Gaceta Parlamentaria, año XII, número 2867-III, jueves 15 de octubre de 2009

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2867-III, jueves 15 de octubre de 2009.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Pensiones y Prestaciones de los Ferrocarrileros Jubilados, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los programas federales de agua y saneamiento del Distrito Federal, a cargo del diputado José María Valencia Barajas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un servicio médico forense en Moroleón, Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector educativo, en el ramo 11 y en el gasto federalizado, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que revise de manera detallada el IETU, sus resultados y sus repercusiones reales en las estructuras económicas para reducirlo y evitar sus efectos negativos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para mantenimiento y rehabilitación, en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, dirigidos al saneamiento de sanitarios de primarias y secundarias, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Zonas Urbanas, en la rectificación, el revestimiento y la modificación de estructuras del río Querétaro, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, a cargo del diputado José Antonio Aysa Bernat, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el centro comunitario Buenos Aires, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la ampliación e inversión en infraestructura de la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se conserven, actualicen y amplíen los fondos para las universidades interculturales del país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el centro deportivo Emiliano Zapata, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para atender diversos rubros de educación básica, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir mediante la SRE a la Embajada de México en Estados Unidos de América para que inicie las negociaciones con sus homólogos a fin de que, con base en los protocolos de la Convención sobre Relaciones Consulares entre ambas naciones, de 1942, y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, se establezcan oficinas consulares de ese país en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para restaurar el Parque Bicentenario, en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para rescatar y construir tres parques públicos en la zona quinta de Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el plan productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en pro de la Economía Popular, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la restauración arquitectónica y ornamental del Teatro del Pueblo, recinto cultural y patrimonio histórico que data del siglo XVII, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, relativo a la protección, al manejo y a la restauración del parque nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir ante el director general del ISSSTE a fin de que celebre con los profesores por jubilarse un convenio para pagar los días o meses de cotización faltantes a efecto de cubrir los requisitos de ley que den acceso inmediato a la prestación, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se construya el sobrebordo de protección en Tuxpan, Nayarit, por considerarse zona de alto riesgo para los habitantes, a cargo del diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a revisar y replantear mediante la Dirección General de Sanidad Vegetal la estrategia para combatir la mosca de la fruta en San Luis Potosí, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que analice el presupuesto por asignar a los programas gubernamentales que tienen como finalidad destinar recursos para la igualdad de hombres y mujeres con perspectiva de género, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores braceros, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar estudios sobre la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de tarifas eléctricas en Quintana Roo, a cargo del diputado Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a combatir el fraude laboral y fiscal efectuado mediante operaciones de outsourcing por The Coca-Cola Company y sus filiales; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra dicha empresa, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a cumplir las transferencias de recursos a los organismos estatales de juventud, a cargo del diputado Martín Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la administración del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la LXI Legislatura que implante un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o en favor del personal para posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de 2010 el otorgamiento de estímulos en el impuesto sobre la renta a quienes empleen a personas mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a modificar el Programa 70 y Más para incrementar el monto del beneficio económico y reducir el requisito de edad, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de 2010 el otorgamiento de estímulos en el impuesto sobre la renta a quienes generen productos compatibles con el ambiente, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía la formación de un grupo plural de trabajo, con asistencia de la dirección jurídica, que analice y proponga al pleno la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, según corresponda, respecto al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, y del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía respecto a las acciones realizadas o en proceso para armonizar las políticas, los programas y las normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y se exhorta a las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión a dar prioridad de dictamen a las iniciativas y a las minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas, y a considerar en estas tareas el compromiso del Estado mexicano con la mencionada declaración, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a revisar y actualizar de inmediato –con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, las universidades agropecuarias y el Colegio de Postgraduados– los "paquetes tecnológicos" agropecuarios y acuícolas para volver eficiente e incrementar la productividad del sector primario y evitar pérdida de recursos en el campo mexicano, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública federal rediseña el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a la inversión de las Afore en infraestructura; y al manejo, a la administración y al uso de los recursos que integran el Fondo Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social y su posible uso a fin de solventar las finanzas de éste, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a continuar el proceso legislativo del dictamen del proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción I Bis al artículo 389, los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, relativo a los criterios para la asignación de recursos de los fondos metropolitanos, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Programa de la Mujer del Sector Agrario, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que mediante la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se realice un foro conmemorativo al vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño para revisar los avances y los retos legislativos nacionales en la materia, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general del ISSSTE para que explique la aplicación de recursos del instituto en la promoción personal de su imagen, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

Excitativas

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL LOS DESTINE A INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, DE NACIONAL FINANCIERA, SNC, RELATIVO AL FONDO DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE LOS FERROCARRILEROS JUBILADOS, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR FÉLIX FLORES MORALES Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Víctor Félix Flores Morales, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010 se consideren los recursos actuarialmente necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, para que el comité técnico del citado fideicomiso esté en condiciones de autorizar el incremento del número de días que anualmente se paga a los fideicomisarios por concepto de aguinaldo y se aumenten las pensiones de este grupo de jubilados en un porcentaje superior a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al consumidor.

Antecedentes

1. En virtud de la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente Permanente y la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario por parte del honorable Congreso de la Unión, a partir del año de mil novecientos noventa y siete se inició en nuestro país la explotación y administración del servicio público de transporte de mercancías a través de vías férreas por parte de la iniciativa privada, mediante concesiones que para tal efecto recibieron del Poder Ejecutivo federal.

2. Con este motivo, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de ser la entidad operadora y administradora de los ferrocarriles en nuestro país, y ante ello las autoridades laborales competentes resolvieron dar por terminadas las relaciones, individuales y colectivas de trabajo y una de las consecuencias fue que 56 mil 372 ( cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores del organismo público descentralizado en cita obtuvieran el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos contractuales y legales para ello.

3. El gobierno federal, en respuesta a la gestión de la Dirigencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado en cita, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a estudios actuariales realizados, los recursos económicos necesarios para tal fin, constituyéndose con este propósito, mediante contrato de fecha 19 de diciembre de 1997 el fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, modificado por convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el fondo de jubilaciones convenido previamente en la contratación colectiva, el que, a partir de mil novecientos ochenta y ocho se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes.

4. Conforme a los estudios actuariales anexos al convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre del 2000, el monto de los recursos del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, eran suficiente para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al consumidor dado a conocer por Banco de México, ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año inmediato anterior.

5. La falta de coincidencia entre el inicio de operaciones del fondo de jubilaciones, 26 de septiembre de 2000; el último proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1 de junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el índice nacional de precios al consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del fondo de jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que es además de justo, conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrolló una de las industrias más importantes y representativas del desarrollo de nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó en sus ingresos.

6. Resulta importante mencionar que el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, durante la vigencia de las relaciones laborales, en los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, solicitó reiteradamente del patrón Ferrocarriles Nacionales de México el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes de pensiones y jubilaciones del país. Sin embargo, esta negociación no llegó a formalizarse ante la conclusión del proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos y en consecuencia de las relaciones obrero-patronales.

7. En las anteriores circunstancias, el citado fondo de jubilaciones únicamente protege a los ferrocarrileros jubilados un aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si se atiende a que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etcétera) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al fideicomiso que administra el fondo de jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual de los ferrocarrileros jubilados se ajuste como mínimo a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

8. Este tema ha sido planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de los distintos grupos parlamentarios; abordándose en la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente este tema para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical. Ejemplos de ello lo constituyen el punto de acuerdo que aprobara el pleno del Senado de la República, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002; la propuesta presentada en sesión de fecha 2 de diciembre de 2003 ante el pleno de esta soberanía; la presentada por 24 (veinticuatro) diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de octubre de 2004, esto último dentro de la LIX Legislatura federal.

9. En el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal, de nueva cuenta el suscrito y veinticinco diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante propuesta con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 4 de octubre de 2005 insistieron ante esta soberanía sobre este tema y fueron respaldados por la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo que de esta instancia se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de octubre de 2005.

10. La voluntad política de los grupos parlamentarios en apoyar este justo planteamiento que, por conducto de su dirigencia sindical, hacen los ferrocarrileros jubilados para ver incrementado el aguinaldo que reciben del fondo de jubilaciones y un ajuste a sus pensiones jubilatorias, se vio reflejada en la inclusión dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 de una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos para que el gobierno federal la destinara a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC; cantidad que tomando en cuenta los 45 mil 697 ( cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y siete) ferrocarrileros jubilados que sobrevivan a la fecha y cuyas pensiones y prestaciones eran pagadas por el citado fideicomiso, fue apenas suficiente para entregarles en diciembre de dicho ejercicio presupuestal, apenas una pequeña cantidad como gratificación anual, pero que estuvo muy lejos de ser suficiente para fondear financieramente al fideicomiso para que el aguinaldo que reciben se incremente a un mes del importe de la pensión mensual jubilatoria vitalicia que reciben.

11. Los trabajadores ferrocarrileros jubilados cuyas pensiones y prestaciones se encuentran garantizadas por el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, a través de sus representantes generales por jubilados en las 39 (treinta y nueve) secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, solicitan de nueva cuenta la intervención de la honorable Cámara de Diputados para que se autorice la partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que les permita acceder a los treinta días de aguinaldo anual.

12. Por ello los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, convocamos al resto de los grupos parlamentarios representadas ante esta honorable soberanía para que, honrando el compromiso con este importante grupo de jubilados y pensionados ferrocarrileros, adoptemos el acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen a la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, que administra el fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, con objeto de cubrir su déficit financiero y para que el comité técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México con base en el índice nacional de precios al consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados para hacerlo coincidir con el importe de una mensualidad que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

13. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 4o. del decreto por virtud del cual se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, que impone la obligación al gobierno federal de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del organismo público descentralizado y de que el fondo de jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

14. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical por conducto de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta honorable soberanía que se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2010, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicitamos, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y con ello hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en los antecedentes de esta presente propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bordahui (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), José Tomás Camilo Sánchez (rúbrica), Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Javier Duarte de Ochoa (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Salvador Díaz Manzur (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Judith Fabiola Vázquez Saut, José Francisco Yúnez Zorrilla (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARÍA VALENCIA BARAJAS Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

José María Valencia Barajas, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La zona metropolitana de la Ciudad de México padece de falta de disponibilidad de agua, y esta falta de disponibilidad se ha convertido en los últimos tiempos en una verdadera crisis.

Esta crisis se manifiesta, por un lado, en el abatimiento de los mantos freáticos producto de la sobreexplotación del llamado acuífero del valle de México y, por otro lado, por el abatimiento de las presas que alimentan el Sistema Cutzamala, producto de la variación del las lluvias estacionales y la deforestación en la propia zona de los afluentes del Cutzamala.

En tiempos más recientes las consecuencias del cambio climático han agravado la crisis hídrica de la Ciudad de México, afectando los ciclos estacionales de las lluvias provocando en ocasiones sequias atípicas y, en otras, torrenciales lluvias extremas en zonas que no son de recarga del acuífero.

Para enfrentar los estragos de esta crisis se requiere, ordinariamente, incrementar la eficiencia física y comercial; esto significa renovar, sustituir y sectorizar la red de distribución de agua para evitar fugas y desperdicios además de ampliar la capacidad de recaudación por la prestación del servicio. Se requiere ampliar la capacidad de desahogo de las redes del drenaje pluvial y del drenaje profundo. Todas estas acciones representan una erogación anual superior a los 5 mil millones de pesos. Durante los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad ha logrado cubrir un porcentaje no mayor a 20 por ciento de esas necesidades anuales a través del programa federalizado Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU).

Es preciso comentar que los recursos con los que el Distrito Federal cuenta través del APAZU son ejercidos a cabalidad, a pesar de que el gobierno local tiene que aportar hasta 60 por ciento de contraparte, la Conagua no ha reportado ni un solo subejercicio de este programa, tan sólo para el corte del primer semestre del presente ejercicio fiscal, todos los recursos estaban ya formalizados y comprometidos, lo que representó que para ese corte semestral, el Distrito Federal fuera la única entidad federativa sin subejercicios en el programa.

En forma urgente se requiere incrementar la infraestructura para tratar las aguas residuales a efecto de sustituir el empleo de agua potable para consumos industriales, suntuarios y de riego urbano; pero, sobre todo, se requiere someter a un tratamiento terciario especializado un volumen considerable de aguas residuales con la finalidad de infiltrarlas artificialmente para recargar el acuífero.

La infiltración artificial del acuífero es un procedimiento que se aplazó por considerable tiempo ya que el Ejecutivo federal tardó poco mas de 5 años en publicar la NOM 14-CONAGUA-2003 y la NOM-15-CONAGUA-2007, con la publicación oficial de estas normas el pasado 14 de agosto de 2009, al fin se cuenta con un parámetro técnico que permita realizar el proceso de infiltración artificial en forma adecuada. Lo que ahora se requiere es contar con los recursos financieros para generar la infraestructura de infiltración.

Respecto al tratamiento de aguas residuales es preciso señalar que el Distrito Federal ha sido relegado de los beneficios del Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento.

Vale recordar que ese programa fue propuesto ante este pleno en octubre de 2007 por diputados del PRD y que la mayoría de los integrantes de Cámara de Diputados brindó su apoyo a esa iniciativa. Originalmente el programa pretendía hacer concursar a municipios que contaran con cuerpos de agua o playas como interés turístico por fondos federales para tratar sus descargas de agua residual. Posteriormente, Conagua adecuó la propuesta para beneficiar a un universo más amplio de localidades en el país. Sin embargo, al publicar los lineamentos del programa impuso la restricción de que sólo serian objeto de beneficio localidades menores a 500 mil habitantes.

El cumplimiento de la condicionante mencionada ha sido muy laxo. Afortunadamente el burlar la restricción ha permitido que ciudades como Chihuahua, Hermosillo, Querétaro y Villahermosa hubieran sido beneficiadas con el Programa Fondo Concursable. La restricción sobre el número menor de población solo ha propiciado la simulación.

La imperiosa y urgente necesidad de tratar aguas residuales para intercambiar fuentes y usos de agua requiere que todas las localidades del país puedan ser susceptibles de ser beneficiadas con el Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento, máxime cuando zonas metropolitanas como la de Guadalajara o la Ciudad de México ostentan un rezago en el volumen de aguas residuales tratadas y esa agua puede ser fuente de abastecimiento al ser tratada especialmente e inyectada artificialmente al acuífero.

Por lo expuesto y fundado, es que sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 considere asignar al menos la misma cantidad de recursos aprobados para el ejercicio fiscal de 2009 a los programas federalizados a cargo de la Comisión Nacional del Agua en el Distrito Federal. Lo anterior, partiendo de la base de los mil millones de pesos aprobados a la partida B00 S079, "Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas", y los 300 millones aprobados a la partida B00 K131, "Túnel Emisor Central y Túneles Interceptores". Adicionalmente se solicita la asignación de 800 millones de pesos al Distrito Federal a través de la partida B00 U019, "Recuperación de Mantos Acuíferos Sobreexplotados", a efecto de generar infraestructura para la inyección de agua tratada al acuífero del valle de México de acuerdo a la NOM-015-CONAGUA-2007, para de este modo posibilitar una solución al problema de escasez de agua, particularmente en la zona de Iztapalapa.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el cuerpo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 destine un artículo que disponga la anulación del criterio prevaleciente en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua que impide que poblaciones mayores a 500 mil habitantes se beneficien del Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento.

Tercero. En consecuencia con el anterior resolutivo, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 considere asignar un monto de 700 millones de pesos al Distrito Federal a la partida B00 S218, "Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento", a efecto de propiciar el aumento en el caudal de aguas tratado en la planta de cerro de la Estrella y someterlas a un tratamiento terciario especializado, para que puedan ser inyectadas al acuífero de acuerdo a la NOM-014-CONAGUA-2003.

Cuarto. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se propone como posible fuente de financiamiento de los incrementos propuestos 1. El monto de los ajustes y reasignaciones provenientes del Ramo 23, "Previsiones Salariales y Económicas"; 2. El monto de las reasignaciones internas del Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales"; 3. El monto adicional de recaudación producto de las reformas a la Ley Federal de Derechos; 4. Los que estime pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UN SERVICIO MÉDICO FORENSE EN MOROLEÓN, GUANAJUATO, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA OROZCO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

La suscrita, Norma Leticia Orozco Torres, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la creación de un servicio médico forense (Semefo) en el municipio de Moroleón, Guanajuato; al tenor de los siguientes

Antecedentes

La zona metropolitana que comprende los municipios de Yuriria, Uriangato, y Moroleón, en la región sur del estado de Guanajuato, cuenta con 163 mil 270 habitantes entre los tres, los cuales aportan anualmente al producto interno bruto 8 mil 950 dólares per cápita; es decir, 1,461,331,650.00 (un mil cuatrocientos sesenta y un millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta dólares). A pesar de que estos seis municipios son principalmente urbanos, cuentan con un porcentaje importante de población que vive en zonas rurales, con aproximadamente el 35 por ciento.

Esta zona de gran importancia para el estado de Guanajuato no cuenta con un servicio médico forense que brinde apoyo a la población cuando se presenta una situación de urgencia, debido a los accidentes que se suscitan en la vía pública de toda comunidad.

El Semefo más cercano a las comunidades en cuestión es el que se localiza en la ciudad de Celaya, que brinda apoyo forense a los municipios de Yuriria, Uriangato, Santiago Maravatío, Tarimoro, Salvatierra y Moroléon.

A pesar del servicio brindado por el Semefo de Celaya, la infraestructura no es la suficiente para que la ciudadanía de Celaya y toda el área metropolitana de Moroléon tengan cubierta la necesidad de servicios forenses con prontitud.

Consideraciones

El servicio médico forense es básico para una comunidad que requiere mecanismos técnicos de apoyo, para que las autoridades puedan administrar e impartir justicia de manera eficiente. Además, los servicios médicos forenses brindan el apoyo necesario a la ciudadanía cuando ésta requiere de periciales médicas, o cuando existen defunciones en lugares públicos.

Es importante al igual que trascendente que se apruebe la instalación a la brevedad posible de un Semefo en el municipio de Moroleón, debido a que daría asistencia a 226 comunidades que ya exigen que sus gobernantes les suministren este servicio básico, además de que es esta localidad urbanizada cuenta con accesos prontos a los municipios de Yuriria y Uriangato, así como a sus poblados más apartados.

El servicio médico forense más cercano para los ciudadanos de los municipios de Moroleón, Yuriria y Uriangato se encuentra en la ciudad de Celaya Guanajuato, aproximadamente a hora y media de la ciudad de Moroleón, poco más de tres horas de la comunidades más lejanas como son Amoles y Loma de Sempoala.

Condenar a los parientes de las personas que mueren por accidentes en la vía pública a un traslado de hasta tres horas, resulta indigno para una sociedad moderna. Es importante que las comunidades de Moroleón, Yuriria y Uriangato alcancen al siglo XXI y dejen de sufrir el calvario que significa ir a identificar o en su caso a recoger a sus parientes. Amén del tiempo que tarda el Semefo más cercano en recoger a quienes por desgracia fallecieron en la vía pública.

La administración de justicia también tiene que alcanzar la modernidad. Los servicios periciales que debe ofrecer un Semefo no pueden ser efectuados en comunidades tan lejanas, en detrimento de los justiciables. Los resultados de una prueba pericial deben ser pronta a fin de que la justicia se cumpla cabalmente.

La ciudadanía guanajuatense de antedichas comunidades exige un servicio de urgente y básica necesidad cuando se presenta un accidente con resultados mortales. Es necesario que los legisladores comprendamos el dolor que causa la pérdida de un ser cercano, aunado a que en un momento trágico no exista la infraestructura necesaria para darle el trato debido a las víctimas y a sus deudos.

Por ello y con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón, Guanajuato.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guanajuato a girar instrucciones y los recursos necesarios, por conducto de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el ámbito de colaboración entre los Poderes y en cumplimiento del pacto federal, para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubredel año 2009.

Diputada Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO, EN EL RAMO 11 Y EN EL GASTO FEDERALIZADO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO PÉREZ DE ALVA BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Roberto Pérez de Alva Blanco, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el caso de la presente administración se tiene la premisa básica de la política económica como la mejora del desarrollo humano sustentable, a través de cinco ejes rectores:

I. Estado de derecho y seguridad;

II. Economía competitiva y generadora de empleos;

III. Igualdad de oportunidades;

IV. Sustentabilidad ambiental; y

V. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Aunque los objetivos nacionales sean factibles, la situación económica ha impuesto un ambiente restrictivo, que obliga a tomar acciones inmediatas en la propuesta económica sin modificar las premisas y los objetivos centrales de la política económica.

Ante esta situación, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se presenta como una propuesta inmersa en una crisis internacional que afecta las finanzas públicas nacionales, por una merma de los ingresos públicos regulares, lo que impulsa a modificar el nivel y la composición presupuestales.

En el continente americano se ha experimentado durante las últimas décadas un importante crecimiento de los niveles de acceso a la educación básica. Sin embargo, éste no siempre se ha acompañado por un aseguramiento universal de la conclusión de los estudios de dicho nivel. De hecho, para los mandatarios de los países del continente, los actuales desafíos de los sistemas educativos de la región, por lo que respecta a la educación básica, han dejado de estar asociados a la garantía del acceso y se vinculan ahora con la necesidad de asegurar tanto la conclusión como el logro de determinados niveles de aprendizaje. México necesita mejorar su desempeño educativo, para lo cual es esencial revisar la forma en que se invierte el presupuesto en educación.

La educación y la formación de capital humano de excelencia y de ciudadanos integrales son una prioridad nacional y una política de Estado; sólo mediante la inversión en la materia podrán enfrentarse los retos que imponen al país el fenómeno de la globalización y los diversos desafíos de un entorno más competitivo. Ninguna nación puede prescindir de una educación de calidad para todos los estudiantes que, a su vez, impulse procesos productivos y el desarrollo de la sociedad.

Como resultado de diversos diagnósticos sobre la educación pública en México, es necesario impulsar políticas orientadas a resolver rezagos en ámbitos estratégicos como el funcionamiento de las escuelas, el bajo aprovechamiento de los alumnos, la capacitación y formación de los docentes y los factores socioculturales y económicos de los estudiantes, a los que se agregan problemas en la propia administración del sistema educativo, como un estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, la insuficiente comunicación entre los agentes escolares, la escasa participación social en las tareas de la escuela y los excesivos requerimientos administrativos que limitan a los directivos para ejercer un verdadero liderazgo académico, el ausentismo de los docentes, el uso ineficiente de los recursos disponibles, y las deficiencias en infraestructura y equipamiento.

De la demanda de la sociedad por una educación de calidad, equitativa e incluyente se deriva una serie de compromisos para 2010 en materia de infraestructura y equipamiento, reforma curricular, capacitación del magisterio, atención de grupos vulnerables, tecnologías y conectividad y cobertura y atención, que tuvieron que ser considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Sin embargo, esta condición no se cumple en el proyecto entregado en la Cámara de Diputados.

El gasto programable propuesto en el ramo 11 ("Secretaría de Educación Pública") para el ejercicio de 2009 obtuvo un presupuesto aprobado por 200 mil 930.5 millones de pesos, importe que, comparado con el proyecto de Presupuesto de 2010, por 196 mil 415.6 millones de pesos, resulta menor en términos reales, con un decremento de -14 mil 360.49 millones de pesos, lo que representa una variación real de -6.8 por ciento, como se observa en el siguiente cuadro:

En el gasto federalizado (recursos que se transfieren a entidades federativas y a municipios), en el ramo 33 ("Aportaciones federales para entidades federativas y municipios"), hay ocho fondos, de los cuales tres tienen que ver con la función de educación:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB);

II. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); y

III. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

En el ramo 33, el FAEB presenta un incremento en términos reales de 3.008 millones (1.30 por ciento de incremento real), el FAM de 278 millones (2.05 por ciento real), a diferencia del FAETA, que presenta un decremento real de 60 millones, con un porcentaje de -1.34 real, como se observa en el siguiente cuadro:

En los ramos generales, también hay otro que tiene que ver con la función educación, el 25 ("Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal tecnológica y de adultos").

En el ramo 25 se tiene una asignación en el Presupuesto de 2010 de 43 mil 101.0 millones de pesos, contra 49 mil 36.4 aprobado en 2009, que a precios corrientes representa una disminución de -16.1 por ciento real.

Por ello considero fundamental otorgar los recursos necesarios al sector educativo, a efecto de atender la demanda de la sociedad con una educación de calidad y fortalecer la premisa básica de esta administración como la mejora del desarrollo humano sustentable, propiciando un desarrollo regional equilibrado al fortalecer también las entidades federativas.

Es necesario revertir el decremento del gasto programable propuesto para el ramo 11 ("Secretaría de Educación Pública"), ya que para el ejercicio de 2009 obtuvo un presupuesto aprobado por 200 mil 930.5 millones de pesos, importe que, comparado con el proyecto de Presupuesto de 2010, por 196 mil 415.6 millones de pesos, resulta menor en términos reales, con un decremento de -14 mil 360.49 millones de pesos, lo que representa una variación real de -6.8 por ciento.

En el ramo 33, el FAEB presenta un incremento en términos reales de 3 mil 8 millones (1.30 por ciento real) y el FAM de 278 millones (2.05 por ciento real), pero tenemos que reforzar las acciones que en materia de educación realizan las entidades federativas, por lo que el incremento real en estos fondos debería ser de 3 por ciento.

Por último, respecto del FAETA, que presenta un decremento real de 60 millones con un porcentaje de -1.34 real, propongo que quede en los mismos términos del ejercicio de 2009, con la intención de revertir este decremento en términos nominales.

Por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren ampliaciones presupuestales en el sector educativo, en el ramo 11 (educación pública) y en el gasto federalizado (recursos que se transfieren a entidades federativas y a municipios).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE REVISE DE MANERA DETALLADA EL IETU, SUS RESULTADOS Y SUS REPERCUSIONES REALES EN LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS PARA REDUCIRLO Y EVITAR SUS EFECTOS NEGATIVOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, someten al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se haga una revisión detallada del IETU, de sus resultados y sus impactos reales en las estructuras económicas del país, más allá de los impactos puramente recaudatorios, a fin de ajustarlo a la baja y evitar sus efectos negativos, con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) fue aprobado por el Congreso de la Unión el 1 de junio de 2007 como parte del paquete de reforma fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo federal. A partir de su establecimiento, los diversos sectores de la población, especialmente los productivos, tanto en su vertiente de carácter empresarial como de prestadores de servicios y servicios profesionales, manifestaron sus inquietudes que iban desde la incertidumbre de cómo formular sus declaraciones y, sobre todo, sus impactos directos reales en sus estructuras impositivas particulares.

