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Iniciativas
- Que adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del PAN, y por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Que reforma el artículo 13 y deroga el 14 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma los artículos 12, 25, 33 y 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios de salarios, pensiones y otras prestaciones laborales, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, sobre el Programa Integral Ambiental Fronterizo, suscrita por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, relativo al cierre del ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa, suscrita por el senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir lo necesario para que los precios públicos de gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural, y energía eléctrica doméstica e industrial se mantengan en los niveles actuales, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, y se solicita que se amplíe el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita opinión al respecto, suscrita por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que el Instituto Mexicano del Petróleo emita opinión técnica sobre las tecnologías implantadas en el proyecto Chicontepec y que se cite a comparecer a su director general y al de Pemex Exploración y Producción a fin de que expliquen la viabilidad del proyecto, así como para que la ASF incluya en el programa anual de auditorías relativas a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño a éste, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz y suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, referente a las cumbres de la ONU sobre cambio climático, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, para resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas, suscrita por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque Baja California, Baja California Sur y San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que la iniciativa Reforma Migratoria para la Seguridad y Prosperidad en América Latina, presentada el pasado 15 de diciembre, se reconoce como un primer paso a fin de conseguir una reforma migratoria integral por congresistas estadounidenses, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la operación militar efectuada por las fuerzas especiales de la Armada de México en Lomas de Selva, de Cuernavaca, Morelos, a cargo del senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro que investiguen sobre el uso indebido de recursos públicos en la adquisición de bienes inmuebles por parte y en favor del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a modificar su determinación respecto a la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar y flexibilizar mediante la Secretaría de Economía las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales, a cargo del senador José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en el programa anual de auditorías relativo a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una especial respecto del Servicio de Administración Tributaria para evaluar el cumplimiento de metas y de objetivos de los programas de auditorías fiscales a grandes contribuyentes, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz y suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según lo establece el artículo 123 constitucional, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al número, a la ubicación y a la integración accionaria de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofepris la excepción del requisito de pasteurización de la leche en la elaboración del queso cotija, con el establecimiento de mecanismos diversos para garantizar su inocuidad, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, sobre la periodicidad de las sesiones de la Comisión Permanente, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD
Iniciativas
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, al tenor siguiente:
Antecedentes
La industria cervecera independiente nacional se integra por 12 cervecerías que producen desde mil a 15 mil hectolitros por año.
Emplea directamente a cerca de 500 personas y de manera indirecta a otras 500, por lo menos, a las que se les destinan más de 50 millones de pesos anuales, en sueldos y prestaciones. Asimismo contribuye al pago de 25 millones de pesos al año por concepto del impuesto al valor agregado IVA (en adelante IVA), sin contar las contribuciones que hace al pago del impuesto especial sobre producción y servicios (en adelante IEPS).
En 2008 el crecimiento de las ventas en las cervecerías artesanales fue del 45 por ciento en promedio, con respecto a 2007 contra un 4 por ciento que creció el mercado de los grupos mayoristas. Esto significa que las microempresas crecieron 400 por ciento más que los grandes grupos cerveceros.
Este crecimiento en ventas se dio a pesar del enorme incremento en los costos operacionales y de materia prima, que ascendió en un orden del 40 por ciento en promedio.
Las cervecerías registradas en 2007, en relación con 2008 creció un 50 por ciento. Esto es en una proporción de 8 a 12.
Como ninguna de las empresas cerveceras independientes produce más de 15 mil hectolitros anuales, cada cual tendrá una reducción del 60 por ciento en el IEPS general, cuando menos.
Actualmente la industria cervecera independiente contribuye con alrededor de 35 millones de pesos anuales en IEPS. ¿Con esta medida? la captación del fisco en cuestión disminuiría únicamente de 35 a 15 millones. Esta reducción de 20 millones de pesos anuales no afectaría en nada la recaudación al país y tendría un gran impacto al desarrollo de la industria cervecera artesanal, ya que ayudaría a mantener a las empresas en operación, asegurando con ello; las fuentes de trabajo generadas a la fecha.
La reducción de este impuesto se basa en la diferencia de costos y productos que los pequeños productores de cerveza tienen en comparación de las grandes industrias.
El costo de producción por caja de cerveza industrializada es de hasta el 50 por ciento inferior al de una cerveza artesanal. Esto es porque las grandes empresas producen a gran escala y tienen integrada de manera horizontal toda la producción de insumos: desde la malta y el lúpulo con agricultura por contrato, hasta vidrio, cartón, corcholatas, etiquetas, transporte y centros de consumo a través de concesiones exclusivas.
Como antecedente, hace 25 años la industria cervecera independiente en Estados Unidos era pequeña y gracias a la Ley de Descuentos a Impuestos Especiales vigente, aunada a una estricta legislación antimonopolios, se ha catapultado el hasta llegar a la existencia de más de 2,000 micro cervecerías y a la recaudación de $204,994,874 (doscientos cuatro millones, novecientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro) dólares norteamericanos, en el 2008, únicamente de las cervecerías independientes.
Si en otros países como Canadá y Estados Unidos se ha logrado un incremento y una recaudación tan importante, podemos de igual forma llevarlo a cabo en nuestro país.
Es importante que como legisladores apoyemos la industria artesanal para fortalecer y garantizar su crecimiento siendo un generador de empleos para la pequeña industria cervecera.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto:
Decreto que adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Único. Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Artículo 2 Bis. En la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza de la industria (artesanal-independiente) que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:
2. A la producción anual de 2,001 a 5,000 hectolitros 5%
3. A la producción anual en hectolitros 5,001 a 15,000 10%
4. A la producción anual de 15,0001 a 50,000 hectolitros 17.5%
5. A la producción anual de 50,001 a 75,000 hectolitros 21.25%
6. A la producción anual de más de 75,000 hectolitros 25%
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLÁN, DEL PAN, Y POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscribimos, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de ciencia y tecnología, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
1. Nuestro país se ha propuesto establecer una política de Estado para su desarrollo científico, tecnológico y de innovación, basado en la adecuada formación de investigadores y tecnólogos que sean capaces de resolver los grandes problemas nacionales.
2. México ocupa el último lugar en inversión en ciencia y tecnología de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que es parte, con un gasto equivalente al 0.45 por ciento de nuestro producto interno bruto (PIB).
3. El desarrollo científico y tecnológico debe ser, cada vez en mayor medida, motor de la economía y palanca para el desarrollo nacional.
4. En el marco del derecho constitucional a la educación, nuestra Carta Magna establece claramente en la fracción quinta de su artículo tercero, que "el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación" y, en ese sentido, "apoyará la investigación científica y tecnológica".
5. Por tal motivo, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. El artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología marca como meta destinar al menos el 1 por ciento del PIB a la investigación científica y desarrollo tecnológico. Sin embargo, desde que dicha ley entró en vigor, el Estado mexicano ha incumplido dicha meta de gasto.
7. Por lo anterior, se vuelve fundamental incorporar en el marco jurídico idóneo, una puntual obligación y parámetro de partida para definir los montos mínimos que el gobierno federal deberá invertir para ciencia y tecnología.
8. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el instrumento que marca los principios y las normas a las que debe sujetarse la programación, elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
9. La presente iniciativa pretenda adicionar un inciso al artículo 41 de dicha ley con 4 motivos fundamentales:
Establecer de manera obligatoria, como regla, un mínimo de gasto para la investigación científica y desarrollo tecnológico del 1 por ciento del PIB, de conformidad con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. No es suficiente que esta disposición ya esté contemplada en dicha ley, habría que trasladarla a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para convertirla en una auténtica obligación presupuestaria.
Incorporar una disposición expresa en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer también de manera obligatoria que los recursos destinados a ciencia y tecnología sean incrementales año tras año, como porcentaje del PIB, para que el monto que se apruebe cada año tenga que ser mayor forzosamente a aquel del año anterior.
Establecer en la misma ley, como parámetro referencial de gasto, la disposición de que deberá observarse cuál es el promedio de lo que los principales países en vías de desarrollo destinan para ciencia y tecnología, para que sea tomado en cuenta al momento de la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría la discrecionalidad para diseñar la fórmula específica, así como definir cuántos y qué países en concreto se utilizarán para realizar el promedio que serviría como referencia. Pero en ninguno de los casos se podría destinar menos del 0.6 por ciento de nuestro PIB para ciencia y tecnología.
De esta manera, garantizaríamos que nuestro país pueda ubicarse a la vanguardia mundial en materia de ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo, proporcionaríamos criterios y obligaciones de carácter presupuestal mucho más claros y acordes a las necesidades del país en ese sentido.
Por tanto, sometemos a la elevada consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona con un inciso o) al numeral II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:
a) ñ) ...
o) Un capítulo específico que contenga las erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al Programa de Ciencia y Tecnología. De conformidad con la meta de gasto establecida en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para el rubro de investigación científica y desarrollo tecnológico no podrán, en ninguno de los ejercicios fiscales, ser inferiores al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. Para tales efectos, se contemplará como parte del monto destinado a dicho concepto las inversiones que realizan las instituciones de educación superior.
Los recursos asignados a la investigación científica y desarrollo tecnológico deberán incrementarse cada año, como proporción del PIB, y en ningún caso podrán ser inferiores o iguales a los del año anterior.
Al dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observará y tomará en cuenta, a manera de marco referencial, cuál es el promedio de gasto que destinan a ciencia y tecnología aquellos países en vías de desarrollo que mayores avances han registrado en la materia, así como aquellos que han alcanzado mayores tasas de crecimiento económico.
Único. La presente reforma y adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Reyes Tamez Guerra, Miguel Antonio Osuna Millán, Alejandro Bahena Flores, José Trinidad Padilla López (rúbricas)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y DEROGA EL 14 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO JESÚS TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se afirmó que "la energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la mayor medida posible, los efectos negativos que ésta puede generar. La eficiencia energética contribuye al desarrollo sustentable de un país en la medida que promueve el uso óptimo de los recursos energéticos".
Ciertamente, la sustentabilidad o sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de cubrir sus propias necesidades. De ahí que existan principalmente diversas formas de reducir el impacto humano negativo y de potenciar los servicios de los ecosistemas, entre las que destacan el manejo ambiental y el manejo del consumo de recursos por los seres humanos.
Sin embargo, aún cuando en la exposición de motivos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se preveía que ésta "... buscaría superar las barreras e imperfecciones de los mercados energéticos que imponen barreras a la eficiencia energética y sentar las bases jurídicas para formular estrategias, políticas y programas orientados a promover el aprovechamiento sustentable de la energía"1; lo cierto es que en la misma no se garantizan las condiciones legales mínimas que permitan suponer que la preservación del medio ambiente será abordado a cabalidad en la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de eficiencia energética, toda vez que no se prevé la presencia de expertos en materia de medio ambiente en la elaboración de dichas actividades.
En tal virtud, resulta inadmisible que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no participe en la integración del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establecido en el Capítulo Segundo de dicho cuerpo legal, al ser el sector público más y mejor informado sobre el impacto ambiental ocasionado por las diversas actividades del ser humano.
Así las cosas, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de ampliar el número de integrantes de dicho Consejo Consultivo, para dar paso a representantes expertos en materia de medio ambiente, a la vez que se propone clarificar la duración en el encargo y el método de selección de tales integrantes.
En días pasados se celebró la 15ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático que reunió en la capital danesa a 193 países en busca de un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático, buscando lograr acuerdos para reducir entre 25 y 40 por ciento las emisiones con respecto al año 1990 para 2020.
Así, para tal efecto, el gobierno de EUA ha ofrecido rebajar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 17 por ciento hasta 2020 con respecto a 2005, mientras que China hará lo propio al reducir su intensidad de carbono entre 40 y 45 por ciento con respecto a 2005, para el año 2020. A su vez, la Unión Europea se ha comprometido a disminuir en un 20 por ciento sus emisiones de CO2 hasta 2020, con respecto a sus niveles de 1990.
México, por su parte, ha propuesto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) reducir sus emisiones de GEI en un 50 por ciento en 2050, en relación con el volumen emitido en el año 2000; para lo cual, el gobierno federal prevé duplicar la generación de energía renovable en el país en los próximos años.
De tal suerte que, en la citada Cumbre se ha pretendido lograr un acuerdo global en el que todos los países del mundo participen con un objetivo: reducir las emisiones de gases de invernadero y, con ello, evitar un mayor calentamiento global.
Así, en definitiva, es innegable que la actividad humana está acabando con el medio ambiente a una velocidad vertiginosa, razón por la cual resulta insuficiente que en la planeación y ejecución de programas diseñados para el uso sustentable de la energía participe únicamente expertos provenientes de la Secretaría de Energía.
Es necesario, por lo tanto, ampliar el número de integrantes del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de incluir a un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a dos legisladores que representen a las Comisiones de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Finalmente, se propone establecer el plazo que habrán de durar en su encargo los miembros del Consejo Consultivo, el cual será de tres años, a excepción del titular de la Secretaría de Energía; así como la obligatoriedad de que los seis investigadores académicos pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En suma, mediante esta reforma estaremos avanzando en la configuración más congruente del órgano legal encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidos en Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:
Proyecto de Decreto
Único. Se reforma la fracción II del artículo 13, se adicionan las fracciones III, IV y V del artículo 13, y se deroga el artículo 14, todos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:
Artículo 13. ...
II. Seis investigadores académicos, que durarán en su encargo tres años, y que deberán ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, propuestos por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica, sin remuneración alguna;
III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
IV. Un legislador integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y;
V. Un legislador integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
...
Artículo 14. Se deroga
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1. Cámara de origen: Senadores. Exposición de Motivos. México, DF, a 2 de septiembre de 2008. Iniciativa de senadores (Grupo Parlamentario del PAN)
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DEL TRABAJO, Y DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR LA SENADORA EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Emma Lucía Larios Gaxiola, senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sindicalismo nació como un instrumento de lucha de la clase trabajadora en contra del capital. En otras palabras, el sindicato es una organización que respondió ante la necesidad de abolir la explotación del hombre por el hombre y por lograr su mejoramiento económico, social y cultural.
La raíz idiomática de sindicato "es derivada de síndico y de su equivalencia latina syndicus, y del griego syndicos, vocablo compuesto de otros dos, que significa con justicia"1, este término se utilizaba para nombrar a la persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos.
En México, el derecho de trabajo se forjó con el fin inmediato de buscar la justicia social, en este sentido es por esencia un conjunto de normas jurídicas de equidad dentro de un marco equilibrado entre los patrones y los trabajadores, pero tomando en cuenta la diferencia entre ambos sujetos garantizando el respeto pleno de sus derechos.
En el marco constitucional se consagró la garantía de libertad de asociación en el artículo 9o. constitucional y en el artículo 123, Apartado A, fracción XVI, se estableció expresamente el reconocimiento de coaligarse en defensa de los intereses de sus agremiados, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, y con ello establecer el pleno respeto a la libertad de asociación entre trabajadores para velar por el derecho de mejorar sus condiciones laborales y económicas siendo la negociación de las condiciones de trabajo su máxima expresión.
Asimismo, se estableció en el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo, la definición de sindicato como "… la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". En este contexto, se reconoce al sindicato como la asociación de trabajadores o patrones, para mejorar y defender un fin común.
