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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, relativo al libramiento poniente de Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Diego Guerrero Rubio, Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Guerrero a investigar las amenazas de que han sido objeto las ciudadanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y a garantizar la integridad física de ambas y la de sus familias, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fomentar la creación de complejos de alta tecnología, como el Tecnópolis, para que éstos a su vez colaboren en el crecimiento económico del país ante la actual situación de crisis, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a analizar la propuesta para designar en su totalidad los recursos recaudados por el derecho de no inmigrante, establecidos en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a cumplir cabalmente el Estatuto de Gobierno y toda la legislación vigente en materia de administración pública, desarrollo sustentable y recursos públicos para la capital, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar con el gobierno de Quintana Roo un programa de acción para la conservación y el manejo de la especie Carcharhinus leucas, o tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas de dicho estado, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la ASF a informar de las observaciones o irregularidades detectadas en el gobierno de Jalisco sobre recursos federales destinados a fines distintos de los autorizados en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2007 y de 2008, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir mediante la SHCP en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos necesarios para que la Segob pueda instalar por la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres equipos de alerta sísmica en los litorales del país, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a modificar el programa y calendario legislativos de la Cámara de Diputados, de modo que se reserven los lunes y los miércoles a las sesiones ordinarias en el pleno y los martes a las de comisiones, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados expresa su solidaridad y condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y exhorta al Ejecutivo federal a solicitar mediante la SRE al gobierno de Cuba, el cumplimiento de los acuerdos pactados y ratificados por él en materia de derechos humanos, suscrita por los diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para que se celebre una sesión solemne de Congreso General en conmemoración de la huelga de cananea del 1 de junio de 1906, en el contexto del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia de México, el 1 de junio de 2010, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al ISSSTE a proporcionar atención preventiva y curativa a la población no asegurada de diversos municipios de Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a presentar a esta soberanía los criterios y las valoraciones en que se basó el otorgamiento de los permisos para utilizar maíz genéticamente modificado en el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que por la Sagarpa informe a esta soberanía sobre las medidas que tomará respecto al embargo del camarón silvestre anunciado por Estados Unidos, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP un informe amplio respecto a la distribución de un libro de texto no autorizado en Guanajuato, y a las medidas de vigilancia y sanción con que evitará una nueva violación del espíritu del artículo 3o. constitucional; y se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía a investigar sobre los recursos usados para imprimir dicha obra, a cargo de la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a tomar a través de la SCT las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, respecto al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, y Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de oficialía mayor, en el marco del Programa Nacional de Gasto Público, las áreas de tecnologías de la información conforme a los objetivos de la agenda digital, a cargo del diputado Rodrigo Pérezalonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas y, con base en el artículo 27 constitucional, considerar el agua tema de seguridad nacional y de desarrollo humano; y a la Conagua, a incluir en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, como proyecto emblemático, el programa de saneamiento integral de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar en medios de comunicación una campaña para informar a los usuarios de telefonía celular respecto a las condiciones y los trámites por realizar como parte del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en que se incluya la fecha perentoria para hacerlo y las consecuencias de la omisión, suscrita por los diputados Gustavo González Hernández y Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
- A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Sergio Lobato García, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT
- A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- A la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO, TAMAULIPAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema lagunario del Río Tamesí está conformado por las lagunas Champayán, La Tortuga, Chairel y Pueblo Viejo, entre otras. Este sistema alimenta las reservas de agua dulce del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, por lo cual tiene un alto valor ecológico y económico.
Entre los problemas ambientales de la región sobresalen la desecación de algunas lagunas, la amenaza de inundaciones en la mancha urbana, la extinción de aves y la contaminación con hidrocarburos. Tal vez el problema ambiental más grave del sistema lagunario es el relativo al libramiento poniente, el cual está localizado en la zona noroeste del municipio de Tampico y tiene una extensión de 14 kilómetros. El libramiento está conformado por dos curvas pronunciadas y se conecta con 10 puentes que pasan por encima del sistema lagunario del Río Tamesí.
Esta vía presenta gran afluencia diaria de transporte público, privado y transporte de carga de materiales y residuos peligrosos de la industria petroquímica, con el riesgo constante de accidentes de tránsito que podrían contaminar el sistema lagunario con sustancias tóxicas.
Desde el año 2006 la representación del Partido Verde en Tamaulipas señaló la urgencia de tomar una real conciencia del problema que significa el paso de 167 de unidades pesadas diarias que transportan materiales tóxicos con las señalizaciones reglamentarias, pero lo más grave es el paso de un promedio entre 8 y 10 unidades diarias de auto tanques sin el señalamiento reglamentario del producto transportado, que transitan por el Libramiento Poniente, cruzando el sistema lagunario.
Esta omisión ocurre desde hace más de 14 años, y el Partido Verde ha estado pugnando desde hace 4 años para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no siga quebrantado el Resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307, que en su inciso 3.10 señala:
Durante la etapa de operación se deberá contar con el equipo necesario para atender accidentes en la carretera que involucren derrames de combustible, agroquímicos o cualquier sustancia que ponga en riesgo la salud de los usuarios o de la población en general.
Para efecto de lo anterior y considerando que el proyecto cruza la principal fuente de abastecimiento de agua de Tampico y Ciudad Madero se deberá elaborar un "Programa Detallado de Atención a Contingencias Ambientales".
Este programa deberá indicar claramente las acciones que se ejecutarán y las técnicas, equipo, personal, etc. que se emplearán con el fin de garantizar la conservación de la calidad del agua, en el caso de presentarse un accidente que involucre el derrame de sustancias contaminantes.
En enero de 2008 el Grupo Parlamentario del Partido Verde en la LX Legislatura emitió un
Punto de Acuerdo
Con los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía, el seguimiento realizado al procedimiento administrativo número PFPA/TAMPS/54/0032-06, radicado en los expedientes que obran en la delegación de Tamaulipas, relativo a la verificación del cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas, establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307 emitido por el Instituto Nacional de Ecología en 1994.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que a través del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Medio Ambiente se realice una auditoría en la delegación de la Profepa en Tamaulipas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información.
El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública; y hasta la fecha no ha sido dictaminado. Sin embargo el problema ambiental persiste.
El Partido Verde ha continuado el seguimiento a este preocupante asunto. De esta manera, en julio de 2008 recibimos el oficio número PFPA/TAMPS/SJ/196.1/08/1125 de la Profepa-delegación Tamaulipas, en el cual se informa textualmente, lo siguiente:
Existe un procedimiento administrativo instaurado, derivado de inspección practicada al cumplimiento de los términos y condicionantes contenidos en resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307, visita de la cual resultaron hechos y omisiones una vez que se desahoguen los medios de pruebas se procederá a emitir la resolución que en derecho corresponda.
La información proporcionada es en colaboración interinstitucional, por lo cual se hace saber que el expediente número PFPA/TAMPS/54/032-06, abierto a nombre de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, se encuentra reservado y vinculado a un procedimiento administrativo, que actualmente se ventila en esta delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Tamaulipas.
Como se puede observar, la esencia del problema radica en la negligencia por parte de la delegación de la Profepa en Tamaulipas, que lleva 4 años dando seguimiento al procedimiento administrativo antes mencionado.
Para el Partido Verde, el riesgo de un derrame de residuos en el sistema lagunario, es un problema insostenible para las ciudades de Tampico y Cd. Madero1. Por ello, consideramos de suma urgencia que la Profepa dé a conocer el expediente completo del procedimiento administrativo, que ha demorado inexplicablemente cuatro años.
De lo contrario, tendríamos la prueba irrefutable de una actitud indolente y de total irresponsabilidad por parte de esta Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, institución precisamente creada para hacer respetar nuestras leyes ambientales y por ende la protección de nuestro medio ambiente. La falta de atención a este problema ambiental de gran magnitud puede desencadenar en un ecocidio.
Asimismo, proponemos exhortar a Semarnat, SCT y Profepa a coadyuvar con las autoridades estatales y municipales, encabezando las acciones de prevención y control de daños ambientales en el sistema lagunario del Río Tamesí, como lo establecen las diversas leyes y reglamentos federales para la prevención y control de la contaminación de este importante vaso de captación y abastecimiento para las ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas.
En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente-Delegación Tamaulipas, a presentar a esta soberanía el expediente completo del procedimiento administrativo número PFPA/TAMPS/54/0032-06.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus respectivas competencias, a presentar a esta soberanía el Programa de Prevención de Accidentes en el Libramiento Poniente de Tampico y el Programa de Vigilancia Ambiental en la operación del Libramiento Poniente de Tampico.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, a coadyuvar con las autoridades estatales y municipales, encabezando las acciones de prevención y control de daños ambientales en el sistema lagunario del Río Tamesí.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de abril del año 2010.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DE GUERRERO A INVESTIGAR LAS AMENAZAS DE QUE HAN SIDO OBJETO LAS CIUDADANAS INÉS FERNÁNDEZ Y VALENTINA ROSENDO, Y A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE AMBAS Y LA DE SUS FAMILIAS, A CARGO DEL DIPUTADO FILEMÓN NAVARRO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Filemón Navarro Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Durante muchos años cualquier manifestación crítica de la sociedad guerrerense fue objeto de represión por parte del Estado autoritario que imperó en la entidad durante ochenta años, de tal manera que la década de los setentas fue conocida como Guerra Sucia; durante ella se persiguió, encarceló, desapareció y asesinó a dirigentes sociales; se evacuó a pueblos completos y se desintegraron familias. Guerrero es uno de los estados que más muertos y desaparecidos aportó a las listas del terror que ilustran la trayectoria del régimen autoritario.
Cuando en el año 2005 los guerrerenses logramos la primera alternancia a nivel estatal, pensamos que este infierno pasaría a ser cosa del pasado, pues la principal característica de un estado democrático es respetar y proteger a aquellos que ejercen la crítica al poder público. Desgraciadamente poco tuvimos que esperar para darnos cuenta de que no sería así.
A cinco años de lograda la alternancia, la costumbre de perseguir a la disidencia, a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos sigue siendo la característica en mi estado. Criminalización del movimiento social, represión de maestros y estudiantes, encarcelamiento de ecologistas y líderes indígenas, violación de luchadoras sociales indígenas. Sólo en los últimos dos años han sido asesinados veinticinco dirigentes sociales.
En esta atmósfera persecutoria destacan los asesinatos de Álvaro Rosas, Raúl Lucas, Manuel Ponce y, por supuesto, del líder del Congreso local, diputado Armando Chavarría Barrera, crimen que después de siete meses permanece en la impunidad, el cual ha credo una verdadera crisis política en el estado, de la que aún no se puede recuperar la sociedad suriana. Como ven, señores diputados, estos no son asesinatos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para amedrentar al movimiento social.
A lo anterior deben sumarse las recientes amenazas de muerte recibidas por Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea; la primera, presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa, de la que eran también dirigentes los líderes asesinados en febrero del 2008.
Este acoso al movimiento indígena no sólo ocurre en Guerrero, sino que es una constante en todo el país, como lo prueba el caso de las indígenas de Querétaro, Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestro de agentes federales, por el que están en la cárcel.
Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dio entrada al caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas Me´phaa que hace un tiempo fueron violadas por miembros del ejército, y cuyo caso será ventilado próximamente en ese organismo internacional.
Sin embargo, alertadas por esta medida, las mismas violentas fuerzas que las agredieron, quieren evitar que aquellas se presenten a exponer su caso, pues saben que serían expuestos a nivel internacional y en los últimos días han iniciado un sistemático acoso contra las dirigentes, sus abogados y sus familias. En el caso de Valentina su hija ha sufrido un intento de secuestro, y en cuanto a Inés, sus hijas fueron amenazadas y su hermano sufrió desaparición forzada y tortura.
La situación es tan peligrosa para los defensores de derechos humanos en Guerrero que, el día de ayer los medios de comunicación dieron a conocer que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas condenó el acoso a que han sido sometidos el Centro de Derechos Humanos Tlalchinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa.
Continuar narrando las agresiones de que han sido objeto en mi estado los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, rebasaría el tiempo que aquí se me concede, señores diputados y diputadas, pues el acoso y la persecución son sistemáticos y suman docenas de casos.
Hoy vengo aquí a presentar el caso de las indígenas Me´phaa, Inés Fernández y Valentina Rosendo, pues su comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede sentar un precedente importante, que sirva, por una parte, para denunciar esta atmósfera de violencia en Guerrero y de blindaje a los luchadores sociales.
En otras ocasiones, la indolencia al minimizar las amenazas contra los luchadores sociales ha sido pagada con su muerte. Hoy los sectores democráticos nacionales, representados en esta Cámara, no podemos permitir que las fuerzas violentas que amenazan la vida de estas luchadoras, cumplan con su cometido.
Para los luchadores de derechos humanos, es de suma importancia la comparecencia en este organismo internacional de Fernández y Rosendo, pues ello permitirá ventilar en el ámbito internacional el deterioro de los derechos humanos que existe en Guerrero, que está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a los gobiernos federal y al del estado de Guerrero a investigar las amenazas de que han sido objeto las ciudadanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y a proporcionarles la protección que les garantice su integridad física a ellas y a sus familias.
Diputado Filemón Navarro Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FOMENTAR LA CREACIÓN DE COMPLEJOS DE ALTA TECNOLOGÍA, COMO EL TECNÓPOLIS, PARA QUE ÉSTOS A SU VEZ COLABOREN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS, A CARGO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como diputado federal e integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal para que incentive la creación de complejos de alta tecnología como el denominado Tecnópolis, para que estos a su vez colaboren al crecimiento económico del país ante la terrible situación de la crisis actual.
Antecedentes
1. Que la economía a nivel mundial ha sufrido grandes rezagos en los dos últimos años, principalmente por los problemas económicos de nuestro vecino del Norte, pero también lo es por la falta de generación de empleos y por el rezago tecnológico que tiene nuestro país.
2. Que el modelo de industrialización, que inicio a partir del siglo XIX, estableció el esquema de una fabrica como un complejo que consume recursos naturales y que contamina el suelo y la atmósfera, por lo que se requiere que este modelo se transforme y se conciba una nueva forma de producción, este modelo de actividad postindustrial esta siendo usado por las grandes ciudades utilizando un recurso que no se acabara por lo menos en las próximas décadas o incluso puede ser considerado como inagotable y ese es el recurso humano.
3. Que el llamado "capitalismo verde" establece que solo aprovechando el recurso humano a su máxima capacidad podremos obtener un beneficio para la humanidad entera; que se vería reflejado en los adelantos tecnológicos a nuestro servicio; se pretende fundamentalmente que utilizando el avance tecnológico la sociedad avance hacia el camino del progreso; ya que solo así se puede asegurar la supervivencia del futuro hombre.