Como sabemos, la tasa del IETU es de 17.5 por ciento, pero en artículos los transitorios de la ley se estipula que para el ejercicio fiscal de 2008 la tasa sería de 16.5 por ciento, para 2009 es de 17 por ciento y para 2010 y ejercicios subsecuentes esta será de 17.5 por ciento. En resumen, lo que se pagará será la cantidad que de los ingresos obtenidos (ganancia por venta de bien o servicio), menos las deducciones debidamente requisitadas y que son conforme a derecho, generando un resultado que se multiplicara por 0.17, dando así el impuesto a proporcionar al gobierno mexicano.

El impuesto se calcula aplicando la tasa del impuesto a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas descritas anteriormente, las deducciones autorizadas que establece la ley. Como vemos es realmente complejo en su aplicación por lo que ha incrementado los costos por la necesidad de contratar personal profesional para su declaración, convirtiéndose sólo en el aspecto de su declaración en un verdadero problema para los pequeños contribuyentes.

Por otra parte, los argumentos presentados por el Ejecutivo federal para la imposición de este impuesto nunca fueron convincentes para quienes se verían obligados a tributar este impuesto.

Así, se manifestaba que "no es benéfico para nuestro país el sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros". Por lo que "el objetivo es sentar las bases para que mediante el pago de contribuciones, equitativas y proporcionales, la sociedad transfiera recursos destinados a generar los bienes y servicios públicos que la misma sociedad valora y demanda".

Lo anterior, sin dejar en claro a que se refería el gobierno federal con "equidad y proporcionalidad", ya que a lo largo de su implementación ha quedado en evidencia que se trata de un impuesto que no tiende a proporcionar mayor equidad, confundiendo a menudo el Ejecutivo igualdad, con equidad, en donde no se reconoce la particularidad que cada empresario o cada profesionista, haciendo de las igualdades inequidades manifiestas.

Es por ello que, sin legislar de manera casuística, se debe reglamentar de manera que se establezca un marco en donde se atienda a la particularidad y la equidad, que cumpla con la función de recabar ingresos para el cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos para con el Estado mexicano pero que también a la vez inhiba la discrecionalidad y el abuso. Todo ello es posible si se regula bien, cuesta trabajo e imaginación, pero todos debemos estar comprometidos en ello.

Sin llegar a lo que el Ejecutivo ha denominado "un excesivo formalismo jurídico que abre nuevos espacios para que unos cuantos contribuyentes se beneficien, en tanto que el resto encuentra más gravoso el costo asociado al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se fomenta una cultura de incumplimiento fiscal que alienta a la informalidad", que es en lo que precisamente se ha caído, hay que hacer el esfuerzo de regular con claridad y transparencia, hoy día no se sabe como se cumple, no se ha logrado ampliar la base de contribuyentes con la economía informal y contrariamente si ha logrado crear malestar e incertidumbre en la sociedad al no saber si está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones tributarias.

El IETU en la práctica se alejó de los aparentes propósitos que habían animado al establecimiento de este impuesto que era "un instrumento tributario flexible, neutral y competitivo, capaz de adaptarse a la necesidad de obtener mayores recursos tributarios con efectividad, equidad y proporcionalidad". Por que ni es flexible, no es neutral y lejos de alentar la competividad la inhibe, como ha quedando demostrado a lo largo del tiempo en que este impuesto se ha venido aplicando.

Es claro que lo que se ha pretendido en los últimos años de parte del Ejecutivo federal es el establecimiento de mecanismos impositivos de fácil recaudación, por ello siempre se privilegia la medida de establecer mayores gravámenes a los causantes cautivos, en lugar de tratar de ampliar la base de contribuyentes.

Ello queda de manifiesto en los sujetos y las actividades a las que se les ha venido aplicando este impuesto: Personas físicas (con actividad empresarial o régimen intermedio) y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país; por la realización de las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios, por la expedición de recibos de honorarios, por el arrendamiento financiero, liquidación de cuentas incobrables.

Por otra parte, los resultados esperados suponían que la aplicación de la contribución empresarial que se aprobó, a una tasa única del 19 por ciento, generaría ingresos adicionales del orden de 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a partir de 2009, en tanto que durante 2008, se estimaba obtener una recaudación del 1.3 por ciento del PIB.

Dichas metas no se han cumplido en ninguno de los años en que se ha aplicado la imposición y que incluso para el presente año se espera que caiga en más de un 8 por ciento respecto al año anterior.

Todo ello porque es un impuesto mal planeado y que sólo atiende a una visión simplista de mayor recaudación sin atender los impactos en las estructuras productivas, su crecimiento, sus efectos en el empleo, pero sobre todo su impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos, quienes se han sumado a la lamentable cifra de desempleados, constante que ha prevalecido a lo largo de los últimos años como consecuencia malas decisiones ya que el propio Poder Ejecutivo recientemente reconoció se había incrementado en 6 millones, dato que sin duda debe se ser mucho más alta, a pesar de que el "presidente del empleo" la dio a conocer, pero la pobreza y el desempleo están íntimamente ligados.

Ahora bien, el impacto real causado por el IETU, nos indica que las empresas independientemente de que hayan tenido pérdidas, deben pagar el 16.5 por ciento de sus ingresos brutos del año. El costo se traduce en una lenta recuperación de la actividad económica porque, de lo poco que le ingrese a la empresa, va a tener que darle el 17 por ciento al gobierno.

Insistimos, no ha cumplido su objetivo de recaudación, así lo demuestran los informes trimestrales de las finanzas públicas, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, la realidad actual es diferente y lo que ha generado este impuesto, son problemas de flujo de efectivo en las empresas. Sólo a manera de ejemplo cabe mencionar que de enero a noviembre de 2008, el IETU apenas había recaudado unos 43 mil 960.6 millones de pesos, 36.9 por ciento debajo de la cifra que esperaba reunir en todo el año (69 mil 688 millones de pesos) y para 2009 la expectativa no es mejor, apenas unos 55 mil 408 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

En este sentido los expertos advierten que en crisis se complica más la situación, por que grava el flujo de efectivo, y del impuesto sobre la renta (ISR), que aplica a la ganancia contable por lo que deberán de contribuirle al fisco aun cuando tengan pocas ventas. No es un impuesto para ciclos recesivos de la actividad económica, es complejo y poco transparente. Este año, la tasa de este impuesto es de 17 por ciento y a partir de 2010 será de 17.5.

Como se puede apreciar se reconoce que es un impuesto que no ha respondido a las expectativas para la que fue creado por lo que muy poco tiempo después de su implementación se han presentado diversas propuestas de reformas legales que han tenido diversas pretensiones, como lo son

1. Que los contribuyentes puedan deducir las mercancías, materias primas o similares que por deterioro u otras causas no imputables a ellos hubieran perdido su valor o no sean comercializable en el mercado;

– Deducir 50 por ciento sobre el costo de las mercancías donadas en perfecto estado siempre que dichas mercancías sean útiles en el combate a la pobreza; y

– Hacer deducibles los servicios prestados por cualquier profesionista de forma gratuita a las entidades facultadas para expedir recibos deducibles, hasta por un 5 por ciento de las utilidades fiscales captadas el ejercicio fiscal inmediato anterior.

2. Abrogar el IETU al considerar que representa una carga excesiva para las pequeñas y medianas empresas, pues grava el flujo de efectivo sin tomar en cuenta si la empresa tuvo ganancias o pérdidas en el periodo correspondiente

3. Abrogar la Ley del IETU ya que el impuesto no ha cumplido su objetivo de recaudación y fue planteado en un escenario con crecimiento, inversión y empleo. Además de que considera que duplica su objetivo con el impuesto sobre la renta.

4. Eximir del pago del IETU y del ISR a los ingresos percibidos por autores -personas físicas- que hayan creado una obra literaria y artística, reconociendo como tales obras en las ramas de la danza, cine, escultura, fotografía, programas de cómputo, entre otras.

5. Disminuir las cargas impositivas del gobierno, a través de 1) aplicar el IETU a una tasa de 15 por ciento sobre la cantidad que resulte de disminuir la totalidad de los ingresos percibidos de las deducciones autorizadas; 2) disminuir el ISR del 28 al 21 por ciento; y 3) en la distribución de utilidades aplicar un impuesto de 21 por ciento.

6. Fijar la tasa del cobro del IETU en 10 por ciento.

7. Disminuir el impuesto empresarial de tasa única a un nivel de 12 por ciento, con objeto de incentivar la economía nacional para atemperar los efectos sociales en materia de empleos generados por la crisis económica mundial.

Por todo lo anterior, quienes éramos candidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León emitimos un desplegado de rechazo a la aplicación del IETU, en periodo de recesión económica en los términos siguientes: "Primero. Que el IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, sin embargo, con la crisis financiera y la contingencia epidemiológica recientes, ha creado importantes problemas de flujo de efectivo en las empresas.

Segundo. Que pagar el IETU en año de crisis representa un golpe al patrimonio empresarial, en razón de que deben pagar al fisco aún cuando tengan pocas ventas o incluso pérdidas, lo que ha orillado a una de cada cinco empresas a efectuar despidos ante la carga fiscal del IETU.

Tercero. Que la desaceleración económica está afectando a muchas empresas y según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el panorama a mediano plazo se agravará, por lo que estamos convencidos que la disminución temporal en la carga fiscal que genera el IETU, impulsaría a que las pequeñas y medianas empresas generen capital de trabajo.

Cuarto. Que no permitiremos que el gobierno federal reaccione una vez más de manera ineficiente y tardía ya que inicialmente trató de minimizar la magnitud de la crisis en nuestro País y ahora pretende minimizar el efecto y las secuelas nocivas que el IETU provocará en el sector empresarial del país.

Nos declaramos, en consecuencia, a favor de la disminución inmediata del IETU, y asumimos la responsabilidad y el compromiso de trabajar para reactivar la economía nacional."

Hoy en congruencia reiteramos el compromiso de seguir trabajando en formulas que reactiven la economía, que generen empleo, y que ayude a disminuir los niveles de pobreza que han venido creciendo en los últimos años de manera alarmante y que deben ser motivo de vergüenza para todos, pero principalmente para el Ejecutivo federal que ha sido incapaz de crear los mecanismos para blindar nuestra economía ante una crisis evidente y que menospreció.

Por ello es imperante revisar los esquemas tributarios que hoy en día tenemos a la luz de sus resultados, pero sobre todo a la luz de fortalecer la economía de país, pasar de esquemas puramente recaudatorios a esquemas impositivos que promuevan el crecimiento estructural, fomenten el empleo e incrementen los niveles de vida de la población.

Con base en las consideraciones anteriores, los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se haga una revisión detallada del IETU, de sus resultados y sus impactos reales en las estructuras económicas del país, más allá de los impactos puramente recaudatorios, a fin de ajustarlo a la baja y evitar sus efectos negativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Cristina Díaz Salazar, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Felipe Enríquez Hernández, Fermín Montes Cavazos (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO, DIRIGIDOS AL SANEAMIENTO DE SANITARIOS DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artícul 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, etiquete una partida exclusiva y específica por 2 mil millones de pesos para dar mantenimiento y rehabilitación en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinada concretamente al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar el conocimiento y la cultura, entre otras. Asimismo es un derecho tutelado por nuestra Carta Magna.

La Ley General de Educación en su artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de abril de 2002 dispone que el Presupuesto del Estado contemplara un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en 2010 recursos equivalentes al 8 por ciento del PIB.

El objetivo central de la política de educación, es promover una gestión más autónoma de las escuelas, fortaleciendo el liderazgo de los directivos, el trabajo en equipo del cuerpo docente y la flexibilización del trabajo en el aula para poder atender las necesidades diversas del alumnado.

El desarrollo de las capacidades de los alumnos depende en gran medida: 1) De sus condiciones físicas; 2) De su higiene mental; 3) De las condiciones de operación e infraestructura de las escuelas y, 4) Del impulso a la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La matrícula de las escuelas federales se distribuye de la siguiente manera:

• 13.1 por ciento preescolar;
• 53.5 por ciento en primaria;
• 27.1 por ciento en secundaria, y
• 6.3 por ciento restante corresponde a la matricula en educación inicial, especial, normal y de adultos. En la capital del país, hay 65 mil niños y niñas de entre 6 y 17 años de edad que no van a la escuela por motivos de desigualdad social, es decir, 3.6 por ciento de la población total de estudiantes de esa edad. El universo de estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria es de un millón 800 mil niños y jóvenes, y del total que no tienen acceso a ella por lo menos 500 niños nunca han ido a la escuela.

Es una realidad que en nuestro país no se cuenta con la infraestructura suficiente para atender la demanda escolar básica. La infraestructura y el equipamiento de los planteles escolares son precarios en algunos Estados, lo que resulta evidente más aún en estados con mayor índice de marginación como es el caso de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí; que en términos generales, su mantenimiento deja mucho que desear. La obsolescencia del mobiliario, el equipamiento y el material didáctico es también evidente, las bibliotecas de los planteles no están en capacidad de responder a las necesidades de alumnos y maestros.

La salud es inherente al ser humano, por tanto, una de las prioridades que está relacionada con la salud de los alumnos de los planteles educativos es el referente al cuidado, mantenimiento y saneamiento de los sanitarios. Es de gran importancia poner especial atención a esta problemática en las escuelas, toda vez que muchos de los sanitarios carecen de mantenimiento en su infraestructura sanitaria. Por ello, es indispensable etiquetar dentro del Programa de Infraestructura Educativa una partida específica para destinarla y ejercerla a través de un Programa destinado al Saneamiento de Sanitarios Escolares.

La falta de limpieza en los sanitarios y en general de las instituciones educativas, resulta evidente de acuerdo a lo acontecido en abril de 2009, con la aparición de la influenza A (H1N1), de la que aún no existe vacuna alguna en México, que derivó en contagios múltiples en los centros educativos y en diversos rubros a nivel nacional.

En consecuencia, a fin de evitar nuevos brotes ante la contingencia que aún prevalece, es menester un programa exclusivo para el saneamiento de sanitarios escolares públicos de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

Ahora bien, en algunas escuelas existen serias filtraciones de drenaje y tubería de agua potable que pone en riesgo de salubridad a la población estudiantil por los focos de infección que se presentan en los sanitarios, al no contar con la instrumentación y adecuada limpieza.

De dicho presupuesto, en su tercer informe de labores, la Secretaría de Educación Pública comunica que el gasto nacional en educación para el 2009, se integró con el 64 por ciento de presupuesto federal correspondiente a 506 mil 760.9 millones de pesos, y 14.4 por ciento de la participación de los gobiernos estatales y municipales correspondiente a 114 mil 193.9 millones de pesos que asciende a un total de 620 mil 954.8 millones de pesos.

Por tanto, es de destacar, que los tiempos no están para desaprovechar los recursos públicos, más aún cuando hay necesidades añejas en las escuelas, y máxime que se trata de un rubro esencial para el desarrollo, que por la falta de aplicación oportuna del recurso, han ocurrido diversos hechos o accidentes.

La meta para cambiar y enfrentar el rezago y definir las prioridades educativas en las escuelas responde a criterios de una escuela de calidad que asuma de manera colectiva, la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de sus alumnos y que se comprometa con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar.

Para el 2010 en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como es bien sabido, no se aumentan los recursos con respecto a lo que se estimó ejercer en 2009 para la Educación Pública. Es indispensable equilibrar la distribución que afecta a las entidades con mayor índice de marginación, y se dote de infraestructura escolar de nivel básico de todos los Estados, para enfrentar la problemática, abandono y rezago que sufren las escuelas públicas consideradas en situación de riesgo; pero sobre todo a fin de garantizar el adecuado rendimiento escolar.

Para el ejercicio fiscal de 2009 la federación destino a la infraestructura para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento o ambos 2 mil 33 millones de pesos, 18.4 por ciento más en términos reales de los erogado en 2008. Con la aportación federal mas la de los estados, municipios y del sector productivo se estima que se crearon 287 servicios, de ellos 86 son federales, lo que significa un incremento de 48 por ciento respecto de los generados al año anterior. Asimismo se estima que se podrán cubrir las necesidades de 1 mil 269 unidades educativas públicas en su infraestructura física. Se espera que para este año que esta por terminar, los siguientes resultados del programa en cada unos de sus fondos:

Con el Fondo de Infraestructura para la Construcción, Ampliación, Mantenimiento y/o Equipamiento se apoyara a mil 269 unidades educativas, con una aportación federal de mil 728 millones de pesos.

Con el Fondo de Ampliación de la Cobertura Educativa se beneficie a mil 105 planteles, con una inversión federal de 236.7 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, etiquete una partida exclusiva y específica por 2 mil millones de pesos para dar mantenimiento y rehabilitación en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinada concretamente al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo nacional.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los quince días del mes de octubre del año dos mil nueve.

Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONAS URBANAS, EN LA RECTIFICACIÓN, EL REVESTIMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DEL RÍO QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los proyectos de defensas fluviales tienen por finalidad prevenir las inundaciones, producto de las crecidas de los caudales de ríos debido al régimen de precipitaciones abundante.

Las inundaciones y desbordes fluviales pueden tener consecuencias socioeconómicas graves en la medida que afecten asentamientos humanos, centros de producción agrícola o industrial e infraestructura vial.

El río Querétaro pertenece a la región hidrológica 12 cuenca Lerma-Chapala-Santiago, con una longitud total de 25.5 km. aproximadamente, el cual nace en el Cerro del Zamorano pasando por varios municipios, Colón, Marqués y Querétaro, para continuar por el estado de Guanajuato en el punto conocido como las Adjuntas. Este río es el cauce principal del desalojo pluvial del municipio de Querétaro y su zona conurbana y se le une el drene El Arenal, El Drene Climático y el río Pueblito en diferentes partes de su desarrollo longitudinal.

El río Querétaro en este tramo presenta cierta problemática pluvial a través de los años debido a que no se ha fortalecido la atención necesaria, existiendo afectaciones en tramos del mismo por el desarrollo urbano, así como la modificación de su sección hidráulica, por falta de un mantenimiento continuo generando como resultado disminución en su capacidad hidráulica.

A lo largo de la historia, el río ha sido determinante en el desarrollo de las poblaciones asentadas en sus márgenes como elemento de vida para la comunidad, con huertas, pozos, cultivos y crianza de peces.

Además, el río ha formado parte de la memoria colectiva de los ciudadanos, quienes visitaban sus márgenes para recrearse en las áreas verdes e incluso nadar en el cauce.

El río atraviesa localidades, rancherías, zonas parcelarias y asentamientos urbanos que en algunos casos vierten sus aguas residuales directamente al río sin ningún tratamiento. Esto propicia focos de infección y contaminación que degradan la calidad de sus aguas, aunado a ello, se tienen tramos que se han convertido en tiraderos de basura que bloquean las secciones hidráulicas del cauce y ponen en riesgo de inundación a la población cuando se presentan las avenidas fuertes.

Por lo anterior, es necesario realizar la rectificación y revestimiento de este cauce que vaya de acuerdo al desarrollo urbano futuro del municipio. Actualmente su sección es irregular y está en mal estado, teniendo obstrucciones por estructuras como alcantarillas, pasos vehiculares y peatonales que no tienen la capacidad hidráulica adecuada lo cual afecta su flujo propiciando el desbordamiento y afectando la población cercana a él.

El tramo que se analiza tiene una longitud de 3 mil 240 metros, aproximadamente, su capacidad de conducción es variable, conduciendo actualmente en algunos tramos un gasto máximo de aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo cuando se debería conducir un gasto de aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo.

También se planea la revisión hidráulica, la modificación de varios puentes que atraviesan el cauce del río tanto vehiculares como peatonales; ya que no se cuenta con una delimitación de la zona federal correspondiente al derecho de río en zonas urbanas, esto favorece las invasiones de la ribera por parte de particulares, incrementando con ello los riesgos durante la temporada de lluvia.

Las metas del proyecto se relacionan a continuación:

1. Tramo límite entre el municipio de Querétaro y el de El Marqués hasta la escuela de bachilleres que consta de una longitud de 900 metros se propone rectificación y excavación del cauce para conducir un gasto de 80 metros cúbicos por segundo. Del tramo del Colegio de Bachilleres hasta el bulevar Bernardo Quintana se propone la rectificación, excavación y revestimiento del cauce con una superficie de 33 mil 930 metros cuadrados y 30 centímetros de espesor, complementando la construcción de 3 puentes vehiculares y 4 puentes peatonales, rehabilitando 2 estructuras derivadoras, en beneficio de 120 mil habitantes.

2. Tramo bulevar Bernardo Quintana a avenida 5 de Febrero; en este tramo el río Querétaro cuenta con sección revestida de mampostería y de gaviones, y se han presentado problemas pluviales a través de los años por la existencia de puentes vehiculares considerados históricos, y que representa una obstrucción al flujo del cauce, provocando remanso y desbordamiento del mismo. En este sentido se debe realizar la ampliación del área hidráulica de los puentes mediante conductos de sección circular, colocados a los lados sin dañar la estructura existente de dichos puentes, así como reconstruir pasos peatonales existentes, dar capacidad hidráulica a 7 puentes vehiculares y reconstruir 6 pasos peatonales. El tramo tiene una longitud de 4 mil 160 metros, aproximadamente, y se beneficiara a 580 mil habitantes.

3. Tramo avenida 5 de Febrero a las Adjuntas; en este tramo es necesario realizar la rectificación y revestimiento de este cauce que vaya de acuerdo al desarrollo urbano futuro de este municipio. Actualmente su sección es irregular y presenta mal estado, teniendo obstrucciones por estructuras como alcantarillas, pasos vehiculares y peatonales que no tienen la capacidad hidráulica adecuada lo cual afecta su flujo propiciando desbordamiento con afectación a la población. El tramo tiene una longitud de 9 mil 260 metros aproximadamente y el tramo a rehabilitar es de 8 mil 730 metros ya que en la zona urbana de Santa María Magdalena existe un tramo revestido de mampostería de 530 metros de longitud. Además existe una bifurcación del flujo del río por medio de un canal de alivio que inicia en la colindancia poniente del campo militar con una capacidad de 40 metros cúbicos por segundo, el cual va paralelo a la carretera de Tlacote uniéndose nuevamente al río cerca de las Adjuntas.

En el tramo avenida 5 de Febrero a la colindancia de la zona urbana oriente de Santa María Magdalena se propone rectificación, excavación y revestimiento del cauce a una superficie de 58 mil metros cuadrados y 30 centímetros de espesor. En el tramo de la zona poniente de Santa María Magdalena a la descarga del dren El Arenal, se propone la rectificación, excavación y revestimiento del cauce a una superficie de 12 mil 760 metros cuadrados y 30 centímetros de espesor y el tramo de la descarga del dren El Arenal a Las Adjuntas se propone excavar y rectificar el cauce en longitud de 3 mil 850 metros, complementando esto con la construcción de 3 puentes vehiculares, beneficiando a 100 mil habitantes.

En resumen la rectificación de la sección hidráulica considera mil 275 Hm (hectómetros); el zampeado y parapeto de la misma de la revestimiento, 41 mil 180 metros cuadrados; el parapeto y lomo de toro, 7 mil 100 metros lineales; estructuras de estrada, 180 metros cuadrados; adecuación de puentes vehiculares, 7; adecuación de puentes peatonales, 5; reconstrucción de puentes vehiculares, mil 664 metros cuadrados; todo esto beneficiara a más de 800 mil habitantes, con una inversión de 166.6 millones de pesos.

Por ello someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar, al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, recursos al programa de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas urbanas en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE LOS RÍOS GRIJALVA-USUMACINTA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO AYSA BERNAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, José Antonio Aysa Bernat, en nombre propio y de los diputados que al calce firman, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se constituya la comisión especial de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta para promover el desarrollo sustentable e integral de la región e impulsar y fomentar los proyectos hidráulicos que eviten o mitiguen el impacto de las inundaciones periódicas de la zona de influencia de esta cuenca.

Consideraciones

a) Legislativas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.

En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

b) Geográficas, económicas y sociales

La gran cuenca Grijalva-Usumacinta está conformada por seis cuencas hidrológicas integradas por los ríos Usumacinta, Lacantún, Chixoy, Grijalva, Tonalá y Coatzacoalcos.

Estas seis cuencas se dividen a su vez en siete subregiones: alto Grijalva, con una superficie de 9 mil 644 kilómetros cuadrados; medio Grijalva, con 20 mil 146 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-sierra, con 9 mil 617 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-planicie, con 12 mil 163 kilómetros cuadrados; Tonalá-Coatzacoalcos, con 6 mil 859 kilómetros cuadrados; Lacantún-Chixoy, con 19 mil 857 kilómetros cuadrados; y Usumacinta, con 13 mil 59 kilómetros cuadrados; es decir, la superficie total de la cuenca es de 91 mil 345 kilómetros cuadrados.

El agua que corre por estos ríos se origina en su mayoría en la Sierra Madre de Chiapas y de Guatemala, en las cuales se tienen altitudes de hasta 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar; todos sus escurrimientos superficiales drenan hacia la vertiente del golfo de México, es decir, hacia la planicie de Tabasco, del sur de Campeche y de Veracruz, que están entre 0 y 20 metros s/n m.

La precipitación media anual de la región se encuentra entre las más altas del mundo y van desde 2 mil 700 mm en la zona costera y hasta 4 mil mm en las estribaciones de la sierra (Teapa y Pichucalco). En consecuencia, es la más alta del país ya que a nivel nacional alcanza solo 777 mm.

El volumen anual de escurrimientos es de 102 mil 800 millones de metros cúbicos, que representa más de 30 por ciento de los escurrimientos totales del país.

Por lo que respecta a los cuerpos de agua superficiales, existen en la región un total de 404 lagos y 5 lagunas que suman una superficie de 804 kilómetros cuadrados, incluyendo los vasos de las presas del alto Grijalva.

Por las características topográficas, climatológicas y geológicas, se almacenan grandes cantidades de agua subterránea para las demandas de todos los usos: agrícola, público urbano, industrial, pecuario y en generación de energía eléctrica.

