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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud, a los congresos estatales y a la ALDF a desarrollar un plan conjunto de difusión sobre los centros de atención primaria de adicciones Nueva Vida, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del tratado de libre comercio con Brasil para no afectar nuestro sector agropecuario en ese convenio, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SE y a la CFE a poner en marcha medidas para controlar las inundaciones en Tabasco; a la Conagua, a regular el desfogue de las presas según las temporadas de lluvias y los sistemas meteorológicos nacionales, y a la CFE, a responder por los daños que ocasiona a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en dicho estado, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, para que las y los legisladores de ésta Cámara de Diputados, donen voluntariamente un día de su dieta destinado a las y los damnificados de los municipios de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y en el Distrito Federal, a los órganos político-administrativos de las delegaciones administrativas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos meteorológisoc ocurridos en los primeros días de febrero, a cargo de la diputada Leticia Contreras Quezada, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Semarnat y a la Conagua a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a los respectivos municipios que a la fecha no hayan expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes sobre responsabilidad patrimonial del estado a cumplirlo para atender la obligación constitucional en la materia publicada en el DOF el 14 de junio de 2002, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la familia, suscrita por las diputadas María Joann Novoa Mossberger y Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la PGR a instruir en el ámbito de sus competencias la realización de investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder penalmente contra quien resulte responsable por la supuesta participación y vinculación de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la deforestación, y a la conservación y protección de bosques y selvas y su inventario, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a revisar exhaustivamente el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales públicas del país, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a no intervenir en el proceso electoral de Aguascalientes y a suspender sus giras de proselitismo en los estados donde habrán de celebrarse comicios; y se solicita a esta soberanía que forme una comisión especial que dé seguimiento al punto de acuerdo, en cumplimiento irrestricto de la ley, suscrita por los diputados David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a dejar de transmitir en medios de difusión boletines aprehensivos sobre delincuencia o acciones policiacas, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Cofepris y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias para regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de bebidas energizantes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a conminar al titular de la Sectur a emitir el reglamento de la Ley General de Turismo, publicada en el DOF el 17 de junio de 2009, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la PGJ del estado de México a investigar los posibles vínculos de miembros de la ASE con la delincuencia organizada, y a implantar de manera urgente procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de esa corporación policiaca, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a los miembros del Partido Acción Nacional de Baja California a cesar de inmediato la campaña de violencia sistemática contra los ciudadanos, especialmente en perjuicio de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, a cargo del diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a los recursos del PEF de 2011 para prevenir y controlar el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
Proposiciones
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Guerrero e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta honorable asamblea, se permite someter a la consideración de las señoras y los señores legisladores el presente punto de acuerdo, basándose para ello en las siguientes
Exposición de Motivos
Las adicciones son un problema que se ha agudizado de manera acelerada en las sociedades mundiales. En México la situación no es distinta, en los últimos veinte años el consumo de sustancias adictivas legales e ilegales se ha incrementado de manera notable, las razones son diversas, destacando principalmente el tipo de cultura a la que pertenecemos en la que el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco es algo común, cotidiano e incluso en algunos círculos sociales indispensable. En el caso de drogas como la marihuana y la cocaína que son las de mayor consumo, el fácil acceso a ellas ha contribuido a que nuestro país pase de ser productor a un gran consumidor.
Estas razones son las que han ocasionado que no sólo aumente la base de consumidores sino que además se diversifique, los últimos estudios realizados muestran un aumento en el número de mujeres y sobre todo de menores de edad que se encuentran en este problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 el consumo de drogas ilegales en mujeres se duplicó al 1.9%, asimismo refleja que el 50.8% de los adictos comienza su consumo antes de la mayoría de edad.
Las adicciones no se limitan a afectar la vida de los consumidores, también diversos factores del país pueden llegar a ser alterados si no se toman a tiempo las medidas necesarias para su tratamiento. El consumo de sustancias adictivas acorta la vida de las personas, distorsionando la estructura equilibrada de la pirámide poblacional, además los consumidores tienden a abandonar aquellas actividades académicas, laborales y demás que contribuyen al desarrollo personal, esencial para el progreso de cualquier nación.
En el caso específico de México el mayor número de adictos se encuentran entre los 18 y 34 años de edad, etapa biológica de mayor capacidad productiva en el ser humano, por lo que el crecimiento del problema, en el largo plazo, puede llegar a frenar el desarrollo del país al disminuir la capacidad de productividad ocasionada por la falta de capital humano, entendido este como la poca preparación de los trabajadores, la falta de estos o en el peor de los casos ambas.
Por otra parte, la salud, también se ve afectada. De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad Género y Salud Reproductiva en la actualidad el 17% de los embarazos corresponden a mujeres menores de 20 años de los cuales más del 50% de éstos no han sido planeados y un porcentaje considerable está relacionado con el uso de sustancias como el alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis entre otras. Esto debido a que su consumo desinhibe la conducta sexual, lo que aumenta el índice de prácticas sexuales de riesgo frecuente ocasionando embarazos no deseados. Asimismo a causa de este tipo de prácticas y el rehúso de jeringas utilizadas para ciertas drogas, se aumenta el riesgo de contraer enfermedades mortales como el VIH/sida.
La seguridad pública es otro factor perjudicado, ya que un gran número de accidentes viales y delitos son ocasionados por personas que se encuentran bajo el influjo de alguna de estas sustancias.
Todo lo antes mencionado refleja la gravedad e importancia del problema para nuestro país. Desafortunadamente, debido a la falta de conocimiento del tema, el tratamiento de las adicciones no es hasta la fecha relevante ni preocupante a pesar de las consecuencias que en el mediano y largo plazo trae consigo. Hoy en día esta labor es afrontada por Organizaciones Civiles e Instituciones Privadas así como por Organizamos como el Consejo Nacional Contra las Adicciones que ha creado programas que ayudan a combatir esta problemática. Uno de ellos son los Centros de Atención Primaria de Adicciones "Nueva Vida", los cuales, además de ayudar al tratamiento y recuperación de adictos, también funcionan como centros de educación y prevención. Desafortunadamente su difusión ha sido mínima, aún cuando se cuentan con más de 300 centros gratuitos en puntos estratégicos de país, son pocas las Instituciones de salud y aún menos las personas con problemas de adicciones que tienen conocimiento de ellos, evitando que la ayuda llegue a manos de quien lo necesita, que dicho sea de paso la estadística refleja que 464 mil 386 personas requieren atención especializada y el 80% de la población necesita programas de prevención.
El problema planteado debe comenzar a cobrar importancia. Es cierto que las cifras pueden no ser preocupantes todavía, sin embargo, si lo es la manera en que éstas se van incrementando en poco tiempo. El combate a las adicciones debe modificarse, ya no basta con tratar de controlar la producción y distribución de las sustancias, los hechos lo demuestran. Ahora es necesario su tratamiento y sobre todo su prevención. No hay que olvidar que se trata de un problema de salud pública que el estado está obligado a brindar y nosotros como legisladores a vigilar su que así sea.
Es por lo todo lo antes expuesto y con fundamento el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, así como en los preceptos 1, 23, fracción VI, 32, 33, fracciones I y IV, y 73, párrafo primero, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud que pongo a consideración lo siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorte a las instituciones de salud, Congresos estatales y Asamblea Legislativa a que, en conjunto y de manera coordinada desarrollen un plan de difusión para los Centros de Atención Primaria de Adicciones "Nueva Vida".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA QUE ESCUCHE LA OPINIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL CAMPO MEXICANO ANTES DE AVANZAR EN LAS PLÁTICAS PREPARATORIAS Y EN LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON BRASIL PARA NO AFECTAR NUESTRO SECTOR AGROPECUARIO EN ESE CONVENIO, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Nuestro país ha firmado acuerdos comerciales con 50 países, estando en proceso de negociación un tratado de libre comercio con Brasil, según el memorando de entendimiento firmado por los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su reciente encuentro en Cancún con motivo de la reunión de presidentes de América Latina y el Caribe.
Siempre será muy positiva la apertura comercial de México con los diferentes mercados del mundo porque indudablemente estimula nuestro crecimiento productivo. Lo que es preocupante es el saldo de esa política si se negocia sin tomar en cuenta las repercusiones para los sectores productivos, cuyas asimetrías con sus competidores los deja en la práctica fuera de la competencia. Esa es la gran lección que ya ha dejado la firma del TLCAN, donde el gran perdedor fue y sigue siendo el sector agropecuario.
No se piense que me opongo al intercambio internacional de bienes. Al contrario, pienso que hoy ningún país puede excluirse, ni menos darle la espalda a la realidad de la globalidad. A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumenta la especialización y mejoran las economías de escala; por eso debe ponerse mucho cuidado en la negociación, desde las pláticas preparatorias, de cualquier acuerdo comercial.
El TLCAN, en el sector agropecuario, afectó especialmente a los pequeños y medianos productores de granos. A más de 15 años de la firma de ese tratado, México ha agrandado su dependencia alimentaria de las importaciones de Estados Unidos de América y por esa amarga experiencia los productores del sector rural se oponen a nuevos acuerdos comerciales negociados a sus espaldas, porque afectan no sólo a nuestro mercado interior sino a su, de por sí, menguada economía.
Por eso se escuchan voces de oposición a un acuerdo comercial con Brasil que involucre al sector agropecuario. Los sectores productivos del campo piensan que un TLC con Brasil sería desastroso para nuestro sector agroalimentario debido a las enormes desigualdades entre las dos economías que van, desde la competitividad hasta el proteccionismo con barreras fitosanitarias.
Particularmente la Unión Nacional de Avicultores, en voz de Jaime Crivelli Espinoza, presidente del organismo, ha alertado sobre los riesgos que representa para esa rama de producción, un acuerdo comercial con Brasil, pues este país produce mucho y a bajos costos, debido a que tiene una cadena de suministros bien establecida que abarca desde la siembra de maíz amarillo hasta la pasta de soya que sirve de alimento en sus granjas, lo que pone a nuestros productores en una clara desventaja. Actualmente es el tercer productor mundial de pollo y pavo; primer exportador de carne de pollo y segundo exportador mundial de pavo.
Ese gran país latinoamericano es, además, un fuerte productor de café, azúcar, aves, carne, plátano; prácticamente de todo lo que consume su población, en el marco de políticas públicas de apoyos integrales, lo que ha permitido a sus productores ser plenamente competitivos en el mercado mundial.
Por esas razones, entre otras, tenemos la convicción de que la firma de un acuerdo comercial que vincule un mercado de 107 millones de mexicanos con uno de 195 millones de brasileños, podría traer ventajas, seguramente para sectores productivos como el industrial, pero no así para nuestros productores agropecuarios, ante la falta de apoyos y estímulos para fortalecer su competitividad.
