inadmisibles, no obstante, se ha omitido por algunas autoridades de la Comisión Nacional del Agua, la aplicación de los controles normativos vigentes, específicamente la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1994 que se debe cumplir por parte de los ayuntamientos y los centros productivos privados.
Es importante señalar, que la incidencia de desbordamientos en Celaya provocados por el debilitamiento de los bordos de protección representa un riesgo adicional que precisa de un manejo y administración adecuados a efecto de prever contingencias catastróficas.
De tal forma, urge llevar a cabo acciones que reviertan este deterioro y terminen con la contaminación de los sistemas acuáticos a fin de proteger los ecosistemas de la zona y su biodiversidad, permitiendo la recuperación y aprovechamiento sustentable de las aguas nacionales. La conservación de la cuenca resulta decisiva para la vida de muchas especies habiendo sido clasificada como región hidrológica prioritaria por la Comisión Nacional para el Conocimiento y la Biodiversidad al tratarse de un área de alta riqueza biológica con potencial para su conservación. Así como dar una pronta y definitiva solución a la gente que convive con los problemas que el río les ocasiona.
IV. Además, si bien es cierto que corresponde a la federación la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas y la vigilancia y promoción de dichas disposiciones, de acuerdo con lo que señala el artículo 5o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que las atribuciones que dicha ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como lo manifiesta el artículo 6o. de la ley antes citada; también lo es el hecho de que aunque no es facultad directa de los gobiernos locales y municipales, si es facultad de ellos como estipula el artículo 9o., fracción VII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que a la letra señala lo siguiente: "Las entidades federativas tienen la obligación de promover en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades competentes la creación de infraestructura para el manejo de residuos peligrosos…" Asimismo, que en materia de prevención y control de la contaminación del agua corresponde a los gobiernos de los estados y de los municipios el manejo de las descargas de aguas residuales, como se establece en el artículo 119 Bis y 120, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
V. En ese sentido, reconociendo el tema como de utilidad pública, ya que el artículo 3o., fracción III, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considera de utilidad pública lo referente a las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de residuos; la ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la salud; las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos; y, las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos.
VI. Es por ello que en Acción Nacional, teniendo como principio fundamental el bien común de todos los individuos "…no promueve la ventaja de un grupo o clase alguna, sino simplemente el beneficio de todos, cualquiera sea el carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad."4 Así que, en esa tesitura, solicitamos a las autoridades correspondientes que más que encontrar pretextos para trabajar en conjunto encontremos coincidencias y demos soluciones a quienes representamos y por quienes tenemos una función y un propósito que desempeñar, con objeto de dar respuesta al problema de la contaminación para mejorar la salud de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja, para elaborar y ejecutar un plan de manejo del afluente a fin de proteger y sanearlo.
Notas
1. Proyección de Principios de Doctrina-2002; http://www.pan.org.mx
2. Obra citada.
3. Disponibilidad media anual de las aguas superficiales de las cuencas de la zona hidrológica Lerma-Chapala. Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 2003.
4. Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES QUE LAS RADIODIFUSORAS DEJEN DE TRASMITIR LA CANCIÓN "UNAS NALGADAS", DEL DISCO DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ DOS MUNDOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA ROSAURA OCHOA MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, en nombre propio, como diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades las radiodifusoras de todo el país dejen de tocar la canción "Unas nalgadas" que canta Alejandro Fernández e incluye en su nuevo disco "Dos mundos", con base a los siguientes
Antecedentes
1. En febrero del año 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley nació de la necesidad de contar con un instrumento jurídico que prevenga, sancione y erradique la violencia contra las mujeres, estableciendo las condiciones que brinden seguridad a todas ellas en nuestro país de forma coordinada en los tres niveles de gobierno.
2. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en México 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia de pareja, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida.
3. Por violencia contra las mujeres debe entenderse como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
4. Para mayor abundamiento, los tipos de violencia reconocidos por el Instituto Nacional de las Mujeres y establecidos en la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, son:
b) La violencia física, que es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
c) La violencia patrimonial, que es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de las víctimas.
d) Violencia económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un centro laboral.
e) Violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra la su libertad, su dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y
f) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
No los vaya a lastimar con los cuernos
Unas nalgadas con pencas de nopal
Es lo que ocupas por falsa y traicionera
Como te amaba que bruto que animal
Como fui a dar mi amor a la ligera...
Unas nalgadas con pencas de nopal
Una lección es lo que te mereces
Me hiciste daño si que me hiciste mal
Sacaste el cobre y los negros intereses...
Unos rasguños con espina de maguey
Hoy se me antoja jugar ato en tus cachetes...
Ya te veré empeñando los aretes..."
Bajo estas consideraciones, varias organizaciones de opinión pública rechazan dicha letra de la canción, por ello la escritora Gabriela Vargas le responde por medio de una carta.
Por lo expuesto, solicito con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Secretario de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades las radiodifusoras de todo el país dejen de difundir, trasmitir o tocar la canción "Unas Nalgadas" que canta Alejandro Fernández, de la autoría de Joan Sebastián; que incluye en su nuevo disco Dos mundos.
Segundo. Comuníquese a las Comisiones Ordinarias de Grupos Vulnerables; Derechos Humanos; Equidad y Género; Radio, Televisión y Cinematografía, a la Comisión Especial sobre no discriminación, y de Gobernación, a efecto de que sirvan de enlace con la Secretaría de Gobernación, y dé seguimiento al debido cumplimiento de este acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBIERNO DE JALISCO, AL INAH Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A PROMOVER COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EL CENTRO DE PUERTO VALLARTA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL YERENA ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial, solo detrás de España, Italia y Alemania, además la cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio de la humanidad en el continente americano se encuentran en nuestro país, ofreciendo un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional, lo que implica una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para los mexicanos.
Nuestro país tiene una riqueza cultural y natural inmensa, ya que cuenta con lugares excepcionales y únicos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Centro Histórico de Puebla de Zaragoza inscrito en 1987, el Centro Histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes inscrito en 1988, el Centro Histórico de Morelia inscrito en 1991, la zona monumentos históricos de Tlacotalpan inscrito en 1998, la Ciudad Histórica de Campeche inscrito en 1999, por citar algunos de tantos lugares privilegiados en riqueza cultural arquitectónica, natural, documental y en sus tradiciones, es por eso que debemos impulsar el reconocimiento de nuestro patrimonio fortaleciendo el ámbito turístico y reforzando el patrimonio por medio del reconocimiento de la UNESCO.
Para lograr la declaratoria de "patrimonio de la humanidad", se definen los criterios y las clases de sitios que pueden ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y corresponde a las entidades federativas la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación.
Puerto Vallarta, fundado en la época independiente en 1851, ubicado geográficamente sobre la costa del Pacífico medio mexicano, perteneciente al club de las cien bahías más hermosas del mundo asentada en la misma latitud de las Islas de Hawaii, goza de un clima semitropical a lo largo del año; ofrece 42 kilómetros de costa y diversa topografía que incluye vegetación, fauna, recursos naturales, ríos y montañas.
Declarado como puerto de altura en 1931, debido a su amplio litoral con el océano Pacifico, en 1968 es elevado a categoría de ciudad y llevando desde 31 de mayo de 1918 por nombre en honor del ilustre liberal jalisciense licenciado Ignacio L. Vallarta, lugar donde se han llevado a cabo diversos encuentros internacionales como la convención de la Comisión Ballenera Internacional, además de contar con diversos monumentos históricos, tradiciones y cultura.
Entre las influencias culturales que forjaron una identidad local se encuentran elementos arquitectónicos para la conservación de su imagen original, como un pueblo típico mexicano lugar extraordinario en medio de las montañas con calles empedradas, casas con paredes blancas, balcones de herrería adornadas de buganvilias de colores y techos cubiertos de teja roja, un lugar que representa nuestras tradiciones vivas, dignas de conservar, por eso es imperioso proteger y reconocer este rincón mágico de nuestro país.
En cuanto a las variables sobre cultura viva se encuentra la cultura indígena de los Huicholes y las imágenes expresadas en su arte que representan historias y leyendas de su mitología, que organizan cada aspecto de su mundo y sus vidas. En este año 2010, la revista de antropología Artes de México con patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Japón, así como la empresa de tequila Casa Cuervo llevó a cabo en la ciudad japonesa de Kioto una muestra dedicada al arte huichol con 150 objetos rituales, fotografías y cuadros hechos con hilo de colores y cera, objetos rituales y fotografías de esta maravillosa etnia, la exposición está planteada como un recorrido por los tres mundos en que se divide la realidad Huichola.
Así también, una de las más significativas son las peregrinaciones en el mes de diciembre, tradición muy arraigada y de carácter regionalista ya sea por legado indígena o español, y donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros, lo que indica la fuerte presencia de la tradición donde miles de personas recorren cantando al centro de la ciudad para llegar al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en 1918, el cual en su interior guarda verdaderas obras de arte donde se encuentra la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pintada por el notable artista jalisciense Ignacio Ramírez.
Uno de los monumentos históricos el más importantes para los vallartenses es el malecón, consiste en un andador de aproximadamente un kilómetro de longitud que va a lo largo de la playa, y que es el paseo preferido de los habitantes y turistas del puerto desde 1936.
El desarrollo de la industria turística ha ido a la par con el desarrollo de las artes y la cultura. El gobierno local creó la Comisión Municipal de la Industria Fílmica y en 2003 se efectuó el primer Festival Fílmico de Vallarta, lo que atrajo por igual a pioneros y ejecutivos de grandes corporaciones de la industria fílmica internacional y nacional. Puerto Vallarta ha sido inspiración de grandes cineastas como el legendario director de cine John Houston, con la película La noche de la iguana.
Puerto Vallarta también ha sido inspiración de grandes pintores entre muchos de ellos se encuentra Manuel Lepe, convirtiéndose en uno de los más grandes promotores del puerto internacionalmente; su obra se encuentra en museos y galerías por todo el mundo, fue el creador de un estilo naif popularmente llamado vallartense, y es el único pintor mexicano registrado en el Directorio de Arte Naïf de Francia.
Es importante reconocer, garantizar y preservar la riqueza cultural y natural en que se ubica a Puerto Vallarta, como uno de los destinos más relevantes a nivel nacional e internacional, por lo que es de suma importancia el impulsar a este destino como patrimonio de la humanidad.
La declaratoria en su caso del centro de la ciudad de Puerto Vallarta como patrimonio de la humanidad, sin duda traerá como resultado conservar los bienes culturales y naturales que existen en el estado y adicionalmente se lograra obtener la promoción del turismo nacional y extranjero, la atracción de mayor inversión en infraestructura turística y por ende el desarrollo económico en beneficio del estado de Jalisco y de los habitantes de Puerto Vallarta.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER POR CONDUCTO DE LA SEDESOL Y DE LA SSA LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 70 Y MÁS Y AL SEGURO POPULAR DE QUIENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA BRACERO (1942-1964), A FIN DE QUE CUENTEN CON UN INGRESO MÍNIMO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIEREN PARA VIVIR CON DIGNIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS LUIS MEILLÓN JOHNSTON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En 1941 Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial, como resultado del ataque japonés a Pearl Harbor. Desde aquel año, este país empleó todo lo que tenía a su alcance para potenciar su producción bélica, hombres y mujeres, trabajaron de día y de noche en las fábricas, los jóvenes más fuertes y sanos eran embarcados a los frentes de batalla. Es en este contexto de conflicto bélico, es que hacen su aparición los braceros mexicanos, el 4 de agosto de 1942, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir así las necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses.