La región cuenta con el sistema hidroeléctrico Grijalva que incorpora cuatro grandes presas sobre la parte alta del cauce del río del mismo nombre; La Angostura, Chicoasen, Mal Paso y Peñitas, las que en su conjunto tienen una capacidad de generación del orden de 12 mil 817 gwh. Es decir, 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Inundaciones

La gran cuenca Grijalva-Usumacinta representa una de las regiones más privilegiadas del país en cuanto a recursos naturales, pero también por sus características hidrometeorológicas, el calentamiento global y las amenazas que imprevistamente se presentan por el desalojo de las presas, anualmente la planicie Tabasqueña, la del sur de Campeche y de Veracruz se ven amenazadas por las inundaciones que impactan la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, la planta productiva, la infraestructura, los servicios, la producción agropecuaria y de energéticos de esta gran región, los últimos acontecimientos dan cuenta de ello: las inundaciones de 1995 causadas por los ciclones Opal y Roxane, las inundaciones de 1999 que afectó a mil 70 localidades; y la última de 2007 que impactó a 1 millón 215 mil habitantes que soportaron una pérdida económica calculada por la Cepal en 32 mil millones de pesos, en esta ocasión se desbordaron los ríos de la sierra el Grijalva, el Carrizal y el Samaria. En 2008 se desbordo el río Usumacinta, ocasionando grandes pérdidas a la agricultura, ganadería e infraestructura carretera como también en servicios de salud y educativos, y la vivienda de los pobladores de esta cuenca.

La cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta de nuestro país se constituye con 123 municipios. La población asentada en el territorio de la cuenca es de 6.5 millones de habitantes aproximadamente. El 47 por ciento del total vive en localidades urbanas y el 53 por ciento restante en comunidades rurales.

Los centros urbanos más importantes son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, en Chiapas; Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco; Ciudad del Carmen, en Campeche, y Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz.

El crecimiento demográfico esperado para 2020 será 65 por ciento mayor que la población de 1995, lo que la reafirma como una región de crecimiento elevado en el contexto nacional. Es una zona de alta diversidad, tanto por sus recursos naturales, ya que cuenta con las reservas de la biosfera maya, los pantanos de Centla y la de la Laguna de Términos, así como por sus grupos étnicos originales Tzeltales, Tzotziles, Choles, Lacandones y Chontales.

Además de ser una zona de gran potencial de desarrollo, el gobierno federal ha dejado pendientes o de plano ha suspendido obras importantes, como la construcción de un vertedor de demasías que controlaría y transferiría los volúmenes excedentes de las presas de la Angostura, Chicoasén y Mal Paso, fuera de la cuenca del río Grijalva, con lo cual quedarían protegidas las poblaciones y zonas productivas de la región centro-norte de Tabasco.

También están las obras consideradas en el plan hídrico de Tabasco para evitar inundaciones en las zonas centro y olla de la Chontalpa de Tabasco, como son el Dren Samaria-golfo de Mexico.

Proyectos como el de la presa Itzantun, cuya construcción fue suspendida inexplicablemente hace más de 15 años, que es importante retomar, ya que generaría 2 mil185 gigawatts-hora y controlaría la parte alta y media de la cuenca del río Tacotalpa.

Por su impacto directo en el desarrollo de la región, generación hidroeléctrica y control de inundaciones, destacan varias obras para aprovechar los ríos que hoy fluyen libremente por la planicie:

• El proyecto binacional Boca del Cerro (Tabasco, Chiapas y Guatemala) por construirse sobre el río más caudaloso de México: Usumacinta.

• El canal de derivacion Balancan-Chumpan (Tabasco-Campeche) para evitar inundaciones del bajo Usumacinta e irrigar más de 60 mil hectáreas.

• Construir el fundamental proyecto Salto de Agua sobre el río Tulija.

Entre los principales problemas de la cuenca destacan los siguientes: Insuficiente cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Infraestructura hidráulica deteriorada, así como baja productividad e ineficiencia en los usos agrícolas y público-urbanos.

Contaminación de corrientes superficiales y aguas estuarinas.

Azolvamiento gradual de los cauces de los ríos debido a la erosión de los suelos en las partes altas de las cuencas.

Falta de medidas preventivas en la red hidrológica de la cuenca y de la observancia estricta de la normatividad vigente en lo relativo a la ocupación de zonas federales, ante la presencia cíclica de fenómenos meteorológicos.

Insuficientes acciones de manejo de la cuenca.

Limitada cultura del agua.

Inundaciones frecuentes que ocasionan graves daños a los pobladores de la planicie, cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos extremos.

El rezago y la marginación están presentes en muchas localidades rurales de la zona.

Justificación

Para conservar y proteger los recursos hidráulicos y naturales el desarrollo sustentable de la región de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta se requiere vigilar, proponer y, en su caso, adecuar las acciones que emprendan conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales, los usuarios y en general la sociedad organizada en su conjunto y específicamente lo que a continuación se detalla:

Disminución de riesgos y atención de efectos de inundaciones

Elaborar leyes para previsión, manejo y mitigación de las emergencias que se presenten en la zona a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos, desastres naturales, manejo equivocado de las presas y cualquier otro evento que ponga en riesgo la integridad física de la población, y la capacidad y recursos productivos y de infraestructura con que cuenta.

Mantener, conservar y ampliar la infraestructura de control de avenidas.

Consolidar los sistemas de información y alerta a la población.

Atender las demandas de los usuarios para la protección de las áreas de producción agropecuaria.

Promover los programas de protección civil.

Delimitar las zonas federales en las áreas urbanas para su desincorporación y entrega de las superficies que resulten a los municipios para su administración.

Fortalecer las asociaciones de usuarios.

Agua potable, alcantarillado y saneamiento Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Atender el rezago en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en zonas rurales.

Incrementar las coberturas y fomentar la mejora constante de los servicios en las zonas urbanas.

Orientar las acciones hacia el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera de los municipios y sus organismos operadores.

Promover el desarrollo de proyectos y la construcción de plantas para el tratamiento de las aguas residuales.

Sector agrícola Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola.

Construir infraestructura hidráulica para ampliar la frontera agrícola.

Apoyar las zonas marginadas con infraestructura hidráulica.

Desarrollar áreas de temporal tecnificado.

Manejo integral de las cuencas y acuíferos Lograr el manejo integral de los recursos naturales.

Impulsar los estudios para determinar y conocer el volumen y calidad del agua disponible.

Orientar la demanda de agua de acuerdo con la disponibilidad.

Dar prioridad a las acciones que propicien la reducción de la demanda.

Dar seguimiento a los procesos de la planeación, programación presupuestación y la aplicación de los programas hidráulicos por cuencas y acuíferos.

Desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico Incrementar los recursos destinados al sector en la región.

Impulsar los cambios legislativos para consolidar el papel de la federación en torno al agua mediante la descentralización de funciones y programas.

Consolidar el proceso de descentralización de recursos que realiza la federación hacia los estados, municipios y usuarios para mejorar el manejo del agua.

Promover la innovación y transferencia de tecnología.

Desarrollar los recursos humanos del sector agua.

Participación de los usuarios y la sociedad organizada Consolidar la organización y funcionamiento de los consejos de la cuenca.

Sensibilizar a la población sobre el valor estratégico y económico del agua.

Apoyar a los movimientos organizados por la sociedad y por especialistas a favor del agua.

Se requiere en general el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura hidroeléctrica y de control de ríos para el desarrollo y la competitividad; el sistema logístico para el desarrollo regional de la cuenca, asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente para el desarrollo integral de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta.

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para el país y el desarrollo de la población, los estados, municipios y localidades de la zona que confluyen en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, me permito presentar a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura se constituya la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable e integral de la región.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación e impulsará y fomentará programas y proyectos de desarrollo hidrológico, económico y social.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. La comisión especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de acuerdo a la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado José Antonio Aysa Bernat (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL CENTRO COMUNITARIO BUENOS AIRES, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Es fundamental que los gobiernos garanticen el acceso de toda la población a los bienes que fomentan el adecuado desarrollo de sus capacidades, resulta ineludible acercar a la sociedad a los servicios de salud, educación, asesoría jurídica y laboral con la finalidad de alcanzar la equidad entre los habitantes, particularmente en grandes urbes como la Ciudad de México.

2. En tal sentido, la administración de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal proyecta crear un centro de desarrollo comunitario que atienda y de respuesta a las principales necesidades planteadas por la población residente en la colonia Buenos Aires, tales como: capacitación laboral, acciones preventivas contra las adicciones, asesoría jurídica, regularización y actualización académica y desarrollo de actividades culturales comunitarias.

3. Se realizará la construcción total de un nuevo centro de desarrollo comunitario, ubicado en el callejón Doctor Ignacio Barajas Lozano, en la colonia Buenos Aires.

4. El inmueble en cuestión tendrá dos niveles para el desarrollo de sus actividades. En el primer nivel se construirán instalaciones hidrosanitarias, un auditorio para 150 personas, dos salones de usos múltiples, una bodega y las instalaciones de recepción y vigilancia. El segundo nivel albergará cuatro salones de usos múltiples, instalaciones hidrosanitarias y las oficinas administrativas del centro comunitario.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $6,000,000.00 (seis millones de pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales dar respuesta a las necesidades de la población de manera equitativa, plural y popular.

2. Que el centro comunitario Buenos Aires tiene un significado y un valor excepcional para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto, para la atención de necesidades de capacitación, educación, prevención y asesoría.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos comunitarios y culturales, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes necesidades de la población sean atendidas adecuadamente a nivel local y nacional.

Por lo expuesto ponemos a consideración de este Honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortez, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CARRETERA FEDERAL 57, QUERÉTARO-SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México, presenta deficiencias que obligan a llevar a acabo un gran esfuerzo en materia de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, modernización y ampliación den todas las regiones del país.

El estado de Querétaro, y en específico siendo la capital una de las ciudades con mayor proyección económica y cultural en el centro del país, cuenta con una ubicación estratégica por ser paso obligado a la Ciudad de México; lo cual ha sumado un crecimiento acelerado en los últimos años, generado por un crecimiento poblacional del 2.7 por ciento anual, un desarrollo industrial significativo y una migración interna masiva de los estados contiguos, han obligado que la infraestructura carretera de acceso a la zona norte de la ciudad sea considerada como prioritaria para su modernización, así como para el desarrollo de las comunidades aledañas.

Actualmente como paso obligado para la transportación de mercancías y personas, sus vías carreteras se han convertido en estratégicas para el desarrollo económico estatal, regional y nacional, y debido a al problemática señalada, se busca beneficiar de manera directa a comunidades como; Montenegro, Pie de Gallo, Puerto de Aguirre, La Solana, Buena Vista, El Nabo, La Gotera, entre otros, con una población aproximada de 200 mil habitantes, beneficiando también un tránsito promedio de 48 mil vehículos diarios en ambos sentidos y la integración de la zona de Santa Rosa Jáuregui a la zona urbana de Querétaro.

El ritmo creciente de paso de personas y mercancías que desde y hacia Querétaro se da, ha saturado una de las vías principales de paso En Av. 5 De Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro – San Luis Potosí), que además de ser una ruta libre de cuota, ya resulta insuficiente, propiciando con ello un marcado desequilibrio económico, por los retrasos en la transportación, construcción de nuevos desarrollos habitacionales y parques industriales que han hecho crecer la zona urbana, disminuyendo niveles de servicio.

Por otra parte, los incidentes automovilísticos que se registran derivado de esta problemática en ese tramo carretero, colocan ya a este tramo dentro de los lugares con más accidentes a nivel nacional.

La carretera cuenta, actualmente, con 2 cuerpos de dos carriles cada uno lo que en la actualidad ha reducido su capacidad, el proyecto contempla la construcción de cuerpos laterales con dos carriles de 3.50 metros y uno de servicio de 2.5 metros, considerando banquetas de 2 metros, además de la construcción de un camellón entre la lateral y el cuerpo central de 3 metros.

El proyecto considera esta ampliación de laterales desde el entronque a Jurica hasta el entronque a San Miguel de Allende, siendo una longitud total aproximada de 5 mil 200 metros, con esto se estaría incrementando la capacidad ya que al tener una lateral de servicio las incorporaciones y desincorporaciones se realizarán de una manera segura y sin una convivencia de los cuerpos centrales, asegurando el paso para vehículos de largo itinerario y una lateral para movimientos en la zonas de desarrollo urbano e industrial.

Independientemente del obvio beneficio que traería el desahogo vehicular de la zona circunvecina y el ahorro que representaría en cuanto a costos de producción y distribución de productos para las grandes empresas de la zona industrial del estado, estas obras impulsarían la inversión local al incrementar en número y periodicidad el traslado de personas y comercio de mercancías con diversos usos y destinos.

El crecimiento histórico en el periodo 1999-2008 para todo el tránsito fue de 3.2 por ciento anual, Los autos registraron crecimiento de 2.7 por ciento, autobuses de 1.2 por ciento y en general camiones 4.4 por ciento.

En cuanto a la composición vehicular para los años 2007 y 2008, los automóviles participaron con el 63 por ciento, los autobuses 5por ciento y los camiones en general 32 por ciento, siendo los más representativos los camiones de 5 y 6 ejes con un 13 por ciento del total de vehículos.

El proyecto se pretende realizar en dos etapas, con las siguientes inversiones y alcances:

1. En Querétaro se considera de alta prioridad que se desahogue esta situación, primera etapa, llevando a cabo la construcción de ampliaciones laterales en avenida 5 de Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro-San Luis Potosí) de dos cuerpos de 2 carriles de 3.50 metros y un carril de servicio de 2.50 metros. Banqueta de 2 metros, camellón de 3 metros, alumbrado público y puente de acceso a Santa Rosa Jáuregui (de entronque Jurica a entronque Montenegro).

En detalle la vialidad considera 163 mil 850 metros cuadrados, construcción de puente con estructura de concreto reforzada 777 ml, reubicación de líneas de alta y media tensión 12 mil 300 ml, alumbrado público 22 mil 600 luminarias, áreas verdes 33 mil 900 metros cuadrados con un inversión de 285.4 millones de pesos.

2. En Querétaro se considera de alta prioridad que se desahogue esta situación, segunda etapa, llevando a cabo la construcción de ampliaciones laterales en avenida 5 de Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro-San Luis Potosí) de dos cuerpos de 2 carriles de 3.50 metros y 1 carril de servicio de 2.50 metros. Banqueta de 2 metros, camellón de 3 metros, alumbrado público y puente de acceso al parque industrial Querétaro.

En detalle la vialidad considera 126 mil 440 metros cuadrados, construcción de puente con estructura de concreto reforzada 777 ml, reubicación de líneas de alta y media tensión 8 mil 720 ml, alumbrado público 17 mil 440 luminarias, áreas verdes 26 mil 160 metros cuadrados con un inversión de 221.4 millones de pesos.

Por ello someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública a que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se asignen recursos para considerar una ampliación e inversión en infraestructura carretera en avenida 5 de Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro-San Luis Potosí).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de octubre de 2009.

Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSERVEN, ACTUALICEN Y AMPLÍEN LOS FONDOS PARA LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DEL PAÍS, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, abajo firmantes, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Las nueve Universidades Interculturales del país, creadas a partir del año 2004, tienen como características principales las siguientes:

1. Atienden a estudiantes principalmente de origen indígena, que ascienden a cerca de siete mil; la más alta cantidad de estudiantes indígenas recibiendo educación superior en la historia del país.

2. Se encuentran en proceso de consolidación, pues la mayoría no tiene generación de egresados.

3. Carecen de infraestructura necesaria para ofrecer los servicios básicos de educación a nuevas generaciones.

4. Representan la mejor opción de desarrollo social y económico de zonas tradicionalmente marginadas en el país.

Las gestiones de años anteriores condujeron a que la LX Legislatura reconociera lo anterior, por lo que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009, se asignó un presupuesto irreductible (Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales), que fortaleció en forma significativa el financiamiento que tradicionalmente recibían.

Este monto ascendió a cincuenta millones de pesos; pero adicionalmente se le asignaron cien millones de pesos para infraestructura (Fondo de Apoyo a la Infraestructura).

A pesar del éxito de la formula anterior, el paquete económico para el 2010 no garantiza en los mismos términos el suministro de los recursos para estos fondos, lo cual significaría un grave retroceso en el apoyo a la educación superior intercultural y un abrupto cambio de políticas sociales que han demostrado su eficacia y su valía.

Es importante mencionar que no recibir los apoyos suficientes y necesarios en 2010, implicaría que se revertirían los logros alcanzados, además se detendría el desarrollo de las Universidades Interculturales y de las áreas geográficas y comunidades dentro de su zona de influencia. Incluso el grupo de rectores de las Universidades Interculturales han señalado el riesgo de manifestaciones sociales de alta inconformidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales proponemos lo siguiente

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 considere:

A) Que se actualice el subsidio federal ordinario, considerando los incrementos probables del gasto operativo de 2010, derivados de la inflación y de los compromisos laborales.

B) Que se conserve y actualice el Fondo de Consolidación para Universidades Interculturales por cincuenta millones de pesos que con carácter irreductible fue incluido en el PEF de 2009.

C) Que se conserve y actualice el importe asignado a las Universidades Interculturales derivados del Fondo para el Incremento de la Matrícula, cuya aplicación constituye un gasto operativo permanente.

D) Que se conserve y amplíe, el Fondo para la Infraestructura Educativa que por cien millones de pesos se incluyó en el PEF para Universidades Interculturales.

E) Que se incluya a las Universidades Interculturales dentro de la población objetivo, con derecho a acceder a los Fondos destinados a los Programas, tales como, PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), Promep (Programa de Mejoramiento para el Profesorado), Pifop (Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado), FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples), y de los demás programas a que tienen acceso las instituciones públicas de los diferentes subsistemas de educación superior.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas para que valores la posibilidad de que se forme un grupo de trabajo mixto de legisladores que den seguimiento al desarrollo de las Universidades Interculturales y el cumplimiento de los compromisos que se deriven de los apoyos que otorgue esta legislatura.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas acordarán la integración, objetivos e informes de este grupo de trabajo.

Diputados: Emilio Chuayffet Chemor, Eduardo Zarzosa Sánchez, Héctor Hernández Silva, Rosario Ortiz Yeladaqui, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL CENTRO DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el entendido de que las autoridades en sus diferentes niveles están comprometidas a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y brindar el acceso a la sociedad a prácticas que coadyuven a un desarrollo integral de cada uno de sus integrantes.

2. La administración política en la delegación Cuauhtémoc plantea como objetivo en el centro de la ciudad capital, contar con una nueva infraestructura deportiva para las actividades semiprofesionales de alto rendimiento en fut-bol soccer, voleibol y básquetbol para la población que habita y visita la demarcación.

3. Se realizarán trabajos de obra completa para la construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata que se ubicará en la esquina de la calle Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier, centro histórico, donde actualmente existe una cancha al aire libre "canchas de futbol Gilberto".

4. Este deportivo contará con instalaciones hidrosanitarias, un primer nivel donde se ubicará la cancha de futbol y el área de vigilancia y recepción; un segundo nivel donde se ubicarán simultáneamente una concha profesional de voleibol y una de básquetbol, así como las instalaciones para la administración del centro deportivo.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata la administración delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $ 6,000,000.00 (seis millones de pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir las prácticas deportivas, así como garantizar el acceso a las mismas por parte de la población con un sentido equitativo, plural y popular.

3. Que las autoridades deben estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos deportivos, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para lograr una infraestructura óptima para el acceso de la población a las diferentes prácticas deportivas.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Vidal Llerenas, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA ATENDER DIVERSOS RUBROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación constituye la mejor opción, para que las personas alcancen un desarrollo integral de sus aptitudes y capacidades, a través de la educación, se transmiten conocimientos, valores y principios que le proporcionan al individuo herramientas para convivir en armonía y contribuir al desarrollo de la sociedad.

La educación es una garantía individual y está plasmada en el artículo 3o. de la Constitución, en el cual se definen las bases que hacen realidad un conjunto de instituciones públicas sobre las que recae la responsabilidad de garantizar el acceso a este derecho.

La educación pública gratuita es una conquista del pueblo mexicano, hacerla realidad es responsabilidad del Estado.

A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se considera que "la principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres", pues "las naciones que han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo", esto no se refleja con esa claridad en las finanzas públicas.

La realidad nos muestra un panorama que contrasta con estos buenos propósitos, como se puede ver en la asignación de recursos en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el que se contemplan una serie de reducciones en rubros tan importantes como educación indígena, becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, atención a grupos vulnerables, educación especial, capacitación de maestros para erradicar la violencia contra la mujer e inversión en infraestructura y equipamiento educativo.

La construcción de una sociedad que no excluya a ninguno de sus miembros y proteja a los más vulnerables, es uno de los retos que tenemos como país. Por ello es nuestra responsabilidad promover una cultura de respeto a la dignidad de las personas en su diversidad y en sus diferencias; que garantice su derecho a una educación equitativa y que promueva su desarrollo integral.

En ese desafío, la educación cumple un papel estratégico, porque se concibe como un factor fundamental para el desarrollo individual y colectivo. No puede hablarse de un sistema educativo de calidad, si el mismo no incluye programas de equidad con una atención diferenciada, que responda a la variedad de necesidades que presentan cotidianamente los alumnos. Alcanzar una educación de calidad para todos es un asunto que compete a la sociedad en su conjunto.

Con el propósito de compensar la desigualdad y brindar las mismas oportunidades a todos, desde el Estado mexicano se impulsan programas y políticas educativas con inversión pública en favor de las poblaciones con menos recursos. La inequidad es asunto prioritario de las políticas nacionales y estatales. Por lo menos esto es incuestionable en todos los discursos y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, "Estrategia 15.4. Focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación."

Retórica un tanto alejada de la realidad, cuando al analizarse los presupuestos se comprueba que, finalmente, las prioridades son otras:

En comparación al presupuesto del año 2010, en la actual propuesta del Ejecutivo, existe una reducción preocupante, destacando en materia de equidad los siguientes rubros:

Esto es grave si consideramos que en nuestro país, es en los grupos socialmente más pobres donde se concentran las peores condiciones de la oferta educativa, además de altas tasas de desnutrición de las familias y los alumnos, tal como lo muestra el hecho de que es en la población indígena, en donde se agrava el rezago educativo, pues 20.6 por ciento de ellos no cuenta con algún año de educación; 26.8 por ciento tiene algún año aprobado en educación primaria y sólo el 52.6 la terminó.

En el mismo sentido, es preocupante que a décadas de esfuerzos, aún el porcentaje de población indígena que no sabe leer ni escribir sea del 27.3 por ciento, mientras que la población no indígena presenta apenas el 9.5 por ciento.

Si hablamos de género el escenario es aún más preocupante, dentro de la población analfabeta indígena existe una gran diferencia entre las mujeres, pues presentan 34.5 por ciento de analfabetismo, mientras que los hombres 19.6 por ciento; estas cifras se acentúan en los municipios de población indígena: 42.2 por ciento en mujeres y 24.6 en hombres.

Ante este escenario, es obligación del Estado fortalecer los programas compensatorios y las políticas del sector orientadas a la población indígena y a grupos en situación vulnerable, como las mujeres indígenas, por ello no se explica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se pretenda castigar a los más pobres en uno de los factores que constituyen uno si no es que el único ámbito que les brinda la posibilidad de superar su situación de pobreza, la educación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar y corregir a la Secretaría de Educación Pública, tomando las previsiones presupuestales para incrementar el presupuesto educativo destinado a la atención de grupos vulnerables, a educación intercultural bilingüe, educación comunitaria e indígena; que se destinen recursos al para la formación continua de los maestros, y para educación inicial y básica para población indígena y migrante; incrementar recursos al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Escuelas de Calidad y que se asignen recursos al fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR MEDIANTE LA SRE A LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA QUE INICIE LAS NEGOCIACIONES CON SUS HOMÓLOGOS A FIN DE QUE, CON BASE EN LOS PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES CONSULARES ENTRE AMBAS NACIONES, DE 1942, Y DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, DE 1963, SE ESTABLEZCAN OFICINAS CONSULARES DE ESE PAÍS EN CIUDAD ACUÑA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SARACHO NAVARRO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, en voz del diputado Francisco Saracho Navarro, presentamos a esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Coahuila es uno de los 6 estados que limitan con Estados Unidos de América. Existen dos ciudades fronterizas: Piedras Negras y Acuña, las que de acuerdo al Censo 2005 tienen 154 mil 360 y 135 mil 605 habitantes respectivamente.

El ritmo de crecimiento de estas dos ciudades se demuestra en el movimiento migratorio hacia el norte, el cual en la última década se incremento por una sencilla razón: empleo. Este fenómeno ha dado origen al crecimiento poblacional en estas dos ciudades, ya que las personas que llegan a la frontera en su intento de cruzar hacia Estados Unidos, más de 2 millones en promedio anual en la última década, sólo ingresan poco más de 800 mil personas, según datos proporcionados por el Departamento de Migración del vecino país del norte.

Estos crudos datos indican que las poblaciones fronterizas sufrieron en los años noventas un crecimiento desmesurado que provocó una repoblación entera de nuevos avecindados.

Estas generaciones de nuevos coahuilenses, en su mayoría jóvenes de otros estados, como Veracruz, Chiapas y Tabasco; e inclusive de regiones del estado, como el caso de La Laguna, mayoritariamente obreros o mano de obra barata, se integraron a los centros de trabajo, industrias y maquiladoras, tecnificándose o cambiando de oficio, de obrero a campesino o de campesino a obrero, dando lugar a una amplia capacitación que redundo en el fortalecimiento del carácter emprendedor y trabajador del coahuilense. La mayoría de sus habitantes cruzan diariamente a trabajar, comprar o desarrollar actividades del lado americano.

Aunado a esto, el pujante desarrollo de la región se ha incrementado, entre otros, con la instalación de una moderna planta de la Modelo, principal industria cervecera del país; así como el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, como es el caso de la Cuenca de Burgos o la región fronteriza. Todo esto, sin duda, aumentará la población en esta zona.

En marzo de 1999, los ayuntamientos de Acuña y Piedras Negras, en coordinación con la Cámara de Comercio de esas ciudades, lograron la instalación de un Consulado temporal del vecino país del norte. En ese entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores se entrevistó con su homólogo de Estados Unidos de América, el cual en dos meses instaló dicho Consulado, y cerrándolo en mayo del 2000.

Ahora nos encontramos con el pronto vencimiento de la mayoría de las visas otorgadas, más de 120 mil, lo cual obliga a quienes se les venció a trasladarse al Consulado más cercano que son en Nuevo Laredo o Monterrey. Para dar un ejemplo, una persona que se traslada a Nuevo Laredo gasta en promedio 2 mil 655 pesos sin contar el gasto de la visa; o para Monterrey, una persona gasta en promedio 3 mil 485 pesos.

Esta situación está generando una crisis que afecta al gasto de por sí presionado de las familias trabajadoras de Coahuila que se encuentran en esta región.

