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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas en Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Cofepris un informe detallado del comportamiento en el último año de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en materia de publicidad dirigida al público infantil, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca a expedir permisos de pesca comercial de atún a los pescadores ribereños del país, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a propiciar mediante la gerencia de cuenca Pacífico sur y la estatal de Guerrero el respeto del estado de derecho, haciendo cumplir la Ley de Aguas Nacionales e inhibiendo la extracción ilegal de materiales pétreos de los ríos Quetzala y Santa Catarina, bajo su jurisdicción, suscrita por las diputadas Florentina Rosario Morales y Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a revisar y resolver los juicios de amparo atraídos sobre el caso Atenco, suscrita por las diputadas Florentina Rosario Morales y Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Segob, de la SHCP y de la Secretaría de Economía sobre la situación de los autos importados en el marco del TLCAN, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a suprimir la aplicación de la prueba ENLACE, y a respetar las estrategias didácticas y pedagógicas de evaluación establecidas en el acuerdo secretarial 384 y las normas de evaluación del aprendizaje previstas en el acuerdo secretarial 499, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo federal, del estado de México y del Distrito Federal a crear en coordinación con el de Michoacán un organismo encargado de diseñar y poner en marcha un programa dirigido a proteger los ecosistemas de esa entidad, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al problema de los cooperativistas de los periódicos Excélsior y La Prensa, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Inegi a resolver el conflicto laboral de los despidos injustificados que se presentaron en dicho instituto, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a recibir con la mayor brevedad en audiencia a los vecinos perjudicados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente, y a proporcionarles información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de esa obra, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar actividades tendentes a enlazar a los proveedores nacionales de insumos y servicios con los productores de bienes y servicios finales, como vía generadora de empleo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a analizar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de tratar asuntos de relevancia para el futuro del país, como seguridad nacional, mejoras laborales y competencia económica, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por la cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, propuesta por el jefe del gobierno, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a solicitar a la ONU que adopte la Declaración Universal de Bienestar Animal, a cargo de la diputada Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar en el presente año fiscal el precio de gasolinas, diesel, gas natural y electricidad, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en agravio de los ciudadanos que apoyan el movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN COLIMA, A CARGO DE LA DIPUTADA INDIRA VIZCAÍNO SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Indira Vizcaíno Silva, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La zona comprendida por el estado de Colima cubren una superficie 5 mil 455 kilómetros cuadrados. Sus costas alcanzan una longitud de 105 kilómetros sobre el océano Pacífico. Colima se ubica entre los paralelos 18° 41’ y 19° 31’ de latitud norte y entre los meridianos 103° 29’ y 104° 41’ longitud oeste. La población total es aproximadamente de 567 mil 996 habitantes (Censo Inegi 2005).
La capacidad de generación térmica instalada en el estado de Colima es de mil 900 MW. Esta capacidad esta compuesta por las centrales Manzanillo I y II la que generan vapor, y se encuentran instalados en el puerto de Manzanillo. Estas centrales, representan un consumo equivalente de gas natural de 320 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (Mpcd). La Comisión Federal de Electricidad (CFE) había manifestado en la intención de repotenciar 2 unidades de la central de Manzanillo en 2009, para hacerlas de ciclo combinado y alcanzar una capacidad total en el estado de 3 mil 200 MW y un consumo potencial de 483 Mpcd.
A manera de comparación se puede citar que, la capacidad de generación térmica del estado de Jalisco es de 24 MW compuesta únicamente por la central de El Verde (turbina de gas), en Zapotlanejo, con un consumo de 3 Mpcd.
En tanto que, la capacidad de generación térmica instalada en el estado de Guanajuato es de mil 443 MW. De esta capacidad 866 MW se encuentran instalados en Salamanca (vapor) y 577 MW se ubican en la central privada de El Bajío (ciclo combinado), en San Luis de la Paz. El consumo potencial de ambas centrales eléctricas es de 227 Mpcd de gas natural.
Mientras que la capacidad de generación térmica instalada en el estado de Guerrero es de 2 mil 143 MW. Esta capacidad se encuentra repartida de la siguiente forma: 2 mil 100 MW se encuentran en Petacalco (dual), a un lado del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otra unidad de 43 MW en Acapulco (turbina de gas). El consumo potencial de estas centrales eléctricas es de 387 Mpcd de gas natural.
Por su parte, la capacidad de generación térmica instalada en el estado de Querétaro es de 597 MW, ubicados en la central de ciclo combinado de El Sauz, en Pedro Escobedo, con un consumo de gas natural de 84 Mpcd.
La capacidad de generación térmica instalada en el estado de México es de mil 449.3 MW. Esta capacidad se encuentra repartida de la siguiente forma: 999.3 MW se encuentran la central valle de México de CFE, ciclo combinado y vapor.
La ubicación de las centrales eléctricas en Manzanillo y la cercanía del puerto a la ciudad de Guadalajara también hacen de este puerto un sitio atractivo para la inversión y la generación de oportunidades. A pesar de lo anterior, las condiciones climáticas hacen consumir más electricidad por habitante que en zonas templadas.
La tarifa de uso doméstico prevaleciente en la mayor parte de los municipios de Colima no considera el efecto de la humedad en el clima, mismo que eleva la temperatura. Lo anterior ha generado una situación injusta en el caso de la entidad pues, a pesar de abastecer de combustibles y energía a la nación, no reciben un trato que repercuta en un mejor nivel de vida. Además resulta preocupante la falta de sensibilidad cuando se incrementan las tarifas eléctricas por parte de la CFE, cuando existe una recesión de la economía desde el año anterior. No obstante el Gobierno ha continuado aplicando ajustes graduales a las gasolinas, el diesel, el gas y a la electricidad. el tema de los cobros excesivos de la luz es una problemática generalizada en la entidad.
Cabe recordar que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, elaboro un análisis en relación con las tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica para el sector doméstico de 2004 a 2009.
En el citado periodo, se menciona que en 2004 el subsidio fue de 54 millones de pesos, en 2005 llego a los 62 millones, para 2006 llega a 64 millones de pesos, en 2007 sube a 70 millones en 2008 alcanza los 99 millones, mientras que en el primer semestre de 2009 fue del orden de los 40 millones.
Por que la Comisión Federal de Electricidad debería ajustar sus políticas para que las tarifas eléctricas reflejen adecuadamente el costo por generación del fluido eléctrico en cada una de las regiones del país. Asimismo se solicita a la CFE que, debido a las condiciones climáticas prevalecientes, se aplique en el estado de Colima una disminución al servicio de energía eléctrica residencial.
Por otra parte, con relación a los medidores de luz que utiliza la CFE, la opinión de especialistas es que las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar a altas temperaturas. Para un correcto funcionamiento de estos, deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30º centígrados, sin embargo con el actual medidor la medición se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en las regiones calidas como las del estado de Colima.
En ese sentido, la CFE ha obstaculizado y rechazado la compra de medidores de luz elaborados con alta tecnología que disminuirían costos y protegerían los aparatos electrodomésticos de los usuarios.
La empresa IUSA provee productos para muy diversos giros, como la construcción, las telecomunicaciones, las industrias editorial y automotriz, la salud, la educación, el sector inmobiliario y los sistemas de medición. Sin embargo, en los últimos años, pese a la tecnología obsoleta que emplea IUSA ha sido favorecido negociaciones con ejecutivos y miembros del sindicato de CFE. Cabe recordar que el 23 de noviembre de 2009, el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, manifestó que en 2010 comenzarían a instalarse nuevos medidores bidireccionales.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad, que reconsidere las tarifas eléctricas para el estado de Colima, fundamentalmente en el municipio de Manzanillo, priorizando las tarifas residenciales; en la cual se considere la capacidad de generación térmica de la entidad, con lo que se podrían aportar elementos en beneficio de la disminución de las tarifas y en beneficio de los usuarios de la entidad, lo que contribuiría en ventajas competitivas para la generación de empleos.
Segundo. Se acuerda a la solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la CFE le otorga a la empresa IUSA: Además de contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional.
Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2010.
Diputada Indira Vizcaíno Silva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA COFEPRIS UN INFORME DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD DIRIGIDA AL PÚBLICO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), licenciado Miguel Ángel Toscano, un informe detallado del comportamiento, en el último año, de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en materia de publicidad dirigida al público infantil, al tenor de los siguientes
Antecedentes
A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado exponencialmente, al grado de convertirse en problemas de salud pública que afectan a millones de personas, muchas de las cuales desarrollan enfermedades crónico-degenerativas, mismas que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son responsables del 60 por ciento de fallecimientos en todo el mundo.1
Asimismo, la OMS ha calculado que, de no revertirse las tendencias actuales, en 2015 habrá en el mundo aproximadamente 2,300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad, con un incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas en un 17%.2
Desafortunadamente, en este contexto internacional México es, después de Estados Unidos, la nación con mayores índices de prevalencia de sobrepeso y obesidad, situación que, en palabras de la titular de Planeación y Evaluación de los Programas de Salud del Niño y el Adolescente de Prevenimss, podría reducir en una generación la esperanza de vida hasta los 40 años,3 cifra inferior a la que presentan muchos países africanos o del medio oriente.
Si bien es cierto que el sobrepeso y la obesidad afecta a todos los sectores de la población en nuestro país, desafortunadamente los infantes son el sector más vulnerable en el que en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante la prevalencia de estos padecimientos.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reveló que 26% de los niños de entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad, lo que representó en ese momento a más de 4 millones 200 mil infantes.4 Por su parte, la Encuesta Nacional de Coberturas del Instituto Mexicano del Seguro Social ha indicado que 1 de cada 4 niños en dicho rango de edad padece obesidad.5 Esto ha confirmado el rápido crecimiento de la obesidad infantil en un 77 por ciento en tan sólo siete años,6 promediando así 1.1 por ciento anualmente.
Dado este incremento, México se ubica en el primer lugar a nivel mundial en la prevalencia de obesidad infantil lo que ha provocado que cada vez más menores presenten enfermedades crónicas no transmisibles que en décadas pasadas se consideraban exclusivas de la población adulta: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, malestares cardiovasculares, aumento de triglicéridos y colesterol.
Además, si consideramos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, 8 de cada 10 niños obesos llegan a ser adultos obesos,7 el gasto operativo en atención de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad que hoy en día asciende a más de 42 mil millones de pesos,8 se podría duplicar en el próximo lustro causando el colapso del Sistema de Salud Nacional.
Son diversos los factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso y obesidad infantil, entre ellos la exposición continuada y permanente de los infantes a publicidad engañosa que no orienta ni proporciona información veraz; por el contrario, fomenta el sobreconsumo con un lenguaje cuasi imperativo utilizando frases como "consíguelos", "colecciónalos" o "corre a la tienda por ellos", las cuales crean una sensación de urgencia por adquirir el producto.
La Secretaría de Salud ha indicado que 40 por ciento de la publicidad que se transmite en México propicia obesidad. En promedio, los niños ven 12.5 horas de televisión a la semana, que se traducen en 61 anuncios publicitarios por día y unos 22 mil al año. De estos, cerca de 42 por ciento promueven alimentos, 39 por ciento golosinas, 12 por ciento frituras, 9 por ciento bebidas azucaradas, 8 por ciento galletas y 7 por ciento pastelillos.9
Lo anterior, ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha advertido que 6 de cada 10 niños y niñas en México padecen sobrepeso y obesidad debido a los malos hábitos alimenticios, adoptados en gran medida, por que los menores pasan en promedio 4 horas diarias frente al televisor, por lo que son presa fácil de la publicidad de productos chatarra.10
Así pues, es evidente que la publicidad tiene un gran impacto no sólo en la conformación de hábitos, sino también en la determinación de patrones de consumo del público infantil, independientemente de nivel socioeconómico, los cuales inciden directamente en el desarrollo de sobrepeso y obesidad.
Ante el abuso y engaño de la publicidad dirigida al público infantil, junto a la exigencia al Estado para emitir una normatividad que regule la publicidad como una de las tantas medidas para combatir la obesidad en los menores, la industria de alimentos y bebidas decidió autorregularse a través del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas dirigida al Público Infantil, conocido comúnmente como Código PABI, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2009.
La supervisión y vigilancia al cumplimiento del Código quedó a cargo del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.
El citado Código, que actualmente incluye a 33 empresas, fue acordado por la industria a través de organizaciones cúpula como Con México, Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y la Concamin, plantea en su introducción que éste "busca promover la realización y emisión de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida al público infantil de manera responsable en materia de salud, protección al consumidor y orientación alimentaria e innovar para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros, mediáticos y creativos con los que cuenta la industria para promover estilos de vida saludables".11
Sin embargo, a poco más de un año de vigencia del Código PABI, se ha sostenido que el cumplimiento de la industria a lo dispuesto en el Código fue del 75 por ciento.12
En la presentación del primer informe de avances del Código PABI, acudieron como firmantes los titulares del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes coincidieron que los resultados no fueron los mejores, debido a que este tipo de medida nunca se había implementado. Además, el Código no impone sanciones a las partes que violan los puntos, sólo invita a cambiar o erradicar los errores cometidos.
