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Oficios
- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a agosto de 2009
- Del Congreso de Baja California Sur, con el que remite acuerdo a fin de exhortar al Congreso de la Unión a destinar en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos suficientes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana AH1N1 y a proporcionarlas a las Secretarías de Salud de las entidades federativas para su inmediata aplicación
- Del Congreso de Chihuahua, con el que remite acuerdo a fin de que al analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo o corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal
- Del Congreso de Colima, con el que remite acuerdo para que en la miscelánea fiscal de 2010 no se aprueben nuevos impuestos ni se incrementen las tasas de los existentes
- Del Congreso de Oaxaca, con el que remite acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se etiqueten recursos para aplicarlos directamente a un programa de apoyo de los pequeños productores que cultivan y resguardan las casi sesenta razas criollas de maíz
- De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como de los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero
- De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo a fin de exhortar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar su presupuesto a fin de realizar economías para destinarlas a los programas de orden social
- De la Secretaría de Gobernación, cinco con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite los informes finales de la revisión de la matrícula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009 y las nóminas pagadas de los tres niveles de educación básica con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de 2009
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2009
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y de las campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, correspondiente al cuarto bimestre
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social, presentada por Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 14 de la Ley de Comercio Exterior, presentada por Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca, y de Ciencia y Tecnología a aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos para la ciencia y la tecnología pesqueras y acuícolas del país y el Instituto Nacional de Pesca, presentada por Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza AH1N1 y el dengue, presentada por María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para el Fondo de Modernización Municipal, presentada por Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo encargada de poner en operación las acciones de urgencia y aplicar recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de Comondú y de Mulegé, Baja California Sur, afectados por el huracán Jimena, presentada por Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, de los Grupos Parlamentarios del PT, del PRD y del PAN, respectivamente
- Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia
- Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Danneborg, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca
- Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Hugo Argote Oropeza para que pueda aceptar y usar la medalla al mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil
Oficios
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2009
México, DF, a 30 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamente en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a agosto de 2009. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con agosto de 2008. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para agosto de 2009. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a agosto del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL QUE REMITE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A DESTINAR EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 RECURSOS SUFICIENTES PARA LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA HUMANA AH1N1 Y A PROPORCIONARLAS A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU INMEDIATA APLICACIÓN
La Paz, Baja California Sur, a 22 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En sesión pública ordinaria celebrada hoy, el honorable Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente, entre otros resolutivos
Quinto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A H1N1, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos suficientes y bastantes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana AH1N1, y éstos se destinen a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación a la población civil.
Sexto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A H1N1, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de Baja California Sur (BCS) cuente con un laboratorio PCR para que, en nuestro estado, se realicen las pruebas de detección inmediatas para tener un diagnostico temprano, evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.
Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente
Diputado Juan Norberto Hernández Paularena (rúbrica)
Secretario de la Mesa Directiva
Diputado Guillermo Santillán Meza
Presidente del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XII Legislatura al Congreso de BCS
Compañeros diputados y compañeras diputadas, estimados medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan en este recinto, el que suscribe, Adolfo González Agundez, diputado local por Baja California Sur e integrante de la fracción parlamentaría del Partido Acción Nacional en la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 109 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La epidemia de la influenza humana registrada a principios de marzo nuestro país, sin duda alguna fue causante que se ahondara la crisis económica que actualmente padecemos.
La desaceleración económica de Estados Unidos de América, uno de los principales mercados emisores de la economía global, tuvo fuertes repercusiones sobre diversos sectores económicos de México, particularmente sobre la actividad turística, ya que al afectar el ingreso de los hogares propició una desaceleración en el flujo de turistas a nuestro país. Este fenómeno se agudizó al finalizar abril del presente año por el brote epidemiológico de influenza tipo A (H1N1), registrando muertes por esta causa, con lo que disminuyó la actividad de algunos de los principales destinos turísticos del país casi en su totalidad. Nuestro Estado, sin duda, resintió los efectos de esta pandemia al desplomarse las actividades turísticas en los destinos de playa más importantes de nuestro Estado, como lo son Los Cabos, La Paz y Loreto, que vieron mermada la afluencia de turistas por este virus.
Una vez pasada la contingencia sanitaria, las actividades turísticas en nuestro Estado empezaron a repuntar con la visita de turismo nacional e internacional, lo que mejoró las condiciones de este sector prioritario para la entrada de divisas. Asimismo, en esas fechas no se registraron defunciones por causa de este virus A H1N1. Pero que con las medidas oportunas de las Secretarías de Salud, federal y locales, de recomendar a toda la comunidad sobre las medidas de higiene, tanto corporal como en los alimentos, afortunadamente no se registraron defunciones por esta causa.
Aunado a las medidas sanitarias que implantó el gobierno federal y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, alertaron a los países del orbe a que no se relajaran las medidas sanitarias dado que un "rebote" de este virus tendría lugar en la temporada de otoño-invierno, del cual no se podía medir su magnitud.
Hoy, la Secretaría de Salud Federal estima que este rebote tendrá una afectación de 5 por ciento de la población mexicana con este virus, lo que sería alrededor de cinco millones y medio de personas, las cuales podrían contagiar al doble. En el caso de Baja California Sur, según datos de la Secretaría de Salud Publica Federal, se estima también que miles de sudcalifornianos podrían ser contagiados con este virus –de este mes a marzo de 2010–, y dependiendo de la progresión de los contagios, se valoran las medidas de distanciamiento social, como las tomadas en la primera ola de contagios. El costo por esta segunda oleada puede ser de 5 mil millones de pesos para el país. Además de las perdidas humanas que pudieran darse por esta enfermedad, debemos tomar las medidas sanitarias urgentes para prevenir un aumento de contagios en nuestro Estado y asegurar tanto la entrada del turismo como a la población sudcaliforniana.
En cuanto a la vacunas para la influenza, habrá que diferenciar que existe una para la influenza estacional, según la cual se aplicarán 16 millones de dosis en todo el país en la temporada invernal.
Según el centro nacional de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades de la Secretaría de Salud, se precisó que el próximo 5 de octubre iniciará una campaña de vacunación para la influenza estacional en todas las clínicas del sector salud del país; que se dará preferencia a la población de la tercera edad y a los recién nacidos y a personas con factores de riesgo, como obesidad mórbida o diabetes ya que ellos son más susceptibles a contraer la enfermedad.
En cuanto a la vacuna contra la influenza humana A H1N1, ésta llegará a México casi dos meses después de que haya sido distribuida en Estados Unidos de América y diversos países europeos, que acapararon prácticamente su limitada producción, mas o menos en noviembre o en diciembre, aunque se anunció que el gobierno de México negocia con dos laboratorios farmacéuticos europeos la entrega anticipada de un lote de vacunas, cuya recepción inicial estaba prevista en diciembre.
Entonces, lo real es que el rebote de influenza A H1N1 ya está presente en nuestro país donde, según el ultimo reporte de la Secretaría de Salud federal, se han confirmado, de marzo a la fecha, 27 mil 85 casos de influenza A H1N1, de los cuales 220 han fallecido; las defunciones según su rango son entre 20 a 50 años y en cuanto a defunciones según su sexo, es de 51 por ciento mujeres y 41por ciento hombres.
De manera señalada, menciono que de los 27 mil 85 casos confirmados en nuestro país, Baja California Sur cuenta con 93 casos, de los cuales 5 han fallecido, algunos de ellos estudiantes de primaria y secundaria
Es de notarse que 99 por ciento de este rebote de influenza se ha registrado en el municipio de Los Cabos, lo que causó que, del 14 al 17 de septiembre, se suspendieran las clases en los 253 planteles de educación básica, lo que afectó a 50 mil alumnos.
Las autoridades sanitarias de nuestro Estado han mencionado que se están reforzando las medidas entre la población para evitar el mayor numero de contagios, que existen medicamentos antivirales suficientes para atender el rebote, que no se cuenta con vacunas contra la influenza humana, que éstas estarán disponibles hasta octubre, pero la realidad es que la segunda oleada de influenza humana ya llegó a Baja California Sur y está matando sudcalifornianos y, lo más grave aún, es que son niños y jóvenes.
Esta segunda oleada de influenza nos toma sin vacuna para prevenir el contagio, ya que, aunque se diga que lo primordial es reforzar las medidas de seguridad y que se cuenta con medicamento para hacerle frente a la enfermedad, no es menos cierto que preferimos que la población esté vacunada para evitar el contagio a que la población este contagiada y enferma, lo cual supone un costo económico y social mas alto.
Ante la segunda oleada de influenza humana A H1N1, que ya está en nuestro estado, como Congreso debemos coadyuvar con las autoridades sanitarias para establecer acciones con el objetivo primordial de reducir al máximo la mortalidad asociada a esta enfermedad.
Debemos de evitar el contagio de influenza en la población en general, particularmente en los niños, en los ancianos, en las embarazadas y en los que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por ello es urgente contar con un lote suficiente de vacunas contra la influenza estacional y la influenza A H1N1.
Debemos de evitar el colapso de los servicios de salud en nuestro estado con un posible contagio masivo, debemos aumentar la capacidad de respuesta de los médicos a través de capacitación, debemos ampliar la reserva de medicamentos con insumos que ahora sabemos son necesarios y reequipar las unidades hospitalarias, debemos de evitar el contagio de nuestros hijos en las escuelas, de evitar el contagio en centros de trabajo, en suma, debemos blindar lo más posible a BCS, tanto del virus de la influenza estacional como de la influenza humana A H1N1.
Porque en primer lugar están las vidas de los sudcalifornianos y porque debemos cuidar que la actividad turística no se vuelva a desplomar en nuestro Estado, ya que seria catastrófico para la economía local.
Debemos de tomar acciones responsables con el gobierno, sector privado y hasta con países que son socios comerciales, como Estados Unidos de América, con quienes compartimos un mercado común y con quienes existen lazos recíprocos de cooperación en materia de seguridad y en otros rubros importantes como lo es la salud, por lo que la contención de esta segunda oleada de influenza nos obliga a tomar acciones conjuntas para abatir la pandemia y proteger a nuestros pueblos.
Por ello, con beneplácito nos hemos enterado de que el gobierno de Estados Unidos de América en coordinación con países como Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda donará un porcentaje de las vacunas contra la influenza A H1N1 para distribución a otros países, lo que nos obliga a solicitar en especifico al gobierno de Estados Unidos de América que, en solidaridad con el pueblo mexicano, con el cual se comparten lazos de amistad y comerciales, done una parte del 10 por ciento de vacunas, al gobierno de la república para que éste a su vez complete el lote suficiente y necesario para inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos contra el virus A H1N1.
En la puntual referencia a que este estado esencialmente depende su economía del turismo internacional, el cual recibe visitas primordialmente de turismo estadounidense, hacemos esta solicitud con la finalidad de proteger a la comunidad local, así como a los propios turistas que nos visitan. Por lo que es de imperiosa necesidad aprovechar este ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense y solicitarle al embajador de Estados Unidos de América en México para que interceda ante su país para concretizar el suministro suficiente de vacunas contra la influenza A H1N1 al sector salud de BCS y lograr así la protección de las y los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana A H1N1 de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, ambas del gobierno de BCS, a reforzar las medidas sanitarias en los planteles educativos del estado, así como establecer una campaña intensiva de información entre la población sudcaliforniana.
Segundo. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana A H1N1 de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, a efecto de que en el marco de las gestiones, que esta dependencia está realizando ante los laboratorios internacionales para la compra y pronta dotación a nuestro país de vacunas contra la influenza humana, otorgue lo más pronto posible al sistema de salud de BCS un lote suficiente de vacunas contra la influenza humana A H1N1 que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.
Tercero. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza estacional, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, a efecto de que en el marco de la campaña de inmunización con vacunas contra la influenza estacional otorgue lo más pronto posible al sistema de Salud de BCS un lote suficiente de vacunas contra la influenza estacional que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.
Cuarto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana A H1N1de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur solicitó respetuosamente a la Embajada de Estados Unidos de América con sede en nuestro país a interceder ante el gobierno estadounidense para que en el marco de la donación que hará a la Organización Mundial de la Salud de su lote de vacunas contra la Influenza Humana, y en solidaridad con el pueblo sudcaliforniano, destine un lote suficiente de vacunas contra la influenza humana A H1N1 al sector salud de BCS y lograr así la protección de los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.
Quinto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana A H1N1de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos suficientes y bastantes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana A H1N1 y éstas se destinen a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación a la población civil.
Sexto: A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana A H1N1de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de BCS cuente con un laboratorio PCR para que en nuestro estado se realicen las pruebas de detección inmediatas y tener un diagnostico temprano, evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.
La Paz, Baja California Sur, a 22 de septiembre de 2009.
Atentamente
Diputado Adolfo González Agundez (rúbrica)
Integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN
XII Legislatura del Congreso de BCS
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA, CON EL QUE REMITE ACUERDO A FIN DE QUE AL ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR O DESTINAR LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL GASTO ADMINISTRATIVO O CORRIENTE ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
Chihuahua, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Cámara de Diputados
Honorable Congreso de la Unión
Presente
Para su conocimiento y efectos conducentes le remito la copia del acuerdo número 480/09 II DP, así como de la iniciativa que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado solicita respetuosamente a esa alta representación, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal, para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputada Silvia Susana Muriel Acosta (rúbrica)
Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua
La Diputación Permanente de la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. Solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.
Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le dio origen a la autoridad señalada en el párrafo que antecede, para su conocimiento y efectos conducentes.
Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Diputada Silvia Susana Muriel Acosta (rúbrica)
Presidenta
Diputado José Luis Cisneros Carlos (rúbrica)
Secretario
El suscrito Manuel Humberto Olivas Caraveo, diputado a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción I, y los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta honorable representación a presentar una iniciativa de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística. Lo anterior en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la enorme necesidad del gobierno federal de recortar y ajustar en parte el ejercicio del gasto público, recientemente el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa al enviar para su aprobación al Congreso de la Unión los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, propuso una serie de ajustes en dependencias y entidades del gobierno, fusionando algunas y transformando otras, entre ellas la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Turismo.
Dada la complicada situación que se vive en nuestro país el mandatario federal se ha visto en la necesidad de tomar decisiones de fondo en cuanto a reducir estructuras de altos mandos del gobierno federal, adoptar políticas de congelamiento de sueldos de mandos medios y superiores, y disminuir el gasto en embajadas y delegaciones en las entidades del país; decisiones tomadas como una medida de amortiguación de gastos que en un futuro cercano permitirán a todos los mexicanos sufrir daños menores en la economía.
Reconocemos la labor del Ejecutivo federal y sus acciones en pro de México y afirmamos nuestro compromiso de apoyo y solidaridad; sin embargo, es prudente manifestar la necesidad de estudiar más ampliamente lo que se refiere a materia de turismo, dado que es un sector que produce una cantidad importante de divisas en nuestro país y mueve gran parte de la economía.
El tema del turismo requiere de estrategias y acciones para seguir generando importantes ganancias a México, por lo que consideramos de suma urgencia solicitar a los diputados del Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, que habrán de analizar y aprobar en los próximos días, se destine una partida presupuestal suficiente para apoyar a las entidades federativas que cuentan con activos turísticos importantes para promover el sector y generar más ingresos a los estados.
En mérito a lo expuesto con anterioridad someto en los términos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Con un enfoque al turismo de nuestro país, la LXII Legislatura del estado tiene a bien solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.
Segundo. Remítase una copia del presente acuerdo, así como la resolución que le recaiga al mismo, a las autoridades anteriormente señaladas.
Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo del estado, a los quince días del mes de septiembre año dos mil nueve.
