Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA Y A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TIJUANA A CONCLUIR LA AMPLIACIÓN DE CARRILES EN EL CRUCE INTERNACIONAL PUERTA MÉXICO; Y AL EJECUTIVO FEDERAL, A ORDENAR LA APLICACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR EN ESE LUGAR HASTA QUE SE CONCLUYA EL NUEVO PASO FRONTERIZO EN EL CHAPARRAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Los cruces fronterizos facilitan el comercio y los viajes seguros, por ello resulta fundamental mantener una frontera ágil y dinámica que asegure el transporte de personas, bienes y servicios.
Los cruces fronterizos entre Baja California y California propician un intercambio comercial importante, muchas de las mercancías que se transportan por tierra alcanzan billones de dólares al año. Los retrasos en los cruces fronterizos causan pérdidas por alrededor de 4,200 millones de dólares anualmente de acuerdo con el Departamento de Transporte de California.1
El cruce fronterizo de San Isidro-Tijuana es uno de los seis cruces fronterizos, vía terrestre, con los que cuenta Baja California que comunican a México con Estados Unidos y, en particular, al municipio de Tijuana con el condado de San Diego.
Se estima que tan sólo en 2007 por este cruce y el de la Mesa de Otay circularon un total de 20 millones de vehículos particulares, 738 mil camiones de carga, 145 mil autobuses de pasajeros y 9.1 millones de personas a pie2. Se calcula que el flujo vehicular es de 50 mil unidades diarias a través de este cruce.
A pesar de la importancia de mantener una dinámica fronteriza ágil, largas filas se han observado en el cruce fronterizo hacia México en las últimas semanas.
Con la implementación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en Tijuana, ha aumentado el tiempo de espera en la Puerta México. De acuerdo con un estudio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado, durante 2008 por la puerta internacional de San Isidro, cruzaron 13 millones 672 mil 329 vehículos, con 25 millones, 319 mil personas. Según estimaciones el 86 por ciento de las personas que cruzan hacia ambos lados de la frontera realizan visitas de un solo día, lo que genera un alto flujo vehicular en las aduanas.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es uno de los proyectos de modernización que se han puesto en marcha en las veintiún aduanas fronterizas del país, a fin de que los aproximadamente 90 millones de vehículos que ingresan de Estados Unidos a México, sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, en un tiempo promedio de ocho segundos.
Su puesta en marcha tiene el propósito de que la aduana mexicana cumpla su función de forma más eficiente en la detención de tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas.
Sin embargo, este Sistema está diseñado para una revisión de vehículo por vehículo. A través de dispositivos, en aproximadamente ocho segundos, se toma peso, dimensiones, placas, fotografía y tipo de vehículo, lo que representa la revisión de 56 vehículos por minuto, y de 3 mil 360 vehículos por hora, si todos los carriles están funcionando.
El tiempo de espera del cruce fronterizo de San Isidro a Tijuana ha aumentado considerablemente en los últimos meses, la lentitud en el cruce ha impactado tanto la actividad económica de la región, como la vida cotidiana de estudiantes, trabajadores y miles de personas que cruzan diariamente la frontera.
La falta de conocimiento del gobierno federal de la dinámica fronteriza ha afectado gravemente los cruces, sobre todo porque se desconoce la importancia de atravesar diariamente la frontera para trabajar, estudiar, realizar visitas familiares, o para el intercambio comercial de bienes y servicios.
Recientemente Cámaras empresariales, hoteleros, médicos, transportistas, y restauranteros se manifestaron en contra del lento cruce fronterizo que causa pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares y que afecta por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego.
Por ello, previamente a la implementación del Siave en Tijuana, organismos empresariales de Baja California, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Comerciantes Turísticos y la Cámara Nacional de la Industria Restaurante (Canirac), demandaron, a la Administración General de Aduanas, el ajuste del Siave a la capacidad real de la Puerta México, ya que su implementación de acuerdo a lo previsto, daría lugar a aumentar hasta 6 horas el tiempo de espera para la inspección de los vehículos en horas de mayor afluencia vehicular.
Como respuesta a esta demanda se retrasó la implementación del Siave en Tijuana al mes de octubre de 2009 y se determinó en los primeros meses de este año, la ampliación de carriles en la Puerta México para corregir parte de las deficiencias del Siave durante el ingreso de San Diego a Tijuana.
De acuerdo con información del administrador de la Aduana de Tijuana, el Siave no funcionará de forma integral, mientras se llevan a cabo las obras para la ampliación de tres carriles, lo que ha originado largas horas de espera para ingresar a Tijuana que en "horas pico" se incrementa hasta dos horas.
Se ha informado que las obras que se ejecutan en la Puerta México se llevan a cabo por parte del gobierno estatal para agilizar los trabajos y evitar la lentitud en la gestión de los recursos por parte del Gobierno Federal.
Sin embargo, esta lentitud genera grandes pérdidas paral a economía. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y el Departamento de Transporte de California (CALTRANS), el costo de los tiempos de espera en la frontera, representan tan solo para la región Tijuana-San Diego 5.1 mil millones de dólares al año.
La problemática surgida de la aplicación del Sistema en Tijuana ya es del conocimiento del Presidente de la República, quien se ha comprometido a ordenar que se adopten las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del mismo, a través de la creación de la infraestructura necesaria.
Es importante precisar que aún cuando pareciera que las largas filas de espera que se han tenido durante las últimas semanas para cruzar de San Diego a Tijuana se debe a la construcción de carriles, es claro que la habilitación de carriles no garantiza agilizar el tráfico en tiempo menor al que se tenía previamente a la puesta en marcha del Siave en Tijuana. Peor aún la inversión en la construcción de carriles, resulta costoso, porque toda la tecnología que se está instalando se tendrá que trasladar a "El Chaparral" en algunos años.
Por ello, resulta fundamental la urgencia de iniciar los trabajos del nuevo cruce internacional en el Puente Fronterizo de la zona conocida como "El Chaparral" y considerar el impacto social y económico que han tenido los retrasos, a consecuencia de la instalación física del Siave.
Según información disponible para la ejecución del proyecto "El Chaparral", el gobierno federal ha determinado el destino de 583 millones de pesos y para llevar a cabo el inicio de la primera etapa se han dispuesto 230 millones de pesos.
Se estima que la implementación del Programa sin tomar en cuenta la capacidad real de la "Puerta México" resultará altamente inconveniente para la dinámica fronteriza. Por ello, resulta fundamental que el Sistema de Inspección Vehicular no funcione al 100 por ciento hasta en tanto no entre en operación el cruce fronterizo de "El Chaparral" con 19 carriles.
La medida adoptada por el gobierno federal atiende a la creación de una frontera segura y competitiva. Sin embargo, no se puede apostar al éxito de una política pública federal en perjuicio de la dinámica fronteriza de los tijuanenses, que sólo refleja un total desconocimiento de la actividad económica y social que se vive en la frontera.
No estamos en contra de de atender las prioridades a nivel nacional, pero ello se debe realizar sin demérito del intercambio comercial, turístico y de negocios, así como de las necesidades regionales. Por ello, resulta fundamental que la protección de la seguridad nacional, se lleve a cabo sin frenar el desarrollo de las ciudades fronterizas, y con el menor número de afectaciones a la frontera más transitada de México.
Resulta fundamental generar mejores condiciones de cruce vehicular, a través de infraestructura adecuada para asegurar agilidad en el aforo vehicular. Asimismo, resulta necesario que los legisladores nos solidaricemos con los reclamos expresados por las diferentes organizaciones empresariales, de trabajadores, hoteleros, restauranteros, y de la comunidad en general.
Por ello, se propone exhortar al gobierno estatal para que, a la brevedad, redoble los esfuerzos para agilizar el avance de obra en la ampliación de los tres nuevos carriles de acceso en el cruce internacional, conocido como Puerta México, que se espera incremente en un 42 por ciento el flujo vehicular a Tijuana.
Asimismo, se propone exhortar al gobierno federal a liberar los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del nuevo cruce internacional en el Puente Fronterizo El Chaparral, para aumentar los carriles de ingreso a México, previamente a la implementación en su totalidad del Siave, toda vez que se trata de una ciudad con más de 2 millones de habitantes y en una de sus puertas de entrada sólo tiene 7 carriles.
Asimismo, resulta fundamental que una vez concluidas las obras de ampliación de carriles en el Puerto fronterizo conocido como Puerta México, que el Titular de la Administración General de Aduanas ordene la revisión del funcionamiento y tiempos de espera vehicular conforme al Siave, para confirmar que cada cruce no demora más de 5 segundos por automóvil.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que ordene la aplicación parcial del Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México (Siave), hasta que se concluya la construcción del nuevo cruce internacional en el Puente Fronterizo El Chaparral, para aumentar los carriles de ingreso a México, a fin de evitar que la inspección vehicular en la aduana fronteriza de Tijuana afecte aún más el intercambio comercial, turístico, de negocio, y necesidades de la región.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana para que redoblen los esfuerzos para concluir las obras de ampliación de los tres nuevos carriles de acceso en el cruce internacional, conocido como Puerta México, a fin de disminuir las largas filas de espera para ingresar a territorio mexicano que sólo han causado pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares, afectando por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Administración General de Aduanas para que una vez concluidas las obras de ampliación de tres carriles en el Puerto fronterizo conocido como Puerta México, ordene la revisión del funcionamiento y tiempos de espera vehicular conforme al Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México (Siave), para confirmar que cada cruce no demora más de 5 segundos por automóvil, a efecto de proponer al titular del Ejecutivo federal los ajustes que sean necesarios en la aplicación del proyecto.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California para que agilice las licitaciones y la aplicación de los recursos destinados a la realización del proyecto del nuevo cruce internacional en el Puente Fronterizo "El Chaparral".
Notas
1. Comunicado del Embajador Antonio O. Garza de fecha 8 de diciembre de 2008. http://www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp081208_BorderCrossing.html
2. Comunicado del Embajador Antonio O. Garza de fecha 8 de diciembre de 2008. http://www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp081208_BorderCrossing.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y AL SAT A PROPORCIONAR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN PRECISA ACERCA DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA APORTACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRIBUYENTES EN LOS DIVERSOS IMPUESTOS, REGÍMENES, ESTRATOS DE INGRESOS Y SECTOR DE ACTIVIDAD, DESGLOSANDO LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CADA CASO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Con el propósito de avanzar hacia un esquema de finanza públicas, sostenidas más por la propia actividad económica y menos por ingresos coyunturalmente excedentes, existe la urgente necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionen información precisa, que sirva de base al Legislativo para el diseño de la política de ingresos que requiere nuestro país.
La SHCP y el SAT deben cumplir con esa responsabilidad, para que los legisladores dispongamos de los elementos de análisis que nos permitan sustentar objetivamente nuestras decisiones. Sobra decir que esa información también podría favorecer el conocimiento que debe tener nuestra sociedad acerca de los temas fiscales.
Se debe buscar ser muy transparentes y precisos para evitar lo que sucedió a finales de 2009, en la discusión de la Ley de Ingresos para 2010, cuando el SAT hizo llegar al Legislativo un documento sin logotipos, sin formalidad alguna, plagado de confusiones.
Entre otras afirmaciones, el documento del SAT señalaba que a pesar de las estrategias seguidas para impedir la evasión y elusión de los grandes contribuyentes, "el régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, que en conjunto acumularon ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR de 1.7% en promedio. Incluso mencionó que las empresas que estaban en ese caso eran cementeras, tiendas de autoservicio, departamentales y de muchos más sectores.
Como era de esperar, los dirigentes de las fuerzas progresistas aprovecharon dicha información para denunciar el contubernio que contó con la participación de personeros empresariales, para frenar el avance democrático del país en 2006. Lo curioso fue que, incluso Felipe Calderón, beneficiario de ese contubernio, hizo suya la información contenida en el documento del SAT, reconociendo implícitamente que era información oficial.
Lo cierto es que el texto del SAT sólo refleja el poco interés de esa dependencia y de la Secretaría de Hacienda, por contribuir a evaluar y explicar el comportamiento de los distintos grupos de contribuyentes o, en su caso, para fiscalizar y sancionar a los culpables de evasión fiscal.
El SAT no puede enviar al Legislativo ese tipo de documentos, como si filtrara información, porque no ayuda en nada a entender la problemática de la recaudación. En realidad está fallando a su responsabilidad
¿A qué empresas se refiere el SAT?
Como se confirma en el documento del SAT, hay empresas que evaden o eluden el pago de impuestos. Curiosamente, todo indica que son las mismas cuyos personeros han realizado un activismo político tan negativo para el país, que incluso han dañado a sus propias empresas. Son los clásicos dueños ricos de empresas pobres y trabajadores precarios y quieren más mediante las "reformas estructurales".
Por otra parte, el documento del SAT deja entrever que, más que modificaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria debería investigar esas inversiones o las prácticas de sobrefacturación para elevar los costos y reducir los márgenes, que supuestamente permiten que los grandes corporativos no paguen impuestos.
Y lo menos que se podría esperar de los funcionarios de ese organismo es que acompañen su información con los documentos de denuncia en contra de esos personeros empresariales. También sería de esperar que, en caso de que alguna de esas empresas esté cotizando en la bolsa, sea sancionada por estar defraudando al fisco y a sus accionistas.
Lo cierto es que se requiere contar con información más detallada acerca del comportamiento de los diferentes tipos de contribuyentes y del potencial de recaudación considerando los efectos perversos de la actual política económica que propicia que los recursos disponibles en el país se dediquen gran medida a subsidiar importaciones de bienes de consumo que impactan a la planta productiva nacional y generan desempleo y reducen la capacidad de recaudación.
Urge que la información que proporcionan la SHCP y el SAT sea más precisa, que contribuya a diseñar una política de recaudación exitosa. Necesitamos saber cuál es el costo beneficio para el país de los regímenes especiales del agro, del transporte, del régimen de consolidación, del régimen de maquila, el de inversión extranjera, de los recintos fiscales que promueve la Secretaría de Hacienda y de los acuerdos de doble tributación. ¿Por qué unos regímenes especiales son buenos y otros no? ¿Cuál es el cálculo de costo-beneficio que hacen las autoridades para promover la desaparición de unos y fortalecer a otros?
Eso es lo que falta y lo que exigimos a las dependencias responsables. Queremos tomar decisiones en las que se pueda explicar a la sociedad el beneficio o en su caso la inevitabilidad de las mismas. Queremos poder explicar a nuestros electores si el esquema de recintos fiscales es bueno, ¿por qué no se generaliza? Y si es negativo ¿por qué lo promueven las autoridades? Queremos tomar decisiones que propicien el desarrollo general de nuestro país o queremos promover enclaves, como son los recintos.
Por eso urge información sobre el comportamiento del ISR y del IVA. No se debe perder de vista que el ISR y el IVA tienen comportamientos y orígenes totalmente diferentes: el ISR es un impuesto que se paga sobre la utilidad, y el IVA, que enteran las empresas es el que cobran a los consumidores. Uno, el ISR se genera por la combinación del capital y el trabajo que genera valor nuevo. El otro, el IVA se obtiene de gravar el consumo, es decir, se aplica sobre el uso de recursos que previamente se habían distribuido, y los dos responden a lógicas totalmente diferentes.
Para cumplir con nuestras tareas, para tomar decisiones responsables, el SAT está obligado a proporcionar a esta soberanía información precisa o en su caso la base de cálculo de sus estimaciones, para conocer el comportamiento de la recaudación en los diferentes tipos de impuestos y de los diferentes contribuyentes, por separado en cada tipo de impuestos y de contribuyentes, así como de actividades económicas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, en relación con la LISR, LIETU, LIVA, IEPS y otros impuestos, en el orden y conceptos del Presupuestos de Gastos Fiscales, envíen a esta soberanía, a la brevedad posible un informe de los últimos tres años en relación al pago efectivo de impuestos y contribuciones, señalando por separado en cada caso los diferentes estratos de contribuyentes, de Pequeños a Grandes Contribuyentes, y por sector de actividad económica, asimismo:
Cuántas empresas y personas físicas están en cada régimen, incluyendo maquiladoras, consolidación fiscal, residentes en el extranjero, en recintos fiscales especializados, en esquemas de doble tributación. Cuánto aportan a la Hacienda Pública de ISR por su actividad como personas morales, cuánto por retención a salarios y cuánto por IVA y cuánto representan en los términos de gastos fiscales. En todos esos casos, qué beneficios fiscales ofrecen a los inversionistas.
La aportación que hacen a la hacienda pública las empresas multinacionales mexicanas por sus operaciones en el exterior y una evaluación sobre si ese resultado es equitativo o proporcional con la contribución que hacen las empresas de capital foráneo por su operación en el país.
Cuantas empresas eluden impuestos argumentando la consolidación fiscal, y por qué monto; cuantas han reportado a la Bolsa Mexicana de Valores y de otros mercados de esta situación, así como al público inversionista.
El monto y concepto de cada una de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente a esta soberanía el diagnóstico y evaluación integral sobre la conveniencia de derogar los Títulos II y IV, Capítulos II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previsto en el artículo décimo noveno transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE A FORMULAR UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES COMPETENTES PARA QUE CUMPLAN LOS ACUERDOS EMITIDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La migración es un fenómeno social global, que se desarrolla entre países con un alto desarrollo económico y naciones generalmente del tercer mundo.
Es innegable que se trata de un asunto que concierne tanto al país origen como al país destino, ya que sus efectos se hacen sentir tanto de un lado como del otro de sus fronteras.
Los migrantes no son delincuentes, son seres humanos que tienen la urgencia de proveerse a sí mismos y a su familia de las necesidades básicas de subsistencia y de una vida digna; por lo que, al no encontrar en su país la oportunidad de cumplir con dicha encomienda, se ven en la penosa situación de abandonar a su familia y su hogar, y se aventuran a llevar una vida en el anonimato, en la persecución, en la marginación y maltrato por carecer de documentación necesaria para su estancia legal en un país ajeno al suyo; todo esto, a fin de encontrar los recursos necesarios para alcanzar y hacer llegar a sus seres queridos la vida anhelada.
