Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2909-III, jueves 10 de diciembre de 2009.

Proposiciones
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas dirigidos al desarrollo social y al campo, a fin de fomentar el desarrollo regional, aumentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, relativo al proyecto eólico Energía Sierra Juárez, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular; y a la Cofepris, a modificar la NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del impacto ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a efecto de que se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la instrucción ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a rendir un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la riviera maya, en Quintana Roo, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de atención y protección de los emigrantes mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la Secretaría de Salud programas y apoyos dirigidos a niños con autismo, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe de resultados general del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir mediante la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana una convocatoria para homenajear en vida a las personas nacidas en 1910 y años anteriores, reconociéndolas como La Generación Centenaria, a cargo del diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para salvaguardar la seguridad física y los derechos humanos de los niños y de los adolescentes guerrerenses respecto a los riesgos de trabajo en campos agrícolas, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a sus órganos y niveles de mando a adoptar y reforzar procedimientos acordes con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos en la legislación nacional y en la internacional, con estricto respeto de los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones, igual que las revisiones en los puestos de control carretero, en los accesos de instalaciones resguardadas y demás recintos en la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario para no afectar el ambiente ni el libre tránsito en la zona, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al delegado de Xochimilco, Distrito Federal, a crear o instituir el establecimiento de tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 existentes, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Con punto de acuerdo, relativo a las vacunas contra la influenza A (H1N1) en Colima, a cargo de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a efecto de que en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a esa dependencia se cumpla de manera puntual el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que se incluyan las propuestas, las experiencias y los conocimientos de los secretarios de Educación estatales, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer garitas secundarias en la frontera norte, especialmente en Nuevo León, para permitir el libre tránsito de turistas y de connacionales, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sedesol, de la SHCP, de la SEP, de la Ssa y de la STPS, por conducto del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con el DIF, y a los gobiernos de los estados y de los municipios a realizar una campaña nacional permanente para regularizar a los adultos mayores ante el Registro Civil, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la situación que guardan en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de las terminales 1 y 2 del AICM, a cargo del diputado Éric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el decreto por el que se crea el área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, al norte del territorio insular del municipio, en Quintana Roo, así como el programa y los planes de manejo del área, a cargo del diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al delegado de La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del DF a respetar el programa delegacional de desarrollo urbano vigente, llevar a cabo las visitas de verificación administrativa y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes por violaciones de los usos de suelo y de la normatividad sobre construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles en esa demarcación, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Con punto de acuerdo, para declarar el 18 de diciembre como Día Nacional del Migrante Mexicano y exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir dicha fecha de acuerdo con sus atribuciones y facultades, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la SCT y la SHCP un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje correspondiente a motocicletas, a cargo del diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, sobre el incumplimiento de la recomendación número 72/2009, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Víctor Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a partir de 2010 los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, Quintana Roo, del área geográfica C a la A, en favor de los trabajadores y de las familias, a cargo del diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la SE, la Sedesol, la SCT y la Semarnat el acceso y la promoción de diversos programas para la recuperación económica de Cananea, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobernadores que instruyan a los respectivos secretarios del Trabajo y Previsión Social o a sus equivalentes para que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios de los planteles educativos particulares, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer el Seguro Binacional de Salud, y a fortalecer los programas de salud para migrantes, a cargo del diputado Miguel Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la ASF a efecto de que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, consistente en la comisión de posibles irregularidades en la administración de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados a Guadalajara en 2009, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a transparentar y publicar los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de investigar y dar seguimiento respecto al destino y a la aplicación de los recursos excedentes del petróleo generados de 2000 a la fecha, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que mediante la Semarnat, la Conagua y las autoridades de Puerto Vallarta, ante el riesgo recurrente de inundaciones de la delegación de El Pitillal, ofrezca a la población las condiciones necesarias de seguridad y preserve el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SCT para que modifique el reglamento sobre el peso, las dimensiones y la capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a verificar en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes destinados a la Línea 12 del Metro que se cumplan cabalmente los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio establecido en los procesos de compra del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a acordar lo necesario a fin de que las curules del salón de plenos cuenten con computadora integrada, para el mejor desempeño de las funciones legislativas, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Cofepris a intensificar las acciones de supervisión y control del uso en niños y en adolescentes de medicamentos ototóxicos, e informar a los ciudadanos y a la comunidad científica sobre los resultados de su empleo y las acciones de prevención adoptadas, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en favor del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que retornan durante la temporada de fin de año y de los extranjeros que se internan en el país, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno a mantenerse vigilantes de ello, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los congresos estatales y a la ALDF que emitan disposiciones legales atinentes a las personas físicas y a las jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendarios no reguladas en la legislación financiera; y, en su caso, revisen la normativa local sobre ese tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Sedesol a crear un programa de inversión social para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a tomar las medidas conducentes a garantizar a todo repartidor, mensajero o similar cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta condiciones laborales dignas y protección social que les permita afrontar los riesgos inherentes a su empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar medidas para salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas de dumping, que han incrementado la importación de derivados del cerdo, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar con la supervisión del Inegi un censo nacional de pequeños productores de leche, a cargo del diputado José Luis Íñiguez Gámez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a realizar con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria un foro de consulta sobre ingeniería genética de organismos genéticamente modificables entre los grupos interesados en el tema, especialistas e investigadores públicos y privados, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
  • Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
Excitativas
  • A la Comisión de Energía, a solicitud de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI
  • A la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Enrique Torres Porras, del Grupo Parlamentario del PAN
Efemérides
  • Relativa al sexagésimo primer aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
  • Relativa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de los diputados Guillermina Casique Vences y Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
  • Relativa al Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada Guillermina Casique Vences, del Grupo Parlamentario del PRI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ESTUDIAR LA PERTINENCIA DE DESCENTRALIZAR LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOCIAL Y AL CAMPO, A FIN DE FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL, AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD E INCREMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Óscar Román Rosas González, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Motivos

El México que hoy conocemos, es producto de la formación de un sistema político que privilegió a la federación por encima de entidades y municipios, complicando así el desarrollo integral de cada una de las regiones del país.

Los programas de combate a la pobreza y de fortalecimiento al campo, aplicados de manera unilateral por el gobierno federal, han demostrado su ineficacia e insuficiencia; ya que son implantados de manera homogénea al no tomar en cuenta las características de cada estado, municipio o región.

Los estados y municipios tienen nula participación en la determinación de las zonas de atención inmediata y prioritaria del país. Éstas son elaboradas desde una perspectiva diferente a las condiciones actuales en que viven las comunidades en México.

Producto de estas medidas, hoy vemos a lo largo y ancho de nuestra nación, que la pobreza aumenta exponencialmente y el campo es cada día menos rentable, condenando a millones de mexicanos a vivir en condiciones infrahumanas.

En México la política social tiene enfoques distintos, mismos que se contraponen por las necesidades propias de cada región de la República Mexicana.

En relación al campo el fenómeno se reproduce, ya que el sector agrícola ha dejado de ser, el activo generador de ingresos para la población rural, originando una mayor migración de comunidades rurales a las grandes urbes a lugares conurbados; ocasionando un déficit de servicios públicos.

La relación estados, municipios y federación, se caracteriza por el enfrentamiento, la falta de coordinación y efectividad en la Política Social, porque no existe una coordinación adecuada y una visión global, que permita enfrentar los retos de hoy.

De esta manera, los gobiernos locales y municipales se ven en la necesidad de gestionar ante las autoridades federales, incrementos sustantivos en las participaciones federales que les permita atender las necesidades prioritarias de los que menos tienen.

La experiencia dicta que las autoridades locales y municipales son quienes conocen a fondo las necesidades más elementales de su población, sin embargo, sus propuestas para mejorar la calidad de vida de sus propias comunidades, muy pocas veces, son tomadas en cuenta.

Campeche es un estado que cuenta con vastos recursos naturales, que son usufructuados por la Federación, generando riqueza y bienestar, que no se redistribuye de manera equitativa y proporcional.

El progreso de los campechanos no puede esperar que la voluntad de la autoridad federal se haga presente y destine los recursos que le corresponden a cada Estado.

El desarrollo de México no debe basarse en una visión centralista, tenemos que fortalecer un federalismo más solidario, que transite de un enfoque centralista a una perspectiva más amplia de desarrollo nacional, sustentado en la fortaleza y diversidad de las regiones.

No queremos un Estado burocrático centralista, es la hora de establecer las bases de un Estado nacional con una visión regional, un Estado más eficaz, más justo y más democrático.

Vivimos una crisis alimentaría en el mundo y ante ello México cuenta con las oportunidades y condiciones suficientes para que nuestro campo aproveche las condiciones mundiales, pero no se hace. Las prioridades macroeconómicas son otras y lo peor, ahora importantes grano para el consumo interno, pudiendo producirlo nosotros.

Ampliar la capacidad de acción de los estados y municipios no es una concesión o una opción. Es una condición si queremos salir adelante. Es uno de los más grandes desafíos a que pueden enfrentar los ideales de modernidad del Estado mexicano.

Seguramente ningún otro reto como este, tenga mayor contenido político, de esta decisión colectiva depende en gran medida la disminución de la pobreza que existe en el país y en el campo mexicano.

Los retos nacionales solo podrán ser cumplidos si incorporamos la visión de los estados y los municipios.

Por ello, se hace necesario descentralizar los programas sociales y del campo, para atender una problemática real en que viven millones de mexicanos y dar paso al establecimiento de un federalismo más justo, equitativo y solidario.

Por lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, como urgente y de obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, aumentar la productividad del campo e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROYECTO EÓLICO ENERGÍA SIERRA JUÁREZ, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Laura Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las energías renovables presentan un potencial muy importante para sustituir gradualmente a los combustibles fósiles en el portafolio energético nacional, con la ventaja adicional de reducir las emisiones del sector energético, que es el sector más contaminante de nuestro país.

El Partido Verde Ecologista de México ha sido un fuerte impulsor de las energías renovables. Prueba de ello es la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la cual hemos impulsado desde 2005 y finalmente fue publicada en noviembre de 2008.

Dentro de las energías renovables, la eólica es la que ha crecido con mayor rapidez, tanto a nivel mundial como nacional. En México, el Programa Nacional para el Aprovechamiento de Energías Renovables indica que los proyectos eólicos tienen actualmente una capacidad instalada de 85.25 megavatios, es decir, 0.15 por ciento de la capacidad total del país.

Por otra parte, el potencial explotable de la energía eólica es de al menos 10 mil megavatios. En consecuencia, se encuentran en desarrollo y planeación diversos proyectos eólicos, de manera que, en el año 2012, se espera que la energía eólica ocupe al menos 4.34 por ciento de la capacidad instalada para generación eléctrica.

Uno de los proyectos que se encuentran en la fase de planeación se denomina "Energía Sierra Juárez", ubicándose en los municipios de Tecate, Ensenada y Mexicali, en Baja California. Se prevé que este parque eoloeléctrico generará entre mil y mil 200 megavatios totales de energía eléctrica.

La inversión total estimada para el proyecto es de mil a 5 mil 500 millones de dólares. Se estima que se instalarán alrededor de mil aerogeneradores con capacidad de 1.5 a 10 megavatios cada uno.

Un dato relevante, relativo al área del proyecto, es que su extensión total es de 294 mil 273.64 hectáreas; sin embargo, el proyecto utilizará solamente 5 mil 120 hectáreas discontinuas para su construcción y operación. Cabe mencionar que el parque nacional Constitución de 1857, con una superficie aproximada de 4 mil 991 hectáreas, se localiza dentro del área considerada para el proyecto. Este parque está declarado como área natural protegida, bajo la categoría de parque nacional.

Inicialmente fue decretado como reserva forestal el 31 de junio de 1951, y cambia de categoría en el decreto del 13 de junio de 1951, que lo estableció como reserva forestal nacional. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 1962 se declara como parque nacional para la conservación de la flora y fauna.

La vegetación está conformada por matorral xerófilo, bosque de pino-encino y bosque mediterráneo (de coníferas), el cual es un bioma único en Norteamérica. La fauna cuenta con especies como venado bura, puma de montaña, borrego cimarrón, zorros y conejos. En el área existen más de 50 especies de aves, sobresaliendo las codornices, pájaros carpinteros, patos, halcones y el águila calva. Cabe mencionar que varias de estas especies se encuentran en peligro de extinción.

El parque nacional ha sido considerado en función de que los bosques ubicados en esta zona constituyen un macizo forestal único en la península y son de gran trascendencia para el régimen climatológico, pluviométrico e hidrográfico de la península de Baja California. Debido a estas características, el parque es una zona importante para la conservación.

Por su parte, la manifestación de impacto ambiental del proyecto Energía Sierra Juárez fue inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 15 de septiembre de 2009 y puede consultarse en la siguiente página electrónica:

    http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bc/estudios/2009/02BC2009E0007.pdf

Este documento señala en repetidas ocasiones que el proyecto no pretende desarrollar instalaciones (específicamente, las líneas de conducción eléctrica) dentro del parque nacional, aún cuando es permitido por el programa de ordenamiento ecológico de Baja California.

Por otra parte, el programa de ordenamiento ecológico estatal dice a la letra: "en el área natural protegida denominada parque nacional Constitución de 1857 se aplica una política particular de protección con uso activo y protección con uso pasivo para desarrollar actividades vinculadas con el ecoturismo, turismo rural y la conservación de ecosistemas de relevancia ecológica. El desarrollo de obras y actividades dentro de esa área natural protegida deberá ser acorde con la legislación ambiental vigente y con lo establecido en la declaratoria y en el programa de conservación y manejo vigente". El programa de manejo del parque aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, por lo cual no se puede asegurar que se permite el desarrollo de instalaciones dentro del área protegida.

Adicionalmente, es necesario considerar que las actividades de preservación del equilibrio ecológico no deben limitarse al área que abarca el parque, sino que también deben abarcar la zona de influencia que los circunda, dado que los impactos negativos que ocurren en la zona de influencia pueden afectar indirectamente a las especies de flora y fauna del área natural protegida, las cuales no se rigen por límites territoriales establecidos por los humanos.

Esto es especialmente importante en los parques nacionales, que son áreas pequeñas. En este caso particular, el parque está completamente circundado por el área del proyecto, lo cual abre la posibilidad de impactos ambientales negativos en la zona de influencia, que podrían afectar al parque.

Al día de hoy, el trámite que Semarnat ha dado a la manifestación de impacto ambiental del proyecto es el turno de oficio de información faltante, por lo cual está aún en la fase de "Recepción e integración del expediente", es decir, la primera de cuatro fases necesarias para concluir el trámite.

Por consiguiente, ahora es un buen momento para revisar y, en su caso, prevenir un impacto negativo del proyecto sobre el parque nacional y sobre su zona de influencia. Por ello proponemos exhortar a Semarnat a analizar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental del proyecto.

De manera complementaria, proponemos exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a entregar oportunamente la opinión técnica sobre el proyecto, cuando así lo solicite Semarnat.

Reiteramos que el Partido Verde Ecologista de México no se opone al avance tecnológico, mucho menos cuando se trata de energías renovables que contribuyen a disminuir las emisiones del sector energético. Sin embargo, esta cualidad no exime a dichos proyectos de la obligación de respetar el equilibrio ecológico y la integridad de las áreas naturales protegidas.

En mérito de lo expuesto y fundado, la legisladora que suscribe somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental del proyecto eólico Energía Sierra Juárez, con la finalidad de que el área natural protegida parque nacional Constitución de 1857 y la zona de influencia que lo circunda, no sean afectadas por las obras y actividades del proyecto, solicitando para ello la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que al recibir la manifestación de impacto ambiental del proyecto eólico Energía Sierra Juárez, entregue oportunamente la opinión técnica correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.

Diputada Laura Ledesma Romo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DESTINAR RECURSOS AL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, Y AL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DEL SEGURO POPULAR; Y A LA COFEPRIS, A MODIFICAR LA NOM-041-SSA2-2002, PARA LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, EL CONTROL Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA CORA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

A pesar de que la salud, la cobertura y la calidad en la prestación de servicios son indicadores directos del bienestar y la igualdad de oportunidades de un país; en México, el nivel de gasto público en salud no le ha permitido al estado mexicano cumplir cabalmente con la obligación de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a toda la población pues representa 46% del gasto total en salud, porcentaje mucho menor que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 72%. De hecho, México es el país miembro de esta organización con el gasto público en salud como porcentaje del PIB más bajo, lo que se traduce en rezagos acumulados y una grave desigualdad en los niveles de salud y la distribución de recursos entre grupos sociales y regiones.

Una de las enfermedades que siguen causando grandes estragos en la población mexicana y que a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de mortalidad, es el cáncer, padecimiento que a través de los años se ha vuelto un problema de salud pública debido a que no obstante los avances en la investigación y la diversidad en tratamientos dependiendo el tipo, se le atribuyen 7.9 millones de defunciones ocurridas tan sólo en 2007 y se estima que alrededor de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad entre 2005 y 2015.

El cáncer mamario, es el cáncer más común a nivel mundial entre las mujeres. En la actualidad 4.4 millones de mujeres viven con la enfermedad y se registran 411 mil muertes al año. Dichas estimaciones consideran solamente los casos diagnosticados y reportados, lo cual sugiere que el número de casos prevalentes es mucho mayor. Para este año se proyectaron 1.35 millones de nuevos casos, y en 2010 se espera que sean 1.5 millones, cifra que corresponde al 10.5% de todos los nuevos casos de cánceres, el único tipo de cáncer que registra más casos es el de pulmón.

En México, 12 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer mamario, lo cual representa, aproximadamente, una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno. Diversos estudios revelan que nuestro país muestra incrementos constantes en la mortalidad de esta enfermedad; basta mencionar que en el período de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, con un aumento estimado anual del 3.6% en los últimos 18 años.

Adicionalmente, a partir de 2006 el cáncer mamario es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años, desplazando al cáncer cérvicouterino. Los datos sobre detección, si bien se encuentran subreportados, muestran que en 1990 hubo 6 mil nuevos casos y se estima un incremento cercano a los 16,500 nuevos casos anuales para 2020.

Aunque el 95% de los casos son prevenibles y curables si se diagnostican y atienden oportunamente en la etapa I, las mujeres mexicanas continúan muriendo por esta causa, tan sólo en el 2007 se reportaron 4 mil 851 decesos, con una tasa de 16.5 por cada 100 mil mujeres. Según la Sociedad Americana de Cáncer, las mujeres con tumores diagnosticados en etapa I tienen una supervivencia mayor al 95%, en contraste con 27% de las mujeres diagnosticadas en etapas más avanzadas. (American Cancer Society, 2008).

Esta evidencia sugiere que en México la detección tardía sigue siendo la norma y no la excepción. Más del 80% de los casos de cáncer de mama se identifica en etapas avanzadas de la enfermedad en contraste, por ejemplo, con la situación en los Estados Unidos, donde aproximadamente el 60% de los casos de cáncer mamario son diagnosticados en estadio I, en nuestro país la cifra se estima menor al 10%. De hecho, entre 40 y 50% de los casos se presentan en estadios III y IV y se ve poca mejoraría en estos porcentajes desde principios de los años noventa (México Reporte Rosa 2009-2010).

La utilización de la mamografía, el examen clínico y el autoexamen en México continúan siendo prácticas extremadamente poco efectuadas, particularmente entre la población de bajos recursos y en las áreas rurales. De acuerdo al Programa de Acción del Cáncer de Mama 2007-2012, la cobertura de detección por mamografía en mujeres de 50 a 69 años de edad es apenas del 8.5%.

Por otro lado, sólo el 22% de las mujeres de 40 a 69 años de edad reportaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2005-2006 haber tenido una revisión clínica de mamas o una mamografía. La encuesta anterior muestra que sólo el 12% de las mujeres de 40 a 69 años de edad se había sometido a algún examen de diagnóstico de cáncer, incluyendo la mamografía, practicada por sólo 1 de cada 5 mujeres. La cifra llega apenas a 16% en el quintil más pobre de la población, comparado con un 28% entre el 20% de la población con recursos económicos más elevados.

En cuanto a la autoexploración, un estudio indica que menos del 15% de las derechohabientes del IMSS y la Secretaría de Salud se exploran los senos mensualmente. Por su parte, la frecuencia con que las mujeres acuden a un examen clínico es de 29% entre las mujeres de muy bajo nivel socio-económico comparado con 49% entre las de nivel alto. La frecuencia es más de dos veces mayor entre las mujeres de por lo menos estudios de bachillerato y residentes en áreas rurales (43%) que entre las mujeres sin escolaridad residentes en áreas rurales (20%).

Debido a las debilidades del sistema de salud y la poca información que recibe la población acerca de la prevención de esta enfermedad, los resultados que arroja un estudio en tres hospitales públicos del país, confirman la falta de acciones y apoyo. El 90% de las mujeres estudiadas identificaron tardíamente por sí mismas una lesión mamaria que fue confirmada posteriormente como maligna.

Ello, aunado a la ausencia de programas de detección temprana explican la alta proporción de diagnósticos tardíos de cáncer mamario, los cuales para su tratamiento consumen eventualmente mayores recursos financieros del sector salud y determinan un aumento constante de la mortalidad por cáncer mamario en este país. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el costo por año-paciente para mujeres diagnosticadas en el año 2002 en etapa I resultó de $74,522, comparado con $102,042, $154,018, $199,274, en etapas II, III y IV, respectivamente.

Todas estas cifras demuestran que en México el acceso a la información sobre el cáncer de mama, el autocuidado y los procedimientos para la detección oportuna de esta afección, continúan siendo una barrera importante para la salud de las mujeres, que se encuentra determinada, en gran medida, por la capacidad económica y la condición de aseguramiento, hechos que se ven reflejados con la búsqueda, acceso y utilización de los servicios de atención.

El sistema de seguridad social en nuestro país cubre alrededor del 40% al 45% de la población total, y tiene incluido dentro del paquete de servicios disponible, la provisión de tratamiento del cáncer. No obstante, el acceso a esta atención está restringido a aquellas personas que trabajan en el sector formal de la economía y el resto de la población depende de servicios públicos de la Secretaría de Salud, hasta hace poco, sin protección financiera por ello una gran mayoría de la población, en especial las personas no aseguradas, sufragan los servicios y utilizan el sector privado.

Como se menciona en el estudio "Cáncer de mama en México: una prioridad apremiante", una iniciativa de política clave fue la creación del Seguro Popular de Salud ya que incluyó un aumento sustancial del financiamiento y ofreció protección financiera a todas las familias que no contaban con seguridad social, con énfasis particular en los segmentos más pobres de la población. A principios de 2007, el tratamiento del cáncer de mama, incluidos los servicios de diagnóstico y medicamento, se incorporaron al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Ello derivó en que, a partir de entonces cualquier persona diagnosticada con cáncer de mama, al margen de su situación de ingreso y empleo, tiene ahora el derecho de recibir atención médica integral con fondos públicos.

A pesar de que el sistema de salud mexicano es uno de los pocos dentro del grupo de los países en vías de desarrollo en donde la atención y el tratamiento del cáncer de mama están cubiertos con seguros públicos para todas las personas; la cobertura sigue siendo limitada y la falta de recursos ha generado una presión grande para alcanzar las necesidades de tratamiento requeridos por parte de la población detectada con la enfermedad. Ello demuestra que pese a todos los esfuerzos realizados por el sector público, y al fortalecimiento de acciones para la sensibilización de la población y del personal del sector salud, la falta de concientización, la detección oportuna, y el tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama son aún escasos.

De ahí la importancia y la oportunidad que representan los programas de promoción de la salud de la mujer para poder incidir en la detección temprana y la prevención y atención del cáncer mamario.

Un ejemplo de ello es el Programa de Acción de Cáncer de Mamá 2007-2012, que está a cargo del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysr), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tiene como fin contribuir a mejorar los servicios médicos de los sectores sociales más desprotegidos, a través de la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones del sector salud, así como de la salud sexual y reproductiva.

A pesar de que el Cnegysr es la institución encargada de brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer mamario, punto de suma importancia ante las evidentes y preocupantes cifras, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 le asignó un monto insuficiente comparado al monto aprobado en 2009, lo que representa una reducción que se traduce en un retroceso para el avance y cumplimento de los objetivos planteados en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 en donde se establece como meta incrementar al triple la cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 45 a 64 años y promover la prevención, detección y atención temprana de este tipo de cáncer.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que si el gobierno estableció como prioridad la lucha del cáncer mamario, y la tarea del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva forma parte de las acciones por informar, educar y brindar servicios que abarcan no sólo la prevención, detección y atención del cáncer mamario, sino también temas como el cáncer cérvicouterino, la salud materna y perinatal, la prevención y atención de la violencia y la salud reproductiva, esta instancia debe asignársele los recursos suficientes para tarea tan importante.

Asimismo, consideramos urgente aumentar los recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que otorga los servicios para la atención del cáncer de mamario, debido a que para atender la pandemia de la influenza humana A (H1N1), la Secretaría de Salud tuvo que tomar recursos de dicho Fondo, lo cual se tradujo en la reducción automática de los recursos disponibles para atender dicho padecimiento y otros como el cáncer cérvicouterino, el VIH/sida, los cuidados intensivos neonatales, el cáncer de niños y adolescentes, entre otros. Diversas notas señalan que de los aproximadamente 1,800 millones de pesos que tenía asignado este Fondo, se han utilizado ya alrededor de un 70% y la adquisición de vacunas para atender tanto la influenza estacional como la que contiene la cepa A (H1N1), implica otras erogaciones de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Por otra parte, el documento que unifica en México las acciones en salud en materia de cáncer de mama y tiene como propósito contribuir a la disminución de las tendencias de mortalidad por esta patología es la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, en la que se definen los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer mamario y la cual es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado que brinden atención médica.

Debido a que la NOM-041-2002 fue publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2003 y entró en vigor al día siguiente con una vigencia de 5 años, actualmente está en proceso el anteproyecto para su modificación, titulado para quedar como "Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama".

El anteproyecto contempla varias modificaciones que ofrecen aportaciones importantes; sin embargo algunos cambios han causado controversias. Por ejemplo, el Reporte Rosa México 2009-2010, destaca que entre las diferencias importantes con la NOM-041-2002 se encuentra que el anteproyecto no menciona la necesidad de realizar actividades extramuros para difundir información sobre el riesgo y la detección del cáncer mamario.

Tanto la NOM-041-2002 como el anteproyecto de modificación señalan el examen clínico anual, pero cabe apuntar que ninguno de los dos incluye recomendaciones específicas en relación a cómo aumentar su eficacia y cobertura. Siendo el examen clínico una técnica de muy bajo costo y con una probabilidad alta de ayudar en la detección más temprana de las lesiones mamarias, la falta de indicaciones adicionales específicas en el anteproyecto es notoria.

Donde el anteproyecto es especialmente restrictivo, según el mismo Reporte, es en las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía. Con esta iniciativa normativa se pretende ofrecer el servicio a un grupo más reducido de mujeres. Específicamente, entre las mujeres asintomáticas se busca practicar la mamografía sin indicación médica únicamente a partir de los 50 a 69 años y en forma bienal. El anteproyecto a discusión considera que en mujeres asintomáticas de 40 a 49 años sólo se realizará cada dos años y por alguna de las siguientes razones: antecedentes de cáncer de mama directos (madre, hijas o hermanas) y/o indicación médica según valoración individual de los factores de riesgo. De igual forma, entre mujeres mayores de 70 años se contempla únicamente en caso de antecedentes de cáncer o por indicación médica.

Debido a las recomendaciones internacionales y a las implicaciones que tendría esta recomendación, ya que en el caso de México se observa, como se ha mencionado a lo largo de este documento, una alta proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer mamario entre los 40 y 49 años, la posibilidad real de esta modificación ha generado un debate importante.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que si el propio Programa Nacional de Salud 2007-2012 reconoce que el cáncer de mama sigue causando un número importante de muertes, sobre todo en las mujeres de 40 a 49 años de edad es menester que en la actualización de la NOM -041-SSA2-2002 se cambien las nuevas indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía y tomen en cuenta las observaciones hechas por las organizaciones de la sociedad civil y diversos investigadores que trabajan en temas de cáncer de mama y que pretenden a través del estudio "México Reporte Rosa 2009-2010, contribuir en el proceso de toma de decisiones, en formulación e implementación proyectos, en el fortalecimiento de las instituciones y en la ampliación de la investigación sobre el cáncer de mama como una prioridad en el tema de salud de la mujer y para los sistemas de salud en este país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del seguro popular con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención del cáncer de mama en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, en la revisión del proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, "Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama"; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; a tomar en cuenta las recomendaciones que diversas instituciones y organizaciones hacen en el estudio "México Reporte Rosa 2009-2010", en específico, las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.

Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA A AGILIZAR Y FACILITAR LOS TRÁMITES DE ESTUDIO Y MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

La acuicultura ha venido incrementando su importancia a nivel internacional, representa una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, ya que tiene tasas de crecimiento que superan el 10 por ciento anual y una producción mundial anualizada que supera los 60 millones de toneladas.

En el ámbito nacional, la producción acuícola es liderada por el cultivo de camarón, que se desarrolla principalmente en la región noroeste, en este sentido es importante mencionar que existe un amplio potencial de desarrollo de esta industria para el país. Razón por la cual, algunos gobiernos estatales con potencial para la acuicultura, han incluido a esta actividad dentro de sus agendas de gobierno, así como en sus planes de desarrollo.

La acuicultura es una fuente adicional de proteína, contribuye a la seguridad alimentaria, a la generación de divisas, contribuye al fomento del desarrollo regional y a la creación de nuevas fuentes de empleo, así como a la reducción de la presión sobre los recursos naturales, particularmente en áreas costeras.

La aportación de esta actividad es de poco más del 12 por ciento de la producción pesquera total, aunque se estima que tiene un potencial para alcanzar hasta un 40 por ciento de dicha producción pesquera total. Entre las limitantes de la actividad está el alto costo de la electricidad, los alimentos y el comercio desleal; por ejemplo, la tilapia china está llegando en cantidades de 30 mil a 40 mil toneladas por año, a precios de 11 pesos por kilogramo.

Para impulsar este tipo de actividades es prioritario fomentar acciones que les permitan consolidar su lugar en el mercado nacional e internacional, para ello, es importante que el marco normativo que regula dicha actividad sea claro y especifico, a fin de permitir que el sector acuícola tenga certeza jurídica.

Por otra parte, uno de los obstáculos que complica el proceso de crecimiento de dicha actividad primaria está relacionado con la tramitología que dificulta la posibilidad de integrar procesos productivos tecnificados a las granjas, debido a que el proceso para conseguir la certificación de impacto ambiental es caro y tardado.

No debemos perder de vista que la aplicación de la tecnología en el mejoramiento de la producción en granjas otorga ventajas que se traducen en mejores ingresos, un nivel de producción más alto lo que genera un beneficio económico que mejora la calidad de vida de las familias acuicultoras del país.

Algunos acuicultores mencionan que una solicitud para usar el agua para la acuacultura, que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les llega a costar hasta 50 mil pesos, además del costo adicional por el permiso que se debe tramitar en la Comisión Nacional del Agua. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos, el valor de la granja por tratarse de pequeños productores varía entre los 10 y 50 mil pesos, haciendo un comparativo con el costo de los trámites, el monto representa en algunos casos hasta cinco veces el costo de la granja.

Hablando de la temporalidad, los acuicultores han manifestado su inconformidad debido a que el tiempo que deben esperar para que les den una respuesta respecto a su solicitud llega a ser hasta de dos años. Durante este lapso de tiempo el proceso de producción se ve mermado debido a la lentitud del trámite.

Asimismo, un número importante de proyectos de infraestructura continúan "durmiendo el sueño de los justos", debido a que las autoridades correspondientes aún no realizan el análisis que permita emitir un juicio relacionado con el impacto ambiental que puede ocasionar la obra.

No se trata de un asunto político, es una cuestión administrativa, en donde el ejercicio público debe desempeñarse conforme a la normatividad aplicable, no podemos seguir tolerando que los proyectos con un alto impacto social continúen siendo bloqueados o desechados por no convenir a intereses particulares.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua a agilizar y facilitar la realización de los trámites de estudio y manifestación de impacto ambiental, con el objetivo de que un número mayor de acuicultores puedan realizar los trámites conducentes que les permitan obtener la manifestación de impacto ambiental, la cual incentivará la existencia de un número mayor de granjas acuícolas en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A EFECTO DE QUE SE REVISEN LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DEL BACHILLERATO PARA PROMOVER LA INSTRUCCIÓN AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Sólo tenemos una oportunidad
para preparar a nuestros hijos
para un futuro que nadie puede predecir.
¿Ya pensamos que vamos a hacer
con esa oportunidad?

S. Covey

La educación es uno de los elementos que permite a las naciones alcanzar un crecimiento económico sostenido, ya que un país que cuenta con una población con un nivel académico más alto tiene mayores posibilidades de lograr la meta de conseguir el desarrollo económico, el cual se traduce en una mejor calidad de vida de los diferentes sectores sociales.

El sector educativo mexicano se ha caracterizado por otorgar una preparación integral en la que los contenidos curriculares están integrados por un conjunto de temas y asignaturas que permiten a los educandos contar con herramientas suficientes para hacer frente a los retos profesionales que su actividad les demande.

Sin embargo, aún hace falta mucho por hacer en materia educativa ya que hay temas que, a pesar de estar incluidos en los currículos escolares, no se enseñan o transmiten con la suficiente frecuencia y calidad, un ejemplo de ello es la conservación y preservación del ambiente.

La humanidad, a lo largo de su historia, ha realizado un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, el efecto de ello nos ha puesto en un dilema de sustentabilidad ambiental, encontrándonos ante la disyuntiva de continuar generando bienes y servicios sin tomar en consideración los costos ambientales que conlleva.

A fin de coadyuvar en la construcción de una cultura que permita mejorar nuestro entorno ambiental, se propone que a la brevedad se revisen los contenidos curriculares a fin de fortalecer la educación ambiental, no sólo enseñando los efectos negativos de la transformación de la naturaleza, sino procurando incorporar la enseñanza de medidas paliativas de mejoramiento ambiental.

Es fundamental que la proposición con punto de acuerdo que ahora les propongo se realice de una manera integral, es decir, no sólo debe incluir el sistema de educación básica, si lo que pretendemos es realmente incidir en una reorientación educativa que promueva la educación ambiental debemos incluir el nivel bachillerato, ello en razón de que los jóvenes mexicanos representan un grupo poblacional muy numeroso.

No debemos de perder vista que las consecuencias negativas que ocasiona el deterioro ambiental, no sólo están vinculadas con la erosión de la tierra, la pérdida de la flora y la fauna, la contaminación y la sobreexplotación de recursos no renovables, es importante mencionar que hay efectos que se resienten en el contexto social, tales como la pobreza, la marginación y la escasez de alimentos, entre otros.

De 1950 a la fecha hemos perdido más de la mitad del agua disponible de cada mexicano, al pasar de 11 mil metros cúbicos anuales a sólo 4 mil 800, con la perspectiva de que la disminución llegue a los 3 mil 500 metros cúbicos en el año 2025.

La temperatura de la tierra se eleva peligrosamente cerca de dos grados centígrados y provoca graves cambios climáticos.

Perdemos cada año 2 mil 500 kilogramos de suelo por hectárea, equivalentes a 500 millones de toneladas de tierra fértil, empobreciendo la tierra en la que producirán nuestros hijos y nietos. Más de 6 mil hectáreas de vegetación se pierden anualmente en el país.

No conocemos nuestros recursos naturales, las plantas y animales útiles; por ello la escasa disponibilidad de oportunidades de desarrollo, la sobreexplotación, contaminación de aguas y la pérdida de especies son problemas que se presentan cada vez con mayor velocidad, lo que va cancelando el futuro de las nuevas generaciones.

El impacto social incluye diferentes vertientes de la vida cotidiana; en el caso de la salud, donde los problemas de obesidad y desnutrición son preocupantes, principalmente en la población infantil, a este respecto cabe mencionar que nuestro país ocupa el segundo lugar en lo que a obesidad infantil se refiere.

Otra de las problemáticas que se generan a partir de la falta de una educación ambiental adecuada se encuentra en la generación del ingreso familiar, la ausencia de una política educativa que fomente las actividades agrícolas desde una perspectiva de sustentabilidad y preservación, procurando generar un ingreso para las familias que se desempeñan en labores vinculadas al sector primario.

En el ámbito internacional, nuestro país cuenta con el reconocimiento mundial de ser un país que se preocupa por conservar y preservar su ecosistema haciendo uso de políticas públicas especificas en la materia, así como utilizando herramientas indispensables, tales como la educación. Si hoy empezamos a preparar a nuestros niños y jóvenes no tengo la menor duda que antes de 10 años empezaríamos a ver grandes trasformaciones.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que:

1. Se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y bachillerato con el objetivo de fortalecer la educación ambiental para que con ello se concientice a los menores y jóvenes sobre la preservación y conservación de los ecosistemas que existen en nuestro país.

2. Se diseñe una estrategia educativa que incluya el fomento de la preservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales a fin de dar sustentabilidad y hacer un uso racional de los recursos no renovables.

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A RENDIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO DEL AEROPUERTO DE LA RIVIERA MAYA, EN QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Carlos Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Dicha obra de infraestructura resulta fundamental para el desarrollo y consolidación de la región turística más importante en el país que abarca distintas localidades a lo largo de más de 120 kilómetros y cuyo dinámico crecimiento en las últimas dos décadas es equiparable al que experimentó Cancún en las últimas cuatro, superándolo ya en el número de habitaciones de hotel, sumando más de 37 mil unidades.

Tan sólo en el corredor comprendido entre las localidades de Puerto Aventuras y Tulum se registran más de 15 mil cuartos de hotel.

El aeropuerto internacional de Cancún, que ha venido dando servicio tanto a esta ciudad como a la Riviera Maya, se ubica ya en un punto lejano de los establecimientos de hospedaje localizados en la zona centro del estado, por lo que los visitantes de esas localidades deben utilizar la vía terrestre para llegar a ellos, invirtiendo en algunos casos hasta tres horas de viaje, dependiendo de las condiciones de tránsito vehicular en la carretera.

Por otro lado, la construcción de esta obra constituiría, sin duda alguna, un factor detonante del desarrollo para la zona centro y centro-sur de Quintana Roo, donde se concentra el nivel más significativo de pobreza en la entidad y, que en contraste, cuenta con grandes atractivos y un gran potencial que hasta ahora no ha podido aprovecharse debido a la lejanía de terminales aéreas que permitan el arribo de pasajeros. El retraso de dicha obra inhibe, en consecuencia, el desarrollo de esa zona y posterga las oportunidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto se anunció como parte del Plan Nacional de Infraestructura lanzado por el Ejecutivo federal, bajo el esquema de concesión. El aspecto de la superficie de tierra que sería aportado al proyecto ha sido resuelto y, sin embargo, no se ha avanzado en el proceso de licitación.

Para los quintanarroenses la concreción de este proyecto es de suma importancia, en la medida que será generador de empleos, pero sin duda lo es también para el país, ya que constituye un instrumento a través del cual se generará una sustantiva captación de divisas, en momentos en que México requiere de una inyección de recursos para ayudar a sanear las finanzas públicas.

Hoy que México necesita generar empleo y riqueza para distribuir en todo su territorio, el turismo se convierte en un factor estratégico que pueda contribuir a este propósito inaplazable.

Adicionalmente, ante la vulnerabilidad de Quintana Roo respecto de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, como son los huracanes, se requiere de una infraestructura aeroportuaria alterna, que sea capaz de realizar operaciones de emergencia para evacuar a los turistas que se encuentren en situación de riesgo antes o después del paso de un huracán, y que sirva también para permitir el arribo de aeronaves con despensas, apoyos y suministros para la población local afectada, lo que no sería posible si la única terminal sufriese daños de gravedad.

El aeropuerto de la Riviera Maya, además de las bondades ya explicadas, se convierte así también, en un factor que incidirá en la seguridad y el bienestar de la población.

Es por todo ello que someto la presente moción ante este honorable pleno, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Toda vez que dentro de los más de 300 proyectos contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2010, en su apartado de aeropuertos 1/3 se encuentra contemplado el aeropuerto de la Riviera Maya con una fecha de realización 2008-2010 y con un monto de inversión aproximado de mil 900 millones de pesos en un esquema de inversión privada.

2. En el Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 se reporta en el avance del aeropuerto de la Riviera Maya un cumplimiento de las metas de 2009 con un 10 por ciento total, en cuanto a:

- Publicación de la convocatoria (10 por ciento).
- Publicación de las bases de licitación (10 por ciento).
- Fallo del licitante ganador (10 por ciento).
- Construcción de obra (60 por ciento).
- Inicio de operaciones (10 por ciento). 3. En virtud de que esta Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestal etiquetada para el aeropuerto de la Riviera Maya por un monto de 60 millones de pesos en el esquema de inversiones asociadas, el cual publicado en el anexo 30 E, "Infraestructura ferroviaria, aeroportuaria y otros" para el ejercicio presupuestal de 2010.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS EMIGRANTES MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de atención y protección de los emigrantes mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno se encuentra plenamente facultado para decidir la constitución de comisiones especiales, siempre que se estimen necesarias, para hacerse cargo de asuntos específicos.

El propósito del presente punto de acuerdo es crear la Comisión Especial de Atención y Protección de los Emigrantes. Su objeto será el de atender y diseñar políticas y acciones legislativas en beneficio de los emigrantes mexicanos y sus familiares en México, para su bienestar, la aportación de soluciones a sus problemáticas específicas, así como el desarrollo socioeconómico de las principales zonas y regiones expulsoras de migrantes en nuestro país.

La Comisión Especial de atención y protección de los emigrantes mexicanos tendrá 30 integrantes, los cuales serán designados por la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.

La comisión tendrá un plazo de tres años para dar cumplimiento a sus tareas, su mandato y objetivos específicos, entre los que se encontrarán, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes:

1. Velar por el cabal e íntegro respeto de los derechos humanos de nuestros emigrantes, tales como el derecho al desarrollo, a su integridad física y emocional, sus derechos laborales, a la salud, la vivienda y la educación.

2. Consolidar, alentar y facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales de nuestros connacionales en el exterior.

3. Promover e impulsar la aprobación de una reforma migratoria en los Estados Unidos de América, que brinde certidumbre, tranquilidad y un status migratorio regular a nuestros connacionales, para su mejor integración y bienestar.

4. Proponer programas, estrategias y mecanismos que permitan detonar y fomentar el desarrollo, progreso y generación de empleos dignos y bien remunerados en las zonas expulsoras de migrantes en nuestro país, para que la emigración sea una opción y no una necesidad.

5. Buscar fórmulas para recuperar la circularidad del flujo migratorio.

6. Formular propuestas que permitan reducir los costos y facilitar el envío de remesas de nuestros connacionales a sus familiares en territorio nacional, así como un mejor aprovechamiento, generación de efectos multiplicadores, inversión y uso productivo de éstas para el crecimiento y desarrollo en nuestro país.

 Aclaración: La Comisión Especial de atención y protección de los emigrantes mexicanos se diferenciaría de la Comisión (ordinaria) de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios en el sentido de que no se ocuparía de los temas primordiales de la última –las políticas demográficas y poblacionales, los temas de la frontera norte y la frontera sur y el sistema aduanero, así como aquellos relacionados a los inmigrantes que recibe el país y residen en él, o en la migración y desplazamiento de carácter interno-, como tampoco se pronunciaría la comisión especial aquí propuesta en torno a las iniciativas que han sido turnadas a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios –principalmente aquellas que plantean reformas a la Ley General de Población.

Por el contrario, la comisión especial se dedicaría y concentraría exclusivamente en el estudio, análisis y propuestas políticas, reformas, acciones y estrategias concretas para dar cumplimiento a su objeto, mandato y objetivos específicos, antes mencionados. Además, la comisión especial cooperaría y colaboraría en todo momento con las diversas comisiones ordinarias, órganos de gobierno y centros de estudio, de la Cámara de Diputados, para la mejor consecución y cumplimiento de su misión.

El soporte y la fundamentación que amparan esta propuesta estriba en el hecho de que el tema de nuestros migrantes y connacionales en el exterior –por su importancia, trascendencia y relevancia- debería de ser atendido y tratado por la Cámara de Diputados con una mayor especialización y solidez, por lo que merece por sus implicaciones del trabajo dedicado de una comisión especial.

Los migrantes son un pilar fundamental y esencial para nuestro país. Por medio de las remesas que envían a sus familiares, contribuyen decididamente al desarrollo nacional, mantienen con su aportación mensual a decenas de miles de familias, y apoyan enérgicamente el combate a la pobreza.

El año pasado, y a pesar de la crisis económica mundial –ya en marcha-, se recibieron en el país por concepto de remesas familiares 25,145 millones de dólares (Banco de México), la segunda fuente de divisas internacionales, sólo superada por los ingresos del petróleo, y muy por encima de los ingresos del sector turístico. Las remesas que envían nuestros migrantes representan el 3% de nuestro producto interno bruto y el 130% de la inversión extranjera directa que se capta a nivel nacional.

En la tabla que se muestra a continuación, se ilustra la importancia de nuestra población migrante en términos demográficos, al constituir el segundo grupo poblacional más importante:

Grupo                                     Población

Mujeres                                         53 millones
Migrantes mexicanos1                28 millones
Campesinos / Población rural     24 millones
Jóvenes                                         20 millones
Indígenas                                      12 millones

Fuente: Inegi/Conapo

 Lo anterior, nos hace ver la importancia de contar con una comisión enfocada exclusivamente al fenómeno migratorio, al igual que existe una comisión ordinaria orientada o dirigida específicamente para cada uno de los grupos poblacionales que aparecen en la tabla anterior, como lo son las Comisiones de: Equidad de Género; Agricultura y Ganadería, y la de Desarrollo Rural; Juventud y Deporte; y Asuntos Indígenas.

Por lo tanto, está plenamente justificada la necesidad de contar con una comisión especial que se concentre exclusivamente en atender y resolver todos los asuntos relacionados con los emigrantes, sus familias y regiones de origen, misma que respetaría en todo momento las funciones y responsabilidades que ya tiene formalmente encomendadas la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y en todo caso se encaminaría a trabajar exclusivamente y de manera especializada en su propio objeto, mandato y objetivos.

Llegó la hora de dar a nuestros migrantes el lugar que les corresponde en la agenda nacional.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial de Atención y Protección a los Emigrantes Mexicanos, de acuerdo al objeto, mandato, objetivos, número de integrantes y plazo planteados y descritos en la presente iniciativa.

Nota
1. Población de origen mexicano que reside en Estados Unidos de América.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.

Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMAS Y APOYOS DIRIGIDOS A NIÑOS CON AUTISMO, A CARGO DEL DIPUTADO ARIEL GÓMEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Ariel Gómez León, diputado de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en las potestades conferidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El autismo es una enfermedad de desorden neurológico que afecta a los niños en sus habilidades de comunicación y relación con otras personas, está asociado a la presencia de conductas repetitivas y la necesidad de realizar rutinas rígidas, los síntomas pueden abarcar dificultades de aprendizaje en diferentes grados por lo que el autismo puede presentarse como un espectro de rangos que va desde lo severo a lo leve.

Los trastornos aparecen antes de los tres años de edad. En algunos casos, los padres comienzan a identificar las dificultades o alteraciones en el desarrollo de sus hijos, en los primeros meses de vida y en la mayoría de los casos hasta los 12 años de edad. Se dice que 1 de cada 500 nacimientos padecen esta enfermedad y que es 4 veces más común en niños que en niñas, pero se sabe que en realidad es 1 por cada 150 nacimientos, según fuentes de la Clínica Mexicana de Autismo. En el país se estima que pueda haber aproximadamente 45 mil niños con autismo, esta cifra ha registrado el ISSSTE durante los últimos años.

Esta información indica que el problema es más frecuente que el cáncer infantil, la diabetes y el sida. En un niño con esta enfermedad se registran otros síntomas: en 78 por ciento se puede presentar discapacidad intelectual, epilepsia en 25 por ciento, y ceguera y sordera en la misma proporción. Aproximadamente 20 por ciento registra ataques de epilepsia por primera vez durante la pubertad, que pueden deberse a cambios hormonales.

Hay métodos con los que se puede tratar el autismo, entre los que destacan intervenciones dietéticas, ejercicios, ensayos médicos y tratamientos biomédicos, medicamentos psiquiátricos, terapia del habla, integración sensorial, terapia ocupacional, terapia física, intervenciones auditivas, intervención para el desarrollo de relaciones y método de incitación rápida, pero desafortunadamente más de 65 por ciento de personas con autismo presentan limitaciones importantes que requieren tratamientos de por vida. La atención que reciben debe ser supervisada por gente especializada; el costo del tratamiento puede ser de hasta 5 mil pesos mensuales, que pocas familias mexicanas pueden pagar, lo cual imposibilita a un sector de la población acceder a la atención necesaria para los niños con este padecimiento.

Es de vital importancia que el gobierno federal por medio de la Secretaria de Salud implante programas para la detección, atención, tratamiento, investigación y apoyo a este sector de la población, tal y como lo mandata la Carta Magna:

Artículo 4o. …

…

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

…

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 En este sentido el Estado está obligado a proveer lo necesario para propiciar la dignidad y derechos de la niñez en nuestro país y si no lo hiciere dejaría en total estado de indefensión a los niños que padecen esta enfermedad.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se implanten los programas necesarios a efecto que se brinden los apoyos encaminados a la atención de la población que padece la enfermedad conocida como autismo, en todas sus variantes, e informe de los avances de estos programas a esta honorable soberanía.

Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Ariel Gómez León (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PUBLICAR UN INFORME DE RESULTADOS GENERAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El suscrito, Rafael Pacchiano Alamán, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente en materia de política ambiental es impensable plantear un proceso de fortalecimiento institucional sin el principio de "subsidiariedad", el cual se asume como un principio de organización institucional, donde el proceso de toma de decisiones es más eficiente a escalas pequeñas que en unidades operativas relativamente grandes.

La subsidiariedad se identifica con un propósito descentralizador, inherente a la noción de federalismo y de autonomía local, donde hay una preferencia social por niveles de decisión de mayor proximidad a los ciudadanos, cuando esto signifique una jerarquía más apropiada para la resolución de problemas.

Bajo esta lógica, desde su creación, el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha tenido por objeto lograr un nivel de capacidad institucional adecuado de los distintos órdenes de gobierno, como medio para mejorar la gestión ambiental. Se trata de un proceso de descentralización para acercar la toma de decisiones al lugar donde surgen los problemas, para mejorar su capacidad administrativa y propiciar una participación más amplia.

Por lo cual, el programa busca en sus objetivos fortalecer a la capacidad de los gobiernos estatales en las materias convenidas entre los gobiernos estatales y la secretaría. Para cumplir este cometido considera el otorgamiento de subsidios federales para consultar y fortalecer el programa mediante estudios de asistencia técnica, capacitación en materia ambiental y de recursos naturales, adquisición de mobiliario y equipo de campo, técnico y de informática.

Cabe señalar que el programa inició su operación en 2000 y se fundamenta en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su último párrafo señala el otorgamiento de subsidios con recursos federales a actividades prioritarias, cuando no sean de carácter temporal y no afecten las finanzas del país.

Con fines de transparencia, las Reglas de Operación del PDIA, publicadas el 30 de diciembre de 2008, establecen que la información relativa a los avances y logros del programa deberán ser difundidos periódicamente.

Al respecto, el informe final, Estudio de evaluación del impacto de los subsidios otorgados al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 2007, del Centro de Investigación Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional enuncia, entre sus conclusiones, la necesidad de que un grupo de trabajo de la Semarnat entregue un informe final del PDIA que incluya los avances, prioridades y rezagos en materia ambiental, y los aspectos administrativos y financieros, en donde se puedan cuantificar los logros y metas previstas, identificar las desviaciones y justificaciones si las hubiera. Sin embargo, no aparece publicada ninguna evaluación por parte de la Semarnat, en los últimos dos años.

Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2009, el PDIA tiene autorizados 27 proyectos en 17 estados de la república por un monto de 79 millones 977 mil 437.43 pesos. Considerando que los recursos otorgados a los estados a través del PDIA son federales, su ejercicio está sujeto a auditoria por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con el artículo 5 del acuerdo que establece las reglas de operación para el otorgamiento de subsidios del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante la presente propuesta con punto de acuerdo busca, que se den a conocer los resultados de estos esfuerzos con objeto de valorar su desempeño, cumplimiento de metas, el uso de recursos públicos y de las auditorias llevadas a cabo.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar un informe general de resultados del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental donde se explique su nivel de efectividad y los logros alcanzados en sus nueve años de vigencia.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a divulgar los resultados de la auditoría realizada para el periodo 2008-2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR MEDIANTE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA UNA CONVOCATORIA PARA HOMENAJEAR EN VIDA A LAS PERSONAS NACIDAS EN 1910 Y AÑOS ANTERIORES, RECONOCIÉNDOLAS COMO LA GENERACIÓN CENTENARIA, A CARGO DEL DIPUTADO REYES TAMEZ GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Reyes Tamez Guerra, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, una convocatoria para homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la "Generación Centenaria" a través de diversas acciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Gracias a la cobertura informativa desplegada por un medio de comunicación nacional en el marco del Día del Adulto Mayor, festejado el pasado 28 de agosto en nuestro país, pudimos conocer las vivencias de la señora Francisca Medina Ortiz "Doña Pachita", que nació el 7 de noviembre del año 1900 en el estado de Morelos, quien con profunda limpieza esbozó sus momentos en que conoció al General Emiliano Zapata, quien al pasar frente a ella se agachó para que le pusiera una corona de flores. Actualmente, "Doña Pachita" cuenta con una familia de 8 hijos y más de 100 descendientes en línea directa, por lo que a nombre de ella y su descendencia, así como de otros 9,871 hombres y mujeres que cuentan con 100 años o más, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, propongo la aprobación de un punto de acuerdo que tiene como propósito enaltecer y homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la "Generación Centenaria".

Es de elemental justicia histórica ubicar, identificar y reconocer a quienes nacieron en esa época y vivieron en su temprana edad o en su juventud los avatares de ese movimiento de emancipación social y política de trascendencia mundial, como lo fue nuestra Revolución Mexicana, ya que no es posible concebir un festejo sin la presencia de sus festejados.

A nosotros corresponde la honrosa coyuntura histórica de ser los que coincidimos con estas celebraciones. A partir de nosotros, tendrán que pasar 33 legislaturas más para que otra generación viva esta hermosa experiencia.

Somos pues, responsables de recibir la estafeta de la "Generación Centenaria" y dejar testimonios históricos de sensibilidad y de solidaridad.

Durante este tiempo de festejos se han realizado homenajes a las ciudades, lugares y rutas bicentenarias y centenarias, por ser testigos mudos de los hechos históricos que en ellos se sucedieron, considerando correcta esta acción porque permite a los habitantes de dichas regiones conservar el orgullo de ser originarios de una tierra que se labró con el temple y valor de quienes se asentaron en ella y donde se libraron batallas heroicas en sus antepasados; pero estoy convencido que resulta fundamental el llamado a la conciencia patriótica para celebrar por igual a quienes también estuvieron presentes durante la lucha armada revolucionaria y pueden relatarnos sus experiencias, aún cuando hayan sucedido durante sus primeros años de vida.

Lamentablemente muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos en el fragor de la batalla y otros debieron vivir el incesante peregrinar y la zozobra característica de este tipo de movimientos.

No desaprovechemos esta oportunidad única de llamar y congregar en la medida de lo posible a quienes nacieron junto al movimiento armado para rendirles un digno y justo homenaje, recopilando sus experiencias de vida. Sería una noble labor buscar a estas personas, ubicarlas, llamarlas y reconocerlas por ser parte viviente de la historia nacional….el último vestigio Centenario.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2010 esperamos tener en México, a 3,839 hombres y 6,033 mujeres, los cuales se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por ello, el solo hecho de realizar una cruzada nacional en búsqueda de la Generación Centenaria, provocaría un movimiento y expectativa solidaria en todos los habitantes del país, con lo cual se cumpliría otro de los objetivos de los festejos que considero aún requiere el ser atendido: el sentido humanitario y de identidad originaria de los festejos señalados.