Atentamente
Diputado Manuel Humberto Olivas Caraveo (rúbrica)
DEL CONGRESO DE COLIMA, CON EL QUE REMITE ACUERDO PARA QUE EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2010 NO SE APRUEBEN NUEVOS IMPUESTOS NI SE INCREMENTEN LAS TASAS DE LOS EXISTENTES
Colima, Colima, a 27 de agosto de 2009.
Honorable Cámara de Diputados
México, Distrito Federal
Por este conducto nos permitimos informarle a usted, que en sesión pública ordinaria celebrada con fecha 27 de agosto del presente año, los diputados integrantes de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron un acuerdo presentado por el diputado Flavio Castillo Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se le exhorta para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas en los ya existentes, así como, en aras de la simplificación fiscal, definir el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.
Lo que se le comunica, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado punto de acuerdo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado (rúbrica)
Secretario
Diputado Fernando Ramírez González (rúbrica)
Secretario
Secretarios del Honorable Congreso del Estado
Presentes
El suscrito, Flavio Castillo Palomino, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LV Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo para exhortar al presidente de la república y al honorable Congreso de la Unión para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas a los ya existentes, así como –en aras de la simplificación fiscal– definir el pago de una sola contribución de las dos que actualmente gravan la actividad productiva, conservando, ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta dado que actualmente se pagan ambas tributaciones, bajo las siguientes
Consideraciones
El análisis de la problemática tributaria del estado fue fundamental para la conformación del presente documento, el sector productivo del estado tuvo una importante participación y gracias a la presencia y cooperación de importantes empresarios representantes de la iniciativa privada fue posible fundamentarlo.
Agradecer al ingeniero Francisco Javier Barragán Preciado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; al contador público Ernesto Jasso Delgadillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, AC; al ciudadano Rubén Ramírez Venegas, presidente de la Cámara de Comercio de Tecomán; al licenciado Carlos Maldonado Villaverde, presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información del estado de Colima; al licenciado Marco Antonio Romero Gutiérrez, vicepresidente de Cámara de Comercio de Colima; al licenciado Lino Romero Velasco, presidente de la Federación Estatal de Pequeños Productores Rurales de Colima; a la ciudadana Rosella Gerini Novaro, presidenta de las Mujeres Empresarias del estado; y a la ciudadana Margarita Palomino Cebrera, presidenta de las Mujeres Empresarias de Tecomán. A todos ellos agradezco sus opiniones y experiencia en el ámbito empresarial que sirvieron al suscrito legislador para elaborar este acuerdo.
En este honorable Congreso del estado hemos previamente realizado trabajos legislativos respecto de las leyes hacendarias federales específicamente se han enviado dos acuerdos al honorable Congreso de la Unión consistentes en reformas a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, propuestas presentadas por los legisladores contador público Gonzalo Medina Ríos y el suscrito Flavio Castillo Palomino.
Las estructuras económicas del país han resentido duramente el impacto de las crisis internacionales, en mayor o menor grado, la afectación ha sido constante. Algunos de estos fenómenos económicos como la crisis inmobiliaria estadounidense han desplomado la economía de varios países del orbe, dichos efectos fueron magnificados por el menoscabo de los niveles de confianza con que operan las empresas internacionales, todas ellas inmersas en un mercado bursátil cada vez más inestable.
El empresariado mexicano ha resentido los efectos de la crisis financiera internacional, –cuyo origen basado en las especulaciones del mercado de capitales– sigue desalentando la reactivación de las actividades productivas, lo cual se agudiza con la intención de crear nuevos impuestos provocando la incertidumbre en las empresas mexicanas, con los implícitos efectos multiplicadores en el pueblo mexicano, provocando gran alarma en las clases trabajadoras. Estamos evidentemente enfrentando una crisis de confianza que pudiera convertirse en un problema social de graves consecuencias.
Los comerciantes, productores, empresarios y demás contribuyentes nos encontramos englobados en distintos regímenes fiscales, con variados sistemas de captación y absolutamente todos los contribuyentes estamos obligados a pagar todos los diferentes impuestos. Cargas impositivas federales, estatales y municipales, tales como impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo, impuesto al valor agregado, seguro social, Infonavit, Afore, predial, tenencia de vehículos y muchos otros más.
Las cámaras de comercio, confederaciones y asociaciones de comerciantes, empresarios y productores que representan la iniciativa privada en Colima han expresado que la creación de nuevos impuestos retrasara la recuperación de la economía y se han manifestado convencidos que la simplificación tributaria por si misma fomentaría la recaudación fiscal en mayor medida que el incremento de impuestos. Crear nuevas imposiciones, además de provocar incertidumbre y confusión en los contribuyentes, reduce la buena disposición a pagar al hacer más complicados los pagos y aumentar los gastos que las empresas deben de hacer para llevar su contabilidad y dar cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Los empresarios colimenses sostienen que la simplificación en el pago de los impuestos incentivaría a los ciudadanos a cumplir su compromiso con la hacienda pública.
En la actualidad los empresarios y todos aquellos que somos contribuyentes registrados ante el Sistema de Administración Tributaria al realizar una actividad productiva pagamos tres impuestos por la misma actividad, es decir de una sola cantidad generada se deben pagar tres diferentes impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo; al pagar contribuciones tan altas la utilidad se reduce de tal manera que provoca la descapitalización de las empresas, reduce el crecimiento de la empresa y disminuye el ingreso para los propietarios y los trabajadores, perjudicando así la creación de nueva infraestructura productiva y afectando a la clase trabajadora.
Además la reducción de los ingresos afectara el ingreso per cápita de todo el país y es muy comprensible que mientras sea así nuestra economía no podrá crecer jamás.
La miscelánea fiscal del año 2007 provocó esta gran irregularidad tributaria, y si bien es bastante incorrecto pagar tres impuestos por realizar una sola actividad comercial, más irregular es que dos obligaciones fiscales sean acumuladas una sobre otra. Esto es porque el monto correspondiente al impuesto al valor agregado, IVA, proveniente de una operación productiva, al ser depositado en una institución bancaria genera el pago del impuesto a los depósitos en efectivo, con lo cual se obliga al empresario a cubrir dos cargas fiscales por el monto del lVA depositado en el banco, que dicho sea de paso las empresas y contribuyentes en México tenemos la obligación ineludible de ingresar los productos de nuestras operaciones en las instituciones bancarias.
La creación del impuesto empresaria! a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo por la reforma fiscal de 2007 generó una descapitalización del sector productivo mexicano, provocó desempleo y desaceleración económica, realizar nuevamente cambios apresurados a las leyes hacendarias seguramente creara problemas muy serios a la economía de nuestro país, dañando con ello la infraestructura de desarrollo, vital para el crecimiento de nuestro estado y de todas las entidades de la república y poniendo en riesgo el equilibrio de nuestra sociedad.
El país requiere una reforma fiscal integral que permita un esquema claro de pago de impuestos, que genere confianza y promueva el pago simplificado de las obligaciones. Con una reforma estructural de las contribuciones fiscales lograríamos eliminar los pagos dobles y acumulados que generan inclusive controversias constitucionales y legales.
Una reforma hacendaria bien planeada, que incluya la ampliación de la base de contribuyentes; que elimine los regímenes tributarios de exclusión y preferenciales contenidos en las leyes del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado; que incentive la deducibilidad de todos los gastos creando con ello un efecto sinérgico de exigencia de comprobantes entre todos los contribuyentes que propiciaría una mayor cantidad de ciudadanos cumplidos; que elimine el inequitativo impuesto a los depósitos en efectivo que ha depreciado el valor de la moneda; que analice reformas sustanciales a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única que ha provocado desde su creación una gran desaceleración económica comprometiendo la competitividad de nuestro sector productivo y definir el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta, dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.
Es por ello que haciendo el eco del reclamo de las cámaras y asociaciones de empresarios y de productores de Colima, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Acuerdo
Artículo Único. Esta soberanía exhorta al presidente de la república y al honorable Congreso de la Unión, para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas en los ya existentes, así como que en aras de la simplificación fiscal se defina el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta, dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 27 de agosto de 2007.
Diputado Flavio Castillo Palomino (rúbrica)
DEL CONGRESO DE OAXACA, CON EL QUE REMITE ACUERDO A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE ETIQUETEN RECURSOS PARA APLICARLOS DIRECTAMENTE A UN PROGRAMA DE APOYO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE CULTIVAN Y RESGUARDAN LAS CASI SESENTA RAZAS CRIOLLAS DE MAÍZ
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar los siguientes
Acuerdos
Primero. La LX Legislatura del estado de Oaxaca exhorta atentamente al Ejecutivo federal para que impulse la aprobación de un decreto en el que se establezca la moratoria a la liberación al ambiente del maíz transgénico en México en sus modalidades de experimental, comercial o ambas.
Segundo. La LX Legislatura del estado de Oaxaca exhorta atentamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que deniegue la aprobación a las solicitudes actualmente en estudio del permiso de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados de uso agrícola.
Tercero. Se solicita al Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos del ejercicio de 2010 se etiqueten recursos para aplicarlos directamente a un programa de apoyo a los pequeños productores que cultivan y resguardan las cerca de 60 razas criollas de esa planta, y a las más de 9 mil colecciones, lo que da a México la mayor diversidad cuantitativa de maíz en el planeta. Así también, que se destinen recursos para un programa que tenga como objetivo la implantación de métodos de mejoramiento para los maíces nativos del país, e incentivos para los investigadores que dediquen su trabajo a lograr el referido objetivo.
Cuarto. Envíese el presente acuerdo al Ejecutivo federal, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Congreso de la Unión, para su conocimiento y atención, debiendo ser dicho envío por los medios ordinarios y por correo electrónico para mayor celeridad.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado.- San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., a 4 de junio de 2009.
Diputados: Rogelio Sánchez Cruz, presidente; Héctor Hernández Guzmán, Felipe Reyes Álvarez, secretarios (rúbricas).
Nos permitimos transcribirlo a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El respeto al derecho ajeno es la paz"
San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., a 11 de junio de 2009.
Diputado Héctor Hernández Guzmán (rúbrica)
Secretario
Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)
Secretario
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL QUE REMITE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ELABORAR DE MANERA COORDINADA UN DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO DE LOS ALCANCES DE LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL RELATIVA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN IZTAPALAPA, ÁLVARO OBREGÓN Y GUSTAVO A. MADERO
Recinto Legislativo, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, XI, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta, respetuosamente, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa a la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación, incluyendo las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.
Segundo. Publíquese el presente punto de acuerdo en dos diarios de amplia circulación en el Distrito Federal para su debida difusión y conocimiento social.
Sírvase encontrar, anexo al presente, copia de los puntos de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca (rúbrica)
Presidente
El diputado Sergio Jiménez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), d), k) y ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones V, VIII, XI, XIV y XV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracciones I, II y VI; 13, fracciones I, II, III, IV, V y VII; 17, fracciones III, V, VI y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa Distrito Federal; y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del Pleno de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar, de manera coordinada, un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa a la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación.
Antecedentes
Iztapalapa representa uno de los poblados históricos del Distrito Federal, poblado ribereño del lago de Texcoco, en el que se asentaron los nahuas en lo que actualmente es Santa María Aztahuacán.
El proceso de marginalización del territorio de Iztapalapa dio comienzo en la época colonial y continúa en la actualidad, a pesar de encontrarse a escasos 14 kilómetros de lo que fue originalmente la Ciudad de México.
Los pueblos originarios poseían tierras comunales o ejidales que, tras el crecimiento de la Ciudad de México y la ruina de la agricultura en el Distrito Federal, fueron notificados para proporcionar vivienda barata a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron entre las décadas de 1960 y 1990. De esta manera, surgieron colonias como Escuadrón 201, Constitución de 1917, Valle del Sur y otras de considerables dimensiones, tanto por su población como por su superficie, lo que de alguna manera opaca a los pueblos originales y sus respectivos barrios, convirtiéndolos en simples demarcaciones urbanas (o suburbios de la Ciudad de México), aunque han conservado sus tradiciones, lo que les da una cierta identidad.
La delegación Iztapalapa cuenta con una superficie de 117 kilómetros cuadrados y concentra casi 21 por ciento de la población total del Distrito Federal.
Políticamente está representada en esta Asamblea por 8 distritos electorales locales de 40 (XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII y XXXII), y 6 federales, de los 27 asignados al Distrito Federal.
Iztapalapa cuenta con casi 1 millón 800 mil habitantes, número mayor que incluso 12 estados de la república, como son Quintana Roo, Querétaro o Colima; lo cual, sin duda, genera que los residentes de dicha delegación se vean marginados respecto a la cantidad y calidad servicios públicos.
En materia de transporte público, es atravesada de manera tangencial por dos líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y más de 20 rutas de transporte concesionado, desgraciadamente insuficientes.
Relacionado con lo anterior, el sistema de seguridad pública se ha manifestado incapaz de cubrir la totalidad de su territorio e incluso hasta hace unos años existían diversas zonas de la delegación con plena autonomía, como es el caso del predio La Ford, tema aún pendiente en la agenda del actual Gobierno del Distrito Federal.
Desafortunadamente, las familias de la delegación, hoy día, manifiestan la carente capacidad de la administración pública para dotarles de los servicios urbanos básicos como son acceso al agua potable, drenaje, desazolve, pavimentación y alcantarillado.
Iztapalapa alberga numerosas unidades habitacionales, de los cuales la mayor es la unidad Vicente Guerrero, construida en los años setenta, la cual posee actualmente una población aproximada de 13 mil habitantes que ocupan una superficie inferior al kilómetro cuadrado.
El crecimiento exponencial de la demarcación ha generado consecuencias negativas en áreas como protección civil, debido a la aparición de enormes fosos y grietas generadas por los asentamientos irregulares y la sobreexplotación de los pozos hídricos, en temas como desarrollo urbano y la construcción de vivienda vertical. En unidades habitacionales de más de 40 departamentos, ha generado sobrecargas en los sistemas de drenaje y energía eléctrica que termina por colapsar la red.
En materia de seguridad ocupa el segundo lugar, únicamente detrás de la Cuauhtémoc; la incidencia delictiva es de 2 mil 264 averiguaciones previas y un promedio diario de 73, según datos de 2009 obtenidos por la Procuraduría de Justicia local.
El tema del agua es una cuestión aparte: en Iztapalapa se ha convertido en una promesa, en una manda, pero nunca en una realidad.
Gobiernos, procesos electorales y liderazgos han surgido y sido fortalecidos a partir de este tema; la discusión ha girado entorno a la suficiencia de recursos energéticos o, incluso, de voluntad política, con argumentos económicos acerca de la venta de pipas, la construcción del acuaférico oriente o el insultante creciente precio del agua para los que menos recursos tienen.
Al observar el hacinamiento y el detrimento económico, social y de seguridad que sufren las familias que habitan Iztapalapa, conduce, inminentemente, al incremento del déficit de la función gubernativa, así como a la capacidad y el acceso real de los habitantes para el ejercicio de sus derechos sociales y humanos fundamentales, maximizando la franja de inequidad en un espacio territorial muy bien delimitado. Por lo que hemos considerado impostergable la necesidad de analizar de acuerdo al marco legal vigente, mediante un diagnóstico que tenga como objetivo una estrategia para incrementar el nivel de calidad y acceso a los servicios públicos en Iztapalapa, mediante un reordenamiento de los límites territoriales de acuerdo a los resultados de dicho diagnóstico.
No debemos omitir que el pasado proceso electoral nos demostró diversas irregularidades en el manejo de la política y principios democráticos que en el caso de Iztapalapa se potencializan debido a su composición social y territorial.
La ciudadanización de la política mediante procesos transparentes y en equidad fueron principios inexplicablemente violados de manera flagrante.
Gobiernos que de manera miserable explotan las necesidades básicas de su población, con la firme convicción de que serán resueltas –todas ellas con fines proselitistas–, debido a que el electorado de esta demarcación representa cerca de 25 por ciento del padrón total de la capital.