Como resultado del fracaso de la política laboral de la administración federal y su incapacidad de generar condiciones para la creación de empleos en nuestro país, ha aumentado de manera preocupante e inédita el flujo de migrantes de México hacia Estados Unidos de América; este sector de la población vulnerable ha modificado drásticamente su estilo de flujo, se ha comprobado que en los últimos años la migración ya no es un fenómeno sólo individual, sino que emigran familias completas, con lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores acompañantes, empeorando dicha situación.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, en el 2009 fueron repatriados a nuestro país, por los distintos puntos establecidos para ello, un total de 590,088 connacionales, de los cuales 564,026 tienen una edad de 18 años o mayores, de estos 496, 415 son hombres y 67,611 mujeres; Los menores de 18 años suman un total de 26,062, de los cuales 20,175 son niños y 5,887 niñas.
Grupos de edad y sexo Total
Total General 590 088
Total de 18 años y más 564 026
Hombres 496 415
Mujeres 67 611
Total de menores de 18 años 26 062
Hombres 20 175
Mujeres 5 887
De ahí, que hoy en día sea necesario el establecimiento de mayores mecanismos o instrumentos, acuerdos de carácter internacional que permitan acciones coordinadas y eficientes entre los distintos gobiernos de los países para salvaguardar los derechos de los migrantes.
Asimismo, es también de urgente necesidad, que nuestras autoridades competentes exijan por los medios más convenientes se den cumplimento cabal de los acuerdos pactados bilateralmente. Que se exija respeto, trato justo y cumplimiento de la ley a las autoridades norteamericanas; les debemos de insistir permanentemente, a través de instrumentos jurídicos, políticos y diplomáticos, que nuestros compatriotas deben de gozar de las garantías y prerrogativas que como personas merecen.
Grupos sociales y organizaciones internacionales se han manifestado en diferentes escenarios, denunciando las violaciones e incumplimientos a los distintos acuerdos sobre la protección de los derechos civiles de los migrantes mexicanos a los que son objeto por parte de las autoridades migratorias norteamericanas. Estas violaciones incumplen acuerdos bilaterales como el "Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos". Que en su articulado estipula sobre los procedimientos locales de repatriación y entre los cuales se indica en una de sus fracciones que deberá preservarse la unidad familiar durante el proceso de repatriación; otra fracción indica que personas incapacitadas, menores de edad no acompañados y otras personas vulnerables deben ser repatriadas en horario diurno para garantizar su seguridad.
Existe evidencia, en posesión de organizaciones sociales y casas de migrantes, de que las autoridades migratorias de los Estados Unidos están deportando connacionales menores de edad en horarios no permitidos, están separando a las familias enviándolas por diferentes puntos de repatriación, así como por puntos no autorizados, además de entregarlos sin listados comprobando su nacionalidad. Estas acciones son notoriamente violatorias a los acuerdos firmados.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de su competencia, a hacer un llamado a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América, para que se cumplan los acuerdos pactados, con objeto de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías individuales de nuestros connacionales en proceso de repatriación.
Debido a la preocupante situación por la que están pasando nuestros connacionales en proceso de repatriación es que se somete este punto de acuerdo, a consideración de esta soberanía para su urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de abril de 2010.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE TAMAULIPAS A TIPIFICAR EN SU LEGISLACIÓN EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS, EN CONGRUENCIA CON LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Congreso de Tamaulipas a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones tipifique en su legislación el delito de trata de personas, en congruencia con la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, según las siguientes
Consideraciones
Dentro de nuestro continente y específicamente en países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, se presenta una gran cantidad de casos de personas que son víctimas del delito trata de personas.
Podemos definir la trata de personas como el reclutamiento, el transporte, la transferencia, la acogida o el recibo de personas por cualquier medio, ya sea para trabajo, servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre o la remoción de órganos.
Se calcula que en nuestro país se presentan al año aproximadamente 16 mil casos de niñas y de niños víctimas de explotación sexual, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, además 85 mil son usados en actos de pornografía; aunado a lo anterior, en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
Cabe señalar que este delito ha tenido gran incremento en los últimos años debido a que existen diversos factores que se relacionan con el fenómeno de la migración internacional irregular y que pueden acentuar la trata de personas.
Lo anterior se vuelve más agravante al presentarse en estados fronterizos, tanto del norte como del sur del territorio nacional, siendo las víctimas de trata al interior de nuestro país procedentes de Baja California, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, los cuales son puntos estratégicos para los traficantes de personas hacia Estados Unidos de América.
A todos los datos anteriores podemos sumar la cantidad de personas que no son tomadas en cuenta dentro de las estadísticas, y que son víctimas de esclavitud dentro de diversos sectores privados.
Es importante resaltar la diferencia entre la trata de personas y la migración, ya que ésta representa el movimiento de personas de un lugar a otro, dentro o fuera del país, de manera regular o irregular, y no por eso significa que necesariamente las personas que se trasladan de un lugar a otro van a ser víctimas del delito de trata de personas.
Actualmente la mayoría de los estados de la República Mexicana cuentan en su legislación penal en la que se incluye la tipificación del delito de trata de personas, siendo Tamaulipas y Campeche las únicas entidades que no cuentan con el establecimiento de este tipo penal.
Es por ello que como legisladores tenemos la obligación de impulsar normas que mejoren el desarrollo y la convivencia social de todos los ciudadanos
No es de menor importancia la relevancia jurídica que tiene la uniformidad de las legislaciones penales que tengan como fin evitar la impunidad de las personas que realizan delitos tan graves como la trata de personas.
Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Congreso de Tamaulipas a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones tipifique en su legislación el delito de trata de personas en congruencia con la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR MEDIANTE LA SCT UN INFORME DETALLADO DE LAS OBRAS MARÍTIMAS Y DE DRAGADO PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y DEL EJERCIDO PARA ÉSTAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO MARTÍNEZ ARMENGOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado a la Sexagésima Primera Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a presentar informe detallado de las obras marítimas y dragado por realizar en el país durante el presente año, así como del presupuesto asignado y ejercido para las mismas obras de los últimos cinco años, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. México cuenta con una extensa superficie marítima conformada por 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados (equivalente a una y media veces la superficie del territorio nacional), lo que nos ubica en el noveno lugar por extensión marítima, entre los 130 países costeros del mundo. La extensión costera del territorio nacional es de 11 mil 122 kilómetros, de los cuales 7 mil 828, pertenecen al océano Pacífico y 3 mil 294, al Golfo de México y Mar Caribe. Esta área marítimo-costera, ofrece un potencial invaluable para la generación de una actividad económica importante, derivada de los trabajos marítimos, así como la creación de nuevos empleos, que sirvan como sustento económico de gran parte de los habitantes de los 17 estados costeros del país.
2. México cuenta con los siguientes puertos:
En el océano Pacífico: Ensenada y El Sauzal, Baja California; Guaymas, Sonora; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Chiapas, Chiapas y Salina Cruz, Oaxaca.
En el Golfo de México: Altamira y Tampico, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, en Veracruz; Dos Bocas en Tabasco, y Progreso en Yucatán.
Tiene además, administraciones portuarias integrales (API) de índole federal, dependientes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y en Huatulco, Oaxaca; estatales, en Baja California Sur, Campeche, Tabasco y Quintana Roo; privadas, en Acapulco, Guerrero, y administraciones costeras integrales sustentables en Cozumel, Quintana Roo.
3. Se entiende como dragar la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías y accesos a puertos, para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río, con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así, inundaciones aguas arriba. Asimismo, se pretende con ello, aumentar el calado de estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas, sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamiento.
4. Nuestra legislación contempla esta actividad en la fracción VII del artículo 16 de la Ley de Puertos, la cual expresa lo siguiente:
"Artículo 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo federal, quien la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la administración pública federal, corresponderá:
VII. Autorizar las obras marítimas y el dragado con observancia de las normas aplicables en materia ecológica;"
5. Las operaciones de dragado tienen un impacto ambiental significativo, por lo tanto, deben ser oportuna y convenientemente evaluadas. La falta de estas acciones pone en riesgo no sólo el ecosistema, sino también la vida de los pobladores de estas zonas, así como sus actividades laborales, pudiendo afectar severamente las actividades comerciales y económicas, por ejemplo el turismo.
6. La poca profundidad de los canales de acceso a las terminales portuarias, impedirá en el futuro cercano, el ingreso de grandes buques, perdiendo con ello, importantes oportunidades de inversión y negocios productivos requeridos para nuestro país.
En virtud de las anteriores consideraciones, me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que sea presentado por la dependencia el informe detallado de las obras marítimas y dragado programadas para el presente Ejercicio fiscal; asimismo, se entregue informe del presupuesto asignado y ejercido, para las mismas obras de los últimos cinco años.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE GUERRERO A NOMBRAR AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA Y A INICIAR EL PROCESO PENAL CONTRA EL PRESUNTO O PRESUNTOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DEL LICENCIADO ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA, PERPETRADO EL 20 DE AGOSTO DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con las siguientes:
Consideraciones
El 20 de agosto de 2010 fue asesinado en las afueras de su domicilio en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, el licenciado Armando Chavarría Barrera, entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero, hecho que no sólo representa la inefable pérdida de un político y funcionario de alto nivel, compañero y padre de familia, sino un hecho execrable que oscurece la vida de los guerrerenses y es motivo de oprobio nacional.
El 27 de agosto de 2009, el gobernador constitucional del estado de Guerrero en mensaje a la población, señaló que los avances para el esclarecimiento de este asesinato eran patentes, toda vez que se realizó la remoción del Procurador General de Justicia de la Entidad y se nombró al licenciado Albertico Guinto Sierra como encargado del despacho de la citada institución.
En dicho comunicado se anunció que la investigación del caso se coordinaba con la Procuraduría General de la República y que para estos efectos se tenía integrado un equipo de investigación y procuración de justicia especializado, mismo que consistía en 2 ministerios públicos, un fiscal especial para delitos graves, un fiscal regional, 3 agentes del ministerio público y diversos peritos expertos en materia de criminalística, médica forense, dactiloscopia en tecnologías de la información, entre otras materias relevantes.
Para el 14 de octubre de 2009, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad señaló que existían cuatro líneas de investigación las cuales eran: motivos del entorno personal, el entorno político, grupos armados y delincuencia organizada.
Asimismo añadió que se estaba solicitando apoyo a la Procuraduría General de la República para la realización del dictamen de balística y la reconstrucción de los hechos. De igual manera en ese comunicado el licenciado Guinto Sierra dijo haber solicitado apoyo a la SCT y diversas compañías celulares para la investigación de las llamadas realizadas en los cuatro aparatos de telefonía móvil encontrados en el vehículo de la víctima.
Detalló que el expediente estaba integrado por 3 tomos de más de mil fojas, en las que constan 20 dictámenes forenses, 45 declaraciones ministeriales, cuatro inspecciones oculares y más de 60 oficios de requerimiento de información y solicitudes de colaboración a diversas instituciones.
A seis meses de lo ocurrido, la viuda del licenciado Chavarría manifestó ante los medios locales de comunicación que no existen resultados concretos en el esclarecimiento del crimen de su difunto esposo.
El pasado 21 de febrero, dirigentes estatales del PRD exigieron en boletín publicado en la Jornada Guerrero, el esclarecimiento de este crimen y solicitaron al Gobernador el envío de una terna al Congreso del estado, con candidatos para el cargo de Procurador General de Justicia.
Este conjunto de ambigüedades entorno a la investigación no sólo es preocupante, sino ominoso toda vez que a siete meses de los hechos, no se tienen evidencias contundentes en las que se ubique a él o los presuntos responsables para su consignación ante las autoridades judiciales. En estos momentos la opinión pública cuenta con información difusa y denota la falta de responsabilidad y compromiso político.
Por otro lado, el crimen perpetrado contra el licenciado Chavarría trascendió en los medios de comunicación masivos por tratarse de una figura pública; sin embargo, la falta de justicia expedita en el esclarecimiento de este asesinato es la punta del iceberg de una escalada de crímenes no resueltos en la entidad.
Tan sólo para el año 2009 se tienen registrados1,436 asesinatos dolosos de los cuales 443 fueron realizados en los meses de agosto a diciembre de 2009, esto es, el 31% de los crímenes ocurrió después de la muerte del licenciado Armando Chavarría. La cifra de asesinatos en 2009 se elevó contra la de 2008 en 51%, de los cuales no hay información pública sobre cuántos de estos ya siguen un proceso judicial.
Este impasse institucional y los indicadores mencionados son un claro mensaje para la delincuencia y la sociedad de que no existe costo alguno al momento de cometer crímenes en Guerrero, hipotecando la viabilidad y convivencia social de los guerrerenses en el presente y hacia el futuro.
Por tal motivo, se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero, contador público Zeferino Torreblanca Galindo, a nombrar al procurador general de Justicia en el Estado de Guerrero.
Asimismo, se le exhorta a que se presenten las evidencias necesarias y suficientes para iniciar proceso penal sobre él o los presuntos responsables del asesinato del licenciado Armando Chavarría Barrera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN Y APOYO DE MIGRANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA CARITINA SÁENZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La que suscribe, diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se pone a consideración la creación de la comisión especial de atención y apoyo a los migrantes, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El fenómeno migratorio en México constituye en la actualidad como una prioridad de carácter nacional, en el cual, la responsabilidad de las acciones que emprendamos deben de tener un amplio margen de cooperación entre quienes nos ocupamos de ello. La situación de los migrantes y sus familias, tiene alta incidencia en las políticas públicas de los gobiernos de las naciones involucradas con la salida, tránsito, destino y retorno de los migrantes; por ello, la gran movilidad que existe en nuestro país debe de preocupar y ocupar al Congreso Mexicano en la participación activa de la aplicación y redefinición de estrategias para el trato y atención de migrantes en cada una de sus etapas.
Después del incidente del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos de América, la protección de fronteras se ha incrementado sustancialmente. Hoy, a varios años de los lamentables sucesos de índole terrorista, vemos con preocupación que la represión en la frontera norte de nuestro país se ha vuelto más ríspida y aunado a la situación de crimen organizado que estamos viviendo en esa región del país, el tránsito de los migrantes deberá ser considerado también como un punto importante en los temas de la seguridad nacional.
Por otra parte, en la frontera sur de nuestra nación las condiciones de inseguridad y persecución están a la orden del día, los secuestros de migrantes se han vuelto uno de los negocios más rentables en territorio mexicano, rebasando todos los esfuerzos e intentos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y organizaciones no gubernamentales de denunciar y conseguir que las autoridades puedan ejercer acciones efectivas en contra de las bandas de tratantes y secuestradores.
Sin lugar a duda, esto ha dado lugar a un aumento considerable en la cantidad de traficantes de personas mejor conocidos como "polleros", además de que los migrantes también son víctimas fáciles de ser enlistados en bandas y cárteles criminales ante el alto grado de indefensión a que están expuestos, tanto en su paso por territorio mexicano como allende nuestras fronteras.
El fenómeno migratorio a nivel internacional, y la realidad concreta de México ante un mundo cada día más globalizado e interdependiente, impone la necesidad de atender de manera urgente y con una visión integral e incluyente, una problemática por demás preocupante y ante la cual deben generarse los instrumentos y mecanismos efectivos y eficientes para generar la coherencia y eficacia de las acciones a emprender con nuestra arquitectura normativa y entramado institucional que resuelvan de fondo las necesidades y permitan superar todos y cada uno de los distintos aspectos que se encuentran alrededor de este fenómeno altamente complejo.
Atender su realidad ante incertidumbres como el escaso respeto a sus derechos humanos mínimos, reconocidos por las convenciones y tratados internacionales, los cuales no dependen del reconocimiento de los estados nacionales ni son concesiones suyas; tampoco depende de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Estos derechos humanos son universales y corresponden a todo habitante de la tierra. Hoy, en México, aún no se considera a los migrantes –ni siquiera a las mujeres y niños migrantes– como un grupo vulnerable y, por consecuencia, el trato es en su mayoría indigno.
México tiene que redefinir su posición respecto al migrante, tratarlo como ser humano específico y característico de un enorme fenómeno de nuestro tiempo, no es sólo parte de un "asunto migratorio", nuestros migrantes y sus familias necesitan recuperar su dignidad como personas y sentirse respaldados por las propias garantías que emanan de nuestra Carta Magna, y de la cual nosotros, los representantes de la nación, somos en gran parte responsables de su cumplimiento.
Tenemos que superar las barreras que nos impiden demostrar nuestra solidaridad con nuestros compatriotas migrantes, los números son fríos y no podemos pasar por alto datos específicos como los que señalan que en los últimos años, se registró más de un fallecimiento por día de migrantes que intentaron ingresar a los Estados Unidos de América y sin contar los datos que provienen de la frontera sur, donde se presentan este tipo de casos acompañados en su mayoría del secuestro y la trata.
El fortalecimiento de nuestra capacidad para defender y promover los derechos de los mexicanos en el extranjero, resulta una prioridad para quienes ostentamos la representatividad del pueblo mexicano y de sus migrantes y familias, estamos de frente a una realidad que requiere una atención específica por la gravedad de los asuntos en cuestión y para ello resulta urgente una dinámica de mayor acción respaldada desde este Poder Legislativo federal.
Es obligación de los estados nacionales garantizar el respeto a los derechos de las personas, cualesquiera que sea su condición social, cultural y migratoria, derechos intrínsecamente relacionados a su dignidad como persona.
De ahí la obligación del Estado mexicano y en este caso de uno de sus poderes como lo es el Legislativo, por lo que a su actuar y ámbito de responsabilidad se refiere, le corresponde, plantear, retomar y dar continuidad y solución a rezagos históricos tales como la protección a nuestros hermanos connacionales en el exterior e impulsar demandas emergidas de las necesidades reales de los migrantes y no sólo verlos como generadores de remesas; las cuales generan un impacto benéfico para nuestra sociedad mexicana y que aún en estos recientes años de crisis económica continúan soportando gran parte del peso de nuestra economía.
El compromiso es fundamental y las propuestas que de nosotros emanen tienen que ser congruentes con la complejidad y el enorme grado de atención que el fenómeno migratorio requiere para ser atendidas las más fundamentales necesidades que se encuentran a la par de los procesos de partida, tránsito, destino y retorno en todo el territorio nacional, en nuestras fronteras y más allá de ellas.