El doctor Mauricio Hernández, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que aún cuando se observa una tendencia favorable aún no es suficiente para lograr el objetivo definido en el Código PABI, y apegarse más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dirigidas a través de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud.13
Por su parte, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, coincidió en que el Código PABI representa un esfuerzo importante de la industria de alimentos y bebidas para disminuir la publicidad engañosa, además que reporta notables avances. Sin embargo dijo, es necesario revisarlo y modificarlo para homologar indicadores, metodología y criterios de interpretación que favorezcan una evaluación más efectiva.14 Asimismo, mencionó que la Cofepris ha realizado recomendaciones a las industrias para que retiren o modifiquen anuncios que incumplen con la normatividad, las cuales han acatado a través del Conar, destacando el retiro de 27 anuncios y la corrección de 59 más en los primeros seis meses del año.15
Dichas recomendaciones son parte del monitoreo que la Cofepris ha llevado a cabo durante todo 2009, el cual "arroja datos alarmantes… Sólo el 60 por ciento del Código PABI se ha cumplido en los anuncios comerciales… Los peores sectores en anunciarse fueron los segmentos de botanas, golosinas y bebidas no alcohólicas".16
Por otro lado, el doctor Romeo Rodríguez Suárez, Coordinador de Asesores del Secretario de Salud Federal, ha indicado que "el código PABI, firmado hace un año con la industria de alimentos y bebidas con el que se buscaba evitar publicidad engañosa de sus productos dirigida a niños, la mayoría después de firmado este convenio lo cumplió en un 25 por ciento y otros en un 1 por ciento".17
Dadas las versiones encontradas respecto al cumplimiento del Código PABI que manejan por una parte la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, y por la otra los funcionarios de la Secretaría de Salud, es necesario conocer a fondo el monitoreo que ha llevado a cabo la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y así conocer un documento oficial que evite contradicción en cifras, que no induzca a errores y fundamentalmente, que dé cuenta del compromiso y responsabilidad social de la industria alimenticia y de bebidas no alcohólicas para hacer frente al grave problema de obesidad infantil que vive nuestro país.
Teniendo conocimiento de cifras oficiales emitidas por la dependencia facultada y dependiendo de la efectividad de la autorregulación, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, evaluará presentar una iniciativa en materia de publicidad dirigida al público infantil, ya que no se puede permitir que la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas sigan incrementando sus ganancias a costa de la credulidad y salud de nuestros niños.
La información veraz y objetiva en la publicidad infantil no debe ser opcional, debe ser una obligación que abone a la protección de los derechos de la niñez y fundamentalmente coadyuve a desarrollar hábitos saludables para mejorar su calidad de vida.
En virtud de lo anterior, y
Considerando
2. Que el gasto operativo en la atención de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad pueden, en el mediano plazo, causar el colapso del Sistema de Salud Nacional.
3. Que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta, y ha provocado que cada vez más menores presenten enfermedades crónicas; por ejemplo, más de 700 niños en el país padecen diabetes mellitus tipo 2.
4. Que de no actuar de forma inmediata en la atención de la obesidad infantil, se dará una drástica disminución en la esperanza de vida de la población.
5. Que la autorregulación en cualquier esfera de la sociedad ha demostrado ser insuficiente debido a que los involucrados son juez y parte de una misma problemática.
6. Que las cifras de cumplimiento del Código PABI que manejan los diversos actores son distintas, lo que hace necesario homologar cantidades a través de un documento oficial expedido por la dependencia encargada de la protección contra riesgos sanitarios.
7. Que es derecho de los ciudadanos tener información veraz, confiable y oportuna y corresponde al Estado garantizar el acceso a la información.
8. Que es responsabilidad del Estado hacer cumplir, proteger y facilitar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los niños establecidos tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional.
9. Que corresponde al Estado atender en todo momento el principio del interés superior del niño o niña realizando el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se solicita al titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano, un informe detallado del comportamiento, en el último año, de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en materia de publicidad dirigida al público infantil.
Notas
1. Organización Mundial de la Salud. Disponible en http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
2. Organización Mundial de la Salud. Prevención de las enfermedades crónicas: una inversión vital. Disponible en http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/index4.html
3. Ojanguren Silvia, "Niños obesos: más vale prevenir", El Siglo de Torreón. Disponible en: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/222489.ninos-obesos-mas-vale-prevenir.html
4. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Instituto Nacional de Salud Pública.
5. Notimex, "México, primer lugar en niños con obesidad: IMSS", en El Universal, 15/10/2008. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/notas/547368.html
6. Doctor José Ángel Córdova Villalobos, participación en el Seminario internacional de obesidad México-Francia", hospital Manuel Gea González. Disponible en http://www.informador.com.mx/mexico/2010/173467/6/crece-77-la-obesidad-infantil-en-el-pais.htm
7. Barquera, Simón, et. al. La Obesidad, un problema de salud pública, Instituto Nacional de Salud Pública. Disponible en http://www.insp.mx/Portal/Cuidados_salud/obesidad.swf
8. Doctor José Ángel Córdova Villalobos, "Presentación del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria. Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad", La Crónica de Hoy, 25/01/2010. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483395
9. Roman, José Antonio, "Piden retirar comida chatarra de escuelas", La Jornada, 23/09/2008. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/09/23/index.php?section=sociedad&article=042n2soc
10. Franco, Luciano, "En México, seis de cada 10 niños sufren obesidad, asegura la OMS", La Crónica, 31/03/2010.
11. http://dgps.salud.gob.mx/interior/CP.pdf
12. Barquera, Odracir, Presentación: Alianza por una Vida Saludable, en Foro: Enfrentando la Obesidad Infantil en las Escuelas, 11/03/2010.
13. http://multipress.com.mx/articulos.php?id_sec=27&id_art=9738&id_ejemplar=0
14. http://201.147.97.103/work/sites/cfp/resources/LocalContent/846/1/PABI.pdf
15. Ibid
16. Yuste, José, "Empresas fallaron en publicidad infantil", Excelsior, página Dinero 2, 05/03/2010.
17. Rodríguez, Ruth, "Desconocen su diabetes tres de cada 10", El Universal, 03/12/2009. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/notas/643935.html
Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAPESCA A EXPEDIR PERMISOS DE PESCA COMERCIAL DE ATÚN A LOS PESCADORES RIBEREÑOS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Esthela Ponce Beltrán, diputada de la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las aguas mexicanas, especialmente las del océano Pacifico se caracterizan por presentar una de las más importantes concentraciones de atunes y barriletes, lo cual ha permitido el desarrollo de una importante industria pesquera de esta especie, con una flota cerquera altamente tecnificada y competitiva a nivel mundial.
Esta flota faena en toda la zona económica exclusiva de nuestro país así como en aguas internacionales, en los términos de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, por lo cual sus capturas no dependen de que realicen la pesca de esta especie en las áreas cercanas a las costas de nuestro país.
Una de las principales características de esta pesquería, es que los atunes son especies altamente migratorias, de gran capacidad de reproducción y relativa facilidad para su captura. Actualmente forma parte de las especies que se capturan de manera ilegal por la pesca ribereña, sobre todo en estados de alta marginación en su sector pesquero como Oaxaca y Chiapas, debido a que no se les otorgan permisos de pesca comercial para esa especie. Por motivos inexplicables los pescadores ribereños han sido excluidos del beneficio que representa el paso por nuestras aguas de estos recursos pesqueros, lo cual crea una situación de injusticia que es contraria al espíritu del artículo 27 constitucional. Esta ha sido una reiterada petición de los pescadores ribereños de Baja California Sur, a los que se les han negado los permisos de pesca.
Debemos recordar que esta disposición de la Carta Magna, en su tercer párrafo señala que "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana..."
Esta exclusión de la pesca ribereña va en contra de la garantía social establecida en la Constitución de que el aprovechamiento de los recursos naturales del país, como son los pesqueros, se otorgue en beneficio social, esto es, función del interés general de la población.
De hecho, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables desarrolla esta disposición constitucional con toda precisión y claridad a través de diversos preceptos, entre los que destacan los siguientes:
I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales;
Artículo 17. Para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta ley, se deberán observar los siguientes principios:
…
X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.
Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.
En este orden de ideas, es también importante señalar que el tamaño de la flota atunera mexicana en términos prácticos se ha ido reduciendo. Según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2006, ese año se contaba con 88 embarcaciones que pescaban con red de cerco y 12 con el método de varas (cañas), pero, según datos de la Carta Nacional Pesquera de 2006 (última publicada por la Sagarpa), la flota activa se componía de 58 embarcaciones cerqueras y cuatro vareras. De lo anterior se pueden desprender varias observaciones, entre ellas que:
La política seguida por la autoridad pesquera nacional con respecto al aprovechamiento de los atunes y barriletes propicia que estos recursos públicos se concentren cada vez más en menos manos, es decir, se ha propiciado el monopolio.
Al quedar buena parte de la flota mayor fuera de las operaciones, es posible asignar una cota de captura a la flota ribereña, en otras palabra, el incremento del esfuerzo pesquero que supondría la participación de la flota ribereña sería compensado por la disminución de facto que ha sufrido la flota mayor.
Otras causas que sustentan la necesidad de incluir a los pescadores ribereños en las capturas de túnidos se encuentran por una parte dentro de la ya mencionada Carta Nacional Pesquera, la cual indica que es posible incrementar las capturas de barrilete en el Pacífico mexicano.
Por otra parte, las características migratorias de estas especies se prestan para poder contar con una pesquería ribereña sustentable en lo ambiental y sostenible en lo económico, ya que tanto atunes como barriletes son altamente migratorios y si bien prefieren el hábitat oceánico, algunos cardúmenes se desplazan cerca de la costa, de tal manera que la flota ribereña no sobreexplotaría el recurso, simplemente por no poder acceder físicamente al mismo, pero los cardúmenes que pasan cerca de la costa son de una biomasa suficientes para tener una pesquería ribereña económicamente redituable, tomando en cuenta que el pescador ribereño no tendría que desplazarse a grandes distancias, lo que significa que los gastos de operación no serán elevados.
Este representa el ejemplo de que la flota mayor y la flota menor pueden coexistir, sin que se afecten sus intereses legítimos. Además, el destino de sus capturas son diametralmente distintos, en tanto que la mayor se destina al procesamiento industrial, la menor se destina al consumo humano directo (fresco), sobre todo porque en los últimos años ha crecido la demanda de la cocina mexicana por esta especie, dado su excelente sabor, bajo precio y la diversidad de formas como puede prepararse.
La gran ventaja de esta pesquería artesanal es que los atunes son especies muy costeras, por lo que los pescadores no tendrán que trasladarse grandes distancias para capturarlos, lo que significa que los gastos de operación no serán elevados, y lo más importante, no se pondrán en gran riesgo las vidas de los pescadores.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, la Conapesca expida permisos de pesca comercial del atún a los pescadores ribereños del país, particularmente, a los que habitan en las zonas de mayor marginación social, en la que se considere una franja del litoral mexicano en donde se realice esta actividad, y se diseñe un programa equitativo y de largo plazo de ordenamiento que establezca la forma en que participen la flota mayor y el sector de pesca ribereña en esta pesquería, con la finalidad de prevenir los conflictos entre ambas partes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, el Inapesca lleve a cabo los estudios técnicos y científicos necesarios que permitan determinar las formas y los mecanismos de participación de los pescadores ribereños en la captura comercial del atún.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A PROPICIAR MEDIANTE LA GERENCIA DE CUENCA PACÍFICO SUR Y LA ESTATAL DE GUERRERO EL RESPETO DEL ESTADO DE DERECHO, HACIENDO CUMPLIR LA LEY DE AGUAS NACIONALES E INHIBIENDO LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE MATERIALES PÉTREOS DE LOS RÍOS QUETZALA Y SANTA CATARINA, BAJO SU JURISDICCIÓN, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS FLORENTINA ROSARIO MORALES Y LETICIA ROBLES COLÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Florentina Rosario Morales, diputada federal electa en la cuarta circunscripción por el estado de Guerrero, y Leticia Robles Colín, diputada secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en nombre propio y de los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:
2. Que el área de este acuífero forma parte de los municipios de Cuajinicuilapa, Igualapa, Ometepec y Azoyu, cuyas actividades económicas se concentran principalmente en actividades agrícolas y piscícolas, por lo que el adecuado y sustentable manejo de los ríos se convierte en el factor más importante para asegurar la subsistencia de las comunidades.
3. Que desde hace aproximadamente cinco años vecinos y habitantes de los municipios de Igualapa, Ometepec y Azoyu se percataron que de manera intermitente camiones, equipos de volteo y retro excavadoras se apostaban en las márgenes del río Santa Catarina y Quetzala para extraer materiales pétreos.
4. Que el proceso de extracción intensiva de materiales pétreos ha propiciado diversas afectaciones ambientales, sociales y económicas, ya que se han afectado la calidad y cantidad de las aguas ya que las empresas de manera ilegal y si título de concesión de por medio extraen materiales desvían la corriente y cauce del río afectando los escurrimientos que nutren las parcelas y la población de especies de agua dulce, además los operarios de la maquinaria depositan los aceites lubricantes y los desperdicios de los materiales pétreos sobre el mismo río, afectando su calidad; además la extracción ha propiciado el surgimientos de fosas que incrementan la profundidad del cauce lo que ha propiciado además de la modificación de escurrimientos, diversas muertes de niños y jóvenes por ahogamiento y el reblandecimiento de los cimientos y pilotes del puente Huiixtepec en el municipio de Ometepec mismo que comunica la franja costera de los estados de Guerrero y Oaxaca.