Por otra parte, expresa en su artículo 359 que "los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción". Con esta disposición se da un gran avance en materia sindical, considerando que en estas normas se establecen los lineamientos para el desarrollo y funcionamiento interno de los sindicatos.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha emitido diversos convenios en esta materia, entre los más importantes se encuentra el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación,2 que expresa que la libertad sindical, este instrumento es muy importante para el pleno desarrollo de las asociaciones, considerando que ésta permite desarrollar las facultades que le dotan de viabilidad para el estudio, mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
Este convenio es un instrumento fundamental para la protección del derecho de sindicación y de la democracia sindical. Los principales aspectos que contiene son:
El otorgamiento de la personalidad de los sindicatos, federaciones y confederaciones no puede estar sujeta al registro del sindicato ni a condiciones que limiten el ejercicio de la libertad sindical.
2. Derechos de las organizaciones sindicales. Una vez constituidos en sindicatos, los trabajadores o los empleadores son titulares de los siguientes derechos:
a) Las autoridades públicas no podrán intervenir en forma tal que limiten o entorpezcan el ejercicio de la libertad sindical;
b) Tienen derecho de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos;
c) Tienen el derecho de elegir a sus representantes;
d) Tienen el derecho de organizar su administración y sus actividades, así como el de formular su programa de acción;
e) La disolución o suspensión de estas organizaciones sólo procede por decisión jurisdiccional, y no por vía administrativa;
f) Tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones. Todas éstas, a su vez, tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales.
El desarrollo democrático sindical está directamente relacionado con su capacidad, no solamente de seleccionar personas con un elevado valor moral como líderes a través del voto libre y secreto, sino también de vigilar sus actos u omisiones, de obligarlos a rendir cuentas ante la asamblea y de sancionarlos legalmente en caso de que se incurra en abusos de autoridad y poder.
Por tanto, la rendición de cuentas de los líderes sindicales a sus agremiados, a través de la creación de mecanismos de transparencia interna y externa, contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio de la administración del sindicato.
En este contexto, la rendición de cuentas forma parte uno de los principales instrumentos para controlar el abuso de poder y garantizar que los lideres cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por los agremiados.
Actualmente, la calidad y la confiabilidad del sistema de rendición de cuentas influyen de modo decisivo en la percepción ciudadana. En este orden de ideas, el evaluar la actividad sindical constituye una tarea prioritaria para transformar la opacidad en transparencia en el desempeño de estas asociaciones.
En este sentido, se propone establecer mecanismos de transparencia interna para que los trabajadores puedan acceder a la información relativa a las cuotas, contrato colectivo o de ley, y los estatutos de los sindicatos, y en el caso de no cumplir esta obligación con sus agremiados, sancionar a los líderes sindicales para evitar la opacidad en sus acciones.
Actualmente, los sindicatos reciben recursos de la federación vía el Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los donativos regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece, en su artículo 10, que las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, siempre cuando se otorguen en los términos de establecidos en la ley de la materia y su reglamento.
Entre los lineamientos previstos en estos marcos jurídicos, se encuentra que dichos recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, la cual deberá reportarse en los informes trimestrales, conforme lo dispone el reglamento, identificando los ingresos incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y saldo.
En este sentido se requiere que la Auditoria Superior de la Federación, que observa que los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados, así como el despeño, eficacia y económica con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto. Por lo que se refiere a su control interno de gestión, poseen un órgano para vigilar la aplicación de las políticas y la normatividad se efectúe conforme a lo establecido.
La Auditoría Superior de la Federación fue creada para apoyar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública federal, con el objetivo de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos para que se designo la partida presupuestal.
En cumplimiento de su mandato y ejerciendo con responsabilidad su autonomía técnica y de gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa objetiva y oportunamente a la ciudadanía del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. Además, emite observaciones y recomendaciones que, a su juicio, son procedentes para fomentar que las administraciones públicas, estén comprometidas con la obtención de resultados y la satisfacción de las necesidades de la población.
En consecuencia, la ASF es una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, y promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades fiscalizables, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho que aspiramos como mexicanos.
Los retos actuales del sindicalismo en México, giran en torno a la restructuración de sus sistemas de representación, mediante los cuales sus dirigentes para ser electos con capacidades de gestión para conservar derechos que respondan a realidades claras.
Por tanto, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser base de nuestro sistema constitucional y el principal eje de desarrollo democrático.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del proemio, se propone esta iniciativa para establecer mecanismos internos y externos, de transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales para que estas acciones se conviertan en actos cotidianos para los mexicanos, quedando claro que es un asunto que demanda corresponsabilidad, en los siguientes términos
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Primero. Se adiciona la fracción IV al artículo 377, se reforman los artículos 371 y 373 de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros podrá ser mediante voto secreto o votación pública;
X. a XII. …;
XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento;
XIV. a XV. ….
Ante la omisión de la obligación señalada en el párrafo anterior, los miembros del sindicato podrán acudir ante la autoridad competente para que esta obligación se cumpla. Esto con independencia de otras acciones que legalmente procedan.
Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:
II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas;
III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros, y
IV. Proporcionar al trabajador copia de los estatutos y del contrato colectivo de trabajo o contrato ley vigente que regula sus condiciones de trabajo.
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, sindicatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;
X. a XIX. …
…
XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la federación hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, sindicatos, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;
XII. a XXVIII. …
VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los sindicatos;
VIII. a X. …
…
…
…
…
…
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Cabanellas, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, 12a. edición, Buenos Aires, editorial Heliasta, tomo VI, página 174.
2. Ratificado por México, Diario Oficial, 16 de octubre de 1950.
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 22 de diciembre de 2009.
Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 12, 25, 33 Y 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, Marcela Guerra Castillo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Cristina Díaz Salazar, Ildefonso Guajardo Villarreal, Felipe Enríquez Hernández, y Fermín Montes Cavazos, en ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 12, fracción V, 33, último párrafo, y 75, fracción V, de la Ley General de Educación.
Exposición de Motivos
La educación es pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación, y nuestro país no es la excepción. Por ello, una mejora en los niveles de cobertura y calidad de nuestro sistema educativo debe de ser visto como una política de fomento al desarrollo social y de combate a la pobreza.
La actual coyuntura de recesión económica y pérdida de empleos en nuestro país ha exacerbado los niveles de pobreza de amplios sectores de la población, por lo cual es oportuno reflexionar sobre el papel que debería estar jugando la educación para elevar las expectativas sobre la calidad de vida de las familias que se encuentran en las zonas de alta marginalidad en nuestro país.
Con base en los resultados de evaluación de los exámenes estandarizados aplicados a los estudiantes mexicanos (la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, y el Programa para la Evaluación Internacional, PISA), se tiene que el nivel educativo de nuestros niños y jóvenes no solamente se incrementa con los años de educación formal, sino también es necesario que nuestras escuelas incremente la calidad en la enseñanza.
Adicionalmente, los obstáculos para la continuación y desarrollo de los estudios son muchos, por ejemplo: la repetición de grados escolares; la lejanía de las instalaciones escolares, sobre todo en el ámbito rural; la falta de recursos económicos, en donde el menor desde temprana edad forma parte de la fuerza laboral de la familia; las escazas oportunidades laborales al termino de la educación formal y la baja probabilidad de ascensos social derivada de la educación, etcétera.
De esta forma, se conforma un círculo vicioso, en donde las pocas y accidentadas oportunidades educativas para los jóvenes inciden en las reducidas oportunidades de trabajo formal y satisfactorio para ellos, lo cual desafortunadamente afianza el binomio de menor escolaridad y mayor pobreza.
En este contexto, los niños y jóvenes que no acuden regularmente a su escuela son poblaciones de alto riesgo, no solamente por la deficiente formación escolar, sino también por la alta probabilidad de sufrir abuso y maltrato intrafamiliar, callejero y laboral, así como estar más expuestos a conductas delictivas.
Por lo anterior, se propone la presente iniciativa de ley, que busca el apoyar a las familias de pobreza extrema que, en ocasiones, ven en la educación más que una oportunidad de desarrollo y ascenso social para sus niños, una pesada carga económica, ya que normalmente no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan acudir a ellas en condiciones aceptables, como son bien alimentados y con la calidad y cantidad de útiles escolares.
Hay que recordar que desafortunadamente la pobreza ha sido un recurrente problema no resuelto en nuestro país a lo largo de sus historia posrevolucionaria, periodo en el cual se han impulsado diferentes programas sociales como desayunos escolares; incluso en algunos lugares uniformes, apoyo a transporte, becas en general y, el apoyo para la adquisición de útiles escolares. Programas que en menor o mayor medida apoyaban a continuar con los estudios de niños y jóvenes, pero que dada la situación prevaleciente en el país es necesario no solamente retomarlos, sino focalizarlos y fortalecerlos.
El gobierno federal ha venido impulsando, entre otras políticas sociales y de combate a la pobreza, el programa Oportunidades, que contempla una partida para becas educativas, que según establece sus reglas de operación, brinda un apoyo monetario para los estudiantes de entre tercero y sexto año de primaria para la compra de útiles escolares. Este programa si bien cumple una función importante, no hay que olvidar que sus apoyos son monetarios, por lo que es común que las familias beneficiadas utilicen estos recursos no siempre para lo establecido por el programa, dadas sus variadas necesidades básicas.
Es importante destacar que diferentes gobiernos estatales tienen en operación programas de entrega de útiles escolares con buenos resultados como son los casos de Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas y Querétaro, en donde se han repartido útiles escolares para los niños de familias de escasos recursos, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los cuales, tienen un precio unitario estimado de ciento ochenta y cinco pesos.
Sin duda, todos estos programas y acciones descritas tienen beneficios sociales importantes, como son el soporte real a los padres de familia beneficiados para que sus niños no dejen sus estudios por razones económicas. Sin embargo, para que estos programas logren sus objetivos y se mantengan a lo largo del tiempo, es importante que los padres de familia beneficiados reciban estímulos para que sus niños continúen con sus estudios, siempre y cuando estos programas se encuentren ajenos a intereses y coyunturas electorales y trasciendan en cobertura y con una adecuada focalización a lo largo del tiempo.
Por otro lado, se observa que los programas de apoyo escolar se caracterizan por ser loables esfuerzos locales, pero aislados y desarticulados a nivel nacional, por lo que es importante que no se diversifiquen los esfuerzos y se concentren los recursos con objetivos y metas coherentes a través de un ordenamiento rector. Para ello se considera oportuno que sean las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno quienes se coordinen y lleven a cabo el apoyo en útiles escolares a las familias con mayor índice de marginalidad, pero partiendo de una obligación del Gobierno Federal de proporcionar los recursos presupuestales etiquetados y bajo un mecanismo transparente, con criterios claros de focalización, así como de evaluación, rendición de cuentas.
Por ello, se propone con esta iniciativa elevar a nivel de Ley General, de carácter obligatoria en los tres órdenes de gobierno, la obligación de las autoridades federales de proporcionar útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones públicas, en las zonas de alta marginalidad del país.
En este sentido, se establece que las autoridades educativas, y no las de desarrollo social, contemplen anualmente un presupuesto suficiente para contar con los recursos para atender esta necesidad. Con este mismo espíritu, se establece que esta obligación no es limitativa y en donde las posibilidades lo permitan se deben estructurar programas adicionales de apoyo para avanzar en el derecho constitucional de acceso a la educación obligatoria a todos los niños y jóvenes del país.
Por otra parte, y toda vez que la presente iniciativa, establece como una obligación presupuestal del gobierno federal destinar recursos a estados y municipios, su ejercicio deberá ser fiscalizado y se establecerán sanciones para aquellos funcionarios, en los tres órdenes de gobierno, que incumplan el presente mandato.
Es claro que, si bien la propuesta requiere de una participación activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno un tema tan noble e importante como el que se propone al dotar de útiles escolares a niños y jóvenes de escasas posibilidades en zonas de alta marginalidad para apoyar a sus padres en los costos de su educación, de ninguna manera violenta el respeto a la soberanía y autonomía de los gobiernos locales.
En todo caso, lo que se busca es contar con un marco normativo adecuado que ordene y establezca la obligatoriedad de apoyar a nuestra niñez y juventud que está en condiciones de marginalidad, para que no solamente accedan a la educación sino que, los padres de familia beneficiados no tengan escusas para alejar a sus hijos de sus estudios, y con ello abonar a un mejor futuro para ellos, basado en una formación escolarizada bien cimentada y lograda con el esfuerzo propio.
Es claro que como sociedad no queremos solamente de nuestro gobierno programas asistencialistas y clientelares como Oportunidades, sino tener la oportunidad real de acceder con nuestro propio esfuerzo y dedicación a una vida digna y satisfactoria que permita emancipar esa enorme capacidad y creatividad individual con la riqueza y tradiciones que existe en cada una de nuestras regiones y que su amalgama nos da identidad y cohesión como sociedad y nación.
Decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción V, 33, último párrafo, y 75, fracción V, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y de apoyos adicionales para útiles escolares a que se refiere el artículo 12, fracción V, y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
Diputados: Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Ildelfonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica).
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EVITAR PRÁCTICAS ABUSIVAS DE CARGA DE ADEUDOS EN DEPÓSITOS BANCARIOS DE SALARIOS, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES LABORALES, SUSCRITA POR LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, sustentado en las siguientes:
Consideraciones
El pasado 12 de noviembre de 2009, los que hoy suscribimos la presente propuesta presentamos ante el pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se pretende establecer con toda claridad que en la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de dicha ley, mediante la expedición de tarjetas de crédito, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en distinta cuenta de ahorro, pero sólo cuando se refiera a cuentas de ahorro en las que empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales.
La iniciativa da cuenta de las prácticas bancarias abusivas en las cuentas de ahorro de nómina, que atentan en contra del salario de los trabajadores, que consiste en el cobro directo de los adeudos de los créditos de cuenta corriente originados por el uso de las tarjetas de crédito y/u otros créditos personales, en aquellas cuentas de ahorro destinadas para el pago de nómina.
Estas prácticas están auspiciadas en buena medida por la ausencia de una regulación concreta y clara sobre el uso y operación de las tarjetas de crédito en nuestro país; sin embargo, el Banco de México, con fundamento en las facultades que le otorga su ley orgánica, ha emitido la circular número 29/2008, denominada "Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito", con lo que pretende llenar la vacatio legis; autorizando a las instituciones de banca múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.
En virtud que esta iniciativa se turnó para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, y esta debe seguir el procedimiento legislativo establecido por nuestra carta fundamental, por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su Reglamento para el Gobierno Interior, lo que supone llevaría algún tiempo para su resolución y en su caso aprobación por el pleno del Senado, que a su vez debe seguir el mismo procedimiento en la colegisladora, es que nos estamos permitiendo plantear la propuesta que hoy ponemos a su amable consideración, la que además cobra mayor fuerza al estar frente a esta temporada de fin de año, en la que los trabajadores mexicanos recibirán sus aguinaldos, gratificaciones y otras prestaciones laborales, para cuyo pago correspondiente se prevé habrán de utilizarse los mismos instrumentos bancarios de depósito de nómina.