Se cuenta con la enorme ventaja de que en cada Entidad Federativa se encuentra instituida una Comisión Estatal Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, misma que ayudaría enormemente a que el esfuerzo fuera equitativo y simultáneo en todo el país y garantizaría el éxito de los objetivos de esta convocatoria hasta en las regiones más alejadas y de difícil acceso en el territorio nacional.

Seamos empáticos con esa generación de mexicanos: hagámoslos sentir que la nación los recuerda y los reconoce. Es nuestro deber y responsabilidad enseñarle a las nuevas generaciones que nuestro país tiene memoria histórica y sabe honrar a quienes han sido pieza importante en su construcción.

Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, honrar a los héroes y próceres del pasado y del presente, cuidar y seguir las normas que aseguran el bienestar común a los individuos del territorio, son acciones que constituyen la esencia de nuestros valores patrios; es necesario renovarlos mediante hechos que estimulen nuestra conciencia de identidad nacional.

Por lo expuesto, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, dentro de sus programas y calendarios, la emisión de una convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que residan dentro o fuera de nuestro país, la cual tenga como objetivos: ubicar, reconocer públicamente y distinguir como miembros de la "Generación Centenaria" a los mexicanos nacidos en el año de 1910 y anteriores.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a instituir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, una medalla conmemorativa, confeccionada de acuerdo a las especificaciones de la moneda denominada "centenario", donde se inserte en forma de Escudo la figura del Monumento a la Revolución, la cual se entregue a cada una de las personas integrantes de la "Generación Centenaria".

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a otorgar a la "Generación Centenaria", a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, el apoyo de los programas de asistencia y desarrollo social, así como los demás instituidos en la administración pública federal, en caso de que alguno de ellos los requiera.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a editar, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, un volumen con la recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de las experiencias que deseen contar los integrantes de la "Generación Centenaria".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES GUERRERENSES RESPECTO A LOS RIESGOS DE TRABAJO EN CAMPOS AGRÍCOLAS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ARIZMENDI CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de Guerrero, respecto a los riesgos de trabajo en los campos agrícolas; garantizar condiciones dignas de contratación de los jornaleros y la implantación de un programa nacional donde concurran los esfuerzos de distintas dependencias para una atención integral a la situación de los jornaleros agrícolas en el país al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, las condiciones de desarrollo de millones de niños, niñas y adolescentes están vinculadas con una sistemática violación a sus derechos humanos sin que el Estado haya sido capaz de garantizar su respeto; ejemplo de ello son los miles de menores de edad que son víctimas de la explotación por el trabajo infantil como consecuencia de la extrema pobreza en que viven.

Particularmente, en la Montaña de Guerrero, los niños, las niñas y los adolescentes, víctimas de la pobreza, se ven obligados a abandonar sus comunidades para emplearse como jornaleros agrícolas en los campos del norte del país, al no poder acceder a la alimentación, vivienda, salud y educación.

En México, en 2006 existían 3.1 millones de jornaleros agrícolas. Casi 20 por ciento de su fuerza laboral estaba constituida por menores de 6 a 14 años, el cual presenta el más grave rezago educativo del país.

En ese año, la Coordinación Estatal de Guerrero del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a través de su censo de población en la temporada de migración que inició en 2006, contabilizó un total de 40 mil 207 jornaleros agrícolas, de los cuales 25 mil 448 se desplazaron hacia Sinaloa, la región de la Montaña registró un total de 14 mil 021 jornaleros, donde 11 mil 293 están considerados como jornaleros en edad de trabajar, es decir, que van de los 6 años en adelante.

Los niños que habitan en el sur del país viven en condiciones extremas de pobreza y desigualdad en comparación a los del resto de México, situación que vulnera sus derechos humanos.

Asediados por la pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de "canasteros" en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, unos 202 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58 mil desertaron de la escuela.

Estimaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, AC, señalan que en lo que va de 2009, más de 5 mil niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por una jornada de 12 horas. Otros son llevados a ciudades como Acapulco o Chilpancingo para emplearse en el comercio informal (vender dulces, frutas o paletas).

En su mayoría son niñas y niños nahoas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Lamentablemente son graves las consecuencias en materia educativa: en la Montaña, municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

Hace ya casi medio siglo que cada año miles de niños mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas, de entre 8 y 14 años, emigran por temporadas con sus familias para trabajar en los fértiles valles de Sinaloa, realizando el desbrote, deshierbe y regado de surcos o como acarreadores de agua.

Todo lo anterior se presenta en México, pese a que la Ley Federal del Trabajo sólo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación. Además de lo complejo de supervisar aproximadamente 150 campos agrícolas situados en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Elota y Navolato, donde se concentran 150 mil asalariados, y de que se han implantado programas federales para desincorporar la mano de obra infantil, este fenómeno y sus consecuencias persisten.

Resulta fundamental que los gobiernos de los estados expulsores y receptores de jornaleros agrícolas, como Guerrero, garanticen el respeto a los derechos humanos de la población infantil indígena, expuesta por su pobreza a la explotación por el trabajo, sin acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda y alimentación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de Guerrero, respecto a los riesgos del trabajo en los campos agrícolas.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a velar que en la contratación de jornaleros se les garanticen condiciones dignas.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional donde concurran los esfuerzos de distintas dependencias para dar atención integral a la situación de los jornaleros agrícolas en el país y que atienda las causas estructurales que originan la migración masiva.

Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDENA Y A SUS ÓRGANOS Y NIVELES DE MANDO A ADOPTAR Y REFORZAR PROCEDIMIENTOS ACORDES CON LOS PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD, LEGALIDAD, RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN EL USO DE LA FUERZA ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EN LA INTERNACIONAL, CON ESTRICTO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, IGUAL QUE LAS REVISIONES EN LOS PUESTOS DE CONTROL CARRETERO, EN LOS ACCESOS DE INSTALACIONES RESGUARDADAS Y DEMÁS RECINTOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FLORES CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente u obvia resolución, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Código de Justicia Militar define al Ejército como la fuerza pública de diversas milicias, armas y cuerpos que sirven a la nación para hacer la guerra en defensa de su independencia, integridad y decoro y para asegurar el orden constitucional y la paz interior.

Existe por parte del Estado y el Ejército mexicanos, una tradición de compromiso con la observancia y defensa de los derechos humanos, que se manifieste en el hecho de que nuestro país ha firmado prácticamente todos los tratados, instrumentos y mecanismos internacionales en la materia, entre ellos los señalan que el personal los procedimientos y límites a que el Ejército debe apegarse para aplicar el uso de la fuerza.

En los términos de estos instrumentos, la fuerza será utilizada sólo en legítima defensa para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista una necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad acorde con su situación, condiciones y características, en cinco niveles sucesivos: presencia disuasiva; persuasión verbal; reducción física de movimientos; utilización de fuerza no letal y uso de fuerza letal.

En la llamada "guerra" contra el crimen organizado emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón se ha involucrado a todos los órganos de seguridad del Estado, en especial el Ejército. Esta "guerra" ha tenido hasta ahora muy pocos resultados respecto al objetivo propuesto, pero si en una serie de hechos lamentables contra la población civil, que sin verse protegida, en muchos de los casos se ve amenazada por las medidas estrictas a que se someten al tener que afrontar las medidas que toman las fuerzas armadas y policiacas en este esfuerzo.

méxico, en las evaluaciones nacionales e internacionales, sigue presentando rezagos en procuración e impartición de justicia, de seguridad y en observancia y respeto a los derechos fundamentales a la vida, la libertad de tránsito y la seguridad física, que el Estado está obligado a proteger y preservar.

Respecto a las actividades propias del Ejército, éste tiene el deber de conducirse en el ejercicio de cualquier tarea que le sea encomendada, observando el uso proporcional y los estándares internacionales comúnmente aceptados para el uso de la fuerza, dentro del marco jurídico que lo regula y de sus atribuciones.

Por ende, es necesario hacer público el uso muchas veces abusivo al que recurren algunos integrantes del Ejército en su actuar, porque si bien en el combate al crimen organizado, principalmente en lo referente al tráfico, trasiego, venta de drogas, y erradicación de cultivos, lo coloca muchas veces al filo de una actuación basada en hechos, también lo es que se trata de un órgano de Estado que en todo momento debe velar por la seguridad de los gobernados y racionalizar el uso de la fuerza, sobre todo cuando se encuentra en situaciones de contacto con la población civil.

Por desgracia en esta lucha se han suscitado, en número cada vez creciente, hechos funestos en los que se han visto involucradas y perjudicadas personas inocentes, contando niños, madres, jóvenes, trabajadores, relacionadas con la actuación del Ejército en esta "guerra", en la que actúa desempeñando funciones policiacas, sobre todo en algunos puntos del país donde esta circunstancia se ha vuelto cotidianeidad, como es el caso de la zona metropolitana de Ciudad Juárez.

En marzo de 2008 la Secretaría de la Defensa Nacional estableció un centro de comando en este importantísimo punto frontera, siendo el operativo más numeroso de los enviados por el presidente a los puntos conflictivos del país, como parte de su cruzada contra el narcotráfico.

Desde entonces, el propio Ejército ha reconocido que ha incurrido en excesos en al menos 732 casos, ocurridos principalmente en los lugares de instalación de los puntos de control y revisiones carreteros. Es necesario reconocer, sin embargo, que en todas las ocasiones se ha cubierto el pago de daños e incluso se han ofrecido disculpas a los afectados o sus familiares.

Existen instrumentos internacionales, a los que el personal del Ejército debe apegarse para aplicar el uso de la fuerza, la cual será utilizada en legítima defensa, para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista una necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad acorde con su situación, condiciones y características.

Los ordenamientos internacionales reconocen y establecen cinco niveles para el uso de la fuerza: presencia disuasiva; persuasión verbal; reducción física de movimientos; utilización de fuerza no letal y uso de fuerza letal.

Es necesario que las fuerzas armadas apliquen de manera rutinaria en todo tipo de situaciones, primero, porque no siempre el que no se detiene es porque sea un delincuente, y segundo, porque hay inocentes que pueden resultar afectados.

No se debe autorizar a los integrantes del Ejército y la Marina el uso de armas letales contra vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo como son puestos de control, cruces fronterizos, carreteras federales, casetas de cobro, acceso a instalaciones estratégicas, inspecciones, recintos fiscales y aeronaves, entre otros, a pesar de que existan sospechas fundadas de que se trata de presuntos delincuentes, en cuyo caso el personal militar deberá avocarse a realizar la persecución física de los sospechosos, y solamente emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal militar.

En cualquier otra circunstancia el personal debe intentar detener la marcha del vehículo o la persona empleando armamento incapacitante no letal, y métodos obstructivos, como trampas, barricadas movibles, clavos para explosión de neumáticos, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.

En la labor de control y vigilancia de los mencionados puntos para el caso que se emplee la fuerza, se evitará en lo posible generar daños colaterales a terceros y peatones, por lo que la utilización de armas de fuego debe hacerse sobre blancos determinados, salvaguardando en todo momento la integridad de personas inocentes, y si se causan lesiones al infractor o a terceros, dárseles asistencia inmediata, trasladándolos a un hospital con las medidas de seguridad pertinentes.

El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictivas por la legislación penal y las leyes y reglamentos aplicables.

Es necesario hacer hincapié en la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley o que participan en tareas de seguridad pública, cuenten con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación para conducirse como aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a sus órganos y niveles de mando a adoptar y profundizar en todas sus actuaciones, en procedimientos acordes con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por las legislación nacional e internacional para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con estricta sujeción a los derechos humanos en el uso de sus atribuciones y en el ejercicio de éstas al llevar a cabo sus encomiendas, para salvaguardar con integridad y decoro el orden constitucional y la paz interior, al igual que las revisiones en los puestos de control carretero, en los accesos a instalaciones resguardadas y demás recintos, en la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua.

Se solicita del pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A REVISAR EL PROYECTO DE VIADUCTO ELEVADO BICENTENARIO PARA NO AFECTAR EL AMBIENTE NI EL LIBRE TRÁNSITO EN LA ZONA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DE LOURDES HINOJOSA CÉSPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza una serie de derechos humanos fundamentales, entre los cuales están la igualdad jurídica; la libertad de trabajo, industria, comercio y tránsito; el acceso a la información pública; la seguridad jurídica, entre otros.

A éstos se suman otra gama de derechos producto de tratados internacionales signados por el Estado mexicano, como el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que impactan de manera importante al desarrollo urbano. En el mismo contexto, las autoridades administrativas tienen una serie de obligaciones traducidas en deberes de transparencia, cuidado del desarrollo urbano en forma ordenada, sustentable y de protección, incluso, de la buena imagen urbana como premisa de la identidad de la ciudadanía con los elementos estéticos de su entorno, que los dotan de arraigo con el sitio en donde viven.

No olvidemos que hoy por hoy la agenda política de toda la nación tiene inmerso el tema del cambio climático con el propósito de encontrar una solución y adaptación a este fenómeno que ha expuesto la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente y, por ende, de nuestra calidad de vida.

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente.

Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, en la ejecución por parte del gobierno del estado de México del proyecto de viaducto elevado Bicentenario se han afectado áreas verdes y la imagen urbana. Asimismo, existe inquietud respecto al proyecto final a ejecutar, toda vez que no existe información oficial ni por parte de la empresa concesionaria, ni del gobierno del estado.

Vecinos han manifestado, además, que tanto la empresa como el personal de la Secretaría General de Gobierno, bajo pretexto de impedir la politización de la obra, se han negado a escuchar a los vecinos que se sienten agraviados en su esfera jurídico-política.

La inconformidad se ve agravada porque en el desarrollo de planeación de la obra se ignoró a los vecinos que resultarían afectados; ante ello, han solicitado a través de los medios de comunicación audiencia con el gobernador del estado para que, en su carácter de jefe del Ejecutivo, tienda canales de comunicación, diálogo y entendimiento con sus gobernados, los cuales reiteran que han sufrido afectaciones viales consistentes en cortes de tránsito, daños ambientales por tala de árboles, pérdida de ingresos económicos por el menoscabo del comercio, incremento en la inseguridad pública y falta de atención por parte del gobierno del estado de México que se niega a atenderlos.

No debemos olvidar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente su responsabilidad. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Por otra parte, existe la necesidad de que las obras públicas faciliten el traslado de personas, bienes y mercancías, acercando a la ciudadanía con las fuentes de empleo y que se traduzcan en progreso; sin embargo, también es claro que el ejercicio del poder público, no puede hacerse dejando de lado a quienes de forma directa o indirecta van a sufrir las consecuencias de la implementación de dichas obras de desarrollo colectivo o de acciones que generen afectación al estilo de vida y la fuente de ingresos económicos de comunidades con orgullo, arraigo y identificación con su comunidad, máxime cuando esta obra no será para el beneficio de todos los ciudadanos, sino que está destinada a ser utilizada únicamente por aquellos que tengan la posibilidad de pagar por el uso de esta obra de cuota.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a transparentar los recursos utilizados en la construcción, así como los avances del proyecto de viaducto elevado Bicentenario.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a conceder el derecho de audiencia a los vecinos, comerciantes y ciudadanos en general de la zona en donde se desarrolla el proyecto de viaducto elevado "Bicentenario", con el fin de dar información veraz y oportuna de los pormenores de dicho proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DELEGADO DE XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL, A CREAR O INSTITUIR EL ESTABLECIMIENTO DE TRES NUEVAS COORDINACIONES TERRITORIALES QUE SE SUMEN A LAS 16 EXISTENTES, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FELIPE EGUÍA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Luis Felipe Eguía Pérez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe delegacional en Xochimilco a crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales en esa demarcación, bajo las siguientes

Consideraciones

Xochimilco, palabra náhuatl que significa "El Lugar de la Sementera Florida"

La delegación Xochimilco, se localiza al sureste del Distrito Federal, y colinda con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Tiene una superficie de 122 kilómetros cuadrados, según el último censo consta de 368 mil 798 habitantes, de los cuales 180 mil 763 son hombres y 188 mil 35 mujeres.

La delegación Xochimilco abarca diversas zonas que definen el perfil de su extensión territorial, estas son: el centro histórico y zona de los 17 barrios, los 14 pueblos originarios, y la zona chinampera.

El centro histórico es el corazón de la delegación; aquí se concentran las principales actividades comerciales, culturales, religiosas, de esparcimiento y de servicios. Constituida en lo general por edificios de dos y tres niveles, destacan algunos monumentos históricos como la parroquia de San Bernardino de Siena, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Cuenta además con los mercados más grandes de la delegación, que comercializan toda clase de productos agropecuarios, plantas, flores y alimentos.

La zona de barrios es la que concentra los asentamientos más antiguos de la delegación y los inmuebles de mayor valor arquitectónico; sus habitantes conservan costumbres, tradiciones y festividades que conforman el patrimonio cultural e histórico de Xochimilco.

Finalmente, la zona de pueblos, integrada a la ciudad con su traza prehispánica, a diferencia de la zona centro de la demarcación, es un conjunto que ofrece una fisonomía típica de los poblados rurales tradicionales, con un alto contenido estético que preserva las tradiciones y las fiestas que ya forman parte del patrimonio cultural.

Respecto a sus formas de organización y con forme al cuarto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, y cultural asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Por lo expuesto, en 14 pueblos originarios y 2 colonias y con el fin de allegarse de algunos servicios públicos y dar solución a sus conflictos en la comunidad, han elegido mediante consultas ciudadanas a sus autoridades, llamadas "coordinadores territoriales", consideradas entes administrativos desconcentrados, propios de la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco y que orgánicamente dependen de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, su marco y universo de actuación se rige bajo los lineamientos dictados por el titular de esa entidad delegacional; funciones, derechos y obligaciones regidas bajo los principios rectores de honestidad, moralidad, eficiencia, eficacia y calidad y que es pábulo de avance real en el desarrollo y fortalecimiento del proceso democrático en nuestro país y concretamente en la delegación Xochimilco, ya que su Titular es el facultado para designar coordinadores territoriales. Verbigracia, es fundamental la práctica democrática involucrar a la ciudadanía para emitir su opinión al respecto, ejercitando su garantía de libre decisión, para la persecución y alcance del bien común que es determinante para y en su organización.

Es de hacer referencia, que figuras de esta naturaleza, se encuentra establecidas en la diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana; como son la de Milpa Alta, que cuenta 11 coordinaciones territoriales; la delegación Iztapalapa esta conceptuada por 7 direcciones territoriales; en Hidalgo se definen con el término de jueces; en el estado de México, en su municipios se les conoce como delegados municipales, por hacer referencia o dar cuenta y ejemplo de lo que nos ocupa.

Ahora bien en los catorce pueblos originarios, y en dos colonias de la demarcación territorial de Xochimilco; cuentan con coordinaciones ha servido para que los ciudadanos cuentan con mejores servicios públicos y apoyos gubernamentales delegacionales, sirvan para denunciar y poder detener a tiempo el crecimiento indebido de la mancha urbana, de giros negros, además de ser un perfecto enlace entre ciudadanos y las autoridades delegacionales.

Pero la composición geopolítica de la demarcación territorial, no la conforman únicamente los habitantes de los poblados antes referidos, ya que hay otras comunidades en la delegación como son los barrios de Xaltocan, Caltongo, San Marcos, Asunción, San Lorenzo, Tlacoapa, San Cristóbal, San Pedro, San Esteban, San Juan, San Antonio, San Diego, La Santísima, Belén, El Rosario, Guadalupita y Santa Crucita; San Marcos, la colonia San Lorenzo La Cebada, Barrio 18 y diversos parajes de la zona chinampera y lacustre quienes son notoriamente segregados o excluidos de una representación directa ante sus demandas de prestación de servicios públicos y para resolver los problemas jurídico administrativos que los aquejan y demandan, sintiéndose agraviados al no ser considerados en igualdad en su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y costumbres, ya que no se cumple con uno de los principios plasmados en su artículo 1o. de nuestra Carta Magna, que es el de igualdad.

Es por ello y que a petición de diversos vecinos de la zona, se tiene la imperiosa necesidad de que al jefe delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco, se le exhorte a efecto de crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 ya existentes, en el orden siguiente:

• La "primera" conformada por los barrios de Xaltocan, Caltongo, San Marcos, Asunción, San Lorenzo Tlacoapa, San Cristóbal, San Pedro, San Esteban, San Juan, San Antonio, San Diego, La Santísima, Belén, El Rosario, Guadalupita y Santa Crucita;

• La "segunda" conformada por la colonia Ampliación San Marcos

• La "tercera" de estas comprenderán: la colonia San Lorenzo La Cebada y el Barrio 18 y los diversos parajes como Amalacachito, Toltenco Secciones I, II, III, IV y V;

 Y se convoque a una consulta ciudadana en los barrios y colonias antes señaladas conforme lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México, en sus artículos 42 y 43, para que sean representados ante las autoridades delegaciones de Xochimilco; siendo el objetivo principal, abrir a la sociedad canales de participación directa, con esta figura pública. Necesitando medios que agilicen, pero que además legitimen la voz de la ciudadanía; ése es un aspecto fundamental; Es abrir a la sociedad civil diversas formas de participar no sólo con las instituciones gubernamentales, sino también privadas y corporativas, ya que éstas pueden ayudar a solventar los grandes problemas de la delegación Xochimilco y por ser una demanda, que por muchos años los ciudadanos de esas colonias y barrios han elevado a las diversas Administraciones delegacionales en turno y no han sido escuchas ni atendidas.

Con la creación de las tres nuevas coordinaciones territoriales, no se afectaría ni se provocaría un menoscabo en las finanzas públicas y presupuesto de ese órgano político administrativo, ya que actualmente la percepción por honorarios por servicios profesionales de un coordinador territorial asciende a la cantidad de $12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta 00/100 m.n.); sumando la cantidad de $3,186.38 (Tres mil ciento ochenta y seis 00/100 m.n.) que percibe el auxiliar de coordinador por salario asimilados (autogenerador), más dos personas, las cuales perciben aproximadamente $3,000.00 (tres mil 00/100 m.n.), de base adscritas a esas coordinaciones dando un total de pago de salarios por coordinación territorial de $21, 836.00 (veintiún mil ochocientos treinta y seis 00/100 m.n.) y con las tres coordinaciones de nueva creación suman $65, 508.00 ( sesenta y cinco mil quinientos ocho 00/100), todas estas percepciones son mensuales y anualmente se derogaría la cantidad de $776, 096.00 (setecientos setenta y seis mil noventa y seis 00/100 m.n.)

La intención es que tengan una representación, obligando a los funcionarios a atender de manera objetiva las propuestas y demandas de la ciudadanía, que permitan la acción activa y directa de la población, con el propósito de consolidar el desarrollo democrático de participación directa de los ciudadanos.

En ese sentido, consideró que es muy probable sacar y sobre todo porque las diferentes organizaciones civiles han mostrado mayor interés en coadyuvar a solucionar los problemas que enfrenta el órgano político administrativo en diversos rubros.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe delegacional de Xochimilco en el Distrito Federal a crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales, que se sumen a las 16 ya existentes en esa demarcación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1) EN COLIMA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA IVETTE EZETA SALCEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Mariana Ivette Ezeta Salcedo, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 23 de noviembre del año en curso las autoridades de la Secretaría de Salud de México recibieron un lote de 865 mil dosis de vacunas contra el virus de la influenza A (H1N1), que de inmediato se distribuyeron a todas las entidades federativas del país, a fin de iniciar el proceso de vacunación en las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y centros de salud estatales.

El 24 de noviembre llegaron al estado de Colima 2 mil 670 dosis para ser aplicadas en la entidad. Debido a la falta de coordinación por parte de los distintos órganos de gobierno, el lote no fue recogido a tiempo e íntegro se echó a perder.

Cada dosis le costó al país 4.50 euros (alrededor de 87.75 pesos), es decir, se destinaron 234 mil 292 pesos para la adquisición de las 2 mil 670 dosis.

Lo grave es que tanto para el ejercicio fiscal 2009 como para el 2010, los recursos destinados al sector salud no han sido ni son suficientes, por lo que resulta lamentable que sucedan este tipo de situaciones.

Para el Partido Verde Ecologista de México es inaceptable que no se ejerzan con responsabilidad los recursos para la salud de todos los mexicanos y no es admisible, bajo ninguna circunstancia, que la tan esperada vacuna contra la Influenza se pierda por falta de previsión y coordinación en las dependencias.

Esto nos deja claro, que en pleno Siglo XXI todavía nos falta mucho para aprender y poder enfrentar con éxito ésta y cualquier otra epidemia que afecte a la población.

Es lamentable también, que en lugar de investigar el hecho a fondo y se deslinden responsabilidades, se castigue a funcionarios de tercer nivel y no a los verdaderos culpables del "penoso olvido".

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a adoptar, a través de la Secretaría de Salud, los acuerdos necesarios con las Secretarías de Salud de las entidades federativas para evitar que en el futuro las dosis de la vacuna contra la influenza A (H1N1) se inutilicen por falta de cuidado en su manejo.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a investigar a fondo, a través de la Secretaría de la Función Pública y de las autoridades responsables correspondientes, lo sucedido en el estado de Colima, a fin de que se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables del "olvido" por el que las 2 mil 670 dosis de la vacuna contra la influenza A (H1N1) no pudieron ser utilizadas como se tenía planeado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.

Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A EFECTO DE QUE EN EL DISEÑO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A ESA DEPENDENCIA SE CUMPLA DE MANERA PUNTUAL EL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA QUE SE INCLUYAN LAS PROPUESTAS, LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN ESTATALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal a considerar, en el diseño de las reglas de operación de los programas a su cargo, las propuestas de los titulares de Educación Pública de las entidades federativas, con el objetivo de que estas cumplan con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad, como lo marca el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que el Estado tiene la responsabilidad de brindar a la sociedad de los mínimos que le permitan desarrollarse, mediante la provisión de la educación laica, obligatoria y gratuita.

Para lograr dicho propósito, el Estado utiliza políticas públicas, herramientas que pueden ser definidas como el conjunto de las decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos.

Por ello, el diseño de una política pública debe tener como objetivo la maximización del beneficio colectivo, mediante un uso racional de los recursos existentes, de forma tal que los programas o proyectos involucrados sean sustentables en el mediano y largo plazos. De esta manera el Estado-gobierno participa a través del diseño y la aplicación de dichas políticas, mediante la utilización de programas que constituyen la herramienta más eficiente en la erradicación de las diferencias sociales.

En el caso particular de México, el Estado hace uso de los programas sujetos a reglas de operación, como el instrumento para atender a grupos considerados como vulnerables, así como para otorgar apoyos e incentivos dirigidos a sectores o actividades productivas que requieren de alternativas que les permitan continuar desarrollándose.

Carola Conde Bonfil señala que los programas sujetos a reglas de operación son aquellos ejecutados por dependencias y entidades de la administración pública federal que destinan recursos fiscales del gobierno federal a beneficiarios, a través de subsidios o transferencias, las cuales pueden ser en efectivo, especie, o bien, mediante la prestación de servicios.

Cabe señalar que el marco normativo que establece y enumera las atribuciones y formas de participación de las entidades de la Administración Pública Federal es el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual, para el ejercicio fiscal del año 2010, menciona en su Título Cuarto lo referente a las reglas de operación para programas, y específicamente, en el artículo 29 fracción I del mismo se establece que:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

a) Deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios;

b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo;

c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;

d). Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;

e) Prever que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;

f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos;

g) Deberán incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;

 Sin embargo, no basta con esto, ya que para la elaboración de las reglas de operación por las cuales se regirán los programas, se requiere de un marco normativo en el que se establezcan de manera clara y expedita los lineamientos generales que permitan el funcionamiento óptimo de dicho programa, así como, la participación de los tres niveles de gobierno en el diseño y aplicación de las mismas, lo cual es fundamental para obtener mejores resultados en su aplicación.

Lo anterior, es importante ya que a la fecha, la gran mayoría de los programas sujetos a reglas de operación son administrados por el gobierno federal, a través de sus delegaciones estatales, quienes se encargan de distribuir los apoyos involucrados, sin que los resultados obtenidos sean los planteados.

Cabe mencionar que, en el caso específico de la Secretaría de Educación Pública, se puede observar que tiene a su cargo 29 programas, regidos por reglas de operación, las cuales son diseñadas exclusivamente por dicha dependencia federal y enviadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisión y publicación, es decir, no se consideran las propuestas realizadas por los titulares en las dependencias a nivel estatal, lo que deja en entredicho la transparencia y el federalismo en el ejercicio de los recursos.