Durante el programa bracero, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Estos braceros convirtieron a la agricultura norteamericana en un negocio muy rentable. Los braceros eran campesinos de las zonas agrícolas rurales más importantes de México, como Coahuila, Durango, Chihuahua, Michoacán etcétera. Millares de empobrecidos mexicanos abandonaron sus comunidades y se trasladaron al norte buscando enrolarse de braceros con la ilusión de ganar muchos dólares. Firmaron contratos de braceros que no entendían, pero que se les presentaba como la salida a sus problemas y a sus angustias la esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sueldos mejores que los que ganarían en México. Al enrolarse al programa los campesinos eran conducidos a los "centros de procesamiento" donde los bañaban, los desinfectaban y luego los entregaban a sus patrones como si fueran mercancías. De ahí, partían a las distintas regiones agrícolas del suroeste y el norte de los Estados Unidos. En Texas, Colorado, Nuevo México y prácticamente por toda la nación, fueron los que plantaron y piscaron el algodón, el betabel de azúcar y muchísimos otros cultivos, recibiendo un pago menos del 50 por ciento de lo que ganaban los americanos.
Para muchos el Programa Bracero significó un sistema vil de explotación de mano de obra barata, ofrecida en subasta a los empleadores norteamericanos y que era avalado y, en buena parte, gestionado por el gobierno mexicano. Las investigaciones de la época señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran, en muchos casos, deplorables. Vivían en casas de campaña, en vetustos barracones y en campamentos miserables. Los braceros se quejaban principalmente de la comida. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato establecido. La aventura laboral, no daba para salir de pobre, pero sí para pagar unas deudas, comprar un terreno, construir un cuarto, comprar un coche.
Para muchos otros, el Programa Bracero fue un avance porque terminó con el sistema privado de enganche y se convirtió en un programa oficial de ambos gobiernos, donde se estipulaban ciertas condiciones laborales y se consensaban algunas decisiones. En suma, se trataba de un contrato colectivo de trabajo de dimensión binacional en el que el gobierno estadounidense se esforzó por proteger y privilegiar los derechos de los empleadores mientras que el gobierno mexicano de aquella época veló, en la medida de sus posibilidades, por la defensa de los derechos humanos y laborales de los braceros. No así por sus ahorros forzados, que llegaron a las arcas del estado y nunca se repartieron; se estima que el fondo de ahorro de los trabajadores braceros que les retenía el 10 por ciento de su salario ascendía a de 5 billones de pesos.
El programa duró más de dos décadas, fueron años de duro trabajo y mucho sufrimiento. Los braceros fueron objeto de todo tipo de abusos y agresiones por parte de de patrones explotadores y de autoridades y grupos racistas. En 1964 terminó el programa, los connacionales una vez que ya no fueron necesitados, tuvieron que regresarse a su tierra sin que siquiera se les hubiera reconocido su valiosa contribución a este país. Muchos de ellos volvieron a los Estados Unidos y continuaron laborando en este país, muchas veces sufriendo los mismos abusos y vejaciones que padecieron durante el programa bracero y todavía continúan siendo marginados por la sociedad que se beneficia de su esfuerzo y de su trabajo.
Aquellos que retornaron a México se hallan en una situación delicada; los ex braceros que trabajaron durante el periodo que comprende los años 1942 a 1964 y que, por tanto, se trata de personas de muy avanzada edad, muchos de ellos se encuentran enfermos y en una situación económica de pobreza y abandono ya que el apoyo a los ancianos es insuficiente frente a los múltiples retos que conlleva su atención y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida, que colocan a muchos miembros de este grupo de edad en situación de vulnerabilidad ante enfermedades crónico degenerativas y mentales, discapacidades, rechazo y abandono. Como muchos adultos mayores se enfrentan falta de trabajo o sólo oferta en actividades de baja calidad y bajos salarios, falta de pensiones y de seguridad social.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70 por ciento de los 4.9 millones de personas mayores de 65 años que hay en México no tienen acceso a los servicios más elementales de alimentación, cuidado y salud, el mayor problema que enfrenta la población adulta mayor es que nunca tuvo la información ni los programas políticos para prevenir su situación de salud, familiar y económica en esa etapa de la vejez y, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cerca de 10 por ciento de la población adulta mayor a nivel nacional no tiene seguridad social ni apoyo de persona alguna.
Asimismo, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sólo 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con recursos suficientes para enfrentar su vejez. El 75 por ciento es vulnerable económicamente. Sólo 1.5 millones reciben alguna pensión, en tanto el restante 80% tiene que buscar alternativas para obtener ingresos.
Tomando en cuenta la precaria condición económica de los trabajadores braceros y de sus familias, está soberanía aprobó en el 2005 la Ley que creó el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores Migrantes Mexicanos en cuyas Reglas de Operación se consigna la entrega de un apoyo social a los trabajadores braceros por un monto de 38 mil pesos como un ejercicio de reconocimiento de la problemática de los ex trabajadores migratorios mexicanos, dando prioridad a los trabajadores de mayor edad, después a los trabajadores del período 1942-1946 y posteriormente a los trabajadores migratorios del período 1964 (artículo 5o. de la citada ley). No obstante, en un período especialmente difícil para la economía, el pago se realizará en varias exhibiciones de 4 mil pesos al año para poder permitir otorgar el apoyo al mayor número posible de ex trabajadores migratorios que cumplan los requisitos de ley, de otra manera, a razón de 38 mil pesos, sería posible apoyar únicamente alrededor de 17 mil beneficiarios de los más de 200 mil que integran el padrón de ex braceros.
Ante esta situación compleja de falta de ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas, de empleos precarios y de no contar con seguridad social o con acceso a los servicios de salud necesarios que viven los ex braceros actualmente, nosotros, como legisladores, debemos instar al gobierno para que a través la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social se tomen las medidas pertinentes a fin de atender las necesidades más apremiantes de toda la población de ex braceros. Para tales efectos proponemos que sean incorporados al Programa 70 y Más para que reciban una pensión no contributiva de mil pesos, que aunado al apoyo social de 4 mil pesos que reciben del gobierno, estarían percibiendo 10 mil pesos al año, o 16 mil si se hace extensivo este beneficio a sus cónyuges, obteniendo de esta manera un ingreso 4 veces mayor al que perciben actualmente. Asimismo, proponemos que sean incorporados al Seguro Popular para que puedan acceder a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, sin ninguna cuota familiar de por medio.
No es justo que miles de compatriotas que dejaron su país para buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, que fueron objeto de vejaciones, maltratos y explotación, ahora se encuentran en su país en condiciones de pobreza y relegados al olvido.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Salud, las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero (1942-1964) puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Carlos Luis Meillón Jonhnston (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DE LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES EN CHALCO Y VALLE DE CHALCO, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Las fuertes lluvias que se presentaron en los primeros días de febrero del año en curso y que provocaron el rompimiento del Canal de la Compañía, en los municipios de Chalco y Valle de Chalco, estado de México, dejaron a varios cientos de familias sin vivienda y en total desamparo porque, además, perdieron todas sus pertenencias.
En Valle de Chalco, además de las afectaciones de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 27, se reportan afectaciones en las colonias San Isidro, Providencia y El Triunfo.
Los afectados solicitaron la ayuda de los gobiernos municipal, estatal y federal, para que se restablecieran a la mayor brevedad los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y gas, que son elementales para llevar una vida que cubra lo más necesario.
La respuesta del gobierno estatal de Peña Nieto fue la de reprimir a los pobladores de la zona en desgracia, en vez de acudir con alimentos y medicinas en la medida en que se requería.
Después, al no ser suficientes los envíos de insumos, el gobernante asumió la posición tramposa de que los habitantes de esos municipios eran manipulados por agitadores sociales en contra de su gobierno.
Esta situación fue acompañada de la represión que ordenó Peña Nieto para que fuerzas policiacas del estado de México agredieran a los habitantes, actitud que no es nueva en Peña Nieto, pues hay que recordar que en San Salvador Ateneo, utilizó la misma estrategia para reprimir a los inconformes e, incluso, las fuerzas policiacas infringieron los derechos humanos, que llegaron al extremo de violar a mujeres.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo demanda del gobernador Peña Nieto un mínimo de sensibilidad, seriedad y responsabilidad con los habitantes de los municipios de Chalco y Valle de Chalco, proporcionándoles la atención que se merecen como mexicanos y como mexiquenses, dando prioridad a las necesidades que son evidentes en esos lugares.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a dar inmediato cese a la represión en contra de nuestros compatriotas, a establecer una mesa de diálogo y negociación, y a resolver las demandas de los damnificados por las inundaciones en los municipios de Chalco y Valle de Chalco a principios de febrero de este año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Óscar González Yáñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP Y A LA SSP QUE IMPLANTEN EN CHIHUAHUA UN PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PARA VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA TERRAZAS PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de Chihuahua, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea, de urgencia u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública que se implante un programa de regularización vehicular en el estado de Chihuahua para los vehículos usados de procedencia extranjera con base en las siguientes
Consideraciones
Los lamentables acontecimientos ocurridos el 31 de enero pasado en Ciudad Juárez cimbraron a toda la opinión pública y, en general, a la población del país. Estos hechos sólo han puesto a la luz una problemática que hemos vivido desde hace muchos años en esa ciudad fronteriza: la delincuencia organizada se ha apoderado de nuestras calles, de nuestros negocios y de nuestros hijos.
Ciudad Juárez presenta los más altos niveles de inseguridad, criminalidad y violencia; ello ha obligado a que esta soberanía haya aprobado el pasado 2 de febrero del año en curso, con el carácter de urgente u obvia resolución, una proposición con punto de acuerdo que presentó una servidora y mediante la cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a atender, con prioridad nacional y en el ámbito de sus atribuciones, la problemática de pandillerismo, delincuencia y crimen organizado que afecta significativamente a dicho municipio fronterizo, así como a implantar coordinadamente políticas de prevención y de intervención social para reconstruir el tejido social y aumentar la eficacia punitiva de los gobiernos.
En sí, es menester señalar que nuestra localidad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, pero también es de destacar que no todo es negativo, ya que Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en la industria maquiladora de exportación y es una de las ciudades más dinámicas de Chihuahua, donde viven un gran número de personas honestas y trabajadoras. Por lo que esta situación no debe continuar así: los juarenses exigimos de las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones concretas que brinden seguridad y bienestar a la población.
El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha reconocido que los vehículos sin placas y polarizados son el medio idóneo para perpetrar los delitos más graves en contra de la sociedad: ejecuciones, secuestros, extorsiones y asaltos. Los vehículos ilegales permiten la movilidad y la logística para operar a los delincuentes en un manto de impunidad. Si no se atiende esta problemática de manera eficaz en Ciudad Juárez, se pudiera replicar y magnificar en otras localidades de nuestro país.
La semana pasada, para atender esta situación, en Ciudad Juárez, el secretario García Luna puso en marcha un programa cero tolerancia para los vehículos sin placas. Este programa consiste en la revisión de todos los vehículos que circulan por las calles de nuestro municipio por parte de efectivos militares y policíacos, con la clara intención de restarle una ventaja operativa a los grupos delincuenciales.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos este esfuerzo del gobierno federal, pero creemos que es miope y parcial, consideramos que tenemos que encontrar una solución más amplia, integral y de largo plazo para el tema de los vehículos ilegales.
En nuestro país se estima que el año pasado entraron de manera ilegal al menos 500 mil vehículos, esto debido a diferentes factores: las medidas aplicadas por el Ejecutivo a través del decreto para la importación de vehículos usados limitó la importación legal por los altos costos que se impusieron; el efecto de la crisis mundial que afectó el empleo de los connacionales en Estados Unidos de América y la actividad económica en la frontera norte, y el tipo de cambio del peso respecto al dólar que en los últimos meses sufrió una depreciación importante. Por lo anterior, el flujo de vehículos importados de manera legal ha descendido, pero se ha incrementado el flujo ilegal con la complacencia de autoridades aduaneras y policiales corruptas.