La misión y propósitos de esta comisión es justamente atender la problemática del migrante ante una realidad que se ha agravado dolorosamente, por la indolencia de uno y otro lado de nuestras dos fronteras pero, además, su creación se convierte en una respuesta inmediata y necesaria para atender las legitimas demandas de nuestros connacionales en el exterior, principalmente de todos los millones que se encuentran en los Estados Unidos, más aún en reconocimiento desde esta alta tribuna nacional a los miles que marcharon el pasado 21 de marzo en Washington, exigiendo derechos que, desafortunadamente –hay que reconocerlo–, en México no se les pudo dar.
Asimismo, hay que destacar el hecho de que desde esta soberanía tenemos que plantear las propuestas reales y apegadas a las necesidades de nuestros connacionales.
Por ello, esta comisión, al interior de su misión y objetivos, tendrá que trabajar a favor de los migrantes en México y en el exterior, haciendo énfasis en las mujeres, niños, trabajadores, refugiados y discapacitados, y ante todo aquello que vulnere gravemente los derechos humanos de los migrantes como la discriminación, el racismo, el secuestro, la tortura, la trata de personas, los asesinatos y la explotación en cualquiera de su modalidades, apoyado en los distintos instrumentos del derecho internacional a la luz de los derechos de tercera generación, es decir los derechos colectivos de la humanidad tales como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano y el derecho a la paz.
Temas prioritarios para el desarrollo de nuestro país tales como el de los envíos de dinero o "remesas" y la implementación legal y regulación de los mismos también serán estudiados y atendidos al ceno de esta comisión para promover que se conviertan en legislaciones reales, ya que los recursos que provienen de esta son fundamentales para la subsistencia de miles de familias de los migrantes quienes utilizan estos recursos para subsistir y solventar los gastos de sus necesidades básicas, como: alimentación, educación, salud, mejoras de vivienda, etcétera.
Muchos son los temas que se pueden enumerar respecto a la urgente necesidad de atender a nuestros connacionales, pero desde la máxima tribuna de la nación exhorto a nuestros compañeros legisladores a que nos sumemos a esta propuesta, a que nos solidaricemos no en demagogia sino en hechos en beneficio de los millones de connacionales que han marchado durante el presente año y años atrás, exigiendo respeto y atención a su dignidad como personas y a su altísima responsabilidad como fuerza productiva y laboral para nuestro país y los Estados Unidos de América.
Basta ya de abusos e impunidad de las acciones policiales y de autoridades de todos los ámbitos de gobierno en ambas fronteras en contra de los migrantes y sobre todos en los casos de las mujeres y niños migrantes, los cuales violan directamente las prerrogativas primordiales desatendiendo no sólo preceptos constitucionales; sino también, el de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigor el 1 de julio del 2003, y de la cual México es signatario.
Tenemos que unificar criterios y trabajar en todos los ámbitos de gobierno en torno a la problemática derivada de este fenómeno, pues no existe una coordinación en cuanto a los trabajos que se realizan en materia migratoria entre el gobierno y quienes también nos preocupamos y ocupamos en esfuerzos para contribuir al mejor trato de este fenómeno global.
México, con el reconocimiento del Banco Mundial de ser la nación más migrante del mundo, tiene que responder con trabajo efectivo a las dimensiones que este fenómeno tiene dentro de nuestro país; y, de tal magnitud tienen que ser las respuestas y soluciones a nuestros connacionales y a los migrantes de otros países que se encuentran en territorio nacional.
Si no enviamos este mensaje de compromiso con los migrantes al exterior, México estará renunciando a su compromiso histórico con quienes han hecho de la migración una vocación y que ha aportado grandes beneficios a nuestro país y su gente. Es tiempo de que veamos a la migración como lo que es: un fenómeno de nuestro tiempo y no un flagelo que sólo llama la atención en la medida en que los migrantes envíen dólares a México o más enérgico aún, como la cantidad de votos que pueden representar los millones de mexicanos que tienen en su mano la posibilidad de ejercer sus derechos políticos como ciudadanos.
Ante esto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, en el ámbito de competencias de este órgano legislativo, a los asuntos de los migrantes nacionales y extranjeros, que se denominara "Comisión Especial de atención y apoyo a los migrantes".
Segundo. El objeto de la comisión especial que se crea será el que deriva de su denominación. Esta comisión atenderá las proposiciones que en materia de su naturaleza le sean conferidas, así como los planteamientos que en materia del migrante, impulsar una ley migratoria, transferencias de recursos, desarrollo regional y local de zonas con alto índice de migración, intercambio y cooperación con el poder ejecutivo federal y las instancias pertinentes, respeto a los derechos humanos, seguimiento a los casos de muertes de migrantes, mujeres y niños migrantes, asignaciones presupuestales a programas de atención a migrantes y todos aquellos que su propia naturaleza le confieran.
Tercero. La comisión especial funcionará conforme a los ordenamientos que en materia de comisiones establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus tareas.
Cuarto. La comisión especial materia de este acuerdo será integrada con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios, y preferentemente de las entidades federativas que se caractericen por la alta presencia del fenómeno migratorio al interior de su territorio; de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno la Junta de Coordinación Política.
Quinto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Caritina Sáenz Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE JALISCO QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A FIN DE REGULARIZAR Y, EN SU CASO, INTEGRAR LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA SEGURO PERSONAL CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES; Y QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR LA POBLACIÓN ESCOLAR PROTEGIDA POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo que solicita al gobernador de Jalisco instruya al titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa a efecto de proceder a la regularización y, en su caso, a la integración de las cuotas correspondientes por servicios efectuados de las distintas compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares y, asimismo, realice las acciones necesarias a efecto de ampliar la población escolar protegida por la legislación local.
Exposición de Motivos
La instrucción escolar es el principal motor de desarrollo de las naciones. La calidad y el nivel de aprovechamiento de la misma tiene una directa relación con las condiciones físicas y del entorno en que ésta es impartida; esto va más allá de las aulas, considerando además, un margen perimetral próximo al plantel escolar, así como los caminos utilizados como rutas para poder llegar a él.
Con esta consideración, la mejora de las condiciones de la impartición de la enseñanza escolar, se fundamenta en dos conceptos: la seguridad y la salud. En este sentido, los accidentes personales en las escuelas forman parte del segundo y se consideran, en la generalidad de los casos, como un problema que requiere acciones sistematizadas de atención por parte de las autoridades escolares de todos los niveles de gobierno.
En este sentido, la Ley de Educación del Estado de Jalisco contempla en un Título Octavo denominado Del seguro escolar contra accidentes personales, en cuyo artículo 151 señala que para contribuir en la preservación de la integridad física de los menores de edad, será optativo para las asociaciones de padres de familia, la contratación de un seguro escolar contra accidentes personales, para aquellos educandos matriculados y que cursen la educción básica.
Por otra parte, en el numeral 152 se dispone que para los efectos del artículo anterior, el Poder Ejecutivo dispondrá de un fondo subsidiario de apoyo para la contratación de dicho seguro, que estará contemplado en los presupuestos de egresos respectivos.
De igual manera, el ordenamiento de referencia señala que el gobierno del estado, a través de las secretarías de educación y de administración, definirá las bases y términos a los que deberá sujetarse la contratación del seguro escolar contra accidentes personales, para que pueda ser apoyado con el fondo subsidiario. Las asociaciones de padres de familia debidamente constituidas y registradas, serán personas jurídicas con capacidad legal para celebrar contratos para la adquisición de servicios a que se refiere el referido título.
Por último, se dispone que los menores que cursen la educación básica en un plantel localizado en un lugar donde no haya cobertura de las compañías aseguradoras, serán apoyados a través del fondo subsidiario a que se refiere el artículo 152 de la presente ley para la atención médica necesaria en caso de que sufran un accidente escolar.
En este orden de ideas, el día 10 de abril de 2008 se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el acuerdo por el que se establecen las bases y los términos para la contratación del seguro escolar contra accidentes personales, el cual se expidió con fundamento en el título VIII Capítulo Único denominado Del seguro escolar contra accidentes escolares de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en el cual se disponen las bases, términos y el procedimiento por el que se deberá contratar el seguro escolar contra accidentes personales de los menores que estén matriculados y que cursen la educación básica, comprendida por la educación preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, en las escuelas de Jalisco.
El acuerdo de referencia en su punto segundo señala que las asociaciones de padres de familia, debidamente constituidas y registradas ante la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación, podrán, de forma optativa, contratar un seguro escolar contra accidentes personales en la compañía aseguradora de su elección anualmente, bajo los mecanismos que la propia asamblea de padres de familia determine.
En este sentido, el entonces secretario de Educación de Jalisco, al dar a conocer de manera pública el acuerdo, señaló que el objetivo es contribuir a la preservación de la integridad física de los menores de edad; de esta manera, los padres de familia, a través de sus asociaciones, podrán, de forma optativa, contratar el seguro contra accidentes personales que la asamblea determine a través de las mesas directivas de padres de familia que estén debidamente constituidas y registradas ante la SEJ, por medio de las delegaciones regionales.
El secretario en comento señaló que, de conformidad con las bases del acuerdo, los alumnos contarían con un subsidio de 35 pesos, que correría a cargo de la dependencia. En este orden de ideas, el acuerdo empezó a operar a partir del ciclo escolar 2007-2008 y continuó su vigencia en el ciclo escolar 2008-2009. Se considera que, de una población ponderada de 9 mil escuelas de educación preescolar, primaria y educación media básica de Jalisco, aproximadamente el 30 por ciento de ellas tiene cobertura de seguro escolar por accidentes personales para su alumnado. Por otra parte, de acuerdo a datos de las aseguradoras, éstas proveen un promedio diario de 4.5 servicios por causa de siniestro.
En este orden, existen cuatro compañías aseguradoras que actualmente proveen la cobertura de dicho seguro, una de las cuales tiene la razón social de Grupo AB Seguros de fianzas; esta compañía está cubriendo hasta el día de hoy aproximadamente 420 escuelas, con una población cercana a los 120 mil alumnos.
La aseguradora en comento expresó haber tenido un acuerdo previo con el entonces secretario de Educación en Jalisco, por medio del cual, la empresa evitaría la triangulación de los pagos con las sociedades de padres de familia, ya que detectó que algunas de éstas hacían cobros a los padres de familia por una cantidad mayor a la autorizada, esto es, 35 pesos anuales; se acordó, en principio de manera verbal, que el cobro lo haría la compañía de manera directa a la secretaría a través de la Dirección del Previsión Social; la compañía con base en esto hizo una rápida labor de cobertura en un periodo cercano al mes y medio.
No obstante lo anterior, y a partir del cambio de titular en la Secretaría de Educación, que coincidió con el periodo antes mencionado, la compañía aseguradora de referencia no ha recibido ningún pago por parte de las autoridades educativas del estado, no obstante estar prestando la cobertura respaldada por las suscripciones por parte de las asociaciones de padres de familia de las respectivas escuelas que tienen la cobertura de la compañía aseguradora en comento.
En este sentido, varias sociedades de padres de familia han expresado al que suscribe su preocupación por el perjuicio que puede causar esta situación a los alumnos, por lo que es fundamental la intervención del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, a efecto de que realice las acciones necesarias a efecto de solucionar dicha problemática con el fin de evitar que ésta devenga en una afectación a la protección de los educandos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al gobernador de Jalisco instruya al titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa a efecto de proceder a la regularización y, en su caso, a la integración de las cuotas correspondientes por servicios efectuados de las distintas compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares y, asimismo, realice las acciones necesarias a efecto de ampliar la población escolar protegida por la legislación local.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE DECLARE BAJA CALIFORNIA ZONA DE DESASTRE NATURAL Y PONGA EN MARCHA EL PLAN DN-III; Y A LOS ORGANISMOS COMPETENTES, QUE RESTAUREN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD, Y EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Éste domingo, un fuerte sismo de 7.2 de magnitud se presento en Baja California; Mexicali, la capital del estado, es la localidad más afectada por el temblor, que también ha dejado cuantiosos daños materiales y cortes de fluido eléctrico en numerosas localidades de la región. Esta declaración de emergencia no sólo afecta a Mexicali, sino que también se ha aplicado a diversas vías circulatorias de la región, como el puente que une Baja California con el vecino estado de Sonora.
En el Valle de Mexicali se daño la infraestructura hidroagrícola en un par de canales que irrigan a 60 mil hectáreas de cultivo de trigo, y alrededor de 20 mil personas presentan desabasto de agua.
La infraestructura hospitalaria sufrió algunos daños, por lo que se presta el servicio de manera emergente, ya que se atienden a enfermos a cielo abierto y se han instalado algunas carpas, y hasta el momento se reportan dos fallecimientos y alrededor de cien heridos.
Las vías de comunicación y vialidades que comunican a Mexicali, presentan daños severos, hay hundimientos y daños considerables, entre ellos grietas y desprendimientos de rocas, lo que afecta el transito y transporte local, lo cual puede generar desabasto de insumos básicos en los poblados del Valle de Mexicali.
Según datos de protección Civil del Estado en Mexicali, se registraron al menos veinte incendios y daños en casa habitación y centros de trabajo como ventanas rotas, fugas de gas y daños al sistema de suministro de agua.
Las líneas de transmisión eléctrica a Mexicali han sido afectadas, por lo que esa ciudad está parcialmente sin servicio eléctrico.
A causa de lo anterior ha habido poblaciones de la zona rural de Mexicali incomunicadas, familias damnificadas, lo que hace inaplazable atender las necesidades más urgentes de los habitantes de la zona, ya que hay familias que han perdido sus pertenencias y se encuentran imposibilitados para trabajar pues la afectación de sus campos agrícolas, donde labora la mayoría de ellos, es grave y en la mayoría de los casos sufrieron la pérdida de cultivos. Debido al cierre de caminos se puede producir, la escasez y el encarecimiento de los productos de primera necesidad, los cuales podrían mostrar incrementos de hasta en un 100 por ciento.
Al día de hoy tres mil 500 personas son atendidas en cuatro albergues de Mexicali, mismas que requerirán de apoyos económicos para la reconstrucción de sus viviendas, así como de ayuda para hacer frente a las pérdidas de sus cultivos y de sus bienes.
Si bien, el municipio de Mexicali ya fue declarado zona de desastre, los recursos que se obtendrán por medio del Fonden no serán suficientes para hacer frente a las enormes pérdidas económicas que en materia de infraestructura sufrió el estado; en tal sentido es que se hace necesario solicitar el apoyo del Ejecutivo federal para que a se busquen mecanismos para financiar la reconstrucción total de las zonas devastadas por el sismo.Debido a lo antes expuesto es que los diputados federales por el estado de Baja California que suscribimos este acuerdo solicitamos el apoyo de ustedes, compañeros diputados, para que esta soberanía apruebe la presente proposición para exhortar al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex destinen recursos extraordinarios, suficientes para la construcción de nuevos puentes, y caminos, reparación del asfalto, rehabilitación de la infraestructura hidráulica y eléctrica, así como el abastecimiento de combustibles.
Por virtud de lo expuesto, solicito a esta soberanía que se apruebe, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría Gobernación, declare el estado de Baja California como Zona de Desastre, y se aplique por parte del Ejército y Fuerza Aérea el Plan de auxilio a la población en caso de desastre DN-III.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos extraordinarios suficientes para la construcción de los puentes y caminos dañados, mismos que deberán ser construidos nuevamente, debido a los fuertes daños presentados por el Sismo.
Tercero. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se destinen recursos extraordinarios y, en su caso, tomen las acciones conducentes a fin de realizar la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, restablecimiento del suministro de energía eléctrica y abasto de combustible.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputados: Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Óscar Martín Arce Paniagua, Miguel Antonio Osuna Millán, Alejandro Bahena Flores, José Luis Ovando Patrón, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SENER ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE INFORME CÓMO SE PRETENDE ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, interesado en que la Estrategia Nacional de Energía cubra las necesidades ecológicas, económicas, sociales, sustentables y de desarrollo que necesita imperiosamente la nación mexicana, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes
Considerandos
La energía constituye la fuerza vital de la sociedad, debido a que de ésta depende la mayor parte de las actividades que utilizamos para el desarrollo productivo, económico, así como para labores de la vida cotidiana tales como iluminación, refrigeración, calentamiento, transporte de personas y mercancías, funcionamiento de las fábricas, entre infinidad de actividades en las que todo tipo de energía se encuentra presente.
A lo largo de la historia se han desarrollado máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica, o la fuerza del viento en los barcos de vela o los molinos de viento. Sin embargo, la revolución en materia energética llegó con la máquina de vapor, a partir de allí, el desarrollo de los países se encuentra ligado directamente a un creciente consumo de energía de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural.
En este sentido, los hidrocarburos abastecen 81 por ciento de la demanda total de energía primaria de México. Tanto la competitividad económica nacional como el crecimiento poblacional hacen indispensable un sector petrolero sólido, eficiente y moderno, que sea capaz de seguir cubriendo la demanda nacional de energía primaria.
Es nuestra responsabilidad optimizar la producción y garantizar la seguridad energética a través de la Estrategia Nacional de Energía, la cual debe exigir una oferta creciente, segura y competitiva de hidrocarburos, ya que de ello depende el bienestar económico, social y sustentable del país.
México está extinguiendo rápidamente sus reservas petroleras a una producción constante de 3.3 millones de barriles diarios; como lo plantea la Estrategia Nacional de Energía se cuenta con reservas tan sólo para 10 años; en comparación con otros países, como Canadá que tiene reservas para 204 años produciendo 2.4 millones de barriles diarios, Irak tiene reservas para 157 años con una producción de 2 millones de barriles diarios, mientras que Venezuela cuenta con reservas para 81 años produciendo 2.6 millones de barriles diarios. Estos combustibles han permitido un avance sin precedentes en la historia humana, sin embargo, ante esta situación la producción energética de ninguna manera debe cerrarse únicamente a los combustibles fósiles, ya que además de ser recursos finitos el proceso de generación de energía forma grandes cantidades de anhídrido carbónico y otros gases contaminantes que se emiten a la atmósfera.
Por todo lo anterior, es necesario poner mayor interés en la investigación y el desarrollo de energías alternas como la nuclear, solar, eólica, por biomasa e hidroeléctrica; aunado a esto, se debe realizar una gran difusión de los beneficios de su uso con la finalidad de incentivar tanto su generación como su aprovechamiento en términos de calidad de vida, así como sustentabilidad energética y ambiental.
