Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROMOVER LA REINSTALACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a que, en términos de sus atribuciones, promueva la reinstalación de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El año 2010 será el año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006.
Segundo. Así en el año 2010, los mexicanos celebraremos 200 años del inicio del movimiento que tenía por finalidad lograr nuestra independencia de la corona española cuando en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, el primer orador cívico de nuestra historia el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, decidió lanzarse a la lucha libertaria, así Hidalgo junto con el otro gran prócer José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación, inició la lucha no sólo en contra del colonialismo español, sino también a favor de la igualdad y en contra del racismo y la explotación.
Tercero. Por otra parte, celebraremos 100 años del inicio del movimiento convocado por Francisco I. Madero, en el Plan de San Luís, como una respuesta a las continuas reelecciones de Porfirio Díaz en el cargo presidencial que habían provocado el descontento social, ya que mientras en el campo los indígenas y los campesinos habían sido despojados de sus tierras, en las ciudades los obreros desempeñaban sus labores en condiciones deplorables.
Cuarto. Estos son sin duda los movimientos más importantes y emblemáticos de nuestra historia nacional; así, recordamos en el marco de estos movimientos en los que miles dieron sus vidas, muchos acontecimientos protagonizados por los próceres independentistas y revolucionarios cuyos ideales de libertad, justicia y democracia quedaron plasmados en diversos documentos (la abolición de la esclavitud, los Sentimientos de la Nación, el Plan de San Luís, el Plan de Ayala, etcétera).
Quinto. En el contexto de estas celebraciones del bicentenario del inicio de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a celebrarse en el año 2010, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura propuso al pleno la creación de una comisión especial, siendo uno de sus objetivos lograr la participación activa y coordinada de esta honorable Cámara con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de organizar dichos festejos.
Sexto. La propuesta de la Junta de Coordinación Política fue bien acogida y el 29 de marzo de 2007 se instaló formalmente la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución.
Séptimo. Esta comisión definió como misión el fomentar la unidad de los mexicanos, a través de las celebraciones de los movimientos de Independencia y de la Revolución, para que fortalezca los valores que han forjado nuestra identidad nacional.
Octavo. La visión que se definió para realizar su trabajo es que el Poder Legislativo impulse y motive a cada mexicano para que se sienta orgulloso de su historia, aprendiendo de su pasado, para hacer crecer el futuro de nuestra nación.
Noveno. La conmemoración del inicio de estos importantes movimientos no puede quedar sólo como un festejo frívolo al estilo porfirista, sino que debe de ser la oportunidad para refrendar el compromiso de seguir luchando para hacer realidad los anhelos de sus próceres.
Décimo. Con el inicio de esta nueva legislatura y en la víspera del inicio del año 2010 se torna importante el reinstalar la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución y dar continuidad a sus trabajos.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitud respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados para que reinstale la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución como encargada de la organización de eventos y ceremonias cívicas para conmemorar diversos acontecimientos históricos del movimiento de Independencia y de la Revolución Mexicana, además de promover la participación activa y coordinada de esta Cámara con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles responsables de organizar los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término del año 2010 decretado como el año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Carlos Martínez Martínez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la Comisión Especial del Café con base en los siguientes
Considerandos
I. Que la producción del café en México tiene una raíz histórica proveniente de la época de la colonia que incluso ha puesto a nuestra nación como uno de los principales países exportadores del aromático, no sólo por su cantidad sino por la calidad que se desarrolla debido a la riqueza del sustrato físico y el clima del que depende, lo que implica que en la actualidad sea una actividad de la cual subsisten cerca de cuatro millones de mexicanos, principalmente de nuestra población indígena.
II. El desarrollo de la cafeticultura nacional, tiene en consecuencia, la vertiente productiva, comercialización, torrefacción y exportación las cuales deben ser atendidas, por políticas específicas de orden económico y de orden social, respectivamente. Es un hecho sobresaliente que las actividades dominantes que generan ingresos a las familias rurales no solamente son las de carácter agropecuario y que el rezago en el sector campesino debe ser atribuido a muchos otros factores que entran al ámbito del desarrollo rural. Éste, por consecuencia, tiene que formar parte central de una política pública a la que debe contribuir el Poder Legislativo proveyéndolo de la normatividad que garantice a los habitantes del la cadena productiva de la café nacional, bienestar, seguridad, empleo y su participación e incorporación al desarrollo nacional.
III. México es el séptimo productor mundial y primero en producción de café orgánico, con una superficie cultivada de 684,840 hectáreas y un padrón de 490,734 productores a nivel nacional y en su mayoría indígenas de 25 etnias en más de 52 micro regiones en el país siendo la situación actual, de los principales estados productores de café como: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, y Tabasco, han propiciado que el Congreso de la Unión legisle sobre la materia con la finalidad de promover la comercialización del grano y fortalecer la presencia de los pequeños productores. Un ejemplo de lo anterior son los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, que ya cuentan con la certificación nacional de su producto, lo que le imprime un valor agregado lo que ha permitido detonar un mayor nivel competitividad y un mejoramiento del ingreso de los productores.
Que la Comisión Especial se orienta a impulsar la producción y la calidad, tanto para el mercado interno, como para los países a los que se exporta. Que en esencia busca crear condiciones para que el café mexicano supere la fase tradicional de venta en verde para avanzar hacia una comercialización de producto procesado.
IV. La actividad cafetalera es una de las más importantes a nivel nacional, en la cual participan además de los productores, comercializadores, inversionistas e intermediarios de bolsa de valores, transportistas, fabricantes de costales, distribuidores de insumos y detallistas que en conjunto generan más de 5 millones de empleos en el país. La producción promedio en los últimos 17 años ha sido de 3.7 millones de sacos de 60 kilogramos, donde el 80% es decir, 4.2 millones de sacos se destina al mercado de exportación; de éstos, el 90% se realiza como café verde, cuyo valor promedio ha sido de 480 millones de dólares, aunque en los últimos cinco años se ha desplomado en más del 58% al pasar de 668 a 278 millones de dólares. El consumo interno de nuestro país es de los más bajos entre los países productores, sin embargo en los últimos años ha registrado un ligero incremento al pasar de los 850g. a 1.2. Kg. per cápita anual.
V. Que durante la LIX Legislatura la Junta de Coordinación Política tuvo a bien crear desde sus inicios la Comisión Especial del Café cuyo desarrollo implicó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, derivada de múltiples iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, concretando sólo una de las acciones necesarias que se requieren para atender integralmente los asuntos nacionales sobre el café.
VI. Que no obstante la minuta con proyecto de decreto de ley que esta Cámara enviara a la Cámara Alta el 17 de marzo de 2005, la colegisladora elaboró un dictamen sobre esta minuta de ley para lo cual definía diversas observaciones para ser atendidas por los diputados; sin embargo y a pesar que el 26 de abril de 2006 la Cámara de Senadores agenda en el orden del día, el proyecto de dictamen para su primera lectura, este finalmente se sacó de dicha orden y no fue discutido.
VII. Que derivado de la acción anterior y ante la posibilidad que en este período de sesiones se discuta en el Senado de la República dicho dictamen con observaciones, se torna importante que la Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial del Café que le dé seguimiento a dicho dictamen y se fortalezcan sus contenidos de manera que nuestro país cuente con una legislación que atienda la realidad existente en el sector ya que en un año de discusión camaral nuevas situaciones han surgido en el sector, que requieren ser analizadas y atendidas en esta futura legislación.
En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial del Café.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto, el interactuar con los productores, comercializadores, industriales, con el gobierno federal y los estatales, y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.
Tercero. La Comisión Especial del Café se integra con la representación proporcional de cada fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y tres secretarías entre los distintos grupos parlamentarios.
Diputado Carlos Martínez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Juan Carlos López Fernández, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México, en razón de las siguientes
Consideraciones
Posicionamiento
En un país donde prevalece una profunda injusticia social, donde la desigualdad económica se manifiesta a través de la ofensiva iniquidad en la distribución del ingreso, donde los derechos políticos de un amplio sector de los ciudadanos están supeditados a la lucha por la subsistencia diaria, en un país como el nuestro, señoras y señores diputados, la pobreza, y el combate de las causas que la hacen posible, debe ser el tema central de nuestro quehacer parlamentario.
Como país, escuchamos y leemos con frecuencia que México es la segunda mayor economía en Latinoamérica y, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, basadas en "cálculos oficiales", 42 por ciento de la población es pobre y cerca de 15 por ciento vive en pobreza extrema. Estas conservadoras estimaciones, que son las aceptadas oficialmente por el gobierno y por las instituciones financieras internacionales, ya de por sí escandalosas, se quedan sin duda muy cortas ante las evidencias que la necia realidad nos presenta día con día.
Como representantes populares, la mayoría de nosotros hemos tenido y tenemos contacto diario con diversos grupos de la población. Casi todos hemos presenciado y vivido el contacto con los mexicanos menos favorecidos económicamente. La mitad de quienes aquí estamos somos representantes de la población pobre de México. Y muchos de nosotros representamos a grupos de la población más pobre del país: la población que vive en condiciones de pobreza extrema.
Como sucede en el plano social, la desigualdad también se refleja en el plano regional. Si bien es cierto que pobreza y zonas marginadas hay en todo el país, lamentablemente, también es cierto que como nación debemos lamentar que haya mayor concentración de la pobreza en regiones específicas de México. Las estadísticas y la realidad cotidiana nos hacen ver a diario que la región del país con mayor concentración de pobreza es la región sur-sureste. El distrito electoral que represento se sitúa precisamente en esta región.
De acuerdo con la clasificación del Conapo de 2007, tres estados que concentran 10.6 por ciento de la población nacional se consideran con un índice de marginación "muy alto": Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Ocho entidades más se clasifican con un grado de marginación "alto": Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán. Por su localización, la región sur-sureste presenta los niveles de marginación más altos del país.
Sólo a manera de ejemplo, me voy a permitir ofrecer a ustedes algunas cifras que ilustran las condiciones que tienen que enfrentar los habitantes de la región sur-sureste de México, en comparación con el resto de la población, por no comparar con los habitantes de otros países.
En términos de desarrollo social
En la región sur-sureste del país, la pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional. La proporción de la población analfabeta en la región supera en más de 11 puntos porcentuales la media del país. Así, en tanto que el promedio nacional de escolaridad es de 8.1 años, en Guerrero es de sólo 6.8, en Oaxaca de 6.4 y en Chiapas apenas si alcanza 6.1.
En estas entidades, la cobertura del sector salud sólo atiende a la mitad de la población. Lo anterior se refleja en los índices de mortandad materna, que en las entidades de la región sur-sureste es de 11.9 por cada 10 mil nacidos vivos, lo que representa el doble de la media nacional, de 5.52. Mientras que en el país, de cada mil niños menores de 1 año mueren 18, en las entidades más pobres el promedio es de 24.
Asociada a la pobreza está la diversidad étnica, que en vez de riqueza cultural ha devenido destino fatal para esta población. En el sur habita más de la tercera parte de la población indígena del país. 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una de las 29 lenguas indígenas de la región y una cuarta parte de ellos no habla español.
Una proporción importante de los trabajadores en los estados del sur-sureste no recibe ingresos por su labor; la población aquí presenta los índices más altos de emigrantes a Estados Unidos; los niveles de urbanización son los más bajos de México; las condiciones de vivienda, dotación de agua, servicios sanitarios, drenaje y suministro de energía eléctrica, entre otros servicios, son desconocidas para más de un tercio de la población que habita en la región.
En lo económico
En la región prevalece la agricultura de subsistencia, en vez de representar una actividad económica productiva. Las obras hidroagrícolas y la tecnificación de la agricultura de riego son mínimas. Pese a contar con abundantes acuíferos, no hay infraestructura para aprovecharlos. Con 17 por ciento del litoral del Pacífico y 28 por ciento de lagunas y costeras del país, la región aporta sólo 3.28 por ciento de la producción pesquera.
La infraestructura carretera de la región muestra un rezago impresionante comparada con el resto del país: de las carreteras de cuatro carriles a escala nacional, en el sur se cuenta sólo con 4 por ciento; casi la mitad de los caminos de terracería del país se encuentran en estos estados; se carece de importantes conexiones terrestres; y la red de puertos y aeropuertos es reducida. En suma, no se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad económica.
La actividad turística, con ser uno de los principales atractivos de la región, no se aprovecha en todo su potencial debido a la falta de infraestructura, apoyos para promoción y mejores servicios. El promedio de estadía del turismo en la región es de apenas 1.3 días. Los servicios bancarios y financieros para la población son limitados y de escasa calidad; en consecuencia, los créditos para la mayoría son escasos y poco asequibles. La actividad empresarial representa apenas 1.5 por ciento del total de país, con alrededor de 9 mil empresas, de las cuales casi 8 mil son microempresas, y la mayoría está dedicada al comercio.
Con este breve panorama, compañeras y compañeros diputados, es inevitable llegar a la misma conclusión a que llegara el gobernador chiapaneco al rendir su segundo informe de actividades: "gobiernos van y gobiernos vienen, y los jodidos –el pueblo– jodidos se quedan".
Señoras y señores diputados: la pobreza no la vamos a combatir con impuestos que se transformen en dádivas en monetario o en especie. Los programas de apoyo gubernamentales ayudan, pero no resuelven de fondo el problema.
Se requieren iniciativas y proyectos que ayuden a disminuir las condiciones de desigualdad social, y potencien los recursos de la región sur-sureste.
La desaparición de secretarías y la reducción del gasto público es una apuesta arriesgada para enfrentar la crisis económica. Sin embargo, en el mejor de los casos, poco o nada contribuirán para impulsar el crecimiento económico de las regiones más desfavorecidas.
Se necesita, en cambio, que en el Presupuesto de Egresos se consideren recursos destinados a promover el desarrollo a través de proyectos de infraestructura, fondos de inversión y créditos productivos. La pobreza y la extrema pobreza disminuirán sólo con inversiones, empleos y producción. Las entidades del sur-sureste tienen recursos naturales, gente dispuesta al trabajo y voluntad de salir adelante.
Legislaturas anteriores tuvieron la visión para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. Ese esfuerzo llevó a la creación del Fondo de Desarrollo Regional, el impulso del Programa del Sur, la constitución del Fidesur, los fondos metropolitanos para diversas áreas de la región sur-sureste, y la asignación presupuestal de importantes recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo regional, así como para estudios y proyectos de inversión. No desaprovechemos esos esfuerzos.
Distinguidos miembros de la honorable Cámara de Diputados:
No podemos acostumbrarnos a que pasen gobiernos y recursos, y la pobreza extrema, con sus indicadores de las cifras de la vergüenza, sigan ahí, estáticas, inmóviles…*
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura crea la comisión especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México.
Segundo. La comisión especial estará formada por 20 integrantes, elegidos con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La comisión especial impulsará programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a la vez que promoverá y dará seguimiento a los programas de los gobiernos federal y estatales encaminados al mismo fin.
Cuarto. La comisión especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Nota
* Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional de Chiapas, segundo Informe de Gobierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Juan Carlos López Fernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROCAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa de Apoyo Directos al Campo (Procampo) es una de las principales políticas públicas del Estado mexicano a favor del campo. Desde su creación en 1995, su presupuesto representa 5 por ciento del producto interno bruto agropecuario.
El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir con los de Estados Unidos de América y Canadá. Sustituyó al sistema de precios de garantía, que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores. Según el decreto publicado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el 25 de julio de 1994, son objetivos del Procampo
1. Fomentar una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa;
2. Elevar el nivel de vida de las familias rurales;
3. La modernización del sistema de comercialización;
4. El incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural;
5. Facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades que tengan una mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 constitucional;
6. Impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social y con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas y la implantación de modos de producción sustentados en principios de eficiencia y productividad;
7. Que debido a que más de 2.2 millones de productores rurales que destinan su producción al autoconsumo se encontraban al margen de los sistemas de apoyos y, en consecuencia, en desigualdad de condiciones frente a otros productores que comercializan sus cosechas, se instrumenta este sistema, que tiene como uno de sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso de aquellos productores;
8. Contribuir a la recuperación, conservación de bosques y selvas, y la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos rurales; y
9. Apoyar a los productores del campo mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural.
Actualmente este programa opera mediante apoyos directos por hectárea sembrada con los cultivos de trigo, frijol, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.
Según las reglas de operación de 2009 se entregan mil 300 pesos por hectárea para predios del ciclo agrícola para el ciclo primavera-verano de temporal; mil 160 pesos por hectárea para propiedades mayores a las 5 hectáreas elegibles y hasta un límite, dependiendo de la entidad federativa; 963 pesos para el resto de los predios elegibles para el ciclo primavera verano y para todos los de otoño-invierno.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 16 mil 678 millones de pesos. En el proyecto 2010 se considera sólo 16 mil150 millones de pesos. Es decir, una reducción de 528 millones de pesos en términos nominales que, sumados a los efectos de la inflación, significan una reducción superior a 7 por ciento en términos reales.
Originalmente, Procampo iba a durar 15 años, pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos internacionalmente, tal y como lo establecía el primer objetivo mencionado en el decreto.
Sin embargo, al cumplirse ese plazo quedó claro que era imprescindible mantenerlo y reforzarlo dado que nuestro campo ha sufrido pérdida de capacidad de producción y competitividad.
Los saldos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y del propio Procampo, los podemos resumir como una disminución de nuestra capacidad de soberanía alimentaria.
En 1995 importábamos productos agropecuarios por 2 mil 632.6 millones de dólares; en 2008 importamos 11 mil 888.8 millones de dólares. En cambio, las exportaciones, en el mismo periodo, pasaron de 4 mil 581.3 millones de dólares a 7 mil 916.1. Es decir, pasamos de ser un país exportador, en materia agropecuaria, a uno importador.
No se han cumplido los objetivos originales del Procampo. En consecuencia, no resultó posible su eliminación en 2008 y, al contrario, es urgente su reforma profunda y fortalecimiento.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Central Sustentable de la Cámara de Diputados, en su metaevaluación de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dirigidos a productos agrícolas básicos de 2007, dice lo siguiente:
"En cuanto a la focalización del programa, los tipos de productores y criterios de elegibilidad que se definen en las reglas de operación no son suficientes para asegurar que el programa se orienta adecuadamente a los destinatarios que debe llegar, a las zonas y los productores que se debe apoyar."
Un problema que han identificado múltiples estudios sobre el tema es la imposibilidad de ampliar el padrón de beneficiarios. Sobre ello el centro de estudios señala lo siguiente:
Otro problema de este programa es que el padrón prácticamente no se ha modificado desde su origen y sólo ha tenido cambios menores debido al fraccionamiento o fusión de predios ya inscritos.
Esta imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado de los beneficios a un buen número de productores; a algunos porque, al momento de realizarse el padrón, había un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa y muchos creían que era para quitarles las tierras.
Otros han sido marginados manteniendo una serie de restricciones establecidas, tanto en el decreto de creación de 1994 como en las reglas de operación, como lo es la que se estableció en el artículo séptimo del decreto que dice:
Artículo Séptimo. No podrán ser apoyados los productores cuando
I. Sus superficies hayan sido sembradas en alternancia con algún cultivo perenne –caña de azúcar o similar–, o los cultivos elegibles hayan sido utilizados como nodriza para el establecimiento de pastizales.
Particularmente, insostenible es la limitación de apoyos a las superficies que hayan sido sembradas con alternancia con cultivos perennes.
La idea de esta restricción era evitar que se derrumbara la producción de cultivos perennes al variar su producción a los considerados en el Procampo, atraídos por los apoyos ofrecidos en Procampo.
Sin embargo, al establecerse esta regla se actuó de manera injusta contra productores que antes tenían la opción de beneficiarse con los precios de garantía, que eran de acceso general y universal, mientras que ahora no pueden recibir los recursos que sustituyeron a ese sistema.
Por tanto, la modificación de este importante programa debe pasar por la eliminación de las restricciones del Procampo, que colocarían en igualdad de circunstancias a todas las tierras que producen trigo, frijol, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.
La igualdad de condiciones de producción para todos es uno de los elementos indispensables para la competitividad en el mercado local y global a la que aspiramos como nación.
La eliminación de restricciones anacrónicas de hace 20 años es una medida indispensable y urgente en la reforma y el fortalecimiento del Procampo para hacerlo realmente universal, más justo e igualitario para todos los productores del campo mexicano.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo, no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de septiembre de 2009
Diputado Gerardo Leyva Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REFORZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL LA MALINCHE, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Juan Carlos Natale López, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la superficie ocupada por ecosistemas terrestres naturales ha presentado importantes cambios en su distribución original, debido a la expansión de otros usos del suelo que se han registrado en el país, como es el desarrollo de infraestructura urbana y de comunicaciones, y de actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Esto ha provocado procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales, con la consiguiente pérdida de la cobertura vegetal, erosión de suelos, y alteración del hábitat de infinidad de especies silvestres de flora y fauna, así como de las funciones ecológicas y de servicios ambientales imprescindibles para la vida en general.
Desafortunadamente en nuestro país, la información que tenemos en materia de deforestación es increíblemente variable, las cartas de uso de suelo y vegetación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se indican que entre 1993 y 2002 fueron desmontadas alrededor de 4.4 millones de hectáreas de bosques, selvas, matorrales y pastizales para convertirse a otros usos, al tiempo que las tierras para la agricultura incrementaron su superficie en 3.9 millones de hectáreas.
En el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pérdida de cobertura forestal en México ocurrida entre 1990 y 2000 fue de 401 mil hectáreas anuales en promedio y para el periodo 2000-2005 de 314 mil hectáreas por año (260 mil corresponden a bosques y selvas y 54 mil hectáreas de pérdida de cobertura de zonas áridas).
La misma FAO, ha indicado que México tiene la quinta tasa de deforestación más alta del mundo, sólo superada por las de Brasil, Indonesia, Sudán y Zambia.
Debemos reconocer que la deforestación ocasiona la pérdida de nuestra riqueza biológica, pone en riesgo el abasto de agua y acelera el cambio climático debido a que, al eliminar la cobertura vegetal, se libera el bióxido de carbono (C02) almacenado en las plantas y en la materia orgánica del suelo.
Recordemos que México es uno de los 20 países que emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera (GEI) y, de acuerdo con estimaciones oficiales, al menos el 14 por ciento de los GEI que emitimos son originados por el cambio de uso de suelo y la deforestación. Y actualmente el problema de escases del agua es cada vez mayor.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en nuestro país tenemos 171 áreas naturales protegidas de las cuales, 67 corresponden a parques nacionales ocupando una superficie de 1´482,489 hectáreas.
Entre estos, el Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyatl, cuenta con una superficie de protección de 45,711 hectáreas, el tipo de vegetación que tiene esta ANP es de tipo bosque pino-encino, oyamel y zacatonal y ocupa territorio del estado de Puebla y Tlaxcala.
A partir de 1996 el gobierno federal transfirió la administración, manejo y vigilancia del parque a los gobiernos estatales en donde se encuentra La Malinche para que manejaran y vigilaran la conservación, restauración, protección, fomento y uso racional de los recursos del bosque.
Desafortunadamente, este parque nacional ha sufrido la pérdida de grandes extensiones forestales en el estado de Puebla, debido a la tala clandestina, aumento de la zona urbana y la frontera agrícola, las sequías e incendios forestales, esta situación pone en riesgo el suministro de agua potable para 2.4 millones de habitantes de la zona centro de ese estado debido a que se encuentra uno de los dos centros de recarga para el acuífero del valle de la entidad y uno de los principales pulmones ecológicos de la zona centro del país.
De acuerdo con el responsable del programa de reforestación de La Malinche de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN) del estado de Puebla, desde 1996, se ha venido trabajando en materia de reforestación y conservación de esta zona. Al año se siembran 600 mil árboles. Sin embargo la recuperación de la zona boscosa no se ha logrado y vemos muy lejos el rescate de esta zona. Lo anterior debido a que los suelos son arenosos, al pastoreo e incendios intensos y la exposición directa de sol de los árboles sembrados.
En mayo de 2008, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció la aplicación de un programa especial de recuperación en el Parque Nacional La Malinche, debido a que el área natural protegida ha perdido 134 mil 400 hectáreas de cubierta arbórea, por tala y otros factores en detrimento del ambiente. Lo anterior mediante un acuerdo específico de coordinación en materia forestal, en donde se trazan líneas estratégicas para atender la problemática de depredación en el Parque Nacional, como consecuencia de la extracción ilegal de más de 10 mil metros cúbicos de madera cada año.
Este acuerdo busca que los gobiernos federal y estatal realicen una inversión de 15 millones de pesos para la aplicación del Programa Especial Malinche, incluyendo la conservación de suelos, plantaciones y combate de plagas, entre otras acciones.
Sin embargo, a la fecha no se han visto resultados de este Acuerdo, por tal motivo es necesario conocer cuáles son los resultados de este programa y reconocer con ello, el posible fracaso de estos programas forestales que sumados al programa de reforestación del gobierno federal, los recursos presupuestales otorgados a la Conafor no han dado resultados óptimos para la protección y recuperación de nuestros bosques y selvas.
El Partido Verde Ecologista de México siempre ha reconocido que el buen manejo forestal no sólo permite conservar los ecosistemas forestales en buen estado, sino que impide su deterioro y pérdida, y es un impulsor del desarrollo local y regional. Por lo cual es importante que se fomente entre los propietarios de los bosques en la zona de La Malinche acciones que les permitan el uso correcto de sus recursos forestales.
En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal y estatales de los estados de Puebla y Tlaxcala para que a través de sus Secretarías de Medio Ambiente, fortalezcan las acciones del programa especial de recuperación en el Parque Nacional La Malinche.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente endurezca las acciones de inspección y vigilancia realizadas en el Parque Nacional la Malinche.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE ESTABLECE COMO DÍA NACIONAL DEL MAÍZ EL 29 DE SEPTIEMBRE Y SE EXHORTA A LA SAGARPA A SUSPENDER LOS PERMISOS DE LIBERACIÓN DE TRANSGÉNICO EN TANTO SE FORMA EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL GRANO Y SE DICTAN LOS ACUERDOS QUE ORDENA LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La que suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, Diputada Federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Exportar compatriotas e importar comida, es nuestra realidad nacional actual.
Hoy en México nos encontramos ante un panorama de emergencia alimentaria, económica y ambiental.
19 millones de personas (18.2 por ciento del total de la población) viven en pobreza alimentaria, es decir, la quinta parte de la población tiene hambre. Tres de cada diez personas que viven en el campo no cuentan con los medios para adquirir la canasta básica.
De enero a marzo de 2007, el precio de la tortilla subió 66 por ciento. Para Diconsa, organismo sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno espurio, el aumento de la canasta básica entre 2006 y 2008 habría sido de 20 por ciento
La anemia afecta a 27 por ciento de los niños, lo que causa baja estatura y los hace más propensos a contraer enfermedades infecciosas como diarrea e influenza o enfermedades crónico-degenerativas. En el otro extremo, México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo en obesidad en población adulta; 70 por ciento de este grupo padece sobrepeso.
20 por ciento de los grandes productores de maíz, concentran 80 por ciento de los subsidios que otorga el Procampo.
Desde que Carlos Salinas de Gortari negoció nuestro maíz con motivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han privilegiado las importaciones de alimentos. Ahora su empleado, Felipe Calderón, se reunió en Davos, Suiza, con Monsanto, empresa trasnacional que pretende privatizar el maíz mexicano mediante la contaminación y la legalización de su semilla transgénica, tal y como denunciaron más de 300 organizaciones el pasado martes desde el Zócalo de la Ciudad de México.
El maíz en México es un símbolo cultural fundamental de nuestra identidad nacional. El maíz es también el cultivo más recurrido y por lo tanto de una de las actividades más económicas fundamentales del país. En México, 70 por ciento de los productores nacionales se dedican al cultivo de este grano. Es el alimento básico que nos proporciona 55 por ciento de ingesta calórica diaria y 22 por ciento de la proteína.
Es el segundo producto, después del petróleo, del que más subproductos se obtienen. Por sus características botánicas es el más estudiado para realizar modificaciones genéticas.
La cosecha del maíz que en muchos lugares se celebra el día de San Miguel, el 29 de septiembre, en el que para festejar este importante momento se hacen diversas ceremonias. En el centro de México se forma una cruz con flor del pericón que protege las cuatro esquinas de la milpa, las casas, los lugares de trabajo y aún los vehículos en que se transporta la gente del campo. De igual forma, la campaña nacional Sin Maíz no hay país agrupa a más de 300 organizaciones celebraron el pasado martes 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz.