Con la reasignación de los límites territoriales se pretende subsanar la sobresaturación de acciones gubernamentales con las atribuciones de las jefaturas delegacionales relativas a la baja cobertura de los actos de autoridad que, sumados a la densidad de población, promoverían condiciones de equidad en el desarrollo de la población, el cual se vería reflejado en todo el Distrito Federal.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta, respetuosamente, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación, incluyendo las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.
Segundo. Publíquese en al menos 2 diarios de amplia circulación en el Distrito Federal para su adecuada difusión social.
Palacio Legislativo, 25 de septiembre de 2009.
Diputado Sergio Jiménez Barrios (rúbrica)
Palacio Legislativo, a 25 de septiembre de 2009.
Licenciado Emilio Suárez Licona
Secretario de Servicios Parlamentarios
Presente
Por instrucciones del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, me permito remitir a usted el oficio suscrito por el diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunica que en sesión del pleno de la Diputación Permanente de dicha asamblea, resolvió aprobar la proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia, resolución para exhortar respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar, de manera coordinada, un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación.
Lo anterior, para el trámite parlamentario conducente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Abraham Emiliano Arellano (rúbrica)
Secretario Técnico de la Mesa Directiva
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL QUE REMITE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA V LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR SU PRESUPUESTO A FIN DE REALIZAR ECONOMÍAS PARA DESTINARLAS A LOS PROGRAMAS DE ORDEN SOCIAL
Recinto Legislativo, a 9 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, XI y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable Senado de la República y a la honorable Cámara de Diputados para que revisen con detenimiento el Presupuesto de Egresos con miras a 2012 y destinarlo a los programas sociales en todo el país y en principio al Distrito Federal.
Segundo. Se exhorta a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura y al Gobierno del Distrito Federal a elaborar un plan de austeridad sobre el Presupuesto de Egresos de 2010 para mejorar la economía de la Ciudad de México.
Tercero. Se exhorta a la próxima V Legislatura del Distrito Federal a que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de su presupuesto y de todas sus partidas sean características institucionales para que no quede duda de su correcta aplicación en benéfico de los habitantes de la Ciudad de México.
No deben de existir órganos legislativos suntuarios ajenos a las ciencias y necesidades de la ciudadanía.
Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca (rúbrica)
Presidente
Diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca
Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
IV Legislatura
Los suscritos, Humberto Morgan Colón y Ricardo González del Ángel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta IV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42, fracción IX, y 46, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, 11, 17, fracciones IV y VI, y 88, fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el 85, fracción I, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someten a la consideración de la Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta honorable Asamblea Legislativa exhorte respetuosamente al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura para la revisión de su presupuesto a fin de realizar economías para ser destinadas a los programas de orden social, de acuerdo con los siguientes
Considerandos
1. Desde 1994, la economía determinó el rumbo del país a través del llamado "error de diciembre" y una nueva crisis, de magnas proporciones, sacudió al país. El gobierno tuvo que intervenir para evitar la quiebra definitiva del sistema financiero mexicano y lo hizo valiéndose del erario y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Usando el viejo autoritarismo presidencial, la sociedad fue obligada a asumir la quiebra, los mexicanos terminamos pagando los fraudes, los créditos fantasmas y los autopréstamos. La crisis se reflejó en el dramático aumento del desempleo, el cierre de fuentes de trabajo y el incremento de la pobreza, estos son algunos elementos que propiciaron la descomposición social y la inseguridad pública que se generalizó en todo el país. Con el transcurrir del tiempo se vieron mermadas las posibilidades de crecer como país aún cuando Salinas de Gortari aseguraba que se había estabilizado la economía durante su sexenio del cual todo quedó en un solo discurso y beneficiándose del poder y dejando una vez más al pueblo mexicano con una crisis y deuda económica heredada al Partido de Acción Nacional.
2. Derivado de todo esto encontramos que uno de los sectores más descuidados y vulnerables en nuestro país, durante los últimos 15 años, ha sido la población de jóvenes, ya que desertan de las preparatorias y universidades a temprana edad para buscar oportunidades en el mercado laboral. Actualmente en las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay una población desocupada de aproximadamente 8 millones 800 mil 50 personas de las cuales son jóvenes que representan alrededor de 19.45 por ciento de la población económicamente inactiva. Al menos el Gobierno del Distrito Federal tendrá que hacer su parte junto con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para inyectar más recursos en materia educativa, beneficiando a una mayor población de jóvenes en los distintos niveles a través de la reducción de gastos suntuosos revisando el presupuesto para adecuarlo a las condiciones económicas por las que atraviesa la ciudad de México.
3. Después de nueve años de gobierno panista, el gobierno de Felipe Calderón ha fracasado en la planeación económica para el país, reconociendo que la economía de México se perfila a desplomarse este año hasta en 9 por ciento, como lo afirma en la entrega de su informe de gobierno del pasado 1 de septiembre (del año en curso) y en entrevistas de televisión, que la situación de la crisis económica ya se salió de su cause y pide ayuda a los diferentes órganos de gobierno y a la población en general para solucionar lo que tanto pregonó al inicio de su campaña y desde su posición como gobierno autonombrándose "el presidente del empleo", aunado a esto se suman las declaraciones de los allegados al presidente, como la de Agustín Carstens, secretario de Hacienda del gobierno federal, en la que asegura que la crisis actual nos ha generado un faltante de 480 mil millones de pesos debido a la caída en los precios del petróleo. Asimismo, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, prevé que el país crecerá en el tercero y cuarto trimestre del año pero esto no significa que vamos a ver una mejora inmediata. Por ello, Felipe Calderón tiene de frente el más grande reto: conseguir la conciliación política y, después, el progreso económico con justicia social.
4. El pasado 3 de septiembre se da a conocer que en sesiones del Senado de la República se discutió sobre una propuesta de instalar un mural para su nueva sede con un valor aproximado de 37 millones hasta los 50 millones de pesos, la cual fue puesta a votación y desechada, dejando abierta la posibilidad de retomarla en próximas sesiones. Por ello, desde esta tribuna hago un enérgico llamado para que sea reconsiderado este gasto suntuoso el cual no es necesario ni beneficia en nada a las personas, a la ciudadanía y, mucho menos, al país; es bien sabido por todos que la situación económica actual no nos permite el derroche de recursos, por lo que tendrán que retomar el rumbo del país desde la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados para replantear el tema de austeridad y tratar de revertir la crisis económica por la que está atravesando el país. Como diputado del Distrito Federal, comprometido con la ciudadanía, pido por el Distrito Federal y por todo el país. Por estos motivos se tendrá que revisar el Presupuesto de Egresos destinados a los diversos rubros y apartados de todas las secretarías y tomar las riendas del país; de acuerdo con especialistas y académicos, sería factible cubrir el faltante de 300 mil millones de pesos mediante la reducción del aparato burocrático del gobierno federal que comprenden gastos excesivos y de subsidios, si además se redujera en 50 por ciento la evasión fiscal se obtendrían más de 200 mil millones de pesos adicionales, esto daría para cubrir el boquete fiscal.
5. Para lograr mejorar las condiciones de vida desde una política económica para la ciudad es necesario que la V Legislatura, a su llegada, priorice la reducción de gastos superfluos y suntuosos, permitiendo unas políticas más sanas durante estos próximos 3 años y que se fije como meta una austeridad en los gastos de la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal rumbo al 2012; asimismo, avaluar suprimir programas como ciudad de leyes, gastos médicos, la reducción de dietas, apoyo parlamentario y ayuda extraordinaria. Si hacemos un balance de estos rubros podremos a portar una suma importante de recursos financieros a la economía de la Ciudad de México y salir de la crisis que permea a los capitalinos eliminando todos estos gastos en la próxima V Legislatura.
Con base en lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que revisen con detenimiento el Presupuesto de Egresos con miras al 2012 y destinarlo a los programas sociales en todo el país y en principio al Distrito Federal.
Segundo. Se exhorta a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura y al Gobierno del Distrito Federal a elaborar un plan de austeridad sobre el Presupuesto de Egresos de 2010, para mejorar la economía de la Ciudad de México.
Tercero. Se exhorta a la próxima V Legislatura del Distrito Federal a que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de su presupuesto y de todas sus partidas sean características institucionales para que no quede duda de su correcta aplicación en benéfico de los habitantes de la Ciudad de México.
No deben de existir órganos legislativos suntuarios ajenos a las carencias y necesidades de la ciudadanía.
Dado en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los nueve días del mes de septiembre de dos mil nueve.
Diputados: Humberto Morgan Colón y Ricardo González del Ángel (rúbricas).
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CINCO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 1 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 60-II-6-2669, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGOF/ 06209/ 10062009, suscrito por el maestro en ciencias Víctor Manuel Arriaga Haro, director general de Organización y Fomento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Mazatlán, Sinaloa, a 10 de junio de 2009.
José Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su similar número SEL30075405/08, de fecha 12 de diciembre de 2008, recibido en esta dirección general el 19 de mayo de 2009, adjunto al oficio número 510.-1938, emitido por la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas de la Oficialía Mayor de la Sagarpa, de fecha 11 de mayo de 2009, mediante el cual se informa al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca del punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, en sesión del 11 de diciembre de 2008, que me permito transcribir para pronta referencia: "Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás titulares de dependencias del gobierno federal relativo a incorporar a las reglas de operación de los programas y a los fondos por ejercer en 2009, criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y a sus familias", solicitando que se considere su inclusión en las reglas de operación de los programas a cargo de la secretaría.
Al respecto, me permito informarle que en el presente ejercicio presupuestal no es posible incluir los criterios en comento en las reglas de operación vigentes. Sin embargo, tal petición será valorada en el proceso de planeación participativa que lleva a cabo la secretaría, en el cual se establecen las líneas prioritarias y estratégicas por desarrollar para el siguiente ejercicio fiscal; y, de proceder su conveniencia, se autorizará la modificación correspondiente de las citadas reglas.
Independientemente de lo anterior, le informo que los trabajadores migrantes en retorno y sus familias son elegibles para acceder a los apoyos que se otorgan en los programas y componentes a cargo de esta secretaría, ya que toda persona física o moral o grupo podrá formar parte de la población objetivo establecida en cada uno de ellos, toda vez que cumplan los requisitos de elegibilidad que al efecto se establecen en cada uno de los programas en las reglas de operación vigentes. No omito mencionarle que éstos se hallarán sujetos al presupuesto autorizado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente y a la disponibilidad presupuestal de cada programa.
Sin otro particular, y en espera de que la información proporcionada le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,
Atentamente
Maestro en Ciencias Víctor Manuel Arriaga Haro (rúbrica)
Director General de Organización y Fomento
México, DF, a 1 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-2477, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2299/09, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, director general de Normatividad de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales asignados al gobierno del estado de Tabasco.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de agosto de 2009.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/1911/09, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda la denuncia penal interpuesta por legisladores locales y federales del estado de Tabasco por el desvío del Fondo de Desastres Naturales que fueron asignados al gobierno de esa entidad.
Al respecto, me permito informarle que el asunto fue turnado a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco, la cual informa que derivado de las investigaciones se inició la averiguación previa A.P. PGR/TAB/VHSA-III/775/D/2008, la cual se encuentra en trámite.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera (rúbrica)
Director General de Normatividad
México, DF, a 28 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0042, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número III/103/B120872 suscrito por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fenómeno hidrometereológico denominado Jimena.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 28 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0034, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/553/2009 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al huracán Jimena.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 23 de septiembre de 2009.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1281/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 11 de septiembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-0034, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2009, y cuyo contenido se reproduce en su totalidad:
Sin demérito de lo anterior, se informa que en el caso de la ocurrencia del huracán Jimena en Baja California Sur, ya han sido satisfechos los requisitos y formalidades requeridos para tales efectos, por lo que, con fechas 10 y 14 de septiembre de 2009, la Segob emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre solicitadas por el gobierno de la entidad federativa antes aludida.
Tales aseveraciones encuentran sustento en las consideraciones siguientes, mismas que se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden (el cual detallamos líneas adelante):
En ese orden de ideas, diremos que en el numeral 7 de las ROF se dispone expresamente que cuando una entidad federativa se encuentre en desastre natural3 deberá solicitar, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la instancia técnica facultada, que corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador, pudiendo ser la Comisión Nacional Forestal, Conafor, para el caso de incendios forestales; la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.
Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos del Fonden, el numeral 11 de las ROF establece que una vez recibida de parte de la Instancia Técnica Facultada la corroboración de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, el titular del Ejecutivo de la entidad federativa (o el servidor público facultado para tal efecto), deberá convocar, a más tardar al día hábil siguiente, a todas las instancias competentes, tanto federales como locales, a la instalación de un Comité de Evaluación de Daños, CED, que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparán por materia o sector, y que tendrá por objeto el llevar a cabo la evaluación y cuantificación de los daños producidos por el fenómeno natural perturbador de que se trate.
En la sesión de instalación del CED la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural firmada por el titular del Ejecutivo del estado de que se trate, y en la que se deberán incluir, entre otros aspectos los municipios o delegaciones políticas afectados que hayan sido corroborados, por la instancia técnica facultada, incluyendo la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; el acuerdo de la entidad federativa para observar en lo general lo dispuesto en las ROF, particularmente a las fórmulas de coparticipación de pago; que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos del fenómeno natural perturbador.
No omitimos señalar que la emisión de la declaratoria de desastre no constituye el único requisito a satisfacerse para el acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, toda vez que, según el procedimiento establecido en las ROF, es necesario que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación de daños, a efecto de que, una vez realizado ello, se esté en posibilidad de conocer de manera y con qué montos el Fonden habrá de participar para atender y los daños ocurridos por el fenómeno de que se trate.
A) Ciclón Tropical Jimena, ocurrido el 2 de septiembre de 2009.
Acciones en el marco del Fonden para los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé
En ese mismo acto, el gobierno de la entidad federativa que nos ocupa, entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.
Acciones en el marco del Fonden para el municipio de La Paz
En ese mismo acto, el gobierno de Baja California Sur, entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.
En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 10 de las ROF, con fecha 10 de septiembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en 3 municipios del estado de Baja California Sur (Comondú, Loreto y Mulegé), mientras que el lunes 14 del mismo mes y año se publicó en el referido órgano informativo la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en el municipio de La Paz del estado de Baja California Sur.
No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por el numeral 17 de las ROF, en las sesiones de instalación de los CED (realizadas como se ha visto el 5 y 8 de septiembre de 2009), la entidad federativa en comento solicitó recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos con cargo al Fonden para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, por lo que, mediante Boletín de Prensa 162/09, de fecha 11 de septiembre de 2009, se difundió la autorización para el estado de Baja California Sur, de los apoyos parciales inmediatos, para la realización de los trabajos y acciones prioritarias y urgentes para los siguientes sectores:
Carretero-Estatal 4 millones 188 mil 400
Carretero-Federal 8 millones 687 mil
Hidráulico Estatal 5 millones 532 mil 800
Salud-Estatal 85 mil 400
Subtotal 18 millones 493 mil 600
Visto el estado actual de las cosas, se informa a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión que, de conformidad con el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción establecido en las ROF, una vez que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación, se autorizará la totalidad de los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción definitiva de los daños sufridos, de tal suerte que será hasta entonces que se estará en posibilidades de conocer de qué manera y con qué montos se habrá de atender y apoyar los daños ocurridos en Baja California Sur, a consecuencia del huracán Jimena.
Finalmente para un adecuado entendimiento de la información que antecede, y a efecto de brindar una visión más clara de la operación y alcances del Fonden, a continuación se presentan, de manera sucinta, las características generales de este programa federal y del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción:
El Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).
El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:
Si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los lineamientos.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF).
Respecto de este instrumento cabe señalar que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).
Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF por lo que a continuación se presenta una descripción sucinta de esos aspectos:
Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción
Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:
Procedimiento_de_acceso_a_rrecursos_Fonden_e.swf
4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:
Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;
II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;
III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;
IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;
V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;
VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;
VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;
VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y
IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.
Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada, 5 indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).
En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparan por materia o sector.
Desde la instalación del Comité de Evaluación de Daños correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos, Apin6, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).
Vale la pena mencionar que los Apin son autorizados por la UPCP, los cuales formarán parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos los Apin serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.
Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apin, la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptarán los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes.
Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).
A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).
Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III, de las ROF):
Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.
Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de éstos, la cual en su caso, instruirá al fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF).
Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.
II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de Apin o anticipos.
III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al desastre natural en cuestión.
IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.
V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por la dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.
Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal.
En ese sentido, en caso de que los recursos resulten competencia de las entidades federativas, municipios delegaciones políticas, se integrarán los Fideicomisos Fonden estatales, los cuales tendrán por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.
El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).
Cabe señalar que el anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto en los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.
Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, el saludo cordialmente.
Notas
1. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.
2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.
3. Desastre Natural: Al resultado de la ocurrencia del fenómeno o de los fenómenos naturales concatenados o no, que cuando acontecen en un tiempo y espacio delimitado, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar (numeral 5, fracción XI, de las ROF).
4. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 31 de diciembre de 2008.
5. Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.
6. Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente. dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Director General del Fondo de Desastres Naturales
México, DF, a 25 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0042, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número CV/828/2009, suscrito por el licenciado Ignacio López Cortés, director de apoyo a programas de servicios sociales de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena.
Atentamente
Licenciado Guillermo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 23 de septiembre de 2009.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a su similar SEL/UEL/311/1368/2009 de fecha 9 de septiembre pasado, por el cual comunica al licenciado Francisco Ciscomani Freaner, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de esta Secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 8 de los corrientes, referente a los daños ocasionados por el paso del huracán Jimena en los estados de Baja California Sur y de Sonora.
Sobre el particular, me permito informarle las acciones que por parte de esta dependencia federal se han llevado a cabo para atender los daños sufridos en la infraestructura física educativa y deportiva por el fenómeno meteorológico mencionado.
Baja California Sur
El comité estableció el 5 de octubre como fecha definitiva para la entrega de resultados de la evaluación de daños.
El subcomité de evaluación de daños del sector educativo ha realizado cuatro sesiones de trabajo, con la participación del personal técnico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y su homologo estatal, así como de las autoridades educativas federales y estatales para la revisión, evaluación y cuantificación de daños.
Con fecha 23 de septiembre se solicitaron recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), bajo el concepto de apoyo parcial inmediato, por un monto de $2,088,472.49 para la atención de acciones urgentes en 83 planteles, 76 de educación básica, 3 de educación media superior y 4 de educación superior.
De un total de 157 planteles reportados afectados, se han visitado 134 de ellos. Se continúa con los trabajos de cuantificación de daños tanto de infraestructura educativa como deportiva, para la presentación de resultados finales y la solicitud de nuevos recursos al Fonden.
El comité estableció el 5 de octubre como fecha definitiva para la entrega de resultados de la evaluación de daños.
El subcomité de evaluación de daños del sector educativo ha realizado 3 sesiones de trabajo, con la participación del personal técnico y autoridades educativas federales y estatales para la revisión, evaluación y cuantificación de daños.
Las autoridades educativas estatales definieron que soliciten los recursos al Fonden, una vez que se cuente con los resultados definitivos de la evaluación de daños.
Se autorizaron, con cargo al Fonden $928,347.00 para la atención urgente por parte del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la entidad, de la parroquia de San Fernando, en el municipio de Guaymas, catalogada como monumento histórico.
De un total de 138 planteles reportados afectados, se han cuantificado los daños de 30 de ellos por un monto de $4, 093,445.00. Se continúa con los trabajos de cuantificación de daños de infraestructura educativa, deportiva y de monumentos para la presentación de resultados finales y la solicitud de nuevos recursos al Fonden.
Licenciado Ignacio López Cortés (rúbrica)
Director de Apoyo a Programas de Servicios Sociales
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE LOS INFORMES FINALES DE LAS EVALUACIONES EN MATERIA DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SU SECTOR COORDINADO
México, DF, a 30 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número 100.2009.00816, el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, envía los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de esa dependencia, que se establecen en la fracción V del artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en formato impreso y medio magnético.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Manuel Mijares Jiménez (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 29 de septiembre de 2009.
Contador Público Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a las obligaciones señaladas en el artículo 27, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, al numeral 17 del Programa Anual de Evaluación 2009 expedido conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y al oficio circular números 307 -A.-0441, SSFP/UEGDG/416/027/2009 y VQZ.SE.157/09, emitido conjuntamente por la SHCP, la SFP y el Coneval, respectivamente, relativo a la entrega de los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía (SE) y su sector coordinado.
Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicito atentamente su valiosa intervención a fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los informes finales de la evaluación en materia de diseño (en formato impreso y electrónico) de los siguientes programas:
• Para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología, a cargo de la SE.
• Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico), a cargo del Fideicomiso ProMéxico.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Gerardo Ruíz Mateos (rúbrica)
Secretario
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE LOS INFORMES FINALES DE LA REVISIÓN DE LA MATRÍCULA PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CICLO ESCOLAR 2008-2009 Y LAS NÓMINAS PAGADAS DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE 2009
México, DF, a 30 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y en alcance del oficio número SEL/UEL/311/894/09, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número OM-0401/2009, signado por Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales envía los informes finales de la revisión de la matrícula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009 y de las nóminas pagadas de los tres niveles de educación básica con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de 2009.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 28 de septiembre de 2009.
José Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En alcance de mi oficio número OM-0382/2009, del 7 de agosto del presente año, mediante el cual se remitió el informe con los resultados de la conciliación de la matrícula pública con las entidades federativas, y en virtud de que se concluyeron los trabajos de la revisión de las nóminas pagadas por entidad federativa, para cumplir lo dispuesto en el artículo 9, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009 (DPEF de 2009), que a la letra dice:
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se sujetará a lo siguiente:
i. …
ii. Conciliar el número y tipo de plazas de nivel básico y normal con las entidades federativas, determinando las que cuentan con registro en dicha secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas;
iii Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes completo, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado, entregando el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, los pagos no realizados le deberán ser reintegrados en un plazo no mayor de 30 días;
iv. Enviar a la Cámara de Diputados durante el primer semestre del año la lista de nombres, de plazas y de entidades federativas en las que se identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente y reportar sobre la corrección de las irregularidades detectadas durante el tercer trimestre del año; y
v. Vigilar el monto de los sueldos con cargo al fondo, informando a la Cámara de Diputados sobre los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial.
Los resultados de las pruebas aplicadas en la metodología para la revisión llevada a cabo por el despacho permiten destacar que
2. Sólo en una entidad federativa (Yucatán) se detectaron casos de pagos sin Registro Federal de Contribuyentes. En los otros 10 estados en que se reportan inconsistencias se explica porque el RFC no cuenta con la homonimia, situación que se revisa con el Servicio de Administración Tributaria para su corrección.
3. Se registraron 66 casos de trabajadores con percepciones en entidades federativas no colindantes geográficamente, que se explica, en la mayoría de los casos, por cambios de adscripción.
4. Todos los sueldos pagados son inferiores al correspondiente al nivel más alto del tabulador. Sin embargo, hay trabajadores cuya percepción mensual neta supera 80 mil pesos, debido al pago de retroactivos, prestaciones de antigüedad y adelanto de la nómina por vacaciones de Semana Santa, entre otros. Estos casos y la justificación presentada por el estado correspondiente forman parte de cada informe estatal que se entrega.
Le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Guillermo Bernal Miranda (rúbrica)
Oficial Mayor
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE LOS INDICADORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE PETRÓLEOS MEXICANOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2009
México, DF, a 30 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número 200.- 422/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2009.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, 29 de septiembre de 2009.
Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos que, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, remite los indicadores operativos y financieros del primer semestre de 2009, entregados por Pemex el 31 de agosto de 2009 a esta dependencia.
Lo anterior, con objeto de que por su amable conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Jordy Herrera Flores (rúbrica)
Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
México, DF, a 28 de septiembre de 2009.
Licenciado Jordy Herrera Flores
Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Energía
Presente
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, por este conducto me permito enviarle los indicadores operativos y financieros del primer semestre de 2009, entregados por Pemex el 31 de agosto de 2009 a esta dependencia. Lo anterior, con objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Mario Gabriel Budebo (rúbrica)
Subsecretario de Hidrocarburos
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE LOS PROGRAMAS Y DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE
México, DF, a 28 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/192/2009, la licenciada Irma Pía González Luna Corvera, subsecretaria de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, correspondiente al cuarto bimestre que comprende del 10 de julio al 31 de agosto de 2009.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y medio magnético.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 24 de septiembre de 2009.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de RTC y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios elabora de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de mérito, correspondiente al primer bimestre que comprende del 10 de julio al 31 de agosto del año 2009; con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Irma Pía González Luna Corvera (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 40 F Y 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR FRANCISCO HERRERA LEÓN, FERNANDO CASTRO TRENTI, FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ Y MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 40-F, 222, fracción I apartado d y fracción II, de la Ley del Seguro Social.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 40 F, 222, fracción I apartado D y fracción II, de la Ley del Seguro Social con el fin de que los trabajadores de estados, municipios y el Distrito Federal tengan acceso a los servicios de seguridad social y servicios de salud a cargo de los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Melendez, Adolfo Toledo Infanzón Infanzon, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González, y Mario López Valdez, senadores de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar los artículos 40 F, 222, fracción I apartado d y fracción II de la Ley del Seguro Social, al tenor de la presente
Exposición de Motivos
De manera cotidiana, los seres humanos deben hacer frente a diversos riesgos que se producen durante su vida, estos surgen de la convivencia social o son resultado de la actividad económica. Así las familias pueden sufrir la enfermedad de alguno de sus miembros y asumir los costos de la atención que esta implica. Las madres trabajadoras deben encontrar lugares adecuados para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral. Los trabajadores pueden ver reducida su capacidad productiva a causa de algún accidente. Las personas de mayor edad, deben enfrentar una disminución de sus aptitudes físicas y, consecuentemente, menores opciones de empleo y ser perjudicial para su calidad de vida. Cualquier sociedad o país, puede verse obligado a enfrentar los efectos de fenómenos naturales, o los vaivenes económicos originados por la volatilidad propia de los efectos de las crisis.
Una respuesta inadecuada a todos estos riesgos o la carencia de instrumentos públicos apropiados para hacerles frente, puede llevar al aumento de la pobreza, de la desigualdad en las oportunidades y en la inequidad en el acceso a servicios públicos vitales, como son la educación y la salud. Esto no sólo perjudica a las personas o las familias, sino que puede dar pie a la incertidumbre, la desconfianza y a las tensiones sociales que afectan al conjunto de la sociedad.
Por estas razones, México ha venido revisando sus mecanismos de protección social y adecuando sus instituciones de seguridad social para darles viabilidad y capacidad de respuesta frente a la complejidad de la vida moderna. En las últimas décadas, se ha venido rediseñando el entramado normativo, presupuestario e institucional con la mirada puesta en conseguir que la capacidad del Estado para tutelar los derechos colectivos, sea cada vez más eficaz, más eficiente y con una cobertura realmente universal que además de brindar seguridad a las personas, contribuya a multiplicar las oportunidades y al aprovechamiento del potencial de la población mexicana.
En el país la implantación de normas e instituciones protectoras fue una inquietud constante desde principios del siglo XX, dando origen a diversos ordenamientos en el ámbito local y federal, como las leyes de accidentes de trabajo de los estados de México, Nuevo León y Chihuahua; así como las leyes de trabajo de Jalisco, Veracruz, Yucatán e Hidalgo y el decreto expedido por Venustiano Carranza el 12 de diciembre de 1914, por el cuál se incorporó dentro del Plan de Guadalupe la preocupación para efectuar las reformas necesarias que promovieran el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Este planteamiento encontró forma legislativa en el constituyente de 1917, al incluirse, en la redacción original del artículo 123 constitucional, la obligación para el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados de fomentar el establecimiento de "cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos."
Este mandato constitucional, derivó en diversos intentos por promulgar una ley del Seguro Social, la cuál no pudo cristalizarse hasta el año 1943. Este ordenamiento significó una importante evolución en la tutela del Estado sobre derechos humanos fundamentales, como son la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.
A pesar de que la Ley del Seguro Social posibilitó agrupar y dar coherencia a los numerosos esquemas de protección que eran ofrecidos por los sindicatos o grupos de trabajadores, su promulgación no logró la cobertura universal para todos los mexicanos, debido a las limitaciones que le impusieron su carácter vertical, es decir, su orientación exclusiva hacia los trabajadores del sector formal de la economía, dejando sin protección a amplios sectores y grupos de la población.
Para resolver esta limitante, algunos fondos o servicios sociales continuaron operando fuera del nuevo esquema de seguridad social y otros se crearon para atender a grupos específicos
En este contexto, la protección social para los trabajadores de los poderes federales siguió operando bajo los preceptos de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, promulgada en 1925, así como en lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y por otras disposiciones. Las deficiencias en la acción protectora de estos ordenamientos, obligaron a incluir el Apartado B en el artículo 123 constitucional, mediante su reforma en 1959, cuyo objeto fue elevar a rango constitucional los derechos del trabajo burocrático. En ese mismo año, el legislativo promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ordenamiento en cuya exposición de motivo se hace un claro reconocimiento a las deficiencias observadas en la cobertura de la seguridad social, particularmente en el ámbito de la salud, reconocimiento que "si bien se había procurado resguardar temporalmente la conservación de sus ingresos, en caso de enfermedad durante el servicio activo y aminorar las consecuencias de su perdida en el infortunio o la vejez, con el sistema de pensiones vigente, que tanto arraigo ha alcanzado, también es verdad que solo parcial, discrecional y aisladamente se ha atendido a las necesidades de servicios médicos y medicinas, que fatalmente son necesarios en toda familia. Las erogaciones que por esos conceptos hacen permanentemente los trabajadores, menguan gravemente sus presupuestos familiares. Por otra parte, fuera de los breves plazos de conservación del salario señalados en el Estatuto Jurídico, al sobrevenir un acontecimiento, enfermedad o accidente, que implicara la perdida de este único ingreso del servidor del Estado que lo recibe como retribución a su esfuerzo personal, la situación económica de su hogar sufría un penoso quebranto".
Además, de un intento de ampliar la cobertura poblacional se fueron creando diversos mecanismos u organismos que cubren específicamente a segmentos específicos de trabajadores, como son los esquemas de protección en salud y pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunas universidades, así como las instituciones encargadas de garantizar la seguridad social de los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios.
Con el mismo espíritu de universalización se promulgo, en 1973, una nueva Ley del Seguro Social en la cual se reconoció la necesidad de que la seguridad social fuera dinámica, dado el incremento demográfico, la continua transformación de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de trabajo. Además se aceptó que, a pesar de los avances logrados en los treinta años que estuvo en vigor la ley original, solo se había logrado comprender el veinticinco por ciento de la población, ya que "numerosos grupos que componen la sociedad mexicana" no tenían "capacidad suficiente para aportar su contribución" a los sistemas entonces vigentes.
Las deficiencias de esta norma y las complicaciones financieras del IMSS, motivaron la promulgación de la actual Ley del Seguro Social en 1995, la cual se fundamenta en el propósito de "emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo, acrecentar su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de prestaciones medicas, así como garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas".