Es importante recordar que el 9 de junio de 2009, el Consejo de la Ciudad de Del Río emitió la resolución número R: 2009-105, donde se le solicita al presidente y al Congreso de Estados Unidos el acuerdo y establecimiento de una oficina del Consulado de los Estados Unidos en Acuña, Coahuila. En este acuerdo sobresale la descripción de la importancia histórica, política, económica y comercial de la relación entre ambas ciudades.

Reafirma el protocolo establecido en 1942 de la Convención México-Estados Unidos en relaciones consulares y la Convención de Viena en relaciones consulares de 1963. Reconoce el gran número de mexicanos y estadounidenses que cruzan a diario la frontera como parte de sus actividades sociales, económicas, culturales y de trabajo. Las ciudades de Del Río, Texas, y Acuña, Coahuila, Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, reconocen su interdependencia, sus similitudes, las necesidades mutuas y, además, oficialmente han declarado su relación como "ciudades hermanas".

Las ciudades y poblaciones de Piedras Negras, Jiménez, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nava, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Sabinas, San Juan de Sabinas, Muzquiz, Progreso, Juárez, Frontera, Monclova, San Buenaventura, Cuatrocienegas y Matamoros tienen una población de más de un millón de habitantes, y las oficinas consulares de la Unión Americana más cercanas se encuentran a 300 kilómetros, con el consecuente costo económico y de tiempo.

Los cruces de Del Río-Ciudad Acuña y Eagle Pass-Piedras Negras se han convertido en el mayor cruce fronterizo de la región con un rápido crecimiento de habitantes, desarrollo económico e inversión en infraestructura; siendo Coahuila el único estado fronterizo sin una oficina consular de Estados Unidos de América.

Por eso, presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gire sus instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América a fin de que inicie de inmediato las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte, para que, con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en Ciudad Acuña y Piedras Negras, ambas del estado mexicano de Coahuila.

Siendo en San Lázaro, a los 15 días del mes de octubre del año 2009.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA RESTAURAR EL PARQUE BICENTENARIO, EN LA ZONA NORORIENTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la lucha de Independencia de México, la autoridad delegacional en Cuauhtémoc plantea dotar de un espacio público renovado a la población que habita en la zona oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el propósito de recuperar el espacio público y brindar identidad cultural a los habitantes de esta zona de la ciudad.

2. Se realizará una obra de reconstrucción total de la conocida popularmente como Plaza del Estudiante, ubicada en la calle de Peña y Peña, entre la calle Aztecas y la calle Torres Quintero del Centro Histórico de la capital del país.

3. Se organizará el espacio público en área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y un corredor cultural interactivo para la memoria histórica, con estas acciones esta plaza llevará el nombre de "Parque Bicentenario".

4. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de restauración arquitectónicas la autoridad delegacional requiere para el Proyecto de Inversión 2010, un monto de $ 5 000 000.00 (Cinco Millones de Pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir el patrimonio cultural, así como garantizar que el mismo llegue a la sociedad de forma íntegra y con un sentido equitativo, plural y popular.

2. Que el espacio Plaza del Estudiante posee un significado y un valor fundamental para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, forma parte fundamental de su identidad cultural.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar los espacios públicos mediante la generación infraestructura, y recursos financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para la apropiación del espacio público por parte de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos etiquetados para cumplir con la restauración del Parque Bicentenario (Plaza del Estudiante) en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de octubre de 2009.

Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortez, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA RESCATAR Y CONSTRUIR TRES PARQUES PÚBLICOS EN LA ZONA QUINTA DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSUÉ CIRINO VALDÉS HUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Josué Cirino Valdés Huezo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Considerandos

1. Que de conformidad con el articulo 3o., fracciones XVI, XXI, XXII y XXIII, de la Ley General de Salud, es materia de salubridad general el ver la salud y el saneamiento básico, el implantar programas contra alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia, prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

2. Que de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de Salud, es facultad de la Secretaría de Salud conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

3. Que de conformidad con el artículo 86 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es competencia de la Comisión Nacional del Deporte promover ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y el deporte.

4. Que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, dicha ley tiene por objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos.

5. Que de conformidad con el artículo 6o., fracción III, de la Ley General de las Personas con Discapacidad, son facultades del Ejecutivo federal, en materia de la ley antes mencionada, proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad.

6. Que la delincuencia, la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo son males que atacan sin distingo a la población de todo el país, pero que éstos se concentran en los cinturones de miseria que rodean la Ciudad de México.

7. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, es facultad de las autoridades competentes formular y aplicar programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la practica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional.

8. Que la obesidad, según recientes datos estadísticos, es uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta México.

9. Que el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, y en particular su zona quinta situada geográficamente en el perímetro que forman la avenida Carlos Hank González (avenida central), el Río de los Remedios y el Circuito Exterior Mexiquense es la zona más densamente poblada de este municipio.

10. Que en esa zona quinta del municipio de Ecatepec se tienen de los más altos índices de delincuencia y de drogadicción toda la localidad.

11. Que la carencia de recursos económicos de los municipios conurbanos al Distrito Federal, comparada con el cúmulo de necesidades y problemas que enfrentan es notoria.

12. Que en nuestro municipio no existen áreas de recreación, esparcimiento y deporte diseñadas para personas de la tercera edad, con discapacidad, necesarias para mejorar su calidad de vida.

13. Que existen una buena cantidad de áreas de donación de propiedad municipal que se encuentran sin ningún aprovechamiento público, las cuales en muchas ocasiones se convierten en nido de delincuentes y drogadictos.

14. Que el compromiso hecho por el suscrito en la campaña político electoral a diputado federal por el distrito número 17 por el estado de México dice textual "conseguir recursos y gestionar, cuando menos, el rescate y construcción de tres parques públicos al interior del Distrito XVII Federal".

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 lo siguiente:

a) La aprobación de 24 millones de pesos para la construcción de tres parques públicos en la quinta zona en Ecatepec de Morelos, estado de México.

b) Que dichos recursos queden debidamente etiquetados para el fin descrito en el numeral anterior.

c) Que el ejercicio de dichos recursos sea efectuado por el gobierno del estado de México.

d) Los parques del presente punto de acuerdo, para su rescate y construcción son los siguientes:

I. Calle Iztacalco y Tollocan, entre los bulevares de los Aztecas y los Guerreros, en las manzanas 500 y 600, colonia Ciudad Azteca, tercera sección, municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, con mil 250 metros cuadrados de superficie.

II. Calle Valle de Gorrión sin número, colonia Nuevo Valle de Aragón, municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, con 439 metros cuadros de superficie.

III. Avenida Plutarco Elías Calles sin número, entre las colonias México Revolucionario y México Independiente, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, con mil metros cuadrados de superficie.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PLAN PRODUCTIVO PEQUEÑOS COMERCIANTES ABARROTEROS EN PRO DE LA ECONOMÍA POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El pequeño comercio tradicional en la ciudad de México ha sufrido un gradual y permanente deterioro desde hace poco más de 20 años, el cual tiene como causa fundamental la proliferación de las grandes cadenas comerciales; y en el último sexenio, el surgimiento de pequeños centros comerciales de autoservicio como es el caso de las franquicias de Seven Eleven y Oxxo, las cuales han penetrado con gran facilidad hacia las colonias populares en el caso específico de la Ciudad de México, resultando ser centros de comercialización muy atractivos para los consumidores debido al manejo mercadológico y a la concepción de modernización comercial que tienen estos establecimientos.

2. Este fenómeno hace necesario que los pequeños comerciantes abarroteros de la demarcación reflexionen en torno a su situación y vean la necesidad imperante de organizarse en una figura asociativa que les permita unir sus esfuerzos y experiencias y avancen en la conformación de un fondo económico constituido con los recursos de todos los asociados; con la finalidad de que puedan realizar compras en común de un cuadro básico de productos de primera necesidad.

3. Al adquirir este cuadro básico de productos de primera necesidad, este sector estará en condiciones de abastecer de manera eficiente y a menores costos a una población cautiva de ciudadanos que viven en la demarcación, cumpliendo así una función social a través de la comercialización, la cual permite amortiguar los embates y efectos de la inestabilidad económica que vivimos a nivel nacional.

4. Dicho fondo se integrará de manera corresponsable con aportaciones de todos y cada uno de los asociados y con una parte similar por parte del gobierno delegacional, misma que se tipificará como fondo perdido y la cual se otorgará por única vez.

5. El proyecto contempla la conformación de un almacén para el acopio del cuadro básico de productos de primera necesidad y fungirá como centro de abastecimiento de los asociados y de otros pequeños comerciantes interesados.

6. El proyecto tiene como objetivo la integración de 100 tiendas de pequeños comerciantes abarroteros, para atender a una población de 10 mil personas en su calidad de consumidores localizados en la demarcación de la Dirección Territorial Obrera Doctores en la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.

7. El gobierno delegacional apoyará y contribuirá al buen funcionamiento de este proyecto en materia de capacitación mercadotécnica y administrativa y servirá como enlace entre los grandes productores o proveedores mayoristas con los asociados para que de esta forma puedan obtener los artículos del cuadro básico a precios preferenciales, con el objeto de ser competitivos ante un escenario de mercado ampliamente desigual.

8. Para cumplir con el objetivo del proyecto productivo en comento, la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, la cantidad de $528,480.00 (quinientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales ante la situación económica del país reactivar el pequeño comercio, así como garantizar que la población tenga acceso a productos de primera necesidad.

2. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios públicos para el fomento económico, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para incentivar el pequeño comercio en las ciudades para beneficio de la población.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en Pro de la Economía Popular.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO POLÍTICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO AL PROCESO DE EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ-PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Consideraciones

Que el 11 de octubre del 2009, el titular del Ejecutivo federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que en la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro decretada y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, involucran aspectos de carácter económico, fiscal, laboral, administrativo y sindical;

Que en dicha extinción intervienen la actuación de diferentes dependencias e instancias de la administración pública federal, cuya concurrencia atiende en lo particular a aspectos de carácter político, jurídico y económico, los cuales deben fluir de manera coordinada y con la transparencia que el caso amerita;

Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

Que de conformidad a las facultades que le otorga la Ley Orgánica, este órgano de gobierno considera necesaria la conformación de la Comisión Especial materia del presente acuerdo en los términos planteados por la propuesta en comento, a efecto de promover un ejercicio más eficaz de las facultades constitucionales;

Y con fundamento de las disposiciones correspondientes, somete a consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. La Comisión Especial se integrara por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del Pleno y su conformación y tendrá hasta treinta miembros.

Tercero. La Presidencia de la comisión durará por el tiempo de funcionamiento de ésta y sus trabajos concluirán una vez que se hayan cumplido los objetivos para la que fue creada y no podrán exceder del término de la liquidación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ORNAMENTAL DEL TEATRO DEL PUEBLO, RECINTO CULTURAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO QUE DATA DEL SIGLO XVII, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El espacio recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que data del siglo XVII, testigo de la historia político-cultural de México, es reconocido por su activo quehacer actual como Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad de México y se ha consolidado en estos últimos años como un espacio de producción, difusión y capacitación en materia de arte cultura en la capital del país.

2. Dicho centro de cultura ubicado en la calle de República de Venezuela 72, colonia Centro, es catalogado como patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, sin embargo, diferentes especialistas han solicitado a la autoridad garantizar el valor artístico del inmueble, para lo cual la jefatura delegacional prevé una restauración arquitectónica y ornamental de los elementos decorativos de cantera del mismo.

3. Se realizarán obras de restauración y mantenimiento de los elementos decorativos de cantera presentes en la fachada y patio central que alberga murales de alto valor artístico.

4. Se restaurarán ventanas, rodapiés, diamantes, columnas, pretiles, cornisas, entre otros elementos de la arquitectura del edificio histórico que data del siglo XVII.

5. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico, como la identificación, localización y reparación de fugas y humedades que están afectando y degradando la cantera, afectando los murales de destacados discípulos del maestro Diego Rivera, por la producción de salitre.

6. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de restauración arquitectónicas la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos).

Considerandos

2. Que el recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, también Escuela de Artes y Oficios, posee un significado y un valor excepcional para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forma parte fundamental de su identidad cultural.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos culturales, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes manifestaciones y contenidos de la memoria colectiva sean recuperados, registrados y difundidos adecuadamente a nivel local y nacional.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, que data del siglo XVII.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROTECCIÓN, AL MANEJO Y A LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL TERRÓN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Miguel Ángel Terrón Mendoza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados a la conservación y manejo de parque nacional Nevado de Toluca.

Considerandos

I. Que durante mi campaña electoral di testimonio de las demandas ciudadanas en el sentido de asegurar el abasto de agua en los seis municipios que abarca el distrito electoral 27: Metepec, San Mateo Atenco, Calimaya, San Antonio la Isla, Mexicaltzingo y Chapultepec. Éstos se hallan comprendidos en el área metropolitana del valle de Toluca –la quinta zona del país–, donde día tras día es más sensible la escasez del líquido para cerca de 2 millones de habitantes.

II. En ese periodo pude constatar la falta de drenes naturales en el área, lo que resulta en fuertes y graves inundaciones que afectan distintas áreas urbanas de Metepec; las áreas rurales de San Antonio la Isla, donde habitan grupos sociales en situación de alta vulnerabilidad y pobreza; y San Mateo Atenco, donde la falta de entubamiento de un tramo del colector San Isidro ocasiona inundaciones de magnitud que afectan vías de comunicación, viviendas y comercios.

III. Cuando las lluvias sobrepasan los valores medios mensuales y anuales causan desgajamientos de la montaña por la erosión, lo que provoca que las poblaciones asentadas cerca del parque sean afectadas por inundaciones acompañadas de rocas enormes y de lodos que han sepultado algunas parcelas y casas. La ladera este, donde se encuentran los arroyos La Ciénega y El Zaguán, es la más afectada por este proceso. Los desbordamientos se extienden a los municipios mencionados en el segundo considerando.

IV. Tales problemas se originan en gran medida en la deforestación del parque nacional Nevado de Toluca que, con una superficie de 53 mil 912 hectáreas, abarca parte del territorio de 10 municipios: Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec.

V. Además de la pérdida de bosque por plagas y enfermedades, la acción del hombre desempeña un papel determinante en la pérdida de los bosques: la tala y el cultivo de papa con efectos sumamente erosivos en el suelo contribuyen en gran medida al deterioro del Nevado de Toluca. Asimismo, el régimen de tenencia de la tierra facilita que los poseedores reciban incentivos para cultivar granos básicos y tengan hatos, lo que conlleva a la deforestación. Son pocos los ejemplos en que se juntan los terrenos ejidales y comunales para practicar una actividad forestal organizada y con buenos rendimientos.

VI. Debido al cambio de uso del suelo por la transformación de zonas forestales a campos de cultivo y zonas de pastoreo, se estima una tasa de deforestación de 8.4 por ciento en el parque para el periodo 1972-2000, equivalente a 156 hectáreas por año. Debemos reconocer que no hemos procurado opciones productivas viables y sustentables a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la zona para que puedan lograrse un sustento que no afecte el parque nacional.

VII. La extracción de material pétreo, como tepojal, grava y arena, con fines comerciales intensifica los problemas erosivos en las laderas del volcán. Hay evidencia de lugares clandestinos de extracción de materiales arriba de 3 mil metros sobre el nivel del mar, en la ladera noreste del parque. Existen 140 minas en la ladera noreste que están reconocidas, pero provocan efecto erosivo en la poligonal porque algunas están muy cercanas al límite del parque.

VIII. La humedad en el aire ha disminuido en la región durante los últimos años, como consecuencia de la deforestación y del abatimiento de los mantos de agua en el parque Nevado de Toluca y áreas aledañas. Toluca tenía una humedad relativa promedio anual de 65 por ciento en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. En la actualidad ha disminuido a 55 por ciento, lo cual ocasiona temperaturas extremas antes desconocidas en la región. Es preocupante que los bosques del Nevado de Toluca, por la vejez de sus árboles y efectos de plagas y enfermedades, sea más un emisor de dióxido de carbono que de oxígeno.

IX. Otro problema relacionado con la temperatura es la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre, entre otros elementos, que provocan el incremento del efecto invernadero, por lo cual las temperaturas se elevan, lo que motiva olas de calor que pueden durar de 3 a 10 días. Durante estos acontecimientos, gran parte de la vegetación se seca, lo que crea condiciones favorables para la formación y propagación de los incendios forestales que se presentan en todo el parque, con predominio de la ladera norte, donde se localizan las zonas de cultivos.

X. En el área mencionada intervienen diversas dependencias federales y estatales e incluso de educación superior, que deben mejorar sus esfuerzos de coordinación y de establecimiento de programas conjuntos para devolver la salud a los bosques del parque nacional Nevado de Toluca y asegurar el abasto de agua en el valle de Toluca: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; la Comisión Nacional Forestal; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de México; la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo del estado de México; la Protectora de Bosques del estado de México, organismo público descentralizado del gobierno del estado de México; la Secretaría del Agua y Obra Pública del gobierno del estado de México; la Comisión del Agua del Estado de México; y la Universidad Autónoma del Estado de México. A todas ellas se exhorta respetuosamente a elaborar y aplicar el respectivo plan de manejo y conservación del parque nacional Nevado de Toluca.

En resumen, dada la problemática que prevalece en el parque nacional Nevado de Toluca y de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y las opiniones de expertos de la Universidad Autónoma del Estado de México en la materia, es importante reforestar el Nevado de Toluca con árboles que puedan crecer en ese hábitat y ser resistentes a las plagas y enfermedades; construir más presas de gavión para detener las fuertes corrientes de agua que ocasionan inundaciones y favorezcan la retención de las corrientes en el Nevado de Toluca, realimentado los mantos acuíferos; crear islas de absorción en áreas urbanas para realimentar mantos acuíferos y asegurar el abasto del líquido a la población; embovedar, como un acto de justicia hacia los habitantes, un tramo del colector San Isidro, en la avenida Lerma, de San Mateo Atenco, para evitar inundaciones en ese municipio, emprender programas productivos para cambiar las actividades económicas nocivas en la región del Nevado de Toluca en otras que sean compatibles con la conservación de suelos y bosques, y ampliar los programas de control de plagas y enfermedades.

Desde esta tribuna hago un llamado a esta honorable asamblea para no postergar más medidas que atiendan un problema que es incluso global: impulsar el derecho a la vida y hacer efectivas las políticas públicas que hagan de la conservación óptima de los bosques y recursos acuíferos una realidad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Metropolitano, y de Recursos Hidráulicos de esta soberanía a incorporar la elaboración del plan de manejo, conservación y restauración del parque nacional Nevado de Toluca y su aplicación en una primera etapa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INTERVENIR ANTE EL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE A FIN DE QUE CELEBRE CON LOS PROFESORES POR JUBILARSE UN CONVENIO PARA PAGAR LOS DÍAS O MESES DE COTIZACIÓN FALTANTES A EFECTO DE CUBRIR LOS REQUISITOS DE LEY QUE DEN ACCESO INMEDIATO A LA PRESTACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Consideraciones

La nueva Ley del ISSSTE entró en vigor el 1 de abril de 2007, con evidente perjuicio a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que masivamente se ampararon; amparos que interesadamente han sido congelados, obstaculizados de todas las formas posibles para que esta nueva ley siga su camino de confusión y despojo en contra de los derechos de los burócratas, en franca burla del estado de derecho y la justicia.

Uno de estos perjuicios, consiste en que a partir del año 2010 los trabajadores que expresa o tácitamente hayan optado por el artículo 10 Transitorio de la Nueva Ley del ISSSTE, para que accedan a una jubilación, no bastará, como lo preveía la Ley del ISSSTE de 1983, que cumplan con los periodos de trabajo de 28 años por parte de las mujeres y de 30 años por parte de los varones, sino que adicionalmente deberán cubrir la edad progresiva establecida en el citado artículo 10. Transitorio que comienza con 49 años para las mujeres y 51 para los varones, hasta un tope de 58 años para las mujeres y 60 en el caso de los hombres. Esto lleva a que el trabajador deba invertir un mayor número de años de su vida y trabajo para jubilarse, en abierta violación del artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de una ley en agravio de persona alguna. En realidad, esta nueva exigencia de una edad determinada, equivale a la supresión de la jubilación en su esencia.

Esta inequidad se agrava respecto a aquellos trabajadores que por unos cuantos días o meses ven burladas sus expectativas de jubilación, ya que por este escaso periodo de tiempo traspasan el límite del año 2009, y entran de lleno a la disposición inconstitucional de exigencia de una edad determinada para jubilarse a partir del 2010, razón por la cual una salida viable para tutelar los derechos de estos trabajadores en tránsito debe ser que se les permita cubrir las cotizaciones faltantes por tales periodos mínimos de tiempo y, de esta manera, de ser posible antes del 2010, tengan ya abiertos los requisitos para acceder a la pensión jubilatoria, esto con apoyo en el artículo 10 transitorio de la Nueva Ley del ISSSTE.

El objeto de la esta proposición con puntos de acuerdo es llamar a las autoridades federales para que apliquen la solución en comento, dando preferencia en todo momento a las vías del diálogo, a fin de evitar a las partes, conflictos jurídicos y políticos adicionales a los ya existentes. Eso además en respeto a la naturaleza conciliadora por excelencia del derecho social.

Sirven de fundamento jurídico a nuestra propuesta, el artículo 54 de la Ley del ISSSTE del 83, que resulta aplicable con base en el artículo 14 constitucional, pero sobre todo en el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación, que señala que a los trabajadores que optaron por el artículo 10 transitorio, les resulta aplicable la anterior Ley del ISSSTE en materia de pensiones, sólo con las modalidades de tal artículo 10 transitorio; esto con mayor razón en bien de los trabajadores que se encuentren amparados. Incluso por analogía resultan aplicables los artículos 84 y 89, en sus segundos párrafos, ambos de la nueva ley del ISSSTE.

Aunque el presente llamado es a favor de todos los trabajadores al servicio del Estado del país, especialmente está dirigido en beneficio de un grupo de profesores de Zacatecas, que se han acercado en mi carácter de representante popular; y que a la fecha tienen ya laborados más de 29 años los varones y más de 27 años las mujeres.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que intervenga ante el director general del ISSSTE, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, con el objeto de que celebre un convenio con los profesores del país que están a punto de jubilarse, para que puedan pagar los periodos breves de cotización requeridos para acceder a su jubilación inmediata.

Segundo. Se exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que apoye el contenido de la presente proposición con punto de acuerdo ante el titular del Ejecutivo federal y el director general del ISSSTE, pues también sus agremiados resultarán afectados en los términos ya precisados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE CONSTRUYA EL SOBREBORDO DE PROTECCIÓN EN TUXPAN, NAYARIT, POR CONSIDERARSE ZONA DE ALTO RIESGO PARA LOS HABITANTES, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante esta soberanía la siguiente propuesta de punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que se ejecuten las obras de construcción del sobrebordo de protección en la localidad de Tuxpan, municipio del mismo nombre, del estado de Nayarit, por considerarse una zona de alto riesgo para los habitantes de este municipio.

Exposición de Motivos

La ciudad de Tuxpan, cabecera del municipio del mismo nombre, es el centro poblacional más grande de Nayarit, después de la capital del estado. Se encuentra enclavado en la zona de ingreso a una de las áreas de marismas más importante de América con una superficie de más de 82 mil hectáreas, distribuidas en 11 núcleos agrarios y 3 municipios.

Por su cercanía a esta zona, la ciudad de Tuxpan es el centro natural para el comercio y los servicios de esta importante región del estado de Nayarit.

Uno de los principales afluentes hidrológicos que da vida a esta importante zona de marismas es la cuenca del río San Pedro-Mezquital, que pasa por el costado norte a todo l de la ciudad de Tuxpan y desemboca finalmente en la zona de marismas, la laguna de Mexcaltitán y el océano Pacífico.

El río San Pedro-Mezquital, tiene distintos nombres a lo largo de sus 540 kilómetros, inicia al noreste de la ciudad de Durango y atraviesa la Sierra Madre Occidental hasta desembocar en marismas nacionales en el estado de Nayarit.

El entendimiento de la cuenca debe realizarse como una unidad, esto es, lo que ocurre en un punto de ella repercute en el otro extremo, por lo que la cantidad de agua recibida por la cuenca a lo largo de su paso por la Sierra Madre Occidental, que se ha venido incrementando a lo largo de los últimos años por las extraordinarias precipitaciones pluviales que se han registrado en ésta región del país, ha provocado una sobresaturación de la laguna de Mexcaltitán y de la zona de marismas que aunado a las fuertes corrientes del río San Pedro, y ha rebasado la capacidad de contención del borde que actualmente existe en la ciudad de Tuxpan, lo que ha provocado severas inundaciones con daños humanos y materiales.

Consideraciones

Primera. Que una de las prioridades del gobierno federal, es impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, tal y como establece el objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que a la letra dice:

"Para enfrentar los efectos del cambio climático será necesario desarrollar capacidades preventivas y de respuesta ante los impactos adversos previsibles. Éstas incluyen la generación de información y conocimiento sobre la vulnerabilidad de distintas regiones y sectores del país, así como de los impactos potenciales, el desarrollo de estrategias específicas y el trabajo coordinado de las distintas instancias del gobierno y la sociedad." Segunda. De igual forma, se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia 11.1 que: "…se buscará preservar y fortalecer las funciones de amortiguamiento que existen en las cuencas hidrológicas y ecosistemas costeros, restaurar cuerpos de agua que permitan mantener las capacidades de almacenamiento de agua, fortalecer al Servicio Meteorológico Nacional, los sistemas de vigilancia epidemiológica y al Sistema Nacional de Protección Civil, desarrollar estrategias de conservación de suelos, entre otras acciones." Tercera. Que en nuestro país, los esfuerzos aislados de un ayuntamiento o estado ante proyectos de gran magnitud y que destacan en su prioridad al tener como objetivo el salvaguardar la integridad física y material de las personas, difícilmente podrán ser cristalizados si no se cuenta con la concurrencia y coordinación entre ordenes y niveles de gobierno, que es uno de los principios del funcionamiento de nuestro sistema federal.

Cuarta. Que es impostergable, la realización de obras y acciones que permitan garantizar la seguridad de los habitantes de Tuxpan y cumplir así con la obligación que tiene el estado de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, más aún cuando se tiene el antecedente de que en ésta particular zona del país, se han registrado inundaciones que han ocasionado pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Quinta. Que en los últimos 3 años, el Río San Pedro, ha superado los niveles de capacidad, inundando parte de la ciudad de Tuxpan ocasionando pérdidas materiales a la población de menos recursos que habitan en algunas zonas de dicha localidad, que es permanente el riesgo a la salud y la vida a la que se expone la población cada año, habiéndose registrado incluso el año pasado la necesidad de instalar albergues provisionales para salvaguardar la integridad de la población.