5. Que ha sido tal la magnitud y grado de afectaciones que las comunidades se organizaron en el denominado Frente de Comunidades Unidas por la Defensa de los Recursos Naturales del Río Quetzala y el denominado Frente de Comunidades Indígenas por la defensa de los recursos naturales del Río Santa Catarina.
6. Que tratándose de comunidades rurales los pobladores pudieron identificar a puntualmente a un grupo de particulares propietarios de 3 empresas comercializadoras de materiales de construcción como son la ciudadana Francisca Montalván, propietaria de la central de materiales Ferretera Cruz Azul y de la casa de materiales para construcción Montalván; del ciudadano Norberto Rodríguez Cruz, propietario de la casa de materiales San Juan; del ciudadano Vicente Reyes Ortiz, propietario de Constructora Reyes; y del ciudadano Paul Nolasco Velasco.
7. Que el Frente de Comunidades Unidas por la Defensa de los Recursos Naturales del Río Quetzala y el Frente de Comunidades Indígenas por la defensa de los recursos naturales del Río Santa Catarina presentaron el 2 de marzo de 2009, (en plena época de estiaje que es cuando el saqueo de materiales pétreos ocurre con más intensidad) solicitud de intervención ante la Gerencia Estatal Guerrero de la Comisión Nacional del Agua misma que mereció respuesta hasta el mes de Junio (ya en época de lluvias) mediante oficio B00.E53.1277 mediante el cual contestan lo siguiente:
"el día 25 de mayo de 2009 se realizó operativo en coordinación con la PGR, sin embargo en el lugar objeto de la denuncia no se encontraron actividades de extracción de materiales pétreos por parte de ninguna de las personas denunciadas"
8. Que el Frente de Comunidades Unidas por la Defensa de los Recursos Naturales del Río Quetzala y el Frente de Comunidades Indígenas por la defensa de los recursos naturales del Río Santa Catarina presentaron el 17 de julio de 2009 Denuncia Popular ante la Delegación Guerrero de la Profepa en contra de las personas identificadas como responsables del saqueo de materiales y que en esa ocasión se firmó una minuta de trabajo en al que la autoridad ambiental se comprometió a lo siguiente:
"La Profepa y la Conagua harán un exhorto por escrito a los denunciados para que se abstengan de extraer los materiales pétreos"
9. Que, de acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, el único título de concesión para la extracción de materiales pétreos en los ríos Santa Catarina y Quetzala es el número 05GRO200339/20EAGE06, otorgado en favor de Ignacia Rodríguez Monroy, permitiéndole únicamente un volumen de extracción de 2900 m3 y que no existe registro alguno de transferencia de derechos sobre este título.
10. Que, al respecto, la Ley de Aguas Nacionales no deja lugar a la interpretación, ya que en su artículo 113 Bis expresa:
Artículo 113 Bis. Quedarán al cargo de "la Autoridad del Agua" los materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes.
Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; los permisos que se expidan tendrán carácter provisional previo a la expedición del título, y deberán ser canjeados por los títulos de concesión respectivos. Estos últimos serán expedidos por "la Autoridad del Agua" en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
La Autoridad del Agua vigilará la explotación de dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones y de los permisos con carácter provisional otorgados a personas físicas y morales, con carácter público o privado.
11. Que, a su vez, el artículo 119 de la propia Ley de Aguas Nacionales ordena a la Conagua sancionar a los responsables en el caso de:
Fracción IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, sin el título de concesión;
Fracción V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua, o su operación, sin el permiso correspondiente;
Fracción XIV. Arrojar o depositar cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo;
Fracción XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia;
Fracción XX. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente; cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;
Fracción XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los Artículos 113 y 113 Bis de esta ley, sin contar con concesión o permiso de carácter provisional respectivo.
Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, la Cámara de Diputados LXI Legislatura exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través de su Gerencia de Cuenca Pacifico Sur y la Gerencia Estatal Guerrero a propiciar el respeto al Estado de derecho haciendo cumplir la Ley de Aguas Nacionales al evitar e inhibir la extracción ilegal de materiales pétreos del Río Quetzala bajo su jurisdicción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputadas: Leticia Robles Colín (rúbrica), Florentina Rosario Morales.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCJN A REVISAR Y RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO ATRAÍDOS SOBRE EL CASO ATENCO, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS FLORENTINA ROSARIO MORALES Y LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscritas, diputadas federales Florentina Rosario Morales y Leticia Quezada Contreras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar y resolver los juicios de amparo atraídos sobre el caso Atenco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los rasgos más preocupantes de la actual situación en cuanto al acceso a la justicia, es el que tiene que ver con la constante criminalización de la protesta social. En ese sentido el caso San Salvador Atenco se ha convertido en un suceso emblemático por dondequiera que se vea.
Castigar al reclamo social no es, bajo ninguna circunstancia, la mejor política ni social ni de seguridad pública, ya que sus perniciosos efectos en materia de derechos humanos abren aún más las heridas que deja la impunidad que le caracteriza, y que en nada apoya a mejorar la calidad de la vida democrática y el estado de derecho.
Son del conocimiento nacional e internacional los resultados de un injusto proceso penal que busca condenar por la vía de los hechos a cumplir a una cadena perpetua, a doce personas cuyas sentencias no se comparan con las que se han aplicado a connotados narcotraficantes e individuos que compurgan una prisión por delincuencia organizada.
El caso Atenco ha exhibido las peores fallas del sistema de justicia, la imposición de penas inusitadas, falta de objetividad e independencia, ensañamiento y la manipulación del procedimiento penal para aplicar los delitos de delincuencia organizada, secuestro, o ataque a las vías generales de comunicación a quienes protestar por ver violentados su derechos.
Así, entre otros aspectos, la opinión internacional recrimina al país por no reconocer "explícitamente" en su Constitución a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, y por el aumento del número de informes sobre abusos a manos de agentes de seguridad durante las operaciones contra el crimen organizado.
La propia opinión internacional denuncia que las autoridades aún no han detenido a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que sucedieron entre 1960 y 1980 y que ningún agente de la policía ha comparecido ante la justicia por los sucesos acontecidos en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006.
En mayo de 2006 el choque entre campesinos y policías en la localidad de San Salvador Atenco causó un muerto, decenas de denuncias por abusos sexuales a mujeres, medio centenar de heridos y 200 detenidos. La misma Suprema Corte deslindo de ese acto al gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, pero admitió las violaciones graves a los derechos humanos y por lo mismo a las garantías constitucionales de los detenidos por esos hechos.
A casi cuatro años a pesar de esta resolución no ha sido citado ningún mando policial o oficial que haya participado en dicho operativo a fin de dar cuenta sobre las torturas, violaciones y actos violentos contra hombres y mujeres, en ese mismo sentido la denuncia por homicidio calificado contra Alexis Benumea sigue sin consignar a ningún responsable, lo cual contrasta con las sentencias contra los aun doce detenidos por estos hechos, que purgan penas desde los 31 hasta los 100 años, es por eso que esta, la muestra más clara de que el sistema penal mexicano y su nueva figura de seguridad nacional buscan a todas luces la criminalización de la protesta, la criminalización de los luchadores sociales, buscan dar muestra que el poder policial es sólo la única cara de diálogo que tiene este estado.
En días pasados la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió que, al igual que los casos anteriores, estos recursos son de importancia y trascendencia para fijar criterios sobre la retención de funcionarios públicos como parte de protestas sociales.
Cabe recordar que la Corte atrajo ya otros amparos en los que están involucrados integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, entre ellos su líder Ignacio del Valle.
En esta nueva atracción de los recursos, los quejosos impugnaron la sentencia que se les impuso por el delito de secuestro equiparado, como resultado de los hechos violentos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.
Los ministros de la Sala determinarán la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado y decidirá las relaciones entre el ejercicio de las libertades de expresión, petición y manifestación.
A últimas fechas la Corte ha establecido diversos criterios sobre la legalidad de las pruebas dentro de un proceso penal y la obligatoriedad del debido proceso judicial contra los inculpados.
En ese sentido se espera que la misma busque armonizar los diferentes dictámenes a estos amparos, ya que son los mismos delitos que se imputan y todos muestran diversos criterios para resolver las penas, cabe mencionar que en el caso de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez han sido exonerados por el delito de ataque a las vías generales de comunicación, y Héctor Galindo abogado defensor y detenido en el mismo acto, se le haya responsabilizado por el mismo.
Por eso, este Congreso debe de dejar en claro que la impartición de justicia debes ser clara, transparente y expedita, pues queda sin duda la parcialidad en el contexto del traslado de Sukar Kuri, un pederasta connotado a un penal de mínima seguridad y en el otro todo el peso de la ley a luchadores sociales.
Por lo expuesto, se hace la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el marco del examen sobre el caso de San Salvador Atenco, revise y resuelva con la mayor brevedad los diversos expedientes sobre los juicios de amparo presentados por los 12 detenidos de estos hechos, con absoluto respeto a las garantías del debido proceso penal.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al federalismo, exhorta a las Procuradurías General del Estado de México y la Procuraduría General de la Republica, a que se inicien las investigaciones a fin de castigar a los responsables de los actos de violencia, tortura, violación y homicidio contra los pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006.
Diputadas: Florentina Rosario Morales, Leticia Quezada Contreras (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA SEGOB, DE LA SHCP Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS AUTOS IMPORTADOS EN EL MARCO DEL TLCAN, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VELÁZQUEZ ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, con el propósito de favorecer dicha importación definitiva de vehículos automotores usados de transporte de hasta quince pasajeros y de los camiones de capacidad de carga hasta de 4 mil 536 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, con el objeto de dar certeza jurídica a los propietarios de los mismos.
Que el 26 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora", con objeto de regular la estancia definitiva de los vehículos importados en la regiones y franja señaladas.
Desde el 1 de enero de 2009, México no podría adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de automóviles usados, que sean originarios de Estados Unidos de América o de Canadá, cuyo año-modelo sea de más de diez años anteriores al de la importación. Con dicho decreto el Ejecutivo abrogó a partir del 1 de enero de 2009, los anteriores del 22 de agosto de 2005 y 26 de abril de 2006, emitidos por el entonces presidente Fox.
El decreto establece que los autos importados deberán contar con un certificado de origen emitido directamente por las armadoras de esos países, donde se declare que el vehículo fue manufacturado en sus territorios. No se podrán importar vehículos usados que en Estados Unidos o Canadá tengan restringida la circulación por sus características físicas o cuestiones ambientales, o que posean reporte de robo, señala el decreto. Además, una persona podrá adquirir solamente un vehículo cada doce meses libre de aranceles o, de lo contrario, deberá registrarse como una compañía importadora ante las autoridades.
Los propietarios de los vehículos importados en definitiva, deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones aplicables en la materia. Asimismo la correcta aplicación de los mecanismos de emisiones y condiciones físico-mecánicas de autos usados, para que se cumplan con las especificaciones ambientales.
La Secretaría de Economía desde hace tres años ha destinado apoyos a la industria automotriz por cuatro mil millones de dólares. En tanto que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha señalado que el efecto que dejó la entrada de autos usados de procedencia extranjera, deterioro el parque vehicular, además de las consecuencias negativas al medio ambiente y el uso de combustibles. Esta situación, según la AMIA, privó el crecimiento de 80 por ciento, del mercado interno. Mientras que en Estados Unidos, el programa de incentivos para adquirir vehículos nuevos, tendrá apoyo gubernamental de mil millones de dólares.
Algunos especialistas consideran que desde el primero de enero de 2009, con la apertura del Tratado de Libre Comercio (TLC), en el renglón vehículos, originó la publicación de un Decreto Presidencia, que incrementó los costos de importación a los automóviles y puso algunas trabas. Dicho Decreto Presidencial, fue resultado de la presión que ejercieron las compañías ensambladoras de vehículos en el país. Al cual se agrega el aumento a 16 por ciento en el IVA, que afectará las ventas de automotores nuevos durante 2010.
Las asociaciones han planteado la necesidad de impedir la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos. No obstante algunos analistas del sector automotriz consideran que en vez de combatir la entrada de autos importados, sería importante pedir al gobierno que implemente un programa de incentivo para autos nuevos a precios accesibles.
Desde otra perspectiva consideran que es necesario un programa sectorial integral para beneficiar al consumidor y bajar las emisiones de contaminantes y del consumo de combustible. Por lo que estiman que la visión debe ser más amplia y no sólo remitirse a una petición para bajar la entrada de vehículos baratos provenientes de Estados Unidos o Canadá.
Otras opiniones consideran que se necesita dar certeza jurídica para quienes realicen la importación de vehículos usados, de manera que se permita la importación de vehículos usados mayores a diez años, tal y como lo establece el TLCAN, sin que se requiera el certificado de origen como actualmente se pide.
Por otra parte, uno de los principales resultados negativos del TLCAN ha sido el incremento de la dependencia alimentaría con Estados Unidos. La balanza comercial agroalimentaria y agropecuaria es negativa y ha ido en aumento durante la vigencia del tratado.
