- De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
- Del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas
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Comunicaciones
Iniciativa del Ejecutivo
- Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal
Oficios
- De la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008
- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes a enero de 2010, desagregada por tipo de fondo
- De la Secretaría de Gobernación, dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Gobernación, cinco con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente
Iniciativas
- Del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74, fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo
Oficios II
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona uno tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Ranulfo Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el orden de los subsecuentes, al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Solicitudes de particular
- Del ciudadano Antonio Ruiz Caballero, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España
Comunicaciones
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 70 aniversario del establecimiento del Día de la Bandera el próximo 24 de febrero, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Guadalupe Lozada León
Coordinadora
DEL DIPUTADO JESÚS EVERARDO VILLARREAL SALINAS
Palacio Legislativo, 18 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LXI Legislatura por tiempo indefinido, a partir del jueves 25 del presente mes y año.
Por otra parte me refiero a mi escrito de fecha 17 de febrero del año en curso, por el que solicite licencia para separarme de mi cargo por tiempo indefinido, el cual queda sin efectos, prevaleciendo la presente solicitud.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
Atentamente
Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica)
Iniciativas
DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Manuel Minjares Jiménez (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Un Estado democrático y social de derecho es aquel que en todas sus manifestaciones y relaciones con la sociedad, respeta la legalidad y dota de mecanismos e instrumentos que garanticen el justo equilibrio entre el orden social y las libertades individuales, soporte indispensable para la armónica convivencia.
Sólo se entiende el origen y justificación del Estado, si se dirige su acción a proteger y salvaguardar la dignidad humana, en su ámbito individual y en su vida comunitaria.
En México y en el mundo, la delincuencia actúa cada vez con más violencia, mejor organización y mayor eficacia.
Es honesto reconocer, que en contraste, las instancias e instituciones encargadas de hacer frente al fenómeno delictivo no han respondido con la eficacia requerida, lo que hace imperiosa la necesidad de establecer estrategias, métodos y técnicas modernas para su combate.
Esta desproporción entre la acción delictiva y los métodos y mecanismos de reacción, aumenta el riesgo de la desestabilización del orden social. De ahí la importancia de que de manera coincidente, se establezcan las bases que sustenten y fortalezcan a nivel nacional una política de combate a la delincuencia.
Mediante un proceso lento de maduración de la visión de la seguridad pública, el sistema constitucional mexicano parte de la convicción de que para combatir eficazmente los hechos antisociales, se deben atacar los factores o causas que los generan.
La preocupación del gobierno de la República es establecer reglas que permitan un orden con libertad. Esa preocupación se ha traducido en un esfuerzo para reformar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal a mi cargo el 9 de marzo de 2007 al Congreso de la Unión, en donde se elaboró el siguiente diagnóstico:
b) El sistema de justicia penal mexicano ha sido objeto recurrente de críticas y llamados a su modernización por la sociedad en general, así como por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y
c) Los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en el país en los últimos años, lo que provoca que se alejen las inversiones, que haya una percepción de temor generalizado y de desconfianza en las instituciones públicas.
A partir de este diagnóstico, se reconocieron las siguientes necesidades:
a) Es imperativo revertir los índices de inseguridad pública para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones;
b) Que la sociedad sienta la certeza de que ante la comisión de un delito, sea de la importancia que sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta;
c) Que la víctima del delito tenga la certeza de que estarán a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado, y
d) Generar un ambiente de paz pública que devuelva la tranquilidad a las familias en un marco de libertad y justicia. Ante el reclamo de la sociedad mexicana de más seguridad pública, la demanda de mayor número de elementos de vigilancia y su cercanía con los vecinos para atender las distintas zonas y modalidades que opera la delincuencia, la desconfianza y escepticismo sobre la actuación de los elementos de las corporaciones policiales, han creado la necesidad de nuevos sistemas, medios y productos tecnológicos, auxiliares en la prevención, vigilancia y combate a la inseguridad pública.
A partir de dicha reforma, el artículo 21 establece que: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala".
El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las facultades que no están expresamente concedidas por la Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
Dicho principio residual no opera para el Distrito Federal, sujeto a un régimen jurídico de excepción, en el que durante muchas décadas el Congreso de la Unión realizó funciones de Congreso Local y fue hasta 1988 en que se crea un Órgano Representativo Local, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con facultades reglamentarias y de gestoría, no ubicable en alguno de los tres poderes tradicionales y que evolucionó a Asamblea Legislativa, reservándose todavía hasta la fecha el Congreso federal materias locales, como la de seguridad pública.
Con base en ese régimen de excepción, el pacto federal opera para el Distrito Federal a la inversa que para el caso de los Estados, estableciendo en la fracción V, del Apartado C, Base Primera del artículo 122 constitucional, un marco normativo de facultades expresas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por tanto, si a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad pública y justicia, los órganos legislativos federal y de las entidades federativas deben legislar en el ámbito de sus competencias constitucionales, las materias que mandata la citada reforma, para el caso específico del Distrito Federal resulta obligado identificar con precisión aquellas materias que son de competencia Federal, por lo que la emisión de las Leyes correspondientes está a cargo del Congreso de la Unión y aquellas que competen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por mandato expreso del artículo 122 de la Constitución.
A efecto de determinar dicho ámbito de competencia, cabe precisar que también se reformó el artículo 73, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de concederle al Congreso la facultad de expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la misma.
En ejercicio de la atribución anterior, el Congreso de la Unión emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde, en esencia, se establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, que el Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres Órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública, y
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
En razón de lo anterior, resultó imperioso realizar un cuidadoso proceso de análisis para que en los contenidos de la presente iniciativa, no se invadiera el ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa.
El artículo 21 constitucional recoge la visión moderna e integral de la Seguridad Pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Asimismo, que la actuación de las instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Conscientes de la necesidad de integrar un bloque común articulado, comunicado y organizado, que haga frente a todo tipo de delincuencia, el legislador constituyente obliga a los tres órdenes de gobierno a conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a coordinarse entre sí, adoptando en las legislaciones locales las bases mínimas que establezca el Congreso Federal.
Las referidas bases, establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen por objeto:
b) Establecer la distribución de competencias, y
c) Establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en la materia.
Reconoce la importancia de combatir a la delincuencia por las causas y factores que la generan, al crear el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como la de involucrar la participación comunitaria, al reconocerle el carácter de coadyuvante y corresponsable de las autoridades, tanto a través de su forma desorganizada como de la sociedad organizada, para lo cual este Centro establecerá mecanismos para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema.
Dota de fuerza política a la estructura del Consejo Nacional, lo que contribuirá al cumplimiento de los acuerdos y compromisos del referido órgano, al prever que será el titular del Ejecutivo federal quien lo presidirá, que el Secretario de Gobernación lo suplirá y que los demás integrantes deberán asistir personalmente.
Aporta las bases de coordinación para armonizar el funcionamiento de los integrantes del sistema, define las competencias de estructuras federales y los lineamientos generales que deberán adoptar los Sistemas de Seguridad Pública de las Entidades Federativas.
Su amplio contenido regulatorio encamina a la homologación de las corporaciones policiales, al definir lineamientos, bases de profesionalización, capacitación y especialización, contenidos mínimos de programas, fines, categorías, el informe policial homologado, así como requisitos a cubrir para conformar cuerpos de investigación. A través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificará el correcto funcionamiento de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal y la evaluación periódica mediante el proceso de certificación.
Asimismo, prevé la obligación para la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios de trabajar para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red local con las bases de datos criminológicos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello, facilita la unificación de sistemas y equipos tecnológicos, así como el intercambio de información.
La entrada en vigor de la multicitada Ley General, posibilita y obliga a las entidades federativas a expedir la legislación local correspondiente.
La legislación que se propone no tiene precedente para el caso del Distrito Federal, en razón de que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, actualmente en vigor, se elaboró previamente a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública previsto en reforma constitucional de 1994, que dio lugar a la expedición de la ahora abrogada Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en 1995 y que en su artículo 18 preveía la conformación de Consejos Locales y Regionales de coordinación, encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno.
No obstante, durante los más de 13 años de vigencia de la abrogada Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se hicieron las correspondientes adecuaciones a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ahora, ante la gran cantidad de reformas constitucionales de 2008, desarrolladas en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública de enero de 2009, resulta imperiosa la adecuación las disposiciones aplicables en el Distrito Federal, por lo cual se propone crear una Ley del Sistema de Seguridad Pública local.
Por los argumentos y fundamentos expuestos a lo largo de la presente exposición de motivos, se somete a la consideración de esa Soberanía la correspondiente Iniciativa, integrada de la siguiente manera:
El Titulo Primero es definitorio de su objeto, consistente en regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como su coordinación con la federación, estados y municipios en la materia.
Armoniza las definiciones con aquellas que establece la Ley General y define otros conceptos para identificar autoridades, instrumentos y dependencias en el ámbito local.
En el Título Segundo, "del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal", como parte de los contenidos del Sistema y un paso contundente en la regulación normativa, se regulan las instancias que lo conforman: el Consejo y el Secretariado Ejecutivo; la normatividad relativa a los distintos rubros del servicio de carrera; las obligaciones en materia de información, como son la sistematización y clasificación, el intercambio, suministro y acceso a la información, la certificación de esta información, el Registro Administrativo de Detenciones, la participación en el Sistema Único de Información Criminal, en el Registro Nacional de Personal y en el Registro Nacional de Armamento y Equipo.
Entre los contenidos relevantes para el Sistema, se prevé la Prevención del Delito y la Participación Ciudadana y Vecinal, en congruencia con el reconocimiento que hace el Constituyente del carácter de coadyuvante que tiene la comunidad con las Instituciones de Seguridad Pública.
Por otra parte y en atención a que el Artículo 122 Constitucional le atribuye competencia expresa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la organización de la administración pública local, así como en materia de participación ciudadana y prevención del delito, entre otras, las referencias generales y regulaciones que contempla este Título y otros de la presente Iniciativa, son las estrictamente atribuibles al Congreso Federal en sus funciones de Congreso Local, relacionadas con su participación dentro del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el entendido de que será la Asamblea Legislativa la que elabore aquellas leyes de su competencia y reforme otras que en ese ámbito requieran ser armonizadas con la reforma constitucional y legal.
De manera contundente, se establece que para dar cumplimiento al eje del Sistema Nacional, el Distrito Federal deberá coordinarse con la Federación, Estados y Municipios en un marco de respeto a sus respectivas atribuciones.
Se regulan los objetos del Consejo Local, como instancia fundamental del Sistema Nacional. Se le dota de atribuciones y enlistan sus integrantes, previendo que la Presidencia la asuma el Jefe de Gobierno, quien podrá ser suplido el Secretario de Gobierno, mientras que el resto de los integrantes deberán asistir personalmente a las sesiones.
Se estimó pertinente introducir en esta normatividad la disposición consistente en que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, aun cuando no forma parte del Consejo, contribuya con las instancias del Sistema Nacional en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones.
El motor para dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y otras funciones determinantes para el real funcionamiento del Sistema Local, lo constituye el Secretario Ejecutivo. Su titular deberá de contar con dos años de residencia efectiva en el Distrito Federal, anteriores a su nombramiento, a fin de garantizar el conocimiento básico del territorio y la realidad de la seguridad pública local y contar con cinco años de experiencia en la materia.
Por otra parte, de manera detallada se establecen cinco materias en las que las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse:
b) Cooperación en la instrumentación de operativos policíacos;
c) Intercambio académico y de experiencias para robustecer la profesionalización de sus integrantes;
d) Diseño y operación de los mecanismos y lineamientos conforme a los cuales la Policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, actuará bajo la autoridad y mando del Ministerio Público, cuando intervenga en la averiguación o persecución de un delito, y
e) Las demás que se determinen en otras leyes o mediante los convenios y bases de coordinación interinstitucional que al efecto se celebren.
Además, se proponen por lo menos tres comisiones permanentes del Consejo: de Información, de Certificación y Acreditación y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
El Título Tercero regula la Información sobre Seguridad Pública, estableciendo un marco regulatorio en detalle sobre: a) la sistematización y clasificación de la Información; b) el intercambio, suministro y acceso a la Información; c) la Certificación de la Información; d) el Registro Administrativo de Detenciones, y e) la Participación del Distrito Federal en el Sistema Único de Información Criminal, así como en los Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública y de Armamento y Equipo.
El Titulo Cuarto, regula el Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el Distrito Federal, obligando a las instancias encargadas de su elaboración, a que éste guarde congruencia con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, las metas y objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo de Seguridad Pública Local. El Programa deberá contener, al menos:
b) Las metas y objetivos específicos a alcanzar;
c) Las líneas de estrategia para el logro de sus metas y objetivos específicos;
d) Los subprogramas específicos, incluidos los delegacionales, con sus respectivas acciones y metas operativas correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o con los Gobiernos de los Estados o Ayuntamientos de los Municipios colindantes con el Distrito Federal y aquellas que requieran de concertación con los grupos sociales, y
e) Las unidades administrativas responsables de su ejecución.
En el Título Quinto se regulan los Principios Rectores de las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se contemplan las obligaciones para los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, tales como el empleo de la fuerza de manera congruente, oportuna y proporcional al hecho; conducirse con imparcialidad y sin discriminación; abstenerse de disponer bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia; actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias, identificarse ante el ciudadano, elaborar el Informe Policial Homologado, entre otras.
Regula el régimen disciplinario para los integrantes de las Instituciones Policiales, obligando a cada una a establecer una Comisión de Honor y Justicia, sus competencias e integración.
Establece las etapas de los procedimientos administrativos de remoción y de separación a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dotan de certeza y garantías a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.
El Título Sexto, "De la Administración de los Fondos de Ayuda Federal", establece que dichos fondos, asignados al Gobierno del Distrito Federal o sus Delegaciones, se regularán, administrarán y supervisarán de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y se deberán concentrar en una cuenta específica, así como los rendimientos que se generen para una debida identificación y control.
El jefe de Gobierno deberá presentar ante el Consejo, a través del Secretario Ejecutivo, un Informe trimestral. La transparencia, control y rendición de cuentas constituyen los contenidos de este Título.
Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confieren la fracción I del artículo 71, así como la fracción I del apartado B, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL:
ARTÍCULO ÚNICO. Se EXPIDE la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal.
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Capítulo Único
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio del Distrito Federal y tienen por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como su coordinación con la Federación, los Estados y los Municipios, en esta materia.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
II. Asamblea Legislativa, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
III. Autoridades jurisdiccionales del fuero común del Distrito Federal, a los Jueces de primera instancia y Magistrados de segunda instancia, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con arreglo a su Ley Orgánica;
IV. Autoridades jurisdiccionales del fuero federal, a los Jueces de Distrito, Magistrados Unitarios y Magistrados de Circuito, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con arreglo a su Ley Orgánica;
V. Consejo de Seguridad Pública, al Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal;
VI. Delegaciones, a los Órganos Político Administrativos establecidos en cada Circunscripción Territorial del Distrito Federal;
VII. Fondos de ayuda federal, a los Fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compuestos por los recursos destinados para el mismo fin, previstos en el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto;
VIII. Información para la Seguridad Pública, a la compuesta por los datos relativos al ejercicio de las funciones de prevención, investigación y persecución de los delitos y faltas administrativas, así como para la reinserción social del sentenciado, generados a través de la actuación, observación, recopilación y sistematización de los elementos de las Instituciones Policiales y de la Procuraduría General de Justicia; de la captación por equipos y sistemas tecnológicos en términos de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y la generación de productos de inteligencia;
IX. Instituciones de Seguridad Pública, a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, de justicia para adolescentes y dependencias encargadas de la Seguridad Pública del Distrito Federal;
X. Instituciones Policiales, a los cuerpos de policía, ministerial, de investigación científica de los delitos, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos y, en general, todas las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la seguridad pública que realicen funciones similares;
XI. Jefe de Gobierno, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
XII. Jefes Delegacionales, a los Titulares de los Órganos Político Administrativos establecidos en cada Circunscripción Territorial del Distrito Federal;
XIII. Ley General, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XIV. Procuraduría General de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;
XV. Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito, al Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito del Distrito Federal;
XVI. Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y
XVII. Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
II. La investigación para hacerla efectiva;
III. La sanción de las infracciones administrativas;
IV. La investigación y la persecución de los delitos;
V. La reinserción social del individuo, y
VI. La justicia para adolescentes.
Los Centros de Evaluación y Control de Confianza que se establezcan en el Distrito Federal deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezcan las disposiciones aplicables. Sin dicha acreditación los Centros de Evaluación y Control de Confianza no podrán emitir certificados.
Artículo 5. Corresponde al Presidente de la República el mando supremo de la fuerza pública en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Los mandos superiores de la Policía del Distrito Federal y de la Policía Judicial del Distrito Federal serán designados por el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal o por el Procurador General de Justicia según corresponda. Dichos nombramientos serán aprobados por el Presidente de la República.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Capítulo I
De la organización del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal
Artículo 6. El Sistema de Seguridad Pública, en el ámbito de competencia local del Distrito Federal, comprende:
a) El Consejo de Seguridad Pública, que será la instancia local de coordinación y definición de políticas públicas, y
b) El Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública.
II. Desarrollo Policial, compuesto por:
a) Servicio de Carrera, que comprende el reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el Distrito Federal;
b) La Profesionalización, que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales;
c) Régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el Distrito Federal;
d) Sistemas ordinarios y complementarios de seguridad social de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, y
e) Reconocimientos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal.