Las entidades federativas y los municipios se han limitado a ser simples administradores y gestores de los recursos federales, sin que se les permita decidir sobre su óptima aplicación para la atención de las necesidades locales.

Es imperativo y necesario que los apoyos educativos destinados a las entidades federativas sean distribuidas de manera equitativa, eficiente, eficaz y expedita a fin de permitir que la educación sea una herramienta que permita a la población superar los retos de su vida cotidiana.

Una nación con mayor nivel educativo, tiene mayores posibilidades de lograr el desarrollo económico que se traduzca en una mejoría sustancial en la calidad de vida de los mexicanos.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de que se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación de las entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado José Alberto González Morales
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER GARITAS SECUNDARIAS EN LA FRONTERA NORTE, ESPECIALMENTE EN NUEVO LEÓN, PARA PERMITIR EL LIBRE TRÁNSITO DE TURISTAS Y DE CONNACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LXI legislatura, Baltazar Martínez Montemayor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Como ustedes ya saben mi principal prioridad y la de muchos diputados es buscar un desarrollo integral de la zona norte del país, pues con ello beneficiaremos económica y socialmente a todos los estados de la República Mexicana.

En los últimos meses México ha padecido los estragos de una crisis económica mundial y es ahí en donde nosotros como diputados, debemos de unirnos y encontrar las soluciones, buscando ante todo una mejor calidad de vida para los ciudadanos y los mecanismos necesarios para hacer de la economía mexicana una economía exitosa.

Uno de los principales aspectos para sostener nuestra economía es el permitir el libre tránsito de los turistas y connacionales residentes en los estados unidos no sólo en los primeros 20 kilómetros de la franja fronteriza, sino incluso permitirles el acceso hasta 150 kilómetros dentro de nuestro territorio nacional, dependiendo de la región.

En este documento se reflejan también las inquietudes de la mayoría de los diputados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León quienes también conocen los beneficios de establecer estas garitas secundarias.

Recordemos que es facultad del Ejecutivo federal el suprimir aduanas fronterizas interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funcionamiento como lo establece el artículo 143 de la Ley Aduanera.

Nuevo León así como los otros estados fronterizos del norte, están ubicados en un lugar estratégico tanto para el turismo carretero como para el comercio nacional e internacional, pues además de ser una ventana de nuestro país hacia los estados unidos son también la cuna de muchas industrias importantes y de vital trascendencia para la economía.

A mí me da mucha tristeza observar que varios de los municipios del norte de mi estado se están rezagando económica y socialmente, e incluso se han convertido en pueblos fantasmas por falta de ingresos, de oportunidades de negocios y de flujo de personas.

Por lo cual el 17 de abril del 2007, siendo yo diputado local, y conociendo la situación que se vive en la frontera norte propuse un punto de acuerdo para reubicar las garitas de las carreteras que comunican mi estado con Estados Unidos, siendo aprobado por unanimidad por el Congreso de Nuevo León.

La propuesta fue la siguiente:

1. Reubicar la garita de la carretera Monterrey-Miguel Alemán en el municipio de Marín, Nuevo León.

2. La de la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

3. La de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en el municipio de Bustamante, Nuevo León.

4. La de la carretera Monterrey-Colombia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

 Asimismo, desde hace ya algunos años he llevado a cabo reuniones con varios alcaldes de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y del valle de Texas, no haciendo distinción de colores, sino sólo buscando el desarrollo de la región por el bien de todos.

En estas reuniones hemos analizado la situación concreta de cada uno de los municipios, además de las problemáticas con las que se encuentran día a día y que les impide salir adelante. todos llegamos a la conclusión de que el principal obstáculo para el progreso regional son los innumerables requisitos restrictivos de internamiento por parte de los agentes aduanales y migratorios, lo que frena que los visitantes nacionales y extranjeros quieran adentrarse más a nuestro país.

En diversas encuestas se comprobó que de 100 por ciento de los turistas que entran a nuestro territorio nacional vía terrestre aproximadamente 50 por ciento sólo llega hasta donde está ubicada la garita aduanera, impidiendo con esto que nuestro país reciba más divisas y disminuyendo la derrama económica que plasman los turistas a lo largo de su recorrido carretero.

Después de haber hablado con distintas autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de la Administración General de Aduanas, de la Secretaría de Economía llegamos a la conclusión que lo más oportuno es establecer garitas secundarias, en lugar de reubicar las garitas actuales.

Propongo establecer estas garitas secundarias aproximadamente a 150 kilómetros de la frontera norte, con el fin de delimitar el libre tránsito a los viajeros provenientes del país vecino, según convenga en cada ruta.

Mientras que las garitas primarias, es decir, las que están establecidas actualmente, sólo se encargarán de revisar las mercancías y además determinará la región beneficiada por una tasa fiscal más baja.

Estas modificaciones son vitales para nuestra nación y además es la solución para levantar nuestra economía y nuestros municipios, pues con ello el turismo se incrementará no sólo en los estados fronterizos sino también a la mayoría de los estados de la república.

Incrementar esta afluencia de personas servirá para mantener e impulsar todos los sectores económicos del país, desde el ganadero, el hotelero, el empresarial, el turístico, etcétera será un detonante importantísimo y de gran relieve.

Además beneficiaría económicamente a muchos municipios empobrecidos y desiertos por falta de afluencia de gente y por consiguiente de recursos para mantener sus negocios.

Asimismo, estas medidas ayudarían a conseguir una mayor recaudación fiscal en esa región pues el SAT contaría con un padrón de negocios prósperos, dispuestos a pagar sus impuestos, lo cual hoy en día no hacen, pues los negocios de aquella zona están en banca rota o abandonados.

Por otro lado, estás modificaciones beneficiarán a todo el país pues tendrían una franja fronteriza más amplia para promocionar y vender sus productos.

Por ultimo, los connacionales que residen en el país vecino y que por los molestos trámites han abandonado sus tierras y regresan muy rara vez a sus lugares de origen, se verían beneficiados con estas modificaciones y estarían dispuestos a invertir en los terrenos los ingresos que ganan en los Estados Unidos lo cual se transformaría en la creación de empleos, en la compra-venta de ganado, en demandas de carpinteros, cerrajeros, albañiles, entre otros. En conclusión de todos los servicios necesarios para mantener las tierras, las fincas, los terrenos y las casas en un excelente estado.

México tiene prisa de soluciones cuando agonizamos, urge a nuestro país respuestas efectivas; ya no podemos esperar más y esta propuesta es la solución a los problemas económicos que tenemos en muchos municipios.

Para mí en estos temas no existen partidos políticos, sino la mutua preocupación de sacar adelante al país y aportar en conjunto las propuestas, las fuerzas y las soluciones necesarias para conseguir esos objetivos.

Por lo expuesto y viendo la importancia de este tema solicito a ustedes, compañeros diputados, el apoyo para aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones establezca garitas secundarias en la frontera norte, que comprende los estados de Baja Calfornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, especialmente en Nuevo León, permitiendo con ello el libre tránsito de los turistas y connacionales hasta donde se establezca este segundo punto de revisión.

Segundo. Establecer las garitas secundarias de las carreteras que comunican el estado de nuevo león con los estados unidos en las siguientes ubicaciones:

1. En el municipio de Marín, Nuevo León sobre la carretera Monterrey-Miguel Alemán.

2. En el municipio de Cadereyta, Nuevo León sobre la carretera Monterrey-Reynosa.

3. En el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León sobre carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

4. En el municipio de Villaldama, Nuevo León sobre la carretera Monterrey-Colombia.

5. En General Terán, Nuevo León sobre la carretera China-General Terán.

 Tercero. Las garitas secundarias de los demás estados se establecerán de común acuerdo entre los gobiernos federal y el estatal, según convenga a cada región.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de diciembre de 2009.

Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SEDESOL, DE LA SHCP, DE LA SEP, DE LA SSA Y DE LA STPS, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN COORDINACIÓN CON EL DIF, Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS A REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL PERMANENTE PARA REGULARIZAR A LOS ADULTOS MAYORES ANTE EL REGISTRO CIVIL, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía, con carácter urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Con esta ley, el instituto se confirma como el órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con un enfoque de desarrollo humano integral en cada una de sus facultades y atribuciones.

Los objetivos principales del Inapam son proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer y analizar su problemática para encontrar soluciones adecuadas. Por ello dirige sus esfuerzos a fomentar su asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación.

El Inapam tiene entre otros servicios las unidades móviles promotoras de servicios y empleo a la comunidad, en las cuales puede implantarse el servicio gratuito en comento.

En el país, diariamente unas 799 personas cumplen 60 años; según el Consejo Nacional de Población para 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para 2050 representarán 27.95 por ciento de la población total. Esta institución obliga a enriquecer las políticas asistenciales, y una de ellas muy importante es regularizar y legalizar su identidad.

Miles de adultos mayores cada año mueren sin tener acta de nacimiento, ya que por falta de recursos económicos no tienen para pagar los trámites de constancia de residencia y la constancia de no aparecer en los libros del registro civil.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las dependencias que integran el órgano de gobierno del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, para que por conducto del Inapam, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los gobiernos de los estados y de los municipios, para que se realice una campaña nacional permanente y se regularice de forma gratuita ante el registro civil a los adultos mayores, y se les realice la investigación de su registro, su acta de nacimiento y su constancia de domicilio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN EN MATERIA DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LOS AEROTRENES QUE TRANSPORTAN A LOS PASAJEROS DE LAS TERMINALES 1 Y 2 DEL AICM, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRIC RUBIO BARTHELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es conocido por todos, los graves problemas que ha venido presentando el transporte aéreo en nuestro país, en donde el principal afectado es el usuario del servicio.

Uno de los problemas que más inconformidad causa entre las personas que utilizan el transporte aéreo es el derivado del costo de las tarifas, lo anterior se debe a la falta de claridad en la regulación de las mismas, lo cual es consecuencia de una laguna jurídica que no permite a la autoridad competente establecer mecanismos de vigilancia, control y sanción hacia los concesionarios de las líneas aéreas, en particular, a quienes proporcionan el transporte de personas.

En segundo lugar encontramos las constantes quejas de los usuarios, por los cambios de hora repentinos que realizan las aerolíneas de los vuelos sin previo aviso, así como los constantes retrasos que presentan en sus vuelos las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico, lo cual claramente se ve reflejado en una pérdida de tiempo para el usuario, ya que estos retrasos le impiden en muchas ocasiones acudir a sus lugares de trabajo o negocios, ocasionándoles pérdidas económicas de las cuales las compañías no se hacen responsables.

Cuántas veces no hemos escuchado quejas de usuarios que quedan a la mitad de su destino debido a que el avión tuvo que hacer un cambio de ruta, retrasos en los vuelos, cancelaciones de los mismos o situaciones en las que existe una sobre venta de boletos.

En este sentido es importante mencionar que si bien en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil se establece cuáles son los derechos del usuario cuando deciden utilizar el servicio de transporte aéreo, este no es suficiente para garantizar al usuario sus derechos, por lo que sería importante legislar en la materia con la finalidad de dejar claro que los derechos de los usuarios no son negociables y no pueden estar sujetos a las disposiciones de un concesionario o una institución.

Es de resaltar, que las tarifas aéreas que se cobran en nuestro País son de las más caras a nivel internacional, en ellas se incluyen una serie de cobros por conceptos que en otras partes del mundo ni siquiera son conocidas, un ejemplo de esto es el impuesto que se cobra por la carga de combustible en los vuelos, mismo que en países como España no se aplica.

El alto costo para quien compra un boleto de avión en México se debe en gran medida a que hasta un 36 por ciento corresponde a impuestos, derechos y cargos adicionales, en tanto que en Estados Unidos, Europa y Sudamérica esa proporción varia de entre 9 y 28 por ciento.

Por lo anterior, resulta incongruente que a pesar de que los usuarios pagan tarifas mucho más altas que en otros lugares del mundo el servicio que reciben por dicho pago es completamente inferior y claramente deficiente en la mayoría de los casos.

Otro punto importante a destacar, es la reciente ampliación y modernización de la terminal 1 y la puesta en operación de la nueva terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el GOBIERNO FEDERAL invirtió 8 mil 586 millones pesos, incluyó un transporte interterminales, la construcción de dos distribuidores viales y una vialidad interna, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio a los miles de usuarios del AICM.

Sin embargo, la realidad nos muestra otra cara diferente al objetivo perseguido en la realización de esta obra, ya que los usuarios en el AICM, han venido enfrentando diversos problemas desde la puesta en funcionamiento, del transporte interterminales denominado Aerotrén, el cual cotidianamente presenta fallas en sus vagones y choques entre los mismos, lo cual no sólo ocasiona retrasos a los miles de usuarios que diariamente transitan por el AICM, sino que representa un mal servicio para los mismos y genera una mala imagen de México hacía los turistas que visitan el país.

Otro tema importante en el futuro del transporte aéreo de nuestro País, es la especulación que ha surgido en fechas recientes sobre la posible fusión de las dos empresas líderes en el sector, Mexicana de Aviación y Aeroméxico.

Dicha fusión, podría darse derivado de la crisis actual que vive la industria aeronáutica en nuestro país, así como la condición de que exista rentabilidad generada partir de dicha fusión.

Al respecto, el presidente de Mexicana de Aviación afirmó que parte de la crisis actual en la aviación se debe a que esta industria, desde hace años, no es rentable y como consecuencia ha traído problemas para los accionistas, a los empleados que viven en incertidumbre y a los clientes que no pueden viajar con las tecnologías más modernas.

En razón de lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar, en el ámbito de sus atribuciones, con la mayor brevedad a ésta soberanía los procedimientos de control en los que se basan las autoridades para regular la calidad del servicio que prestan a los usuarios, las aerolíneas en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir con la mayor brevedad ante esta soberanía:

1. Un informe sobre el avance que se tiene de la presunta intención de fusión entre Aeroméxico y Mexicana de Aviación.

2. Un informe detallado sobre la situación que guardan en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de las terminales 1 y 2 del AICM, derivado de los recientes accidentes ocurridos en los mismos, así como sus constantes fallas.

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Éric Rubio Barthell (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMULGAR EL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON CATEGORÍA DE ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, ISLA DE COZUMEL, AL NORTE DEL TERRITORIO INSULAR DEL MUNICIPIO, EN QUINTANA ROO, ASÍ COMO EL PROGRAMA Y LOS PLANES DE MANEJO DEL ÁREA, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ORTEGA JOAQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Gustavo Ortega Joaquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a promulgar el decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel, así como a los tres órdenes de gobierno a coordinarse para proteger la flora y fauna de isla de Cozumel y al gobernador de Quintana Roo a continuar con la elaboración del programa de manejo y los trámites correspondientes para la expedición del decreto de área natural protegida terrestre de la zona norte de Cozumel al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2007, siendo presidente municipal de Cozumel el suscrito, junto con la Asociación Amigos de Xian Ka’an, se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a conseguir la protección de la zona natural de la parte norte de la isla. La primera fue realizar el estudio previo justificativo, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; con ellos se dio inicio a los trámites ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, formulándose la solicitud de creación del área de protección de flora y fauna en la superficie marina y terrestre de la isla de Cozumel, con una extensión de 49 mil 664 hectáreas. La segunda de estas acciones y, de la misma manera, dando cumpliendo con los requisitos que la ley establece, se consultó a la sociedad para establecer la viabilidad sobre esta solicitud, siendo la respuesta de total apoyo.

Quintana Roo posee una extensión de 50 mil 425 kilómetros cuadrados y su frente de costa se extiende por el Caribe mexicano. Precisamente es a lo largo de toda esta costa donde se desarrolla el sistema arrecifal mesoamericano, pasando por Belice y Guatemala y llegando hasta las Islas de la Bahía en Honduras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a solicitud hecha por el honorable ayuntamiento de Cozumel, en 2007 se realizó el estudio técnico para justificar la necesidad de decretar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna la zona conocida como zona norte de la isla de Cozumel, el cual estuvo a disposición del público según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2008, que es el instrumento con el que se da aviso a la sociedad de la intención que tienen la Conanp de crear dicha área.

Su creación tiene como principales objetivos, uno: la protección y rescate de las áreas terrestres y marítimas, así como las especies que en ellas se encuentran; dos: crear programas en materia de desarrollo turístico, sustentabilidad, control, ordenamiento, protección y educación ambiental; tres: reducir el detrimento de biodiversidad, que se traduce en la tendencia mundial de pérdida de especies y la continua transformación de ecosistemas de gran relevancia; cuatro: mantener la integridad funcional del mayor sistema lagunar de la isla Cozumel, dunas costeras, tasital, manglar y demás asociaciones de humedales costeros, que son el hábitat de una gran cantidad de especies en peligro de extinción, endémicas y de distribución restringida.

Consideremos que los sistemas arrecifales han sufrido la sobre explotación de pesca, la falta de un ordenamiento que la regule ha ocasionado el detrimento provocado por la presión inducida por las actividades turísticas. Por ser una zona de crecimiento de caracol rosado, especie cotizada en todo el Caribe tanto por sus conchas como por su carne, se ha sobre explotado olvidándose de que se trata de un recurso natural no renovable y que el mar no podrá proveernos de esta maravilla natural, a menos que le permitamos renovarse, bajo el concepto de uso racional, para conservarlo de manera sostenible.

En Cozumel existen varias especies de animales endémicos como el mapache enano, el tejón de Cozumel, el ave saltapared de Cozumel, el pinto de Cozumel y el pez sapo espléndido de Cozumel, y también se encuentran especies bajo algún estado de protección como las tortugas marinas (verde, caguama y carey).

La flora de Cozumel está compuesta por 105 familias de plantas vasculares, los tipos de vegetación que se encuentran en la isla son selva mediana sucaducifolia, selva baja caducifolia, matorrales costeros y manglares.

Las comunidades de manglares presentan una zonificación bien definida, según el nivel de oxigenación, inundación y salinidad del sustrato. Alberga anfibios, reptiles, aves y mamíferos para un total de 136 especies, de las cuales destacan las tortugas dulceacuícolas, el cocodrilo, pelícanos, fragatas, murciélago, zorra gris.

Es substancial propiciar la protección de las principales zonas lagunares, el manglar de Cozumel y los microatolones, que constituyen un ecosistema único formado por estructuras de algas calcáreas que crean un laberinto subacuático lleno de vida, a pesar de ser típicos del Caribe oriental, los encontrados en Cozumel son los únicos reportados en el Caribe occidental formados por algas coralináceas.

Cozumel es considerada internacionalmente como un área prioritaria de la diversidad biológica. Es la isla mexicana con mayor riqueza de especies y subespecies endémicas de animales (es decir, las que viven exclusivamente en la isla y no se encuentran en otro lugar del planeta). Al menos 31 de estas especies y subespecies habitan en la isla. Más de una decena de estas especies están en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y en el listado internacional de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2009).

Con el establecimiento de áreas naturales protegidas, de orden estatal y federal, en la isla Cozumel será posible ordenar y regular las actividades humanas, con el propósito de garantizar el flujo futuro de beneficios que aportan los ecosistemas asociados a las zonas de lagunas costeras, de vegetación halófita o de duna costera del litoral, del continuo de tasistal y de importantes comunidades de manglar y otras asociaciones presentes en los humedales costeros.

De particular importancia ambiental y social son las selvas del interior de la isla Cozumel, por lo que la zona terrestre de aproximadamente 30 mil hectáreas requiere de una protección especial que el decreto que, en su caso emita el gobierno de Quintana Roo conforme a la legislación estatal aplicable. Su aplicación fortalecería la protección a la vida silvestre, el ordenamiento ecológico del territorio, las normas oficiales mexicanas, la regulación de descargas, los estudios de riesgo, la evaluación de impacto ambiental e incluso los instrumentos de regulación indirecta o instrumentos económicos.

Es preponderante lograr la reducción de los factores de presión sobre los ecosistemas naturales. Los arrecifes juegan un papel fundamental en los ecosistemas de Quintana Roo, ya que sirven de hábitat para muchas especies marinas de consumo humano, proveen protección a las costas de la erosión y los embates de las olas, son fuente de recreación y estimulan el turismo. Los fragmentos rotos y acumulaciones de sedimentos y arenas calcáreas que se origina de los propios corales y de los otros organismos con esqueletos calcáreos suplen a las costas con las arenas blancas que caracteriza a nuestro caribe mexicano.

Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a promulgar el "decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel, con una superficie de 49,664-98-66.07 hectáreas, localizada al norte del territorio insular del municipio de Cozumel, Quintana Roo", y el programa y planes de manejo del área.

Segundo. Se hace un atento exhorto al gobierno federal, al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Cozumel a coordinar acciones y esfuerzos para lograr la protección y conservación de la flora y fauna de isla de Cozumel.

Tercero. Se exhorta al gobernador de Quintana Roo a continuar con la elaboración del programa de manejo y los trámites correspondientes para la expedición del decreto de área natural protegida terrestre de la zona norte de Cozumel.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Gustavo Ortega Joaquín (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, AL DELEGADO DE LA MAGDALENA CONTRERAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DF A RESPETAR EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE, LLEVAR A CABO LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y, EN SU CASO, IMPONER LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR VIOLACIONES DE LOS USOS DE SUELO Y DE LA NORMATIVIDAD SOBRE CONSTRUCCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN ESA DEMARCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al jefe delegacional en La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en la delegación La Magdalena Contreras, se lleven a cabo las visitas de verificación administrativa conducentes y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones, funcionamiento de establecimientos mercantiles y usos de suelo respecto a la construcción y operación de diversas construcciones y establecimientos mercantiles con giro de tiendas de autoservicio o "minisuper" en distintas colonias de la delegación La Magdalena Contreras, al tenor de lo siguiente:

I. Las leyes del libre mercado han marcado terminantemente a la sociedad contemporánea y han delineado la forma de una cultura que produce jerarquización, diferencias sociales profundas, competencia desleal y menoscabo en el intercambio, los consumos y los valores tradicionales de las regiones.

La libre competencia ha mostrado ser propicia a una distribución injusta de las riquezas y de las oportunidades pues los grandes capitales de las grandes firmas comerciales, en especial los supermercados de autoservicio o las cadenas de minisuper, al poder adquirir enormes volúmenes de mercancías, determinan poco a poco los precios, los estilos de consumo y las calidades de los alimentos. Poco a poco los consorcios, las cadenas comerciales han ido proliferando en los centros urbanos hasta desplazar casi completamente a los pequeños establecimientos, propiedades de familias y en especial a los mercados públicos.

El resultado es una inmensa desigualdad social, una paulatina transculturación, –pues las grandes cadenas de autoservicio reproducen el seguimiento de prácticas tradicionales extranjeras en cuanto a nutrición, cultura, festejos– y, sobre todo, un contundente e irreversible desplazamiento de los establecimientos en pequeño y una injusta competencia con los mercados públicos, que al no poder ofrecer precios competitivos por la desigualdad de los capitales, van perdiendo lenta pero definitivamente su oferta de mercancías, su emisión cultural y su paisaje. Muchos comerciantes de los mercados públicos han tenido que optar por ofrecer mercancías de entretenimiento tecnológico, desplazando así las mercancías tradicionales de alimentos perecederos, ropa, etcétera; esto ha dañado a los mercados públicos que están amenazados a su desaparición.

II. El abasto popular ha mermado su potencial pues al reducir su oferta los mercados públicos, las personas que prefieren alimentos perecederos frescos o de menudeo, tienen que sufragar gastos mayores que no pueden competir con las supertiendas o cadenas.

Por otro lado, la economía de mercado del sistema económico mexicano, sujeto e influido por culturas extranjeras, ha propiciado pobreza en la mayoría de la población por lo que los consumidores menores tienen la necesidad de hacer gastos mínimos para pequeñas cantidades lo que el mercado público puede satisfacer fácilmente pues la compra no está inducida ni obligada a cierto peso o cantidad.

El asunto de la injusta competencia de los grandes corporativos comerciales contra los mercados públicos no sólo tiene referencias comerciales sino culturales. Los mercados públicos están amenazados y no sólo son parte de un paisaje urbano propio de barrios y colonias, sino constituyen formas de comunicación, solidaridad, arraigo y convivencia cotidiana que una cadena comercial está imposibilitada a ofrecer.

Un mercado público es el espíritu de una colonia, es una forma de mantener tradiciones ancestrales nobles, lenguajes, apariencias y costumbres como las fiestas y las celebraciones, de reyes, de navidad, de la fiesta propia del festejo anual del mercado, de los santos patronos, del día de muertos.

III. Adicionalmente a lo señalado y el daño que ocasionan estos centros comerciales a los mercados públicos, vecinos de la delegación La Magdalena Contreras, representantes de comités vecinales, organizaciones vecinales, así como representantes de diversos mercados públicos de la demarcación han hecho del conocimiento de la a autoridad delegacional la problemática que viven cientos de familias derivado de la inminente construcción y operación de centros comerciales y los denominados minisuper en franca violación al uso de suelo de la demarcación, pasando por alto la opinión vecinal y sin contar con las manifestaciones de construcción, licencias especiales que estos proyectos requieren.

Que en múltiples ocasiones estos vecinos, así como las mesas directivas de los mercados públicos de la Delegación han solicitado a la autoridad delegacional la verificación administrativa de los trabajos de construcción que se realizan para la operación de dichos centros de comercio así como la suspensión de actividades o clausura de los mismos ya que no cuentan con la documentación que ampare la legalidad de dichos trabajos.

Que desde hace algunos meses en el inmueble ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1415, colonia La Cruz, entre las calles de Privada de Ferrocarril de Cuernavaca y Ferrocarril de Cuernavaca, código postal 10800, delegación La Magdalena Contreras, se está realizando una excavación muy profunda y trabajos de construcción, con maquinaria pesada, por lo que se presume que se realizará una construcción muy grande de lo que se dice será un centro comercial, violentando el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en La Magdalena Contreras que para la zona establece un uso de suelo HC3/50.

Cabe señalar que la obra en comento no exhibe placa que contenga número de manifestación de construcción o licencia especial, tipo de obra, superficie y uso destinado por que contraviene lo establecido en la normatividad vigente.

En ese sentido, la excavación y construcción realizadas, así como sus titulares violan lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones vigente y demás disposiciones que regulan las construcciones en zonas de conservación patrimonial, ya que el inmueble en comento se ubica dentro de una poligonal con esta especificación en el programa delegacional vigente.

Es evidente que la construcción que se ha referido viola lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal ya que además de carecer de la licencia especial que corresponde a las excavaciones, así como de la manifestación de construcción respectiva tampoco cuenta con la responsiva de un corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, carece del dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, no cuenta con licencia del Instituto Nacional de Bellas Artes o licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia como lo establecen los artículos 36, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,57,58,59,60 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Cabe señalar que la construcción señalada en párrafos anteriores se ampara en un Cerificado Único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades folio 49764-183CHOM09 de fecha de expedición 13 de septiembre de 2009. Sin embargo, mediante oficio DRPP/2.0.0/3274/2009 de fecha 19 de octubre del 2009 de la Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se informó, en respuesta a una solicitud de información, que "una vez concluido el análisis del certificado único de zonificación de uso de suelo y factibilidades folio 49764-183CHOM09 para el predio ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1415, colonia La Cruz, se detectó que fue erróneamente emitido en virtud de que se omitió señalar la norma de ordenación general número 4 en área de actuación de conservación patrimonial, lo cual se hará del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta dependencia para que se inicie el procedimiento administrativo que conforme a derecho corresponda…"

Sin embargo, es preciso señalar que la zona en la que se ubica el inmueble en comento es un área de conservación patrimonial en la que de conformidad con el Programa delegacional vigente no está permitida la instalación de plazas comerciales, tiendas departamentales, ni supermercados.

IV. En este sentido, se tiene conocimiento que en la demarcación se pretenden construir o acondicionar inmuebles mediante trabajos de remodelación para la instalación otros centros comerciales o mini-supermercados en otros puntos de la demarcación entre los que se encuentran:

• Avenida Ojo de Agua, colonia Lomas de San Bernabé entre Astilleros y Carbonero.

• Calle Chabacano y avenida México, colonia La Cruz.

• José Moreno Salido 18 esquina Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca.