Las elevadas importaciones agropecuarias, reafirman el fracaso que ha tenido las política neoliberal impuesta desde hace más de veinte años en el país, que ha ocasionado mayor pobreza y abandono en el campo, en lugar de invertir en la producción nacional para garantizar el abasto del consumo nacional.
Se debe recordar que a pesar de que los granos básicos tenían un horizonte de 15 años para su desgravación, desde los primeros años del tratado se abrió la frontera mediante la autorización de cupos y sobrecupos de importación de maíz, fríjol, trigo y arroz, lo cual se reflejo en que los campesinos vieron disminuidos los precios de estos productos.
Con la fabricación de etanol de maíz los precios del grano han tendido a subir, presionando el precio de la tortilla. Esta situación resulta paradójica ya que a los agricultores mexicanos les será difícil responder con mayor producción, debido entre otras circunstancias a la falta de insumos baratos y subsidios apropiados.
Según una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras la comunidad internacional tiene la atención puesta en la crisis financiera que están viviendo las economías avanzadas, es importante no perder de vista, el impacto que tiene en los países más pobres la carestía de los alimentos.
Algunos especialistas consideran que se podría estimular la producción agrícola aplicando medidas que fomenten el desarrollo de infraestructura de irrigación, transporte y distribución que garanticen lograr mejores rendimientos. Las organizaciones campesinas, estiman que el gobierno federal a través de las Secretarías de Hacienda y Economía, debe replantear el presupuesto, los estímulos y subsidios para el campo.
Para apoyar la economía de las familias campesinas, pequeños productores, pesqueros, etcétera, particularmente de clase baja y media, que no pueden acceder a la compra de un auto nuevo, se puede mantener la entrada de autos usados al país. Es importante destacar que desde hace ya varios meses los propietarios de vehículos irregulares demandan la regularización de por lo menos 2 mil 500 unidades traídas de Estados Unidos por trabajadores ilegales de los estados de Hidalgo, Zacatecas, Michoacán y de México, entre otros.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, que se permita la importación definitiva de los vehículos automotores usados de transporte y de los camiones de capacidad de carga, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, con objeto de apoyar la economía de las familias campesinas, principalmente, así como de cualquier ciudadano que no pueda acceder a la compra de un auto nuevo.
Segundo. Asimismo, se solicita respetuosamente que la Secretaría de Gobernación detenga el decomiso de vehículos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con lo que se detendría la corrupción que se viene generando por este hecho, además de que se proceda a la regularización masiva de los vehículos importados en el país.
Tercero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a las facultades de los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del Distrito Federal los exhorta para que se solidaricen con todas y cada una de las personas que adquirieron un automóvil importado con el objeto de que se les pueda proporcionar asesoría legal gratuita.
Cuarto. Que el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados sea el vínculo de esta soberanía con los propietarios de vehículos irregulares y que demandan la regularización, además para que informe del estado que guardan las acciones emprendidas en relación a la regularización de los vehículos importados.
Palacio Legislativo, a 15 de abril de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A SUPRIMIR LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ENLACE, Y A RESPETAR LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO SECRETARIAL 384 Y LAS NORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PREVISTAS EN EL ACUERDO SECRETARIAL 499, A CARGO DEL DIPUTADO RODOLFO LARA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rodolfo Lara Lagunas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, a suprimir la aplicación de la prueba ENLACE y respetar las estrategias didácticas y pedagógicas de evaluación establecidas en el acuerdo secretarial 384 y las normas de evaluación del aprendizaje previstas en el acuerdo secretarial 499, ambos documentos vigentes y emitidos por la SEP, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sobre el estado que guarda la educación en nuestro país, se han emitido una serie de juicios que expresan el malestar que prevalece y que comparte un sector del país: México es un país de reprobados; la escuela mexicana es zona de desastre; el sistema educativo mexicano desde hace décadas vive una profunda crisis y, finalmente, hay un magisterio deficiente. Compartamos o no estas opiniones lo cierto es que nadie puede negar el malestar educativo actual.
En la era neoliberal, tanto los gobiernos priistas como los panistas han centrado sus acciones innovadoras en el campo de la educación en la aplicación de exámenes estandarizados y de opción múltiple con el pretexto de la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de la calidad educativa.
Desde 1993 los docentes, y a partir de 1994 los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato han venido siendo sometidos a una "auténtica plaga" de procesos evaluatorios con la aplicación de pruebas anuales escritas estandarizadas a nivel nacional.
Primero se hicieron a través de Carrera Magisterial, de manera paralela nació el Centro Nacional para la Evaluación y las pruebas Exani I que se han venido aplicando a los estudiantes de secundaria que solicitan su ingreso al bachillerato.
Posteriormente, al crearse en 2002 el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa surgió una nueva prueba denominada Examen para la Calidad y el Logro Educativo. De manera simultánea a la aplicación de las pruebas nacionales se han aplicado a los estudiantes de 15 años las pruebas internacionales del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En el último año del régimen foxista se creó otro examen con el nombre de Evaluación Nacional del Logro Académico de los Centros Escolares, más conocido como ENLACE, a fin de valorar los aprendizajes de matemáticas y español de los alumnos de sexto grado y de tercero de secundaria.
Todos estos exámenes, tanto nacionales como internacionales, han dejado un amargo sabor de boca puesto que han exhibido el fracaso escolar de la educación nacional. Eso por una parte y por otra, la aplicación de estas pruebas durante más de 15 años demuestran que su uso en las escuelas en nada han mejorado lo que se pretendía: la calidad de la educación.
Como afirma el padre de las inteligencias múltiples, Howard Gardner: Las pruebas estandarizadas son como los termómetros, registran el estado del paciente, pero no lo curan. Si esto es así ¿para qué seguir tirando millones de pesos? ¿No sería mejor invertirlos en infraestructura, equipo y mantenimiento?
Por eso resulta inexplicable que la actual administración mantenga como uno de los instrumentos fundamentales, para elevar la calidad de la educación, la aplicación de las pruebas estandarizadas a través de ENLACE.
Además, también resulta sorprendente que en el país con mayor experiencia en el uso de estos instrumentos, Estados Unidos, no los aplique anualmente en toda la Unión Americana. Esto es, en ese país no hay exámenes nacionales estandarizados anuales. Pero tampoco lo hace Finlandia, que cada tres años ocupa las primeras posiciones a nivel mundial en PISA.
Todavía más: la aplicación de estas pruebas de opción múltiple viola el acuerdo 384 que estableció la administración foxista en materia de evaluación. Este documento determina expresamente:
Como se observa, las autoridades educativas a nivel nacional están haciendo todo lo contrario a lo que establece el Acuerdo 384. Actualmente los profesores trabajan preparando a los alumnos para los exámenes y la adquisición de guías de estudio se ha convertido en un excelente negocio, porque todo lo importante se reduce a la presentación de la prueba nacional anual, ya que ENLACE clasifica estados, municipios, escuelas, profesores y alumnos.
Y nadie quiere aparecer en los últimos lugares dentro de la competencia, que la aplicación de exámenes ha establecido. Para ello, los gobernadores de los estados están impulsando la aplicación mensual o bimestral de pruebas parecidas a ENLACE estableciendo premios para las escuelas, docentes y estudiantes que obtengan mayores puntajes.
Así, en Nuevo León se regalan computadoras y 250 mil pesos a la escuela triunfadora. En un municipio de Veracruz se premia con 200 mil pesos a la escuela y viajes a Canadá. De este modo cada mes los profesores se están convirtiendo en aplicadores, olvidándose de los contenidos programáticos.
Con los exámenes pre ENLACE, sean mensuales o bimestrales, se está estudiando para pasar no para aprender. De continuar con esta tendencia pedagógica el fracaso escolar se profundizará.
El acuerdo 384 opta, como se infiere de su lectura, por una evaluación holística o sistémica en donde todo el proceso de aprendizaje cuenta para la evaluación de los alumnos y no solamente la parte final del proceso, que es lo que supuestamente mide exclusivamente la prueba estandarizada.
Y si ya esto en sí es cuestionable, lo es todavía más al convertir el examen "objetivo" y de opción múltiple como la reina de las pruebas. Diversas investigaciones ya han señalado que este tipo de exámenes miden básicamente la capacidad de memorizar y no la de razonar.
En este sentido el ensayo constituye un instrumento de valoración más rico que la prueba estandarizada. Si se ha optado por esta última es porque al computarizarse facilita de manera extraordinaria la calificación, pero no porque sea el mejor instrumento para valorar los conocimientos.
La aplicación de este tipo de exámenes ha permitido, además, mercantilizar la actividad académica. En efecto, a partir de la aplicación anual de pruebas escritas, estandarizadas y de opción múltiple surgió el negocio de la capacitación para los exámenes y la venta de guías de estudios en los niveles de la educación primaria, secundaria y bachillerato.
Hoy se ofertan cursos de capacitación para docentes y alumnos de todos los niveles. Y como supuestamente las escuelas privadas son mejores, el negocio para la inversión privada en el campo educativo está creciendo. También las ganancias de las editoriales se han multiplicado al vender guías de estudio para todas las asignaturas y todos los grados escolares. Con las pruebas estandarizadas anuales, como se ve, ha surgido el espíritu fenicio de los mercaderes de la educación. Este es el fruto natural del neoliberalismo en el campo académico y pedagógico.
Adicionalmente, la aplicación de la prueba ENLACE contraviene el acuerdo 499 emitido en 2009 por la Secretaría de Educación Pública, en el cual se establecen cinco fechas de evaluación, es decir, de aplicación de exámenes a los escolares de educación primaria y secundaria. En los lapsos fijados en el citado acuerdo, no se incluye ninguna prueba anual estandarizada, ni tampoco otro mecanismo evaluatorio.
En consecuencia, por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, a suprimir la aplicación de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico de los Centros Escolares, por violar los vigentes acuerdos secretariales 384 y 499 emitidos por esa dependencia educativa federal, en lo relativo al enfoque y a las normas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria. También, se le exhorta a respetar las estrategias didácticas y pedagógicas de evaluación establecidas en el acuerdo secretarial 384 y las normas para la evaluación de los escolares determinadas en el acuerdo secretarial 499.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO FEDERAL, DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL A CREAR EN COORDINACIÓN CON EL DE MICHOACÁN UN ORGANISMO ENCARGADO DE DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DIRIGIDO A PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DE ESA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VELÁZQUEZ ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La región oriente de Michoacán, se encuentra en una situación de atraso que expresa prácticamente todos los problemas inherentes al subdesarrollo. Paradójicamente esta demarcación es rica en recursos naturales. No obstante, éstos no han sido utilizados como palanca para el desarrollo.
2. La riqueza forestal de la región se ha manejado de manera irracional, ha habido una tala inmoderada que ha mermado considerablemente los bosques, la flora y la fauna. Esto ha sido en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la gran mayoría de la población. La tala clandestina sigue practicándose porque la demanda de productos forestales es mayor a la capacidad de los bosques para satisfacerla, es decir, se siguen talando árboles fuera de la legalidad y sin ningún control.
3. El manejo adecuado del bosque, de manera que se programe la tala de acuerdo a un plan bien estudiado, que lo mantenga armoniosamente dentro del ecosistema, es lo que urge poner en marcha.
4. Pero lo más importante es que se cuente con un programa de desarrollo integral, que respete el medio ambiente y que también favorezca a todas las comunidades, para que puedan salir del injusto atraso en que se encuentran la mayoría de ellas.
5. No podemos seguir permitiendo que los pueblos originarios sigan en la pobreza, cuando están rodeados de riquezas naturales, es necesario que estas riquezas sean aprovechadas por ellos, pero de una manera responsable con la naturaleza y con la sociedad.
Recordemos que los servicios ambientales que dan los bosques son vitales, la producción de agua, de oxigeno, la captura de carbono y la contribución al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas son contribuciones fundamentales para la vida y no son valoradas en la práctica, en su debida dimensión.
6. Las conductas humanas depredadoras han contribuido de manera importante, para que se den fenómenos como las lluvias atípicas como las de inicios del pasado mes de febrero, las que provocaron tantas calamidades, de las tardaremos mucho tiempo en recuperarnos.
7. Se necesita reconocer de manera genuina que las cosas no las estamos haciendo bien, a partir de esto podremos organizarnos para restituirle a la naturaleza poco a poco lo mucho que le hemos quitado, mediante la reparación, en lo posible, de los daños que le hemos causado.
8. El oriente de Michoacán contribuye de manera importante al suministro de agua al Distrito Federal y en una medida importante también ayuda al Estado de México, con la aportación de este vital líquido al sistema Cutzamala, que también surte de agua a la ciudad de Toluca y otras ciudades del estado de México. Para el Distrito Federal el Cutzamala representa cerca del 30 por ciento de su abasto total y para la zona conurbada del estado de México 20 por ciento.
9.- Los ríos Tuxpan, Angangueo y Zitácuaro son los que alimentan a la presa de El Bosque, que junto con las presas de Valle de Bravo y Villa Victoria en el estado de México, son las más importantes de las siete que tiene el sistema Cutzamala. (Las otras presas son: Tuxpan, que a su vez alimenta a la presa de El Bosque, Ixtapan del Oro, Colorines e Ixtapantongo).