Estos vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera ilegal en el país, sin placas, no permiten a las autoridades policiales conocer el nombre del propietario del vehículo, por lo que se convierten en el medio ideal para llevar acabo todo tipo de actos delictivos. El mismo secretario García Luna declaró que sería conveniente que los municipios regalen las placas vehiculares para tener un control de todos los vehículos que circulan en nuestras calles.
Aún y cuando no se tienen datos de cuantos delitos se cometen empleando vehículos sin placas, el propio secretario García Luna señaló que no se puede crear un esquema eficiente de combate a la inseguridad si existe el delito de los vehículos ilegales. En diversas localidades del país, y notoriamente en la franja y la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal. Ante este fenómeno, las autoridades policiales y de procuración de justicia se ven imposibilitadas para actuar en contra de los delincuentes.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita a los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública que se coordinen con las autoridades estatales, a efecto de que se lleven a cabo los trabajos tendientes a implantar un programa emergente de regularización de los vehículos de procedencia extranjera que circulan en el estado de Chihuahua. Lo anterior, brindará certeza a los propietarios de los vehículos y a las autoridades de seguridad pública al tener un control de los vehículos y de sus propietarios.
Con el ánimo de no afectar las finanzas públicas del gobierno federal y estatal, se propone que este programa se lleve a cabo a través del procedimiento previsto en la legislación aduanera, es decir, que se paguen las contribuciones y demás accesorios que se causen por la importación y regularización de los vehículos. De igual manera, se propone que los propietarios de los vehículos los puedan inscribir en el registro público vehicular. Con esta medida, estamos convencidos que se ayudará enormemente a fortalecer la seguridad pública del estado de Chihuahua y, de manera particular, de Ciudad Juárez.
De no llevarse a cabo un programa de regularización vehicular en Chihuahua, podemos enfrentar severos problemas si los vehículos siguen circulando en las calles sin placas, por ejemplo, estos vehículos continuarán siendo el instrumento ideal para delinquir, perpetuándose la delincuencia en el estado; estaremos fomentando la corrupción y chantaje, aun más, en los cuerpos policíacos de los municipios; corremos el riesgo de que en algún reten militar una persona honesta o una familia sea confundida con delincuentes por el solo hecho de circular en un vehículo de este tipo, con resultados fatales y, finalmente, estaremos ante la presencia de una mayor descomposición social en el estado y en los municipios.
Por todo lo expuesto y fundado, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de Chihuahua sometemos a esta honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública que se coordinen con las autoridades estatales de Chihuahua a efecto de que, con prioridad nacional, se lleven a cabo los trabajos tendentes a implantar un programa de regularización vehicular en ese estado para los vehículos usados de procedencia extranjera.
Salón de sesiones, a 16 de marzo de 2010.
Diputados: Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán, Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA SEP Y DE LA SEGOB A RESPETAR LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, A FIN DE REFORZAR ACCIONES EN FAVOR DE UNA CULTURA DE RESPETO DE LAS DIFERENCIAS Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES ESCOLARES, AUTORIDADES, TRABAJADORES, MAESTROS Y ESTUDIANTES QUE FAVOREZCA LA SANA CONVIVENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA ROMERO LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Gloria Romero León, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación a reforzar las acciones a favor de implantar una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los actores de la vida educativa en beneficio de los alumnos y su desarrollo.
Considerandos
Señoras y señores legisladores, el siguiente punto de acuerdo tiene como objetivo el de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación a fin de que tomen las medidas necesarias para hacer valer la ley de las niñas, niños y de los jóvenes para proteger la integridad física y mental de todos aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias, son objeto de maltrato por parte de sus compañeros de escuela, de los padres, y hasta del personal docente que labora en las distintas instituciones educativas.
Desgraciadamente este es un tema muy recurrente en nuestro país, sin duda es un tema muy sensible para todos los mexicanos, es un tema donde todos los que somos padres podemos estar expuestos, y sin saberlo, uno de nuestros hijos puede estar siendo objeto de algún tipo de maltrato en este momento por parte de sus compañeros de escuela o de alguna autoridad educativa, debemos ser muy sensibles y actuar como legisladores responsables para reforzar las acciones que permitan a los estudiantes ser tratados de una manera digna.
La discriminación escolar puede tener motivos religiosos, sociales, culturales, o de preferencia sexual, y México no es ajeno a ellos, la violencia en las instituciones educativas tiene muchos rostros, y uno de ellos es la discriminación.
En nuestro país, el 32 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 9 años de edad, aseguran que los tratan con violencia en la escuela, de acuerdo con la consulta infantil y juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral. En la consulta 2003, 16 por ciento reiteró que los golpean en la escuela, 3.4 por ciento dijo "abusan de mi cuerpo, y otro 16 por ciento aseguro que los insultaban. Entre 2003 y 2005, la unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil atendió 482 casos: 140 de maltrato físico, 79 de abuso sexual y 73 por violencia psicológica sufrida en las aulas.
Las indagaciones realizadas muestran que la mayoría de las situaciones de abuso, de hostigamiento sexual y de discriminación ocurre entre los propios alumnos, el IFE dentro de las consultas que realiza entre las diferentes instituciones educativas, señaló que el 21.5 por ciento de la adolescencia se ha sentido discriminada por sus compañeros de clase.
Durante el año 2009 es preocupante que entre los países miembros de la OCDE, México presentó los niveles más altos en discriminación, robos, agresividad verbal y física de los alumnos de educación secundaria hacia sus compañeros, agresividad verbal de los profesores y personal de apoyo hacia los alumnos, así como en la posesión y uso de drogas y alcohol. Esto lo revela una investigación realizada por el organismo internacional entre escuelas y 90 mil profesores de los países pertenecientes a este organismo.
Es importante recordar a nuestras autoridades del sistema educativo nacional, que se cuenta con una ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes, en la cual, se establece el derecho de estos a ser tratados de una manera digna y sin discriminación dentro de los centros de educativos de nuestro país, al respecto
El artículo 32 de la ley cita de la siguiente manera:
A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requerirán para su pleno desarrollo.
B. Se evite la discriminación de las niñas y de las adolescentes en materia de oportunidades educativas.
C. Las niñas, niños y adolescentes que posean cualidades intelectuales por encima de la media, tengan derecho a una educación acorde a sus capacidades, así como a contar con las condiciones adecuadas que les permita integrarse a la sociedad.
D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia.
E. Se provean mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana.
F. Se impida en las instituciones educativas, la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física y mental.
G. Se favorezcan en las instituciones educativas, mecanismos para la solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación.
De hecho, la falta de accesibilidad y la discriminación hacen que el promedio de los años de educación entre las personas que son victimas de discriminación o que sufren alguna discapacidad sea de 3.8 grados, mientras que la de el total de la población es de 7.5 grados, equivalente a cursar el segundo grado de secundaria, esto nos habla del alto porcentaje de ausentismo de personas con discapacidad a alguna institución educativa por temor al rechazo de sus compañeros de escuela.
Es importante recordar que, la igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes.
Diputadas y diputados, el objeto del siguiente punto de acuerdo se basa en proponer diferentes estrategias a fin de:
Segundo. Brindar una educación bien encaminada y dirigida para que esta actúe como un factor determinante para el desarrollo social del educando, pero también, para el fortalecimiento de los valores humanos, que enfaticen en el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el respeto.
Tercero. Desarrollar entre los estudiantes actitudes de solidaridad en los individuos para crear conciencia sobre la erradicación de toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto impedir y anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas, como uno de los principales fines de la educación.
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación, a respetar la Ley de las Niñas, Niños y de los Jóvenes para reforzar las acciones a favor de implantar y fortalecer una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputada Gloria Romero León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB Y DE LA CNBV A EFECTO DE QUE EN LAS INSTITUCIONES Y SUCURSALES BANCARIAS QUE OPERAN EN LA REPÚBLICA SE ACEPTE COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL LA CREDENCIAL DE DIPUTADO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Conforme al artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos autorregulatorios bancarios. Facultad rectora del Estado respecto al sistema bancario mexicano.
El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, con base en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la república y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.
Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el congreso de la unión determine como especialidades de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.
Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del gobierno federal, que compete otorgar discrecionalmente a la comisión nacional bancaria y de valores, previo acuerdo de su junta de gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.
Las autorizaciones para organizarse y operar como institución de banca múltiple, así como sus modificaciones, se publicarán, a costa de la institución de que se trate, en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su domicilio social.
Por lo anterior, y en virtud de que nuestro ámbito de trabajo y gestión legislativa es federal, continuamente tenemos que estar viajando por diferentes estados del país y, por seguridad personal, no podemos viajar con dinero en efectivo, así que tenemos que recurrir a las tarjetas de crédito y de débito, y en ocasiones la emisión de cheques personales para sufragar los gastos que esto genera.
Para realizar cualquier gestión bancaria es necesario que presentemos una identificación personal y no aceptan la credencial que nos proporciona la LXI Legislatura como diputados federales.
Es bien sabido que para obtener esta identificación tenemos que cumplir con muchos requisitos como el siguiente: al registrarnos como candidatos ante el Instituto Federal Electoral (IFE), presentamos acta de nacimiento, credencial para votar, la clave única de registro poblacional, constancia de residencia, fotografías, llenar formatos y otros.
Cuando somos electos por mayoría relativa o plurinominales, nos tenemos que registrar y acreditar ante este congreso con la misma documentación citada además de la constancia de mayoría expedida por el mismo IFE y cuando hemos cumplido todos estos requisitos, al fin obtenemos la credencial que nos acredita y nos identifica como legisladores federales.
También es sabido que para obtener la credencial del IFE solamente necesitamos una identificación, constancia de domicilio y con estos documentos nos la proporcionan.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a realizar lo necesario para que sean aceptadas como documento oficial la credencial que nos identifica como diputados federales que nos es proporciona por esta LXI Legislatura ante las instituciones bancarias y sucursales que operan dentro de la republica mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A DESECHAR TODA INICIATIVA QUE PRETENDA MODIFICAR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, QUE PROTEGE LAS ESPECIES RESERVADAS EN EXCLUSIVA A LA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA, EN ESTE CASO PARTICULAR EL PEZ DORADO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANADOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Miguel Ángel García Granados, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pesca deportivo-recreativa, es hoy en día una actividad que reviste la mayor de las importancias para la industria turística nacional, dado que los destinos de playa, –sobre todo los ubicados en el litoral del Pacífico occidental y Golfo de California– reciben anualmente a pescadores de todo el mundo, atraídos precisamente por este deporte.
Incluso las marinas turísticas localizadas a lo largo de los puertos mexicanos, reciben miles de embarcaciones extranjeras, cuyos tripulantes vienen principalmente a practicar la pesca deportiva de especies reservadas por ordenamiento legal.
Así está preceptuado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que en su artículo 68 establece que las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
El ordenamiento en referencia establece también que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la secretaría del ramo mediante disposiciones reglamentarias.
Estos preceptos que datan de 1972, son el baluarte que brindan certeza jurídica a la práctica de la pesca deportivo-recreativa, al garantizar asimismo la protección, conservación y cuidado de las especies marinas reservadas en exclusiva a esta actividad, lo cual sin duda ha contribuido a un aprovechamiento óptimo y sustentable de los recursos pesqueros.
Al amparo legal, la pesca deportivo-recreativa es actualmente una de las actividades que arroja enormes beneficios económicos al sector turístico de México, reconocido esto por los tres niveles de gobierno.
La derrama económica que arroja la actividad de la pesca deportiva se estima en 2 mil millones de dólares al año y favorece la creación anual y correspondiente sostenimiento de 35 mil fuentes de empleo. Estas cifras, superan el rendimiento económico de la pesca comercial, tanto de aguas internas como de altamar, estimado en mil 500 millones de dólares.