En particular, respecto del inmueble ubicado en José Moreno Salido 18 esquina Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca se tiene conocimiento de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal emitió el Cerificado Único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades folio 55634-183BOSA09 de fecha de expedición 30 de septiembre de 2009, en el que se señala que están permitidos los usos de suelo para la construcción de una plaza comercial para una superficie de construcción en mil 600 metros cuadados –sujeta a restricciones– en el total del predio y señala que " al inmueble de referencia le aplica la zonificación: CB/3/30/MB (centro de barrio, tres niveles máximos de construcción 30 por ciento mínimo de área libre muy baja: una vivienda por cada 200 metros cuadrados de la superficie total del terreno) asimismo aplica la norma número 4 de área de actuación referente a las área de conservación patrimonial, en la cual el uso de suelo para plazas comerciales está permitido…"

Sin embargo, es preciso señalar que la zona en la que se ubica el inmueble en comento es un área de conservación patrimonial en la que de conformidad con el programa delegacional vigente no está permitida la instalación de plazas comerciales, tiendas departamentales ni supermercados, hecho que además de violar el uso de suelo autorizado, afectaría gravemente a los comerciantes establecidos y los mercados públicos aniquilando estos centros de abasto popular, con una competencia desleal y voraz como se caracteriza estos monopolios.

V. En este sentido, es preciso tomar en cuenta que el marco jurídico del Distrito Federal obliga a los titulares de los órganos político administrativos a llevar a cabo acciones para registrar las manifestaciones de construcción según su tipo, expedir las licencias de construcción especiales, así como para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias especiales y verificar las obras, construcciones, excavaciones e instalaciones que se realizan en su demarcación.

En ese sentido, me permito citar los artículos del Reglamento de Construcciones que facultan y obligan a la autoridad delegacional a ejercer sus facultades en materia de verificación y sanción administrativa.

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto por la ley y la Ley Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento corresponde a la administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en Áreas de Conservación Patrimonial incluyendo las zonas de monumentos históricos de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, así como a las Normas de Ordenación de los Programas General y Delegacionales;

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la ley;

…

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a las características previamente registradas;

…

X. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que se le hubiere ordenado realizar y que en rebeldía, el mismo no las haya llevado a cabo;

XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la ley, su reglamento y este reglamento;

XII. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos por este reglamento;

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este reglamento;

Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la licencia de construcción especial, la delegación y, en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Artículo 245. Las verificaciones a que se refiere este reglamento tienen por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de construcción y de la licencia de construcción especial, referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las disposiciones de la ley, de los programas, de este reglamento y sus normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 Por lo expuesto y en aras de la legalidad, el respeto al uso de suelo autorizado, la conservación de las fuentes de empleo y pequeño comercio de la delegación La Magdalena Contreras y la supervivencia de los mercados públicos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, verifique si los inmuebles señalados y en los que se pretenden instalar plazas comerciales, cuentan con legal uso de suelo expedido por la dependencia a su cargo en el que se autorice la construcción y posterior funcionamiento de éstos, si se respeta el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en La Magdalena Contreras, si los certificados de zonificación de usos de suelo específico señalados fueron expedidos apegados a la ley y al programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional en La Magdalena Contreras a realizar, con carácter urgente, visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil a los inmuebles que se han señalado en el cuerpo del presente punto de acuerdo, en su caso, ordenar la clausura de los mismos y velar por la legalidad y respeto al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras.

Tercero. Se exhorta al Contralor General del Gobierno del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos responsables de aplicar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de construcciones y uso de suelo en los asuntos que se han detallado en el cuerpo de la presente.

Dado en el Palacio Legislativo, el 10 de diciembre de 2009.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DECLARAR EL 18 DE DICIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE MEXICANO Y EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR DICHA FECHA DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, somete a discusión y, en su caso, aprobación del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

Durante la 81 sesión plenaria de fecha 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, toma nota de la decisión 2000/288 del Consejo Económico y Social del 28 de julio de 2000 en el que se establece que la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.

En el mismo acto, dicha instancia internacional, considera que el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo, alienta el interés de la comunidad internacional para proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destaca la necesidad de seguir con el aseguramiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes y en consecuencia establece la Resolución 55/93 que a la letra dice:

La Asamblea General, …

1. Decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante;

2. Invita a los Estados Miembros, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos;

3. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales apropiadas.

 Por otra parte, la Iglesia católica desde hace varias décadas, durante cada año dedica un día especial a la reflexión sobre el fenómeno de la migración a nivel internacional, con la finalidad de promover y difundir los derechos humanos y crear conciencia sobre la situación que enfrentan mujeres y hombres que por diversas razones, dejan sus comunidades de origen con lo que se busca una mejor calidad de vida.

En consecuencia, con dichos propósitos, de acuerdo a los órganos de difusión católica, la mayoría de los países de América Latina eligieron septiembre para celebrar el Día Nacional del Migrante porque se asocia al Mes de la Biblia, puesto que el pueblo de Israel fue peregrino y vivió la experiencia de ser extranjero. Esta celebración es organizada por la Comisión de Pastoral de la Movilidad Humana y en el caso de México se realiza, conjuntamente, con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En este sentido, entre los países de América donde se encuentra constituido el día nacional del migrante, por la autoridad institucional pública del Estado, es en Ecuador, donde se realiza desde 2003 y está fundado en un hecho histórico que recuerda a 12 ecuatorianos que fallecieron en España en un trágico accidente que produjo un dolor social de hondas repercusiones, y como consecuencia de ello, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, declaró el 3 de enero de cada año, como el Día del Migrante Ecuatoriano.

Otros países donde se realiza la conmemoración mencionada son Chile, Guatemala, Colombia y fuera de las fronteras de América, en Marruecos, entre muchos otros, estos impulsados también por la Comisión Pastoral de Movilidad Humana. Incluso, en el nivel local dicha conmemoración se realiza en Saltillo, Coahuila y varios estados de la República, como el caso de Hidalgo, Michoacán y Zacatecas que se realiza, entre otros, que realizan por decreto administrativo la conmemoración del Día del Migrante, con la finalidad de promover la defensa y protección de los derechos humanos de sus oriundos,

En ese contexto, reconocemos el esfuerzo de organizaciones de diversa índole, y de autoridades federales que realizan esfuerzos para conmemorar el día del migrante, por ello, consideramos que es necesario, que este esfuerzo sea instituido por las autoridades públicas, con la finalidad de que se otorgue un reconocimiento desde la esfera pública y se establezcan las disposiciones conducentes, a fin de que dicha conmemoración cumpla con los objetivos deseados.

Por ello, los diputados firmantes, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, consideramos importante otorgar a los migrantes mexicanos un reconocimiento, por su contribución histórica al desarrollo, económico, social, cultural y político de nuestro pueblo, a pesar de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, y porque sabemos que en estas fechas llegarán cientos de miles de ellos, a visitar a sus familias a sus comunidades de origen.

Por último, convencidos que México es un país de migrantes de mexicanas, y de mexicanos de aquí de allá, que luchan por su patria, por su nación, por sus familias y por sus derechos. Estamos con ellos, y nos parece fundamental instituir en el país el 18 de diciembre como el día nacional del migrante mexicano en concordancia con la conmemoración internacional que proclame la Organización de las Naciones Unidas, pues compartimos que ello, es consecuente con los instrumentos internacionales en los que México participa y acuerda.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de éste pleno plural de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda signar el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional del Migrante Mexicano, a fin de promover la protección y defensa de los derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades instituya el Día Nacional del Migrante Mexicano considerando el día 18 de diciembre en concordancia con la Resolución 55/93 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el regreso masivo de las y los migrantes mexicanos a su comunidades de origen.

Solicitamos, respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que turne la presente proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Población, Migración y Asunto Migratorios y a la de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SCT Y LA SHCP UN ESTUDIO INTEGRAL PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE REDUCIR EL PEAJE CORRESPONDIENTE A MOTOCICLETAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal José Guadalupe Vera Hernández de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Hacienda y Crédito Público, un estudio integral a fin de determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país. Asimismo, entreguen a esta soberanía en un lapso no mayor a 45 días un informe detallado del estudio, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

Las carreteras constituyen un pilar clave para el desarrollo y progreso de los países, fomentan la actividad económica incentivando la competitividad y la productividad de las entidades federativas, permiten la comunicación entre las comunidades de las distintas regiones, promueven el libre tránsito de personas, incentivan el turismo, y son fuentes generadoras de empleos.

En 2008, la red nacional de autopistas de cuota fue de 8,064 kilómetros, teniendo como operador al organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos con 4,266 kilómetros, que representan el 52.9 %, y las autopistas concesionadas y estatales representan 3,798 kilómetros que equivalen al 47%.

Las autopistas cobran un peaje con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el que establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, y corresponde a la SCT establecer las bases generales de regulación tarifaria.

La autorización de las tarifas de peaje concierne a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y para los caminos y puentes concesionados a terceros, en los cuales, este organismo se desempeña sólo como operador. La autorización de las tarifas corresponde a comités técnicos integrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y el concesionario respectivo. En todos los casos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.

El mayor daño o desgaste que reciben las carreteras es por el peso de los vehículos, y está asociado principalmente a los ejes que tienen, por lo que el peaje a pagar se determina respecto a su número, en este sentido, las motocicletas deberían de pagar menor peaje, ya que no generan afectación alguna a la estructura o desgaste de la carpeta de rodamiento por donde transitan.

Es importante mencionar que las motocicletas por sus dimensiones, por su maniobrabilidad y por su precio, son en la mayoría de los países del mundo alternativas no sólo válidas y aceptadas, sino inclusive muy razonables, para el transporte cotidiano de las familias. Algunas son económicas, tanto para adquirirlas como para mantenerlas, por mencionar un caso, las de baja cilindrada pueden rendir hasta 25 kilómetros por litro, situación que permite que se conviertan en una opción para la gente de bajos recursos.

Ante esto, las motocicletas son un medio de transporte accesible para las esferas sociales que no tienen en México recursos suficientes para comprar autos. Son duraderas, fáciles de reparar y de adaptar a las necesidades de cada usuario, además de que siempre han sido parte imprescindible de la sociedad, pues permiten proporcionar servicios de comunicación que no están accesibles a otros tipos de vehículos.

En México hay una cultura importante para el uso de la motocicleta, en donde se promueven una gran cantidad de eventos recreativos y turísticos en las diferentes regiones de los estados del país, y participan una gran variedad de grupos de motociclistas los cuales para llegar a su destino de forma más segura y rápida requieren utilizar las autopistas, y que sin embargo en muchos de los casos no hacen uso de ellas, por no tener los recursos suficientes para cubrir el peaje, por lo que esta situación desincentiva el aforo de motociclistas.

Con lo anterior, se requiere que el Gobierno Federal junto con la red de concesionarios de las carreteras, realicen un estudio integral para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Estoy convencido que con esta medida se generarían importantes aforos de motociclistas que contribuirían a un peaje más justo, y a la vez, generarían mayores ingresos para la red de autopistas del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor a 45 días naturales, un informe detallado sobre la viabilidad de esta propuesta.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado José Guadalupe Vera Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 72/2009, EMITIDA POR LA CNDH, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 30 de octubre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 72/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), por diversas violaciones cometidas durante la operación realizada el pasado 26 de mayo en Michoacán.

En ella se hace constar que durante las detenciones de los servidores públicos estatales y municipales, y en lo que va de su proceso, se ha incurrido en violaciones de los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La recomendación va dirigida a las dos instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de garantizar una procuración de justicia ajustada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto de los derechos humanos, según rezan sus principios. Se contaba con 15 días hábiles para que éstas informaran a la CNDH, si aceptaban o no la recomendación.

Preocupa que las recomendaciones emitidas por el máximo órgano en la materia sean ignoradas, pues el plazo perentorio concluyó el pasado 24 de noviembre, sin obtener del gobierno federal una respuesta, por lo que legalmente se tiene por no aceptada.

La aceptación de los puntos resolutivos consistía en la reparación del daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico; la integración de averiguaciones previas contra los servidores públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada que estuvieron involucrados en los hechos; dar vista al Órgano Interno de Control en la PGR para el inicio de procedimientos administrativos; fomentar que las actuaciones del Ministerio Público se ajusten a lo establecido en el orden jurídico mexicano; garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados; garantizar el derecho a una defensa adecuada; resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales practicados; iniciar averiguaciones previas contra los elementos de la entonces PFP involucrados; y que se garantizara que las personas que sean detenidas por elementos de la Policía Federal sean puestas de inmediato a disposición de autoridad competente.

Asimismo, se señaló en la recomendación: allanamientos de diversos edificios públicos, estatales y municipales, el abuso de las órdenes de localización y presentación, las cuales tienen el objetivo de asegurar la comparecencia dentro del proceso, no de privarlos de la libertad, dilación en los procesos y pleno valor probatorio a las declaraciones de los testigos protegidos, entre otras.

Es cierto, como se dijo, que el plazo que establece la Ley General de Derechos Humanos ya se venció, pero lo señalado en el cuerpo de la recomendación número 72/2009 hace referencia a violaciones cometidas contra distintas prerrogativas inherentes a la naturaleza de todo individuo, que se encuentran previstas en la Carta Magna y en los diversos instrumentos internacionales aprobados y ratificados en la materia por el Estado mexicano, por lo que su cumplimiento no se encuentra sometido a plazo útil ni a la potestad de autoridad alguna.

Por ello pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que en cumplimiento de lo que establece el artículo 87 constitucional, respecto a su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, instruya a los ciudadanos Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República; y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, a efecto de que instauren y desarrollen las acciones necesarias para atender la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por contener actos de violación de los derechos fundamentales de cualquier individuo, protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Víctor Báez Ceja (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A TRASLADAR A PARTIR DE 2010 LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE BENITO JUÁREZ, COZUMEL, ISLA MUJERES, SOLIDARIDAD Y TULUM, QUINTANA ROO, DEL ÁREA GEOGRÁFICA C A LA A, EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS FAMILIAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BORGE ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Apartado A, fracción VI, establece que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

2. Que el mismo artículo 123, en el Apartado A, fracción VI, señala que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Estos salarios deberán ser fijados por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

3. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dividió la República Mexicana, para fines salariales, en áreas geográficas A, B y C, estableciendo, en el orden respectivo, para 2009, las cantidades en pesos de 54.80, 53.26 y 51.95.

4. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la Fijación de los Salarios Mínimos 2009 señaló, en el considerando octavo de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2008, que para reiniciar el proceso de convergencia de las tres áreas geográfica vigentes a una sola, resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B de 3.20 por ciento actual al 2.89 por ciento, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C, de 6.24 por ciento actual a 5.49 por ciento, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C, de 2.95 por ciento actual a 2.52 por ciento.

5. Que mientras no se concluyan los trabajos de convergencia de las áreas geográficas o se profundicen los criterios de fijación de salarios mínimos, dichos esfuerzos son insuficientes para atender con principios técnicos de equidad a la clase trabajadora que pertenece a zonas geográficas cuyas características económicas, sociales y laborales demandan un salario mínimo mayor.

Consideraciones

1. Que un área geográfica para términos salariales puede estar integrada por varias entidades y estas pueden contemplar uno o la totalidad de sus municipios. De tal forma que se presentan entidades que en su interior cuentan con municipios pertenecientes a diferentes áreas geográficas.

2. Que en la zona geográfica A se encuentran, entre otros, todos los municipios de Baja California Sur, así como el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, zonas con condiciones económicas y de mercado laboral similares a las de Quintana Roo, caracterizados por su vocación eminentemente turística.

3. Que Quintana Roo, a pesar de presentar diferencias sustantivas en la estructura, composición y característica de sus ramas económicas por municipio, está clasificado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el área geográfica C, lo que provoca fuertes desventajas a los trabajadores, principalmente a los pertenecientes a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, situados en la zona norte de entidad, caracterizados también por su vocación turística.

4. Que tal situación genera desequilibrio e inequidades en la clase trabajadora, ya que el salario mínimo resulta simbólico en áreas geográficas turísticas donde los bienes y servicios son caros e inaccesibles para grandes colectivos de trabajadores quintanarroenses.

5. Que la crisis económica mundial y la pandemia ocasionada por la influenza A (H1N1) provocó una fuerte contracción económica en 2009 y para 2010 organismos especializados proyectan una recuperación económica lenta y gradual para el País y consecuentemente Quintana Roo y sus municipios ?que soportan un gran porcentaje del producto interno bruto nacional.

6. Que el ciclo productivo de la actividad turística se caracteriza por presentar temporadas bajas y altas, lo que provoca que la clase trabajadora de los Municipios Turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum se vea totalmente desprotegida en gran parte de los meses del año.

7. Que el salario se ha visto disminuido por la inflación y deja de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, aunado a ello la carga de soportar una familia. Al efecto se encuentran como datos ilustrativos:

a) El 45.7 por ciento de la población no cuenta con algún tipo de seguro social (Consejo Estatal de Población de Quintana Roo); y

b) Las cifras de grados de marginación arrojan para Cancún, municipio de Benito Juárez, 25.2 por ciento en nivel alto y 30.1 por ciento en nivel medio; para Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 61.3 por ciento en nivel alto y 17.4 por ciento en nivel medio (Instituto Nacional de Estadística, Geografía).

 8. Que es fundamental para Quintana Roo elevar al menos para los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum la cantidad establecida como salario mínimo, más cuando su población está viviendo una de las mayores crisis económicas del estado y que diariamente se levanta para recibir a los turistas que lo visitan o bien, para producir algo que servirá para la atención de éstos.

9. Que paralelamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe otorgar prioridad a los esfuerzos para converger las áreas geográficas vigentes en una sola, o en su caso realizar los estudios pertinentes para atender bajo criterios técnicos de equidad las necesidades de salarios de las clases trabajadoras de los municipios de la República Mexicana

10. Que un servidor, el gobierno estatal y los empresarios reconocen que la familia y el trabajo son la base para que la sociedad se desarrolle plenamente. El empleo y una remuneración justa en tiempos de crisis es la medida para el crecimiento social y económico.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar, a partir de 2010, los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, del área geográfica C al área geográfica A, en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses, así como otorgar prioridad al proceso de convergencia de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, para atender bajo criterios técnicos de equidad las necesidades de salarios mínimos de los distintos municipios de Quintana Roo y de la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Roberto Borge Angulo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MEDIANTE LA SE, LA SEDESOL, LA SCT Y LA SEMARNAT EL ACCESO Y LA PROMOCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CANANEA, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE TORRES DELGADO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de Secretarías de Economía, de Desarrollo Social (Sedesol), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, en el estado de Sonora, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La crisis económica mundial, combinada con la caída en los precios del petróleo y sus exportaciones, la contingencia producto de la influenza, la disminución en los ingresos por turismo y las remesas, han tenido efectos negativos en la economía nacional que repercuten en todas las economías locales del país.

Un efecto de la desaceleración económica, que afecta sensiblemente a la población es la falta de empleo, la tasa de desocupación a nivel nacional en octubre fue de 5.78% respecto a la población económicamente activa, inferior a la observada en el mes de septiembre, por tal razón se ha convertido en una de las preocupaciones centrales del Ejecutivo federal y en ese sentido es necesario seguir implementando acciones de política pública que permitan superar esta etapa cuanto antes.

En el caso particular del municipio de Cananea, en el estado de Sonora, al depender su economía de la actividad minera, este escenario se ve agravado por las difíciles condiciones económicas que aquejan a la localidad desde julio de 2007, a causa del conflicto entre los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Industrial Minera México.

Por causa del conflicto se han dejado de percibir 5 mil millones de pesos desde que comenzó la huelga en 2007 hasta julio de 2009, se han cerrado casi 150 comercios y se han dejado de percibir impuestos que han afectado las finanzas del ayuntamiento.

La adversidad económica que vive Cananea se puede dividir en factores que tienen que ver con la afectación de los ciclos económicos de la economía mundial, con repercusiones en la economía nacional, pero también con una problemática endémica que agudiza su situación y que supedita su recuperación económica a la resolución de una problemática particular, en ese sentido la acciones encaminadas a superar esta fase deben de tomar en cuenta estos dos tipos de dificultades.

Es importante colaborar de diversas formas posibles, a través de apoyos como el Plan Especial de Apoyo a Cananea, anunciado por el Gobernador de Sonora en días pasados, en el cual se contemplan 250 millones de pesos para la recuperación económica, o por medio de acuerdos como el alcanzado en el Senado a fin de promover reuniones entre Mexicana de Cananea y el sindicato minero para ayudar en la solución a la huelga.

Acorde a lo anterior se considera necesaria la acción gubernamental a través de estrategias y distintos programas económicos y sociales para la resolución de problemas de infraestructura, de falta de servicios o dificultad para acceder a ellos y de falta de empleo, que al mismo tiempo permitan fortalecer y diversificar otros sectores productivos vinculados a la economía regional.

A la par de las distintas ayudas que se han formulado por parte del gobierno de Sonora y de compañeros legisladores, es necesario seguir promoviendo esfuerzos que a la brevedad permitan salir avante de la problemática que se vive en el municipio de Cananea.

Por lo anteriormente expuesto, en pro de las familias cananenses y de la economía nacional, se pone a consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que, por medio de programas como Pronafim o Fonaes promuevan un plan emergente de generación de empleo, y por medio de Programas de Apoyo a la Maquila o fortalezcan el sector del municipio y ayuden a diversificar la economía local, aprovechando la cercanía de Cananea con Estados Unidos.

Segundo. En el mismo sentido, se hace un atento exhorto a los gobiernos locales para que promuevan políticas públicas que atraigan inversión y permitan diversificar la economía local, a fin de generar alternativas de empleo de largo plazo.

Tercero. Se hace un atento exhorto a la Sedesol, a la SCT y a la Semarnat, a través del comité estatal del Programa de Empleo Temporal, para que consideren la necesidad de hacer una excepción en la asignación de recursos al municipio de Cananea, a fin de generar opciones de empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 10 de diciembre de 2009.

Diputados: Enrique Torres Delgado (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Alberto Esquer Guitérrez (rúbrica), Juan Huerta Montero, José Luis Íñiguez Gámez, Oralia López Hernández, Alfonso de Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Carlos Meillón Johnson (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Ramón Merino Loo, Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santa María Prieto (rúbrica), Julio Saldaña Morán, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Arturo Torres Santos, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBERNADORES QUE INSTRUYAN A LOS RESPECTIVOS SECRETARIOS DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O A SUS EQUIVALENTES PARA QUE HAGAN EFECTIVOS LOS DERECHOS LABORALES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS PARTICULARES, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el punto de acuerdo para solicitar a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que instruyan a sus respectivos secretarios del trabajo y previsión social, o sus equivalentes, para que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional; asimismo, para vigilar y exigir a los dueños el cumplimiento de las obligaciones en la materia que les impone la normatividad referida, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado en su artículo tercero, fracción V, la rectoría en la impartición de la educación, en sus niveles preescolar, primaria y secundaria; además de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos (incluyendo la educación inicial y a la educación superior) necesarios para el desarrollo de la nación.

Por otra parte, la fracción VI del dispositivo legal en comento, señala que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades; en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II del artículo tercero de la Constitución, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III de dicho dispositivo y obtener, previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley.

En este orden de ideas, el personal docente se constituye como la piedra angular para la impartición de la educación. En el caso de los docentes que imparten la educación en planteles federales en el territorio nacional son considerados servidores públicos en los términos de la legislación federal en materia de servidores públicos y, en el caso de los docentes que imparten educación en los planteles locales son considerados servidores públicos de acuerdo con las correlativas legislaciones estatales, y sus relaciones laborales se rigen por dichas normas. En el caso del personal docente que imparte educación en establecimientos particulares, sus relaciones de trabajo se rigen por lo dispuesto en el Apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución y por la Ley Federal del Trabajo.

La normatividad en materia laboral que aplica al personal docente de los planteles particulares se extiende, además, al personal administrativo y de servicios generales de dichos centros, los cuales son trabajadores que prestan un servicio personal subordinado y cuya relación de trabajo se define como la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, según señala la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 8 y 20, respectivamente. Por otra parte, la citada norma considera al dueño del plantel particular como patrón, el cual, según el artículo 10 de la ley de referencia, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón está sujeto a cumplir las obligaciones que la ley laboral le establece, entre ellas, la existencia de un contrato individual de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, y condiciones de trabajo expresadas por escrito, cuando no existan contratos colectivos.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el país hay 348 mil 963 docentes que trabajan en más de 35 mil 108 escuelas particulares1; sin embargo, un gran número de propietarios de planteles particulares no observa las obligaciones mínimas que en su calidad de patrón la ley le establece, ni garantiza los derechos que como trabajadores deben gozar tanto el personal docente como el administrativo y de servicios de dichos centros educativos. En este sentido, es común que muchos planteles hagan contratos de 10 meses en los que en periodo vacacional los docentes y demás personal no recibe percepción económica alguna; los salarios son bajos en relación con los de sus contrapartes que laboran en escuelas públicas, basta mencionar que la paga promedio en colegios particulares de educación básica asciende a 50 pesos por hora contra los 77 pesos en las públicas2; no gozan de seguridad social y, en el peor de los casos, les son rebajadas cuotas por dicho concepto, sin nunca recibir sus beneficios; su jornada laboral es más larga que la permitida por ley e incluso realizan actividades extraaula, que no redundan en remuneración económica alguna, entre otras situaciones irregulares.

En muchos de los casos, los docentes y demás trabajadores de dichos centros aceptan esas condiciones irregulares de trabajo, ante la falta de oportunidad para conseguir otro empleo mejor remunerado, y se abstienen de presentar una demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje competente ante el temor de un despido, lo cual es un riesgo real si se toma en consideración la precaria estabilidad de su trabajo.

El derecho al trabajo digno es un derecho universal y pilar en el que se funda la garantía consagrada en el artículo 123 de la Constitución; en este sentido, es indispensable que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social intervenga para hacer valer los derechos laborales del personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares; asimismo, para exigir a los dueños el cumplimiento de las obligaciones para con los trabajadores que establece la Ley Federal del Trabajo.

Es de señalar que los conflictos laborales que se suscitan entre los dueños de los planteles educativos particulares y sus trabajadores se deben dirimir en las procuradurías locales de la defensa del trabajo y en las juntas locales de conciliación y arbitraje, dependientes de las respectivas Secretarías del Trabajo y Previsión Social de cada entidad federativa y quedando sujetas a las disposiciones previstas en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.

Por tal motivo, propongo ante este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicítese atentamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que instruyan a sus respectivos secretarios del trabajo y previsión social, o sus equivalentes, para que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional; asimismo, para vigilar y exigir a los dueños el cumplimiento de las obligaciones en la materia que les impone la normatividad referida.

Notas
1. "Profesores de colegios particulares sin ningún tipo de prestaciones", La Jornada, sección Sociedad y Justicia, viernes 15 de mayo de 2009, página 45.
2. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER EL SEGURO BINACIONAL DE SALUD, Y A FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA MIGRANTES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL OSUNA MILLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, así como a fortalecer los programas de salud para migrantes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Existen en Estados Unidos 28 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en nuestro país y residen actualmente del otro lado de la frontera; nuestras leyes reconocen a nuestros emigrantes como ciudadanos mexicanos, al igual que quienes habitamos en el territorio nacional, por lo que no se les puede negar ninguno de sus derechos, y mucho menos el derecho a la salud.

Alrededor de 6.5 millones de ciudadanos mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos no tienen acceso a alguna forma de seguro de salud ni servicios médicos. El Estado mexicano tiene el deber de solucionar a fondo dicha problemática, no sólo porque la salud es un derecho humano fundamental y constitucional, sino porque nuestros migrantes contribuyen en gran medida al desarrollo nacional, principalmente a través de las remesas familiares.

La propuesta de crear un Seguro Binacional de Salud surgió del Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Fundación Ford, así como destacados investigadores, académicos y universidades tanto mexicanos como estadounidenses.

Se trataría de un seguro de salud con beneficios concretos para los migrantes y sus familiares en ambos lados de la frontera, basado en la coordinación del sistema de salud privado no lucrativo en Estados Unidos y el sistema público de salud en México. En el norte, el seguro contemplaría un paquete de intervenciones de atención primaria (consultas médicas y quirúrgicas, laboratorio, radiología, inmunizaciones, exámenes, productos farmacéuticos y urgencias de primer nivel). En el sur la Secretaría de Salud garantizaría a los asegurados atención hospitalaria y especializada, y para ello se extendería la afiliación al Seguro Popular desde Estados Unidos.