10. Esta aportación de gran relevancia para la vida de millones de mexicanos, da fuerza moral a los michoacanos para solicitar que tanto los gobiernos del estado de México, el del Distrito Federal y el Ejecutivo federal, en coordinación con el gobierno de Michoacán, aporten recursos para financiar un Programa Integral dirigido a proteger los ecosistemas del oriente de Michoacán. Esto quiere decir que a la vez que se proteja el medio ambiente, se promueva el desarrollo de las comunidades, haciendo un uso inteligente de los recursos naturales.
11. Para lo anterior existen, por ejemplo, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, el Programa Especial para la Restauración de Microcuencas del Cutzamala, manejado por la Comisión Nacional Forestal, Conafor, también el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (Procymaf), así como el Subprograma de Compensación Ambiental que restablece los ecosistemas degradados a través de acciones de conservación, restauración de suelos y reforestación, además de su respectivo mantenimiento. La población objetivo del Procymaf son los ejidos, comunidades y asociaciones que formen entre sí, principalmente indígenas, que sean propietarios o poseedores de terrenos forestales ubicados diversos estados entre los que se encuentra Michoacán. También en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, existen programas que pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo integral de la zona oriente de Michoacán.
12. Lo anterior es solo para dar un ejemplo de que existen programas federales que debemos aprovechar de mejor manera.
13. Lo conveniente sería diseñar un programa integral, basado en la estrategia de desarrollo de microcuencas, donde entre ellas se complementen y tengan objetivos comunes y coordinados, de tal suerte que se conforme un programa regional, donde todos los programas oficiales de apoyo se usen de manera concurrente y complementaria.
14. Para lo anterior, se necesita el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, el federal, local y el municipal. El momento actual es oportuno para que los distintos recursos federales y los que se pudieran aportar por el etado de México y por Distrito Federal, financien un programa de este tipo.
Con base en las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo federal, del estado de México y del Distrito Federal, para que –en coordinación con el Ejecutivo de Michoacán– creen un organismo que se encargue de diseñar y poner en marcha un programa integral dirigido a proteger los ecosistemas del oriente de la entidad, que a la vez que proteja el medio ambiente, promueva el desarrollo de las comunidades, haciendo un uso inteligente de los recursos naturales.
Sería deseable que el programa se sustentara en la estrategia de desarrollo de microcuencas, donde entre ellas se complementen y tengan objetivos comunes y coordinados, de tal suerte que se conforme un programa regional, donde todos los programas oficiales de apoyo se usen de manera concurrente y complementaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de abril del 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROBLEMA DE LOS COOPERATIVISTAS DE LOS PERIÓDICOS EXCÉLSIOR Y LA PRENSA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FELIPE EGUÍA PÉREZ, DEL PRD, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, integrantes de distintos grupos parlamentarios en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de octubre de 2000, los cooperativistas de Excélsior en una asamblea se liberaron de una pesada carga editorial y administrativa que se entronizó a partir de diciembre de 1976, personificada por el señor Regino Díaz Redondo, quien durante 24 años se mantuvo como director general de Excélsior, pero cuya ambición lo orilló a apoderarse además de la presidencia del Consejo de Administración de la cooperativa y, en los últimos dos años, de la Gerencia General, con lo que instauró un poder omnímodo y absoluto en la cooperativa, ocupando los cargos más importantes de la compañía editorial.
Afortunadamente, los cooperativistas de Excélsior se armaron de valor civil, removieron al señor Regino Díaz Redondo y lo expulsaron de la cooperativa.
Durante más de dos décadas, Regino Díaz Redondo se encargó a espaldas de los socios de dilapidar y saquear los recursos de la Cooperativa Excélsior y, ante la complacencia y complicidad del poder político, desvió cuantiosos recursos financieros obtenidos de la banca comercial.
Regino Díaz Redondo y los cómplices que tuvo como gerentes generales defraudaron al fisco y al Seguro Social, omitiendo el pago de los impuestos y de las aportaciones obrero-patronales, acumulando adeudos hasta por más de 3 mil millones de pesos, que se encuentran todavía en litigio y por los que el Servicio de Administración Tributaria embargó bienes de la cooperativa.
A partir de la salida del señor Díaz Redondo se libró una batalla interna por el control de Excélsior, que durante cinco años sobrevivió a duras penas porque fue víctima de un boicot del gobierno federal que, a través de la Secretaría de la Función Pública, ordenó a las dependencias federales centrales y descentralizadas a no otorgar anuncios o publicidad al periódico, lo que ahondó más la precaria situación económica y, en consecuencia, la de los trabajadores, que en esos cinco años trabajaron sin recibir sueldo.
Finalmente, la desesperación y el hambre empujaron a los cooperativistas de Excélsior a aceptar la propuesta maquinada previamente por el presidente del Consejo de Administración, Armando Heredia Suárez, y el gerente general, Francisco Javier de Anda Herrera, en contubernio con los abogados y representantes del señor Olegario Vázquez Raña, para vender a éste los activos de Cooperativa Excélsior, lo que se concretó el 23 de enero de 2006.
Ante lo desventajoso de la operación, los cooperativistas de Excélsior interpusieron demanda contra la irregular compraventa y después de tres años, el pasado 12 de noviembre de 2009, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia que declaró nulas la convocatoria y las asambleas convocadas el 23 de enero de 2006, así como los acuerdos adoptados en ellas.
La sentencia ordenó la devolución de todos los bienes muebles y las marcas de propiedad, pero convalidó la venta de los bienes inmuebles porque consideró que se trató de una "compra de buena fe" por Grupo Ángeles, propiedad del señor Olegario Vázquez Raña, lo que resultó contrario y contradictorio con la anulación de las asambleas y los actos derivados de ellas.
Los cooperativistas de Excélsior interpusieron apelación de la resolución para que se anule la compraventa, y se devuelvan los inmuebles y se restituyan a sus originarios dueños.
La sentencia emitida por el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa es un acto de justicia que rescata parcialmente a El Periódico de la Vida Nacional, una institución que está ligada a la historia del México posrevolucionario y que durante 89 años acompañó el proceso social, político y económico de la nación como uno de los mejores diarios de México, de Latinoamérica y del mundo.
Con base en lo anterior y sustentados en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, del Trabajo, de Convergencia, de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial federal a vigilar la actuación de los jueces y de los tribunales que intervienen en la demanda y las apelaciones de los cooperativistas de Excélsior con relación a la sentencia del juez segundo de distrito para que se respeten la legalidad y el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, completa e imparcial.
Segundo. Solicitar y promover ante los poderes del Estado el rescate del cooperativismo en México, la restitución de los beneficios de que disfrutó como empresa social y el apoyo para que los cooperativistas de Excélsior y La Prensa recuperen su fuente de trabajo, y tales diarios recobren su papel de organismos sociales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputados: Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), José Manuel Agüero Tovar.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y AL INEGI A RESOLVER EL CONFLICTO LABORAL DE LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS QUE SE PRESENTARON EN DICHO INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, David Hernández Pérez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El siguiente asunto, es conocido por todos nosotros, se trata de la problemática y violación de derechos que viven miles de trabajadores y ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El 26 de octubre del 2004, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por el diputado Pedro Ávila Nevares, por medio del cual solicita la creación de 2 mil 300 plazas de base para ser ocupadas por los trabajadores despedidos por el ex titular del Inegi.
La Cámara de Diputados en atención a esta problemática ha solicitado a las partes informes de la situación actual de este conflicto entre el Inegi y los trabajadores que integran la Coalición Nacional de Trabajadores del Inegi.
El doctor Gilberto Calvillo Vives, ex presidente del Inegi, remitió en su momento a la Cámara de Diputados informes que difieren con la situación real que se vive en el Inegi con los trabajadores en conflicto, retrasando las tarea parlamentarias para considerar los recursos económicos que dieran suficiencia presupuestaria a fin de resolver el conflicto en comento.
Es nuestro deber realizar los trámites y acciones necesarias para llevar justicia a este grupo de trabajadores.
Es inconcebible que un grupo de trabajadores que ha luchado 7 años por su reinstalación y el pago de sus prestaciones, se encuentren amenazados o encarcelados.
Ya que por disposición expresa del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se observa claramente que los ex trabajadores del Inegi tienen derecho al reconocimiento de su calidad de trabajadores de base y su reinstalación.
Primeramente tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone: Los trabajadores se dividen en dos grupos de confianza y de base, y al no haber demostrado el Inegi que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al Inegi a reconocer a los trabajadores su categoría de base.
En segundo lugar los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base y a su reinstalación, porque el Inegi no ha demostrado dentro de juicio la naturaleza de la contratación, es decir no demostró cuales fueron las causas que le impulsaron a realizar contrataciones por tiempo determinado o por tiempo fijo y tampoco demostró la culminación de los trabajos para los cuales fueron contratados los trabajadores, lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes artículos de La Ley Federal de Trabajo:
Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes
I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y
III. En los demás casos previstos por dicha ley.
El Inegi es el mejor ejemplo de subcontratación y violación de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
El Inegi no demostró la naturaleza de la contratación y por esta razón fue condenado en los juicios números 835/98 y 547/98 que se tramitan ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cuyos laudos se estableció que el Inegi no había demostrado la naturaleza de la contratación y por lo tanto se le condenó a otorgar a los trabajadores sus nombramientos con carácter definitivo y el reconocimiento de su antigüedad, sin que hasta este momento el Inegi haya cumplido con el laudo del primer expediente mencionado, ya que esto implicaría reinstalar a los trabajadores.
Los trabajadores adscritos al Inegi no contaron con nombramiento o contrato alguno de los años 1992 a 1998, por lo que se entiende que la relación laboral entre ellos y el instituto es por tiempo indeterminado, por otra parte los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes y esta soberanía año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores, el titular de dicho instituto ha argumentado disminución de recursos difiriendo según los datos que el propio instituto ha enterado al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el contrario el instituto incrementó el número de trabajadores contratados del año 2000 a la fecha.
Por otra parte nada impide que estos trabajadores puedan ser contratados en los diversos programas que realiza el instituto, como lo son los censos, ya que los trabajadores se encuentran capacitados para la realización de éstos y porque el instituto cada año contrata trabajadores eventuales para tales fines dándoles capacitación y sin que requieran de estudios especiales para ello, es por eso que podría otorgárseles su reinstalación para que desempeñen sus labores dentro del procede y una vez concluido éste en los diversos programas que implementa el instituto y claro debiendo acreditar los trabajadores que son aptos para el. desempeño de los trabajos encomendados.
Es de nuestro conocimiento que en la administración del ex titular del instituto se destinaron millones de pesos para el pago de finiquitos de diversos ex trabajadores mediante acuerdos conciliatorios, causa extrañeza que existiendo de por medio diversos laudos no se les dé total cumplimiento.
Les informó que la gran mayoría de los trabajadores que fueron liquidados por el ex titular del Inegi y que desistieron de sus demandas laborales contra este instituto fueron contratados nuevamente por el Inegi para realizar las mismas actividades y dentro del mismo programa donde se desempeñaban.
Es claro que no se puede erogar cantidad alguna que no esté contemplado en el Presupuesto de Egresos, por lo que las liquidaciones que el instituto entregó en los años 2002, 2003 y 2004 son ilegales, tal es el caso de la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual determinó que estas liquidaciones de trabajadores causan un daño patrimonial al instituto.
Es importante destacar que con base en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Inegi, no puede ganarle a los trabajadores un solo juicio, ya que éste no demuestra la naturaleza de la contratación de éstos, no demuestra que la obra para la que fueron contratados los trabajadores concluyó, y si la Cámara de Diputados le ha entregado año con año los recursos suficientes para continuar con cada uno de los programas donde estos trabajadores se desempeñaban no existe, pues, razón alguna ni justificación para que el titular del Inegi haya ganado un juicio en contra de los trabajadores.
Es momento de hacer justicia a los trabajadores del Inegi y dar cumplimiento cabal a las resoluciones dictadas por los órganos impartidores de justicia.
Es la hora del estado de derecho.
Es la hora de los trabajadores.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reasigne recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento cabal a los laudos números 835/98, 547/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001 y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los que condenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía el otorgamiento sea de contrato por tiempo indefinido o nombramientos de base, así como al pago de diversas prestaciones laborales.
Segundo. Que asignen recursos económicos suficientes para permitirle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de estar en posibilidades económicas para llegar a acuerdos conciliatorios con los más de mil 800 trabajadores –en todo el país– que demandaron al Inegi por diversas prestaciones laborales y despidos injustificados, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores del Inegi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A RECIBIR CON LA MAYOR BREVEDAD EN AUDIENCIA A LOS VECINOS PERJUDICADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL SUPERVÍA PONIENTE, Y A PROPORCIONARLES INFORMACIÓN COMPLETA RESPECTO A LA AFECTACIÓN QUE OCASIONARÍA EL DESARROLLO DE ESA OBRA, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible reciba en audiencia a las y los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado "Supervía Poniente", asimismo se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Este proyecto tiene su antecedente directo en años pasados en tiempos de la Regencia del Distrito Federal, al respecto se sostuvieron varias reuniones de trabajo con las autoridades de la ciudad, también se realizaron reuniones con las autoridades federales en turno, para hacerles de su conocimiento la oposición que había al proyecto.
2. Dicho movimiento culminó después de una audiencia pública que tuvo lugar en el foro cultural de Contreras. Siendo publicada la exclusión de la avenida Luis Cabrera, del proyecto de súper vialidades, en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, del día 22 de agosto de 1992, en el Tomo I, número 169.