Aún más, el 80 por ciento de los prestadores de los servicios turísticos orientados a la pesca deportiva pertenecen al sector social de la economía, en tanto que la flota privada es operada por pescadores comerciales que han dado un giro a su actividad productiva. Esto, gracias a las bondades de la pesca deportiva, como una práctica sustentable y de preservación del medio ambiente.
El sector agrupa a 22 asociaciones estatales, con un aproximado a los 30 mil pescadores, además de asociaciones regionales y prestadores de servicios turísticos en general.
Los indicadores en comento, nos dan un amplio panorama de la importancia que reviste para el sector turístico del país la pesca deportivo-recreativa, como una de las actividades que ha venido cobrando preponderancia en cuanto a la derrama económica que genera y por consecuencia su aporte al desarrollo regional.
Por ello, prestadores de los servicios turísticos a este sector ven con preocupación la pretensión de liberar a la pesca comercial la captura de la especie denominada "dorado", bajo el falaz y unilateral argumento de que existe la suficiente biomasa de la especie para dar cauce a un cambio en el sentido de la ley.
Resultan ilusorios además los beneficios económicos que la eventual liberalización de la pesca del dorado arrojaría, ya que el kilogramo de la especie, cuya captura está disfrazada como "incidental" se oferta en 40 pesos, mientras que el precio de origen es de 15 pesos.
Todavía más, la eventual apertura para la pesca comercial del pez dorado no vendría a beneficiar a los pescadores del sector social, ya que para el propósito en referencia sólo los grandes armadores y comercializadores estarían en condiciones de financiar gastos de identificación de corridas y captura de la especie.
En vez de lo anterior, las autoridades correspondientes conforme a las facultades que la legislación les confiere, deberían preocuparse por llevar a cabo estudios que permitan proyectar el ordenamiento pesquero para la sustentabilidad y crecimiento de éste, con la debida protección del entorno ecológico, bajo un proceso sostenido de evaluación del impacto que la captura de las especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa tiene sobre las pesquerías.
Esto, porque está comprobado que la reserva para la pesca deportivo-recreativa de las especies enunciadas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un soporte fundamental para el sostenimiento de miles de familias que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que arroja la práctica de la pesca deportivo-recreativa.
Me pronuncio asimismo porque las demandas del sector social de la pesca, legítimas desde luego por lo que hace a mantener una fuente suficiente de ingreso económico, sean debidamente atendidas con otras alternativas de desarrollo, pero no afectando lo que ya se tiene y que reitero, es fundamental para el desarrollo de la industria turística, como uno de los sectores clave para la captación de divisas.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte respetuosamente a las compañeras Diputadas y compañeros Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda Iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa. En este caso particular, el pez dorado.
Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca a que realice los estudios de investigación que determinen la situación actual de las poblaciones del pez dorado, de tal suerte que a partir de ello se establezcan los planes de manejo para las especies de pesca deportiva marina.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Miguel Ángel García Granados (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ABATIR EL REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO BONIFACIO HERRERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe la presente, diputado Bonifacio Herrera Rivera, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de probables responsables de los delitos.
Consideraciones
La desfachatez, el descaro y el cinismo de los hombres que permiten que el criminal quede sin castigo, amenazan con mandar al país al desfiladero, arrastrando el valor y la historia de México.
En nuestro país, dada de la división entre el fuero federal y el común, la mayor parte de las conductas delictivas se llevan a cabo dentro del ámbito de aplicación de la ley local. Por ello, el trabajo de las Procuradurías de Justicia y los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas es una labor de vital importancia para lograr una efectiva procuración y administración de justicia.
Así pues, resulta preocupante que en el fuero común no se castiga ni siquiera 10 por ciento de los delitos denunciados. A su vez, el rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y reaprehensión, giradas por los jueces ha alcanzado niveles históricos.
En ese sentido, de acuerdo con la información más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero común se dejan de cumplir alrededor de 589 mil 86 órdenes de aprehensión y 120 mil 481 de reaprehensión, además de que 60 mil 32 son mandamientos judiciales no clasificados.
Lo anterior suma un total de 800 mil resoluciones judiciales no cumplimentadas. De igual forma, es preocupante que la mayoría de las órdenes de aprehensión que se dictan en un año nunca llegan a ser cumplidas y en consecuencia son canceladas al prescribir la acción penal.
Así, por ejemplo, en 2008, en estados como Sinaloa, la cantidad de órdenes de aprehensión sin cumplir ascendía a 87 mil 278 mientras que el de órdenes de reaprehensión era de 13 mil 689.2
Por su parte, Zacatecas contaba con 55 mil 389 órdenes de aprehensión y 5 mil 494 de reaprehensión sin dar cumplimiento.3 De esta manera, la comisión de crimines de alto impacto ha prosperado, pues quienes los cometen quedan sin castigo y con la posibilidad de dedicarse de manera permanente a tan aberrante actividad.
Tal y como es posible apreciar la productividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión, por parte de los agentes policiales auxiliares del Ministerio Público, varía de una entidad federativa a otra, pero en general es muy baja, habiendo casos extremos de pobre productividad en los agentes policiales, al grado de que en promedio la ejecución es inferior a una orden per cápita al año.
Lo cierto es que lograr disminuir, de forma considerable, el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión significaría una baja importante en la incidencia delictiva, dado que la detención de los probables responsables tendría el efecto de disuadir a otros sujetos para que no cometan nuevos delitos.
México no quiere más delincuencia, inseguridad, corrupción, impunidad, complicidad, ni complacencia. El pueblo de México está cansado de tanta impunidad y tanta inseguridad. Clama a gritos que quienes se encargan de velar por su seguridad y administrarle justicia cumplan con las funciones que les han sido encomendadas.
Por tal motivo, es imperioso exhortar a las Procuradurías Generales de Justicia de los diferentes estados de la república para que logren abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión con la mayor celeridad posible.
Para lograr lo anterior, es importante que se establezcan estándares de productividad a los agentes policiales en el cumplimiento de las ya mencionadas órdenes.
De igual forma resulta importante que una vez que se haya logrado abatir el referido rezago se lleven a cabo las acciones necesarias que impidan que en el futuro se vuelva a producir.
El impulso de una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad y la delincuencia es una responsabilidad que se debe llevar a cabo con acciones concretas que permitan ganar terreno ante los retos que el país enfrenta en la actualidad y de esa forma generar un ambiente de tranquilidad y confianza entre la sociedad mexicana.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a lo siguiente:
2. Establecer estándares de productividad a los agentes policiales auxiliares de los Ministerios Públicos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.
3. Actualizar e informar periódicamente sobre los avances en el abatimiento del rezago y evitar, en lo subsecuente, la acumulación de resoluciones judiciales sin ejecución.
1. Hobbes, Thomas, Leviatán.
2. Datos proporcionados en la solicitad hecha a la FMEI.
3. Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SCT PARA QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN 2009 POR CONCEPTO DE PEAJE, TANTO DE LA RED PROPIA COMO POR LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS, E IMPLANTE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La red carretera a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) administradas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) está constituida por más de 56 mil kilómetros, de los cuales cerca de 48 mil kilómetros son libres, sin pago de peaje y a los puentes y autopistas de cuota pertenecen aproximadamente 8 mil kilómetros, en los cuales se registró un promedio anual de aforo vehicular en 2009 de cerca de 49 millones.
Es importante destacar que a cualquier usuario de las autopistas del país resulta evidente el deterioro físico de demasiados tramos carreteros, pues en ellos existen baches, hundimientos, grietas, desniveles y otras deformaciones físicas además, de la inadecuada señalización, mala iluminación, superficies resbaladizas, en algunos casos, se vuelvan intransitables y peligrosas que han sido causantes de infinidad de accidentes con la concebida pérdida de muchas vidas humanas, aunado a los deficientes servicios sanitarios así como las enormes filas que se forman para realizar el pago para acceder a ellas con la consabida pérdida de tiempo y retrasos en los recorridos.
Al tratarse de un servicio de cuota deberían estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, con altos estándares de calidad; sin embargo, la realidad de nuestras carreteras de cuota no concuerda con los cobros excesivos por el uso de este servicio, en consecuencia, no se justifica porque no hay beneficio para los automovilistas y transportistas.
El presupuesto autorizado a la SCT en su programa carretero del 2008 fue de 40 mil millones de pesos y en 2009 de 62 mil 736 millones de pesos, lo cual significó un incremento del 56.84 por ciento en términos reales.
Adicionalmente, en la red carretera a cargo de la SCT administrada por Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura se aplicó un aumento de 3.8% en promedio a sus tarifas a partir del 4 de agosto de 2009, como respuesta a la política económica implementada por el gobierno federal, con el propósito de cumplir con los requerimientos de calidad en la operación de los tramos carreteros que exigen los usuarios, y evitar el deterioro de la infraestructura, además de dar continuidad al programa de mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera y de los puentes de cuota.
Cabe hacer mención que en el "Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalla que para la SCT se aprobaron para 2009, 62 mil 736 millones de pesos, de los cuales sólo fueron ejecutados 47 mil 876 millones de pesos, equivalentes a 76.3 del total asignado.
Mientras que, al rubro dedicado a la construcción y modernización de carreteras, la SCT contó con un presupuesto de 23 mil 319.6 millones de pesos, de los cuales sólo ejerció 16 mil 865 millones, dejando de ejercer 6,454.6 millones de pesos, lo cual arroja un importante subejercicio del orden del 27.7 por ciento.
Motivo por el cual es de extrema urgencia solicitar a la SCT que informe a esta soberanía de manera pormenorizada sobre los ingresos recaudados durante 2009 por concepto de peaje, tanto de la red propia como por las autopistas concesionadas; que explique cómo emplean estos ingresos y el motivo del subejercicio de 27.7 por ciento del presupuesto asignado ($6,454 millones de pesos) para la construcción y modernización de carreteras en este periodo. Asimismo, que instrumente de inmediato un programa de reparación, mantenimiento y mejoramiento de servicios carreteros permanente para solucionar la problemática planteada y así ofrecer las condiciones de seguridad de los usuarios que reducirá el número de accidentes y por lo tanto, la pérdida de vidas humanas, la afectación de la salud y menores costos materiales para los automóviles y transporte que por ahí transitan.
Por todo lo expuesto y fundado, solicito a la presidencia que turne a la Junta de Coordinación Política, y asimismo sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que presente un informe pormenorizado sobre los ingresos recaudados durante 2009 por concepto de peaje, tanto de la red propia como de las autopistas concesionadas; explique cómo se emplean esos ingresos y el subejercicio de 27.7 por ciento del presupuesto asignado ($6,454 millones de pesos) para la construcción y modernización de carreteras en este periodo. Se implemente de inmediato un programa de reparación, mantenimiento y mejoramiento de servicios carreteros permanente de las autopistas de todo el país, que obligue a los concesionarios a cumplir con los términos de sus contratos, llevando el control, registro, supervisión y seguimiento periódico del estado físico de la estructura carretera para que seguidamente que sufran desperfectos, se corrijan los deterioros, mejorando así el servicio a los usuarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE MEDIANTE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, Y ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN SE REALICE UN ENCUENTRO NACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES CENTENARIOS, EN EL MARCO DE ESAS CONMEMORACIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En opinión de los demógrafos de la Organización de las Naciones Unidas, es probable que en un plazo de 50 años haya por primera vez en la historia más personas mayores de 60 años que menores de 15. Se estima que 1 de cada 10 personas en la actualidad tiene menos de 60 años.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores informa que en México diariamente 799 personas cumplen 60 años. Según el Consejo Nacional de Población, para 2050, 1 de cada 4 personas será adulta mayor.