Con esas consideraciones me permito someter a esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite a la Secretaría de Economía que antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial con Brasil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SE Y A LA CFE A PONER EN MARCHA MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS INUNDACIONES EN TABASCO; A LA CONAGUA, A REGULAR EL DESFOGUE DE LAS PRESAS SEGÚN LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS Y LOS SISTEMAS METEOROLÓGICOS NACIONALES, Y A LA CFE, A RESPONDER POR LOS DAÑOS QUE OCASIONA A LOS BORDOS DE PROTECCIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS QUE SE REALIZAN EN DICHO ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. La Comisión Nacional del Agua ubica a Chiapas y Tabasco como parte de la región XI, llamada Frontera Sur. En esta región se encuentra la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, que de acuerdo a datos de la Conagua, es la primera reserva de líquido en México y la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país. Cabe mencionar que el estado de Tabasco es atravesado por los ríos más caudalosos de México: el Usumacinta y el Grijalva.
2. El sistema hidrológico del estado de Tabasco se ve directamente afectado por la orografía del estado de Chiapas ya que debido a su altura, las lluvias en esta entidad provocan que las presas –que se encuentran en ese territorio y que generan la mayor parte de la electricidad que se emplea en México– reciban más agua de la que pueden almacenar y se tengan que desfogar, incrementando el nivel de los ríos de las cuencas fluviales de Tabasco, lo cual a su vez ha ocasionado terribles inundaciones con graves consecuencias.
3. Las inundaciones más catastróficas ocurridas en Tabasco en los últimos años fueron:
En septiembre-octubre de 1999, arrojando 600 mil habitantes afectados y millones de pesos en daños materiales.
En el año 2007, fue la ciudad capital Villahermosa la más afectada quedando cubierta en un 80% y la cifra de damnificados subió a más de 1 millón de habitantes, provocando una de las pérdidas económicas más grandes para Tabasco.
En el 2008 las inundaciones afectaron de nuevo al estado, interrumpiendo la recuperación económica que se alcanzaba después de la catástrofe del 2007.
Estos acontecimientos afectaron severamente los sectores que impulsan la economía del estado como son: la pesca, la ganadería, la agricultura, el turismo y el comercio en general.
4. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a cargo de las presas la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas que tienen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 55 mil millones de metros cúbicos de agua y representan los embalses artificiales de mayor capacidad en la república. Estas presas son unidades generadoras de energía eléctrica las cuales se encuentran alineadas una tras otra para verter la totalidad del agua impulsora de las turbinas que generan la electricidad, pero cuando las condiciones de capacidad de las presas lo demandan, la Comisión Federal de Electricidad abre las compuertas y como consecuencia los ríos de Tabasco se desbordan provocando terribles inundaciones.
5. Un ejemplo claro del mal manejo de los desfogues de las presas es la que provocó las inundaciones del 2007 ya que en diez días la CFE permitió el desfogue de la presa Peñitas, de un total de mil 118 millones 680 mil metros cúbicos, al ritmo de dos mil metros cúbicos por segundo (m3/s), durante los tres primeros días, mil 500 m3/s en los siguientes tres días y 800 m3/s durante otros cuatro.
Estos desfogues, según expertos, se deben al mal manejo de las presas, ya que con una regulación de los flujos de agua se podrían evitar estas emergencias.
6. La inundación del 2007 generó la necesidad de elaborar el Plan Hídrico Integral para Tabasco (PHIT), para lo cual el Gobierno del estado acordó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el 2008 la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para la ejecución del PHIT y como parte de las acciones a cubrir se contempló un Plan de Acción Urgente (PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI).
En el caso del PAU, la Conagua inició acciones entre las que destacan la construcción de una estructura de control en el río Carrizal y la reparación y rehabilitación de la infraestructura existente; en este caso fueron 51 puntos de márgenes afectados a causa de los deslizamientos provocados por la fluctuación en los niveles del río.
El deterioro de dichos puntos se debe, de acuerdo a especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al fenómeno "vaciado y llenado rápido" de los ríos, el cual es consecuencia de la turbinación irregular de las presas.
La gran preocupación de la población tabasqueña es que las obras que se han construido hasta ahora, como son los bordos de contención que protegen a las colonias y rancherías que se encuentran en los márgenes de los ríos, se colapsan debido a las fuertes corrientes que se generan cuando la turbinación de las presas se realiza en exceso.
Es imperioso que la Comisión Federal de Electricidad maneje el desfogue de las presas con los cuidados y precauciones necesarias para evitar que se pierda la inversión que se ha hecho hasta ahora en las obras hidráulicas con recursos del Plan Hídrico Integral para Tabasco, ya que al dañarlas dejan de cumplir su función adecuadamente.
Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorte al Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a poner en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco a consecuencia del mal manejo que la CFE hace del sistema de las presas.
Segundo: Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a trabajar en conjunto con la Comisión Nacional del Agua para que el desfogue de las presas se regule de acuerdo a las temporadas de lluvias, apoyándose en los Sistemas Meteorológicos Nacionales, con el objetivo de mantener las presas en niveles intermedios y no desabastecer a la población de energía, previniendo al mismo tiempo el desfogue extremo del agua para que los ríos no se desborden.
Tercero: Que la Secretaría de Energía obligue a la Comisión Federal de Electricidad a que responda por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en el Estado de Tabasco, provocados por el vaciado y llenado rápido de los ríos a causa de la turbinación irregular de las presas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR CON QUÉ TECNOLOGÍA CUENTA PARA LA PREVENCIÓN DE SISMOS, EN COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DEL CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A COORDINARSE CON LA SEGOB A EFECTO DE HACERLO EXTENSIVO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON RIESGO SÍSMICO, A CARGO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo, a raíz de las características orográficas del territorio y lo ocurrido recientemente en los pueblos hermanos de Haití y Chile, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la tectónica de placas, México está en el llamado "Cinturón de Fuego", donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a escala mundial. El país se halla en la placa norteamericana; limita en las porciones sur y oeste con las placas Cocos, de Rivera y del Pacífico.
2. La región de Mesoamérica, que abarca México y Centroamérica, se caracteriza por su gran actividad tectónica, resultado de la subducción de la placa de Cocos a lo largo de la trinchera mesoamericana. En el sureste de México, la tectónica es más compleja debido a que es controlada por la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norteamérica y del Caribe. A su vez, las placas Norteamérica y Caribe tienen un límite transcurrente lateral izquierdo a lo largo de la fosa del Caimán y del sistema de fallas Motagua-Polochic. Otro rasgo no menos importante es el arco volcánico centroamericano, el cual resulta de la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa Caribe y que corre a lo largo de mil 500 kilómetros, desde Guatemala hasta la frontera de Costa Rica-Panamá.
3. México es uno de los países con mayor actividad telúrica: según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.
4. Con base en datos estadísticos, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, México y Veracruz.
5. En la brecha de Guerrero, entre 1899 y 1911 ocurrieron 4 sismos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8° R. Han pasado 91 años desde el último sismo en ese lugar, por lo que se considera un sitio de preparación para un futuro movimiento, cuya magnitud puede estar entre 7.5 y 8.1° R.
6. La recurrencia de la actividad y la intensidad sísmica se han elevado, de acuerdo con estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2006 a febrero de 2010, el Servicio Sismológico Nacional registró 6 mil 548 sismos. Las estadísticas muestran que los movimientos telúricos en el país se han incrementado:
los sismos en el mundo
2006 971 14.83
2007 1 234 18.85
2008 1 772 27.06
2009 2 184 33.35
2010 387 5.91
Considerando
I. Que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de vida, bienes y entorno como garantía individual consagrada en la Carta Magna.
II. Que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.
III. Un sismo importante se registró el 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el cual según cifras oficiales ocasionó 6 mil muertos en el país.
IV. Que lo que pasó en 1985 puede volver a suceder, como advierte la Asociación Mexicana de Ciencias, ya que en caso de un evento sísmico similar se registrarán graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso muy susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.
V. Que actualmente la Ciudad de México cuenta con el sistema de alerta sísmica (SAS), el cual opera desde agosto de 1991 y tiene como objetivo es emitir avisos anticipados de alerta sísmica a la Ciudad de México. Únicamente puede detectar sismos provenientes de las costas de Guerrero, en virtud de que es el sitio donde se encuentran las estaciones sensoras.
VI. Que el SAS no cuenta con otro sistema que lo complemente para detectar los sismos provenientes de cualquier parte del país.
VII. Que pese al desarrollo científico y tecnológico, en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, por lo que resulta necesario contar con un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país.
VIII. Que resulta necesario que el sistema de alertamiento anticipado se instale en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.
IX. Que un instrumento de alertamiento temprano anticipado ayudaría a reducir la vulnerabilidad y mejoraría la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo.
X. Que dicho sistema se elabore considerando los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología, a fin de tener seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir una alerta anticipada del arribo de las ondas destructivas asociadas a un sismo.
XI. Que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno.
Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se someta a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se apruebe por el pleno de la Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, que deberá cumplir las especificaciones que determinen las autoridades en protección civil, de las normas oficiales mexicanas o de las normas técnicas complementarias en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a informar a la Cámara, específicamente a la Comisión Especial de protección civil, en qué inmuebles de cada entidad fue instalado el sistema de alertamiento temprano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS Y LOS LEGISLADORES DE ÉSTA CÁMARA DE DIPUTADOS, DONEN VOLUNTARIAMENTE UN DÍA DE SU DIETA DESTINADO A LAS Y LOS DAMNIFICADOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, GUANAJUATO, QUERÉTARO, MÉXICO Y EN EL DISTRITO FEDERAL, A LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO E IZTAPALAPA, QUE FUERON AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGISOC OCURRIDOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DE FEBRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA CONTRERAS QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58, 59, 171 y 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las y los legisladores de la Cámara de Diputados, donen voluntariamente un día de su dieta destinado a las y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Queretaro, México y en el Distrito Federal a los órganos político administrativos de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de febrero, bajo los siguientes
Antecedentes
Primero. Que la precipitación pluvial ocurrida en días pasados dejó manifiesta nuestra vulnerabilidad ante los fenómenos hidrometeorológicos que las pasadas lluvias dejaron una estela de destrucción que afecta en forma exponencial a los más pobres.
Segundo. Que según datos aportados por el secretario de Gobierno del Distrito Federal en el valle de México llovieron 27 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie de la ciudad, aunado a los trabajos que se llevaban a cabo de mantenimiento al drenaje de la ciudad, lo que impidió una reacción oportuna.
Tercero. Que la afectación causada por este fenómeno destruyó por completo la comunidad de Angangueo, en Michoacán, este daño irreparable a la comunidad llama a expresar nuestra solidaridad con nuestros paisanos de aquella entidad devastada.
Cuarto. En la Ciudad de México, según datos aportados por las autoridades capitalinas estimaron en 60 mil la cifra de damnificados por las inundaciones, y cinco mil las viviendas que recibieron algún daño.