Sexta. Tal como lo establece la Ley General de Protección Civil, ésta es el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Así la protección civil, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, da inicio con la prevención y la misma ley define ésta como el conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

Derivado de lo anterior, la situación por la que actualmente atraviesa la ciudad de Tuxpan ante la ya ineficacia que representa el bordo de contención del río San Pedro, de ahí que los Poderes Ejecutivos, en sus órdenes de gobierno, tienen perfectamente detectados los riesgos que representa el río San Pedro a su paso por la ciudad de Tuxpan, que las medidas ya ha sido sugeridas, que los proyectos para reducir los impactos que pueda ocasionar un inminente desbordamiento del río, se encuentran listos y que la única medida faltante para la disminución de dichos riesgos que pueden perturbar la vida y bienes de la población, es la ejecución del proyecto de construcción del sobrebordo de protección, en la localidad de Tuxpan, municipio del mismo nombre, del estado de Nayarit.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que se ejecuten las obras de construcción del sobrebordo de protección, en la localidad de Tuxpan, municipio del mismo nombre, del estado de Nayarit, por considerarse una zona de alto riesgo para los habitantes de este municipio.

Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA Y AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA A REVISAR Y REPLANTEAR MEDIANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL LA ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA MOSCA DE LA FRUTA EN SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE OCTAVIO TREJO AZUARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal Enrique Octavio Trejo Azuara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal para que revise y replantee la estrategia para combatir la mosca de la fruta, llevada a cabo en el estado de San Luis Potosí, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

De acuerdo a estimaciones para 2007 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and Agriculture Organization por sus siglas en inglés), México se ubica entre los principales países productores de cítricos a nivel internacional.

En el ámbito nacional, San Luis Potosí se encuentra entre los principales productores de cítricos tales como: naranja, limón, mandarina y toronja; con 19,116 productores distribuidos en 24 municipios contabilizados para el año 2005¹.

En ese mismo año, la producción de naranja de riego y temporal de dicha entidad federativa sumó 346,030.2 toneladas, con una superficie cosechada de 40,258.0 hectáreas y un valor de la producción de 992.6 millones de pesos. Comparado con Veracruz, líder nacional en este tipo de cultivo, representa el 17% de la producción y el 24% de la superficie cosechada de dicha entidad. Así mismo, otros cítricos como el limón y la mandarina registraron un valor de la producción de 9.9 y 7.5 millones de pesos, respectivamente².

Ahora bien, uno de los principales factores de peligro para la producción citrícola lo constituye la mosca de la fruta. San Luis Potosí es considerado uno de los sitios de alto riesgo en la presencia de esta plaga, por lo que las autoridades agrícolas y de sanidad consideran a la Entidad zona bajo control sanitario.

Entre las acciones que contempla la Campaña Nacional contra la mosca de la fruta, diseñada con base en la normatividad existente en la materia³, se encuentran el trampeo a través de la instalación de trampas tipo McPhail; muestreo mediante frutos hospederos de mosca de la fruta; combate mecánico eliminando residuos de cosecha y/o frutos hospederos no comerciales; eliminación de poblaciones de adultos, a través de la aplicación de cebos con atrayentes altamente específicos para mosca de la fruta; aplicación del control biológico, mediante las liberaciones inundativas de parasitoides de larvas del complejo Anastrepha; y empleo de la técnica del insecto estéril con la liberación de moscas estériles de la misma especie.

Sagarpa y Senasica manifiestan que a la fecha, en el estado de San Luis Potosí el cultivo de mayor importancia para la Campaña de mosca de la fruta es el de cítricos, con una superficie de 49 mil hectáreas, en beneficio de 18,463 productores. Asimismo, señala que se encuentra en trámite, para su reconocimiento como zona de baja prevalencia de mosca de la fruta a 24 municipios del altiplano; también que en la zona media del estado se desarrollan actividades de supresión de mosca de la fruta en 12 municipios, tendientes a obtener la categoría de zona baja prevalencia; y por último, que en la zona de la Huasteca se mantiene un programa de protección a 5,500 hectáreas de cítricos, establecido en 8 municipios.

En ese contexto, en 2010 Sagarpa espera declarar como zona libre 22 municipios de la zona altiplano y 11 municipios como de baja prevalencia en la zona media.

No obstante el escenario antes descrito, campesinos de la Huasteca y de la zona media señalan prácticas ineficaces en el combate a la mosca de la fruta, repercutiendo negativamente en su principal actividad económica y fuente de ingresos.

En ese sentido, los productores declaran que las autoridades no cuentan con información actualizada y confiable del número de citricultores, ni de las hectáreas citrícolas sembradas en la entidad, impidiendo de esta forma, implementar una estrategia más integral y de mayor alcance.

Con base en lo anterior, se plantean una serie de trabajos consistentes en levantar un censo citrícola veraz y confiable; generar información de la superficie actual de hectáreas de cítricos sembrados en la entidad; elaborar un inventario de las existencias de insecticidas como el malatión, atrayentes para moscas de la fruta, y levadura de torula utilizada en trampas tipo Macphail; adquisición de esponja necesaria en el proceso de combate a la plaga; reorganizar a todas las juntas locales de sanidad vegetal, denominados en la actualidad organismos auxiliares; y por último, siendo este uno de los factores determinantes para el éxito de la campaña, capacitar a los productores y dotarlos de los insumos necesarios para que sean ellos quienes realicen en mayor medida el proceso correcto.

Es importante comentar, que el combate químico debe realizarse de forma simultánea en toda la Huasteca, Río Verde y Piniguan, teniendo como fecha inicial este mes de septiembre y hasta los meses de abril o mayo de 2010, sin interrupción alguna hasta que se haya cosechado la naranja. Las brigadas deben monitorear y preparar o adquirir el predador o insecto benéfico, y el laboratorio de sanidad deberá funcionar ininterrumpidamente desde el inicio de la campaña hasta el final, con el objetivo de saber en qué parámetro se queda con respecto a la mosca de trampa diario (MTD), llevando así un control más efectivo.

Cabe señalar, que de acuerdo al Plan Rector del Sistema Productos Cítricos 2007, en la Huasteca prevalecen problemas de sanidad que son agravados debido a la falta de organización, capacidad técnica y económica por parte de los productores. De la misma forma, en el caso de la zona media es deseable una mayor participación de los productores para asegurar la continuidad de las campañas sanitarias en contra de la mosca de la fruta.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la afectación social y económica que acusan productores de la Huasteca y la zona media del estado de San Luis Potosí, principalmente en Río Verde y Piniguan, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, para que revise y replantee la estrategia de combate a la mosca de la fruta, llevada a cabo en la Huasteca y la zona media del estado de San Luis Potosí, retomando las medidas propuestas en la exposición de motivos del presente punto de acuerdo.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, de seguimiento e informe a esta soberanía, en un plazo no mayor a 12 meses, sobre el desempeño y los resultados de la estrategia implementada.

Notas
1. Comité Estatal Sistema Productos Cítricos del Estado de San Luis Potosí, 2008.
2. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, San Luis Potosí.
3. Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, establece la campaña nacional contra moscas de la fruta; NOM-075-FITO-1997, requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta; y NOM-076-FITO-1997, sistema preventivo y Dispositivo Nacional de Emergencia contra las moscas exóticas de la fruta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 15 de octubre de 2009.

Diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL QUE ANALICE EL PRESUPUESTO POR ASIGNAR A LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES QUE TIENEN COMO FINALIDAD DESTINAR RECURSOS PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual exhorta a la Junta de Coordinación Política a establecer una comisión especial de diputadas y diputados a efecto de analizar el presupuesto que se debe asignar a los programas gubernamentales que tienen como finalidad destinar recursos para la igualdad de hombres y mujeres, con perspectiva de género; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país sufre una gran carga económica que coloca principalmente a las mujeres en condiciones adversas de vida, bienestar y desarrollo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que entre 2006 y 2008 la pobreza extrema aumentó 4.4 por ciento. En la actualidad, la mayor incidencia de pobreza se presenta en el área urbana y es aquí donde la conducción y sostenimiento del hogar está a cargo de una mujer.

A esta difícil condición hay que aunar que el 26.7 por ciento de los hombres y 42.2 por ciento de las mujeres, reciben ingresos que no rebasan los dos salarios mínimos; es decir hay una brecha salarial de 14 por ciento en ingresos entre hombres y mujeres.

Ahora bien, cuando revisamos en que trabajan las mujeres, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008, se muestra que más de 3 millones mujeres se dedican al comercio, son vendedoras ó dependientes, en segundo lugar tenemos a las mujeres artesanas y obreras, seguidas de las que se emplean como oficinistas; y otras tantas dependen del sector manufacturero y turístico, ambos afectados por la crisis.

Conforme a un estudio realizado por el Centro de Finanzas de esta Cámara, indica que el proyecto de presupuesto para el 2010, en el rubro de economía, reduce los recursos para los Fondos de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, así como para el Fondo Nacional de Empresas Solidarias, y no se destina recursos para el apoyo a proyectos productivos de mujeres, asimismo, no se asignan fondos para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Con preocupación se observa que al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; para el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se tiene asignado presupuesto desde el ejercicio de 2009.

En materia de seguridad, encontramos que en el Presupuesto de Egresos para la Federación correspondiente al 2010, el Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de la Violencia y de Trata, en cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, no cuenta con asignación presupuestal alguna.

Ahora bien, por lo que respecta a desarrollo social, el Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las entidades federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, no registro variación alguna, se le asigno la misma cantidad que tiene en el presupuesto de 2009; sin embargo, las cifras en materia de violencia registran un importante incremento.

En materia de salud se observa lamentablemente, que se eliminaron los recursos para que el Instituto de Cancerología, atendiera y continuara con el programa de detección y atención de cáncer cérvico-uterino y de mamas, así como con el programa de apoyo de citología, el cual en el 2008, se le proporcionaron 94.4 millones de pesos.

En materia de educación, los programas educativos para prevenir la violencia a la mujer, también han desaparecido, dejando de percibir entre 40 y 45 millones de pesos.

Lo que vemos en el presente proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, es que se ha creado un rubro que se denomina "Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género", lo cual será un argumento para concentrar estos recursos y otros tantos más y con ello dejar al libre criterio de la autoridad hacendaria, el cubrir este tipo de gastos, lo que deja desprotegido a este sector vulnerable de la sociedad, ya que su contemplación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es una garantía en el cumplimiento de las leyes en esa materia.

El presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010 es el presupuesto de la desigualdad. Por ello, es necesario sumar esfuerzos para hacer más equitativo el gasto que el gobierno federal ejerce en el rubro de la equidad de género en México.

Esta legislatura debe tener como objetivo impulsar a los sectores de la sociedad que requieren atención inmediata; entre ellos, por supuesto estamos las mujeres.

Un presupuesto excluyente frena el crecimiento, demerita las posibilidades de desarrollo de las mujeres y limita nuestro empoderamiento en los diferentes ámbitos.

Hay que tener presente que el próximo año será un año difícil para las mexicanas y los mexicanos. En consecuencia, es justo que a las mujeres que menos tienen, se les brinden más y mejores servicios en cantidad y calidad; pero sobre todo, verdaderas oportunidades de desarrollo.

Esta Cámara, es el recinto ideal para las coincidencias y la voluntad política. Nuestro desafío es el de alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para ello, es necesario formar una comisión plural de diputadas y diputados que en sus propuestas se incluya la responsabilidad social que tenemos ante nuestras y nuestros representados.

Es el tiempo de la congruencia de acciones ante la realidad que vivimos más de 50 millones de mujeres que habitamos este país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a formar con la mayor brevedad una comisión especial de diputadas y diputados a efecto de analizar el presupuesto que se debe asignar a los programas gubernamentales que tienen como finalidad destinar recursos para la igualdad de hombres y mujeres con perspectiva de género, contenidos en el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010 en materia de equidad y género.

Dado en el salón de sesiones, a 15 de octubre de 2009.

Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES BRACEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Organizaciones por la defensa de trabajadores ex braceros han denunciado que alrededor de 170 mil ex braceros faltan de cobrar su beneficio económico, a pesar de que esta Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 700 millones de pesos para ejercerlos en 2009.

La Secretaría de Gobernación determinó de manera unilateral pagar "en abonos" de 4 mil pesos anuales el beneficio económico a la totalidad de ex trabajadores migrantes, en lugar de 38 mil en una sola exhibición, como originalmente se había establecido.

Las agrupaciones han señalado la existencia de un "rezago absoluto" en el ejercicio del Presupuesto autorizado por esta Cámara de Diputados, que asciende a 830 millones de pesos.

Si bien los recursos están en el fideicomiso 2106, la falta de su liberación afecta a los miles de ex trabajadores migrantes y sus familiares, que laboraron en Estados Unidos entre 1942-1964.

Además que Telcom, órgano encargado de entregar los pagos, cobrará 111 pesos por cada uno de los 170 mil ex trabajadores que acuda a sus oficinas por el beneficio económico, lo que significa que se tendrá que erogar cerca de 19 millones de pesos a fin de que se les siga atendiendo.

Es importante dejar asentado que con el aval de todas las fuerzas políticas, la Comisión Permanente de la pasada legislatura aprobó un exhorto al Ejecutivo sobre "la posibilidad de efectuar el pago del importe del apoyo social a los ex trabajadores migratorios, por 38 mil pesos, en una sola exhibición", y que no se les entregue como se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio pasado, que establece 4 mil pesos por año durante una década.

El dictamen aprobado por el pleno de la Permanente hace un llamado también al Ejecutivo para que, con la participación de la Secretaría de Gobernación, se otorgue reconocimiento a los recibos emitidos oficialmente contra entrega de los documentos originales de los beneficiarios que acudieron a registrarse previamente en los periodos establecidos en la convocatoria.

Asimismo el acuerdo aprobado solicita se remita copia del expediente a la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y seguimiento, y en particular para que se pondere la integración de una mesa de trabajo en la que participen representantes de los beneficiarios del fideicomiso y de las dependencias involucradas, para proponer en su caso, las actualizaciones y ajustes necesarios a sus reglas de operación.

Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, así como a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores braceros, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados en la materia. Se propone continuar con los trabajos que venía realizando la comisión especial en la anterior legislatura.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural de diputadas y diputados que habrán de integrar la Comisión Especial de de seguimiento a los fondos de los trabajadores braceros.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2009.

México, DF, a 15 de octubre de 2009.

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MIGUEL ORTEGA JOAQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, diputado federal de Quintana Roo a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los "servicios públicos" son creados y organizados por el Estado mediante leyes emitidas por el Congreso. Un "servicio público" es una actividad técnica encaminada a satisfacer una necesidad colectiva, que se considera básica o fundamental. La prestación de un "servicio público" debe ser permanente y uniforme, ya que su interrupción o insuficiencia puede generar graves daños a la economía y a la sociedad o alteraciones del orden público.

Por su naturaleza como en el caso de la electricidad, la regulación de las tarifas eléctricas no puede quedar sujeta al régimen de oferta y demanda, sino que debe ser regulado por normas y principios sociales.

El suministro de energía eléctrica a la población es considerado como un "servicio público" porque está encaminado a satisfacer necesidades básicas de toda la sociedad y constituye uno de los pilares estratégicos para el funcionamiento del aparato productivo del país. Por ello, resulta indispensable mantener dicho servicio de manera permanente, e ininterrumpida.

La Constitución y otras leyes establecen que el Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar este servicio público, a través del organismo estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Generar y suministrar energía eléctrica a veinte millones de usuarios es un proceso de alta complejidad técnica.

Bajo esta perspectiva el suministro de energía eléctrica es uno de los principales servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana; la generación y el abastecimiento eficaz y con calidad es una prioridad para cualquier nación, pues como ya he mencionado afecta directamente la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas, el ingreso de las familias y la equidad social.

En síntesis, el presente punto de acuerdo plantea el que se analice de manera detallada la pertinencia o no de seguir aplicando la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, dadas las implicaciones negativas sociales y económicas hacia la población.

Como residente de uno de los estados donde se registran altas temperaturas, veo con inquietud el que se continúe aplicando la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, que sin duda alguna afecta de manera grave las finanzas de la población. Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía, lo siguiente:

La Tarifa Doméstica de Alto Consumo, se aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo. Estos servicios solo se suministran en baja tensión y no deben aplicárseles ninguna otra tarifa. La tarifa DAC está integrada por dos elementos:

1. El Consumo Mensual Promedio (CMP): que se determina con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses.

2. El Límite de Alto Consumo (LAC): Se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada.

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.

Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.

Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1D: 1,000 (un mil) kWh/mes.

Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes.

Tarifa 1F: 2,500 (dos mil) kWh/mes.

Cuando el consumo mensual promedio del usuario sea superior al límite de alto consumo se le reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.

En relación a la tarifa 1D de servicio doméstico, es importante indicar que ésta se aplica en zonas con temperatura que oscile entre los 31 grados centígrados; y la tarifa 1E se aplica para las localidades en las que su temperatura oscile entre los 32 grados.

Bajo estas definiciones, es relevante señalar que las condiciones climatológicas en el estado de Quintana Roo, la mayor parte del año predominan las temperaturas elevadas y los altos índices de humedad, por lo que es necesario el empleo casi permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento.

Las temperaturas en el verano de Quintana Roo con frecuencia rebasan los 35 grados centígrados. Ello hace necesario el establecimiento de criterios más justos, respecto a las tarifas en los municipios que por su clima utilizan mayores cantidades de energía.

En este sentido, el diseño y la estructura de las tarifas eléctricas deben ser óptimos y eficientes para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de las actividades productivas del país. Por lo tanto, se requiere de políticas que ayuden a mantener los equilibrios entre tarifas accesibles para la población y finanzas sanas para las empresas paraestatales.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la tarifa actualmente establecida en el estado de Quintana Roo merma la economía de familias que pugnan por el pago más justo de tarifas de energía eléctrica y una mayor equidad social.

La actual clasificación de tarifas para el estado deja fuera del alcance de la mayoría de la población de ingresos medios y bajos el empleo de sistemas de enfriamiento en hogares y pequeños sitios de reunión.

El pago de las tarifas eléctricas es uno de los gastos que más agravian a los grupos vulnerables, en su gran mayoría asalariados, ya que deben destinar un porcentaje de hasta el 40 por ciento de su ingreso para mantener en buen estado sus alimentos y el funcionamiento de aparatos eléctricos, necesarios para tolerar las altas temperaturas y humedad que caracterizan el clima extremoso de Quintana Roo.

Por lo antes mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de diferentes organizaciones que han iniciado un movimiento popular para demandar la reclasificación tarifaria en sus comunidades para contar con la tarifa 1D, de los tabuladores de subsidio de la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de no afectar la calidad de vida de sus familias, por motivos ajenos a su responsabilidad.

Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar los estudios necesarios para conocer la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social, que justifiquen la clasificación tarifaria con la que actualmente se cuenta en el estado de Quintana Roo, y que se evalúe la pertinencia técnica y social de aplicar la tarifa 1 D para todo el estado.

Segundo. Se exhorta a esta misma Secretaría a que entregue a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado sobre los principales resultados obtenidos por la realización de los estudios solicitados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A COMBATIR EL FRAUDE LABORAL Y FISCAL EFECTUADO MEDIANTE OPERACIONES DE OUTSOURCING POR THE COCA-COLA COMPANY Y SUS FILIALES; Y A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A AJUSTARSE A DERECHO EN EL JUICIO QUE EL INGENIERO ÁNGEL ALVARADO AGÜERO MANTIENE CONTRA DICHA EMPRESA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

El ingeniero Ángel Alvarado Agüero, se desempeñó durante 16 años como alto directivo de la empresa The Coca-Cola Company, habiendo sido despedido injustificadamente en mayo de 2007, todo por manifestar su inconformidad ante las ilegales prácticas monopólicas desarrolladas por la empresa en nuestro país. En consecuencia de lo anterior, el ingeniero Alvarado interpuso demanda laboral, que se tramita ante la Junta Especial número 16 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Siendo indispensable señalar, que a este ingeniero se le arrancó una supuesta renuncia, para lo cual la empresa le privó ilegalmente de su libertad y le hizo víctima de todo tipo de amenazas, además de estar presionado por guardias armados. Así se las gasta esta trasnacional, que públicamente presume de tanta rectitud.

A partir de entonces, este ingeniero, ha visto la complicidad de esta junta con esta poderosa trasnacional, por lo que se le ha obstaculizado su defensa por todos los medios posibles; su familia ha sido víctima de amenazas y, se le ha impedido por todos los medios su derecho a reemplearse nuevamente (es decir, se ha hecho uso de la aborrecible e ilegal práctica de "poner en el índice").

Sobre las irregularidades procesales, cabe señalar que la Junta Especial número 16, sistemáticamente le ha desechado las documentales ofrecidas por este trabajador, las cuales son pruebas contundentes, e incluso ha llegado al extremo de revocar sus propios acuerdos ordenando el archivo de un expediente sin sustanciar el procedimiento respectivo.

En todo lo anterior, ha jugado un papel fundamental la simulación laboral desarrollada por The Coca-Cola Company, por medio de la utilización del mecanismo conocido como outsourcing, esquema de intermediación laboral y de servicios, para lo cual The Coca-Cola Company ha creado varias filiales. Todo con el objeto de burlar sus obligaciones para con sus trabajadores, especialmente el reparto de utilidades, igualmente para evadir al fisco y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Baste señalar como ejemplo, en 2007 The Coca-Cola Export Corporation, sucursal México, obtuvo utilidades por un monto de alrededor de 700 millones de dólares, por lo que conforme a la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores se les debieron repartir 70 millones de dólares; sin que esto haya sido algo excepcional ya que el pago completo de utilidades se les ha negado a los trabajadores por más de treinta años.

Pese a las declaraciones de condena del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, a las prácticas del outsourcing, para lo cual firmó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, resulta que a la fecha, pese a las repetidas solicitudes del ingeniero Alvarado, la STPS no ha hecho nada para poner fin al fraude laboral desarrollado por Coca-Cola en el país.

El trabajador, en su lucha por justicia ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, las que han corrido con la misma suerte que el procedimiento laboral. La lista de derechos y garantías que se le han conculcado al trabajador es muy larga, convirtiéndose en una lucha desleal y antijurídica, siendo que lo único que se busca es la justicia a este trabajador, dada la práctica de simulación fraudulenta de numerosas empresas en nuestra nación vía el outsourcing.

Nadie puede oponerse, a que una empresa de capital extranjero invierta en nuestro país y genere empleo, pero siempre que lo haga en respeto a nuestro estado de derecho, comenzando por los derechos humanos, en general, y concretamente los derechos laborales de sus trabajadores.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, a que intervenga contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal, desarrolladas por la empresa The Coca-Cola Company y sus diversas filiales, por medio del mecanismo denominado outsourcing. Aclarando que la empresa que tiene la representatividad legal productiva de esta trasnacional en nuestro país es la denominada, The Coca-Cola Export Corporation, sucursal México.

Segundo. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, a velar porque en el juicio entre el ingeniero Ángel Alvarado Agüero y The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México, se actúe en todo momento con imparcialidad y sujeción a derecho.

Tercero. Se exhorta, igualmente, al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, para que los procesos penales interpuestos por el ingeniero Ángel Alvarado Agüero con motivo de las irregularidades en el proceso laboral, se atiendan con oportunidad y legalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A CUMPLIR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS ORGANISMOS ESTATALES DE JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Enrique Castillo Ruz, diputado integrante de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La crisis económica por la que el país está atravesando indudablemente tiene un mayor impacto en los grupos poblacionales más desprotegidos y con mayores necesidades. Dentro de estos sectores de la población, a los que la situación económica y social afecta gravemente, se encuentran los jóvenes de todo el país.

La juventud, además de los problemas estructurales de inequidad en el acceso educativo y la falta de oportunidades para su desarrollo laboral, tiene la característica de verse afectados en mayor medida por desesperanza, exclusión, desigualdad y pesimismo social originado por la realidad socioeconómica a la que se enfrentan.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población joven en México es de 29.1 millones de personas, lo que representa el 27.3 por ciento de la población nacional, los jóvenes representan el 33.6 por ciento de la población económicamente activa. Asimismo existe un rezago educativo de 29.7 por ciento –es decir el porcentaje de jóvenes que no han concluido la enseñanza obligatoria–, una tasa de desempleo para jóvenes del 7.95 por ciento y las estadísticas judiciales muestran que 47 de cada 100 delitos son cometidos por jóvenes.

Los gobiernos deben establecer prioridades sobre la ejecución de acciones que contribuyan a que los sectores más afectados por la situación socioeconómica –la juventud se incluye entre ellos– encuentren oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, y además reciban apoyos que les permitan afrontar con éxito los rezagos y problemáticas propios de su condición.

Dentro de la política de juventud, el gobierno federal cuenta con un organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo propósito, de acuerdo con su ley de creación, es definir y aplicar una política nacional de juventud –para los habitantes de entre 12 y 29 años de edad– e incorporarlos plenamente al desarrollo del país, de manera enfática en cuanto a organización, salud, empleo y capacitación, prevención de adicciones, entre otras. Asimismo cada uno de los gobiernos en las entidades federativas cuenta con un organismo dedicado a la juventud, ya sea como instituto o incluso, como secretaría en la materia.

Entre los objetivos del instituto destaca actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales y municipales, y promover coordinadamente con las dependencias y entidades del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos.

Una de las acciones más importantes del Imjuve, de acuerdo con sus políticas de operación, es fortalecer a los organismos estatales encargados de atender a la juventud, a través de la coordinación entre éstos y el instituto, por medio de convenios que celebren, en los que se impulsen acciones que permitan atender sus necesidades locales juveniles y se les otorguen recursos económicos federales con cargo al presupuesto del Imjuve.

De la misma forma, con el objetivo de implementar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil, sustentados en la coordinación interinstitucional y en la participación de los tres niveles de gobierno, se asignan recursos a los organismos estatales encargados de atender a la juventud para la operación de los programas Espacio Poder Joven y Red Nacional de Programas Poder Joven en radio, por televisión y radio por Internet.

Estas disposiciones ejemplifican un diseño que responde a la necesidad de la coordinación entre niveles de gobierno y el uso eficiente de los recursos públicos sin importar su origen. Sin embargo la realidad parece no coincidir con la normativa.