III. Obligaciones en materia de información para la seguridad pública, que comprenden:
a) Sistematización y clasificación de la información para la seguridad pública;
b) Intercambio, suministro y acceso a la información para la seguridad pública;
c) Certificación de la información para la seguridad pública;
d) Registro Administrativo de Detenciones;
e) Participación del Distrito Federal en el Sistema Único de Información Criminal;
f) Participación del Distrito Federal en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y
g) Participación del Distrito Federal en el Registro Nacional de Armamento y Equipo.
IV. Prevención del delito;
V. Participación Ciudadana y Vecinal para la seguridad pública;
VI. La administración de los fondos de ayuda federal, y
VII. Servicios de seguridad privada.
El Jefe de Gobierno y los demás servidores públicos competentes participarán en las Instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública en representación del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por la Ley General.
Artículo 8. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General, el Gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con la Federación, los Estados y los Municipios, en un marco de respeto a sus respectivas atribuciones.
Artículo 9. El Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal contará, para su funcionamiento y operación, con las instancias, instrumentos, políticas y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.
Capítulo II
Del Consejo de Seguridad Pública
Artículo 10. El Consejo de Seguridad Pública es una instancia del Sistema de Seguridad Pública que tiene por objeto:
II. Coordinar, planear e implementar las acciones, políticas y programas acordados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal, y
III. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de competencia del Distrito Federal.
II. Atender y ejecutar los Acuerdos, lineamientos y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sean aplicables al Distrito Federal;
III. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal;
IV. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública del Distrito Federal;
V. Establecer políticas en materia de atención a víctimas del delito en el Distrito Federal;
VI. Promover la efectiva coordinación del Gobierno del Distrito Federal con las demás instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;
VII. Formular propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito del Distrito Federal;
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito del Distrito Federal y otros relacionados;
IX. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y de Prevención del Delito del Distrito Federal y otros relacionados;
X. Establecer medidas para vincular al Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal con otros nacionales, regionales o locales;
XI. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;
XII. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
XIII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;
XIV. Crear grupos de trabajo, que dependerán del propio Consejo, para el apoyo de las funciones específicas que se le encomienden, conforme al ámbito de competencias que le otorga esta Ley;
XV. Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 39, Apartado B, de la Ley General, y
XVI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal.
II. El Secretario de Gobierno;
III. El Secretario de Seguridad Pública;
IV. El Procurador General de Justicia;
V. Los Jefes Delegacionales, y
VI. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública.
Artículo 13. El Consejo de Seguridad Pública podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a los servidores públicos, personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico.
Serán invitados permanentes en el Consejo:
II. Los Diputados Presidentes de las Comisiones de Gobierno, de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;
IV. El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;
V. El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y
VI. El Director General del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal.
Artículo 14. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contribuirá con las Instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 15. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública será designado y removido libremente por el Jefe de Gobierno y deberá reunir los siguientes requisitos:
II. Ser originario o vecino del Distrito Federal con residencia efectiva de dos años anteriores al día de su designación;
III. Tener más de treinta años de edad;
IV. Contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura debidamente registrados, con una antigüedad mínima de cinco años de su expedición;
V. Tener reconocida capacidad y contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
VI. No haber sido sentenciado, a través de sentencia firme, por delito doloso o inhabilitado como servidor público, por resolución que haya causado estado.
II. Vigilar el debido resguardo de la información contenida en las bases de datos establecidas en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, que capturen las Instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y otros servidores públicos autorizados para ello;
III. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias locales de coordinación del Distrito Federal;
IV. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que le sean comunicadas para su observancia en el Distrito Federal e informar de los mismos a las áreas correspondientes;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo de Seguridad Pública, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, así como expedir constancia de los mismos;
VI. Informar periódicamente de sus actividades al Consejo de Seguridad Pública y a su Presidente;
VII. Celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito competencial del Distrito Federal;
VIII. Verificar el cumplimiento, por parte de las autoridades locales del Distrito Federal, de las disposiciones de la Ley General, de esta Ley, de los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo de Seguridad Pública;
IX. Verificar que las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal cumplan con las políticas, lineamientos, protocolos y acciones que para su buen desempeño aprueben el Consejo de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
X. Verificar que se cumplan los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal que se acuerden por las Instancias competentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XI. Dar seguimiento a las obligaciones contraídas por el Gobierno del Distrito Federal en las Conferencias Nacionales, informando lo procedente al Consejo de Seguridad Pública;
XII. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo de Seguridad Pública;
XIII. Colaborar con las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación, en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
XIV. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal;
XV. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las Instituciones de Seguridad Pública;
XVI. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública;
XVII. Colaborar con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables, y
XVIII. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo de Seguridad Pública o su Presidente.
Artículo 18. El Consejo de Seguridad Pública podrá funcionar en Pleno o en las comisiones que se establezcan. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.
El quórum para las reuniones del Consejo de Seguridad Pública se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.
Corresponderá al Presidente del Consejo de Seguridad Pública, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Los miembros del Consejo de Seguridad Pública podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Artículo 19. El Consejo de Seguridad Pública contará, por lo menos, con las siguientes comisiones permanentes:
II. De Certificación y Acreditación, y
III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.
Artículo 20. El Consejo de Seguridad Pública establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito.
Al efecto, el Secretario Ejecutivo se coordinará con la Comisión permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo de Seguridad Pública para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones que establece la legislación en materia de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, así como a los acuerdos tomados en el seno del propio Consejo.
Artículo 21. El Consejo de Seguridad Pública, a través de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, supervisará las entidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública y diseñará los mecanismos para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y en los de las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo siguiente:
II. Las estructuras de participación comunitaria en materia de seguridad pública en el Distrito Federal fomentarán que dicha participación sea amplia, incluyente, corresponsable, legal y formadora de una cultura cívica, y
III. Las Instituciones de Seguridad Pública se coordinarán entre sí, con los sectores de la sociedad, con las Instituciones de Seguridad Pública Federales y con las Delegaciones, para alcanzar una amplia participación de los habitantes, ciudadanos y vecinos del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la legislación aplicable.
De la coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 22. Las Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal coordinarán, operativa y administrativamente, sus actividades en las siguientes materias:
II. Cooperación en la instrumentación de operativos policíacos;
III. Intercambio académico y de experiencias para robustecer la profesionalización de sus integrantes;
IV. Diseño y operación de los mecanismos y lineamientos conforme a los cuales la Policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, actuará bajo la autoridad y mando del Ministerio Público, cuando intervenga en la averiguación o persecución de un delito, y
V. Las demás que se determinen en otras leyes o mediante los convenios y bases de coordinación interinstitucional que al efecto se celebren.
Artículo 24. El Jefe de Gobierno, en términos de la Ley General, está facultado para suscribir los siguientes convenios:
Será objeto de atención prioritaria la coordinación de acciones con los Estados y Municipios conurbados al Distrito Federal, en el marco de atribuciones que establece la Ley General.
II. Con la Federación, los Estados, los Municipios, las Delegaciones y las Instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para homologar los equipos y sistemas tecnológicos empleados para la seguridad pública así como para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previstas en la Ley General y en la presente Ley;
III. Los necesarios para homologar el número y el servicio de llamadas de emergencia así como el servicio de denuncia anónima del Distrito Federal con los establecidos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para todo el país;
IV. De intercambio o suministro de Información para la Seguridad Pública con la Federación, los Estados, los Municipios o la Delegaciones, así como con las Instancias de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
V. Con el Poder Judicial de la Federación o con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con objeto de que suministre información sobre administración de justicia, a efecto de que sea inscrita en la base de datos a que hace referencia la presente Ley.
DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo I
De la sistematización y clasificación de la Información para la Seguridad Pública
Artículo 25. Las Instituciones de Seguridad Pública sistematizarán diariamente la Información para la Seguridad Pública o la que se convengan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los procesos de suministro, intercambio, consulta, análisis y actualización de la Información para la Seguridad Pública, se realizarán a través de equipos y sistemas tecnológicos.
Artículo 26. Toda Información para la Seguridad Pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los siguientes casos:
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal;
III. La que sea producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales correspondientes, y
IV. La contenida en averiguaciones previas, expedientes y demás archivos relativos a la investigación para la prevención y la investigación de los delitos y faltas administrativas.
Artículo 28. Las Instituciones de Seguridad Pública atenderán las medidas dictadas por el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada.
Capítulo II
Del intercambio, suministro y acceso a la Información para la Seguridad Pública
Artículo 29. Las Instituciones de Seguridad Pública intercambiarán Información para la Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con el Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.
En los convenios que se celebren, la información que obre en poder del Distrito Federal o que se suministre a éste se regirá por las disposiciones de confidencialidad y reserva que establece la presente Ley, así como las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública y de Protección a los Datos Personales, todas del Distrito Federal.
Artículo 30. No se podrán celebrar convenios para el intercambio o suministro de Información para la Seguridad Pública, con instituciones públicas extranjeras o privadas de cualquier nacionalidad.
Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior, el intercambio o suministro de Información para la Seguridad Pública con prestatarios de servicios de seguridad privada, por lo que el Jefe de Gobierno está facultado para suscribir con los mismos, convenios de suministración de Información para la Seguridad Pública, conforme a los medios y controles que para la información de esta naturaleza, establece la Ley General, atendiendo a lo siguiente:
b) Que el suministro de Información para la Seguridad Pública tenga como función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de sus servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o complementarias de la seguridad pública;
c) Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de suministro de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de Seguridad Pública conforme al artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y
d) Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los últimos seis meses por la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
Artículo 31. Toda Información para la Seguridad Pública en poder de Instituciones de Seguridad Pública deberá suministrarse, debidamente certificada, a cualquiera de las autoridades judiciales o administrativas del Distrito Federal competentes para requerirla, siempre y cuando se relacione con el cumplimiento de sus atribuciones.
Todo requerimiento de Información para la Seguridad Pública deberá contener, por lo menos, el número de averiguación previa, el asunto o expediente y la autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto.
Artículo 32. Son autoridades competentes para requerir información para la Seguridad Pública, las siguientes:
a) Que conozcan de la probable comisión de un delito, en todas sus instancias;
b) Especializadas en justicia para adolescentes;
c) En relación con las medidas que deban tomarse respecto a las mujeres víctimas de violencia, en los términos de la normatividad aplicable, y
d) Especializadas en extinción de dominio.
II. Las autoridades jurisdiccionales federales que conozcan de un juicio de Amparo;
III. Las autoridades administrativas competentes para imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas derivadas de conductas relacionadas con las materias que regula la presente ley, y
IV. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando conozca de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas con las materias que regula la presente ley.
Los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que participen en la obtención, clasificación, análisis o custodia de Información para la Seguridad Pública, deberán abstenerse de guardar o transferir el original o la copia de dicha información.
Todo servidor público, independientemente de su adscripción, deberá acatar las disposiciones de este artículo cuando, por razón de su encargo, conozca o maneje la Información para la Seguridad Pública que haya sido reservada.
Artículo 34. La inobservancia a lo dispuesto en el artículo precedente, constituye responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la sanción prevista en el Código Penal para el Distrito Federal y otras disposiciones aplicables.
Capítulo III
De la certificación de la Información para la Seguridad Pública
Artículo 35. El Jefe de Gobierno, los Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública así como el Procurador General de Justicia, por sí o a través de los servidores públicos en los que deleguen dicha función, de conformidad con los lineamientos de la presente Ley, podrán certificar la Información para la Seguridad Pública contenida en las bases de datos de las Instituciones de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
La facultad de certificación podrá delegarse en los servidores públicos que se considere procedente, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Artículo 36. La certificación a que hace referencia el artículo anterior, tendrá las modalidades siguientes:
II. Certificación de información y documentos de respaldo, y
III. Certificación de información obtenida por la Secretaría de Seguridad Pública con equipos y sistemas tecnológicos.
Artículo 38. La certificación de información inscrita se realizará a través de una razón que obrará en la última foja de los documentos o en una anexa, donde se asentará lo siguiente:
II. Preceptos legales y reglamentarios que regulan la certificación de información inscrita, así como de las facultades del servidor público que la emite para realizarla;
III. Descripción de la información que se certifica, señalando la base de datos de que se obtuvo, el día y hora en que se imprimió la misma y el número de hojas en que obra ésta, precisando si abarca una o ambas caras de la misma, y
IV. Referencia expresa que la impresión que se certifica es reproducción fiel de la base de datos de donde se obtuvo.
Artículo 39. La certificación de información inscrita que se ofrezca en juicios o procedimientos del fuero común del Distrito Federal, con arreglo a la presente Ley, será valorada de conformidad con las leyes procesales aplicables.
Artículo 40. La certificación de información y documentos de respaldo, es el acto de autoridad plasmado en un instrumento público a través del cual la autoridad competente por Ley o delegación de facultades hace constar que la Información para la Seguridad Pública materia de la certificación se encuentra inscrita de esa forma en las bases de datos de las Instituciones de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública acompañada de documentos y otras pruebas en poder del Gobierno del Distrito Federal.
Artículo 41. La certificación de información y documentos de respaldo se realizará a través de una razón que obrará en la última foja de los documentos o en una anexa, donde se asentará lo siguiente:
II. Preceptos legales y reglamentarios que regulan la certificación de información inscrita así como de las facultades del servidor público que la emite para realizarla;
III. Descripción de la información que se certifica, señalando la base de datos de que se obtuvo, el día y hora en que se imprimió la misma y el número de hojas en que obra ésta, precisando si abarca una o ambas caras de la misma;
IV. Relación de las documentales públicas y otras probanzas en poder del Gobierno del Distrito Federal que respaldan la información que se certifica;
V. Referencia expresa que la impresión que se certifica es reproducción fiel de la base de datos de la que se obtuvo, y
VI. Referencia que las documentales y demás pruebas soporte son copia fiel de su original y que se acompañan a la certificación de la información obtenida en base de datos.
Artículo 42. La certificación de información y documentos de respaldo que se ofrezca en juicios o procedimientos del fuero común del Distrito Federal, con arreglo a la presente Ley, será valorada de conformidad con las leyes procesales aplicables, las que deberán establecer reglas para determinar su valor y alcance probatorios, tanto de la información certificada como de los documentos que se le acompañaron.
Artículo 43. La certificación de información obtenida por la Secretaría de Seguridad Pública con equipos y sistemas tecnológicos, así como su valor y alcance probatorios se regirán por lo dispuesto en la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.
Capítulo IV
Del Registro Administrativo de Detenciones
Artículo 44. Se establece el Registro Administrativo de Detenciones a cargo del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, que se interrelacionará con sus semejantes de la Federación, de los Estados y de los Municipios, de conformidad con los convenios que se suscriban en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 45. Todo agente policial que realice una detención de un mayor de edad al que se le imputa la comisión de un delito o de un menor de edad que probablemente cometió una conducta tipificada como delito por las leyes penales, elaborará el Informe Policial Homologado y lo comunicará de inmediato al Centro Nacional de Información.
Artículo 46. El Informe Policial Homologado contendrá, por lo menos, los siguientes datos:
a) El área que lo emite;
b) El usuario capturista;
c) Los datos generales de registro, y
d) Nombre, cargo y adscripción de los agentes policiales responsables del informe.
II. Información sobre el evento, compuesto por:
a) Motivo del evento, precisando su tipo y subtipo;
b) La ubicación del evento y en su caso, los caminos para acceder a él, y
c) La descripción de hechos, detallando las circunstancias de modo, tiempo, lugar y otras relevantes.
III. Diligencias policiales, integrado por:
a) Las entrevistas realizadas, precisando el nombre y domicilio de los entrevistados así como el resultado de las mismas;
b) En su caso, los objetos que aseguró y ante qué autoridad los puso a disposición, y
c) Si realizó diligencias de preservación del lugar de los hechos, en qué consistieron las mismas o las razones por las que omitió preservarlo.
IV. Información relacionada con las detenciones, consistente en:
a) Nombre del detenido y en su caso, apodo;
b) Descripción del detenido;
c) Motivo de la detención;
d) Estado físico aparente del detenido, precisando si se le causaron lesiones al momento de detenerlo y en qué consistieron éstas;
e) Objetos que le fueron encontrados, y
f) Autoridad y lugar en que fue puesto a disposición.
Artículo 47. El Registro Administrativo de Detenciones se compone de las siguientes secciones:
II. Procuración de Justicia, y
III. Justicia para adolescentes.
a) Nombre del detenido y apodo, en su caso;
b) Descripción del detenido;
c) Motivo de la detención;
d) Estado físico aparente del detenido, precisando si se le causaron lesiones al momento de detenerlo y en qué consistieron éstas;
e) Nombre, cargo y adscripción de los agentes policiales responsables de la detención;
f) Autoridad y lugar en que fue puesto a disposición, y
g) Los objetos que aseguró y ante qué autoridad los puso a disposición.
II. De la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia, los siguientes datos del detenido:
a) Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
b) Clave Única de Registro de Población;
c) Grupo étnico al que pertenezca;
d) Resultado del o los exámenes médicos practicados;
e) Huellas dactilares;
f) Identificación antropométrica, y
g) Dictámenes periciales u otros medios que permitan su identificación.