3. Al enterarse los habitantes de las zonas en las que se efectuaría la obra denominada Supervía Poniente, proyecto que supuestamente se había cancelado años atrás en el año 2008, empezaron a reunirse y organizarse con la finalidad de tener un acercamiento con los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, que se encuentran directamente involucrados y derivado de las movilizaciones vecinales, se estableció una mesa de trabajo cuyo compromiso principal era dar a conocer los alcances de la obra.
4. Dichas mesas no concluyeron su labor, de la que se desprendía el compromiso de dar a conocer a los vecinos las posibles afectaciones derivadas de la obra.
5. El pasado 6 de abril del año en curso, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal la expropiación de 126 predios, entre otros los que se ubican en las colonias La Malinche, San Bernabé, San Jerónimo Lídice, Cuauhtémoc, en el trazo de la obra que afecta a la Delegación La Magdalena Contreras.
6. Es de conocimiento generalizado que una obra de tal magnitud puede traer impactos de muy diversa índole, preocupa a las y los vecinos los impactos ambientales, económicos, viales y sobre todo, el impacto que esta obra puede generar en la vida comunitaria, y que repercute en forma directa en la perdida de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.
7. En este sentido, resulta fundamental la respuesta eficaz que dé el Gobierno del Distrito Federal a los planteamientos de las y los vecinos de las comunidades, sobre todo la atención a las quejas o inconformidades que dicha obra ha causado en la colonia La Malinche y San Jerónimo, que se ha manifestado en las dos últimas semanas sin haber encontrado la interlocución requerida.
8. Que es indispensable en la construcción de la democracia contar con la participación efectiva de las y los ciudadanos, respecto al impacto vial, presupuestal y ambiental que tendrá la obra.
9. La consulta ciudadana permite conocer la opinión de los ciudadanos, es una figura de la participación ciudadana que permite cogobernar y favorece una toma de decisiones democrática. Este mecanismo de consulta y de opinión ciudadana, es necesario activarlo, pues en la medida en que se vaya implementando se le otorga vida y viabilidad a las políticas públicas.
10. Por lo expuesto, se requiere respetuosamente al jefe del gobierno y a las Secretarías de Obras y Servicios, de Transportes y Vialidad y de Medio Ambiente, para que brinden puntal atención a las y los vecinos afectados por la obra.
Considerando
2. Asimismo, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece, en su artículo 17, fracción V, que es un derecho de las y los habitantes del Distrito Federal, ser informados sobre los actos administrativos de carácter general que expidan el presidente de la República y del jefe de Gobierno, así como sobre la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presenta quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables.
3. Por otra parte, es aplicable al caso en concreto el artículo 75 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que establece la participación ciudadana como parte fundamental de la planeación en el desarrollo urbano, la disposición referida en su numeral 76 tercer párrafo establece que la administración pública respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y propias de las comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la ciudad para que participen en el desarrollo urbano en cualquier forma de asociación prevista por la ley.
4. Que de conformidad con los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se establece la figura jurídica de la consulta ciudadana, cuyo objeto es someter a la consideración de la ciudadanía, respecto a temas que tengan un impacto trascendental en la vida de las y los habitantes de diversas delegaciones, y específicamente en los pueblos originarios y habitantes de La Magdalena Contreras.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible reciba en audiencia a las y los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado "Supervía Poniente"; asimismo, se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.
Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que someta a consulta ciudadana la obra denominada "Supervía Poniente", que permita conocer la opinión de las y los vecinos afectados por la obra.
Palacio Legislativo, 12 de abril de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDENTES A ENLAZAR A LOS PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS Y SERVICIOS CON LOS PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS FINALES, COMO VÍA GENERADORA DE EMPLEO, A CARGO DEL DIPUTADO ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL PRI, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Quien suscribe, Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de los diputados Pedro Peralta Rivas (PAN), Pedro Ávila Nevárez (PRI), José Gerardo de los Cobos Silva (PAN), Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Nancy González Ulloa (PAN), Francisco Herrera Jiménez (PRI), Hugo Héctor Martínez González (PRI), Arturo Ramírez Bucio (PAN) y Obdulia Magdalena Torres Abarca (PRD), integrantes de la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desempleo es un problema fundamental para la sociedad mexicana. Iniciar acciones para su solución es una obligación de los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión. Desde el Legislativo asumimos un compromiso claro con nuestros representados para promover desde esta alta tribuna propuestas tendentes a generar soluciones viables a este complejo problema social.
Sabemos que los empleos se generan fundamentalmente a partir de inversiones productivas del sector privado, pero también a partir de los diferentes renglones de la inversión y el gasto público; sobre todo, son el resultado de las políticas públicas desplegadas. Sin embargo, los recursos presupuestales son escasos, por lo que su aplicación debe orientarse a las áreas prioritarias que sirvan como catalizadores del desarrollo local, regional y nacional. Los gobiernos federal, estatales y municipales tienen la obligación de proveer a los actores productivos de un marco institucional que dé certidumbre y genere confianza entre quienes pueden invertir en empresas competitivas que, creciendo, hagan posible el desarrollo nacional.
El desarrollo económico requiere una nueva dinámica política que sea capaz de mejorar los negocios del país en el corto, mediano y largo plazos, a partir del establecimiento de objetivos convergentes, capaces de generar sinergias que permitan la integración de cadenas de proveedores nacionales a las empresas que desde sectores estratégicos producen bienes y servicios finales.
La Secretaría de Economía está para "promover e instaurar políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores" (http://www.economia.gob.mx/). Por ello tiene la misión de promover la generación de empleos de calidad y el crecimiento económico del país, mediante el impulso y la implantación de políticas públicas que posibiliten la competitividad y las inversiones productivas. Pero esa competitividad no se podrá lograr si, como condición indispensable, no se establecen canales institucionales que permitan al sector público integrar esfuerzos y presupuestos en el apoyo de los productores nacionales para establecer cadenas de abasto que tengan la virtud de detonar el desarrollo de las economías regionales, a partir de diversas actividades estratégicas. Por ello, otra de sus responsabilidades es generar un ambiente adecuado para que los empresarios que desarrollan su actividad en los sectores estratégicos de la economía tengan a su disposición un conjunto de servicios que generen productos de alto valor agregado.
Así, mediante los esfuerzos de la Secretaría de Economía, el Poder Legislativo y los actores productivos, empresarios y sindicatos, se tienen que realizar los esfuerzos institucionales para multiplicar el empleo, identificando los eslabones productivos de cada cadena estratégica y realizando las acciones pertinentes que permitan la incorporación de nuevos inversionistas nacionales.
En la actualidad, las cadenas productivas de la industria y los servicios están configuradas con empresas extranjeras que producen bienes y servicios en sus países y, vía exportaciones, abastecen a las empresas que, operando en territorio nacional, los comercializan. Por ello, del ingreso obtenido por la venta de bienes y servicios de México al exterior, una buena proporción sale por concepto de pago a las empresas extranjeras que abastecen a las empresas de los sectores de la economía.
Para generar empleos decentes en México necesitamos aprovechar el inmenso potencial productivo del país, constituido por la situación geográfica, el posicionamiento comercial y la infraestructura existente, además de la experiencia y el conocimiento acumulados por empresarios y trabajadores en largos años de actividad para avanzar en el terreno de la sustitución de importaciones en las cadenas de abasto de los sectores estratégicos de la economía, como pueden ser las industrias automotriz, de la construcción o el sector productor de servicios turísticos, para reconfigurar las cadenas de abasto a la industria, incorporando paulatinamente a los productores nacionales de bienes y servicios.
Adicionalmente, debemos avanzar en la sustitución de exportaciones de los bienes industriales y los servicios, incorporando más valor agregado a cada producto y servicio final, integrando una oferta amplia y diversa de alta calidad a precios competitivos, a partir de impulsar la capacitación de los trabajadores, los empresarios y sus representantes, así como su certificación en competencias y la integración de innovaciones derivadas de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la formación de nuevos productos y servicios de las cadenas productivas estratégicas.
Para que lo anterior sea posible, resulta necesario que reconstruyamos estas cadenas productivas de los sectores estratégicos de la economía, y las transformemos en cadenas de valor, de modo tal que las actividades estratégicas se conviertan en el centro de un conjunto muy amplio de actividades económicas que generen inversiones y empleos formales en todas las ramas de la economía nacional, que de una u otra manera abastecen a las industrias estratégicas nacionales.
Consideramos fundamental que la Secretaría de Economía participe activamente en este objetivo concreto.
Considerando lo anterior, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a organizar a partir del 1 de mayo de 2010 los encuentros necesarios, como foros, encuentros, ferias o conferencias, para enlazar a los proveedores nacionales de los grupos empresariales pertenecientes a las distintas ramas industriales y de servicios con los emprendedores y grupos empresariales de las actividades estratégicas, con el objetivo de reactivar la economía interna del país a partir del desarrollo de cadenas productivas capaces de generar empleos decentes, en cantidad suficiente, impulsando el desarrollo local y el regional de México.
Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2010.
Diputados: Isaías González Cuevas (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Pedro Ávila Nevárez, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Hugo Héctor Martínez González, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, David Hernández Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONVOCAR A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES A FIN DE TRATAR ASUNTOS DE RELEVANCIA PARA EL FUTURO DEL PAÍS, COMO SEGURIDAD NACIONAL, MEJORAS LABORALES Y COMPETENCIA ECONÓMICA, A CARGO DEL DIPUTADO IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Ignacio Téllez González, integrante del Grupo Parlamentario del PAN a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que analice la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para tratar asuntos de relevancia para el futuro del país, tales como la seguridad nacional, mejoras laborales y la competencia económica, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los trabajos de la Cámara de Diputados durante este segundo periodo ordinario de sesiones requieren la continuidad necesaria en asuntos de relevancia para el futuro del país, tales como la seguridad nacional, las reformas a la legislación laboral, así como también para abordar cuestiones relativas a la ley de competencia económica, pues teniendo en cuenta no solamente la complejidad de sus respectivas problemáticas, sino la inminente importancia que cada uno de dichos temas representa para nuestro país y su futuro es imprescindible abordar cada uno de los temas con un grado de compromiso mucho mayor que el que podrá dárseles desde la comisión permanente, además de las consecuencias que supone el esperar hasta el siguiente periodo de sesiones dejando en vilo al país respecto a estos temas de tan significativa trascendencia.
La gravedad de las situaciones está determinada no solamente por su carácter de urgencia sino por lo que representan para el grueso de la población y de las consecuencias que podrían derivarse en caso de no ser atendidas oportunamente. México necesita contar con las reformas en materia de seguridad nacional que permitan una acción más eficaz y coordinada de las autoridades en contra del enemigo del estado que representa el crimen organizado. De la misma forma, es indispensable acercarnos a la construcción de acuerdos para lograr la reforma laboral que tan intensamente necesita nuestro país para promover la creación de empleos, así como también a una que promueva una efectiva competencia económica sin los efectos negativos de los monopolios.
Es de todos bien sabida la relación entre la desarrollo económico y seguridad nacional. Es de todos bien sabido que un país más próspero que ofrezca mayores oportunidades de empleo en un ambiente de sana competencia económica hará más difícil el que un ciudadano o ciudadana mexicanos se vean en la encrucijada de optar por una forma de vida al margen de la ley, pues dentro del marco legal encontrarán las oportunidades para su desarrollo y crecimiento personal y profesional.
Es de todos bien sabido que tenemos esta responsabilidad en nuestras manos, pues esta legislatura ya cuenta con iniciativas de reforma laboral sobre las que podemos trabajar para hacer un México más próspero para los trabajadores y para las empresas que nos permita ganar la competitividad que hemos perdido en gran parte por la ausencia de reformas en la materia.
Esta legislatura ya cuenta con una iniciativa de ley en materia de competencia económica que permitirá acabar de una buena vez con el esquema de privilegios del que gozan, en detrimento de los mexicanos, los grandes monopolios, teniendo en cuenta las graves consecuencias que eso implica para nuestra economía, para la competitividad y para la dignidad de los consumidores mexicanos.
Existen también iniciativas en materia de seguridad nacional que, sabemos, no podemos postergar pues necesitamos fortalecer la eficacia de las acciones en contra de los enemigos del Estado mexicano.
Todo esto, integralmente, nos permitirá contar con un país más próspero y más seguro para los habitantes de México, para la inversión y para una vida con mayores y mejores oportunidades de desarrollo para los mexicanos.
Como legisladores tenemos la responsabilidad fundamental de trabajar en los temas que más preocupan a la Nación. Responsabilidad que tenemos que asumir y actuar en consecuencia para hacer de nuestra labor parlamentaria un instrumento al servicio de todos los mexicanos que han depositado en nosotros sus esperanzas e ilusiones de una vida mejor.
A ello tenemos que responder mediante el trabajo permanente, que no puede solamente quedar circunscrito a los periodos ordinarios de sesiones cuya duración en conjunto es de un poco más de medio año, y el resto, dedicarlo al trabajo en los distritos o en la Comisión Permanente.
El tiempo que dura una legislatura es muy corto, y cada vez nos queda menos para hacer cosas importantes. Hay que dejar de perder el tiempo en lo efímero, para concentrarnos en lo que más vale la pena que es adaptar nuestro marco jurídico a los nuevos tiempos y hacer frente a las problemáticas que están atentando contra la seguridad y el desarrollo de los mexicanos.