En lo referente a la energía nuclear, la producción de electricidad procede de reacciones de fusión de átomos en las que se liberan gigantescas cantidades de energía. Este tipo de energía se ha realizado en países como Inglaterra que en 1956 puso en marcha la primera planta nuclear generadora de electricidad para uso comercial y para 1990 existían 420 reactores nucleares comerciales en 25 países que producían el 17 por ciento de la electricidad del mundo.
Su mayor auge se dio entre los cincuenta y sesenta, debido a que con un solo kilo de uranio se podía producir tanta energía como con 1000 toneladas de carbón. El uso de la energía nuclear tiene importantes repercusiones ambientales, algunas positivas por lo poco que contamina; sin embargo, el inconveniente es el almacenamiento de los residuos nucleares de alta actividad.
Con el uso eficiente de energía renovable se estima que el potencial nacional de ahorro energético es de aproximadamente 20 por ciento del consumo actual, es decir que se ahorraría 250 millones de barriles equivalentes de petróleo y a dejar de emitir más de 100 millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera.
En lo referente a la producción de energía eléctrica mediante el aprovechamiento en el país de fuentes renovables, se estima que el potencial de generación de electricidad es de por lo menos 3.5 gigavatios en pequeñas hidroeléctricas, 0.5 gigavatios a partir del bagazo, 1 gigavatio de biogás de rellenos sanitarios, 2.4 gigavatios en centrales geotermoeléctricas y 15 gigavatios de la energía eólica.
Las fuentes de energías renovables no consumen un recurso finito como un combustible fósil o una substancia radiactiva, además de causar menos impactos ambientales negativos. Sin embargo, a pesar de los beneficios que ofrecen este tipo de energías, su principal obstáculo es el económico, debido a que generalmente son más caras que los combustibles fósiles o la energía nuclear. Aunque si se analizará detenidamente el costo beneficio tomando en cuenta el gasto que implica el manejo de residuos y limpieza adecuada de los desperdicios que proceden de la producción de energía mediante combustibles fósiles simplemente resultaría más alto.
A partir de 1973, con el alza al precio del petróleo, la investigación y el uso de fuentes alternativas de energía se elevó, pero con la estabilización del precio de las fuentes clásicas de energía el interés por las energías renovables disminuyo considerablemente, aunque en la actualidad se sigue investigando al respecto.
Alrededor del 20 por ciento de la electricidad usada en el mundo procede de la energía hidroeléctrica, la cual es aprovechada en varios países desarrollados hasta en un 50 por ciento, sin embargo, para que esto se materialice es necesario invertir grandes cantidades de recursos financieros en la construcción de los llamados pantanos, por lo que se debe tomar en cuenta que su vida útil oscila entre los 20 y 50 años, medida que debe ser considerada en términos de costo beneficio.
La energía solar puede generar electricidad a través de varias técnicas, sin embargo, uno de los problemas generados es que sólo se puede producir durante el día, además de ser difícil y cara para almacenar. Para intentar solucionar este problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas usa la electricidad para disociar el agua, por electrólisis, en oxígeno e hidrógeno; después el hidrógeno se usa como combustible para regenerar agua, produciendo energía por la noche.
La energía producida por biomasa es renovable siempre que se use adecuadamente, puede ser usada directamente como combustible; el inconveniente emana de la quema desmedida de madera provocando la destrucción de bosques causando graves daños ambientales como deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación y degradación de las fuentes de agua.
Otro uso de la biomasa es la preparación de combustibles líquidos, como el metanol o el etanol, sin embargo, su rendimiento es bajo, entre 30 y 40 por ciento de la energía contenida en el material de origen se pierde en la preparación del alcohol. A través de la biomasa también se puede obtener biogás mediante depósitos digestores en los que se acumulan restos orgánicos, residuos de cosechas y otros materiales que pueden descomponerse, la mezcla de gases producidos se pueden almacenar o transportar para ser usados como combustible.
Todo lo anterior debe de ser considerado en el análisis de la Estrategia Nacional de Energía mediante un debate serio, académico, comprometido con los intereses nacionales, en el que se pondere la soberanía energética, la sustentabilidad y el desarrollo nacional.
El reto que nos confiere hoy la estrategia enviada por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, al Congreso de la Unión para su ratificación como lo establece el artículo 33, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, implica un trabajo conjunto por parte del gobierno federal y el Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus competencias establezca de manera responsable las bases para el desarrollo de la industria energética con metas y objetivos alcanzables, con una visión real de las reservas de hidrocarburos, desarrollo de energías sustentables, investigación nuclear como alternativas viables que permitan garantizar la seguridad energética, sustentabilidad ambiental, así como la eficiencia económica y productiva hacia el 2024.
Por lo expuesto, se desprende el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer ante el pleno de esta Cámara de Diputados a la titular de la Secretaría de Energía, doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez, a fin de que informe mediante qué mecanismos se pretende alcanzar las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CANCELAR MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD, EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y LA COFEPRIS EL PROYECTO DE QUE SÓLO CON RECETA MÉDICA SE EXPENDAN ANTIBIÓTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por medio de la Secretaría de Salud, del Consejo Nacional de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el proyecto de que los antibióticos que se expendan en el país sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión, hasta en tanto se exploren procedimientos viables por seguir para evitar el abuso en el consumo de los antibióticos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como es sabido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha reconocido que la pobreza de mexicanos afecta a 87 millones de ciudadanos, en sus tres niveles de pobreza: alimentaria, de capacidades y patrimonial. Hay 19 millones de mexicanos que no tienen para comer, no se diga para satisfacer otras necesidades de sus familias.
También es conocido que los principales institutos de salud del país, el Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen cuadros básicos de medicamentos que proporcionan a sus derechohabientes que no son del amplio espectro que necesitan para curar las enfermedades que los presentan y que no se dispone de la cantidad que se requiere.
Éste es el caso de uno de los productos medicinales a que con mayor frecuencia acuden los mexicanos en busca de mejorar su precaria salud, los antibióticos.
Los mexicanos somos proclives a la autoprescripción, una práctica muy arraigada y usual que viene de años atrás, pero no por eso aconsejable, pues hay riesgos que produce la resistencia bacteriana, amén de que es peligrosa y atentatoria de la salud de quienes la practican.
Los aquí presentes hemos sido testigos o cuando menos sabemos de un familiar o conocido que ha padecido los problemas de la automedicación y aun de su fallecimiento.
De acuerdo con la Ley General de Salud, artículos 221 a 227, es obligatorio presentar receta médica para adquirir casi cualquiera de los medicamentos que se venden en el país, como los antibióticos, aun cuando en los hechos el control realmente no existe.
Cabe preguntar: ¿por qué han sucedido y suceden casos como los descritos? Simplemente porque al no contar con recursos suficientes para acudir a un médico que lo trate y le prescriba los antibióticos que su padecimiento requiere en las dosis adecuadas y con los calendarios que corresponden, se ve en la necesidad de acudir al IMSS o al ISSSTE, según sea su régimen laboral, para que lo atiendan y mediquen.
Pero aquí viene la paradoja: el paciente llega al instituto y se encuentra con la triste realidad de que no hay médicos tratantes suficientes o no hay el medicamento adecuado para su enfermedad; lejos de mejorar, acaba por morir.
En el caso de los antibióticos, el cuadro básico de los institutos citados cuenta con sólo unos cuantos productos que los médicos utilizan para todo tipo de infecciones, enfermedades del tracto respiratorio, gastrointestinal o lo que se necesite, que por supuesto no son los adecuados para el tratamiento de la gama de enfermedades que afectan a los mexicanos.
La incultura y la falta de educación que imperan en el país inhiben la atención integral de los enfermos. Así se redondea un cuadro que no es de ninguna manera el deseable para los mexicanos.
En el tema interviene otro factor, sin duda el más importante: las administraciones neoliberales que han gobernado el país se han caracterizado por abandonar a la población a su leal saber y entender, sin otorgarle los elementos necesarios para que reciba educación y atención en las distintas áreas de salud.
Con la precariedad de las asignaciones que se aplican al sector salud, es imposible que el sector cuente con instalaciones adecuadas, con bancos de medicamentos idóneos, y con médicos y enfermeros capacitados y en número suficiente para cubrir la creciente demanda de servicios.
En ese contexto, de la pobreza, de la incultura, de la falta de educación, los mexicanos nos enteramos de que en la reunión del Consejo Nacional de Salud y la Cofepris, en marzo de este año, se emitió un proyecto para la venta de antibióticos con receta médica, desde el 1 de abril del corriente año.
La medida se dio en el marco de que, como se acostumbra en gobiernos autoritarios, como el de Calderón, no se consultó a los ciudadanos sobre la relevancia de la decisión, su alcance ni mucho menos la posibilidad de caer en el mercado negro de medicamentos.
Por supuesto, la medida adoptada no obedece a políticas públicas de salud: por lo que se aprecia, obedece a algún capricho que permita distraer la atención de los ciudadanos en un tema que si bien es importante no lo es tanto como la crisis económica y la inseguridad, por ejemplo.
¿A quiénes se beneficia con la determinación referida, que se dio soterradamente, en la víspera de la Semana Santa, como antaño se decretaban las devaluaciones del peso frente al dólar?
A mayor abundamiento, como un vicio de origen más, las autoridades de salud nunca se preocuparon por notificar profusamente a la población acerca de la posible decisión de que los antibióticos, a partir del 1 de abril, se expenderían sólo mediante la presentación de la receta respectiva.
Tampoco se informó en tiempo y forma a las farmacias y a los demás sitios en que se expenden los productos médicos multicitados en qué tipo de sanciones caen quienes quebranten la decisión en comento.
Esto redunda, señores diputados, en encarecer la pobre y miserable vida que llevan 87 millones de mexicanos. ¿Qué quiere el secretario de Salud: que los mexicanos, en un año como el actual, en que la situación económica del país es catastrófica, acaben de morir de hambre, sin un gobierno que los proteja, pese a los enormes impuestos que nos hace pagar?
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta contra la medida que Calderón y sus funcionarios pretenden decretar para que los antibióticos se vendan sólo con receta médica, pues eso encarecerá la precaria vida de los mexicanos.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de manera alguna pretende dejar sin control la venta de los antibióticos; más bien, cancelar el proyecto de prohibir la venta sin receta de los productos citados, hasta en tanto se hagan los estudios pertinentes, se libere una norma que por sí misma es plausible, siempre que se consideren los aspectos relevantes de la medida que en esta propuesta se mencionan.
En vista de lo expuesto, el suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cancelar mediante la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el proyecto de que los antibióticos se expendan en el país sólo mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión, hasta en tanto se exploren procedimientos viables por seguir para evitar el abuso en el consumo de los medicamentos mencionados y se dé la publicidad idónea a fin de que la población consumidora, y las farmacias y demás sitios en que se vendan estén debidamente enterados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES, DEL DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPALES A REESTRUCTURAR LOS CURSOS DE ACCIÓN PARA IMPULSAR Y REACTIVAR PROGRAMAS PRODUCTIVOS CON LA INCORPORACIÓN DE LOS PROFESIONALES TITULADOS CARENTES DE EMPLEO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales a reestructurar los cursos de acción para impulsar y reactivar programas productivos incorporando a los profesionistas que siendo titulados no tienen empleo, por lo que se presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
Es inadmisible que un millón de estudiantes graduados ejerzan el ocio. Alrededor de 920 mil profesionistas mexicanos no trabajan, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo; y de ellos, poco más de 200 mil (20 por ciento) tienen entre 25 y 34 años de edad, lo que representa una "pérdida" en su conjunto, tanto para el desarrollo del país como para ellos mismos, ya que no les interesa emplearse.
Considerando que el país invierte en cada estudiante de educación superior pública un promedio de 47 mil pesos al año, lo cual suma aproximadamente 188 mil pesos por el costo total de los cuatro años de la licenciatura, los 920 mil profesionistas ociosos generan una pérdida cercana a los 37 mil 600 millones de pesos, lo equivale en 1.68 por ciento el presupuesto 2010 de la UNAM.
La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP señaló que de 920 mil profesionistas que no trabajan, el 80 por ciento del total proviene del sexto al décimo decil de ingresos, y la mayoría son mujeres que pertenecen a estratos sociales "altos". Que formándose como profesionistas por diferentes razones no se incorporaron al mercado laboral, lo que afecta a todos los sectores socio-económicos del país.
Asimismo, la Subsecretaría de Educación Superior ha dado a saber que México ha formado en toda su historia 8 millones de profesionistas de los cuales 7.1 millones viven en México y 865 mil se fueron a Estados Unidos de América y uno de cada 15 egresados de las licenciaturas no hallaron empleo en el país y uno de cada cinco que estudió maestría, como uno de cada tres con doctorado, prefirió irse de nuestra patria.
De los egresados que radican aquí, 5.6 millones tienen un empleo o subempleo; 367 mil están desocupados; 165 mil están buscando empleo; pero 920 mil se encuentran anquilosados irrisoriamente.
Conforme a datos establecidos por el observatorio laboral y el Inegi, cuatro de cada diez profesionistas en México trabaja en una actividad que no está ligada a la carrera que estudió; pero quienes concluyen una carrera universitaria buscan un ingreso como taxista o vigilante, como es el caso de los antropólogos, etnólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, geólogos, agrónomos o ingenieros químicos industriales.
Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta el último trimestre de 2009, 37 por ciento de los mexicanos que cuentan con estudios superiores trabaja en ocupaciones no profesionales, fenómeno que se acentúa ligeramente entre las mujeres.
Un análisis de la situación de los profesionistas y el mercado laboral de los últimos tres meses de 2009, la Subsecretaría de Educación Superior detectó que 14 por ciento de los antropólogos, arqueólogos y etnólogos laboran de taxistas o guardias de seguridad. Lo mismo ocurre con 11 por ciento de los historiadores; 10 por ciento de los ingenieros en topografía, hidrografía y geología; y 5 por ciento de los ingenieros químicos, industriales y de alimentos.
En contraste, los profesionistas que menos recurren a esta ocupación son los químicos farmacéuticos, enfermeras, doctores, físicos, músicos, ingenieros metalúrgicos o egresado de turismo, nutrición y danza. En cuestión de género, las mujeres están en mayor desventaja. Mientras que 38.5 por ciento de las universitarias se emplean en oficios ajenos a su formación, dicho porcentaje se reduce a 34.6 por ciento entre los varones.
El 37 por ciento de mexicanos con estudios superiores (400 mil profesionistas), se quedaron sin empleo tras la crisis de 2009, 14 por ciento de los antropólogos y arqueólogos trabajan como choferes, 11 porciento de los que estudiaron historia son vigilantes. Datos de la misma SEP, muestran también que en México la tasa de desempleo abierto de la población sin estudios o con primaria incompleta es menor a la de la población que estudió una licenciatura o ingeniería.
Profesionistas que laboran en tareas de seguridad y operadores de transporte, tercer trimestre del 2009.
Fuente: Excelsior del 30 de enero de 2010.
En el último trimestre del año pasado, la tasa de desocupación general en el país fue de 6.2 por ciento, mientras que para los profesionistas fue de 5.7 por ciento en 2009 el desempleo entre los egresados universitarios presentó un incremento constante hasta alcanzar 15 por ciento.
Consecuencia de lo antes expuesto y con fundamento jurídico en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a reestructurar los cursos de acción para impulsar y reactivar los programas productivos, incorporando a los profesionistas que siendo titulados no tienen empleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y SE REQUIERE EL ENVÍO INMEDIATO DEL TERCER INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012, A CARGO DE LA DIPUTADA IFIGENIA MARTHA MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La que suscribe, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción A, párrafo cuarto, de la Constitución Política; 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El llamado "Capítulo Económico de la Constitución", específicamente el contenido de los artículos 25, 26 y 28, al establecer con precisión las características estructurales de nuestra economía nacional, el papel que corresponde a los diversos sectores para el desarrollo económico y el bienestar social, así como las atribuciones correspondientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el sistema de planeación democrática, constituye un logro irrenunciable de algunos de los mejores momentos de nuestra vida parlamentaria, que permitió junto a las partes esenciales del artículo 27 consolidar el papel fundamental de la nación como propietaria originaria de los recursos estratégicos y al estado como rector de la economía cimentado en forma visionaria por el Constituyente.
La importancia de la planeación económica y social en el país ha quedado demostrada durante más de seis sexenios, aun con las desviaciones, pérdida de especificidad, rigor y precisión en el planteamiento de objetivos y metas bajo la férula de los gobiernos neoliberales, acompañada por la ausencia de la consulta popular para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la minimización de las funciones del Poder Legislativo para su elaboración y seguimiento.
En tanto, la toma de conciencia y el consiguiente cambio en la correlación de fuerzas políticas parlamentarias permite reforzar esa participación democrática y reivindicar un papel más activo y decisorio del Poder Legislativo frente a las secuelas del centralismo en el Ejecutivo, avance democrático en el que confiamos y por el cual luchamos, lo menos que podemos hacer ahora es realizar la defensa de las disposiciones constitucionales y legales vigentes respecto a ese sistema de planeación.
La planeación económica y social, de plazo medio y carácter multianual, sus repercusiones presupuestarias que constituyen la materia de una de las principales atribuciones anuales de esta Cámara, como la facultad exclusiva, de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, significa hoy por hoy un instrumento insustituible para proseguir los esfuerzos por reestructurar la economía. Reorientarla hacia un crecimiento más vigoroso, no exclusivamente dominado por el mercado, con la recuperación del papel rector del Estado, para el fortalecimiento del mercado interno que signifique la ampliación de oportunidades de empleo, la distribución equitativa del ingreso nacional, el mejoramiento del nivel de vida de las mayorías del pueblo y la necesaria disminución de la dependencia económica del exterior.
El año de 2009, dentro de la crisis global y dada nuestra dependencia de los mercados comercial y financiero externos, significó para la economía nacional una caída de la mayor magnitud entre todos los países del mundo, de la cual apenas se vislumbra una leve recuperación. El agotamiento de los fondos de estabilización y de contingencia, y aun la utilización del excedente de operación del Banco de México, junto con disminuciones del gasto público que afectaron la inversión más que el gasto corriente del gobierno que sigue siendo excesivo, fueron los instrumentos para mantener las finanzas públicas ante la grave disminución de los ingresos, además desde luego del alza de impuestos, tarifas y precios públicos que en esas condiciones se consideraron ineludibles ante la inexistencia de otros recursos.