El seguro tendría un costo de 40.26 dólares mensuales, lo que está muy por debajo de lo que los migrantes estarían dispuestos a pagar por servicios de salud de calidad y oportunos, según sondeos.

A pesar de que el tema del Seguro Binacional de Salud ha sido estudiado, trabajado e impulsado desde hace varios años, tanto por las autoridades federales como por el Poder Legislativo y el sector académico mexicano y estadounidense, a la fecha aún no se han concretado los esfuerzos para que finalmente sea una realidad y sea puesto en operación.

En consecuencia, resulta imperativo e impostergable el establecer, a partir del mes de enero del año 2010, un programa piloto que siente las bases y los fundamentos para cristalizar el Seguro Binacional de Salud, por medio del establecimiento inmediato de la agencia (ya sea pública o mixta) que se encargaría de hacer funcional y operativo el sistema del seguro binacional y que articularía todos los esfuerzos tanto en EEUU como en México.

Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer las acciones que ya realiza la Secretaría de Salud, en la materia de programas de salud para migrantes, como son: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Secretaría de Salud del gobierno federal a lanzar y poner en pleno funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, a través del establecimiento de la agencia (pública o mixta) que se encargará de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y dar viabilidad a los mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos de América.

Segundo. Se hace un llamado a la Secretaría de Salud para que se fortalezcan todos los programas de salud para migrantes, y de manera preponderante: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Miguel Osuna Millán (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INSTRUYE A LA ASF A EFECTO DE QUE INVESTIGUE SOBRE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN LA COMISIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS A GUADALAJARA EN 2009, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo relativo a instruir a la Auditoria Superior de la Federación para que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados al municipio de Guadalajara en el Ejercicio Fiscal de 2009.

Exposición de Motivos

El Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad firmado en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se define asimismo, como un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas a favor de la seguridad, justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

En este sentido, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, donde en su artículo 10 se establece la cantidad del recurso aprobado para el ramo 36 Seguridad Pública, el cual se determinó por la cantidad de 4 mil 137 millones 900 mil pesos para el otorgamiento de los subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones policiales.

En este orden de ideas, el 15 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo 01/2009 de la Secretaría de Seguridad Pública por el cual se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal, este documento señala en el punto tercero, la selección de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que son elegibles para recibir el subsidio para la seguridad pública, de la entidad Jalisco, entre ellos, el municipio de Guadalajara.

Por otra parte, con base en el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir, el 27 de febrero de 2009, el ayuntamiento de Guadalajara aprobó la celebración del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública.

En este orden, con fecha 9 de octubre de 2009, un diario local público de Guadalajara divulgó una nota sin firma titulada "No hay recursos, pero quieren cámaras", en la que textualmente se señala: "Sin recursos garantizados para sufragar la compra, el tesorero de Guadalajara, Armando González Cantú, insistió en la autorización de la adquisición del equipo necesario para la cuarta fase del programa de cámaras de video de vigilancia, que la Dirección de Seguridad instala en la ciudad con recursos federales del subsidio para la seguridad pública", en otro apartado menciona: "La justificación de González Cantú fue que, en pláticas con el director de Seguridad Pública de Guadalajara, Macedonio Tamez, se aseguró que existía un convenio verbal con las autoridades federales de enviar los recursos y que, para apresurar los trámites lo conveniente sería autorizar ya la adquisición. El primer escenario que puso el tesorero fue que, cuando llegara el dinero federal, se harían los movimientos para subsanar la compra ya autorizada", se añade: "En otras ocasiones, el tesorero ha sido señalado por realizar presuntos movimientos en partidas sin recursos para aprobar adquisiciones pero él ha argumentado que lo hace para acelerar tramites". Lo señalado en la nota periodística expone una situación irregular grave en la que está implicado un recurso federal.

El artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Asimismo, el artículo 79, fracción I, segundo párrafo de nuestra ley suprema, menciona que la entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá a su cargo fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

En este orden de ideas, el artículo 41, tercer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que la Auditoria Superior de la Federación podrá fiscalizar directamente la situación excepcional una vez concluido el ejercicio fiscal y, en su caso, fincará las responsabilidades que procedan. Asimismo, el artículo 42 del ordenamiento menciona que se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca: un daño patrimonial que afecte la hacienda pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal; posibles actos de corrupción; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los están autorizados; la afectación de áreas estrategias o prioritarias de la economía; el riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, y el desabasto de productos de primera necesidad.

Se desprende que existe la presunción de que los funcionarios públicos mencionados en el quinto párrafo de la presente iniciativa incurrieron en una situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por tal motivo, propongo ante este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se instruye a la Auditoria Superior de la Federación para que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados al municipio de Guadalajara en el Ejercicio Fiscal de 2009 por parte de servidores públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA Y A APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA A TRANSPARENTAR Y PUBLICAR LOS BENEFICIOS OTORGADOS Y LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA AGRICULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Javier Usabiaga Arroyo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, (Aserca), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tiene la obligación que diseñar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de apoyos al campo están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el programa sectorial de mediano plazo, para fortalecer el desarrollo del sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso de los productores nacionales, todo esto mediante la aplicación de programas de apoyo directo al productor y a la promoción de procedimientos de financiamiento y de organización, para su incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales y de esta forma fortalecer la economía del país.

Entre los programas que maneja se encuentra el denominado Apoyos a la Agricultura por Contrato, el cual busca fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producción-consumo de los productos.

Para su acceder a dicho programa las reglas de operación de los programas de la Sagarpa, y en este caso los apoyos para de 2008 de Aserca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, así como también los lineamientos específicos para la operación al ordenamiento de mercados para aplicar el apoyo a la agricultura por contrato de los granos y oleaginosas elegibles.

Sin embargo a la fecha de la presentación de este punto de acuerdo no se tiene conocimiento del estado que guardan los contratos antes mencionados, de los cuales muchos agricultores de los diversos estados del país son participes.

Dichos agricultores han manifestado su inconformidad sobre la falta del pago establecido en los contratos por los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno 2008, al cual tienen derecho por ser parte del programa en mención, y a lo cual están señalando un probable fraude debido a la falta de finalización del contrato con el paso correspondiente.

Por lo expuesto y continuando con nuestro compromiso de dar certeza a los usuarios de estos Programas Federales en lo referente a los apoyos que estos puedan recibir, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a que se transparente y publiquen los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura por Contrato en todo el país a partir del ciclo productivo primavera-verano y otoño-invierno de 2008 y en adelante al término de cada ciclo productivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputados: José Erandi Bermudez Méndez (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Ramón Merino Loo, Arturo Ramírez Bucio, Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santa María Prieto, Julio Saldaña Morán, Sergio Talento Hernández, Arturo Torres Santos, Enrique Octavio Trejo Azuara, Dora Evelyn Trigueras Durón.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO RESPECTO AL DESTINO Y A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL PETRÓLEO GENERADOS DE 2000 A LA FECHA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Todos los años, el Congreso de la Unión establece un precio de referencia del petróleo que sirve para calcular los ingresos petroleros, que a su vez, se suman al total de ingresos con los que contará la federación para destinar al gasto federal.

De la relación entre las obligaciones fiscales por la actividad petrolera estimada al inicio del ejercicio fiscal y las pagadas al finalizar éste, podemos conocer los recursos excedentes ó faltantes en la recaudación de los ingresos, derivada de la actividad petrolera.

Para todos los presentes resulta conocido que los excedentes petroleros no han sido aprovechados correctamente por la Administración Federal para nuevas inversiones en infraestructura y desarrollo de la petroquímica, ya que cerca del 90% de éstos, se destinan al gasto corriente en el mejor de los casos.

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19, fracción I, se señala el destino prioritario que deberán tener los excedentes de ingresos y refiere textualmente que "se destinaran en primer término" a:

• Compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado para Estados y Municipios, por concepto de participaciones;

• Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

• Atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta ley resulte insuficiente.

El remanente de los ingresos excedentes se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo a:

• En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

• En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

• En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

• En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a los estados, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública más reciente.

 Una vez considerado lo anterior, se deberá alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos.

Por lo expuesto, convoco a los compañeros legisladores de todos los partidos, para sumarnos al apoyo de la creación de una Comisión Especial encargada de dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos económicos excedentes, provenientes de la actividad petrolera, generados a partir del año 2000.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos económicos excedentes, provenientes de la actividad petrolera, generados a partir del año 2000.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada hasta por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, según el principio de proporcionalidad y funcionará por el término de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Óscar Aguilar González (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE MEDIANTE LA SEMARNAT, LA CONAGUA Y LAS AUTORIDADES DE PUERTO VALLARTA, ANTE EL RIESGO RECURRENTE DE INUNDACIONES DE LA DELEGACIÓN DE EL PITILLAL, OFREZCA A LA POBLACIÓN LAS CONDICIONES NECESARIAS DE SEGURIDAD Y PRESERVE EL ESTERO EL SALADO, GARANTIZANDO EL FLUJO DE AGUA DULCE DE LOS ARROYOS EL CONTENTILLO Y LA VIRGEN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ CUEVAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población que habita la localidad y preserven el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Puerto Vallarta ha registrado un crecimiento poblacional sin precedentes en el resto del país. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el periodo de 1970 a 2005 la tasa de crecimiento promedio anual poblacional de dicho municipio fue de 5.4 por ciento, es decir, en total 185 mil habitantes nuevos, tasa muy superior al 2.0 por ciento registrado para Jalisco en el mismo periodo.

Históricamente la ciudad Puerto Vallarta ha concentrado el 67.0 por ciento de la población total del municipio. El crecimiento demográfico de la localidad ha provocado la ocupación de áreas como la de El Pitillal, que en el pasado estaba compuesta de humedales que formaban parte del estero1 de El Salado, y que actualmente cuenta con el río Pitillal y con los arroyos La Virgen y El Contentillo que dotan de agua dulce al estero antes mencionado.

La delegación de El Pitillal al convertirse en la zona habitacional de la localidad, como parte de la planeación urbana, debe de considerar aspectos de orden social, económico y ambiental, no obstante, esto no ha sido así debido al vacío de autoridad para sancionar las obras y actividades que afectan a la población, a estos humedales, y de manera indirecta al estero de El Salado.

Por un lado, la localidad del Pitillal se encuentra ante un riesgo latente de inundaciones, quedando expuesta incluso la vida de seres humanos y la pérdida de su patrimonio, tal como ocurrió el pasado 5 de julio del presente año, cuando a causa de una tromba resultaron afectadas: 17 colonias, 67 viviendas, 227 personas damnificadas, 14 vehículos con pérdida total, 3 establecimientos comerciales y 23 calles y avenidas anegadas. Por otro parte, la mancha urbana está causando un daño ambiental severo, al provocar un deterioro por contaminación con hidrocarburos y desechos sólidos, generar contaminación doméstica y pérdida de la cobertura vegetal del manglar. Otro aspecto importante, es que al obstruir el suministro de agua dulce al estero, se influye en su grado de salinidad y con ello se puede dañar la biodiversidad de la región.

En ese sentido, es importante que las políticas de crecimiento urbano, no dejen de lado el aspecto ambiental, pues de ser así atentarán contra el bienestar de la población ya que este tipo de cuerpos costeros cumplen funciones como estabilizadores de la línea de costa y protección contra huracanes; son de amplio valor para la pesca comercial y deportiva; constituyen fuente de productos de valor comercial (leña, medicamentos, miel, curtientes, entro otros); acarrean cantidades significativas de sedimento que posteriormente serán parte de las playas arenosas de diversos hoteles de la Bahía de Banderas; y albergan una gran biodiversidad compuesta por peces, crustáceos, moluscos, camarones, y otras especies. Por lo cual, estos aspectos deben de ser considerados en la toma de decisiones para el desarrollo de estas áreas.

No obstante la importancia de lo comentado, la falta de una planeación adecuada y la corrupción permiten asentamientos humanos sin la infraestructura mínima necesaria, que al ubicarse en los márgenes e incluso sobre los afluentes ya mencionados, incrementan la posibilidad de inundaciones recurrentes y un daño ecológico creciente.

Por lo expuesto, ante la oportunidad de otorgar seguridad a las familias de la delegación de El Pitillal de Puerto Vallarta, Jalisco, y de preservar el estero de El Salado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine las condiciones y lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar el flujo de agua dulce al estero de El Salado mediante los canales y humedales disponibles en el área, dando continuidad al desarrollo de las especies de la Bahía de Banderas, toda vez que dicho vaso lacustre ha sido afectado por la falta de una adecuada planeación urbana.

Segundo. Se hace un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que lleve a cabo estudios relacionados a los riesgos posibles que enfrenta la población cercana a los arroyos La Virgen y El Contentillo, teniendo como resultado un sustento técnico que permita la realización de obras públicas orientadas a evitar pérdidas humanas.

Tercero. Se exhorta a las autoridades locales de Puerto Vallarta, para que evalúen la permanencia de construcciones existentes en los márgenes y sobre los arroyos La Virgen y El Contentillo, y nieguen la autorización de obras y fraccionamientos que afecten la sustentabilidad del estero El Salado y pongan en peligro la vida de seres humanos.

Nota
1. Un estero o estuario es un cuerpo de agua de mar, un canal angosto y somero por donde ingresan y salen mareas a un río.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 10 de diciembre de 2009.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SCT PARA QUE MODIFIQUE EL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, LAS DIMENSIONES Y LA CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Juan Pablo Jiménez Concha, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de ésta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice las modificaciones al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, y se comunique ello a la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte terrestre constituye en México, un agente multiplicador para el desarrollo y crecimiento del país, ya que la mayor parte de la carga se mueve por medio de este sistema. El servicio de carga comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola, así como la carga de grandes volúmenes de producción.

Estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indican que en el año de 2008 el total de carga que fue trasladada por el autotransporte de carga ascendió a 484.3 millones de toneladas, las cuales fueron movidas por automotores de carga general, y por carga especializada.

Cabe señalar que el autotransporte de carga especializada ha mostrado una tasa más dinámica de crecimiento entre los años de 2007 y 2008 que fue de 2.2 por ciento, sin embargo las cifras para el año de 2009 reflejan una disminución de 3.3 por ciento comparado con 2008, consecuencia de la crisis que atraviesa el país.

Es necesario tener un control estricto del peso y las dimensiones con que circulan los vehículos de autotransporte por los caminos y puentes de jurisdicción federal, según cifras del Programa Integral de Regularización del Autotransporte Federal en el año de 2008, se efectuaron 143 993 verificaciones de peso y dimensiones en las carreteras, de los cuales 131, 641 fueron a unidades de los centros fijos de pesaje, 7,338 en los principales puertos marítimos, 4 566 a unidades vehiculares y 448 a vehículos de las instalaciones de Pemex, de esta forma se pretende disminuir los índices de accidentes ocasionados por vehículos con exceso de peso y dimensiones que circulen por las carreteras federales, así como y el deterioro acelerado de los mismas siendo esto, un factor de riesgo importante que pone en peligro el desarrollo económico de nuestro país; ya que no debemos olvidar que las vías de comunicación son el enlace más importante para cualquier movimiento comercial del mundo.

La mayoría de las carreteras existentes en el país, fueron diseñadas para cierto tipo de vehículos que difieren del parque vehicular de hoy. Hablamos de más vehículos, con mayores capacidades de desplazamiento, velocidad y particularidades con tecnologías avanzados que han hecho más rentable y competitivo el sistema del autotransporte.

En la actualidad es injustificable el grave desperfecto que presentan las carreteras de México, debido a la mala calidad de materiales que usan para el revestimiento, y sumado a esto la sobrecarga que realizan las unidades de transporte que se desplazan a lo ancho y largo del país.

La vulnerabilidad de los parámetros establecidos en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, ha provocado que se haya visto mermada la seguridad de los usuarios que utilizan estas vías de comunicación; los datos más recientes arrojaron un total de 30 mil 551 accidentes anuales, con un costo de 515.2 millones de pesos en pérdidas materiales, desafortunadamente son números que van en aumento año con año.

En materia ambiental el efecto de contaminantes producidos por largas filas dentro de las carreteras nacionales que abarcan kilómetros de vehículos parados con los motores encendidos, a causa de algún accidente o volcadura de contenedores, provocan un mayor índice de contaminantes suspendidos en el aire, que es producido por el aumento de tránsito de vehículos.

El transporte de carga que usualmente transita con mercancías es constantemente requerido por usuarios nacionales e internacionales, con el propósito de realizar operaciones comerciales propias o como intermediarios, esta suma de servicios debe ser responsabilidades compartidas del usuario como del autotransportista en el traslado de la carga.

La responsabilidad de dar cumplimiento a las normas, reglamentos y leyes aplicables a los vehículos de carga que circulan por los caminos y los puentes federales, debe de ser responsabilidad compartida de los permisionarios de autotransporte de carga, y del usuario del traslado de las mercancías, al establecer que el usuario y el permisionario son corresponsables del cumplimiento de la respectiva normatividad.

Asimismo se busca evitar ser acreedor a sanciones al transitar por las carreteras o ser extorsionados por autoridades que no cuentan con ética profesional.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice las modificaciones al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal y se incluyan adiciones al Capítulo II, articulo 10, y Capítulo VII, articulo 20, y se comunique a la Secretaría de Seguridad Publica.

Con el texto siguiente:

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de diciembre de 2009

Diputado Juan Pablo Jiménez Concha
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A VERIFICAR EN LA ELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS QUE SE PRESENTEN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS TRENES DESTINADOS A LA LÍNEA 12 DEL METRO QUE SE CUMPLAN CABALMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y FUNCIONALIDAD QUE PERMITAN CUBRIR EL NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA DEL MATERIAL RODANTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a enviar a la Comisión del Distrito Federal toda la documentación relativa a la adquisición de material rodante para la línea 12 del Metro y para que la respectiva licitación se ajuste a derecho; asimismo, se solicita al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro que asista a dicha comisión para explicar todo lo relativo al tema en comento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jefe del Gobierno del Distrito Federal en 2007 anunció la construcción de la línea 12 del Metro, la cual se convertirá en la línea de mayor longitud de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, además de prestar servicio con trenes de características diferentes a los trenes del lote existente.

En los primeros meses de 2008 el Gobierno del Distrito Federal convocó a la licitación pública internacional para la realización del proyecto y construcción del la línea 12 del Metro y la adquisición de 35 trenes.

El Sistema de Transporte Colectivo originalmente estableció las especificaciones técnicas para el nuevo material rodante (trenes), bajo las consignas y normas técnicas que ha perfeccionado a lo largo de 40 años de experiencia en el servicio, exigencias técnicas que cumplen los proveedores actuales de trenes. Sin embargo, para ampliar la participación de más fabricantes, dicha licitación se abrió.

Derivado de este proceso se inscribieron como participantes las siguientes empresas: Alstom (Francia), Bombardier (Canadá), Caf (España), Siemens (Alemania), Breda-Ansaldo (Italia) y Norinco (China). Sin embargo, sólo los proveedores Alstom, Bombardier y Caf se encuentran actualmente certificados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Es así que en diversos medios se ha afirmado que el jefe de Gobierno adelanta a la empresa Norinco como la ganadora de la licitación, lo que resulta preocupante ya que sin concluir aún el proceso de licitación, se está impulsando a una empresa que no se encuentra certificada, que no cuenta con una planta de ensamble o fabricación en México y, por tanto, no genera empleo a connacionales, a diferencia de algunas de las otras empresas participantes.

Asimismo, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben asegurar que en el proceso de licitación se tome en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el cual indica que se debe de contar por lo menos con un 35 por ciento de contenido de integración nacional en la propuesta por seleccionar.

Aunado a lo anterior, es de considerar que la compañía Norinco es una de las principales fabricantes de explosivos y armamento, por lo que incluso el Estado mexicano colocó una nota diplomática al gobierno chino, porque la mayoría de las armas que usa el crimen organizado provienen de dicha compañía y los contrabandean de Estados Unidos de América, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por otra parte, a decir de algunas empresas participantes en la licitación, la selección de este nuevo tipo de vehículo que será más ancho que los trenes actuales, además de ser único traerá como consecuencia ciertas limitaciones en su manejo dentro de las instalaciones de la red existente, es decir, no podrán circular en ninguna de las once líneas de la actual red y no podrán utilizar los dos talleres de mantenimiento denominados de gran revisión, además de que las fosas o posiciones de mantenimiento están diseñadas para soportar y maniobrar carros de menor longitud.

Nuestra intención no es oponernos a ninguna empresa, ni a la inversión extranjera ni mucho menos al desarrollo de nuevas tecnologías, pero el Gobierno del Distrito Federal debe sujetarse a derecho en el proceso de licitación, transparentar la información relativa a las obras de la línea 12 del Metro y sobre todo que la licitación se otorgue a la empresa certificada que garantice el cumplimiento de calidad, rendimiento funcional, garantías técnicas y operativas que exigirá el servicio que tiene previsto ofrecer el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la línea 12 del Metro, cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fin de que la propuesta seleccionada ofrezca el cumplimiento del porcentaje (35 por ciento) de integración nacional, establecido en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

Tercero. Se solicita al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Francisco Bohórquez Hernández, que asista a la Comisión del Distrito Federal para explicar todo lo relativo a la línea 12 del Metro.

Cuarto. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal enviar a la Comisión del Distrito Federal toda la documentación relativa a la construcción y adquisición de material rodante para la línea 12 del Metro.

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA A ACORDAR LO NECESARIO A FIN DE QUE LAS CURULES DEL SALÓN DE PLENOS CUENTEN CON COMPUTADORA INTEGRADA, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES LEGISLATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HERNÁNDEZ SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, acuerde lo necesario para que las curules en el pleno de sesiones cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas, bajo las siguientes

Consideraciones

Avanzar en la tecnología, es parte de la obligación de todo gobierno, aportar en ella conduce a alcanzar en el tiempo el desarrollo de los pueblos, esto permite reflexionar en el consumo desmedido del papel, que, según cifras de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, tan sólo en 230 dependencias del gobierno federal producen anualmente más de 100 mil toneladas de papel de desecho (que ahora, afortunadamente, serán utilizadas en la elaboración de libros). El dato más preocupante es que para cada tonelada de papel se talan de 12 a 17 árboles. En esa reflexión cabe la pregunta, ¿cuánto papel se consume, se desecha y se desperdicia en las actividades parlamentarias? que son base sustantiva de nuestro quehacer, esta referencia se esboza dado que debemos ajustar nuestras actividades a los avances de la tecnología, refiero a la computación.

La reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público establece que, a partir de marzo de 2008, en dependencias y entidades de la administración pública federal, el papel que adquieran debe contener un mínimo de 50 por ciento de material reciclado, fibras naturales no derivadas de la madera o materias primas provenientes de bosques y plantaciones sustentables, debiendo implementar programas para reducir su consumo en impresoras y fotocopiadoras.

El consumo de papel es un problema de todos, entre más desarrollado sea el país, mayor es su tasa de consumo. Todos podemos contribuir a disminuir el problema. Por supuesto el uso del Internet, aún impractico para largas lecturas, sigue haciendo su trabajo y aunque en el corto plazo no sustituirá al papel, si contribuye de manera sustantiva en el ahorro de la materia papel y sobre todo de mejoras sustentables en la naturaleza, preservando el medio ambiente al dejar de consumirse madera en grandes proporciones para su elaboración, sin duda es una condición de cultura.

El deterioro forestal por parte del ser humano es un problema grave, ya que la erosión del suelo a causa de la eliminación de la materia orgánica, las alteraciones climáticas, la reducción de nuestra biodiversidad y una aceleración en el sobrecalentamiento global de la tierra, son sin duda, consecuencias considerables en el deterioro del ecosistema de nuestro planeta. Sin embargo, aun cuando es tan manifiesta la tala desenfrenada de árboles al interior del país y la inexorabilidad de los efectos colaterales, no se ha podido crear una conciencia real del uso correcto del papel y la importancia de su reducción para beneficio de nuestros bosques, en virtud de que gran cantidad de la celulosa que se emplea en su fabricación y los árboles han venido desapareciendo paulatinamente.

La sensibilización hacia la población sobre la reducción, reuso y reciclaje de papel en los distintos espacios de la vida cotidiana es completamente indispensable y necesaria, pues se trata de una medida fundamental para cambiar de fondo algunas actitudes, ya que nos coloca ante la posibilidad de crear acciones especificas, claras y sencillas que todas y todos, con un poco de voluntad, podemos llevar a cabo. En toda oficina pública se podría aplicar medidas básicas para el buen uso del papel, que ayuden a racionalizar adecuadamente su consumo.

Para lograr que el personal esté al tanto del consumo desmedido del papel y la necesidad de cuidarlo, se deben llevar a cabo talleres de sensibilización que informen sobre las alarmantes cifras y datos sobre los daños ambientales que se ocasionan con la tala de árboles y toda la problemática que a este respecto sucede, para tomar conciencia de la necesidad de dar un buen uso a la celulosa, "papel".

Los medios electrónicos, son fundamentales en toda actividad pública, permitiendo la comunicación con eficiencia, eficacia y sobre todo aplicar de manera constante el intercambio de información para el buen funcionamiento de la actividad que se desempeñe, en el caso de la actividad parlamentaria contar con una computadora integrada en la curul, permitiría tener con prontitud, información requerida, ahorrando cuando menos por sesión la impresión de 500 tantos de la orden del día, así también como 500 ejemplares de la Gaceta Parlamentaria, siempre y cuando esta no contenga anexos, porque de ser así se multiplicaría tantas veces contenga estos por 500, incluyendo en el ahorro del uso de papel inclusive la síntesis periodística diaria.

Lo anterior, permite hacer un ensayo cuántico y económico de cuantos kilos de papel consumimos en la Cámara de Diputados, por día, por sesión, por mes, por periodo de sesiones, por año de ejercicio legislativo y porque no decirlo por Legislatura, datos que muy bien pueden trasparentarse por parte de la Secretaría General hacia el Comité de Administración de la Cámara, para que logrando un balance de los números que ese ensayo arroje, se compare con el gasto que pudieran costar las computadoras integradas a cada curul del pleno de sesiones, como un elemento más para el buen funcionamiento del quehacer parlamentario.

Es por ello, que solicito su amplio apoyo, en este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que sea considerado por la Junta de Coordinación Política, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para que acuerde lo necesario y las curules en el pleno de sesiones cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas.

Palacio Legislativo, a 10 diciembre de 2009.

Diputado Héctor Hernández Silva (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA Y A LA COFEPRIS A INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL USO EN NIÑOS Y EN ADOLESCENTES DE MEDICAMENTOS OTOTÓXICOS, E INFORMAR A LOS CIUDADANOS Y A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA SOBRE LOS RESULTADOS DE SU EMPLEO Y LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN ADOPTADAS, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN TORRES IBARROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Agustín Torres Ibarrola, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas, bajo las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sordo es aquella persona que no tiene respuesta al estímulo auditivo aun con el más potente auxiliar.

Según el XII Censo de Población y Vivienda en México existen alrededor de 281,000 personas con discapacidad auditiva y que en el 50% de los casos se debe a agentes externos y en el otro 50% se trata de una cuestión congénita. El impacto de este padecimiento sobre la población infantil de nuestro país es notorio, pues de cada 100 niños 2 padecen sordera profunda.

A pesar de que contamos con información, es necesario conocer con mayor profundidad este fenómeno en México. Requerimos ser capaces de detectar las causas de algunos tipos de sordera provocada por agentes externos y de diseñar políticas públicas para erradicar sus efectos.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Salud "la atención materno-infantil tiene carácter prioritario" y entre sus acciones se contempla "la detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento", así como las acciones "para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas".1

Entre algunas de las causas del déficit auditivo en la población infantil, se encuentra el consumo de medicamentos ototóxicos, definidos éstos, como aquellos que, derivado de su consumo, producen un efecto nocivo sobre el oído y su buen funcionamiento.

Muchos de estos medicamentos son de uso común en los servicios de cuidados intensivos de los hospitales de pediatría y diversas asociaciones médicas les atribuyen afectos ototóxicos. Sin embargo, para que el poder legislativo pueda contribuir a la solución de esta problemática, es necesario que cuente con la información suficiente para poder plantear medidas efectivas que logren frenar o atenuar los efectos negativos de tales medicamentos.