Debemos ser conscientes de que postergar la discusión de estas iniciativas dará como resultado no el estancamiento, sino el retroceso del país, porque cada día que pasa sin la aprobación de reformas sustanciales es un día de atraso para México.
Éste es un exhorto a los grupos parlamentarios para que hagamos valer el mandato ciudadano de legislar, de ver por el interés general, con la suficiente voluntad política, con altura de miras que trascienda los intereses electorales y de partido, con un intenso trabajo que derive en nuevos y mejores ordenamientos legales propios del país que queremos para nuestros hijos.
La realidad es que México está ante una situación por demás grave en materia de seguridad nacional, así como en materia de competitividad y creación de empleos. La realidad es que tenemos una deuda histórica con México, pues como legisladores en este momento particular de la historia debemos responder a la problemática que el desarrollo económico y la seguridad nacional plantean.
Para ello es necesario un trabajo más intenso y más profundo que tan sólo será posible en un periodo extraordinario de sesiones.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que analice la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de tratar asuntos de relevancia para el futuro del país, tales como la seguridad nacional, mejoras laborales y la competencia económica.
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de abril de 2010.
Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALDF A ANALIZAR Y, EN SU CASO, DESECHAR O MODIFICAR EL PROYECTO DE INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROPUESTA POR EL JEFE DEL GOBIERNO, A CARGO DEL DIPUTADO EZEQUIEL RÉTIZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Ezequiel Rétiz Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y en especial a los miembros de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a analizar y, en su caso, modificar o desechar la propuesta inconsistente que plantea la expedición de una Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal conforme a las siguientes
Consideraciones
El pasado 9 de diciembre el jefe del Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
El Distrito Federal, la entidad federativa más pequeña a nivel nacional y cuya extensión territorial es de mil 485 kilómetros cuadrados, enfrenta una serie de fenómenos generados no solamente por el crecimiento poblacional sino también por el desarrollo urbano que conlleva y que, de no existir un ordenamiento legal que controle dicho crecimiento, éste se tornaría irregular y desequilibrado.
Ante esta problemática y, sobre todo, los retos que implican ofrecer a los habitantes de la Ciudad de México un ordenamiento urbano que responda a sus necesidades, preocupa que el jefe del Gobierno del Distrito Federal pretenda con esta iniciativa aplicar disposiciones discrecionales que ponen en riesgo el futuro de la ciudad en materia de desarrollo urbano: deja en una sola persona y a su libre albedrío, el destino del uso de suelo de predios y zonas del territorio del Distrito Federal.
Actualmente es de todos conocido que existen una serie de inquietudes y, en algunos casos, irregularidades que se presentan en la revisión y aplicación de los programas delegacionales, las cuales en muchas ocasiones se traducen en la violación del uso de suelo, en distintas delegaciones que se traducen en la operación irregular de establecimientos mercantiles.
En la propuesta enviada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, se atribuye la facultad dictar las determinaciones que se requieran para regular la ordenación urbana e interpretar la ley y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sin pedir autorización o pasando por encima, inclusive, de los programas delegacionales y parciales aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Para muestra, en el artículo 7, fracción X, se señala que son atribuciones del jefe de gobierno "decretar zonas de intervención que dirijan la planeación y el ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la ciudad", en tanto que el artículo 42 de la misma iniciativa faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a elaborar el proyecto de zona de intervención y someterlo a la aprobación del jefe de gobierno, mientras que el reglamento, claro está, aprobado por el propio jefe de gobierno, determinará el procedimiento para formular, modificar y cancelar las zonas de intervención.
Con esta propuesta, en el Distrito Federal se pretende deformar y alterar las colonias con un solo uso de suelo, fomentando con ello el establecimiento de nuevas áreas con usos mixtos. Esta situación es preocupante, toda vez que se corre el riesgo de regularizar todos aquellos asentamientos que, violando la norma vigente, han sido tolerados o permitidos por las autoridades de manera discrecional e irregular como son invasiones, giros comerciales y oficinas en zonas exclusivamente habitacionales.
En la propuesta enviada por el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa, se le otorga a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la facultad para ejecutar lo que el jefe de gobierno determine como la recepción de manifestaciones de impacto urbano, polígonos de actuación, de construcción, el otorgamiento de licencias referidas en general a la ejecución de obras.
Adicionalmente, con la iniciativa del jefe del gobierno se genera incertidumbre dado que éste y la Seduvi, a través de la constitución de áreas de actuación, zonas de intervención, transferencia de potencialidades, normas generales de ordenación, incrementos del potencial constructivo, entre otras facultades, pueden incrementar las alturas y densidades de las construcciones, sin limitante alguna y de servicios en todo el Distrito Federal.
Representa un grave riesgo lo que se establece en el artículo 46 de la mencionada iniciativa, que señala que "las disposiciones administrativas que emita el jefe de gobierno podrán determinar y modificar áreas de actuación o zonas de intervención, así como sus objetivos y políticas específicas para cada una de ellas".
Lo anterior significa una claudicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el artículo 42, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, determina que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quien tiene facultades para legislar en materia de planeación del desarrollo, desarrollo urbano, particularmente en lo relativo al uso del suelo.
De aprobarse esta iniciativa, se atentaría contra el orden constitucional y el Estatuto de Gobierno, dado que es en este último ordenamiento donde se define que es la Asamblea Legislativa la única facultada para legislar y regular todo lo relativo al desarrollo urbano en el Distrito Federal y, de prosperar ésta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estaría dotando al jefe del Gobierno del Distrito Federal de una facultad que no le es conferida en nuestro régimen constitucional y estatutario.
Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que de manera acuciosa y objetiva analicen y, en su caso, desechen o modifiquen las múltiples inconsistencias que presenta el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal que propone el jefe del gobierno.
Segundo. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar de forma objetiva la propuesta de Ley de Desarrollo Urbano, enviada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal ya que, de ser aprobada en sus términos, se invadirían facultades expresamente conferidas a dicho órgano legislativo local.
Tercero. Se exhorta al jefe del gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a reconsiderar y replantear su propuesta de ley en materia de desarrollo urbano, la cual debió ceñirse a los principios fundamentales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, particularmente en lo referente a las facultades de desarrollo urbano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de abril de 2010.
Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE A SOLICITAR A LA ONU QUE ADOPTE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE BIENESTAR ANIMAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NINFA SALINAS SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Ninfa Salinas Sada, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que emita la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
El 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace 40 años, con el objeto de llamar la atención y recapacitar sobre la crisis ambiental y la necesidad de tomar conciencia de nuestra responsabilidad sobre nuestro futuro común. El futuro de nuestra tierra será nuestro destino.
Cada Día de la Tierra la Organización de las Naciones Unidas suena la Campana de la Paz, en su sede central. Es un acto simbólico que traduce el llamado a un nuevo entendimiento sobre la agresión que hemos hecho a nuestro planeta y las otras criaturas que lo habitan. Igualmente, un llamado para remediarlo.
Por siglos hemos habitado esta hermosa tierra sin tener plena conciencia de que los recursos eran limitados, y que nuestro actuar estaba dejando un gran impacto; el agua, los bosques y las selvas y las especies, hoy se encuentran contaminadas, fragmentadas y en riesgo.
En nuestro caminar hemos contaminado ríos, mares, suelos y aire, extinguido especies y llevado otras al filo de la extinción. Nuestra tecnología –indispensable sin duda– ha emitido gases de efecto invernadero y nos encontramos sumidos en el mayor problema ambiental que enfrenta la humanidad en su historia, que es el Cambio Climático.
Nuestra huella ecológica nos está marcando y rebasando.
La carta de la tierra, que apoya este día nos dice claramente que estamos en un momento crítico en el que debemos decidir sobre nuestro futuro.
Establece cuatro principios con los cuales podemos transitar: el respeto y el cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, y la democracia, la no violencia y la paz.
Nos dice que todos los seres son interdependientes, y que toda forma de vida tiene valor para el ser humano, independientemente de su utilidad.
La Carta de la Tierra no hace diferencias entre las formas de vida en nuestro planeta, nos habla de la comunidad de la vida
Compartimos, con otros seres un planeta maravilloso. Hoy día la ciencia nos demuestra que, la división tajante entre Hombre y naturaleza es cada vez más difícil de demostrar, que las dicotomías entre naturaleza y cultura; sociedad y salvajismo son sólo conceptos teóricos que elaboramos para entender el mundo en que vivimos.
Pero que no existe forma de vida, por más bajo que nos vayamos en la escala evolutiva, que no tenga formas de organización complejas
Que no existe sociedad sin naturaleza y que la naturaleza produce sociedad.
Sin embargo, esta parte importante de la tierra, de la naturaleza que son los animales han sido depositarios de nuestra sobre explotación, violencia, y uso irracional.
La vulnerabilidad de los animales, así como de los niños, los ancianos y las mujeres los han hecho blanco de los actos más injustos.
Se ha avanzado mucho en proteger la vulnerabilidad humana, pero falta mucho por hacer por la parte más incapaz de defenderse, como son los animales.
Miles de especies se han extinguido bajo nuestras manos y deseos, y no por causas de supervivencia que estaría legitimados, sino solo por nuestra visión utilitarista y cómoda, pero irracional.
Durante siglos, y en todos los ámbitos del quehacer humano la sociedad llamada del conocimiento ha arrasado con la naturaleza, los hábitats y sus habitantes.
Los filósofos y críticos de la ilustración Adorno y Horkheimer nos dicen claramente:
El Oso Polar es la especie más vulnerable a los efectos y calentamiento del polo norte. El hielo desaparece y con él el hábitat del oso blanco, único lugar en donde habita. Se deberían tomar medidas extras de protección, pero la pasada reunión de CITES en Quatar, Doha, en marzo pasado votó en contra de prohibir el comercio internacional de oso polar - que hubiera ayudado a su conservación –sellando así su próxima extinción, de la cual será testigo esta generación.
El mismo fracaso sucedió con la propuesta para proteger al tiburón martillo, especie muy mermada y que gracias a los votos de los países seguirá siendo sobreexplotada.
Las especies marinas más vulnerables al sobrecalentamiento del mar y otros impactos antropogénicos son las ballenas. Se encuentran protegidas por distintos ordenamientos internacionales y por las leyes mexicanas, lo cual representa un orgullo.
Sin embargo, y en contra de toda lógica, la apertura de la cacería comercial de ballenas es más que inminente. En la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional (en Marruecos), en junio próximo se votará, dentro de un llamado "paquete de paquetes" y con el fin de salvar las reuniones de la Comisión Ballenera, la apertura de la cacería comercial de ballenas, por un periodo inicial de diez años.
No es sólo un retroceso histórico, sino un acto irresponsable, por decir lo menos
México, que se ha distinguido por su política de conservación a nivel internacional no debería votar y mucho menos avalar este tipo de negociaciones. Hacemos un llamado para que México lleve una postura firme en contra de la apertura de cacería comercial de ballenas, congruente con nuestra política y legislación.
Es en este contexto que el Día Mundial de la Tierra nos llama a este tipo de reflexiones que hoy comparto con mis compañeros legisladores.
Existe un movimiento internacional de Gobiernos, ciudadanos, y organizaciones por llevar una petición al seno de la Organización de las Naciones Unidas, para que se emita la Declaración Universal sobre Bienestar Animal.
Es una declaración fundada en el reconocimiento de que hoy se sabe que los animales, al menos los que poseen un sistema nervioso igual al nuestro, tienen capacidad de sentir y por tanto de sufrir. El sufrimiento se manifiesta en sentir hambre, sed, dolor y sufrimiento mental. Un nivel de percepción consciente.
Este reconocimiento nos lleva a unirnos a quienes a nivel internacional intentan que se eviten estos sufrimientos y carencias, cuando está en nuestra mano.
Existen países que ya apoyan este intento; entre ellos Reino Unido, Kenia, Australia, Nueva Zelanda, India, Nicaragua, Chile, Bolivia, Colombia, y Costa Rica. En Marzo pasado los 27 países de la Unión Europea adoptaron por unanimidad el apoyo a la declaración.
La Declaración Universal por el Bienestar Animal no es un instrumento vinculatorio, sino una manifestación de principios adoptada, en su caso por los países miembro de la ONU
No representará una obligación legislar en la materia, sino sólo poder establecer principios básicos para las acciones que ejercemos sobre los animales y crear una mayor conciencia a nivel individual.
Cuando reconocemos la capacidad de sentir y de sufrir de los animales enseñaremos a nuestros hijos a no ejercer violencia sobre ellos. Y esa es una semilla para que crezcan seres humanos con una visión de no violencia, en un país en donde tanto se necesita.
El verdadero impulso para denominar el Día de la Tierra estuvo a cargo de un legislador estadounidense, el senador Gayton Anton Nelson. Su ahínco personal culminó en el reconocimiento por parte de Naciones Unidas y el establecimiento de este día.
Como este Legislador, nosotros podemos impulsar para que nuestra Cancillería, a nombre de México apoye la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, y sea adoptada por la ONU en un futuro próximo.1
En términos del Premio Nobel de la Paz (1952) el doctor Albert Schweitzer:
La verdadera humanidad no nos permite imponer tal sufrimiento en ellos. Es nuestro deber hacer que el mundo entero lo reconozca. Hasta que extendamos nuestro círculo de compasión a todos los seres vivos, la humanidad hallará la paz."