Este fenómeno demográfico plantea mayores responsabilidades en la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social, entre muchas otras, en los términos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En 2010, los mexicanos celebramos 200 años de historia nacional, 200 años de nuestra independencia y cien años del movimiento revolucionario de 1910.
Como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, considero que éste es un marco inmejorable para reconocer a los adultos mayores, de manera particular a los que tienen 100 años de edad o más. Y en este contexto, llevar a la agenda nacional un tema de fundamental importancia para reflexionar sobre los avances y también sobre los retos que tendremos que abordar en materia de políticas públicas que sean eficaces en favor de los adultos mayores.
Por ello no debe la Cámara de Diputados perder la oportunidad histórica de cumplir un doble objetivo: rendir justo homenaje a quienes han sido testigos del avance del pueblo y son los relatores experimentados de los momentos más significativos de la historia, además de capitalizar una fecha tan importante para nosotros, definiendo las transformaciones necesarias que en materia de atención y respuesta debe el Estado mexicano brindar a un sector poblacional en condiciones de gran vulnerabilidad.
Tenemos mucho por hacer en la materia. Es tiempo de hacer cumplir los derechos que la ley garantiza a la gente de edad y revisar las dimensiones de los esfuerzos que implantamos.
Que este recinto legislativo sea el foro donde se discuta con profesionalismo y objetividad cuál es el diagnóstico y cuáles los desafíos que tenemos que enfrentar para que todos, sociedad y gobierno, cumplamos la parte que nos corresponde.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba convocar y organizar un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios, en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, la primera semana de septiembre de 2010.
Dado en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL A HACER PÚBLICAS SUS RECOMENDACIONES PARA DESARROLLOS HABITACIONALES EN LAS 16 DELEGACIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Silvia Pérez Ceballos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal para que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia a las 16 delegaciones del Distrito Federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente fue dado a conocer que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal encontró irregularidades en licencias y permisos de construcción de algunos desarrolladores inmobiliarios en la delegación Benito Juárez, ante lo cual, la dependencia señalada emitió algunas recomendaciones entre las que se encuentran revocar registros de manifestaciones de construcción, suspender actividades de edificación, demoliciones y otras sanciones.
Al respecto, es importante señalar el procedimiento que requiere seguir para que una delegación autorice un permiso de construcción y ni mal informar a la ciudadanía con percepciones erróneas o falaces.
Según el artículo 9c de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa es competente para: aprobar los programas, las modificaciones o las cancelaciones que dicha ley prevé y remitir los programas al jefe del Gobierno del Distrito Federal para su promulgación e inscripción en los registros.
Asimismo, la fracción IV del artículo 10 de dicho ordenamiento establece como una facultad del jefe del Gobierno del Distrito Federal, participar en la elaboración de los programas previstos en la Ley de Planeación y en la Ley General, cuando afecte el territorio del Distrito Federal.
Por otro lado, la ley citada señala en su artículo 11, como atribucio0nes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:
II. Realizar los estudios previos y elaborar los proyectos de los programas, así como sus proyectos de modificación.
III. Efectuar la consulta pública prevista en el procedimiento de elaboración de los programas, con el apoyo de las delegaciones.
IV. Revisar los proyectos de los programas delegacionales y de los programas parciales, cuyo ámbito especial de validez esté comprendido dentro de una sola delegación, así como sus proyectos de modificación, que le remitan las instancias de representación vecinal que establezca la ley de la materia para su congruencia con el programa general.
V. Revisar y adecuar los proyectos de los programas que sean observados total o parcialmente por la Asamblea.
VI. Enviar los anteproyectos de los programas, así como sus anteproyectos de modificación, al jefe del Gobierno del Distrito Federal.
VII. Asesorar y supervisar a las delegaciones en la expedición de los actos administrativos previstos en esta ley para vigilar el exacto cumplimiento de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares, recomendaciones, revisiones, revocaciones o resoluciones necesarias de conformidad con las disposiciones de esta ley y su reglamento.
IX. Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando los establecidos en los programas.
X. Integrar y operar el sistema de información y evaluación de los programas.
IX. Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando los establecidos en los programas.
X. Integrar y operar el sistema de información y evaluación de los programas.
XI. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial que celebre el jefe del Gobierno del Distrito Federal.
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
XIII. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, en ejercicio de sus atribuciones.
XIV. Autorizar la construcción de vivienda de interés social y popular promovida por la administración pública del Distrito Federal.
XV. Autorizar a las personas físicas que puedan llevar a cabo los estudios de impacto o urbano ambiental coordinándose con la Secretaría de Medio Ambiente en lo competente, así como autorizar las transferencias de potencial de desarrollo y polígonos de actuación.
XVI. Revisar y dictaminar los estudios de impacto urbano o urbano-ambiental, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y otras dependencias competentes. Expedir, en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando sean obras que por su magnitud y características produzcan impacto urbano.
XL. Revisar periódicamente el registro delegacional de manifestación de construcción.
Es imperativo que la población se entere de los criterios y razones en los cuales las autoridades del Distrito Federal fundan las decisiones para permitir la construcción de desarrollos inmobiliarios, transportando sus acciones para evitar y combatir la corrupción.
En éste orden de ideas, y con el único afán de contribuir a la transparencia en la administración pública del Distrito Federal, propongo ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencias para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2010.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MEDIANTE LA SCT LA PERTINENCIA DE AGILIZAR Y AMPLIAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO-SONOYTA-CABORCA, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en Sonora, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. En nuestro carácter de representantes populares, los diputados tenemos la obligación de promover que las condiciones que rodean y contribuyen al desarrollo de las personas, se den de la manera más apropiada, en la medida que nuestros medios y la realidad nos lo permitan; sin embargo, no es excusable señalar que las competencias de otros agentes nos impiden trabajar por el bien común de nuestra sociedad, ya que todos tenemos que hacer mediante la posible coadyuvancia lo que el derecho nos faculte, en beneficio de los intereses legítimos de la población, en esa tesitura, es indispensable que "La sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanente"1 y que entre nuestras instituciones prive el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, encuentre su realidad y eficacia.
Así que debemos emprender todas las acciones que estén en nuestras manos para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades y sobre todo el salvaguardar lo más importante que poseemos, nuestra vida; haciendo lo que a cada quien nos corresponda, y no sólo eso, sino que siendo capaces de contribuir y proponer mejores estrategias y formas de desempeñarnos para que logremos mejores resultados en nuestra tarea como servidores públicos.
II. En ese tenor, señalo con certeza, que de las prioridades del Gobierno Federal, se encuentra el proveer de mejores condiciones de infraestructura, a fin de que los mexicanos podamos vivir mejor, por ello, es que la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes está realizando múltiples obras carreteras como es el caso de la modernización y ampliación de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, que forma parte del corredor México-Nogales con ramal a Tijuana, en el estado de Sonora, que va de los 7.0 a los 12.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, en una longitud de 143.0 kilómetros del tramo Caborca-Sonoyta, y 192.0 Kilómetros del tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, ejecutándose trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructura, obras complementarias y señalamientos.
Trabajos en los que a la fecha el avance que se tiene es el siguiente: tramo Caborca-Sonoyta 102.2 kilómetros, del kilómetro 107+760 al kilómetro 210+000, lo que representa un 71% de la longitud total y con licitación recién resuelta en el mes de enero de este año, el subtramo correspondiente del kilómetro 210+000 al kilómetro 245+000; y, del tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado 49.0 kilómetros, del kilómetro 2+000 al kilómetro 28+000 y del 169+000 al kilómetro 192+000, lo que representa el 25.5% de la longitud total, así como el apenas concluido proceso de licitación en el mes próximo pasado, del subtramo del kilómetro 28+000 al kilómetro 43+000 y del kilómetro 164+000 al kilómetro 169+000.
Así pues, se desprende que de un costo total de alrededor de $2,700 millones de pesos, se ha presupuestado desde el año 2005 a la fecha la cantidad de $1,474.9 millones de pesos, de los que en este año se presupuestaron $490.0 millones de pesos, faltando la inversión de $1,225.1 millones de pesos aproximadamente, para la conclusión de la obra, misma que se estima que en tratándose del tramo Caborca-Sonoyta se concluya al 100% en el ejercicio fiscal 2011, mientras que el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado se tiene programada su terminación, según el Plan Nacional de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2012.
En este sentido, es significativo mencionar que con la construcción de esta importante obra los beneficios a todas luces son: el brindar al usuario una mayor seguridad y mejor operación en este subtramo carretero, ya que al elevarse el nivel de servicio para el tránsito vehicular se tiene aparejada la reducción del número de accidentes. Cabe señalar, que en este tramo se registra un crecimiento considerable del volumen de tránsito vehicular, siendo la única ruta de comunicación hacia el noroeste del país, permitiendo la disminución de costos de operación, beneficiando a más de un millón de habitantes y generando alrededor de ochocientos empleos directos e indirectos.
III. No obstante lo anterior, ante los desafortunados y numerosos accidentes de tránsito que se han suscitado derivado de la obra de modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en los que se ha cobrado la vida de un gran número de personas tanto de residentes de la zona, como de personas que simplemente la transitan por ser un paso para otros destinos, he recibido múltiples y legítimas demandas de la comunidad que represento, a fin de impulsar la protección de la integridad física de quienes transitan por este tramo carretero.
Así las cosas, es oportuno señalar que la carretera en referencia, por ser una ruta internacional por la cual se transportan un sin fin de productos y servicios, tiene la urgente necesidad de que se trabaje en su ampliación y modernización con la mayor celeridad posible; ya que definitivamente cualquier esfuerzo adicional por la pronta terminación de la misma, reducirá significativamente el índice de accidentes fatales, razón que traduce esta proposición, en un factor de suma importancia para la disminución de la incidencia de los mismos.
Vale la pena subrayar el riesgoso hecho que priva y ha privado siempre en la citada carretera, al contar apenas con 7 metros de corona, es decir, en este diámetro de asfalto se transita sobre dos carriles en sentidos opuestos sin área de acotamiento y a una altura promedio de medio metro respecto a los terrenos contiguos, lo que agrava sin lugar a dudas las condiciones de inseguridad al transitarla, debido a que en situaciones donde algún vehículo sufre desperfectos o el riesgo de introducción a su carril por quien transita del sentido contrario, no se tiene ninguna posibilidad de evitar un probable impacto con las consecuencias gravísimas de los accidentes frontales.
IV. En ese tenor, es que se estima conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes considere como prioridad el establecer un tercer frente de trabajo en dicho tramo carretero, dando paso con ello a una terminación de obra más pronta, logrando así el beneficio de todos los transeúntes, cualquiera sea el carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad.
En esa tesitura, es menester proponer a los integrantes de esta Cámara de Diputados que se solicite al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en el ámbito de sus atribuciones giren las instrucciones que correspondan para agilizar y ampliar los trabajos de modernización y ampliación de la obra carretera federal San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca.
Por lo antes expuesto, a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en Sonora.
Nota
1. Proyección de Principios de Doctrina-2002; http://www.pan.org.mx.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA ATENCIÓN Y LAS INDEMNIZACIONES POR LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Como es de conocimiento de todo el país, el 4 de febrero pasado se sufrió una catástrofe de amplias proporciones, causada por el elevado volumen de lluvia en la zona oriente del estado de México, así como en el Distrito Federal, provocando el desbordamiento del Canal de la Compañía, el cual colapsó un muro en un radio de alrededor de 50 metros, a la altura del kilómetro 27 de la autopista México-Puebla, afectando a numerosas viviendas de valle de Chalco e Ixtapaluca y por varios días, a esa importante vía de comunicación..
Asimismo, en los municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl se desbordó el Río de los Remedios, abriendo un boquete de 30 metros de longitud en el muro de contención. Como resultado de este fenómeno, más de 2 mil 500 viviendas fueron afectadas en Netzahualcóyotl y mil 500 en Ecatepec. El total de familias afectadas alcanza las 11 mil.