En este contexto, toma una especial relevancia la información generada por nuestro sistema de vigilancia farmacológica. El Centro Nacional de Farmacovigilancia es el responsable de establecer las políticas, programas y procedimientos en tal materia en nuestro país, a lo que debe agregarse que coordina las acciones de los Centros Estatales de Farmacovigilancia y que colabora con la OMS en esta materia. Eso le permite contar con información privilegiada respecto a las reacciones adversas causadas por cada medicamento que es utilizado en nuestro país.

Por otra parte, contamos en el país con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dicha institución es la encargada de proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de medicamentos.2

A fin de poder realizar las acciones legislativas pertinentes, es necesario que el Poder Legislativo cuente con la información derivada de las acciones de vigilancia farmacológica y contra el riesgo sanitario vinculados a posibles efectos ototóxicos sobre medicamentos aplicados a la población infantil y que han sido señalados por asociaciones nacionales e internacionales de médicos.

En razón de todos los argumentos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de los

Antibióticos gminoglucosidos):

Amikacina     Gentamicina
Kanacimina     Aminosidina
Estreptomicina     Capreomicina
Dehidroestrestreptomicina     Mínociclina
Vancomicina     Neomicina

Otros antibióticos: antipaludicos:

Cloranfenicol (local)     Quinina
Eritromicina (dosis altas)     Quinidina
Polipéptidos     Cloroquina
Colistina cilocerina
Famicetina

Agentes Antihepaticos: Anti- Inflamatorios:

Bromo A.C.     Acetilsalicílico
Indometacina
Naproxen

Anestésicos generales: Anti-metabólicos:

Cloroformo Mostaza nitrogenada
Cloruro de Etilo     Vinblastina
Eter Cisplatino

Diuréticos:

Furosemide
Ácido Etacrinico.

 Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre el número de casos en los que se presenten efectos secundarios de sordera provocada en niños o adolescentes, que se deriven o puedan derivarse del uso de los insumos enlistados en el cuadro anterior y en su caso, de las acciones que dichas instancias han realizado para su atención.

Notas
1. Fracciones IV y V del artículo 61 de la Ley General de Salud. http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/sala_prensa/ley_general_salud.pdf
2. Ley General de Salud. Artículo 17 Bis, fracción II. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA EN FAVOR DEL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE RETORNAN DURANTE LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO Y DE LOS EXTRANJEROS QUE SE INTERNAN EN EL PAÍS, Y EXHORTA A LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO A MANTENERSE VIGILANTES DE ELLO, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, somete a discusión y, en su caso, aprobación del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio en México, es complejo e históricamente ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas a nivel nacional e internacional, un ejemplo de ello, es la experiencia cercana que tenemos en la región del continente americano, donde de la migración ha impactado positivamente en el desarrollo económico, social, cultural y político de los diferentes países.

Ante esa situación, es necesario reconocer que nuestro país, no sólo es de migrantes como lo ha sido manifestado por muchas voces de los sectores, gubernamentales, políticos, académicos y sociales, entre otros, si no también es un país de inmigración, emigración y trasmigración, y aún no tiene un legislación interna que permita mirar esa realidad desde el ámbito del desarrollo integral del país y de la región.

No hay estado de la República Mexicana y país en el mundo que no tenga entre sus ciudadanos migrantes, mujeres y hombres que contribuyan a cambiar la visión y el desarrollo de los pueblos, participan activamente en la comunidades de origen y destino, proporcionan a su familias esperanza de una mejor calidad de vida y experimentan nuevas formas de convivencias social.

A pesar de ello, los migrantes y sus familias son uno de los sectores de la sociedad cada vez más grandes y que se encuentran en extrema vulnerabilidad de sus derechos humanos. Desgraciadamente, porque ello está íntimamente relacionado con la pobreza a nivel mundial, con la necesidad de los indígenas, niños, mujeres y hombres que buscan en la migración una opción de vida, efecto del crecimiento de las desigualdades sociales y la falta de oportunidades.

México, es un país que ha adoptado una forma de vida binacional, hay millones de migrantes que en el transcurso del año van y regresan de sus comunidades de origen y destino, en ello se ha adoptado nuevas políticas públicas que buscan atender la demandas de este sector, sin embargo, hay integrantes de diversas corporaciones de seguridad del estado mexicano que han abusado y abusan de migrantes durante el retorno a sus comunidades de origen.

Ello debe de ser erradicado, nuestros paisanos que se encuentran en el norte y los ciudadanos centroamericanos, sudamericanos y del Caribe, entre otros que regresan a su comunidades de origen y que se internan en el país, deben de ser tratados por la autoridades gubernamentales, de todos los niveles de gobierno, con pleno respeto a sus derechos humanos, por lo que no se deben permitir los abusos a ese sector, pues todos somos ciudadanos y debemos exigir y ser tratados con respeto e igualdad.

En ese contexto, los diputados abajo firmanes consideramos en el marco de este importante Día Internacional de los Derechos Humanos y por la convicción de ser mexicanos y promotores constantes de los derechos fundamentales, que es imperante realizar lo conducente para promover la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas y más aún al tratarse de los migrantes que en esta temporada de fin y de principio de año, se enfrentan al abuso de las autoridades que actúan fuera del marco legal vigente.

La mejor bienvenida a nuestro compatriotas que vienen del extranjero y de los visitantes de otros países que se internan en México, durante esta temporada, es recibirlos con solidaridad, agrado y con pleno respeto a su derechos fundamentales y en caso de que ello sea, debemos de estar vigilantes de esos derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de éste Pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retorna durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se interna en nuestro país. Asimismo, exhorta, respetuosamente a los diferentes niveles de gobierno para que, de acuerdo a sus atribuciones y facultades, se mantengan vigilantes de la protección de esos derechos de los migrantes durante la presente mencionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ALDF QUE EMITAN DISPOSICIONES LEGALES ATINENTES A LAS PERSONAS FÍSICAS Y A LAS JURÍDICAS QUE REALIZAN CONTRATACIONES U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIOS NO REGULADAS EN LA LEGISLACIÓN FINANCIERA; Y, EN SU CASO, REVISEN LA NORMATIVA LOCAL SOBRE ESE TIPO DE INSTITUCIONES QUE SE ACOGEN A LA FIGURA DE ASOCIACIONES CIVILES O INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, A CARGO DEL DIPUTADO OVIDIO CORTÁZAR RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera; y al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al Sistema Financiero Mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es indudable que en el presente siglo XXI, México se encuentra frente a enormes retos y desafíos esenciales. La crisis económica mundial a la cual nos enfrentamos, requiere continuar impulsando medidas urgentes para impedir que aquellos sectores más vulnerables de la sociedad resientan sus complejos efectos.

En este tenor, un tema de suma importancia sin duda alguna en la agenda, es regular a las instituciones, personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, comúnmente conocidas como "Casas de Empeño".

En México, con la creación del Nacional Monte de Piedad en el año de 1775, comenzó la operación en nuestro país de las instituciones de asistencia privada, las cuales surgieron como un medio para realizar acciones en beneficio de la sociedad, cuyo objetivo primordial era proporcionar ayuda a las personas necesitadas, de bajos recursos a través de préstamos inmediatos, y sin cobrar intereses por el préstamo recibido al pignorante.

Sin embargo, al convertirse en una práctica popular, en virtud de la imperiosa necesidad de liquidez inmediata para cubrir eventualidades, en los últimos años es evidente que han comenzado a proliferar distintos establecimientos de empeño como negocios puramente lucrativos, ahora operadas por particulares.

Así pues, dentro de las figuras que más han proliferado al margen del sistema financiero se encuentran las casas de empeño, cuyos servicios se basan en operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Es de resaltar que, en los últimos años, el número y volumen de operaciones del sistema financiero se ha incrementado, sin embargo, este crecimiento es insuficiente para permitir que la totalidad de la población tenga acceso a los servicios de ahorro y préstamo.

Ante la falta de cobertura del sistema financiero "formal" surgen instituciones que brindan servicios alternativos, especialmente para la población que, por sus características socioeconómicas o por la rigidez de las entidades financieras, son marginadas de éste.

Las casas de empeño atienden a un segmento de la población que, por lo general, requiere liquidez inmediata, sin embargo, no cuenta con los medios para hacerse de ésta por lo que en el sistema financiero formal no son sujetos de crédito, obligándolos a recurrir al empeño de sus bienes.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)1, en el año 2006, el 25.3 por ciento de las personas que hicieron uso de los servicios de las casas de empeño no percibían algún ingreso personal y el 30.2 por ciento tenía ingresos menores a los 4,855 pesos.

Dadas las características de la población que requería los servicios, inicialmente la operación de las casas de empeño tuvo un fin netamente de asistencia social, sin fines de lucro, por lo que se instituían como asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada.

Con el paso del tiempo y, ante el incremento de la demanda de los servicios, comenzaron a proliferar casas de empeño bajo figuras mercantiles, distorsionando el concepto original de asistir a la población más necesitada.

Las casas de empeño que operan bajo la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada están sujetas a la regulación de las entidades federativas, mientras que las constituidas como sociedades mercantiles son reguladas por la legislación mercantil, cuyo único límite es que su actividad sea lícita y de acuerdo a las buenas costumbres, quedando sujetas a las normas correspondientes.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en la actualidad, existen 22 entidades federativas que cuentan con su propia legislación en materia de instituciones de asistencia. Sin embargo, la legislación local regula de manera general a las casas de empeño que estas constituidas como organizaciones de asistencia social.

Si bien es cierto que algunas de las entidades federativas han realizado esfuerzos legislativos para crear un marco jurídico, o en otros casos inexistente, así como al encontrarse sujetas a la regulación mercantil, las casas de empeño prácticamente operan sin regulación ni supervisión, generándose el escenario ideal para que operen con prácticas lesivas para la sociedad, pues actúan únicamente con el objetivo de multiplicar sus ganancias en detrimento de sus bienes de las personas.

En este contexto, un gran número de casas de empeño dejaron de lado su objetivo de asistir a la población necesitada al otorgarle una alternativa de financiamiento, para convertirse en un negocio muy lucrativo.

De acuerdo a la Condusef, factores como la confianza que han heredado de los antiguos montepíos y la falta de una costumbre de comparar opciones, así como la sencillez de los trámites, podrían explicar la proliferación de este tipo de instituciones a pesar de que, en general, los intereses son muy altos comparados con los que cobran las instituciones financieras como bancos y Sofoles.

De acuerdo a la Profeco, en el mes de agosto de 2009, el costo anual total (CAT) promedio de las casas de empeño fue de 257.2 por ciento, denotando claramente que actualmente su objetivo final ya no es la beneficencia.

Este elevado CAT lleva implícitas tasas de interés sumamente elevadas que exceden un interés mensual del 10 por ciento, haciendo sumamente caro el financiamiento otorgado por estas instituciones. Esta situación conlleva a una muy grave afectación a los ciudadanos que, no en pocos casos, pierden su patrimonio para cumplir con las obligaciones que las casas de empeño les requieren.

Si bien es cierto que otorgan financiamiento a quienes muchas veces no tienen acceso al sistema financiero formal y que, por sus características, denotan un grado de riesgo de incumplimiento, es de reconocer que reciben una prenda que, por lo general, es valuada muy por debajo de su valor real. Lo anterior aunado a que no existe una autoridad facultada que vigile el funcionamiento de estos establecimientos, conlleva a múltiples problemas como el agio, principalmente.

Diversos legisladores, de todos los grupos parlamentarios, coincidimos en la necesidad de regular a estos establecimientos y sujetarlos a la supervisión de las autoridades financieras, de ahí la importancia de la solicitud que realizamos al Banco de México para contar con la información que nos permita impulsar, desde esta soberanía, una reforma integral para regular la constitución y operación de las casas de empeño.

En la actualidad, las disposiciones vigentes referentes a las casas de empeño a nivel federal van únicamente en el sentido de regular los contratos de adhesión y la transparencia de las condiciones de los servicios, sin lograr aún que las autoridades financieras se responsabilicen de la supervisión de éstas.

Claro ejemplo de lo anterior es la NOM-179-SCFI-2007 que contiene información en materia de casas de empeño, señalando como objetivo "establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios".

Esta NOM únicamente es aplicable para aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, por lo que sólo se regulan aquellas casas de empeño que no fueron constituidas como asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada que, como ya se mencionó, se encuentran sujetas a las legislaciones locales.

Como vemos, las casas de empeño prácticamente actúan sin una regulación que impida que abusen de los ciudadanos, por lo que es urgente que las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislen, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada y que, por tal motivo, se propone dicha solicitud en la materia.

De manera adicional, y considerando la gravedad del asunto, se solicita al Banco de México para que realice un estudio para analizar la posible incorporación formal al Sistema Financiero Mexicano de las organizaciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, para sujetarlas a la regulación de las autoridades financieras y evitar con ello que se continúe lucrando con la necesidad de los ciudadanos.

La presente proposición con punto de acuerdo, abre la posibilidad de dar un paso adicional con la visión de proteger a los ciudadanos de los abusos que en muchas ocasiones realizan estos negocios por la falta de un marco regulatorio integral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace una respetuosa solicitud a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada.

Segundo. Se hace una atenta solicitud al Banco de México para que, dentro de un plazo de tres meses, informe a esta soberanía sobre el estudio y evaluación de la formal incorporación al Sistema Financiero Mexicano de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, con el objeto de sujetarlas a la legislación vigente para favorecer su sano desarrollo, brindar mejores servicios en cuanto a precio y calidad, así como para evitar prácticas lesivas a los usuarios de estos servicios.

Nota:
1. De acuerdo con datos de la Profeco (2006), en una encuesta realizada a 972 personas de 18 años o más en el Distrito Federal y 11 municipios conurbados del estado de México, de las personas que hicieron uso de los servicios de las casas de empeño, el 25.3 por ciento no percibe algún ingreso personal; el 1.3 por ciento percibe de $0 a $932; el 5.1 por ciento de $933 a $2,110; el 7.6 por ciento de $2,111 a $3,036; el 7.2 por ciento de $3,037 a $3,935; el 9.0 por ciento de $3,936 a $4,855; el 7.6 por ciento de $4,856 a $5,971; el 8.8 por ciento de $5,972 a $7,482; el 6.0 por ciento de $7,483 a $9,696; 5.2 por ciento de $9,697 a $13,627; el 10.9 por ciento de $13,628 en adelante y; 5.9 por ciento no contestó.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT Y A LA SEDESOL A CREAR UN PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los temas centrales del sector social, lo constituyen las comunicaciones y el transporte, conformados por las infraestructuras carreteras, el transporte de bienes y personas y las telecomunicaciones.

Recientemente aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, donde se contemplan recursos importantes para la infraestructura carretera correspondiente a 80 mil 485 millones, en 2009 fue de 75 mil 969 millones diferencia de 4 mil 517 millones del monto total aprobado en el PEF 2010 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se contemplan para carreteras alimentadoras y caminos rurales la cantidad de 16 mil millones y que comparado con el 2009 fue de 15 mil 800 millones, es decir; 200 millones más de lo anterior, es importante señalar que las carreteras alimentadoras se comen en términos de asignación presupuestal al rubro de los caminos rurales.

Que la red de caminos rurales del sistema carretero desempeñan un papel fundamental en la comunicación e integración permanente de las comunidades a las que sirven, su estado físico se encuentra asociado al factor climático que afecta directamente las condiciones de transitabilidad, por lo que es necesario continuar con las acciones de modernización, reconstrucción y conservación constante, haciendo énfasis a la vulnerabilidad por riesgos de lluvia.

Hablar de caminos rurales, es hablar de vías de comunicación que tienen su origen en un camino de herradura, en una brecha de sacacosecha, en un camino de terracería que en su mayoría se encuentran incomunicadas por no contar con las obras de drenaje como alcantarillas y cunetas, o los niveles de su pendiente y curvatura.

Actualmente hay un fondo regional que se destina a la conservación y mantenimiento de carreteras alimentadoras y caminos rurales, sin embargo, los recursos que se destinan en mayor proporción son para las carreteras alimentadoras y no para los caminos rurales, por tal motivo, es fundamental la creación de un programa de inversión social que atienda la conservación y mantenimiento de los caminos rurales, en virtud de que los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional, en cambio los caminos alimentadores representan sólo el 20 por ciento de la red carretera nacional.

Las carreteras rurales representan en este país, pero particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el espacio y oportunidad de comunicación.

Ahí donde se encuentra el cinturón de pobreza, marginación y olvido, ahí se encuentran los municipios de menos índice de desarrollo humano, los cuales requieren la construcción y modernización de caminos rurales, para que sean transitables y sea posible hacerles llegar los servicios públicos esenciales como: energía eléctrica, agua potable entubada, drenaje o correo, facilitando la promoción de su desarrollo económico y social.

Son las carreteras rurales, la única oportunidad de desarrollo regional y de mayor atención a los pueblos indígenas.

Por lo expuesto, considero importante atender y fortalecer al único espacio de desarrollo regional como lo son los caminos rurales, por lo que me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Desarrollo Social a crear un programa de inversión social para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales.

Diputado Sofio Ramírez Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA STPS A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A GARANTIZAR A TODO REPARTIDOR, MENSAJERO O SIMILAR CUYA HERRAMIENTA PRINCIPAL DE TRABAJO SEA UNA MOTOCICLETA CONDICIONES LABORALES DIGNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL QUE LES PERMITA AFRONTAR LOS RIESGOS INHERENTES A SU EMPLEO, A CARGO DE LA DIPUTADA LUCILA DEL CARMEN GALLEGOS CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Diariamente, cada mañana millones de personas dejan sus hogares para dirigirse a su lugar de trabajo. Profesiones y oficios hay muchos, algunos de ellos bien remunerados, otro no tanto y algunos otros brindan apenas el mínimo para subsistir. Economistas de antaño mencionaban que los salarios se correlacionaban de manera positiva con el riesgo en el que incurrían cuando se llevaba a cabo una actividad productiva. Ciertamente, en la actualidad el salario o las retribuciones para el trabajador no se determina por el riesgo de sufrir un accidente laboral o una enfermedad. Lo anterior resulta particularmente cierto para una actividad que ha tenido un auge enorme en los últimos 10 años en nuestro país, nos referimos a los servicios que prestan los repartidores.

Las actividades de reparto comenzaron con las comidas preparadas, pero se han ampliado a otro tipo de servicios, productos y comercios, que van desde las farmacias y mensajería, hasta los trámites. Y todo hace pensar que cada vez serán más los que se sumen a la lista. El problema es que el crecimiento de los repartidores ha sido desmedido en los últimos años, y no se ha visto acompañado con el desarrollo de una normativa específica, particularmente en lo que se refiere a los controles que demanda una actividad con alta incidencia en cuanto a la frecuencia y la severidad de los riesgos de trabajo.

En nuestro país, a principios del siglo XX, las necesidades y demandas populares se hicieron cada vez más apremiantes hasta culminar con el movimiento armado de 1910. La Revolución Mexicana sintetizó la aspiración de los trabajadores por su seguridad y por la reglamentación justa de sus condiciones de trabajo, el artículo 123 constitucional en su fracción 29 señala la necesidad de establecer un seguro social para resolver razonablemente los problemas derivados de los riesgos de trabajo, que se encuentran plenamente reconocidos en el artículo 4741 de la Ley Federal del Trabajo a que están sujetos los trabajadores y la necesidad inaplazable de encontrar un substituto del salario cuando por razones de invalidez o vejez los trabajadores dejasen de ser útiles. El resultado de estas necesidades se concretó en 1943 con la promulgación de la Ley del Seguro Social y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo trata de manera prolífica el tema de los riesgos de trabajo, sus formas de prevención y los órganos que en esta materia deben existir dentro de la administración pública federal, las estatales y de las propias empresas, para minimizar los accidentes laborales y así proteger la integridad física de los trabajadores.

En dicho Título, se contempla la creación de las Comisiones de Seguridad e Higiene al interior de las empresas, para que evalúen los riesgos de trabajo y las conductas que, trabajadores y patrones, deben adoptar para deducir el índice de accidentes laborales.

Igualmente, da atribuciones a los inspectores del trabajo para verificar que existan condiciones que reduzcan los riesgos de trabajo, así como para levantar actas en caso de que no haya tales condiciones.

Ahora bien, las personas que se dedican a esta actividad se encuentran expuestas a innumerables riesgos de trabajo, básicamente porque su principal herramienta laboral son las motocicletas con las que se desplazan.2 Frecuentemente sufren de lesiones que van desde un simple raspón o moretón hasta extremidades fracturadas, y traumatismos craneoencefálicos, sin olvidar que en el peor escenario el resultado es el deceso del individuo. Las lesiones más graves tardan en sanar entre 8 y 12 semanas más un periodo de rehabilitación para poder reintegrarse a sus actividades. Todo ello, sin olvidar que en innumerables ocasiones también son víctimas de robo con violencia, y sumado a las inclemencias del clima, la lluvia le añade un mayor elemento de riesgo al trabajo.

Las condiciones laborales de estos jóvenes son en suma precarias, tienen jornadas de trabajo de hasta 13 horas, por supuesto sin el pago de horas extras, algunos tienen seguro social pero no seguro de vida, otros no cuentan siquiera con el equipo de protección necesarios y muchas veces su principal herramienta de trabajo, la motocicleta, se encuentra en condiciones deplorables. En un día de trabajo con una alta demanda de pedidos, un repartidor hace entre 20 y 25 entregas al día, poniendo en peligro su integridad física en cada recorrido asignado.

Promociones de algunas empresas que ofrecen alimentos en 30 minutos o son gratis, incrementa el factor de riesgo, el repartidor se ve forzado a entregar el producto con la mayor celeridad posible, se tiene el conocimiento de casos de repartidores que fueron despedidos por quejarse al querer la empresa descontar de su sueldo los alimentos. En estos casos, el trabajador se encuentra en desventaja, porque se ha detectado que cuando se contratan los hacen firmar dos hojas en blanco, su renuncia, y una carta en la que deslindan a la empresa del pago de cualquier responsabilidad una vez que surte efecto dicho renuncia.

Desafortunadamente, el cúmulo de irregularidades con respecto las condiciones laborales de los repartidores es amplio. Sólo por mencionar algunos ejemplos, no se acredita el que los trabajadores reciban el equipo de protección personal adecuado para las labores que desempeñan, tampoco "se cuenta con avisos y estadísticas de accidentes de trabajo, manual de primeros auxilios ni planes y programas autorizados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la capacitación de los trabajadores", así como "la existencia de algún médico dentro de la empresa".

En cuanto a las condiciones generales de trabajo, se ha encontrado que las empresas carecen de la documentación correspondiente a la participación de utilidades, capacitación y adiestramiento. Tampoco cuentan con algún reglamento interior de trabajo donde se especifiquen las actividades que tiene que desempeñar el empleado.

Los accidentes relacionados con los repartidores, además de ser una preocupación válida de salud pública, también tiene implicaciones económicas. Cuando un repartidor, sufre un accidente, implícitamente el empresario obtiene un subsidio, los costos se trasladan al seguro de accidentes ("cuando este existe", y no a la empresa), o al Estado mediante los servicios de salud para la población abierta. La actividad productiva queda así aislada de la responsabilidad que tiene. Sus esquemas de distribución y el riesgo que crean en su personal son, sin duda, costos que deberían generalizar. La generalización de estos costos, evidentemente, tendría que afectar el precio de los alimentos.

Esta distribución de costo es ineficiente e inequitativa y adicionalmente se elimina el incentivo para que haya cambios socialmente beneficiosos en la distribución de productos y alimentos: de pronto los restaurantes tendrían que aumentar la seguridad de sus empleados y/o modificar creativamente sus esquemas de distribución. Sólo con costos adecuadamente ajustados pueden adoptar las decisiones correctas.

Sin embargo la Ley del Seguro Social, en su artículo 15, marca como obligaciones del patrón el registro de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el pago de sus respectivas cuotas. Igualmente, en su Capítulo III, señala que los patrones deberán reportar a la institución antes mencionada que el empleo que ofrecen conlleva un riesgo de trabajo y que por ello deberán pagar una cantidad extra a las cuotas ordinarias, por lo que los empresarios deberán contemplar, desde los costos iniciales de su inversión, aquellos inherentes a la seguridad social de sus empleados.

Por otro lado, sería injusto ignorar el gran esfuerzo del trabajo de los empresarios e inversionistas dedicados a esta rama del comercio, ya que en muchas de las ocasiones hacen más fácil el acceso a alimentos, más aún en medio del actual entorno acelerado en cada actividad cotidiana en la que nos vemos involucrados; además no olvidemos que también han demostrado ser solidarios con las necesidades sociales, claro ejemplo es incluso el establecimiento de asociaciones civiles y altruistas que encaminan los recursos a proveer mejores condiciones de alimentación, salud y educación a un gran número de niños (principalmente) vulnerables.

Es por lo antes expresado, que los conminanos a unir una vez más esfuerzos, para garantizar a los empleados en sus establecimientos comerciales las condiciones mínimas de trabajo, seguridad social, certeza jurídica y laboral, para salvaguardar cada día más vidas y con ello coadyuvar en la disminución paulatina de estadísticas en accidentes de tránsito vinculados con motociclistas repartidores, mensajeros, cobradores o cualquier otro trabajo cuya principal herramienta laboral sea una motocicleta.

Lo anterior, con base a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, misma que de manera explícita y abundante, contemplan los riesgos de trabajo y las formas de prevenirlos.

En congruencia con lo ya acotado, debemos ocuparnos de proteger la vida de estos trabajadores que a falta de una adecuada supervisión por las autoridades laborales, muchos de ellos no cuentan con protección social alguna. Los accidentes de trabajo entrañan diversas consecuencias que afectan las expectativas de desarrollo personal, tales como sufrimiento físico, disminución o pérdida de capacidades físicas, disminución de los ingresos, de la esperanza y calidad de vida. La seguridad de estos trabajadores es un tema que tiene que preocuparnos, los servicios que ofrecen los repartidores es una actividad que ha crecido exponencialmente y hoy en día es una parte fundamental de un sin número de negocios.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en el marco del Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo, tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo. Igualmente se le exhorta, para que en el marco de sus atribuciones, considere adicionar un Capítulo en el Reglamento en Materia de Seguridad e Higiene, que contemple el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, en caso de que esta sea la herramienta principal de trabajo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el marco de los artículos 15 y del Capítulo III de la Ley del Seguro Social, emprenda acciones tendientes a que los patrones que contraten a personal cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, los inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paguen su cuota por riesgo de trabajo y promuevan normas al interior de su empresa para prevenir los accidentes que pongan en riesgo la integridad de dichos empleados. Igualmente, con base en el artículo 251 y en el mismo Capítulo de la citada Ley, se le exhorta a redoblar esfuerzos para verificar y sancionar a aquellos patrones que incumplan con los requisitos anteriormente expresados.

Notas
1. El derecho laboral mexicano en el artículo 474 de la Ley Federal de Trabajo define el accidente de trabajo como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.
2. Estadísticas señalan que al año, aproximadamente 500 accidentes de tránsito se relacionan con repartidores, mensajeros, cobradores o cualquier persona que utilice como herramienta de trabajo una motocicleta.

Salón de sesiones de la Cámara de diputados, a 10 de iciembre de 2009.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA PRODUCCIÓN PORCÍCOLA NACIONAL, EVITANDO LAS POLÍTICAS DE DUMPING, QUE HAN INCREMENTADO LA IMPORTACIÓN DE DERIVADOS DEL CERDO, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO DÍAZ BROWN RAMSBURGH Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, representantes populares del estado de Sonora y pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El sector porcícola mexicano se encuentra en un periodo de crisis preocupante, si bien es cierto que esta situación no es nueva, no se puede negar que a partir de la aparición de la influenza AH1N1, la cual fue identificada en una cepa que portaban los cerdos, la producción porcícola presentó una disminución considerable.

Las afectaciones han incidido en millones de productores, tanto sociales como a gran escala, ya que el nivel de importación de carne de cerdo se ha incrementado, pasando de las 30 mil toneladas en 1995, a 386 mil en 2008. A la fecha, las importaciones se ubican un 30 por ciento por encima del nivel del año anterior.

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que el sector porcícola mexicano genera alrededor de 49 mil empleos directos y poco más de 245 mil indirectos.