En contraparte, empresas trasnacionales han declarado en los últimos días que "están a la espera de iniciar… la experimentación con maíz transgénico en México en al menos 195.5 hectáreas distribuidas en el norte del país" (Fuente: milenio.com)
Las firmas Monsanto, Dow AgroScience/PHI México y Bayer han hecho 26 solicitudes para comenzar la experimentación con eventos que recientemente fueron prohibidos en Alemania. Con amenazas de su representante, Fabrice Salamanca, pretenden acelerar una decisión fundamental para México. La posibilidad de monopolización de un sector tan sensible para la agricultura como es el de las semillas es una amenaza real para el campo mexicano, para la seguridad alimentaria y para la propia economía y soberanía nacionales.
La introducción de transgénicos en el campo mexicano implica escenarios irreversibles:
Primero. El riesgo de la contaminación del maíz mexicano podría volver estático un proceso de miles de años de diversificación. Con ello podría perderse el patrimonio genético necesario para adaptarnos al cambio climático.
Segundo. El riesgo del control extranjero y privado de las semillas a partir de granos aparentemente más productivos pero con nula capacidad reproductiva, es decir semillas estériles.
Estos riesgos no pueden minimizarse. A nuestra generación le corresponde decidir sobre el conocimiento que por miles de años nuestros antepasados han generado. Ser precavidos es el mínimo papel que nos corresponde.
El principio precautorio está regulado en las normas internacionales, permite que ante la incertidumbre y amenaza o riesgo de daño cada país pueda prohibir la entrada de transgénicos.
No estamos hablando de un simple trámite administrativo regulado por un reglamento cualquiera. Estamos ante una decisión histórica y económica del Estado mexicano. El patrimonio originario y alimentario de nuestra nación está en juego.
Se ha cometido el error de creer que produciendo más alimento se conseguían victorias contra el hambre. La pregunta no sólo es cómo producir más, sino también cómo producir de manera incluyente y de forma que aumenten los ingresos de los más pobres. Los verdaderos temas son quién produce, quién comercia, quién tiene el poder adquisitivo para consumir. Así lo aseguró Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, en reciente vista a nuestro país.
Diversas personalidades han denunciado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que las solicitudes para la liberación de organismos genéticamente modificados están incompletas, con lo cual se viola la legislación vigente y los requisitos que establece el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad. Denuncian también que existen trasgresiones graves a la legislación vigente que podría resultar en la comisión de delitos penales como el que establece el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.
Diputados y diputadas: les pregunto ¿ustedes saben cómo es posible que la opinión pública y la academia conozcan estas solicitudes?
La respuesta es simple. El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados impone la obligación de poner a disposición del público las solicitudes de permiso pero respetando las reservas de confidencialidad.
Si el público y la academia las conocen, el Congreso debe tener acceso a ellas, pero debe ir más lejos: debe llamar a los académicos, a los interesados y a los funcionarios, para que expliquen estas solicitudes de liberación de transgénicos.
Pasadas legislaturas fueron omisas en legislar sobre el régimen especial de protección al maíz, sólo lo anunciaron en el artículo 2, fracción décimo primera de la Ley de Bioseguridad. El presidente de facto tampoco desarrolló el tema e igualmente sólo lo mencionó en el artículo 65 del reglamento correspondiente, para dejar la responsabilidad a las autoridades competentes.
Esta desidia parlamentaria y administrativa no corresponde con la trascendencia histórica y la importancia económica del tema. Requiramos la información oficial, llamemos a la academia y a los sectores interesados, convoquemos a los funcionarios para que bajo protesta de decir verdad nos informen. Si es preciso legislemos sobre el régimen de protección especial del maíz.
Para que los campesinos e indígenas de México mantengan vivos sus derechos, sus culturas, la diversidad agroecológica y la soberanía nacional que reside en nuestros alimentos, es preciso que los legisladores demostremos nuestro compromiso con los campesinos y con nuestra ecología y nos sumemos de manera decidida a la celebración del Día Nacional del Maíz y al cumplimiento de la ley.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del actual régimen a suspende los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental en tanto no se conforme el régimen especial de protección al maíz que establece la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como en tanto no se emitan los acuerdos que determinen sobre qué especies México es centro de origen y de diversidad genética, y mientras no se expidan las normas oficiales que derivan de la Ley de Bioseguridad.
Segundo. Se aprueba la instauración oficial del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre, a partir de esta fecha.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en términos del artículo 93 constitucional, que informe a la Cámara de Diputados sobre
a) Los avances en la constitución del régimen especial de protección del maíz,
b) Los avances sobre la emisión de acuerdos que determinen sobre qué especies México es centro de origen y de diversidad genética, y
c) Los avances para expedir las normas oficiales que derivan de la Ley de Bioseguridad.
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, A CARGO DE LA DIPUTADA SOFÍA CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Sofía Castro Ríos, y a nombre de los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano, Jorge Venustiano González Ilescas, Heriberto Ambrocio Cipriano, Heliódoro Carlos Díaz Escárraga, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Teófilo Manuel García Corpus, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, José Antonio Yglesias Arreola, Margarita Liborio Arrazola, Eviel Pérez Magaña y Jorge Fernando Franco Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
I. En la población y las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, en relación con el resto de la sociedad mexicana. Esta es una realidad cotidiana en las ciudades y el campo y reconocida a través de los diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y pobreza. Así, el Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México, formulado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con base en los datos obtenidos del II Conteo Nacional de Población, México 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan, entre otros que:
55.6 por ciento de las viviendas indígenas cuentan con drenaje, mientras que el promedio nacional es de 86.3 por ciento.
21.6 por ciento de la población indígena entre 15 y 64 años es analfabeta en el idioma español mientras que a nivel nacional lo es el 6.3 por ciento de ese mismo rango poblacional. Además es 100 por ciento analfabeta en su propio idioma.
En las comunidades indígenas mueren 28 niños y en las ciudades sólo 19 antes de cumplir su primer año de vida.
80 por ciento de los niños indígenas presentan desnutrición, 44 por ciento son de una estatura baja y 58 por ciento de un peso inferior al que deberían tener.
76.84 por ciento de la población indígena ocupada percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cantidad considerada como mínima indispensable para atender los requerimientos de una familia.
Las estimaciones realizadas en 2008 reconocen que 50.6 millones de mexicanos son pobres que no tienen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. En México es de conocimiento general que, entre estas personas pobres, los más desprotegidos son los habitantes de las comunidades indígenas.
Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio (el porcentaje de personas pobres), la cual pasó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento; a su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.
II. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en el inciso c de la fracción III del artículo 42, obliga al titular del Poder Ejecutivo a remitir, anualmente al Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre de cada año y que dicho proyecto (inciso j del artículo 41 de la misma ley) deberá contener las previsiones de gasto para atender el mandato que establece el apartado B del artículo 2 constitucional para abatir las carencias y los rezagos de los pueblos y comunidades indígenas.
III. En atención al mandato antes señalado, el Ejecutivo federal ha propuesto y la Cámara de Diputados ha aprobado recursos por 4 mil 378.4 millones de pesos al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en el ejercicio fiscal del presente año.
IV. A todas luces denota que dichos recursos son insuficientes para atender a más de 10 por ciento de la población nacional que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba, ésta se caracteriza por su pobreza y falta de oportunidades.
V. El presidente Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 2 de septiembre al expresar un mensaje con motivo de su tercer Informe de Gobierno, propuso diez puntos para alcanzar el cambio profundo que requiere el país y destaca, en el primero, su propósito de frenar el crecimiento de la pobreza, y se compromete a proponer un presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.
Son precisamente las regiones indígenas del país las que menos infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de vivienda, agua potable y electrificación tienen; por lo que, en mérito de lo expuesto y fundado, los suscritos ponemos a consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 programe en las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, precisamente al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), un incremento de 10 por ciento de recursos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.
Diputados: Sofía Castro Ríos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Heriberto Ambrocio Cipriano (rúbrica), Heliódoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE INFLUENZA AH1N1, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de la influenza AH1 N1, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Señoras y señores legisladores: desde mediados de marzo de 2009, al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y América por la pandemia de una nueva cepa conocida como influenza AH1 N1; por lo que en México se aplicaron diversas medidas tales como la suspensión de actividades educativas a partir del 23 de abril del presente año en el Distrito Federal y estado de México, para los primeros días del mes de mayo se decide la suspensión de actividades no esenciales, todo ello para evitar que este nuevo brote causara una pandemia con consecuentes mortales en la población.
El 11 de junio, se adoptó la medida de declarar la fase 6 de alerta de pandemia, tras reuniones y consensos con equipos de científicos y los responsables de salud pública en los países afectados. La Organización Mundial de la Salud declaró que la fase 6 reflejaría el hecho de que la enfermedad está propagándose geográficamente de manera exitosa.
La situación al 14 de junio del 2009 registrada por la Organización Mundial de la Salud es de 29,669 casos confirmados de gripe provocada por la nueva cepa del virus H1N1 y cientos de casos mortales en total a nivel mundial. Haciendo un seguimiento diario de los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el número de pacientes declarados se dobla cada día en distintos países.
El secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, informó que hasta la fecha se registran 29 mil 241 casos confirmados y 226 defunciones en el país y reconoció que siguen aumentando el número de casos de personas contagiadas. Mencionó que en esta nueva oleada del virus, el pico más importante de la enfermedad está previsto para mediados de noviembre de este año.
Para mitigar la propagación de la influenza AH1 N1 entre nuestra población se han emitido lineamientos de prevención y control en materia de influenza AH1 N1, específicos para cada uno de los entornos que impliquen escenarios favorables para la diseminación de infecciones que se transmiten por vía respiratoria.
La Secretaría Se salud ha incrementando y actualizando estos lineamientos conforme la sistematización del conocimiento vaya avanzando; los 2 conceptos fundamentales de estos lineamientos son: distanciamientos social y mejora e higiene del entorno.
Por lo que considero de gran importancia que en al interior de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, se garantice el aseguramiento de las prácticas de higiene y se establezcan mecanismos de procedimiento de acceso a estos entornos que son los filtros de supervisión y sanitización para que se asegure un ambiente sano y con el menor de los riesgos de contagio de la influenza AH1 N1 entre las aproximadamente 7 mil personas que se encuentran laborando y en tránsito.
En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de diputados, a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus de la influenza AH1 N1, entre quienes concurrimos a este recinto legislativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA FORMACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE OBSERVAR Y DAR TESTIMONIO ACERCA DE LA ACTUACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL PROCESO ELECTORAL QUE SE CELEBRARÁ EN TABASCO EL 18 DEL PRESENTE MES, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, César Francisco Burelo Burelo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Gobernar sin la sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso político requeridos para hacerlo, se convierte sin excepciones, en una pesadilla para los gobernados.
En estas condiciones, quien detenta el poder recurre a toda clase de abusos y torpezas políticas, sin algún tipo de consideración al grave daño social que ocasiona.
Los procesos electorales les representan una inmejorable oportunidad para reivindicarse ante sus copartidarios, esto es, apretar el gatillo para disparar programas y obras públicas con fines electoreros, el uso de los recursos policíacos y judiciales, así como costosas campañas mediáticas con cargo al erario público para desacreditar a sus oponentes. Recuérdese el famoso desafuero en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
El sistema político nacional se consolidó, es sabido de todos, a través de la persecución y el acoso de quienes piensan diferente, utilizando las instituciones del Estado de manera facciosa, para inducir a los ciudadanos mediante el miedo, vulnerando así su real derecho a elegir libremente a sus gobernantes y representantes populares.
Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la izquierda mexicana, consecuencia de la persecución judicial a que han sido sometidos numerosos militantes, así como líderes políticos, gobernantes y legisladores. Cito sólo algunos ejemplos:
En Guerrero más de veinte militantes del PRD han sido asesinados destacando la muerte bajo condiciones muy sospechosas de nuestro principal precandidato al gobierno estatal, el diputado local Armando Chavarría Barrera.
Actualmente nuestra bancada se encuentra disminuida derivada de las acusaciones contradictorias a Julio César Godoy Toscano, diputado electo por el estado de Michoacán, a quien los medios ya prejuzgaron y han causado un daño incuantificable a su integridad y ética personal al exponerlo sin ninguna prueba contundente como un eslabón entre el gobierno y el crimen organizado.
Hoy día, en Tabasco la Procuraduría estatal acusa a funcionarios públicos de estar ligados a la delincuencia organizada, sin aportar mayor elemento que la supuesta denuncia de testigos protegidos, justamente en la víspera del proceso electoral estatal, y precisamente en uno de los municipios que el PRD gobierna en la entidad.
Narraciones como la de Juana María Martínez Sánchez, esposa de Ezequiel Hernández Pardo, un policía con categoría de comandante de seguridad pública de Huimanguillo quien fuera detenido por fuerzas federales que aterrizaron en un helicóptero de su corporación en el patio de la casa de esta familia, caracteriza de cuerpo completo la magnitud y relevancia de la demostración que las autoridades estatales y federales quisieron otorgarle a este operativo que tuvo como fin detener a ciudadanos y funcionarios que nunca evadieron ni pretendieron sustraerse de la justicia, sin prejuzgar desde esta tribuna exigimos que sus derechos a la comunicación con sus familiares y a un juicio justo sean plenamente respetados.
No podemos pasar por alto que es Huimanguillo donde justamente el gobernador Granier pretende imponer a uno de sus más cercanos colaboradores como alcalde.
La desconfianza de que estos hechos pueden responder a la fabricación de un delito en la proximidad de la elección local no es menor, basta recordar que hace tres años compañeros de nuestro partido se les expuso públicamente como presuntos delincuentes electorales por el gobierno de Manuel Andrade y meses después el ombudsman nacional acreditó que fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, debido a las prácticas de tortura del cual fueron objeto.
Compañeras y compañeros legisladores: respetemos el derecho de los ciudadanos de Tabasco a elegir libremente a quienes gobernaran las 17 presidencias municipales y el próximo Congreso local.
Que sea a través de elecciones equitativas y transparentes en donde la confrontación de ideas y proyectos definan los resultados del 18 de octubre, y no mediante escándalos sin sustento que únicamente polarizan de manera muy peligrosa los ánimos de la ciudadanía.
Por las consideraciones antes expuestas solicitamos al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados por conducto de la Junta de Coordinación Política considera necesario la creación e integración de un grupo de trabajo plural de legisladores que acuda al estado de Tabasco a observar y dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno durante el desarrollo del proceso electoral que se celebrará el 18 de octubre de 2009.
Segundo. El grupo tendrá las funciones de vigilar que durante el desarrollo del proceso electoral las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no cometan actos intimidatorios, de coacción o cualquiera que tenga como fin desvirtuar la libertad y secrecía del voto ciudadano.
Tercero. El grupo plural de legisladores concluirá su función otorgando el informe final al pleno de la Cámara de Diputados del desarrollo de las actividades descritas en el numeral segundo del presente punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado César Francisco Burelo Burelo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INSTAURAR EL 29 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El que suscribe, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El maíz ha sido por milenios el principal sustento de los mexicanos.
Actualmente se siembran 8.5 millones de hectáreas, siendo de temporal el 82 por ciento y el 18 por ciento de riego. Se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas al año.
El 90 por ciento de la producción de maíz es blanco, lo que permite cubrir parcialmente las demandas de consumo humano nacional. Para completar las necesidades nacionales se importan anualmente alrededor de 6 millones de toneladas, principalmente amarillo, que se destina al consumo no humano.
De los 4 millones de productores agrícolas en el país, 3.2 millones son ejidales, que producen maíz.
El 92 por ciento de los productores posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4 por ciento de la producción total.
El 7.9 por ciento de los productores cuentan con predios arriba de cinco hectáreas por productor y aportan el 43.6 por ciento de la producción.
Desde hace centurias, año con año, se renueva la unión entre el maíz y los hombres y mujeres de nuestra tierra.
Las tortillas preparadas con este grano, es un insumo considerado sagrado por su vital importancia en muchas comunidades de nuestro país, nos han acompañado a lo largo de la historia.
La manera de ver el mundo de los pueblos originarios propició que en torno del maíz se llevarán a cabo diversas celebraciones religiosas.
Los dioses vinculados con la lluvia, el sol, el viento, el fuego y los mantenimientos tenían fiestas especiales en las distintas culturas: rarámuri, huasteca, cora, huichol, náhuatl, purépecha, maya, tzotzil, tzetal, zapoteca, mixteca, y otras más que han poblado este territorio.
Tienen celebraciones específicas la elección del lugar para la milpa que es un espacio sagrado, pues cada una de sus esquinas corresponde a los cuatro rumbos; la siembra por mayo que es otro momento especial, y antes de la siembra la petición para que el viento permita que lleguen las nubes, cargadas de agua desde los cerros que, además, albergan los manantiales y para que no caiga el granizo ni las heladas que destruyen.
A medio ciclo, hacia fines de junio, se renueva la petición de las lluvias; vendrán luego los primeros elotes y finalmente la cosecha.
A los antiguos dioses se superpusieron los santos católicos. Aunque varía en las distintas poblaciones, estados y regiones del país, suelen estar asociados con el ciclo agrícola, la Santa Cruz, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, la Virgen María, San Miguel Arcángel, y para agradecer la cosecha, los Fieles Difuntos, lo que conocemos como el Día de Muertos, celebración en la que se ofrenda comida a los que ya no están con nosotros, pero que de algún modo hicieron posible que hubiera.
En muchos lugares los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre y por ello se elige el día de San Miguel, que se celebra el 29 de ese mes, para hacer diversas ceremonias.
San Miguel lucha contra el mal ese día; hombres y mujeres colaboran con él. Con su espada, identificada con el rayo y por tanto con la lluvia, protege a la milpa para que la cosecha llegue a buen término y tengamos alimento suficiente.
Todos los que compartimos la cultura del maíz tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos.
Por lo anterior, y con el objeto de desplegar nuestra imaginación para rescatar y desarrollar la cultura del maíz y al mismo tiempo evitar las amenazas para la salud humana que representa el uso de maíz transgénico se requiere instaurar el Día Nacional del Maíz.
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, somete al pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente Resolución
Artículo Único. Esta soberanía declara el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz, a partir de esta fecha.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES A GARANTIZAR A LOS CAMPESINOS SU BIENESTAR, PARTICIPACIÓN E INCORPORACIÓN EN EL DESARROLLO RURAL; Y A APORTAR DE MANERA URGENTE RECURSOS FINANCIEROS QUE FORMEN UN SUBSIDIO QUE PERMITA EN 2010 ADQUIRIR INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS, PARTICULARMENTE A LOS AFECTADOS POR LA SEQUÍA ATÍPICA EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MORENO ARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada y los diputados guerrerenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que abajo suscriben presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales de la República Mexicana y de manera específica al del estado de Guerrero, para que, en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral que garanticen a la población campesina su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, así como en la búsqueda solidaria de alternativas de solución, se aporten de manera emergente los recursos financieros que conformen un subsidio que permita en el 2010 la adquisición de los insumos agrícolas básicos (fertilizante), particularmente a los trabajadores del campo afectados por la sequía atípica en el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes
Considerandos
El artículo 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la relevancia que tiene para nuestra nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, igual señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 5, determina que dentro del marco previsto por la Constitución federal, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:
I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
El Programa de Subsidio al Fertilizante en el Estado de Guerrero actualmente atiende un padrón de 267 mil campesinos, con un total de 460 mil hectáreas. Este programa absorbió en el 2008 el 60 por ciento del presupuesto estatal de la Secretaría de Desarrollo Rural, y con frecuencia más del 35 por ciento de los recursos municipales correspondientes al Ramo XXXIII.
Actualmente el programa de subsidio al fertilizante es de carácter tripartita, donde la aportación de los productores, generalmente corresponde a 25 por ciento del costo del paquete y el 75 por ciento corresponde al estado y al municipio.
En Guerrero, desde su origen hasta hace cuatro años, el gobierno del estado era quien aportaba mayores recursos a este programa. Sin embargo en últimas fechas los municipios han absorbido arriba del 50 por ciento del costo del paquete y el Estado varía entre el 15 por ciento y el 25 por ciento, lo que viene a repercutir en el incremento de la aportación del productor.
Para el 2008 el precio del fertilizante se incrementó considerablemente como consecuencia del alza en el precio del petróleo, insumo que se utiliza para la fabricación del mismo, provocando que su costo haya tenido en promedio, un incremento del 150 por ciento; esto sin considerar que la demanda internacional también se ha acrecentado provocando su incremento.
De todos es sabido que los recursos provenientes de la federación al igual que las aportaciones estatales destinadas a los municipios han sido afectados considerablemente repercutiendo directamente en la aplicación de numerosos programas sociales. Aunado a lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal señala un impedimento contundente para que los recursos provenientes del Ramo XXXIII que los municipios manejan, sean utilizados para la adquisición de insumos diferentes a lo estipulado, lo que incluso ha obligado a muchos ayuntamientos con pocos o nulos ingresos propios a incurrir en desacatos abiertos a la ley.
Por lo anterior, en su momento presentaremos una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social puedan destinarse también a la adquisición de insumos agrícolas que permita un real combate a la pobreza en el campo.
El problema del desarrollo en el campo guerrerense, hace necesario abordar la problemática de manera integral; basta mencionar que en el año 1995 los rendimientos del maíz eran de 2.23 toneladas por hectárea y en el 2005 fueron de 2.32 toneladas por hectárea, es decir en 10 años no hubo incremento significativo, lo que nos hace notar que la mayor parte de la producción del Estado es de autoconsumo.
No podemos dejar pasar que ante el deterioro del suelo, oficialmente se ha promovido y priorizado el uso de biofertilizantes entre los beneficiarios del Programa de Subsidio al Fertilizante para el cultivo de maíz en los ciclos primavera-verano de los años 2007, 2008 y 2009; hecho motivado y soportado en la evaluación del Programa de Subsidio al Fertilizante por parte del Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se demostró que la aplicación aislada y unilateral del fertilizante químico a los cultivos de la entidad, especialmente al maíz, tiene un conjunto de inconveniencias; por lo que se recomendó sustituir dicho programa por un modelo más integral y sustentable; lo que implicaría además, frenar el deterioro ecológico que se provoca actualmente con la utilización excesiva e inadecuada del fertilizante químico, supliéndolo con el paquete óptimo propuesto por el INIFAP, con el objeto de mejorar los rendimientos productivos, evitar el deterioro de los suelos y generar economías en el uso de sus recursos económicos al reducir el costo del insumo.
Sin embargo el incremento al precio del paquete óptimo y el rechazo al biofertilizante han motivado inconformidad entre los productores, llevándolos a tomar medidas drásticas que implican mayor desgaste económico, problemas de gobernabilidad y dificultad en el ejercicio de las funciones en los municipios.
Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Guerrero, ha manifestado recientemente su negativa a la permanencia del Programa de Subsidio al Fertilizante, dejando de manera tácita la responsabilidad total a los ayuntamientos.
Ahora bien, lo hasta aquí expresado es propio de una sola entidad federativa. Sin embargo, consideramos indispensable realizar las acciones y gestiones necesarias para incluir en esta propuesta a todos aquellos municipios con alto y muy alto índice de pobreza en el país.
Debemos pugnar por acciones a corto y mediano plazo, tales como que el Programa de Subsidio al Fertilizante se convierta en un programa federal en una modalidad de financiamiento, regulándolo para integrarlo dentro de los programas de carácter social con el apoyo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
Por lo pronto, dentro de las acciones inmediatas a seguir, los legisladores guerrerenses solicitamos que dentro del Presupuesto de Egresos de 2010, que en breve analizaremos, se incorpore una Partida Especial que considere de manera eventual y emergente la aplicación de recursos financieros en un subsidio para el campo guerrerense, hoy afectado por una crisis sui generis; en el entendido de que la situación actual representa una llamada de alerta sobre la estabilidad y seguridad social nacional.
Recordemos una vez más que Guerrero es uno de los estados de la república con mayor índice de pobreza, hoy agravada al igual que en muchas otras partes del país, por una sequía que ha causado ya en el corto plazo graves estragos y que dejará secuelas importantes en el largo plazo, como la pérdida de gran parte de la producción de éste año; esto sin considerar la crisis económica mundial que tiene mayor impacto en quienes menos tienen.
Con lo hasta aquí reseñado, proponemos a nuestros compañeros legisladores que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2010 se estudie la posibilidad de integrar el subsidio emergente para financiar el programa de fertilizante a los productores guerrerenses; en ese sentido, se les hace un exhorto a las autoridades involucradas en la ejecución del citado programa, para que en forma coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Los diputados por el estado de Guerrero en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hacen una atenta propuesta y petición a nuestros compañeros legisladores de la Sexagésima Primera Legislatura para que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se conforme y se le integre al citado Presupuesto un subsidio emergente para financiar a los productores guerrerenses afectados por la sequía atípica, en la adquisición de los insumos agrícolas básicos a través del programa de fertilizante.
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas en la ejecución del programa de fertilizante, para que en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral, de manera coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre 2009.
Diputados: Mario Moreno Arcos, Cuauhtémoc Salgado Romero, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Ángel Aguirre Herrera, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Esteban Albarrán Mendoza, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Miguel Álvarez Santamaría (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INTENSIFICAR LAS LABORES DE DESAZOLVE Y BACHEO EN LA CIUDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita Silvia Pérez Ceballos, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se intensifiquen las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México, lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las intensas lluvias y las constantes inundaciones ocurridas en el Distrito Federal principalmente en arterias de gran circulación y aforo vehicular como Viaducto, Circuito Interior, Tlalpan, Insurgentes, Paseo de la Reforma, Congreso de la Unión, entre otras, a causa estos fenómenos meteorológicos inusuales presentados en prácticamente todo lo que va del presente mes, han causado estragos inéditos en esta ciudad y la zona conurbada.
Lamentablemente, los habitantes del Distrito Federal y la zona conurbada hemos vividos serias afectaciones en nuestras actividades cotidianas y en muchos casos se ha visto afectado en patrimonio de las familias.
En marzo de 2009 el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, garantizó que la Ciudad de México no sufriría ninguna inundación, tras los trabajos de reparación, mantenimiento y rehabilitación del drenaje profundo en su segunda etapa, los cuales concluyeron en el mes de abril. Acompañado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, el mandatario local dijo que estos trabajos evitarán fallas estructurales en el Emisor Central y en los 125 puntos de la red de interceptores de la Ciudad de México.
Sin embargo, también debemos recordar que desde el mes de mayo del presente año, la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal alertó a los gobiernos capitalino y del estado de México sobre el riesgo de una inundación a escala regional si no se realizaba mantenimiento preventivo al sistema de drenaje.
Dicha Comisión señaló que a pesar de que 11 kilómetros del drenaje profundo fueron reparados continuaba el riesgo de inundaciones sectoriales en ambas entidades en esta temporada de lluvias. Al parecer esta recomendación no se atendió y hoy sufrimos las consecuencias de que la autoridad responsable no haya tomado las medidas preventivas necesarias.
De acuerdo con información por parte de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal las precipitaciones pluviales han afectado prácticamente todas las delegaciones siendo las de mayor afectación Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa las que alcanzaron niveles nunca antes vistos.
Estas lluvias dejaron un saldo de más de mil 450 viviendas inundadas, encharcamientos e inundaciones, vuelos afectados por la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el cierre de estaciones del Metro, esto a causa de los 27 mil millones de litros caídos en esta ciudad, lo que equivale a llenar 13 veces el Estadio Azteca.
En este sentido es importante mencionar que la lluvia registrada durante la noche del pasado lunes y madrugada del martes 22 del presente mes y año provocó daños en dos agencias automotrices y en un centro comercial, además de dejar un saldo de 44 encharcamientos y 18 árboles caídos, provocando además que el Río Magdalena y la presa Anzaldo alcanzaran su máximo nivel ocasionando su desborde.
Además, estas lluvias provocaron inundaciones en avenida Periférico Sur dejando vehículos atrapados en su cruce con San Jerónimo, así como a la altura del Hospital de Pemex, resultando nuevamente que las delegaciones más afectadas fueran Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa.
Ante el pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de que las lluvias persistirán en el Valle de México es conveniente se intensifiquen las labores de desazolve y se emprenda una campaña que permita hacer conciencia a la ciudadanía de no tirar basura en la vía pública.
Además, producto de las intensas lluvias se ha generado un deterioro importante de la carpeta asfáltica en las principales vialidades de la Ciudad de México, que originan problemas viales y particularmente a los vehículos que circulan por éstas.
Así, con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a intensificar las labores de desazolve en esta ciudad, y a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México.
Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, a 1 de octubre de 2009.