4. Que una Tecnópolis a grandes rasgos pretende ser el nuevo modelo de desarrollo industrial dentro de las ciudades globales, las cuales cuentan con recursos humanos y materiales. Este nuevo desarrollo industrial pretende fomentar los avances tecnológicos lo que debe modificar la relación del hombre con la naturaleza.
5. Que el objeto de la instalación de las Tecnópolis en diversas ciudades del mundo; así como la forma en que ha influido en la transformación de los complejos urbanos es dotarlos de espacios que sean una alternativa para la sociedad para un mejor desarrollo de su entorno.
6. Que a finales del año pasado se logró la instalación del desarrollo tecnológico, de nombre Tecnópolis en la Ciudad de México, proyecto impulsado por el Instituto Politécnico Nacional, siendo esto un gran logro para el avance tecnológico de nuestro país.
7. Que el logro antes mencionado no tendrá ningún eco, o repercusión, y perderá su finalidad principal, si no es aprovechado de forma adecuada por los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, e incluso por el gobierno federal, cuando se desarrollen proyectos que requieran de un análisis y opinión en el ámbito tecnológico.
Exposición de Motivos
1. En la actualidad nuestro país atraviesa por una de las más grandes crisis económicas y laborales de toda su historia, ya sea por agentes externos o internos de la nación, pero los números en materia de desarrollo económico son rojos, y lo mas delicado es que cada día empeoran mas, debido a la falta de políticas sociales de parte del gobierno federal y la falta de apoyo a instituciones educativas como la máxima casa de estudios la cual cuenta con prestigio mundial y ocupa uno de los primeros lugares de Latinoamérica; asimismo, contamos con un Instituto Politécnico Nacional donde su estudiantes y egresados día con día generan avances tecnológicos con alcances a nivel mundial.
2. Especialistas de estas grandes instituciones como la UNAM y del Politécnico, han desarrollado magnificas propuestas para la conformación de ciudades tecnológicas que permitan que el país generar productos tecnológicos que puedan competir a nivel mundial.
3. Para la Ciudad de México se han realizado grandes proyectos como el mas reciente desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) quien inauguró en los primeros días de diciembre el complejo de alta tecnología Tecnópolis, para impulsar proyectos de empresas posicionadas en el mercado y en el corto plazo generar nuevos productos para el mercado global, a iniciativa propia de la institución y encabezando el proyecto por el director del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica de la institución.
4. Si bien es cierto que el mencionado complejo tuvo apoyo o colaboración de la Secretaria de Economía a nivel Federal, también lo es que resulta insuficiente; ya que se requiere de una campaña de difusión, otorgar mayores recursos tanto económicos como humanos, para que el complejo llegue a ser de prestigio a nivel mundial y nuestro país y sus investigadores especialistas en tecnología compitan con las grandes empresas mundiales del ramo, con la finalidad además de que nuestro país tenga la posibilidad de tener un verdadero desarrollo tecnológico en manos de estas instituciones educativas reconocida a nivel mundial, ya que de lo contrario no podemos acceder a esa tecnología o quien accede es porque tiene la posibilidad económica de pagar grandes costos por la exportación de tecnología que bien se podría desarrollar en nuestro país.
5. Que en la zona metropolitana de la Ciudad de México se ha planteado la creación o instalación de Tecnopolis en puntos estratégicos; como una forma de incentivar la vida económica de la ciudad, buscando que la gente tenga la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades; formándose alrededor un núcleo poblacional que crezca ordenadamente.
6. Lo que se pretende destacar de manera clara es que si ya se realizó una gran inversión pública en el comentado proyecto tecnológico que el día de hoy es una realidad; ahora le corresponde a las autoridades gubernamentales echar mano de este desarrollo tecnológico, ya que de lo contrario se perderá la inversión realizada; y el desarrollo de nuevas tecnologías por científicos y técnicos mexicanos se verá truncada.
7. Resulta inaceptable desde el punto de vista educativo, social y económico, contar con un complejo tecnológico de tales características y magnitud, sin provecho ninguno; porque representa un espacio para los expertos mexicanos, trabajadores mexicanos y tecnología desarrollada por mexicanos, que poseen los conocimientos y la experiencia para proyecto a nivel de cualquier persona o institución de cualquier parte del mundo, que además significó una importante inversión económica, que debe ser aprovechada al máximo, de manera que permita también incentivar la generación de empleo en nuestro país, y detener totalmente el fenómeno que coloquialmente se conoce como "fuga de cerebros", que significa que académicos, científicos y técnicos de primer nivel, egresados de universidades mexicanas, tienen que emigrar al extranjero en busca de oportunidades, logrando desarrollar tecnología para los grandes emporios y empresas líderes en productos tecnológicos; los cuales posteriormente son adquiridos por los gobiernos y empresas nacionales, a muy alto costo, no obstante que los desarrolladores fueron capacitados en México. Y ésta situación puede corregirse, utilizando la fuerza creativa y experiencia que ahora aglutina el Instituto Politécnico Nacional.
Se observa igualmente, que en el proyecto de construcción de las obras públicas, que resultan indispensables a la ciudadanía, las legislaciones federal y local, así como los respectivos reglamentos, exigen que se hagan auditorías que van desde la viabilidad del proyecto, hasta la verificación de las calidades de las materias primas, materiales y elementos constructivos, para confirmar la aplicación correcta de los recursos públicos.
Como se ha dicho, para tales propósitos se han contratado los servicios de empresas extranjeras; y ahora surge la posibilidad real de que estos estudios, proyectos, auditorías, etcétera, sean implantados por empresas y expertos mexicanos, a través de una institución del sistema educativo nacional, como lo es el Instituto Politécnico Nacional, permitiéndose la oportunidad de crear fuentes de empleo de alta especialidad para los científicos y técnicos mexicanos, y además reactivar un sector importante de la economía que permita continuar con la investigación y la creación de tecnología.
Por lo anteriormente expuesto:
Se propone punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas y Distrito Federal para que apoyen la implantación de proyectos y desarrollo de obras públicas y auditoría de ambos, en el complejo de alta tecnología denominado Tecnópolis, creado por el Instituto Politécnico Nacional.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan exhortar al Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas y distrito federal para que se apoyen en la implantación de proyectos y desarrollo de obras públicas y auditoría de ambos, en el complejo de alta tecnología denominado Tecnópolis, creado por el Instituto Politécnico Nacional.
Palacio de San Lázaro a 13 de abril de 2010.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A ANALIZAR LA PROPUESTA PARA DESIGNAR EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL DERECHO DE NO INMIGRANTE, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, diputado presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a analizar la propuesta para designar en su totalidad los recursos recaudados por el derecho de no inmigrante establecidos en el artículo 8o. fracción primera de la Ley Federal de Derechos.
En virtud de las facultades que se me confiere, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo en base a los siguientes
Antecedentes
Primero. El 24 de diciembre de 2007 se público en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18-A que establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o., de la Ley Federal de Derechos, se destinaran en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para la promoción turística del país, el cual trasferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país.
Dicha reforma fue dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 15 de Octubre de 2007.
Contenido de la proposición
Para el país, el turismo representa la tercera entrada más importante de ingresos, solo debajo del petróleo y las remesas, esto logrado en gran medida por la promoción turística que se ha realizado dentro y fuera de las fronteras del país.
Para este fin en 1999 por iniciativa de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron por unanimidad el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, creando una nueva Entidad que tiene por objeto el diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional; dicho organismo es el Consejo de Promoción Turística del México, organismo que fue creado fundamentalmente para situar al turismo como una actividad prioritaria en este país.
El consejo obtiene parte de los recursos necesarios para su funcionamiento del Impuesto creado en 1998 llamado "derecho de no inmigrante" o DNI, cuyo objetivo desde su creación, ha sido orientar el control y supervisión de las actividades con las cuales se relacionan.
Por este motivo a través del tiempo el artículo 18-A, ha sufrido varias reformas que reconocen la importancia del Consejo de Promoción Turística, otorgándole, a partir del ejercicio fiscal de 2003, un mayor porcentaje de los recursos obtenidos por el DNI, que en la actualidad corresponde al 80% de la recaudación total.
A partir de ese año la aportación por concepto de turismo han incrementado año con año, cifras que se exponen en la siguiente tabla:
El último año represento para el turismo nacional, una etapa difícil por causas externas al mismo; debido a esa situación es importante impulsar con mayor fuerza la promoción turística de México, que finalmente, es la encargada de mostrarnos ante el mundo.
Con el objeto de recuperar el terreno que ha perdido el turismo nacional con respecto a otros países, es necesario incrementar los medios de difusión de esta actividad, una labor que ha entendido para bien el Consejo de Promoción Turística de México, y para el cual se necesitan recursos, que finalmente representarán un beneficio para todos los sectores del país, fortaleciendo la economía y garantizando una buena imagen de México para el mundo.
Para este fin, el Consejo de Promoción Turística de México ha impulsado campañas institucionales y programas cooperativos en Latinoamérica, Asía, Europa y Norteamérica, que tiene dentro de sus principales objetivos:
Apoyar la comercialización continua de la oferta turística mediante acciones dirigidas a los mercados, segmentos, nichos y canales de distribución más rentables.
Aplicar un enfoque flexible que permita la rápida adaptación a las condiciones del mercado.
Para esto se necesitan definir estrategias que definan:
A corto plazo:
Desarrollar un concepto publicitario que permita apoyar a cada estado dentro del "paraguas" de la marca México.
Respetar la personalidad desarrollada a través de los años de cada destino.
Optimizar los recursos, tanto estatales, como del CPTM.
Con esta medida de fortalecimiento de la promoción turística se podrá estar en condiciones similares a los organismos que operan exitosamente en otros países y poder competir en circunstancias ventajosas para incrementar la afluencia de visitantes provenientes de los mercados internacionales, garantizando que los recursos obtenidos exclusivamente por turistas, serán ocupados de manera más eficiente, en pro del país.
Por lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a analizar la propuesta de designar en su totalidad los recursos obtenidos por el derecho de no inmigrante, establecidos en la fracción primera del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos y emitir el dictamen correspondiente.
Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS JEFES DELEGACIONALES A CUMPLIR CABALMENTE EL ESTATUTO DE GOBIERNO Y TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CAPITAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En medio de la intensa y provechosa discusión que desde hace meses se sostiene sobre la reforma política, resulta indispensable analizar el estatus jurídico del Distrito Federal y completar la tarea de otorgar todos los derechos políticos a los habitantes de la capital, que inacabadamente se han gestionado en los últimos veinte anos.
El pasado noviembre de 2009, se instaló, en la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial para la Reforma Política para el Distrito Federal, en la cuál se tiene el propósito de otorgar a este ente mayores facultades para su funcionamiento. Dicha comisión tiene la encomienda de tener lista la iniciativa para el mes de marzo, fecha pertinente para presentarla ante ambas Cámaras.
El actual régimen debe continuar su natural desarrollo, fortaleciendo a cada uno de los órganos locales, pero a la vez cuidando que aquella acción no sea un cúmulo de poder político, inalcanzable para los ciudadanos de la capital, en el que se representan únicamente mayorías artificiales, se deben crear órganos que representen la pluralidad política en las delegaciones y que sirvan de contrapeso y control político a los titulares de esas demarcaciones.
Se debe dotar al ciudadano de una verdadera soberanía, aquel poder fundamental para poder actuar en las decisiones políticas de su ciudad. Y por qué no, otorgar mayores facultades a los órganos administrativos con la finalidad de tener una mayor autonomía de gestión.
De suma importancia hemos de considerar que si bien es urgente una reforma para el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de desarrollo económico del país, también es importante considerar cierta realidad que abunda en dicho territorio.
No se puede olvidar el tan sonado caso de Juanito, en el que se burló el derecho de voto a los habitantes de Iztapalapa. Clara Brugada era supuestamente la mejor opción, ya que contaba con más simpatizantes, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la desconoció como candidata y le dio el triunfo a su contrincante Silvia Oliva Fragoso.
Debido a que Brugada fue la candidata apoyada por Andrés Manuel López Obrador, éste decide otorgar su apoyo a Rafael Acosta –entonces candidato del Partido del Trabajo– mejor conocido como Juanito, y durante un mitin proselitista simularon una toma de juramento para que en caso vencer en las elecciones declinara para ejercer el cargo y que, posteriormente, el jefe de Gobierno del Distrito Federal propusiera a Clara Brugada ante la Asamblea Legislativa del DF como jefa delegacional sustituta. Como ahora todos sabemos, se logró convencer a este inolvidable personaje.
Por otro lado, tenemos el ejemplo en la delegación Magdalena Contreras, el actual delegado Eduardo Hernández Rojas solicitó un incremento de su presupuesto para 2010, resaltando que la demarcación ocupa el último lugar en materia de presupuesto pese a contar con una población superior a la de Milpa Alta o Cuajimalpa. Pero también es una de las demarcaciones políticas más problemáticas, ya que enfrenta problemas en los servicios de agua, luz, bacheo y banquetas, entre otros. Justifico el incremento en que la anterior administración encabezada por Héctor Guijosa dejó una deuda de 30 millones de pesos.
También podemos mencionar el caso del bar Bar en la delegación Álvaro Obregón, donde el propio delegado confirmó que en los últimos cinco años no hubo verificaciones a dicho establecimiento, periodo que encabezó el actual legislador perredista Leonel Luna.
Como olvidar el proyecto de la supervía poniente, retomado por autoridades del Gobierno del Distrito Federal en 2008, motivo por el cuál habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras tuvieron que luchar en defensa de sus derechos pisoteados por las autoridades locales, al no consultar y bloquear la información sobre la construcción de dicho proyecto, que iría del Puente de los Poetas, en Santa Fe, pasando por el Parque de Tarango, calzada Las Águilas, y concluyendo en avenida Luis Cabrera, para así desembocar en Periférico.
En diciembre de 2009, amañada la táctica, autoridades locales cambian el nombre de la construcción a vialidad confinada de peaje, con el mismo fin, solamente cambiando la ruta, pero continuando las afectaciones viales a los colonos de dichas demarcaciones.
Si bien una reforma política se ha convertido en una necesidad urgente para los habitantes de la Ciudad de México, lo que verdaderamente necesita el Distrito Federal es un cabal cumplimiento de las leyes, se debe de acabar con la impunidad de ciertos servidores públicos, repudiar a políticos logreros, cerrarles la puerta a quienes ya estuvieron y probaron su incompetencia.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a observar estrictamente el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente en el territorio del Distrito Federal y las aplique cabalmente, exigiendo su cumplimiento en todos sus niveles de gobierno,
Segundo. Se exhorta a los jefes delegacionales a que en la medida de sus facultades acaten a la letra el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y a la legislación vigente dentro de su competencia, en todas las materias
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de abril de 2010.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A IMPLANTAR CON EL GOBIERNO DE QUINTANA ROO UN PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE LA ESPECIE CARCHARHINUS LEUCAS, O TIBURÓN TORO, COMO UN RECURSO NATURAL DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN LAS COSTAS DE DICHO ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Carlos Manuel Joaquín González, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente u obvia resolución me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1978, en las playas de Playa del Carmen se registraron los primeros avistamientos del tiburón toro (Carcharhinus leucas) una especie que alcanza a medir hasta 2.5 metros y pesar hasta 250kg, que podían contemplarse a escasos metros de la playa. Cabe señalar que estos animales han habitado en este planeta por 400 millones de años. Hoy en día es raro verlos cerca de la playa a pocos metros de profundidad como solían verse, esto debido a la sobrepesca, en consecuencia el número de especímenes ha decrecido, el ruido y la contaminación hacen que busquen aguas más limpias.
Los tiburones toro emigran al área de Playa del Carmen Quintana Roo en los meses de noviembre a marzo cuando las aguas descienden a la temperatura de 26 grados Celsius y los vientos predominantes son del norte y noreste, diversos estudios indican que su travesía se debe a la búsqueda de cardúmenes de pez coronado que es de lo que generalmente se alimentan.
Se llegan a apreciar entre 12 y 24 de estos especímenes de diferentes tamaños siendo el más pequeño de 1.20 metros y el más grande de 2.5 metros. Todas hembras y en su mayoría embarazadas, las cuales se trasladan a aguas someras como la Bahía de Ascensión y la Bahía del Espíritu Santo (Reserva del Siaan-kaan) al sur de Tulum, para ahí completar su ciclo de reproducción.
En Playa del Carmen se encuentra un punto en el cual se lleva a cabo la observación de esta especie, las coordenadas del punto de inmersión son: N 20° 37.346’ W 087° 03.725 el sitio se encuentra a los 24 metros de profundidad en un arenal donde la corriente es leve y no existen corales, lo cual se consideran optimas condiciones para la actividad de buceo de observación Diversos estudios observan que durante 4 años al menos 6 de los tiburones han estado viniendo a estas aéreas todos los años, algunos los hemos visto un par de años y no han regresado, algunos de otros con anzuelos.
Dado que la actividad se ha propagado en los últimos años,
Con el interés de dar protección a la vida silvestre que habita en nuestro país, en julio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Vida Silvestre, cuyo artículo primero dice:
La observación de esta especie se hace en muy pocos lugares del mundo como son Fiji, Cuba y ahora en México. En Bahamas realizan la misma actividad con los tiburones grises de arrecife y es uno de los más importantes ingresos económicos para esta isla representando el 14% del producto interno bruto. La derrama económica no es solo para el sector náutico, comienza con las agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, restaurantes, bares, tiendas de artesanía, etc. en realidad toda la comunidad directa o indirectamente percibe ganancias de esta actividad, haciendo de Quintana Roo un importante destino de buceo, donde se pueden observar, tiburones ballena, tiburones toro, pez vela (siguiente punto a proteger), cenotes y una gran diversidad de corales y fauna marina.
Tener esta especie en México es un verdadero regalo de la naturaleza, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo promover la reglamentación de su manejo y cuidado; para su preservación en las aguas mexicanas.
La conservación del patrimonio natural son temas concurrentes, preocupantes y constantes en toda estrategia de cuidado y conservación del contexto histórico.
No es circunstancial, por ejemplo, que la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, sea en sí misma cultural y natural. Ambos son el patrimonio universal que exige la responsabilidad institucional y civil para su conservación sobre los peligros que los amenazan cada día.
La naturaleza, ha sido, tal vez, la más sensible a todo crecimiento poblacional. Quienes habitamos las ciudades, sin conocimiento, sin reflexión, sin conciencia, agredimos diariamente nuestro entorno natural.
Nada debe eximir, ni estar por encima del derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano y a una calidad de vida digna, en términos de salud.
La Constitución misma lo establece en sus artículos 4o. y 25, y un marco normativo lo induce y lo regula, desde la declaración de la Cumbre de Río en 1992, las leyes nacionales como la del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, hasta en esferas locales como las leyes estatales, del equilibrio ecológico; y todas la leyes, reglamentos y normas oficiales que sustentan ese marco legal.
El objetivo de preservar nuestro patrimonio debe ir más allá de la conservación de paisajes hermosos y edificios sublimes.
Debemos obligarnos a anticipar los hechos que propician los efectos irreversibles sobre esa herencia natural o cultural debemos entonces fomentar la ética como un valor sustantivo que nos obligue a lograr ese último objetivo.
Hay que tener presente, que salvaguardar el pasado es importante sólo en la medida en que ese pasado contribuya a renovar el futuro.
Proteger un ecosistema requiere de muchas acciones que deben estar coordinadas. Por eso es importante que existan personas, instituciones y gobiernos que estén dispuestos a colaborar y fijar objetivos y metas claras.
Afortunadamente en México hemos avanzado mucho en instrumentar estrategias que apoyan la protección y el uso sustentable de nuestros recursos naturales. Falta mucho, pero hay avances. De hecho el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ubicada en la Ciudad de México) está por publicar un estudio sobre el estado actual de las áreas naturales protegidas de la región y México destaca como uno de los países líderes en materia de conservación.
Dentro de las regiones marinas prioritarias habitan poblaciones de especies importantes para el ser humano. En estas regiones se encuentran sus zonas de reproducción y crianza. Una vez definida la situación de las poblaciones de peces y otras especies importantes en una región determinada, es posible proponer estrategias para su aprovechamiento sustentable, de tal forma que se garantice la viabilidad de las especies para goce de futuras generaciones.
El tipo de actividades que es posible realizar en zonas costeras debe contemplar su fragilidad y no atentar contra ellas de tal manera que no se afecten las futuras generaciones de peces, crustáceos y moluscos que nos servirán de alimento.
Las regiones marinas prioritarias y su conocimiento detallado nos permiten proponer estrategias para la recuperación de poblaciones y ecosistemas importantes. Algunas regiones costeras requieren de medidas que permitan a los ecosistemas recobrar sus procesos y productividad.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales para que en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo implemente un programa de acción para la conservación y manejo de la especie Carcharhinus leucas conocida como tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas del estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA ASF A INFORMAR DE LAS OBSERVACIONES O IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL GOBIERNO DE JALISCO SOBRE RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A FINES DISTINTOS DE LOS AUTORIZADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 Y DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la Legislatura LXI, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación para que en un término de diez días informe de las observaciones o irregularidades detectadas en el gobierno del estado de Jalisco, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, sobre recursos federales destinados a fines distintos a los autorizados en los presupuestos de egresos de la federación de los correspondientes ejercicios fiscales 2007 y 2008, las cuales en consecuencia puedan afectar negativamente el presupuesto 2010 autorizado para el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 9, 49 y 50, establece los mecanismos de control, evaluación y fiscalización de las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Al mismo tiempo indica, que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos.
El artículo 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, a su vez señala que "la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y".
La fracción V del mismo ordenamiento señala que: "El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del artículo 48 de la presente ley.
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata.
Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano equivalente del Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme a las etapas a que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones."
Las consideraciones de orden normativo se mencionan en referencia a información que han publicado los medios de comunicación en el estado de Jalisco sobre declaraciones de la Contralora Estatal del Gobierno del Estado de Jalisco, a que conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública han realizado auditorías al ejercicio de recursos federales de los periodos de 2007 y 2008, de las cuales han surgido observaciones por haberse destinado recursos federales a un fin distinto al que fueron etiquetados. En los mismos medios de comunicación se estima que son mil millones de pesos los que, de no ser justificados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera retener del presupuesto 2010.
De tal forma que se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el órgano fiscalizador desconcentrado de está Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, realice las gestiones correspondientes a efecto de conocer con certeza las observaciones o irregularidades que en el ejercicio 2007 y 2008 del gobierno del estado de Jalisco han detectado que se desviaron recursos federales para un fin distinto al que fueron etiquetados. Con el propósito, en su caso, de confirmar la información publicada en los medios de comunicación; que informe de los riesgos que por esas observaciones o irregularidades detectadas se pueda afectar el presupuesto 2010 para el estado de Jalisco, y cuáles serían específicamente las afectaciones presupuestales; así como mantener informada a esta soberanía sobre la correcta aplicación de recursos federales autorizados por esta Cámara de Diputados.
Lo anterior con el propósito de evitar la desinformación pública y posibles confusiones derivadas declaraciones en medios de comunicación sobre el uso de los recursos, así como de impulsar la transparencia, rendición de cuentas, la eficacia y aplicación de los recursos públicos federales destinados para la población del Estado de Jalisco, de conformidad a las leyes en la materia.
Por lo que someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación para que en un término de diez días informe de las observaciones o irregularidades detectadas en el gobierno del estado de Jalisco, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, sobre recursos federales destinados a fines distintos a los autorizados en los presupuestos de egresos de la federación de los correspondientes ejercicios fiscales 2007 y 2008, las cuales en consecuencia puedan afectar negativamente el presupuesto 2010 autorizado para el estado de Jalisco.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR MEDIANTE LA SHCP EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2011 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA SEGOB PUEDA INSTALAR POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EQUIPOS DE ALERTA SÍSMICA EN LOS LITORALES DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la legislatura LXI, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos necesarios para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, puedan instalar equipos de alerta sísmica en los litorales del país de conformidad al proyecto integral del sistema de alerta sísmica mexicana al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el desarrollo de los trabajos de la Comisión Especial en materia de Protección Civil, se han mantenido constantes reuniones de trabajo con la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de las cuales destaca la visita de los integrantes de dicha comisión especial a las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) el 3 de marzo de 2010, en la cual se realizó una amplia exposición sobre los programas y acciones que se llevan a cabo para coordinar y apoyar la protección civil en nuestro país.
En ese conocimiento del trabajo de la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres se identifica una estructura institucional y de profesionales que han avanzado en un amplio desarrollo de temas y estrategias que buscan fortalecer la cultura de protección civil en México. Estos avances se aprecian desde el nivel teórico de investigación científica, técnicas, esquemas y modelos de operación, así como actividades preventivas de difusión, capacitación, planeación y coordinación de acciones, como el registro y clasificación riesgos y experiencias reales, la medición, monitoreo, evaluación de daños e impacto y mitigación de desastres o mecanismos con métodos de gestión integral de riesgos y sistemas de alerta volcánicos, contra ciclones, inundaciones y sismos.
El esquema del Cenapred considera una cobertura por tipo de fenómeno y nivel de análisis desde ciclón tropical, lluvias externas, marea de tormenta, nevadas, granizada atípica, inundación, tornado, sequía, viento, bajas temperaturas, sismo, erupción, hundimiento, subsidencia, agrietamiento, tsunami, ladera inestable, incendio forestal, químico, marea roja y socioorganizativo.
Cuenta también con una herramienta altamente desarrollada que es el atlas nacional de riesgos, el cual cuenta con un portal de Internet, lanzado en julio de 2003, para la difusión del conocimiento sobre riesgo y la transferencia de nuevas tecnologías, perfeccionado por la nueva versión 2010, en donde se aportan metodologías y sistemas de información geográficos, con el propósito de alcanzar a obtener información real y específica de los riesgos a nivel municipal, estatal y nacional.
Es decir, teórica y técnicamente se ha avanzado en el tema de la prevención y protección civil, sin embargo, muchos de los planes y programas para continuar el desarrollo de esta tarea se ven limitados por la falta de recursos. Actualmente, operan en el país dos sistemas de alerta sísmica, el sistema de alerta sísmica (SAS) que vincula a la costa de Guerrero con el Distrito Federal y el sistema de alerta sísmica para Oaxaca (SASO), lo que significa una cobertura mínima con relación a las zonas de riesgo y a la población nacional. En la citada visita al Cenapred del 3 de marzo de 2010, se dio a conocer un proyecto integral del sistema de alerta sísmica mexicana, el cual considera tres etapas: 1. Fortalecer el sistema de alerta sísmica para la instalación de múltiples alertas sísmicas en el Distrito Federal en diferentes puntos de riesgo de la ciudad; 2. Interconectar el sistema de alerta sísmica y el sistema de alerta sísmica para Oaxaca; y 3. Ampliar las áreas de cobertura a diferentes puntos del territorio nacional e interconectarlos con el sistema de alerta sísmica y el sistema de alerta sísmica para Oaxaca. Con lo cual se obtendría una mayor respuesta y atención eficiente a emergencias y alcanzaría a mejorar la planeación del desarrollo, la reglamentación de construcciones y el alertamiento.
Es constante una lógica en la gestión de recursos públicos. Mientras no se presenta el fenómeno natural y no se manifiesta el desastre y los daños, no existe prioridad para invertir en la prevención y disminución de riesgos. No se valora los costos de la falta de medidas preventivas y los costos de la atención institucional en los desastres, independientemente de los recursos para la recuperación de la normalidad que opera el Fondo de Desastres Naturales.
Datos del propio Cenapred estiman que del 2002 al 2009 los efectos de los desastres en México equivalen a 13 mil 460.5 millones de dólares.
De tal forma que aún desde la perspectiva de costo-beneficio o de inversión del gasto público, se concluye la importancia de orientar recursos económicos al fortalecimiento de la protección civil.
Corresponde a esta legislatura la responsabilidad de apoyar la gestión de recursos para el fortalecimiento institucional de la prevención de desastres ante la presencia de fenómenos naturales que vulneran la condición humana y social, los cuales no distinguen de raza o condición social, política o religiosa.
Es por ello que se propone el presente punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos necesarios para que la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres puedan instalar equipos de alerta sísmica en los litorales del país de conformidad al proyecto integral del sistema de alerta sísmica mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de abril de 2010.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS A MODIFICAR EL PROGRAMA Y CALENDARIO LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DE MODO QUE SE RESERVEN LOS LUNES Y LOS MIÉRCOLES A LAS SESIONES ORDINARIAS EN EL PLENO Y LOS MARTES A LAS DE COMISIONES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la Legislatura LXI, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que modifique el programa y calendario legislativo de la Cámara de Diputados estableciendo dentro de los días de la semana, los días lunes y miércoles para sesiones ordinarias en el pleno, y los días martes para sesiones en comisiones, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el marco de los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales se establecen los periodos ordinarios de sesiones de esta honorable Cámara de Diputados, del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 10 de febrero al 30 de abril; así como a los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo correspondiente a las facultades otorgadas a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, órgano de la honorable Cámara de Diputados, en particular al artículo 38, numeral 1, inciso a, que señala a la letra que le corresponde "establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones"; al artículo 45 de la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo correspondiente a que las comisiones tendrán la tarea de sesionar cuando menos una vez al mes; y a los artículos 27, 28, 29 y 31 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se hace el exhorto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que analice o evalúe la importancia de que los diputados de la LXI Legislatura sesionen en el pleno los días lunes y miércoles, y los días martes sesionen en comisiones.
En la actual práctica parlamentaria, son los días martes, miércoles y jueves que los ciudadanos diputados deben cumplir con la asistencia a sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, como actividad regular y constante de la actividad legislativa. En esta tarea las sesiones tienen una duración aproximada de cinco horas, al iniciar regularmente a las 10:00 y 11:00 horas, y con un término aproximado de las 15:00 y 16:00 horas. Con lo cual se concluye que los días de sesiones, es decir los martes, miércoles y jueves, casi en su totalidad, las tareas propias de las sesiones del Pleno, exigen de la asistencia y presencia de los diputados, como lo obliga el artículo 44 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, en la actual práctica parlamentaria la participación de los diputados en la sesiones de comisiones, de acuerdo a los propios asuntos y compromisos legislativos, pueden ocurrir en esos mismos días y horarios en las que se llevan a cabo las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, es decir los mismos días martes, miércoles y jueves, con lo cual llegan a coincidir horarios de los compromisos legislativos, repercutiendo con la ausencia física parcial al menos a una de las responsabilidades, en una franca sobreposición de las agendas legislativas.
El análisis de dichas situaciones que se presentan en la actual práctica parlamentaria, arroja como resultado que esta sobreposición de las agendas es de origen evitable y corregible, es decir se puede prevenir por que corresponde a un ejercicio de programación y calendarización de la actividad legislativa, de tal forma que existen facultades ya establecidas y la instancia colegiada específica dentro de la Cámara de Diputados para evitar la sobreposición de las actividades de los diputados, y corregir y perfeccionar el funcionamiento parlamentario, en este caso es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Por otra parte, y más importante aún para el desempeño como representante popular y su función legislativa, es que la operación actual de la H. Cámara de Diputados muestra que para los diputados que representan a la población de distritos electorales distantes a la sede de las instalaciones del Congreso de la Unión, es decir al Distrito Federal, cuentan con menores posibilidades de tiempo y distancia para mantener una constante interacción con sus representados o votantes, por simple deducción de los días disponibles fuera de de la honorable Cámara de Diputados (lunes y viernes) y la distancia geográfica de sus comunidades distritales en el territorio nacional. En el supuesto de que las entidades federativas conlindantes o cercanas con el Distrito Federal, como son el estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Querétaro, suman 6 entidades (18.6%), de las 32 a nivel nacional, que tienen relativa oportunidad de trasladarse continuamente a sus correspondientes distritos electorales, mientras que 26 (81.4%) tienen que enfrentar los imponderables mayores de la distancia y el tiempo para mantener una presencia constante a sus lugares de origen. En el presente supuesto, se traduciría en número de legisladores, que 164 (18.6%) tiene mayor oportunidad de mantener presencia constante con sus electores, mientras que 336 (81.4%) están limitados a las condiciones de tiempo y distancia señaladas.
La presente consideración se realiza puntualmente a la necesidad de reordenar la agenda legislativa y redireccionar el trabajo político de los diputados, para superar la actual fragmentación del tiempo útil de una semana de trabajo, toda vez que para los legisladores del interior de la República, sesionar martes, miércoles y jueves en el Pleno, y participar en sesiones de comisiones, los días lunes o viernes o los mismos días martes, miércoles y jueves, satura la oportunidad de hacer contacto permanente con los ciudadanos de los distritos por lo que fueron electos. Adicionalmente a la oportunidad de que una vez reordenado el actual esquema, el restante tiempo, cumpla con el propósito de informar periódicamente la labor legislativa a la población en los distritos correspondientes.
Con ello atenderíamos un reclamo legítimo y generalizado de la sociedad de que sus representantes ante esta honorable Cámara de Diputados, puedan mantener mayor presencia ante sus demandas y necesidades inmediatas, informar de ser posible de viva voz, así como recoger aportaciones que enriquezcan las propuestas legislativas y otorguen auténtica participación ciudadana en las propuestas de los legisladores. Con lo que se estaría avanzando con la demanda que regresen sus diputados con sus representados, y hacer sentir el compromiso con los sufragios obtenidos y las ofertas políticas.
Lo anterior a efecto de fortalecer el funcionamiento legislativo, la legítima representación política, así como cumplir la demanda social de una representación cada vez más auténtica, directa y útil para los intereses de los ciudadanos.
Por tal motivo, se somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Por el que exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que se modifique el programa y calendario legislativo estableciendo dentro de los días de la semana, los días lunes y miércoles para sesiones ordinarias en el pleno y los días martes para sesiones en comisiones de la honorable Cámara de Diputados.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DEL DISIDENTE CUBANO ORLANDO ZAPATA TAMAYO Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR MEDIANTE LA SRE AL GOBIERNO DE CUBA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS Y RATIFICADOS POR ÉL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JESÚS RAMÍREZ RANGEL Y ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Jesús Ramírez Rangel y la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su solidaridad y condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y exhorta al Ejecutivo federal a solicitar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno de Cuba el cumplimiento a los acuerdos pactados y ratificados por dicho gobierno en materia de derechos humanos, la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos y el respeto a la libertad y al estado de derecho.
El pasado martes 23 de febrero murió en Cuba el preso político, Orlando Zapata Tamayo, tras 85 días de huelga de hambre a los que se sometió protestando por los malos tratos y la tortura física que recibía en prisión. El fallecido formaba parte del grupo de los 75 disidentes condenados en la "primavera negra" de 2003, en un momento en que el régimen cubano dispuso una feroz represión contra líderes sociales, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a quienes el gobierno cubano encarceló y al cabo de juicios sumarios, cuyos trámites duraron menos de 72 horas, condenó a penas de hasta 28 años en prisión.
Zapata Tamayo estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la ciudad de La Habana, después de haber sido detenido en la vía pública el 6 de diciembre de 2002, por agentes de la policía política cubana, acusado por el supuesto delito de desacato. Fue excarcelado el 7 de marzo de 2003, sólo para ser detenido nuevamente el día 20 del mismo mes en el barrio de El Vedado, donde participaba en un ayuno junto a Martha Beatriz Roque Cabello y cuatro personas más, a favor de Oscar Elías Biscet González y demás presos políticos. Cumplía su condena de 18 años en la penitenciaría de Guanajay en la provincia de La Habana, hasta que el 15 de enero de 2005 fue trasladado para la prisión Taco-Taco, en la provincia de Pinar del Río. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, donde estaba últimamente, empezó una huelga de hambre el 2 de diciembre de 2009 para protestar por los agravios físicos a que son sometidos los acusados por disidencia en la República de Cuba, misma que acabó con su vida el pasado 23 de febrero de 2010.
La muerte de Orlando Zapata Tamayo –la primera vez en casi cuarenta años en que un activista cubano ha muerto a consecuencia de una huelga de hambre en protesta contra abusos del Gobierno– se ha interpretado como un serio retroceso de los derechos humanos en Cuba y ha dado lugar a una ola de protestas a nivel internacional, así como al inicio de huelgas de hambre por otros presos políticos y disidentes cubanos. Un caso especialmente alarmante es el estado en que se encuentra el periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, cuya persistencia en la huelga de hambre para exigir la liberación de 23 presos en estado de salud delicado pudiera conducir a un fatal desenlace, similar al de Zapata.
Por otro lado, las Damas de Blanco, madres, esposas e hijas de aquellas personas que se encuentran injustamente encarceladas por ejercer su libertad de expresión marcharon la semana pasada para exigir la liberación de sus familiares. El maltrato sufrido por las Damas de Blanco, entre las que se encontraba Reyna Tamayo, madre del fallecido Orlando Zapata Tamayo, por parte de la policía cubana el reprimir su manifestación conmocionó también a la comunidad internacional al evidenciar el trato que reciben las mujeres de la isla al ejercer su derecho a la libre manifestación.
Zapata Tamayo era reconocido por organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, como "un preso de conciencia", y su liberación había sido reclamada por diversas entidades privadas y oficiales preocupadas por el respeto a los derechos humanos en Cuba. La muerte de Zapata Tamayo reclamando libertad y un trato digno para los presos políticos y de conciencia, ha generado consternación en la comunidad de los activistas de derechos humanos en todo el mundo y en toda la comunidad internacional desde Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta el pronunciamiento de autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, el Parlamento Europeo y del presidente actual de la Unión Europea y España, José Luis Rodríguez Zapatero. Son relevantes también las muestras de solidaridad demostradas por algunos gobiernos latinoamericanos tales como Argentina, Uruguay, Chile y México.
El exhorto de la semana pasada del Senado mexicano para solicitar la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba, fue vista por el embajador cubano Aguilera de la Paz como una clara intromisión de México en la política interior de Cuba y apuntó la manera en que esta injerencia puede afectar la relación entre los dos países.
Hoy, desde la Cámara de Diputados, respetando los principios básicos de autodeterminación y soberanía de los pueblos y reiterando el reconocimiento y afecto diplomático hacia el gobierno de Cuba, con todo respeto nos permitimos efectuar una crítica justa y una condena enérgica a la situación de las libertades y los derechos humanos que impera en la isla caribeña.
Considerando que los derechos humanos son universales e independientes al ordenamiento jurídico de cada país. Y que estos derechos están sustentados por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y por lo tanto deben ser respetados en todo país que los haya suscrito.
Y, tomando en cuenta, que varios periodistas, disidentes pacíficos y defensores de derechos humanos cubanos han sido víctimas de la censura, la represión y el encarcelamiento por ejercer su libertad de expresión y pensamiento, la Cámara de Diputados propone la aprobación de un punto de acuerdo que exprese solidaridad frente al fallecimiento del huelguista Zapata Tamayo así como la solicitud de respeto a los derechos humanos de los cubanos y un trato digno a los prisioneros políticos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa sus más sinceras condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y expresa su solidaridad hacia los familiares del fallecido y el pueblo cubano.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al Gobierno del Presidente Raúl Castro Ruz, el cumplimiento a los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Esto con la intención de que las autoridades cubanas sujeten su accionar a los principios del derecho internacional y del respeto a las libertades fundamentales.
Tercero. La Cámara de Diputados emite también un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de Cuba el respeto al tratado internacional de la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) firmado y ratificado por el gobierno de Fidel Castro para garantizar la libre manifestación pacífica de las mujeres cubanas.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al Gobierno del Presidente Raúl Castro Ruz, a buscar salidas institucionales a través del diálogo para resolver conflictos políticos. Y a su vez, condena el maltrato y el abuso físico contra presos políticos e invita al gobierno cubano a dar un trato humanitario a los presos políticos.
Pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de abril de 2010.
Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Jesús Ramírez Rangel (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE CELEBRE UNA SESIÓN SOLEMNE DE CONGRESO GENERAL EN CONMEMORACIÓN DE LA HUELGA DE CANANEA DEL 1 DE JUNIO DE 1906, EN EL CONTEXTO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN Y DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EL 1 DE JUNIO DE 2010, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, diputado federal por el distrito II en Sonora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 44 y 73 numeral 3, inciso V, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete respetuosamente a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo por el cual se exhorta a que en este año de celebraciones del centenario de la Revolución Mexicana, en el contexto del bicentenario de la Independencia de México, se traslade el Poder Legislativo en sesión solemne el 1 de junio de 2010, de 9 de la mañana a 3 de la tarde al mineral de Cananea Sonora, cuna de la Revolución Mexicana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para los habitantes de Cananea, Sonora, 1906 es un año emblemático como lo es la histórica población para todos los mexicanos: la cuna de la Revolución Mexicana. Cananea era en 1906 y continúa siendo hoy en día la mina más importante de México.
En 1906, los propietarios de la mina eran extranjeros que se beneficiaban por las políticas de Porfirio Díaz. Los trabajadores que operaban la mina vivían en condiciones de explotación y pobreza, con escasos o nulos derechos laborales.
La historia de Cananea no se puede disociar de los hermanos Flores Magón que denunciaron la persecución política de la que eran objeto los liberales mexicanos; tampoco de Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara, quienes conformaron la organización Club Liberal de Cananea y que prepararía la revolución contra Porfirio Díaz.
En un acto nunca antes visto en la historia del país, el 1 de Junio de 1906 más de 2000 trabajadores mexicanos decidieron llamar a Huelga demandando un salario equitativo al de sus compañeros mineros norteamericanos y jornadas de trabajo más justas. Los huelguistas llevaban la bandera de México y un estandarte con un billete de cinco pesos, cantidad demandada como salario mínimo.
El movimiento de huelga, impulsado por Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, llamó a los mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de la negociación con la negativa de Greene, el propietario de la mina.
Los trabajadores se dirigían a protestar cuando al pasar a un costado de la maderería de la compañía se empezaron a oír descargas de fusiles: eran los trabajadores norteamericanos que tomaron las armas y atentaron en contra de los huelguistas, muriendo dos de ellos y varios más resultaron heridos. Los mineros mexicanos atacaron con lo que pudieron y se inició la refriega en la que varios mineros estadounidenses resultaron muertos.
Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo, expulsándolos a la serranía, sin embargo en su camino los mexicanos lograron quemar cinco depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde laboraban trabajadores estadounidenses.
En protesta, Greene acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno de Arizona. Como resultado, se envió un grupo de rangers para tomar el control de la situación. El 2 de junio entraron armados a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera. Persiguieron y asesinaron, con el apoyo de la policía rural porfirista, a todo huelguista que opusiera resistencia.
El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado, los líderes mineros como Baca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a prisión política de San Juan de Ulúa, el saldo que arrojaron las dos jornadas de lucha fue de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas.
El transcurso de la Revolución Mexicana fue de consecuencias y construcciones para el país en un proceso innegable de transformación que dio al país instituciones, leyes, derechos y obligaciones. No se puede negar tampoco que el acceso a servicios básicos, a la salud y a la educación de un Estado tutelar se debe a la Revolución Mexicana que nació en Cananea, en la agreste sierra alta de Sonora, al albor de 2 mil trabajadores mineros que convocaron a mejores condiciones laborales y a sus derechos colectivos.
El legado de la histórica huelga de 1906 permanece en la fértil memoria de los cananenses, que hoy en día es testimonio de una amplia participación política para lograr, con tesón y entrega, el índice de desarrollo humano municipal más alto del Estado de Sonora y uno de los más altos en el país, de acuerdo a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mineral de Cananea es emblemático para México y su emblema está cifrado el 1 de junio de 1906, fecha histórica en que inicia el movimiento de la Revolución Mexicana por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 73 numeral 3, inciso V de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter respetuosamente a consideración del Pleno la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Se acuerda la celebración de una sesión solemne de Congreso General en conmemoración de la huelga de Cananea del 1 de Junio de 1906, en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia de México.
Segundo.- La sesión solemne se llevará a cabo el 1 de junio de 2010 en el mineral de Cananea, Sonora.
Tercero. El orden del día es el siguiente:
Intervención del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador Carlos Navarrete Ruiz.
Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios en este orden: Convergencia, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
Clausura.
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL ISSSTE A PROPORCIONAR ATENCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE MORELOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, diputado federal por Morelos perteneciente al Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la finalidad de garantizar los servicios de salud y protección a la población en general de los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec de Morelos, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de nuestro país establece como mandato legal al gobierno en turno, asegurar a toda persona el acceso pleno y efectivo a los servicios de salud a través del Sistema Nacional.
El artículo 4o. del ordenamiento en cita, en su párrafo tercero, consagra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, aunado a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que dice: "todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social"; la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber primordial y una responsabilidad de los gobiernos que comparten todos los demás sectores de la sociedad; en consecuencia, afrontarla es una responsabilidad pública.
La promoción de la salud es una piedra angular de la atención primaria y una función básica de la salud pública, pues según sea la eficacia en ese rubro, se reducirá la mortandad, se mitigará el impacto social al haber una mayor población sana, productiva y con mejor calidad de vida que redundará también en lo económico, al poder reorientar recursos en investigación y no en atención de enfermos.
En México el sistema de salud no ha logrado vencer el reto de la cobertura universal pues no sólo persisten diferencias en la oferta de servicios entre regiones, entidades y municipios, sino también servicios parciales, escasez de recursos humanos y falta de equipamiento. Tampoco se ha conseguido que el sistema opere articuladamente para enfrentar el nuevo reto que presentan las transiciones demográficas y epidemiológicas, además de las enfermedades crónico-degenerativas.
En cuanto a las condiciones de salud, los datos muestran el perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de accidentes, enfermedades de infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales por otros organismos y mal especificados, infecciones de vías urinarias y úlceras, gastritis y duodenitis, entre otras, por demanda de atención, sin dejar de mencionar las menos importantes, la diabetes y la hipertensión arterial.
La Ley de Salud de Morelos tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el estado y los municipios en materia de salubridad local.
El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
La atención médica, a la salud del niño y del adolescente, a la salud reproductiva y mental, organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas, auxiliares y tradicionales para la salud; promoción de la formación de recursos humanos, promoción y coordinación de la investigación, información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud, promoción, educación, orientación y vigilancia en materia de nutrición; prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en las personas, salud ocupacional, saneamiento básico, prevención y el control de enfermedades transmisibles; prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes, prevención de invalidez y la rehabilitación de las personas con discapacidad, asistencia social, realización y vigilancia de programas contra el alcoholismo, tabaquismo y fármaco dependencia basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan; el desarrollo de programas de promoción, la atención a la salud en situaciones de desastres, atención a la salud del adulto y adulto mayor preferentemente dirigida a la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas.
Con la participación de los organismos y dependencias paraestatales, se establecerán acuerdos, convenios y coordinaciones a fin de promover el acceso universal a los servicios médicos; la vigilancia de la aplicación del reglamento para la determinación de las cuotas de recuperación o cobro de los servicios de salud, así como del destino final de dichos recursos que deberán ser destinados prioritariamente para el mantenimiento y financiamiento de los centros de atención en donde se recaban, a través de la beneficencia pública estatal.
En Morelos los sistemas de salud que atienden población abierta, seguridad social e iniciativa privada son cinco: los Servicios de Salud de Morelos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la iniciativa privada (IP).
En forma institucional, existen dos sectores básicos de salud: el primero, corresponde al sector público y el segundo a la iniciativa privada.
El sector público opera con diversas instituciones bajo dos esquemas de atención, uno denominado Población Abierta y el otro de Seguridad Social.
En el esquema de población abierta, la única institución que administra el funcionamiento de ésta, son los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y en la modalidad de seguridad social son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la Secretariá de la Defensa Nacional (SDN), existiendo en el estado una unidad médica del tercer nivel de atención perteneciente a los Servicios de Salud de Morelos (SSM).
El 3 de febrero del año en curso, fue inaugurado en el municipio de Emiliano Zapata, el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE, en el cual se podrán dar anualmente 250 mil consultas, 85 mil estudios radiológicos, 40 mil ultrasonidos, 450 mil análisis clínicos y casi 10 mil cirugías con tecnología avanzada. El nivel del nuevo hospital se compara con el Centro Médico Nacional o el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México.
Se contempla dar servicio a más de un millón 700 mil derechohabientes de Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca, incluso de la zona sur del Distrito Federal que colinda con Morelos.
Las instalaciones cuentan con 200 camas equipadas con la más alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. En breve, se tiene programado poner en funcionamiento el acelerador lineal de alta energía, que ayudará a combatir el cáncer.
El director general (con licencia) del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que el hospital "Centenario de la Revolución Mexicana" cuenta con cerca de 40 servicios de alta especialidad médica entre los que destacan: intención de oncología; radioterapia; cardiología intervencionista; cirugía cardiaca, trasplantes y neurología pediátrica, además del área de urgencia.
Informó que el hospital de alta especialidad impactará a través de los servicios de consulta externa de especialidades y hospitalización, a cerca de 650 mil beneficiados y con capacidad de atender a derechohabientes de Guerrero, Puebla, estado de México, la zona noroeste de Oaxaca, Morelos e inclusive a una parte del Distrito Federal.
Si bien es cierto, el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE es una obra de gran relevancia para Morelos, el planteamiento de considerarlo hospital regional es cuestionable, ya que el ex director del ISSSTE habla de dar servicio al estado de México, lo cual sería poco funcional; como dato, en breve se inaugurará el hospital de alta especialidad "Bicentenario de la Independencia" en Tultitlán, estado de México, que contará con enormes facilidades y tecnología de vanguardia, siendo similar en capacidad y calidad al hospital de Morelos.
El estado de México cuenta con un padrón de 844 mil 201 derechohabientes del ISSSTE, el hospital del ISSSTE de esta entidad cuenta con 2 mil 465 trabajadores y una infraestructura de 249 consultorios, 11 laboratorios, 16 equipos de Rayos X, 1 mastógrafo, 7 ultrasonidos, 80 camas censables y 48 camas transitorias.
Por tanto, es poco probable que los habitantes del estado de México recurran a los servicios del hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, ya que cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
En el sur del DF es donde se concentran la mayor cantidad de hospitales, los cuales en su mayoría son de alta especialidad. Los derechohabientes del sur del DF son un padrón de 1 millón 86 mil 711: el hospital del ISSSTE delegación DF Zona Sur cuenta con 31 mil 572 trabajadores y una infraestructura de 332 consultorios, 15 laboratorios, 11 equipos de Rayos X, 3 mastógrafos, 5 ultrasonidos, 1 tomógrafo, 175 camas censables y 90 camas de tránsito; ante esto, es complicado que los habitantes del sur del DF acudan al hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, pues cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
El estado de Puebla registra un padrón de 300 mil 357 derechohabientes; el ISSSTE Puebla cuenta con 2 mil 168 trabajadores y una infraestructura de 121 consultorios, 4 laboratorios, 3 equipos de Rayos X, 1 ultrasonido, 48 camas censables y 37 camas de tránsito; dichas cantidades reflejan una alta capacidad de atención médica a la población, por tanto, los servicios médicos en Puebla se cubren con los diferentes hospitales instalados a lo largo y ancho del estado.
En el caso de Morelos, el ISSSTE tiene un padrón de 225 mil 797 derechohabientes; para su atención, existe el hospital "Carlos Calero Elorduy", el cual viene dando servicio a la fecha de manera muy eficiente contando con una infraestructura de 101 consultorios, 4 laboratorios clínicos, 4 equipos de Rayos X, 3 mastógrafos, 2 ultrasonidos, 116 camas censables, 71 no censables y 15 ambulancias, teniendo un personal de 1,338 de base, 185 de confianza, 1 de honorarios y 35 prestadores de servicio social.
Resumiendo:
El director general (con licencia) del ISSSTE, indicó que el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" en Morelos contempla dar servicio a más de un millón 700 mil derechohabientes de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la zona sur del Distrito Federal.
El estado de México tiene un padrón de 844 mil 201 derechohabientes, debido a que esta entidad cuentan con la infraestructura de salud necesaria y en breve será inaugurado el hospital de alta especialidad "Bicentenario de la Independencia" en el municipio de Tultitlán, los afiliados no recurrirán a los servicios de atención médica del estado de Morelos.
La zona sur del DF registra un padrón de 1 millón 86 mil 711 derechohabientes y es en este lugar donde se concentra una gran cantidad de hospitales de alta especialidad; ante esto, es complicado que los habitantes del Sur del DF acudan al Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, pues cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
El estado de Puebla registra un padrón de 300 mil 357 derechohabientes; esta entidad tiene una alta capacidad de atención médica, por tanto, los servicios médicos en Puebla se cubren con los diferentes hospitales instalados a lo largo y ancho del estado; aunado a este punto y debido a la distancia entre Puebla y Morelos, es poco probable que los derechohabientes se trasladen de un punto a otro para recibir servicios médicos.
En el caso de Guerrero y el noroeste de Oaxaca, quienes cuentan con un padrón de 435 mil 336 y 321 mil 578 derechohabientes respectivamente, es diferente, pues al no contar con infraestructura médica de primer nivel, es factible la idea de brindarles atención médica en el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos.
En el caso de Morelos, el ISSSTE tiene un padrón de 225 mil 797 derechohabientes y para su atención, el hospital "Carlos Calero Elorduy" desde su fundación al día de hoy, ha brindado servicio muy eficiente dado que se encuentra en la capital del estado, que es donde se concentra el mayor número de afiliados.
En encuestas realizadas, los derechohabientes quieren seguir recibiendo servicio en dicho hospital por cuestiones económicas, de ubicación, entre otras, y no que se elimine como marca el plan original del ISSSTE para que funcione como albergue.
Si sumamos los 225 mil 797 derechohabientes de Morelos a los 435 mil 336 y 321 mil 578 de Guerrero y Oaxaca, da un total de 982 mil 711 afiliados para el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos; si la capacidad del hospital es para 1 millón 700 mil beneficiarios, tendría una oferta de 717 mil 289 espacios para atención médica.
Todos estos datos estadísticos nos muestran un panorama que permite determinar que es posible dar sin problema alguno, atención médica a la población abierta no derechohabiente de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec, municipios que rodean el Hospital, a través de su acreditación con la credencial del IFE, para ser atendidos en el recién inaugurado hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos, desde luego con la idea de que el hospital "Doctor Carlos Calero Elorduy" ubicado en el municipio de Cuernavaca, continúe funcionando normalmente; esto permitirá dar un mejor servicio y cubrir la atención médica tanto a los derechohabientes como a los aproximadamente 503 mil no derechohabientes de la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, para que brinden atención preventiva y curativa a la población no asegurada de los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec en el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, y a la vez, siga funcionando y dando servicios médicos el hospital general "Doctor Carlos Calero Elorduy" situado en Cuernavaca, Morelos.
Palacio Legislativo, a trece de abril del año de dos mil diez.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS Y LAS VALORACIONES EN QUE SE BASÓ EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA UTILIZAR MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO EN EL TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO VELASCO MONROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que presente a esta soberanía los criterios y valoraciones que sirvieron de base para otorgar los permisos para la utilización del maíz genéticamente modificado en el territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el marco normativo que regula la utilización de los organismos genéticamente modificados tiene su base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada el 18 de marzo del 2005 e4n el Diario Oficial de la Federación
2. Que dicha Ley tiene entre sus finalidades garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal, y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, así como determinar las competencias de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal –entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– en materia de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.
3. Que de acuerdo con las disposiciones de la ley de la Sagarpa, tiene competencias para proteger la sanidad animal, vegetal y acuícola, evaluar riesgos que los organismos genéticamente modificados, OGM, pudieran causar a la sanidad animal, vegetal y acuícola y expedir para la realización de actividades con OGM liberación de OGM con fines agropecuarios, acuícolas o fitozoozanitarios, entre otras.
4. Que de 1998 a 2005 existió un el país una moratoria, de facto, para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
5. Que el maíz tiene una singular importancia para los mexicanos, dada su estrecha relación entre su desarrollo y evolución y la cultura de las distintas regiones del país. Así como su establecimiento como centro de origen y de diversidad genética.
6. Que en la LBOGM indica una disposición expresa para el establecimiento de un régimen especial de protección al maíz.
7. Que la LBOGM establece que la Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerán los centros de origen y de diversidad genética con la participación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
8. Que la ley define el permiso como el acto administrativo que le corresponde emitir a la Sagarpa, en el ámbito de su competencia y que es necesario para la realización de la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial y la importación de organismos genéticamente modificados.
9. Que en el año 2009, la Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) entregó más de 32 permisos para la siembra de maíz en diferentes regiones del país.
10. Que en observación al equilibrio de poderes, los legisladores tienen la labor de vigilar la actuación del poder ejecutivo para que se apegue a las disposiciones legislativas aprobadas por el Congreso Mexicano.
11. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que el empleo de los organismos genéticamente modificados en el país responda a los mandatos establecidos en la legislación mexicana, de manera seria y responsable.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que presente a esta soberanía los criterios y valoraciones que sirvieron de base para otorgar los permisos para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril del 2010.
Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL QUE POR LA SAGARPA INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ RESPECTO AL EMBARGO DEL CAMARÓN SILVESTRE ANUNCIADO POR ESTADOS UNIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Óscar Román Rosas González, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes
Motivos
El 1 de marzo del año en curso, el gobierno de Estados Unidos de América comunicó al de México que, derivado de una visita de inspección que realizaron expertos de su Departamento de Estado y de su Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para observar el uso adecuado de dispositivos excluidores de tortugas, se determinó no otorgar al país la certificación prevista en la ley estadounidense, la cual prohíbe la importación de camarón de las naciones que, conforme a la consideración estadounidense, no cuenten con medidas comparables en eficiencia con las de ese país para proteger a las tortugas marinas.
Sin duda, esa certificación tiene una repercusión directa en el sector económico y camaronero del país, ya que todas las exportaciones de camarón mexicano tienen como destino el mercado estadounidense.
Es fundamental que esta Cámara se pronuncie al respecto, no sólo porque se trata de una medida económica injusta sino porque debemos conocer el fundamento técnico y contractual en que se basó ese gobierno para decretar la medida.
Sobre el particular, es necesario conocer a fondo qué medidas ha adoptado el gobierno federal respecto al anuncio del de Estados Unidos. Necesitamos conocerlo con precisión y puntualidad.
Necesitamos saber qué medidas económicas adoptará el gobierno federal en caso de que el próximo 20 de abril se hagan efectivas estas medidas, ya que más de 6 mil trabajadores dependen de la pesca de camarón silvestre.
Es preciso conocer si la inspección realizada reunió desde el punto de vista científico criterios técnicos suficientes, de forma tal que la medida adoptada cuente con sustento. En otras palabras: necesitamos saber si el gobierno mexicano avala científicamente los criterios analizados y las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos.
Considero necesario que las autoridades del gobierno federal informen a esta soberanía si las normas mexicanas consideran que las embarcaciones nacionales para capturar camarón silvestre deban observar el uso de los dispositivos excluidores de tortuga, y que nos den a conocer cuál es la autoridad encargada de vigilar la observancia de estas disposiciones.
Asimismo, es necesario enterarse si las embarcaciones mexicanas que capturan camarón silvestre son inspeccionadas por alguna autoridad federal, y si la inspección considera una norma que regule la práctica de la pesca de camarón y observe la protección de la tortuga marina, así como enterarnos de los procedimientos que siguen las embarcaciones camaroneras para recibir un permiso de pesca.
Lo anterior, amigas y amigos diputados, no es con la finalidad de sobrerregular a los empresarios mexicanos sino de cuidar esta actividad, de la cual miles de mexicanos han vivido durante muchos años.
Necesitamos entender si la medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos de América es una práctica comercial desleal o una medida con sustento. Debemos enterarnos del trabajo realizado por las instituciones encargadas de cuidar nuestro ambiente y fomentar el sector pesquero y, en todo caso, saber si cumplen la normativa aplicable.
La experiencia histórica, en estos casos, nos ha enseñado que el gobierno de Estados Unidos de América siempre hará lo posible por beneficiar su mercado y sus empresas. No podemos ser ingenuos: hay luces de que es una medida económica en detrimento de nuestro sector camaronero.
Por ello, el gobierno federal tiene que dar respuesta a diversas interrogantes: ¿cuál es su posición respecto al anuncio del gobierno de Estados Unidos de América sobre las prácticas pesqueras de las embarcaciones camaroneras? ¿Cuál es su opinión y, en su caso, qué medidas tomará si el gobierno estadounidense no emite los permisos respectivos para la importación de camarón mexicano? ¿Cuáles serán las medidas de apoyo que se instaurarán para el sector camaronero, en caso de decretarse la prohibición para que México pueda exportar camarón silvestre?
Por lo expuesto y fundamentado, me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitar al gobierno federal, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta soberanía respecto a las medidas que tomará con motivo del embargo del camarón silvestre mexicano anunciado por el gobierno de Estados Unidos de América.
Segundo. Solicitar al gobierno federal, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta soberanía respecto a la valoración científica sobre los estudios realizados por el gobierno de Estados Unidos de América en los cuales se concluye que las embarcaciones camaroneras cuentan con prácticas pesqueras que dañan la especie de la tortuga marina.
Tercero. Solicitar al gobierno federal que informe a esta soberanía mediante el procurador federal de Protección al Ambiente si inspeccionan las embarcaciones camaroneras nacionales y si en las inspecciones hay observaciones similares a los argumentos considerados en el embargo camaronero anunciado por Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEP UN INFORME AMPLIO RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO NO AUTORIZADO EN GUANAJUATO, Y A LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN CON QUE EVITARÁ UNA NUEVA VIOLACIÓN DEL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL; Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ESTA SOBERANÍA A INVESTIGAR SOBRE LOS RECURSOS USADOS PARA IMPRIMIR DICHA OBRA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El artículo 3o. de la Constitución Política, en su fracción II señala los criterios que deben orientar a la educación nacional. Una educación que deberá ser laica; ajena a cualquier doctrina religiosa, basada en los resultados del progreso científico, que luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Por su parte, la Ley General de Educación, establece la facultad exclusiva de las autoridades educativas federales para determinar planes, programas de estudio y contenidos para la educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.
Estos son los ordenamientos legales que sustentan el punto de acuerdo que hoy pongo a consideración de esta soberanía. El gobierno de Guanajuato, sin autorización de la Secretaría de Educación Pública, distribuyó a bibliotecas, preparatorias y centros estratégicos, 90 mil libros de biología de primer grado de secundaria, cuyo contenido presenta una visión prejuiciada, dogmática, lejana de los principios científicos; libro que censura valores que grupos conservadores consideran despreciables y que los llevó, el año pasado, a quemar la versión de la propia SEP.
Lo que preocupa sobremanera es la omisión y complacencia de la Secretaría de Educación Pública que, ante esta abierta violación del artículo 3o. constitucional y de la Ley General de Educación, no ordenó el retiro inmediato de los ejemplares distribuidos a los alumnos que cursan el primer año de secundaria en esa entidad federativa.
Estamos ante una afrenta grave e inaceptable que debe enmendarse de inmediato, pues no se puede permitir que autoridades educativas locales impongan su visión del mundo y de la sociedad, sus intereses e ideología particulares, como si fueran los intereses y la ideología de toda la nación.
Por eso me permito coincidir, plenamente, con la propuesta presentada recientemente ante esta Cámara por la compañera Narcedalia Ramírez Pineda, en el sentido de vigilar, mediante las instancias técnicas y educativas pertinentes, que la elaboración de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria se ajusten a los principios científicos y laicos que previó el constituyente.
Por el bien de México, la política educativa no debe estar sujeta a interpretaciones fragmentadas o posturas ideológicas de cualquier signo partidario, sino lograr la esencia de la educación que es y debe ser el proceso de transmisión de conocimientos y habilidades y sobre todo, la forjadora de la conciencia ciudadana sin dogmatismos ni fanatismos, como sabiamente lo establece el artículo 3o. constitucional.
Con esas consideraciones me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva se solicite a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato, y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. constitucional.
Segundo. Exhortar a la Comisión de Educación de esta honorable Cámara de Diputados a fin de realizar una investigación a fondo sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto de biología objetado por la SEP.
Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2010.
Diputada Margarita Gallegos Soto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR A TRAVÉS DE LA SCT LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA DETECTAR E IMPEDIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR AUTOBUSES PIRATA EN EL TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Guadalupe Pérez Domínguez, diputada de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La extensión territorial de nuestra República Mexicana es de 1 964 375 kilómetros cuadrados de los cuales 1 millón 959 mil 248 son superficie continental y 5 mil 127 corresponden a superficie insular.
Dentro de tal extensión territorial, nuestro país se encuentra dividido en 31 entidades federativas y el Distrito Federal, los cuales a su vez se conforman de municipios y delegaciones políticas respectivamente, siendo Chihuahua el estado de mayor extensión territorial.
Constitucionalmente se consagra la garantía de libre tránsito de las personas del territorio nacional, apuntándose que dada la extensión territorial del país, es evidente que para trasladarse de un destino a otro, se requiere la utilización de diversos medios de transporte, teniendo la peculiaridad nuestro país que, para trasladarse de un lugar a otro dentro de nuestro mismo territorio, se puede optar por vía marítima, aérea o terrestre.
Queda claro que las personas para su transportación de un lugar a otro lo hacen por los medios antes señalados, esto ya sea a través de la vía personal o particular, o bien por quien presta este tipo de servicios.
Enfocándonos particularmente al autotransporte en el ámbito federal, encontramos que la prestación de este servicio en su carácter público de pasajeros o de turismo, se encuentra contemplada en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como por su respectivo reglamento, el cual además regula los servicios auxiliares, al señalar expresamente que su objeto es regular los servicios de autotransporte federal que en ellos opera, sus servicios auxiliares y el transito en dichas vías.
Bajo esta tesitura el mismo ordenamiento, en su artículo 2 fracciones IX y X, respectivamente, conceptúa al autotransporte público de pasajeros como el que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos y respecto al servicio de autotransporte de turismo: el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés.
De la misma forma, resulta importante tomar en consideración, que este precepto, pero en su fracción XII también contempla el concepto de terminales, definiéndolas como las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y en su fracción XIII establece la definición de tránsito como la circulación que se realice en las vías generales de comunicación.
Ahora bien, en relación con la presentación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios.
Esta situación que de por si es problemática en virtud de realizarse al margen de los marcos legales, también traen repercusiones en ámbitos de índole de seguridad de quienes lo utilizan, así también como en lo económico y pérdida del empleo.
Por lo que respecta a la seguridad del pasajero, se ve afectada, toda vez que las empresas conocidas como "piratas" o quienes se dedican a esta actividad, al hacerla apartada de las normas aplicables al caso, evidentemente no prestan ni la más mínima preocupación o consideración en que las unidades con las que prestan este servicio cuenten con las especificaciones técnicas mínimas que se exigen en el Reglamento de Autotransportes Federal y Servicios Auxiliares, ello sin dejar de mencionar que tampoco se tomen la mas mínima molestia de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o póliza de seguro de viajero, lo que incluso ah traído como saldo numerosos accidentes así como la impunidad de quienes los propician, al no contar con elementos para ubicar a estos responsables.
Anudado a lo anterior, es de tomar las repercusiones que conllevan en el ámbito económico, toda vez que de acuerdo a información de La Cámara Nacional de autotransporte de Pasaje y Turismo, dio a conocer que la competencia desleal que representa la operación de los llamados camiones "pirata", provocó una disminución de alrededor de un 30 por ciento en el pasaje en la Central Camionera, además de que evaden el pago de impuestos para bajar los costos y utilizan vehículos fuera de norma e inseguros, por lo que al contar con una disminución en la demanda de estos servicios, infiere en forma directa en la seguridad laboral para quienes, honestamente prestan sus servicios para empresas que sí cumplen con los requisitos y formalidades para la realización de esa labor.
Estas circunstancias si bien no son exclusivas del estado de Chihuahua, preciso señalar que de acuerdo con datos periodísticos, tan solo en Ciudad Juárez en unas 135 oficinas ubicadas en avenidas principales y hasta en fraccionamientos, así como en el centro histórico, operan este tipo de empresas "piratas", violando la normatividad reglamentaria en la materia que dispone el uso de terminales a este efecto, habiendo sido documentados los numerosos accidentes y percances en los que se han visto envuelto estos camiones piratas dentro de la entidad.
Siendo pertinente anotar que a este efecto si bien es cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de su programa de trabajo 2009, en el cual contempla a desarrollo en su objetivo 4.3, reforzar las medidas de seguridad a fin de garantizar la integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y en su objetivo 4.6, que contempla abatir la irregularidad de vehículos, principalmente dedicados al servicio de pasaje regular, a efecto de contar con un servicio moderno y confiable, en un entorno de certidumbre jurídica y competencia equitativa, también es cierto que no se contemplan medidas eficaces tendientes a solucionar la problemática de los autotransportes "pirata".
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, a través del secretario de comunicaciones y Transportes, en el marco de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de autotransportes público de pasajeros o turismo por autobuses "pirata" dentro del territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL ACUERDO NACIONAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA, Y ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con relación al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Con fecha 25 de enero del año 2010 se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, en presencia del licenciado Felipe Calderón, Presidente Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en la residencia oficial de Los Pinos.
II. En este evento el doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, informa que la suscripción de este acuerdo es el arranque de un proyecto de gran alcance de política pública, que atiende uno de los retos de salud más relevantes de los últimos años.
En su discurso, el doctor Córdova Villalobos enfatizó la importancia de convertir en acciones tangibles y efectivas cada uno de los puntos que marca este acuerdo y prevenir entre otras consecuencias, los impactos económicos que para el sector salud significa atender las repercusiones negativas que provocan el sobrepeso y la obesidad y que en el año 2009 fueron del orden de más de 42 mil millones de pesos.
III. El propio Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria menciona que para contender con el grave problema del sobrepeso y la obesidad es fundamental contar con una política de Estado de carácter intersectorial.
Por ello, y alineado a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS, este acuerdo nacionalindica la constitución de un Foro nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad, espacio de participación democrática, donde se definirá un programa de trabajo con asignación de responsabilidades para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.
En virtud de que es reconocido por todos los sectores de la sociedad la urgencia de acordar acciones, sumado a que este acuerdo nacional concluye convocando al pleno del Ejecutivo, al sector privado, social y académico, bajo el liderazgo y responsabilidad central de la Secretaría de Salud, señalando que atacar el sobrepeso y obesidad es tarea de todos, he considerado que en un actuar responsable no podemos dejar pasar más tiempo, y por ello someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que atienda y convoque a la brevedad a la constitución del Foro nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad, en cumplimiento a lo indicado en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a esta Secretaría Salud a que, en el marco del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria considere la participación en este foro nacional de al menos dos representantes de la honorable Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR EN EL NUEVO MODELO DE OFICIALÍA MAYOR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE GASTO PÚBLICO, LAS ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DIGITAL, A CARGO DEL DIPUTADO RODRIGO PÉREZALONSO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 16 de marzo de 2010, en cumplimiento del artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.
En él se consideran diversas medidas tendentes a reducir entre 2010 y 2012 un monto equivalente a 40 mil millones de pesos, principalmente en rubros de servicios personales, y gastos de operación, administrativos y de apoyo. El ahorro generado en ello se destinará a programas prioritarios en materia de desarrollo social e infraestructura principalmente, tales el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, social, médica, educativa, hidráulica, turística y deportiva, programas de protección social en salud, de protección ambiental y de apoyo de las Pyme.
Dichas medidas, de acuerdo con el programa presentado por la SHCP, tienen carácter obligatorio para las dependencias de la administración pública federal. Su antecedente se halla en las medidas emprendidas a partir de 2006 que, de acuerdo con datos de la propia secretaría, representan un ahorro de 145 mil millones de pesos.
Los rubros que considera dicho programa incluyen la reducción en renglones asociados a servicios personales, gastos de operación y administrativos, así como gastos relacionados con asesorías, consultorías, estudios, congresos, combustibles, conservación de oficinas, pasajes, viáticos y alimentación del personal y difusión de material respecto a servicios públicos, así como en consumo de agua, telefonía fija y celular, fotocopiado e impresión, igual que en energía eléctrica.
Asimismo, los rubros que incluye consideran el análisis de funciones y programas a fin de evitar duplicaciones en los similares.
El programa incluye reducciones de gasto en adquisiciones de bienes muebles, inmuebles y vehículos, así como la reducción en gastos de delegaciones federales y representaciones de las dependencias en el exterior.
Uno de los puntos relevantes considera generar un nuevo modelo para las áreas de oficialías mayores y equivalentes, en la cual éstas asuman el control y la administración de los recursos humanos, presupuestarios, financieros, materiales y de servicios generales, así como de las áreas de tecnologías de la información con procesos estandarizados.
Desafíos del programa
La reforma plantea dos desafíos importantes:
Sin embargo, desarrollar dichos procesos automatizados deberá involucrar criterios de eficiencia, eficacia y economía a fin de que rindan los frutos esperados en materia de ahorros y mejora del servicio público y manejo de las oficialías mayores.
Ello se logra a través de sistemas informáticos actuales que incorporan los más recientes avances tecnológicos, como los esquemas de GRP (government resource planning).
Recientemente se han emprendido diversos y disímbolos esfuerzos en los tres órdenes de gobierno por homologar sistemas. Sin embargo, persiste la duplicación de esfuerzos, de sistemas y controles, lo cual genera poca uniformidad y asilamiento entre sistemas creados para cada dependencia con fines relativamente similares, provoca desconexión entre dichos sistemas, con las duplicaciones derivadas en materia de interconexión, capacitación, carga de sistemas, actualizaciones y su mantenimiento, así como de las crecientes necesidades de esquemas alternos de comunicación y traducción entre ellos.
Hay diversos sistemas para las funciones de gobierno, como sistemas de pago y control presupuestal, plataformas para contratación, adquisiciones, licitaciones y compras, así como de control de personal y el gasto en servicios personales, manejo de inventarios, cálculo de impuestos y transferencias entre dependencias y entidades, controles de gestión y correspondencia, presupuesto, manejo de efectivo, registro contable y cuenta pública y, en general, para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de las dependencias a través de las oficialías mayores.
Diversos estudios, análisis y estadísticas señalan que México presenta un importante deterioro en sus niveles de competitividad internacional y de crecimiento del producto interno bruto (PIB) e incluyen como unos de los factores primordiales los relacionados con investigación y desarrollo experimental respecto al PIB, en inversión en tecnologías de la información en proporción con el PIB; en el número de registro de patentes, científicos, negocios basados en tecnología, investigaciones, fuentes de empleo para científicos, porcentaje del PIB destinado a la investigación y desarrollo y accesibilidad a banda ancha, entre otros, En todos ellos, México ocupa un nivel inferior al promedio mundial, con los consiguientes efectos en la economía y productividad.
Ante esta realidad, resulta primordial el impulso del desarrollo tecnológico, del uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.
En enero de 2009, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la Agenda de gobierno digital, diseñada a fin de digitalizar los trámites administrativos y aprovechar las tecnologías de la información, y disminuir la brecha digital entre la administración pública federal con objeto de evolucionar hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Al respecto, esa dependencia señala:
"Ello vincula, además, el programa de mejora de la gestión a fin de otorgar mejores servicios y facilitar, entre otras cosas, el acceso a la información, a la rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la participación ciudadana" (Secretaría de la Función Pública, Dirección de Comunicación Social, comunicado de prensa número 01/2009, 16 de enero de 2009).
Asimismo, y en el marco del diseño de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo y la puesta en marcha de la agenda digital para México, es importante que estos procesos de homologación y estandarización que se realizarán, derivado del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, se den en un contexto de interoperabilidad entre sistemas de la administración pública federal.
Ello, a fin de unificar esfuerzos y recursos, con criterios que promuevan la eficiencia y la productividad, facilitando la comunicación y agilidad de trámites y procesos y, en general, un mejor manejo administrativo, con transparencia, mediante el uso de nuevas tecnologías, lo que sin duda promoverá ahorros y economías para el gobierno federal.
2. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, se halla el diseño de las áreas de tecnologías de la información en el nuevo modelo de oficialía mayor. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala que la inversión en telecomunicaciones, tecnologías de la información, desarrollo tecnológico y gobierno digital deben ser prioridades en el gobierno y sus políticas. Ello va unido al diseño y a la implantación de la agenda digital dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública en enero de 2009 con objetivos relacionados con la eficiencia operativa gubernamental.
Para su implantación se requiere el fortalecimiento institucional de las direcciones de tecnologías de la información y de gobierno digital de las dependencias, involucrándolas en una visión institucional orientada a los fines plasmados en la agenda digital. Sin embargo, en el marco del programa de austeridad, es importante rescatar su papel y trascendencia a fin de que, adscritas a cada oficialía mayor, no se conviertan en meros administradores y reparadores de equipos informáticos, consumibles y suministros, dejando de lado su tarea primordial y de largo plazo en el contexto de la agenda digital y los proyectos y programas de conectividad y avance tecnológico, vital para el crecimiento, productividad y mejora en la competitividad del país.
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a garantizar que los esfuerzos de homologación y estandarización de procesos para el modelo de las oficialías mayores de las dependencias y de las entidades, emprendido a partir del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público se den con criterios acordes con lo establecido en la agenda digital en materia de interoperabilidad de la administración pública federal, involucrando al mayor número de dependencias y órdenes de gobierno, con criterios de eficiencia y economía, facilitando el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, en la cual los ciudadanos y las áreas de tecnologías de la información de las dependencias desempeñan un papel fundamental. Asimismo, se vincule con los esfuerzos emprendidos en los tres órdenes de gobierno en materia de homologación contable a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr reducciones de costos y homologación de sistemas y procesos, con los consiguientes ahorros en materia tecnológica, lo cual redundará en el alcance de las metas en materia de austeridad.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que en el marco de la Agenda digital promovida por esta administración, y a pesar de los programas de austeridad, como el de carácter nacional recién presentado, se promueva el fortalecimiento de las áreas de tecnologías de la información y equivalentes de la administración pública federal, a fin de evitar que en las oficialías mayores se reduzca el nivel e importancia en los esfuerzos por emprender en dicha agenda digital.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de marzo de 2010.
Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS Y, CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, CONSIDERAR EL AGUA TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE DESARROLLO HUMANO; Y A LA CONAGUA, A INCLUIR EN EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2007-2012, COMO PROYECTO EMBLEMÁTICO, EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Gerardo del Mazo Morales, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias y, con base en el artículo 27 constitucional, el agua sea considerada tema de seguridad nacional y de desarrollo humano; y a la Comisión Nacional del Agua a que incluya, dentro del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, como proyecto emblemático el saneamiento integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco del Día Mundial del Agua, conmemoración que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, para que cada 22 de marzo se celebre y se fomente la conciencia pública del uso de este preciado líquido, Nueva Alianza reconoce que en México, el desarrollo económico y social depende en gran medida de la disponibilidad del agua con la que cuenta en las entidades federativas y municipios, lo que nos invita a impulsarlo a través de la satisfacción en la demanda de agua; en el abatimiento de la sobreexplotación de los mantos acuíferos; en la reducción de los índices de escasez, y en la implementación de una correcta cultura del agua que establezca penalizaciones y que éstas se cumplan por las autoridades.
Para Nueva Alianza representa una obligación, que en el marco del reconocimiento al vital líquido, se le reconozca, con base en las disposiciones legales que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un tema de seguridad nacional y de desarrollo humano.
Actualmente, en México se destina el 77% del agua a la agricultura y la ganadería, el 13 por ciento a la industria y la generación de energía, y sólo el 10 por ciento al consumo humano y doméstico.
En este contexto, la problemática que presenta este sector es de todas y todos los presentes conocida, hace 50 años nuestra disponibilidad de agua era de cerca de los 18 millones de litros por habitante al año, hoy en día, sólo es de 4 millones, una reducción del 400 por ciento.
Asimismo, al día un mexicano consume cerca de 360 litros de agua y desperdicia, en promedio, 250 litros de agua, por lo que para el año 2025, las nuevas generaciones tendrán sólo 3 millones de litros de disponibilidad.
De acuerdo a lo que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2003, el promedio de consumo humano debe oscilar entre los 150 y 160 litros de agua al día, en México el consumo es más del doble a la norma internacional.
Por ello, es necesario avanzar hacia una eficiente y moderna gestión de los recursos hídricos del país, que sea incluyente, participativa, con una legislación vigente y descentralizada en sus funciones hacia los estados y municipios.
La Ley de Aguas Nacionales de 1992, establece que la Comisión Nacional del Agua será el órgano superior de carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
En este mismo sentido, la Comisión Nacional del Agua ha dividido a México en trece regiones hidrológico-administrativas, agrupaciones de cuencas basadas territorialmente en regiones hidrológicas, ajustándose a los límites municipales como unidades mínimas de gestión administrativa, y que se subdividen en 37 regiones hidrológicas, en las que están agrupadas las 718 cuencas hidrográficas del país.
Nueva Alianza tiene la certeza de que, con sentido de unidad, podremos garantizar la viabilidad y el desarrollo sustentable que México y las y los mexicanos nos demandan como diputados federales.
Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; reconozco las labores que encabezan los presidentes de dichas comisiones, así como el resto de mis compañeros integrantes, ciertos y coincidentes de que para transitar hacia el mejoramiento del sector hídrico, es necesaria la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en estrecha vinculación y coordinación con la sociedad en su conjunto.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente del esfuerzo de todos los demás grupos parlamentarios que conforman esta Cámara de Diputados por atender la problemática de temas sociales que inciden en el mejoramiento de nuestros conciudadanos, a través del ejercicio esmerado y responsable en cada una de nuestras funciones, lo hemos constatado.
En este sentido y como diputado federal, someto a consideración de este Pleno la atención prioritaria de una de las trece regiones hidrológicas del país, la de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que sufre del deterioro ambiental ocasionado por la intensificación de los procesos de desarrollo económico-urbanos de las últimas décadas.
La región Lerma-Chapala-Santiago comprende la quinta parte del territorio nacional, y genera el 16 por ciento del Producto Interno Bruto, en ésta habitan aproximadamente 20 millones de personas, quienes comparten el uso del agua para distintos fines, sin embargo, el crecimiento demográfico y los déficits ocasionados por la falta de lluvia, así como la contaminación; la infraestructura dañada u obsoleta, y el abuso por mantener los niveles de abasto, ponen en riesgo no sólo el desarrollo de México, sino a los habitantes de dicha región.
La Cuenca Lerma-Chapala-Santiago nace en el estado de México y recorre los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, donde desemboca en el lago de Chapala y posteriormente sigue su cauce hasta el estado de Nayarit.
Asimismo, se ha consolidado como una de las regiones con mayor crecimiento industrial, porcícola, ganadero y agroindustrial del país, creando ciudades medianas y grandes polos económicos de corredores industriales: Lerma-Toluca en el estado de México, y el de Jalisco.
Las políticas de desarrollo comprendidos en esta cuenca fueron basados en el impulso industrial y la instalación de una agricultura intensiva, y que a la fecha han dado lugar al surgimiento de nuevas actividades económicas derivadas del uso de la tecnología, como la electrónica, alimenticia y química, que ha detonado el establecimiento de un gran número de parques industriales.
Destacó que este crecimiento no hubiera sido posible sin el acompañamiento de la construcción de importantes obras hidráulicas, ya que a la fecha se cuentan con 552 presas y bordes de contención a lo largo de los 53 mil 591 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, una presa cada 97.1 kilómetros cuadrados de la Cuenca, y donde del total de la cuenca destinada al riego comprende una superficie superior a los 11 mil kilómetros cuadrados.
Asimismo, más del 50 por ciento del total de estas presas se concentran en cinco subcuencas; siendo: 87 de ellas en Solís; 62 en el Lerma; 54 en el Duero; 49 en Tepuxtepec, y 43 en el Alto Lerma.
El propósito para el cual se construyeron estas presas fue el siguiente: el 50.9 por ciento de los afluentes se destinan al riego, a través de 281 presas; el 20.1 por ciento para riego secundario y abrevaderos; el 2.8 por ciento para control de avenidas, y sólo el 2.4 por ciento para agua potable, generación de energía eléctrica y servicios públicos.
Sin embargo, el 23.5 por cientos de ellas tienen un destino desconocido por nosotros.
Si bien es cierto que lo anterior ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de la población y es causa determinante para el funcionamiento del sistema productivo, ya sea agrícola o industrial, también es importante señalar que durante muchos años ha sido descuidado, puesto que la mala distribución del vital líquido a causa de una ineficiente regulación; las constantes descargas de aguas residuales ocasionadas por municipios, industrias y retornos agrícolas; la falta de modernización del riego; la disparidad entre la oferta y la demanda en el suministro de agua potable, así como la deforestación y erosión, nos han situado en un estado de alerta.
La naturaleza nos exige la implementación de procesos de gestión y desarrollos coordinados del agua, la tierra, los recursos inherentes y el ambiente, donde maximicemos el bienestar social y económico, de una manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.
Otro dato relevante es que el destino del agua de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago fue enlazado con los acueductos de los sistemas Lerma y Cutzamala, en 1951 y 1982, respectivamente, que en conjunto envían al área metropolitana del Valle de México el 29 por ciento del agua demandada.
Lo anterior ha ocasionado que a la fecha, los cuerpos de agua del valle se encuentran altamente contaminados, generando 6.3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, y donde sólo se tratan 1.2 metros cúbicos por segundo.
Adicionalmente, alrededor del 40 por ciento del agua se pierde en fugas por las tuberías en mal estado, de tal forma que se requiere promover cambios a la legislación actual para el cobro equitativo del agua, otorgando subsidios únicamente a la población de bajos ingresos.
Los datos señalados son reales compañeras y compañeros legisladores, los invito a la reflexión, en Nueva Alianza queremos que la celebración del Día Mundial del Agua de 2010 tenga un sentido más allá de la consideración, que se vea reflejado en acciones concretas.
Diversos estudios han señalado que se requiere como mínimo una inversión de Un mil 500 millones de pesos para el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Además se requiere elaborar y diseñar proyectos ejecutivos, estudios de factibilidad, adquirir y reparar maquinaria, así como implementar la tecnología en el aprovechamiento del agua utilizado en las superficies bajo riego y en la construcción de sistemas de alcantarillado y drenaje.
Reconozco que la problemática que presenta el tema del Agua en México es deficitario, que demanda la actualización y el perfeccionamiento de la legislación en la materia; la participación de la sociedad y de los tres niveles de gobierno y la dotación de recursos públicos suficientes para la generación de Infraestructura hidráulica que permita suministrar el vital líquido a toda la población del país y que coadyuve al pleno desarrollo de las actividades económicas, tanto las del sector urbano como el rural.
En dicho sentido, y ante el constante llamado que han hecho con antelación y durante las pasadas Legislaturas compañeras y compañeros diputados por solucionarlo, hago un exhorto para que consideremos un nuevo rumbo en el tratamiento de la problemática de nuestra Cuenca; que aprovechemos el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, y que con ello, solicitemos a la Comisión Nacional del Agua, para que la cuenca Lerma-Chapala-Santiago sea considerada dentro de los proyectos emblemáticos que manejan.
Los objetivos de este programa institucional a cargo de la Conagua están orientados a atender, en un lapso no mayor de 5 años, el saneamiento; la reforestación; la modernización del riego; el tratamiento y reúso de aguas contaminadas; el suministro y abasto de agua de consumo humano, y una cultura de agua con base en disposiciones legales de multas y méritos a la buena conducción y manejo del agua, entre otras acciones, con recursos propios, y donde se tenga una alta participación social.
Por ello invito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al Organismo de Cuenca Lerma ? Santiago ? Pacífico de la Comisión Nacional del Agua; al Instituto Nacional de Ecología; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional Forestal; a la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad; al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como a las asociaciones civiles que participan en la cuenca a que, con su apoyo, atendamos de una vez este problema que nos aqueja desde hace décadas.
En el marco del día mundial del agua es oportuno exigir que se cree el Proyecto Emblemático para la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, por ello en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza propongo, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ejecutivo federal, dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Agua en México, para que reconozca al agua, con base en las disposiciones legales del artículo 27 constitucional, como un tema de seguridad nacional y de desarrollo humano.
Segundo. Que la Comisión Nacional del Agua, a través del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, cree e instaure como proyecto emblemático a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, para lo cual se convoque por vía de las Comisiones Unidas Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, se celebre una reunión de trabajo con la Comisión Nacional del Agua y las Autoridades del Agua de los Estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit para la concertación de las acciones a realizar para la creación del proyecto integral de saneamiento de la mencionada cuenca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNA CAMPAÑA PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR RESPECTO A LAS CONDICIONES Y LOS TRÁMITES POR REALIZAR COMO PARTE DEL REGISTRO NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN QUE SE INCLUYA LA FECHA PERENTORIA PARA HACERLO Y LAS CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y GUMERCINDO CASTELLANOS FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, Gustavo González Hernández y Gumercindo Castellanos Flores, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a realizar una campaña de difusión en medios de comunicación para informar a los usuarios de telefonía celular respecto a las condiciones y trámites a realizar como parte del registro nacional de usuarios de telefonía móvil, así como no permitir prórroga al registro nacional de usuarios de telefonía móvil, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
II. Que el registro nacional de usuarios de telefonía móvil, de conformidad a lo establecido en la referida ley, deberá contener datos referentes al número y modalidad de la línea telefónica, nombre completo, domicilio y demás datos del usuario del servicio, entre otros.
III. Que entre los fines que se pretenden lograr con la implantación del registro nacional de usuarios de telefonía móvil, se encuentran el evitar la comisión de delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
IV. Que una vez iniciada la vigencia de la referida reforma, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tendrán como fecha límite el 10 de abril del presente año para cumplir con las obligaciones de registro y control relativas al registro nacional de usuarios de telefonía móvil, para el caso de aquellos usuarios del servicio telefonía móvil adquiridos con anterioridad. Esto, según lo establecido en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 9 de febrero de 2009.
V. Que en 2009, fecha en que inició la vigencia de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, se estimaba que en el país existían poco más de 70 millones de usuarios de telefonía móvil, de los cuales 90 por ciento carecía de un registro exacto de la persona responsable de su adquisición.
Para 2010, a poco menos de un mes de la fecha límite que existe para que los usuarios de telefonía móvil realicen el trámite correspondiente a su alta en el registro nacional de usuarios de telefonía móvil, se estima que 45 millones de teléfonos no han sido registrados por los usuarios.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se remite atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a realizar una campaña de difusión en medios de comunicación para informar a los usuarios de telefonía celular respecto a las condiciones y trámites a realizar como parte del registro nacional de usuarios de telefonía móvil en que se incluya la fecha perentoria para hacerlo y las consecuencias de la omisión.
Segundo. Se remite atento exhorto al Poder Ejecutivo federal respetar el plazo establecido y no haya prórroga para el registro nacional de usuarios de telefonía móvil, a fin de mantener el control de la actividad de la telefonía celular en la estrategia por contener la delincuencia asociada al uso de estos dispositivos móviles.
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de abril de 2010.
Diputados: Gustavo González Hernández, Gumercindo Castellanos Flores (rúbricas).
Excitativas
El que suscribe, Sergio Lobato García, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, incisos f) y p), de la Ley Orgánica; y 21, fracciones III y XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar integralmente las tarifas eléctricas del país y a otorgar tarifas preferenciales a Chiapas; asimismo, lo haga respecto a las diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al tema de reclasificación o reducción de tarifas eléctricas.
Antecedentes
I. Con fecha 23 de septiembre de 2009, el diputado Salvador Manzur Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
II. Con fecha 1 de octubre de 2009, la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
III. Con fecha 13 de octubre de 2009, el diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las tarifas eléctricas del país y otorgar tarifas preferenciales a Chiapas. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
IV. Con fecha 13 de octubre de 2009, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
V. Con fecha 15 de octubre de 2009, el diputado Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a realizar estudios sobre la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de tarifas eléctricas en Quintana Roo. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
VI. Con fecha 27 de octubre de 2009, la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a cambiar la tarifa de energía eléctrica para el consumo doméstico 1E por la 1F en Guaymas y Empalme, Sonora. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
VII. Con fecha 5 de noviembre de 2009, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad respecto del ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en Nayarit. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
VIII. Con fecha 10 de noviembre de 2009, la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a hacer efectiva con la mayor brevedad la reducción de las tarifas eléctricas en Chiapas. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
IX. Con fecha 24 de noviembre de 2009, el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE a establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en diversos municipios de Oaxaca, y a modernizar la infraestructura utilizada en la prestación del servicio. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
X. Con fecha 24 de noviembre de 2009, la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Conagua a adoptar las medidas necesarias para reclasificar las tarifas eléctricas de 1D a 1F, y llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas en Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, San Luis Potosí. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XI. Con fecha 26 de noviembre de 2009, el diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE a fijar en favor de las familias de Quintana Roo la tarifa 1B para homologar éste con los estados de la península de Yucatán. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XII. Con fecha 8 de diciembre de 2009, el diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar, reajustar y establecer mediante la SHCP, la Sener, la CFE y la Comisión Reguladora de Energía una tarifa preferencial para usuarios domésticos de la región de la Huasteca alta y baja, que forman el distrito electoral I, de Pánuco, Veracruz. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XIII. Con fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios de San Luis Potosí. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XIV. Con fecha 2 de marzo de 2010, la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar mediante la SHCP, la CFE y la Sener las tarifas de energía eléctrica en Veracruz. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XV. Con fecha 10 de marzo de 2010, el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XVI. Con fecha 16 de marzo de 2010, el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la SHCP y la CFE tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XVII. Con fecha 23 de marzo de 2010, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XVIII. Con fecha 23 de marzo de 2010, el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
XIX. Con fecha 23 de marzo de 2010, el diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva le dio turno a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Consideraciones
Primera. Que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura es un órgano constituido por el pleno de la Cámara de Diputados, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la propia Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Segunda. Que durante esta legislatura, a la fecha de la presentación de este punto de acuerdo, la Presidencia de la Mesa Directiva ha turnado a la Comisión de Energía un total de 50 proposiciones con puntos de acuerdo, de los cuales sólo ha emitido dictamen respecto a 3 de ellos. De este universo de asuntos turnados, 19 corresponden al tema importante de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, y ninguna de éstas ha recibido resolución de la comisión.
Tercera. Que a escasos días de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, la Comisión de Energía se ha reunido en 7 ocasiones, siendo 2 de ellas reuniones extraordinarias. Y en ninguna de estas reuniones se ha abordado el tema de las tarifas eléctricas, dando con ello muestra de desestimación y restándole importancia al tema, que afecta a millones de usuarios del vital servicio público.
Cuarta. Que el tema de las tarifas eléctricas reviste la mayor importancia, no solamente porque la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios sino, también, porque es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida. Baste recordar que, con el consumo de combustibles, el pago de energía eléctrica representa hasta 10 por ciento del gasto de los hogares mexicanos.
Así, el comportamiento de los precios de la electricidad tiene necesariamente un efecto en la vida social y en la actividad económica, por lo que debemos estar muy atentos a que aquél no incida negativamente en el resultado general de los precios.
Quinta. Que en estos momentos de crisis económica y reporte de importantes cambios climáticos en el orbe, es imperativa una reducción o, en su caso, una reclasificación de las tarifas eléctricas, ya que incide en la economía de los más necesitados e inhibe el desarrollo de la economía. Además, en las regiones donde el calor es más fuerte, éste se ha acentuado en los últimos años, provocando que las familias consuman mucho más energía eléctrica de la que utilizaban.
Sexta. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todas las comisiones de la Cámara de Diputados tienen la obligación de presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido.
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ha incurrido en una omisión legislativa, ya que no ha emitido dictamen a las 19 proposiciones con punto de acuerdo relativas al tema de las tarifas eléctricas que le han sido turnadas en esta legislatura, abonando con ello al rezago legislativo y al detrimento de la economía de las familias mexicanas, pues no sólo ha renunciado a su obligación legal de resolver y dictaminar sino que no ha sabido asumir su carácter de órgano de control de la administración pública, específicamente del sector energía, para que éstos presenten soluciones a las demandas de millones de mexicanos y que los diputados de diversos grupos, incluido el PAN, que preside la referida comisión, han transmitido a través de sus respectivos puntos de acuerdo ante esta soberanía.
Por lo expuesto y fundado, y en consecuencia de que ha transcurrido en exceso el plazo que establece el numeral 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, ciudadano presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, que se sirva
Primero. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus atribuciones, a formular excitativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputado, para que en el presente periodo ordinario de sesiones emita dictamen y lo presente al pleno, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar integralmente las tarifas eléctricas del país y a otorgar tarifas preferenciales a Chiapas, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, y en nombre de los diputados federales del estado de Chiapas e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza, respectivamente; asimismo, respecto a las diversas proposiciones con puntos de acuerdo relativos al tema de reclasificación o reducción de tarifas eléctricas, formuladas por diversos diputados a la LXI Legislatura.
Segundo. Que la Comisión de Energía cite a comparecer con la mayor brevedad a los secretarios de Hacienda, y de Energía, así como al director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que informen y propongan una solución integral sobre el tema de la tarifas eléctricas altas en diversas regiones del país, principalmente en los estados generadores de energía, como Chiapas y Veracruz.
Tercero. En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea considerada la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de abril de 2010.
Diputado Sergio Lobato García (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de que procese dos propuestas presentadas por el suscrito que atañen a la reforma de la propia Cámara de Diputados.
En la sesión del miércoles 23 septiembre de 2009, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y presentada a la Consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto fue la creación de la comisión ordinaria de Reforma del Poder Público y Derechos Fundamentales, de la Cámara de Diputados. El presidente de la Mesa Directiva ordenó que fuese turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
En la sesión del viernes 26 de noviembre de 2009, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y presentada a la Consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de crear el Consejo de Estudios e Investigación, integrado por legisladores de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y un comité de académicos. El presidente de la Mesa Directiva ordenó que fuese turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dado que es el caso que han transcurrido más de los cinco días después de que ambas propuestas fueron turnadas, y conforme a lo que se establece el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción XVI, sin que hasta la fecha se haya formulado dictamen alguno sobre ellas.
El promoverte de dichas iniciativas señala que deben ser dictaminadas en virtud de que, a pesar de los proyectos de reforma legal que están pendientes de dictamen y de las diversas propuestas parciales para mejorar el trabajo de Cámara, no se ha avanzado en el propósito de adecuar la normatividad y las prácticas parlamentarias a las responsabilidades actuales del Poder Legislativo.
Por otra parte, las iniciativas a discusión que conllevan reformas a la estructura de los poderes públicos y a los derechos fundamentales exigen una instancia de coordinación y dictamen conjunta como la que hemos propuesto.
Por estas consideraciones, a usted, presidente de la Cámara de Diputados le solicito:
Artículo Único. Formule excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de crear el Consejo de Estudios e Investigación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de abril de 2010.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ROBERTO PÉREZ DE ALVA BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Roberto Pérez de Alva Blanco, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicito a esta Presidencia que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que presenten el dictamen correspondiente si han transcurrido cinco días hábiles después de que se les turne un asunto; y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y sí ni así la comisión presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el jueves 11 de febrero de 2010, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en ese mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
Tercera. Es importante recalcar que el tiempo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión en mención dictamine el presente asunto, se ha excedido injustificada e innecesariamente. Recordemos que el tema de esta iniciativa versa sobre el cobro del impuesto sobre la renta a los pensionados que reciben del Seguro Social una pensión mayor a nueve salarios mínimos. Por ello, continuar posponiendo la discusión del tema, perjudica directamente a los adultos mayores que con mucho esfuerzo han logrado una pensión y que mes con mes observan como su pensión es mermada.
Cuarta. Existe un amplio consenso político y social para legislar sobre la materia. Además de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, diputados del Partido del Trabajo, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática presentaron iniciativas con propósitos idénticos. Sobre el particular es de señalarse que en términos del reglamento, el tiempo para dictaminar éstas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios antes mencionados, también ya se ha excedido.
Quinta. Reiteramos que cada día que pasa y que no actuemos en la materia estamos afectando considerablemente a los pensionados y sus familias que dependen de este ingreso. Asimismo, es tiempo de mandar un mensaje claro a la ciudadanía y hacerle ver que los legisladores si estamos comprometidos y sensibilizados con las necesidades que presentan. Por ello solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente, para antes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta LXI legislatura, el dictamen correspondiente al proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue presentada por el suscrito. Así mismo, si la excitativa no fuera suficiente para que la Comisión presente el dictamen, la emplace para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, proponga a la Cámara que se pase a otra comisión.
Señor Presidente, por todo lo expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Único. En términos del reglamento, formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presenten el dictamen correspondiente al proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue presentada por el suscrito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Junta de Coordinación Política a fin de que procese la propuesta presentada por el suscrito que atañe a la reforma del Congreso General.
En la sesión del 4 de marzo de 2010, fue presentada a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la Mesa Directiva ordenó que fuese turnada a la Junta de Coordinación Política. La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 2 de marzo de 2010.
Dado que es el caso que han transcurrido más de los cinco días después de que la proposición fue turnada, y conforme a lo que se establece en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en diversas disposiciones, especialmente en la fracción XVI, sin que hasta la fecha se haya formulado acuerdo alguno sobre ella.
El promoverte señala que debe ser procesada dicha proposición en virtud de que, a pesar de los proyectos de reforma legal que están pendientes de dictamen y de las diversas propuestas parciales para mejorar el trabajo de Cámara, no se ha avanzado en el propósito de adecuar la normatividad y las prácticas parlamentarias a las responsabilidades actuales del Poder Legislativo.
Por otra parte, las iniciativas a discusión que conllevan reformas a la estructura de los poderes públicos y a los derechos fundamentales exigen una instancia de coordinación y dictaminación conjunta como la que hemos propuesto.
Por estas consideraciones, a usted, presidente de la Cámara de Diputados, le solicito:
Artículo Único. Formule excitativa a la Junta de Coordinación Política para que emita acuerdo acerca de la proposición con punto de acuerdo por la que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
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