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que, a través de su representación ante la Organización de las Naciones Unidas manifieste su apoyo con el objeto de que, en un futuro próximo Naciones Unidas adopte la Declaración Universal sobre Bienestar Animal.
Nota
1. Ver el texto del anexo
Diputada Ninfa Clara Salinas Sada (rúbrica)
Anexo
Texto de la Declaración Universal sobre Bienestar Animal
Recognizing that humans [inhabit] this planet with other species and other forms of life and that all forms of life co-exist within an interdependent ecosystem; [RECOGNIZING the importance of the ongoing work of the OIE (World Organization for Animal Health) in setting global standards for animal welfare]; This text is the basis for work on the drafting of a Universal Declaration on Animal Welfare AGREEING that the term [state] includes people and civil society;
Acknowledging that many [states] already have a system of legal protection for animals, both domestic and wild;
Seeking to ensure the continued effectiveness of these systems and the development of better and more comprehensive animal welfare provisions;
Acknowledging that the humane use of animals can have major benefits for humans;
Aware that the "five freedoms (freedom from hunger, thirst and malnutrition; freedom from fear and distress; freedom from physical and thermal discomfort; freedom from pain, injury and disease; and freedom to express normal patterns of behaviour)" and the "three Rs (reduction in numbers of animals, refinement of experimental methods and replacement of animals with non-animal techniques)" provide valuable guidance for the use of animals;
Recognizing that the provisions contained in this declaration do not affect the rights of any [state];
Principles of the declaration
1. The welfare of animals shall be a common objective for all [states];
2. The standards of animal welfare attained by each [state] shall be promoted, recognized and observed by improved measures, nationally and internationally. [Whilst there are significant social, economic and cultural differences between societies, each should care for and treat animals in a humane and sustainable manner][in accordance with the principles of the Declaration];
3. All appropriate steps shall be taken by [states] to prevent cruelty to animals and to reduce their suffering;
4. Appropriate standards on the welfare of animals be further developed and elaborated such as, but not limited to, those governing the use and management of farm animals, companion animals, animals in scientific research, draught animals, wildlife animals and animals in recreation.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONGELAR EN EL PRESENTE AÑO FISCAL EL PRECIO DE GASOLINAS, DIESEL, GAS NATURAL Y ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO NOÉ FERNANDO GARZA FLORES Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hugo Héctor Martínez González y el de la voz, diputado Noé Fernando Garza Flores, integrantes de la Coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 7 de enero de 2009, el titular del Ejecutivo federal, anunció el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. En el discurso de presentación de dicho acuerdo, hizo referencia a la profunda crisis económica mundial, por lo que ese año, nuestro país enfrentaría retos y desafíos para todos los mexicanos.
Asimismo, señaló que dada esa situación el gobierno federal tomaría las medidas necesarias en nuestro país para reducir los efectos de esa crisis y procurar que les afectara lo menos posible a las familias mexicanas.
Destacó, que proteger la economía es una tarea que compete al gobierno federal, pero también a otros órdenes de gobierno y a los sectores productivos, sociales y económicos.
En este sentido, señaló que había convocado a legisladores, gobernadores, alcaldes, sindicatos, empresarios, a todos los representantes de la sociedad, para unir nuestros esfuerzos, a fin de superar los efectos en México de la crisis económica mundial, a través del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo en el que la actuación del gobierno se daría en torno a cinco pilares en los que se incluían 25 acciones.
Así, en el pilar relativo al Apoyo a las Familias Mexicanas, el Poder Ejecutivo federal con la finalidad de reducir el gasto de las familias en energéticos y ampliar así su ingreso disponible, se congeló los precios de las gasolinas en todo el país y se redujo el precio del gas LP en 10 por ciento manteniéndose en ese nivel por el resto del año.
En el pilar relativo al Apoyo a la Industria y a las Pequeñas y Medianas Empresas, con la finalidad fomentar una mayor competitividad de la planta productiva nacional, planteó la reducción de las tarifas eléctricas industriales en todas sus modalidades.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal olvidando sus compromisos ha aumentado de manera gradual el precio de los combustibles. Así, por cuarta vez en este año, el pasado 3 de abril, la gasolina Magna aumentó su precio a 8.12 pesos por litro, mientras que la Premium se vende en 9.78 pesos y el diesel a 8.48 pesos.
Cabe destacar que, como ha sucedido en otras ocasiones, aún antes de que concluyera el 2009, el 19 de diciembre, el Ejecutivo ya había incumplido con el acuerdo antes mencionado al aumentar el precio de la gasolina, para quedar en 7.77 pesos el litro de Magna.
La previsión para este año, conforme a la Secretaría de Hacienda y Pemex, es que de continuar esta tendencia, el costo de la gasolina para finales de año registrará un aumento de hasta 12 por ciento lo que generará, como hemos visto en otras ocasiones, una escalada de los precios de la mayoría de los productos de la canasta básica, ya que es de sobra conocido que el aumento en los precios de los combustibles, es un detonador inmediato al alza de dichos productos.
Sólo en los primeros cuatro meses en que se han registrado los aumentos en el precio de la gasolina Magna, este aumento fue de 4.1 por ciento, a razón de ocho centavos por mes, cuando el pronóstico de inflación del Banco de México (Banxico) para todo el año es de hasta 5.25 por ciento.
La inflación anual que México registró en febrero pasado (4.8 por ciento) se situó como la cuarta más alta entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y cómo no, si los aumentos al precio de los combustibles tienen efectos sobre el comportamiento de la inflación, pues aumentan los precios de los artículos y el costo del transporte público e incide además en la presión de aumentos de salario.
Cabe aclarar también que el incremento en los combustibles ha elevado el costo en la generación de electricidad, que unido al aumento en la tasa de los altos impuestos, impide el desarrollo de las empresas en México y con ello la generación de empleos que requiere el país.
Cabe preguntarnos, como representantes sociales que somos, estos aumentos ¿a quién benefician? si no llegan los recursos a los estados y contrario a este aumento que perjudica el bolsillo de los consumidores, el gobierno federal no realiza ningún sacrificio, sólo en este año, se nos informa que el gobierno federal ha creado 69 nuevos puestos de subsecretarios y 335 plazas homólogas. De estos lugares de privilegiados, 50 corresponden a Gobernación, 26 a Hacienda, 20 a Economía y hasta 24 a la Función Pública que era una Secretaría que se pretendía desaparecer. ¿Será entonces que esos recursos limitados van a parar a los bolsillos de los amigos e incondicionales del presidente Calderón, para los que como ya vimos se han creado nuevas plazas en la alta burocracia?
La información anterior pone en evidencia, una vez más, el incumplimiento de los acuerdos y planes tan pregonados por el presidente Calderón, como es el actual Plan de Austeridad, en el que aún no vemos los resultados anunciados, y ante esta situación, es urgente llamar la atención del Ejecutivo federal y exigirle que asuma un mayor compromiso con la sociedad y retome las medidas del año pasado y congele los precios de los combustibles, además de reducir los gastos administrativos en el gobierno federal.
Finalmente, los diputados federales del Estado de Coahuila, congruentes con nuestra posición en la aprobación del paquete económico para el presente año, en la que nos opusimos a los aumentos de impuestos y a los precios de los combustibles, y comprometidos no sólo con la población de nuestro estado, sino con todos los habitantes de nuestro país, hoy reiteramos nuestra oposición a dichos aumentos que impactan de manera negativa la economía familiar de millones de mexicanos.
Por todo lo anteriormente expuesto y en reconocimiento al esfuerzo que cada mexicano hace día con día para salir de esta crisis en la que aún nos vemos inmersos, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que congele el precio de las gasolinas, el diesel, el gas natural y el servicio de energía eléctrica durante el presente año fiscal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputados: Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Rubén I. Moreira Valdez, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel A. Riquelme Solís (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA REPRUEBA LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN REALIZADOS EL PASADO 3 DE ABRIL EN AGRAVIO DE LOS CIUDADANOS QUE APOYAN EL MOVIMIENTO CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL ZAPOTILLO, EN JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual la honorable Cámara de Diputados reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos que apoyan al movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, y asimismo solicita al titular del gobierno del estado de Jalisco que realice las acciones pertinentes para investigar y castigar a los culpables de estos hechos, y para que se cumplan a cabalidad los términos de la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Exposición de Motivos
1. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco ha impulsado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la construcción de una presa llamada El Zapotillo en terrenos que pertenecen a las comunidades de Acasico, en el municipio de Mexticacán, y de Temacapulín y Palmarejo, en el de Cañadas de Obregón. El proyecto, tal como ha sido planificado por los gobiernos local y federal, implicaría la inundación de los poblados antes citados, en el que quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus pobladores, con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y con vida desde hace varios siglos.
2. En el proceso de planeación de la presa en comento se ha ignorado de manera burda la opinión de los habitantes de dichas poblaciones, que de manera mayoritaria han expresado su oposición a que sus pueblos queden anegados bajo el agua; esto ha propiciado su defensa organizada mediante la creación de un comité de lucha denominado Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo; por otra parte, diversas organizaciones civiles, profesionistas y estudiosos en el tema, han manifestado opiniones fundamentadas en contra de la construcción de la presa en el lugar en comento.
3. En este orden de ideas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en relación con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, emitió la recomendación 35/2009, la cual considera que el gobierno del estado de Jalisco, a través de sus órganos y agentes, violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, por lo que se recomienda al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, que se suspenda cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en el sitio en el cual se pretende construir la presa El Zapotillo y, en caso que se requiera la intervención de autoridades federales, se realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la suspensión.
4. Por otra parte la recomendación del Ombudsman jalisciense, menciona que se deben considerar proyectos alternativos al sistema El Zapotillo; asimismo, que se inicie un proceso de consulta con los pueblos afectados por dicha presa, debiéndose asumir que la desaparición de un poblado es un problema que afecta a todas y todos y trasciende a las generaciones presentes y futuras. Por otra parte, como una medida de reparación del daño recomienda que impulsen el desarrollo de la región de manera equilibrada con el medio ambiente y con pleno respeto a la vida de las comunidades, para que el aprovechamiento equitativo y racional de los recursos naturales mejore las condiciones y el bienestar humano y no opere en su perjuicio. La recomendación de la CEDHJ además, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, con la mayor brevedad, practique estudios que permitan emitir dictámenes que protejan las edificaciones que sean de interés histórico o antropológico en la población de Temacapulín; en lo que respecta a los municipios de Mexticacán y Cañadas de Obregón, recomienda que no deberán de otorgarse autorización, licencia o permiso para efectuar edificaciones que impliquen la afectación de los poblados de Acasico, Temacapulín y Palmarejo.
5. No obstante el énfasis y la claridad de la referida recomendación, el gobierno estatal ha hecho hasta ahora caso omiso de ella; por otra parte, se han realizado cobardes actos intimidatorios contra ciudadanos y defensores del movimiento en contra de la presa El Zapotillo.
6. En este sentido, el sábado 3 de abril de 2010, estando en el negocio del señor Manuel de Jesús Carvajal Jiménez en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo, Marco Joachim von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Jade Ramírez Cuevas Villanueva, periodista de Medios UDG Noticias, Red Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de semana santa, programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo.
7. Aproximadamente a las 10:15 de la noche del día 3 de abril, tres individuos no conocidos en la comunidad de Temacapulín entraron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez y amenazaron a Marco von Borstel y a Jade Ramírez Cuevas Villanueva, lanzando una serie de improperios e insultos, diciendo de manera textual. "La presa se va hacer, no entiendo por qué siguen ahí y no respetan al gobierno", además, dijeron que eran empleados federales. Pero antes de estos acontecimientos, los individuos ya se habían acercado a Juan Agustín Carvajal Jiménez para decirle: "tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco von Borstel), los cuatro, ya valieron para pura chingada (sic), se van a morir pronto porque están alborotando la gallera".
8. Estos graves hechos se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los Comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de La presa El Zapotillo.
9. El Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo ha denunciado públicamente tales hechos, haciendo responsables al gobierno federal, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y al gobierno del estado de Jalisco y Guanajuato de cualquier daño, amenaza o suceso que ponga en riesgo la integridad de estos compañeros y demás miembros de las comunidades afectadas y de todos aquellos que apoyan la lucha.
10. Es de señalar que la recomendación 35/2009, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), exige al gobernador de esa entidad que gire instrucciones por escrito a todos los funcionarios públicos para que se respeten y se salvaguarden la integridad y seguridad de las personas que defienden derechos humanos y que, conforme lo dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, proporcionen los apoyos suficientes para que ejerzan su labor en condiciones pacíficas, de libertad, transparencia y acceso a la información, respeto y libres de violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o cualquier acción arbitraria por parte de los servidores públicos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, y solicita al titular del gobierno del estado de Jalisco que realice las siguientes acciones:
2. Se cumplan las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano sobre el tema de los defensores de derechos humanos y se acaten las obligaciones contraídas en la Declaración Universal sobre los derechos de los defensores.
3. Se acepten y se cumplan a cabalidad los términos de la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y se cancele de inmediato el proyecto de la presa El Zapotillo.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
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