Diputada Silvia Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A REDUCIR LAS TARIFAS DOMÉSTICAS DE ELECTRICIDAD PARA ATENUAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones
Antecedentes
En los últimos meses México ha vivido un gravísimo problema económico que ha devastado considerablemente la economía familiar de las y los mexicanos, el cual puede tener consecuencias sociales y políticas indeseables por el bajo poder adquisitivo de nuestra moneda, el desempleo, la carestía de los productos básicos y la corrupción en casi todas las esferas gubernamentales, aunado a las intenciones de quienes nos gobiernan, de elevar los impuestos y derechos o de crear algunos que lesionen aun más la economía doméstica.
Porque en tiempos de crisis y desempleo no es posible que el Gobierno pretenda aplicar como él lo llama "ajustes graduales" a las gasolinas, el diesel, el gas o la electricidad.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del tercer Informe de Gobierno, 2009, Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, elaboro un análisis en relación con las tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica para el sector doméstico de 2004 a 2009.
Para este periodo en 2004 el subsidio fue de 54 millones de pesos, en 2005 llego a los 62 millones, para 2006 llega a 64 millones de pesos, en 2007 sube a 70 millones en 2008 alcanza los 99 millones pero en 2009 es del orden de los 40 millones. Claro está, para el primer semestre de 2009 enero-junio.
Es decir, no se ha aplicado ni siquiera la mitad de lo que se proyecto para 2008. Y esto es evidente si nos vamos a las colonias, a los estados ó a nuestras casas.
Para observar que los recibos que se venían pagando en 2008 han tenido un incremento mayor al 50 por ciento, si bien nos va, pero en muchos la gente cuenta con recibos de luz por cantidades de miles de pesos que deben pagar y después de pagar irán viendo con ellos su problemática.
No es posible aplicar la política del pague y después averiguamos. Porque la solución con la compañía es que la gente pague este primer recibo y después averiguamos qué está pasando; en otros casos lo que nos ofrecen es pagar en parcialidades bajo la premisa de que la luz ya se consumió y no hay nada que hacer y en otros casos, borran con un plumón su facturación original les dicen: "vaya a la ventanilla y sólo pague esto que ya le puse con pluma".
Pero al siguiente recibo nuevamente su cobro es excesivo, el conumidor sigue sin solución alguna.
Desafortunadamente el tema de los cobros excesivos de la luz es una problemática generalizada lo mismo la encontramos en Puebla, que en Querétaro, en Guanajuato, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero o el Distrito Federal, donde han aumentado las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por cobros descomunales.
Vale la pena recordarle al Ejecutivo federal que en sus 10 puntos cuando aborda el tema del sector energético, cito textual, dice: "hay que Erradicar privilegios, opacidad y corrupción en empresas públicas".
Mucho nos preocupa el hecho de que ante las declaraciones de las autoridades gubernamentales en el sentido de que se piensa implementar un esquema de ahorro y de austeridad, los subsidios, que hasta ahorita han sido un paliativo ante los altos costos de la energía eléctrica, sean eliminados o reducidos con el pretexto de que estos hacen que cada consumidor sólo pague la tercera parte del costo real del consumo de energía eléctrica.
Es importante mencionar que nuestra posición tiene como sustento una realidad cotidiana, la misma que viven más de 45 millones de trabajadores que estando en edad de trabajar, 2 millones no tienen empleo, 27 millones están ocupados pero no cuentan con prestaciones. La realidad que viven más de 12 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y a la realidad que se deben enfrentar más de 4 millones de compatriotas que han sido subempleados.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos muestran lo que estamos viviendo y que nos ayuda a proyectar la realidad del México del 2010.
Ya es tiempo de que el bolsillo de quien paga sus servicios y que gana lo mínimo indispensable reciba verdaderos apoyos, pues de otra manera tendremos que enfrentar la disyuntiva de comer o de pagar la luz.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro informen sobre la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas en lo que va de 2009.
Segundo. Que el director general de la Comisión Federal de Electricidad se reúna con una comisión plural de diputados para analizar la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo y los subsidios de luz que se aplican en nuestro país.
Tercero. Que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal para que reduzcan las tarifas eléctricas de uso doméstico y revise la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo a efecto de atenuar el problema económico de las familias mexicanas.
Dado en el salón de sesiones, a 1 de octubre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES Y A LOS LOCALES NO SUJETOS DURANTE SU DESEMPEÑO A LA APLICACIÓN DE LA RECIENTE REFORMA DEL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL A SENSIBILIZARSE Y, EN UN ACTO DE SOLIDARIDAD, ADECUAR SUS PERCEPCIONES A LA SITUACIÓN DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, legislador Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace unos días, a través de algunos medios impresos de comunicación, recibimos la noticia que un importante número de funcionarios públicos de diferentes órganos del Estado, llámense ministros de la corte y algunos de sus empleados directos, así como magistrados del Tribunal Electoral, los 9 consejeros electorales del Consejo General del IFE, algunos del IFAI y para orgullo de esta Cámara, su secretario general; todos ellos, repito, recibirán un sueldo superior a lo que recibirá el señor Calderón, a pesar de que la reciente reforma al artículo 127 constitucional, en su fracción II determina que "ningún servidor público podrá recibir remuneración... por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente."
Esto es consecuencia que en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, se afirma que:
"...las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo". Hasta aquí la cita.
La pregunta que flota en el aire es ¿Qué motivó esa resolución jurídica en dicha parte transitoria?
Su fundamento, se encuentra, lamentablemente en la Constitución General, pues para el caso de los funcionarios del Poder Judicial federal en el artículo 94 constitucional, párrafo noveno, se establece que "la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo" ojo, aquí el artículo no incluye otros funcionarios de la SCJN que sean beneficiados de esta situación jurídica y hoy conocemos que otros cargos pretenden asignarse compensaciones superiores al Ejecutivo federal, ello, hay que decirlo con claridad violaría la Constitución.
Respecto a los consejeros del IFE, la fundamentación que impide aplicarles las nuevas disposiciones del artículo 127 constitucional es el artículo 41 constitucional, fracción V, párrafo cuarto que señala que para el consejero presidente y los consejeros electorales la "...retribución que perciban será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Y en consecuencia, por analogía, no se les puede reducir sus percepciones, toda vez que a los ministros actuales no se les reducirá por el artículo 94 constitucional.
Ahora resulta que todos ellos, se sacrificarán en recibir las escandalosas percepciones porque no pueden, ni quieren violar la Constitución General ¡Vaya broma en tiempos de vacas flacas!
Vale decir, que para el caso de funcionarios del IFAI no hay ningún sustento constitucional que justifique sueldos mayores al del Ejecutivo federal, en caso de que existiera una disposición legal al respecto, esta sería inconstitucional.
Sobre esto último, vale decir que en la parte transitoria de la mencionada reforma constitucional del artículo 127, se establece que "el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor", de igual forma ordena a las legislaturas federal y estatales (incluyendo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) a "...tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente decreto..."; en lo que corresponde a esta Cámara de Diputados, avancemos lo más pronto posible para emitir la ley reglamentaria y las reformas a las leyes que así lo requieran, para un cabal cumplimiento de la norma constitucional que evita excesos en las percepciones.
Señoras y señores diputados, durante décadas y también en los últimos años, al amparo de una interpretación equivocada de lo que significaba autonomía de gestión (tanto en recursos como en organización), los órganos del Estado, como el Poder Judicial y luego los órganos autónomos (IFE, Banco de México y CNDH) establecieron percepciones a sus altos funcionarios al margen de la realidad económica, al margen incluso de las percepciones de otros cargos similares en los otros poderes constituidos. Todo ello se hizo, repito, bajo la protección de una distorsionada interpretación del significado autonomía.
La clase política de entonces –y de ahora– guardó silencio para evitar ser tachados de "violadores" de la autonomía de otros poderes, en consecuencia se permitió –año con año– el aumento desmedido de dichas percepciones hasta alcanzar cantidades desorbitantes que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que tales percepciones representan un agravio para la población en general, abrumada de carencias e injusticias permanentes.
No debe perderse de vista que los principios de irrenunciabilidad a la compensación o percepción, así como su no disminución se introdujo en la Constitución General con objeto de garantizar un efectivo desempeño de un incipiente Poder Judicial ávido de logar independencia de los vaivenes políticos en una época que se iniciaba la reconstrucción de las instituciones luego de la Revolución Mexicana. Se buscaba, con ello, librar de cualquier presión a los tribunales por motivos políticos.
Ese fue el "espíritu" de los constituyentes al introducir en el artículo 127 constitucional los conceptos de irrenunciabilidad y no disminución de las compensaciones de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, pero matizándolo para los funcionarios juzgadores del Poder Judicial federal en la reforma, también constitucional, del artículo 94 en 1928.
Pero nunca –vale advertir– estuvo en el poder constituyente originario, ni en el permanente, permitir que el Poder Judicial en aras de dicha autonomía, creara condiciones de privilegio en sus percepciones totalmente desproporcionadas como las que han alcanzado a lo largo de los años. Conducta que han emulado otros órganos del Estado autónomos, como son el IFE, el Banco de México, la CNDH e incluso el IFAI.
Esta vergüenza nacional, lamentablemente también se reproduce en los poderes judiciales estatales y en sus órganos autónomos, una vez más con el argumento de la autonomía, fundamentada en el artículo 40 constitucional que reconoce "...Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior".
La fórmula que utilizaron todos para ellos –funcionarios federales, estatales incluso municipales– para pasar desapercibidos ante la opinión pública, fue la siguiente: informaban y presentaban nominalmente que percibían un salario similar al Ejecutivo federal, pero en los hechos agregaban a su salario, todo tipo de percepciones adicionales tales como aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, etcétera, que al sumarlas alcanzan las cantidades indignantes que conocemos.
La reciente reforma del artículo 127 constitucional, por vez primera define que es una remuneración o retribución (incluyendo salario y todo tipo adicional de percepciones), que no podrá sobrepasar la recibida por el Ejecutivo federal.
Pero como es sabido, otro principio de la seguridad jurídica es la no retroactividad de las normas, recogido este en el artículo 14 constitucional; y aunado a lo expresado literalmente por los artículos 94 y 127 de la Constitución; todo ello, hace imposible que los actuales ministros de la Corte, los magistrados electorales federales, consejeros generales del IFE se sujeten a la llamada "ley de salarios máximos" quedando para la posteridad de los que los renueven en dichos cargos. En la misma situación estarán magistrados y consejeros electorales de las entidades federativas.
Si vale de consuelo, los nuevos dos ministros de la Corte que entrarán en sus funciones a fines de este año, serán los primeros en sujetarse a la nueva disposición del artículo 127 constitucional. Hasta aquí el análisis jurídico.
Compañeras y compañeros, somos testigos de cómo las disposiciones jurídicas fueron y son utilizadas para otros fines y objetivos por las que fueron creadas y reformadas. Lo aquí expuesto, representa un ejemplo claro de como las leyes –a la luz de la ciudadanía– son hechas para beneficiar a los poderosos, a los políticos, a los juzgadores.
Pero frente a la imposibilidad constitucional de obligar a ellos a disminuir sus remuneraciones, pregunto a esta Cámara ¿sólo queda la resignación, mientras concluyen el ejercicio de sus cargos?, pregunto ¿esto es válido en un país con 44 millones 700 mil pobres, de los cuales 14 millones y medio se encuentran en pobreza extrema?
Si ya no hay una solución jurídica a este asunto ¿acaso no hay otra salida?
Debemos decir con toda firmeza que sí la hay, y esta debe ser ética y moral.
Una sociedad que cierra las puertas a una solución ordenada y pacífica a sus problemas, es una sociedad condenada a la convulsión, a la inconformidad, a la incertidumbre.
Esta Cámara como máximo foro de expresión de la nación, debe hacer un enérgico pronunciamiento donde se debe exhortar a todos aquellos funcionarios públicos (federales, estatales y municipales) que percibirán una remuneración mayor a lo que establece el artículo 127 constitucional, para que en un ánimo de sensibilización, reconozcan lo inmoral de tales percepciones.
Esta Cámara debe advertir la gravedad, en términos de confianza y credibilidad, que significa para el conjunto de las instituciones públicas, el consumarse tal agravio.
De igual forma debe quedar claro que hay valores superiores de la Constitución como lo es el derecho a trato igual, consagrado en el artículo 1o., el cual es condición para todos y cada uno de los demás derechos y libertades.
Si los funcionarios aludidos, están tan preocupados por no violar los preceptos constitucionales, seamos nosotros los encargados de ofrecerles una solución, cuya fórmula permita al mismo tiempo cumplir con la Constitución General y al mismo tiempo cumplir con la sociedad mexicana.
¿Cuál es esta? Pues simplemente que al recibir su remuneración, devuelvan por concepto de donativo a las instituciones públicas de asistencia pública, aquella parte monetaria que rebase la percepción máxima establecida en el artículo 127 constitucional.
Reitero, este exhorto de la Cámara de Diputados debe incluir no sólo a los altos funcionarios de órganos federales y autónomos, sino también de los órdenes estatales y municipales que se encuentren en la misma situación jurídica.
Como asamblea de toda la nación estamos obligados a hacer una petición de tal naturaleza y más en las condiciones actuales de inequidad en que se encuentran la mayoría de los mexicanos; esperemos que los tres órdenes de gobierno, asuman la responsabilidad que les corresponde ante la sociedad a la cual dicen representar, y demuestren en los hechos que están comprometidos con el concepto por demás atropellado y olvidado, que es el de la república.
Tomemos en serio esta propuesta, pues representa una solución parcial a un problema sintomático de las instituciones públicas en México, que es el de la cultura de ver como un negocio el servicio público.
Por ello, pido su apoyo para los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un exhorto para que los funcionarios públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministros, magistrados, jueces, y demás empleados), y funcionarios públicos de otros órganos del Estado, incluyendo los autónomos, así como el IFAI, todos ellos, exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en acto de solidaridad, adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia pública la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.
Segundo. Se hace un exhorto para que los funcionarios públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal, que estén exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en acto de solidaridad, adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia pública la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.
Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el menor tiempo posible legisle sobre la ley reglamentaria que permita un eficaz cumplimiento del artículo 127 constitucional, y establezca las sanciones administrativas y penales o ambas, en caso de incumplimiento.
Cuarto. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que modifique, si es el caso, su presupuesto para 2010 e impida que el secretario general de la Cámara, reciba una percepción superior a lo establecido en el artículo 127 constitucional, pues de no hacerlo, su aprobación sería inconstitucional.
Dado en el salón del pleno de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN DE MIGRANTES DE LOS ESTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
María Isabel Merlo Talavera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados federales del estado de puebla y con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender acciones que permitan la institucionalización y fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
A pesar del endurecimiento de Estados Unidos de América en sus políticas migratorias, en la última década han migrado hacia el norte más de 12 millones de mexicanos que buscan una mejor remuneración por su trabajo, dejando actividades agrícolas y trabajos manuales pero, sobre todo, provocando desintegración en las familias y pérdida de dinamismo económico en muchas comunidades de nuestro país.
No existen cifras precisas para cuantificar con exactitud este fenómeno. Algunos académicos como Rodolfo Corona Vázquez, del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte,1 basado en estimaciones propias y en fuentes mexicanas y estadounidenses, calcula que existen en Estados Unidos de América 33 millones de personas de origen mexicano (segundas, terceras y ulteriores generaciones), casi 21 millones de descendientes de emigrantes mexicanos (primera generación) y 12.4 millones de emigrantes nacidos en México que incluyen migrantes permanentes y temporales.
La vecindad de nuestro país con Estados Unidos de América con quien compartimos una frontera de más de 3 mil kilómetros y una disparidad económica enorme, ha provocado que nuestra migración hacia el exterior se concentre en un 90 por ciento hacia ese país, generando una intensa interacción de los dos lados de la frontera con 400 millones de cruces fronterizos por año
Esta migración, frecuentemente indocumentada, ha creado regiones binacionales que van desde el norte de la ciudad de Los Ángeles hasta la ciudad mexicana de Ensenada, que concluyen en la zona conformada por San Antonio Texas, las localidades de la frontera tamaulipeca y la zona metropolitana de Monterrey. Estas zonas involucran importantes ciudades mexicanas y estadounidenses como Tijuana, San Diego, Mexicali, Phoenix, Hermosillo, El Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua, Laredo, Mac Allen y Matamoros Brownsville.2
Las causas que han originado la migración de nuestros connacionales son múltiples y complejas, pero se relacionan directa o indirectamente con factores económicos, como la enorme diferencia salarial por trabajos poco calificados o de baja calificación; la incapacidad de nuestro país de generar suficientes empleos y, en todo caso, empleos bien remunerados; regiones de nuestros estados y municipios con climas, suelos áridos y poca infraestructura; la operación de una compleja red criminal de carácter internacional que desarrolla sus actividades casi con impunidad y que genera un negocio ilícito de varios miles de millones de dólares y, sin lugar a dudas, una importante red familiar que impulsa a las siguientes generaciones a seguir migrando hacia lugares específicos donde se encuentran parientes, conocidos o paisanos que lograrán conseguirles un trabajo.
En consecuencia, en la mayoría de las comunidades del país se presenta el fenómeno migratorio en mayor o menor medida, rebasando la capacidad institucional de los tres niveles de gobierno. Justamente es en los estados y municipios del país es donde los efectos de la migración de los mexicanos hacia el exterior producen cambios significativos y esta influencia se ve en los aspectos económico, social, político, religioso, cultural y de salud pública.
De conformidad con las muestras censales que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las entidades federativas con mayores índices de migración son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, estado de México, Veracruz y Guerrero, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo.3
En el ámbito económico, según datos publicados por el Banco de México,4 tan sólo en 2007 nuestro país recibió a nivel nacional 23 mil 969 millones de dólares, por concepto de remesas y de enero a agosto de 2008, recibió 15 mil 552 millones de dólares, que si bien representó una caída del 4.17 por ciento, han permitido que millones de familias cuenten con los recursos necesarios que les permitan sufragar sus gastos más apremiantes y en otros hogares con mayor tradición migratoria, donde más de uno de sus miembros son migrantes o llevan años recibiendo remesas, se puede ver reflejado este impacto en las viviendas que mejoran sus condiciones de infraestructura.
Lo lamentable de este asunto es que casi la totalidad de las remesas recibidas, que se promedian en aproximadamente 300 dólares mensuales por familia, son destinadas al consumo y de la remesa que manda un solo migrante sobrevivan de 4 a 7 personas que continúan en la línea de pobreza. Esto nos hace reflexionar que la remesa sin un uso productivo no genera riqueza, a pesar de que emigra nuestro capital humano más valioso, es decir el emprendedor, el que decide arriesgar su vida, sus pertenencias y su destino por mejorar.
Por lo que se refiere a la intervención de las entidades de la república para atender este fenómeno podemos mencionar avances tanto en materia legislativa como en la aplicación de políticas públicas a través de direcciones generales o de área y otras unidades administrativas dependientes de las Secretarías de Gobierno o de Gobernación de los estados. Incluso en muchas entidades se han creado institutos, direcciones y oficinas paraestatales para la atención de este fenómeno.
Incluso algunos estados como Guanajuato, Puebla, Durango y el Distrito Federal han establecido casas de atención a migrantes en el extranjero que oscilan entre el ámbito público y el comunitario.
Es importante mencionar que en el año 2000 se creó un organismo que agrupo a las entidades de la república que instrumentaban o estaban interesadas en instrumentar programas institucionales de alcance local en materia migratoria. Esta organización se le denominó Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes y constituyó consciente o inconscientemente, una plataforma para el desarrollo de políticas públicas estatales en materia de atención a los emigrantes y por ende una herramienta de federalismo.
La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes se constituyó como una asociación civil que se ha convertido en un referente para el tema en el ámbito local, siendo reconocida incluso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el propio Congreso de la Unión así como autoridades y organizaciones de Estados Unidos de América.
Otro de los actores importantes que a nivel nacional ha abordado el tema de la migración de los nacionales hacia el exterior ha sido la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ha constituido una plataforma de acción coordinada de los Gobiernos Estatales, para discutir, abordar y proponer soluciones a problemas comunes de alcance nacional, como lo es la migración de nuestros connacionales hacia el exterior. El 5 de junio de 2003, en el marco de la IX reunión ordinaria en el Distrito Federal, se creó la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se conforma con los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En el ámbito legislativo, Zacatecas, Sonora y Durango han expedido leyes en materia de atención a migrantes.
El estado de Zacatecas no cuenta con una ley que, de manera específica, aborde la problemática de su población emigrante, sin embargo, encontramos disposiciones relacionadas con el fenómeno migratorio en su Constitución, la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Educación del Estado, la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, la Ley Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y los Adolecentes, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas y en la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
El 6 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del estado de Sonora la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, que consta de 30 artículos y entre sus disposiciones más relevantes encontramos el establecimiento permanente de políticas públicas de atención y apoyo a los migrantes, como las que se refieren al desaliento del cruce de manera ilegal; la obligación de que los presupuestos de egresos del gobierno del estado y de los municipios, incluyan fondos especiales para los programas de atención a migrantes; así como facultades para fortalecer la relación del gobierno del estado con el gobierno federal para el desarrollo de esquemas de corresponsabilidad para la protección y atención de los migrantes.
En el mes de agosto del 2008, la LXIV Legislatura del Congreso de Durango aprobó el decreto de Ley de Protección a Migrantes, que reconoce la responsabilidad estatal por proteger a los emigrantes y sus familias que por razones de carácter económico, educativo y social tienen que abandonar el territorio estatal e incluye a los inmigrantes que establecen su residencia en el estado.
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran: la responsabilidad del estado de arraigar a su población; la facultad del estado de establecer oficinas de representación en el extranjero que brinden apoyo a los migrantes; la facultad de promover la organización comunitaria en el extranjero; la obligación de realizar campañas permanentes sobre los riesgos de cruzar la frontera de manera indocumentada, la obligación de establecer un fondo estatal de asistencia al emigrante con una mezcla de recursos de la federación, el estado, los municipios, el sector privado y apoyos internacionales; y la obligación del estado de intervenir en el traslado colectivo de trabajadores que sean contratados para laborar en un país extranjero.
Por lo que se refiere a la creciente participación de los estados en el ámbito internacional, el profesor Jorge A. Schiavon, investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica explica que este proceso en México ha sido paulatino, iniciando en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, posteriormente en el de Carlos Salinas de Gortari, impulsado después por el Presidente Ernesto Zedillo y consolidándose en el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada, lo que ha provocado que, si bien los principios tradicionales de política exterior se conservan intactos, la práctica diplomática nacional se ha dinamizado, transformando su naturaleza legalista en pragmática, en la que los órdenes de gobierno, principalmente los estados de la federación, buscan una creciente participación en el ámbito internacional.
En este sentido, podemos concluir que los programas para atender el fenómeno migratorio requieren la participación de todos los órdenes de gobierno.
Que la participación de las entidades federativas y de las autoridades municipales en la atención de la problemática de los mexicanos en el exterior es cada vez mayor y no sólo es jurídicamente posible sino necesaria y;
Que la aplicación de las normas internacionales, bilaterales, nacionales y locales en las distintas materias de las que se derivan los casos de protección y atención al fenómeno migratorio implican una concurrencia de facultades entre los distintos ámbitos de gobierno, especialmente si consideramos que, aunque no existe en la Constitución disposiciones que otorguen facultades explícitas en la materia a las entidades federativas, el artículo 124 constitucional establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados.
Por lo expuesto, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revalorar la importancia de la existencia y funcionamiento eficiente de instancias en los estados de la república que atiendan, mediante programas propios y de colaboración con la propia secretaría, las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran hacia el extranjero en busca de mejores oportunidades para sus familias.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instaurar un programa que permita la institucionalización, formalización y fortalecimiento de las Oficinas de Atención a Migrantes de los Estados de la República, mediante la asistencia, capacitación, información y apoyo de la propia dependencia.
Notas
1. Corona Vázquez Rodolfo, Emigrantes mexicanos y los nuevos arreglos residenciales, Foro Migración Internacional México-Estados Unidos de América, temas de actualidad, Colegio de la Frontera Norte, Consejo Estatal de Población de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de mayo de 2008.
2. Colegio de la Frontera Norte, Frontera Norte, la urgencia de un desarrollo integral, México, Colegio de la Frontera Norte, 2006, pp. 8,9.
3. Población emigrante a Estados Unidos de América por entidad federativa, según sexo, 2000, INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, Base de datos de la muestra censal. Información publicada en internet en la dirección electrónica: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob67&c=9703 (06/10/2008)
4. Información recabada de la página de internet del Banco de México: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE80&locale=es (16/10/08).
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de octubre de 2009.
Diputados: María Isabel Merlo Talavera, Julieta Marín Torres, Juan Carlos Lastiri Quirós, Ardelio Vargas Fosado, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Óscar Aguilar González, Janet González Tostado, Francisco Ramos Montaño, José Alberto González Morales, Fernando Morales Martínez, Blanca Estela Jiménez Hernández, Juan Pablo Jiménez Concha, Leobardo Soto Martínez, Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB, A LA SEMARNAT Y A LA PROFECO A INSTALAR LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE EL PROYECTO DE CONFINAMIENTO DE DESECHOS INDUSTRIALES EN ZIMAPÁN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Francisco Hernández Juárez, diputado federal de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En julio de 2004, la empresa española Abengosa-Befesa presentó el Proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una inversión de 9 millones de dólares en la primera etapa.
El proyecto plantea construir el confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos más grande de Latinoamérica, en 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo.
El confinamiento tiene capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos con la finalidad de estabilizarlos mediante un proceso en el que utiliza cal, cemento y arcilla. Al entrar en operación, éste recibirá 170 mil toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos.
Zimapán, cuya explotación minera ha ocasionado el índice de mayor contaminación ambiental y más alta concentración de arsénico en mantos acuíferos en el país y, de tener un alto rango de enfermedades de cáncer y diabetes en su población, se encuentra en un riego mayor con la instalación de este basurero de desechos tóxicos.
La instalación de este proyecto ha ocasionado conflictos agrarios, ya que los integrantes del ejido de Mezquite Segundo han demostrado en los tribunales que el confinamiento se edificó en su propiedad y no en el ejido de San Antonio, como se cita en el manifiesto de impacto ambiental.
El pueblo de Zimapán se ha organizado para rechazar la edificación del confinamiento por el efecto ambiental y las violaciones que la empresa española ha efectuado a las normas establecidas para su autorización.
Se desacató la orden judicial, emitida por el tribunal colegiado de distrito con sede en Pachuca, que otorga suspensión provisional al amparo interpuesto por el consejo municipal de suspender sus actividades, hasta que se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y salud de los habitantes del municipio.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en el resolutivo número GPA.DGIRA.646.04, admite que no se realizó consulta pública sobre el proyecto.
Pese a estas resoluciones en favor del pueblo de Zimapán, la respuesta de sus peticiones ha sido la represión por los gobiernos federal y estatal a lo largo de más de dos años de lucha jurídica y de movilizaciones para defender su calidad de vida ante la empresa Befesa, cuyo historial de contaminación por el mal manejo de los materiales tóxicos ha sido denunciada por los grupos ambientalistas en Huelva, España.
El consejo municipal, a través de su presidente, ha buscado a las autoridades federales para encontrar una salida a su petición de cancelar este proyecto. Para ello ha solicitado a expertos en geología y ambiente estudios independientes que permitan conocer el efecto real del basurero tóxico.
A partir de que el dirigente de la resistencia contra el confinamiento de Befesa, José María Lozano Moreno, ganó la presidencia municipal de Zimapán, la Secretaría de Gobernación lo citó, el 2 de septiembre de 2009, a una reunión con el subsecretario de Gobierno, Jerónimo Gutiérrez Hernández; y el secretario de Gobernación de Hidalgo, Gerardo González Espínola.
Ante el temor de sufrir alguna medida judicial, el presidente municipal solicitó a organizaciones sindicales y de derechos humanos que lo acompañasen. El subsecretario de Gobernación planteó que, dada la resolución judicial, la empresa ha cumplido los requisitos establecidos, y se dan 24 horas para que entre en operación, con o sin el consentimiento de la representación municipal.
El ultimátum de la Segob pone en alerta a la comunidad de Zimapán, ante la posible entrada de la fuerza pública para permitir a Befesa empezar a funcionar pese a que la población esté en contra.
La Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de diálogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y se comprometió a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas. A la fecha se está en espera del llamado.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a convocar a la instalación de la mesa de diálogo con la mayor brevedad con la representación de Zimapán, a fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a la comunidad y evitar una salida represiva al problema.