III. De la información proporcionada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, los siguientes datos del detenido:
a) Ficha signaléctica o cualquier otra forma de identificación del interno, y
b) Cualquier otro medio que se genere en dicha dependencia y que permita su identificación.
a) Consignación del detenido;
b) Acuerdo de no ejercicio de la acción penal temporal o definitivo;
c) Acuerdo de libertad, señalando la razón de la misma, o
d) Remisión al Agente del Ministerio Público Federal o Estatal por incompetencia.
II. Institución y domicilio donde queda recluido el detenido o señalamiento de que se dejó en libertad y en su caso, el monto de la caución otorgada;
III. La admisión de cualquier medio de impugnación contra el no ejercicio de la acción penal y el sentido de la resolución que se emita, y
IV. Las devoluciones que realice el Órgano Jurisdiccional competente del expediente consignado para su perfeccionamiento, en términos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
a) Nombre del adolescente detenido y apodo, en su caso;
b) Descripción del adolescente detenido;
c) Motivo de la detención;
d) Estado físico aparente del adolescente detenido, precisando si se le causaron lesiones al momento de detenerlo y en qué consistieron éstas;
e) Nombre, cargo y adscripción de los agentes policiales responsables de la detención;
f) Autoridad y lugar en que fue puesto a disposición, y
g) Los objetos que aseguró y ante qué autoridad los puso a disposición.
II. De la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia:
a) Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión del adolescente detenido;
b) Clave Única de Registro de Población del adolescente detenido;
c) Grupo étnico al que pertenezca el adolescente detenido;
d) Resultado del o los exámenes médicos practicados;
e) Huellas dactilares del adolescente detenido;
f) Identificación antropométrica;
g) Dictámenes periciales u otros medios que permitan su identificación;
h) Determinación de las actuaciones del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, e
i) Institución y domicilio donde queda recluido el detenido, o señalamiento de que se dejó en libertad y en su caso, el monto de la caución otorgada.
Artículo 52. La Procuraduría General de Justicia y las Instituciones Policiales deberán informar a quien lo solicite, de la detención de una persona y en su caso, la autoridad a la que se puso a disposición el detenido.
Artículo 53. El Registro Administrativo de Detenciones ajustará sus dispositivos tecnológicos conforme a lo establecido en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Artículo 54. La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. Sólo podrán tener acceso a la información contenida en el registro:
II. Los probables responsables, únicamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 55. El Registro Administrativo de Detenciones no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.
Artículo 56. Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran el Registro Administrativo de Detenciones.
Al servidor público que quebrante la reserva de este registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Capítulo V
De la participación del Distrito Federal en el Sistema Único de Información Criminal y en los Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública y de Armamento y Equipo
Artículo 57. Las Instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, están encargadas de integrar y actualizar permanentemente el Sistema Único de Información Criminal, así como los Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública y de Armamento y Equipo.
Artículo 58. La integración y actualización permanente a que se hace referencia en el artículo anterior, deberá realizarse en los términos establecidos en la Ley General, en esta Ley, así como en los acuerdos y convenios en los que el Distrito Federal sea parte y que se suscriban en esta materia.
Artículo 59. Las Instituciones de Seguridad Pública podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al Sistema Único de Información Criminal, inmediatamente después que deje de existir tal condición.
Cuando se reserve alguna información, las Instituciones de Seguridad Pública, deberán dar aviso al Centro Nacional de Información, motivando esta reserva.
Artículo 60. Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a la que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 61. Las Instituciones de Seguridad Pública remitirán al Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, la información relativa a los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a sus servidores públicos, en un periodo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que se realicen cambios en dicha información.
Con dicha información, el Secretariado Ejecutivo implementará una base de datos que deberá compartirse con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 62. En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes.
TÍTULO CUARTO
PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA EL DISTRITO FEDERAL
Capítulo Único
Artículo 63. El Programa de Seguridad Publica y Prevención del Delito es el instrumento legal a cargo del Jefe de Gobierno, obligatorio para todos los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, que contiene:
II. Las metas y objetivos específicos de dicha política;
III. Las acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar las Instituciones de Seguridad Pública, en el corto, mediano y largo plazo;
IV. El diagnóstico de la situación que presenta la seguridad pública en el Distrito Federal;
V. Las metas y objetivos específicos a alcanzar;
VI. Las líneas de estrategia para el logro de sus metas y objetivos específicos;
VII. Los subprogramas específicos, incluidos los delegacionales, con sus respectivas acciones y metas operativas correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con Dependencias y Organismos de la Administración Pública Federal o con los Gobiernos de los Estados o Ayuntamientos de los Municipios colindantes con el Distrito Federal y aquellas que requieran de concertación con los grupos sociales, y
VIII. Las unidades administrativas responsables de su ejecución.
Artículo 64. Para la elaboración o revisión del Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito se tomará en cuenta lo siguiente:
II. Los lineamientos generales que emita el Pleno de la Asamblea Legislativa en el primer año de cada Legislatura;
III. Las opiniones que remitan, a solicitud expresa del Jefe de Gobierno, los Comités Delegacionales de Seguridad Pública y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y
IV. Opiniones de organizaciones vecinales o sociales en general.
Artículo 66. El Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito y sus revisiones se deberán publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y de considerarse necesario por la propia autoridad, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Artículo 67. Corresponde a los Titulares de las Instituciones de Seguridad Pública y a los Jefes Delegacionales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la implementación del Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
Artículo 68. El Jefe de Gobierno incluirá en su informe anual a la Asamblea Legislativa, los avances y los resultados de la implementación del Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
TÍTULO QUINTO
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Capítulo I
De las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública
Artículo 69. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho, de conformidad con lo dispuesto en la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal;
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XIV. Abstenerse de disponer de bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a la Ley General y la presente Ley;
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la los vecinos y habitantes del Distrito Federal, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares y que previamente exista la autorización correspondiente;
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio;
XXVIII. Proporcionar la información a que hace referencia la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal;
XXIX. Abstenerse de instruir a sus subordinados la realización de actividades ajenas al servicio de seguridad pública, y
XXX. Los demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando cumpliendo con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
VII. Responder al superior jerárquico correspondiente, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando preponderantemente la línea de mando;
VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda. Los actos que sustenten el operativo deberán estar debidamente fundados y motivados;
IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;
XI. Hacer uso de la fuerza pública, en cumplimiento de su deber, de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, en los términos establecidos en la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, y
XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
II. Cargo y nivel jerárquico;
III. Fotografía del integrante debidamente sellada en uno de sus extremos con las protecciones tecnológicas que se implementen para evitar su reproducción ilegal;
IV. Huella digital del integrante de la Institución de Seguridad Pública;
V. Clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;
VI. Firma del integrante;
VII. Nombre, cargo, nivel jerárquico y firma del servidor público que emite el documento de identificación, y
VIII. En su caso, señalar que el documento de identificación ampara la portación de arma de cargo, precisando los datos de la licencia oficial colectiva, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 73. Todo integrante de las Instituciones de Seguridad Pública tiene la obligación de identificarse, salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.
Artículo 74. Los integrantes de las Instituciones Policiales, para dar noticia de sus actividades en el desempeño del cargo, deberán llenar el Informe Policial Homologado que se establece en la presente Ley.
Artículo 75. El incumplimiento a las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública dará lugar a las sanciones consistentes en amonestación, suspensión o remoción, así como la separación, en los casos y con los procedimientos que se regulan en el presente Título.
Capítulo II
Del Régimen Disciplinario para los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública
Artículo 76. La actuación de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Ley General y 69 de esta Ley.
Artículo 77. El respeto a los derechos humanos y la disciplina son la base del funcionamiento y organización de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, así como el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos.
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.
Artículo 78. Las Instituciones de Seguridad Pública exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Artículo 79. En las Instituciones de Seguridad Pública se establecerá una Comisión de Honor y Justicia, que será competente para:
II. Resolver sobre la suspensión temporal de los elementos, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, como medida cautelar durante el transcurso del procedimiento de remoción;
III. Velar por la honorabilidad y reputación de las Instituciones de Seguridad Pública y combatir con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los integrantes de las mismas y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución, y
a) Un Presidente, que será designado por el Titular de la Institución de Seguridad Pública de la que dependa la Institución Policial, de entre los elementos policiales que tenga, por lo menos, la categoría de Inspector Jefe y una reconocida honorabilidad;
b) Un Secretario, que será el Titular del área administrativa de la Institución de Seguridad Pública encargada del apoyo técnico a las Comisiones de Honor y Justicia;
c) Un vocal, que será designado por el Contralor Interno en la Institución de Seguridad Pública, el cual tendrá un nivel mínimo de Subdirector;
d) Un vocal por cada una de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción quienes deberán ser insaculados de entre los elementos policiales que tengan por lo menos una jerarquía de subinspector, y
e) Un asesor jurídico, que será designado por el Titular del área jurídica de la Institución de Seguridad Pública, el cual tendrá un nivel mínimo de Subdirector.
II. En la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia:
a) Un Presidente, que será designado por el Titular de la Procuraduría General de Justicia, de entre los Agentes del Ministerio Público Responsables de Agencia que tenga una reconocida honorabilidad, así como una antigüedad mínima en el cargo de tres años;
b) Un Secretario, que será el Titular del área administrativa de la Procuraduría General de Justicia encargada del apoyo técnico a las Comisiones de Honor y Justicia;
c) Un vocal, que será designado por el Contralor Interno en la Procuraduría General de Justicia, el cual tendrá un nivel mínimo de Subdirector;
d) Un vocal por cada una de las Subprocuradurías y uno por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, quienes deberán ser insaculados de entre los integrantes del Servicio de Carrera Ministerial que sean, por lo menos, Agentes del Ministerio Público, y
e) Un asesor jurídico, que será designado por el Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia, el cual tendrá un nivel mínimo de Subdirector.
Artículo 82. En cada una de las Instituciones de Seguridad Pública existirá un Área encargada del apoyo técnico a las diferentes Comisiones de Honor y Justicia con que cuente la misma. Su Titular será el Secretario de éstas, por lo que deberá tener el título de licenciado en Derecho.
Artículo 83. Las Comisiones de Honor y Justicia podrán invitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cualquier Institución o a especialistas en los temas materia de las discusiones, los que tendrán voz pero no voto en las diligencias que se practiquen.
Artículo 84. El Oficial Mayor de la Institución realizará el proceso de insaculación para la elección de los vocales a que se hace referencia en el artículo 80, fracciones I, inciso d), y II, inciso d).
El proceso de insaculación será un evento con libre acceso al público, al que se deberá convocar por lo menos con cinco días hábiles de antelación y se hará del conocimiento público a través de los medios que se consideren procedentes, lo cual deberá asentarse en el acta correspondiente.
En dicho proceso, el representante de la Contraloría Interna levantará el acta correspondiente, en presencia de dos testigos, haciendo constar los hechos y la legalidad del acto.
El Representante de la Contraloría estará en posibilidad de suspender, en cualquier momento, el proceso de insaculación, por lo que podrá ordenar la reposición del mismo, a efecto de que se subsanen las irregularidades que detecte, las que deberá precisar en el acta.
Artículo 85. El Procedimiento Administrativo de aplicación de sanciones se iniciará por la Comisión de Honor y Justicia competente por solicitud de las siguientes Unidades Administrativas:
II. La Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, para los integrantes de los Servicios de Carrera Ministerial y Pericial.
Asimismo, podrán solicitar al Pleno de la Comisión competente la imposición de la suspensión temporal del integrante investigado, como medida cautelar por así convenir para la conducción o continuación de las investigaciones.
Artículo 86. El procedimiento administrativo de aplicación de sanciones tendrá las etapas siguientes:
II. Emplazamiento;
III. Audiencia y ofrecimiento de pruebas;
IV. Preparación y desahogo de Pruebas, y
V. Resolución.
Una vez recibida la solicitud, el Presidente de la Comisión, por sí o a través del Secretario, analizará las diligencias de investigación a efecto de determinar si pone a consideración del pleno de la Comisión el acuerdo de incoación del procedimiento o devuelve la solicitud con observaciones. Dicha resolución podrá ser impugnada por la Unidad Administrativa ante el Pleno de la Comisión.
En su caso, la Unidad Administrativa competente atenderá las observaciones en un plazo máximo de treinta días hábiles.
Si del análisis de la solicitud se desprende que, a juicio del Presidente de la Comisión, se cuenta con elementos suficientes, ordenará al Secretario la inmediata elaboración de acuerdo de incoación, remisión a los integrantes del Pleno y su inscripción en el orden del día de la sesión del Pleno más próxima.
Cuando el Pleno de la Comisión, por mayoría de votos, considere que del proyecto que se pone a su consideración y de las constancias que integran el expediente, se acredita la probable responsabilidad del infractor así como la obligación de realizar la conducta omitida o practicada indebidamente, ordenará inicio del procedimiento; en caso contrario, se determinará la improcedencia de la solicitud.
Artículo 88. En la etapa de emplazamiento, una vez iniciado el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia competente emitirá un citatorio al probable responsable para una audiencia, precisando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la misma, su derecho a declarar lo que le convenga y a ofrecer pruebas, debiéndose seguir los siguientes lineamientos:
b) Se le hará sabedor de su derecho a consultar el expediente por sí o por persona que autorice a través de promoción simple, en días y horas hábiles. La promoción antes referida debe ser acordada de forma inmediata a su entrega en la oficialía de partes de la Comisión;
c) Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles, y
d) La notificación de dicho citatorio será personal y se realizará en la adscripción del probable responsable o en el inmueble señalado como domicilio al área administrativa de la Institución de Seguridad Pública.
En la misma diligencia, los miembros de la Comisión de Honor y Justicia correspondiente podrán realizar las preguntas que consideren procedentes; los cuestionamientos y sus respuestas se asentarán en el acta correspondiente.
Después de desahogadas las preguntas se pasará al periodo de ofrecimiento de pruebas.
El acta que se levante será firmada por el probable responsable, su defensor, los miembros de la Comisión de Honor y Justicia correspondiente y dos testigos.
Si el probable responsable no asiste a la audiencia, precluirá su derecho a presentar su defensa, sin prejuzgar sobre la veracidad de la imputación.
Todos los acuerdos que se emitan se notificarán personalmente al probable responsable.
Artículo 90. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Secretario de la Comisión, previo acuerdo con el Presidente, a más tardar dentro del término de treinta días hábiles, pondrá a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente debiendo fundar y motivar lo siguiente:
II. Acreditación de que el probable responsable tiene la calidad de integrante del Servicio de Carrera de que se trate;
III. Análisis exhaustivo de las defensas hechas valer y de las pruebas admitidas al probable responsable;
IV. Determinación relativa a la acreditación de la responsabilidad imputada, la obligación de realizar la conducta omitida o practicada indebidamente y los artículos que se dejaron de observar o se aplicaron indebidamente;
V. En caso de acreditarse los elementos referidos en la fracción anterior la sanción correspondiente, consistente en amonestación, suspensión o remoción;
VI. Especificar los términos y plazos en que se debe aplicar la remoción girando instrucciones precisas a las autoridades competentes para ello, y
VII. En su caso, orden de iniciar investigaciones por la probable comisión de otra responsabilidad a cargo del mismo u otro integrante, levantamiento de la suspensión temporal impuesta o cualquier otra circunstancia relacionada con el asunto.
En todas las deliberaciones, antes de la votación, se escuchará la opinión del representante de la Contraloría Interna.
La resolución aprobada se suscribirá por los miembros presentes y se notificará al probable responsable dentro del término de setenta y dos horas así como a su superior inmediato, al Titular de la Institución de Seguridad Pública de que se trate y a las autoridades competentes para la aplicación de la sanción.
Cuando algún o algunos de los miembros de la Comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y lo remitirá al Presidente para que se integre a la resolución.
Artículo 92. Si en la audiencia el Presidente encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del probable responsable o de otras personas, podrá dar vista a la Unidad Administrativa competente para la práctica de investigaciones o citar para otra u otras audiencias.
Artículo 93. La imposición de la sanción que se determine, se hará con independencia de aquellas que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de conformidad con la legislación aplicable.
Capítulo III
Del Servicio de Carrera y de la Profesionalización de los Integrantes de las Instituciones Policiales del Distrito Federal
Artículo 94. El Servicio de Carrera es el sistema de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se establecen los procedimientos de las etapas previstas en el artículo 6, fracción II, inciso a) de la presente Ley.
El Servicio de Carrera y la Profesionalización se regirán por las normas previstas en el Capítulo II, del Título Quinto de la Ley General.
Artículo 95. El Servicio de Carrera será independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso los derechos adquiridos en el Servicio de Carrera implicarán inamovilidad en el cargo administrativo o de dirección.
Los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes al Servicio de Carrera.
Artículo 96. La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.
Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.
Artículo 97. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en la Academia o Instituto de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 98. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales.
Artículo 99. El régimen de estímulos y promociones se establecerá, en términos de lo previsto en la Ley General, en el Reglamento respectivo.
Artículo 100. La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa respectivo.
Artículo 101. En las Instituciones Policiales se establecerá una Comisión del Servicio de Carrera, que será competente para:
II. Resolver sobre la suspensión temporal de los elementos, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, como medida cautelar durante el transcurso del procedimiento de separación;
III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas, y
IV. Conocer de los procedimientos y controversias, así como emitir las resoluciones y determinaciones que procedan, en materia de los Servicios de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.