Considerando
2. Que esta experiencia solidaria entre los representantes populares y los habitantes afectados por un fenómeno hidrometeorológico, tiene antecedentes, tales como la donación de 3 días de su dieta a los afectados del huracán Stan, en la 58 Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, por mencionar un ejemplo.
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución, para que:
Primero. Se exhorta a los 500 diputados federales que integramos la LXI Legislatura para que donemos un día de nuestra dieta para las y los damnificados de las lluvias que afectaron a los municipios y órganos político administrativos mencionados.
Segundo. El procedimiento para recabar las aportaciones lo definirá la Secretaría General de la honorable Cámara de Diputados, atendiendo a la normatividad aplicable.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2010.
Diputada Leticia Quesada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE VERACRUZ, A LA SEMARNAT Y A LA CONAGUA A NO AUTORIZAR LOS PROYECTOS EN EL HUMEDAL DE TEMBLADERAS, A CARGO DEL DIPUTADO JULIO SALDAÑA MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Julio Saldaña Morán, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
La calidad de la democracia implica transparencia y rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen los que ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación a la comunidad.
Por lo mismo, como legisladores de la República, tenemos la obligación de exigir a las autoridades de todos los órdenes de gobierno su irrestricta sujeción a esa demanda.
En este sentido, a los ciudadanos veracruzanos y defensores del medio ambiente, consideramos como prioridad conservar la naturaleza y cuidar las fuentes del vital liquido el agua indispensable para vida humana y en general para todas las actividades económicas, así como para preservar la riqueza biológica.
A los veracruzanos les interesa y preocupa el estado que guarda el cambio de uso de suelo otorgado por el cabildo del municipio de Veracruz por el cambio de uso de suelo en la zona conocida como Tembladeras, contempladas dentro del Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río, en el que la empresa Espacios Comerciales de Veracruz SA de CV, pretende llevar a cabo la construcción de un centro comercial, con supermercado,101 locales comerciales,12 salas de cine.
Esta medida contraviene a lo establecido en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río Medellín-Alvarado que considera este lugar uso de suelo para área de amortiguamiento y reserva aeroportuaria e identificada como zona sujeta a inundación.
El cambio de uso de suelo esta en contra del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de la Reserva Territorial de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, esta la considera reserva ecológica restrictiva y a causa del huracán Stan se considera zona de riesgo, y que por ningún motivo se permita construir en esta zona de humedales que favorece la mitigación en inundaciones ya que se encuentran dos vaso reguladores con una extensión de 692 hectáreas.
Esta área natural esta inscrita en el entorno de la convención de Ramsar en el año 2005 como Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz.
Las opiniones técnicas emitidas de diferentes instituciones como Conagua, Invivienda, dirección general del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, Protección Civil, Coordinación General del Medio ambiente del estado de Veracruz, mencionan con diversos argumentos que el proyecto no es factible de desarrollarse.
Los nuevos paradigmas en las políticas ambientales reconocen la participación de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y propietarios privados en la conservación de la biodiversidad y el manejo efectivo de las áreas protegidas, a contra corriente tenemos en Veracruz autoridades estatales y municipales que promueven un cacicazgo feudalista que enarbola la balcanización y el desprecio al medio ambiente impidiendo cualquier mecanismo de participación ciudadana y ocultando la información relacionada con los cambios de uso de suelo y el llamado programa de gran visión.
México participó activamente en el encuentro de Copenhague y propuso llevar a cabo la siguiente conferencia en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año, construirá un pacto para ayudar a una menor elevación de la temperatura del planeta, asistirán a este evento los expertos e instituciones comprometidos con el ambiente a nivel mundial.
Se propone el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), que muestra el interés de México para contribuir a la solución de este problema, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo, el bienestar humano y la integridad del capital natural, pero las autoridades municipales y estatales no entienden el reto que tenemos para enfrentar los efectos del cambio climático.
Por lo anterior, y en atención al interés de diversas organizaciones ambientalistas, y organizaciones ciudadanas por contribuir a la solución del problema del cambio climático, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ayuntamiento de Veracruz y a su cuerpo edilicio a cancelar el cambio de uso de suelo aprobado en sesión de cabildo ordinaria del 27 de enero de 2010 y que decrete los humedales de Tembladeras como zona restrictiva y poner a consulta ciudadana el Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada de Veracruz
Segundo. Se exhorta a Semarnat y Conagua a no autorizar los proyectos contemplados en el humedal de Tembladeras, Veracruz, contemplado en humedales inscritos en la convención de Ramsar en el año 2005 como el Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo de 2010.
Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CFE A AJUSTAR LA TARIFA ELÉCTRICA DOMÉSTICA DE MÚZQUIZ, COAHUILA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS DATOS CLIMÁTICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA LOCALIZADA EN EL CENTRO DEL ÁREA URBANA DE DICHO MUNICIPIO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ RANGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Múzquiz se encuentra en la parte central del norte de Coahuila. Ahí se localizan importantes yacimientos de carbón.
2. El minero representa un sector imprescindible para el desarrollo económico del país. En 2007, la inversión nacional en minería experimentó un fuerte repunte: alcanzó 2 mil 156 millones de dólares, 70 por ciento superior a la registrada en 2006, representando una cifra récord en la minería de México.
3. Múzquiz, situado en la región carbonífera de la entidad, cuenta con una tarifa eléctrica más elevada que el resto de los municipios de la región, considerándose para establecer la tarifa la temperatura promedio en verano de 30 grados Celsius, por lo que le corresponde la tarifa 1C.
4. En el centro del área urbana de la localidad se encuentra la estación meteorológica automática Municipio de Múzquiz 27"53’ latitud norte, 101°31’ de longitud oeste y 490 metros de altitud.
5. Se han realizado diversas gestiones ante las Comisiones Nacional del Agua, y Federal de Electricidad para que se consideren las temperaturas de la referida estación meteorológica automática como representativas de las condiciones climáticas de la zona urbana de Múzquiz y, de esa manera, se pueda ajustar la tarifa eléctrica del municipio, toda vez que la temperatura promedio que se registra en la estación durante el verano es de 33 grados Celsius, correspondiéndole la tarifa 1F.
6. El municipio presenta una temperatura media en verano superior a 30 grados Celsius, por lo que debe ajustarse la tarifa eléctrica para que de esa manera se beneficie a los ciudadanos de la localidad que, como todo el país, sufren de los efectos de la situación económica, que se agudizan con tarifas eléctricas elevadas.
Considerandos
Primero. Que Múzquiz cuenta con una tarifa más elevada que otros municipios de Coahuila; sin embargo, en la estación meteorológica automática localizada en el municipio se registran temperaturas medias en verano mayores de 30 grados Celsius, lo cual obliga a las autoridades a reconsiderar la tarifa que corresponde al municipio.
Segundo. Que se han enviado diversos oficios a la Comisión Nacional del Agua para solicitar que se tome como referencia la estación multicitada para la medición de la temperatura del municipio y, de esa manera, se pueda ajustar la tarifa eléctrica.
La Conagua se ha pronunciado al respecto, en el oficio número BOO.05.05.-595, dirigido a la Comisión Federal de Electricidad: menciona que no hay inconveniente en que las mediciones de la estación sirvan como base para determinar la tarifa de la región.
Tercero. Que con fecha 28 de agosto de 2009, la Conagua notificó los resultados climatológicos de la estación, obteniéndose los valores medios mensuales de los últimos cinco años, registrándose en el verano temperaturas mayores de 30 grados Celsius.
Cuarto. Que de conformidad con lo expuesto, las autoridades competentes deben considerar el ajuste de la tarifa eléctrica de Múzquiz, pues la que actualmente aplica no es la que corresponde por la temperatura media en verano que se presenta en la región.
Quinto. Que sería un incentivo para los habitantes de la región que las tarifas disminuyan, considerando que actualmente pagan tarifas eléctricas elevadas.
En este orden de ideas, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS QUE A LA FECHA NO HAYAN EXPEDIDO LAS LEYES O REALIZADO LAS MODIFICACIONES CONDUCENTES SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO A CUMPLIRLO PARA ATENDER LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA PUBLICADA EN EL DOF EL 14 DE JUNIO DE 2002, A CARGO DEL DIPUTADO EZEQUIEL RÉTIZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Ezequiel Rétiz Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios, que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se adicionó un segundo párrafo a dicho precepto, con la finalidad de incorporar como nueva garantía, la responsabilidad patrimonial del Estado.
De acuerdo con las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos del dictamen respectivo, el objeto fundamental de dicha iniciativa fue el establecer dicha garantía sobre las bases de mayor garantía y seguridad jurídica para los particulares, conforme a la evolución que han ido teniendo estas instituciones tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado. En ellas se propuso elevar a rango constitucional esta institución, que los iniciadores denominan "garantía de integridad patrimonial", a favor de los particulares en contra de la actividad dañina que sea consecuencia del funcionamiento irregular de los actos del Estado.
Con dicha reforma, quedó incorporada en el derecho positivo mexicano la garantía mediante la cual el particular tendría la posibilidad de reclamar al Estado la reparación del un daño patrimonial derivado de la actividad administrativa irregular, cuando aquél no tenga la obligación jurídica de soportarlo.
Asimismo se consideró que la reglamentación de dicha institución quedaría a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de las entidades federativas, estando facultadas éstas para expedir las leyes en el ámbito de su competencia. En tal sentido se estableció que dado que la reglamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado, se haría conforme a la ley, debería entonces entenderse que quedaban facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en el ámbito de su competencia, las leyes respectivas; es decir, en virtud de que la tipología constitucional de las adiciones propuestas, consistía en un mandato al legislador, este se entendería dirigido a todos los órganos legislativos que integran los diversos órdenes jurídicos del Estado mexicano. Bajo esa lógica se dispuso que la responsabilidad patrimonial correspondería a la Federación, Estados o Distrito Federal, dependiendo el órgano que llevara a cabo la actividad dañina. Igualmente se incluyó a los municipios en virtud de que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional, son autoridades administrativas susceptibles de responsabilidad y por tanto, correspondería a las legislaturas locales establecer los procedimientos para hacer valer la responsabilidad frente a los mismos.
Partiendo de lo anterior, el dictamen de referencia hace especial mención sobre la problemática financiera y presupuestal que podría significar establecer la obligación del Estado, de indemnizar directamente a los particulares a los que cause un daño, independientemente de si su actuación es lícita o ilícita. Esto señala significaría que el legislador, tanto el federal como el de las entidades federativas, debería armonizar el principio de la responsabilidad directa con la capacidad presupuestal, respetando omnímodamente el principio de equidad.