Considerando que la crisis económica que afecta a nuestro país es más aguda con los trabajadores y sus familias; aunque las autoridades financieras mencionen que hay indicios de recuperación en la economía, esta tardaría en llegar finalmente a las familias mexicanas.
Es por eso que proponemos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte al Banco de México para que reforme la circular número 29/2008, denominada "Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito", a fin de que no se aplique la disposición que permite a los bancos cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria, incluidas aquellas cuentas de nómina.
Consideramos también que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de acuerdo a las facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene el deber de vigilar que las instituciones bancarias no sigan cometiendo este tipo de prácticas abusivas, mucho menos aún en esta temporada del año.
Ello es así, porque resulta indispensable proteger el salario de los trabajadores en contra de prácticas bancarias que pudieran afectar el derecho de no embargo y de no privación del salario sin orden judicial, como en todo caso lo es la sustracción que bancos e instituciones de crédito en general realizan de recursos captados a través de depósitos bancarios provenientes de transferencias que electrónicamente los patrones hacen del salario de sus trabajadores, que constituye el pilar de los hogares mexicanos.
Si bien es cierto que a consecuencia de la crisis económica actual millones de personas en nuestro país se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, ello no debe constituir, bajo ninguna circunstancia, un riesgo o peligro para su salario, ante, insistimos, un eventual cobro indebido e unilateral por parte de la institución bancaria en las cuentas de nómina de los trabajadores mexicanos.
En razón de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Banco de México, para que a la brevedad reforme la circular número 29/2008, denominada "Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito", y deje sin efecto la cláusula 3.6 de dichas Reglas, para que no se apliquen las disposiciones que permiten a los bancos cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la Institución bancaria, incluida la de nómina.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para que vigile el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.
Senadores: Ramiro Hernández García, Carlos Jiménez Macías (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PROGRAMA INTEGRAL AMBIENTAL FRONTERIZO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LAURA ELENA LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Laura Elena Ledesma Romo, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Sistema de Aforo Vehicular (Siave) es un método electrónico de seguridad aduanera compuesto por dispositivos que toman el peso, las dimensiones y las placas de todo tipo de vehículos; está colocado en los 165 carriles de 44 puentes internacionales y aduanas, a fin de otorgar eficacia en el combate del contrabando.
En su etapa inicial, el Siave provoca filas de hasta 500 vehículos en las horas pico, lo cual afecta no sólo la actividad económica comercial y turística sino, también, la calidad del aire, dada la fuerte cantidad de emisiones que ese conglomerado de vehículos de combustión genera.
Se entiende que para las autoridades de la Dirección General de Aduanas, la prioridad es el combate del tráfico de armas y de sustancias ilícitas, para lo cual implantan mayores controles en las puertas de entrada del país, como en este caso el cruce de la garita de San Ysidro, por donde entran 57 mil autos diarios, el cruce fronterizo más transitado del mundo.
Para el Servicio de Aduana y Control de Fronteras (Customs and Border Protection), el cruce fronterizo Tijuana-San Diego por las garitas actuales es referido como el de mayor densidad en el mundo: se estima un promedio diario de 110 mil cruces de vehículos ligeros y 50 mil peatones.
La recurrente exposición a contaminantes atmosféricos asociados con el tráfico vehicular se ha relacionado con efectos adversos a la salud, como asma, enfermedades cardiovasculares y daños mutagénicos.
Los estudios por exposición a las emisiones en los automóviles son menores en comparación con los estudios realizados en centros de trabajo y en el hogar. Sin embargo, está demostrado que las concentraciones de CO y material particulado PM10, PM2.5, PM0.1, así como de carbón negro, e hidrocarburos policíclicos aromáticos, aumentan en tráfico parado o lento, con el consiguiente daño a la salud pública.
Estudios realizados por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Estatal de San Diego y la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos arrojan que los niveles de material particulado son mayores durante el cruce fronterizo y dependen de la velocidad del tráfico determinado por medio de un geoposicionador, o GPS. El material particulado PM2.5 en la zona de cruce fronterizo fue mayor en territorio de México respecto a Estados Unidos, los valores de PM2.5 en la zona de cruce fronterizo fueron iguales a los encontrados en otras zonas de elevado tráfico vehicular de Tijuana.
Por lo anterior, de nueva cuenta hacemos nuestro el reclamo de los conciudadanos en la frontera norte del país, cada vez más afectados por las medidas que se implantan en las aduanas, que en los hechos no corresponde con lo proyectado por la autoridad federal, como es el caso del Siave, el cual originalmente se presentó como un programa bondadoso, ágil y sencillo, que requeriría sólo siete segundos para medir el nivel de riesgo del vehículo en turno. Todo ello, operado desde una oficina de la capital del país.
"De acuerdo con la Administración General de Aduanas, el sistema permitirá cuando esté completamente en funciones que los casi 90 millones de cruces vehiculares de ingreso en toda la frontera sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, revisándose cada vehículo que cruza al país.
Se pesará el vehículo, se le tomará una fotografía, se registrarán los datos de las placas y se harán cruces de información para saber si tiene algún reporte de robo o si ha sido utilizado en algún hecho ilícito.
"Con esta información, la aduana mexicana se convertirá en mejor administradora de riesgo: continuará brindando las facilidades y agilizando el tránsito de mercancía de los exportadores e importadores que están plenamente identificados y que no representan ningún riesgo, y hará mejor su labor de detener el tráfico ilegal de mercancías, armas sustancias y personas", ha dicho la autoridad aduanera.
Reiteramos que compartimos plenamente la gran preocupación que hay por el clima de violencia que se ha desatado en el país; eso no está en duda. Diferimos es en las medidas que se toman, por considerarlas aisladas y faltas de articulación en su diseño e implantación.
No podemos, en aras de combatir un fenómeno como la delincuencia organizada, provocar daños tan graves a la economía de una región como la fronteriza, y la salud pública, cual sucede ahora.
El Colegio de la Frontera Norte ha revelado el efecto existente en el cruce de mercancías y personas, el cual en los últimos 15 años ha crecido en 408 por ciento, mientras que la infraestructura en garitas sólo 26 por ciento. La creciente lentitud generada por este rezago histórico provoca que cada día de lado mexicano se pierda medio millón de dólares, mientras del estadounidense 200 mil dólares. Y ahora tenemos el Siave, que vuelve más urgente la tarea de construir nuevos cruces fronterizos en la región.
Es urgente que las dependencias federales relacionadas con los cruces fronterizos y las aduanas del país hagan un mayor esfuerzo para agilizar los procesos que se siguen a efecto de resolver este cuello de botella que, como se observa y demuestra, causa graves daños a la economía de la región, a la salud pública y a la calidad de vida de la población.
Como hemos expuesto en esta tribuna, tenemos el reto de promover el desarrollo fronterizo, con una visión integral y coherente. Y ello nos obliga a escuchar los reclamos de la población y atender sus propuestas con el mayor sentido de responsabilidad posible.
Demandamos que el Ejecutivo federal instaure un programa integral de desarrollo que considere todas las dimensiones que se han venido señalando por los actores locales y regionales de la frontera.
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su atenta consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a revisar la implantación del Programa Integral Ambiental Fronterizo, y las acciones para reducir la contaminación en los cruces fronterizos, a la luz del nuevo Sistema de Aforo Vehicular.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir las dependencias encargadas de la ejecución del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 para que agilicen al máximo el proceso de construcción del nuevo puerto fronterizo Otay II.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Laura Elena Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CIERRE DEL INGENIO AZUCARERO DE LOS MOCHIS, SINALOA, SUSCRITA POR EL SENADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Actualmente 15 estados de la república desarrollan actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, a través de los 57 ingenios que existen en el país, los cuales son abastecidos por más de 160 mil productores, generando más de 450 mil empleos directos, así como una serie de beneficios indirectos para más de 2 millones de mexicanos relacionados con el sector.
Aunado con los empleos existentes, resulta importante decir que a partir de la producción de bioenergéticos podrían obtenerse beneficios a futuro que pueden generar gran cantidad de empleos y potencializar el desarrollo de las comunidades en donde se genera este recurso.
Como sabemos, la situación actual de la agroindustria azucarera a nivel nacional es complicada debido a que entre enero de 2007 y diciembre de 2008, el precio del azúcar disminuyó alrededor de 35 por ciento, lo cual ocasionó que en 2009 la producción nacional se disminuyera en 10 por ciento. Durante el ciclo 2007-2008, la superficie cosechada de caña a nivel nacional fue de 683 mil hectáreas con un rendimiento de 70.7 toneladas por hectárea, que permitieron un total de caña molida de 48.3 toneladas y 5.5 millones de toneladas de azúcar.
Posteriormente, en mayo del 2009, como consecuencia de la falta de este producto para satisfacer al mercado internacional, el precio del azúcar comenzó su recuperación; desafortunadamente en nuestro país tras dos años con excedentes y cifras récord en las exportaciones de este producto, actualmente se tienen un desabasto en el mercado interno nacional.
Enmarcado en esta situación complicada de este sector tan importante para la economía nacional es que vengo hoy ante esta asamblea para hablarles particularmente del ingenio azucarero de Los Mochis, ubicado en Sinaloa, con más de 100 años en funcionamiento y que, tras graves conflictos económicos y laborales, ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas y declararse en quiebra.
Haciendo un recuento de la problemática de este ingenio propiedad de la Agrícola Ohuira, es importante mencionar en un primer punto que su producción ha venido cayendo poco a poco desde hace dos años; en el 2007 se obtuvo la cifra récord de 106 mil toneladas de azúcar en 149 días de zafra, mientras que para este 2009 la zafra duró sólo 118 días, la temporada más corta en los últimos 10 años, de la que se obtuvieron solamente 66 mil toneladas.
Ahora bien, encontramos que desde el 7 de abril del presente año, se comenzaba a vislumbrar una difícil y complicada situación cuando cerca de 300 transportistas de las diferentes asociaciones de la localidad le exigieron el pago del acarreo de la caña y de la renta de las parcelas.
Posteriormente, en julio se dio a conocer a la opinión pública por parte de las autoridades locales del municipio de Ahome, un problema más para los dueños del ingenio puesto que este adeudaba en ese momento, sólo por el concepto de predial, casi 20 millones de pesos.
Respecto a lo anterior cabe hacer mención que desde el 2 de abril del mismo año, el ingenio había otorgado al cabildo un predio a cambio de la condonación de una parte del adeudo del pago de predial, para lo cual el presidente municipal dispuso utilizar un despacho jurídico externo para manejar los adeudos de la empresa.
En el mismo mes de julio, y a pesar de que el agua representa en los costos de producción de los ingenios entre 2 y 4 por ciento, el director general de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego manifestó que con la dependencia a su cargo el ingenio también tenía un adeudo, y que se encontraba en serios riesgos de que se les quitara el suministro de este líquido que representa el insumo fundamental para que cualquier ingenio subsista.
Aunado a la difícil situación con diversas dependencias, también se comenzaron a tener problemas con los trabajadores y ejidatarios, debido a que a mediados de julio, los productores de caña y responsables del ingenio habían acordado una serie de puntos en beneficio de los trabajadores del campo, los cuales no pudieron ser cumplidos por los dueños debido a las diversas deudas que tienen con muchas organizaciones y dependencias.
Los puntos más importantes de dicho acuerdo eran que el ingenio tendría que cubrir el pago por la renta de las tierras de forma inmediata, puesto que existían productores a los que en ese momento se les debía hasta 75 mil pesos por la renta de la tierra. Asimismo, se otorgaría un aumento anual por hectárea de 9 mil pesos, en lugar de los 6 mil 500 que se les pagaban y, finalmente, que los productores tengan derecho al seguro social, aunque tengan menos de cinco hectáreas.
En noviembre pasado, se dio a conocer que Agrícola Ohuira debía entre 4 y 5 millones de pesos en rentas, además de que de acuerdo con la Unión Local de Productores de Caña, no había cumplido en tiempo y forma con el pago del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), puesto que existen 2 mil 200 campesinos a los que se les adeuda.
En ese mismo mes, el alcalde de Ahome ventiló el interés que mostraban empresarios colombianos de invertir o adquirir las acciones del ingenio azucarero; sin embargo, los dueños expresaron su interés de seguir adelante, pero debido a los serios problemas se les complicó la situación por inconvenientes de adeudos con el Seguro Social y con Hacienda.
Debido a todo lo anterior, el pasado 15 de diciembre, más de mil 800 productores de caña del municipio de Ahome instalaron un plantón en las entradas del ingenio azucarero, en espera de una respuesta a su situación.
Dos días después, se cerró y se declaró en quiebra el ingenio, por lo que al día siguiente el centro de la ciudad de Los Mochis se paralizó como consecuencia de los bloqueos de más de 500 trabajadores, los cuales tomaron las calles como medida de protesta.
En los últimos días varios empresarios, funcionarios locales y el propio alcalde de Ahome han dicho que están trabajando para la obtención de recursos para pagarle en primera instancia a los ejidatarios y poder entrar al rescate por medio del campo u obtener las acciones del ejido para poder rescatarlo.
También, al parecer se está gestionando, con el gobierno del estado y municipal, la entrega de despensas y la posibilidad que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consiga que les otorguen 4 millones y medio para cubrir el pago de los aguinaldos.
Sinaloa produce alrededor de 300 mil toneladas de azúcar de la zafra de los ingenios de Eldorado, Navolato y Los Mochis, este último produce 30 por ciento. Sin embargo, según estimaciones de la sección 12 del Sindicato de Cañeros, para el ciclo que viene antes de que se anunciara el cierre del ingenio se esperaba una producción de 70 mil toneladas de azúcar a nivel estatal, ahora con el cierre de este ingenio la situación resulta preocupante, no sólo a nivel local sino a nivel nacional, luego de que en septiembre de este año la Secretaría de Economía publicara en el Diario Oficial de la Federación el tercer cupo para la importación de este producto, con lo que en este año se podrían importar al país más de 900 mil toneladas de azúcar en un periodo en el que el producto escasea en el mercado interno.
De cerrarse de forma definitiva el ingenio de Los Mochis se impactará enormemente a toda la economía de Sinaloa, debido a que estamos hablando de una de las más grandes empresas locales, ya que además de que son millones de pesos los que genera en circulante, esta empresa da trabajo a más de 300 trabajadores de confianza, 500 obreros y 4 mil ejidatarios; gente que trabaja, siembra y transporta caña de azúcar, y que a la vez mantiene relación directa con proveedores de químicos, insumos, comercializadores de azúcar, en lo que conforma una cadena económica muy amplia, eso sin mencionar los más de 600 jubilados sindicalizados y de confianza con los que cuenta el ingenio.
Ya en otras ocasiones el gobierno federal ha rescatado empresas e intervenido en la solución de conflictos entre empleados y patrones, por lo que es momento de que esta labor sea realizada nuevamente en aras de rescatar una empresa que ha dado de comer a millones de familias mexicanas.
Es necesario hacerlo para no dejar sin empleo a otros 5 mil mexicanos, que también se han visto perjudicados con la difícil situación que actualmente prevalece.
Como legisladores es nuestra obligación perseguir uno de los objetivos que se establecieron al constituir la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República, el de consolidar una industria integrada y competitiva para que enfrente con éxito los mercados interno y externo de edulcorantes y bioenergéticos, apoyándola de forma especial en razón de que esta actividad representa un sector estratégico para nosotros como nación.