Artículo 103. La separación de un integrante procede por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
II. Emplazamiento;
III. Audiencia y ofrecimiento de pruebas;
IV. Preparación y desahogo de pruebas, y
V. Resolución.
Una vez recibida la información, el Presidente de la Comisión, por sí o a través del Secretario, analizará las constancias remitidas a efecto de determinar si pone a consideración del pleno de la Comisión el acuerdo de incoación del procedimiento o solicita mayores elementos probatorios.
Si del análisis de la solicitud se desprende que, a juicio del Presidente de la Comisión, se cuenta con elementos suficientes, ordenará al Secretario la inmediata elaboración del acuerdo de incoación y su inscripción en el orden del día de la sesión del Pleno más próxima.
Cuando el Pleno de la Comisión, por mayoría de votos, considere que del proyecto que se pone a su consideración y de las constancias que integran el expediente, se acredita el probable incumplimiento a los requisitos de ingreso o permanencia del integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate, ordenará el inicio del procedimiento; en caso contrario, se determinará la improcedencia de la solicitud.
Artículo 106. En la etapa de emplazamiento, una vez iniciado el Procedimiento Administrativo de Separación, el Presidente de la Comisión competente emitirá un citatorio al integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate para una audiencia, precisando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la misma, su derecho a declarar lo que le convenga y a ofrecer pruebas, debiéndose seguir los siguientes lineamientos:
b) Se le hará saber su derecho a consultar el expediente por sí o por persona que autorice a través de promoción simple, en días y horas hábiles. La promoción antes referida debe ser acordada de forma inmediata a su entrega en la oficialía de partes de la Comisión;
c) Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles, y
d) La notificación de dicho citatorio será personal y se realizará en la adscripción del probable responsable o en el inmueble señalado como domicilio en el área administrativa de la Institución de Seguridad Pública.
En la misma diligencia, los miembros de la Comisión podrán realizar las preguntas que consideren procedentes; los cuestionamientos y sus respuestas se asentarán en el acta correspondiente.
Después de desahogadas las preguntas se pasará al periodo de ofrecimiento de pruebas.
El acta que se levante será firmada por el integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate, su defensor, los miembros de la Comisión y dos testigos.
Si el integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate no asiste a la audiencia, precluirá su derecho a presentar su defensa, sin prejuzgar sobre la veracidad de la imputación.
Artículo 108. Al día hábil siguiente de la conclusión de la audiencia, iniciará el plazo de cinco días hábiles para que el Presidente de la Comisión, el Secretario y el Asesor Jurídico acuerden lo procedente a la admisión, preparación y desahogo de las pruebas.
Todos los acuerdos que se emitan se notificarán personalmente al integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate.
Artículo 109. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Secretario de la Comisión, previo acuerdo con el Presidente, a más tardar dentro del término de treinta días hábiles, pondrá a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente debiendo fundar y motivar lo siguiente:
II. Acreditación de que el servidor público involucrado tiene la calidad de integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate;
III. Análisis exhaustivo de las defensas hechas valer y de las pruebas admitidas al integrante de la Institución de Seguridad Pública de que se trate;
IV. Determinación relativa a la acreditación del incumplimiento a sus requisitos de ingreso o permanencia o, en su caso, los supuestos previstos en el artículo 103 de la presente Ley;
V. En caso de acreditarse los elementos referidos en la fracción anterior, la separación del cargo, empleo o comisión públicos;
VI. Especificar los términos y plazos en que se debe aplicar la separación girando instrucciones precisas a las autoridades competentes para ello, y
VII. En su caso, orden de iniciar investigaciones por la probable comisión de otra responsabilidad a cargo del mismo u otro integrante, levantamiento de la suspensión temporal impuesta o cualquier otra circunstancia relacionada con el asunto.
En todas las deliberaciones, antes de la votación, se escuchará la opinión del representante de la Contraloría Interna.
La resolución aprobada se suscribirá por los miembros presentes y se notificará al integrante involucrado, dentro del término de setenta y dos horas así como a su superior inmediato, al Titular de la Institución de Seguridad Pública de que se trate y a las autoridades competentes para la aplicación de la separación.
Cuando algún o algunos de los miembros de la Comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y lo remitirá al Presidente para que se integre a la resolución.
Artículo 111. Si en la audiencia el Presidente encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del probable responsable o de otras personas, podrá ordenar la práctica de investigaciones a la Unidad Administrativa correspondiente o citar para otra u otras audiencias.
Artículo 112. La imposición de la separación que se determine, se hará con independencia de las sanciones que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 113. En cualquier momento, previa o posteriormente a la etapa de emplazamiento de los procedimientos administrativos de aplicación de sanciones o de separación, el Pleno de la Comisión correspondiente podrá determinar la suspensión temporal de los integrantes involucrados de sus labores encomendadas al servicio policial, ministerial o pericial y en su lugar ejecutar actividades administrativas, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.
La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute y la determinación de la Comisión de Honor y Justicia correspondiente hará constar expresamente esta salvedad.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Comisión que la dictó, independientemente de la incoación, continuación o conclusión del Procedimiento Administrativo correspondiente.
Artículo 114. Las facultades de las Comisiones para determinar la aplicación de las sanciones o la separación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, prescribirán en cinco años, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.
La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por esta Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente a aquel en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.
Artículo 115. El Asesor Jurídico asesorará al Presidente y al Secretario en materia de legalidad de las actuaciones que se realicen.
Artículo 116. Las resoluciones de las Comisiones se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que correspondan.
Artículo 117. En contra de las resoluciones de las Comisiones se podrá interponer el recurso de revisión ante el Titular de la Institución de Seguridad Pública, según sea el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
En el escrito correspondiente, el recurrente expresará los agravios que estime pertinentes y aportará las pruebas que procedan.
Interpuesto el recurso de revisión dentro del plazo señalado, el Titular de la Institución de Seguridad Pública lo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes.
Las resoluciones de dicho recurso se agregarán al expediente u hoja de servicio correspondiente.
Artículo 118. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción o separación fue injustificada, el Gobierno del Distrito Federal sólo pagará la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Artículo 119. Se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal a lo no previsto en el procedimiento administrativo de separación y el disciplinario, así como para el recurso de revisión.
Artículo 120. Las conductas u omisiones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública no sancionadas en esta ley pero sí previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se sujetarán a lo establecido por dicha ley.
Artículo 121. Los aspectos relativos al Desarrollo Policial serán detallados en el Reglamento que al efecto se emita.
TÍTULO SEXTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL
Capítulo Único
Artículo 122. Los Fondos de ayuda federal que sean asignados al Gobierno del Distrito Federal o sus Delegaciones se regularán, administrarán y supervisarán de conformidad a lo establecido en la Ley General, la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales aplicables y sólo podrán ser destinados a los fines de seguridad pública.
Artículo 123. El Gobierno del Distrito Federal, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, deberá concentrar los recursos asignados a través de los Fondos de ayuda federal, en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.
Artículo 124. El Gobierno del Distrito Federal, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública deberá rendir informe trimestral al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.
El mismo servidor público atenderá todo requerimiento que realice el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo a los recursos que se obtengan con cargo a los Fondos de ayuda federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Gobierno del Distrito Federal contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para la implementación del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública.
TERCERO. Las Instituciones de Seguridad Pública implementarán sus respectivas Comisiones de Honor y Justicia, y de Servicio de Carrera, así como las Unidades Administrativas de apoyo técnico, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la certificación de sus respectivos Centros de Evaluación y Control de Confianza.
CUARTO. Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las mismas y la que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
QUINTO. Dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizará las reformas a las leyes procedentes correspondientes para determinar el valor y alcance probatorios de las certificaciones de información reguladas en el Título Séptimo de la presente Ley.
SEXTO. Las disposiciones en materia del Informe Policial Homologado entrarán en vigor en un término de 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.
SÉPTIMO. El Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal contará con un término de 60 días naturales a partir de su implementación, para elaborar los formatos guía para la elaboración del Informe Policial Homologado y proporcionarlos a las Instituciones de Seguridad Pública.
OCTAVO. Se deroga la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y demás dispositivos legales, reglamentarios y de otra naturaleza que se opongan a la presente, con excepción de lo establecido en los siguientes artículos transitorios.
NOVENO. Hasta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita la Ley que regula a las Corporaciones Complementarias de la Seguridad Pública del Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal seguirá vigente para dichas Corporaciones.
DÉCIMO. Las Comisiones de Honor y Justicia y de Servicio de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, de las Contralorías Internas en las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública así como en la Procuraduría General de Justicia serán competentes para conocer de las responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, en tanto no ingresen a los Servicios de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, conforme a las Leyes aplicables con anterioridad a la emisión del presente decreto.
Los recursos humanos, materiales y financieros así como de archivos a cargo de los Consejos de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal deberán transferirse a las Comisiones de esas Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal a más tardar dentro del plazo de un año contado a partir de la instalación de las Comisiones de Honor y Justicia Policiales.
Una vez realizada la transferencia de recursos y archivos a las Comisiones de Honor y Justicia Policiales, éstas tendrán plenas facultades de representación para presentar la defensa ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional relativa a los actos y resoluciones emitidos por los Consejos de Honor y Justicia que les transfirieron recursos.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.
Palacio Nacional, a quince de febrero de dos mil diez.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
México, DF, a 2 de noviembre de 2009.
Licenciado Iván Aleksei Alemán Loza
Director General de Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos
Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente
Me refiero al oficio 529-II-DAT-098/09, por el que la Procuraduría Fiscal de la Federación remite a esta Subsecretaria la versión más reciente del anteproyecto de iniciativa de "decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal", así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su reglamento; 65 y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:
1) Esta área, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto señalado anteriormente.
2) Se anexa copia del oficio 315-A-06285, de fecha 26 de octubre del año en curso, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto "A".
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.
La presente opinión se emite sobre la versión del anteproyecto antes citado, recibida el día 16 de octubre de 2009, por lo que nos reservamos la emisión de los comentarios respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a dicha versión.
Atentamente
David Arellano Cuan (rúbrica)
Director General Adjunto
México DF, a 26 de octubre de 2009.
Licenciado David Arellano Cuan
Director General Adjunto de Análisis Jurídico
Dirección General Jurídica de Egresos
Presente
Hago referencia al oficio número 353A.1.-1485, recibido en esta Dirección General de Programación y Presupuesto "A" el 21 de octubre del presente, mediante el cual esa Dirección General Adjunta a su digno cargo remitió copia simple del anteproyecto de iniciativa de "decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal", así como la evaluación de impacto elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el objeto de recabar el dictamen de impacto presupuestario correspondiente.
Sobre el particular, le informo que el anteproyecto mencionado obedece a la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se obliga a los tres órdenes de gobierno a conformar al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a coordinarse entre sí, para adoptar en las legislaciones locales las bases mínimas que establezca el Congreso de la Unión.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), así como con lo señalado en la evaluación de impacto presupuestario de la SSP, se considera que dicha iniciativa no tendrá impacto presupuestario adicional, con base en los siguientes aspectos:
• No prevé impacto presupuestario adicional en los programas aprobados, considerando que la iniciativa tiene como objeto regular el Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que los programas a los que da origen el anteproyecto tienen un ámbito de aplicación estrictamente local.
• No implica el establecimiento de destinos específicos de gasto público, en virtud de que su objeto no los requiere para su cumplimiento.
• No se requiere de mayores asignaciones presupuestarias para llevar a cabo las nuevas atribuciones y actividades, ya que el Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas y servicios previstos en dicho anteproyecto, por lo que no implicaría impacto alguno en el presupuesto aprobado para las dependencias y entidades de la administración pública federal.
• No contiene la inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria, ya que se trata únicamente de la homologación del marco jurídico del Distrito Federal con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
Atentamente
Nicolás Kubli (rúbrica)
Director General
Oficios
México, DF, a 18 febrero de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
El miércoles 17 de febrero del año en curso, la entidad de Fiscalización Superior de la Federación rindió a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008. En consecuencia, adjuntamos al presente la versión completa del mismo en disco compacto, así como un ejemplar del Tomo Ejecutivo de dicho informe.
Reiteramos a usted la seguridad de nuestra más distinguida consideración.
Atentamente
Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez (rúbrica)
Auditor Superior de la Federación
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2010, DESAGREGADA POR TIPO DE FONDO
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de enero de 2010, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2009.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica)
Secretario
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-282, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/156/2010, suscrito por licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la pasteurización de la leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 10 de febrero de 2010.
Contador Público José Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al punto de acuerdo presentado el 22 de diciembre de 2009 por el senador Jesús Garibay García (PRD), por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud para que, con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pondere la conveniencia de establecer en el proyecto de NOM PROY-NOM-243-SSA 1-2005, disposiciones compatibles con el proyecto de NOM PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, a fin de establecer una excepción del requisito de pasteurización de la leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre que la materia prima cumpla con ciertos requisitos y se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción.
Al respecto, me permito acompañar oficio CGJC/03/0R/41/2010, suscrito por el licenciado José Rubén Salas Martínez, subdirector ejecutivo de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica)
México, DF, a 2 de febrero de 2010.
Miguel Gutiérrez Hernández
Director General Adjunto de Vinculación y Participación Social
México, Distrito Federal
Presente
Por instrucciones del licenciado Enrique Ignacio Urbina Bado, coordinador general Jurídico y Consultivo y en atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVPS/1377/09 mediante el cual solicita información para desahogar el punto de acuerdo, presentado por el senador Jesús Garibay García del Grupo Parlamentario del PRD, le comento lo siguiente:
El procedimiento para la expedición de la NOM-243-SSA1-2009, Productos y servicios. Leche fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, ha concluido y se está en espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, esto después de que tanto en el documento en el cual se da respuesta a cada uno de los comentarios recibidos en el período de consulta pública como la versión final de la norma a publicar fueron a probados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario en su segunda sesión ordinaria 2009, celebrada el pasado 20 de agosto de 2009, lo que imposibilita a esta comisión federal a realizar alguna modificación a ese instrumento regulatorio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Cabe mencionar que el punto que se solicita modificar, fue atendido dentro del período de consulta pública, sin un resultado positivo para quién lo promovió debido a que no se aportó un sustento técnico sólido que justificara dicha excepción. Por otra parte, existe evidencia epidemiológica que demuestra que existe un problema de salud pública relacionado con zoonosis transmitidas por alimentos; entre los que se reconoce a los alimentos potencialmente peligrosos y dentro de los que se encuentran los productos lácteos, como los de mayor riesgo, el cual se puede prevenir a través de la pasteurización de la leche.
No omito comentarle, que posterior a los trabajos para el análisis de los comentarios recibidos, efectivamente Cofocalec consultó a esta comisión este tema, pero igual que el otro promovente no se proporcionaron los elementos necesarios para evaluar cambio alguno.
No obstante lo anterior, sensibles a la petición hecha a esta autoridad sanitaria, se ha analizado el sustento técnico enviado para no afectar al sector productivo y a su vez asegurar la calidad sanitaria de los productos resguardando la protección de la salud de la población consumidora que es el espíritu de esta comisión, por lo que se ha concluido que sería posible incluir su propuesta, si esta modificación es promovida posteriormente a la publicación de la norma de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Sin otro particular, le envío un saludo
Sufragio Efectivo. No Reelección.
José Rubén Salas Martínez (rúbrica)
Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso
México, DF, a 17 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0492, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 400/026/2010, suscrito por el doctor Alejandro A. Poiré Romero, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la cédula de identidad ciudadana.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Contador Público Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/2397/09 del 17 de diciembre de 2009, recibido en esta subsecretaría el 22 de diciembre de 2009, mediante el cual el titular de la Unidad de Enlace Legislativo remitió el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su sesión del 15 de diciembre de ese año, por el que:
De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma son la Ley Suprema de la Unión.
En términos del artículo 87 constitucional, el Presidente de la República debe guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. En este sentido, el artículo 89 del mismo ordenamiento señala entre las facultades y obligaciones del Presidente promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Con fundamento en las disposiciones citadas, es claro que el cumplimiento de la Constitución y de la legislación que de ella emana no es facultativo para los sujetos obligados, por lo que, en tanto tengan vigencia, su aplicación, lejos de poder ser suspendida de manera discrecional por alguno de los tres poderes, es una obligación.
En ese tenor y en virtud de que el Ejecutivo federal cuenta con la obligación y atribuciones para integrar el Registro Nacional de Población y garantizar el adecuado funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal, la Secretaría de Gobernación ha realizado diversas acciones en estricto seguimiento del marco de sus atribuciones, tal como se ha informado al Congreso de la Unión mediante oficios 400/199/2009, del 19 de agosto de 2009, y 400/253/2009, del 1 de octubre de 2009.
Por otro lado, en el ánimo de privilegiar la comunicación con el Congreso de la Unión y atender oportunamente las inquietudes surgidas, se realizan las siguientes consideraciones:
A. Consideraciones jurídicas
El orden jurídico mexicano establece en diversos ordenamientos de distinta jerarquía –constitucional, legal y administrativa– la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la identidad de todas y cada uno de las personas integrantes de su población. En este orden de ideas, esta obligación estatal encuentra su reflejo en la obligación de las personas que integran la población del país de registrarse en el Registro Nacional de Población, a fin de poder garantizar su derecho a la identidad.