Segundo. Convocar a las autoridades competentes, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Procuraduría Federal de Proteccón al Ambiente, para evaluar los impactos ambientales según las normas nacionales e internacionales a través de un tercero para garantizar la objetividad del resultado, y evaluar la viabilidad de la planta de residuos industriales, y la afectación del ambiente y de la calidad de vida de la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UN COMITÉ DE TRABAJO QUE ESTUDIE LAS NORMAS OPERATIVAS DE LA REGULACIÓN DE LAS GUARDERÍAS SUBROGADAS DEL IMSS PARA DOTARLAS DE MAYOR CALIDAD Y SEGURIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrante de esta honorable legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía el consiguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Honorable asamblea, tenemos el honor de hablar por los habitantes de Sonora y expresar el sentimiento respecto a los sucesos del 5 de junio en Hermosillo, me refiero al incendio de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde perdieron la vida 49 niños menores de 4 años.
Estamos conscientes que, si bien no fue un suceso intencional, sí fue algo previsible y que se pudo evitar; por ello, les quiero exponer una serie de ideas.
Dentro de las fallas de operación que se observaron, fue que no existen normas específicas o estrictas para la adaptación o instalación de centros de cuidado de infantes, no se invierte en alta tecnología de cuidado, materiales no flamables, cámaras de seguridad, falta de personal especializado y salidas de emergencia adecuadas; tampoco existe regulación entre el costo real de operación y las ganancias por la subrogación de las guarderías. Se sabe que la inversión en el centro o guardería es, por mucho, inferior a la ganancia que ésta aporta. Aunado a esto, la legislación del seguro social no prevé la posibilidad de cuidados maternos, entendiéndose éstos como los permisos que tienen las madres de ausentarse cuando sus hijos se enferman, todo a causa de la pobre regulación que existe en la materia.
Aquí no acaba el problema. Las circunstancias posteriores a la catástrofe develaron una serie de incongruencias con la atención a los padres que tienen hijos lesionados de sus pulmones o afectaciones internas, únicamente se han considerado a los padres de niños fallecidos o que tengan quemaduras externas para su atención, las profesoras afectadas no han sido atendidas adecuadamente y además no se les quiere liquidar conforme a la ley. Las afectaciones de los niños, como ya lo he mencionado, llegan a ser hasta quemaduras internas de sus pulmones, lo que requiere un tratamiento de alto costo económico, además de que sólo se realiza en esta ciudad capital o en el extranjero. Por ello, dentro de los acuerdos tomados por las autoridades y los padres de familia se estableció la habilitación de un neumólogo en Hermosillo, que hasta la fecha no se tiene.
Los padres de familia, por el temor de llevar a sus hijos a guarderías, han solicitado que se les entregue a ellos la cantidad que el IMSS estaría pagando por cada niño como subrogación, aparte existe un reclamo generalizado porque no se atiende a los niños discapacitados.
Como pueden ver, existen demasiadas irregularidades en la forma de operación de las guarderías subrogadas y la atención de las autoridades a las familias afectadas.
Por esto, el punto de acuerdo en cuestión nos da la oportunidad de avanzar en las políticas públicas que el Estado está obligado a adoptar por la seguridad de todos sus habitantes, en especial, de nuestros niños. De esta manera consideramos que debemos crear, en el marco de las facultades legislativas, la obligación de esta Cámara que, por medio de un comité de trabajo, establezca el compromiso de estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social para dotarlas de mayor calidad y seguridad.
Ningún comité de trabajo o estudio se encuentra completo si no se incluye a las autoridades competentes en la materia y especialistas en el tema para enriquecer las proposiciones. Por ello, proponemos, junto con la creación del comité, exhortar a las autoridades del IMSS a unir al equipo de trabajo y lanzar la convocatoria pública de participación ciudadana.
Todo trabajo sería en vano si no logramos concretar los esfuerzos del comité en material tangible; por tanto es necesario poder mantener un plan de trabajo constante para la consecución del objeto de la representación, iniciando con la solicitud de información a las autoridades del IMSS de las medidas adoptadas para procurar la seguridad de las guarderías y poseer un marco referencial de estudio, establecer una agenda mínima de trabajo del comité para este primer periodo de sesiones de la LXI Legislatura y presentar los resultados antes de acabar con el periodo de sesiones. El Poder Legislativo no debe estar ajeno a este problema. Se encuentra obligado a impulsar las reformas necesarias para evitar que se repitan estas catástrofes; por ello apelo al interés y razón de esta asamblea para acordar los puntos de acuerdo que detallo.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de un comité de trabajo cuyo objetivo primordial es el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social para dotarlas de mayor calidad y seguridad.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que invite a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a participar dentro del comité de trabajo para el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, solicitar la información de las medidas adoptadas para procurar su seguridad.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde las medidas necesarias para el lanzamiento de la convocatoria pública de propuestas de la sociedad civil para lograr las reformas a las normas operativas de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cuarto. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire solicitud de información a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de las medidas adoptadas para la seguridad de las guarderías subrogadas.
Quinto. Se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles que indemnice a los padres de familia de niños con lesiones internas a causa del incendio, habilitar el médico neumólogo pediatra en Hermosillo para la terapia de los infantes e incorporar en sus políticas de servicio otorgar la subrogación directamente a los padres de familia.
Sexto. Se solicita a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que acuerde las medidas necesarias para otorgar extraordinariamente los permisos a las madres de ausentarse para el cuidado de sus hijos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1de octubre de 2009.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA USUARIOS DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, POR LA PROTESTA SOCIAL EN REPUDIO DEL ALZA DE LAS TARIFAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Ramón Jiménez López, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Desde principios de la presente década, se han incrementado de manera dramática los costos en las tarifas eléctricas en el país, las cuales superan hasta en un 25 por ciento las tarifas de Estados Unidos de América. La Secretaría de Hacienda y Crédito público fija las tarifas eléctricas, no existe un organismo independiente con capacidad técnica y de acceso a la información que supervise los costos en los que incurren las empresas eléctricas públicas. Prueba de ello es que cada día se manifiesta la población –a lo largo y ancho del territorio nacional– en contra de los elevados costos, como es el caso de los pobladores de ciudad Ixtepec, en Oaxaca, quiénes además están enfrentado persecuciones por el hecho de manifestarse contra el alza de las tarifas eléctricas.
Con fecha 17 de febrero del año en curso, un grupo de ciudadanos se presentó ante las oficinas de la Agencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Ixtepec, Oaxaca para exigir, mediante oficio dirigido al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la reducción del precio de kilowatts, debido a los altos cobros del servicio. El incremento a las tarifas eléctricas domiciliaras, el ingreso per cápita por persona al día y las presiones de las instituciones para cumplir con el pago de la luz, ha ocasionado que un buen número de usuarios del servicio se estén manifestando en resistencia contra el pago desde hace algunos años. A partir del 2004 los usuarios en resistencia eran alrededor de 290 mil personas, en el 2008 sumaron 427 mil 420, durante el presente año, la resistencia y la organización frente a las altas tarifas se está extendiendo a estados de la república como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz.
El grupo en resistencia presentó el viernes 20 de febrero del presente, un oficio dirigido a la licenciada Ana Dinorah Pérez López, jefa de la Agencia Administrativa de la CFE de ciudad Ixtepec, Oaxaca, mediante el cual se solicitaba información por escrito, sobre los motivos por los cobros excesivos y evitar los cortes del servicio de energía eléctrica.
Cinco días después, se realizó una mesa de trabajo en la que estuvo presente el ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona de Tehuantepec de la CFE, y la comunidad afectada, fungiendo como coordinador, el ingeniero René Núñez Girón, donde se signó una minuta de trabajo en la que destacan los siguientes puntos:
• Que la CFE realizaría una revisión de los recibos de los pobladores considerados anormales, y realizará una refacturación en caso de detectar algún tipo de error, con la aclaración de que los recibos que estén en revisión no se les suspenderá el servicio, y estas revisiones deberían concluirse el 6 de marzo del año en curso.
• Que la CFE de la zona Tehuantepec ofrecería el apoyo de asesoría en ahorro de energía y se comprometía a que al término de la revisión de los recibos se instrumentaría un programa permanente de ahorro de energía.
Cabe señalar que la minuta se firmó por los funcionarios de la CFE, ingeniero Eduardo Olivares Pérez y Ana Dinorah Pérez López, así como por parte del representante y habitantes afectados. Sin embargo, los funcionarios no cumplieron con los acuerdos, por lo que los ciudadanos afectados presentaron otro oficio, con fecha 12 de marzo, dirigido al ingeniero Eduardo Olivares Pérez superintendente de la zona Tehuantepec de la CFE.
Debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades y ante el marasmo institucional para hacer viable las demandas y los compromisos asumidos, el lunes 23 de marzo se llevó a cabo una manifestación, afuera de las oficinas de la CFE, por parte de la población afectada, haciendo uso de su derecho constitucional de libre manifestación plasmado en la Carta Magna.
En lugar de dar salida a las peticiones que se realizaron conforme a derecho, las autoridades interpusieron una demanda, ante el juez séptimo de distrito de Salina Cruz, Oaxaca, por el delito de privación ilegal de la libertad, solicitando se liberara orden de aprehensión en contra de los manifestantes según consta en la averiguación previa PGR/OAX/MR/073/2009.
Preocupa que las autoridades de la CFE pretendan penalizar las acciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen como derechos de los mexicanos, como lo establece en el artículo 9o. donde se establece que "…no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la republica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar."
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee"
El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.", así como el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, indica que: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática…"
Con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que se desista de las demandas interpuestas, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión, la cancelación de los sujetos a proceso jurídico generadas de la protesta social en contra de los usuarios de Ixtepec, Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A HONRAR LA MEMORIA DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MEDIANTE ACCIONES TENDENTES A CONSERVAR EN BUEN ESTADO Y RESTAURAR MONUMENTOS QUE LO EVOQUEN, ASÍ COMO A DIFUNDIR EN RADIO Y EN TELEVISIÓN SU BIOGRAFÍA, SUS LOGROS Y SUS VIRTUDES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSUÉ CIRINO VALDÉS HUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Josué Cirino Valdés Huezo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Según frase de José Martí "honrar honra", con motivo del acercamiento del bicentenario de la independencia nacional justo es honrar a nuestros héroes.
Uno de los pilares fundamentales de la independencia es sin duda el cura José María Morelos y Pavón. Su indeclinable voluntad, su genio político y militar y su sensibilidad política lo convirtieron en pieza clave del movimiento insurgente hasta encabezarlo.
Resulta lamentable el mal estado que guarda un buen número de monumentos históricos erigidos a lo largo y ancho de la república en nombre del caudillo.
Es el caso de dos estatuas que hay en Ecatepec de Morelos, México –donde, como todos sabemos, el Siervo de la Nación fue sacrificado–, a cuyo pie conmemoraremos el próximo 30 de septiembre su natalicio.
Aunado a lo anterior, en los contenidos televisivos y en los radiofónicos rara vez encontramos menciones trascendentes sobre hechos históricos relevantes para el país, por lo que
Considerando
Primero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, son de utilidad pública la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos.
Segundo. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 7o. y 44 de dicha ley, son competentes para la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos la Secretaría de Educación Publica y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Tercero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es competencia de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y las de televisión dirigidas a la población infantil procuren la comprensión de los valores nacionales.
Cuarto. Que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Secretaría de Educación Pública tiene como atribución promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico.
Quinto. Que, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio y las de televisión deberán efectuar emisiones diarias gratuitas con duración hasta de 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, las que serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Sexto. Que, con el paso del tiempo, distintos monumentos de don José María Morelos y Pavón han sufrido deterioro y destrucción, específicamente dos estatuas situadas en Ecatepec de Morelos, México. Una de ellas fue construida en 1864 por el ingeniero Carlos Villada; y otra, en la década de 1980, se denomina La Trilogía. Desde nuestro punto de vista, el bicentenario de la independencia debería ser un buen motivo para rendir homenaje a los héroes que nos dieron patria.
Séptimo. Que, lamentablemente, los medios de comunicación electrónicos no dedican, desde nuestro punto de vista, tiempo suficiente para recordar hechos trascendentes de la historia de la nación.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto de Antropología e Historia para que durante el año de celebración del bicentenario de la Independencia ejerza su facultad de conservación y restauración de los monumentos históricos que evoquen al Generalísimo José María Morelos y Pavón, poniendo especial atención en los que residen en el lugar de la muerte de dicho caudillo.
Segundo. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Gobernación a efecto de que en los tiempos oficiales que la ley asigna al Estado se incorporen cápsulas conmemorativas sobre la vida, la obra y el legado del Siervo de la Nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La llamada bonanza petrolera del gobierno de Fox llegó a México justo cuando a todos los mexicanos se nos prometía una transición política en el poder, la esperanza quedó sembrada en millones de familias mexicanas, donde estudiantes, intelectuales, campesinos, obreros, indígenas y empresarios cansados de un sistema político bajo un régimen presidencialista, que no ofrecía ninguna alternativa de beneficio social para el pueblo, vieron en la alternancia una oportunidad para incrementar su calidad de vida. Desde ese momento, los ingresos totales del gobierno federal se han incrementado, específicamente los derivados de ingresos petroleros que han representado un promedio del 38.8 por ciento, durante el periodo 2003 a 2008.
En la elección presidencial de julio de 2006, la principal demanda social de los mexicanos fue la generación de empleos, tanto que el actual titular del Ejecutivo federal desde su campaña electoral se autodenominó "Candidato del Empleo", como una forma mediática de dar respuesta a esta demanda social; sin embargo, en los tres primeros años de su gobierno la tasa de desempleo se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a un 40 por ciento este año.
Es de conocimiento público que los escenarios internacionales han tenido una repercusión directa en dos factores fundamentales en México: menor actividad económica y menor precio y producción de hidrocarburos, situaciones adversas que han profundizado la crisis económica, evitando la generación de empleos y la inversión pública y privada. Las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado de "Economía competitiva y generadora de empleo" reconocen que la vía adecuada para la reactivación económica y el empleo es la infraestructura para el desarrollo.
Así, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación acuden cada año a esta soberanía autoridades de los estados y municipios que demandan recursos adicionales al gasto federalizado, con la intención de generar proyectos de inversión que permitan resolver rezagos de infraestructura social que son un detonador en el desarrollo regional y en la generación de empleos. Un problema inherente a la falta de recursos es el desconocimiento en los procedimientos adecuados para elaboración y gestión de los proyectos de inversión.
Las medidas presentadas en el Programa para la Reactivación del Crecimiento y el Empleo que dio a conocer el Ejecutivo federal el 9 de octubre de 2008 fueron viables, pero con montos de inversión insuficientes; sin embargo, cosa inusual, estas medidas contracíclicas fueron abaladas y recomendados por el Fondo Monetario Internacional.
La respuesta inmediata a la política de reactivación económica será la inversión impulsada por el sector público, donde observamos que en el periodo 2007 a 2008 se ha incrementando hasta 12.76 por ciento. En el periodo correspondiente de 2008 a 2009 se elevó adicionalmente 6.3 por ciento. Cabe destacar que la inversión en infraestructura, excluyendo el petróleo como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en México es de alrededor del 2 por ciento.
El Banco Mundial estima que, tan sólo para alcanzar la cobertura universal de servicios básicos y atender el crecimiento de la demanda así como mantener el desarrollo adecuado a la infraestructura existente, se requiere una inversión entre 1.0 y 1.25 del PIB. No obstante que Corea del Sur, China y Singapur están asignando el 9 por ciento en términos del PIB en infraestructura para reactivar la economía.
Los esfuerzos del gobierno federal en materia de infraestructura serían postulantes para una excelente tesis doctoral, cuando en la realidad, los recursos presupuestarios que son aprobados a través de esta soberanía carecen de una eficiente planeación y aplicación, misma, que además de ser insuficientes, ha generado alarmantes subejercicios. Tal es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, donde en materia de infraestructura se destaca el comportamiento de las cifras de los subejercicios siguientes: en 2006 16.3 por ciento, en 2007 38.8 por ciento y en 2008 en 22.1 por ciento.
Como resultado de estos subejercicios se han ensanchado los fondos y fideicomisos, los cuales se han venido transfiriendo de manera discrecional por parte de las autoridades hacendarías. Ejemplo de lo anterior lo constituyen el Fondo Nacional de Infraestructura y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mismos que cuentan con un monto de 59 mil 30.47 millones de pesos, los cuales se están utilizando de manera gradual y arbitraria por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde la inversión privada no ha alcanzado su máxima participación. Incluso se tiene conocimiento de ayuntamientos a los que se les oculta la información para participar con capital privado en este esquema de reactivación Económica.
En el caso del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios el reporte al 30 de junio de 2009 es de 4 mil 914.2 millones de pesos, cuando la demanda de estos asciende aproximadamente a 30 mil millones de pesos. En el mismo caso se encuentra el Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y el Fondo Regional, que reportan respectivamente 16 mil 191.1 millones de pesos y 122.3 millones de pesos. En este sentido, hago de conocimiento de este pleno que existe una omisión en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009 respecto del Fondo de Modernización para los Municipios, por un monto de 500 millones de pesos.
En este contexto y ante la falta de responsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los temas de infraestructura y generación de empleos, y dado que existen grandes contradicciones en los recursos programados y ejecutados, y ante un escenario de rescate económico resulta imprescindible que el Legislativo cuente con un instrumento que de seguimiento puntual a los recursos programados por esta soberanía, por lo que, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la creación de la Comisión Especial encargada del seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y el empleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A EMPRENDER ACCIONES DECIDIDAS Y CONTUNDENTES PARA HACER VIABLE Y PRODUCTIVA LA EXPLOTACIÓN DE GAS METANO ASOCIADO AL CARBÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MELCHOR SÁNCHEZ DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través del de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, presentan a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En noviembre de 2004 el gobierno mexicano, junto con otras 13 naciones, se adhirió a la Asociación para el Mercado del Metano. El compromiso establecido por nuestro país fue cooperar en el desarrollo de proyectos para la captura y uso del gas metano como fuente de energía limpia, así como para mejorar el medio ambiente y reducir el efecto invernadero provocado por este gas. Lo anterior toma importancia significativa toda vez que, de los gases que producen efecto invernadero, el gas metano es el que ha aumentando su presencia en mayor proporción, con un 151 por ciento durante el último siglo.1 Asimismo, el gas metano es 21 veces más contaminante que el bióxido de carbono.
Por otra parte, el gas metano posee un amplio potencial de explotación económica y se encuentra contenido en formaciones de roca de baja permeabilidad o asociado al carbón. La explotación de este tipo de gas no convencional tiene una creciente importancia económica, llegando a representar cerca del 15 por ciento de la producción doméstica del gas de los Estados Unidos de América y hasta el 40 por ciento de Canadá según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera.
Es importante destacar la presencia del gas metano en los aprovechamientos de carbón mineral como un gas asociado. En nuestro país, se explotan más de 15 millones de toneladas de carbón mineral cada año,2 de estas, el 95 por ciento se producen en la región carbonífera de Coahuila. Cuando sumamos a esta importante actividad minera la presencia de altas concentraciones de gas metano asociado al carbón3 y la ausencia de incentivos suficientes para invertir en el aprovechamiento de este gas asociado, se eleva de manera considerable, no solo la presencia de contaminantes de efecto de invernadero, sino el riesgo que corren los trabajadores de las minas de carbón de sufrir accidentes. Un ejemplo de esta circunstancia, fue la explosión de gas metano ocurrida el 19 de febrero del 2006, en la mina de Pasta de Conchos de Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de las minas de carbón y de evitar la contaminación y el desperdicio ocasionado con el venteo del gas de las minas carboníferas, el 9 de marzo de 2006, a propuesta de la esta honorable soberanía, fue aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley Minera, el cual establece el marco jurídico del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006.
Dicho decreto expone que "… la extracción de carbón mineral está sujeta a la presencia de gas grisú (compuesto en su mayoría por gas metano) en sus yacimientos, empero, no obstante que este energético en lo económico es redituable, no se recupera ni se aprovecha."
Por su parte, la Ley Minera en su artículo 19, fracción XIII, establece que "El aprovechamiento puede darse de dos maneras: el autoconsumo y la entrega a Petróleos Mexicanos. En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma en que se dé éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes correspondientes."
Y en su inciso a) de la misma fracción establece que "Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para recuperar, autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa autorización de la Secretaría de Energía."
Sin embargo, ante una clara falta de interés en el tema y una actitud irresponsable y desinteresada por parte del Gobierno Federal, a pesar de los beneficios ambientales, de desarrollo económico regional y nacional, y, sobretodo, de la seguridad para los mineros que brinda el tener certidumbre legal para la extracción del gas asociado al carbón, el reglamento para poder realizar la explotación del gas tardó 2 años, 6 meses en publicarse. No fue sino hasta el pasado 16 de diciembre de 2008 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral.
En estos momentos las altas cargas impositivas hacen imposible la explotación del gas metano y dejan sin sentido la reforma aprobada por esta soberanía.
Por lo antes descrito, los diputados suscribientes, presentamos a esta honorable soberanía, dada la importancia de este tema para la minería nacional y especialmente para Coahuila, el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta al presidente de la república a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón. Para evitar accidentes lamentables como sucedió en la mina Pasta de Conchos y, recientemente, en la mina Lulú; así como detener el deterioro ambiental de la región e impulsar el desarrollo económico.
Notas
1. Tercer Informe de Evaluación del IPCC: Cambio Climático 2001. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
2. Cámara Minera de México. http://www.camimex.org.mx/
3. Instituto Mundial del Carbón. http://www.worldcoal.org/coal/coal-seam-methane/coal-mine-methane/
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE INTEGRE LA COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS HERNÁNDEZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Luis Hernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de recordarse, el primero de enero de 1994 en Chiapas, un grupo de hombres armados, mayoritariamente indígenas, autodenominados Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se levantaron en armas en contra del gobierno de la república; reclamando sus derechos a alterar o modificar la forma de gobierno, al trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.
Los enfrentamientos durarían 12 días, al decretar el gobierno federal, un cese al fuego y nombrar una Comisión para el Dialogó con el EZLN.
Pasaría un año para que el Congreso de la Unión emitiera, un instrumento legal que diera cauce institucional a este dialogó y negociación, así el Congreso, aprobaría la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en marzo del 2005.
Esta ley tiene por "…objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas".
En el artículo segundo de esta ley, se establecen en seis puntos, el objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el párrafo anterior, entre los que se encuentran:
• Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales;
• Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;
• Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca;
• Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas,
• Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el estado de Chiapas, iniciado a partir del 1 de enero de 1994…"
La Ley para el Diálogo, crea la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), quien se encargará entre otros aspectos, de:
I. Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley;
II. Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley;
Así, bajo este marco legal, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que estaría integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso de la Unión para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo de Chiapas, que serán invitados con tal objeto.
La Cocopa, ha sido un actor fundamental en la construcción de una paz digna y duradera para el estado de Chiapas, tan sólo recordemos, la elaboración y presentación de la iniciativa de ley sobre derechos de los pueblos indígenas, suscrita por el propio Ejercito Zapatista y las organizaciones indígenas del país.
A 15 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas y 13 de su retiro de la mesa de negociación, los propósitos que se impuso el Congreso de la Unión contenidos en Ley para el Dialogo, La Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, no han sido cumplidos.
Aún se presentan en Chiapas, las causas que dieron origen al conflicto, los pueblos y comunidades indígenas asentados en este estado presenta los más altos índices de pobreza y marginalidad como lo señala el estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la publicación Indicadores de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El EZLN, al suspender negociaciones con el gobierno federal y no romperlas, sigue siendo un ejército armado al amparo de la Ley para el Diálogo.
Los pueblos y comunidades indígenas de la zona del conflicto en Chiapas, viven una constante zozobra al mantenerse un conflicto armado latente, que deriva en enfrentamientos entre los diferentes actores de esta región que van desde los grupos paramilitares que aún tienen presencia en la zona, los más de 10 mil desplazados por el conflicto armado, el propio EZLN y los partidos políticos.
Para esta legislatura debe ser un imperativo el cumplimiento de esta ley y abonar en atender las razones que llevaron al alzamiento armado de 1994 en Chiapas y desactivar cualquier conflicto que afecte nuestra frágil democracia.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a instalar la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Segundo. El objetivo de la comisión será el que se deriva de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas
Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad al marco normativo aplicable.
Cuarto. La comisión se instalará para el periodo de ejercicio de la LXI Legislatura y deberá presentar de manera anual un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Luis Hernández Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A QUE PEMEX REDUZCA EN 40 POR CIENTO EL PRECIO DEL GASÓLEO, DEL GAS LP Y DEL GAS NATURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA TERRAZAS PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Adriana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal, diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía a efecto de que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, el gas LP y el gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, durante el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cada año, en fechas similares, los diputados chihuahuenses, que han sido integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en anteriores legislaturas, han acudido a la tribuna de esta soberanía para hacer un planteamiento similar al que les efectuamos en este momento, en razón de las inclemencias invernales que afectan a la población de nuestra entidad federativa.
La posición geográfica de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado.
Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y la economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar los siguientes:
• Incremento en las enfermedades respiratorias agudas, como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas de la tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema.
• Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.
• Alto índice de inasistencia escolar.
• Afectación de la economía familiar.
El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas de hipotermia por cada ciclo invernal es superior a las 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.
El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico. El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor.
En este mismo contexto, el precio del gas LP afecta en 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.
Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto de 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno. Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.
En razón de ello, se han realizado estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, de los cuales se ha concluido que con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.
Por tales consideraciones, nos presentamos ante esta tribuna, en nombre de los chihuahuenses, a plantear un asunto concreto y urgente, de alta prioridad, porque afecta a amplios sectores de la población de Chihuahua. Estamos seguros de que tendrá la comprensión y el apoyo de los compañeros integrantes de esta Cámara.
Por ello, hacemos un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de nuestros compañeros diputados en este recinto, para que reflexionen en que será vano hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos, si no les garantizamos el mínimo de bienestar que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.
Los invitamos a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a adoptar las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2009.
Diputados: Adriana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A INTEGRAR LA CONFERENCIA DE COMISIONES A FIN DE CONCLUIR EL DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, FEDERICO OVALLE VAQUERA, JOSÉ NARRO CÉSPEDES Y EMILIANO VELÁZQUEZ ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes y Emiliano Velásquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática; Valdemar Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional; y Roberto Pérez de Alba, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 98, incisos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Con fecha a 24 de septiembre del 2009 se presentó al pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo –que se apoya a plenitud, refrendada por los mismos promoventes– donde se "se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa soberanía el 30 de marzo de 2006".
2. No obstante lo anterior y en virtud de la importancia que la minuta de ley referida tiene para la alimentación y la nutrición de la población del país, particularmente en esta etapa de crisis alimentaria, y asimismo en alcance a la Proposición mencionada, estimamos necesario imprimir mayor celeridad al proceso legislativo que lleve a la culminación del dictamen correspondiente. Es pertinente recordar que la minuta de referencia fue enviada a la colegisladora desde el 30 de marzo de 2006.
3. Se reitera que se ratifican los considerandos de la proposición antes mencionada. De ellos destacamos que la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional constituye un elemento central del concepto de seguridad nacional.
4. De la misma manera, se refrenda que es indispensable acabar con la pobreza en el país. Para este propósito, los efectos multidimensionales derivados del logro de la soberanía y seguridad alimentaria permitirían abatir la pobreza rural y tendría efectos positivos en las áreas urbanas.
5. Ha quedado plenamente demostrado, en los más de 25 años de experiencia de políticas neoliberales, que el campo mexicano, no solamente no ha progresado, sino que su situación general ha empeorado.
6. Es impostergable que el Estado mexicano cumpla lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna, que en ese orden y atendiendo a la materia que nos ocupa, disponen la rectoría del Estado del desarrollo nacional, para que éste sea integral y sustentable y fortalezca a la soberanía de la Nación, mediante el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza; para lo que establecerá un sistema nacional de planeación, que permita que el desarrollo rural sea integral, el que tendrá que ser apoyado con subsidios y otras medidas gubernamentales.
7. No podemos permitir que se sigan soslayando estas obligaciones constitucionales. Aprobar la minuta multimencionada forma parte esencial de las responsabilidades con la nación que hemos contraído como legisladores.
Por las razones anteriores, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a integrar la Conferencia de Comisiones, para que la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, y turnada para dictamen a esa colegisladora en la misma fecha, sea dictaminada por las comisiones involucradas en el Senado, con la participación de la dictaminadora en esta Cámara, a fin de agilizar, en la medida de lo posible, el proceso legislativo, referido en los incisos D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del 2009.