El conocimiento de la información oficial para recapitular las circunstancias y juzgar las medidas adoptadas es además indispensable para analizar la situación actual, las perspectivas, los programas y presupuestos que de acuerdo con la legislación actual empezaremos pronto a analizar. Para ello es imprescindible contar con el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, considerando que ello es además obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico en vigor (Ley de Planeación, artículos 5o. y 6o.).
El artículo 6o. de la Ley de Planeación establece: "En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. constitucional en materia de derechos y cultura indígena".
A su vez, el artículo 5o. de la Ley de Planeación establece en lo conducente que "en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan".
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se realiza un extrañamiento al Ejecutivo federal por no haber remitido en tiempo y forma al Congreso de la Unión el tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 correspondiente a 2009 en los términos del artículo 6o. de la Ley de Planeación, y se requiere el envío inmediato de ese documento para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5o. del mismo ordenamiento.
Considerando la importancia de este asunto y con los fundamentos legales invocados, solicito, señor presidente de la Cámara, que se someta a consideración de esta asamblea la proposición que he realizado como caso de urgente u obvia resolución, en los términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior que nos rige.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Ley de Planeación
Artículo 5o. El presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas en esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
Artículo 6o. El presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.
En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 23.
1. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara;
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición;
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a que corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de la lectura.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS Y A LOS INSTITUTOS ELECTORALES DE LOS ESTADOS DONDE HABRÁ COMICIOS A IMPLANTAR CON LA SEGOB Y EL IFE ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA Y LA POSIBLE INTERVENCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS PROCESOS, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los Institutos Electorales locales en donde se celebrarán elecciones, para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral implanten acciones en contra de la violencia y posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En este año se celebrarán elecciones en 15 estados del país (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) para renovar 1,637 cargos de elección popular, es decir, 12 gubernaturas, 1,119 ayuntamientos y 506 diputaciones locales, por lo que se convocará al 40.13% de la lista nominal de electores a nivel nacional, que corresponde aproximadamente a 31.5 millones de personas para participar en dichos procesos.
En estos 15 estados en donde habrá elecciones se ha concentrado el más alto índice de violencia en el país: el registro de ejecuciones derivadas del crimen organizado indican que estas entidades federativas acumulan el 62.3% de las ejecuciones registradas en el territorio mexicano entre 2007 y 2009, es decir, 8 mil 769 ejecuciones.
Los estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango son considerados los más violentos al sumar mil 512 ejecuciones, lo que representa más de la mitad de las registradas en todo el territorio nacional durante el primer trimestre de 2010.
La violencia en algunas Entidades Federativas, como Oaxaca y Tamaulipas, ha llegado al extremo de obligar al Instituto Federal Electoral a cerrar las puertas de sus juntas distritales y suspender trámites al público en general por la inseguridad imperante en la zona.
Como podemos ver, el clima de violencia exige a los tres niveles de gobierno realizar un frente común, ya que si bien no hay datos precisos sobre la incursión del crimen organizado en las campañas electorales, lo cierto es que muchas zonas del territorio que abarcan estos 15 estados con proceso electoral, se encuentran en alerta máxima ante la violencia generalizada y sistemática del crimen organizado, por lo que la profundidad y el alcance del poder corruptor y de intimidación de la delincuencia, debe ser tomada en consideración por las autoridades locales y por supuesto, por la FEPADE. Incluso debemos recordar los casos de colusión de servidores públicos con los grandes cárteles del narcotráfico en México, o los casos de infiltración del narco en campañas de Centroamérica y Colombia.
En este sentido, el hecho de que candidatos y/o sus familias sufran algún tipo de amenaza o daño a su integridad física pone en riesgo el normal desarrollo de los procesos electorales, incluso pudiendo definir el resultado de las elecciones, de ahí la importancia de que las autoridades protejan a los candidatos de estas amenazas.
Asimismo, el latente riesgo de que el crimen organizado interfiera directamente en las contiendas electorales puede implicar que impongan candidatos, intimiden a los contendientes que no son de su preferencia, o financien con recursos ilícitos determinadas campañas, favoreciendo a sus candidatos y definiendo el resultado de la contienda electoral.
Ante esta posibilidad de financiamiento ilícito, los Institutos Electorales locales deben fortalecer sus acciones de fiscalización, y de ser el caso, conforme al marco jurídico y de competencias de cada organismo electoral, se debe dar intervención al Instituto Federal Electoral para que coadyuve en las acciones de fiscalización, sobre todo, si tomamos en consideración que el IFE es el único órgano facultado para romper el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
Del mismo modo, no podemos dejar de lado los actos violentos que el crimen organizado ha realizado como el cierre de carreteras, ejecuciones a civiles, secuestros, extorsiones, enfrentamientos armados o los ataques contra instalaciones policiacas, lo que ha generado un temor colectivo entre la población, situación que puede llegar a ocurrir también durante el proceso electoral y consecuentemente inhibir la participación de la sociedad en las campañas y en la jornada electoral o incluso, en caso extremo, obligar a la autoridad electoral a suspender las elecciones por razones de seguridad, cuestión que sería trágica para el desarrollo democrático de la nación.
Ante este cúmulo de riesgos, resulta necesaria la participación de las autoridades locales para que contribuyan a la distensión del ambiente violento en las contiendas electorales, tomen las medidas necesarias para que la ciudadanía tenga la certeza de que se celebrarán elecciones seguras, pacíficas y apegadas a derecho.
En este orden de ideas, corresponde a los Institutos Electorales locales hacer uso de los instrumentos normativos con que cada uno cuenta en su legislación para blindar las contiendas electorales de la intromisión del crimen organizado, y por su parte, le corresponde a los Ejecutivos locales el imponer el estado de derecho, otorgar seguridad a los ciudadanos y coadyuvar con las autoridades federales para que los procesos electorales se desarrollen pacíficamente.
En este sentido, también resulta necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones y con el ánimo de una colaboración estrecha con las entidades federativas, en particular con las que representan un mayor riesgo, se emprendan acciones conjuntas para dotar de estabilidad y gobernabilidad a las zonas con alto índice de violencia y de esta manera el proceso y la jornada electoral puedan celebrarse sin ningún contratiempo.
La importancia de alejar la violencia de los procesos electorales, radica en otorgar certeza, seguridad y confianza al electorado, pero sobre todo se debe garantizar la tranquilidad y el orden social apegado a la norma electoral en vísperas de los procesos electorales que tendrá lugar en diversas entidades federativas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento para su aprobación los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos estatales en donde se celebrarán elecciones, para que garanticen el orden social y la seguridad durante los procesos y jornadas electorales e inhiban la acción violenta del crimen organizado.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en colaboración con los gobiernos estatales en donde se celebrarán elecciones, garanticen la gobernabilidad y estabilidad de las zonas con alto índice de violencia.
Tercero. Se exhorta a los órganos electorales locales en donde se celebrarán elecciones a que establezcan medidas de prevención en la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, fortalezcan sus acciones de fiscalización y garanticen la celebración de elecciones pacíficas.
Cuarto. Se exhorta al Instituto Federal Electoral a que coadyuve con los órganos electorales locales en donde se celebrarán elecciones, en la fiscalización de los recursos de las campañas electorales, a fin de superar las limitaciones de los secretos bancario, fiscal y fiduciario.
Quinto. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que asegure la legalidad, en todas las etapas de los procesos electorales en los estados e inicie las investigaciones necesarias en donde el crimen organizado se encuentre involucrado.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN FONDO EXTRAORDINARIO QUE GARANTICE UN SEGURO DE DESEMPLEO POR ÚNICA VEZ, HASTA POR SEIS MESES, A LOS UNIVERSITARIOS Y A LOS LICENCIADOS TÉCNICOS TITULADOS RECIÉN EGRESADOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita la creación de un fondo extraordinario que garantice un seguro de desempleo por única vez, hasta por seis meses, a los universitarios y licenciados técnicos titulados, recién egresados de sus planteles educativos, por lo que se presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
De acuerdo a estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el número de egresados de nivel superior en México en 2007 fue de 2 millones 528 mil 664; de los cuales 1 millón 694 mil 846 egresaron de instituciones públicas y 833 mil 818 de instituciones privadas, esto refleja que las instituciones públicas continúan siendo una piedra angular del sistema de educación superior del país, pero también se observa que las instituciones privadas son actores cada vez mas importantes en el panorama de educación superior del país.
La oferta de egresados va en rápido aumento año tras año, mientras que la economía mexicana refleja un aumento más lento, por lo cual la oferta de egresados se enfrenta a un mercado laboral poco capaz de ofrecer las oportunidades para quienes salen de las universidades empleos correspondientes a su formación.
Paralelamente, esto tiene efectos importantes en el sistema educativo, al destacar una dificultad estructural para garantizar la inserción en el mundo del trabajo profesional a sus egresados y con ello se desdibujan los logros educativos alcanzados por el país.
En México, los jóvenes de 20 a 24 años de edad representan el 7 por ciento de los profesionistas ocupados, mientras que los jóvenes de 25 a 34 años de edad representan el 35.4 por ciento. Esto significa que los jóvenes profesionistas que trabajan, de 20 a 34 años de edad, constituyen el 42.4 por ciento de todos los profesionistas. Mientras que los profesionistas de 45 años y más representan menos de una tercera parte del total de profesionistas ocupados en el país (29 por ciento).
Es alarmante saber que jóvenes dedicados constantemente a sus estudios terminen una carrera profesional, técnica o comercial y no encuentren empleo cuando las Secretarías del Trabajo, de Economía, de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público no tienen la capacidad y sagacidad de involucrar a los sectores productivos tanto industrial, comercial y de servicios a generar la oportunidad de adquirir un empleo laboral, para que una vez concluida su etapa escolar se incorporen a la población económicamente activa.
A lo antes mencionado, se le agrega lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha explicado que, entre julio y septiembre del 2009, estaban ocupadas 43.9 millones de personas consideradas entre la población económicamente activa, con un total de 46.8 millones, pero de ellas 3.8 millones estaban subocupadas.
La tasa de desocupación condicionada a la búsqueda de empleo es más alta en localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; de manera que en zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes subió hasta 7.6 por ciento. Originando un desempleo para los hombres de 5.32 por ciento y para las mujeres el 5.15 por ciento.
Fuente: Milenio, del 20 de febrero de 2010.
Es sabido por todos que durante 2009 se perdieron 442 mil 193 empleos formales en el país, afectando sin duda a la población que habiendo terminado una carrera universitaria, licenciatura técnica o carrera comercial técnica titulados no tienen empleo; por tanto, ha sido la mayor destrucción de trabajos en un año desde la crisis económica de 1995.
Esto significa que cada 72 segundos una persona perdió su trabajo, lo que diariamente se traduce en mil 211 empleos diarios.
A pesar de que desde junio hasta noviembre el gobierno federal anunció la creación de más de 312 mil empleos, tan sólo en diciembre se perdieron 205 mil 355 trabajos, es decir, casi la mitad de todo el año.
La cifra de empleos que se perdieron en 2009 fue superior a la estimada por el Banco de México, que pronosticó que podrían tener una pérdida de fuentes de empleo que representa un pronóstico de 425 mil empleos menos, aunque para el presente año, el instituto central anticipo la generación de 400 mil trabajos formales.
De acuerdo al informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mostró que el tercer trimestre de 2009 el Programa de Apoyo al Empleo registró un ejercicio de 88.4 millones de pesos de un total de 157.7 millones que se aprobaron para ese ejercicio, teniendo un subejercicio de 56.05 por ciento, en tan sólo en un trimestre.
Asimismo, por división económica, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que la industria de la transformación fue la que recibió el mayor impacto negativo por la crisis económica mundial que afectó a México, ya que durante 2009 perdió 338 mil 961 trabajos.
Asimismo, la industria de la construcción tuvo una merma de 105 mil 917 trabajos, seguida de la de transportes y comunicaciones, con 24 mil 39 menos, y de servicios para empresas, con 10 mil 301 registros menos.
Estos resultados muestran que el Ejecutivo durante su primera mitad de gestión arroja un acumulado de 306 mil 580 empleos generados, lo que significa que el gobierno del empleo sólo ha podido generar 280 empleos diarios, para una población de desempleo que en el cuarto trimestre de 2009 ascendió a 2 millones 506 mil 595.
Los factores determinantes del desempleo se estilizan en el siguiente diagrama:
Hernández Laos, Enrique, Panorama del mercado de profesionistas en México, página 99.
Consecuencia de lo anterior, y con fundamento jurídico en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la alta consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La creación de un fondo extraordinario que garantice un seguro de desempleo por única vez, hasta por seis meses, a los universitarios y licenciados técnicos titulados, recién egresados de sus planteles educativos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP A IMPLANTAR LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN NECESARIOS A FIN DE ERRADICAR LA GRAN CORRUPCIÓN IMPERANTE EN LOS MANDOS DE LA POLICÍA FEDERAL, DIVISIÓN CAMINOS,
A CARGO DEL DIPUTADO JOEL GONZÁLEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las principales funciones del Estado es garantizar la seguridad pública y es éste quien debe fungir como garante para que las personas que habitamos en este país no corramos ningún detrimento o menoscabo en nuestra vida, salud, patrimonio e integridad.
Las atribuciones con las que deberán manejarse las distintas corporaciones de seguridad pública se enmarcan en el artículo 21, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al texto dice:
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
En lo particular, algunas de las atribuciones de la Policía Federal división caminos, según la ley que rige a esta corporación son los siguientes:
I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales.
II. Intervenir en materia de seguridad pública, coadyuvando con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes.
III. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad de las personas, así como prevenir la comisión de delitos, en
a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares y conexos de la república.IV. Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos conducentes para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales.
V. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas.
VI. Levantar las infracciones, en los formatos proporcionados por la autoridad competente, por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al uso de la zona terrestre de las vías generales de comunicación y remitirlas a la dependencia competente para su trámite correspondiente.
VII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional.
VIII. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.
IX. Ejercer las atribuciones que sobre migración le confiere la ley de la materia; y
X. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.En los casos a que se refiere el inciso a) de la fracción III y la fracción XII del presente artículo de la Ley de la Policía Federal Preventiva, la que prevé actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, únicamente en los casos en que expresamente lo solicite la autoridad aduanera.
En ninguno de los lineamientos antes señalados se considera de alguna manera que la Policía Federal división caminos, deba funcionar como receptoría de peajes para el transporte de carga y pasaje federales o el tránsito de vehículos particulares en las distintas carreteras federales de nuestro país, problema que se ha venido presentando de manera considerable, grave y persistente en esta corporación.
No es ninguna novedad que se han encontrado bandas delictivas que han estado y están en complicidad con esta corporación y otras corporaciones policíacas tanto federales como estatales a niveles muy altos, las que cuentan con su imparcial y total protección, para traficar drogas, armas, órganos, mercancía de contrabando y en la actualidad el muy conocido tráfico de personas.
No es comprensible toda esta gama de delitos sin la participación o la complicidad de los cuerpos policiacos y, en lo particular, de la sofisticada Policía Federal división caminos, ya que por vía terrestre, y siendo más explícitos, por las carreteras federales de nuestro país se transportan y trasladan toda clase de productos legales o ilegales.
Tan sólo en los últimos años se han contabilizado decenas de miles de robos de tráileres, camiones y camionetas de carga del autotransporte de carga federal, en las principales rutas que son utilizan con mayor regularidad por este gremio. La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte manifiesta un considerable incremento de robos de mercancías de todo tipo y, respecto a la industria de la construcción, ésta ha sido lacerada gravemente por el robo de maquinaria pesada utilizada en dicho sector.
Es importante destacar que un número considerable de las violaciones en derechos humanos han sido cometidas por esta agrupación, en complicidad con los agentes del Ministerio Público, las que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
Existen denuncias de tortura física y psicológica a manos de la Policía Federal división caminos en varios estados de la republica, con reportes médicos de heridas grabes, como estos reportes existen muchos más, la mayoría de estos sin denunciar.
Se han detenido infinidad de peligrosas bandas de secuestradores, traficantes de personas y de órganos, narcotraficantes y de robo de autos, que operan principalmente a lo largo de las más importantes carreteras de nuestro país, se ha logrado detectar que dentro de estas organizaciones delictuosas operaban miembros de la Policía Federal división caminos.
El análisis sobre la percepción que tienen los ciudadanos de esta corporación nos indica que la opinión pública otorga muy poco crédito a los cuerpos policíacos. Dos de cada tres mexicanos considera que más de tres cuartas partes de los policías de esta agrupación son corruptos.
De 1990 a la fecha se han ido suspendido los programas de revisión física a los vehículos particulares con posible reporte de robo, será que entre las bandas del crimen organizado dedicadas a este ilícito y los miembros de esta corporación existe alguna complicidad, del mismo modo se presenta esta situación en el transporte de carga, sustituyendo estas inspecciones por la ya conocida "mordida"; claro, "del tamaño del sapo es la pedrada", y para esto los señores oficiales y suboficiales de dicha corporación se las saben de todas.
Con la respectiva dádiva o cooperación se les otorga el paso libre a cualquier tipo de vehículo que transite por las carreteras, aun cuando en estas unidades que no se supervisaron o no se quisieron revisar se transporte mercancía de contrabando o robada, la cual llega sin lugar a dudas a las calles del comercio informal de las distintas ciudades de nuestro país; o en el caso particular de las drogas, que llegan también y sin ninguna duda a las calles, escuelas, a los jóvenes y en muchos casos a las manos de nuestros niños.
En distintos foros de seguridad pública se habla una y otra vez de mercancía ilegal, ya sea robada o de contrabando, compañeros es evidente que esta mercancía de procedencia ilícita en algún momento se trasladó por una de nuestras carreteras y pasó cerca de alguna de las miles patrullas de esa corporación, pero como la distinguida Policía Federal división caminos pareciera que no tiene ni la más mínima preparación en seguridad pública, o no se rebaja a hacer revisiones en lo referente a esta problemática, aun cuando se jactan de ser la mejor y más capacitada corporación policiaca, se les pasan todos los delincuentes y únicamente se dedican a sacar las mordidas del día, lo demás no importa, o es que así debe ser para beneficio de intereses particulares y superiores previamente pactados.