Lo mismo aconteció en una zona muy céntrica del Distrito Federal, sobre todo en la delegación Venustiano Carranza. La pérdida de inmuebles, vehículos, muebles, enseres domésticos, documentación y las insalubres condiciones generadas, afectaron seriamente el patrimonio, la dignidad y la tranquilidad de miles de habitantes de dichas regiones en esta metrópoli.
2. Reconocemos la colaboración que ha existido entre los gobiernos del estado de México, del Distrito Federal y federal que, con seriedad y responsabilidad, han efectuado acciones concretas en apoyo a los damnificados, como fue la instalación de bombas succionadoras de agua, el otorgamiento de transporte gratuito para el traslado de los damnificados, facilitando utensilios de limpieza, así como la instalación de comedores masivos.
Asimismo, también se está proporcionando un monedero electrónico de 10 mil pesos, así como un vale de 5 mil pesos para intercambiarlo por materiales de construcción y arreglar parte de los daños que sufrieron las viviendas.
Asimismo, se cuantificaron mil 600 negocios afectados, por lo que los propietarios de esos establecimientos recibirán 10 mil pesos de la federación y otros 10 mil pesos del gobierno estatal. En caso de que algunos comercios registren pérdidas mayores a lo que recibirán por concepto de indemnización, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía anunciaron que analizarían el otorgamiento de financiamientos con tasas preferenciales.
3. Reconocemos que con estas acciones se ha dado cumplimiento a las leyes locales de protección civil, así como al Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, relativo a la protección civil, y el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado para la prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de riesgo o desastre.
4. No obstante lo anterior, lo cierto es que los ciudadanos afectados por esta tragedia han coincidido en que las pérdidas patrimoniales superan lo que con su esfuerzo y con el apoyo oficial podrían resarcir. Varias de nuestras compañeras y compañeros legisladores han dado testimonio personal de la dificultad de la recuperación. Por ello, la propuesta contenida en este punto de acuerdo es solicitar a los titulares de ambas demarcaciones y al Ejecutivo federal que hagan un esfuerzo adicional, para elevar al doble el apoyo económico que se está otorgando, a efecto de que la recuperación sea más rápida y efectiva, como un gesto humano y solidario más profundo. Asimismo, para que el número de habitantes beneficiados sea más amplio, de acuerdo con la magnitud de los daños, que se amplíen los plazos para la inscripción de beneficiarios y para que, en todo momento, este proceso se efectúe conforme a la ley y con la mayor transparencia, sin otro motivo ni fin que el deber constitucional de gobernar con sentido de justicia.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las autoridades del estado de México, del Distrito Federal y del gobierno federal a redoblar esfuerzos en atención y ayuda a los damnificados por las inundaciones ocurridas en febrero en sus demarcaciones; a ampliar el monto del apoyo económico en 100 por ciento; de igual manera, que el número de habitantes beneficiados, de acuerdo con la magnitud de los daños, se amplíe el plazo para la inscripción de beneficiarios y para que, en todo momento, este proceso se efectúe conforme a la ley y con la debida transparencia y rendición de cuentas, conforme a las normas del estado de derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPEDIR MEDIANTE LA SE LA IMPORTACIÓN DE FRIJOL, CONFIRIENDO PRIORIDAD A LOS PRODUCTORES LOCALES; Y AL TITULAR DE LA SAGARPA, A REALIZAR UN ESTUDIO URGENTE SOBRE EL DAÑO QUE UNA ACCIÓN DE IMPORTACIÓN DE ESA NATURALEZA CAUSARÍA A LOS PRODUCTORES Y A LOS CONSUMIDORES NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO ZUBÍA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Rolando Zubía Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad que, en su caso, fuera aplicable, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
La presente proposición con punto de acuerdo tiene su base en el acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la décima reunión ordinaria, celebrada con fecha 24 de febrero de 2010.
La producción de frijol en México está orientada a satisfacer la demanda nacional, ya que el consumo de esta leguminosa ocupa un lugar preponderante dentro de la dieta diaria de las familias mexicanas, solo detrás del maíz.
Desde 2008, los más de 300 mil productores de frijol del país están en desigual competencia por la desgravación total de las importaciones agropecuarias dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advierten expertos y dirigentes del sector.
Sin embargo ni el tratado, ni la liberación de gravámenes, obliga al gobierno mexicano a importar frijol, menos aun cuando se pretende abrir el mercado a China, Argentina y otros países, donde la leguminosa que se pretende importar es de menor calidad que la que se produce en México.
En este momento no tenemos forma de competir contra los subsidios y la tecnología que tienen en Estados Unidos y Canadá, a pesar de ello existen noticias de que la Secretaría de Economía permitiría la importación de frijol de baja calidad de otros países, ante el silencio de Sagarpa, sin tomar en cuenta que la producción en México, cubre la demanda nacional. El hecho de importar, en lugar de apoyar a la producción nacional, generara serias consecuencias entre las que destacan la pérdida de empleos, el aumento de la migración, la perdida aún mayor de soberanía alimentaria, el consumo de frijol de menor calidad, golpea la fuente de ingresos de más de 300 mil familias que de forma directa dependen de esta producción, sin contar las que de forma indirecta dependen del sector.
De acuerdo con los datos de la Sagarpa, entre 1994 y 2006, Estados Unidos registró una producción promedio de 1.21 millones de toneladas de frijol, contra 1.19 millones de toneladas de México, llegando en 2009 a que el rendimiento estadounidense por hectárea es de 1.8 toneladas, tres veces mayor al mexicano.
Además, en México 87 por ciento de las siembras son de temporal. Sagarpa tiene registrados más de 300 mil productores de frijol en el país, de los cuales 48 por ciento son pequeños productores con menos de cinco hectáreas, a pesar de estos datos contrastantes, el frijol en México mantiene altos estándares de calidad y está en condiciones de cubrir la demanda nacional a corto plazo.
Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata –en el artículo 27, fracción XX– que: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público".
Del mismo modo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece en su artículo 5, que: "En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos, puntualizando en su fracción tercera: "Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país".
Aunado a esto, la Ley de Comercio Exterior en el artículo 1, dispone que: "La presente ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población".
No obstante lo anteriormente fundado y motivado, aún no se ha dado prioridad a los productores nacionales en la producción y comercialización de frijol sobre la importación. La Secretaría de Economía pretende autorizar cupos de importación, contrariando todas las disposiciones anteriores y toda la política agropecuaria nacional, en detrimento de productores, campesinos y de los consumidores al poner a su disposición frijol viejo y de muy mala calidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual proviene de un acuerdo tomado en la décima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería con fecha 24 de febrero de 2010.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Economía, a impedir la importación de frijol, dando prioridad a los productores nacionales sobre la importación de esta leguminosa, y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un estudio urgente sobre el daño que una acción de importación de esta naturaleza causaría a los productores y consumidores nacionales.
Se solicita sea considerado el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Rolando Zubía Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE Y A LA SEGOB A FORMULAR E IMPLANTAR CON SUS CONTRAPARTES ESTADOUNIDENSES PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y TIEMPOS DE RESOLUCIÓN QUE AGILICEN LA EXPEDICIÓN DE VISAS; Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A INCLUIR EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS EL TEMA ESPECÍFICO DEL APOYO DEL CONGRESO DE ESE PAÍS PARA QUE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCIÓN DE VISA SEA EXPEDITO Y CLARO, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTABELL ZAMORA CABRERA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Cristabell Zamora Cabrera, en nombre propio y de los diputados de Tamaulipas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, en uso de la facultad conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a efecto de que, en el ámbito de sus competencias y con sus contrapartes estadounidense, soliciten, formulen, establezcan e implanten procedimientos y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución, con el objetivo de agilizar la expedición de visas; y de exhortar al Congreso de la Unión a incluir en el marco de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos el tema específico del apoyo del Congreso estadounidense a fin de que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito, claro y con la posibilidad de que se otorgue derecho de audiencia a quien no la obtenga y de solicitarla por lo menos tres veces con el mismo costo de la cita inicial, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La relación entre México y Estados Unidos debe verse por los gobiernos de ambos países como base en el hecho de la interdependencia: somos vecinos y socios; y, por tanto, son demasiados los intereses en común de ambas naciones.
Se estima que alrededor de medio millón de mexicanos cruzan cada año la frontera que compartimos con Estados Unidos, en busca de oportunidades laborales y mayor calidad de vida.
Actualmente, cerca de 6 millones de connacionales viven con carácter de indocumentados del otro lado de la frontera; enfrentan una política migratoria que no ha incorporado el valor de la contribución que hacen a la economía estadounidense, al tiempo de enfatizar los aspectos persecutorios que generan una situación de temor constante y su asimilación por diversos sectores sociales a la calidad de delincuentes.
Esto, más la demanda en los temas de salud, seguridad, ambiente y social que en los últimos años han captado la atención de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), tanto en la frontera de México como en su contraparte de la frontera estadounidense; y el crecimiento de la población provocado por la migración, ha motivado gran concentración de comunidades de origen mexicano en las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos de América y de comunidades de migrantes de algunos países de Latinoamérica a los municipios fronterizos del norte de nuestro país.
Las condiciones de admisión instauradas por el gobierno estadounidense, los mercados de trabajo que atraen migrantes de uno y otro lado de la frontera, y las redes sociales y familiares que utilizan los migrantes en sus desplazamientos, entre otros factores, convierten la frontera norte del país en un tema que obliga a crear políticas de población, económicas y sociales que coadyuven a que los seres humanos que ahí se establecen vivan con dignidad y puedan alcanzar el bienestar personal y familiar que demandan.
De esta manera, temas que conciernen a problemas locales revisten interés y similitud internacional, tal es el caso de la situación de la migración y de la seguridad; esta última, sobre todo, por los acontecimientos que se han dado tanto en la frontera norte como en diferentes estados del país.
Esta situación de tránsito y flujo de personas entre los dos países es acosado por las redes de traficantes de personas y por el narcotráfico, que revisten importancia nacional por ambos países.
Las políticas y los esfuerzos legislativos por atender y hacer frente a esta problemática se han manifestado, para el caso de México, desde las legislaturas locales hasta el pleno de la Cámara de Diputados, y para el caso de Estados Unidos, por congresistas.
Tales esfuerzos han obligado a las autoridades mexicanas y a sus homólogas estadounidenses a tratar el fenómeno migratorio con una perspectiva de largo plazo, entendiendo que sin ésta las condiciones de desarrollo económico están limitadas y se afectaría la posibilidad de consolidar y potenciar ese país en su papel como ente global en el escenario internacional.
En 1994, el Departamento de Estado abrió el Centro Nacional de Visas. Éste aprueba todos los procesos de peticiones de visa de inmigrante y los conserva hasta que los casos están listos para su adjudicación por un oficial consular en el extranjero. Sin embargo, recientemente por las cuestiones de seguridad, principalmente, el procedimiento se ha vuelto complejo e incierto y desgastante para los solicitantes.
Para acreditar lo mencionado, que resulta el proceso de obtención del documento de visado en México, basta mencionar que además de viajar desde su lugar de residencia, el solicitante debe pagar por una cita para obtener la visa; aun así, la espera es de varias horas, la mayoría de las veces primero en la calle.
El procedimiento implica la presencia física del solicitante, una entrevista no exenta de tensión, y una revisión exhaustiva de los documentos solicitados; son rechazados, en promedio, 7 de cada 10 solicitantes, sin saber siquiera la razón del rechazo y sin posibilidad de recuperar el costo de la cita. Sólo se les informa que en seis meses pueden formular una nueva solicitud, haciéndose necesario un nuevo pago de 131 dólares.