Diputados: Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes, Emiliano Velásquez Esquivel, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Roberto Pérez de Alba.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LICONSA, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO BENÍTEZ LUCHO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En representación de los ganaderos lecheros del estado de Veracruz, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Antonio Benítez Lucho, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El desarrollo económico que requiere actualmente el país, como estrategia para frenar el avance de la recesión económica mundial, se basa sin duda en el fortalecimiento de la capacidad productiva de los sectores a través de la inversión en infraestructura que permita promover la comercialización de productos locales en mercados nacionales e internacionales, el incremento en la eficiencia de las cadenas de suministro, el apoyo para la formación de sociedades productivas que impulsen las economías de escala y la constante capacitación de productores, gestores y gobiernos locales para lograr un armónico crecimiento sostenido.
2. Desde 2004, la empresa paraestatal Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), con el que contrajo y rehabilito 49 centros de acopio en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca, mismos que integran la red de acopio y enfriamiento de leche fresca, con capacidad conjunta para manejar cerca de un millón 100 mil litros de leche diarios entre las 12 entidades antes mencionadas.
3. El precio de leche al productor en el año 2005 quedo definido en 3.50 pesos por litro de leche caliente y 3.64 pesos por litro de leche fría, precios que han venido aumentando en forma gradual hasta llegar el 29 de abril pasado a 4.20 pesos por litro de leche fría y sin contemplar un precio por litro de leche caliente, dejando en evidencia la falta de interés por parte de Liconsa de comprar a los ganaderos que no cuentan con los medios para enfriar y transportar su producto.
Esta situación ha provocado que Liconsa sólo compre a 4 mil 500 productores de los 250 mil que conforman el sector lechero de México, a pesar de que ha ido subiendo su cuota anual de adquisición de leche de 370 millones de litros en 2007 a 640 millones de litros en el presente año.
4. Para abastecer la demanda nacional de leche líquida y en polvo se requiere 11 mil 500 millones de litros de leche, produciéndose sólo 9 mil millones de litros, por lo que las importaciones ascienden a 2 mil millones de litros. De aquí la relevancia del punto de acuerdo que propongo a esta representación, pues la medida permitiría reactivar las actividades agropecuarias e industriales, sobre todo en estados como Veracruz, donde se tienen importantes recursos naturales para coadyuvar al desarrollo de los distintos sectores productivos regionales y nacionales, sin dejar de mencionar que se cuenta con el capital humano necesario para operar y fortalecer las distintas iniciativas empresariales y gubernamentales.
5. Tomando en cuenta las mencionadas fortalezas y sabiendo que el gran motor de la economía de un país es el desarrollo del sector primario, es promisorio trazar programas dirigidos a fomentar la formación de empresas, sociedades productivas y esquemas de trabajo en el sector agropecuario de México que permitan generar productos de alto valor agregado que satisfagan las necesidades de demanda local, nacional e internacional.
Tal es el caso de la producción de leche a través de la ganadería de doble propósito en Veracruz, siendo una de las principales generadoras de materia prima a nivel nacional para abastecer a empresas dedicadas a producir derivados lácteos y al mismo tiempo satisfacer parte de la demanda de leche para su consumo final.
Veracruz ocupa el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional sólo después de Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, produciendo un volumen diario estimado en más de un millón de litros, siendo en esta entidad donde se procesa el 50 por ciento del lácteo nacional en las plantas disponibles, algunas de ellas modernas y bien equipadas con tecnología de punta y otras de carácter artesanal.
6. Pese al avance de la industria pecuaria en los recientes años y de ser un importante referente nacional en la producción de leche, las cuencas lecheras de Veracruz en donde se concentran 16 centros de acopio que abastecerán a los mercados locales y nacionales, no cuentan con la infraestructura productiva ideal ni con esquemas de comercialización que permitan asegurar una producción sostenible que satisfaga la demanda de los grandes compradores nacionales como los son Liconsa, Grupo Industrial Lala, Nestlé y Alpura por mencionar a los principales.
7. Por otro lado, la falta de organización entre los productores para ofrecer volúmenes de materia prima de manera integral ha debilitado la posibilidad de asegurar contratos de venta que permitan obtener ingresos constantes que promuevan la reinversión, el crecimiento en infraestructura y, por ende, la generación de empleos permanentes en la población.
8. Compradores como Liconsa requieren de proveedores que sean capaces de asegurar un rango estable de producción de leche y un precio de compra competitivo que impida la alternativa de adquirir materia prima en mercados internacionales. Lamentablemente, en la actualidad es común que Liconsa ubique su cadena de suministro fuera del país.
9. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone diseñar una estrategia para remediar esta brecha comercial entre los productores de leche y las empresas dedicadas a la industrialización y comercialización a gran escala de este importante producto, buscando con ello apoyar al sector pecuario de México, particularmente para el desarrollo e integración de la producción de leche.
Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta representación, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las Reglas de Operación de la Empresa Paraestatal Liconsa, con el objetivo de favorecer el mercado interno y apoyar a los productores nacionales de leche, haciendo efectiva la regulación del precio del producto y fomentando el desarrollo y formación de empresas integradoras a través del régimen de sociedad cooperativa, que generen economías de escala y permitan la comercialización del producto de manera integral.
Segundo. Se insta al Ejecutivo federal a evitar la importación de caseinato de calcio para la reconstitución de la leche que distribuye Liconsa en las comunidades de México, al amparo presupuestal de los programas destinados al combate a la pobreza, y apoye en su lugar la inversión en el mejoramiento de la infraestructura física de los productores nacionales.
Tercero. Se exhorta a la Sagarpa a que ponga en marcha un esquema de ganadería por contrato que asegure la producción planificada de leche en el territorio, garantice el consumo nacional y asegure su venta a precios accesibles a los mexicanos.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de Sedesol, en coordinación con Liconsa, para establecer un programa de capacitación destinado a los productores nacionales de leche que les permita garantizar el correcto uso y manejo del lácteo, así como para que dichas instancias busquen, en su conjunto, diversificar las fuentes de financiamiento con instancias nacionales e internacionales para apoyar a la industrialización de la producción de leche en el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2009.
Diputados: Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, Javier Duarte de Ochoa, Patricio Chirinos del Ángel, Salvador Manzur Díaz, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Francisco Herrera Jiménez, Silvio Lagos Galindo, José Francisco Yunes Zorrilla.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD SOBRE LOS GRUPOS QUE RECIBIRÍAN LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA A H1N1, A CARGO DEL DIPUTADO HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La enfermedad causada por el virus de la influenza A H1N1 que fue identificada en nuestro país desde marzo del 2009, al momento ha sido causa importante de daños a la salud, la economía y la armonía social de todo México.
Desde la aparición de este nuevo virus pandémico y hasta la fecha, a nivel nacional se tienen registrados, hasta el 22 de septiembre, 27 mil 660 casos confirmados con 222 defunciones, con una afectación principal a las personas que se encuentran dentro del grupo de edad de 20 a 55 años y con una letalidad muy por debajo a lo esperado de acuerdo con los modelos matemáticos que se habían realizado para una potencial pandemia de influenza por mutación del virus aviar A H5N1.
La enfermedad causada por el virus de la influenza A H1N1 ha repuntado desde septiembre presentándose más casos que en agosto.
El manejo de los enfermos con detección oportuna, diagnóstico y manejo adecuado al momento es la estrategia más útil, así como la aplicación de medidas preventivas como el lavado de manos y más que han recomendado la Secretaría de Salud en todo México.
Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades y otros organismos tanto nacionales como internacionales, han desarrollado una serie de lineamientos para el diagnóstico, clasificación, tratamiento, manejo, prevención y control de la enfermedad.
Uno de los lineamientos principales y que se ha mantenido en constante actualización son los referentes a la vacunación, debido a la problemática en cuanto a la producción, distribución y sobre todo cobertura y grupos blanco para su aplicación.
Actualmente la OMS anunció el 24 de septiembre que sólo habrá disponibles 3 mil millones de dosis de vacunas contra la influenza A H1N1, lo que representa menos de la mitad de la población del mundo. En conferencia de prensa desde Ginebra, Paule-Kieny señaló que "las estimaciones de la producción anual de 5 mil millones de vacunas contra la influenza A H1N1 se redujo a 3 mil millones de vacunas, debido a que los laboratorios continuaron con la producción de la vacuna contra la influenza estacional, pero la OMS revisará en octubre próximo las siguientes estimaciones."
La semana pasada el Ejecutivo federal a través del de la Secretaria de Salud ha señalado el inicio de proceso de compra de vacunas específicas al virus de la influenza A H1N1.
Existe de manera cotidiana desde hace algunos años una estrategia de vacunación por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud y aplicada por los servicios de salud en todo el país para prevenir la enfermedad que causa el virus de la influenza estacional por medio de la vacunación, que es serotípicamente diferente al virus de la influenza A H1N1.
La vacuna que se viene aplicando en otoño con el fin de prevenir la influenza estacional es diferente, y tiene bien definidos desde su inicio de la estrategia los grupos de edad a vacunar sus dosis y vía de aplicación. No es efectiva para prevenir o atenuar la enfermedad causada por el virus de la influenza A H1N1.
En la ciudadanía han surgido expectativas con relación a la vacunación contra el virus de la influenza A H1N1 que han generado confusión, incluso las autoridades de salud del país han tenido que salir a aclarar, señalando que la vacuna que previene la Influenza estacional no es efectiva para prevenir la enfermedad causada por el virus de la Influenza A H1N1.
Ante la decisión del Ejecutivo federal a través de las instituciones de salud en especial la Secretaría de Salud de iniciar el proceso de adquisición de vacuna de la influenza A H1N1 para disminuir los caso en el otoño-invierno del los años 2009-2010.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que defina los grupos de edad, número de dosis y vías de aplicación de la vacuna a emplear para prevenir la enfermedad causada por el virus de la influenza A H1N1.
Segundo. Que en el marco de la estrategia de comunicación a la ciudadanía, en relación a la pandemia de influenza por el virus A H1N1 que tiene implantada el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, se insista en la diferencia entre la vacuna de influenza estacional y la de influenza A H1N1.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de mes de septiembre del 2009.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR LOS RECURSOS APROBADOS POR ESTA SOBERANÍA PARA CONCLUIR LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS, EN EL TRAMO CONCHA DEL ORO, HASTA SALTILLO, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO TERESO MEDINA RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila por el Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura presentan a esta soberanía a través del de la voz, Tereso Medina Ramírez, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos del Informe de Avance de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para 2008, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto aprobado por la Cámara de Diputados para el programa de construcción y modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas fue de 480 millones de pesos y se habían ejercido sólo 175.6 millones de pesos, que representaban sólo 31.7 por ciento. Para 2009, de igual forma con datos a mayo de este año, se tenía un monto aprobado acumulado por esta soberanía de 695 millones de pesos para el mismo tramo carretero y se tenía un ejercicio acumulado de sólo 344.6 millones de pesos.
Es decir, de acuerdo con la información disponible a la fecha y faltando cuatro meses para concluir el año, al gobierno federal faltan ejercer en este proyecto recursos equivalentes a 48 por ciento del presupuesto total aprobado por esta soberanía.
No es raro observar este tipo de resultados en la presente administración, ya que el común denominador han sido la incapacidad, la falta sensibilidad y la omisión en el ejercicio de los recursos que la Cámara de Diputados aprueba para las entidades del país.
De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados referentes a los subejercicios al tercer trimestre de 2007, el subejercicio totalizó 11 mil 190 millones de pesos, de los cuales 6 mil 611 millones correspondieron al ramo de comunicaciones y transportes, y para 2008 el subejercicio para el tercer trimestre se situó en 6 mil 103 millones de pesos, de los cuales mil 20 millones pesos correspondieron al ramo de comunicaciones y transportes. Como se observa, el subejercicio de este ramo representa un gran porcentaje del subejercicio total. Ésta es solo una muestra de la falta de sensibilidad con que se ha conducido el actual gobierno.
Por si fuera poco, en el interior de la república nos encontramos con servidores públicos federales que en lugar de dar fluidez a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba parecerían competir por ver quién puede bloquearlas por mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.
Así, además del poco compromiso por garantizar la seguridad de los mexicanos, tenemos que batallar con la falta de compromiso para construir vías de comunicación modernas y seguras, con lo que aumentan los riesgos por transitar en las carreteras, lo que trae consigo el aumento de fatales accidentes en éstas. El tramo que falta por concluir es la parte de mayor riesgo para los usuarios de esta vía.
Además, con la conclusión de estas obras se contribuye a la generación de empleos que, a la fecha, el gobierno federal no ha sido capaz de crear.
Por eso, en tal virtud acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar con la mayor brevedad los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro, hasta Saltillo, Coahuila.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de año 2009.
Diputados: Tereso Medina Ramírez, Rubén Moreira Valdez, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hilda Flores Escalera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DETENER A TRAVÉS DE LA SAGARPA EL USO EXPERIMENTAL DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO HERIBERTO AMBROSIO CIPRIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal por Oaxaca, Heriberto Ambrosio Cipriano, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
La coyuntura del campo mexicano se encuentra en una grave situación de desmantelamiento. Aprovechando este contexto, tanto el gobierno como las empresas transnacionales han argumentado que la implantación del maíz transgénico en nuestro país traerá consigo un incremento en la producción de dicho grano.
A pesar de la embestida, la producción del grano sigue siendo alta; los pequeños productores y campesinos han resistido hasta ahora las arremetidas del mercado y el abandono del Estado, aunque ciertamente "estamos en una situación delicada donde el campo no aguanta más".
Sin embargo, la liberación de estas semillas y otros productos genéticamente modificados abre una enorme incertidumbre por sus posibles efectos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaría y la salud humana. Hasta la fecha, no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos a mediano y largo plazo.
Por ello, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, recomendó hacer una evaluación profunda de las consecuencias en la salud, debido al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados.
Pese a ello, autoridades mexicanas importan de Estados Unidos de América más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de las cuales 45 por ciento son de maíz transgénico. A ello se suman múltiples productos con sustancias nocivas o que carecen de los atributos con que se anuncian.
La libre importación de estos productos ha provocado contaminación transgénica de los cultivos de maíz en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y el Distrito Federal (en Milpa Alta y Magdalena Contreras).
Consideraciones
México es centro de origen y diversidad genética del maíz. Nuestro país cuenta con 60 razas y cerca de 200 variedades de maíz, lo cual permite que en nuestro país se cultive este importante grano en diversas condiciones agronómicas y a cualquier altura, lo que convierte al maíz en parte fundamental de nuestra soberanía alimentaría.
Esto significa que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la bioseguridad de este grano esencial. Hay muchas y mejores alternativas para la producción de maíz, orgánica y sustentable, que garantizan la seguridad y la soberanía alimentaría para todos y que protegen el medio ambiente.
En nuestro país, la autoridad sanitaria encargada de protegernos contra riesgos sanitarios no realiza ninguna investigación propia sobre los transgénicos: para autorizar el consumo de estos organismos se basa en la información presentada por las compañías creadoras de los transgénicos interesadas en comercializarlos.
Los transgénicos no son más que una forma nueva de concentrar la riqueza en manos de muy pocas transnacionales biotecnológicas y agroalimentarias como Monsanto, Syngenta (antes Novartis), Dupont (al que pertenece Híbridos Pioneer), Bayer Crop Science y Dow.
Según el agroecólogo Víctor M. Toledo, los transgénicos sólo podrían beneficiar a unos cuantos agroindustriales mexicanos, poniendo en riesgo a más de 80 por ciento de los campesinos, a todos los consumidores y al ambiente.
Este es el escenario que les espera a los productores mexicanos si el gobierno cede a la presión de las corporaciones biotecnológicas. Ante ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación realiza una campaña pro maíz transgénico, en vez de tomar medidas enfocadas a proteger y reactivar el campo mexicano, encaminadas a fortalecer la soberanía alimentaría del país.
México, como nación megadiversa, ratificó el 24 de mayo del 2000 el Protocolo de Cartagena y, con ello, asumió el compromiso de proteger nuestra biodiversidad y patrimonio genético.
El gobierno federal debe garantizar que México sea libre de contaminación con maíz transgénico e impedir que las empresas biotecnológicas tengan el control de este grano en nuestro país; esto sólo será posible con un verdadero régimen de protección especial al maíz.
La Comisión Económica para América Latina reconoce a México como "centro de origen que posee uno de los niveles más altos del mundo en biodiversidad y que su protección es prioritaria".
Por todo lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a detener, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el uso experimental del maíz transgénico en nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE CITRICULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN MONTES CAVAZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo mediante la cual se crea la Comisión Especial de Citricultura en atención a las siguientes
Consideraciones
En México y en el mundo, hoy día la citricultura representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura. Los cítricos son las frutas más importantes en términos de valor en el comercio internacional. 140 países producen alrededor de 105 millones de toneladas de frutos cítricos. Brasil, los países del Mediterráneo, Estados Unidos de América, China y México producen alrededor de 70 por ciento de ese total. En nuestro país, la superficie cultivada de cítricos supera 500 mil hectáreas que producen un promedio anual de 6 millones 504 mil toneladas de fruta, con un valor estimado de 7 mil 100 millones de pesos, lo que sitúa a México en el quinto lugar mundial en producción de cítricos. De la superficie cultivada, 68.5 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa y el resto a mandarinas, tangerina y pomelos. Los principales estados productores son Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Yucatán, Sonora y Michoacán.
Por otra parte, es de notar que el país logró ocupar el cuarto lugar mundial en la exportación de cítricos. De enero a la fecha existe un avance en las ventas internacionales, con una captación de divisas que ascienden a más de 200 millones de dólares.
La citricultura genera más de 780 mil empleos a nivel nacional, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, por lo que es una importante fuente de empleo y tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras.
Es por lo anterior que la citricultura en México requiere fortalecerse con una visión integradora y de largo alcance, con alta visión de miras, para ir más allá del cuarto lugar que actualmente ocupa en la producción internacional, ya que se cuenta en nuestro país con los recursos naturales y climáticos necesarios, lo que permitirá ofertar productos de alta calidad que sean capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales, para lograr que el campo mexicano genere desarrollo económico, mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se desarrollan en la actividad agrícola.
Es necesario también, en este sentido, destinar mayor gasto a la reconversión productiva, a la investigación, a las campañas fitosanitarias, a la industrialización y a la comercialización, tanto en el mercado nacional como internacional, por lo que es de igual forma prioritario blindar los recursos para evitar recortes presupuestales, subejercicios o complejas reglas de operación que hacen prácticamente imposible el acceso a los apoyos por parte de los productores.
Queda muy claro entonces que la citricultura en México provoca una muy importante derrama económica que trae consigo la comercialización de combustibles, lubricantes, transporte y mano de obra, principalmente en la cosecha en que se incrementa substancialmente, agroquímicos y fertilizantes, sistemas de riego, plásticos, cajas de cartón, entre otros insumos y servicios incluyendo la industrialización y comercialización. Por ello es importante seguir impulsando mejores presupuestos, programas más ambiciosos y apoyos que lleguen oportunamente a los productores citrícolas, en virtud de los compromisos que adquieren en el establecimiento, operación, mantenimiento y cosecha de sus huertas.
Esta Cámara de Diputados en su pasada legislatura, mediante la Comisión Especial de Citricultura logró aprobar importantes recursos para la operación del Programa de Competitividad para la Citricultura, el cual consiste en otorgar apoyos económicos a los productores citrícolas mexicanos en los rubros de desarrollo de proyectos productivos y en comercialización; asimismo impulsaron que se aplique la norma oficial mexicana de jugos, que representa importantes beneficios para el campo, la salud y la nutrición de los mexicanos, especialmente de niños y jóvenes, lo anterior solo por mencionar algunos importantes logros de esta comisión especial.
No obstante a lo anterior, quedan muchas cosas por hacer dentro este importante sector de la agricultura nacional, como el lograr que la naranja y el limón sean considerados productos básicos en la alimentación de los mexicanos, la creación de la infraestructura portuaria necesaria para la comercialización en el exterior, lo que representaría una reducción de costos para el productor, procesador y comercializador, logrando una competitividad internacional más acorde a las necesidades del mercado, lo que se traduciría en una mayor entrada de divisas y creación de empleos para el país.
Por otra parte, recientemente en Yucatán y Quintana Roo se ha reportado el brote de una enfermedad conocida como el HLB (huanglongbing), causada por una bacteria y considerada la más grave de las enfermedades de cítricos en el planeta, por lo cual se debe tener el mayor cuidado para su prevención, ya que actualmente no existe una cura y ha impactado fuertemente a los productores de Florida en Estados Unidos de América, no obstante a sus esfuerzos millonarios para combatir este mal, por lo que se debe de contar con los recursos humanos financieros y técnicos para prevenir su propagación. Es por ello esta Cámara debe de contar con una instancia interna que esté de forma permanente atenta para proponer las disposiciones legales o llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para actuar en beneficio de este sector productivo.
Por lo anterior es que consideramos de vital importancia la creación o, en este caso la reactivación, de la Comisión Especial de Citricultura, para que, desde nuestra posición como representantes de las necesidades de la sociedad y gestores ante las instancias de gobierno, logremos sumar esfuerzos para impulsar a la participación organizada de los productores y de las empresas mexicanas, en los mercados nacionales e internacionales, con productos y subproductos de calidad que satisfagan las exigencias del mercado y a precios rentables para el citricultor mexicano, generando tecnología con el propósito de maximizar la rentabilidad de las huertas, alejadas de las amenazas de plagas y enfermedades.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de Citricultura, con objeto de que sea el instrumento para propiciar las iniciativas legislativas y las gestiones necesarias que cubran las demandas del sector citrícola mexicano.
Segundo. Exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, así como a los gobiernos estatales a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión especial para evaluar y apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la citricultura.
Tercero. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.
Cuarto. La comisión especial deberá contará con los recursos y personal necesario para su operación y su duración será hasta el termino de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputados Federales del Grupo Parlamentario del PRI
Fermín Montes Cavazos, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fabiola Vázquez Saut, Rogelio Cerda Pérez, Patricio Chirinos del Ángel, Cruz López Aguilar, Ildefonso Guajardo Villareal, Eduardo Bailey Elizondo, Felipe Enríquez Hernández, María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado, Rodolfo Torre Cantú, Felipe Cervera Hernández, Sabino Bautista Concepción, Sara Gabriela Montiel Solís, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL NACIONAL DEL EMPLEO, A CARGO DEL DIPUTADO ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Isaías González Cuevas, diputado federal por Baja California Sur e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno la proposición con puntos de acuerdo para que se cree una comisión especial nacional del empleo y además se someta a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, en tanto se reforma el articulo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión se constituya como una comisión ordinaria para la presente y las siguientes legislaturas y se denomine Comisión Nacional del Empleo. La proposición con puntos de acuerdo, se fundamenta de conformidad con las consideraciones siguientes
Consideraciones
Las presentes consideraciones, son con el propósito de argumentar la necesidad de crear una Comisión Especial Nacional del Empleo para que reciba, analice y de seguimiento a propuestas en materia de empleo que ayuden a la reactivación económica del país con las que se apoyará en todo momento, al sector productivo nacional que genera empleos y "garantizará la transversabilidad de la legislación federal como un derecho constitucional al trabajo" para los diferentes sectores y actores sociales; convirtiéndose en un medio de defensa para combatir la pobreza que tanto afecta a la nación.
En estos tiempos de recesión económica mundial y nacional en la que se han perdido millones de empleos y en el que nuestro país no ha sido la excepción, proponemos impulsar un plan nacional de reactivación económica y el empleo por lo que es necesario crear leyes, instrumentar acuerdos, estrategias y procedimientos viables a través de este órgano legislativo, en congruencia con nuestra responsabilidad de atender las necesidades prioritarias que la nación demanda, con el objeto de detener la pérdida y baja de empleos lo cual no ha sido congruente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 para recuperar los que hemos perdido y aumentar los empleos para el desarrollo nacional con una visión a corto, mediano y largo plazo de manera urgente.
Otro aspecto a considerar es de vital importancia la reactivación de la economía, que incentiven y fortalezcan al sector productivo nacional y los sitúen en un panorama más competitivo contra otras empresas de nuestros socios comerciales con quienes hemos suscrito tratados y acuerdos internacionales, que han creado leyes, originando un panorama más favorable que les permite competir a nivel mundial, alcanzando un desarrollo sustentable con mayores garantías de éxito hacia su población.
En la actualidad existen sectores productivos que no han sido valorados, estudiados, que son susceptibles para la generación de iniciativas de leyes en relación a los temas de generación de empleos anteriormente mencionados y que por posiciones meramente prejuiciosas carecen de una legislación, que bien analizados, nos proyectarían a la creación de normas que ayudarían de manera más rápida y segura a salir de esta recesión económica nacional actual.
Entre los sectores en mención se encuentran los trabajadores no asalariados y los comerciantes de la vía pública que son sectores económicos que en las diferentes administraciones públicas no han sido atendidos adecuadamente, siendo estos una parte importante de la economía nacional ya que estos trabajadores no asalariados representan el 53 por ciento de la población económicamente activa; que constituyen 24 millones de personas según estadísticas del Poder Ejecutivo federal.
Cabe señalar que, muchos de los trabajadores del sector formal han perdido su empleo y encuentran como solución a sus necesidades de empleo y de ingresos económicos, una oportunidad en el sector informal, y muy en especial en el comercio de la vía pública, es decir auto empleándose a falta de empleos en los sectores productivos formales.
La reconversión del comercio informal, es un tema, por demás importante en el que hay que lograr que los trabajadores no asalariados y comerciantes de la vía pública trabajen dentro del marco legal fiscal, con el fin de que estos sectores puedan desarrollar sus actividades con certidumbre jurídica.
Debe ser necesario crear un régimen fiscal tributario nuevo y exclusivo para estos sectores, con características y formas específicas siendo este sencillo y de fácil comprensión y de mínima tramitología desde el alta hacendaria hasta los pagos tributarios, administración de autogestión, baja contribución tributaria dado el tipo de actividad, con un soporte de orientación y asesoría técnica permanente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el comercio de vía pública los productos de manufactura extranjera que entran de manera ilegal al país, encuentran en este sector informal un área de oportunidad para la distribución y comercialización de dichos productos. Con lo que vulnera a la economía nacional ya que no pagan los impuestos y aranceles correspondientes de dichas mercancías de importación, creando una competencia desleal, y poniendo en riesgo la permanencia de las empresas nacionales, principalmente en las Pyme, repercutiendo en la pérdida de empleos, es por ello necesario analizar y fortalecer nuestra legislación federal para combatir el contrabando con lo que se protegerá de una manera eficiente y competitiva a la industria nacional.
Por lo que se propone una medida más a este contexto, la de exigir, por medio de una ley bien analizada y consensuada por las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, para el beneficio de los productores nacionales que los comerciantes de vía pública dentro de los productos que ellos comercializan, cuenten con un porcentaje mínimo de productos nacionales. De igual manera una campaña para el consumo de estos productos siendo necesario además establecer un compromiso formal con las tiendas de auto servicio para ofertar productos nacionales.
En el contexto empresarial, impulsar entre el gobierno y el sector productivo una ley sobre política industrial con sentido y compromiso con los productores e inversionistas nacionales. Por otra parte es necesario concretar con los tres niveles de gobierno una simplificación en los trámites en la creación de estas nuevas empresas. En las Pyme no se cuenta con incentivos fiscales sobre los resultados en la generación de empleos, existen apoyos que se otorgan por las organizaciones gubernamentales, para crear empleos como: capacitación, asesoría, innovación tecnológica, etcétera, enfocados para mejorar el sector productivo. Pero esta situación no refleja un resultado real, es por ello que es necesario incentivar fiscalmente a las empresas que tengan resultados en la creación de empleos.
Tomando en cuenta el desarrollo económico del país que requiere de sustentabilidad ecológica, que actualmente la industria y la ciudadanía han tenido un uso excesivo en los recursos naturales y con las acciones que ha tomado la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales no han sido suficientes para detener y controlar los efectos en el medio ambiente, por tal razón es necesario que en el PEF se destinen recursos económicos y humanos para la reforestación de nuestros bosques, cuidado y limpieza de lagos, ríos y mares permanentemente, dando un soporte ecológico para el desarrollo sustentable del país, con lo que generaría en el gobierno de la administración pública federal un número importante de empleos, apoyando el bienestar de las familias mexicanas.
Para atender lo anterior es necesario que esta Cámara cree leyes enfocadas a la recuperación y generación de nuevos empleos permanentes, que protejan a la industria nacional que combata a la pobreza, con las medidas siguientes:
Establecer estímulos fiscales para las empresas que generen nuevos empleos.