En contraste, diario encontramos a los suboficiales, oficiales y hasta comandantes destacados en las distintas carreteras, fomentando la corrupción de manera descarada.
Estos retenes o puestos de vigilancia y destacamentos son prácticamente sitios de peaje que funcionan las 24 horas del día, cínicamente; en todas las carreteras del país, con especial interés me preocupa el denunciar que en las carreteras de Jalisco y en específico en la carretera Chápala la Barca, se han generado importantes niveles de corrupción, en este mismo sentido ya que en este tramo se da con mayor frecuencia esta problemática.
Incluso los camioneros ya saben dónde se encuentran y el pago que por concepto de paso, se debe pagar para no ser molestado, e incluso generar una buena relación de amistad; claro, con mayor dinamismo en las horas pico, o en la hora del desayuno, comida y cena, porque la prioridad son los sagrados alimentos, enseguida la cuota del día para el comandante y al final del turno a pegarle duro porque es lo que se llevan para dar lo del gasto, sin protestar con nadie para ganarse de esta manera la confianza del comandante y aspirar a una mejor plaza de recaudación de cuotas o mordidas.
De esta forma se va dando una cadena de corrupción, en la que el suboficial, corrupto cobra las mordidas o cuota y las entrega al oficial superior, este a su vez al teniente y este al capitán, este las entrega al comandante de destacamento o de comisaria a su vez este las entrega al los altos mandos, claro esto no tendría sentido, si cada uno de los integrantes de esta corporación no se quedara con al menos un porcentaje de participación justo de acuerdo a los montos de recaudación.
Es tan descarada y lamentable la corrupción en nuestras carreteras por parte de la policía de caminos, que en muchas ocasiones cundo los afectados carecen de recursos financieros, los oficiales cobran sus mordidas o dádivas en especie; esto quiere decir, que les dan televisiones, estéreos, computadoras, artículos de joyería, etcétera, lo que es lamentable verdaderamente.
Esta novedosa forma de cobro en especie se realiza para mayor comodidad del implicado –en algunas ocasiones con sus excepciones– directamente a domicilio o incluso en hospitales, con la finalidad de lograr algún arreglo con los familiares en el caso de que el infractor esté herido o incluso haya fallecido.
En otro orden de ideas, en relación con la mayoría de los comandantes de esta corporación, sólo sería necesario realizarles una buena auditoría e investigación patrimonial y comparar los resultados que arroje esta, con sus ingresos generales en el transcurso de su vida productiva, si es que a este tipo de vida se le puede calificar como productiva; por consecuencia esta investigación nos dará resultados interesantes en la mayoría de los casos, nos arrojará sin lugar a dudas diferencias considerables.
Es urgente y muy necesario se implementen mecanismos de reestructura laboral y de profesionalización tendiente ha erradicar la corrupción y fomentar un cambio de cultura en este cuerpo de seguridad.
Es la hora de decir ya basta; de tapar el sol con un dedo; ya basta de tanta corrupción a los ojos de todos; ya basta de lacerar al país de este modo, México es uno de los países donde ni los policías se enorgullecen de serlo ni los ciudadanos nos enorgullecemos de nuestros policías. Ya es hora de dar paso a una nueva cultura institucional y enaltecer a México.
Por todo lo expuesto, y con el único fin de participar en la prevención de los delitos por parte de los servidores públicos y así erradicar los lamentables y alarmantes niveles de corrupción de esta corporación, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a implantar las acciones y programas de reestructuración y depuración laboral que sean necesarios a los elementos de la Policía Federal división caminos a fin de erradicar al personal nocivo y los elementos corruptos que en la actualidad generan los altos niveles de corrupción que imperan de forma considerable en dicha corporación.
Segundo. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a generar los programas, académicos, científicos, culturales y sociales de capacitación y profesionalización que sean necesarios, a fin de lograr erradicar totalmente, o de manera considerable los altos niveles de corrupción existentes, que imperan en la actualidad, en la policía federal división caminos y así fomentar un cambio de cultura, tendiente a transformar, mejorar y depurar los distintos mandos de la mencionada corporación.
Tercero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a informar al pleno de la honorable Cámara de Diputados sobre los programas anticorrupción que se han implantado y los resultados que se hayan logrado sobre el particular en dicha Policía Federal.
Cuarto. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, contador público Arturo González de Aragón, a llevar a cavo las auditorias, revisiones e investigaciones patrimoniales necesaria a los suboficiales, oficiales, comandantes y principales mandos de la Policía Federal división caminos, dichos resultados deberán compararse con los datos del historial de ingresos y percepciones de su vida productiva, esto con el fin de depurar a esa institución de los elementos que resulten con variaciones considerables en sus vienes patrimoniales no justificables, estas auditorías y investigaciones deberán realizarse de manera extensiva a los familiares de estos en línea directa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Joel González Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL APOYO, FOMENTO E IMPULSO DE LA ARTESANÍA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARANA ARANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, para su urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que se apruebe la creación de la Comisión Especial para el Apoyo, Fomento e Impulso de la Artesanía Mexicana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 27 de octubre de 2009, el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Artesanías, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta.
Debido a la importancia de la elaboración y comercialización de artesanías mexicanas, estas actividades son parte de nuestro patrimonio cultural.
Uno de los antecedentes más importantes, es el de la primera exposición de artes populares en 1920 que se llevó a cabo en las ciudades de México y Los Ángeles, California, con motivo del centenario de la consumación de la Independencia. En esa época, nuestro país ocupaba el tercer lugar en el mundo, después de Japón y China, como productor de artículos artesanales.
Otro hecho significativo, fue la exposición y publicación del libro Las artes populares en México, que motivaron a la entonces Sociedad de las Naciones convocar al Primer Congreso Internacional de Artes Populares, en la ciudad de Praga.
En el mismo contexto y debido al reconocimiento de las actividades artesanales mexicanas, en 1940 se celebró en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que dio origen a la creación del Instituto Indigenista Mexicano.
En el año de 1951, mediante un convenio entre el Instituto de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indigenista, se creó el Patronato de las Artes e Industrias Populares, el cual desempeñó una excelente función en la protección y fomento de las artes.
Cuatro años más tarde, el Banco Nacional de Comercio Exterior, SA, realizó los primeros estudios socioeconómicos, con la firme intención de establecer las bases de asistencia económica a las artes populares y artesanías artísticas, así como brindar todo el apoyo necesario para su exportación.
También, en 1961 se creó el Fondo para el Fomento de las Artesanías, con el fin de ofrecer a los artesanos asistencia crediticia, técnico-artística y de comercialización.
Debido al importante apoyo que recibieron los artesanos mexicanos durante gran parte del siglo pasado, en 1969 se realizó en la Ciudad de México el Primer Congreso Nacional de Artesanía, dando como resultado la creación del Consejo Nacional para las Artesanías.
Asimismo, en 1970 la Secretaría de Educación Pública introdujo en su estructura la Dirección General de Arte Popular, cumpliendo así con su compromiso de apoyo a la producción y comercialización de la artesanía nacional.
Por la importancia cultural, económica y social de la artesanía en nuestro país, por mandato del Ejecutivo federal, el 14 de julio de 1974 se fundó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), fideicomiso público del gobierno federal sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.
El principal objetivo del Fonart es apoyar a los artesanos mexicanos para que mejoren su calidad de vida y preserven los valores culturales tradicionales, vinculando su creatividad con el consumidor final, a través de programas de apoyo y estrategias de comercialización que le otorguen la colocación de sus productos en los mercados nacional e internacionales.
Sumado a lo anterior, el 26 de enero de 1988 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Su última reforma fue el 22 de julio de 1991.
Bajo la figura de fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía, se conformó el 13 de junio de 2007 ProMéxico, organismo del gobierno federal encargado de fortalecer la participación de nuestro país en la economía internacional.
Del 17 al 21 de marzo del 2010, con el apoyo de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Turismo, ProMéxico, Fonart y la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), se realizó "Las Manos del Mundo, Primera Feria Internacional de Artesanías en México", organizada por artesanos mexicanos a través de la Unión Nacional de Productores Artesanales, en el que participaron artesanos de diferentes regiones del país y del mundo.
En reconocimiento a la importancia de la artesanía en el desarrollo económico, social y cultural mexicano, el 23 de marzo de 2010, en Morelia, Michoacán, durante la plenaria de la XXXVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 25 mandatarios estatales y siete representantes acordaron la creación de la Comisión de Desarrollo Artesanal que coordinará el Ejecutivo michoacano, Leonel Godoy, con el apoyo de Juan Manuel Oliva Ramírez y Fidel Herrera Beltrán, gobernadores de Guanajuato y Veracruz, respectivamente.
En el ámbito legislativo, como se mencionó el 27 de octubre de 2009, el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo presentó una proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Artesanías.
Por su parte, en el Senado los legisladores María Elena Orantes López, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón, María del Socorro García Quiroz y Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar programas para el fomento de las artesanías en la República Mexicana, así como su comercialización a los mercados internacionales.
Sin embargo, durante los últimos años el apoyo que se les ha brindado a los artesanos mexicanos ha ido disminuyendo y se le ha restado atención. En ocasiones, da la impresión que ha quedado a la deriva.
Hasta se ha pedido la extinción de Fonart, como sucedió en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, cuando la Auditoría Superior de la Federación recomendó su "liquidación o transformación, pues el trabajo de la institución ha sido ineficiente", debido a que el Fondo no confirió los apoyos a los sectores más necesitados, no contó con registros contables fidedignos y presentó un subejercicio del 7.9 por ciento.
En lo que corresponde al Poder Legislativo, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999 cambió algunos nombres y contenidos de comisiones ordinarias; otras fueron transformadas de especiales a ordinarias y otras desaparecieron. Durante la LVII Legislatura, la Comisión de Artesanías desapareció.
La Cámara de Diputados no le ha dado el apoyo suficiente al fomento y desarrollo de las actividades artesanales. Es el momento de considerar que esta actividad significa no solo un potencial económico, sino social y cultural también.
En México, más de 8.5 millones de personas elaboran productos artesanales, por lo que es nuestra responsabilidad dotarlos de mayores instrumentos legales y de política pública para el desarrollo de su actividad.
Por ejemplo, Jalisco es considerada la entidad más significativa en materia artesanal del Continente Americano, además de ser líder nacional en diversidad de artesanías y contribuir con el 10% de las exportaciones de todo el país.
Además, existen estados en donde su producción artesanal es una actividad característica y de calidad, como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán.
No obstante el potencial y calidad que existe en la artesanía mexicana, la mayoría de los artesanos no tienen posibilidad de acceder a financiamientos gubernamentales y bancarios para el desarrollo de modelos productivos, formación de mercados para la comercialización de sus productos.
Sumado a lo anterior, el ingreso indiscriminado de la llamada "artesanía pirata" proveniente principalmente de China, afecta a los más de ocho millones de artesanos mexicanos y a los talleres artesanales.
Es el momento de actuar. Si exigimos al gobierno federal jugar un papel más destacado en el plano social, político, económico y cultural con la idea de preservar la artesanía tradicional y poder asegurar su continuidad y fortalecimiento para las futuras generaciones, el Legislativo tiene que hacer su parte.
Es por ello que nuevamente se propone la creación de la Comisión Especial para el Apoyo, Fomento e Impulso de la Artesanía Mexicana, con el fin de cumplir con los siguientes objetivos:
Brindar los incentivos ineludibles para preservar y fomentar la actividad productiva de los artesanos mexicanos, considerando en primer término que la artesanía constituye un factor determinante en la vida económica y social de diversos grupos y regiones del país.
Apoyar con el diseño de programas que desarrollen y fortalezcan las capacidades productivas con una visión exportadora de alta competencia.
Promover la participación de los sectores público, social y privado para mejorar las condiciones del mercado artesanal.
Impulsar un programa de fomento a la producción y comercialización de las artesanías mexicanas.
Proponer medidas y acciones que impidan el ingreso ilegal de artesanías a México.
Impulsar la capitalización de la actividad artesanal y otorgamiento de créditos suficientes.
Dar seguimiento a los programas de las instituciones federales destinados a los artesanos.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Aprobar la creación de la Comisión Especial para el Apoyo, Fomento e Impulso de la Artesanía Mexicana, con el fin de brindar los incentivos necesarios para preservar y fomentar la actividad productiva de los artesanos mexicanos; apoyar un programa de fomento a la producción y comercialización de las artesanías mexicanas; proponer medidas y acciones que impidan el ingreso ilegal de artesanías a territorio nacional; promover políticas públicas que favorezcan la actividad artesanal; dar seguimiento y apoyar los programas federales destinados a la actividad artesanal, siempre y cuando se apeguen a la normatividad y objetivos.
Segundo. La Comisión Especial se compondrá por 16 integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios: seis del PRI, cuatro del PAN, dos del PRD, uno del PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia. Será presidida por una presidencia y dos secretarías.
Tercero. Se instale la comisión especial de inmediato, y dure en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Primera Legislatura federal.
La comisión especial presentará un programa de trabajo a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para su aprobación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA GOBERNADORA DE YUCATÁN A ABSTENERSE DE REALIZAR GIRAS Y DE ENTREGAR RECURSOS U OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL PARA NO INFLUIR EN EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DEL PRÓXIMO 16 DE MAYO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Consideraciones
Los artículos 1o. 2o. y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establecen:
1. "Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y este código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales".
2. "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del distrito federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencias".
Lo anterior obedece a las giras de trabajo realizadas por la gobernadora del estado de Yucatán por diversos municipios inaugurando obras y entregando recursos de varios programas sociales implementados por su gobierno, según diversas notas periodísticas del Diario de Yucatán y de Por esto. Lo que constituye una violación flagrante a lo dispuesto por el propio código general así como lo establecido por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. En los artículos 340 y 341 fracción f) del Cofipe. Mismo que establece las sanciones a que están sujetos los funcionarios federales. Estatales y municipales que violen las leyes vigentes en la materia.
Finalmente cabe mencionar que las actividades realizadas por la gobernadora del estado de Yucatán e integrantes de su gabinete son con el fin de inducir el voto hacia su partido.
Por lo anterior y en virtud de que la gobernadora en comento, en plena etapa electoral está realizando actos de gobierno en los diferentes municipios poniendo en marcha obras y servicios de beneficio social para la comunidad, mismos que pueden influir en la emisión del voto ciudadano se propone que la funcionaria en turno suspenda toda actividad pública.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la gobernadora del estado de Yucatán, licenciada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, a abstenerse inmediatamente de realizar giras de trabajo y entrega de recursos y obras de beneficio social así como toda actividad pública, con el único fin de no influir en el proceso electoral por realizarse el 16 de mayo del año actual y que éstas se reinicien una vez pasado el proceso electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A EXCLUIR LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA NEGOCIACIÓN DE UN EVENTUAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON BRASIL, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA SÁNCHEZ ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada federal por la LXI legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía de la administración pública federal, a excluir a la industria del calzado de la negociación de un eventual tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil, con base en las siguientes
Consideraciones
En el contexto de la globalización de nuestros días, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales.
El desarrollo de la competitividad nacional es de suma importancia para mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este contexto, debemos reconocer que nuestro país ha perdido varias posiciones en los índices de competitividad a nivel internacional.
De acuerdo con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 60 y sólo ocupa posiciones competitivas en los rubros de estabilidad macroeconómica en el lugar 48, en educación superior y capacitación en el lugar 24, y en tamaño de mercado en el lugar 11.
Analistas internacionales han establecido una relación directamente proporcional entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico, por lo que se estima que un incremento del 10% en la calidad del marco regulatorio, asumiendo que otros factores no cambien, puede tener un efecto positivo de 0.5% en el crecimiento del producto interno bruto.
El gobierno federal ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la competitividad del país, no obstante ello, es necesario profundizar en dichas políticas para colocar a nuestras empresas en posición de competir con éxito en el mercado internacional, sobre todo en sectores vulnerables a la competencia.
Nuestro país ha firmado acuerdos comerciales con 50 países, estando en proceso de negociación un tratado de libre comercio con Brasil, de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado por los presidentes de México y de Brasil, en su reciente encuentro en Cancún, con motivo de la reunión de presidentes de América Latina y el Caribe.
Por otro lado, la fracción VI del artículo 4o. de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, contempla que en el procedimiento de aprobación de un tratado, se tendrá que prever que las normas de los mismos consideren las asimetrías, diferencias, desequilibrios, así como las medidas correspondientes para compensarlas.
En este momento, la Secretaría de Economía está consultando a diversos sectores industriales del país para iniciar negociaciones de un eventual tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil, por lo que se deben analizar los beneficios y ventajas que se esperan obtener, en especial en la industria del calzado.
En el caso particular de la industria del calzado, existen fuertes asimetrías entre la industria brasileña y la mexicana, entre las que podemos destacar las siguientes:
• El tamaño de cada industria;
• La importancia de las exportaciones;
• La diversidad de mercados;
• La diversificación de mercancías exportadas,
• La penetración en los mercados internacionales;
• El grado de penetración de las importaciones en el mercado doméstico;
• La existencia de incentivos, y
• Las subvenciones para la exportación.
La industria del calzado en Brasil es, al menos, 4 veces mayor a la industria mexicana, donde se producen 808 millones de pares cuando en México se producen 244 millones anualmente; por otro lado, Brasil importa sólo 28 millones de pares, mientras que México importa 54 millones; asimismo, en Brasil existen incentivos y subvenciones para la exportación por parte gobierno, acciones que no ocurren en nuestro país con la misma intensidad.
La industria del calzado de Brasil tiene vocación para las exportaciones, y el mercado mexicano se presenta ávido de importaciones, por lo tanto, una negociación comercial con ese país ofrecería una ventaja a Brasil en la medida que es una industria más grande, enfocada a la exportación, con una mayor diversificación de mercancías y con canales de exportación a México ya establecidos.
Aunque las condiciones económicas entre México y Brasil son similares, ya que ambos forman parte de las principales economías emergentes del mundo y son las dos más grandes de América Latina, a diferencia de México, Brasil mantiene cerrada su economía con programas de protección a su industria.
Asimismo, Brasil ha suscrito pocos acuerdos de apertura comercial, lo que también nos habla de una economía cerrada y proteccionista, mientras México ha venido sosteniendo, desde hace años, una política de apertura casi total con muchos países del orbe que ha venido eliminando los aranceles de importación a muchísimos productos.