En el campo de la salud, los cambios mas notables de esta ley fueron el otorgamiento de facultades al IMSS para establecer programas preventivos; la ampliación y fortalecimiento del seguro de enfermedades y maternidad; la posibilidad de reversión de cuotas a favor de aquellos patrones que puedan ofrecer y garantizar los servicios médicos y hospitalarios, así como la creación del seguro de salud para la familia, como el mecanismo por el cual, mediante el pago de una cuota fija, cualquier familia que no sea sujeta del régimen obligatorio puede establecer un contrato con el instituto para acceder a las prestaciones medicas que éste otorga.
Las necesidades de atención médica de los grupos de la población mexicana menos favorecidos económicamente, han sido atendidas por un gran número de instituciones públicas y por un cúmulo de programas públicos que a menudo se dirigen a resolver problemas específicos y, en muchas ocasiones, no han tenido la continuidad necesaria para materializar sus objetivos.
Es importante destacar los esfuerzos continuos que ha realizado el legislador por romper con el modelo vertical y desigual con que se le viene garantizando el derecho social a la salud de los mexicanos. Este objetivo se ha venido planteando desde la reforma realizada, en 1983, por lo cual se incorporó al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona a la protección de la salud. En efecto, son de resaltar algunas de las ideas precursoras en el concepto actual sobre la protección que debe ofrecer el Estado a sus ciudadanos, las cuales se incluyeron en la exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional. Entre estas, el deseo de sentar bases mas firmes para la universalización, puesto que se considera que la salud "como ninguna otra condición para el disfrute de una vida plena, no admite discriminaciones. No puede hablarse de una sociedad sana cuando tiene injustamente sectores completos de la población, sin el disfrute real de este derecho". Aún más, en dicho texto se dice que "el derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al termino de la vida, no solo prolongándola, sino haciéndola mas grata dándole mayor calidad, haciéndola mas digna de ser vivida".
La reforma constitucional se decanto en una serie de modificaciones normativas y administrativas, como fueron la promulgación de la actual Ley General de Salud de 1984, la creación de las leyes estatales de salud, la sectorización institucional y la descentralización de los servicios de salud hacia las entidades federativas.
Asimismo, el derecho a la protección de la salud influyó en la trascendental reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que incluyó el Titulo tercero bis sobre la Protección Social en Salud. Esto permitió que se extendiera el aseguramiento en materia de salud a la población no cubierta por las instituciones de seguridad social, mediante la creación del Sistema de Protección Social en Salud. Sistema con el que se intenta alcanzar la universalización de la salud a través de un conjunto integrado por tres seguros públicos: un seguro para los asalariados del sector privado formal de la economía, un seguro para los trabajadores al servicio del Estado y otro para los autoempleadores y los desempleados sin acceso a la seguridad social a cargo de esta nueva institución.
En esencia, la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) persiguió hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud para todos los mexicanos y resolver los problemas estructurales que afectaban la provisión de servicios médicos a la población no asegurada que se calculaba en mas del 50 por ciento de la población.
Además, con este mecanismo se pretendió solucionar los graves desequilibrios financieros que afectaban el funcionamiento de las instituciones de salud y el otorgamiento de los servicios, mediante nuevas formas organizativas y recursos adicionales que se deben destinar, tal como se señala en la exposición de motivos, al financiamiento de "la atención de la población que carece de una relación laboral con un patrón y, por tanto, hasta hoy excluida de las instituciones de seguridad social".
El modelo plantea un esquema tripartito de financiamiento y, en lo que hace a los recursos federales, establece dos tipos de aportaciones:
2. Una aportación concurrente entre las entidades federativas y la federación, con un valor mínimo predeterminado que en el caso de las primeras es del cincuenta por ciento de la cuota social y en el caso de la Federación es equivalente a 1.5 veces dicha cuota.
En primer término, el legislador sugiere que "con este tercer seguro público, como nuevo componente financiero del Sistema Nacional de Salud, se alcanza el ideal de la universalidad de la seguridad social en materia de salud", es decir, reitera el objetivo esencial que ha motivado la mayoría de las reformas en el ámbito de la protección social, lograr que todos los mexicanos accedan, sin distinción alguna, a un mínimo de garantías para el desarrollo pleno de sus capacidades.
En segundo lugar, se dice que la iniciativa "atiende a la justicia distributiva, al asegurar para cada familia beneficiaria del SPSS una aportación mínima para el sostenimiento de su salud. Con esta cuota se tiende al reconocimiento social de la Federación frente a la garantía individual de la protección de la salud". Esto es relevante porque representa una evolución en la conceptualización de las políticas de protección social, las cuales ya no se califican como instrumentos asistenciales, sino como un medio idóneo para dar contenido efectivo a derechos sociales explícitos.
Con la puesta en marcha del SPSS se ha mejorado el acceso y el soporte financiero de los servicios de salud que se proporcionan a una gran parte de la población mexicana. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a mayo de 2008 se tenían afiliadas a casi 7.8 millones de personas. Para el año 2009, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se tiene prevista una afiliación de 10.9 millones de familias, es decir, una cobertura para 32.8 millones de personas.
Por último, la creciente expedición de la nueva la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, culmina el esfuerzo reformador por tratar de ingresar un sistema de protección social coherente y equitativo, incorporado en el régimen financiero de este instituto tanto el carácter solidario en las contribuciones para las acciones de protección social, como el deber del Estado frente a los derechos sociales de sus trabajadores; esto se concreta mediante la asignación a la federación de obligaciones patronales y la inclusión de una cuota social financiada por el Estado.
Todos estos antecedentes históricos demuestran como en México hemos venido avanzando hacia la universalización de la protección social de la salud y superando aquella visión equivocada, por la cual se organizó la intervención del Estado sobre la base de una falsa dicotomía que separaba e impedía armonizar las responsabilidades en materia de protección social con aquellas atribuidas a las instituciones de la seguridad social.
En las últimas tres décadas se han expedido una serie de leyes y promulgado diversas reformas orientadas abordar los problemas de esta fragmentación y construir un autentico sistema universal de protección social en salud.
Ésta generación de reformas ha intentado que la salud se convierta en un factor que apoye a los mexicanos en la plena realización de sus objetivos y aspiraciones individuales, familiares y sociales.
Bajo este contexto no puede admitirse que subsistan de exclusión o inequidad en le ejercicio de este derecho social fundamental. Si los objetivos comunes son reducir la pobreza, asegurar la igualdad de oportunidades para los mexicanos y apoyar la ampliación de sus capacidades, es necesario que todas las acciones del Estado se funden en sólidos principios de justicia e igualdad para todos.
En consecuencia, el Poder Legislativo debe velar porque los cambios aprobados en distintos momentos de la historia nacional, consigan el objetivo propuesto: la universalización de la protección social en salud.
Ante este deber, se requiere que el legislador continúe revisando las normas emitidas, corrigiendo sus omisiones y las deficiencias que impidan el propósito anhelado.
Efectivamente, tal como se ha planeado, con la implantación de las reformas realizadas a los tres principales seguros públicos, se ha mejorado el acceso a los servicios de salud institucional y se ha dotado de recursos adicionales para que la inmensa mayoría de la población tenga un futuro más cierto y esté mas capacitada para enfrentar los riesgos que corre su salud a lo largo de la vida.
Sin embargo, es de notar que la redacción vigente de la Ley General de Salud no garantiza la universalización de la protección del Estado a la salud de todos los mexicanos, dado que la misma parte de algunos supuestos relacionados con la fragmentación institucional que originan un trato desigual por parte del Estado para ciertos grupos de la población mexicana.
En concreto, el articulo 77 Bis 3 de la ley señala que se incorporarán la SPSS todas "las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de la seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de prevención social de salud" lo que condiciona la posibilidad de recibir la protección ordenada por el articulo cuarto constitucional para cientos de miles de familias mexicanas.
En efecto, este texto se plasmó con el propósito de evitar duplicados esfuerzos materiales y económicos que debe realizar el gobierno federal para brindar cobertura a toda la población y tiene mucho sentido, si se toma en cuenta las aportaciones monetarias que debe efectuar al IMSS, ISSSTE o SPSS en representación de Estado nacional son equivalentes entre si.
No obstante, esta finalidad lleva a una evidente confusión entre la posibilidad que tienen ciertos grupos poblacionales para acceder a determinados servicios de salud y el cumplimiento, por parte del Estado, de sus deberes en esta materia. Es claro que el hecho de que algunos ciudadanos puedan adquirir un seguro de salud, ofrecido por algunas de las empresas privadas del sector asegurador del país o que laboren en algún organismo o empresa, ya sea del sector publico, del privado o del social, en las que se opere algún procedimento de prevención social, no releva al Estado de las obligaciones que en materia de salud establece la Constitución.
Grupos numerosos de trabajadores, la mayoría de los cuales se desempeñan en las administraciones publicas de las entidades federativas, el distrito federal y en los gobiernos municipales, se encuentra impedidos para acceder al SPSS y se enfrentan a una desventaja para resolver sus necesidades de salud, frente a otros que reciben el respaldo financiero y regulatorio del gobierno federal, lo que compromete sus oportunidades humanas y las de sus familias o los hablita a realizar esfuerzos económicos adiciónales.
Esta situación constituye uno de los temas pendientes en la agenda de la protección social en México, así como un obstáculo evidente en el objetivo de construir un sistema universal que contribuya a la transformación que requiere el país.
Aún más, en el de la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, el legislador cuidó que se mantuvieran las obligaciones materiales y económicas del Estado cuando, en virtud de algún convenio de incorporación voluntaria, los servicios de salud son proporcionados por alguna de estas instituciones. De esta forma, la prestación de los servicios de salud a trabajadores estatales y municipales sólo puede contar con protección del Estado, si el organismo es federal y no como respuesta a los derechos sociales establecidos para todos los mexicanos. En efecto, las disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de la incorporación voluntaria de este tipo de trabajadores, establecen que las obligaciones patronales deben ser cubiertas por el organismo que opte por incorporar a sus trabajadores, en tanto que a la federación se le obliga a enterar las aportaciones de la protección social, en los términos que debe hacerlo para los trabajadores del régimen obligatorio.
Los trabajadores de los estados y los municipios suman más de un millón 100 mil familias que se traducen en 3 millones de personas a cubrir. Buena parte de estos trabajadores ya se encuentran incorporados al IMSS o ISSSTE, de tal forma que solo se encuentren en condición de exclusión aquellos estados, municipios o universidades que cuentan con un mecanismo propio de previsión social. De acuerdo con datos de 2007, resultan ser 11 las entidades federativas que cubren directamente las prestaciones médicas a trabajadores estatales y municipales, o lo hacen una parte de estos. Estas 11 entidades registran una cobertura total de 678 mil 688 asegurados. Estos servicios se prestan en 208 unidades médicas de los distintos niveles de atención.
La cobertura sanitaria que se ofrecen a estos trabajadores varía entidad a entidad y de forma de municipio a municipio, ofreciendo en algunos casos una cobertura integra, de forma similar que ofrecen el IMSS y el ISSSTE.
Aunque los trabajadores de estados y municipios disfrutan una cierta estabilidad laboral, sus condiciones de vida no presentan una gran diferencia a lo que sucede con cualquier empresa laboral. Entre estos existe personal directivo que cuentan con salarios altos pero también modestos servidores públicos que se desempeñan en actividades importares para la sociedad en su conjunto como los servicios de policía, bomberos, recolección de basura limpieza de parques y jardines, por mencionar algunos de ellos.
De igual forma, la salud de quienes trabajan en estados y municipios enfrentan retos similares a los que afectan al resto de la población, es decir, los relacionados con la transición demográfica y epidemiológica que han provocado que la relación de los adultos mayores este adquiriendo un mayor peso especifico en el volumen de servicios que deben otorgarse, así como en la mayor incidencia de enfermedades no transmisibles.
Cabe también mencionar que estos grupos poblacionales presentan mayores tasas de utilización de los servicios de salud que el resto de la población, lo que compromete el financiamiento de los servicios y, finalmente, la oportunidad, eficacia y calidad de estos.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta, para 2005, una tasa de 83.3 egresos hospitalarios por cada mil derechohabientes de las instituciones estatales, mientras el IMSS registró el mismo año una tasa de 43.1 egresos y el ISSSTE de 32.2. Por otro lado en lo que hace a intervenciones quirúrgicas, se registraron 56.5 cirugías por cada mil derechohabientes, en tanto en el IMSS fueron 31.7 intervenciones y en el ISSSTE de 25.0 y en consulta general, se otorgaron 2,039.9 consultas por millar de derechohabientes, cifra notablemente mayor a las mil 606.6 del IMSS y las mil 404.2 del ISSSTE.
Asimismo, debe subrayarse que la atención médica para estos grupos de la población carece de un adecuado respaldo financiero. A excepción del caso de Sonora, donde recientemente se incrementaron las cuotas y aportaciones para prestaciones medicas, el financiamiento de los servicios medicas se ubica entre el 8 por ciento del sueldo integrado para el caso del estado de México y el 13 por ciento del salario sujeto a cotización, proporción que resulta inferior a la determinada recientemente para el ISSSTE, institución para la cual se establecieron aportaciones y cuotas para los servicio médicos que suman, incluyendo la cuota social, 14.97 por ciento del sueldo de la cotización.
La insuficiencia financiera con que operen los servicios médicos, ha derivado en continuos déficit de operación que limitan las posibilidades de suministro oportuno y suficiente de medicamentos, disminuye la capacidad institucional para desarrollar y mantener la infraestructura, así como restringe las posibilidades de profesionalización y capacitación del personal médico.
Bajo las condiciones financieras actuales, se pone en riesgo la efectividad de los tratamientos preescritos y, en general, la actualidad de la atención, lo que puede resultar en la insatisfacción para la mayoría de la población protegida.
Por todas estas razones es que resulta necesario modificar la Ley del Seguro Social, como instrumento básico de la seguridad social en México y replantear las condiciones en las que estos trabajadores pueden afiliarse de manera voluntaria a los seguros y prestaciones que ofrece esta institución, abriendo la posibilidad de que estas se realicen de manera completa o parcial, no sólo en lo que se refiere a los ramos de aseguramiento establecido, sino a prestaciones especificas que puedan estarse otorgando o se otorguen de manera deficiente.
Además, es necesario que el Estado nacional cuente con un vehículo institucional apropiado para hacer llegar a estados mexicanos las contribuciones que se otorgan a cualquier ciudadano con independencia de su condición laboral, del prestador de servicio o de su residencia.
En este sentido, la iniciativa plantea cambios a los artículos 40 F y 222, fracción I y II, inciso d que facilitan la incorporación parcial de los trabajadores de los estados y municipios a la mayoría de los ramos de seguro que comprende el régimen obligatorio del seguro social, al tiempo de establecer un organismo para determinar las diferencias que existe en las coberturas profesionales entre distintas instituciones, así como para cuotas y hacer llegar las contribuciones del gobierno federal que llegarían a corresponder y se destinan, fundamentalmente, a la atención médica y la protección económica durante la vida en retiro.
Finalmente, es de subrayarse que la iniciativa se vincula estrechamente con la justicia social y al sostenibilidad de las instituciones públicas, la cual constituye una precondición para la transformación integral de la nación y el desarrollo humano sustentable que México requiere.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforman y adicionan los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 40 F. Salvo lo dispuesto en el artículo 222 de esta ley, el instituto no podrá liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos correspondientes.
Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:
No procederá la incorporación de los sujetos señalados en la fracción V, del artículo 13 de la ley, cuando las entidades públicas reciben subsidios o contribuciones ordinarias del gobierno federal destinados específicamente para el sostenimiento de los sistemas de seguridad social a su cargo. En estos casos, no se considerará como causa de improcedencia, ni se deducirán, otros aportes del gobierno federal realice para apoyar la realización de reformas legales en materia de seguridad social, ni los que otorgue para el fortalecimiento de la infraestructura de salud de las entidades públicas. Tampoco será causal de improcedencia, cuando mediante la incorporación de estos sujetos, sólo se obligue al instituto a transferir las cuotas que corresponden al gobierno federal.