Proporcionar estímulos fiscales para empresas de nueva creación.
Promover que en los tres niveles de gobierno, se invierta en infraestructura para generar empleos temporales.
Promover la reconversión de la informalidad y convenir la venta de productos nacionales.
Hacer un compromiso con las tiendas de autoservicio para ofertar productos nacionales.
Llevar a cabo una campaña para el consumo de productos nacionales.
Promover entre el gobierno y el sector productivo una ley sobre política industrial.
Concertar un compromiso en los tres niveles de gobierno para simplificar los trámites en la creación de nuevas empresas.
Las consideraciones anteriores son tan sólo algunas, en las que existen razones y material suficientes para legislar en materia de generación del empleo, reactivación de la industria nacional y combate a la pobreza. Es por lo que es muy importante la creación de la comisión para que se enfoque al análisis y dictamen de las iniciativas de ley que sean presentadas ante este órgano legislativo, en estos sentidos, y aprobadas por este órgano sea con una visión específica y objetiva en cuanto al desarrollo de estos temas, como lo demuestra la presente propuesta.
Por toda esta fundamentación, señoras y señores legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicito su apoyo y confianza para la creación de este importante órgano legislativo, por el que estoy convencido fluirán las ideas y propuestas de todos y cada uno de nosotros para resolver con un verdadero consenso la problemática prioritaria de empleo que tanto hace falta a la nación mexicana.
Para esta propuesta pongo a su consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial nacional del empleo, cuyo objeto será coadyuvar, garantizar y dar seguimiento a la reactivación del sector productivo del país para la generación de empleos y el combate a la pobreza.
Segundo. La comisión se integrará con un grupo plural de diputadas y diputados pertenecientes a las distintos grupos parlamentarios que conforman esta LXI Legislatura, con base en el criterio de representatividad que se tiene ante en el pleno.
Tercero. Solicito, por la importancia que tiene la materia del empleo en nuestros días, que el número de integrantes sea de treinta miembros a efecto de integrar a diputadas y diputados de cada grupo parlamentario con el objetivo que se tenga una participación amplia y plural de esta honorable Cámara de Diputados.
Cuarto. Además le pido someter la propuesta a consideración del honorable pleno, para que se tenga una vigencia durante toda la LXI Legislatura, y en tanto se reforme el articulo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que ésta se constituya como una comisión ordinaria para la presente y las siguientes legislaturas y se denomine Comisión Nacional del Empleo, para tener el derecho a presentar y dictaminar iniciativas de ley en materia del empleo.
Quinto. La comisión deberá presentar un programa de trabajo anualmente y rendir periódicamente informes acerca de sus labores ante el pleno de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
El presente punto de acuerdo para crear la comisión especial u ordinaria nacional del empleo es promovido por el suscrito diputado federal Isaías González Cuevas, por Baja California Sur, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y por los adherentes a esta proposición, las diputadas y los diputados siguientes:
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE INCORPOREN E INTEGREN A LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA, COMO BENEFICIARIAS DEL FONDO METROPOLITANO, EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, TEMIXCO Y XOCHITEPEC A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGUERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal José Manuel Aguero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente exhorto con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La concentración poblacional en los centros conurbados demanda de mayores servicios públicos, agua potable, adecuada infraestructura, vías de comunicación y la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende a su vez a los niveles político, administrativos y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas metropolitanas.
Cabe recordar que la clasificación de zonas metropolitana fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); considerándose actualmente 56 zonas metropolitanas en todo el país: 29 son ciudades con menos de 500 mil habitantes; 18 entre 500 mil y un millón y nueve con más de un millón de habitantes, de ellas 6 son de ámbito interestatal. En este momento sólo 16 zonas metropolitanas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano.
Dicho fondo se creó a partir de 2006 en respuesta a los problemas y con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México, posteriormente en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara; en 2008 se amplió por la Cámara de Diputados a las zonas de ciudad de León, Puebla, Querétaro y La Laguna, y en 2009 Aguascalientes, Acapulco, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa. En este esquema, los recursos si bien se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las dos principales zonas metropolitanas (valle de México y Guadalajara) con el 51.08 por ciento y el 17.02 por ciento respectivamente, por lo que la diferencia del 31.9 por ciento se reparte entre las 14 zonas metropolitanas en mención, sin considerar las 40 restantes en el país.
Por ende, las políticas públicas y las estrategias de desarrollo sustentable como son los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y promover que los municipios como sedes atiendan en primera instancia sus propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su mancha urbana.
Estas tendencias de urbanización y el acelerado crecimiento de la población urbana ya no son privativas de las grandes ciudades capitales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), también la serie de problemas y demandas sociales han alcanzado a los gobiernos municipales, cito a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec pertenecientes al estado de Morelos. Municipios que por la falta de infraestructura y de desarrollo urbano comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos, para realizar las obras y servicios que demanda esta zona metropolitana.
Tenemos que recordar que Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec fueron parte de la concentración regional de la población de la Ciudad de México a partir de 1985; paulatinamente por sus vínculos y relacionales poblaciones se han ido incrementando. Hoy por hoy, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la Ciudad de México, hacen que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir y atender esta relación económico-social; ya que para 2017 (Conapo) se estima que Cuernavaca como zona metropolitana superará el millón de habitantes, actualmente son 806 mil 187 habitantes, por lo que en este momento estas ciudades han superado la posibilidad por si solas de emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por ende, se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la tendencias a la segregación residencial y la exclusión social, en esta parte del país.
El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo urbano; por lo que se convierte en el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.
La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 20 Capítulo IV otorga las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus competencias a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, también con la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con programas, obras o acciones, en congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo.
En este sentido, existe un Convenio de Coordinación por el que se reconoce la existencia de la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin, el pasado 26 de agosto la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos, se tiene integrado el Consejo para el Desarrollo Metropolitano y se han sentado las bases para el fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. Faltando sólo el paso con la Secretaría de Desarrollo Social por parte del gobierno del estado o por los municipios.
La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, se ha ajustado a la necesidad de acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias y con ello atender el desarrollo de la zona metropolitana, así como promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la ley Presupuestaria en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano.
Cabe hacer hincapié que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano se sujetan a los criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la Ciudad de México, sus relaciones sociales, económicas y culturales cotidianas, así como ser el paso a otra zona metropolitana tan importante como es Acapulco, cuyos problemas semejantes en muchos asuntos deben ser previstos por esta honorable Cámara.
En apego al espíritu federalista de nuestra Nación para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmados en la Carta Magna, solicito sea considerada como Zona Metropolitana y beneficiaria del Fondo en cuestión a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec y; lo que sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ésta. Ante lo cual se solicita la aprobación del siguiente exhorto con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, a incorporar e integrar a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio del año 2010, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos Federal del próximo año fiscal 2010, en su artículo 42 y en el anexo 12 de éste, sea incorporada la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado José Manuel Aguero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR CON LA MAYOR BREVEDAD EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, de conformidad la siguiente
Exposición de Motivos
El tema de la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales de las personas ha ido colocándose en el centro del interés por impulsar, desde distintas trincheras, mejores condiciones laborales para mujeres y hombres, no sólo en México, sino en el mundo. En los últimos años se han registrado importantes cambios en el mercado laboral mexicano, cambios caracterizados, por ejemplo, por un ingreso de las mujeres a la vida laboral en un ritmo y en ámbitos que posiblemente no se habían dado antes. Si bien desde el siglo pasado ya se daba un triple proceso al respecto, consistente en una redistribución industrial de la mano de obra femenina, un aumento de los empleos femeninos en el sector de servicios y un avance de las mujeres en las carreras intelectuales (Rose Marie Lagrave, 1993:512), es en las últimas décadas que en México las mujeres han ido consolidándose como uno de los motores más importantes de la economía.
Como todo fenómeno socioeconómico, esta mayor participación laboral de las mujeres plantea aspectos muy interesantes para su análisis. Por un lado, se refleja de manera positiva, tanto en lo público como en lo privado. En el primer ámbito, el ingreso sin precedentes de las mujeres al mundo del empleo contribuye a elevar la calidad del trabajo al existir una reserva más amplia de mano de obra disponible, aumenta la productividad, crece el número de personas que contribuyen al fisco, contribuye a la disminución de la pobreza, etcétera. Con respecto al ámbito privado sabemos que el aumento del aporte de ingresos al hogar por parte de la mujer mejora considerablemente el bienestar familiar, dado que es más probable que ella invierta más en el capital humano que su contraparte masculina (Piras, 2006: 6). Sin embargo, por otro lado, no puede dejar de advertirse el impacto negativo que esto ha acarreado para las mujeres, quienes ahora además del empleo remunerado, continúan desempeñando labores del hogar y asumiendo responsabilidades familiares, prácticamente sin el apoyo por parte de sus parejas.
Así, las mujeres suelen enfrentarse a una disyuntiva injusta e inequitativa, entre atender las responsabilidades que su hogar les exige o permanecer en el mercado laboral. Una tercera opción, muy socorrida, es intentar cumplir en ambas partes, así sea en trabajos de tiempo parcial o en la economía informal, aceptando empleos mal pagados pero con horarios flexibles, con lo que lo que las mujeres ganan menos proporcionalmente y difícilmente tienen acceso a la seguridad social y las prestaciones de un empleo de tiempo completo o un empleo formal, todo esto deriva en las famosas dobles o triples jornadas, con las graves consecuencias en el deterioro de la salud de las mujeres, tanto física como emocional y mental.
Además del estrés, depresión y ansiedad que padecen las trabajadoras y los trabajadores que se sienten atrapados entre el cumplimiento de sus responsabilidades en ambos ámbitos, se ha documentado que también manifiestan un menor grado de compromiso con la empresa o el empleo, una insatisfacción laboral permanente, menor rendimiento y mayor ausentismo al trabajo (Chinchilla, Poelmans, León y Tarrés, 2007:11). A la vez, se comprueba que el salario no es ya la única gratificación y que existe también un "salario mental" que se define en gran parte por la calidad de la vida privada que tenga la trabajadora o el trabajador, lo cual hace pensar que la implementación de medidas, políticas y esquemas de conciliación generarán beneficios para la economía en general, como el incremento de la productividad, la disminución de las inasistencias, la retención de personal, la reducción del estrés, un aumento en la motivación, mayor lealtad a la empresa, entre otros.
La legislación mexicana actualmente no contempla disposiciones que permitan la conciliación entre ambas esferas de la vida, dejándose el tema a nivel de acuerdos entre las personas empleadoras y las trabajadoras y los trabajadores, sin un marco jurídico de referencia que permita la existencia de esquemas y el establecimiento de políticas conciliatorias entre la vida familiar y laboral que faciliten tender un puente entre ambas, con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades y responsabilidades entre las personas.
Se evidencia, por tanto, la necesidad de involucrar en las responsabilidades del hogar a más actores sociales que hasta el momento están ausentes: el Estado y los hombres; esto es, liberar a las mujeres de la exclusividad en las responsabilidades reproductivas y del cuidado, para fomentar, promover y permitir que los hombres apoyen en las mismas, más allá del aporte económico. La vida familiar y laboral de toda persona, pese a que pudieran parecer realidades relativamente separadas, tiene una interrelación central que, además de su gran impacto en la vida personal, tiene repercusiones importantes en la productividad y el desarrollo económico de un país, por lo que cada vez es más aceptado que la conciliación debe ser un asunto de Estado.
Sobre este asunto, la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1981 el Convenio 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, mismo que entró en vigor en 1983. La importancia de este convenio radica en que aborda específicamente la problemática de las trabajadoras y los trabajadores que tienen, además, a su cargo un hogar o personas que de su cuidado dependen.
El convenio indica que, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada país miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional, el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Enfatiza además que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Es de resaltarse que las disposiciones del convenio podrán aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales o mediante una combinación de tales medidas o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales.
México no ha firmado ni ratificado este convenio pese a que la realidad nacional lo exige y también a pesar de que el marco jurídico laboral no garantiza algo que, más que una posibilidad o un acuerdo entre empleadores y trabajadoras o trabajadores, debe entenderse como un derecho laboral de todas las personas. La firma y ratificación del Convenio 156 es necesaria e importante, toda vez que su entrada en vigor para México requerirá que sus disposiciones sean incorporadas a la legislación interna.
El Ejecutivo federal ya ha sido exhortado por el Congreso de la Unión a este respecto en tres ocasiones, sin que hasta la fecha se avance en la firma del Convenio 156: en la LVII Legislatura por la diputada Patricia Espinosa Torres, en la LIX Legislatura por la senadora Leticia Burgos Ochoa y en la LX Legislatura por la diputada Holly Matus Toledo.
Si bien la firma y posterior ratificación por parte del Senado de la República del Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares es sólo un paso de los muchos que se requieren para la incorporación del derecho a la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales en la legislación mexicana, lo cierto es que su firma representaría una muestra del compromiso del gobierno mexicano por completar el camino hasta su plena garantía para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. En un nivel más amplio, representaría también la demostración de que, como mexicanas y mexicanos, estamos decididos a trabajar por el logro de mejores condiciones laborales en nuestro país.
En vista de la innegable necesidad que existe en el mercado laboral y en la economía mexicana de contar con disposiciones jurídicas claras y seguras que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales, en el entendido de que ello tendrá amplias y positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general, en la sociedad y en la economía mexicanas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2009.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA STPS A RESPETAR LA AUTONOMÍA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a efecto de que respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en consecuencia, extienda la toma de nota a su Comité Central electo legal y democráticamente conforme a sus estatutos, en atención a las siguientes
Consideraciones
La autonomía sindical es una conquista laboral que tuvo un elevado costo social para los trabajadores. El derecho a la autodeterminación de las colectividades de trabajadores es un elemento esencial para la justicia social y la vida democrática, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 3° del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En este sentido, durante los meses de abril a julio del año en curso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó a cabo el proceso de elección de su Comité Central. Como resultado de dicho proceso el C. Martín Esparza Flores resultó electo Secretario General, habiéndose votado y aprobado mediante asamblea general de fecha 6 de julio del presente año.
En cumplimiento de la normatividad laboral, el 5 de agosto del año en curso el Comité Central del SME informó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la integración de su Comité Central y solicitó la denominada toma de nota en la que se señala al nuevo Comité electo el 6 de julio del 2009.
Con el supuesto argumento de contar con un plazo que vence hasta el 5 de octubre, la autoridad laboral ha negado reiterada y sistemáticamente la solicitud para que se otorgue la correspondiente toma de nota.
La negativa de la autoridad laboral en cuanto a extender la toma de nota al Comité Central del SME es producto del error en que se incurre en la STPS al confundirse la figura del registro de sindicatos con la llamada toma de nota.
Por lo que se hace preciso explicar que la toma de nota se norma en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, no resultando aplicable disposición alguna referente al registro de sindicatos que contempla la ley Federal del Trabajo. Se trata de cosas diversas también reguladas en forma diferente por las normas laborales.
Lo que está sucediendo es que la autoridad laboral no se está conduciendo en congruencia con las facultades que se le otorgan; y en lugar de tutelar los derechos laborales y, concretamente, velar por el respeto y actuar en consecuencia con el principio de autonomía sindical, está realizando exactamente lo contrario al obstaculizar sin fundamento la toma de nota solicitada por el SME.
Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Ésta soberanía acuerda exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que en cumplimiento de las facultades legales que ostenta, respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en consecuencia, extienda la toma de nota a su Comité Central, electo en la Asamblea del 6 de julio del presente año conforme a sus estatutos.
Segundo. Se solicita a las autoridades laborales del ámbito federal que en acatamiento al principio constitucional de autonomía sindical, eviten continuar interviniendo indebidamente en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, y respeten su inalienable derecho a resolver legal y democráticamente los asuntos que a este competan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UN PROGRAMA NACIONAL DE OPERACIÓN SIN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN INGENIOS AZUCAREROS DE MÉXICO, Y QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL INGENIO AZUCARERO EMILIANO ZAPATA, DE ZACATEPEC, MORELOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Rosalina Mazari Espín, diputada federal por el 04 distrito del estado de Morelos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México, y que se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010; de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
La población que represento en la zona sur del estado de Morelos, ha padecido la emisión de contaminantes primarios de alta peligrosidad que emite el ingenio azucarero Emiliano Zapata; desde 1991 a la fecha el daño de salud pública va en aumento entre los habitantes de cinco municipios denominados de la zona cañera con un número superior a 250 mil personas expuestas al humo, polvo, tizne y hollín provocando graves irritaciones oculares, problemas en las vías respiratorias hasta llegar a enfisema pulmonar, alergias en la piel, congestión nasal y sangrado repentino de las fosas nasales, por los altos grados de variación del aire por óxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas provocando una situación ambiental insostenible.
Es una realidad que en los 57 Ingenios ubicados en 15 estados del país, sus maquinarias son obsoletas, equipos de más de 50 y 70 años, con calderas adaptadas que utilizan a discreción lo mismo combustóleo, bagazo lleno de humedad que provoca una pesada contaminación del aire y uso del petróleo, es en Morelos su Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, de los más productivos de azúcar por hectárea y de procesamiento de la misma, también altamente ha esclavizado en ruido, lluvia de ceniza, violación reiterada a la ley en materia ambiental, auditorias burladas y degradación a los mínimos estándares ambientales humanos del aire, agua y suelo, es grave cuando se estima que en la producción de azúcar este Ingenio y muchos otros del país utilizan más de un 60 por ciento el bagazo como combustible y el 40 por ciento de combustóleo, se sigue quemando en campos la caña sin invertir en tecnologías que disminuya el daño ecológico.
Es la importancia económica agrícola cañera de la que dependen 2 millones de personas de manera directa e indirecta, una rama productiva que en la LIX Legislatura impulsamos la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para dar certeza al producto y seguridad jurídica, pero es necesario ahora que el gobierno de la república, a través de un monto económico específico asuma una inversión directa en recursos federales que actualice a los mejores niveles industriales la maquinaria y procesamiento en toda la cadena productiva, lograr azúcar sin contaminación a los pueblos por sus factorías es un deber en congruencia con el campo, la salud , la soberanía alimentaria y la ecología, es un producto agrícola de interés público nacional.
México ha firmado protocolos internacionales de reducciones de emisiones contaminantes que debe cumplir por el cambio climático, el régimen jurídico de los Ingenios jamás impide obligar y modernizar la industria con apoyo de la federación, los Ingenios tienen una base histórica, económica y productiva por encima de la temporalidad de sus propietarios, los productores y sus organizaciones saben de esta necesidad de inversión inmediata con dinero que este Congreso autorice a las instituciones y puedan transformar la vida industrial de sus Ingenios haciéndolos más productivos y con menor contaminación para sus familias.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita que esta Cámara de Diputados constituya un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México y que se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
24 de septiembre de 2009.
Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA REALIZACIÓN ANUAL DEL PARLAMENTO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO RAMOS MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de realizar anualmente el Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.
Consideraciones
Es en el Poder Legislativo donde convergen las principales y distintas fuerzas y corrientes políticas e ideologías representadas en las Cámaras. Es la expresión legítima de la pluralidad política y social mexicana y el centro de debate de los grandes temas nacionales. Es y ha sido también, el principal promotor y sede de la realización del Parlamento de Mujeres de México; del Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes y, del Parlamento Universitario de México.
Los jóvenes en nuestro país constituyen el principal activo demográfico. La evolución de dicha estructura, muestra que para el año 2011, la población de jóvenes llegará a los 20.2 millones, lo que implica sin duda, mayores retos y desafíos para atender sus demandas.
En este sentido, debemos atender las inquietudes, preocupaciones, expresiones y acciones de los jóvenes, quienes en los próximos años serán ellos los que tomen las decisiones respecto al destino y rumbo que seguirá nuestro país.
Con esta propuesta, reafirmamos el firme compromiso que tenemos con los jóvenes y, asumimos con responsabilidad y tomamos como nuestras sus causas, sus anhelos, sus ideales, sus aspiraciones y sus luchas, sabiendo que los jóvenes del país, están comprometidos con los aspectos de transformación del entorno social, económico, cultural y político de México.
Sin duda, hoy más que nunca, nuestros jóvenes enfrentan una situación compleja ante los difíciles escenarios internacionales y, en lo particular nacionales, marcados por las desigualdades y la falta de oportunidades que van desde laborales, educativas, de salud, culturales, hasta la demanda de espacios de participación, de expresión y de debates de las ideas y propuestas de la juventud mexicana.
Ante ello, consideramos que la continuidad de la realización del Parlamento de Jóvenes Universitarios como se ha venido celebrado desde la pasada legislatura, permitirá atender y recoger las ideas, demandas y necesidades de los jóvenes, y con ello, promover hoy más que nunca mayores propuestas de políticas públicas específicas, destinadas y enfocadas a la promoción y participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la vida social y nacional.
Atender las inquietudes, demandas y reclamos de la juventud, debe significar para el Poder Legislativo federal un acto de compromiso, de congruencia y de altura con las expectativas de los jóvenes. Más aún, para los partidos políticos representados en las Cámaras, quienes desde sus documentos básicos y plataformas políticas, plasman y manifiestan su interés por atender a tan importante sector social.
Nosotros estamos conscientes de escuchar las voces de los jóvenes, es de interés superior propiciar los mecanismos de interlocución con el Poder Legislativo y con la sociedad en su conjunto y con ello, materializar los esfuerzos de un diálogo abierto, franco y permanente con la juventud mexicana siempre a favor de nuestra nación.
Escuchar las ideas de los jóvenes es conceptualizar una idea democrática que nos proyecte en el mundo. Es incorporarlos a mejores puentes de diálogo y comunicación con las instituciones y los Poderes del Estado. Es integrarlos a la toma de decisiones nacionales para así poder avanzar en la igualdad de oportunidades, eliminando las brechas y las asimetrías sociales, económicas, políticas y culturales que afectan a la mayoría de nuestros jóvenes.
El tema de los jóvenes ha sido de interés y relevancia en los ámbitos internacionales. Desde 1946, fundación de las Naciones Unidas, la juventud ha jugado un papel relevante en la preservación de la paz y en la promoción del desarrollo y progreso social y económico de las naciones. 1985 fue declarado como el "Año Internacional de la Juventud". Años más tarde, en 1995 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementó el "Programa Mundial de Acción para la Juventud para el Año 2000 y Hacia Delante", en un esfuerzo de afrontar directamente los problemas de los jóvenes que tienen que ver con la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, las adicciones, la delincuencia, la discriminación de género y la falta de participación en la sociedad.
En el Congreso Mexicano, tenemos la oportunidad, de atender las expresiones de los jóvenes, debemos hacerlo con seriedad y consistencia y sin protagonismos. Debemos hacerlo con un compromiso histórico, con firmes soportes para emprender y lograr los grandes cambios y transformaciones que la nación demanda.
Por las consideraciones expuestas, permito someter a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se apruebe la realización del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.
Segundo. Se establece que para realización de dicha actividad actuarán coordinadamente los Poderes Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y el Ejecutivo federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud.
Tercero. El Parlamento se realizará con una periodicidad anual, alternando las sedes entre cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Cuarto. Se establece como primera sede del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México la honorable Cámara de Diputados, por celebrarse en el mes de agosto del año de 2010.
Quinto. Se instruya a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, a efecto de que, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con el Instituto Mexicano de la Juventud, se aboquen al planteamiento de las bases, mecanismos y lineamientos de la organización, convocatoria, funcionamiento y realización de las acciones necesarias para el desarrollo del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.
Sexto. Además de considerar en la convocatoria a los jóvenes universitarios, se contemplará a los estudiantes de los institutos tecnológicos y normales, atendiendo los principios incluyentes de equidad de género, el de las capacidades diferentes y étnicas-culturales de los jóvenes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR UNA NUEVA PROPUESTA HACENDARIA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS, MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE UN SISTEMA ÁGIL Y EXPEDITO DE RECAUDACIÓN QUE NO INCREMENTE NI CREE IMPUESTOS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de esta honorable legislatura y, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política económica aplicada en estos tres años por el Gobierno de la República ha afectado el ingreso a las familias y agravado la desigualdad social, hoy quieren imponer nuevos impuestos para subsanar sus deficiencias.
La política pública se ha enfocado en afectar, creando impuestos, a los que menos tienen para beneficiar a las elites del país. El ciudadano presidente de la república no ha querido estudiar a fondo la situación económica que atravesamos; su propuesta de plan económico que grava alimentos y crea nuevos impuestos, solo generará más desigualdad.
El presidente Calderón no ha dado pie al debate para generar una sana discusión de cómo desarrollar las herramientas para lograr el avance del país, en cambio, pretende imponer un plan bajo su voluntad; un único plan económico sin considerar otra alternativa viable. Ellos mismos lo han afirmado, no tienen otra propuesta, ven la solución creando impuestos.
La incapacidad hacendaria del gobierno de la república nos ha provocado un duro golpe a la economía familiar y la de los estados, no se ha enfocado a atender los problemas reales que atraviesa la clase trabajadora, se ha enfocado en seguir oprimiendo a los más débiles; al mismo tiempo, no solamente se ha afectado a los más desprotegidos, organizaciones civiles, pequeñas y medianas empresas se han manifestado en contra de la política hacendaria de creación de gravámenes, señalan que tales impuestos no van a contribuir al desarrollo económico, los impuestos sobre la producción provocarán efectos negativos en el sector industrial, el incremento del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento se verá reflejado en la inflación, va en dirección opuesta al avance de la competitividad, pues hará menos atractiva la inversión en México, la tendencia fiscal y hacendaria debe ir en el sentido de un solo impuesto, fácil de pagar sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
El pueblo de México, los trabajadores y los empresarios están alterados y preocupados por la propuesta económica del Ejecutivo, creará pobreza y desalentará la inversión; antes de pensar en más impuestos debe haber un mayor ajuste del gasto público, se debe diseñar un plan estratégico de creación de un sistema ágil y expedito de recaudación y por supuesto, crear nuevos empleos.
En razón de lo antes expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país mediante la creación de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree nuevos impuestos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2009.
Diputado Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE INCORPORE LA ZONA METROPOLITANA DE REYNOSA-RÍO BRAVO EN EL FONDO METROPOLITANO DEL RAMO 23, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EVERARDO VILLARREAL SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El 13 de marzo de 1998 los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal suscribieron un convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, esta comisión impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano, y por primera vez en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se aprobó la inclusión en el Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", el Fondo Metropolitano.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscales de 2006 y de 2007 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey; en 2008, el Fondo Metropolitano incluyó recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan a 9 entidades federativas.
En el artículo 42 del proyecto de Presupuesto 2010 establece que los recursos del fondo metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de la zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas forman o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
El numeral en cita otorga al municipio la facultad de coordinarse y asociarse con otros municipios o con el estado para la prestación eficaz de los servicios públicos de su competencia, mediante la celebración de convenios o acuerdos que al respecto se suscriban sobre este particular.
Debo de mencionar que la Ley Gene General de Asentamientos Humanos, faculta a la federación, estados y municipios para la planeación y regulación conjunta y coordinada en el tema de la conurbación.
El proyecto de egresos 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la laguna de Coahuila y de Durango.
Con base a las últimas delimitaciones de las Zonas Metropolitanas, elaboradas por el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país, existen
52 zonas metropolitanas, en las que se encuentran 58 millones de habitantes.
9 zonas metropolitanas, con más de un millón de habitantes.
18 zonas metropolitanas, ente 500 mil y un millón de habitantes.
29 zonas metropolitanas, entre 100 mil y 500 mil habitantes.
Según datos del último conteo de 2005 del INEGI, Reynosa contaba con una población total de 507 mil 998 habitantes, 253 mil 630 eran hombres y 254 mil 368 mujeres.
Reynosa tiene una zona metropolitana que está conformada por tres localidades, dos del municipio de Río Bravo y una del de Reynosa, la población total del área metropolitana era hasta el 2005 de 637 mil 730 habitantes, situándola en la vigésima tercera conurbación más grande de México.