Si bien resulta necesario reforzar las políticas de seguridad, tanto en Estados Unidos como en México, las acciones emprendidas para cumplir dicho cometido no deben sustentarse en el deterioro del trato de los seres humanos. La seguridad internacional debe ser garantizada en un marco de cooperación en política exterior y migratoria, coadyuvando al desarrollo estratégico y económico.
Por la magnitud de los volúmenes de población que a escala mundial implica el fenómeno migratorio, se obliga a los gobiernos de los países a realizar acciones de política pública y de Estado, comprendiendo la migración como un todo, integrándola en una sola visión, causas y consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, pero sobre todo garantizando el respecto irrestricto de los derechos humanos.
La migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y sus familias. En otras palabras, este fenómeno afecta a mexicanos residentes en el exterior y los que se encuentran en el territorio mexicano.
El papel de esta soberanía popular, entre otras cosas, debe centrarse en construir de manera constante y permanentemente un diálogo abierto y una negociación justa sobre el tema con nuestros vecinos del norte.
Los legisladores mexicanos debemos pedir a los congresistas estadounidenses, en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, su apoyo a fin de que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito, claro y con la posibilidad de tener derecho de audiencia ante la presencia de razones para negar la visa, acentuándose un trato humano del solicitante, la posibilidad de solicitarla por lo menos tres veces con el mismo costo de la cita inicial.
Los Congresos de ambos países debemos trabajar desde el ámbito de nuestra competencia para implantar con carácter de urgente acuerdos que garanticen la seguridad física y el respeto de la dignidad humana de los migrantes.
Por todo lo anterior se proponen a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación para que en el ámbito de su competencia y con su contraparte estadounidense soliciten, formulen, establezcan e implanten procedimientos correspondientes y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución, con objeto de agilizar la expedición de visas, solicitando de manera especial, en el respeto del orden jurídico, la facultad de solicitarla por lo menos tres veces con el mismo costo de la cita inicial.
Segundo. Se exhorte respetuosamente al Congreso de la Unión a incluir en los temas de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos lo relativo al apoyo del Congreso estadounidense a fin de que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito, claro y con posibilidad de tener derecho de audiencia ante la presencia de razones para negarla, acentuándose un trato humano del solicitante y con la posibilidad de solicitarla por lo menos tres veces con el mismo costo de la cita inicial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.
Diputados: Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Carlos Flores Rico, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Felipe Solís Acero, Rodolfo Torre Cantú, Jesús Everardo Villarreal Salinas, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INFONAVIT, A LA SHCP, A LA CNBV Y A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS A OTORGAR A LOS CUERPOS POLICIACOS –EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES– EL ACCESO A CRÉDITOS PARA ADQUIRIR VIVIENDA Y AUTOMÓVILES, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO DE LUCAS HOPKINS Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados sonorenses por el Partido Revolucionario Institucional, Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Jesús Alberto Cano Vélez, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Primera. Que la seguridad pública del país es una función pública que, por disposición del artículo 21 constitucional recae en la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
Segunda. Que la seguridad pública comprende, entre otras funciones, la de prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva
Tercera. Que el desempeño de las funciones señaladas recaen en los distintos cuerpos policiacos, dependientes de los órdenes de gobierno ya expresados y que, por disposición de nuestra propia Carta Magna, las funciones mencionadas están regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarta. Que nuestra propia Carta Magna exige expresamente que las instituciones de seguridad pública, amén de ser de carácter civil, deberán ser de naturaleza disciplinada y profesional, sin perjuicio de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene bajo su responsabilidad la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Quinta. Que nuestra Constitución establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el expresado sistema.
Sexta. Que el notable incremento de la criminalidad en nuestro país, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, ha convertido a la función policial en una de las actividades laborales de mayor riesgo, bastando para ello hacer notar que entre los años 2008 y 2009 los homicidios dolosos en contra de policías en México se incrementó en más de un setenta por ciento.
Séptima. Que no obstante que la función policial es, como ha quedado ya abundantemente acreditado, uno de los ejercicios profesionales sujetos, por disposición constitucional, a las mayores exigencias profesionales y éticas y es, al mismo tiempo, una de las actividades expuesta al más elevado riesgo en términos de la integridad personal, ambas circunstancias no se ven justamente reflejadas en las prestaciones laborales a que tienen derecho los integrantes de los cuerpos policiacos de los distintos órdenes de gobierno, siendo pertinente señalar, específicamente, las dificultades y limitaciones para acceder a créditos para la adquisición tanto de vivienda como de vehículos automotores.
Octava. Que si bien en lo relativo a vivienda se han encontrado avances en ese respecto, dichos avances ocurren de manera aislada en los Estados de Baja California y Coahuila.
Novena. Que al no poder contar los cuerpos policiales con créditos que les permitan acrecentar un patrimonio individual o familiar no pueden, por tanto, tener acceso a un nivel de vida mejor, como justamente debiera corresponder, dada la importancia y delicadeza de las funciones a su cargo.
Tomando en cuenta, las consideraciones anteriores, se somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales de su adscripción el acceso a créditos tanto para la adquisición de vivienda como de vehículos automotores.
Le solicito señor presidente que este punto al igual que la intervención sean incluidos en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.
Diputados: Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INSTITUTOS ELECTORALES DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DURANGO, HIDALGO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS A SOLICITAR AL IFE QUE COLABORE EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMICIOS LOCALES DE 2010, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a los Institutos Estatales Electorales de Aguascalientes, de Baja California, de Chiapas, de Chihuahua, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Veracruz, de Yucatán y de Zacatecas, a solicitar al Instituto Federal Electoral que colabore en la organización de los procesos electorales a llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Por mandato constitucional, se establece que en el orden local las elecciones de gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre secreto y directo.
En su organización, estas elecciones estarán a cargo de las autoridades electorales locales competentes, que en el ejercicio de esta función electoral se guiarán por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia.
En este propósito, la Constitución faculta a las autoridades electorales competentes de carácter administrativo para convenir que el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.
Lo anterior, en términos de de los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, no pasa inadvertido que durante este año 2010 se celebrarán diversos comicios en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los cuales guardan la particularidad que en doce de ellos elegirá gobernador y en otros se renovará a los miembros de las legislaturas locales como integrantes de sus ayuntamientos.
En este escenario, la confianza y certidumbre que durante los últimos procesos electorales ha generado el Instituto Federal Electoral en la organización de los comicios federales, resultan factores cruciales que hacen deseable y precisa su coparticipación en la organización de los procesos electorales locales. Esto sin desdeñar, la encomiable y profesional tarea desarrollada por los institutos estatales electorales. Por el contrario se busca fortalecer la compleja tarea que implica la organización electoral.
Esto no es una novedad, en la reciente actividad electoral local el Instituto Federal Electoral ha participado en conjunto con los institutos electorales locales en la elaboración del listado nominal, la insaculación de ciudadanos que participarán en la mesas directivas de casilla, con el monitoreo en radio y televisión y con apoyo tecnológico, entre otras actividades.
Esta colaboración mutua ha permitido robustecer el talante y confianza de la función electoral, así como en otorgar certeza a los ciudadanos sobre la elección de sus autoridades.
Es importante, recalcar que en modo alguno esta cooperación entre autoridades electorales administrativas federales y locales en la organización de los comicios locales subvierte la autonomía de los institutos estatales electorales.
En principio, el concepto de autonomía se asocia a la independencia y no intervención en la toma de decisiones debido a razones históricas, al pluralismo político, al fortalecimiento de las instituciones y maduración de proceso de democratización entre otros.
Sin embargo, no se debe pasar por alto que el concepto de la autonomía, en un segundo nivel, en estricto apego a la tesis de paridad de órgano, atiende a la idea de la coordinación que busca potenciar los principios eficiencia, eficacia y honradez en la aplicación de los recursos públicos.
En este contexto, en la búsqueda de fortalecer la función de la organización electoral y en estricto apego a los principios de eficiencia y eficacia, a partir de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura con que cuenta el Instituto Federal Electoral es que los institutos estatales locales podrán solicitar su colaboración en la organización sus comicios, siempre basados en una relación con un denominador común: la coordinación.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto resolutivo
Único. Se exhorta a los Institutos Estatales Electorales de los Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a solicitar al Instituto Federal Electoral que colabore en la organización de los procesos electorales a llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010.
Lo anterior , en términos de los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2010.
Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ORDENAR, COORDINAR E IMPLANTAR ACCIONES CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA PARA SOLUCIONAR LA GRAVE CRISIS HIDROLÓGICA Y AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL GONZÁLEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados que firman, integrantes de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamentos en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a ordenar, coordinar e implantar las acciones precisas y necesarias con el director general de la Comisión Nacional del Agua a efecto de agilizar, retomar, revalorar y evaluar las acciones políticas y financieras implantadas y proyectadas tendentes a solucionar la grave crisis hidrológica y ambiental que padece la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 27 constitucional establece las facultades de la nación para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y de la urbana.
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de la tierra, agua y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la función, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 9 de la Ley de Aguas Nacionales, y 14 de su reglamento, le compete el ejercicio de las funciones en materia de administración de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y consecuentemente el de la autoridad en la materia.
La cuenca del río Lerma-Chápala-Santiago está asentada en la parte central del occidente de México. Precisamente por su situación geográfica, en la parte baja del occidente del país, es una de las más importantes. Abarca 54 mil 300 kilómetros cuadrados; esto es, 3 por ciento del territorio nacional. Comprende 5 importantes estados: México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. A lo largo y ancho de ésta vive 1 de cada 10 mexicanos. La cuenca es la fuente de agua para más de 16 millones en la misma cuenca y más de 2 millones para cada una de la ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto, entre otras, de la zona metropolitana de Guadalajara y por supuesto, la más beneficiada y una de las que más contribuye, la zona metropolitana del estado de México, abastecida a través de sistemas de ríos. El río Lerma y el Cutzamala forman la cuenca más importante para el Distrito Federal y otros 5 estados de forma directa y 4 de manera indirecta. En total, hablamos de alrededor de 30 millones de habitantes que se benefician por este sistema.
El suministro de agua a las poblaciones y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos han sido soporte del desarrollo socioeconómico de esta región; la producción industrial y agrícola per cápita, por ejemplo, es superior a la media nacional. Con más de 6 mil 400 industrias de diversos giros, en la cuenca se genera poco más de la tercera parte de la producción industrial nacional. De igual forma, 20 por ciento del comercio nacional se concentra en la región, así como 1 de cada 8 hectáreas de riego y también 1 de cada 8 dedicadas a la agricultura de temporal.
Durante los últimos años, los conflictos por el agua se han agudizado debido a las sequías, lo que ha reducido los caudales y la disponibilidad de agua. El calentamiento global es otro factor importante que ha contribuido para ir secando las aguas superficiales; y, por otro lado, la sobreexplotación de los diversos asentamientos.
A esta problemática sumemos la más grave de todas, la gran cantidad de contaminantes que se vierten en este gran sistema acuífero, producto de ese crecimiento demográfico desmedido y desproporcionado, que sin duda lleva consigo efectos colaterales. Sólo por mencionar algunos, la cuenca recibe grandes cantidades de descarga de aguas negras residuales, descargas de las diferentes industrias, del calzado, porcícola metalúrgica y agrícolas, entre otros.
Se está creando un grave círculo vicioso: por una parte, el vertedero de toda clase de contaminantes sólidos y líquidos; por otra, el consumo de esta agua para uso humano. Recordemos que hablamos de 30 millones de personas en promedio; por todo esto hay que dar a la problemática la atención que merece.
Se han generado diversas propuestas, iniciativas, acuerdos, proyectos, programas y convenios en torno de esta grave crisis ambiental.
Cabe resaltar tres:
b) Acuerdo de coordinación para la recuperación y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Semarnat, 22 de marzo de 2004).
c) Convenio de la coordinación y concertación para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala-Santiago, (Consejo de Cuenca, 14 de diciembre de 2004).