II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:
a) a la c) …
d) Para los sujetos, a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta ley, los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de manera conjunta o por separado y en los términos de los capítulos respectivos.
A solicitud de las entidades públicas, el esquema de aseguramiento podrá comprender a la totalidad de las prestaciones de los seguros antes mencionados o sólo a algunas de éstas, de conformidad con el sistema de seguridad social que dichas entidades tengan establecido para sus trabajadores.
Tratándose del seguro de enfermedades y maternidad, se deberá verificar las prestaciones que comprenden los esquemas de aseguramiento a cargo de las entidades públicas solicitantes, para determinar las diferencias que pudieran existir entre aquellas y las establecidas en esta ley. Para este efecto, el instituto mediante estudio técnico-jurídico y con la participación de las entidades públicas, hará la valuación actuarial de las prestaciones que estos otorgan, comprándolas individualmente con las de la ley, para elaborar las tablas de ajuste que correspondan. Esta valuación actuaria deberá considerar las cuotas obrero-patronales y las contribuciones a cargo del gobierno federal determinadas en este ordenamiento.
En los casos en los que las prestaciones otorgadas por las entidades públicas, excedan a las establecidas por esta ley, el instituto liberará –total o parcialmente– a las entidades públicas del pago de cuotas obrero-patronales y, cuando corresponda, transferirá a éstas las cantidades resultantes de la valuación actuarial, sin que éstas puedan exceder los montos que el instituto reciba por concepto de contribuciones del gobierno federal.
En los casos de seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las entidades públicas podrán solicitar al instituto la cuota social transferible correspondiente, siempre y cuando el sistema de pensiones que tengan establecido para sus trabajadores se base en cuentas individuales, prevean la propiedad de cada trabajador de los recursos depositados en su cuenta individual y les permitan a estos migrar a otros sistemas de pensiones.
Los convenios que se suscriban con las entidades públicas establecerán las prestaciones y sus modalidades de éstas que quedaran a cargo del instituto y aquellas que correspondan a las entidades públicas.
Cuando los sistemas de pensiones a cargo de entidades públicas se basen en cuentas individuales para sus trabajadores de nuevo ingreso y permitan a los demás trabajadores migrar voluntariamente a este sistema, la cuota social transferible que corresponda a los trabajadores que no se incorporen al sistema de cuentas individuales se otorgará a las entidades públicas como apoyo para la reestructuración de su sistema de pensiones, debiendo destinar dichos recursos al pago de las pensiones a su cargo y a cubrir el costo de los estudios actuariales que correspondan. Estos mismos apoyos recibirán aquellas entidadespúblicas cuyos sistemas de pensiones se basen en un modelo mixto que incluya tantos mecanismos de reparto solidario, como de cuentas individuales.
El otorgamiento de la cuota social a las entidades públicas no generará el derecho de sus trabajadores para percibir la pensión garantizada que establece la ley, ni ninguna otra prestación que no se encuentre señalada expresamente en los convenios respectivos.
En ningún caso la cuota social podrá aplicarse para aportaciones que por la ley correspondan como patrones a los gobiernos de las entidades públicas, y
e) …
Primero. Este decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la vigencia de este decreto, el Ejecutivo federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan para adecuarlas a lo dispuesto en el articulo 40 F y 222, de esta ley.
Tercero. Cuando el aseguramiento voluntario de los sujetos señalados en la fracción V, del artículo 13 de esta ley, comprometa el equilibrio financiero del instituto o la eficacia de los servicios que proporciona a los asegurados, el instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las adecuaciones que correspondan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. Cuando los sujetos obligados por esta ley reincorporen, de manera voluntaria, a alguno de los sistemas de seguridad social establecidos por otras entidades públicas, el instituto verificará que se concedan prestaciones similares a las que dispone esta ley y, de no ser así, dichos sujetos estarán obligados a pagar al instituto, los aportes proporcionales para satisfacer las diferencias que pudieran resultar. En estos casos, los sujetos incorporados voluntariamente a los mencionados sistemas de seguridad social recibirán el mismo tratamiento que los señalados en la fracción V, del artículo 13 de este ordenamiento.
Quinto. Las contribuciones que se otorguen a las entidades públicas como apoyo a la reestructuración de sus sistemas de pensiones podrán financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones o con los que para este efecto se prevean dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sexto. Las solicitudes de incorporación voluntaria que presenten las entidades públicas deberán resolverse en un plazo que no exceda de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que éstas las presenten.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de septiembre de 2009.
Senadores: Francisco Herrera León (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón, (rúbrica), Mario López Valdez, Raúl Mejía González, Fernando Baeza Meléndez, Fernando Castro Trenti.
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6o. Y 14 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, PRESENTADA POR AMIRA GRISELDA GÓMEZ TUEME Y JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
LXI Legislatura
Presente
Los suscritos, senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política General de la República, así como 55, fracción II, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, decretó una reducción de los aranceles nación más favorecida (NMF), que repercutirá en la economía del país en los siguientes cuatro años. La reducción afecta 69 por ciento de las 12 mil 119 fracciones que integran la tarifa de importación mexicana, prácticamente todas las importaciones industriales de México.
La reducción implica que el arancel promedio de importación para estas fracciones pase de 10.4 por ciento a un promedio de 4.3 para 2013, tasa muy por debajo de países con los que México compite: en Argentina, la tasa de arancel promedio NMF es de 12.2 por ciento; en Colombia, de 11.2; en India, de 11.5; en Brasil, de 12.5; en Chile, de 6; y en China, de 9 por ciento. Lo anterior significa que para 2013 México será la economía más liberalizada de la región.
Como justificación de la adopción de esta medida, el Ejecutivo federal expresa en el decreto que los sectores productivos menos protegidos son los que han tenido mayor crecimiento y que, por tanto, se busca equidad entre las pequeñas y las grandes empresas para que sean más productivas.
Sin embargo, el sector empresarial mexicano, y las cámaras industriales y las empresariales, prácticamente de manera unánime, se pronunciaron en contra de que nuestro país, de forma unilateral, redujera los aranceles NMF.
El riesgo real de la reducción de estos aranceles es que las cadenas de producción tengan un desmantelamiento, ya que los importadores podrán adquirir no sólo materias primas de países como India o China sino, también, productos terminados con precios reducidos y prácticamente libres de arancel.
La comercialización de productos importados resultará un mejor negocio y sería difícil que un empresario decidiera fabricarlos en México, arriesgando su capital, instalando plantas productivas, invirtiendo en activos, contratar empleados o desarrollar tecnología, sin la certidumbre de que pueda tener mercado para sus productos.
En sentido contrario, muchos países desarrollados, ante la crisis económica global, han levantado barreras a las importaciones en forma de tarifas, subvenciones y otras medidas diseñadas para proteger sus industrias. E el periodo enero-junio de 2009 se observó una disminución de 30.5 por ciento de las importaciones de los países industrializados, y en los países emergentes el descenso fue de 28 por ciento en promedio. Estados Unidos y China, caracterizados por ser los países con economías más abiertas, han reducido las importaciones en 30.1 y 29.5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, ante este claro escenario, el gobierno mexicano opta por una política que, sin más, amenaza inundar el mercado nacional con productos de otros países, en lugar de proteger su aparato industrial.
Por otro lado, conviene también analizar el efecto fiscal que la reducción arancelaria tendrá, pues ante una estimación de un faltante calculado por la SHCP para el presente año de alrededor de 300 mil millones de pesos y el panorama de las finanzas públicas que para 2010 no es nada favorecedor, resultaría conveniente que el gobierno federal pudiera contar con los ingresos por concepto de aranceles que, en caso de revertir el decreto y retornar a los niveles de 2008, se obtendrían recursos adicionales por alrededor de 37 mil 500 millones de pesos entre 2009 y 2013.
Cabe aclarar que la reducción decidida por el Ejecutivo federal no forma parte de los compromisos asumidos por México con la OMC y que, por el contrario, podría incrementar sus aranceles hasta un promedio de 34.9 por ciento sin tener que compensar a las partes que resultaren afectadas si, en su caso, decidiera elevar los aranceles en esa proporción.
Con el decreto publicado y el hecho de que 63 por ciento de los productos industriales esté libre de arancel se reduce el atractivo para negociar acuerdos de libre comercio con otros países y se pierde la oportunidad de aprovechar los que ya se tienen firmados, pues se supone que el beneficio de tener un tratado de libre comercio es que se tenga un trato recíproco; es decir, una disminución o desgravación de aranceles de ambas partes con la posibilidad de proteger a los sectores más sensibles, lo que no se cumple al aplicar las medidas unilaterales.
El artículo 131 constitucional establece que "el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país". Es claro que esa facultad se otorga para aplicar medidas en caso de urgencia y de manera temporal, en tanto esta urgencia persiste.
Sin embargo, hasta hoy se desconoce el efecto que tendrá en la industria y mucho más si en realidad han sido las pequeñas empresas las beneficiadas con esta reducción arancelaria, por lo que considero que el Ejecutivo federal debería informar con la mayor brevedad sobre el efecto de este decreto, a fin de que, en consulta con los sectores, se decida su término o su continuidad.
Es grave que en este decreto, que se publicó con el carácter de medida contracíclica para hacer frente a una crisis, no se establezca una evaluación para decidir el periodo en que los aranceles regresarán a las tasas en vigor antes de la urgencia o su incremento, hasta lo permitido, en los compromisos asumidos o consolidados en la OMC.
Por tal motivo, en la iniciativa con proyecto de decreto que se presenta se propone establecer la obligación a la Comisión de Comercio Exterior, que se señala en la Ley de Comercio Exterior, de evaluar los efectos de tal medida, tomando en consideración la opinión de los sectores afectados para decidir la permanencia o el término de las medidas de urgencia y se informe al Congreso de la Unión sobre tal evaluación.
Asimismo, se propone modificar el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior, para clarificar que pese a los compromisos adquiridos en tratados o convenios firmados por México, el Ejecutivo federal tiene la facultad de aumentar, disminuir o modificar los aranceles cuando se presenten situaciones de urgencia.
Por lo expuesto, se pone a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior
Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior.
Segundo. Se modifica el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica la Ley de Comercio Exterior
Artículo 6o. …
…
…
Para los efectos de las fracciones I y II del artículo 4o. de esta ley, la comisión evaluará los resultados de las medidas de emergencia adoptadas, a fin de recomendar a la secretaría su permanencia o término, considerando para tal fin la opinión de los sujetos que se mencionan en el párrafo segundo de este artículo. La secretaría informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los efectos en los sectores económicos y la recomendación de la comisión.
Artículo 14. Los aranceles generales previstos en las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación cumplirán los términos, tasas y periodos acordados en los acuerdos o convenios comerciales internacionales de que México sea parte, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 4o. de esta ley, en cuyo caso se hará la declaratoria de emergencia, estableciendo la fecha en que concluirá su vigencia.
Transitorios
Primero. Transcurridos treinta días de la publicación del presente decreto, el Ejecutivo federal remitirá al Congreso de la Unión informe sobre los afectos en los sectores económicos que ha tenido el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación publicado el día 24 de diciembre de 2008, así como el resultado de la evaluación donde se decide la continuación o termino de las medidas de urgencia.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senadores: Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Jesús María Ramón Valdés.
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE PESCA, Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A APROBAR EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 MAYORES RECURSOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL PAÍS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, PRESENTADA POR LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY Y HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Pesca, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un mayor presupuesto destinado a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca, con la finalidad de que éste cuente con la tecnología y equipo de vanguardia necesarios para cumplir sus importantes atribuciones de investigación a favor de la pesca y acuacultura de la nación. Lo anterior, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La inversión pública y privada en la ciencia y la tecnología de nuestro país continúa siendo baja respecto a lo que destinan a estos rubros otras naciones de nuestro continente y del mundo: entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el que realiza menos inversión para la investigación y desarrollo, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009 el monto otorgado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue de 15 mil 474.8 millones de pesos (mdp), y la inversión en el ramo para la ciencia y tecnología nacional fue de aproximadamente 43 mil 500 mdp.
En este contexto, cabe señalar que para el ramo administrativo que integra a la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron asignados 3 mil 100.0 mdp, aproximadamente, de los que se destinó a la investigación pesquera y acuícola aplicada cerca del 8 por ciento, lo cual es insuficiente para una nación con un amplio potencial de recursos acuáticos.
En el territorio nacional existen diversas instituciones educativas y de investigación que realizan indagación en aéreas en ciencias del mar y específicamente en pesca y acuacultura, y que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a universidades e instituciones estatales y regionales.
De igual forma el sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con escuelas secundarias técnicas pesqueras y de nivel medio superior como los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar y de nivel superior y postgrado, como los Tecnológicos de Mar.
La mayor parte de estas instituciones pertenecen al sistema de centros públicos de investigación, cuyo principal objetivo es realizar actividades de investigación científica y tecnológica reconocidas por resolución conjunta de los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las dependencias de la administración pública federal.
Esos centros se caracterizan por tener una autonomía técnica, operativa y administrativa, además de tener un fideicomiso de apoyo en investigación y desarrollo tecnológico. El gobierno federal creó dichas instituciones para solucionar problemas locales y regionales de educación, cuyo planteamiento tiene como base la descentralización de la actividad científica y tecnológica en ciencias del mar.
Asimismo, el Ejecutivo Federal cuenta desde el año de 1962, con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), creado con el principal propósito de bridar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo de la pesca y la acuacultura del país. Actualmente es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola en su género con la mayor cobertura nacional y en atención directa a la problemática y desarrollo de estos sectores.
A diferencia de otras instituciones de investigación en ciencias del mar, el Inapesca tiene la encomienda de diseñar, conducir e instrumentar las políticas de investigación pesquera y acuícola del país, aportando elementos técnico-científicos, a través de sus trabajos de investigación, para la gestión y determinación de medidas regulatorias para la administración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.
Los trabajos realizados por el Inapesca son fundamentales para la toma de decisiones de la autoridad pesquera y acuícola para la administración y óptimo aprovechamiento de sus recursos, y por ello representa el activo más importante del país en materia de investigación y evaluación pesquera y acuícola.
De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), entre sus principales atribuciones se encuentran coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, y la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta nacional pesquera y la Carta Nacional Acuícola; formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con instituciones de investigación y autoridades del gobierno federal y de los Estados; elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas y emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del instituto.
Las facultades anteriores se pueden esquematizar en una serie de actividades y productos que este instituto lleva a cabo, como el desarrollo de estudios de investigación de las principales pesquerías a nivel nacional y el acopio, análisis, evaluación e integración de información elemental para la actualización de la Carta nacional pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y para la elaboración o actualización de normas oficiales mexicanas, además de la realización de Dictámenes Técnicos y Opiniones Técnicas que brindan sustento a las medidas regulatorias y de manejo encaminadas al aprovechamiento sostenible de las pesquerías del país,
De estos importantes elementos, que se consideran esenciales para la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros, la actualización de la Carta nacional pesquera tiene singular relevancia, ya que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos, tal como la misma LGPAS lo establece.
La Carta nacional pesquera se presenta en forma de fichas que contienen los nombres comunes y científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los lineamientos, estrategias y medidas de manejo, el esfuerzo pesquero permisible, así como el comportamiento de la pesquería en gráficas, la ubicación geográfica de las áreas de pesca en las vertientes del país y una descripción y diseños de los distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los recursos. Esta información es en síntesis determinante para la implementación de medidas administrativas, regulatorias y de manejo de recursos pesqueros por parte de la autoridad pesquera.