Por otro lado, es importante comentar que dentro de las asimetrías con el mercado brasileño, de acuerdo con el último estudio del Banco Mundial denominado Doing Business (en el cual se analizaron 183 economías), Brasil está catalogado en el lugar 126 en facilidad para abrir un negocio y en el lugar 113 para obtener un Permiso o Licencia de Construcción, con lo cual se evidencia la dificultad regulatoria que implicará abrir y operar un negocio por parte de mexicanos en Brasil, cuya tramitología es más complicada que la que tenemos en México, toda vez que nuestro país está mejor posicionado en estos indicadores en los lugares 90 y 37, respectivamente.
En el tema de comercio transfronterizo, de acuerdo con el mismo estudio del Doing Business, Brasil es más complicado para realzar este tipo de actos de comercio al situarse en el lugar 100, mientras que México se encuentra en el lugar 74. Este indicador revela que nuestros empresarios, encontrarán más trabas regulatorias en Brasil.
En términos generales, México se encuentra mejor posicionado en el estudio de Doing Business en lugar 51, mientras que Brasil se encuentra en el lugar 129. Esto, lejos de ser una ventaja para empresarios mexicanos, revela que el ambiente de negocios en Brasil es más regulado que el mexicano, de ahí la importancia de evaluar cuidadosamente las asimetrías y analizar si la apertura comercial beneficia a la economía nacional.
Con base en un ejercicio comparativo ordenado por los industriales del calzado con cifras de la Secretaría de Economía, un tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil daría, con relación a la industria del calzado, resultados como los siguientes:
1. Brasil incrementaría sus exportaciones a México, debido a una mejora competitiva de sus precios con relación a los de los otros exportadores, dándose desviaciones en los flujos de comercio. Esto favorecería a los industriales brasileños respecto a los demás exportadores y a los fabricantes mexicanos.
2. Por el contrario, México no incrementaría sus exportaciones a Brasil como resultado de una baja arancelaria. Por el contrario, agravaría la tendencia actual en la que México está disminuyendo sus exportaciones, aumentando las importaciones y disminuyendo la producción nacional.
3. La industria del calzado no mejorará sus condiciones con este tratado, pero sí podrá agravarlas, dadas las condiciones económicas del país, pudiendo generar un incremento del desempleo en este sector de la industria nacional, que genera empleo a un número considerable de mexicanos.
Una política de apertura comercial indiscriminada, multilateral o bilateral, que no se acompaña de una política industrial sectorial, ocasiona efectos negativos para la industria, y puede poner en riesgo 99 mil empleos directos que genera la cadena cuero-calzado en México.
Por lo que, antes de realizarla, se debe acordar, definir y aplicar una política industrial de desarrollo que enfrente y aproveche dicha apertura, que eleve la competitividad del país y de este sector en particular. Asimismo, tienen que realizarse negociaciones sectorizadas que reconozcan las características particulares de cada industria y no una negociación general.
Además, los productores de México trabajan en otra tarea, pues en diciembre de 2011 se abrirá el mercado al calzado chino, por lo que el tiempo que queda se destinará a elevar la competitividad de las empresas.
Esteremos impulsando todas las acciones legislativas para elevar la competitividad del país con la finalidad hacer más sencillo a los empresarios y ciudadanos mexicanos hacer negocios y cumplir con sus obligaciones. Esta es la tarea prioritaria que debemos asumir y que asumo durante mi gestión en esta Cámara de Diputados para elevar los niveles de competitividad que permitan y faciliten a los mexicanos afrontar con éxito los retos que les plantean los tiempos presentes.
De ahí me sumo a la tesis de que es necesario reflexionar y analizar cuidadosamente cada nuevo tratado de libre comercio que se pretenda suscribir evaluando las asimetrías competitivas de nuestro país.
En virtud de lo anterior, propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía de la Administración Pública Federal, para que la industria del calzado quede fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía de la administración pública federal a excluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil, por las fuertes asimetrías que existen entre ambas industrias y entre la calidad regulatoria, que causarían un impacto negativo en la industria del calzado nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 22 de abril del 2010.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A REALIZAR LABORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS HIDROLÓGICOS EN TUXPAN Y ANGANGUEO, MICHOACÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA JENY DE LOS REYES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jeny de los Reyes Aguilar, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución a tenor de las siguientes
Consideraciones
En febrero pasado diversos municipios del oriente michoacano sufrieron el embate de un elevado nivel de precipitaciones pluviales inusuales para esa época del año, que derivaron en graves inundaciones y deslaves.
Además de la destrucción de infraestructura y la pérdida de bienes materiales, tuvimos que lamentar el deceso de varios habitantes de dichas poblaciones.
El siniestro puso de manifiesto la falta de preparación para la atención de este tipo de imprevistos, que se mostró en la lentitud con que fluyeron los recursos para la atención de la tragedia, pero por otra parte también evidenció la prácticamente nula política de prevención de riesgos.
En el municipio de Tuxpan se encuentra localizado un vaso que se nutre del río del mismo nombre y del río Angangueo, y éste a su vez nutre la presa El Bosque que pertenece al Sistema Cutzamala. El desbordamiento de sus cauces fue la principal causa de las inundaciones en las cabeceras de ambos Municipios, que fueron de los más afectados por la contingencia.
A la fecha, ambos cauces muestran un azolvamiento sin precedentes, y ante la proximidad de la temporada de lluvias es momento para llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir una tragedia similar. Personal de la Comisión Nacional del Agua ha podido constatar estos hechos.
Sin embargo, aún cuando autoridades municipales han solicitado en diversas ocasiones a la Comisión Nacional del Agua que se lleven a cabo las labores preventivas necesarias, hasta el momento no se ha dado una respuesta firme por parte del gobierno federal.
Por tal motivo, consideramos urgente exhortar al gobierno federal, para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua se canalicen recursos suficientes del Programa de Protección a Centros de Población, que sirvan para el desazolve de los cauces del los ríos Tuxpan y Angangueo, y se construyan los bordos, muros de contención y demás obras de protección para ambas poblaciones.
La proximidad de la temporada de lluvias hace urgente que se inicien los trabajos a la brevedad a fin de poder garantizar la seguridad de los pobladores de ambos municipios. No cabe la omisión ante un riesgo inminente como éste. La falta de atención de una urgencia de esta naturaleza es sumamente irresponsable, ya que se podrán reponer los bienes materiales, pero las vidas que se encuentran en riesgo son irremplazables.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad libere recursos suficientes del Programa de Protección a Centros de Población para realizar los trabajos de desazolve y construcción de bordos y muros de contención en los ríos Tuxpan y Angangueo, con la finalidad de prevenir nuevas contingencias hidrológicas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA REALICE SESIONES SOLEMNES CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, RESPECTIVAMENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jesús María Rodríguez Hernández, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se propone que ésta soberanía realice dos sesiones solemnes en conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, los días 15 de septiembre y 20 de noviembre de 2010, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la Revolución Mexicana, establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
2. Que los movimientos de Independencia de 1810 y de la Revolución Mexicana de 1910 tienen en común la lucha del pueblo mexicano por su soberanía;
3. Que los movimientos nacionales, en ejercicio de su derecho inalienable de autodeterminación, se forjan y surgen para la liberación de los yugos que someten a los pueblos y para labrar un destino propio que afiance su identidad en armonía con la comunidad internacional;
4. Que el Congreso de la Unión es la expresión más prístina de la representación nacional y de la lucha de quienes construyeron la república que hoy tenemos;
5. Que el Congreso de la Unión decretó la declaración del presente año como "Año del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana", mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006;
6. Que habitualmente la Cámara de Diputados realiza sesiones solemnes para conmemorar hechos históricos, realizar inscripciones con letras de oro o tributar homenajes a personajes distinguidos.
7. Que la realización de las sesiones solemnes en conmemoración del Bicentenario de del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, serán una ocasión propicia para mostrar la lealtad a los principios consagrados en nuestra Constitución, en especial, a los expresados en los artículos 39, 40 y 41; y,
8. Que los festejos de estos movimientos fortalecen los sentimientos de libertad e identidad nacional, profundizando la conciencia nacional, la cual no se opone a la sana armonía en el concierto de las naciones.
En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se autoriza la realización de una sesión solemne el miércoles 15 de septiembre de 2010, en conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional.
Segundo. Se autoriza la realización de otra sesión solemne el sábado 20 de noviembre de 2010, en conmemoración del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Tercero. Las sesiones solemnes se realizarán en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Cuarto. La organización de dichas sesiones estará a cargo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes definirán las correspondientes órdenes del día y protocolos a seguir.
Quinto. Se invita a los Congresos de los estados a celebrar en las mismas fechas, sesiones solemnes en conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Sexto. Se invita al titular del Poder Ejecutivo y al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sumarse a estas remembranzas, celebrando actos solemnes en las fechas citadas, en conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR QUE SE ACATE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL CASO GONZÁLEZ Y OTROS, CONOCIDO COMO "CAMPO ALGODONERO", A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal integrante de la XLI Legislatura de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Considerados
La sentencia condenatoria de la corte interamericana de derechos humanos contra el Estado mexicano, dictada el pasada 16 de noviembre del 2009, por considerar que violentó entre otros derechos, el derecho da la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, todos en relación con la obligación general de garantía y la de adoptar disposiciones de derecho interno, sienta un precedente importante en el reconocimiento de la responsabilidad del estado mexicano en torno a la violencia que sufre día a día miles de mujeres y niñas mexicanas a lo largo y ancho del país.
El caso que da origen a la sentencia ocurrió en noviembre del 2001, cuando los cuerpos sin vida de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González fueron descubiertos en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con los cadáveres de otras cinco mujeres, la mayoría menores de edad.
La sentencia sin lugar a dudas representó un paso importante en el reconocimiento a nivel internacional de la violación sistémica de los derechos humanos de las mujeres en territorio nacional.
Muchos factores contribuyen día a día a que se sigan perpetrando estas violaciones contra los derechos de nuestras mujeres y niñas nacionales, entre ellos se encuentra el negar que las mujeres sufren acosos laborales, explotación sexual, tráfico y trata de personas, entre otros delitos que pueden estar enmarcando las serie de homicidios de lo que da cuenta la sentencia de la Corte Internacional contra el Estado mexicano.
Tanto en la comisión de estos homicidios como en la forma en la que los delitos que señalamos se cometen y se persiguen, existe un eje en común y el cual forma parte de la resolución de la Corte Interamericana. Todos son una forma de violencia extrema contra las mujeres y las niñas y por ende una violación a sus derechos humanos, e implican una responsabilidad para el estado mexicano por no haber adoptado las medidas necesarias de protección y prevención ante la serie de innumerables deducías de desaparición de mujeres y niñas en este caso de Ciudad Juárez.
Estas muertes y todas las muertes en todo el territorio nacional nos deben de ofender y como país nos deben de poner en alerta sobre las responsabilidades que tenemos de velar por que cada una de las mujeres y de las niñas de este México pueda vivir como lo señala el nombre de la legislación nacional "una vida libre de violencia" libre de esclavitud sexual, laboral y violencia en todas sus formas y ámbitos.
No podemos permitir que el índice de "femicidios" y el número de personas, especialmente mujeres y niñas víctimas de trata, siga aumentando y colocándonos como país en un lugar nada privilegiado ante el índice de comisión de estos delitos.
Es necesario analizar de manera íntegra específicamente para el caso del "campo algodonero", las circunstancias que lo rodean los hechos plasmados en la sentencia de la corte Interamericana, es decir, es indispensable que nos centremos a analizar y prevenir la violencia que sufren las mujeres y las niñas, revisar a nivel nacional las condiciones precarias, insalubres e inseguras en las que miles de mujeres e incluso niñas laboran en las maquilas y en otros espacios laborales, es imprescindible revisar los procedimientos de denuncia y persecución del delito de trata de personas y ante todo tener bien en claro que las muertes de tantas mujeres y niñas tiene su origen en una violencia arraigada en las sociedades contra las mujeres por el sólo hecho de serlo.
Es deber del Poder Legislativo el dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones consignadas en la sentencia contra el Estado mexicano.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a las instancias federales, estatales y municipales encargadas de acatar la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Caso González y otras conocido como "Campo Algodonero", a fin de que rindan un informe ante este poder legislativo sobre las medidas, avances y proyectos que han implementado para el cumplimiento de dicha sentencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 22 de abril de 2010.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA A PROMOVER MEDIANTE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA DECRETAR EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA ESTATAL, CON CATEGORÍA DE PARQUE ESTATAL, BENITO JUÁREZ, EN TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Parque Central de Tijuana también conocido como Parque Benito Juárez, que se localiza entre los palacios de gobierno del estado y municipal, es considerado de importancia biológica. En su superficie se garantiza la conservación y protección de servicios ambientales y es clave para la captación de dióxido de carbono y la generación de oxígeno en la ciudad.
Por su extensión, el Parque Central constituye uno de los pocos pulmones de Tijuana, al contribuir a la rehidratación de la atmósfera, al refrescamiento del aire, la intercepción de la radiación solar y a la disminución de la contaminación química y sonora.
El Parque Benito Juárez es un lugar visitado por numerosos turistas. Este parque no se conservaría de una manera adecuada, ni se podría acondicionar para el mismo turismo, si se abandonara a los intereses privados. Hoy día resulta necesario mejorar sus actuales condiciones mediante trabajos de reforestación con especies de ornato y forestales que impriman mayor atractivo a la zona.
Por ello, preocupa la intención de autoridades estatales y municipales de desarrollar un proyecto denominado Zócalo 11 de Julio que, de llevarse a cabo, pondrá en grave riesgo más de 600 árboles al ser necesaria su tala, y especies como el halcón peregrino que anidan en estos árboles y que es considerado una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001.
El proyecto Zócalo 11 de Julio se plantea como "un sistema que articula un programa de nuevos espacios con la trama urbana a fin de convertirse en un símbolo importante de la vida pública de los habitantes de Tijuana. Este sistema se origina a partir de varias estrategias de intervención: articular los usos y edificios existentes, privilegiar al peatón, dignificar y mejorar el espacio público que rodea los equipamientos existentes, insertar nueva actividad comercial y cultural para darle más vida al lugar, plantear las cubiertas como espacio abierto utilitario, verde y disfrutable, así como enfatizar el pavimento como zonificador y guía visual de todo el conjunto".*
"Para lograrlo se plantea una propuesta en dos estratos: uno superior, para la actividad cívica que une los dos lados del río Tijuana, y uno inferior, que articula los edificios de gobierno y que será el espacio flexible donde actividades comerciales, culturales y de servicios tendrán efecto. Bajo todo este sistema de actividades se aloja un estacionamiento al cual se arriba por las calles deprimidas de bulevar Centenario y vía rápida poniente, en una superficie aproximada de 262 mil metros cuadrados."
Este proyecto, como la mayoría de las obras que se han realizado en Tijuana, implica el sacrificio de árboles y áreas verdes para ser sustituidos por concreto, dañando de manera irreversible el medio ambiente y salud de los tijuanenses.
A la realización del proyecto se han opuesto asociaciones como el Consejo Ciudadano pro Defensa del Parque Benito Juárez, la cual, al 23 de marzo del presente año, había recabado cerca de 4 mil firmas de personas que están en desacuerdo con su construcción, por el daño ambiental que implica y por la demolición de edificios públicos como la biblioteca municipal y el monumento a Benito Juárez.
La importancia del Parque Central no sólo se debe a su vocación ambiental, incluso representa el momento de la separación entre la Tijuana antigua y la Tijuana moderna.
En términos de lo expuesto, resulta prioritario que el Parque Central, también conocido como Parque Benito Juárez, sea decretado área natural protegida de competencia estatal.
La Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California dispone, en el artículo 64, que la designación de áreas naturales protegidas tiene como propósito proteger los ecosistemas y sus elementos naturales y promover el aprovechamiento sustentable y la cultura ambiental, de conformidad con lo que dispone la propia ley y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La categoría idónea sería la de "parque estatal" que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del ordenamiento en cita, "los parques estatales se constituirán de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, histórico, de recreo, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general".
En este sentido, sólo se podrán realizar en el Parque Central o Parque Benito Juárez actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación regulada, turismo y educación ecológica.
Es urgente que el gobierno de Baja California reconozca la importancia de conservar la naturaleza y de propiciar condiciones de vida digna y oportunidades para la presente y futuras generaciones, mediante la declaratoria de área natural protegida de competencia estatal del Parque Central o Parque Benito Juárez en términos de lo dispuesto en los artículos 74 y demás aplicables de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
Por último, no existe oposición a la construcción de obras que propicien el desarrollo económico y social de la región, pero si oposición a la implantación de políticas públicas que impliquen amenazas o daños al medio ambiente.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Baja California a efecto de que a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California en materia de áreas naturales protegidas de competencia estatal, promueva la realización de los estudios técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo la expedición del decreto para el establecimiento del área natural protegida de competencia estatal con categoría de Parque Estatal Benito Juárez, que comprenderá los más de seiscientos árboles que se localizan en el parque conocido como Parque Central o Parque Benito Juárez, situado entre los palacios de gobierno del estado y municipal, en Tijuana.
Nota
* Patronato11dejulio.com
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA EVALUAR LAS DEFICIENCIAS Y LOS VICIOS OCULTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Los vecinos del conjunto habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, México, padecen graves problemas por el daño que sufren las estructuras de sus viviendas, como hundimientos, además de complicaciones de salud porque colindan con el relleno sanitario de San José Huilango.
Los estragos se deben a la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas desarrolladoras.
Para los afectados y vecinos de otras unidades en Cuautitlán Izcalli, el ex presidente municipal Alfredo Durán Reveles, Marcela Velasco, secretaria de Desarrollo Urbano estatal, y Peña Nieto son responsables directos del deterioro de su patrimonio familiar.
Cabe señalar que hay afectados a lo largo y ancho del país.
Presumen que a cambio de la desgracia de miles de familias en el estado de México, las desarrolladoras Urbi, Ara y Geo financiaron el viaje de Enrique Peña Nieto en diciembre 2009 al Vaticano, cuando se comprometió en matrimonio con la actriz Gabriela Rivera.