En tal sentido, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002 en la que se modificó la denominación del Título Cuarto y se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció un artículo transitorio en el cual se estableció el plazo de dos año para que la federación y las entidades federativas expidieran las leyes reglamentarias correspondientes, y a su vez los municipios llevaran a cabo las modificaciones necesarias en sus respectivos ordenamientos normativos para proveer el debido cumplimiento de la garantía constitucional mencionada; en el entendido de que en las tres instancias de gobierno –federal, local y municipal– debería incluirse una partida en sus presupuestos para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de los daños ocasionados en los bienes o derechos de los particulares.
De esa forma y puesto que ha transcurrido en exceso el plazo constitucional para que las entidades federativas expidieran las normas correspondientes y llevaran a cabo las adecuaciones necesarias, dada la trascendencia de contar con la capacidad técnica y jurídica para garantizar a todos los ciudadanos mexicanos la reparación de daños generados por la actividad administrativa irregular de los órganos del Estado, de la cual el particular no tuviese la obligación jurídica de soportarlo; resulta fundamental exhortar a los órganos estatales y municipales que no hubiesen cumplido a cabalidad con lo ordenado por nuestra norma máxima, a tomar las medidas necesarias para que a la brevedad se tenga debidamente acatada, la disposición transitoria del artículo 113 de la Constitución General.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002.
Dado en el recinto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 10 de marzo de 2010.
Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA JOANN NOVOA MOSSBERGER Y PAZ GUTIÉRREZ CORTINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto la creación de la comisión especial para el desarrollo de la familia con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De conformidad con el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad de crear las comisiones especiales que crea convenientes "cuando lo exija la urgencia y la calidad de los negocios".
Evocando a ésta facultad presento la proposición para crear una comisión especial que apoye el desarrollo de la familia por ser ésta el núcleo social por excelencia y, por tanto, un factor decisivo para la promoción de una cultura de la legalidad y la prevención del delito.
La institución familiar en México sigue siendo de especial relevancia en todos los estratos sociales. Así lo demuestra una encuesta realizada recientemente por el Instituto Mexicano de la Juventud que señala que más del 78.2 por ciento de los jóvenes mexicanos acude a la familia cuando tienen algún problema de índole económico o personal, siendo la familia el sustento de la gran mayoría de los ciudadanos, además de constituir un elemento esencial de seguridad y permanencia.
Sin embargo, como toda experiencia vital, la familia no ha permanecido al margen de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas de los últimos tiempos, afectando directamente su estructura que es base de la organización social. Cuando la familia sufre, se enferma la sociedad y las consecuencias de descomposición social ante el deterioro que padece la familia saltan a la vista, acentuadas por los problemas que agobian al mundo globalizado: condiciones injustas del trabajo femenino, que obligan a la mujer al descuido temprano de los hijos; falta de trabajo; emigración que separa al padre de la madre y a éstos de sus hijos; la amenaza de las drogas; pandillas que conducen al robo o a la violencia, plagas sociales que azotan indistintamente a países con altos índices de pobreza, así como a naciones desarrolladas, afectando a las familias por el deterioro que sufren las relaciones familiares.
Reconocemos no haber sido capaces de superar situaciones de injusticia y de pobreza extrema que afectan en nuestro país a muchos millones de compatriotas, siendo ésta una de las causas causa más recurrentes que originan la violencia intrafamiliar que acaba en ocasiones por destruir los hogares.
La vulnerabilidad a la que está expuesta la familia no hace referencia exclusiva a las carencias materiales, es más grave aún cuando rotos los lazos familiares, quedan expuestos mujeres, niños, ancianos o enfermos, a la soledad, a la inseguridad, al abandono, a la depresión o a la tristeza, aún cuando se tengan recursos materiales.
Nada puede sustituir a la familia como primera escuela de valores. Estando en juego los valores fundamentales en medio de una crisis mundial de autoridad que afecta todos los niveles, los padres requieren de apoyo profesional para educar exitosamente a sus hijos, posibilitándoles llegar a ser hombres y mujeres de bien. Se debe facilitar a la familia el retomar su responsabilidad fundamental como formadora de los hijos, para hacer de ellos ciudadanos responsables, exitosos y productivos.
La familia es sustento de una economía sana fincada no en un paternalismo de estado, sino en la responsabilidad individual de cada uno de sus miembros. Por tanto, resulta indispensable promover políticas públicas para apoyar a la familia a través de incentivos fiscales, sociales y económicos siendo ésta es la inversión más redituable en vistas a obtener ciudadanos productivos.
La familia es un ámbito privilegiado de aprendizaje: en el desarrollo de habilidades, en la capacitación para el trabajo y en el desarrollo de la sociabilidad, siendo esta por excelencia un centro formador de personas. Son los padres, junto con los maestros, quienes deben dar acompañamiento a sus hijos para lograr aprovechamiento en los estudios.
La familia constituye la primera comunidad en donde el niño interioriza las bases de la solidaridad y adquiere las buenas costumbres. Por ende, es en el ámbito familiar donde se descubren las formas básicas de vida social y se aprende a relacionarse con la comunidad. Así, la familia se convierte en la esfera más significativa para el desarrollo armónico de la personalidad y el descubrimiento de la propia identidad que serán las bases para el apropiado desarrollo de competencias solidarias.
Logar una vida familiar armoniosa, es prevenir riesgos contra adicciones y disminuir la vulnerabilidad social. Es comprobado que un medio efectivo de lucha contra la violencia es a través del fortalecimiento de la estabilidad familiar, los hijos de familia son menos propensos a caer en manos del vandalismo, narcotráfico, crimen organizado o drogadicción.
Por lo expuesto, no podemos permanecer indiferentes ante la urgencia de implantar políticas públicas que fortalezcan la institución de la familia, su apoyo resulta indispensable para la construcción democrática de ciudadanía, a partir de la gestión social, política, económica, cultural y ambiental de las comunidades.
Nuestra voluntad institucional y política es trabajar por los derechos de la familia: su derecho a ser amparada como institución básica de la sociedad; a construir vínculos naturales o jurídicos; a la protección integral; a construir un patrimonio inalienable; a la honra, la dignidad y la intimidad; a la atención, protección, promoción y recuperación en salud; a la vivienda digna; a la recreación y la cultura; a la educación; a un ambiente sano; a la igualdad y respeto de derechos y deberes de los padres. Reconocemos a la par los derechos de los niños y las niñas a tener una familia y a no ser separados de ella, a excepción de causas que justifiquen dicha separación.
La importancia jurídica y social que tiene la institución de la familia se fundamenta en el artículo 4o. constitucional en donde se reconoce el derecho fundamental al "desarrollo de la familia". Es, por tanto, una obligación de orden público velar por su cuidado, protección y promoción. Lo anterior en concordancia con los compromisos internacionales adquiridas por México al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en el artículo 16.3 que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".
En consecuencia, se requiere superar la tendencia de las políticas sectoriales que consideran en forma fragmentada y parcial a los miembros de las familias –niños, niñas, jóvenes, mujeres o personas mayores–, para asumir un enfoque que integre a la familia como un todo. Ello significa pasar de las familias como sumatoria de individuos, al reconocimiento de las familias como sujetos de derechos.
Resulta altamente redituable para el Estado apoyar a la familia con políticas fiscales que favorezcan su presupuesto, la fortalezcan económicamente y aumenten su capacidad de ahorro. Cuando la familia no cumple con su función primaria como primera responsable de cada uno de los miembros, el Estado tiene que invertir una gran cantidad del presupuesto en remediar los males que esto trae por consecuencia más policías, más cárceles, más casas de ancianos, más orfanatorios, más presupuesto para labores asistenciales, es decir, más partidas burocráticas destinadas a cubrir tareas que la familia puede realizar de manera más eficaz. Nada resulta tan barato, tan sencillo, tan profundo, tan ajustado al ser personal, como esa realidad sencilla que llamamos familia.
Entendemos que de nada servirá avanzar en otros campos si en las comunidades no se da un auténtico proceso de fortalecimiento a las estructuras y a lazos familiares a través de políticas públicas con base en tres ejes fundamentales:
1. La efectiva participación de la familia en la sociedad.
El apoyo a la familia debe ser un tema prioritario en las políticas públicas por ser ésta elemento fundamental para el cumplimiento del principio de subsidiariedad, además de una herramienta imprescindible para el funcionamiento correcto del Estado.
La garantía de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución requiere, de manera indispensable, la participación conjunta de las familias y sus comunidades, de las instituciones gubernamentales, del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil, para apropiarla, desarrollarla e implantarla.
Este punto de acuerdo pretende la creación de la comisión especial para poder, a través de dicha comisión, impulsar acciones en las que las familias actúen de manera responsable en la construcción de ciudadanía, a través de la gestión de sus proyectos de vida y los de su comunidad.
La propuesta comisión se encargará de propiciar la participación de las familias en los escenarios de decisión pública institucionales y territoriales, comenzando por el fortalecimiento de los mecanismos de participación en educación (consejos de participación social), salud (asociaciones de usuarios y núcleos de participación para la atención primaria en salud), bienestar social, entre otros, así como la implantación de las alianzas necesarias entre instituciones del orden nacional, la academia, organizaciones sociales y en organismos internacionales.
2. La aplicación de políticas que garanticen a los padres de familia un empleo adecuado para cubrir las necesidades personales y familiares, incluyendo la educación y cuidado de los hijos.
La familia convencional es crecientemente vulnerable a causa de la falta de un empleo seguro y bien retribuido. Esto repercute directamente en el desarrollo de los hijos, en particular en el ámbito educativo, ya que la pobreza causa en la infancia un inferior desarrollo en los conocimientos y un mayor fracaso escolar; esto sin contar los innumerables casos en los que la educación pública no es accesible a las familias marginadas.
Sin embargo, también es necesario implantar políticas que garanticen el empleo de quienes son cabeza de familia, el acceso a la educación pública por parte de los hijos, para así brindar a los hijos de familia una educación integral.
Es por lo anterior que uno de los ejes de la comisión especial propuesta será el desarrollo de una legislación laboral que apoye a la familia y defienda sus derechos.
3. Como estrategia de lucha contra la violencia intrafamiliar, la prevención del delito y el crimen organizado.
Fortalecer a la familia es prevenir el riesgo de adicciones y vulnerabilidad social. La comisión especial para el desarrollo de la familia creará políticas que contribuyan a eliminar la violencia en el interior de las familias, así como en la comunidad, además de convertirse en una "barrera social" contra el crimen organizado.
El gabinete de seguridad y el Senado de la República ha iniciado una segunda etapa en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en México, en la cual se pretende ampliar la visión para generar una política de Estado en la materia. Dicha política se vería beneficiada si incluyera como aspecto elemental el apoyo a la integración familiar como elemento contra la vulnerabilidad social.
En virtud de lo anterior, la comisión especial para el desarrollo de la familia tendrá las siguientes atribuciones con el objetivo de lograr un verdadero fortalecimiento de las familias mexicanas:
2. Realizar las modificaciones pertinentes a la legislación actual e impulsar nuevas leyes a favor de una legislación laboral que apoye a la familia y defienda sus derechos.