En razón de lo anterior, la integración del Registro Nacional de Población y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Identificación Personal se trata de una política de interés público y de una obligación del gobierno federal que permitirá garantizar el debido ejercicio de una garantía individual.
Al respecto, el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los ciudadanos inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. De igual forma, esta norma señala que la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público.
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 27, fracción V, que corresponde a la Secretaría de Gobernación manejar el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Por su parte, la Ley General de Población, como norma específica en materia de registro poblacional, establece lo siguiente:
Asimismo, la Secretaría de Gobernación deberá establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población y coordinar los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal (artículo 92).
Sin detrimento de lo anterior, la propia ley prevé que las autoridades de la federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población (artículos 93 y 94).
• Conformación del Registro Nacional de Población. Se compone por (i) el Registro Nacional de Ciudadanos, (ii) el Registro de Menores de Edad y (iii) por el catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana (artículo 87).
• Finalidad del Registro Nacional de Población. Registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad (artículo 86).
Finalmente, la propia ley establece que la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral, así como a las dependencias y entidades públicas, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 112).
• Validez de la cédula de identidad. La cédula de identidad ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular. Por lo anterior, tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país (artículos 104 y 105).
La ley prevé que la Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años (artículo 111).
• Obligación ciudadana. Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su cédula de identidad ciudadana (artículo 98).
• Término para el cumplimiento de la obligación ciudadana. Los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años y que radiquen en territorio nacional, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su cédula de identidad ciudadana, en el término de seis meses a partir de que hayan cumplido dicha edad (artículo 48).
• Identificación para los menores de edad. Para efecto del documento de identificación para los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años, se expedirá la cédula de identidad personal (artículo 53).
La cédula de identidad personal podrá ser solicitada por los padres o tutores del menor. Cuando éste haya cumplido los catorce años podrá solicitarla personalmente (artículo 55).
El Registro Nacional de Población sólo podrá acreditar fehacientemente la identidad del o la menor una vez que se le haya expedido la cédula de identidad personal (artículo 56).
Las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país, deberán darle plena validez a la cédula de identidad personal como medio de identificación del o la menor (artículo 58).
• Catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana. Se organizará técnicamente conforme a las disposiciones generales internas que emita la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal para su instrumentación, operación y aplicación (artículo 78).
• Información del Registro Nacional de Población. Se deberá mantener permanentemente actualizada la información de dicho registro y deberá incorporar los avances tecnológicos disponibles para su mejor funcionamiento (artículo 80).
Las dependencias y entidades de la administración pública federal tienen la obligación de proporcionar al Registro Nacional de Población, cuando éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos registros. La Secretaría de Gobernación deberá celebrar convenios con las administraciones públicas estatales y municipales, así como con instituciones privadas, para los mismos efectos (artículo 82).
La información contenida en el Registro Nacional de Población será confidencial y sólo podrá proporcionarse mediante requerimiento expreso al Instituto Federal Electoral para que integre los instrumentos electorales y a las dependencias y entidades públicas, respecto de los datos necesarios para el ejercicio de sus funciones (artículo 83).
El Registro Nacional de Población sólo podrá solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública los datos correspondientes a la identidad de las personas (artículo 85).
• Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2007-2012. En su objetivo sectorial 4, «Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población», estrategia 4.3 «Acreditar la identidad de las personas», establece la línea de acción 4.3.1 «Programa Registro Nacional de Población», consistente en «inscribir a la población en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Registro de Menores de Edad, así como expedirles su cédula de identidad».
Como se observa, el ordenamiento jurídico mexicano prevé plenamente la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Población. Esto es así porque de su debida integración depende el ejercicio de la garantía del derecho a la identidad.
B. Consideraciones sobre la protección de los datos personales
Por otra parte, respecto a la protección de los datos personales que integrarán el Registro Nacional de Población, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
…"
Al respecto, la LFTAIPG, su reglamento y los lineamientos para la protección de datos personales (lineamientos) expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), establecen obligaciones en materia de protección de datos personales, entre las que destacan las siguientes:
Dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de datos personales;
Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben los datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento;
Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado;
Por regla general, los sujetos obligados no pueden difundir o distribuir los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones;
Hacer del conocimiento del IFAI y del público en general (en el momento en que recaben la información) que el sujeto obligado posee sistemas de datos personales, indicando el listado de dichos sistemas, el tipo de datos que contiene, el uso que se les da, la unidad administrativa que lo administra y el nombre del responsable;
En el tratamiento de datos personales deberán observarse los principios de licitud, calidad, acceso y corrección, información, seguridad, custodia y consentimiento para su transmisión;
Los datos personales sólo podrán ser tratados en sistemas de datos que reúnan las condiciones de seguridad;
Las transmisiones totales o parciales de sistemas de datos personales que realicen las dependencias y entidades en el ejercicio de sus atribuciones, deberán ser notificadas al IFAI;
Expedir un documento que contenga las medidas administrativas, físicas y técnicas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales, y
Tener accesos controlados y bitácoras.
Entregar información considerada como reservada o confidencial.
b) La LFTAIPG posibilita el manejo de datos personales y establece los límites a su tratamiento.
c) Existen sanciones para los abusos que pudieran cometer los servidores públicos a cargo del manejo de datos personales.
Finalmente, cabe señalar que las medidas de seguridad de la base de datos del Servicio Nacional de Identificación Personal cumplen con las obligaciones previstas en la LFTAIPG y con los lineamientos, tales como:
Cifrado de información de punto a punto, lo que garantiza que la información no pueda ser desviada a otros destinatarios y no pueda ser interceptada por usuarios no autorizados;
Acceso a la base de datos únicamente desde un lugar físico determinado que se encuentra debidamente resguardado, y
No se podrá hacer ningún tipo de cambio en la información sin las claves mancomunadas de acceso, entre otras.
La incorporación de la información biométrica al Registro Nacional de Población requiere la adquisición de equipos de registro de tal información así como del Servicio Nacional de Identificación Personal.
Al respecto, tal como se informó de manera pormenorizada a la Comisión de la Función Pública del Congreso de la Unión el 16 de diciembre de 2009 mediante el oficio OM/948/2009 dirigido al diputado Pablo Escudero Morales, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
• Publicación de la convocatoria de la licitación para la adquisición de los equipos: 2 de octubre de 2009.
• Fallo de la licitación: 24 de noviembre de 2009.
• Ganador: SmartMatic Holding BV.
b) En cuanto al Servicio Nacional de Identificación Personal, es decir, los servicios de infraestructura informática para el procesamiento, almacenamiento y respaldo de los datos biométricos (fotografía del rostro, fotografía del iris de ambos ojos y huellas dactilares de los diez dedos de las manos).
• Publicación de la convocatoria de la licitación de la infraestructura: 24 de septiembre de 2009.
• Fallo de la licitación: 14 de diciembre de 2009.
• Ganador: Axtel-Unisys
Al respecto, cabe destacar que el pasado 11 de febrero, TM rindió un informe público en el que se detalla el desarrollo de la licitación. Dicho informe puede ser consultado en la página electrónica de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal: http://www.renapo.gob.mx/RENAPOPortal/prensa.html
D) Consideraciones presupuestales
El costo de integrar el Registro Nacional de Población y emitir la cédula de identidad para todos los mexicanos es de 3 104 millones de pesos, que se programaron para quedar distribuidos a lo largo de cuatro años, de 2009 a 2012.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, la cédula de identidad tenía asignados 1 017 millones de pesos. Derivado de los "Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, el presupuesto disponible se redujo a 478.6 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó 855 millones de pesos para el Registro Nacional de Población, fundamentalmente para el registro de personas, la adquisición de software necesario para procesar la información, mantenimiento de esa base de datos, así como para vincular eficientemente los biométricos con las CURP y con las actas de nacimiento.
Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó 147 millones para seguir avanzando en el proceso de modernización de los registros civiles de los estados. Estos recursos serán transferidos a los registros civiles para que continúen con la digitalización de las actas de nacimiento y su vinculación a la CURP, con el objetivo de que la totalidad de ellas estén plenamente validadas y certificadas como se ha venido haciendo desde 1997.
E) Consideraciones finales
2. Con respecto a la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, tal como lo ha expresado el Secretario de Gobernación en diversas ocasiones, la Secretaría de Gobernación trabaja con el Instituto Federal Electoral y el Congreso para identificar y potencializar posibles sinergias en beneficio de los ciudadanos.
Estos trabajos tienen como premisas básicas lo siguiente:
b) Que a través de dicho instrumento, el ciudadano pueda tener rápido acceso a sus registros en distintas bases de datos, tanto del gobierno federal como de los locales, y de las instancias privadas con las que se firmen convenios de colaboración.
c) Que se fortalezca la calidad del padrón electoral, haciendo uso del Servicio Nacional de Identificación Personal, para mantener actualizado el padrón electoral y verificar la identidad de los ciudadanos inscritos en él.
d) La Secretaría de Gobernación no tendrá acceso al padrón en ningún momento, ni a los datos referentes al domicilio y a la sección electoral, contenidos en éste.
e) El Instituto Federal Electoral no tendrá acceso a más información biométrica que la necesaria para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones (huella dactilar y fotografía del rostro).
f) Atender las preocupaciones del Congreso de la Unión con respecto a la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana:
• Permitiría generar ahorros en la asignación de recursos públicos asociados al proceso de emisión de un documento de identidad ciudadana (despliegue e impresión).
• Se eliminarían los posibles incentivos de algunos ciudadanos a no empadronarse.
Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Alejandro A. Poiré Romero (rúbrica)
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CINCO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE
México, DF, a 16 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0600, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGFI 234 12010, suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia en 40 municipios de San Luis Potosí.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0676, signado por los diputados Felipe Solís Acero y María Teresa Ochoa Mejía, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0227/2010, suscrito por Rubem Hofliger Tapete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de zona de desastre en diversos municipios de Nayarit.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 17 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-481 signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SJAI/169/2010 suscrito por el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, director general de Normatividad, encargado del despacho de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a Josefina Reyes Salazar.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 11 de febrero de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/282/10 por el cual comunica el punto de acuerdo, adoptado en la sesión del 27 de enero del presente año, por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con relación a que esta institución determine la procedencia de ejercer la facultad de atracción en el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar ocurrido el pasado 3 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, el referido punto de acuerdo respecto de lo que corresponde a esta institución, señala lo siguiente:
..."
Visto lo anterior y el contexto en el que ocurrió tal hecho esta institución se encuentra jurídicamente impedida para ejercer la facultad de atracción solicitada, en virtud de las siguientes consideraciones:
• Debe señalarse que el asunto que nos ocupa no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• Los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 474 del Código Federal de Procedimientos Penales y 4 fracción I, inciso A), subinciso d) de la Ley Orgánica de esta Procuraduría General de la República, se establece que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales, sin embargo en el caso antes señalado no se surte el supuesto.
En algunos casos de homicidio, la representación social de la federación puede ejercer la facultad de atracción para conocer de delitos del orden común, siempre y cuando éstos tengan conexidad con alguno del fuero federal; o bien, investigar solamente delitos del fuero federal que se adviertan cometidos previamente, durante o posteriormente a los homicidios, circunstancia de la cual se carece de elementos.
Al respecto, es importante señalar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis jurisprudenciales siguientes:
Competencia 31/74. Suscitada entre los jueces Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas y el Primero Mixto de Primera Instancia de Reynosa. 30 de agosto de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado.
Fuero federal cuando hay varios delitos y uno de ellos es federal, no es atrayente este, si son autónomos todos ellos.
La circunstancia de que en la misma causa se haya dictado auto de formal prisión por un delito federal, no hace que se surta la competencia a favor del juez federal, respecto de las demás infracciones del fuero local. Esto sólo ocurre cuando diversos delitos pertenecientes a ambos fueros, se realicen en un solo acto y no pueden ser juzgados por diversos tribunales, ya que con ello se dividiría la continencia de la causa. En el caso, los delitos materia del proceso de referencia se verificaron en hechos distintos siendo autónomos todos ellos; efectivamente, de las diligencias practicadas en la averiguación previa y de las consideraciones emitidas en el auto de formal prisión por el juez de distrito se desprende que los reclusos procesados por delitos contra la salud, primero planearon fugarse; después se evadieron, en el trayecto hacia la evasión, pero aún dentro del centro penitenciario, algunos dispararon armas de fuego que portaban, causando homicidio y lesiones y, ya fuera de la institución se apoderaron a la vez de vehículos de motor, a los que posteriormente les ocasionaron daños; reclusos que con antelación al momento en que se realizaron los hechos relatados, habían violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que portaban armas sin el permiso correspondiente, pues esta figura tiene el carácter de delito instantáneo, porque su resultado deviene como consecuencia de un solo acto que agota el tipo penal, por el simple hecho de la portación indebida de un arma de fuego, en términos de los artículos 8o. y 9o., fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Consecuentemente, no existe atracción del fuero federal, respecto de los diversos delitos de evasión de presos, evasión de presos en concierto, homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena intencional, cohecho, robo de vehículos y de armas, asociación delictuosa y encubrimiento.
Competencia 143/84. Suscitada entre los jueces de Distrito en el estado de Durango y Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Durango. 20 de agosto de 1987. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Víctor Manuel Franco Pérez, Secretario: Adriana Barrera de Loza.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera (rúbrica)
Director General de Normatividad
(Encargado del despacho de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 2 y 89 de su Reglamento.)
México, DF, a 17 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-6-0218, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-0207/10, suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en las comunidades de origen.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de febrero de 2010.
Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Castellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta del punto de acuerdo aprobado en la sesión del 20 de enero del presente año, el cual remitió para nuestra atención con el oficio número SEL/UEL/311/199/10, de fecha 21 de enero del presente, referente al exhorto a esta secretaría para que a través de las dependencias correspondientes se lleve a cabo un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en las comunidades de origen, el que a continuación se describe:
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños de padres migrantes que permanecen en las comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Informe de la Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional
Migración y Derechos Humanos de los Niños y las Niñas
Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008
I. Introducción
La Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional, que tuvo lugar en la Ciudad de México el 30 de septiembre y el 1 de octubre pasados, organizada por el gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunió a expertos, representantes gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y organismos internacionales e instituciones nacionales mexicanas, con el objetivo de discutir buenas prácticas para la protección de los derechos humanos de los niños en el proceso migratorio.
La reunión discutió cuatro aspectos relacionados con los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración: niños que se quedan en los países de origen y en las zonas fronterizas; protección de los niños en tránsito; niños privados de la libertad por su condición migratoria o la de los padres; y la situación de los niños en los países de destino.
II. Ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural fue presidida por el señor Karim Ghezraoui, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y la licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional.
El señor Ghezraoui recordó la importancia de un marco institucional que considere los derechos humanos de los niños que cruzan las fronteras y un marco legal con una efectiva implantación. Se refirió a los instrumentos internacionales vigentes, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y a los trabajos realizados por el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de derechos humanos sobre el tema central de la reunión.
La licenciada Zavala hizo hincapié en cómo la migración representa un reto en la implantación del marco legal desarrollado por los Estados para asegurar la protección de los derechos de los niños. Hizo referencia a la situación en México, como país de origen, tránsito y destino, donde cientos de niños cruzan solos la frontera, lo mismo para reunirse con sus familias que para escapar de situaciones de violencia y abuso.
México ha puesto especial atención a la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos los niños. Señaló que diversas instituciones y mecanismos federales, locales y municipales trabajan en el tema de los niños que viajan solos.
La licenciada Zavala recordó a los participantes que es necesario poner especial atención a las mujeres y a los niños, que tradicionalmente han recibido poca atención, aunque siempre hayan formado parte de los movimientos migratorios.
Finalmente, resaltó la importancia de la participación y el compromiso de la comunidad internacional para identificar las mejores prácticas y encontrar soluciones que respeten los derechos de todos los niños. Al finalizar su intervención declaró inaugurada la reunión.
Después de la inauguración, dos expertos independientes presentaron una introducción a los debates: los doctores Jorge Bustamante, en su calidad de relator especial del Consejo de Derechos Humanos para los Derechos de los Migrantes; y Francisco Alba, miembro del Comité sobre Trabajadores Migrantes.
El doctor Jorge Bustamante llamó la atención de los participantes sobre la necesidad de reflejar los retos planteados por la multiplicidad de aspectos derivados de la relación niños-migración, incluyendo el cumplimiento por los Estados de sus compromisos con los instrumentos internacionales de derechos humanos. También se refirió a la amplia exposición de los niños al trabajo infantil.
El doctor Alba señaló que el proceso de globalización ha presentado posibilidades para el desarrollo de las naciones y los individuos; y, al mismo tiempo, ha presentado retos como el respeto de los derechos humanos. En particular, la situación de los niños ha llamado la atención de la comunidad internacional. El doctor Alba llamó a los Estados a ratificar la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, la cual representa junto con los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos una herramienta útil para la protección de los derechos de los niños en el contexto de la migración.
La convención establece obligaciones para los países de origen, tránsito y destino, además de cubrir muchos de los aspectos alrededor de los niños que migran: que se quedan en sus países de origen, que migran con los padres, que migran solos, en los países de destino, detención y repatriación de niños, así como la reintegración de los niños en los países de origen. Los países que han ratificado la convención han comenzado un importante proceso de institucionalización y profesionalización de las políticas y los servicios para promover los derechos de los trabajadores migrantes, incluidos los niños.