En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita al Ejecutivo federal, para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y del Trabajo y Previsión Social, para que de manera coordinada intervengan a la brevedad posible y busquen las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República a realizar las gestiones necesarias entre el gobierno federal, la Agrícola Ohuira, los trabajadores y los demás actores dentro de la problemática, para la pronta solución de los conflictos imperantes en dicho ingenio azucarero.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Senador Mario López Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR LO NECESARIO PARA QUE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE GASOLINAS, DIESEL, DIESEL MARINO, GAS LP Y NATURAL, Y ENERGÍA ELÉCTRICA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL SE MANTENGAN EN LOS NIVELES ACTUALES, A CARGO DEL SENADOR ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Rogelio Rueda Sánchez, senador de la república ante la LX y la LXI Legislaturas de este honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
Es de conocimiento común la severidad que ha tenido la crisis económica en nuestro país desde el cuarto trimestre de 2008. Dicha gravedad tiene su expresión, entre otros datos, en el crecimiento negativo de 7.0 por ciento que se espera para el año que concluye. Asimismo, y de acuerdo a la encuesta realizada en este diciembre por el Banco de México entre especialistas del sector privado se espera que este año cierre con una pérdida de 422 mil empleos.
De hecho la dureza de esta crisis, aún y cuando confiamos que vaya cediendo en sus efectos, todavía mostrará su aspereza en este último trimestre de 2009 y en los primeros del 2010. Una muestra de ello es que para este último trimestre se espera una caída del producto de 3.67 por ciento relativa al mismo periodo del año anterior. Asimismo, y de acuerdo a la mayoría de especialistas, se espera que, aunque menor, el primero y segundo trimestres de 2010 también registren tasas negativas de crecimiento. Ello sin mencionar que en la última de las once revisiones que lleva ya la cifra de inflación, todas al alza, se estima un nivel ya de 5.07 por ciento para el siguiente año.
A un nivel más general, si bien la probabilidad de una doble recesión es cada vez menor, también lo es el que la inmensa mayoría de especialistas internacionales coinciden en que la recuperación económica será lenta y gradual. Este pronóstico resulta particularmente aplicable para el caso de Estados Unidos de América, nuestro vecino y principal socio comercial en el que se espera un crecimiento para 2010 que podría oscilar del 1.9 al 2.6 por ciento, aún menor al que se espera para nosotros.
Es en tal contexto de fragilidad de la recuperación que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, le ha solicitado al Congreso americano una ampliación de los fondos del programa de apoyo para activos en conflicto (TARP -Troubled Asset Relief Program), así como de la extensión de su vigencia hasta por lo menos el tercer trimestre de 2010.
A estas consideraciones de orden económico que evidencian la conveniencia de un uso proactivo, e incluso contracíclico, de diversos instrumentos de política económica, se suma una preocupación aún mayor de naturaleza social. Esta última señala hacia la evidente presión a que la economía familiar sin duda estará sometida en los primeros trimestres de 2010.
Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y del Instituto Mexicano del Seguro Social nos hacen ver que la recuperación del empleo es incipiente y frágil. Asimismo, el nivel de ingresos y las horas promedio, así como las prestaciones sociales asociadas a éste resultan aún en un escenario optimista claramente insuficientes. Un elemento adicional de presión a la economía familiar será sin duda el reciente aumento en la carga impositiva.
Es así como un previsible aumento en los precios de bienes y servicios públicos al iniciar 2010 tendría un gran impacto lesivo en la economía familiar, así como en el sector productivo. Tal es el caso de las gasolinas, el diesel, el gas, tanto LP como natural, y el servicio de energía eléctrica. Este impacto contribuiría sin duda a que la mayor parte de la inflación esperada para 2010 se registre en el primer trimestre lo cual aunado a la situación del empleo e ingresos referida afectaría con un efecto de tijera a por lo menos 70 por ciento de los cerca de 28 millones de hogares mexicanos. Aún más, esto adelgazaría el consumo retrasando aún más la consolidación de la economía.
Por tal motivo se estima de la mayor relevancia que el precio de los mencionados bienes y servicios públicos se mantengan en su precios actuales al menos en los primeros dos trimestres del año que entra. De manera similar se estima conveniente dada la conocida estacionalidad del empleo en los primeros meses del año mantener por el periodo citado la ampliación de la cobertura del Seguro Social en atención médica y de maternidad a trabajadores desempleados de dos a seis meses, misma que se instrumentó dados los efectos de la crisis.
Es oportuno recordar que la última detención o congelamiento de precios públicos también se inscribe en el marco de la actual crisis. El Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo, suscrito el pasado 7 de enero de 2009 por el Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales, las mesas directivas del Congreso de la Unión, organizaciones sociales diversas, así como representantes obreros y empresariales, consideró mantener sin incrementos los precios de las gasolinas "en todo el país durante todo el año".
Al respecto cabe formular un extrañamiento al secretario de Hacienda y Crédito Público por el reciente incremento en el precio de la gasolina magna de 7.72 a 7.77 pesos por litro (equivalente a un aumento del 0.65 por ciento) registrado el pasado sábado 19 del presente mes en abierta contravención a los suscrito y ofrecido por el Ejecutivo federal. Lo mismo sucedió con el diesel al aumentar 3 centavos su precio, no obstante haber registrado un anterior incremento catorce días antes, lo cual, entre otras cosas, arroja claridad anticipada sobre las intenciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para inicio de año, que por lo visto se les hace tarde para empezar.
En el citado acuerdo se consideró también reducir el precio del gas LP en 10 por ciento, comprometiéndose a mantenerlo en ese nivel por el resto del año. Del mismo modo, se anunció la reducción retroactiva de las tarifas eléctricas industriales en un rango del 9 al 20 por ciento. En tanto, también se comprometió el Ejecutivo a ampliar la atención médica y de maternidad de dos a seis meses a trabajadores desempleados.
Las medidas que se proponen atienden a un criterio de sensibilidad social mínimo dadas las muy anticipables dificultades que experimentará la mayoría de los hogares mexicanos en la primera mitad del 2010. Como se puede apreciar se solicita una suspensión temporal, que no indefinida, de los citados bienes y servicios públicos toda vez que no se pretende incurrir en irracionalidad económica. Antes al contrario, se estima que esta medida permitiría tener un mayor ingreso familiar que a su vez pueda ser un activo para la reactivación del muy necesario crecimiento del producto y el empleo.
Es en atención a las consideraciones expuestas que se proponen a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta al presidente de la República a instruir lo necesario a efecto de que los precios públicos de las gasolinas, diesel, diesel marino, gas LP y natural, y el servicio de suministro de energía eléctrica, tanto doméstica como industrial, se mantengan en los niveles que actualmente registran, recibiendo en los casos que así corresponda los mismos apoyos y descuentos previstos en el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, signado por el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los Ejecutivos estatales y diversos organismos de representación social y gremial el pasado 7 de enero de 2009.
Segundo. Se solicita atentamente al Ejecutivo federal a instruir lo necesario a efecto de que la atención médica y de maternidad del Seguro Social se amplíe a trabajadores desempleados de dos a seis meses por al menos los dos primeros trimestres de 2010.
Tercero. Por la relevancia e inminencia de los puntos anteriores se aprueba la presente propuesta con el trámite preferente de urgente y obvia resolución.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL, Y SE SOLICITA QUE SE AMPLÍE EL TURNO A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA QUE EMITA OPINIÓN AL RESPECTO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA WENDY GUADALUPE RODRÍGUEZ GALARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Sin duda, la Ley General del Deporte al regular la actividad deportiva en nuestro país deriva de beneficios para la comunidad deportiva en particular así como para la sociedad en general, sin embargo, requiere de una constante renovación y perfeccionamiento a fin de dar respuesta a los vertiginosos cambios fácticos que operan en la materia.
No obstante, la primera tarea es reconstruir el edificio normativo. Tal ejercicio debe partir del entendimiento de la relación entre orden normativo y el modelo constitucional. Creando en materia deportiva, un desarrollo jurídico sistemático partiendo de la Ley Suprema y evitando un orden legal parcial
Con fecha 28 de abril de 2009 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos del Senado de la República enviaron a la Cámara de Diputados una minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta en mención se turnó en fecha 30 de abril a la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada LX Legislatura.
La iniciativa de mérito señala en su exposición de motivos que el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano, y que el fenómeno deportivo es uno de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización.
La práctica de actividades físicas y deportivas, es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero que no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio de consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y deporte.
Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.
La falta de una norma constitucional que lo eleve a rango de garantía constitucional ha sido un factor determinante para que la actual Ley General de Cultura Física y Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso a todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado en la materia.
La iniciativa propone que el Estado reconozca en su parte dogmática como garantía de todo gobernado el derecho a la práctica del deporte y asuma la responsabilidad de fomentarlo.
Por tal motivo, se hace impostergable un acercamiento al deporte desde la perspectiva del derecho, que permita delinear los contornos teóricos de la dogmática particular el derecho al deporte, en primer lugar, y a partir de la misma determinar si sus elementos constitutivos operan en el ámbito normativo del deporte, bien sea éste producto de los órganos estatales o bien las organizaciones deportivas.
Desde esta perspectiva, se trata de buscar mayor beneficios sociales a través de la actividad legislativa, considerando la relación funcional entre ordenamiento jurídico y organización institucional, y que ésta cuente con las condiciones para cumplir sus funciones eficaz y eficientemente, así como la relación con los entes regulados: Estado, sociedad y organismos deportivos.
Es por ello que con el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en el artículo 4º constitucional, así como el complemento necesario del artículo 73, fracción XXIX-J, de la Carta Magna, se da pie a un ordenamiento globalizador que le proporcione un sentido sistemático a la normatividad en materia deportiva.
Ahora bien, siendo la Comisión de Juventud y Deporte la encargada de impulsar las acciones para elevar la calidad de vida de la juventud, promover y desarrollar la educación física, la recreación y el deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades, esto a través del trabajo coordinado con instituciones gubernamentales educativas y de salud, organizaciones civiles y todas aquellas que se encuentren relacionadas con las perspectivas y problemáticas que afronta la juventud y el deporte nacional. Y que además, la Comisión tiene por objeto analizar, estudiar y fortalecer el marco normativo en la materia, así como formular y evaluar proyectos integrales para generar un desarrollo integral de los jóvenes con la práctica de actividades físicas y deportivas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara a que en el marco de sus atribuciones, considere ampliar el turno del proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Comisión de Juventud y Deporte, para que ésta emita su opinión al respecto y que la misma sirva de apoyo a la Comisión de Puntos Constitucionales en la discusión, análisis y dictaminación del proyecto de decreto antes mencionado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO EMITA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS IMPLANTADAS EN EL PROYECTO CHICONTEPEC Y QUE SE CITE A COMPARECER A SU DIRECTOR GENERAL Y AL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN A FIN DE QUE EXPLIQUEN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO, ASÍ COMO PARA QUE LA ASF INCLUYA EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS RELATIVAS A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2009 UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A ÉSTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ENOÉ URANGA MUÑOZ Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Actualmente, la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex)1 revela que el proyecto Chicontepec es de gran relevancia para el país, ya que representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos, es decir, cerca de 17.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
2. El paleocanal de Chicontepec se localiza en la cuenca geológica Tampico-Misantla, al poniente de la plataforma de Tuxpan (Faja de Oro). El proyecto cubre un área de cerca de 3 mil 800 kilómetros cuadrados y comprende doce municipios: nueve en Veracruz y tres en Puebla.
3. De acuerdo con la publicación de Internet, el objetivo de Pemex es convertir al proyecto Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia el año 2017, lo que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permitan reducir los costos al mínimo.
4. También refiere que los yacimientos de Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de los pozos es reducida y su explotación compleja.
5. De acuerdo a la paraestatal se pretende desarrollar el proyecto Chicontepec con un enfoque preventivo y de largo plazo, para lo cual se requiere integrar en una misma estrategia las metas de producción, el entorno socioeconómico y el medio ambiente.
6. El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, Juan Carlos Zepeda, declaró ante los medios de comunicación "que la pobre producción que se obtuvo de este yacimiento en los últimos cuatro años se debe al incorrecto método de explotación que actualmente desarrolla Pemex, por lo que el proyecto debe ser detenido y replanteado hasta que no se tenga disponible un verdadero plan de desarrollo",2 la decisión –agregó– involucra la revisión de al menos ocho contratos que Pemex firmó con igual número de compañías, con un costo total cercano a 2 mil millones de dólares, entre las que se encuentran una firma propiedad del empresario Carlos Slim (Servicios Integrales GSM) por trabajos para la perforación de pozos.
7. Que con motivo del análisis del régimen fiscal de Pemex, especialistas convocados al Senado de la República, el año pasado consideraron que el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficacia operativa e incapacidad en el momento de ejecutar proyectos de gran complejidad y tamaño, entre ellos, el proyecto Chicontepec.
Consideraciones
I. Dada la importancia del proyecto Chicontepec que está por desarrollar Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, es necesario que los mexicanos deban conocer cómo se van a gastar los dineros que son producto del esfuerzo de todos los mexicanos.
II. Que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al honorable Congreso de la Unión a hacer comparecer para asuntos de tal envergadura a los funcionarios tanto de las dependencias del Ejecutivo federal, como de las entidades paraestatales para que informen de ello a los legisladores federales.
III. Que quienes suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo estamos convencidos de que es necesaria la comparecencia del ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec.
Del mismo modo y en razón de que es necesario que exista una opinión técnica en materia de contratación de tecnología que se utilizaría en el proyecto Chicontepec, así como sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y que, en su caso, se den alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo, es necesario requerir al mismo Instituto Mexicano del Petróleo se pronuncie y dicte dichas opiniones técnicas.
IV. Asimismo, estimamos pertinente que el auditor superior de la Federación, con las atribuciones y facultades que le concede la Constitución General de la República y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, revise los fondos y las acciones relativas a tan importante proyecto económico y social.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al ingeniero petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec. La comparecencia se efectuará dentro de los quince días posteriores a la entrega de la opinión que emita el Instituto Mexicano del Petróleo.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec; asimismo, para que opine sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y, en su caso, proponga alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción.
Notas
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=143
http://www.elvistobueno.com/v4/2009/10/comision-de-hidrocarburos-pedira-suspender-chicontepec/
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, REFERENTE A LAS CUMBRES DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Juan José Guerra Abud, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El cambio climático es un tema de relevancia mundial, y es reconocido por todos los gobiernos que, de no generarse acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero (GEI), los desastres que se avizoran en consecuencia serán de gran impacto.
En 1992, 166 países se adhirieron a un tratado internacional denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura que es inevitable. Esta convención ha sido ratificada por 192 países.
La CMNUCC tiene como órgano rector la Conferencia de las Partes (Cop), que es una asociación de todos los países parte de la convención. Esta conferencia tiene por objeto comprometer esfuerzos internacionales para resolver los problemas del cambio climático.
La labor fundamental de la Cop es examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las partes. Asimismo evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las partes.