En términos generales, los trabajos de investigación realizados en los 45 años de existencia de este instituto han permito monitorear y tener conocimiento científico y tecnológico de nuestras principales pesquerías comerciales y ha venido recomendando las medidas de manejo más adecuadas a la sustentabilidad a largo plazo. Asimismo han evaluado y recomendado las artes de pesca adecuadas, esfuerzo de pesca susceptible de ser aplicado, tallas mínimas de captura, temporadas de veda, y el procesamiento y manejo a bordo, así como alternativas de comercialización.
De la misma forma ha recomendado lineamientos a la autoridad pesquera y acuícola y por medio de la divulgación de los resultados de sus investigaciones al sector productivo, ha generado y promovido la innovación y transferencia de tecnología pesquera y acuícola al sector, ha evaluado las pesquerías y unidades de producción acuícola y promovido la exploración de recursos potenciales, entre otros grandes e importantes aspectos en beneficio del desarrollo acuícola y pesquero.
Sin embargo, no obstante las importantes atribuciones y la ordenanza que en materia de investigación tiene el Inapesca, así como a sus básicas y necesarias aportaciones, en los últimos años esta institución ha venido enfrentando una serie de problemas y dificultades que no ha permitido que sus trabajos de investigación y asesoría sean aprovechados con una mayor eficiencia en respuesta a la situación en la que actualmente se encuentra la pesca y acuacultura del país y éste se encuentre limitado para cumplir con una mayor eficacia el objetivo para el que fue creado.
La carencia de recursos humanos, materiales y financieros, así como la falta de instrumentos y mecanismos administrativos que son necesarios y que al no poseer obstaculizan y minimizan su cobertura de operación son sólo algunos de los principales problemas que enfrenta actualmente, y que no permiten que cumpla eficientemente con todas sus atribuciones y funciones al 100 por ciento.
La disminución drástica en la plantilla de su personal, la edad y tiempo de antigüedad de elementos operativos y administrativos en vísperas de retiro, así como la falta de contratación e incorporación de personal, aunado al estado actual de deterioro en el que se encuentra su infraestructura e instalaciones de sus Centros Regionales de Investigación Pesquera, debido al escaso presupuesto para su mantenimiento preventivo y correctivo, son algunos aspectos substanciales de tal problemática.
Las nueve embarcaciones que componen su flota de investigación pesquera promedian 28 años de antigüedad y por la carencia de recursos financieros para contratación de su tripulación y para su mantenimiento, sólo tres se encuentran aptas o en estado óptimo para su operación.
Es importante resaltar esto, toda vez que este tipo de buques de investigación son sumamente necesarios para los trabajos y estudios de investigación que son requeridos en nuestros mares y sólo algunas instituciones del país cuentan con este tipo de embarcaciones; no obstante que se poseen extensos litorales en comparación con otros países pesqueros del mismo continente.
Como se ha mencionado, México cuenta con una gran infraestructura de investigación en ciencias del mar y un gran número de instituciones de enseñanza media superior y superior distribuidas en el territorio nacional, en las que se capacita y prepara personal especializado en diversas áreas y niveles en estas disciplinas, además de una institución oficial asesora del gobierno federal con Centros Regionales de Investigación Pesquera en los litorales del país; sin embargo, se considera que, contrariamente a la infraestructura y los recursos humanos con que se cuenta, éstos no son debidamente aprovechados para un mejor desarrollo de la pesca y la acuacultura que requiere la nación.
Aunado a ello, al igual que en otras áreas relacionadas con la producción de alimento, las cuales son elementales para la subsistencia de la población, en la pesca y la acuacultura hay un gran rezago generalizado en cuanto a la tecnología en estas actividades. Este déficit no sólo ha impedido el desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, sino que esto ha imposibilitado competir con los países pesqueros desarrollados, poniendo al país en una gran desventaja al importar tecnología extranjera sin invertir en el desarrollo de la producción tecnológica nacional.
Por otra parte, debido a la falta de fondos significativos son poco los esfuerzos institucionales para realizar investigación en forma coordinada y multidisciplinaría, características indispensables para abordar eficientemente una problemática compleja; asimismo, no existe el presupuesto necesario para financiar proyectos de investigación o de la claridad en la asignación de dicho presupuesto, y hasta ahora los esfuerzos de investigación, tanto básica como aplicada, han sido escasos y poco coordinados, sin que existan los esquemas que fomenten la investigación a niveles que correspondan con las necesidades de estos sectores.
Si está comprobado que la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que se adquieren por medio de la investigación científica son de suma importancia para la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas que hoy en día enfrentan la pesca y la acuacultura del país, se debe brindar apoyo y solución de igual forma, a la problemática por la que atraviesa la ciencia y tecnología en estos campos.
Únicamente de esta manera se podrán tener elementos técnicos y científicos que brinden certidumbre a la toma de decisiones ante la lamentable situación actual de los recursos pesqueros. Basta mencionar que, precisamente de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por el Inapesca, el 80 por ciento de las pesquerías están en su máximo rendimiento sostenible, 10 por ciento ya están sobreexplotadas y sólo 10 por ciento tiene potencial de desarrollo.
Debido a ello, algunos expertos coinciden en que para el caso de las pesquerías que han alcanzado los máximos rendimientos sustentables, en las actuales condiciones no es posible incrementar las capturas. Para estas pesquerías es preciso instrumentar acciones para sostener las capturas en los niveles actuales y hacer grandes esfuerzos para maximizar el valor de las capturas mediante la agregación de valor en los mercados nacional y de exportación.
Por otro lado, para las pesquerías que están sobreexplotadas es impostergable la implementación de Planes de Manejo con el objetivo explícito de recuperación para el posterior aprovechamiento sustentable, tal como establece la LGPAS. Por ello México requiere que se exploren nuevas zonas con recursos potenciales y llevar al máximo sustentable las pesquerías para las que se tiene potencial.
Por muchos años la mayor parte de las operaciones pesqueras de embarcaciones ribereñas y de mediana altura se han concentrado cerca de la costa; esto ha provocado sobreexplotación y agotamiento de algunos recursos y daños irreversibles a estos ecosistemas costeros. Basta precisar que una buena parte de las pesquerías comerciales son aprovechadas en nuestra plataforma continental.
Es por ello que, al estar saturadas todas las pesquerías comerciales que hoy día se aprovechan en la zona costera, se considera que es apremiante llevar a cabo investigación y exploración de nuevas pesquerías, especialmente de especies de aguas profundas. Ésta se torna como la más viable alternativa que se debe impulsar para incrementar nuestros volúmenes de captura.
Impulsar cruceros de investigación con artes de pesca de vanguardia tecnológica permitirá conocer el potencial y características de los recursos con que cuenta la nación en los más de 2.94 millones de kilómetros cuadrados de territorio marino.
De acuerdo con investigadores del Inapesca y de otras instituciones nacionales de investigación, se tiene conocimiento de que en las aguas alejadas de la costa del Pacífico mexicano, incluyendo profundidades mayores a 500 metros, existen recursos susceptibles de ser aprovechados, pero hace más de 20 años que no se han realizado evaluaciones de biomasa.
Esto implica que no se pueden promover proyectos de desarrollo e inversión en virtud de que no se pueden recomendar tecnologías para extracción ni cuotas para captura sustentable. En esa zona existen, por lo menos, los siguientes recursos potenciales: Langostilla, macarela, sardina, cangrejo de profundidad, merluza, y bacalao negro.
Este tipo de estudios de investigación son escasos o no se han realizado por diferentes motivos, entre los que se encuentra la carencia de líneas de investigación y proyectos enfocados para estas zonas y profundidades, la falta de presupuesto de inversión necesario para tal propósito, pero principalmente por la carencia de tecnología apropiada que permita llevarlos a cabo, por ejemplo, la inexistencia de buques modernos de investigación apropiados y equipados con instrumentos de vanguardia.
Como se ha mencionado, los trabajos que realiza el Inapesca son fundamentales en asesoría científica pesquera para el Estado, pero debido a la problemática por la que atraviesa, no cuenta con embarcaciones para realizar estos estudios, necesarios por la situación en las pesquerías; por tal motivo se considera fundamental que este instituto cuente con un buque de investigación pesquera moderno y equipado con tecnología avanzada, el cual permita llevar cabo este tipo de prospecciones y evaluaciones y de esta manera cumpla con sus funciones sustantivas a favor de la investigación pesquera en México.
Con la adquisición de este buque, el mismo Inapesca advierte que los beneficios se pueden estimar en términos de los empleos generados, así como el valor de las capturas comerciales adicionales a las actuales mediante la identificación de nuevas pesquerías en zonas alejadas de las costas mexicanas. Los beneficios también se verán reflejados en términos de la reducción de la presión de pesca en las pesquerías mexicanas que se realizan en su mayoría (85 por ciento en toneladas descargadas) en las primeras 25 millas de las costas, y cuyo estatus es de 70 por ciento al máximo sustentable, o bien, en deterioro (15 por ciento).
Como se ha mencionado, nuestro país, desde hace varias décadas no cuenta con un buque de investigación moderno y con las características que son necesarias para este tipo de investigaciones. A este respecto es importante mencionar que los estudios que desarrollan los buques de investigación pesquera y oceanográfica en las zonas de pesca nacionales e internacionales tienen una extraordinaria importancia al suministrar una valiosa información a los administradores pesqueros de los estados, así como a la hora de adoptar medidas que garanticen el desarrollo y uso sostenible de los recursos pesqueros.
Por otra parte, únicamente con investigación actualizada y de calidad se estará en posibilidad de generar recomendaciones de peso para el manejo de los recursos pesqueros y para la orientación de inversión y el desarrollo, así como para la innovación y transferencia de tecnologías en beneficio del sector y del ambiente.
Esto coadyuvará a fortalecer a la autoridad competente que así podrá dedicar mayores esfuerzos a su actividad rectora sustantiva desde la ordenación, capacitación, inspección y vigilancia, así como promoción y organización del sector.
Además, por la crisis mundial y nacional que se está viviendo, es fundamental que el país invierta en la ciencia y tecnología dirigida a la producción de alimento y al cuidado y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para que a través de su conocimiento el país esté mejor preparado para la toma de decisiones que habrá de considerar para enfrentar los costos sociales, económicos, ambiéntales y políticos que se avecinan.
Desde hace muchos tiempo la pesca y la acuacultura han sido y continúan siendo fundamentales para el desarrollo regional y nacional; miles de productores y pescadores de toda la República dependen directa e indirectamente de estas actividades. Con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de litorales y con una producción de aproximadamente 1.4 millones de toneladas anuales, en el contexto internacional, México forma parte de los 16 países con mayor producción pesquera y acuícola. La contribución de estos sectores al Producto Interno Bruto nacional es de alrededor del uno por ciento, con una balanza positiva por el orden de los 400 millones de dólares anuales y la generación de un millón de empleo más de un millón de empleos directos e indirectos. Todos estos indicadores permiten dar cuenta de su importancia.
Sin embargo, pese a las características geográficas y ambientales privilegiadas con que cuenta el país, además del potencial de recursos pesqueros y acuícolas susceptibles de ser aprovechados; estas actividades no han podido ser tales que incidan de mejor manera al desarrollo económico y social que México requiere.
Y es que desde hace varias décadas estas actividades productivas enfrentan diversos problemas socioeconómicos y ambientales. Dentro de éstos, para el caso de la pesca, se encuentra, como ya se ha mencionado, la sobreexplotación de especies, aunado al sobreesfuerzo pesquero, pesca ilegal, deterioro de pesquerías, subutilización, sobre capitalización, y para la acuacultura, deficiencia en transferencia tecnológica deterioro en cuencas hidrológicas, deforestación, presencia de enfermedades y especies invasoras nocivas, entre otros aspectos más. Todo esto en detrimento de la salud y economía nacionales.
Este lamentable escenario insta a la autoridad responsable de la administración y fomento de esas actividades a la determinación y aplicación de políticas públicas con visión y planeación que sean más eficaces, para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros y acuícolas, donde la ciencia y la tecnología adquieren relevante importancia, con el propósito de que las decisiones orientadas a la administración y ordenamiento de dichos recursos se fundamente y se realice bajo el mejor sustento científico.
De acuerdo con la situación actual de la pesca y la acuacultura, y por la importancia de la ciencia y tecnología para nuestro país, así como las instituciones que tienen la gran encomienda de llevarla a cabo; en diversas ocasiones he presentado proposiciones ante diferentes instancias para incentivar a que se incremente el presupuesto para el gasto público en ciencia y tecnología pesquera y acuícola que es necesario, y no cejare en continuar gestionando todo aquello que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como el desarrollo del sector pesquero y acuícola, por todo lo que esto significa para miles de mexicanos.
Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de de Pesca, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:
B. Se considere y apruebe un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca, para la adquisición de un buque de investigación pesquera por el orden de los 100 millones de pesos.
Senadores: Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada (rúbrica).
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CREAR UN FONDO DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PARA ATENDER ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA AH1N1 Y EL DENGUE, PRESENTADA POR MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, FRANCISCO HERRERA LEÓN Y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, lo senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A-H1N1 y el dengue, entre otras.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proposición con puntos de acuerdo que presentan los senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras, que sea conformado, de manera independiente, al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que complementa el catálogo de servicios de salud del sistema del Seguro Popular, de manera que no repercuta en la cobertura de otros tratamientos de alto costo en su atención, y que pudiera ocasionar perjuicio a la salud de la población.
Los que suscriben, senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado lunes 21 de septiembre, durante su comparecencia, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, solicitó a la Comisión de Salud de esta Cámara que interviniera para crear un fondo especial de contingencia sanitaria para atender la influenza A (H1N1), así como otras enfermedades epidemiológicas, lo que evitará tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Con el objetivo de apoyar el financiamiento en la atención de los beneficiarios del sistema de protección social en salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se administra, por parte de la federación, un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.
El artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud señala que "se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de los tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren".
En la definición de gastos catastróficos se identifican las diferentes etapas en que pueden encontrarse las enfermedades, así como las consecuencias que puedan producir altos costos en su atención.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos complementa el catálogo de servicios de salud y, en su conjunto, conforman las prestaciones médicas que oferta el sistema de protección social en salud.
Actualmente las patologías que son financiadas por este fondo son
• Cáncer cérvico-uterino;
• Cáncer de mama;
• Cuidados intensivos neonatales;
• Cirugía de cataratas; y
• Tratamiento ambulatorio de VIH-sida.
Por su parte, el reglamento interior de la comisión, para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, establece como algunas funciones de la comisión definir los tratamientos, medicamentos y otros insumos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, así como proponer para su aprobación anualmente al Consejo de Salubridad General la actualización de las categorías.
Este año, la Secretaría de Salud tuvo que tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para atender la pandemia de la influenza humana A (H1N1), en virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación no consideraba un fondo para contingencias sanitarias.
Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha invertido alrededor de mil 400 millones de pesos desde el inicio de la contingencia sanitaria, por lo que sería muy conveniente la creación de un fondo de contingencia sanitaria para atender este tipo de enfermedades que ocasionan erogaciones presupuestales importantes para su atención.
Se trata, como vemos, de crear un fondo de contingencias sanitarias, que se utilice cuando se presenten estas situaciones, de tal manera que no haya afectación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que está diseñado para atender otras enfermedades.
De los mil 800 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, se han utilizado alrededor de 70 por ciento para la compra de respiradores y medicamentos y, como sabemos, ahora se hará necesario adquirir nuevas vacunas para atender tanto la influenza estacional como la que contiene la cepa A (H1N1), lo cual implicará otra erogación de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.
Crear un fondo de contingencias sanitarias nos podría permitir, además de atender la influenza humana, otras enfermedades como el dengue y algunas otras que, por su importancia y magnitud, podrían ocasionar una descompensación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras, que sea conformado de manera independiente al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que complementa el catálogo de servicios de salud del sistema del Seguro Popular, de manera que no repercuta en la cobertura de otros tratamientos de alto costo en su atención y que pudiera ocasionar prejuicio a la población.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se diseñen reglas de operación donde los gobiernos de las entidades federativas puedan participar en la definición de éstas.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de septiembre de 2009.