El doctor Alba finalizó indicando que el Comité sobre Trabajadores Migrantes trabajaría con el Comité de los Derechos del Niño para mejorar la cooperación en el campo de la protección de los niños migrantes.
III. Discusión temática
Las cuatro mesas redondas discutieron los siguientes temas: la situación de los niños que se quedan en los países de origen; la protección de los niños en tránsito, incluidos no acompañados; la situación de los niños privados de la libertad por su condición migratoria o la de sus padres; y la situación de los niños en los países de destino.
Cada mesa estuvo integrada por representantes gubernamentales, de la sociedad civil, instituciones de derechos humanos, organismos internacionales, fondos y programas, además de un relator de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, cada mesa estuvo presidida por un experto, respectivamente: la embajadora Anamaría Diéguez, del Comité sobre Trabajadores Migrantes; la doctora Rosa María González Corona, coordinadora del proyecto Protección de los Niños Migrantes en la Frontera Norte (Colegio de la Frontera Norte, México); el doctor Víctor Abramovich, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; y el doctor Norberto Liwski, director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente.
Cada experto realizó una presentación amplia y puntual, que sirvió como punto de partida para las discusiones, seguida de presentaciones de los panelistas de gobiernos, organismos internacionales, fondos u programas, así como representantes de instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil quienes presentaron sus experiencias y puntos de vista sobre el tema en particular de cada mesa. Las presentaciones fueron seguidas de un debate general, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias sobre el tema de la mesa, así como realizar comentarios a las presentaciones.
Las recomendaciones emanadas de cada una de las mesas redondas se encuentran en el anexo I del presente documento. Las recomendaciones fueron compartidas con todos los participantes y reflejan las discusiones que tuvieron lugar en cada uno de los temas.
El programa definitivo y la lista de asistentes figuran como anexos de este informe.
Anexo 1
Recomendaciones de la Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional
Migración y Derechos Humanos de los Niños y las Niñas
Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008
Expresando reconocimiento al gobierno de México por albergar la Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Reconociendo con aprecio la participación en la reunión de los expertos, representantes de las agencias, programas y fondos del sistema de Naciones Unidas, de los organismos internacionales y de los Estados, las instituciones de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil;
Reconociendo el valor agregado que representa la discusión temática de la protección de los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional;
Dando la bienvenida a las actividades encaminadas a reconocer los vínculos entre derechos humanos, migración y desarrollo
Los participantes de la reunión
Reconocen el importante vínculo entre las políticas migratorias y el respeto de los derechos humanos de los niños, y acuerdan continuar compartiendo experiencias e ideas sobre el tema;
Invitan a los Estados, a las organizaciones intergubernamentales y a la sociedad civil a respaldar iniciativas para mejorar la protección de los migrantes, y entre ellas, la ratificación e implantación de la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias;
Alientan al Comité de Trabajadores Migrantes a continuar dando especial atención a los derechos de los niños migrantes;
Destacan que todas las políticas y los programas para la atención de la situación de los niños en el contexto de la migración deben sustentarse en un enfoque de derechos humanos, basado en principios fundamentales como el interés superior del niño, la no discriminación y el derecho de los niños a ser escuchados en todas las decisiones que los conciernan;
Recomiendan que las políticas, los programas y los acuerdos bilaterales sobre migración preserven la unidad familiar, e incluyan la reunificación familiar, así como la facilitación de la reunificación familiar;
Subrayan la importancia de un marco legal adecuado para la protección de los derechos de todos los niños en el contexto de la migración, que incluya la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos y la inclusión de esas normas en las políticas y leyes nacionales;
Recalcan que la implantación de los estándares internacionales de derechos humanos debe trascender en las prácticas y políticas de todos los niveles de gobierno y administrativos;
Alientan la coordinación interinstitucional a escala nacional, a través de mecanismos específicos y con la participación de la sociedad civil, los servicios consulares, los gobiernos locales y el sector privado, para el desarrollo y la puesta en marcha de políticas multidisciplinarias que aseguren la protección de los derechos de los niños en el contexto de la migración;
Promueven la sinergia de las capacidades y mandatos de los organismos internacionales como un elemento clave en el respaldo a los Estados para que cumplan sus respectivas obligaciones en el marco de los instrumentos internacionales;
Destacan la importancia de mantener un sistema de asilo creíble y sustentable, mediante una política migratoria basada en una visión amplia e integral de los derechos humanos que incluya la protección de los niños;
En la medida de lo posible y cuando sea apropiado, las discusiones sobre políticas migratorias deben construirse a partir de los esquemas de política internacional existentes, teniendo en cuenta a los Estados, a las instituciones clave y a las organizaciones de la sociedad civil con competencia y mandato apropiado;
Resaltan que todas las políticas y los programas para proteger a la niñez en el contexto de la migración deben poner atención específica en la situación de las niñas.
Mesa redonda 1. "Niños que se quedan en los países de origen"
Recomiendan que la situación de los niños que se quedan en los países de origen sea incluida en la agenda de los debates y foros internacionales sobre asuntos de migración;
Recomiendan que todos los actores relevantes consideren la realización de estudios que permitan la mejor comprensión del efecto del proceso migratorio en el bienestar y el disfrute de los derechos humanos por los niños que se quedan en los países de origen;
Recomiendan compilar y compartir las mejores prácticas para hacer frente a la situación de los niños que se quedan en los países de origen, particularmente en el campo de la educación;
Recomiendan desarrollar políticas públicas dirigidas a atender la situación de los niños que se quedan en los países de origen orientados por el principio del interés superior del niño como el principio rector; y que aseguren la participación de los niños en el diseño e implantación de estas políticas. La resiliencia de estos niños debe ser un objetivo fundamental de estas políticas;
Alientan a los Estados a desarrollar políticas públicas que prevengan la migración irregular de los niños y que consideren la promoción de una campaña de información pública en las comunidades de origen que alerte de los peligros de la migración irregular y que informe de los mecanismos existentes de protección;
Mesa redonda 2. "Protección de los niños en tránsito"
Exhortan a la recopilación de información a escala nacional y a la preparación de estudios sobre niños en tránsito, incluidos los no acompañados o separados;
Reconocen que el comentario general número 6 del Comité de los Derechos del Niño sobre el tratamiento de los niños no acompañados y separados provee una guía útil para la protección de los derechos de tales niños;
Reconocen que los niños migrantes, especialmente los no acompañados, se encuentra más expuestos a las peores formas de trabajo infantil; y, en este contexto, recuerdan la relevancia de el Convenio Número 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 182 y la recomendación 190, así como su marco de implantación;
Alientan a la conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales basados en las normas y los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos e incrementar la cooperación a escala regional para proteger a los niños migrantes, especialmente los no acompañados, incluida la repatriación segura, el combate del tráfico, la explotación sexual y la trata, así como la asistencia de las víctimas. El papel de los servicios consulares es esencial para asegurar el respeto de los derechos del niño en el contexto del retorno;
Animan al establecimiento y a la implantación de programas y servicios institucionalizados que provean protección y apoyo amplio de los derechos de los niños migrantes, especialmente los no acompañados, así como los medios para detectar a los que requieran protección internacional. Los servicios de protección deben incluir acceso a alimentos, salud, asistencia legal, respaldo para el regreso al país de origen, capacitación profesional y vocacional, y la búsqueda de soluciones duraderas para el caso de los niños refugiados;
Recomiendan que los programas de protección incluyan entrenamiento y toma de conciencia sobre la salud sexual y reproductiva, de modo de poder hacer frente a los traumas psicológicos;
Alientan al diseño y a la implantación de programas para el retorno y reintegración sostenible de los niños, incluyendo opciones al retorno cuando éste no es acorde con el interés superior del niño;
Recomiendan el desarrollo de procedimientos estandarizados que aseguren el acceso a los procesos de asilo y refugio para los niños migrantes no acompañados que no puedan regresar a los países de origen porque su vida, su seguridad y su libertad estén en riesgo; y asegurar la evaluación del país de origen o de residencia habitual de los niños migrantes antes de su repatriación;
Recomiendan que la capacitación de oficiales de migración incluya conocimientos de los derechos de los niños con sensibilidad frente a las distintas culturas.
Mesa redonda 3. "Niños y niñas privados de la libertad por motivo de su situación migratoria o la de sus padres"
Reconocen la necesidad de cumplir e implantar los compromisos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño;
Reconocen que todas las prácticas y normas que implican la restricción o privación de la libertad de niños en el contexto de la migración deben respetar los estándares mínimos que se definen en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos;
Recuerdan que, como se establece en el artículo 37 de la Convención en los Derechos del Niño, la detención de niños debe ser utilizada como último recurso y, en todo caso, debe ser durante el menor tiempo posible;
Recuerdan que los migrantes no deben ser privados de la libertad como consecuencia única de su condición migratoria y, de acuerdo con el comentario general número 6 del Comité para los Derechos del Niño, por regla general los niños migrantes no acompañados no deben ser detenidos;
Subrayan la importancia de proponer opciones a la detención para los grupos familiares cuando los padres son detenidos como consecuencia única de su condición migratoria, considerando la necesidad de un balance entre la necesidad de proteger la unidad familiar y el interés superior del niño;
Hacen un llamado para que se mantenga a los niños separados de los adultos, o para que cuando se encuentren en compañía de sus familias, tengan un alojamiento distinto de otros adultos;
Hacen un llamado para que las causas y circunstancias que llevan a la privación de la libertad de los niños migrantes sean definidas previamente ante la ley; y proveer soluciones adecuadas y efectivas, incluida la revisión judicial que evite detenciones arbitrarias, y proveer el acceso a los servicios legales;
Recomiendan el desarrollo de opciones a la privación de la libertad; por ejemplo, los albergues y servicios alternativos de protección nacional de los niños;
Recuerdan que la privación de la libertad de los niños en el contexto de la migración nunca debe tener carácter punitivo;
Recomiendan que las legislaciones nacionales establezcan el tiempo máximo que puede durar una detención, así como mecanismos para la revisión periódica de dicha detención;
Hacen un llamado para que la migración irregular no sea criminalizada y para que los migrantes, especialmente los niños, no sean detenidos en penales ni en otras instalaciones utilizadas para la detención criminal. Estos migrantes deben tener el derecho inter alia a la asesoría legal, a un intérprete, a la revisión legal, a tener contacto con el mundo exterior y acceso a la educación y a los servicios de salud;
Alientan a los Estados a definir un régimen que se aplique específicamente a los migrantes retenidos por la autoridad nacional a fin de evitar arbitrariedades y un régimen penitenciario;
Reconocen la necesidad de permitir el escrutinio independiente y el control de las condiciones en que se encuentran detenidos los niños (autoridades judiciales, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, mecanismos internacionales de derechos humanos, servicios consulares);
Reconocen la actuación de los miembros de la sociedad civil y de las comunidades locales para hacer frente a la discriminación y xenofobia que experimentan las comunidades migratorias;
Reconocen la importante actuación que desempeñan las oficinas consulares en la protección de niños migrantes. Estas oficinas deben compartir sus experiencias de buenas prácticas y reforzar la cooperación;
Enfatizan que se debe prestar particular atención a la capacitación de los funcionarios que trabajan con niños no acompañados o separados de las familias, o a los funcionarios que están a cargo de sus casos. Todos los funcionarios de migración que están en contacto con niños deben conocer los principios y provisiones de la Convención de los Derechos del Niño;
Reconocen la necesidad de asignar recursos suficientes, presupuestarios incluidos, a instituciones y programas que trabajan con niños migrantes privados de la libertad;
Hacen un llamado para que las autoridades se aseguren de que las empresas privadas que estén a cargo de manejar instalaciones de detención actúen conforme a los estándares internacionales de derechos humanos;
Hacen un llamado para que a los niños se dé la oportunidad de solicitar refugio;
Mesa redonda 4. "Situación de los niños en los países de destino"
Reconocen que los Estados deben proteger y respetar los derechos humanos de los niños migrantes, sin importar su condición migratoria, incluido el derecho a servicios sociales básicos para todos los niños, en particular el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado, así como el acceso a la justicia. Se sugieren el diálogo y la cooperación entre gobiernos de países de origen y destino para asegurar el cumplimiento de estos derechos;
Recomiendan que se preste especial atención al desarrollo de estrategias para garantizar el acceso de los niños migrantes, de forma igualitaria y a pesar de su condición jurídica, a los mismos derechos de que gozan los niños nacionales del país de destino;
Alientan a los Estados a tomar medidas efectivas para garantizar el registro de niños nacidos fuera del país de origen de los padres, y para evitar el estado de apátrida;
Destacan la importancia de armonizar las políticas de migración públicas relativas a la niñez, la adolescencia y la familia;
Reconocen la importancia de fortalecer las instituciones que brindan protección a niños y a adolescentes, incluido el aumento de sus presupuestos;
Recomiendan que los gobiernos de los países de tránsito y destino promuevan la existencia de condiciones que favorezcan la armonía, la tolerancia y el respeto hacia los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, y el resto de la sociedad para eliminar los actos de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia dirigidas contra los migrantes;
Conscientes de la doble discriminación de que son objeto los adolescentes migrantes, sugieren a los Estados prestar especial atención para evitar la estigmatización de los adolescentes;
Recuerdan que cualquier decisión de regresar a un niño o a los padres al país de origen debe basarse siempre en el interés superior del niño, incluido el derecho a la integridad familiar;
Reconocen la obligación de asegurar que ningún niño sea devuelto al país de origen en violación del principio de no retorno, como está establecido en los artículos 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Recomiendan fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial en cada país para proteger a los niños de todas las formas de explotación, incluida la sexual comercial;
Reconocen la necesidad de proteger a los niños víctimas del tráfico, de la violencia y de los traumas relacionados con la migración, mediante la implantación de estándares que garanticen la protección y el acceso a la asistencia médica, psicosocial y legal;
Destacan que la situación migratoria regular facilita la integración de los niños migrantes a las comunidades de destino, y hacen un llamado para que se considere su regularización.
Anexo 2
Programa de la Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional
Migración y Derechos Humanos de los Niños y las Niñas
Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008
Martes 30 se septiembre
9:00 a 9:20 horas. Sesión inaugural.
- Embajadora Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores de México.
- Embajador Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
- Señor Karim Ghezraoui, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Doctor Jorge Bustamante, relator para los Derechos Humanos de los Migrantes, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• Panelistas:
- Licenciado Alejandro Hernández, director de Estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México).
- Licenciada Cecilia Landerreche, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nacional (México).
- Señor Alfonso Sandoval, representante alterno del Fondo de Población de Naciones Unidas en México.
• Relator: Teresa Alberro, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Panamá).
11:15 a 13:00 Continuación de la mesa.
13:00 a 13:30 horas. Conclusiones de la mesa.
13:30 a 15:30 horas. Comida.
15:30 a 18:45 horas. Mesa redonda 2. "Protección de los niños en tránsito. Niños no acompañados".
• Panelistas:
- Embajadora Margarita Escobar, viceministra de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior.
- Señora Águeda Marín, encargada Regional de Programas de Niñez, Género y Trata, OIM.
- Señora Blanca Villaseñor, presidenta del Centro de Apoyo al Menor Migrante.
- Señora Marion Hoffmann, representante regional para México, Centroamérica y Cuba de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
- Relatora: Verónica Birga, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
17:15 a 18:30 horas. Continuación de la mesa.
18:30 a 18:45 horas. Conclusiones de la mesa.
19:00 a 20:00 horas. Coctel.
Miércoles 1 de octubre
9:00 a 12:30 horas. Mesa redonda 3. "Niños y niñas privados de la libertad por motivo de su situación migratoria o la de sus padres".
• Panelistas:
- Embajador Hernán Holguín, subsecretario de Ciudadanía, Solidaridad y Participación de Ecuador.
- Licenciado Julián Adem, director general adjunto de Protección, SER.
- Señora Allison Sutton, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
• Relator: Karim Ghezraoui, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
10:45 a 12:15 horas. Continuación de la mesa.
12:15 a 12:30 horas. Conclusiones de la mesa.
12:30 a 14:00 horas. Comida.
14:00 a 17:30 horas. Mesa redonda 4. "Situación de los niños en los países de destino".
• Panelistas:
- Doctora Hoda Saleh Samir El Saady, directora general del Departamento de Género y Desarrollo del Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad de Egipto.
- Señora Alanna Ryan, Comisión Católica Internacional de Migración.
•· Relatora: Carla Edelembos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
15:45 a 17:15 horas. Continuación de la mesa.
17:15 a 17:30 horas. Conclusiones de la mesa.
17:30 a 17:45 horas. Receso.
17:45 a 18:15 horas. Conclusiones y recomendaciones de las cuatro mesas.
18:15 a 18:30. Ceremonia de clausura
Anexo 3
Asistentes a la Reunión internacional sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en el contexto de la migración internacional
Migración y Derechos Humanos de los Niños y las Niñas
Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008
Representantes gubernamentales
2. Argentina
3. Australia
4. Bélgica
5. Brasil
6. Ecuador
7. Egipto
8. El Salvador
9. España
10. Estados Unidos
11. Filipinas
12. Grecia
13. Guatemala
14. Indonesia
15. Japón
16. Marruecos
17. Nicaragua
18. Noruega
19. Pakistán
20. República Dominicana
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
3. Fondo de Población de Naciones Unidas.
4. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
5. Organización Internacional para las Migraciones.
2. Doctora Rosa María González, coordinadora del proyecto Garantizar la Protección de la Niñez Migrante en la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte (México).