La Cop se reúne todos los años y, como todos sabemos, durante este mes se celebró la reunión número 15 de la Cop, en Copenhague, Dinamarca. La cual buscaba un acuerdo global sobre cambio climático para poder limitar los efectos antropogénicos negativos sobre el sistema climático para las generaciones futuras.
La importancia de esta reunión era generar un acuerdo global vinculante sobre el clima, para entrar en vigor después de 2012, fecha en que el protocolo de Kioto terminará sus compromiso.
El Protocolo de Kioto, fue adoptado en la tercer reunión de la Conferencia de las partes en 1997, y fue el primer instrumento en donde se lograron establecer objetivos vinculantes para las emisiones de GEI, países industrializados de 2008 a 2012.
Por tal motivo, la Conferencia de Copenhague, pretendía alcanzar un acuerdo global en la lucha global contra el fenómeno del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, buscando un mecanismo de financiamiento para la adaptación y mitigación en países en vías de desarrollo, así como para transferencia tecnológica y definir si se continúa la implementación del Protocolo de Kioto a partir del 2013.
Sin embargo los objetivos planteados para la reunión de la Cop15 en Copenhague, no fueron alcanzados. Los participantes de la conferencia sólo acordaron que deben hacer todo lo posible para limitar la subida de la temperatura a 2°C, como máximo, hacia 2050 y se anunció la creación de un fondo internacional para reducir las emisiones de deforestación y la degradación de bosques. El Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Japón, Francia y Australia se comprometieron a contribuir con 3 500 millones de dólares a este proyecto en 2010.
Definitivamente las metas no fueron las esperadas, los gobiernos no pudieron establecer los acuerdos necesarios para garantizar la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, y esto en gran medida por las grandes corporaciones que presionan a los titulares del poder ejecutivo para que sean omisos a las expectativas que la población ha depositado en ellos.
México, es uno de los países clave para lograr negociaciones que permitan avanzar en los compromisos posteriores a 2012, puesto que será la sede para una nueva reunión de la Cop en el 2010, y a que fue durante la Cop 15 el país al que le fue entregado el premio de la organización Globe International, en reconocimiento a su liderazgo medioambiental.
Es necesario examinar las acciones que nuestro país ha realizado en materia de cambio climático, las cuales son:
• Compromiso en de reducir para el año 2050, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) al 50% respecto a los niveles de 2002, sin tener la obligación de hacerlo.
• Propuesta de creación de un fondo mundial contra el cambio climático (Fondo Verde) el cual busca contribuir en la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático.
Debemos tomar en consideración que los primeros ministros, no son los únicos que deben trabajar para lograr el consenso político para trabajar en pro del ambiente, los parlamentos son una base fundamental para la toma de decisiones.
Lo anterior, tomando en cuenta que el presupuesto es aprobado por los parlamentos, así como las reformas a la legislación nacional, herramientas que han permitido el desarrollo de acciones en pro del ambiente en cada uno de los países miembros de la CMNUCC
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México cree conveniente que el Congreso de la Unión realice una reunión de trabajo en paralelo a la de la conferencia de las partes con legisladores de por lo menos las 15 naciones más contaminantes del orbe, que representen a sus Congresos o a las Comisiones de Medio Ambiente de los 192 países parte de la CMNUCC.
Para ello es necesario que las Juntas de Coordinación Política realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la programación, presupuestación y realización de dicha reunión de trabajo, paralela a la Convención de Cambio Climático que ha realizarse en nuestro país en 2010.
Lo anterior, para que sean los legisladores mundiales los que obliguen a los jefes de gobierno a implementar acciones concretas y eficientes para contrarrestar los efectos del cambio climático, por medio de la legislación de cada país y con ello evitar la desilusión de Copenhague.
En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Congreso de la Unión a realizar un Foro Mundial con los Congresos de por lo menos los 15 países con mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, de las 192 naciones miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la finalidad de lograr acuerdos previos, que permitan el consenso para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (Cop16) en diciembre de 2010 que se celebrará en México.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a integrar un Grupo Bicameral para organizar el Foro Mundial con los legisladores de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de diciembre de 2009.
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RESARCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR CAJAS DE AHORRO FRAUDULENTAS, SUSCRITA POR EL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Deseamos aprovechar el espacio que nos da la honorable Comisión Permanente para plantear un problema que por desgracia es recurrente en nuestro país. Nos referimos a los fraudes perpetrados por personas sin escrúpulos, que se aprovechan de la buena fe y del legítimo afán de los ciudadanos de mejorar su situación económica y recibir un mejor rendimiento de sus escasos ahorros.
El caso en cuestión implica a varias cajas de ahorro, entre las que están la Financiera Coofia, que operaba en 9 estados de la república, entre ellos Oaxaca, Puebla, Veracruz, y Tlaxcala; el Grupo Bienestar Social La Paz, SC; el Grupo Sitma, en once estados de la república; y el grupo inmobiliario Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, operando en Puebla y Aguascalientes, además en las ciudades de León, Guanajuato y Ciudad Juárez.
La problemática generada afecta ya a miles de clientes sólo en Puebla, los cuales han presentado denuncias penales contra estas organizaciones financieras que los defraudaron. El daño patrimonial a los clientes se estima en más de mil 300 millones de pesos. El "gancho" de estas empresas era ofrecer a los ahorradores rendimientos superiores a los que otorga la banca comercial, lo cual era por demás atractivo en una época de crisis. Basados en esta promesa y actuando de buena fe, miles de ciudadanos poblanos les confiaron sus ahorros, con la confianza de que las empresas operaban de manera legal y con los permisos que señala la normatividad vigente.
Cabe mencionar que la caja de ahorro Coofia inició operaciones en 1997, sus propietarios son Valente Medina, Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda, entre otros, quienes valiéndose de una fuerte publicidad en medios escritos y electrónicos, así como de figuras públicas a nivel local y nacional e incluso, presumiblemente, de funcionarios del gobierno de Puebla y de los municipios, promovieron las bondades de estas sociedades que aseguraban al público que todo era legal y que no se desconfiara de ellos.
En el caso de Coofia, el gobierno del estado le autorizó la captación de los impuestos locales en 2008, como la tenencia vehicular, el impuesto sobre nómina y otros, pese a que desde 2005 la financiera estaba descapitalizada. A pesar de ello, Coofia y las demás sociedades empezaron a tener problemas de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones desde principios de 2009. La situación se tornó crítica a mediados de este mismo año, concretamente en mayo varios de los ahorradores solicitaron se les reintegrará su ahorro, a lo que las empresas se negaban, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.
Se calcula que los afectados en la entidad poblana ascienden a 50 mil personas y a nivel nacional a casi 100 mil, con un daño patrimonial total a nivel nacional de 4 mil millones de pesos, según constan varios documentos oficiales de las mismas empresas y la información recaba por las instancias investigadoras.
Es necesario que esta soberanía exhorte a las autoridades del gobierno federal y del estado de Puebla a efecto de que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y puedan ser sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en laLey que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. De la misma forma es necesario que para las personas defraudadas por las instituciones, como Sitma e Invergroup, que no entran en el beneficio de la ley mencionada, se cree un fondo estatal y federal que restituya los ahorros.
Asimismo, proponemos que la Procuraduría General de la República intervenga en este asunto, investigando los hechos y fincando responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales, estatales y municipales que se hayan coludido para cometer este gigantesco fraude.
Por ello proponemos crear un grupo plural de trabajo de diputados federales que dé seguimiento a la investigación de este fraude para que propongan las acciones y las medidas legislativas que prevengan la comisión de estos delitos.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a integrar el padrón de afectados por el fraude de la Financiera Coofia y Grupo Bienestar Social la Paz, a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos y fincar responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales, estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros.
Artículo Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo plural de diputados federales que dé seguimiento a la investigación de este fraude, a fin de que propongan las acciones y las medidas legislativas para resarcir el daño causado y prevengan la comisión de estos delitos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2009.
Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA ESTRATÉGICA QUE ABARQUE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR Y SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, A CARGO DEL SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ Y SUSCRITA POR LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscribimos, Fernando Castro Trenti, Irma Martínez Manríquez, Francisco Javier Obregón Espinoza y Humberto Lepe Lepe, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cada región de este país, por diversos factores como el ecosistema y el clima, se encuentra diferenciada de las demás. En el norte de México la población se debe enfrentar a los desafíos que la naturaleza impone; del desierto surge la cultura del esfuerzo, y de la adversidad del clima la determinación.
Lamentablemente, los ejecutores de las políticas gubernamentales, quienes desconocen las ventajas comparativas del norte del país, en especial de la frontera, no han promovido políticas que impulsen su desarrollo. Al desconocer nuestras costumbres, tradiciones y circunstancias geográficas, lejos de la capital de la república y cerca de la franja fronteriza, se generan medidas que al ignorar nuestras diferencias, entorpecen y detienen nuestro desarrollo y crecimiento.
La implementación de programas generales, como el Sistema de Aforo Vehicular, el cual pretende brindar eficacia en el combate al contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras, afectando el comercio, el turismo, el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.
Combatir de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país, no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.
Por cuanto hace a la medida en contra de la importación de vehículos usados, en los estados del norte del país se han movilizado numerosos ciudadanos inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados.
Desde 2007, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes principalmente, de Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policiaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.
Si lo antes descrito por sí sólo resulta grave, los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.
En los últimos años, Baja California ha vivido económicamente problemas que agravan nuestra situación: desplome de las actividades como la industria, comercio, servicios, turismo, maquiladora y construcción inmobiliaria; reducción del circulante y del flujo de efectivo; contracción del mercado interno; pérdida de competitividad regional y sectorial; fuga de consumidores; y altas tasas de desocupación.
De septiembre de 2007 a junio de 2009, en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas, pasando de 21 mil 800 a 82 mil, lo que coloca a esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación.1 Entre 1950 y 1970, el coeficiente de retención del ingreso fronterizo fue de 40 por ciento; a partir de 1985, éste oscila entre el 10 y el 15 por ciento.2
Otra situación que ha pasado casi inadvertida, pero que representa un factor importante en la situación actual de la zona fronteriza, es la migración; mientras que entre 1930 y 1990 la población de México se multiplicó por seis, las ciudades fronterizas en su conjunto crecieron 14 veces, pero cada una a distinto ritmo. Tijuana es el caso de mayor dinamismo, la que en el lapso de seis décadas, multiplicó su población 66 veces.
Asimismo, Baja California es el estado norteño que más migrantes recibe al año, con alrededor de 170 mil.
Además, debemos sumar que en esta zona del país, el costo de vida es alto debido en gran medida al costo de las tarifas que se pagan por servicios indispensables, como luz eléctrica y agua potable; resulta alarmante que en estos estados norteños, se pague casi 12 veces más que en la capital de la república por el servicio de agua potable y que, por otro lado, no se consideren las condiciones extremas del clima que lleva a los ciudadanos del norte a consumir más energía eléctrica que en otras regiones, debido a los sistemas de aire acondicionado y calefacción que se utilizan, trayendo como consecuencia que gran parte del salario de los bajacalifornianos se destine en pagar las altas tarifas que se cobran por el suministro de energía eléctrica.
No obstante lo anterior, en 2004 Baja California tenía 869 maquiladoras, que representaban un 31% del total nacional, y un 42% de total de todos los estados fronterizos. Esta entidad también tiene la ciudad con más maquiladoras en todo el país; Tijuana, con 566; además, cuenta con más de 240 770 trabajadores, lo que representa el 21% del total nacional; lamentablemente, la imposición de políticas que frenan el desarrollo y competitividad de este sector ha hecho que la inversión extranjera se incline por otros destinos, como el asiático, y esto genera problemas en la región, como desempleo e inseguridad, ya que la población que llega a Baja California buscando un trabajo honesto para ganar el sustento de su familia y que no lo encuentra, se ha visto orillada a engrosar las filas de la delincuencia.
La zona que comprende las dos baja californias y San Luis Rio Colorado, Sonora, tienen ventajas y problemas derivados de su posición geopolítica que no tienen todas las ciudades del país y que, por lo tanto, requieren de una atención especial por parte de nuestras autoridades federales.
Se requiere un trato diferenciado, basado en las características que representa la dinámica de intercambio económico, cultural, social, entre dos naciones asimétricas; por ello, resulta improcedente imponer las mismas políticas en todo el país por igual. Deben analizarse las particularidades de cada región y, con base en ello, establecer los mecanismos de acción que beneficien a la sociedad.
Señores legisladores: para detonar el crecimiento económico, la competitividad y el empleo en la franja fronteriza, el sector económico de la zona a través de organizaciones, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación han propuesto, con base en estudios sociológicos y económicos, el establecimiento de un régimen especial de orden jurídico, territorial, fiscal, aduanal y de comercio exterior; es decir, el establecimiento de una Zona Económica Estratégica en el área comprendida por los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
La zona económica estratégica es un territorio delimitado de un país, donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derecho de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos, con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región.
Se puede definir el desarrollo económico regional como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región.
En el ámbito regional, desde 1980 se interrumpió su proceso de convergencia. La dinámica económica y social en curso no está cerrando las brechas entre las entidades y regiones. Las áreas predominantemente rurales presentan las peores condiciones socio-económicas, mientras que están mejorando y son más competitivas las que tienen sectores dinámicos de manufacturera o de servicios.
El Congreso de la Unión, en apoyo y solidaridad con las autoridades y la población de la región fronteriza del norte del país, exhorta al Gobierno Federal a evaluar profesionalmente y de manera responsable, la problemática que se vive en la frontera norte del país; al convertirse en localidades con alto grado de inseguridad por la falta de oportunidades y deterioro de la calidad de vida de la población, es necesario que con base en estudios sociales, económicos y científicos, se comiencen a diseñar y establecer bases sobre las cuales se planifiquen adecuadamente las políticas gubernamentales que contribuyan en la solución de los conflictos de la zona fronteriza, y que impulsen el desarrollo económico e industrial, fomentando la competitividad y productividad del norte del país, para estar en condiciones de competencia con la economía más sólida del mundo
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno, con carácter de urgente y de obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al reconocer la diversidad de las realidades regionales, y de las medidas administrativas aplicadas en la zona fronteriza, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que, con base en estudios de regionalización, sociológicos, económicos y científicos, analice la posibilidad de establecer una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Notas
1. Banco de Información Económica, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2. Con base en datos de El Colegio de la Frontera Norte.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de diciembre de 2009.
Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Irma Martínez Manríquez, Francisco Javier Obregón Espinoza.
Diputado Humberto Lepe Lepe
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA INICIATIVA REFORMA MIGRATORIA PARA LA SEGURIDAD Y PROSPERIDAD EN AMÉRICA LATINA, PRESENTADA EL PASADO 15 DE DICIEMBRE, SE RECONOCE COMO UN PRIMER PASO A FIN DE CONSEGUIR UNA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL POR CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES, A CARGO DEL SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador de la república por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada "reforma migratoria para la seguridad y prosperidad en América", por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas.
Exposición de Motivos
El Senado de la República, observando y respetando los procesos legislativos internos de Estados Unidos de América, de acuerdo al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados, ha seguido con detenimiento el debate en torno a la posible realización de una reforma migratoria integral por parte del Congreso de Estados Unidos de América.