3. Promover políticas que fortalezcan a la familia para la prevención de adicciones y de la delincuencia, así como la prevención del delito.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que con fundamento en los artículos antes citados determine la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Familia para impulsar políticas públicas con relación a lo que deriva de su denominación en tanto dure la presente legislatura.
La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales regirán su funcionamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputadas: María Joann Novoa Mossberger, Paz Gutiérrez Cortina (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA PGR A INSTRUIR EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y, EN SU CASO, PROCEDER PENALMENTE CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LA SUPUESTA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN DE MIEMBROS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe la presente, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de ésta soberanía, una proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
El gobierno del estado de México recientemente se ha visto involucrado en una serie de investigaciones y análisis que han realizado algunos medios de comunicación respecto del avance que ha tenido la delincuencia organizada dentro del territorio mexiquense, involucrando inclusive la presunta participación, vinculación o cooptación de algunos mandos policíacos adscritos a la agencia de seguridad estatal, ASE. Por lo tanto y toda vez que es de interés general que los cuerpos policíacos estén al servicio de los ciudadanos velando por su seguridad pública, y no de los delincuentes es menester exhortar al gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, para efecto de que instruya se realice una investigación a fondo y deslindar responsabilidades, y en caso de que algún miembro de la agencia estatal de seguridad se encuentre vinculado a la delincuencia organizada se proceda en consecuencia.
Asimismo, se verifique el funcionamiento del centro estatal de control de confianza ya que su propio titular ha declarado que se han realizado algunos exámenes de control de confianza a mandos superiores y medios a su ingreso, pero que no hay un seguimiento posterior con lo que estamos en la hipótesis de que los sistemas de control de confianza del estado de México no son confiables, pues no pueden garantizar que aquellos que han sido sometidos a este reúnan los requisitos de confiabilidad para desempeñar el cargo en la seguridad pública o en la procuración de justicia.
Y toda vez que es la Procuraduría General de la República la encargada de realizar las investigaciones necesarias con los aspectos que tienen que ver con la delincuencia organizada, es menester se le exhorte a realizar las indagatorias pertinentes y proceder en consecuencia.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría general de la republica instruyan en el ámbito de sus competencias a realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y en su caso proceder penalmente contra quien resulte responsable por la supuesta participación y vinculación de miembros de la agencia de seguridad estatal con la delincuencia organizada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA DEFORESTACIÓN, Y A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y SELVAS Y SU INVENTARIO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO EZETA SALCEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Carlos Alberto Ezeta Salcedo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
El deficiente desarrollo y puesta en marcha de adecuadas políticas públicas, así como la mala supervisión del cuidado y mantenimiento de nuestros bosques y selvas han resultado en un grave problema de deforestación a lo largo y ancho del país.
Estudios realizados sobre la deforestación en México revelan diversas cifras de los miles de hectáreas de bosques y selvas que cada año se pierden. Mientras que la Comisión Nacional Forestal en su Programa Estratégico Forestal 2025 calcula que es de 600 mil hectáreas anuales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimó que entre 2000 y 2005, se perdieron 314 mil hectáreas por año.
En el mismo tenor, el artículo "Patrones y Tasas de Cambio de Uso del Suelo en México" publicado en la Gaceta número 62 del Instituto Nacional de Ecología se establece que en nuestro país se perdieron 29 mil 765 kilómetros cuadrados de bosque (superficie equivalente al estado de Guanajuato) de 1976 a 1993; mientras que de 1993 al año 2000 fueron 54 mil 306 kilómetros cuadrados (territorio equivalente al estado de Campeche).
Sumado al problema de deforestación es igual de preocupante que la misma autoridad forestal reconozca en su programa estratégico, que la variación de cifras se deba a que a la fecha no exista un estudio actualizado y confiable de la superficie que año con año se pierden de bosques y selvas en nuestro país.
Un ejemplo claro del problema al que nos enfrentamos es la información publicada en el periódico Reforma en su edición del lunes 16 de febrero de 2010, en donde se señaló que "de acuerdo con un diagnóstico de la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Medio Ambiente, el parque nacional (La Malinche) –declarado área protegida en 1938– registra erosión grave en un tercio de su superficie, de más de 45 mil hectáreas.
Muchas son las causas de la deforestación de bosques y selvas, entre las que se encuentran principalmente desmontes ilegales con fines de cambio en el uso del suelo, los incendios, la tala clandestina y las plagas forestales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estima que el primero representa el 90% del problema.
Lo anterior se entiende si consideramos que según el Altas Forestal de la Semarnat, 80% de la superficie forestal es propiedad ejidal y comunal, 15% privada y 5% de la nación. Además de que en ellas habitan alrededor de 12 millones de personas en su mayoría afectadas por la pobreza extrema.
Los seres humanos al ser los principales causantes de la deforestación también estamos obligados a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para detener el grave deterioro que nosotros mismos hemos causado con la erosión del suelo; la degradación de las mantos freáticos; la amenaza de la biodiversidad de la fauna y la flora; el calentamiento global y su multitud de efectos secundarios dañinos para todo el planeta.
Preocupados del grave problema de deforestación en México y conscientes de la necesidad imperante de encontrarle una pronta solución. Los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de nuestros bosques y selvas.
Sabemos que muchas comunidades y pueblos, la mayoría en pobreza extrema sin opciones productivas y energéticas, viven del entorno y de los productos que los bosques y las selvas les ofrecen. En ese tenor, solicitamos a las dependencias del Ejecutivo Federal apliquen programas sustentables de empleo y producción necesarios para que aquellos cubran sus necesidades básicas y a la vez convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.
Además, solicitamos al Ejecutivo federal que instruya a las dependencias correspondientes actualizar a la brevedad el Inventario Nacional de Bosques y Selvas, en el que se indique el tamaño actual de los mismos y la deforestación que han sufrido a lo largo de los años.
En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Uno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas, y Forestal para que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de los bosques y selvas.
Dos. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes para que a la brevedad actualicen el Inventario Nacional de Bosques y Selvas en el que señale el tamaño de la deforestación que han sufrido los mismos.
Tres. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes apliquen los programas sustentables de empleo y producción necesarios para que los habitantes de las zonas boscosas y selváticas estén en posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y a la vez convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A REVISAR EXHAUSTIVAMENTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Elsa María Martínez Peña, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Publica (SEP) federal a realizar una revisión exhaustiva respecto al proceso de evaluación de la calidad de los programas educativos que se lleva a cabo en las escuelas normales públicas del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con la SEP,1 en el país contamos con 273 escuelas normales públicas, con 93 mil alumnos inscritos, que representan 3 por ciento de la matrícula nacional de educación superior.
2. Las escuelas normales iniciaron su proceso de incorporación al sistema de educación superior en 2005 e, igual que todas las instituciones educativas de este nivel, debían en algún momento someterse a un proceso de evaluación para garantizar su calidad.
3. Los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior (CIEES) realizan la evaluación a través de órganos especializados, en los que participan las instituciones educativas, los colegios y otras agrupaciones profesionales, los empleadores y el gobierno federal.
4. La labor de los CIEES se basa en mecanismos estandarizados, entre los que destacan concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, contexto institucional, marco normativo y desarrollo, modelo normativo del programa, perfil del egresado, personal académico, administración académica y financiamiento de la dependencia, plan y programa de estudios, proceso académico, infraestructura, y gestión académico-administrativa.
5. Los CIEES se encargan de evaluar los programas educativos de las IES a través de pares académicos que realizan visitas para tales propósitos. Los niveles que otorgan son tres, de los que el nivel 1 es el más alto. Éstos reflejan el tiempo en que el programa educativo en cuestión podrá someterse exitosamente a un proceso de acreditación por los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), pero no representan por sí mismos un indicador de que la calidad se ha alcanzado.
6. Por lo general las IES, al obtener sus programas el nivel 1 de los CIEES, están en condiciones de acreditar su calidad en el corto plazo.
7. No obstante, es importante destacar que de acuerdo con la SEP, la acreditación de calidad únicamente es otorgada por los organismos reconocidos por el Copaes, los que aún no llevan a cabo este proceso para las escuelas normales, pues éstas apenas se encuentran evaluando sus programas por medio de los CIEES; es decir, están en el camino hacia la calidad, pero no han llegado a ella.
8. Entre los principales problemas detectados en las escuelas normales al inicio del sexenio se encontraban2 enorme tradición normalista relacionada con las viejas estructuras del sistema educativo, bajo nivel de habilitación docente, carencia de mayores grados académicos de los docentes, acceso limitado o insuficiente a los programas de actualización, carencias de infraestructura adecuada, carencia de estructuras académico-administrativas y pocos profesores de tiempo completo.
9. El proceso de evaluación de la calidad de los programas por los CIEES en el subsistema de educación normal se inició apenas en febrero de 2008, lo que coloca las universidades públicas estatales con 16 años de ventaja en el proceso.3
10. Las UPES no han completado el proceso de evaluación y acreditación de sus programas educativos, pues tan sólo 24 instituciones de este subsistema han recibido el reconocimiento por tener a más de 75 por ciento de su matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad;4 es decir, 43 por ciento de las instituciones de este subsistema.5
11. En noviembre de 2009, la SEP otorgó por primera vez en la historia de las escuelas normales el reconocimiento a 23 de ella6 por contar con más de 75 por ciento de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad, es decir, 8.4 por ciento de las instituciones de este subsistema.
12. La autoridad encargada de la educación superior en el país ha señalado que "las escuelas normales se convertirán muy pronto en el único subsistema de educación superior que habrá logrado evaluar todos y cada uno de sus programas por medio de los CIEES".
13. Las escuelas normales del país han sido históricamente heterogéneas tanto por su constitución como por su trayectoria. Dicha heterogeneidad obedece de igual forma a los propósitos, orígenes y el desarrollo que tiene cada una. Por su parte, las UPES cuentan con sólidos mecanismo de gestión y administración y una larga trayectoria en evaluación de procesos internos, además de mayor apoyo financiero y programas públicos.
Pese a que se avanza en el proceso de evaluación de las escuelas normales, sus programas no han sido sometidos a procesos de acreditación, lo que impide hablar de que cuentan con matrícula de calidad.
Además, en diversos estados las escuelas normales no cuentan siquiera con mecanismos internos efectivos de gestión, elemento fundamental para obtener una buena calificación de los CIEES.
Considerar que, pese a su heterogeneidad estructural, se puede llegar en el corto plazo a la homogenización de su calidad a través de procesos estandarizados puede ser una falacia.
Lo anterior, sumado a la premura con que se ha evaluado a un número considerable de éstas, pone en tela de juicio que una tarea tan compleja –como la que implica someterse a procesos evaluadores de la calidad– pueda estarse basando en el más terrible ejercicio de simulación.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no nos cabe duda de que la incorporación de las escuelas normales en el proceso de evaluación es una necesidad para abrir el camino a la calidad educativa y consolidar su inclusión como subsistema del sistema de educación superior. Es un hecho que esto debió darse hace muchos años.