3. Maestra Paula Cristina Neves Nogueira, directora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Conapo.
4. Señor Karim Ghezraoui, Oacnudh-Ginebra.
5. Señora Carla Edelembos, Oacnudh-Ginebra.
6. Señora Verónica Birga, Oacnudh-Ginebra.
7. Señora Teresa Alberro, Oacnudh-Panamá.
8. Doctor Jorge Bustamante, relator especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes.
9. Doctor Francisco Alba, Comité para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
10. Embajadora Anamaría Diéguez, Comité para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
11. Doctor Norberto Liwiski, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente.
12. Doctor Víctor Abramovich, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. Instituto Nacional de Migración.
3. Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.
5. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
6. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
7. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
8. Centros de Integración Juvenil.
9. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
10. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
11. DIF-Baja California (frontera norte).
12. DIF-Chihuahua (frontera norte).
13. DIF-Nuevo León (frontera norte).
14. DIF-Tamaulipas (frontera norte).
15. DIF-Chiapas (frontera sur).
16. Cónsul general de México en Nogales, Arizona.
17. Cónsul general de México en El Paso, Texas.
2. Amnistía Internacional.
3. Cáritas México.
4. Casa YMCA del Menor Migrante, AC.
5. International Catholic Migration Commission.
6. Sin Fronteras, IAP.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0603, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/173/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que se menciona, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implementación de programas especiales en Baja California.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, 11 de febrero de 2010.
José Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al punto de acuerdo presentado por los senadores Fernando Castro Trenti, Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Rogelio Rueda Sánchez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Cleominio Zoreda Novelo, todos del Grupo Parlamentario del PRI, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que implementen de manera inmediata programas especiales enfocados a resarcir los daños a la población, cubrir sus necesidades urgentes, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar tragedias causadas por las lluvias torrenciales en Baja California.
Al respecto, me permito acompañar oficio 0425, suscrito por doctor Fernando Meneses González, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Con base en lo anterior agradezco su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica)
Director General Adjunto
México, D.F., 10 de febrero de 2110.
Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández
Director General Adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
En atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/96/10 mediante el cual hacen del conocimiento los puntos de acuerdo presentados por los senadores Fernando Castro Trenti, Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Rogelio Rueda Sánchez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI, en donde se solicita lo siguiente:
Segundo. ...
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra; de la Secretaría de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, a que implementen de manera inmediata programas especiales enfocados a resarcir los daños a la población, cubrir sus necesidades urgentes, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar tragedias causadas por las lluvias torrenciales en Baja California.
Atentamente
Doctor Fernando Meneses González (rúbrica)
Coordinador
México, DF, a 9 de febrero de 2010.
Doctor Fernando Meneses González
Coordinador de Asesores
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Presente
En respuesta a su oficio 0351, por medio del cual anexa oficio 170/UCVPS/96/10 por el que hacen del conocimiento los puntos de acuerdo presentados por senadores del Grupo Parlamentario del PRI, en donde se solicita:
Segundo. ...
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra; de la Secretaría de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, a que implementen de manera inmediata programas especiales enfocados a resarcir los daños a la población, cubrir sus necesidades urgentes, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar tragedias causadas por las lluvias torrenciales en Baja California.
Los productos (materiales educativos e informativos) de la estrategia de comunicación educativa para desastres naturales (inundaciones) se encuentran disponibles en el portal de la Dirección General de Promoción de la Salud (www.promocion.salud.gob.mx). La ruta es: inicio–programas de acción–entornos y comunidades saludables–comunicación de riesgos–desastres naturales–temporada de lluvias/inundaciones.
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctora Lucero Rodríguez Cabrera (rúbrica)
Directora de Estrategia y Desarrollo de Entornos Favorables
Iniciativas
DEL CONGRESO DEL ESTADO CHIHUAHUA, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74, FRACCIONES II, III Y VI DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Chihuahua, Chihuahua, a 21 de enero de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 586/10 VII P.E., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado formula ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone reformar el artículo 74, en sus fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo.
Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado José Antonio López Sandoval (rúbrica)
Presidente del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones del Honorable Congreso del Estado
Acuerdo número 586/10 VII P.E.
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su séptimo período extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Único. Formular ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone reformar el artículo 74 en sus fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactadas de la siguiente manera:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
II. El 5 de febrero;
III. El 21 de marzo;
IV. El 1o. de mayo;
V. El 16 de septiembre;
VI. El 20 de noviembre;
VII. El lo. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;
VIII. El 25 de diciembre, y
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Único. Remítase al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política federal.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil diez.
Diputados: José Antonio López Sandoval (rúbrica), presidente; Rosa María Baray Trujillo (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), secretarias.
Oficios II
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 16 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente a fin de reformar el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que se devuelva ese impuesto a los turistas extranjeros que abandonan el país por vía terrestre, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La devolución del IVA a turistas extranjeros es una medida que no es nueva, de hecho, es practicada por muchos países, sobre todo europeos, y aquí en México se ha venido implantando desde 2008, aunque la Ley del Impuesto al Valor Agregado la consideraba desde 2005.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el artículo 31, establece lo siguiente:
I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general;
II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana aeroportuaria o marítima, según sea el caso, por la que salga el turista; y
III. Que el valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, ampare un monto mínimo en moneda nacional de mil 200 pesos.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.
En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas.
Estas empresas devolverán el impuesto al valor agregado (IVA) de las compras hechas por los extranjeros en territorio mexicano, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley y las reglas de operación del sistema emitidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación emitidas por el SAT, en específico, lo establecido en la regla séptima, "Módulos de Atención", podemos observar que las empresas concesionarias están obligadas a instalar, al menos, 5 módulos de atención, situados en sendos puntos de salida del conglomerado (grupo de terminales aéreas y marítimas de una zona específica del país) concesionado.
Es esa misma regla séptima se establecen los diferentes conglomerados a concesionar, los que, a saber, son los siguientes:
Conglomerado Centro-Norte
Terminales aéreas
2. General Mariano Escobedo, Monterrey, Nuevo León.
3. General Rafael Buelna, Mazatlán, Sinaloa.
4. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
5. General Juan N. Álvarez, Acapulco, Guerrero.
6. General Leobardo C. Ruiz, Zacatecas, Zacatecas.
7. Torreón, Coahuila.
8. Presidente Guadalupe Victoria, Durango, Durango.
9. Ponciano Arriaga, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
10. General Roberto Fierro V, Chihuahua, Chihuahua.
11. General Francisco Javier Mina, Tampico, Tamaulipas.
12. Culiacán, Sinaloa.
13. Plan de Guadalupe, Saltillo, Coahuila.
14. Hermanos Serdan, Puebla, Puebla.
15. Licenciado Adolfo López Mateos, Toluca, México.
16. Monclova, Coahuila.
17. Aeropuerto Internacional de Querétaro.
18. Quetzalcóatl, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2. Acapulco.
3. Zihuatanejo.
Terminales aéreas
2. Los Cabos, Baja California Sur.
3. Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Puerto Vallarta, Jalisco.
4. Internacional de Guanajuato, Guanajuato.
5. General Francisco J. Mujica, Morelia, Michoacán.
6. General Ignacio Pesqueira G, Hermosillo, Sonora.
7. Playa de Oro, Manzanillo, Colima.
8. Licenciado Jesús Terán, Aguascalientes, Aguascalientes.
9. General Manuel Márquez de León, La Paz, Baja California Sur.
10. Loreto, Baja California Sur.
11. Los Mochis Topolobampo, Sinaloa
12. General José María Yáñez, Guaymas, Sonora.
13. Rodolfo Sánchez Taboada, Mexicali, Baja California.
2. Cabo San Lucas.
3. Puerto Vallarta.
Terminales aéreas
2. Internacional de Cozumel, Quintana Roo.
3. Licenciado Manuel Crescendo Rejón, Mérida, Yucatán.
4. General Heriberto Jara, Veracruz, Veracruz.
5. CPA Carlos Rovírosa, Villahermosa, Tabasco.
6. Ciudad del Carmen, Campeche.
7. Xoxocotlán, Oaxaca, Oaxaca.
8. Bahías de Huatulco, Oaxaca.
2. Cozumel, Quintana Roo.
3. Playa del Carmen, Quintana Roo.
4. Punta Venado, Quintana Roo.
5. Majahual, Quintana Roo.
6. Puerto Morelos, Quintana Roo.
7. Huatulco.
Como se ha podido observar y a pesar de que éste es un buen sistema, que fomenta las compras por parte del turismo extranjero y que ayuda a las zonas que basan su economía en éste, todavía falta mucho para que sea una verdadera solución, ya que deja fuera de las ventajas de este plan aquellas zonas cuyo turismo, proveniente de otras naciones, utiliza medios de transporte terrestre.
En este orden de ideas, con la legislación actual y con el marco regulatorio respectivo, las zonas fronterizas, como Tijuana, Baja California, en donde casi todo, sino es que todo, el turismo extranjero llega y se va vía terrestre, ya sea en automóvil o a pie, no se ven beneficiadas con estos programas gubernamentales.
Así pues, para solucionar esta situación, es necesario reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que se abarquen a todas estas zonas que no dependen de los medios de transporte aéreo y marítimo.
Cabe resaltar que esta reforma a la ley del IVA ya había sido materia de diversas iniciativas, presentadas por legisladores de todas las fracciones parlamentarias y cuando las comisiones a las que les fueron turnadas todas estas iniciativas dictaminaron el asunto, únicamente establecieron que el turismo que se viera beneficiado por la devolución del IVA fuera el que ingresaba y saliera de México por aire o mar; sin embargo, en el dictamen final, votado en la honorable Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2005, se expresó la conveniencia de que se lleven a cabo los estudios y los análisis que ponderen la posibilidad de ampliar, en el futuro, la medida propuesta para que pueda ser aplicada por vía terrestre en la zona fronteriza de nuestro país.*
Ahora bien, los organismos dedicados a realizar estudios de movimiento fronterizo han obtenido los siguientes resultados:
Movimiento fronterizo de peatones
Movimiento fronterizo de vehículos
Movimiento fronterizo de pasajeros en autobús
Movimiento aéreo de pasajeros en los estados de la frontera norte
Fuente: Bureau of Transportation Statistics.
Como se puede observar, la cantidad total de pasajeros que se moviliza en transporte aéreo, aunque es considerable, no se acerca a los más de 15 millones de peatones o a los casi 30 millones de vehículos que se movilizan, tan sólo, por la frontera de Baja California.
Debemos considerar que no todos los peatones ni vehículos que ingresan por la frontera norte del país tienen la calidad de "turistas", conforme a la Ley General de Población, la que en su artículo 42 establece lo siguiente:
Artículo 42. No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:
I. Turista. Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.
Lo anterior resulta relevante ya que, de acuerdo con la redacción del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sólo a aquellos extranjeros que ingresen al país con la calidad de turista podrán solicitar la devolución del IVA; así pues, si se estima que, por ejemplo, sólo el 30 por ciento de los peatones y vehículos (considerando 2 personas por vehículo) que pasan por la frontera son turistas, esto representaría que, en promedio anual, más de 60 millones de turistas se movilizan por vía terrestre en las frontera del norte del país; por el contrario, si se estima, sólo como ejemplo, que el 75 por ciento de los pasajeros que se movilizan vía aérea son turistas, esto representaría que, en promedio anual, poco más de 5 millones de turistas se movilizan por esta vía.
Los datos anteriores muestran el potencial del turismo terrestre en la frontera norte de México, si además se le apoya con programas como la devolución del IVA a turistas, el impacto en el desarrollo turístico y económico de esa zona sería tremendo.
El futuro es ahora, el momento en que se necesitan tomar las decisiones es hoy; no podemos esperar a que pasen más legislaturas, la realidad no va a esperar y, sobre todo, la crisis no va a esperar; hay que dejar de ser los mexicanos del mañana, seamos los mexicanos del hoy y del ahora.
De conformidad con lo expuesto, se propone para su discusión y, en su caso, aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas, de conformidad con la Ley General de Población, que salgan del país, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana correspondiente, por la que salga el turista.
III. El valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos mexicanos.
En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse el costo de administración que correspondan a las devoluciones efectuadas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá modificar las reglas de carácter general, que para tal efecto haya expedido, en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Nota
* Gaceta del Senado de la República número 129, año 2005, martes 25 de octubre. Tercer año de ejercicio, primer periodo ordinario.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de febrero de 2010.
Senador Fernando Castro Trento (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIONA UNO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
México, DF, a 16 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriendo los párrafos subsecuentes del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo, y se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriendo los párrafos subsecuentes del artículo 3 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. El sistema fiscal debe estar sometido a un proceso de revisión constante pues, los instrumentos que en un tiempo fueron adecuados pueden dejar de serlo si no se procede a su reestructuración para adaptarlos a las necesidades cambiantes del desarrollo social y económico.
Es por ello que en esta iniciativa proponemos el fortalecimiento de la hacienda municipal, a través del mecanismo de exentarlas del pago del impuesto al valor agregado (IVA), cuando su gasto esté destinado a inversión de infraestructura.
Si bien es cierto que, con la última reforma hacendaría de 2007, se aumentaron los montos en los fondos de las participaciones federales a los municipios, también es cierto, que la brecha entre municipios pobres y ricos ha crecido de manera exponencial.
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el índice de desarrollo humano municipal en México deja evidencia de que existen importantes desigualdades entre los niveles de desarrollo de las entidades federativas del país, al identificar que la mayor parte de la desigualdad nacional obedece a las diferencias que existen en los niveles de desarrollo humano entre municipios al interior de las entidades federativas.
Los 100 municipios de menor índice de desarrollo humano se encuentran distribuidos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Durango, y Nayarit. Estos municipios concentran 1.1 millones de mexicanos y alrededor de 85 por ciento de esta población es hablante de alguna lengua indígena. De los 100 municipios 90 se ubican en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero.
De esta manera, para ejemplificar nuestra propuesta, podemos citar el caso del municipio de Metlatónoc, Guerrero, considerado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como uno de los municipios más pobres del país y cuyos habitantes tienen un índice de desarrollo humano similar al de países africanos como Burundi, al cual le fue asignado en el PEF 2009, 40 millones de pesos, de los cuales, para el rubro de infraestructura, se le asignaron 10 millones, pero tuvo que erogar 1.5 millones sólo para el pago del IVA.
El municipio de Metlatónoc, en 2009, erogó únicamente en infraestructura, 8.5 millones, cuando de acuerdo con el Inegi: 86.60 por ciento de su población gana un máximo de 90 pesos diarios; 60.69 por ciento, de los habitantes mayores de 15 años, son analfabetas; 75.99 por ciento de las casas no cuenta con baño ni drenaje; 24.29 por ciento carecen de luz; 28.65 por ciento no tienen agua; y 97.56 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud.
La excepción del pago del IVA hubiera sido una gran diferencia para este gobierno local, el cual hubiera podido emplear esos recursos para crear infraestructura social.
Segundo. Consideramos oportuno destacar que, en el caso de los municipios con la reforma al artículo 115 de la Constitución Política, publicada el 23 de diciembre de 1999, se pretendió el fortalecimiento del municipio en México. Se buscó el compromiso con la renovación del federalismo la promoción del municipio como espacio de gobierno vinculado a las necesidades cotidianas de la población.1
Resulta clara la tendencia al fortalecimiento de los municipios, pero consideramos que es un error transferirles mayores responsabilidades sin las herramientas para hacerles frente.
Podemos decir que el principal problema de las autoridades locales estriba en que "la federación se ha apropiado de las fuentes más importantes de recursos, debido a que ninguna de las constituciones del país: 1824, 1857 y 1917, contemplan la delimitación de competencias impositivas".2
Además de que la "estructura fiscal vigente no provee los recursos suficientes a ninguno de los tres ámbitos de gobierno, esta estructura se caracteriza por un bajo nivel de ingresos debido a que, entre otras razones, a una gran evasión fiscal, a la existencia de regímenes especiales como al sector transportes, a inconsistencias en el esquema legal y a una administración complicada".
Tercero. Para los municipios, el denominado gasto federalizado constituye la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales, representando en promedio el 90 por ciento de los recursos que integran sus respectivos presupuestos.
El gasto federalizado en su concepción estricta comprende las transferencias contempladas en los ramos 33, 28 y 25. En la concepción extensa se incluyen componentes del ramo 23, así como los proyectos de inversión y componentes de desarrollo regional contemplados en el Presupuesto federal e identificados para las entidades federativas.
Se sustenta en transferencias que se llevan a cabo del gobierno federal a las entidades federativas. Los recursos de dichas transferencias tienen su origen en la actividad económica dispersa en estas, las entidades federativas, pero cuya coordinación nacional corre por cuenta del gobierno federal.
La dependencia de los recursos que reciben las autoridades locales de la federación, tiene su origen en el hecho de haber transferido al gobierno federal algunas de sus potestades tributarias al aceptar abstenerse de gravar las mismas fuentes para evitar la doble tributación, por consiguiente los denominados ingresos propios que recaudan los estados, representan cantidades que oscilan entre 5.0 y 10.0 por ciento.