Son a la fecha una gran cantidad de estudios realizados de toda índole en la zona, químicos, biológicos, físicos, geográficos, topográficos de impacto ambiental, de salud pública. Uno de los más importantes es el que se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Jalisco. El objetivo principal fue obtener un diagnóstico general de la grave situación que prevalece en términos de contaminación en la cuenca.
Según el estudio realizado, en todos los casos de muestreo hubo una significativa cantidad de contaminantes por metales pesados, como cromo, plomo, cobalto, arsénico, cobre, magnesio y mercurio. El muestreo se realizó en distintos sitios de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Los estudios coinciden en que en dicha cuenca se está generando una alerta roja, un serio problema ecológico que debe ser considerado ya asunto de seguridad nacional.
Una de las más importantes propuestas en torno a la solución de la compleja problemática centra las responsabilidades en quien realmente las debe tener, en razón de la cantidad de contaminantes que se generan a la cuenca por cada estado, obligando a éstos a depurar y potabilizar sus aguas negras y desechos residuales, construyendo sus plantas de tratamiento para reciclar sus aguas residuales o potabilizarlas según sea el requerimiento y así reutilizar sus aguas y evitar verterlas en tan importante complejo hídrico.
Se hace lo opuesto: se contamina en primera instancia la cuenca vertiendo toda clase de contaminantes y posteriormente se toma de ésta el vital liquido ya contaminado, para entonces sí ver el modo de depurar dichos requerimientos de agua, construyendo una o varias plantas de tratamiento para reutilizarla y así lograr atractivas utilidades o comisiones en la licitación de las construcciones.
Es simple: dejemos de contaminar la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago con las aguas contaminadas de desecho de las actividades económicas, agrícolas, ganaderas e industriales y con las aguas negras de las comunidades, los municipios y los estados que forman el entorno de este importantísimo complejo acuífero, y de esta forma tendremos una cuenca limpia para que la disfrutemos todos.
Por todas estas razones y muchas más, en la Cámara de Diputados debemos reflexionar sobre la compleja crisis del vital líquido a escala mundial. Estoy cierto de que en un tiempo no muy lejano estaremos lamentando lo que debió hacerse en torno del trabajo social, político y de conciencia para generar así la necesaria voluntad política e institucional para lograr los cambios y las acciones que se requieren.
Sabemos que hay intereses económicos y financieros muy importantes en torno de esta grave crisis. Todos ellos, con diferentes tintes, pero con un común denominador: en su mayoría son de tipo particular. Por ello, su naturaleza los caracteriza por una gran mezquindad, pues en teoría debemos anteponer el interés general, que es el interés supremo del bien común, y así preserva el bienestar de las comunidades en términos ecológicos y de salud pública.
Estamos conscientes de que en torno de esta crisis se han gestando negocios muy lucrativos, precisamente buscando especular con el líquido y haciendo proyecciones de negocios personales muy generosas para unos cuantos. Los que se benefician en la actualidad son sin duda todos los que se ven utilizando la cuenca para verter sus desechos residuales y con ello no pagar los costos que implicaría el tratamiento de éstos para su reutilización.
Compañeros diputados, no busquemos más el hilo negro: la verdad es que no se ha dado la voluntad política ni el interés que se requiere para el caso, por la gran cantidad de intereses creados. Busquemos el justo medio, dando el paso a la equidad, a la justicia, al bienestar común y al equilibrio ecológico, sin duda la mejor fórmula para un equilibrado, sostenido y sustentable desarrollo social.
Creo firmemente que debe hacerse lo necesario, sin escatimar recursos humanos y materiales, con sensatez, sentido común, equidad y justicia, pensando primero en el bienestar de las comunidades, de los municipios y de las ciudades que requieren y subsisten positivamente gracias a las bondades de la cuenca.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a ordenar, coordinar e implantar las acciones precisas y necesarias con el director general de la Comisión Nacional del Agua a efecto de agilizar, retomar, revalorar y evaluar concretamente todas las acciones políticas y financieras implantadas y proyectadas tendentes a solucionar la grave crisis hidrológica y ambiental que padece la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago a causa de la gran irresponsabilidad y falta de voluntad de los actores políticos y privados involucrados en dicho conflicto a lo largo y ancho de ésta.
A la fecha y pese a la gran cantidad de proyectos y acuerdos propuestos a través de los años por los que ha transitado dicha problemática, en los distintos órdenes de gobierno, tendentes a solucionar esta grave crisis, no se ha generado una solución concreta que muestre algún beneficio a la gran cantidad de comunidades afectadas en la zona. Por el contrario, se ha ido percibiendo y comprobando que tanto en lo superficial como en lo científico el problema ha ido en aumento en forma alarmante.
Segundo. Que se tomen las decisiones y acciones concretas que resulten de esta evaluación, a fin de solucionar de manera expedita la grave problemática ecológica, hidrológica y ambiental que persiste en la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.
Diputados: Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Jorge López Portillo (rúbrica), Jorge Arana Arana (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica).
Excitativas
El que suscribe, en su calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de la Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, así como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a efecto de que se dictamine a la mayor brevedad posible, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública Federal.
Antecedentes
Con fecha 18 de septiembre de de 2008 en sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Andrés Lozano Lozano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública
El 14 de abril de 2009, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, siendo este aprobado.
En sesión celebrada en fecha 28 de abril de 2009 fue sometido a consideración del pleno de esta honorable asamblea el dictamen en comento, siendo aprobado con 353 votos en pro y 6 abstenciones y enviado al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.
Finalmente con fecha 30 de abril de 2009, la Cámara de Senadores recibió la minuta correspondiente, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera –con opinión de la Comisión de Derechos Humanos– para su estudio y dictamen correspondiente.
Dicha propuesta tiene por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública Federal, en los casos que resulta necesario en cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, se establecen las reglas generales y los principios bajo los cuales debe ser utilizada la fuerza por las instituciones de seguridad pública, como son la legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad, estableciendo claramente sus alcances y limitaciones. Entre los principios, cabe destacar la aplicación de técnicas de disuasión y negociación antes de la utilización de medidas que requieren mayor fuerza o, incluso el uso de las armas intermedias o incluso de fuego. A su vez, establece las obligaciones y facultades de los miembros de las instituciones de Seguridad Pública y policiales que en razón de sus funciones se enfrentan a situaciones que hacen necesario el uso de la fuerza.
De igual manera, precisa responsabilidades para los servidores públicos que toman las decisiones operativas, se establecen los diferentes niveles de actuación de los miembros de las instituciones de Seguridad Pública y Policiales, cuando se pretenda utilizar la fuerza para mantener el orden; en las detenciones, ya sean flagrantes o por orden de autoridad competente; para la protección de instalaciones; cuando se pretenda cumplir las disposiciones relacionadas con sanciones administrativas o reglamentos de buen gobierno; cuando se utilice en instituciones de prevención y readaptación social; así como en caso de desastres.
Incluye un capítulo relativo a las armas y equipo de apoyo que pueden ser usadas por integrantes de las instituciones de seguridad pública y policiales; las reglas para la planeación de operativos en los que se presuma la necesidad de usar las fuerza; la atención que debe darse a las personas después de que se ha usado la fuerza en su contra, así como las acciones que deben tomar en caso de que haya lesionados.
Se establece la obligación de presentar informes específicos en los casos en que se haya requerido el uso de la fuerza y de la utilización de las armas de fuego, con el propósito de que quede registro de la actuación, que permita su evaluación posterior y se establecen las reglas básicas sobre las cuales deberá realizarse la formación para el uso de la fuerza a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública.
Con la finalidad de establecer mecanismos de garantía y protección a las personas e instrumentos para que las instancias asuman su responsabilidad, se establece la indemnización en caso de que se declare la existencia de uso ilícito de la fuerza por parte de las instituciones de Seguridad Pública
Finalmente, se establecen procedimientos de coordinación entre instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales para el uso de la fuerza y de la participación comunitaria respecto de la planeación y supervisión del uso de la fuerza.
Consideraciones
En la actualidad, nuestro país carece leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza por parte del Estado, no existen parámetros legales claros y expresos que orienten a las policías y a sus superiores en el cumplimiento de su deber para cuando se encuentren en situaciones de usar la fuerza.
Estas omisiones legislativas, reglamentarias e incluso protocolarias, han quedado evidenciadas en múltiples acontecimientos violentos que se han suscitado entre la sociedad civil y las instituciones de seguridad pública en nuestro país.
Cabe señalar que sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, existen principios comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas como son la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. La legalidad se refiere a que los actos que realicen dichos servidores públicos deben estar expresamente previstos en las normas jurídicas. La congruencia es la utilización del medio adecuado e idóneo que menos perjudique a la persona y a la sociedad. La oportunidad consiste en que dichos funcionarios deben actuar inmediatamente, con su mejor decisión, rapidez y eficacia cuando la vida u otro bien jurídico de alto valor estén en grave e inminente peligro y no haya más remedio que neutralizar con la fuerza o con las armas rápidamente al causante del mismo. Mientras que la proporcionalidad significa la delimitación en abstracto de la relación de adecuación entre medio y fin en las hipótesis imaginables de uso de fuerza y armas de fuego y la ponderación de bienes en cada caso concreto.
Al respecto, el artículo 73, fracción XXIII, establece que el Congreso tiene facultad:
México ha ratificado instrumentos internacionales que protegen el derecho a la integridad personal y prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y establecen obligaciones específicas a los Estados parte, en cuanto a la capacitación del personal encargado de realizar funciones de seguridad pública.
Así, el 24 de marzo de 1981, México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 23 de enero de 1986, el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; instrumentos que, en la parte que interesa a este análisis, disponen lo siguiente:
El artículo 7o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que:
"Artículo 10. Todo Estado parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida en cualquier forma de arresto, detención o prisión. 2. Todo Estado parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas."
"Artículo 11. Todo Estado parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura".
"Artículo 12. Todo Estado parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial."
"Artículo 14.-1. Todo Estado parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluido los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de la tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales".
En nuestro país han existido casos como el de León, Guanajuato (enero de 1946); el caso Aguas Blancas (1996); el caso Puebla (2006); el caso de Atenco (2006); y Oaxaca (2007), en los cuales han habido violaciones graves a los derechos humanos derivado de la actuación de las instituciones de Seguridad Pública, manifestando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las resoluciones que ha emitido entre otros aspectos, la existencia de violaciones graves de garantías individuales por parte de las autoridades policíacas destacándose la necesidad de que se regule normativamente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para preservar la seguridad pública y la paz social.
La legitimidad del uso de la fuerza y la actuación de la policía no tienen como único referente el cumplimiento o no de los objetivos de cada operativo, no se trata nada más de que la policía sea eficaz o de que persiga fines lícitos, se trata de que los objetivos sean logrados con respeto a sus límites constitucionales, a los principios que rigen en un estado democrático con respeto a los derechos de las personas.
Es por ello, que en los tres ámbitos de gobierno se debe atender diligentemente la exhortación de este Máximo Tribunal de promulgar leyes y dotar a todos los cuerpos de seguridad pública, de protocolos para regular el uso legítimo de la fuerza, correspondiéndole a la sociedad actuar como instancia de vigilancia aras de su cumplimiento.
Del 30 de abril de 2009 a la fecha, ha transcurrido el tiempo suficiente para que con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos las Comisiones del Congreso de la Unión, concretamente en el caso a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, así como a la de Derechos Humanos presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el presidente de la honorable Cámara de Senadores, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, así como a la de Derechos Humanos se emita el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado.
A usted, presidente de la honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva
Único. Excite a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, así como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para que presenten el dictamen respectivo de la Minuta, por el cual se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública Federal.
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
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