Sin embargo, hacerlo según criterios estandarizados sobre un conjunto de instituciones que aún no terminan de consolidarse como instituciones de educación superior y mucho menos cuentan con un orden organizacional en su interior es a todas luces un error que está a tiempo de remediarse.
Consideramos además la necesidad de que el proceso de evaluación brinde herramientas para que las instituciones de educación superior normal detecten sus fortalezas en el corto plazo y corrijan sus debilidades en el mediano plazo. Jamás un proceso que de manera tan abrupta da resultados que a muchas otras IES les ha tomado años podrá ser un proceso sólido para enfrentar los embates que presenta todo tránsito hacia la calidad.
Tampoco consideramos que sea una buena medida nombrar sus programas "de calidad" sin haber llevado a cabo el proceso que regula el Copaes.
No debe esperarse a que, en unos años, las escuelas normales públicas del país cuenten simplemente con la etiqueta de supuesta calidad, cuando en realidad continuarán con graves problemas internos que no fueron atacados a tiempo y que tendrán inevitables repercusiones sobre la educación de los normalistas del país y de los niños y los jóvenes inscritos en el nivel de educación básica nacional.
Tampoco debe esperarse a que las escuelas normales se conformen con alcanzar el nivel 1 de los CIEES, como ha pasado con diversas UPES, pues las propias autoridades educativas las hacen llamar "de calidad" sin completar el proceso de acreditación.
Además, los legisladores de mi grupo parlamentario consideramos que los procesos de evaluación para la calidad de un subsistema tan clave como el de la educación normal deberían regirse con otros criterios, que otorguen el reconocimiento de calidad sólo si se diseñan mecanismos de evaluación específicos para este tipo de instituciones, se fomenta la investigación educativa, se da una mejora sustantiva en la capacitación y actualización de los docentes en servicio y se rediseñan los programas educativos, a fin de que atiendan las necesidades de la realidad educativa actual.
Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública federal a realizar una revisión exhaustiva del reciente proceso de evaluación de la calidad de las escuelas normales públicas del país, a fin de evitar que un ejercicio tan trascendental para este subsistema se convierta en uno de simulación y no en uno que permita la identificación de aciertos y de errores para emprender acciones sólidas en el mediano plazo en favor de la mejora continua de sus programas educativos, que lo lleven a ser un subsistema de calidad acreditada.
Notas
1. http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/educacion_normal_superior
2. Foro La educación superior en México, SEP, Subsecretaría de Educación Superior, mayo de 2007, mesa 1, "Aseguramiento de la calidad y equidad de la educación en las escuelas normales".
3. Los CIEES operan en las UPES desde 1991.
4. El reconocimiento es otorgado por la SEP a las IES que cuentan con matrícula de calidad; es decir, inscrita en programas con nivel 1 de los CIEES o acreditación por organismos reconocidos por el Copaes. Es un reconocimiento que requiere refrendo anual. Las 24 UPES señaladas corresponden a los reconocimientos otorgados para 2008.
5. Para el ciclo escolar considerado respecto al otorgamiento de los premios 2008, la SEP reporta un total de 55 UPES.
6. http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/U2000-EN.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A NO INTERVENIR EN EL PROCESO ELECTORAL DE AGUASCALIENTES Y A SUSPENDER SUS GIRAS DE PROSELITISMO EN LOS ESTADOS DONDE HABRÁN DE CELEBRARSE COMICIOS; Y SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE FORME UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO, EN CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEY, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DAVID HERNÁNDEZ VALLÍN Y MARGARITA GALLEGOS SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, integrantes de la coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Los procesos electorales que habrán de celebrarse en 15 entidades del país y cuyos resultados significarán el mejor indicador para el partido político que obtenga la Presidencia de la República, han provocado nerviosismo en el gobierno federal y cada vez más se advierte descaradamente la intromisión del presidente de la república en estados donde se elegirán gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
Los legisladores federales del PRI por el estado de Aguascalientes hacemos un respetuoso llamado al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que instruya a los delegados de las diferentes dependencias federales en los Estados en que habrá comicios, para que no prohíban el acceso de ciudadanos a los programas sociales ni retengan o liberen los recursos públicos según convenga a los intereses del Partido Acción Nacional. Asimismo, exigimos que cese de una vez por todas la actividad de promoción política que está realizando en sus giras de trabajo por todo el país para beneficiar a su partido en franca violación al artículo 134 de la Constitución General de la República el cual establece que "los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".
En otras palabras, solicitamos al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, que saque las manos del proceso electoral del estado de Aguascalientes y que se asuma como jefe de Estado y no como líder de su partido o mariscal del llamado "ejército azul", utilizando su investidura y poder para coaccionar voluntades. Ello en razón de que el pasado lunes 22 de febrero, el juez sexto de lo penal en el estado de Aguascalientes giró una orden de aprehensión al precandidato del PAN al gobierno del estado, a pesar de la presión de prominentes panistas interesados en que el Poder Judicial frenara el proceso penal del indiciado.
Este es un claro ejemplo de la intromisión de los jerarcas del PAN en el proceso electoral del estado de Aguascalientes.
Por lo expuesto y fundado, los suscritos diputados federales proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la república para que de inmediato saque las manos del proceso electoral en el estado de Aguascalientes y suspenda sus giras de proselitismo electoral en las entidades del país donde habrán de celebrarse procesos electorales.
Segundo. Que el gobierno federal deje en manos de la justicia el proceso penal que se le sigue al precandidato a gobernador del Partido Acción Nacional en el estado de Aguascalientes.
Tercero. Que la Cámara de Diputados forme una comisión especial de legisladores para que dé seguimiento al presente punto de acuerdo, bajo el cumplimiento irrestricto de la ley vinculado con los hechos antes descritos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 10 de marzo de 2010.
Diputados: David Hernández Vallín, Margarita Gallegos Soto (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA SEGOB A DEJAR DE TRANSMITIR EN MEDIOS DE DIFUSIÓN BOLETINES APREHENSIVOS SOBRE DELINCUENCIA O ACCIONES POLICIACAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI por el distrito IX de la capital del estado de Puebla, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Objetivo General
Otorgar a los ciudadanos mexicanos tranquilidad dentro de sus horas de esparcimiento cuando disfruten de sus aparatos electrónicos en el seno de su hogar, y no influir en el temor y la impotencia de la sociedad, a través de miniseries policiacas constantes en radio y televisión, haciendo alarde de que existe seguridad en el país, las cuales son pagadas por el Ejecutivo federal; los mexicanos merecemos y exigimos el derecho del respeto.
Antecedente
Los medios electrónicos como la radio y la televisión, que por décadas nos han informado a través de sus noticieros los sucesos que acontecen dentro de la actividad de la vida social, política, económica, la nota roja y otros, considero que esto deben de continuar con la información que esta misma tiene que seguir siendo proporcionada por los noticieros y la prensa, que cada quien haga su trabajo, o sea el gobierno a gobernar y los medios a informar, en lo correspondiente al Ejecutivo federal o la Secretaría de Gobernación lo hagan por otros medios.
Exposición de Motivos
En materia legislativa, el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en lo conducente que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Examinando este artículo observamos y subrayamos sus últimos párrafos que dicen: que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, y esto considero un acto violatorio por parte del Ejecutivo federal, toda vez que sin ser prensa manda continuamente le transmitan no de boletines de información sino mas bien miniseries policíacas donde hacen alarde exagerado de su deber, y no tienen porque atentar ni excitar a la población, y que recuerden que con esto sólo provocan al crimen organizado para seguir con sus fechorías, hace algunos días el Ejecutivo federal, en la Ciudad de Chihuahua, pidió a los ciudadanos mexicanos que nos apoderemos de los espacios públicos para que la delincuencia no los tome, pero que recuerde el Ejecutivo que los malhechores tienen armas y nosotros pañuelos blancos, por lo tanto expongo ante este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
1. Que se dejen de transmitir ese tipo de boletines, ya que en nada benefician a la sociedad, y que si tienen que informar lo hagan con el debido respeto a los ciudadanos a través de ruedas de prensa o boletines de información
2. Que el recurso millonario que invierte en estos informativos los otorgue a las familias de los mexicanos que han caído sin ser parte de estos conflictos y sobre todo a los que cumpliendo con su deber han sido abatidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA COFEPRIS Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR ADECUADAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE BEBIDAS ENERGIZANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las denominadas "bebidas energizantes", conforme a los siguientes
Antecedentes
1. Las bebidas energizantes aparecieron en Europa en la década de 1980. Hoy existen en el mercado mundial cientos de marcas distintas. Las bebidas energéticas "fueron creadas para incrementar la resistencia física, proveer reacciones más veloces a quien las consumía, lograr un nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo".1
2. Las energizantes son bebidas estimulantes y, aunque inicialmente fueron utilizadas por deportistas, hoy su consumo se ha popularizado entre los jóvenes, quienes las toman para mantenerse despiertos, ya sea para preparar un examen o simplemente estar despiertos durante la noche.
Estas bebidas se venden desde hace más de 20 años en al menos 120 países, el nuestro entre ellos. Se expenden en diversas presentaciones de precio y contenido, desde 250 mililitros hasta más de 500 por unidad.
3. Entre las supuestas ventajas que ofrecen las bebidas energizantes se encuentran una "revitalización" o "recarga de energía". Frecuentemente, las personas las compren con el afán de mantenerse despiertas o recargarse de vitalidad cuando se sienten fatigadas, para seguir consumiendo alcohol o sustituir la ingesta de alimentos.
4. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado que se les llame "bebidas estimulantes", ya que están hechas con sustancias que excitan el sistema nervioso central, principalmente cafeína, el ingrediente responsable de que el individuo se mantenga "despierto" y "eufórico"; sin embargo, en el país no es así.
Algunas marcas incluyen guaraná –también contiene cafeína– y taurina –un aminoácido que participa en el transporte de sodio, calcio y potasio en el organismo, además de que favorece la irrigación sanguínea–; otras más adicionan vitaminas de complejo B en dosis bajas, por lo que no pueden considerarse complemento alimenticio.
5. Se ha señalado que el consumo excesivo puede ocasionar síntomas de toxicidad en el cuerpo, que van desde simples trastornos corporales, como nerviosismo, ansiedad, diuresis, sudoración, malestares gástricos o insomnio, hasta problemas cardiacos graves. Además, se ha referido que la cafeína inhibe la absorción de calcio en los huesos, por lo que aumenta el riesgo de osteoporosis.