Los hechos constan en fotografías que aparecen en la revista Proceso del 13 de diciembre de 2009.
Pero el panorama es complicado para los habitantes de Lomas de San Francisco, pues no cuentan con transporte público para su traslado a los centros de trabajo y las vías de acceso son insuficientes, lo cual se agrava por no contar con centros de salud cercanos para atender necesidades médicas.
Desde 2003, cuando se entregó el total de apartamentos, se han presentando fisuras, grietas, desprendimiento de paredes y hundimiento en la unidad habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco.
La situación es delicada: están en riesgo 11 mil 301 viviendas, donde habitan unas 45 mil personas.
Se ha llegado a tal grado, que algunas de las casas ya están vacías: los habitantes han preferido dejarlas que arriesgar la vida.
Los vecinos se han organizado y formaron la Unión de Propositivos de la Unidad Habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco para pedir a las diferentes instancias legales que se realicen los estudios de impacto ambiental, geológico y de mecánica de suelos para determinar si la zona es de alto riesgo.
Han acudido al Infonavit, al gobierno del estado e instituciones de vivienda, pero no han encontrado apoyo para revertir el deterioro de las viviendas.
Por el contrario, y pese a advertencias de los colonos sobre las condiciones en que se encuentran la unidad habitacional, en espacios destinados al deporte se construyen 2 mil 500 viviendas ecológicas y 2 rellenos sanitarios a cielo abierto, con las graves consecuencias sanitarias que ello trae.
Otro problema es la falta de agua que padecen y conexión a drenaje de aguas negras, sin olvidar que es un suplicio acceder al servicio de energía eléctrica, tanto externa como interna.
Los colonos de la unidad habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco solicitan que se realicen estudios adicionales, por especialistas del Servicio Geológico Mexicano, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Infonavit para determinar si es necesario reubicar a los habitantes.
De hecho, protección civil declaró todo el conjunto habitacional como "zona de riesgo"; y protección civil del estado, algunas zonas como de "alto riesgo".
Los vecinos cuentan con la documentación pertinente y una demanda contra protección civil.
Un problema no menos grave es la cartera vencida que ha generado la crisis, por lo que también solicitan respetuosamente apoyo a las autoridades del Infonavit para quienes hayan caído en situación de mora.
La situación descrita pone en riesgo el patrimonio y la integridad de un importante número de familias de Cuautitlán Izcalli, México.
El Infonavit se ha negado a cubrir las pólizas de seguro contratadas con los acreditados, señalando una serie de argumentos que no corresponden a la gravedad de la situación que viven los habitantes del conjunto habitacional.
Por ello aprovechamos este espacio legislativo y parlamentario para hacer llegar la voz de los habitantes de la unidad habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco, e interponer los buenos oficios de esta Cámara para coadyuvar en la solución del problema.
Por las consideraciones expuestas, se somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión crea un grupo de trabajo para evaluar las deficiencias y los vicios ocultos en la construcción de las viviendas de interés social.
El grupo de trabajo contará con la participación de todos los grupos parlamentarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A SEPARAR DE INMEDIATO AL DELEGADO EN NUEVO LEÓN EN TANTO SE RESUELVE SU SITUACIÓN LEGAL, A CARGO DEL DIPUTADO MELCHOR SÁNCHEZ DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Melchor Sánchez de la Fuente, integrante de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hace apenas algunos días el diputado federal por el estado de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes Retana, subió a esta tribuna a denunciar que se estaba cometiendo un grave error en el estado de Nuevo León, al nombrar como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese estado, a Zeferino Salgado Almaguer, y ser sustituido el ingeniero Raúl Cadena Cepeda, quien estuvo al frente de dicha delegación por 8 años respaldado por un perfil técnico adecuado para dicho encargo.
Los diputados federales por el estado de Nuevo León de diversos partidos políticos, se opusieron tajantemente a tal sustitución, por considerar la incapacidad de quien fuera designado al frente de esta área, ya que estimaban que el manejo de la delegación de la SCT en Nuevo León cambiará de un manejo técnico a un manejo político en perjuicio de los habitantes de la entidad.
Zeferino Salgado Almaguer se ha desempeñado en puestos de carácter meramente político, ya sea como alcalde de San Nicolás de los Garza Nuevo León o como diputado local, en las que su actuación ha sido operada bajo tintes partidistas.
Durante su administración cuando fue alcalde de San Nicolás de los Garza realizo declaraciones a propósito del donativo que le hicieran a su administración de1 helicóptero, para ser usados en la seguridad pública del municipio, el entonces alcalde argumentó que este donativo había sido entregado por un "empresario" que había pedido guardar su nombre en el total anonimato.
Los medios electrónicos e impresos de Nuevo León, incluso los nacionales, descubrieron posteriormente que dicho donativo le habían sido otorgados a Zeferino Salgado Almaguer por personajes que controlan un buena parte de las casas de juego y casinos, no sólo en Monterrey, sino también de otras partes del país.
El legislador Benjamín Clariond insistió en esta tribuna del grave error que se cometía y advirtió que se iba a nombrar por presiones del partido y desde los pinos, a un personaje con un pasado altamente cuestionable. Se iba a remover un técnico probado, que actuaba por encima de su filiación panista, por quien en su actuar siempre busca la rentabilidad político electoral.
Aunado a lo anterior en días pasados en el municipio de Guerrero, en el estado de Coahuila, fue detenido con un arma, por elementos del Ejército Mexicano, a bordo de una camioneta oficial de la SCT, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, Zeferino Salgado Almaguer fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Coahuila y liberado horas después de que su apoderado legal de la SCT pagara una fianza.
Ante este contexto de acciones realizadas por Zeferino Salgado Almaguer, nos cuestionamos sobre la factibilidad del cargo que este personaje desempeña.
Cada año los diputados federales gestionamos mayores recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para nuestros estados, los diputados de Nuevo León trabajaron arduamente por conseguir mayor presupuesto para su estado y así realizar mayores obras en beneficio de los neoloneses. Por lo anterior no se puede permitir que una persona con un perfil inadecuado y que trabaja bajo objetivos partidistas y privados, desempeñe un cargo tan importante para el desarrollo del estado de Nuevo León.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a separar de manera inmediata al actual delegado de dicha dependencia en el estado de Nuevo León, Zeferino Salgado Almaguer, hasta en tanto se resuelva su situación legalmente.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que informe a esta soberanía cuál es la situación legal que guarda actualmente el contador público Zeferino Salgado Almaguer.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputado Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR LA REUBICACIÓN DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE PEMEX SITUADA EN TAPACHULA, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO LOBATO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Sergio Lobato García, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Dada la situación de riesgo e incertidumbre que para la población de Tapachula, Chiapas, ha venido siendo la operación, en plena zona urbana, de una terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunada al crecimiento económico de la región, el incremento de la demanda de productos derivados del petróleo y el propio rezago en infraestructura y capacidad operativa para el abasto de éstos, la comunidad tapachulteca desde hace tiempo ha venido reclamando insistentemente la reubicación de la terminal.
El 19 de abril de 2000, el gobierno de Chiapas publicó un decreto en el que formula declaratoria de atención prioritaria para la prevención de riesgos en el tránsito del ferrocarril en Tapachula, Chiapas, y la reubicación de instalaciones ferroviarias y tanques de almacenamiento de Pemex.
En dicho documento se reconoció la necesidad de resolver la problemática, y se hizo del conocimiento público el compromiso que las dependencias y entidades federales competentes adquirieron, en el que el gobierno federal a través de Pemex Refinación se encargaría de la reubicación, estimándose que los trabajos de desmantelamiento y construcción de instalaciones se llevarían los dos siguientes años, es decir, hasta 2002.
Desde entonces, sólo mediante boletines de prensa y documentos de trabajo ha sido posible conocer el avance respectivo.
La Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, SA de CV, empresa de participación estatal sectorizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el programa maestro de desarrollo portuario 2006-2011 planteó la construcción y operación de instalaciones para el abasto y transporte vía marítima de productos derivados del petróleo como parte de una estrategia para hacer de Puerto Chiapas un centro de negocios.
En un comunicado de prensa fechado el 20 de julio de 2008, el gobierno federal informó de la firma de un convenio realizado durante la gira de trabajo en Chiapas del doctor Jesús Reyes Heroles, entonces director general de Pemex, donde se comprometía a trabajar con el gobierno de Chiapas para concretar la construcción de la nueva terminal, cuyas instalaciones se situarían en lo que hoy es Puerto Chiapas.
En la Memoria de labores 2008, Pemex señala que permutó dos de sus inmuebles por uno propiedad del Fideicomiso para el Fomento Portuario de Tapachula, creado por el gobierno de Chiapas, entre otros fines, para reubicar la TAR de Tapachula de Pemex Refinación.
De acuerdo con información publicada por la empresa petrolera en mayo de 2009, entre los Principales proyectos de inversión y perspectiva 2009-2012 se encuentran la reubicación de dos terminales, Tapachula y Reynosa, y la modernización de terminales de almacenamiento y reparto.
Asimismo, hay registro de un proceso de contratación por invitación de la paraestatal, en julio de 2009, para realizar servicios de obra pública relativos a la construcción de la nueva TAR, que iniciarían en agosto de 2009 y terminarían en febrero de 2010.
En septiembre de 2009, Pemex anunció en un comunicado de prensa que había iniciado los trámites para el proyecto de construcción y reubicación de la TAR de Tapachula a Puerto Chiapas, el cual se encontraba en la etapa de ingeniería, y que se esperaba que la construcción se iniciara en junio de 2010, para entrar en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2011.
Por ello, pese al compromiso asumido por el gobierno federal, a los anuncios oficiales y a los informes de gobierno, la población de Tapachula no ve resultados, no ve respuesta, y su seguridad, vidas, bienes y ambiente continúan en una situación de potencial y latente peligro y degradación.
Hoy, como hace 10 años, la población chiapaneca demanda la reubicación de la terminal de Pemex, y la solución de una problemática que, por su naturaleza, es de urgente atención.
Basta recordar fatales acontecimientos que han evidenciado las consecuencias por la falta de medidas de prevención y seguridad:
El 19 de noviembre de 1984, en Tlalnepantla, México, en San Juan Ixhuatepec una explosión ocurrida en la planta de almacenamiento y distribución de Pemex provocó la muerte de entre 500 y 600 personas, y alrededor de 2 mil heridos.
El 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco, una explosión de gasolina en el sistema de alcantarillado, ocurrida en el barrio céntrico de Amalco, provocó la muerte de 209 personas y dejó a otras 500 heridas, destruyó 8 kilómetros de calles y dejó sin hogar a 15 mil personas. Además, el daño económico estimado fue de entre 700 y mil millones de dólares.
El 12 de noviembre de 1996, dos depósitos de gasolina regular sin plomo estallaron juntos en la planta Satélite Norte, construida por la paraestatal a sólo 1 kilómetro de donde había ocurrido la explosión de 1984. Hubo 2 muertos y 14 lesionados.
La exigencia de la población tapachulteca ha llegado a la voz de los legisladores, como también da cuenta el pronunciamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República que, por conducto de Manuel Velasco Coello, presentó el 17 de marzo de 2010 una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al director general de Pemex a agilizar los trabajos para reubicar la TAR de Tapachula y construir su nueva planta en la zona de Puerto Chiapas, evidenciando con ello la falta de solución del problema.
Los exhorto, compañeras diputadas y diputados, a hacer nuestra la preocupación que aqueja a la población tapachulteca, a sensibilizarnos ante el peligro que amenaza su bienestar, tranquilidad y ambiente, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
Primera. De acuerdo con la situación del sector de hidrocarburos que se plantea en el eje "Economía competitiva y generadora de empleos" del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es necesario, entre otras acciones, aumentar los estándares de seguridad y disminuir el impacto ambiental de la actividad petrolera, así como incrementar la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte.
Segunda. En tal sentido, dado que la TAR de Tapachula opera desde 1965, y que presenta hoy problemas por el envejecimiento, la degradación y el deterioro de las instalaciones, con el consiguiente riesgo para la población de la zona, además del rezago en la infraestructura para el transporte, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos, es necesario concretar con la mayor brevedad su cierre y la apertura de la nueva terminal, lo que compete a Pemex.
Tercera. El perjuicio que causa la operación de la terminal de Pemex en la zona urbana de Tapachula no se advierte sólo en la demanda de la población afectada sino también en diversos estudios técnicos, uno de ellos realizado en mayo de 2009 por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que además expone los beneficios económicos, sociales y ambientales que traería para la región la reubicación de la terminal, entre ellos el aumento de la derrama económica local y regional, en el marco del impulso del proyecto de Puerto Chiapas.
Cuarta. Desde el pronunciamiento y compromiso del Ejecutivo federal de realizar acciones para iniciar y concretar el proyecto de reubicación de la terminal, los ciudadanos de Tapachula siguen siendo afectados y no vislumbran, en la realidad, el avance sino en documentos de trabajo, comunicados de prensa, boletines, estudios y discursos que en forma desarticulada dan cuenta del proceso, lo que justifica el legítimo reclamo de la comunidad tanto de conocer la situación que guardan los trabajos como de que se agilice la reubicación, dado que los tiempos programados desde su inicio se encuentran rebasados en exceso, generando incertidumbre y riesgo para la población.
Quinta. La región del Soconusco es un importante polo económico y referente en el desarrollo del estado, por lo que resolver la problemática en torno de la reubicación de la TAR de Tapachula es un asunto de urgente, merecida, especial y oportuna atención, de la mayor importancia tanto para la población, en busca de condiciones de seguridad y prevención, como de Pemex, en cuanto al mejoramiento de procesos y funcionamiento.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a agilizar en el ámbito de su competencia la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex situada en Tapachula, Chiapas.
Segundo. Se exhorte a esta soberanía para que a través de la Comisión de Energía se solicite a Petróleos Mexicanos que presente un informe actualizado y detallado de las acciones realizadas al respecto, y el avance alcanzado; asimismo, que informe trimestralmente del avance y hasta la total reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto en Tapachula.
Tercero. En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sea considerada la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 22 de abril de 2010.
Diputado Sergio Lobato García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR POR LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES MEDIDAS QUE GARANTICEN EL INCREMENTO DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada federal por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las actividades agroalimentarias son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.
El Estado debe de ejercer a plenitud el derecho a la soberanía y seguridad alimentaría y nutricional expresado en la autodeterminación para producir, industrializar y distribuir alimentos, sustentado en el derecho humano fundamental a la alimentación y nutrición adecuadas para un sano desarrollo humano.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera el frijol como un producto básico y estratégico, este producto constituía la columna vertebral de la alimentación de los pueblos mesoamericanos ya que aporta proteínas de calidad y otros componentes que fortalecen la salud y la nutrición humana.
El frijol se cultiva prácticamente en toda la República Mexicana. Sin embargo, el 74 por ciento de la producción nacional se concentra en siete estados: Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Sinaloa, consumiéndose en el país la totalidad de la producción.
Se siembra en superficies muy pequeñas y, pese a los elevados costos, la productividad por hectárea es poca. Se vende a precios bajos y los productores corren los riesgos sin que exista ningún sistema compensatorio a sus ingresos.
El frijol es un producto estratégico dentro del desarrollo rural de México, ya que ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie sembrada nacional y representa además la segunda actividad agrícola más importante en el país por el número de productores dedicados al cultivo.
Los productores de frijol del país entran a competir en el mercado en plena desventaja con sus similares de Canadá y Estados Unidos de América, con la desgravación total de las importaciones agropecuarias dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La negociación del tratado esta siendo desastrosa para el país, para el campo y para los campesinos, y las políticas de compensación, reconversión y fomento a la productividad que siguieron a la firma del TLCAN no han tenido el éxito necesario para hacer más competitivo a este importante sector de nuestra economía.
Si México produce de 700 mil a 900 mil toneladas por año y consume 1 millón 200 mil –es decir, nos faltan de 300 mil a 500 mil toneladas para garantizar el abasto– y si los cupos apenas son de 70 mil, por qué el frijol de Zacatecas, de Nayarit, de Sinaloa o de Durango tiene cerca de un año en las bodegas o en las casas de los productores sin poder venderse a ningún precio.
En marzo de 2009 el precio del frijol promedió 18.25 pesos por kilo, 34 por ciento por encima del precio actual, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, siendo uno de los precios más bajos registrados durante el año pasado, cuando se mantuvo alrededor de los 24 pesos por kilo; sin embargo, este año las condiciones de mercado que enfrentan los productores de frijol son sumamente adversas, por lo que incluso lograr comercializarlo al precio mínimo establecido por el gobierno se proyecta difícil.
A pesar de la gran crisis económica que se vive actualmente, se le asignaron a Sinaloa la cantidad de 600 millones de pesos para 2010 en apoyos al sector agrícola en programas activos productivos
El estado de Sinaloa ocupa el primer lugar en producción de granos y en el caso del frijol ocupa el segundo lugar, sólo por debajo de Zacatecas, con 13.6 por ciento de la participación nacional.
El pasado ciclo de producción agrícola 2008-2009, el estado produjo alrededor de 163 mil toneladas en una superficie de 94 mil hectáreas, que tienen un valor aproximado de 2 mil 325 millones de pesos. Para los productores el precio de la tonelada de frijol fluctuó entre los 15 y 16 mil pesos.
Para este año, la superficie sembrada aumentó considerablemente hasta llegar a las 138 mil hectáreas, las cuales con un rendimiento 1.8 toneladas por hectárea (el más alto del país), se estiman que eleve la producción a las 248 mil toneladas.
Los días 3, 4 y 5 de febrero se llevó a cabo la Expo Agro en Culiacán Sinaloa; el gobernador Jesús Aguilar exhortó a la Secretaría de Economía a tomar responsabilidad en la administración de cupos y cerrar la importación de frijol para no perjudicar a los productores nacionales. Se establecerá un "blindaje" de la mayor parte de la cosecha para estabilizar el precio a favor de los productores en 12 o13 pesos/kilogramo
Cabe señalar que Sinaloa es un importante productor de alimentos para México y para el mundo, por eso debemos seguir elevando la visión en este rubro, para mantener la calidad de los productos agropecuarios y de esta forma seguir siendo los paladines en alimentos.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo a implantar, a través de las dependencias competentes, las medidas y acciones necesarias que garanticen el incremento en el ingreso de los productores de frijol.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