La historia de Estados Unidos de América es una historia de inmigrantes. Desde la llegada de los primeros colonos a las costas de Virginia a principios del siglo XVII, el país se ha visto enriquecido por la llegada de ciudadanos de todos los rincones del mundo que llegaban en búsqueda de un mejor futuro.
En el caso de la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos, ésta se ha dado desde la existencia de ambas naciones como Estados independientes, pero su intensidad aumentó considerablemente a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. Actualmente, se calcula que existen casi 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales poco más de la mitad se encuentra en el país de manera indocumentada.
Según expertos en la materia, los factores que alimentan la emigración de mexicanos a Estados Unidos son los siguientes: 1) la demanda de mano de obra en EU; 2) la oferta laboral en México; y 3) un sistema de redes que facilita el proceso. Consideran que el análisis de los tres factores revela que la inmigración de mexicanos a EU es un proceso dinámico, que se originó en parte por la aprobación de un programa de trabajadores temporales entre México y Estados Unidos, implementado de 1942 a 1964.1
Después de 1964 el gobierno estadounidense se negó a renovar el programa de trabajadores temporales, por lo que la emigración de mexicanos a Estados Unidos se dio, mayoritariamente, de manera indocumentada. El gobierno estadounidense tuvo una actitud pasiva hacia la llegada de inmigrantes indocumentados hasta 1986, cuando se promulgó el Acta para la Reforma y el Control de la Inmigración, o Simpson Mazzoli, en 1986. Entre otras medidas, esa reforma criminalizó el contratar, con conocimiento, a un trabajador indocumentado y fijó penas para los empleadores que no respetaran la ley. Asimismo, permitió la regularización de los trabajadores indocumentados que cumplieran con ciertos requisitos.
A finales de la década de los ochenta y durante principios de los noventa, Estados Unidos endureció su posición hacia los migrantes indocumentados. Entre otras medidas, en noviembre de 1994, California aprobó la Propuesta 187, Salvemos nuestro Estado, que excluía a los inmigrantes indocumentados de los servicios sociales, servicios médicos y educación pública.
El siguiente cambio relevante tendiente modificar el sistema migratorio estadounidense fue la aprobación en 1996, e la Illegal Reform and Responsibility Act. Esta ley, entre otras provisiones, incluyó: 1) un incremento en el número de agentes fronterizos, así como inversión en tecnología para vigilar la frontera; 2) barreras en la frontera entre México y Estados Unidos; 3) endurecimiento de penas de tráfico de inmigrantes; 4) implementación de la figura de deportación expedita; 5) proceso de verificación para empleadores; entre otros.
A partir de entonces, y en especial desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, se ha dado en Estados Unidos un fuerte movimiento antiinmigrante, cuyos proponentes tanto en la esfera mediática como en la política han utilizado argumentos falsos y en múltiples ocasiones xenófobos en contra de los inmigrantes, manifestando, entre otras cosas, que son un costo para Estados Unidos. Dicho movimiento en contra de los inmigrantes indocumentados se ha reflejado a nivel local y federal en medidas que buscan, tal como lo hizo la Propuesta 187 en California, restringir servicios básicos a los inmigrantes indocumentados, tales como servicios médicos o servicios educativos para sus hijos. También, a nivel local, se han dado medidas que restringen servicios a los inmigrantes y que, inclusive, penalizan el rentar un lugar para vivir o para poner un negocio a un inmigrante indocumentado.
A nivel federal, la medida más radical que se propuso en contra de la inmigración fue la Border Protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigraton Control Act de 2005,2 mejor conocida como la Iniciativa Sensenbrenner, por el apellido de su autor, el Representante Federal, Jim Sensenbrenner, la cual criminalizaba la estancia indocumentada en el país; requería la detención obligatoria de todo inmigrante indocumentado que hubiera entrado al país a partir del 1 de octubre de 2006; penalizaba otorgar cierta asistencia a los inmigrantes y requería la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Aunque la propuesta fue rechazada, la construcción de un muro fronterizo, de 700 millas fue aprobada en a través de la Secure Fence Act3 en el 2006. Hasta el momento, 600 millas del muro han sido construidas.
El pasado 15 de diciembre, los Representantes Solomon Ortiz, Luis V. Gutiérrez y otros 92 Congresistas demócratas presentaron una iniciativa, denominada Reforma Migratoria para la Seguridad y la Prosperidad en América,4 que permite la regularización de los inmigrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, y expande los programas existentes de visas para trabajadores temporales. Asimismo, facilita la integración familiar e incluye lo estipulado en otras iniciativas importantes como la Development, Relief, and Education for Alien Minors Act 2009,5 la cual propone modificaciones a la ley para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a beneficios de educación superior en Estados Unidos y la Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security Act,6 la cual amplía el número de visas disponible para trabajadores agrícolas.
Otras medidas importantes de la propuesta son la eliminación el denominado programa 287 (g) y la reforma del sistema de detención de inmigrantes indocumentados del país. El programa 267 (g), autoriza a las autoridades locales aplicar las leyes de inmigración del país y ha sido fuertemente criticado debido a que ha fomentado la discriminación y las detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales, en contra de los inmigrantes. En cuanto al sistema de detención, éste ha sido fuertemente criticado por organizaciones civiles debido a que los detenidos no tienen acceso a servicios básicos, tal como atención médica y son constantemente víctimas de abusos.
La iniciativa presentada por los Representantes demócratas marca el inicio del debate de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, la cual, tal como lo manifestó el Presidente Barack Obama durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, es necesaria debido a que el sistema migratorio estadounidense es disfuncional y está rebasado por la realidad.
Al plantear la posibilidad de regularizar a los trabajadores indocumentados y establecer medidas que faciliten la entrada de trabajadores temporales, la iniciativa presentada por los Representantes demócratas reconoce, contrariamente a otras tantas iniciativas que sólo buscaban detener y castigar al inmigrante, la aportación que éstos hacen a la economía estadounidense.
El reconocimiento al valor del trabajo que los inmigrantes realizan en Estados Unidos es trascendental si se quiere lograr una reforma migratoria integral. Detener y deportar a los inmigrantes es una falsa solución que no sólo es imposible de poner en la práctica, sino que tendría un enorme costo para la economía estadounidense. Los inmigrantes en Estados Unidos, en particular los indocumentados, cubren un sector de la oferta laboral cada más reducido en Estados Unidos. Mientras que en 1960 la mitad de los adultos estadounidenses no terminaron el bachillerato, la cifra actual es de 8%.7 A pesar de lo anterior, la demanda de trabajadores esas características educativas en Estados Unidos continúa. Se espera que para el 2016 el mercado laboral de Estados Unidos cree 33.4 millones de puestos de trabajo, de los cuales sólo 17.4 millones podrán ser cubiertos por residentes y ciudadanos estadounidenses.8
En 2008, los trabajadores indocumentados representaron gran parte de la fuerza de trabajo en sectores importantes de la economía estadounidense: el 25 por ciento de los trabajadores en el sector agrícola; 19 por ciento en el sector de mantenimiento; 17 por ciento en el sector de la construcción y 12 por ciento en la preparación de alimentos. Asimismo, a pesar de que constantemente se argumenta lo contrario, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos y aportan contribuciones al servicio de seguridad social que jamás reclaman, lo cual da un excedente a las finanzas públicas de 7 mil millones de dólares al año.9
Por lo expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce la iniciativa presentada el pasado 15 de diciembre, denominada "Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América", por parte de los representantes federales estadounidenses Luis V. Gutiérrez, Salomon Ortiz y otros 90 congresistas demócratas, como un importante primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral. Además hace un llamado para que cualquier reforma aprobada por ese Congreso reconozca y valore la importante contribución de los inmigrantes a la economía y sociedad estadounidenses.
Notas
1. Fernández de Castro Rafael y Domínguez, Jorge, ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy; Océano, 2001, p. 272.
2. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR04437:@@@D&summ2=m&
3. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ367/content-detail.html
4. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:3:./temp/~bdQzUw::|/bss/111search.html|
5. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:2:./temp/~bdumgO::|/bss/111search.html|
6. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d111:3:./temp/~bdQzUw::|/bss/111search.html|
7. Hanson Gordon, The Economics and Policy of Illegal Immigration in the United States, Migration Policy Institute, diciembre de 2009, pg. 5.
8. Cámara de Comercio de Estados Unidos, Immigration, Myths and the Facts behind the fallacies, p. 3.
9. Porter Eduardo, "Illegal Immigrants are Bolstering Social Security with Billions", The New York Times, 5 de abril de 2005.
Presentada ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 22 de diciembre de 2009.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA OPERACIÓN MILITAR EFECTUADA POR LAS FUERZAS ESPECIALES DE LA ARMADA DE MÉXICO EN LOMAS DE SELVA, DE CUERNAVACA, MORELOS, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado jueves 17 de diciembre tuvo lugar en Cuernavaca un espectacular operativo militar en el que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.
Paradójicamente, la principal víctima de dicho operativo no fue el autodenominado "Jefe de Jefes", sino la poca credibilidad con la que aún contaban las fuerzas armadas mexicanas tras ser asignadas por el Poder Ejecutivo federal a tareas de seguridad pública y lucha contra la delincuencia organizada.
En efecto, el operativo efectuado por fuerzas especiales de la armada de México ha dejado tras de sí un mar de dudas y especulaciones. Entre ellas, la idea de que el Ejército Mexicano fue mantenido al margen del operativo dada su vinculación con el crimen organizado.
Esto ha hecho más evidente que nunca la vulnerabilidad de los cuerpos militares y policiacos, y ha comenzado a destapar una profunda red de corrupción que llega hasta los niveles más altos en la estructura del Estado.
Sólo así puede entenderse el nivel de impunidad con el que las estructuras delincuenciales se mueven y operan a lo largo y ancho del país.
De esta forma, el hecho de que el operativo haya sido encargado a la armada constituye una inequívoca y muy preocupante señal de la pérdida de confianza del Ejecutivo hacia el Ejército y también hacia las propias autoridades locales de Morelos.
Y fue justamente esta desconfianza la que derivó en una ausencia total de inteligencia y coordinación que puso en riesgo la vida de civiles. Las imágenes transmitidas por la televisión dieron cuenta de la forma en la que los efectivos militares que rodeaban la zona tenían que improvisar para hacer frente a los imprevistos de un operativo que a todas luces y en todo momento estuvo fuera de control.
La prensa escrita hoy nos detalla la forma en la que los vecinos de la zona residencial en la que se emprendió esta "pequeña guerra" ni siquiera fueron avisados o evacuados para salvaguardar y garantizar su seguridad.
A lo anterior debemos agregar la inexplicable manipulación y vejación del cadáver de Arturo Beltrán Leyva. La foto del narcotraficante bañando en sangre y cubierto de joyas y billetes le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto de manifiesto la peor cara de la fallida estrategia del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia.
A nadie convence el secretario de Gobernación cuando señala que se encuentran realizando una investigación para determinar quien manipuló el cadáver para tomar fotos aberrantes. En el fondo, lo único que quedó claro es el desdén del gobierno federal por el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.
El Estado mexicano, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, puede apartarse del principio de legalidad argumentando que la lucha contra la delincuencia sólo puede librarse si se adoptan los mismos métodos que los delincuentes.
Por todo lo expuesto, pongo a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de la Marina en el operativo efectuado el pasado jueves 17 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos; y
Segundo. La honorable Comisión Permanente condena la manipulación y vejación con efectos propagandísticos del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar la sujeción, de la lucha contra la delincuencia organizada, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.
Senador José Guadarrama Márquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SFP Y A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE QUERÉTARO QUE INVESTIGUEN SOBRE EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES POR PARTE Y EN FAVOR DEL EX GOBERNADOR FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Antes de iniciar su mandato como gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón no tenía ningún bien inmueble a su nombre, sin embargo al año de haber iniciado su mandato comenzó adquirir inmuebles de diferentes tipos.
El lunes 14 de diciembre, el periódico Reforma publicó un artículo en el que se menciona que durante su mandato adquirió seis inmuebles que, en conjunto, tienen un valor catastral de 10 millones 360 mil pesos.
El salario que devengó durante el periodo en que se compraron dichos inmuebles fue por la cantidad de 7 millones 200 mil pesos, es decir 3 millones 160 mil pesos menos que el valor total de los inmuebles.
De conformidad con datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad del estado de Querétaro, hoy día es propietario de dos lotes del Club Campestre de Querétaro, por los cuales pagó 3 millones 200 mil pesos.
Igualmente es dueño de una vivienda situada en la colonia Lomas de Querétaro, otro más en la colonia San Pablo, que costó 660 mil pesos, dos lotes en la colonia Jardines de Santiago y un predio localizado en el municipio de Corregidora por el cual pagó 6 millones 500 mil pesos.
En ocasiones anteriores, también se ha hecho del conocimiento de este pleno la utilización indebida de bienes y recursos públicos del estado para fines privados o electorales, como son el caso de dos aviones, del Programa de Acción Comunitaria y del Proyecto Acueducto II, por mencionar algunos.
También se ha solicitado que se investigue a los ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, de la Comisión Estatal de Agua, así como al oficial mayor del gobierno del estado de la administración del ex gobernador del estado, en virtud de que existen diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El actual gobierno estatal ha estado realizando diversas investigaciones a la administración pasada, como consecuencia de las diversas denuncias por malos manejos de fondos por parte de las autoridades.
Una auditoría realizada precisamente a la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas trajo como resultado una serie de irregularidades por un monto de 35 millones de pesos, respecto a entrega de recursos para la realización de obras, que físicamente no se encuentran en la obra; además de que 80 por ciento de las obras fueron asignadas únicamente a tres empresas.
La administración a cargo del ciudadano Francisco Garrido Patrón también manifestó haber entregado la suma de 45 millones de pesos a Operadora Queretana Prepago, empresa de transporte público.
No obstante lo anterior y de acuerdo con la declaración del presidente de la empresa mencionada, dichos recursos nunca les fueron entregados, razón por la cual no se instalaron los dos mil lectores de "tarjeta inteligente" en las unidades de transporte público.
Por otra parte, también se difundió la nota de que el Partido Acción Nacional excedió en 10 millones 500 mil a de pesos, el tope de financiamiento privado que establece la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
El ordenamiento legal establece que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro es el encargado de establecer los topes de financiamiento para las campañas electorales, los cuales se señalaron para las elecciones locales en el acuerdo de fecha 6 de marzo de 2009, y su contravención constituye una infracción.
Por tal motivo y antes las constantes irregularidades que han sido detectadas durante la administración del ciudadano Francisco Garrido Patrón, es necesario realizar una fiscalización del uso de los recursos públicos, a fin de transparentar el destino de los mismos y fincar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan. Asimismo, se sancione al Partido Acción Nacional en Querétaro por haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón en la adquisición de bienes inmuebles a su favor.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno federal para que, a través de la entidad responsable, realice una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios públicos durante el mandato del ciudadano Francisco Garrido Patrón en el estado de Querétaro e informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Querétaro a imponer una sanción conforme a derecho al Partido Acción Nacional en la entidad al haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A MODIFICAR SU DETERMINACIÓN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS POR EL PODER EJECUTIVO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.
Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.
El principio de división de poderes, adoptado por nuestra Constitución Federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.