Algunos autores coinciden en que la problemática de la dependencia de los gobiernos locales del gobierno federal obedece a un proceso de varias etapas.
Tiene un origen teórico establecido en la Constitución, por ser un régimen impositivo de concurrencias, que en la práctica se ha transformado en la creación de leyes y convenios que han transferido y centralizado la mayor parte de las facultades tributarias al gobierno federal.
Al respecto José María Serna de la Garza (2004) señala:
Esto ha provocado, por una parte, que los gobiernos municipales queden a expensas del Congreso de la Unión y de las restricciones presupuestales.
En general, los gobiernos municipales siempre han demandado a la federación una mayor cantidad de recursos para su fortalecimiento fiscal y, a la vez, exigen menor fiscalización para tener un mayor margen de maniobra para atender sus problemas particulares.
La gran dependencia de los gobiernos municipales trae aparejada el que las participaciones se clasifican como gasto no programable, es decir, que se encuentran estrechamente vinculadas a la recaudación tributaria que se registre durante el año, por lo que cuando la actividad económica disminuye, también las asignaciones para estados y municipios registra ajustes a la baja.
Así, de acuerdo con la información disponible al tercer trimestre del ejercicio 2009, este rubro registró una disminución de 52 mil 138.5 millones de pesos, con respecto a lo programado.
Cuarto. La naturaleza del impuesto al valor agregado es el gravar el consumo, en forma de cobro en cascada, es decir pagar al gobierno la diferencia del impuesto cobrado contra el pagado.
En la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 2o. estipula que el impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza y de 16 por ciento cuando no se trate de estas regiones.
Asimismo, la ley manifiesta en el artículo 3o. que la federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa de 0 por ciento.
Los municipios están obligados a pagar el impuesto al valor agregado cuando contraten a terceros, por ejemplo, cuando soliciten los servicios de una compañía para la creación de infraestructura en su municipio; sin embargo, este pago es injustificable, ya que los municipios no actúan con fines lucrativos, sino que lo hacen con un fin social, es decir, lo que los municipios pretenden es dar estabilidad y por ende mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de generar mejoras en su ambiente, en este sentido los municipios deberían de tener la ventaja de no pagar este impuesto pues con 16 por ciento se podría mejorar la seguridad social.
Al estar obligados los municipios por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, les genera problemas de insolvencia –insuficiencia para resolver sus deudas de corto plazo, pago a proveedores, pago de programas de apoyo y dificultad para solventar los gastos operativos– pues la mayor parte de su presupuesto está destinado a infraestructura, el gasto que les generan estas obras, más 16 por ciento del impuesto, reduce su capacidad financiera. Por ende, los gobiernos municipales deberán aplicar medidas correctivas en sus gastos operativos o buscar financiamiento externo para cubrir sus obligaciones, generando un endeudamiento mayor y una reducción en la inversión en obra pública para balancear sus presupuestos.
El incremento al IVA será de gran impacto para el municipio, ya que todo lo que el municipio eroga en obra pública y adquisiciones lleva grabado el impuesto, que pasa del 15 al 16 por ciento; es decir, más del 50 por ciento del presupuesto del municipio será grabado con el IVA, generando un detrimento en la calidad de vida más que mejorarla ya que al pagar este impuesto el municipio utiliza recursos que se podrían utilizar en otros sectores como la seguridad, la salud e infraestructura en general.
Nuestra propuesta se sustenta bajo el argumento de que cuando el municipio paga el impuesto al valor agregado, este no tiene manera de trasladarlo a nadie más y se queda con toda la carga impositiva, siendo que el objeto no es el obtener un beneficio o ganancia particular, sino el beneficio del gasto es social.
Cuando el municipio paga el impuesto al valor agregado sus proveedores, no hay manera de asegurar que los recursos regresarán a la federación, ya que al amparo de una "estrategia fiscal" esos proveedores pueden no enterar la totalidad, con lo que se refuerza nuestra postura de que resulta más conveniente para los fines del Estado, el que los municipios estén exentos de pagar el impuesto y estos recursos sean gastados en infraestructura en beneficio de los gobernados.
Quinto. En el caso del IVA son tres grandes rubros en los que se dividen los gastos fiscales: tasa cero, bienes y servicios exentos, y la tasa preferencial de 11 por ciento en la región fronteriza.
De éstos, el concepto que mayor peso tiene, son los asociados con la tasa cero que representa 68.4 por ciento del total de los gastos fiscales asociados al IVA; por concepto de exención representan 21.7 por ciento y el restante 9.9 por ciento corresponde al concepto de la tasa del 11 por ciento en la región fronteriza.
Dentro del concepto de tasa cero, los gastos fiscales se concentran en alimentos y medicinas los cuales representan 88.1 por ciento. Por otra parte, en el concepto de bienes y servicios exentos, los gastos fiscales se concentran en servicios de enseñanza y vivienda, los cuales representan 82.8 por ciento del total.
Por lo expuesto en líneas anteriores, entendemos que al estar en el rubro de exentos no generaría un impacto significativo en la recaudación federal, ya que, como se ha afirmado en líneas anteriores, no hay certeza de que el pago de este impuesto por parte de los proveedores, regrese de manera total y efectiva a las arcas de la tesorería federal y, en el mecanismo que proponemos, la disponibilidad de recursos para infraestructura se ve fortalecida de manera inmediata.
Sexto. La propuesta cobra viabilidad en cuanto a que los gobiernos locales son la célula básica para la prestación de servicios públicos, es necesario fortalecer su capacidad de acción y respuesta hacia los ciudadanos, dotándolos de mayores recursos para infraestructura.
Un ejemplo es el siguiente, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el ramo 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", para Michoacán ascienden a 17 mil 997.3 millones de pesos, lo que significa que alrededor de 2 mil 789.5 millones de pesos serán destinados al pago de impuestos.
Con respecto al ramo 28, "Participaciones a entidades federativas y municipios", el proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 13 mil 929.2 millones de pesos. Es una estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a que este ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con base a la recaudación federal participable y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el año y por este sólo concepto se pagaran 2 mil 228 millones de impuestos.
Proponemos que la exención del IVA a los municipios sea únicamente en el rubro de gasto de infraestructura, y no en gasto corriente, ya que el gasto de infraestructura a la vez que genera un benéfico directo en la población, trae como consecuencia la generación de empleos y la reactivación económica en las regiones en las que es ejercido el gasto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Único. Se reforma el segundo párrafo, y se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriendo los párrafos subsecuentes del artículo 3 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 30. ...
La federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa de 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley.
Los municipios no tendrán la obligación de pagar el impuesto al valor agregado que se les facture por actos o actividades destinadas a la inversión en infraestructura, únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y podrán acreditar todo el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficia e la Federación.
Notas
1. Gaceta Parlamentaria, año II, número 286, martes 15 de junio de 1999. Elaborada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, para reformar y adicionar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Marcela Astudillo Moya, Astudillo Moya Marcela (2009).
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR EL SENADOR RANULFO TUXPAN VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
México, DF, a 18 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ranulfo Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Ranulfo Tuxpan Vázquez, senador de la república por Tlaxcala a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, un grupo de diputados pertenecientes a las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo hizo uso de la tribuna para expresar su malestar en contra del gravamen establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente al cobro de impuestos a jubilaciones y pensiones, ello ante las múltiples demandas expresadas en los últimos días, por un considerable número de pensionados y jubilados del país.
Por otro lado, no omito hacer mención que en la sesión ordinaria del 2 de febrero del año en curso, mi compañero de bancada el senador Tomás Torres Mercado presentó iniciativa para derogar dicha disposición ante la cual coincidimos plenamente.
En la actualidad la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé en el artículo 109, fracción III, que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
El secretario de Hacienda en días pasados justificó este cobro retenido por el Servicio de Administración Tributaria bajo dos argumentos: el primero, relativo a que el gravamen está establecido en la ley, por lo cual dicha secretaría no está extralimitando sus facultades ni está haciendo cobros indebidos; y segundo, que este impuesto se ha venido reteniendo sin distinciones, de tal manera que lo mismo le afecta a un simple trabajador que a un ex presidente; sin embargo, consideramos desafortunados dichos comentarios y justificaciones, pues si bien es cierto que afecta a todo tipo de pensionados, el impacto es diferente, dado que no es lo mismo percibir una pensión que oscile entre los diez mil o veinte mil pesos que una de cien o ciento veinte mil pesos; aunado a ello, es pertinente manifestar que un ex presidente de la República o un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ex gobernador del Banco de México, o algún otro servidor público que haya ocupado cargos de primer nivel en la administración pública, al margen de que el monto de su pensión es considerablemente superior a la mayoría de jubilados y pensionados, ese ingreso no constituye la fuente principal para la subsistencia de esos ex servidores públicos, ya que normalmente cuentan con otro tipo de haberes y recursos, no así en el caso de un ex trabajador asalariado, quien al haber percibido un limitado sueldo mientras estuvo activo, no le permitió crear sus propios medios que a la postre podían haberle generado otros ingresos, por lo cual no se justifica el pago de un nuevo impuesto; empero, además de las consideraciones de índole económico social acabadas de verter, quiero poner a consideración de esta soberanía, los argumentos de carácter constitucional que ponen de manifiesto la improcedencia del nuevo gravamen que se analiza.
La pensión deriva de un ahorro que a los trabajadores han efectuado a lo largo de su vida laboral y que en su momento ya fue gravado, por lo que pretender cobrar otro, implicaría la imposición de un doble impuesto, que se traduce en una carga injusta e inequitativa, en contravención con la garantía contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, que a la letra dice lo siguiente:
Además, existe un argumento de carácter tributario consistente en que, conforme a los datos del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2009, dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fisco dejó de percibir por este concepto tan sólo 9.8 millones de pesos; por lo cual el impacto que tiene dicha exención en la hacienda pública federal no es considerable, si se toma en cuenta que la mayor cantidad que se recauda a través de este impuesto, está precisamente en lo que el fisco capta por gravar los ingresos de los trabajadores en activo, que sí representa un ingreso tributario considerable, por lo que se puede concluir con seguridad que la eliminación del impuesto a jubilaciones y pensiones no constituye un trascendente menoscabo en la recaudación fiscal; pero sí impacta considerablemente la ya de por sí raquítica economía de los pensionados y jubilados, pues por tratarse de personas de la tercera edad, ya no tienen la oportunidad de realizar actividades con las que puedan obtener otros ingresos que les permita vivir con dignidad los últimos días de su vida.
Así las cosas, y ante este escenario, diversas organizaciones civiles han manifestado que buscarán interponer demandas colectivas para ampararse frente al primer acto de aplicación de la Ley del ISR que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya llevó a cabo durante los primeros días de este mes, los que además de traducirse en un enorme gasto al erario público con la sustanciación de esos procedimientos judiciales que se pueden evitar, la ley en cuestión evidencia una clara violación a los derechos fundamentales de las personas que, por razón de edad junto con menores e incapaces, constituye la parte más débil de la población, a quienes como sus representantes estamos obligados a proteger.
Frente a este reclamo generalizado de las mayorías y no de las minorías, pues hasta el momento no hemos encontrado algún ex presidente, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia o de algún otro alto funcionario que se oponga al cobro de este impuesto, seguramente porque no se laceran sus bolsillos, es lo que me obliga a presentar esta iniciativa, con el propósito de eliminar en su totalidad el impuesto que se analiza, por las razones constitucionales, fiscales, sociales y de los convenios internacionales que el país ha contraído, como es el 102 que suscribió en 1985 con la Organización Mundial del Trabajo, en los términos a que se hizo mérito; toda vez que la referida carga fiscal afecta de manera significativa a los pensionados y jubilados, sobre todo en esta época de crisis, pues la pensión en su gran mayoría constituye la única fuente de subsistencia para ellos y su familia.
Po lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto únicamente respecto a la fracción tercera del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 109. No se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (…) III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Senador José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, PARA QUE SE PRESENTE EL DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EL ORDEN DE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 16 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia acordó remitir la documentación a la Cámara de Diputados, que se anexa.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
LXI Legislatura
Presente
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67 inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente le solicito se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, para que presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 7 de febrero de 2008, el senador Jesús Murillo Karam, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 17 constitucional, en materia de acciones colectivas.
2. En esa fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada se turnada, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
3. El 10 de diciembre de 2009, el pleno del Senado de la República aprobó –por 100 votos a favor– el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva del Senado de la República envió el expediente de la minuta en comento a la honorable Cámara de Diputados.
5. En sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados remitió la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de estudiarla y elaborar el dictamen correspondiente.
Consideraciones
Primera. El sistema jurídico mexicano ha ido incorporando los derechos fundamentales denominados de primera generación (civiles y políticos), de segunda (económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (colectivos y de solidaridad); sin embargo, su incorporación no es suficiente para poder hablar de un verdadero estado de derecho.
En general, el sistema jurídico mexicano fue diseñado bajo una perspectiva liberal e individualista que permite la titularidad de los derechos y su protección mediante mecanismos que privilegian la acción individual sobre la colectiva.
Por lo tanto, muchas de nuestras normas que en su momento cumplieron las expectativas y demandas en materia de protección de los derechos de las personas, hoy son ya insuficientes, pues la creciente complejidad de las relaciones sociales hace necesario rediseñar el enfoque de las instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a los individuos y a las colectividades su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.
Segunda. Las acciones colectivas son definidas como instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad.
Tienen como objeto facilitar el acceso a la justicia, pues permite que un grupo de afectados emprenda un proceso judicial en el que se faculta a una sola persona, colectivo o asociación civil, para representar a un conjunto de personas afectadas en una sola demanda, agilizando el proceso, reduciendo costos, exigiendo la reparación del daño y marcando una pauta para que los demandados corrijan prácticas arbitrarias que afectan los derechos colectivos.
Tercera. Las acciones colectivas se encuentran dentro de los llamados derechos humanos de tercera generación (colectivos), los cuales están contemplados dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el cual fue firmado y ratificado por México, pero aún no se reflejan en la Carta Magna.
Cuarta. Los sistemas jurídicos de países desarrollados cuentan con instrumentos jurídicos como las acciones colectivas, con la finalidad de que cualquier ciudadano esté legitimado para iniciar la labor jurisdiccional en defensa de intereses colectivos o intereses difusos, lo que toma gran relevancia ante actos en los que no existe un agravio personal y directo, que era un obstáculo que impedía a los ciudadanos comunes y corrientes defenderse de actos de autoridad en los que su interés jurídico no es claro y directo.
Quinta. Países como Estados Unidos de América, España, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica contemplan, tanto en sus normas fundamentales como en la legislación secundaria, la figura de las acciones colectivas, las cuales tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias, como son el patrimonio, el espacio público, la seguridad pública, el ambiente, la libre competencia económica, los derechos de autor, la propiedad intelectual, los derechos del consumidor, entre otros; con el objeto de evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o la reparación del agravio sobre los mismos.
Estos países han logrando que los grandes consorcios que también operan en México y que vulneran derechos colectivos, cumplan con todas las normas de ética en sus países.
Sexta. Actualmente, los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues al ser consumidores de productos y servicios frente a los abusos de las empresas, no existe un recurso jurídico que les permita a quienes sufren afectaciones, emprender un proceso de demanda ágil, barato y efectivo, contra corporaciones que violentan derechos humanos y rompen las reglas de competencia económica.
Séptima. Las acciones colectivas pueden constituir un mecanismo eficaz para cambiar las conductas antijurídicas de las empresas del sector privado, e inclusive las del sector público, así como de los particulares en general, que afectan a grandes sectores de la sociedad.
Octava. Reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las acciones colectivas significaría superar la defensa individual en la que los ciudadanos tienen muchas desventajas, pasando a un modelo en el que la sociedad gane, al igual que las empresas que trabajan bajo criterios éticos y con base en el respeto de los derechos humanos, abonando así al proceso democrático en nuestro país.
Novena. Cabe destacar que a esta reforma constitucional en materia de acciones colectivas aún le falta un largo camino por recorrer, pues una vez que sean analizadas y, en su caso, ratificadas por la Cámara de Diputados, posteriormente pasarán a su aprobación en los Congresos locales, para posteriormente establecer una ley secundaria que deba contener especificaciones del procedimiento y reparación del daño, además de garantizar su carácter amplio y representativo.
Por lo expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito solicitarle, ciudadano presidente, la propuesta de la siguiente
Excitativa
Única. Se turne la presente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que presente, a la brevedad posible, el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2009; y en caso de que la comisión no presente el dictamen respectivo, se proponga un cambio de turno a otra comisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los dieciséis días del mes de febrero de 2010.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
Solicitudes de particular
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 11 de febrero de 2010.
Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
Antonio Ruiz Caballero, mexicano por naturalización, señalando como domicilio para oír notificaciones cerrada de Grama 112 departamento 3, colonia del Rosario, Coyoacán, CP 04380, México, DF, ante esa honorable soberanía respetuosamente expongo:
Comparezco a solicitar autorización para recibir de su majestad el Rey de España, la medalla la Cruz de Encomienda con insignia de la orden de Isabel la Católica, ceremonia que tendrá lugar en la Embajada de España en México, DF.
A esta respetuosa solicitud se acompañan los siguientes documentos:
2. Acta de nacimiento del compareciente.
3. Carta de la Embajada de España donde se notifica al solicitante el otorgamiento de la medalla.
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