Con las aportaciones del Fondo Metropolitano, la zona metropolitana de Reynosa, de aprobar este acuerdo, podría contar con recursos adicionales para construir nuevas obras de infraestructura que la eleven a ciudades de calidad e incrementen su competitividad, pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados, requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano; y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 se incluya la zona metropolitana Reynosa-Rio Bravo como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA INVERSIÓN EN EL TRAMO CARRETERO NOGALES-ESTACIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MODERNIZACIÓN EN MUNICIPIOS DERIVADAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO POR EL ENTONCES SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES –POR EL GOBIERNO FEDERAL– Y EL GOBERNADOR DE SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, representantes populares del estado de Sonora y pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exigir la inversión del tramo carretero Nogales-Estación Don de 5 mil millones de pesos, así como obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación que celebraron el 18 de septiembre de 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes por parte del gobierno federal y el gobernador de Sonora al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 18 de septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal y el gobierno de Sonora para modernizar la carretera Estación Don-Nogales, ello con la finalidad de resolver la problemática operativa de dicha carretera y garantizar la seguridad de los usuarios en esta vialidad, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Lo anterior de conformidad con el comunicado de prensa número 191 emitido por la propia SCT en esa misma fecha.
En ese programa de modernización se contempla la rehabilitación del pavimento en tramos con un estado físico no satisfactorio, así como la ampliación de la sección transversal de los cuerpos de la carretera.
Incluye el reforzamiento del programa de residentes en las casetas fundición, la jaula y esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades. Los habitantes que se beneficiarían son residentes de los municipios de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta función; y la Jaula, Bacum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam y Esperanza.
También se contempla la elaboración de los proyectos ejecutivos necesarios, para ampliar selectivamente la sección en ambos cuerpos de la carretera en los tramos con mayor índice de accidentes.
Este convenio resulta de interés para los sonorenses y ciudadanos de los estados vecinos de la región noroeste del país y los estados vecinos de Norteamérica, Arizona y California, por el intercambio comercial, turístico, industrial y de servicios en esta región que fue signado el convenio y los avances de las obras que hasta el momento se han realizado.
Es conveniente recordar que en los últimos años sonora fue azotada por fenómenos climatológicos atípicos como Juliette, Henriette, Lowell, Norbert y, recientemente, Jimena, que provocaron severos daños a la infraestructura carretera, lo que ha hecho perder competitividad a los diferentes sectores productivos del estado y del resto del país, afectando al turismo, comercio, industria, agricultura, ganadería y seguridad de los usuarios de dicha ruta de peaje.
Por todo lo anterior y tomando en consideración que ya se cumplió un año de la suscripción del referido convenio y hasta el momento, los sonorenses no tenemos ningún tipo de información oficial del inicio de las obras de dicho tramo, mismo que se encuentra en pésimas condiciones, nos permitimos presentar ante este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se dé cumplimiento al convenio suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Sonora referido al antecedente primero.
Segundo. Se informe a esta soberanía sobre los términos y condiciones en las que fue signado el mencionado convenio y, concretamente, se remita el programa inversión, adjuntando el calendario de ejecución así como los términos del proceso de licitación de la obra.
Tercero. Se informe también las obras adicionales de infraestructura complementarias en los municipios por donde cruza la carretera de cuatro carriles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputados: José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Rogelio Díaz Brow Ramburg, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE INCREMENTE Y TRANSPARENTE LA PARTIDA ASIGNADA A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Puebla, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación superior universitaria, con base en los siguientes:
Antecedentes
México tiene una larga historia en la configuración de lo que es actualmente el sistema de educación superior. Algunos estudios afirman que tuvo la primera universidad en el continente americano, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, fundada en 1551 y cerrada en la década de 1860, en cuyo momento se decía que solo contaba con tres profesores y menos de 20 estudiantes, todos de teología.
Durante las décadas posteriores, se empiezan a crear escuelas que se convirtieron en universidades o se unieron con otras. En 1929 la UNAM recibe su autonomía. Durante el periodo posterior a la Revolución, se fundaron entre otras las correspondientes a: Michoacán (1917), Sinaloa (1918), Yucatán (1922), San Luis Potosí (1923), Guadalajara (1924), Nuevo León (1933), Puebla (1937) y Sonora (1942).
Las universidades públicas desarrollan un esfuerzo sistemático y permanente tanto en la actualización curricular como en la innovación de las prácticas educativas, incorporando los avances del conocimiento, los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y el uso de tecnologías de vanguardia.
Las 46 Universidades Públicas Estatales (UPES) atienden una matrícula superior a los 800 mil estudiantes, más del doble de la que atienden las universidades federales, lo hacen con recursos limitados y con esquemas presupuestales que restringen su pleno desarrollo. Dentro de ellas se destaca la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que atiende a más de 60 mil estudiantes en los niveles de educación media, licenciatura y posgrado.
Este Congreso no puede dejar de lado que los países que han apostado a la educación superior y a la ciencia como factores de desarrollo y base para la creación de ciudadanía y democracia son las naciones con más altos niveles de desarrollo, además de que han logrado resolver problemas esenciales para el bienestar de su población. Si se quiere pasar de las políticas públicas posibles, a las necesarias, la inversión en educación superior es de primer orden. El fortalecimiento presupuestal de las UPES debe ser una prioridad de esta Legislatura.
Lo anterior se deriva del hecho de que la universidad pública ofrece el 64 por ciento de los programas de posgrado; registra el 80 por ciento de la matricula en este nivel y realiza el 70 por ciento de los proyectos de investigación que financia Conacyt. El 47 por ciento de la totalidad del personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores pertenece a las universidades públicas. Otro aspecto que revela la competitividad educativa es la formación del personal con doctorado, que en México es de 2 mil 85 egresados por año. En México hay apenas 20 graduados con nivel de doctorado por cada millón de habitantes. Comparativamente, Estados Unidos gradúa 48 mil doctores al año, Corea 4 mil 900, España y Brasil, 6 mil doctores al año.
A la par, el número total de investigadores por cada mil personas empleadas en México (0.6) es diez veces menor que el promedio del área de la OCDE. Más de 60 por ciento de los investigadores en México trabaja en instituciones de educación superior, lo cual es evidencia adicional del papel protagónico de las universidades públicas en las actividades de investigación y desarrollo.
Si revisamos el panorama de la educación superior en México, nos daremos cuenta que muchos de sus problemas derivan precisamente de la falta de una política de estado en la materia, que ha impedido avanzar de forma sostenida hacia los objetivos que se han planteado, y que colocan a nuestro país en desventaja competitiva frente a otras naciones.
¿A quien compete financiar la educación superior? En el caso de México, no hay lugar a dudas que al Estado. A través de la federación, los gobiernos estatales y municipales, tiene la obligación de financiar ese nivel educativo, según lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Panorama presupuestal 2010
Por todo ello, resulta preocupante la caída en los recursos que se consideren en el Proyecto de Presupuesto 2010, para la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) a través de la cual se canaliza el subsidio federal a las UPES.
En efecto, para el ejercicio de 2010, el Ejecutivo federal ha propuesto una asignación presupuestal a la DGESU de 35,937.1 millones de pesos, los cuales resultan inferiores en 7,303.5 millones de pesos, lo que representa una disminución en términos reales de 16.9% con respecto al presupuesto autorizado en el PEF de 2009. El análisis de presupuesto de la DGESU indica que el total de subsidios para 2010 disminuirán el 16.6% en términos reales respecto al PEF 2009.
A fin de tan sólo incrementar en el estimado de inflación para 2010, el presupuesto aprobado para la DGESU en 2009, el monto para el próximo año tendría que ascender a por lo menos 7 mil millones de pesos más que la propuesta del Ejecutivo. Este monto es apenas equivalente al 1.4% del presupuesto de gastos fiscales estimado por la SHCP. El impacto multiplicador de estos recursos en la juventud estudiosa de. México sería fundamental, para que en plena crisis se mantenga la atención a la mayor cantidad de estudiantes posible.
Asimismo, se precisa que esta soberanía apruebe el subsidio que se destina a las UPES, y que en el anexo correspondiente se detalle el monto para cada una de ellas en lo particular, a fin de generar una mayor transparencia en los recursos que se les asignan, pero también tener más claridad y fortalecer la rendición de cuentas. Esta Cámara aprueba el monto global de subsidios, pero no los montos particulares por UPES, aun cuando sí las audita a través de la ASF. Con esta propuesta, el ciclo: aprobación, ejercicio, fiscalización se cierra de manera óptima.
Por otra parte, con base en las estimaciones realizadas se considera que los subsidios para 2010 que recibirá el estado de Puebla tendrán una disminución significativa. Por lo que se propone que con base en la revisión que se haga de las fuentes de ingreso para reorientar el proyecto presupuestal del Ejecutivo, se canalicen al subsidio ordinario de la BUAP 350 millones de pesos adicionales al aprobado para el año 2009. Es un monto que apenas hace justicia a una de las universidades más importantes del país.
Por lo anteriormente expuesto, someto, a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
1. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en 7 mil millones de pesos, respecto del presupuesto aprobado para 2009.
2. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a detallar en el anexo correspondiente del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, las Universidades Estatales que recibirán subsidio ordinario en ese ejercicio fiscal.
3. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a canalizar a través del presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2010, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 350 millones de pesos más a los aprobados en 2009, como parte del subsidio ordinario que se apruebe para esa institución de educación superior.
4. Se solicita a la Presidencia que este punto de acuerdo se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta honorable Cámara de Diputados.
Diputados:
Juan Carlos Lastiri Quirós, Janet Graciela González Tostado, Ardelio Vargas Fosado, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Óscar Aguilar González, Francisco Ramos Montaño, José Alberto González Morales, Fernando Morales Martínez, Blanca Estela Jiménez Hernández, Juan Pablo Jiménez Concha, Leobardo Soto Martínez, María Isabel Merlo Talavera, Francisco Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos, Julieta Octavia Marín Torres (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS EN MOMENTOS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SANEAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES HIDRÁULICAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jorge Hernández Hernández, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los estados de la República afectados por las fuertes depresiones tropicales que dejan a su paso torrenciales lluvias, las que han provocado graves saturaciones e inundaciones en el drenaje profundo y en el sistema de redes hidráulicas.
Destacan problemas como la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos; la grave disminución de recursos hídricos (mueren ríos, arroyos y lagunas); las sequías, el alto desperdicio que llega al 50 por ciento del recurso disponible; la falta de una política de tarifas por el servicio al valor real del suministro; elevada morosidad en pagos; tomas clandestinas; fugas; infraestructura antigua, entre otras.
En México crece la escasez de agua y decrecen los recursos hídricos. La tasa media mundial de disponibilidad es de 5 mil metros cúbicos; aquí en México es de 4 mil 400 metros cúbicos por habitante al año.
Los mantos acuíferos, en todo el país es grave su sobreexplotación y sobre todo la contaminación que tienen. El problema se debe principalmente a las descargas industriales o de aguas residuales sin tratamiento, las cuales constituyen un 68 por ciento del volumen descargado en ríos y cauces. Cada día se descargan 15 mil 600 millones de litros de aguas negras. Solamente se trata el 36 por ciento de las aguas residuales. Esto también causa el deterioro del patrimonio hídrico de México.
Durante todo el año el promedio de lluvia es de 750 milímetros. En el sureste del país se registra la mayor acumulación, llegando a tres mil; mientras que en algunas zonas sólo se logran cien milímetros.
El primer trimestre sólo se registró una acumulación de 8 milímetros, lo que representa 50 por ciento de los 16 milímetros que se acumularon durante éste periodo de 2007.
Las entidades federativas afectadas mayormente son: Distrito Federal, Veracruz, Tabasco, México. Tales son los casos de: Ecatepec que el agua ingresó entre cinco y 10 centímetros al menos a 400 viviendas de colonias como Xalostoc, Ciudad Azteca, San Agustín y Emiliano Zapata; en Chalco e Ixtapaluca de acuerdo con los primeros reportes, en el kilómetro 27 de la autopista México-Puebla, en el municipio de Chalco, se registró un encharcamiento por lo que la circulación vehicular se obstaculizó en ambos sentidos; las inundaciones en Tlalnepantla y Atizapán ocasionadas por la fractura del emisor; el 8 de septiembre de 2009, las inundaciones de hasta un metro y medio en suburbios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, dos fallecidos, encharcamientos considerables en el aeropuerto, estaciones de subterráneo, oficinas gubernamentales, calles y avenidas, son las consecuencias de la más fuerte tormenta en varios años que cayó la tarde de ese domingo en la Ciudad de México. También este 29 de septiembre de 2009 las lluvias azotaron a Veracruz, Hidalgo y Tabasco; en Xalapa las lluvias provocaron los daños en mil 500 kilómetros de carreteras; en Hidalgo más de 3 mil personas quedaron incomunicadas y hay por lo menos 300 hectáreas de cultivos en el municipio de Metztitlán, debido a la crecida del río Venados.
El 28 de septiembre de 2008, la fuertes lluvias que afectaron el municipio de Minatitlán; asimismo, arrastran lluvias tres toneladas de basura en Tabasco, la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado mantuvo medidas preventivas en los cuerpos de agua de Villahermosa a fin de evitar que las precipitaciones arrastraran deshechos a las calles. Asimismo en Veracruz las temporadas de estiaje son cada vez más severas y prolongadas, afectando agricultura, ganadería, industria y abasto de agua potable a las familias. De igual manera la Ciudad de México se está hundiendo debido a la cantidad de agua extraída de debajo de sus cimientos. Una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, México, DF, fue una fértil tierra de lagos. Sin embargo, en los últimos 500 años, los lagos han sido drenados y los bosques de los alrededores han sido talados. Mientras la ciudad crecía, el problema del agua se magnificaba. Debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado, hoy el agua de lluvia se mezcla con residuos y se le utiliza para la irrigación. La ciudad afronta ahora un serio riesgo de quedarse sin agua potable. Se estima que un 40 por ciento del agua de la ciudad se perderá por las filtraciones en los alcantarillados construidos a principios de siglo.
Es por ello, que los legisladores de todos los grupos parlamentarios han manifestado en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables, atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada; sin embargo, no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados por el Fonden en cada una de las entidades afectadas, ni qué tipo de atención se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican; así como la ejecución precisa y pronta solución de los daños ocasionados.
Considerandos
Primero. Que los cambios climáticos sufridos en el mundo, están afectando dentro del territorio de la República Mexicana, ocasionando en temporada de lluvia una inusual precipitación de agua, ocasionando que los emisores de descarga lleguen a estar sobresaturados a su capacidad real que fue construida, dando como resultado grandes inundaciones así como perdidas materiales, económicas y humanas.
Segundo. Que en la mayoría de las entidades federativas se encuentran en estado de indefensión ante los cambios climáticos, enfrentando grandes adversidades surgidas por la incertidumbre por el comportamiento de la naturaleza, la dependencia de la infraestructura hidráulica existente, ocasionando que en temporada de lluvia se encuentren en constante desastres que afectan al desarrollo de las comunidades y del país.
Tercero. Que se requieren de medidas específicas de política, presupuestación y atlas de riesgo actualizado para que se enfrenten con nuevas obras hidráulicas, los efectos climáticos que van en detrimento de la población.
Cuarto. Que la situación de las inundaciones que año con año enfrentamos en el país, en esta honorable Cámara de Diputados se han impulsado proposiciones donde se solicita la utilización de recursos de Fonden para poder mitigar los daños materiales y el apoyo de familias en desgracia.
Quinto. Que el crecimiento demográfico en las últimas décadas ha ido en aumento, y con ello la saturación del servicio hidráulico, provocando grandes daños en el drenaje profundo motivo por el que urge la atención inmediata a la protección de la ciudadanía, para evitar así su afectación patrimonial; a través de un programa sustancial que establezca la supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, en tiempo y forma.
Sexto. Que como antecedente tenemos durante las Legislaturas LIX y LX tuvieron a bien, apoyar las proposiciones para la conformación del grupo de trabajo denominado: Para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención a las zonas de desastre ocasionados por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz; así como la Comisión Especial denominada: Defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos"; respectivamente.
Séptimo. Que su aprobación en esta Cámara, ayudará a la supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental, así como, al saneamiento en el sistema de redes hidráulicas. Ya que no se han resuelto de manera satisfactoria las obras necesarias para evitar estos accidentes y los programas de contingencia han sido solo paliativos del momento.
Octavo. Que derivado de la acción anterior y ante la posibilidad que en este período de sesiones se discuta en lá Cámara de Diputados, la importancia de contar con una Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, que le de seguimiento a dicho dictamen y se fortalezcan sus contenidos de manera que nuestro país cuente con una legislación responsable, que atienda la realidad existente en nuestra población, ya que en este año han surgido nuevas situaciones de peligro para la ciudadanía que se requiere ser analizadas y atendidas, dándole oportunidad de tener un mejor tipo de vida y sus autoridades trabajen en conjunto para su beneficio.
Noveno. Que la atención de los asuntos del sistema hidráulico no sólo se circunscriben a la expedición de una ley en la materia; sino que deben analizarse otras alternativas de trabajo, que tendrán consecuencias en cuanto a sus disposiciones por efecto de la atención legislativa, creando nuevas disposiciones de ley y servicios administrativos en el ámbito de inversión e infraestructura urbano, renovación de la misma; así como mantenimientos preventivos y correctivos necesarios que así se requieran, en beneficio de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos, el aprovechamiento del medio ambiente y su protección, sin dejar de lado el análisis presupuestal que sobre esta materia debe revisar esta Cámara de Diputados.
En tal virtud, y con base en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable soberanía, la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento del sistema de redes hidráulicas.
El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
La comisión especial atenderá las proposiciones que en materia de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en redes hidráulicas, se realicen por esta soberanía en aquellas zonas que se requiera por atención preventiva y correctiva o en desastres declarados previamente por la Secretaría de Gobernación.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Esta comisión especial deberá contar con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo. Esta comisión interactuará con las diferentes administraciones públicas federales, estatales, municipales, Conagua, protección civil, y demás instancias conexas, siendo un factor de apoyo en la definición e instrumentación para la correcta planeación y ejecución de acciones preventivas y correctivas, y en caso de desastres la aplicación expedita de los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos en zonas afectadas en momentos de contingencia, coordinará los diferentes niveles de gobierno para participar en la elaboración del atlas de riesgo más acorde a las realidades actuales, conjuntará los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para la elaboración de expedientes técnicos de las obras de infraestructura y diagnóstico.
Tercero. La Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.
En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas más afectadas.
Cuarto. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará por el término de supervisión, así como en el saneamiento del sistema de redes hidráulicas provocado por las lluvias torrenciales y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE AMADEO FLORES ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Cruz López Aguilar y María Isabel Pérez Santos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial del Café, conforme a las siguientes
Consideraciones
Dentro de las actividades agrícolas con mayor importancia y arraigo en nuestro país, destaca la cadena productiva del café. Dicha actividad constituye uno de los negocios más rentables a nivel mundial y con más valor comercial.
El cultivo del café representa una importante entrada de divisas para los 50 países productores, entre los que se encuentra México ocupando el 5 lugar en importancia.
El café en México se produce en cuatro zonas comprendidas en 12 estados de la República: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, que abarcan 398 municipios (padrón nacional cafetalero).
El café representa cerca del 14 por ciento de las exportaciones totales, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento se va hacia Estados Unidos. La mayor parte del café que se exporta es "verde", es decir, sin ser procesado o tostado.
Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en nuestro país, existen factores que debilitan su competitividad tales como: la marginalidad en que vive el 87 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura carretera, falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad; falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo; escasez de mano de obra por la creciente migración, abandono de las tierras, rotación de cultivo , la existencia de intermediarios, y los altos costos de producción han hecho que cultivar café ya no sea atractivo para los campesinos.
Por otra parte, a raíz de la ruptura del pacto para regular la oferta y la demanda entre los países productores y la mayoría de los consumidores que formaban la Organización Internacional del Café (OIC), en 1989, el precio del café se derrumbó y con ello se desató una crisis para los campesinos productores que vieron que su cultivo supone mucho trabajo y pocos beneficios económicos. Lo anterior se tradujo en una baja del nivel de vida de los campesinos, en migración, en abandono de las tierras y en desempleo. A pesar de algunos periodos de estabilización, el precio no ha dejado de fluctuar.
Cabe señalar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha planteado en su Programa Sectorial el reforzamiento de las cadenas productivas desde la producción primaria, el procesamiento, la transportación, y la comercialización interna y externa, con la finalidad de elevar la productividad y la calidad de los productos; sin embargo, y pese a ello, el sistema productivo del café no ha podido repuntar sus niveles de productividad, por lo que actualmente se encuentra enfrentando una crisis de enormes dimensiones.
Así, el Consejo Mexicano del Café ha resultado ser un mecanismo discrecional que a final de cuentas fue absorbido por Sagarpa y su política centralista, por encima de la soberanía de los estados cafetaleros.
También es de reconocerse que anteriormente existía una verdadera política de Estado en materia de cafeticultura; se afirma lo anterior, puesto que a través de la creación de distintos organismos promotores del café como lo fueron Beneficios Mexicanos del Café, en 1945; la Comisión Nacional del Café, en 1949; y el Instituto Mexicano del Café, en 1958, se brindó el apoyo organizativo, técnico, de defensa, investigación, transferencia de tecnología, así como el marketing necesario para posicionar el café mexicano en el mundo.
Dicha política, propició que en los años setenta del siglo pasado, con una superficie de 762 mil hectáreas y con 282 mil productores que generaban una producción de 5 millones de sacos al año, este producto se convirtiera en el segundo commodity nacional, solo por debajo del petróleo.
A partir de la década de los ochenta, y debido a diversos factores, unos externos, como una fuerte sobreproducción mundial y la consecuente caída estrepitosa en los precios del producto a nivel internacional, y otros internos, como una mala planeación de las políticas gubernamentales asociadas al sector del café, la desaparición del Instituto Mexicano del Café, produjeron una severa caída en los precios del café, afectando gravemente la estructura productiva de los productores y sus organizaciones.
A raíz de todo lo anterior, las empresas trasnacionales se consolidaron, apropiándose de esta manera de un alto porcentaje del mercado del café, centrándose en un modelo basado en la compra venta de volúmenes, más allá de la calidad del producto.
Según un estudio realizado por el Banco Mundial a solicitud de la Organización Internacional del Café, el mercado internacional presenta un crecimiento promedio del consumo de 1.6 por ciento anual, que no es significativo contra el comportamiento de la producción de café.
Este hecho afecta negativamente al mercado interno por las condiciones de bajo consumo que presenta, e impacta en el equilibrio de nuestra balanza comercial. Sin embargo, el mercado interno es una de las áreas de oportunidad para compensar nuestra alta vulnerabilidad ante el comportamiento de los precios del café en las bolsas de comercio.
En México se requiere promover un esquema que rompa con el dominio que ejercen las transnacionales a los productores de café, sobre todo a los pequeños. Estas empresas presionan la oferta permanentemente a la baja, debido a la carencia de una visión empresarial que no se orienta hacia la diferenciación y al posicionamiento de la calidad del producto.
Otro lastre que afecta a los pequeños productores de café es la falta de financiamiento oportuno y en condiciones favorables, toda vez que los créditos disponibles de origen gubernamental son otorgados de manera discrecional y la banca privada no manifiesta ningún interés por apoyar a este sector.
No obstante que en la actualidad la tendencia de los precios internacionales del grano ha mejorado, en nuestro país persiste el problema de la producción, la calidad, asistencia técnica y capacitación.
Por ello, es menester que la Sagarpa contribuya al mejoramiento de ese sector mediante el establecimiento de programas que reviertan la caída en la productividad así como en la calidad del grano, a fin de que se restituya su competitividad y con ello se mejoren los ingresos y niveles de vida de los casi 490 mil productores de café, así como las condiciones de las casi 700 mil hectáreas dedicadas a la producción de café, en 12 estados de la República Mexicana, entre los que destacan Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Hoy día, los programas gubernamentales de apoyo a los productores agrícolas, como Alianza para el Campo y Empleo Temporal, no han significado buenas noticias para los productores de café, pues la realidad que los pequeños productores viven es que sus ingresos han disminuido y los costos de los insumos se han elevado.
Por ello es necesaria la implementación de una política de Estado urgente que restaure la cadena productiva del café y que garanticen un precio justo a la cosecha del grano.
Recordemos que gran parte de los pequeños productores de café son de origen indígena y que además viven en condiciones de pobreza y discriminación constante. Debemos abandonar el dañino esquema de promoción del crecimiento agrícola sin el debido desarrollo social.
La cafeticultura debe ser vista como una oportunidad de crecimiento económico y como fuente de desarrollo social y regional.
Cabe señalar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, el Ejecutivo Federal propone asignar un monto de 500 millones de pesos para el programa Fomento Productivo de Café, cifra que resulta por demás insuficiente para afrontar los graves retos de la industria cafetalera en el país.
De ahí que resulte indispensable y urgente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se incluya un incremento en las partidas que se destinan a los programas sociales y de apoyo a la producción que inciden en este importante sector.
Las dos últimas Legislaturas de la Cámara de Diputados han reconocido la importancia que tiene la industria cafetalera en México, como una fuente de empleo y de sustento para millones de mexicanos, así como un motor de desarrollo de las regiones en donde se cultiva, por lo que se aprobó la creación y funcionamiento de la Comisión Especial que hoy se propone.
Bajo esta lógica, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una vez más, reconoce la importancia de la cafeticultura en México y del impacto que tiene en la vida de millones de mexicanos.
Es por ello que continuaremos apoyando las necesidades de los productores de café, especialmente a los pequeños cafeticultores. Refrendamos nuestra disposición para trabajar en favor de ellos, de sus familias y del campo mexicano.
Por lo expuesto, resulta indispensable que nuevamente se cree en esta LXI Legislatura, la Comisión Especial del Café, como una instancia legislativa donde se analicen y se propongan alternativas y estrategias tendientes a apoyar de forma integral esta importante actividad.
Esta Comisión Especial será el espacio donde se dará cabida a las múltiples voces que convergen en la cafeticultura nacional, y en la que estarán representadas todas las fuerzas políticas que coexisten en esta Cámara de Diputados.
Por ello, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de la Comisión Especial del Café durante el ejercicio de la LXI Legislatura.
Artículo Segundo. El mandato de dicha Comisión, será el de analizar el entorno de la actividad cafetalera, para promover medidas de carácter legislativo y presupuestal para generar condiciones de mayor desarrollo de la producción, industrialización, comercialización, exportación y consumo del café mexicano, tanto en el mercado nacional como internacional, así como establecer canales de comunicación y coordinación institucionales con las dependencias del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales para atender las necesidades de los productores de café, especialmente las de los pequeños productores de café .
Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, procurando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, Cruz López Aguilar, María Isabel Pérez Santos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR CON LA MAYOR BREVEDAD EL CONVENIO 183, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, de conformidad con los motivos que a continuación expongo:
En el año 2000, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consolidó la revisión de la normativa internacional de protección a la maternidad en el empleo que venía haciendo desde años atrás, con la adopción del Convenio 183, que revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad de 1952. Se llegó al consenso de que las relaciones laborales y el mundo del empleo habían cambiado desde la fecha de adopción del Convenio de 1952, y que la incorporación creciente de las mujeres al empleo hacía urgente el fortalecimiento del marco de protección de las trabajadoras y sus derechos reproductivos.
El Convenio 183 aplica a todas las mujeres trabajadoras, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo, lo cual es una de las mayores contribuciones de este documento internacional, que actualmente representa, para la Organización Internacional del Trabajo y sus miembros, el marco de los derechos de las mujeres trabajadoras con respecto a la maternidad, pues reúne derechos y principios como: descanso de catorce semanas por lo menos a repartirse antes y después del parto; prolongación del periodo de descanso en caso de padecer una enfermedad como consecuencia del parto; derecho a percibir íntegro el salario durante el descanso y no ver disminuidas sus prestaciones; derecho a contar con las prestaciones médicas necesarias para su vida reproductiva; derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, mismas que deben ser contabilizadas como tiempo de trabajo y por tanto, remuneradas; prohibición al empleador de despedirla por ejercer sus derechos reproductivos; derecho a regresar al empleo una vez terminado su periodo de descanso por maternidad; prohibición de que se le exija a una mujer que solicita un empleo, a que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, por mencionar las disposiciones más relevantes. En otras palabras, el Convenio 183 de protección a la maternidad representa el catálogo de derechos que deben garantizarse a las mujeres que deciden ejercer su función reproductiva al mismo tiempo que mantenerse en su empleo.
El Convenio señala que sus disposiciones deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional.
En México, los lineamientos relativos a la maternidad se encuentran plasmados tanto en la Constitución Política como en leyes secundarias. La protección de la maternidad es, hoy por hoy, uno de los puntos fuertes de la legislación laboral mexicana. Sin embargo, sigue sin prohibirse a las personas empleadoras que soliciten prueba de ingravidez a las mujeres para obtener o conservar un empleo. Asimismo, el periodo de licencia por maternidad, que actualmente es de 12 semanas, se encuentra por debajo de las disposiciones internacionales. Además, las licencias por lactancia que establece la legislación mexicana no son armónicas con lo planteado en el Convenio 183. Estos son sólo tres ejemplos que plantean la necesidad de fortalecer la protección de las madres trabajadoras en la legislación laboral mexicana.