Asimismo, se ha destacado que las embarazadas o mujeres en lactancia no deben consumirlas, tampoco los niños, pues la dosis de cafeína es excesiva para su peso, por lo que puede sobreexcitarlos y favorecer la hiperactividad.2 Los efectos de estas bebidas dependen de la susceptibilidad de quien las consume, pero en general se ha documentado por especialistas que tras unas horas de haberlas ingerido, pueden aparecer dolores de cabeza, dilatación de pupilas, taquicardias, intoxicación, hipertensión arterial, vómitos, nerviosismo e hiperactividad, entre otros.
Estos hechos han propiciado que en muchos países, instituciones dedicadas a la protección contra riesgos sanitarios recomienden que las bebidas energizantes no sean consumidas por menores de edad, por embarazadas o mujeres que estén en lactancia, que no se mezclen con bebidas alcohólicas y que no se exceda su consumo.
En algunos otros países, como en el nuestro, se trabaja en proyectos de ley para regular adecuadamente el consumo de estas bebidas y en casos como en el de Noruega, Francia y Dinamarca se ha restringido su venta sólo en farmacias, o se ha prohibido su venta en lugares en los que se vendan bebidas alcohólicas y a menores de edad.
Considerando
I. Que el principal peligro de las bebidas energizantes no radica en su consumo eventual sino en el excesivo y al combinarlas con bebidas alcohólicas, a menores de edad o personas con algún padecimiento, lo cual puede tener efectos dañinos en la salud física y mental, pudiendo dañar el sistema nervioso central, afectar las funciones cardiacas e incluso provocar la muerte.
II. Que la falta de etiquetación adecuada con advertencias sobre su consumo, efectos secundarios o contraindicaciones genera incertidumbre para quien las consume y evita tener certeza de sus efectos.
III. Que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han señalado que debido a sus componentes, taurina y cafeína, principalmente, estos líquidos pueden producir daños irreversibles en riñón, corazón y sistema circulatorio, así como taquicardia, ansiedad, desesperación y sed, y provocar daños aún mayores.3
IV. Que hasta 60 por ciento de los jóvenes, de entre 16 y 30 años de edad, ingieren en mayor proporción estos productos que, combinados con alcohol, incrementan dichos efectos y ocasionan malestares y pueden tener consecuencias fatales.
V. Que estas bebidas se relacionan en alto porcentaje con problemas de obesidad por su alto contenido calórico y, paradójicamente, se relacionan con trastornos alimenticios como la anorexia, ya que se calcula que 20 de cada 100 casos se asocian con su consumo.
VI. Que especialistas del IMSS han señalado que la combinación de las bebidas energizantes con sustancias etílicas provoca deshidratación, dolores de cabeza, hipertensión, dilatación de pupilas, vómito, hiperactividad y nerviosismo y, en casos extremos, hasta infartos.
VII. Que pese a que desde 2005 la Profeco y la Cofepris han llevado a cabo algunas acciones mínimas para difundir los posibles riesgos que implica el consumo de estos productos, principalmente combinados con alcohol o en más de una ración al día, no se han llevado a cabo acciones que garanticen la seguridad de los consumidores.4
VIII. Que es imprescindible garantizar la salud de los consumidores y brindarles la información necesaria para que conozcan los efectos derivados del consumo de las bebidas energizantes y las posibles consecuencias a su salud, y obligar a las empresas y particulares que fabrican, importan, distribuyen y comercializan estas bebidas energizantes para que en los envases se señale ampliamente el riesgo que implica el consumo de éstas.
IX. Que es fundamental entrar de fondo en la regulación de estas bebidas, fijar normas sobre su distribución y venta, y dar una amplia difusión de los efectos de su consumo en la salud.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo los estudios necesarios a fin de determinar el riesgo para la salud de los consumidores por la ingesta de bebidas energizantes y las consecuencias a la salud que causa el consumo.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las bebidas energizantes, confiriendo prioridad a la salud de los consumidores y advirtiendo sobre las consecuencias de su consumo en la salud.
Notas
1. http://www.salud.com/secciones/cancer.asp?contenido=274829
2. http://www.cic-ctic.unam.mx/unamirada/download/pdf_prensa/unamirada_45.pdf
3. http://www.google.com/search?q=imss+bebidas+energizantes&hl=es&sourceid=gd&rlz=1D1DCMX_esMX348MX367
4. http://www.profeco.gob.mx/alertas/alertas05/alertas_bebid_alcohol.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEDESOL A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA SOCIAL DE INSTAURACIÓN DE ESTANCIAS DE DÍA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra, a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, una de las poblaciones que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad es, sin lugar a dudas, la de adultos mayores. El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial cuyas características impactan directamente a las personas, las familias, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad.
El proceso de envejecimiento es el resultado de la interacción de diversos factores, entre los que se incluyen biológicos, psicológicos y sociales, que se complican al vincularse también con la aparición de sintomatologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades. Ello representa, en muchos casos, una carga social y económica para quienes los rodean, sobre todo en grupos familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional de la o el adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia.
Las situaciones de desventaja que viven los adultos mayores va desde lo económico hasta lo afectivo. En muchos casos, estas personas son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros adultos mayores.
La anterior es una realidad socialmente reconocida. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que tienen los ciudadanos en México respecto de la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.
Ante la pregunta ¿qué opinan los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país?, casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país; 36 por ciento de los entrevistados reconoce que las personas de la tercera edad son los que sufren más por su condición; casi 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; tres de cada cuatro consideran que una persona de edad mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 40 por ciento de los adultos mayores se siente rechazado por la sociedad; los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo y el abandono.*
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en el que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población, este grupo es el que crece más rápidamente desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6 por ciento. En 2005, residían en territorio nacional 8 millones 188 mil 898 adultos mayores, que representan 7.7 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.
Así entonces, en un corto plazo la atención de los adultos mayores generará un problema más para un gran número de familias, que se suma al vertiginoso empobrecimiento que han sufrido, más del 50 por ciento de los hogares mexicanos viven en pobreza. A esto debemos agregar que son las mujeres las históricas cuidadoras de personas mayores y de las niñas y los niños. Ellas también están incorporadas al trabajo remunerado para aportar a la economía familiar, por lo que el cuidado de adultos resulta materialmente imposible.
Ante la reproducción de roles sociales inalterados, que representan la mayor carga de las tareas domesticas para uno de los géneros – las mujeres–, es necesario reflexionar sobre el vacío que en términos de apoyos sociales para mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales, como es el caso de las mujeres y los adultos mayores. El Estado no está cubriendo o, al menos, proporcionando un mínimo apoyo dirigido a los integrantes de familias para, en este aspecto, incrementar su calidad de vida.
La sociedad mexicana en su conjunto debe de asumir la nueva realidad que demanda soluciones colectivas y públicas, para generar apoyos sociales que permitan un mayor desarrollo para las mujeres, así también, formular la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar plenamente de sus últimos años de vida.
Es por ello que estamos solicitando la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país. En estas instancias deberá contarse con espacios físicos adecuados en donde los adultos mayores desarrollen actividades que les permitan incentivar sus capacidades motrices e intelectuales, y además puedan convivir con otras personas de la misma edad.
Asimismo, en las estancias de día se proporcionará y fomentarán alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, el autocuidado y la salud. Otro aspecto que debe ser básico y fundamental es, sin duda, la promoción de la dignificación de esta etapa de la vida.
En estos espacios se atenderá a los adultos mayores únicamente de día para que por la tarde regresen con sus familiares, lo que permitirá mantener integrado al conjunto de la familia, y que sus tutores o familiares puedan realizar sus tareas y responsabilidades cotidianas sin la limitación o la preocupación por el bienestar y la seguridad de su adulta o adulto mayor.
Conocemos de la existencia de varios de estos centros por parte de la instancia gubernamental responsable de la atención de esta población, pero también sabemos que su número es muy reducido e insuficiente para brindar ahora la cobertura requerida y, por supuesto, la del futuro, ya que según las estadísticas poblacionales, se incrementará considerablemente.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra, a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país.
Nota
* Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Secretaría de Desarrollo Social y Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. México.
Palacio Legislativo, a 10 de mzrzo de 2010.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONMINAR AL TITULAR DE LA SECTUR A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PUBLICADA EN EL DOF EL 17 DE JUNIO DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
La actividad turística es la tercera fuente de ingresos que apalanca el desarrollo económico de México, el fortalecimiento del sector turismo es prioridad fundamental para salir de la crisis toda vez que genera el 8.5 por ciento del producto interno bruto nacional, impulsa el empleo dando ocupación a poco más de 2.4 millones de personas y aporta una muy significativa contribución de divisas que compensan del saldo deficitario de la balanza comercial.
La Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, se convierte en un instrumento jurídico moderno, acorde a la realidad del turismo actual en nuestro país y se establecen las bases legales de actuación para un mejor funcionamiento del sector en general, en donde por vez primera, se coordinan la ejecución de acciones de manera transversal entre los tres niveles de gobierno y los demás actores del sector, fortaleciendo la gestión entre estos, haciendo que el turismo sea una verdadera política de Estado.
Sin embargo, la sociedad demanda mayor certidumbre y definición por parte de la autoridad toda vez que a la fecha, la Secretaria de Turismo (Sectur) no ha emitido el reglamento respectivo.
La Sectur tenía hasta el día 17 de diciembre del 2009 para emitir el Reglamento a dicha ley, sin embargo han pasado más de los ciento ochenta días naturales que establece la propia ley para la emisión del Reglamento y aún no hay tal, violando la Sectur su propia ley.
Esta actitud deja entrever que el titular de la Sectur carece de una visión administrativa y política para atender los reclamos de los actores que intervienen en el sector, sus propias declaraciones a los medios en distintos foros y eventos lo comprueban al manifestar que "… dadas las circunstancias y los momentos políticos-legislativos, lo más oportuno era no iniciar la elaboración del Reglamento hasta en tanto no se diera una definición sobre las condiciones de la permanencia y vigencia de la propia Secretaría".
Por otro lado, también declaró el secretario de Turismo que a principios de 2010 se comenzará con el proceso de licitación para elegir a una empresa especializada que se hará cargo de elaborar el reglamento y dar continuidad al proceso de reestructuración de la Sectur.
Púes déjeme decirle señor secretario, que aún no tiene publicada la convocatoria respectiva para llevar a cabo dicha licitación y más aún, usted está para vigilar y atender con eficacia y eficiencia una actividad tan importante para México como lo es el turismo, independientemente de los "momentos políticos-legislativos" a los que hace referencia, tiene la obligación de vigilar, hacer valer y cumplir la Ley General de Turismo en toda su extensión y en particular, a lo que respecta al artículo Cuarto Transitorio que a la letra dice:
Por lo expuesto y fundado, solicito a la presidencia turne a la Junta de Coordinación Política con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, en el marco de su atribución, conmine al secretario de Turismo para que emita el Reglamento a la Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 y se dirija con patriotismo e institucionalidad para atender la falta de certidumbre y definición que la sociedad demanda.