En el transcurso del presente año diversos organismos estatales encargados de atender a la juventud no han recibido las transferencias de recursos a las que el Imjuve está obligado, incluso el instituto y los organismos estatales han firmado convenios en los que se establece los montos a ministrar y la obligación de realizar las transferencias, aún así los estados no han podido ejercer estos recursos comprometidos, ya que el Imjuve ha cancelado su transferencia aduciendo a recortes presupuestales.

Los estados de Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Veracruz, entre otros, han sufrido la falta de ministración de estos recursos presupuestales, con lo que se ven drásticamente limitados en la realización de programas y acciones de beneficio para la juventud.

Como ejemplo concreto está el caso de Yucatán: desde junio del presente se han firmado convenios entre la Secretaría de la Juventud del estado y el instituto, a través de su director de Coordinación Sectorial y Regional, a pesar de lo anterior, y de incluso haber comprometido la transferencia de los recursos para agosto, el Imjuve con una simple llamada telefónica ha cancelado dichas transferencias, con lo que incluso da incumplimiento a una de las clausulas del convenio que establece que el aviso debe ser por escrito, con un mes de anticipación y que debe fundar la negativa a la ministración de los recursos comprometidos.

La problemática que da origen estas cancelaciones es que los recursos se encuentran comprometidos, puesto que los coordinadores de los programas Espacio Poder Joven, como los becarios del programa de radio ya realizaron el trabajo correspondiente a dichas trasmisiones, tal como lo marcan las Reglas de Operación del Imjuve.

En el Presupuesto de 2009 se aprobaron para el Imjuve recursos por 243.4 millones de pesos, de los cuales sólo el 23 por ciento está destinado a los subsidios a las entidades federativas, en contraste más del 75 por ciento se encuentran asignados a servicios personales y generales. Cabe remarcar que los recursos destinados a los estados son para la operación y financiamiento de los programas del instituto, así como a acciones en materia cultural y de combate a las adicciones que llevan a cabo las instancias estatales de juventud.

La generación de políticas integrales para el desarrollo de la juventud debe ser una prioridad para las instancias gubernamentales, los escasos recursos destinados a la materia, deben ser estrictamente distribuidos en razón a la correcta ejecución de los programas diseñados para tal fin.

En este sentido es indispensable que la autoridad federal en materia de juventud realice con justo apego a su propia normativa, las transferencias de recursos presupuestales a los organismos estatales y que éstos puedan cumplir con la instrumentación de los programas establecidos. Para la población joven del país es apremiante el contar con el respaldo de las instancias públicas para afrontar los rezagos, problemáticas y riesgos cotidianos. No limitemos estas posibilidades con ineficiencias en el manejo de los recursos públicos.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a realizar las transferencias de recursos a los organismos estatales de atención a la juventud, a fin de que puedan cumplir con los programas a los cuáles se encuentran comprometidos.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados a requerir al Instituto Mexicano de la Juventud la información que fundamente las cancelaciones de recursos presupuestales a las entidades federativas, así como dar seguimiento al fortalecimiento de los organismos estatales encargados de atender a la juventud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre de 2009.

Diputado Enrique Castillo Ruz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO 2106, FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que apruebe la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la administración del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La movilidad de las personas es una realidad que ha traspasado todas las etapas de la historia humana, y en las últimas décadas se ha agudizado. Millones de personas por razones de cultura, economía o problemas sociales o personales diversos, siguen emigrando de sus lugares de origen a otros, o de un país a otro.

El fenómeno de la migración es un rasgo ineludible de la dinámica mundial, que conlleva muchas repercusiones en los diversos ámbitos de la vida y el ser de las personas, así como en sus más amplios aspectos culturales, sociales, psicológicos y económicos.

Los mexicanos que han cruzado la frontera hacia los Estados Unidos de América lo han hecho, en la mayoría de los casos por necesidad, con la idea esperanzadora de encontrar allá las oportunidades que no han obtenido en nuestro país, y ante ello, el gobierno mexicano está trabajando intensamente por brindar mejores condiciones de vida a la población que históricamente se ha visto perjudicada por la ausencia de leyes y de políticas públicas que permitan a las personas desarrollarse plenamente, especialmente en lo económico, pero también en lo cultural, en lo social, en la dignidad que un salario justo por el trabajo realizado representa.

La política de abrir y cerrar periódicamente las fronteras de los países ha obedecido, en muchas ocasiones a factores económicos, como sucedió entre 1942 y 1964, cuando Estados Unidos requirió de mano de obra temporal que no le ocasionara costos sociales en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, y a pesar de los convenios firmados, no hubo quien diera cuenta por muchos años de los recursos que se destinarían a apoyar a los ex trabajadores migrantes mexicanos.

Para hacer frente a dicha realidad y velar por los legítimos derechos de los ex trabajadores, la Cámara de Diputados desde el año 2001 aprobó la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, integrada por 18 diputados de los distintos grupos parlamentarios, que tendría a su cargo la atribución de recopilar la información sobre el paradero de los fondos de los de los ex trabajadores migratorios mexicanos.

Durante la LIX Legislatura, se creó nuevamente la Comisión Especial integrada por 21 diputados, la cual tenía como objetivo "dar seguimiento en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre los años 1942 a 1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos".

Su logro más importante fue la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005 y el 27 de octubre del mismo año se publican las reglas de operación de este Fondo de Apoyo Social.

Durante la LX Legislatura, se aprobó nuevamente la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros y promover que la entrega de los recursos del fondo fuera transparente, oportuna y equitativa, además incentivar las acciones necesarias para que mejoren sustancialmente la calidad de vida, generando además la articulación de políticas públicas para su beneficio. La comisión fue integrada por 15 diputados.

En el marco de la LXI Legislatura es importante que la Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial para dar seguimiento a la entrega de los recursos a los ex trabajadores migratorios y velar por la correcta y transparente administración del Fideicomiso 2106 cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Gobernación.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una Comisión Especial para dar seguimiento a la administración del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA LXI LEGISLATURA QUE IMPLANTE UN MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL QUE SE DESPRENDAN ACCIONES AFIRMATIVAS O EN FAVOR DEL PERSONAL PARA POSIBILITAR LA IGUALDAD DE FACTO ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la implantación de un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres conforme las siguientes

Consideraciones

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los derechos fundamentales que más dificultades ha presentando para su incorporación, tanto en los ordenamientos jurídicos como en la vida cotidiana de las personas. Pues, históricamente, la idiosincrasia de distintos grupos sociales ha impedido el pleno desarrollo de las mujeres y su incorporación a la vida pública. Produciendo con ello una afectación en el pleno ejercicio y respeto de los derechos inherentes a su condición humana.

Como ya lo señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la noción de igualdad se desprende directamente del género, por lo cual es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

La incorporación del derecho a la igualdad, dentro de los ordenamientos jurídicos, se constituye como la primera etapa que se implantó para la salvaguarda de esta garantía. Fue así que la igualdad de jure o de derecho comenzó su consolidación mediante la creación de una carta específica de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Posteriormente, con la declaración y el programa de acción aprobados en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena en 1993, se logró brindar legitimación a la existencia de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, la creación de estos instrumentos jurídicos, así como de organismos evocados a analizar la condición social y jurídica de las mujeres, derivó en el inicio del debate en torno a la brecha existente entre la igualdad de jure, consagrada en los instrumentos fundamentales de derechos humanos y en la mayoría de las Constituciones nacionales, y la situación real de las mujeres en comparación con la de los hombres en diversos planos. Los hechos demostraban la incoherencia entre lo que muchos países establecían en materia de igualdad en sus respectivas Constituciones y legislaciones y la realidad profundamente discriminatoria, pese a tales avances legislativos.

Así pues, la igualdad de jure constituye apenas el primer paso hacia la igualdad de facto. Pues, pese a que la mayoría de los países han sancionado medidas jurídicas para asegurar a la mujer igualdad de oportunidades ante la ley, garantizando la igualdad de jure, todavía persiste la discriminación de facto.

Esta situación hace necesario un compromiso político y económico visible, por parte de los tres Poderes de la Unión, a fin de erradicarla. Es decir, no es suficiente la promulgación de leyes para demostrar nuestro compromiso con la igualdad entre los géneros; si a nuestro interior no las aplicamos ni contamos con un sistema capaz de analizar las inequidades existentes en esta honorable legislatura, ni las áreas de oportunidad de mejora de ésta.

Es por ello que someto a su consideración la implantación de un modelo de equidad de género al interior de este órgano de gobierno que nos permita reimaginar y participar activamente en la reconstrucción de un nuevo orden social, basado en la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de establecer relaciones que sean significativamente más justas e igualitarias.

No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Existen ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, derivado de la implantación del modelo de equidad, se pueden generar acciones a favor o acciones afirmativas para uno u otro género, sin que esta distinción de tratamiento pueda considerarse discriminatoria. Pues, si ésta se encuentra orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas, partiendo de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamental conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, serán perfectamente legítimas. En adición, es indispensable señalar que, conforme se vayan adoptando medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, sus necesidades pueden cambiar, desaparecer o convertirse en necesidades tanto para el hombre como la mujer. Por ello, es necesario mantener en examen continuo las leyes, los programas y las prácticas encaminados al logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer a fin de evitar la perpetuación de un trato no idéntico que quizás ya no se justifique.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta honorable LXI Legislatura implante un modelo de equidad de género basado en un sistema de gestión, que permita la creación y adopción de procedimientos que contribuyan a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la realización de acciones afirmativas o a favor del personal.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2009.

Diputados: Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE MISCELÁNEA FISCAL DE 2010 EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUIENES EMPLEEN A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 55 fracción II, los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de "Miscelánea Fiscal de la Federación de 2010" se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años.

Lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

Actualmente nuestro país se encuentra en una transición demográfica que cuando concluya, la población de adultos mayores predominará sobre el resto de los estratos poblacionales, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población, Conapo, ha señalado que la población de adultos mayores, de diferentes edades, se incrementará durante el periodo 2006-2050 de la siguiente manera:

• Los de 60 años y más pasarán de 8 millones 340 mil en el 2006, a 36 millones 960 mil en el 2050;

• Los de 65 años y más pasarán de 5 millones 730 mil en el 2006, a 28 millones 580 mil en el 2050;

• Los de 70 años y más pasarán de 3 millones 690 mil en el 2006, a 19 millones 890 mil en el 2050.

El Conapo prevé que para el 2050 uno de cada tres mexicanos tendrá más de 65 años, ante lo cual, diversos especialistas advierten que el país no se está preparando para atender a la población de la tercera edad.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de la creciente atención internacional por el envejecimiento de las sociedades y por los ancianos, en muchos países, las personas continúan enfrentando discriminación por motivos de edad en el lugar de trabajo y carecen de acceso a derechos, empleos y seguridad social.

Según el director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, son mínimas las empresas que se interesan en contratar a personas mayores de 60 años, sin embargo, ser adulto mayor no es sinónimo de improductividad, por lo que ha exhortado al sector empresarial a sumar a su bolsa de trabajo a este segmento de la sociedad quienes resultan elementos útiles, con capacidad, experiencia y fuerza para desempeñar una tarea.

Las oportunidades de empleo para este sector de la población son menores, a pesar de que muchos adultos mayores cumplen con los requisitos laborales, y lamentablemente un gran porcentaje son discriminados por su edad.

Ante el contexto económico mundial, es indispensable apoyar a todas las empresas que a pesar de condiciones económicas adversas están dispuestos a seguir apostando por México y por su gente.

Ejemplo de ello, es la Expo Feria del Empleo para Personas Adultas Mayores 2009, realizada en julio pasado y que fue organizada por el gobierno federal a través de la Secretaría para el Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

En lo referente al ámbito laboral, empresas que iban desde sistemas de autoempleo en oficios o manualidades, hasta reclutadores de extras para trabajos en televisión brindaban la posibilidad de trabajar a personas mayores de 60 años.

No obstante, las empresas requieren de apoyo gubernamental para continuar impulsando una vida digna de sus trabajadores mayores de 60 años, en este sentido, es importante destacar la medida tomada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien el 6 de marzo firmó un decreto que el 8 de marzo de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Mediante el referido decreto se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, a los contribuyentes personas físicas y morales que empleen a personas con discapacidad o adultos de 65 años o más, consistente en una deducción adicional a las previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta que permita disminuir de los ingresos del contribuyente por el ejercicio fiscal de que se trate, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario pagado a dichas personas.

Para determinar este monto, se considera la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, la actual coyuntura económica requiere de medidas extraordinarias a través de un firme apoyo a las empresas para que tengan la capacidad de reinvertir sus beneficios y para que continúen creando los puestos de trabajo estables que todos deseamos para este grupo vulnerable de la sociedad.

Recordemos que los efectos de la crisis económica ya afectaron al comercio formal y alrededor de 12 mil 850 empresas de este sector cerraron sus establecimientos debido a la caída en la producción y las ventas comerciales.

Hasta agosto pasado en el país había 824 mil 716 empresas, cifra menor a la registrada en julio de 2007, cuando se tuvo registro de 826 mil 748, según los más recientes reportes del Inegi y de registros del IMSS.

No se deben escatimar esfuerzos para mejorar una realidad que se ha recrudecido con los efectos de la crisis económica, los adultos mayores han aportado a nuestras vidas, escribiendo páginas de desarrollo, crecimiento e historia.

Con base en las consideraciones anteriores, los diputados federales de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la federación de 2010 se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años.

Segundo. Se considere el anterior punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEDESOL A MODIFICAR EL PROGRAMA 70 Y MÁS PARA INCREMENTAR EL MONTO DEL BENEFICIO ECONÓMICO Y REDUCIR EL REQUISITO DE EDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN GARCÍA AVILÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Martín García Avilés, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actuario Ernesto Cordero Arroyo, a incrementar el monto del beneficio económico y reducir la edad de requisito (60 años) para ser beneficiario del Programa 70 y Más. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, como en muchos países del mundo, el proceso de envejecimiento de sus poblaciones va en aumento de manera constante, por lo que el proceso es universal y semejante. Envejecer es una cuestión social y natural.

En la mayoría de los países se define a las personas mayores como aquellas que han alcanzado la edad de jubilación, situación para la que muchas de las naciones no se han preparado adecuadamente con la implementación de políticas y programas sociales, y poder así enfrentar eficaz y eficientemente este escenario, sobre todo porque afecta a los adultos mayores, muchos de los cuales se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad.

Pese a que existe, por la mayoría de la sociedad, el reconocimiento de que las personas adultas mayores deban contar con el derecho a una vida digna y justa, donde puedan gozar de bienestar, tengan garantizados sus derechos humanos y sus garantías sociales. En nuestro país los adultos mayores enfrentan múltiples condiciones adversas, escasas oportunidades y viven bajo situaciones de desventaja socialmente alarmantes.

La compleja problemática que enfrenta este grupo social va más allá de su limitada condición económica, de manera frecuente son víctimas de abandono, maltrato y marginación, aun por su propia familia. Es frecuente conocer casos de despojo, agresiones y violencia que son elementos constantes del entorno de vulnerabilidad que caracteriza el devenir las personas adultas mayores.

El ser adulto mayor de manera individual reclama de las personas un esfuerzo diario con miras a enfrentar los dilemas que en el orden biológico, psicológico y socioeconómico se plantean durante esta etapa de la vida, y como grupo poblacional en alta condición de vulnerabilidad, obliga a los gobiernos a poner en sus planes de desarrollo un incremento en los gastos e inversiones necesarias para cubrir las demandas que estos representan.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) en el año 2000 había en el país 2.98 millones de personas con 70 años o más, para el año 2005 este número había crecido a 3.6 millones y en el año 2010 serán 4.4 millones, o sea que en 10 años habrá un incremento de 1.4 millones¹.

La pobreza en este grupo de población en nuestro país es excepcionalmente alta, aun en el contexto de América Latina. En México, la tasa de pobreza en la población mayor de 65 años es 70 por ciento superior a la tasa de pobreza para el total de la población, la diferencia más amplia entre ocho países de la región considerado en un estudio reciente del Banco Mundial. En contraste, en Brasil, donde se implementa una pensión básica con una cobertura amplia, la tasa de pobreza en la tercera edad es 25 por ciento menos a la tasa nacional².

La pensión alimentaría para adultos mayores en el Distrito Federal cumple ya ocho años de operación y marca un parteaguas en la implementación de las políticas públicas para las personas de edad en México y en la región latinoamericana. Al tratarse de un programa universal el beneficio (822 pesos mensuales) llega a todos los mayores de 68 años sin exclusión de ningún tipo.

El programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más se destina exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la crítica a este programa federal para adultos mayores, consiste no sólo en su operación, sino en el monto de los recursos destinados para la cobertura de este programa, la asignación personal corresponde a 500 pesos mensuales en entregas bimestrales, sujetas a la disponibilidad presupuestal del programa. Bajo este esquema se ve lejana la superación de la pobreza de los adultos mayores.

Por ello, estamos solicitando el incremento en el monto económico mensual del apoyo que reciben los beneficiarios de Programa 70 y Más hasta por la cantidad de mil 500 en entrega bimestral, así como la reducción del requisito de edad, quedando entonces en 60 años, edad que es universalmente aceptada por la Organización de las naciones Unidas (ONU) para ingresar al grupo poblacional de los adultos mayores.

Consideramos que la pensión que se otorga a través del Programa 70 y Más debe de implementarse en una edad donde el deterioro físico y emocional no haya llegado a un nivel donde sus consecuencias sean tales que no permitan disfrutar del mínimo de bienestar que se pueda alcanzar con ese apoyo económico, una vejez más digna, con más fortaleza física, más salud y mejores condiciones psicoemocionales.

El Estado está obligado a garantizar a los adultos mayores una vida justa, impulsando un sistema eficiente, seguro y justo de pensiones y de servicios sociales para dar atención a las necesidades de salud, vivienda, alimentación, cultura, entre otras premisas que dignifiquen a los adultos mayores.

En el Partido de la Revolución Democrática consideramos que es de justicia elemental que la sociedad les proporcione a sus adultos mayores una seguridad económica y una mejor calidad de vida durante su vejez. Con ello, lograremos dar un reconocimiento al papel jugado por ellos en la construcción del país, asumiendo como gobierno la obligación de velar por el bienestar satisfactorio de los adultos mayores, incrementando su ingreso y lograr que los años de la tercera edad sean más tranquilos y felices. Nuestra propuesta es una forma más de coadyuvar para lograr la democracia en nuestro país, reconociendo la justicia social a nuestros connacionales de la tercera edad.

Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero Arroyo, a modificar el Programa 70 y Más con el objetivo de incrementar el monto del beneficio económico hasta por la cantidad de mil 500 pesos en entrega bimestral, así como la reducción del requisito de edad, quedando entonces en 60 años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Notas
1. Proyecciones del Conapo y del INEA para 2007 con base en el XII censo.
2. Banco Mundial. Keeping the promise of old age income security in Latin America: pension reform in Latin America is incomplete. Banco Mundial y Stanford University Press, 2004. Citado por John Scott. ¿Sería factible eliminar la pobreza la tercera edad en el ámbito nacional por medio de una pensión básica universal? CIDE. México. 2005.

Diputado Martín García Avilés (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE MISCELÁNEA FISCAL DE 2010 EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUIENES GENEREN PRODUCTOS COMPATIBLES CON EL AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la federación de 2010 se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que generen productos amigables con el medio ambiente.

Lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece el objetivo de fomentar el consumo, por parte de la sociedad civil, de bienes y servicios ambientalmente amigables con el entorno, es decir, destinados a incentivar un consumo racional y responsable hacia el medio ambiente, así como ir generando una conciencia de consumo sustentable, por lo cual se debe considerar el fomento a la creación de un mercado verde, al etiquetado o certificación voluntaria, la diseminación de la información a la sociedad, sobre los productos que cuentan con este certificado.

De esta manera, el desarrollo sustentable y el fomento al consumo sustentable de bienes y servicios, requiere forzosamente de un uso más amplio de instrumentos económicos, regulatorios, informativos y educativos y de incentivos claros que promuevan la sustentabilidad entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general. Específicamente, una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos, con el fin de promover patrones de producción y consumo sustentables.

Es así que, en respuesta al gran deterioro natural que se ha dado en las últimas décadas, una fuerte ola en pro de la ecología ha invadido la conciencia de la población mundial.

Ante esto, la problemática ambiental ha llevado a las empresas a implementar estrategias que permitan que sus procesos y actividades sean amigables con el ambiente.

Pudiera parecer que ya están dadas las condiciones para que México adopte diversos instrumentos económico-ambientales, sin embargo, la realidad es que aún no puede decirse que nuestro sistema fiscal favorezca las industrias limpias.

Según la LGEEPA, los estímulos fiscales estarán destinados principalmente para "investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los recursos naturales y de energía".

Asimismo, existe un estímulo para la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, planteado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a 30 por ciento de los gastos e inversiones en esos rubros, contra el Impuesto Sobre la Renta causado durante el ejercicio en que se determine dicho crédito.

Otro incentivo importante que se introdujo en 2006 consiste en que las personas morales y físicas que realicen actividades empresariales pueden efectuar la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos que sean activos fijos durante el ejercicio en que se efectúe la inversión. Esta opción sólo podrá ejercerse en el caso de inversiones en bienes que se utilicen de manera permanente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso obtengan la constancia respectiva por parte de la Semarnat, que es la dependencia facultada para emitir constancia de que las empresas asentadas en las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey emplean tecnologías limpias.

En resumen, los estímulos fiscales que actualmente se encuentran vigentes, poco o nada ayudan al impulso de empresas que generen nuevos productos amigables con el ambiente, por lo que resulta una medida poco atractiva por los costos que dicha inversión representaría.

Sin duda es necesario un fuerte trabajo legislativo, ya que cualquier impuesto o exención debe estar muy bien justificado, ya sea porque fortalecen la equidad en la estructura impositiva o bien porque promueven o inhiben la producción de bienes con externalidades positivas o negativas, y con mayor razón tratándose de un área que requiere de acciones permanentes que permitan mantener condiciones favorables para el medio ambiente. En este sentido, los estímulos fiscales son un factor primordial para el impulso a empresas que contribuyan con la creación de productos que fomenten la protección del ambiente, por lo que debe procurarse el reconocimiento al beneficio ambiental de cualquier inversión productiva significativa.

Con base en las consideraciones anteriores, los diputados de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Hacienda y Crédito Público a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la federación de 2010 se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que generen productos amigables con el medio ambiente.

Segundo. Se considere el anterior punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA LA FORMACIÓN DE UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO, CON ASISTENCIA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE ANALICE Y PROPONGA AL PLENO LA VIABILIDAD DE INICIAR UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, RESPECTO AL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DEL PRI

Los diputados Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes, Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual solicitan la conformación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la honorable Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (CL y FC).

Los suscritos, diputados federales Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes, Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual solicitamos la formación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la honorable Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, bajo las siguientes

Consideraciones

1) Como es del dominio público, el pasado 10 de octubre del presente año, pasadas las 22:30 horas, mas de mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) tomaron las instalaciones de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, ubicadas en la calle de Melchor Ocampo de esta ciudad. Más tarde se supo que, en un acto coordinado, las demás sedes de la CL y FC fueron tomados por la misma PFP.

2). El domingo 11 de octubre en una evento por demás peculiar e inusual, el Ejecutivo federal hace publicar en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que extingue la CL y FC.

3). los argumentos que se señalan en dicho Decreto para justificar esta medida se señalan, entre otros, las siguientes:

a) La medida se realiza conforme a la Ley de Entidades Paraestatales (artículos 15 y 16), ya que la operación y funcionamiento de la CL y FC ya no resultaba favorable, de acuerdo con la situación que vive la economía nacional y del interés público.

b) Que la CL y FC, desde su creación (febrero del 1994), no ha dejado de recibir transferencias cuantiosas, la cuales lejos de disminuir, se han visto incrementadas en los últimos años. Del 2001 al 2008, estas se incrementaron en más del 200 por ciento y que para este 2009 se incrementaran en casi 42 mil millones de pesos.

c) De continuar esta tendencia, las transferencias podrían alcanzar 300 mil millones de pesos en esta administración

d) Que los costos de la CL y FC casi duplican a sus ingresos por ventas.

e) Que CL y FC registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos.

4). Que los resultados que reporta la CL y FC son notablemente inferiores respecto de las empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto a las que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como se puede observar, las razones por las que se extingue a este organismo descentralizado, obedecen a razones eminentemente económicas, donde el único que aparece como "chivo expiatorio" es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una institución histórica dentro del sindicalismo mexicano, cuya fundación data de 1914 con al entonces empresa trasnacional Mexican Ligth Power.

5) Lo que nunca se dice en el decreto es que la CL y FC compra caro el kilowatt/hora a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a vender barato, pues es la que fija las tarifas, además de manera tendenciosa. Por ejemplo, durante las administraciones de Acción Nacional, el kilowatt/hora se compró a la CFE en un peso 53 centavos y se vendió a la industria a 89 centavos, es decir, se subsidió a la industria con 64 centavos, casi el 42 por ciento de su costo.

De igual manera, aunque en menor proporción, al consumo doméstico Hacienda fija un precio de un peso 23 centavos kilowatt/hora, es decir un subsidio de 30 centavos, equivalente al 19.6 por ciento.

Esta es a grandes rasgos, una de las razones perversas del ejecutivo federal, del porqué esta empresa se subsidia, sin considerar decenas de oficinas públicas y la propia residencia oficial de los Pinos, no pagan un solo peso por el servicio de energía eléctrica que presta la CL y FC. Entonces vale la pregunta ¿quién realmente fue originando el quebranto financiero de la CL y FC? Que se deslinden responsabilidades y no se satanice solamente al SME.

Por ello creemos que asumir una actitud tan ligera por el gobierno federal en una institución a la cual le debe mucho el sindicalismo mexicano y la propia formación de la república en la era moderna, habla de la poca conciencia histórica de la derecha –Karl Popper le llama a esto historicismo a secas.

Pero no solamente eso, realmente surgen muchas dudas jurídicas en torno a la extinción de CL y FC, por ejemplo:

1) Primero se toman las instalaciones, violando las garantías individuales y el espacio de los centros de trabajo.

2) Después de la toma de las instalaciones por la PFP, se pública el decreto de extinción del organismo descentralizado. Lo correcto debió haber sido primero el decreto y después los actos de la PFP.

3) En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2009 aparece presupuestado para CL y FC un monto de 35 mil millones de pesos. Es decir, se le presupuestó para este año, lo cual significa que la Cámara de Diputados deberá tomar parte en la decisión del destino de la CL y FC, ya que es, de acuerdo al artículo 74, fracción IV, de la Constitución General de la República, la que aprueba el PEF, de tal suerte que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional, es decir, no puede disponer de cuantiosos recursos para extinguir un organismos descentralizado, si antes el monto no es aprobado por la Cámara de Diputados.