El Estado mexicano no ha firmado aún este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, pese a que éste entró en vigor a nivel internacional desde 2002. Consideramos importante exhortarlo a que lo haga, pues ello implicaría la necesidad de armonizar la legislación mexicana conforme a lo dispuesto en el Convenio 183 y redundaría en el fortalecimiento del marco de los derechos de las mujeres y de la infancia.
Indudablemente, un país que se considere democrático debe dar pasos permanentes en términos de alcanzar la plena garantía de los derechos humanos para todas y todos. La maternidad es uno de los más relevantes aspectos que deben protegerse, y, a la luz de la vida laboral, el compromiso por parte del Estado crece aún más. México, como país que ha trabajado activamente en el escenario internacional a favor de los derechos humanos, no puede permanecer al margen de este tipo de disposiciones tan importantes y de repercusiones tan amplias. Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, por la importancia que reviste el tema para millones de mujeres, niñas, niños y familias mexicanas, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183, sobre la Protección de la Maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE DESTINAR RECURSOS A DIVERSAS ADQUISICIONES Y OBRAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL TERRÓN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) dependiente de la Secretaría de Energía, Ramo 18, realiza investigación científico-tecnológica, en el marco de las fronteras del conocimiento en el área de la ciencia y la tecnología nucleares, proporcionando al pueblo mexicano servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular; incluso, dichos alcances, pueden beneficiar a América Latina y al mundo en general, puntos en los que radica la importancia de fortalecerlo e impulsarlo como parte estratégica del Estado mexicano.
En el marco de la crisis mundial actual, es un buen momento para reflexionar que sólo con la inversión en aspectos estratégicos y visión a mediano y largo plazo de los beneficios sociales, ambientales, y económicos, que la naturaleza de dicho instituto permite, se puede ir superando la falta de una política tendiente a obtener recursos de la vinculación de la ciencia con la empresa; por ello, en este proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, es un buen momento para considerar los recursos necesarios al ININ para construir instalaciones seguras, adquirir nuevo equipo, equipar los laboratorio y apuntalar la inversión en investigación y desarrollo científico, ya que es parte nodal del objeto de dicho instituto, para que pueda cumplir plenamente con los fines para los que fue creado.
Lo anterior, es una obligación que debemos resolver de manera urgente, hagamos conciencia de las necesidades reales de nuestro país, no se trata solamente de colocar o dar recursos de manera inconsistente, ya que en lo referente al beneficio de carácter nacional, nuestra constitución es clara y contundente en sus artículos 3°, 4°, 25 y 27 constitucional.
Diputadas y diputados, argumentos constitucionales, educativos, médicos, políticos, económicos y sociales sobran; sin embargo, lo más importante en un estado democrático de derecho, es que se respete nuestra Carta Magna y el marco normativo por el que se rige nuestro país, sí, nos referimos a lo mandatado en el artículo 3o., fracción VII, donde se establece claramente el objeto de investigar y generar conocimiento en beneficio del pueblo mexicano.
Respecto al artículo 4o. constitucional, no existe duda alguna respecto a que el derecho a la salud, es una garantía que el Estado otorga a la sociedad en su conjunto; de ahí que la compra del ciclotrón sea una necesidad urgente de realizar ya que no se puede seguir deteniendo el derecho y el acceso a la salud de nuestra sociedad; por otra parte, en el mismo artículo, encontramos el derecho a un ambiente sano y como toda tecnología de éstas características, se requiere de altas medidas de seguridad e instalaciones que cumplan con los más altos índices de protección hacia el medio ambiente; por ello, se debe contar e invertir en la construcción y conservación de instalaciones que den un adecuado tratamiento y almacenamiento de los residuos o desechos radiactivos; esto, conlleva proyectar laboratorios y equipamiento del más alto nivel a fin de mantener en la vanguardia científica, los centros de investigación nacionales.
Asimismo, en el artículo 25, se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Lo anterior, despeja cualquier duda de la obligación del Estado y del titular del Ejecutivo a invertir en las áreas prioritarias y que en un momento dado, pueden aportar recursos para el desarrollo nacional, de ahí que todos los diputados tenemos la obligación de manifestarnos a favor de invertir en el bienestar de nuestra población, la investigación y en la conservación de un medio ambiente sano; así como procurar el progreso y competitividad tanto de las empresas como de las áreas estratégicas del Estado mexicano.
Ahora, veamos algunas características y su impacto en la salud y en la posibilidad de obtención de medio que aporten mayores recursos a los presupuestos de la nación a mediano plazo. En éste sentido el ININ, tiene como misión de acuerdo al artículo 27 constitucional, coadyuvar al progreso económico y social del país, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y las diferentes tecnologías nucleares y temas afines, vinculados con la comunidad académica y el sector productivo, esta ha sido una característica en la que por años se han manifestado la comunidad científica y los responsables del sector productivo en nuestro país.
Para continuar con un mejor desempeño de sus trabajos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, así como diversos sectores científicos, académicos y sociales especializados, se han manifestado por la necesidad de adquirir, instalar y operar un ciclotrón de 50 MeV, en el Centro Nuclear de México, del ININ. Dicho equipo o ciclotrón, es un dispositivo empleado para acelerar partículas elementales de iones, hasta altas energías. Sin embargo, son de los instrumentos de mayor tamaño y más costosos utilizados en física. Recordemos que actualmente, en el mundo desarrollado, se está impulsando la investigación en esta área e incluso investigadores nacionales, han participado en los últimos experimentos realizados en la Unión Europea, por ello, no debemos escatimar en avanzar decididamente en este campo del conocimiento, sobre todo cuando el país cuenta con este capital científico.
La operación de un ciclotrón de 50 MeV en el ININ permitiría producir radioisótopos y emplearlos en medicina nuclear, ya que está compuesto por una fuente de partículas elementales o iones, un tubo donde existe un vacío parcial en el que las partículas pueden desplazarse libremente y un sistema para aumentar la velocidad de las partículas, las cuales, una vez cargadas, se aceleran mediante un campo electrostático; dicho así, es preciso mencionar la utilidad y el uso de dicha radiactividad en la vida cotidiana, la cual, muestra ser una herramienta útil para el tratamiento o diagnóstico de tumores. Esta radiactividad, se genera a partir de aceleradores de partículas o de radioisótopos producidos artificialmente, los cuales pueden ser insertados en una gran gama de moléculas y generar los radiofármacos indispensables para el diagnóstico o radioterapia.
El uso de radioisótopos para el diagnóstico precoz, ha permitido obtener imágenes en vivo del funcionamiento de órganos o sistemas, e identificar anormalidades en etapas muy tempranas en la progresión de una enfermedad. Para muchos problemas médicos, esta detección permite que la enfermedad sea tratada en una etapa temprana reduciendo el costo del tratamiento y al mismo tiempo, permite un pronóstico más favorable para los pacientes. Adicionalmente, el uso de radioisótopos, ofrece la posibilidad de realizar estudios dinámicos que no pueden lograrse con ultrasonido o la tomografía convencional. En el campo de la radioterapia, el radiofármaco, se deposita selectivamente en las células malignas con el objeto de destruirlas. Los radioisótopos, son producidos a partir de reactores nucleares o aceleradores de partículas (ciclotrones).
El uso del ciclotrón, se centra en los aspectos que son muy importantes para el país:
• El desarrollo de la capacidad nacional de producción, comercialización e investigación en radiofármacos;
• La investigación y desarrollo tecnológico con protones y haces radiactivos;
• La ampliación e institucionalización de los servicios de diagnóstico y terapia en medicina nuclear;
• La formación y capacitación de recursos humanos especializados, y
• La independencia tecnológica con posibilidad de obtener recursos en cooperación internacional o países que no cuentan con dicha tecnología.
Considerando la experiencia de los trabajadores e investigadores del ININ en la producción, procesamiento y distribución de radioisótopos y radiofármacos en el sector salud nacional, la adquisición de un ciclotrón permitiría producir radioisótopos como el talio-201 o el galio-67, que ya tienen un mercado bien establecido en México, así como la posibilidad de producir y poner a disposición de centros hospitalarios nacionales e internacionales radioisótopos ampliamente utilizados en medicina nuclear en el mundo como el indio-11, el yodo-123, el rubidio-82, el fluor-18, carbono-11, oxígeno-15, entre otros muchos. La gran variedad de radioisótopos que pueden producirse por medio de ciclotrones y sus respectivos usos en medicina nuclear, permitirá a México ser un foco de generación de productos aplicables a la medicina nuclear a niveles sumamente competitivos y de alta calidad en los distintos rincones del planeta ya que su uso es indispensable en los padecimientos descritos, sobre todos si tenemos en cuenta que existen países que se centran en su uso inmediato, más que en la posibilidad de desarrollar esta tecnología, porque les implicará formar recursos humanos y adquirir equipo que cubra todas las fases de la cadena productiva con la que México ya cuenta de manera articulada, lo anterior hace al instituto competitivo en el sector.
Es importante mencionar que el ININ, ya genera recursos, pero aún no es autosuficiente por razones de consolidación del mercado, pese a ello, ajustar su presupuesto anual a los ingresos propios; por ello, se precisa del apoyo del Estado para lograr la rentabilidad que una estrategia de desarrollo nacional, requiere en la complejidad de la economía actual, por lo que, para ser más competitivos científica, tecnológica y comercialmente, es necesario crearle las condiciones de igualdad en relación con las transnacionales que ofrecen productos al mercado mexicano.
Por ser una cuestión estratégica para nuestro país la compra del ciclotrón, se requiere consolidar esta inversión por el monto total para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que asciende a 600 millones de pesos, ya que desde años anteriores, se ha venido proponiendo su adquisición y no se ha podido consolidar; por esta razón, se hace un llamado a la conciencia y reflexión, sobre aquellas inversiones que pueden aportar mayor valor agregado y contribuir así con recursos que nuestra nación necesita para superar la crisis económica; dicho monto, sería suministrado de la siguiente manera 2010, 400 millones y 2011, 200 millones; sólo así, sería posible iniciar operaciones y consolidar la inversión en un equipo altamente necesario.
Por otra parte, es importante considerar que anualmente, el presupuesto adecuado para la operación del ININ, asciende a 1,125,728,164 millones de pesos y actualmente opera con subsidios por 477, 488, 036 millones de pesos; por lo que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al titular del Ejecutivo Federal a buscar los mecanismos convenientes para converger este déficit en la operación de ININ, ya que afecta su competitividad y estabilidad financiera.
En consecuencia, del análisis de la situación del ININ y de acuerdo con las opiniones de los expertos, es importante etiquetar en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, la construcción de un edificio para albergar laboratorios por un monto de 26 millones de pesos. Otra etiquetación estratégica que no puede postergarse por la urgencia de su naturaleza, es la construcción de la planta de tratamiento de desechos radioactivos por un monto de 28 millones de pesos, no olvidemos que es trascendente para la seguridad ambiental y el adecuado almacenamiento de los desechos radiactivos; una última etiquetación de carácter prioritario y urgente, es la que garantizaría la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico por 84.1 millones de pesos.
Finalmente, se hace llamado urgente a esta honorable asamblea a adquirir conciencia sobre el particular para impulsar el derecho a la salud, fomentar la investigación y garantizar la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y se continúe trabajando a partir de un mejoramiento progresivo de las políticas públicas y se permita el avance hacia la equidad y la igualdad en el acceso a la salud, las tecnologías de punta y el mejoramiento del medio ambiente al que los mexicanos tenemos derecho; de ahí, que en relación a los beneficios que se obtengan, estos recursos solicitados representan una parte marginal de los montos totales del presupuesto anual, actuemos con responsabilidad y en apego a lo que nuestra constitución mandata.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Ciencia y Tecnología a incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 seiscientos millones de pesos para la adquisición, instalación y operación de un ciclotrón en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a efecto de trascender en el plano nacional e internacional en el desarrollo sustentable de la generación y uso de tecnologías avanzadas en materia nuclear.
Segundo. Se etiqueten en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, recursos por 26 millones de pesos para la construcción de un edificio para albergar laboratorios; se etiqueten 28 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de desechos radioactivos; y se etiqueten 84.1 millones de pesos para la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de octubre de 2009.
Diputados: Miguel Ángel Terrón Mendoza, Andrés Massieu Fernández, Raúl Domínguez Rex, Héctor Hernández Silva, Carlos Flores Rico, Ramón Ramírez Valtierra, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CANO RICAUD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Diputados Alejandro Cano Ricaud, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
La industria manufacturera de exportación (conocida como industria maquiladora) es uno de los sectores más estudiados y debatidos de la realidad social y económica del norte de México. Esta relevancia se debe, en parte, al peso cada vez mayor de tales empresas en los indicadores industriales del país, pero también a la carga política e ideológica que suele estar asociada a su evaluación; es decir, el análisis del desempeño de las maquiladoras por lo general supone una evaluación del modelo de desarrollo industrial del país.
La expansión de las maquiladoras ha generado una parte sustancial del crecimiento industrial en el norte de México durante los últimos 40 años. Originalmente, estas operaciones industriales formaron parte de una estrategia temporal del gobierno mexicano, para abatir el desempleo en la zona fronteriza con Estados Unidos de América; sin embargo, al paso del tiempo se convirtieron en una pieza fundamental del desarrollo industrial y adquirieron una importancia enorme para la economía mexicana. Para las empresas extranjeras, que establecieron operaciones de maquila en México, este esquema resultó muy ventajoso, ya que les permitió reducir drásticamente sus costos laborales, al instalarse en una región geográfica cercana y pagar salarios competitivos.
Al inicio, estas plantas se dedicaban a actividades intensivas en mano de obra, operaban con tecnologías rudimentarias y en condiciones precarias; en la actualidad muchas ya cuentan con tecnologías de punta, organización moderna y fuerza de trabajo bien capacitada. A fines de 2000, tanto la cantidad de establecimientos como de trabajadores llegaron a su punto más elevado, y en 2001 inició un periodo de contracción, en gran medida ocasionado por la recesión de la economía estadounidense. En el primer trimestre de 2002, el empleo había disminuido en 22 por ciento y el número de plantas en 20, según la General Accounting Office (GAO). Conforme la economía de Estados Unidos de América empezó a mostrar signos de reactivación, la mayor parte de esos empleos se recuperaron, sin embargo, hay evidencias de que la declinación iniciada en 2001 no fue sólo un problema coyuntural, pues México enfrenta una fuerte competencia de otros países como China, o algunos de Centroamérica y del Caribe.
De acuerdo con los datos del anexo estadístico del sexto informe de gobierno de septiembre de 2006, el valor de las exportaciones de las maquiladoras en 2005 ascendió a más de 97 mil millones de dólares, lo que representó 45.5 por ciento de las exportaciones totales y 55.6 de las manufactureras. Asimismo, había 1 millón 166 mil 250 personas ocupadas, es decir, las fábricas generaban 37.8 por ciento del empleo.
Como se observa en la gráfica siguiente (que incluye sólo a las empresas oficialmente registradas como maquiladoras), entre 1975 y 2000 el número de plantas se multiplicó por ocho y el personal ocupado por 18.
Así, el periodo de mayor crecimiento abarca de 1985 a 2000. No sólo se trata del lapso en el que las cifras de producción y empleo alcanzaron sus registros mayores, sino también de una etapa en la que el concepto original de "industria maquiladora" se transformó de manera sustantiva, tanto en los procesos productivos como en la organización industrial y en el marco legal. A finales de 2000 había 3 mil 703 plantas con poco más de 1 millón 300 mil trabajadores. Durante esos años se convirtieron en la fuente principal de empleo industrial y la segunda en generación de divisas; llegaron a representar la mitad de las exportaciones mexicanas y 40 por ciento del empleo manufacturero.
Este crecimiento resulta relevante, porque se trata de un periodo de estancamiento del empleo manufacturero en México. De 1985 a 2000, la tasa de crecimiento anual del trabajo en las maquiladoras fue de 13 por ciento, en tanto que en el resto del sector manufacturero fue menor a 1.
Las actividades que crecieron más rápido fueron la fabricación de autopartes y la confección, aunque la industria electrónica se mantuvo como la mayor concentradora de plantas y empleados.
Después de crecer casi sin interrupción desde su origen, el número de maquiladoras empezó a declinar de manera acelerada a finales de 2000. En octubre de ese año el empleo llegó a su punto más alto, con 1 millón 338 mil 970 trabajadores. Pero de noviembre de 2000 a diciembre de 2001 se perdieron poco más de 250 mil puestos de trabajo. A mediados de 2002, el empleo se había reducido en 20 por ciento y la producción en 30. El sector más afectado fue el de la electrónica, especialmente en la región fronteriza. Sin embargo, cuando la economía de Estados Unidos de América empezó a recuperarse, esa tendencia se revirtió en parte y al final del primer semestre de 2006, se tenían registradas un total de 2 mil 822 plantas y 1 millóm 223 mil 180 empleos.
Las maquiladoras siguen teniendo un papel crucial en la economía mexicana y continúan siendo una opción rentable para las transnacionales de la electrónica, las autopartes y el vestido, entre otras actividades altamente globalizadas. Pero más allá de sus crisis coyunturales y las oscilaciones de sus indicadores principales, es un hecho que se han transformado de manera fundamental. Por una parte, los cambios profundos en la organización productiva han rebasado con mucho el esquema original de ensamblaje de bajo valor agregado para la exportación. Por otro lado, las maquiladoras están destinadas a diluirse paulatinamente, conforme los diferentes programas exportadores homogenicen sus reglas de operación y desaparezca su excepcionalidad como régimen de exportación.
Así, el "modelo maquilador", diseñado como un recurso de emergencia, se fue transformando hasta convertirse en la base del desarrollo industrial en la región norte de México y en el frente más dinámico de las exportaciones del país. Todos estos cambios legales estuvieron en su momento ligados con los estructurales experimentados por las maquiladoras y con el reconocimiento de la importancia creciente de estas empresas para la economía mexicana. Como parte de esa evolución continua de las normas en el medio empresarial y gubernamental, se espera la emisión de decretos nuevos, que homologuen las reglas de operación para las maquiladoras y las empresas Pitex, con lo que se eliminaría el carácter de excepcionalidad de las maquiladoras y, en consecuencia, que se cambien las ventajas arancelarias y fiscales para las empresas en esquemas de "producción compartida" y de manufactura para la exportación.
La utilización de tecnologías avanzadas produjo un cambio en la composición de la fuerza de trabajo, al requerir más trabajadores calificados, técnicos e ingenieros. En 1980, el porcentaje de técnicos era de 9 por ciento, a mediados de 2006 había llegado a 13. Pero en algunas actividades y regiones el empleo de técnicos es mayor, como es el caso de las maquiladoras electrónicas y de autopartes, que emplea a 15 por ciento, y de las ubicadas en Jalisco (17.5) y Chihuahua (15), según datos del Inegi. Asimismo, la expansión constante de la industria requirió contratar gran cantidad de directivos y administradores. De acuerdo con un estudio, durante la década de los noventa tan sólo en Tijuana y Ciudad Juárez se impulsaron unos 500 nuevos puestos gerenciales cada año y 7 de cada 10 de ellos fueron ocupados por mexicanos.
Ninguna firma, ni siquiera las empresas líderes del mercado, puede generar internamente las diversas capacidades exigidas por la competencia global. Por tanto, según diversos autores, un aspecto decisivo de la competitividad consiste en la habilidad para proveerse de especialistas fuera de la firma. Según esta lógica, las empresas transnacionales con operaciones de maquila en México necesitan transferir capacidades técnicas y gerenciales a sus filiales y proveedores locales, para que sean capaces de cumplir con sus exigentes estándares de calidad y a la vez disminuir sus costos de producción. Una vez que han logrado elevar sus capacidades, los nuevos estándares alcanzados se convierten en un incentivo para delegar conocimientos y procesos más sofisticados en los proveedores locales, incluso la ingeniería, el desarrollo de productos y de procesos.
De acuerdo con un reporte de la GAO (2003), en los primeros años del siglo XXI México perdió cuota de mercado en 47 de 152 categorías de importaciones estadounidenses, mientras que China ganó participación en 35 de esas 47, que incluyen juguetes, muebles, aparatos electrodomésticos, ciertos equipos de televisión y video, ropa y textiles.
Por otra parte, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio ha reducido significativamente las tarifas para las importaciones de ese país a Estados Unidos de América. Por ello, muchas maquiladoras japonesas y coreanas revisan sus estrategias: en lugar de producir los componentes electrónicos en Asia, ensamblarlos en México y vender el producto final en Estados Unidos de América, algunas empresas ya están trasladando la producción y ensamble a Asia para atender desde ahí al mercado estadounidense, según diversos autores. Hay una gran presencia de China en el mercado mundial y de la falta de una estrategia mexicana frente a esta nueva y abrumadora irrupción asiática.
Actualmente, el contenido promedio de insumos nacionales es inferior a 5 por ciento y a pesar de los avances indudables en el traslado a México de operaciones manufactureras de alta tecnología y de algunas actividades de diseño, investigación y desarrollo, no existe aún una estrategia propia para desarrollar una industria competitiva, basada en procesos de alto valor agregado y conocimiento.
México carece de una política industrial coherente y dinámica, capaz de estimular los segmentos de gran valor agregado y conocimiento. La crisis de 2000 a 2003 fue probablemente un anticipo del desastre social y económico que podría ocurrir si México continúa basando sus industrias exportadoras en segmentos de bajo valor agregado en un entorno global de presiones feroces para la reducción de costos de producción. Parte de la respuesta está en las iniciativas y proyectos de los actores nuevos e instituciones locales, depositarios de una larga experiencia en estos mercados complejos y demandantes.
Acorde a las consideraciones anteriores, presentamos la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país vive hoy una situación económica muy compleja, ya que el principal socio comercial que tenemos se encuentra en una crisis económica que afecta el mundo; ante ello, es importante generar acciones, en ámbito del poder legislativo, que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes y, por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas.
La industria manufacturera de exportación, comúnmente denominada industria maquiladora, ha venido evolucionando hasta convertirse en un pilar fundamental en la economía nacional; es de destacar que ciudad Juárez fue una de las ciudades pioneras en este tipo de industria, ya que desde 1966 se formaron las primeras empresas de este tipo en la región.
Diversas son las actividades que se llevan a cabo en este tipo de industria; en sus inicios predominaron las actividades más tradicionales como lo es la producción de muebles y molduras de madera, la industria del cuero y el calzado, la fabricación de prendas de vestir, la industria del juguete, entre otras; al tiempo, empresas de mayor envergadura se instalaron, con la finalidad de realizar fases de su proceso productivo con un trabajo manual a gran escala.
Destaca la industria electrónica como puntal en los inicios de la industria manufacturera de exportación, ya que desde los años setenta se convirtió en la rama más importante de esta industria por el personal ocupado y el valor agregado de sus procesos.
Hoy día son variados los agrupamientos industriales desarrollados; destacan los siguientes:
• Automotriz/autopartes
• Electrónica/telecomunicaciones
• Tecnologías de la información
• Electrodomésticos
• Biotecnología
• Aeroespacial
Actualmente, según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación, AC, esta industria contribuye con 44 por ciento del valor de las exportaciones totales de nuestro país.
Además, la industria manufacturera de exportación tiene vínculos con el desarrollo regional, en la diversificación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; además, permite el desarrollo social por medio del trabajo productivo y la mano de obra calificada; actualmente se busca consolidar una industria limpia y sustentable.
Según datos proporcionados por el Inegi, en la estadística que lleva a cabo sobre el comportamiento de la industria manufacturera de exportación, a diciembre de 2006 en nuestro país se encontraban establecidos 2 mil 783 establecimientos de este tipo de industria; de los cuales, 81 por ciento se encuentra instalado en las entidades federativas de la frontera norte y 19 por ciento en el resto del país; además, esta industria emplea en el país a más de un millón de trabajadores, de los cuales 78 por ciento está conformado por obreros, 14 por ciento son empleados técnicos en producción y 8 por ciento son empleados administrativos.
Por otra parte, en la situación de crisis de nuestro país, al día de hoy, según datos del IMSS, se ha perdido alrededor de 250 mil empleos, tan sólo en lo que va de 2009, siendo la industria manufacturera de exportación una de las más afectadas ya que se ha disminuido su número de trabajadores por más de 130 mil plazas.
Para las entidades federativas del norte, este tipo de industria ha impulsado un mayor desarrollo.
La función de todas y cada una de las esferas de gobierno es actuar para prevenir la pérdida de empleo a través de una política pública de desarrollo económico que incentive la inversión nacional y extranjera, que fomente la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, la investigación, la incorporación de valor agregado en la producción, entre otras.
La industria manufacturera de exportación enfrenta, además de la crisis financiera internacional, otro tipo de problemas y de retos en el contexto internacional: la pérdida de competitividad nacional, la falta de certidumbre jurídica, la incertidumbre fiscal; entre otros.
Sin lugar a dudas, los programas del gobierno federal cuentan con presupuestos insuficientes que no logran cubrir las necesidades de las empresas que invierten en sectores modernos y de gran tecnología.
Por tanto, una de las primeras tareas de esta legislatura es buscar asignar un mayor presupuesto a los programas que deben impulsar el desarrollo industrial y económico.
También, desde el Congreso promoveremos la elaboración de reglas de operación con una mayor transparencia y más democráticas en la asignación de recursos federales. Estos fondos son públicos y deben respetar los principios del federalismo que promuevan la equidad entre municipios y localidades, y respondan al mandato de todos los mexicanos.
La en muchas ocasiones escasa coordinación entre gobiernos federales, estatales y municipales inhibe la inversión productiva. La inversión privada se enfrenta a una ilógica discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios fiscales que sólo genera una competencia vorágine entre estados y municipios que a su vez resulta en un gasto excesivo de recursos financieros públicos estatales o municipales.
El Poder Legislativo debe ver que hoy día, no sólo las compras gubernamentales ejercen gran poder en la economía domestica; también, los esquemas de beneficios pueden influir en decisiones generadoras de bienestar.
Por lo anterior, consideramos que la actual legislatura deberá evaluar la pertinencia de trabajar en las siguientes propuestas:
Promover mayores recursos para la capacitación laboral; sea esta del desempleado o de trabajadores que requieren adquirir nuevas habilidades y capacidades técnicas.
Impulsar la certidumbre fiscal para que se pueda llevara a cabo una planeación a mayores plazos.
Proponer medidas para la modernización del sistema aduanero; incentivar la instalación de recintos fiscalizados estratégicos en la frontera y estudiar la opción del establecimiento de zonas francas.
Hacer más competitivos los precios de los energéticos.
Exhortar a los gobiernos locales que la operación de los servicios nacionales de empleo se administren bajo las Secretarías de Desarrollo Económico locales, buscando con ello una alineación completa de la política pública de desarrollo económico y de generación de empleo.
Democratizar los fondos de fomento a la atracción de inversión; con una mayor participación de las asociaciones tales como la AMSDE, que debe funcionar como un consejo y la representación del Poder Legislativo, del cual por lo menos debe contar con el visto bueno de la Comisión de Desarrollo Económico.
Promover reglas claras que incluyan la participación de otros niveles de gobierno y de instancias civiles como las cámaras, en la ejecución de incentivos del Fondo pro México.
Legislar para un adecuado funcionamiento de la vinculación académica con el sector productivo del país.
Impulsar un presupuesto federal que desarrolle infraestructura industrial, como lo son: puertos ferroviarios, aéreos, marítimos; carreteras; terminales multimodales, entre otras.
Es necesario que, desde la Cámara de Diputados, impulsemos un acuerdo nacional para elevar la competitividad y dignificar nuestra zona fronteriza.
Por las razones expuestas ante esta asamblea, y no sin antes puntualizar que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, asimismo, acorde con la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política generar los acuerdos necesarios para la creación de comisión especial alguna, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de solicitarles se aprueben los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se constituye la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación, con el objetivo de estudiar a fondo su evolución y sus requerimientos ante el entorno económico y social actual, como una industria fundamental para el crecimiento económico y el empleo, así como para proponer e impulsar acciones que promuevan su desarrollo.
Segundo. La comisión estará conformada por 20 diputados, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad, con la inclusión de todos los grupos parlamentarios.
Tercero. La comisión funcionará durante el término de la LXI Legislatura.
Cuarto. La comisión deberá rendir de manera semestral un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.
Diputados: Alejandro Cano Ricaud, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbricas).