La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una Ley que son contrarios a la Constitución.
Sin embargo, el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho estado con respecto a la designación de Magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del Estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados.
México, Distrito Federal, a 22 de diciembre de 2009.
Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR Y FLEXIBILIZAR MEDIANTE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, diputada a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La economía de Michoacán es relativamente pequeña aún. En 2002 el producto interno bruto (PIB) del estado representaba 2.28 por ciento del PIB nacional y para 2006 había descendido a 2.23 por ciento.
El PIB del estado por gran división de actividad económica (en millones de pesos [mdp] a precios de 1993) fue de 33 mil 967.22 mdp, en tanto que para 2006 alcanzaba el monto de 37 mil 735.09 mdp.
Por su parte, la industria manufacturera en la entidad tuvo en 2002 un PIB de 4 mil 261.21 mdp y para 2006 fue de 4 mil 237.15 mdp. Lo que representaba 1.41 por ciento del PIB manufacturero nacional en 2002 y 1.28 por ciento del PIB manufacturero nacional en 2006.
Para 2003 la entidad contaba con 21 mil 403 unidades económicas manufactureras, con 79 mil 749 personas ocupadas dependientes de la razón social, 44 mil 772 personas ocupadas remuneradas dependientes de la razón social, y 4 mil 157 personas ocupadas no dependientes de la razón social en este tipo de unidades económicas. Estas mismas unidades económicas manufactureras generaron 2 mil 70.25 mdp en remuneraciones, una producción bruta total por 29 mil 130.38 mdp, un consumo intermedio por 18 mil 789.40 mdp y un valor agregado censal bruto de 10 mil 340.97 mdp; el total de sus activos fijos era de 21 mil 315.01 mdp.
La economía michoacana ha sufrido los mismos problemas que la economía nacional y ha enfrentado problemas para crecer y dar empleo suficiente y bien remunerado a sus habitantes. Los beneficios de los programas federales de desarrollo en Michoacán, han tenido escaso impacto debido a la rigidez y obsolescencia de sus reglas de operación. Es el caso particular de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).
Dichas reglas inhiben la detonación de las inversiones y el crecimiento económico de la entidad por lo que resulta indispensable e inaplazable su actualización y modernización.
En consecuencia exhortamos al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de la Secretaría de Economía, modifique y flexibilice las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).
Según las reglas del fondo, se debe de impulsar proyectos productivos en el territorio nacional de los familiares, descendientes y ascendientes en territorio nacional de migrantes, siempre y cuando sean emprendedores en proceso de establecer una micro, pequeña o mediana empresa, o cuenten con una, con la participación de los gobiernos estatales o municipales y de los propios migrantes, pero este apoyo no debe ser preferente, sobre el que se brinda a los nacionales, ya que esto crea barreras por el lugar en que se habita, situación que crea cierto grado de discriminación.
Los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas deben de tener una esperanza real de acceder a los beneficios del fondo en mención, no así los talleres familiares, en virtud de que dichos talleres han desaparecido, y aun se les considera en la ley.
Los apoyos del Fondo Pyme, destinados a la ejecución de un proyecto, deberán ser complementados con las aportaciones de los sectores, público en sus tres niveles, ya que el municipio es la piedra angular del sistema de gobierno, pero también hace falta del sector social, privado o del conocimiento, de tal forma que se integran al apoyo de los proyectos en el concepto solicitado a través de la cedula de apoyo, pero no conforme a disposiciones, sino a criterios claros, que deben estipularse en las reglas de operación.
Las cédulas de apoyo de proyectos en los que no existan aportaciones del gobierno estatal serán evaluadas y opinadas técnicamente por la unidad administrativa de la Spyme competente en función del concepto de apoyo solicitado, misma que debe contar al momento de evaluar los proyectos con la documentación que en su caso haya sido entregada de forma impresa por los organismos intermedios.
En el caso de proyectos en los que, por insuficiencia presupuestal no participe el gobierno estatal, éstos serán igualmente evaluados y se les otorgará seguimiento por el subcomité técnico estatal, y se considerará sólo la participación de la federación exclusivamente para aquellos casos en los que los proyectos sean de gran impacto económico.
En los casos de proyectos estratégicos o de importancia regional o sectorial deben ser consideradas las inversiones realizadas hasta dos años antes del registro del proyecto, en virtud de que los proyectos inician operaciones antes de que sean aprobados por el Fondo Pyme, ya que éste se demora demasiado en aprobar uno o algunos proyectos.
Se debe crear la subcategoría de apoyos directos destinados al fortalecimiento tecnológico para microempresas en materia de modernización en equipamiento, con participación tripartita y un monto máximo de 20 mil pesos.
Las reglas de operación estipulan que los apoyos son por ejercicio fiscal y la unidad de seguimiento exige que los recursos sean aplicados al término del año, siendo que estos llegan en ocasiones a finales de año o en algunos casos a principios del año siguiente, lo que lleva a reprogramar las actividades traspasando el año fiscal.
Los micro, pequeños y medianos empresarios reclaman identidad en la solicitud de documentación para el registro de proyectos, ya que los requisitos que solicita el Fondo Pyme para la integración y presentación de proyectos en el sistema de transparencia, sean los que se establecen en las reglas de operación y manual de procedimientos, ya que una vez que los expedientes son integrados y revisados por las ventanillas de los estados, en algunos casos el sistema de transparencia y las ventanillas de la Spyme, piden documentación adicional no referida.
En virtud de lo anteriormente señalado, y estando seguro de la comprensión y buena disposición de los legisladores, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Economía, modifique y flexibilice las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) en el sentido propuesto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CAZALES, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Miguel Ángel Pérez Cazales, herrero de profesión y comunero del poblado indígena de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, tenía 50 años de edad.
La mañana del 31 de octubre de 2009 salió de su domicilio para realizar un presupuesto y ya no regresó.
Ese mismo día, su cadáver fue encontrado en un terreno baldío en el poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca, Morelos, con un "tiro de gracia" en la nuca. Había sido vilmente golpeado y torturado.
La víctima, al igual que su padre -asesinado en 1992- emprendió una lucha por preservar el agua y los bosques del área de El Texcal ante los asentamientos irregulares.
Incansable luchador social por la defensa de las tierras de su pueblo Santa Catarina, el señor Miguel Pérez Cazales era también dirigente del Concejo de Pueblos de Morelos y su representante en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tejalpa y Santa Catarina.
Miguel Ángel Pérez Cazales se había integrado activamente a la lucha de los 13 de Pueblos de Morelos, siempre apoyando las luchas por los recursos naturales de las comunidades indígenas del estado.
Encabezó la lucha para detener la construcción de viviendas en las cercanías de los manantiales de Morelos y fue siempre un líder comprometido con la defensa del medio ambiente y la solución pacífica de los diferendos relacionados con los derechos de propiedad.
Hoy, todos los involucrados en la firma del convenio de delimitación de tierras entre Tejalpa y Santa Catarina se encuentran amenazados de muerte.
Es por ello que los integrantes del Concejo de Morelos se han acercado a nosotros para solicitar la intervención de legisladores y autoridades locales y federales, a efecto de detener las ejecuciones arbitrarias, garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados y realizar las investigaciones que sean necesarias para llevar a los culpables ante la justicia.
De igual forma, los representantes de las comunidades indígenas de referencia nos hacen un llamado urgente y nos extienden una invitación para que podamos dialogar con ellos sobre estos crímenes y diversas violaciones a sus derechos humanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realicen una investigación sobre el asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades de Morelos a que tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad física de los comuneros de Tejalpa y de Santa Catarina.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 de diciembre de 2009.
Senador José Guadarrama Márquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A INCLUIR EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2009 UNA ESPECIAL RESPECTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS FISCALES A GRANDES CONTRIBUYENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA ENOÉ URANGA MUÑOZ Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, en nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas de auditorías fiscales a grandes contribuyentes, al tenor de la siguientes
Consideraciones
1. Estamos convencidos de que la fiscalización superior dirigida a acciones o programas prioritarios permite mejorar la calidad de la gestión pública, combatir la corrupción y las ineficiencias gubernamentales, y promover la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
2. La crisis económica del país, un faltante fiscal de 300 mil millones de pesos, aumento de impuestos y deuda pública son factores para hacer necesario que la ASF incluya en el programa anual de auditorías de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría del SAT para evaluar la recaudación del impuesto sobre la renta de personas morales, rubro de grandes contribuyentes.
3. El objetivo de la revisión consistirá en verificar que la recaudación del impuesto sobre la renta, personas morales-grandes contribuyentes se determinó, registró, reportó en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública de 2009 de conformidad con la normativa aplicable.
4. La revisión tendrá como objetivo evaluar los programas de recaudación derivados del sistema integral de información de grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas morales reportados en la Cuenta Pública y el cumplimiento de los objetivos y de las metas de los programas.
5. El SAT reporta actualmente que se incrementó la recaudación asociada a los grandes contribuyentes como resultado de la mejora de su conocimiento y control, lo que también ha derivado en una fiscalización más eficiente. Asimismo, informa que estas estrategias han apoyado el incremento del cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes. Señaló que las acciones de 2009 se orientarían al desarrollo de modelos de riesgo de fiscalización y a implantar la recepción de solicitudes de devolución y aviso de compensación por Internet.
6. Toda vez que la recaudación asociada a los grandes contribuyentes está considerada en los programas estratégicos del SAT, es necesario evaluar el desempeño de los recursos recaudados de los grandes contribuyentes para verificar el cumplimiento de los objetivos y de las metas.
7. En congruencia con los programas estratégicos, entre ellos la recaudación asociada a grandes contribuyentes, es pertinente que se verifiquen los ingresos que provengan de los actos de fiscalización conforme al programa operativo anual de 2009, para confirmar las metas reportadas por el SAT y por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al auditor superior de la Federación a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una revisión del Servicio de Administración Tributaria cuyo objetivo primordial consista en evaluar la pertinencia y el cumplimiento de metas y de objetivos de las auditorías fiscales practicadas a grandes contribuyentes, y verificar que la recaudación del impuesto sobre la renta, personas morales-grandes contribuyentes se determinó, registró y reportó en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública de 2009 de conformidad con la normativa aplicable, en términos de las consideraciones que anteceden.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS O ESTANCIAS INFANTILES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo relativo al cierre de guarderías en todo el país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 5 de junio de 2009 se enmarca ya como una fecha de tristes recuerdos para el pueblo de Sonora y para todo México. El incendio sucedido en la Guardería ABC, que acabaría con la vida de 49 menores de edad fue el hecho generador que captaría –aunque demasiado tarde– la atención de las autoridades.
A partir de ese siniestro se demandaría una revisión integral del sistema de subrogación en todo el territorio mexicano, consistente en la inspección de las condiciones físicas y legales en que operan las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de aquellas en que el servicio se preste de manera directa (recomendación número 49/2009, sobre el caso de la Guardería ABC, SC, situada en Hermosillo, Sonora. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH).
La CNDH emitió la recomendación general 49/2009, en la que exhorta al IMSS a tomar las medidas administrativas correspondientes para iniciar o, en su caso, agotar los procedimientos administrativos conducentes, así como a determinar –si procede– la continuación del servicio de guarderías; o bien, la suspensión del mismo por no garantizar de manera adecuada las condiciones de seguridad necesarias.
Asimismo, el Poder Legislativo, consciente de la urgencia de la materia, se incluyó en la búsqueda de garantizar las mejores condiciones de seguridad y atención a los menores que acuden a las guarderías o estancias infantiles del país, mediante el fortalecimiento de la legislación actual y la presentación de nuevos proyectos de ley.
2. El pasado 18 de diciembre, la presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías, María Luisa Gárate, anunció que el IMSS cerraría 130 estancias que operan en el esquema de subrogación. Sin embargo, aun cuando esta decisión es acompañada por la terminación de los contratos o porque no se cumplen las medidas de seguridad establecidas en la ley, debe garantizarse en todo momento la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles, en estricto cumplimiento de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien en primer momento se habló de la suspensión de 130 guarderías, el IMSS sólo rescindió el contrato con 36 prestadores del servicio.
Estamos ciertos de que el IMSS no actuaría de manera determinante al suspender el servicio de las 36 guarderías en todo el país sin examinar detalladamente las condiciones en que operaban y los riesgos que incurren al dejarlos seguir laborando; sin embargo, es deber de este órgano legislativo velar por los intereses de la población más necesitada, como son los 20 mil niños y madres de familia que necesitan el servicio –afectados por esta decisión–, sumados a la pérdida de aproximadamente 5 mil empleos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta representación soberana la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Daniel Karam Toumeh, a garantizar la prestación del servicio de guarderías o estancias infantiles en todo el país, según establece la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON RELACIÓN A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO RADILLA PACHECO VERSUS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El problema de los desaparecidos políticos en México continúa siendo una deuda histórica en nuestro país con los familiares, amigos y víctimas. Es evidente que las desapariciones forzadas de lo que hoy se conoce como el periodo de la guerra sucia se dieron en un contexto de operaciones de contrainsurgencia y entre las víctimas se encontraban luchadores sociales e integrantes de organizaciones sociales. En muchos casos estas personas desaparecieron o fueron ejecutadas tras haber sido detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas y policíacas.
En México, ni las víctimas ni sus familiares tuvieron acceso a la justicia ni a la verdad histórica, a pesar de haberse creado una fiscalía especial para tal efecto, derivada de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde por primera vez un organismo gubernamental reconoce la existencia antes negada de una serie de asesinatos y de desapariciones forzadas que fueron llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado.
Es a través de esta recomendación, que se solicita al Ejecutivo crear una fiscalía especial con el fin de que se hiciera cargo de la investigación y persecución de los delitos derivados de esta recomendación y poner a consideración de las autoridades correspondientes los resultados de las investigaciones; sin embargo, los resultados de esta fiscalía fueron nulos. Por lo anterior, los familiares y víctimas tuvieron que recurrir a los mecanismos de justicia del derecho internacional de los derechos humanos.
Tal es el caso de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quienes después de décadas de agotar las instancias internas en México acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual el pasado 23 de noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia; además, mandató continuar con la búsqueda del señor Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales. Para ello el Estado deberá tener en cuenta la existencia de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los elementos más importantes que la corte ordena y retoma se encuentran: la competencia de la propia corte para conocer del caso, el reconocimiento del contexto histórico mexicano, la confirmación de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, la violación al debido proceso y al acceso a la justicia de éste y sus familiares, la determinación de la incompatibilidad de la aplicación de la justicia militar en casos de graves violaciones de derechos humanos con los estándares internacionales, la falta de adecuación de la legislación interna a la definición internacional de desaparición forzada y, finalmente, las reparaciones a las víctimas.
Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, titular de la Secretaría de Gobernación a implementar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009, relativas al caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL NÚMERO, A LA UBICACIÓN Y A LA INTEGRACIÓN ACCIONARIA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y FINANCIERAS QUE INTERVIENEN EN LA CANALIZACIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS AL CAMPO, ASÍ COMO RESPECTO A LA INTERVENCIÓN DE ÉSTAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PERECEDEROS, COBERTURAS FINANCIERAS, COBRO DE COMISIONES Y HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS BENEFICIARIOS DE DICHOS SUBSIDIOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión requiera información relativa al número, ubicación e integración accionaría de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El incremento de recursos destinados al campo en los últimos años, particularmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, muestra un marcado sesgo de derivación de fondos mediante transferencias, subsidios y otros apoyos al campo, sin que exista normativa que establezca lineamientos que provean a la transparencia y efectiva rendición de cuentas, en lo tocante a la efectiva recepción por parte de los sectores de la población identificados como beneficiarios de tales apoyos.
Nuestra Carta Magna es clara en cuanto a la excepcionalidad de asignar en forma selectiva recursos presupuestarios, obligando a las autoridades a contar previamente con un marco normativo que evite el abuso, concentración o desvío de las partidas y erogaciones efectuadas a fondo perdido.
Es por ello que resulta preocupante la discrecionalidad y carencia de controles efectivos en los mecanismos operados durante los últimos años por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), especialmente en aquellos implementados mediante la intervención de su agente Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en los programas operados con la intervención de fondos y fideicomisos manejados por la Banca de Desarrollo, existen múltiples indicios de concentración y de privilegio infundado.
En el pasado reciente, resulta innegable que tal laxitud ha derivado en una inconveniente concentración de recursos en empresas comercializadoras que por sus características económicas y operativas distan de ser los sujetos que se pretende beneficiar con los apoyos y subsidios contemplados en los planes y programas del sector agropecuario, propiciándose mercados altamente especulativos y de poca competencia ante el bajo número de participantes.
Resulta irresponsable que tras exigir un enorme esfuerzo a los mexicanos para sufragar con cargo al alza de impuestos el referido presupuesto, no se adopten las medidas y providencias necesarias para proveer a un ejercicio transparente y eficaz del gasto público.
El justo reclamo proveniente del desprotegido sector campesino no sólo no ha sido debidamente atendido, sino que los agricultores ven como mediante el desarrollo de mecanismos de intermediación los apoyos aprobados son absorbidos por dudosos esquemas de coberturas y servicios de "apoyo" que ocasionan multimillonarias utilidades a un número reducido de intermediarios cuya participación en el proceso de derivación de fondos no queda claramente justificado desde el punto de vista operativo.
El surgimiento de figuras que alejan a los destinatarios de los subsidios federales, mediante la gestación de asesorías y consultorías, provisión de supuestos servicios comerciales y financieros debe ser materia de preocupación y seguimiento puntual por parte de esta Cámara, que tiene la responsabilidad de asignar las partidas presupuestales correspondientes y debe procurar una fiscalización oportuna y eficiente.
Son cada vez más las voces e indicios que apuntan a una imprudente creación de grupos de interés, que depositan, año con año, fortunas en unas cuantas manos por concepto de intermediación empresarial mientras que los núcleos campesinos se ven afectados por la acción devastadora de quienes periódicamente manipulan especulativamente la totalidad de los subsidios.
La enorme discrecionalidad y la inexplicable preferencia desplegada por la Sagarpa, a través de su instancia de apoyo a la comercialización, ha derivado en un esquema superpuesto de mediadores que anula los programas de apoyo al campo. Sin mecanismos de verificación de requisitos se ha permitido que anualmente crezca la participación de estos intermediarios comercializadores que acumulan preocupantemente porcentajes desmedidos del total de apoyos.
Es urgente evitar que los enormes recursos aprobados para el sector campesino sean desviados o acumulados por empresas comercializadoras en detrimento de la población que justifica y avala la existencia de tales programas.
Son muchos los requerimientos que diputados en forma individual han hecho llegar a Aserca; sin embargo, la información disponible es poco clara y mantiene en la absoluta opacidad el número de empresas comercializadoras que reciben apoyos, así como los montos por año que se han canalizado en su provecho.
La relación entre las almacenadoras, comercializadoras y un conjunto de fideicomisos manejados por la Banca de Desarrollo ha mantenido la canalización de recursos en un entorno poco transparente, que a la vista de todos ha sido poco eficiente en mejorar las condiciones del campo.
Las reglas de operación y demás políticas administrativas, por su construcción dan un gran margen a la preferencia y selectividad a favor de pequeños grupos que se han apoderado de mercado de perecederos, quienes intervienen en forma decisiva y por anticipado de las cosechas, influyendo en las condiciones de compra y almacenamiento, marginando de los beneficios a los destinatarios de los apoyos.
Tal situación debe cesar y, en su lugar, deben implementarse mecanismos de seguimiento y supervisión de la forma en que Aserca efectúa erogaciones y de la cercanía de los servidores públicos con los accionistas y administradores de esas empresas comercializadoras, así como de mantener a dichas empresas ajenas a fines y propósitos no relacionados con el fomento al campo.
También resulta indispensable que la derivación de fondos se realice en esquemas diseñados para evitar el abuso de los apoyos y subsidios con propósitos electoreros. A la fecha, Aserca ha sido omisa en rendir cuenta respecto de la permanencia y crecimiento de empresarios identificados con instancias de naturaleza política como intermediarios o, peor aún, receptores de sumas multimillonarias sin reunir condiciones como productores, campesinos o ser agrupaciones integradas por estos.
Por ello someto a la consideración de esta comisión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda requerir al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que envíe un informe en el que se señale por ejercicio el nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en los ejercicios de 2003 a 2009, con motivo de planes o programas de promoción al campo y al sector campesino, en específico de los productos maíz, fríjol, trigo, café y sorgo. En dicho reporte se deberá informar el nombre de empresas comercializadoras y almacenadoras, por entidad federativa, que hayan participado en dichos ejercicios, en mecanismos, procesos, esquemas, fideicomisos o análogos vinculados a la derivación o canalización de subsidios federales. El informe deberá ser acompañado por los requisitos, límites, prohibiciones aplicados en cada ejercicio para ser elegible a recibir los indicados apoyos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COFEPRIS LA EXCEPCIÓN DEL REQUISITO DE PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE EN LA ELABORACIÓN DEL QUESO COTIJA, CON EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DIVERSOS PARA GARANTIZAR SU INOCUIDAD, A CARGO DEL SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Jesús Garibay García, Rubén Fernando Velázquez López y José Guadarrama Márquez, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras y su Comisión Permanente, ha asumido el compromiso de proteger a los productores nacionales de leche y sus derivados, mediante la presentación de distintos puntos de acuerdo, de entre los que destacan los presentados el 30 de abril de 2009 –ante la Comisión Permanente– con relación al precio de la leche en el marco del Programa de Adquisición de Leche Nacional; el 29 de septiembre de 2009 –ante el Senado de la República– con relación a la previsión de un recorte de 31% al presupuesto de Liconsa para el ejercicio fiscal de 2010, y el 3 de diciembre de 2009 –ante la Cámara de Diputados– por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo. Estos exhortos, han sido suscritos y apoyados por legisladores de todos los partidos.
En esta ocasión y continuando con la defensa de este sector –que ha sido uno de los más gravemente afectados por la crisis económica en la que estamos inmersos– los proponentes, consideramos oportuno elevar a esta tribuna el problema que amenaza a los productores de queso cotija artesanal madurado.
El queso cotija es uno de los insumos de producción artesanal considerados parte de nuestro patrimonio cultural, pues nace de la hibridación de los procesos de producción indígenas y españoles hace más de 400 años, motivo que ha merecido que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), a través de su Programa de Apoyo al Desarrollo de la Agroindustria Rural de América Latina y el Caribe, apoye la implementación de políticas de calidad específica para favorecer los procesos de preservación y contribuir a mejorar el acceso de los pequeños productores en los mercados, mediante estrategias que les permitan agregar valor a las producciones de origen agropecuario, tales como el establecimiento de un sello de calidad.1
En este tenor, los agremiados en la Asociación de Productores del Queso Cotija han impulsado y negociado ante el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados AC, una norma oficial mexicana específica, mediante la cual podrían comercializar y exportar su producto en los mercados nacional e internacional, lo que les permitiría exportar y vender casi 300 toneladas de producción anual en 400 pesos el kilo en el mercado internacional, lo que representaría una derrama económica anual para la región de mil 200 millones de pesos, y atraer inversiones, dado que al contar con el reconocimiento de región de origen, quienes quieran producir queso Cotija, tendrán que hacerlo en alguno de los seis municipios que integran la región serrana de Michoacán y Jalisco que pueden utilizar esa marca colectiva.
Así las cosas, desde agosto de 2007 se logró incluir en el programa nacional de normalización 2008, el insumo en comento, por lo que el 19 de junio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto Leche – Alimentos – Lácteos – Alimento lácteo regional – Queso Cotija artesanal madurado – Denominación, especificaciones y Métodos de Prueba.", documento en el cual se justifica la razón por la que se contempla el uso de leche cruda y no pasteurizada en su elaboración, refiriendo que además de ser una cuestión artesanal y tradicional, sólo la flora nativa asegura las características organolépticas de este producto lácteo.
Cabe señalar que el proyecto de NOM es congruente con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que en el punto III.5.1 de su apéndice, permite el uso de leche cruda, cuando se asegura con otros mecanismos la inocuidad del producto. En este sentido, la propuesta de NOM es clara al establecer un mecanismo triple de sanidad:
2. Se deben observar buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y
3. Se ha de respetar un proceso de maduración de cuando menos tres meses.
Como es evidente, el proyecto de NOM a cargo de la Secretaría de Salud, no reconoce como mecanismos efectivos de inocuidad los contemplados en el proyecto a cargo del organismo técnico especializado denominado "Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados (Cofocalec)". Tal cuestión, causaría un conflicto entre normas que afectaría a los productores de queso cotija artesanal madurado, al obstaculizar el comercio de esos productos.
Tal situación fue advertida por Cofocalec, por lo que el pasado 18 de agosto, remitió a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el oficio número CFC-DG-1041-2009, en el cual instaba al reconocimiento de estos sistemas de inocuidad; sin embargo la Cofepris respondió que "se debe eliminar el uso de leche cruda y no exceptuar dentro de las especificaciones la pasteurización a la cual debe someterse para la elaboración del queso".
En este tenor, resulta necesario instar a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, a considerar el daño económico y cultural que se está causando a los productores al mantener una postura estricta y limitada respecto de los mecanismos usados para asegurar la inocuidad de la leche como materia prima para la elaboración del queso cotija, solicitándoles reconsiderar su postura.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberana, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, para que instruya al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, a establecer en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, "Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos.", disposiciones de inocuidad compatibles con el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto Leche – Alimentos – Lácteos – Alimento lácteo regional – Queso Cotija artesanal madurado – Denominación, especificaciones y Métodos de Prueba.", en específico en lo relativo a establecer una excepción al requisito de pasteurización de la Leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre y cuando la materia prima sea leche de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y se respete un proceso de maduración de cuando menos tres meses; todo ello con la finalidad de no afectar a los productores de dicho insumo.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, y al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, que remitan a esta representación soberana, a la brevedad posible, un informe sobre el trámite dado y las consecuencias derivadas al presente exhorto.
Nota
1. Ocho productos han sido estudiados entre la FAO y el Prodar/IICA, con estos objetivos: maíz blanco gigante del Cusco, en Perú; queso cotija de México; queso turrialba, en Costa Rica; cacao chuao, de Venezuela, café de Colombia; limón de Pica, en Chile; cacao Arriba, en Ecuador y chivito de Neuquén, en Argentina.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Senadores: Jesús Garibay García (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, A CARGO DEL SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Jesús Garibay García, Rubén Fernando Velázquez López y José Guadarrama Márquez, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a la periodicidad de las sesiones celebradas por la Comisión Permanente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Prácticamente todo sistema político con aspiraciones democráticas, tiene como presupuesto para su funcionamiento la trias política, el principio de separación de poderes. Esta premisa, hecha doctrina con diferentes matices por Montesquieu, Rosseau, Locke y Hamilton –principalmente–, nos habla grosso modo, de un Estado que para proteger al hombre de otros hombres, requiere proteger al ciudadano del Estado mismo, creando un sistema de pesos y contrapesos que le impida abusar de las facultades coercitivas cedidas por la sociedad.
Así, para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema, se concibió un sistema cooperacionista de separación de poderes, una especie de relación simbiótica según la cual, cualquiera no puede funcionar debidamente sin el control de los otros.
En este sentido, nuestra nación cuenta con tres poderes diseñados para operar juntos y en armonía. En congruencia con esta aseveración, nuestro constituyente instauró a la Comisión Permanente, como el órgano perteneciente al Congreso de la Unión, cuya existencia se explica en el hecho de que a diferencia del Poder Ejecutivo, el Legislativo no sesiona –aunque sí trabaja– ininterrumpidamente durante el año, por lo que se estimó necesario dotar de representación soberana a una delegación elegida por las Cámaras del Congreso, para funcionar en los recesos del mismo.
Entonces, nuestra Constitución dota a la Comisión Permanente de las siguientes características: a) sintetiza al Congreso durante sus recesos, no como un órgano de reemplazo, sino como una representación soberana; b) es un organismo de control político; c) está acotado a las facultades que le encomienda la propia Constitución, y d) es el único órgano que tiene competencia para activar en tiempos de receso, mediante convocatoria a sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, a alguna de sus Cámaras o a ambas.
Además, la naturaleza del Congreso de la Unión –y por tanto, de la comisión Permanente– es la de un parlamento, una institución donde se debate y delibera sobre la vida nacional, y por excelencia, el centro donde confluyen las distintas corrientes ideológicas de la nación. En los hechos incluso, ha resultado un órgano con gran capacidad de análisis y crítica a la coyuntura nacional y un espacio ágil de expresión imprescindible para la oposición.
En este tenor, resulta grave pensar que sin fundamentos sólidos y coherentes, se piense en suspender sus funciones aunque sea por unos días; la ley en este sentido es muy clara al estipular que éste órgano colegiado sesionará cuando menos una vez por semana, habiendo posibilidades de celebrar algunas otras sesiones, previa convocatoria del Presidente (artículos 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).
Aunado a lo anterior, tenemos que el tiempo efectivo de trabajo de éste órgano colegiado, es de apenas nueve semanas; de las cuales ya han transcurrido dos, por lo que el lapso con el que contamos no puede ser desperdiciado. Proceder en el sentido contrario, es igual a negar el sentido y la utilidad de la Comisión Permanente; si el constituyente hubiere querido justificar que uno de los poderes fuera temporalmente clausurado por razones vacacionales, simplemente no existiría la sección cuarta del capítulo segundo de nuestra Carta Magna.
México atraviesa uno de los más difíciles momentos en su historia, las condiciones políticas, económicas, sociales y de seguridad, están poniendo a prueba el concepto de elasticidad del Estado y lo más congruente es actuar con la responsabilidad que impone la investidura de legislador, velando no sólo por el estricto cumplimiento de nuestro marco jurídico, sino aún más, por conservar y aprovechar al máximo los espacios de análisis y debate que hemos establecido en nuestra Constitución.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberana, con carácter de obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 174 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión determina que sin excepción alguna, las sesiones ordinarias de esta representación soberana serán celebradas, cuando menos semanalmente y tendrán la duración suficiente para concluir el desahogo de los asuntos listados en el orden del día de la fecha.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2009.
Senadores: Jesús Garibay García (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez.
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