Senadores: María Elena Orantes López (rúbrica), Francisco Herrera León, Adolfo Toledo Infanzón.
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DISPONER MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 PARA EL FONDO DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL, PRESENTADA POR RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para el Fondo de Modernización Municipal.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
Presente
El que suscribe, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para el Fondo de Modernización Municipal, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se permite a los ayuntamientos proponer a sus respectivas legislaturas locales las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas unitarias de suelo que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Correlacionado con lo anterior, es obligación de los ciudadanos de la república inscribirse en el catastro de la municipalidad, debiendo manifestar su propiedad, industria, profesión o trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Carta Magna.
2. De acuerdo con el diagnóstico de las transferencias federales de 2007, tanto el impuesto predial como los derechos por el suministro de agua son las fuentes de contribución local más importantes en el esquema recaudatorio municipal. Además, estas dos variables financieras sirven como base para la distribución de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal y del 0.136 por ciento que se paga a los municipios fronterizos.
En los últimos 3 años la recaudación de estos impuestos ha registrado un crecimiento real de 0.4 y 6.3 por ciento, respectivamente.1
3. En 2006, los ingresos totales municipales por concepto de impuestos directos a la propiedad ascendieron a 18 mil 680.2 millones de pesos. De ellos, 11 mil 560 millones de pesos correspondieron al impuesto predial, lo que representa 61.9 por ciento. Además, lo ingresado en las haciendas municipales es mayor por 1 mil 462.2 millones de pesos, significando un incremento de 14.5 por ciento en comparación con lo ingresado un año antes (2005: 10 mil 97.9 millones de pesos).
Respecto al derecho por el uso y suministro de agua potable, para 2006 se ingresaron recursos por 1 mil 38.3 millones de pesos, los cuales representaron 9.8 por ciento de los 10 mil 631.5 millones de pesos de la recaudación total de derechos municipales.2
4. Concretamente, en el periodo 2003-2006 hubo un incremento promedio anual en la recaudación del impuesto predial, que ascendió a 14.4 por ciento. En la siguiente gráfica de serie de tiempo se muestra lo señalado:
Desafortunadamente, la suma de la recaudación del impuesto predial de la totalidad de los ayuntamientos apenas si representa 0.2 por ciento del PIB nacional, situación que coloca a México por debajo del promedio de los países de la OCDE, 1 por ciento del PIB.3 Por ejemplo, para Reino Unido el mismo impuesto representa 3.29 por ciento del PIB, en Canadá 2.83, en Estados Unidos de América 2.57, en Japón 2.04 y en Francia 1.82.4
5. En este contexto, autores como Gustavo Merino han señalado que el impuesto predial posee gran potencial recaudatorio; si su recaudación no es óptima se debe a que los municipios no cuentan con un sistema catastral adecuado o, en su caso carecen de capacidad técnica suficiente. En la misma tesitura, Jorge Chávez Presa ha manifestado que "uno de los factores que afectan la recaudación del impuesto predial se relaciona con la calidad del catastro y del Registro Público de la Propiedad".5
6. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestaria en el ramo general 23, "Provisiones salariales y económicas", por 500 millones de pesos, en el concepto "Fondo Municipal", cuyo objetivo consistió en fomentar proyectos para la modernización de los sistemas catastrales. Subsecuentemente, para los ejercicios presupuestales de 2008 y 2009 se aprobó la misma cantidad presupuestaria, 500 millones de pesos, para el mismo fin, en el rubro del Fondo de Modernización Municipal.
7. En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del cuarto trimestre de 2008, la SHCP informó que los recursos erogados del Fondo de Modernización Municipal ascendieron a 834 millones de pesos. Toda vez que para el periodo de 2007 el monto erogado por el mismo rubro fue de 557.6 millones de pesos, se observa que hubo una variación real de 42.3 por ciento.6
8. Con fecha 8 de septiembre del corriente año fiscal se entregó al Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico de 2010. El documento propone un gasto en el ramo general 23, "Provisiones salariales y económicas", por 43 mil 239.5 millones de pesos, de los cuales 1.16 por ciento (500 millones de pesos) corresponde al Fondo de Modernización Municipal, entre cuyos objetivos destaca el fomento de proyectos relacionados con los sistemas de catastro de los municipios.
Los recursos propuestos para el Fondo de Modernización Municipal de 2010 son inferiores en 334 millones de pesos a lo reportado en el cuarto trimestre de 2008 por la SHCP.
Dado que la propuesta de gasto público entregada al Congreso de la Unión se caracteriza por proponer acciones encaminadas a impulsar mayor desarrollo social, preservar y continuar la lucha contra el crimen, entre otros, se impone fortalecer los mecanismos tendentes a lograr estos fines en la esfera municipal.
Por lo expuesto, y dada la importancia y el potencial recaudatorio señalados del impuesto predial, con lo cual resulta incongruente la disminución en esta partida, someto respetuosamente a su consideración el presente punto de acuerdo, que tiene como finalidad solicitar el incremento de los recursos asignados al Fondo de Modernización Municipal, que aprobará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ejercicio fiscal de 2010 considere asignar mayores recursos presupuestarios al Fondo de Modernización Municipal, de conformidad con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a esa representación en materia de revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil nueve.
Notas
1. SHCP, Diagnóstico de las transferencias federales 2007, página 175, www.shcp.gob.mx
2. INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México 2003-2006, www.inegi.org.mx
3. Merino, Gustavo. Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas, página 157.
4. Torres, Pérez Javier. Agenda de la segunda Reunión de responsables de catastro y de las contribuciones inmobiliarias, www.indetec.gob.mx
5. Chávez, Presa Jorge A. Reflexiones para construir una hacienda pública sólida con visión federalista; hacienda pública y federalismo, 2007, página 213.
6. www.shcp.gob.mx
Senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO ENCARGADA DE PONER EN OPERACIÓN LAS ACCIONES DE URGENCIA Y APLICAR RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE COMONDÚ Y DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR, AFECTADOS POR EL HURACÁN JIMENA, PRESENTADA POR FRANCISCO JAVIER OBREGÓN ESPINOZA, JOSEFINA COTA COTA Y LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PT, DEL PRD Y DEL PAN, RESPECTIVAMENTE
México, DF, a 1 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Los que suscribimos, Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, Senadores por el Estado de Baja California Sur a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal, a instalar, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y con la participación de otras dependencias y entidades, una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y de Mulegé, Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 2 de septiembre el huracán Jimena azotó fuertemente las regiones central y norte del estado de Baja California Sur, causando una muerte, así como múltiples pérdidas materiales, sobre todo en los municipios de Comondú y Mulegé.
Como producto de este fenómeno, las autoridades federales declararon a dichos municipios como zona de desastre y, en consecuencia, se inició el proceso para atender los graves daños que sufrió la población civil, sobre todo en lo que se refiere al servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía, escuelas, centros de salud, así como para revisar los daños que sufrieron las viviendas de más de 40 mil habitantes de esa zona de la entidad.
En el municipio de Comondú el huracán Jimena azotó el lugar con vientos sostenidos de 155 y rachas de 250 kilómetros por hora y precipitaciones del orden de los 70 milímetros, por lo que, además de las afectaciones que sufrió la población en general, causó graves daños a las actividades productivas más importantes de la región, como son la agropecuaria y la pesquera, afectando de manera directa la fuente de empleo de más de 30 mil habitantes del municipio.
El valle de Santo Domingo, que se encuentra enclavado en este municipio y es la principal región agrícola de la entidad, con 28 mil 153 hectáreas sembradas, el 78 por ciento de la superficie cultivable del estado, que cuenta con riego tecnificado y una agricultura de las más avanzadas del país, ha quedado profundamente afectado en sus principales cultivos, como son garbanzo, maíz, trigo, hortalizas, frijol, alfalfa, naranjo y espárragos.
En espera de la información oficial, se calcula que son más de 24 mil hectáreas las que resultaron afectadas en esta zona, así como 352 subestaciones de energía, 131 sistemas de riego y más 5 mil 400 de cultivos, lo que representan una pérdida aproximada de 126 millones de pesos, que aún no ha recibido apoyo alguno.
La parte más dañada de esta actividad agropecuaria es la infraestructura de riego, la de postcosecha, los invernaderos y la red de energía eléctrica y sus subestaciones.
En el caso de la de postcosecha, está dañada la totalidad de las bodegas, cribadoras, almacenes de insumos que utilizan las organizaciones y empresas para guardar sus productos. Adicionalmente se dañaron la infraestructura de vivienda y de almacenaje de insumos y productos de los propios predios agrícolas. Los daños estimados en infraestructura y cultivos se calculan en principio en más de 200 millones de pesos.
De manera especial debe señalarse el daño que por este huracán sufrieron los cultivos de cítricos, uno de los rubros en los cuales se ha ido basando la reconversión agropecuaria de esta región, donde resultaron afectadas más de 2 mil 217 hectáreas, los cuales han perdido el 90 por ciento del fruto de la cosecha del próximo año, así como daño en ramas y follajes, por lo cual se espera una baja casi total en la producción de 2010 y una parte considerable para el 2011. Son también considerables las pérdidas en los cultivos de hortalizas y de maíz.
Por ello, es urgente que se tomen medidas para que los productores agrícolas del valle de Santo Domingo puedan revertir esta grave situación causada por el huracán Jimena. Además, de no rehabilitar la infraestructura de riego se tendría un incremento en la demanda de agua en la siembra de 6 mil hectáreas de cultivos del orden de un 30 por ciento.
Asimismo, de no atenderse con prontitud la rehabilitación de las subestaciones agrícolas, que tienen un costo del orden de 60 mil pesos ponerlas en operación, se dejaría de sembrar 5,200 hectáreas, que producen 26 mil toneladas, principalmente de trigo, maíz y garbanzo. Con respecto a los invernaderos la falta de siembra de estas empresas, dejaría sin empleo a mil jornaleros en campo y 800 jornaleros en el empaque. En cuanto a los cítricos, en el 2010 se dejarán de producir 36 mil toneladas de naranja, destinadas al mercado nacional y extranjero.
Por ello, es urgente que el Gobierno federal, a través de la Sagarpa, instale una mesa de trabajo en la que se encuentren también representados la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para diseñar un programa emergente de apoyo a los productores del valle de Santo Domingo, que incluya la disposición inmediata de recursos económicos para que los productores afectados cuenten con los medios necesarios para reparar los daños que sufrieron, así como para superar la falta de ingresos derivados del mismo fenómeno meteorológico.
En el caso de la ganadería aún en proceso la evaluación de daños, en virtud de la dificultad de acceso por los caminos rurales, ya que esta actividad en Baja California Sur se da en forma extensiva y principalmente en zona serrana, pero se sabe que existen daños a la infraestructura ganadera como son sombras, azolve de pozos, líneas de conducción y pérdida en ganado.
En el caso de los productores pecuarios del valle de Santo Domingo, resultaron afectados en más de mil 300 hectáreas de alfalfa, se destruyó su infraestructura productiva y se han enfermado más de 3 mil de cabezas de ganado vacuno, desplomándose en casi 70 por ciento la producción de leche, lo que ha puesto a esta actividad en una situación de quiebra virtual.
En cuanto a la actividad pesquera del municipio de Comondú, que está sustentada principalmente por las pesquerías de sardina y atún, así como por almejas, especies de escama general, jaiba, abulón y langosta y representa, por su aportación al volumen total del Estado de Baja California Sur, aproximadamente entre el 40 por ciento y el 50 por ciento, existen daños de importancia en la infraestructura industrial y social con la destrucción de la estructuras para el arribo y operación de las embarcaciones pesqueras.
En específico, en Puerto San Carlos se dañó estructuralmente el muelle pesquero y se hundieron embarcaciones mayores, se destruyeron en forma total diversas plantas procesadoras y el resto sufre de daños parciales que les impedirán seguir funcionando en los próximos meses. En Isla Magdalena, Puerto Alcatraz, Puerto Chale, Puerto Adolfo López Mateos y Santo Domingo, por citar sitios pesqueros del municipio, han resentido similares afectaciones.
Sabemos que de acuerdo con las reglas de operación del antiguo Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, hoy denominado Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas, a cargo de la Sagarpa, éste no puede aplicarse a la actual difícil circunstancia, ya que para el caso de cultivos anuales como el maíz y algunas hortalizas sólo serán elegibles productores de hasta 20 hectáreas de temporal, lo cual no se cumple en el valle de Santo Domingo.
Para los productores de plantaciones de frutales como los cítricos solo serán elegibles productores de hasta 5 hectáreas de temporal; este criterio tampoco se cumple en el valle de Santo Domingo por la modalidad de riego ni por la superficie que atiende. Las reglas tampoco contemplan apoyos para las afectaciones en infraestructura y equipo.
Existe el antecedente de que se ha atendido en años anteriores a los productores a través de otros programas como el de la Alianza para el Campo; sin embargo este año los programas en coejercicio 2009 ya están comprometidos y publicados, por lo tanto no pueden ser utilizados en apoyo a los daños causados por el meteoro.
Pueden buscarse esquemas de apoyo que pudieran ser aplicados como el programa de tecnificación de sistemas de riego del Fideicomiso de Riesgo Compartido, buscar direccionar el Programa de Activos Productivos 2010 para rehabilitación de infraestructura agropecuaria y pesquera entre otros, pero son insuficientes para el tamaño del problema actual y su aplicación sería demasiado tarde para salvar la economía de las principales actividades de este municipio.
Por ello, adicionalmente a las medidas aplicadas por el Fondo de Desastres Naturales para la población en general, es urgente que para la actividad agropecuaria y pesquera, la Sagarpa instale una mesa de trabajo para la atención a los productores resultaron afectados, donde se encuentren representados la Secretaría de Economía, la CFE la Conagua, así como las autoridades estatales y municipales y los propios productores, en cuyo seno se diseñe, apruebe y ponga en operación de inmediato un programa especial para la recuperación de los daños ocasionados, que les permita resarcir de inmediato sus pérdidas materiales y puedan reiniciar sus actividades productivas en el corto plazo.
Asimismo, debido a la magnitud del desastre, es necesario que el gobierno federal, a través de la Sagarpa, destine de inmediato recursos económicos por el orden de los 150 millones de pesos para que sean aplicados con la mayor brevedad en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente señala la obligación del Gobierno federal, a través de la Sagarpa, de aplicar para estos casos medidas de apoyos a productores, al establecer lo siguiente
Artículo 133.- El Gobierno Federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente.
Finalmente, consideramos que para el mediano y largo plazos la Cámara de Diputados deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, una partida presupuestal etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar con la mayor brevedad, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con la participación de la Secretaría de Economía, la CFE y la Conagua, una mesa de trabajo que promueva y ponga en operación las acciones de emergencia que atiendan los problemas de los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, que les permita resarcir en el corto plazo los daños y perjuicios ocasionados por el huracán Jimena, así como reiniciar y mantener sus actividades productivas.
Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal integrar, de los recursos presupuestarios destinados a los programas de apoyo al sector agropecuario con que cuenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, una bolsa emergente por un monto de 150 millones de pesos que sean aplicados de inmediato en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.
Tercero. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una partida etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero de los municipios de Comondú y Mulegé, Baja California Sur, afectados por el huracán Jimena.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 1 de octubre de 2009.
Senadores: Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy (rúbricas).
Minutas
México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para que pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO MARIO RODOLFO SEGURA VILLASEÑOR PARA QUE PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE DANNEBORG, EN GRADO DE COMENDADOR PRIMERA CLASE, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA
México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO HUGO ARGOTE OROPEZA PARA QUE PUEDA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA AL MÉRITO TAMANDARÉ, QUE LE OTORGA LA ARMADA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Hugo Argote Oropeza para que pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Hugo Argote Oropeza pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
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