Estas y otras razones son las que obligan a presentar este punto de acuerdo, con la idea de que un grupo de trabajo de compañeros diputados y diputadas, junto con el área jurídica, se aboquen a realizar un análisis minucioso de este acontecimiento que presenta aristas y puntos de vista controvertidos.

Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta soberanía la aprobación de la formación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer a este pleno, en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre del 2009.

Diputados: Francisco Hernández Juárez, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS O EN PROCESO PARA ARMONIZAR LAS POLÍTICAS, LOS PROGRAMAS Y LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON LA DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; Y SE EXHORTA A LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A DAR PRIORIDAD DE DICTAMEN A LAS INICIATIVAS Y A LAS MINUTAS EN MATERIA DE DERECHOS Y DESARROLLO INDÍGENAS, Y A CONSIDERAR EN ESTAS TAREAS EL COMPROMISO DEL ESTADO MEXICANO CON LA MENCIONADA DECLARACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO TEÓFILO MANUEL GARCÍA CORPUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Teófilo Manuel García Corpus, diputado federal a la LXI Legislatura y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras más de dos décadas de debate.

II. En el proceso de formulación de contenidos y, principalmente, en la etapa final de negociación desempeñaron un papel fundamental legisladores indígenas mexicanos y miembros de diversos pueblos y organizaciones indígenas.

III. La delegación del gobierno, en nombre del Estado mexicano, votó favorablemente por la adopción de la declaración, lo que significa el compromiso de atender sus lineamientos.

IV. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura estimó que la observancia y armonización de los contenidos de la declaración a las políticas públicas y a la legislación nacionales contribuirán a consolidar los derechos de los pueblos indígenas y el acceso de su población a las condiciones de justicia y equidad que históricamente han demandado y sientan las bases para la construcción de una política indígena de Estado. En razón de ello, el 17 de septiembre de 2007 el pleno de este órgano legislativo, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo en los siguientes términos:

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que implante las acciones correspondientes a fin de que los compromisos adquiridos en la adopción de la declaración en comento cobren vigencia y sean parte de una nueva política pública de Estado en beneficio de los pueblos indígenas.

Segundo. Se solicita a los partidos políticos que se comprometan a apoyar en el marco de la reforma del Estado las propuestas en materia de reformas constitucionales y en las leyes secundarias, impulsadas por la Comisión de Asuntos Indígenas, a fin de que se armonicen las leyes nacionales con el nuevo instrumento jurídico de carácter internacional denominado "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Tercero. Se solicita a la Cámara de Diputados que se brinden las facilidades correspondientes para que se implante una amplia difusión de la nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

V. A más de dos años de este importante acuerdo se hace necesario evaluar sus alcances y actualizar los compromisos.

En mérito de lo anterior, pongo a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución para armonizar las políticas, los programas y las normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Segundo. Exhortar a las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión a conferir prioridad de dictamen a las iniciativas y a las minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas, y a considerar en esas tareas el compromiso del Estado mexicano con la mencionada declaración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A REVISAR Y ACTUALIZAR DE INMEDIATO –CON EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, LAS UNIVERSIDADES AGROPECUARIAS Y EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS– LOS "PAQUETES TECNOLÓGICOS" AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS PARA VOLVER EFICIENTE E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO Y EVITAR PÉRDIDA DE RECURSOS EN EL CAMPO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La práctica productiva agropecuaria y acuícola se realiza en muchos casos en forma tradicional y con escasa tecnificación, lo que provoca bajos rendimientos, baja eficiencia, altos costos de producción, altos niveles de deterioro o contaminación ambiental y bajos niveles de competitividad.

En muchos casos hace más de 50 años que los paquetes tecnológicos no se han elaborado, revisado o modificado, por lo que los problemas y las deficiencias que esto genera siguen aumentando.

El paquete tecnológico es la descripción explícita sobre las formas, los procedimientos y los elementos empleados para obtener productos o materias primas provenientes del campo, el mar o las masas de agua.

Las especies de caza, pesca o recolección, al menos las más importantes, han desaparecido o disminuido a tal grado, que ya no proporcionan apoyo a la alimentación o al ingreso de la gente porque las técnicas inadecuadas o la sobreexplotación han sido aplicadas a niveles que sobrepasan la capacidad de recuperación por no contar con paquetes tecnológicos o éstos no han sido transferidos.

La contaminación con agroquímicos aplicados en exceso afecta la economía de los productores y, más grave aún, ha afectado el suelo y las fuentes de agua en el subsuelo, lo que hace inviable el futuro de las nuevas generaciones.

El pastoreo extensivo en áreas forestales, pastizales y praderas ha provocado fuertes problemas de erosión del suelo, y pérdida de fuentes de agua y de especies forrajeras de alto valor nutricional, dando paso a vegetación con menores características nutritivas. Todo lo anterior ha mantenido a la ganadería en bajos niveles de productividad. En las regiones tropicales húmedas y subhúmedas de México, la producción de carne por hectárea no supera 100 kilogramos por año, cuando está probado que con mejores técnicas puede alcanzar 400 kilogramos.

El uso de semilla y fertilizante en exceso afecta la economía, la productividad y la competitividad, pero ante la falta de información actualizada, los proveedores hoy asumen esta responsabilidad y no siempre hay elementos de referencia para los técnicos, los productores y los servidores públicos.

El movimiento innecesario de tierras como parte de la preparación del suelo para la siembra genera en promedio la pérdida de 2 mil 500 kilogramos de suelo fértil por hectárea al año. Esta tierra se pierde junto con el agua que escurre hacia barrancas, arroyos y ríos. Una buena parte está en las presas, que actualmente registran la pérdida de 50 por ciento de su capacidad para almacenar agua. Otra parte se pierde en el mar, donde llega a través de los ríos, y da origen a comentarios como el que asegura: "Las mejores tierras de Chiapas están en Tabasco".

La erosión del suelo se agrava más en las laderas, donde cada año la lluvia lava los suelos y no hay acciones de mejoramiento parcelario. Está comprobado que cuando en una ladera se construyen zanjas cada 10-15 metros o se establecen barreras vivas con plantas, se reduce la erosión, se conserva la humedad y el rendimiento de granos como el maíz se incrementa en 200 por ciento.

En materia de maquinaria y equipo de bombeo, alentados por lo apoyos de los programas en activos productivos y más por el desconocimiento técnico es frecuente encontrar que se está adquiriendo potencia sobrada con los consiguientes problemas sobre la economía y la subutilización de estos bienes.

Pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias han demostrado en Tepexco, Puebla, que 13 kilogramos de semilla de sorgo por hectárea dan los mismos resultados que los 20 que se han recomendado tradicionalmente.

Cuando lo tradicional recomienda utilizar de 40 a 60 kilogramos de semilla de alfalfa por hectárea, la investigación ha demostrado que 20 son suficientes, pero con 8 es posible tener un buen alfalfar.

Cuando Argentina, Estados Unidos y Brasil avanzan aceleradamente con millones de hectáreas en labranza de conservación empleando sobre el terreno sin mover una sembradora-fertilizadora de precisión, nosotros no contabilizamos más de 600 mil hectáreas y seguimos haciendo barbecho, rastreo y surcado que en promedio cuesta mil 200 pesos por hectárea, que ya no sería necesario desembolsar y podría ser un ahorro y reducción de costos.

Pruebas realizadas en Ayotoxco de Guerrero, Puebla, con la introducción de praderas mejoradas de pasto insurgente Brachiaria brizantha, han revelado que, con el pastoreo tecnificado con cerco eléctrico, es posible obtener 88 becerros por cada 100 vacas, cuando con los pastos nativos se obtienen sólo 50 en el método tradicional de pastoreo extensivo.

En Izúcar de Matamoros, Puebla, cuando los técnicos del Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical de Cuba hicieron un análisis de productividad en la caña de azúcar, encontraron que se aplicaba el doble de agua de riego de la necesaria y 40 por ciento más de fertilizante que el requerido, además de detectar la presencia del gusano descortezador de la caña, que provoca pérdidas de mil 600 pesos por hectárea al año, lo que afecta la economía de los cañeros.

Al revisar los paquetes tecnológicos de los 466 productos agropecuarios y acuícolas de las 25 cadenas productivas de Puebla, se encontró que las pérdidas anuales por el uso excesivo de insumos; semillas, fertilizantes, agroquímicos, agua y movimiento de tierras ascienden a 800 millones de pesos, sin poder estimar el valor del suelo perdido, los volúmenes no cosechados, la contaminación generada y los desperdicios en la poscosecha.

Un estimado nacional no debe estar muy lejos de 16 mil millones de pesos anuales, una cantidad igual a la que hoy se aplica para el programa de apoyo masivo Procampo.

Todos queremos más recursos para el campo y todos los sectores, pero también buscamos que sean aplicados con la mayor eficiencia para mejorar productividad, elevar los ingresos de los productores y generar la riqueza que revierta la pobreza.

Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que

1. Con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, las universidades agropecuarias del país y el Colegio de Postgraduados, implante de manera inmediata la revisión y actualización de los "paquetes tecnológicos" agropecuarios y acuícolas del país, con el objetivo de tornar eficiente e incrementar la productividad del sector primario y evitar la pérdida de aproximadamente 16 mil millones de pesos anuales en el campo mexicano.

2. Se provean los recursos suficientes para la implantación de dicho proceso de análisis y actualización para que el próximo año se tengan los nuevos paquetes tecnológicos y en un plazo no mayor de tres años, con un sistema nacional de extensionismo rural, se garantice su transferencia a todos los productores mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INVESTIGUEN LAS CONDICIONES EN QUE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL REDISEÑA EL FUTURO FUNCIONAMIENTO DE LA COLONIA PENAL FEDERAL ISLAS MARÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que se investiguen las condiciones en que se está rediseñando el funcionamiento de la colonia penal federal denominada Islas Marías, indagación en la que deberán de participar integrantes de las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con publicaciones en diferentes medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que en septiembre pasado se inició la construcción de 12 campamentos penitenciarios de distintos grados de seguridad en la isla María Madre, del conjunto denominado Islas Marías.

La citada dependencia ha asegurado que la inversión pública en esta obra en los siguientes dos años ascenderá a una cantidad superior a los cuatro mil millones de pesos.

Entre las evidencias directas de las obras que se están realizando en la isla María Madre, según información digital publicada por la transportadora Industrias Marítimas Hernández Kelly en su sitio de Internet www.imhkel.com/clientes.html, se dio a conocer la cartera de clientes que han solicitado sus servicios de transportación marítima, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que ha solicitado a esta compañía el traslado de maquinaria pesada del puerto de Mazatlán, Sinaloa, a las Islas Marías, así como Desarrolladora Homex, SA de CV, cuyo objeto social conocido en nuestro país es la construcción de vivienda unifamiliar fundamentalmente económica, y que ha solicitado el traslado de maquinaria, materiales de construcción y recursos humanos del puerto de Mazatlán, Sinaloa, a la citada isla.

Otra de las evidencias digitales encontradas se localiza en el sitio Web de la empresa OCCMundial, donde Homex busca vacantes para obras en Islas Marías, las aludidas pruebas que se localizan en los siguientes enlaces:

http://www.occmundial.com/buscar_empleo/?ci=ISLAS%20MARIAS&cy=MX&st=SINA&q=&tm=60d

http://www.occ.com.mx/job/3166978-Analista_de_Costos_ISLAS_MAR_AS?&ci=&cy=MX&st=SINA&co=&tm=60d&loc=&fn=&q=

http://www.occ.com.mx/job/3166814-Dibujante_ISLAS_MARIAS?&ci=&cy=MX&st=SINA&co=&tm=60d&loc=MX-SINA&fn=F4&q=

Así pues, resulta evidente, en base a los indicios apuntados, que la empresa antes citada, por cuenta y orden de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del gobierno federal, se encuentra desarrollando una obra civil de gran volumen e impacto ambiental, sin que se tenga conocimiento exacto de que dichas obras hayan cumplido con la normatividad ambiental aplicable a una de las islas del archipiélago que han sido declaradas por la UNESCO área natural protegida.

De carecerse de las licencias necesarias para las construcciones que indudablemente se han iniciado, cabe hacernos algunos cuestionamientos:

¿En México las obras públicas en áreas protegidas pueden iniciarse antes de que se lleven a cabo los estudios de viabilidad ecológica del proyecto?

¿Cómo es posible que Homex, por encargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del gobierno federal, haya iniciado una obra de gran impacto ambiental sin haber cumplido con la normatividad correspondiente?

¿Por qué Homex, una empresa dedicada casi exclusivamente al mercado de vivienda económica en nuestro país, está ejecutando la construcción de centros penitenciarios?

De resultar cierta la información que se tiene en el sentido de que en el presente caso no se ha cumplido con la normatividad ecológica, resulta claro que Homex, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal y las áreas de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales están violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y disposiciones complementarias, en perjuicio de los ecosistemas que existen en la isla María Madre, declarada como reserva de la biósfera.

Por otra parte, señores diputados, considero adecuado que se examine y estudie muy puntualmente los pormenores del nuevo modelo penitenciario que se pretende introducir en ese lugar, cuya puesta en práctica, necesariamente tendrá un importante impacto en temas tan importantes como la procuración y administración de justicia y los derechos humanos de los justiciables.

Por lo anterior, presento ante este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se turne el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Justicia, y de Seguridad Pública, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se investiguen en su integridad las condiciones presupuestales y normativas, en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada Luz Carolina Gudiño Corro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.

En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.

Sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas.

Existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.

Las Administraciones Portuarias Integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.

Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.

Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.

México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos.

Los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad.

La nación tiene además, puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera.

Las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.

En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial. En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional.

Por su ubicación geográfica, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales. Ante tal dinámica, el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país.

Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.

Con la visión de un federalismo autentico, se deberá impulsar, desde el Congreso federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.

La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores se resume en lo siguiente:

• Participación de los estados y ayuntamientos en la Administraciones Portuarias Integrales;

• Autonomía de las actividades de las Administraciones Portuarias Integrales;

• Participación de la inversión privada en las Administraciones Portuarias Integrales;

• Transferencia de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina;

• Administración de recintos portuarios y costeros;
• Modernización de las aduanas marítimas;
• Nuevas reglas para el establecimiento de recintos fiscalizados;
• Estratégicos y zonas de actividades logísticas;
• Seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario;
• Rescate de la marina mercante; y
• Desarrollo de astilleros.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a: • Seguridad nacional;
• Equilibrio ecológico;
• Protección al medio ambiente;
• Generación de empleos;

• Crecimiento y desarrollo económico portuario e industrial;
• Turismo;
• Atracción de inversión extranjera;
• Comercio internacional;

• Aduanas;
• Recintos fiscales y recintos portuarios;
• Zonas de actividades logísticas;
• Pesca; e
• Infraestructura portuaria especializada.

Otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.

Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y mas fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.

Desde la comisión, cuya creación se propone, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos:

• Ampliación del puerto de Veracruz, Veracruz;

• Ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán;

• Ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, destinados a la conformación del corredor transítsmico;

• Administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal;

• Revisión de los términos del Convenio de Colaboración Fiscal en materia de zonas federales marítimo-terrestres;

• Expansión de la escalera náutica del Pacífico;

• Desarrollo de la escalera náutica del Golfo;

• Construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar;

• Construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionadas a la extracción petrolera, petroquímica y refinación.

En el marco de la economía globalizada, la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral.

Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida.

Modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones.

El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Otórguense los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.

Tercero. La duración de la Comisión Especial de puertos y marina mercante comprenderá desde la aprobación del presente acuerdo hasta el término de esta LXI Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.

Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE LAS AFORE EN INFRAESTRUCTURA; Y AL MANEJO, A LA ADMINISTRACIÓN Y AL USO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FONDO LABORAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU POSIBLE USO A FIN DE SOLVENTAR LAS FINANZAS DE ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno punto de acuerdo, en términos de las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos, en las pasadas elecciones del 5 de julio, dimos muestras de que es necesario promover acciones que reactiven el entorno económico y se mejoren los niveles de empleo del país, lo cual nos ha dado el mandato de velar por los intereses de la sociedad en su conjunto, y el Fondo Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un tema de gran calado.

El gobierno federal ha anunciado que tras la presión en la baja de los ingresos públicos requiere reorganizarse y generar nuevos esquemas que le permitan cubrir el boquete del orden de 370 mil millones de pesos que pone en riesgo apoyar los proyectos de infraestructura para el ejercicio fiscal de 2010, por lo que se ha anunciado que los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro contribuyan a este propósito mediante el esquema de inversión.

Las Afore representan un ahorro de más de 1 billón de pesos; es decir, del orden de 9 por ciento del producto interno bruto, y el presidente de la República ha manifestado su interés en que se inviertan 80 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura, lo cual no es una cifra menor. Por ello se requiere que esta soberanía esté pendiente de cómo se invierten los recursos en comento.

El Fondo Laboral del IMSS representa otro compromiso que no podemos dejar de observar y mucho menos atender. Se ha detallado en el informe enviado al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2008-2009 que si se registra en su totalidad el pasivo laboral ya devengado en 2008, el patrimonio del IMSS sería de menos 1 040 129 millones de pesos. El efecto del pasivo laboral, el aumento del gasto en servicios de personal y las aportaciones al Fondo Laboral, principalmente, llevarían al IMSS a una situación de insuficiencia en la disponibilidad de flujo de efectivo.

El 11 de agosto de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se crea el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, que se ha denominado coloquialmente como "Fondo Laboral", y para este propósito se han emitido reglas y lineamientos que brinden certidumbre al instituto y a sus trabajadores para el correcto uso, manejo y administración del fondo, de forma tal que se permita disponer de los recursos para hacer frente al pago de una pensión o jubilación a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el momento que se han retirado de la vida laboral.

El director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, se manifestó que para el ejercicio fiscal de 2010 se tomarán 14 mil millones de pesos del Fondo Laboral, con el propósito de atender los compromisos con los trabajadores que derecho a jubilación o pensión.

En virtud de lo anterior, el tema se vuelve de primordial importancia. Por ello nos pronunciamos por la creación de una comisión especial, en la LXI Legislatura, con la finalidad de dar seguimiento a la inversión de las Afore en infraestructura, así como al manejo y administración del Fondo Laboral del IMSS.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial con la finalidad de dar seguimiento a la inversión de las Afore en infraestructura, así como al manejo y a la administración de los recursos que integran el Fondo Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social y su posible uso para solventar las finanzas del instituto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A CONTINUAR EL PROCESO LEGISLATIVO DEL DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 389, LOS ARTÍCULOS 389 BIS Y 389 BIS 1 Y DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 392 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los motivos que a continuación se exponen:

Decir que la niñez es el futuro de la humanidad podría parecer trillado. Sin embargo, pese a la recurrencia con que es utilizada esta frase, no hay prácticamente quien pueda negarlo: de la calidad de vida que hoy gocen nuestros y niños dependen en gran medida las características de su personalidad adulta y las herramientas con que contarán para desarrollarse en los diversos ámbitos y llevar una vida satisfactoria y plena.

La responsabilidad de los adultos estriba en dotar a las nuevas generaciones de medios y elementos que les permitan tener satisfechas sus necesidades de alimentación, vestido, salud, educación, esparcimiento y afecto.

Uno de los principios fundamentales de los derechos de la infancia es el de la identidad. La comunidad internacional reconoció este derecho y estableció mecanismos para su tutela y garantía, que plasmó en sendos instrumentos jurídicos, de los cuales forma parte el Estado mexicano y, por tanto, lo obligan a armonizar su legislación interna para incorporar estos compromisos internacionales.

En el derecho interno y en la vida cotidiana, el registro de niños al nacer cruza diversos ejes temáticos de gran valía para su ulterior desarrollo personal e, incluso, para su supervivencia. Estos ejes son, aunque no se agotan en, derecho a la identidad, a contar con un hogar, tener acceso a la educación y a la salud, así como a los alimentos por su padre y su madre. Tiene que ver además con el acceso a diversos programas sociales que les atañen, con la prevención del tráfico y la sustracción ilegales de niños, con el combate contra la explotación sexual infantil, y con asuntos relativos a los trámites de adopción nacional o internacional.

En resumen, el derecho a la identidad se relaciona prácticamente con la totalidad de los derechos humanos de la infancia, es decir, con el interés superior de los niños.

El tema es de la mayor importancia para todos los ciudadanos mexicanos, por lo cual trabajar por su correcta inclusión en el marco jurídico se convierte en un deber como legisladores.

En la Cámara de Diputados se aprobó el 6 de noviembre de 2007 el dictamen sobre la iniciativa presentada en abril de ese año por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba. Tal iniciativa proponía la creación del certificado de nacimiento, como los certificados de defunción, con el propósito expreso de realizar un registro oportuno, veraz e íntegro de los nacidos vivos en el territorio nacional.

Una vez aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen siguió su camino en el marco del proceso legislativo conocido por todos, arribando como minuta a la colegisladora que, tras la realización del dictamen correspondiente por las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, la presentó al pleno el 28 de abril de 2008 como dictamen de primera lectura, estatus que mantiene a la fecha.

Las comisiones unidas establecen en el dictamen por qué el certificado se expedirá para cada recién nacido por las personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente. Se señala que el certificado será requerido por las autoridades del Registro Civil a que pretendan declarar el nacimiento de una persona, disposición de enorme importancia por las razones que he señalado y en las cuales se abunda en el texto del dictamen, que por razón de tiempo y espacio no cito, pero recomiendo revisar en su versión íntegra en la Gaceta del Senado de la República.

Se estima importante conminar al Senado a que el dictamen continúe el proceso legislativo que la normatividad del Congreso señala, a fin de que se discuta y, en su caso, se apruebe y se convierta en una realidad aplicable en todo el territorio nacional.

La iniciativa que presentó en abril de 2007 el diputado Ramírez Barba y que las comisiones correspondientes de las Cámaras de Diputados y de Senadores dictaminaron en sentido positivo, habiendo sido aprobada en la primera de éstas, aporta una herramienta jurídica valiosa que no sólo permitiría saber de manera exacta el número de niños que nacen en México, con lo cual dicho sea de paso sabríamos bien a bien cuántos y quiénes somos, sino que también se erigiría en un instrumento útil para combatir diversos hechos ilícitos contra la niñez, así como coadyuvar al reconocimiento y a la garantía de los derechos humanos de que son titulares los menores de 18 años.

En razón de lo anterior, y del efecto positivo que tal certificado tendría para la niñez y las familias mexicanas, se somete a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Senado de la República a continuar con la mayor brevedad el proceso legislativo del dictamen del proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 de la Ley General de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LOS FONDOS METROPOLITANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Felipe Cervera Hernández, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Una de las mayores transformaciones que ha sufrido el país es su tránsito de una sociedad con la mayoría de su población en el ámbito rural, a una población que se concentra en más del 70 por ciento en áreas urbanas.

Desde 1940 la expansión física de varias ciudades de México sobre el territorio de dos o más estados o municipios ha dado lugar a la formación y crecimiento de zonas metropolitanas, las cuales han jugado un papel central dentro del proceso de urbanización del país. A principios de esa década se comenzó a hablar de áreas metropolitanas con la conurbación de la delegación Miguel Hidalgo con el municipio de Naucalpan.

La evolución de esta forma de asentamientos humanos y distribución territorial ha sido constante al grado de que en la actualidad –de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía– se tienen delimitadas 56 zonas metropolitanas, las cuales concentran 56 por ciento de la población total del país, 79 por ciento de la población urbana y 75 por ciento del producto interno bruto nacional, lo que ha significado la transformación del perfil demográfico y económico de México hacia un carácter predominantemente metropolitano.

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda de mayores servicios públicos, adecuada infraestructura, vías de comunicación y la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende a su vez a los niveles político, administrativos y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas metropolitanas.

Evidentemente, la realidad metropolitana del país requiere de alternativas de financiamiento que respondan a las características y necesidades de los centros poblacionales. Es así que por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se aprobó la inclusión en el Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", el Fondo Metropolitano.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscales de 2006 y de 2007 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey; en 2008, el Fondo Metropolitano incluyó recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan a 9 entidades federativas y en 2009 se amplió a 16 zonas metropolitanas.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se propone asignar recursos a las mismas 16 zonas metropolitanas contempladas en el PEF 2009.

En el caso del monto de los recursos en 2009 se aprobaron un total de 5, 985 millones de pesos, de los cuáles se otorgó 3 mil 300 para el Valle de México, mil 100 para Guadalajara, 425 para Monterrey, 300 para León y 250 para la Laguna, por mencionar a los más importantes. Asimismo se asignaron 40 millones a 9 zonas metropolitanas.

Para el proyecto 2010 se plantea una drástica reducción a los recursos totales destinados a los fondos metropolitanos al proponerse un monto total de 3 mil 500 millones, la asignación de los recursos mantiene una distribución proporcional muy similar a lo aprobado en 2009.

Es en este punto donde se plantea que deben clarificarse los criterios para la asignación de los recursos de los Fondos Metropolitanos para su distribución en las distintas zonas contempladas.

En el artículo 42 del proyecto de Presupuesto 2010 establece que los recursos del fondo metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de la zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Asimismo, para determinar su asignación solo dispone en el mismo artículo que "los recursos federales que se asignan en este Presupuesto de Egresos para el Fondo Metropolitano se distribuyen entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el anexo 12 de este decreto y se deberán aplicar, evaluar, rendir cuentas y transparentar en los términos de las disposiciones aplicables", es decir no establece los criterios en los que se fundamenta la asignación y distribución de los recursos para las diferentes zonas metropolitanas.

De la misma forma, las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo mencionan como antecedentes la referencia del artículo 42 del Presupuesto de Egresos y el anexo 12 de éste, lo que muestra su omisión para establecer algunos criterios que se hayan usado como base para la asignación de los recursos.

Es así que en ninguna disposición reglamentaria o normativa se encuentran criterios definidos, con base en los cuales, se haya realizado la asignación de los recursos del Fondo Metropolitano.

Lo anterior nos lleva a especular sobre cuales son dichos criterios, en un primer instante la población total de las zonas metropolitanas podría ser vista como el principal aspecto, por lo que el Valle de México y Guadalajara tienen la gran mayoría de la disposición presupuestal del fondo, sin embargo no existe una proporcionalidad en cuanto al monto de recursos en referencia a la población.