Cabe mencionar que los encadenamientos productivos permiten al sector porcícola generar un efecto multiplicador en la producción de granos y oleaginosas, el sector de los transportes, quienes trasladan más de 5 millones de toneladas de alimentos que son consumidos por cerca de 15 millones de cerdos en el país.

La competencia desleal por parte de nuestros competidores internacionales, en particular de los Estados Unidos, ha puesto en jaque al sector porcícola nacional, ante lo cual es imperativo implementar medidas arancelarias y de importación que permitan erradicar dicha problemática.

El incremento en las importaciones de carne de cerdo es preocupante, de entre el conjunto de importaciones destaca la carne que viene en una presentación conocida como "combo", la cual ingresa al país sin pasar por el procedimiento de revisión de las autoridades correspondientes.

La situación anterior, de la falta de revisión, pone en riesgo la salud de millones de consumidores, ya que no es posible verificar el estado de la carne importada, tampoco su tipo, y ante una emergencia mundial como lo es la prevalencia del virus AH1N1, es imperativo no bajar la guardia sanitaria.

De igual forma, la importación de cerdo en pie proveniente de los Estados Unidos no es revisado por las autoridades de sanidad animal mexicanas, para evitar la revisión fitosanitaria se apegan a lo establecido en su normatividad interna, dejando al margen lo establecido en el marco del TLCAN, esto representa una política de "dumping" que es fundamental erradicar.

Es importante hacer énfasis en que la proposición que ahora presento no está en contra de la globalización, ni de la libre competencia internacional, de lo que se trata es que dicha competencia se dé con apego a las normas comerciales establecidas, en un entorno de competencia leal y abierta.

Como legisladores, tenemos el compromiso de velar por los intereses de los diferentes sectores sociales, en este caso, del sector porcícola dependen un número importante de familias, quienes ante la competencia desleal y manipuladora, ven tambalear su ingreso y estabilidad, impidiéndoles la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, gire sus instrucciones para que:

1. A través de la Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se diseñen e implementen medidas arancelarias que salvaguarden la producción del sector porcícola mexicano, a fin de garantizar el ingreso de millones de familias que dependen de dicha actividad.

2. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud revisen de manera exhaustiva y detallada las importaciones de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar y preservar la salud de las familias mexicanas.

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 diciembre de 2009

Diputados: Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Jesús Cano Vélez, Miguel E. Pompa Corella, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A REALIZAR CON LA SUPERVISIÓN DEL INEGI UN CENSO NACIONAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ GÁMEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, José Luis Íñiguez Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo, basado en las siguientes

Consideraciones

En la sesión plenaria del pasado jueves 3 de diciembre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una proposición con punto de acuerdo para que el organismo descentralizado Liconsa se convierta en un actor económico en el mercado de la leche fresca en México.

Para lograr dicho cometido, los gobiernos federal y estatales deben enfrentar y resolver los siguientes retos:

• Determinar la existencia y ubicación de la oferta de leche fresca en México.
• Establecer si la leche fresca ofertada cumple las normas de calidad atinentes a una leche fluida.
• Determinar el grado de organización de los productores de leche y su capacidad empresarial. La tarea de Liconsa es desarrollar un plan de negocios que resuelva las limitaciones de logística y capacidad instalada.

Con la aplicación correcta de estas medidas, el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada para la adquisición de leche fresca, después de 54 años, beneficiará no sólo a la población más necesitada sino, también, al sector productivo.

Los recursos necesarios para estas acciones se consideran en el Programa de Competitividad para la Ganadería Lechera, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar con la supervisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía un censo nacional de los pequeños productores de leche, buscando el apoyo y la participación de las Secretarías de Desarrollo Rural o de Desarrollo Agropecuario de los estados y de la Confederación Nacional Ganadera.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implantar un programa de capacitación con la participación de los gobiernos de los estados que mejore la estructura organizativa de los productores y fortalezca su capacidad empresarial.

Tercero. Se invita a los gobiernos de los estados a poner a disposición de los productores, mediante las Secretarías de Desarrollo Rural o de Desarrollo Agropecuario, los recursos del programa Activos Productivos para fortalecer la capacidad productiva y la calidad del producto, facilitando la adquisición de los activos.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir las normas de calidad para leche fluida, leche industrial y leche para secado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 2009.

Diputado José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE ESTA SOBERANÍA A REALIZAR CON EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA UN FORO DE CONSULTA SOBRE INGENIERÍA GENÉTICA DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICABLES ENTRE LOS GRUPOS INTERESADOS EN EL TEMA, ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los que suscriben, diputados Jorge Humberto López Portillo Basave, Héctor Pedraza Olguín y Jesús Everardo Villarreal Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Indira Vizcaíno Silva del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática; Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría a efecto de que realicen un foro en materia de ingeniería genética, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de marzo de 2009, el Ejecutivo federal publicó el decreto por el que se modifican diversas disposiciones al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, consecuentemente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó 35 solicitudes, el 13 de abril del presente año, para la siembra de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas; a pesar de que el marco legal de bioseguridad se encuentra incompleto y plagado de irregularidades.

Por su parte, los campesinos establecieron su visión desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en abril de 2003, numeral 197, "fomentar la investigación y los estudios de análisis de riesgo, bajo estricto control científico, en la liberación de los organismos genéticamente modificados para su uso en agricultura y establecer los mecanismos que salvaguarden la variabilidad genética y la conservación de germoplasma tanto in situ como ex situ".

El Poder Legislativo, antes de aprobar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, determinó la competencia del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, órgano de la Sagarpa, conforme al artículo 102, fracciones I y V, respectivamente, que a la letra dice: establecer y, en su caso, proponer conjuntamente con las demás dependencias e instituciones vinculadas, políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los obtentores y análisis de calidad de semillas; en el tema de conservación e instrumentar las medidas de inspección y certificación para garantizar la inocuidad de los organismos genéticamente modificados, en los términos del artículo 97, en el tema de transgénicos.

La Ley de Federal de Variedades Vegetales, aprobada en México en octubre de 1996, señala que el objetivo de la esta ley es fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; asimismo, el artículo 3o., fracción XI, le concede: proteger la biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público (como atribución de Sagarpa), y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley; y el reglamento establece: artículo 5o. "en relación con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 3o. de la ley, las comunidades rurales tendrán, en todo tiempo, el derecho de utilizar y explotar comercialmente las variedades vegetales resultantes de su práctica, usos y costumbres". Dichas comunidades permitirán el desarrollo de las actividades de investigación y estudio que sobre tales variedades vegetales lleven a cabo instituciones públicas y privadas para proteger la biodiversidad.

Cabe mencionar que el 18 de marzo de 2005 entró en vigor la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en marzo de 2008 se publicó su reglamento. Un año después se reforma el reglamento y se incorpora el Régimen de Protección Especial del Maíz que establece las condiciones legales para la liberación experimental con maíces genéticamente modificados, ordenando ya no como atribución sino como obligación que: la Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberán promover la conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos y sus parientes silvestres a través de los programas de subsidio u otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad, sin que ello implique autorización alguna para el cambio del uso de suelo de forestal agrícola.

Las dependencias señaladas en el párrafo anterior deberán fomentar el uso de semillas de maíces criollos en proyectos estratégicos que destinen su producción a mercados específicos y a la atención de oportunidades comerciales.

Algunas preguntas son inevitables:

¿Por qué sólo para el maíz se plantea un régimen especial de protección? ¿Es la única especie vegetal nativa de México?

¿Por qué en la Ley de Variedades Vegetales y su reglamento contemplan consideraciones para las personas físicas o morales que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal? ¿Por qué no considera al campesino de manera específica para protegerlo como un desarrollador de variedades vegetales que obtenga, considerando que los primeros obtienen las colectas de criollos, directamente o de bancos de germoplasma, con los cuales mediante mejoramiento convencional obtienen beneficios monetarios y prestigio profesional?

¿Por qué tanta atención a la posibilidad de experimentar con órganos genéticamente modificables de maíz en México y tan poco a la siembra de otras especies vegetales, así como la importación de maíz proveniente de países que cultivan precisamente maíz transgénico?

¿Los órganos genéticamente modificables son efectivamente una amenaza para la conservación de razas y criollos de maíz? De ser así, ¿son la única amenaza?

Todo lo anterior hace necesario escuchar a todos los actores rurales respecto de la conservación de germoplasma y órganos genéticamente modificables. En ese sentido es necesario implementar un foro de debate integrando a los productores rurales, a los consumidores, a las organizaciones ambientalistas, a los investigadores, a las empresas públicas y privadas que tengan que ver con el tema; evidentemente muchos de estos actores han estado ausentes del debate, en todos los espacios siempre son los mismos hablando a nombre de otros; en ese tenor necesitamos ampliar la discusión en la temática y en participantes.

Es necesario el debate entre todos los actores involucrados, investigadores públicos y privados para que manifiesten sus distintas apreciaciones sobre los temas de experimentación con organismos genéticamente modificables, conservación de germoplasma y transgénicos.

Independientemente de lo manifestado, existe el interés de diversos legisladores, quienes han presentado diversas proposiciones a efecto de proteger, prohibir y establecer la moratoria para la protección del maíz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, para implementar el foro de consulta en materia de ingeniería genética con organismos genéticamente modificables.

Segundo. Que se invite al debate a participantes como son los productores rurales, consumidores, organizaciones ambientalistas, investigadores, empresas públicas y privadas que tengan que ver con el tema.

Tercero. Que se implemente la temática sobre la experimentación con organismos genéticamente modificables, conservación de germoplasma y transgénicos.

Cuarto. De urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputados: Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE CAMPECHE A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Campeche a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE CHIAPAS A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE COAHUILA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE COLIMA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Colima para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE DURANGO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Durango para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE GUANAJUATO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE GUERRERO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE HIDALGO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE JALISCO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MICHOACÁN A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MORELOS A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NAYARIT A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE PUEBLA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE QUERÉTARO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Querétaro para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE QUINTANA ROO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SINALOA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SONORA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE TABASCO A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tabasco para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE TLAXCALA A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE YUCATÁN A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE ZACATECAS A ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
 
 



Excitativas
A LA COMISIÓN DE ENERGÍA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ADRIANA TERRAZAS PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Adriana Terrazas Porras, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia que formule excitativa a la Comisión de Energía para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine, en razón de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de octubre de 2009, presenté ante el Pleno de esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía a efecto de que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, el gas LP y el gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, durante el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.

Dicha proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha 1 de octubre de 2009.

II. La proposición en comento fue turnada a la Comisión de Energía para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado.

III. Con fecha 20 de octubre de 2009 remití oficio al diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Presidente de la Comisión de Energía, con el objeto de peticionarle de la manera más atenta y respetuosa, se dictaminara a la brevedad la proposición en cita, por lo que al no dictaminarse hasta este momento, me presento ante esta Soberanía para expresar las siguientes

Consideraciones

Primera. Durante años anteriores, otras legislaturas han respaldado el asunto planteado en la proposición referida, ya que el mismo es de suma importancia para mi entidad federativa.

Segunda. Protección Civil del estado, así como diversos servicios meteorológicos han indicado que es posible que se registren bastantes descensos de temperatura acompañados de una masa de aire polar importante, con un impacto especial en las zonas norte y noreste de la entidad.

Tercera. Por las inclemencias del tiempo, el pasado tres de diciembre se presentó un deceso, la persona se localizó muerta en su domicilio.

Cuarto. Los habitantes de Ciudad Juárez, en la temporada invernal tienen que gastar los ingresos de una y hasta de dos semanas de trabajo tan sólo para pagar el recibo del gas natural, pues los cobros que están llegando en estos días triplican y hasta quintuplican los de los meses del resto del año.

Quinto. El subsidio que se ha conseguido a través de las proposiciones con punto de acuerdo que se han presentado otros años en las Legislaturas anteriores, propician que se dé un descuento por parte del ejecutivo federal a las familias chihuahuenses; así tenemos que para el año 2009 el descuento ascendió a 47 pesos mensuales.

Sexto. Resulta conveniente que el subsidio se aplique en especifico al periodo que fue solicitado, es decir, del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2010, y no de manera paulatina durante los 12 meses del año, puesto que en los periodos donde se acentúan las altas temperaturas, el consumo del gas es el normal y no se beneficia de manera significativa a la población.

Por lo expuesto y destacando que al haberse presentado con el carácter de urgente u obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo que me ocupa, así como cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Energía para que formule el dictamen correspondiente a la proposición referida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica)
 
 
 

A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ENRIQUE TORRES PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado Enrique Torres Delgado, de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva tenga a bien formular la excitativa correspondiente a la Junta de Coordinación Política a fin de que dictamine la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita la creación de la Comisión Especial en materia de Protección Civil, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante la sesión del día 6 de octubre de 2009, el suscrito presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una Comisión Especial en materia de Protección Civil.

La presidencia de la Cámara de Diputados turnó el referido punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la esencia misma del Estado radica en garantizar la seguridad de sus habitantes, de tal forma que Estado y seguridad están íntimamente vinculados; debemos entender el concepto de seguridad en su acepción más básica. En este sentido la protección civil es una de las principales obligaciones del Estado para con sus habitantes ya que ante los riesgos o la presencia de un desastre el individuo se ve rebasado para atender por si solo dicha emergencia, por lo que requiere de la intervención del Estado para salvaguardar su vida, su integridad y su patrimonio.

Segunda. Que el texto constitucional solamente establece la facultad del Congreso para legislar en materia de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) misma facultad que otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el artículo 122. Es importante una reforma constitucional que reconozca a la protección civil como garantía individual y como obligación del Estado.

Tercera. Que es urgente una política de Estado en materia de protección civil, ya que bajo el esquema actual el marco constitucional y normativo, las facultades y recursos de que se dispone, ponen en riesgo la atención oportuna y pronta en caso de desastres, existe imprecisión acerca de la facultad concurrente de los gobiernos locales, los estados, la federación y el sistema nacional de protección civil ya que no se encuentra adecuadamente articulada.

Cuarta. Que es importante adecuar la Ley General de Protección Civil de tal forma que se convierta en un instrumento ágil y eficaz para la atención de desastres, que delimite claramente la esfera de actuación de los gobiernos locales, estatales y las federales, y que obligue a la elaboración y sistematización de los atlas de riesgo y los programas de protección civil.

Quinta. Que una de las reformas necesarias a la Ley General de Protección Civil consiste en la creación de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y tal vez pensar en un órgano autónomo, organismo que no esté sujeto a los vaivenes o decisiones políticas, que disminuyan el nivel de discrecionalidad que actualmente existe y que permita eficientar y profesionalizar la protección civil.

Sexta. Que la fracción V del artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, establece como misión, prestar ayuda en caso de desastre para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo es necesario delimitar con claridad las funciones de las fuerzas armadas en materia de protección civil, ya que se corre el riesgo de militarizar la protección civil. Para ello es necesario que la Ley General de Protección Civil establezca el marco de actuación de las fuerzas armadas y específicamente del plan DNIII.

Séptima. Que actualmente el presupuesto que se destina para la atención de los desastres en el país es insuficiente, por lo que debe crearse un fondo de contingencia que cuente con un presupuesto más amplio y que tenga la característica de ser acumulable, esto quiere decir que si los recursos de un año no son utilizados en su totalidad estos puedan acumularse a los recursos del años siguiente.

Octava. Que para la Ley de Protección Civil (fracción XVIII, del artículo 3º) un desastre es el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénica, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. Por su parte las reglas de operación del Fonden, establecen que solamente se destinarán recursos para la atención de los desastres naturales, es decir los geológicos, hidrometereológicos e incendios forestales, dejando fuera de cualquier tipo de apoyo federal la atención de los desastres de origen antropogénico, lo que contraviene lo dispuesto en la ley. Las reglas de operación del Fonden, apoyan las emergencias de origen natural y no humano, lo que resulta una contradicción.

Novena. Que durante la LVII Legislatura el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permitiera a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia, y

Décima. Que las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía han expresado la necesidad de elevar la protección civil en México a la prioridad de una política de Estado.

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite y envíe el presente documento a la Junta de Coordinación Política para que formule el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo aquí mencionada.

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 diciembre de 2009.

Diputado Enrique Torres Delgado (rubrica)
 
 



Efemérides
RELATIVA AL SEXAGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, afirma que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la sociedad; se trata de atributos inherentes a la condición humana y es por eso mismo que no pueden ser denegados o cancelados.

Es por tanto, el documento fundamental de la comunidad internacional para defender los derechos humanos como un ideal común, es un mensaje dirigido a los hombres y mujeres para abrazar las causas de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Desafortunadamente –y eso hay que decirlo con toda claridad–, a 61 años de su promulgación, ese anhelo de igualdad y de justicia aún se vislumbra lejano. Millones de personas en el mundo son víctimas de constantes y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática los ideales que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos son una signatura pendiente en la reforma del Estado.

A tres años del fraude electoral, la vigencia de los derechos humanos en México presenta riesgos de estancamiento, los profundos y añejos problemas de violaciones a los derechos se incrementan diariamente ante la indiferencia del gobierno federal.

La pobreza, el hambre, y la ausencia de condiciones de educación, de salud y de vivienda son la realidad cotidiana para más de la mitad de la población en nuestro país, las familias mexicanas son las que cada día resienten el desempleo, la caída de los salarios; el incremento inusitado al precio de los alimentos, el transporte y la vivienda, así como la falta de acceso a los servicios de salud, cultura y educación; consecuencia no sólo de la crisis económica, sino por la insistencia de mantener un modelo económico cada vez más excluyente y de un gobierno rehén de los poderes fácticos.

Frente a la inseguridad que vive el país y el evidente fracaso del gobierno federal en el combate al crimen organizado, se recurre a políticas de mano dura y a operativos de seguridad encaminados a mostrar la fuerza del Estado, bajo las cuales se oculta la ineficacia para responder a las causas estructurales que constituyen las raíces del crimen y la inseguridad.

Estas políticas, no han logrado disminuir los índices delictivos, por el contrario ha aumentado el riesgo de la ciudadanía de padecer ataques con arma de fuego, detenciones arbitrarias, desaparición forzada por parte de los agentes estatales, sin contar, la persecución a dirigentes sociales los cuales muchas de las veces son acusados por delitos de delincuencia organizada.

Resulta paradójico que a 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se escuchen voces que atentan no sólo en contra de los derechos humanos sino que además afectan a la democracia, muestra de ello es aquella que reclaman la pena de muerte o medidas implantadas en 17 estados del país, que atentan contra el derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

En el Partido de la Revolución Democrática consideramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vigente y es aún una esperanza en la vida de millones de mexicanos que ven conculcados sus derechos.

Creemos que la globalización de economía debe ir acompañada con límites a los poderes del mercado y los denominados fácticos, que impiden el desarrollo de los derechos de millones de mexicanos.

Por ello, y congruente con nuestros principios y nuestra agenda legislativa, las reformas estructurales que estamos obligados a emprender, no sólo pasan por la fiscal, la económica, la política y la energética sino que incluye también la de los derechos humanos.

Atentamente
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
 
 
 

RELATIVA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LOS DIPUTADOS GUILLERMINA CASIQUE VENCES Y JAIME FLORES CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con su permiso señor presidente: Para quienes luchamos cotidianamente por el respeto a los derechos, libertades y dignidad de las personas hoy es una fecha muy significativa, para conmemorar, pues es una de las fechas más importantes del género humano, llevada a cabo hace más de medio siglo, cuando la comunidad internacional toma conciencia de la magnitud de las consecuencias devastadoras de la primera y segunda guerras mundiales.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Una de las piedras de toque de la legislación internacional sobre derechos fundamentales afirma: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" (ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). Con ello se funda la posibilidad jurídica de un mundo sin discriminación. La realidad, sin embargo, indica la lejanía del ideal.

Los ordenamientos legislativos se dirigen a un fin: que la sociedad y los gobiernos, promuevan el respeto a los derechos humanos en un clima de tolerancia que evite, en el marco de las garantías individuales, el estigma y la discriminación de los grupos vulnerables, el abuso de los más débiles y la falta total de nuestros derechos como seres humanos.

En países que se encuentran en un proceso de desarrollo democrático y rápido crecimiento económico, es de gran importancia el sensibilizar a la población civil en general sobre derechos humanos. En Latinoamérica se necesita, sin lugar a duda, emprender una campaña efectiva en el ámbito nacional y dirigida a la sociedad civil, para concientizar a la población, en un lenguaje simple y entendible, sobre lo que son los derechos humanos, deberes y responsabilidades de esta sociedad.

En esta lucha diaria contamos con instrumentos que los mexicanos nos hemos dado a través de nuestra historia: la laicidad y el laicismo. El laicismo debe defenderse en todos los ámbitos de la vida pública como un principio básico de convivencia en una sociedad plural y diversa. El espíritu laico –nos dice el maestro Monsiváis– "es la sucesión de atmósferas que, se acepte o no, modifican comportamientos y leyes por las exigencias del desarrollo crítico".

En la búsqueda de los hombres y las mujeres libres, pondremos nuestro empeño; en la atención al desarrollo de la conciencia de los derechos; somos parte del gran esfuerzo nacional por construir entre todos la ciudadanía ajustada al derecho y a la razón. Buscaremos y estamos obligados al diálogo con todos los actores sociales para concretar acciones, políticas públicas, plataformas y proyectos nacionales, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades y reconocimiento de derechos específicos. Es cuanto señor Presidente.

Diputada Guillermina Casique Vences (rúbrica)
 
 
 

RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, A CARGO DE LA DIPUTADA GUILLERMINA CASIQUE VENCES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con su permiso Señor Presidente: En un mundo cada vez más globalizado, y que se hace tan pequeño a pesar de lo inmenso que lo vemos, seguimos definiendo nuestros límites, y las restricciones de entrada a nuestras naciones. Los nacionalismos enfermizos en muchos países, nos hacen ver que el forastero es alguien del cual se debe desconfiar, sin preguntar ni siquiera su nombre, y lo que primero se pide es el pasaporte y la visa que indica el motivo de su visita.

Cuando van a trabajar se enfrentan con las resistencias de los nacionales. Pero a los productos y a las cosas no les ponemos restricciones y discriminaciones, pasan libremente por las fronteras.

Las cosas son más dignas y sin limitaciones de desplazarse por el mundo, que las personas.

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93).

En ese día, en 1990, la Asamblea General había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158).

Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, fueron invitados a observar el Día Internacional del Migrante a través de difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas y acciones efectivas para protegerlos, entre las que se incluyeron:

a) Emplear los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los migrantes, reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres, los niños y aquellos que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular;

b) Solicitar, recibir y procesar como base de políticas públicas, información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los propios migrantes, sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares;

c) Formular acciones apropiadas para impedir las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y para remediarlas, dondequiera que se produzcan;

d) Promover la aplicación efectiva de la normativa internacional sobre la materia;

e) Establecer actividades y medidas eficaces, para eliminar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes;

f) Tener en cuenta una perspectiva de género, así como prestar atención a la incidencia de casos de discriminación y violencia contra las mujeres migrantes;

 En el mismo tenor, desde entonces hasta ahora se han formulado muchas declaraciones, se ha decretado la importancia del tema migratorio y se han organizado muchas convenciones y establecido muchos foros de discusión, pero no se han establecido las suficientes políticas públicas.

Hemos dicho mucho, pero no hemos hecho lo necesario.

Consecuentemente, son reiteradas, frecuentes y en aumento, las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares, a pesar de que la propia ONU, en la declaración 2005/47, de su Comisión de Derechos Humanos, con base en resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, estableció lo siguiente:

1. Una condena enérgica a las manifestaciones y actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los migrantes y los estereotipos que se les suelen aplicar; e insta a los Estados a que apliquen las leyes vigentes para erradicar la impunidad de quienes cometen estos actos;

2. Una enérgica condena de todas las formas de discriminación racial y xenofobia en el acceso al empleo, la formación profesional, la vivienda, la educación, los servicios de atención de la salud, los servicios sociales y los destinados al uso público de los migrantes y sus familiares;

3. Destaca la importancia de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la lucha contra el racismo y la xenofobia y en la ayuda a las víctimas de actos racistas, en particular los migrantes;

4. Exhorta a todos los Estados a revisar y ampliar las políticas de inmigración con miras a eliminar todas las prácticas discriminatorias contra los migrantes y sus familias, y a que capaciten y especialicen a los administradores, fuerzas del orden y funcionarios encargados de las cuestiones de migración, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil que promuevan una mayor armonía y tolerancia dentro de las sociedades;

5. Pide a los Estados que promuevan y protejan eficazmente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, especialmente las mujeres y los niños independientemente de su condición de inmigrantes;

6. Pide a todos los Estados, organizaciones internacionales y otros interesados que, en sus políticas e iniciativas sobre cuestiones relacionadas con la migración, tomen en cuenta el carácter mundial del fenómeno de las migraciones y que asignen la importancia necesaria a la cooperación internacional, regional y bilateral en este ámbito, con miras a tratar exhaustivamente sus causas y consecuencias y dar prioridad a la protección de los derechos humanos de los migrantes;

7. Reafirma categóricamente el deber de los Estados de velar por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en particular en relación con el derecho que tienen los extranjeros, independientemente de su condición de inmigrantes, a comunicarse con un funcionario consular de su propio Estado en caso de ser detenidos y la obligación a cargo del Estado en cuyo territorio ocurre la detención de informar al nacional de otro país sobre ese derecho;

8. Expresa su preocupación por la legislación y las medidas adoptadas en algunos Estados que restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes;

9. Alienta a todos los Estados a aplicar la perspectiva de género en la elaboración de políticas y programas de migración a fin de adoptar las medidas necesarias para proteger mejor a las mujeres y las niñas de los peligros y agresiones a las que están expuestas durante la migración;

10. Alienta a los Estados de origen a que promuevan y protejan los derechos humanos de las familias de los trabajadores migrantes que permanecen en sus países de origen, prestando especial atención a los niños y adolescentes cuyos padres hayan emigrado, y alienta a las organizaciones internacionales a que consideren la posibilidad de prestar apoyo a los Estados a ese respecto;

11. Pide a todos los Estados que, de conformidad con su legislación nacional y los instrumentos jurídicos internacionales aplicables a que se hayan adherido, sometan a la justicia con firmeza todas las violaciones de las leyes laborales con respecto a las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, en particular las relativas a su remuneración y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el derecho a asociarse libremente;

12. Alienta a todos los Estados a que eliminen los obstáculos ilegales que puedan poner trabas a la transferencia rápida, sin restricciones y en condiciones de seguridad de los ingresos, los bienes y las pensiones de los migrantes a sus países de origen o a cualquier otro país, de conformidad con la legislación aplicable, y a que consideren, según el caso, medidas para resolver los demás problemas que puedan obstaculizar esas transferencias;

13. Insta a todos los Estados a que adopten medidas eficaces para poner término a la detención y el encarcelamiento arbitrarios de migrantes y a que tomen medidas para prevenir y castigar toda forma de privación ilegítima de la libertad de los migrantes por individuos o grupos.

 Estas son sólo algunas de las situaciones que debemos atacar.

La declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU contiene más de 30 especificaciones que, de considerarlas, podríamos establecer un marco normativo y operativo para enfrentar, tanto al interior como al exterior del país, el problema migratorio.

El establecimiento del Día Internacional de Migrante, debe detenernos a pensar un poco en el que es distinto y que vive entre nosotros.

La sociedad en que vivimos está conformada en distintos lugares y espacios, para no olvidar que la diversidad cultural, proveniente de estas distintas personas que conforman la sociedad, es motivo de riqueza y nos da la oportunidad de aprender unos de otros.

Es la ocasión de tomar conciencia de las distintas facetas que toma hoy el fenómeno de la migración, de las dificultades tanto de los países de acogida como de los de procedencia de quienes emigran, y también de las riquezas que conlleva la migración, tales como el intercambio de las culturas y el compartir material, intelectual y laboral.

Detenernos a pensar en el extranjero con todo lo que implica su persona, sin importar el status que se tenga y que, por esta razón, este concepto de igualdad trae consigo el saber que cada persona aporta, que cada persona trae algo que entregar a la sociedad, con sus propias características sociales y culturales, pues son hombres y mujeres que han salido de su tierra, en busca de nuevas expectativas, por necesidades, por el exilio, y por muchos otros motivos, a los que los legisladores debemos ser sensibles. Es cuanto señor Presidente.

Diputada Guillermina Casique Vences (rúbrica)
 
 
 
 
 
 

Inklusion
Loading