Por lo expuesto, solicito al diputado presidente se ponga a la consideración del honorable pleno, la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo, en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR Y A LA PGJ DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR LOS POSIBLES VÍNCULOS DE MIEMBROS DE LA ASE CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y A IMPLANTAR DE MANERA URGENTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y CONFIABILIDAD A LOS INTEGRANTES DE ESA CORPORACIÓN POLICIACA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR MARTÍN ARCE PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, a que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que implementen, de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inseguridad pública es uno de los males que sufrimos los mexicanos, ya que nos aleja del proyecto de nación que buscamos, debemos decir que la delincuencia que nos agobia resulta doblemente nefanda cuando es cometida por un servidor público, y se agrava aún más cuando dichos actos son cometidos por los cuerpos policíacos, que tienen por presupuesto y encomienda, la seguridad y la protección de las personas.
En el caso que nos ocupa, la opinión pública ha documentado ampliamente diversas irregularidades en la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que depende del gobierno del estado de México, por lo que huelga reproducirlos en este exhorto, donde en algunos casos se le vincula con la delincuencia organizada, ya sea por el hecho de que alguno de sus miembros participan directamente, o bien, por omisión, al dejar hacer, e inclusive proteger a ciertos grupos de delincuentes.
Debemos señalar, que al menos quienes son vecinos o aquellos que transitan por las vialidades del estado de México reconocen y saben de la negativa fama pública, respecto de la policía estatal de esa entidad, en lo que atañe a las cuestiones de tránsito y vialidad, pero el temor ciudadano crece, cuando cabe la posibilidad de que la detención por una infracción administrativa, de pie para encontrarse frente a un posible secuestrador, homicida o narcotraficante que opera en grupo y al amparo de una insignia oficial.
Asimismo, debemos dimensionar que el área de influencia de la referida agencia policiaca, no sólo se circunscribe al estado de México, sino que tiene influjo en los estados circunvecinos, como son, Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán y el Distrito Federal; lo anterior en virtud de la peculiar geografía del estado de México, que rodea al Distrito Federal, y con un gran campo de acción en el centro del país.
En los casos más graves, se debe advertir que su servicio público es sólo el pretexto para el asalto, extorsión, robo, secuestro, venta de drogas, así como para brindar servicios de escolta y cuidado a las actividades del crimen organizado, o bien se encargan de brindar servicios de información a bandas delictivas respecto de las actividades que se realizan en el ámbito o zonas donde realizan su patrullaje y vigilancia.
Ahora bien, de acuerdo al decreto del gobernador del estado de México, de fecha 2 de febrero de 2006, se crea el organismo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, denominado Agencia de Seguridad Estatal, con autonomía técnica y operativa, coordina las funciones de: seguridad pública y tránsito, prevención y readaptación, protección civil, y pirotecnia.
Por tanto, corresponde al gobernador atender de manera personal e inmediata este grave problema que rebasa las fronteras del estado de México, para que se realicen las investigaciones ministeriales correspondientes por la Procuraduría del estado, así como para que se revisen y hagan más estrictos y periódicos, aquellos procedimientos de control y confiabilidad a los miembros de la referida agencia policiaca, a través de pruebas de polígrafo, psicológicas, estudios médicos, socioeconómicos y toxicológicos, entre otras.
Finalmente, los diputados proponentes esperamos que este exhorto encuentre eco y oídos en el gobernador del estado de México, y que por el bien de los mexicanos y especialmente de los mexiquenses y sus familias, que habitan en dicho estado, se atienda con la oportunidad y diligencia debidas; ya que en caso de omisión, sabremos que donde la violencia impera, la palabra y la acción callan, pudiendo exigir su responsabilidad no por omisión, sino por complicidad.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado, a que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que implanten, de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LOS MIEMBROS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA A CESAR DE INMEDIATO LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN PERJUICIO DE LA MAESTRA EN CIENCIAS MARTHA BEATRIZ LÓPEZ AMADOR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR CASTRO COSÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Víctor Castro Cosío, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Consideraciones
Según denuncias de un número creciente de ciudadanos de Baja California, el Partido Acción Nacional ha creado en la entidad el grupo de choque Te Contesto por el PAN (Tecopan), con vista a las elecciones de 2010.
Los miembros del Tecopan reciben pagos, en dinero y en especie, por el gobierno estatal para hacer llamadas radiofónicas en favor del PAN, y aplicar una estrategia de violencia sistemática contra los ciudadanos que no comulgan con ese instituto político, especialmente en perjuicio de los compañeros del PRD, con el eslogan "Sacar del estado a quienes no estén de acuerdo con el PAN".
Esta "estrategia de despoblación" no es nueva para los panistas: se remonta a los años de la posguerra, tiempo en que fue coordinada por la Unión Nacional Sinarquista.
En la actualidad, las técnicas diseñadas por los panistas para esta criminal despoblación incluyen el uso de un brutal hostigamiento y difamación, e incluso desalojos ilegales y quema de viviendas; esto último, en la colonia Ejido Maclovio Rojas.
En el colmo de estos hechos, se usan las actividades inherentes al programa Oportunidades para llevar a cabo este patrón de difamación y violencia encarnizada, valiéndose incluso de grupos de mujeres entrenadas y armadas y, en un abuso insultante contra los derechos humanos, se utiliza a niños para cumplir sus actos agresivos.
De manera especial debe destacarse el caso de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, quien es víctima de constantes amenazas de muerte y de un hostigamiento persistente y asfixiante, que incluye la obstaculización para su reinserción laboral y continuar estudios de doctorado. Su falta ha sido dar a conocer ante la opinión pública los verdaderos orígenes históricos de Acción Nacional.
Todos los actos de agresión referidos violentan de manera frontal lo ordenado en la Constitución federal, tanto en materia de derechos humanos como de derechos políticos. Los gobiernos de los estados tienen la obligación de ajustarse a derecho, de manera que se logre una convivencia armónica y productiva de sus habitantes, y no aplicar conductas abiertamente delictivas, fascistas, que rompen el tejido social, hasta llegar al colmo de aplicar la intolerancia como política sistemática en persecución de los que disienten, especialmente de las mujeres.
Inútil resulta que los ciudadanos acudan a la Procuraduría de Justicia del estado y otras instancias competentes, pues son desoídos en su reclamo de justicia.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno y a los panistas de Baja California a cesar de inmediato los actos de violencia sistemática contra los ciudadanos, valiéndose de grupos de choque como el Tecopan; especialmente, a cesar el hostigamiento y las amenazas de muerte contra la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador. Deben ajustar su conducta a lo ordenado en la Constitución federal en materia de derechos humanos y políticos.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Estado de Baja California a dar oportuno trámite en el ámbito de sus competencias a las denuncias que se presenten ante ellas para deslindar responsabilidades en la comisión de estos hechos criminales y tan bochornosos.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación sobre los preocupantes hechos que se detallan en el cuerpo del presente, con objeto de que cobre plena vigencia el respeto de las garantías fundamentales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.
Diputado Víctor Castro Cosío (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS RECURSOS DEL PEF DE 2011 PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y EL CÁNCER CERVICOUTERINO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARABIAS ICAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Alejandro Carabias Icaza, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El virus del papiloma humano (VPH) constituye una amenaza para la salud de la mujer, ya que puede dar origen al cáncer cérvico-uterino, el cual constituye la segunda causa de muerte a nivel nacional, entre las mujeres de 25 años o más.
Algunas entidades federativas siguen reportando niveles superiores a 21 casos por cada 100 mil mujeres. Tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Campeche, lo cual indica cierta correlación de este padecimiento con los índices de pobreza y marginación.
Sin embargo, la siguiente tabla reporta que en los últimos 12 años ha habido avances importantes en la disminución de mortalidad por cáncer cérvico-uterino a nivel nacional:
(por 100 mil mujeres de 25 años o más)
1995 21.6
1996 21.6
1997 21.0
1998 20.4
1999 20.0
2000 19.6
2001 18.6
2002 17.3
2003 16.9
2004 16.2
2005 15.9
2006 15.0
2007 14.3
Aunque estos avances son alentadores, México presenta cifras mucho más altas que las de los países de la región con un nivel de desarrollo similar al nuestro. Por consiguiente, se deben reforzar los programas dedicados a la prevención y control de este padecimiento.
Para atender esta situación, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala como una de sus metas: Disminuir 27 por ciento la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino por 100 mil mujeres de 25 años y más.
El Programa, dentro de la Estrategia 2 "Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades", indica la siguiente línea de acción: Promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico-uterino y de mama.
Por su parte, el tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud marca los siguientes avances en el combate al VPH y cáncer cérvico-uterino:
• Se concluyó la prueba piloto sobre VPH en el estado de Morelos, en el que se aplicaron 130 mil pruebas, es decir una cobertura del 92 por ciento.
• Se inició la Estrategia Integral de Prevención de Cáncer en estos 125 municipios, aplicando pruebas de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad y vacunas preventivas del VPH en niñas de 12 a 16 años de edad.
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia:
• En noviembre de 2008, se inició la aplicación de la vacuna VPH en niñas de 12 a 16 años, en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH), se administraron 248 mil 100 dosis de vacunas.
Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más. De septiembre de 2008 a agosto de 2009 el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino tuvo los siguientes avances:
Se realizaron 2 millones 52 mil 166 detecciones de cáncer cérvico-uterino con la prueba de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad.
Se efectuaron 354 mil 305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130 mil fueron en los 125 municipios con menor IDH.
En estas mismas comunidades, se vacunaron a 82 mil 598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la Estrategia 100 X 100.
Se instrumentaron seis laboratorios regionales de biología molecular con una capacidad por laboratorio para procesar 160 mil muestras anuales de la prueba del VPH y se encuentran en proceso de instalación seis laboratorios más que atenderán gradualmente a las 32 entidades federativas.
Se capacitaron a mil 73 profesionales de la salud, entre ellos: citotecnólogos, colposcopistas, patólogos y, responsables jurisdiccionales y estatales del programa, lo que representa cerca de 80 por ciento del personal de los servicios de salud estatales involucrado en el programa.
En cuestión presupuestal, se observa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los últimos dos ejercicios fiscales, se asignaron los siguientes recursos:
Adicionalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía externó su preocupación por garantizar que el combate al VPH y al cáncer cérvico-uterino sigan contando con recursos suficientes en los próximos ejercicios fiscales.
Por lo anterior, proponemos exhortar con la debida anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en la planeación del proyecto del PEF para el ejercicio fiscal de 2011 prevea recursos justos y suficientes para la prevención y control del VPH y el cáncer cérvico-uterino.
Cabe añadir que nuestro grupo no es el único preocupado por este tema. Desde el inicio de la LXI Legislatura y hasta la fecha, los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD han emitido puntos de acuerdo relativos a los temas de VPH y cáncer cérvico-uterino, así como los recursos que se asignan para su control y combate.
En atención a lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos justos y suficientes para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo del año 2010.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
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