En este sentido se ejemplifica tomando en consideración que la zona metropolitana de Mérida cuenta con una población de 897 mil 740 habitantes; Guadalajara con una población de 4 millones 95 mil 431 habitantes y León con una población de un millón 425 mil 740 habitantes. Lo anterior nos lleva a la comparación de que la Guadalajara tiene aproximadamente 4 veces y León casi duplica la población que tiene Mérida, sin embargo los 674 millones asignados a Guadalajara son 27 veces más que los 24.5 millones asignados a Mérida, y en el caso de León con 184 millones son 7.5 veces más que el monto correspondiente a Mérida. En el caso de Tijuana, esta zona metropolitana cuenta con una población de un millón 575 mil 26 habitantes, es decir más que la zona de León, sin embargo sólo se le asignan 24.5 millones.

Otro dato que podría considerarse es su aportación al producto interno bruto (PIB) nacional, comparando de nuevo a las mismas zonas Yucatán aporta el 1.4 por ciento del PIB, Baja California 2.9 por ciento, Guanajuato el 3.7 por ciento y Jalisco el 6 por ciento, aún así la diferencia en el monto de recursos del Fondo Metropolitano que se les asigna, no coincide con el tamaño de la economía de las zonas metropolitanas.

De esta forma se evidencia que en la distribución de los recursos, no se han tomado en cuenta variables específicas que pudieran explicar las divergencias tan amplias entre los montos asignados a algunas zonas metropolitanas.

Aplicando un criterio federalista, se propone inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas. Entre los criterios para asignar dichos fondos, se podrían considerar los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los Ejecutivos estatales y los municipios, y fortalecer a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.

Con esta propuesta se pretende otorgar certidumbre a las zonas metropolitanas del país, que aprecian en estos recursos una oportunidad para incrementar sus avances en desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados a establecer criterios específicos para la asignación y distribución de los recursos presupuestales denominados Fondos Metropolitanos del Ramo 23.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Desarrollo Metropolitano a que en la determinación de los criterios del punto anterior se aplique un enfoque federalista, con el objeto de estimular a los gobiernos locales y fortalecer aquellas zonas metropolitanas con potencial detonador en sus regiones.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una revisión detallada de los recursos asignados a los Fondos Metropolitanos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, con el objeto de hacer más equitativa su distribución a las diversas zonas metropolitanas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Felipe Cervera Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER DEL SECTOR AGRARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En la conferencia de Beijing, China, con base en los planteamientos hechos por la Federación Internacional de Productores Agrícolas, la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas, y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres, el 15 de octubre fue fijado por Naciones Unidas como Día Mundial de la Mujer Rural. No hay mejor ocasión para celebrar este acontecimiento, en México, para demostrar con hechos el profundo respeto que nos merecen las aportaciones de las campesinas, como madres de familia, como pequeñas empresarias, como educadoras, al desarrollo de las economías rurales.

Por eso me he permitido pedir el uso de la palabra, para solicitar una vez más a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere un incremento cuantioso al presupuesto de programas como el de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), de la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene que ver con la organización productiva de las mujeres más pobres del campo mexicano.

Sólo de esa manera podríamos compensar, aunque en mínima parte, los esfuerzos de las mujeres rurales, que son la piedra de toque de los problemas sociales que padece el país y la agricultura de la economía campesina. Si bien más de 13 millones de mujeres pueblan los campos, incluido el mundo indígena, reciben una parte muy pequeña de beneficios y oportunidades.

Es un reconocimiento generalizado que las mujeres del campo generan la mitad de la producción mundial de alimentos, y también que su trabajo estabiliza la migración, mantiene la paz social, desarrolla los pueblos, rescata valores y tradiciones y preserva la cultura de las comunidades.

Pese a eso, las mujeres rurales son las últimas que tienen acceso a los recursos, a la capacitación y a los préstamos financieros. Cuando se deteriora el campo, son las primeras que reciben en casa los problemas que nunca crearon: reciben más trabajo ante la ausencia del esposo o los hijos que emigran; cuidan a los niños; protegen a los ancianos; preparan la comida, lavan la ropa, velan por la salud familiar, prestan servicios a su pequeña comunidad. Es decir, más sufrimientos en su noble tarea social. Por eso hay una distancia creciente entre los hermosos discursos que se cantan a las madres y mujeres campesinas, y los mezquinos apoyos con que el sistema las castiga. Esto es lo que nosotros, los legisladores, tenemos que corregir y reparar.

La globalización y la apertura comercial han acentuado la pobreza de las mujeres del campo y las han puesto a competir por puestos de trabajo cada vez peor pagados.

Datos oficiales recientes indican que, en el medio rural, 37.7 por ciento de las mujeres padece pobreza alimentaria, y, en general, cuando encuentran empleo, ganan menos de 15 pesos al día.

En este universo de la iniquidad, menos de 600 mil mujeres poseen certificados o títulos de propiedad. En el México del siglo XXI, cuando se ha demostrado la conveniencia económica de los programas con enfoque de género, sólo 5 por ciento de los 12 millones de mujeres rurales es dueño absoluto de su tierra.

En esta apretada síntesis de la realidad social de las mujeres rurales destaca el hecho de que más de 900 mil madres campesinas se ven obligadas a fungir como jefas de familia, debido principalmente a que los padres dejan a sus hijos en la orfandad cuando emigran en busca de oportunidades de trabajo a las ciudades o a Estados Unidos.

En México abundan los estudios que documentan la aportación de las campesinas en la economía familiar. Su lealtad y compromiso con su grupo se reflejan en el hecho de que en los últimos 20 años la población económicamente activa femenina creció en 261 por ciento, mientras que la masculina se elevó en sólo 104 por ciento.

Al analizar las causas que determinan la pobreza de las mujeres campesinas, podemos ver cómo las normas culturales, los usos y las costumbres han determinado históricamente que, hasta épocas muy recientes, las mujeres no podían ser propietarias de tierras o dueñas de capitales, ganado o empresas. Aun ahora, en varias entidades se impide a las viudas acceder a las tierras de sus esposos.

Estas prácticas se han reforzado por legislaciones donde el reparto de tierras, el otorgamiento de viviendas rurales y el acceso al crédito se dan de manera preferente a los jefes de familia. Por no ser propietarias, las mujeres enfrentan grandes dificultades para obtener créditos formales.

Por eso, en este día, cuando se busca reconocer el valor y la fortaleza de la mujer rural, es necesario hacer conciencia acerca de que las políticas públicas que promueven la organización y capacitación de las mujeres rurales y su incorporación al mercado laboral no tengan sólo como consecuencia la supervivencia o el mantenimiento del núcleo familiar.

Ya es hora de que la sociedad mexicana valore su aportación al desarrollo económico del país y esto se refleje en la mejoría de sus ingresos. Pero no sólo eso: debemos estar conscientes de que la mujer rural representa hoy el mayor potencial de cambio y transformación. Cada día aprende a levantar la mirada y la voz para defender sus derechos; para luchar porque sus fuerzas no sean sobreexplotadas; para que se respete su libertad a decidir su destino y no sea discriminada; para participar activamente en los procesos productivos y exigir, ¿por qué no?, su derecho a tomar parte en nuestro parlamento, en los congresos locales y, en general, en la vida política del país, lo mismo que en las decisiones que tienen que ver con la conducción de su comunidad.

Como legisladores, tenemos el compromiso insoslayable de apoyarlas en su desarrollo político, social, cultural y, con énfasis, en su capacidad emprendedora.

Una forma efectiva de hacerlo es canalizar más recursos al Promusag para establecer empresas sociales que, con adecuado seguimiento y capacitación, se conviertan en experiencias exitosas para replicar en todas las regiones del país.

Más allá de la elemental reivindicación de derechos humanos que subyace tras las políticas públicas de equidad de género, apoyar a las mujeres rurales tiene objetivos prácticos. Invertir en las mujeres durante los tiempos de crisis es una opción viable y muy adecuada para reducir la pobreza y disminuir las brechas de la iniquidad social.

Por estas consideraciones me permito someter a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que, como una muestra concreta de reconocimiento de la mujer campesina en su día internacional, se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un considerable incremento de los recursos etiquetados para el Programa de la Mujer del Sector Agrario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE MEDIANTE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES SE REALICE UN FORO CONMEMORATIVO AL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO PARA REVISAR LOS AVANCES Y LOS RETOS LEGISLATIVOS NACIONALES EN LA MATERIA, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Las suscritas, diputadas federales a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Yolanda de la Torre Valdez, Claudia Anaya Mota y Delia Guerrero Coronado, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados apruebe convocar y organizar un foro conmemorativo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el 19 y el 20 de noviembre de 2009, con base en las siguientes

Consideraciones

El próximo 20 de noviembre de 2009 se conmemora en todo el mundo el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento del derecho internacional representa un parteaguas en la concepción de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección del interés superior de la infancia. La convención garantiza la universalidad, la integralidad, la simultaneidad y la exigencia de la no regresión en materia de protección de los derechos de la niñez.

Debe destacarse que la propia convención establece mecanismos de seguimiento y que se ha determinado que es la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos el órgano de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad, a través del Comité de los Derechos del Niño, de dar seguimiento a los acuerdos de la convención.

En 2006, la honorable Cámara de Diputados recibió, en nombre del Comité de los Derechos del Niño, las observaciones finales al informe-país presentado por el Estado mexicano; observaciones en las cuales se hace notar el retraso en el envío del informe oficial de parte de las autoridades mexicanas, pero, sobre todo, los rezagos existentes en materias claves como el abuso, el maltrato, el trabajo infantil, niños en situación de calle, niñas y niños jornaleros agrícolas, niñez migrante, niñas y niños con discapacidad, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas trascendentales para la plena garantía de los derechos del niño.

En función de que la Cámara de Diputados recibió de manera oficial estas observaciones, sería un despropósito mayor ser omisos ante la conmemoración mundial de esta convención, y con ello incumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 4o. en el que se establecen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables consideramos de la mayor relevancia realizar un foro que nos permita avanzar en la revisión de los retos y pendientes que existen en materia legislativa, y que contribuya a enriquecer la agenda de trabajo en materia de derechos de los niños en la presente legislatura.

UNICEF sostiene que las políticas de un Estado para atender a la niñez son una clara muestra de sus prioridades, valores y convicciones.

Sería un error mayor que esta Cámara omitiera tener una posición en un tema de esta magnitud, pues construir un México apropiado para los niños no puede ser considerado una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino que se trata de la agenda de mayor importancia para el desarrollo social y humano en nuestro país.

Por las anteriores consideraciones, se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados aprueba convocar y organizar un foro conmemorativo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el 19 y el 20 de noviembre de 2009, con la finalidad de fortalecer la agenda legislativa de dicha Comisión y a fin de ampliar la agenda de trabajo de este Congreso, a fin de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

Dado en la Ciudad de México, DF, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 octubre de 2009.

Diputadas: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Claudia Anaya Mota, Delia Guerrero Coronado.

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE CITE A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE PARA QUE EXPLIQUE LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO EN LA PROMOCIÓN PERSONAL DE SU IMAGEN, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exhortar la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho, y dar pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Honorable asamblea, compañeros y compañeras: hago uso de esta tribuna con la intención de hacer una breve reflexión, una convocatoria y una petición formal a este pleno para ratificar las bases del respeto, la ética y el cumplimiento de nuestro deber en el ejercicio de una representación popular como es nuestro caso o de el desempeño de una función pública.

En las últimas semanas ha tenido lugar en esta que es la máxima tribuna del país un intenso, y respetuoso debate, sobre la visión que cada partido representado en esta Cámara tiene del tipo de nación que queremos, del presente y futuro que demandamos para los mexicanos.

En el tema económico, que es el que nos ha ocupado buena parte de nuestro tiempo en los días recientes. Los priistas hemos sido insistentes en la necesidad de hacer un uso más efectivo, racional e inteligente de los recursos públicos de que disponemos para el desarrollo del país.

Hoy pedí hacer uso de la tribuna para poner un claro ejemplo de cómo la función pública puede desviarse, de cómo los presupuestos públicos destinados para atender las necesidades sociales de la población pueden ser utilizados para el cumplimiento de ambiciones particulares, y como también son el vehículo para distorsionar el actuar del gobierno federal que ha sido hasta ahora tolerante y hasta complaciente con este tipo de acciones y actitudes que denigran la actividad pública y política.

Desde hace mucho tiempo el estado de Veracruz y su gobernador, Fidel Herrera Beltrán, han sido objeto de una indigna y permanente campaña de ataques y denostaciones de parte de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy militante panista y servidor público desde los tiempos del ex presidente Vicente Fox y en la actualidad responsable de la Dirección General del ISSSTE.

Miguel Ángel Yunes Linares usa los recursos públicos que tiene a su disposición para desarrollar una campaña de difamación y mentiras en contra del Veracruz y los veracruzanos.

Utiliza el presupuesto de la dependencia a su cargo para promoverse políticamente en el estado, desatiende su función como responsable de la seguridad social de millones de burócratas mexicanos para hacer actividad política y partidista en el estado de Veracruz.

Los diputados priistas creemos en el respeto y la tolerancia como base del ejercicio de la política, pero no compartimos las simulaciones ni la hipocresía, y menos aún el derroche de recursos públicos a favor de un personaje en particular, cuando hay tantas necesidades y reclamos sociales que cubrir.

El ISSSTE, todos lo sabemos, enfrenta una difícil circunstancia financiera que se refleja en un pésimo servicio a la derechohabiencia, deficiencias medicas que afectan la esperanza de vida de los millones de burócratas que tienen la necesidad de acudir a alguna de las clínicas que operan en el país.

Problemas para acceder a programas de vivienda, a créditos al consumo, un sistema de tiendas malo y deficitario que sólo implican gastos sin sentido para el erario, y que no cumplen con la tarea de servicio a favor de los trabajadores mexicanos.

El director general del ISSSTE está más ocupado en visitar Veracruz, en realizar una campaña personal a su favor y en contra del gobierno del estado, que en cumplir de manera eficiente con la tarea que le ha sido encomendada por el presidente Felipe Calderón, que no sabemos si ignora la circunstancia en que se mueve su colaborador, o es partícipe de ésta.

Hace algunos días el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, fue denunciado por la diputada local del estado de Veracruz Elvia Ruiz Cesáreo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la PGR, por el presunto uso indebido de recursos públicos del instituto a su cargo.

Está perfectamente documentada la promoción que el funcionario federal hace de su persona a través de inserciones constantes de publicidad en diversos medios de comunicación de Veracruz Su presencia casi permanente en la entidad, a donde todos los fines de semana realiza giras políticas con panistas.

En los primeros seis meses de este año Miguel Ángel Yunes Linares realizó 26 giras de trabajo por el país, 11 de ellas, 42 por ciento de las mismas, fueron al estado de Veracruz.

Está documentado también que la Coordinación De Comunicación Social del ISSSTE contrató espacios para publicitar las visitas de Yunes Linares a Veracruz que nada tienen de institucionales y si se enmarcan en una violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores públicos.

La legislación en este sentido es muy clara y señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunden poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres poderes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El mismo artículo constitucional también refiere de manera precisa que los recursos económicos de que disponga el gobierno federal así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales se administran con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Resulta obvio que el mandato de la constitución está siendo violentado con el actuar de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo cual solicito a esta soberanía la intervención de la Junta de Coordinación Política a efecto de que la PGR atienda la denuncia a la que me he referido.

Es una obligación legal de los legisladores federales vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos a través de las diferentes dependencias de gobierno y es una responsabilidad moral y política de todos los representantes populares obligar a los servidores a cumplir con honestidad y eficacia la tarea que se les ha encomendado y por la cual reciben un salario.

México no está en condiciones de seguir tolerando dispendios, corrupción e ineficacia en el sector público. El gobierno federal pide al Congreso de la Unión trabajo y apoyo para cumplir con su tarea, los diputados del PRI exigimos a la administración del presidente Felipe Calderón que acabe con la doble moral y el doble discurso, que cumplan sus funcionarios con la responsabilidad que tienen, que no usen los cargos ni el dinero de los mexicanos para abonar ambiciones personales ni aspiraciones partidistas

No hay tiempo ni espacio para distorsiones económicas ni políticas.

Los priistas y los diputados federales veracruzanos no toleraremos mas derroche ni más ataques e infamias contra Veracruz.

Por todo lo anterior expuesto comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. la junta de coordinación política exhorta a la PGR que preste inmediata atención a la denuncia interpuesta por la diputada local del estado de Veracruz Elvia Ruiz Cesáreo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, por las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho.

Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)

Excitativas

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS FLORES RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se sirva enviar una excitativa al Senado de la República a fin de que las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, procedan a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

1. Con fecha 31 de mayo de 2007, el suscrito, Carlos Flores Rico, entonces diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública de este órgano legislativo.

2. Con fecha 18 de abril de 2007, la Comisión de la Función Pública emitió el dictamen correspondiente, aceptando el proyecto de decreto en los términos que le fueron propuestos, el cual fue a su vez aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de octubre del mismo año.

3. En esa misma fecha, la minuta de mérito fue enviada a la Cámara de Senadores para los efectos previstos en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo turnada por su Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

En virtud de la importancia que tienen estas reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y que más adelante precisaré, es que me permito presentar ante esta soberanía la siguiente excitativa, con base en las siguientes

Consideraciones

El veredicto ciudadano expresado en las urnas durante el pasado proceso electoral del 5 de julio, confirmó la confianza que la sociedad todavía mantiene en las instituciones democráticas del país, aún con sus carencias y debilidades que hacen imprescindible y necesario atender con prontitud, por lo que en ello la presente legislatura, de la que me honro formar parte, habrá de jugar un papel preponderante.

Confirmó, además, otro elemento que no podemos obviar: la sociedad mexicana es hoy mucho más madura y comprende mucho mejor que el sufragio constituye una herramienta fundamental para premiar o castigar gobiernos y partidos cuando cumplan o no con las expectativas que sobre ellos tenían.

La sociedad en nuestro país se ha convertido en una sociedad más exigente, demandando del gobierno una actuación con buenos resultados y bajo la premisa de administrar bien y mejor los recursos, lo que significa un paso de calidad esencial en la construcción de una sociedad democrática y de un gobierno y una administración pública más transparente.

En este esfuerzo de consolidación democrática y a iniciativa del que hoy suscribe, la Cámara de Diputados dio un paso fundamental en el fortalecimiento de un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, al aprobar un proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y deroga el inciso a) del artículo 5 de la ley en la materia, con lo que se adecua la legislación para hacer más conveniente el servicio civil de carrera, en un marco de renovación y en franco camino a la adopción de criterios gerenciales y de esquemas de gestión estratégica de recursos humanos, acorde a las necesidades actuales del país.

México, al igual que otros países, se ha preocupado en los últimos años por profesionalizar la administración pública, lo que obedece principalmente a la ausencia de instituciones sólidas que ha provocado una deficiente calidad de los servicios públicos que prestan no sólo los tres órdenes de gobierno de la administración pública, sino también los poderes legislativo y judicial, que evidencian en algunos casos corrupción, prácticas clientelares y corporativas, además de poca transparencia y falta de rendición de cuentas que siembran desconfianza e incredulidad en la sociedad.

Es así que, en la búsqueda por alcanzar una mejor administración pública, propuse que los altos funcionarios del gobierno en turno tuvieran la posibilidad de designar libremente, en un contexto de necesidad legítima, a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente, porque considero que esta responsabilidad debe ser por libre designación, ya que el Ejecutivo necesita personal de su entera confianza y lealtad para que impulse y opere sus políticas públicas.

Efectivamente, en México se requiere que el puesto de director general sea nombrado por libre designación, pues es necesario que el Ejecutivo cuente con servidores públicos que garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación, financieras, económicas, monetarias y de seguridad pública, las que habrán de realizarse con confidencialidad y reserva, cuidando siempre el interés público.

Así lo consideró también la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados la que, al dictaminar la iniciativa de mérito, reflexionó que la conveniencia institucional de que el rango de director general, inclusive en sus niveles de adjunto u homólogo, deba ser de libre designación, pues esto garantizaría además de un servicio público eficaz y eficiente, el contar con la absoluta confianza del designado a quien –se presume– se le nombra en razón de sus méritos y del conocimiento que se tiene de su capacidad y lealtad.

Los altos funcionarios del gobierno y los cuadros directivos de la administración pública federal centralizada deben de estar políticamente motivados, dotados de competencia técnica y experiencia en la construcción de consensos y acuerdos ante el entorno plural que vive hoy nuestro país, que si bien deberán tener conocimientos en técnicas gerenciales para cambiar la visión en estrategias, programas y actividades para mejorar la calidad de los servicios públicos, deberán también, con su liderazgo político, remplazar el conocimiento tecnocrático por un enfoque más interdisciplinario en la formulación y operación de las políticas públicas que garanticen certidumbre y continuidad del sistema democrático.

No se trata de politizar la estructura de la administración pública federal, ya que la libre designación del director general o su equivalente no debe en ningún sentido entrar en conflicto con la imparcialidad de la función pública; al contrario, con ella se pretende fortalecer e impulsar el equilibrio entre conocimiento y lealtad, pues ante la relevancia de la posición administrativa de dirección general, el perfil profesional del designado debe sobresalir sin lugar a dudas de las connotaciones políticas partidistas y sí estar fuertemente identificados con las políticas públicas del gobierno en turno.

Luego entonces, el partido o la coalición política a la que la ciudadanía le ha depositado su confianza en las urnas deberá buscar un gobierno eficaz y con mejores servicios, un gobierno honesto y transparente, un gobierno que funcione, pero sobre todo que tenga sentido común y responsabilidad social. Para lograrlo, requiere contar con personal de su entera confianza y lealtad para que impulse y opere sus políticas públicas, para asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad y responsabilidad política. No hacerlo así implicará, necesariamente, la pérdida de confianza de la ciudadanía a su administración y el apoyo irrestricto al partido político que sí les garantice estabilidad y continuidad en la prestación de servicios públicos con calidad, con independencia de los cambios políticos. No hay sanción más firme que la desconfianza de la ciudadanía a la actuación del gobierno en turno que implique su salida de la administración federal.

Los retos de la alternancia política hoy en día implican disponer de funcionarios idóneos por la fuerte correlación entre un sector público eficaz y la competitividad económica, de ahí la importancia de que la Cámara de Senadores atienda con prontitud y oportunidad la minuta que sobre el tema ha sido puesta a su consideración, pues la dinámica de la consolidación democrática hace ineludible incluir funcionarios capaces para diseñar estrategias que defiendan los intereses nacionales, que redunde en una mejor calidad de los servicios y en una mayor y transparente rendición de cuentas.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo que previene el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, se sirva efectuar respetuosamente a la colegisladora la siguiente

Excitativa

Único. Se excita de manera respetuosa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a fin de que procedan a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de octubre de 2009.

Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica)

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con lo reglamentado por los artículos Cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se solicita que se formule una tercera excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine la minuta de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en los siguientes:

Antecedentes

I. En la sesión 15 de diciembre del 2003, en el Senado de la República se aprobó el Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y un segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social, y Estudios Legislativos de la misma Cámara.

II. El 18 de diciembre de 2003 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibió la minuta antes mencionada y el presidente ordenó que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

III. El 27 de enero de 2004 la Comisión de Puntos Constitucionales integró una subcomisión para el análisis y dictaminación de la referida minuta.

IV. El 21 de abril de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la minuta recibida del Senado de la República.

V. El 29 de abril de 2004 el dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, y a su vez fue devuelto a la Cámara de Senadores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. El 2 de septiembre de 2004, la Cámara de Senadores recibió la minuta devuelta y ordenó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

VII. Dichas comisiones de la Cámara de Senadores decidieron modificar el proyecto de decreto, retomando la redacción del decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2003. Tal proyecto fue presentado y aprobado en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2004 que a la letra dice:

"Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y un segundo a la fracción XX del artículo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Para quedar como sigue:

Artículo 4o.

El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.

Artículo 27.

I. a XIX.

XX. …

Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

VIII. El mismo 14 de diciembre de 2004 fue enviado el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados.

IX. El 1 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto que fuera remitida por la Cámara de Senadores.

X. El 22 de junio de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta en comento.

XI. El 29 de junio de 2005, la Comisión de Desarrollo Social envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la opinión favorable a la aprobación de la minuta proyecto de decreto en los términos propuestos por la Cámara de Senadores.

XII. En sesión celebrada el 19 de octubre de 2005, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la minuta referida.

XIII. Dicha excitativa fue firmada por diputados de distintos grupos parlamentarios que integraban la Comisión de Desarrollo Social y publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de octubre del mismo año.

XIV. Dicha minuta se encuentra desde la LIX Legislatura en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Primera. La alimentación de la población de un Estado determina, en gran medida, el progreso del mismo Estado en todos los aspectos.

Segunda. El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en distintos instrumentos internacionales, de los cuales el Estado Mexicano forma parte.

Tercera. Actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está plasmado el derecho a la alimentación como un derecho fundamental.

Cuarta. El derecho a la alimentación se encuentra íntimamente vinculado con otros derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución, como los son: la salud y la educación.

Quinta. Es necesario garantizar el derecho a la alimentación, ya que gran parte de la población sufre el aumento desmedido de los precios de los alimentos. Además, es importante reconocer que en México la desnutrición pasa de generación en generación.

Sexta. Es crucial legislar para mitigar el sufrimiento ocasionado por la crisis actual, para estimular la producción de alimentos, para afrontar los obstáculos para el acceso a la alimentación y a utilizar los recursos del Estado Mexicano, para las generaciones presentes y futuras.

Séptima. En México las enfermedades relacionadas con el hambre le suman gastos a las familias pobres e incrementan la carga de atención que llevan los miembros saludables de éstas, que ya de por sí luchan por su subsistencia. Cuando esta dificultad se multiplica por millones de familias en todo el país se crea un devastador efecto de propagación que pone en peligro el desarrollo nacional.

Octava. El 16 de octubre de 1992, el Frente por el Derecho a la Alimentación, organismo Constituido por 130 organizaciones sociales y no gubernamentales, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para legislar los derechos alimentarios de todos los mexicanos.

Novena. Cabe mencionar que desde finales de 2003 se encuentra suspendido el trámite de esta iniciativa. La minuta se encuentra desde la LIX Legislatura en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Décima. Conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, es facultad del Presidente de la Mesa Directiva excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto. Además de lo anterior, de conformidad con el mismo precepto, también es facultad del Presidente de la Mesa Directiva emplazar para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Por lo anterior expuesto, a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de manera pacífica y respetuosa solicita

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica)