Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE YUCATÁN A ADMITIR LA DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA CONTRA EL LICENCIADO JORGE VICTORIA MALDONADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE DICHO ESTADO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 5 de febrero del presente año, 12 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el estado de Yucatán (Codhey) presentaron, ante la Oficialía Mayor del Congreso del estado de Yucatán, formal demanda de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, licenciado Jorge Victoria Maldonado. Dicha demanda fue presentada por "las graves y reiteradas violaciones a la ley y reglamento de la Comisión".
Según los demandantes, las acciones y omisiones de la Comisión son graves, e implican una violación reiterada a su propia ley y reglamento y hacen que el servicio público que debe prestar esa importante institución sea deficiente, en perjuicio de la sociedad yucateca. Entre las principales violaciones señaladas en la demanda están: grave rezago en la tramitación de las quejas, recomendaciones que tardan más de 3 años en emitirse, los plazos que tiene para resolver quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, un procedimiento ineficiente al momento de realizar investigaciones, presión a las víctimas para que concilien con las autoridades, insensibilidad, incapacidad y negligencia de sus funcionarios, ausencia de publicidad, ausencia de informes especiales y recomendaciones generales a pesar de la existencia de patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos en la entidad, carencia de médicos especializados para valorar a víctimas de tortura y otros malos tratos, investigaciones basadas en informes de las autoridades responsables, y ausencia de medidas reparadoras del daño, entre muchas otras.
Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión, pues sus decisiones, políticas y desatenciones son las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.
Incluso las reiteradas violaciones del presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos del estado a su propia ley, a su reglamento y a los Principios de París, y directrices internacionales que rigen el actuar de los organismos públicos de derechos humanos, llevaron a que tres de los cuatro Consejeros Consultivos de esa institución pública de Derechos Humanos a renunciar en noviembre del año pasado, situación que exhibe la gravedad de la situación que impera en el organismo público de derechos humanos del estado de Yucatán. La renuncia de Olga Moguel, Alejandro Seguí y Guillermo Alonso presentada ante el Congreso del estado, se debió a la existencia de deficiencias y omisiones graves por parte del titular de la Comisión en el ejercicio de sus funciones lo que hace ineficiente su trabajo y afecta negativamente el de la misma Comisión.
La Constitución del estado de Yucatán establece en su artículo 98 que se impondrá mediante juicio político las sanciones correspondientes a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
De igual manera establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
También en su artículo 99 establece que el Presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos si es sujeto de juicio político.
A su vez la Constitución ampara que cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y mediante la presentación de las pruebas correspondientes puede formular la denuncia de juicio político ante el Congreso del estado. Y que corresponde a este dar el curso correspondiente a la denuncia y en su caso sancionar, destituir o inhabilitar al servidor público.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán en su artículo 12 dispone que una vez recibida y ratificada por el Oficial Mayor la denuncia de juicio político, dentro de los tres días naturales siguientes se turnará de inmediato a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales para que dictamine: si la conducta atribuida es procedente; si el indiciado es sujeto de juicio político conforme a la ley; si la denuncia es procedente y por lo tanto iniciar el procedimiento respectivo.
Sin embargo, a casi dos meses de haberse presentado la demanda antes señalada, ni la Oficialía Mayor del Congreso del estado ni la Comisión de Puntos Constitucionales han dado respuesta a la solicitud ni admitido la demanda, hecho que contraviene la normatividad de la entidad antes citada, pues esos dos órganos legislativos sólo deben de verificar que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ley, no hacer un análisis del fondo del asunto, situación que en su momento correspondería a la comisión instructora. Esto sin duda es una violación no sólo a la ley sino a la Constitución misma, por parte del Congreso local.
A pesar de lo anterior, no sólo no se ha recibido la denuncia para llevar a cabo una investigación seria de los hechos, sino que el 22 de diciembre del año pasado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, el H. Congreso del estado emitió la convocatoria para iniciar el proceso de elección de los candidatos a Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, sin tomar en consideración los argumentos emitidos por los anteriores Consejeros y el malestar ya manifiesto por parte de la ciudadanía yucateca.
Consideraciones
En todo organismo público cuyo eje sean los Derechos Humanos, el objetivo primordial es la representación y la tutela de los intereses y los derechos de los habitantes frente a actos, u omisiones o abusos de la administración pública. En consecuencia, las actividades de mayor importancia son la atención de las quejas y la emisión de recomendaciones.
Si bien las recomendaciones no son vinculatorias, y por lo tanto no obligan en sentido jurídico a sus destinatarios, constituyen una importante llamada de atención para éstos, que debe ser atendida y cumplida, ya que la Comisión es un órgano de la sociedad y defensor de ésta.
La fuerza que deben tener las recomendaciones está basada en el respeto que le merezca a la sociedad la Comisión por sus actuaciones de alto nivel técnico y profesional, por el prestigio que tenga el organismo ?ganado por el desempeño impecable de sus directivos? por la excelencia formal y de fondo de las propias Recomendaciones y por su dedicación constante e incondicional a la defensa de los Derechos Humanos.
Las recomendaciones deben ser en esencia públicas ya que deben poner en evidencia ante la sociedad en su conjunto a la autoridad que ha violado derechos fundamentales. Uno de los propósitos esenciales del Ombudsman es la formación de convicciones en torno a la protección y promoción de los Derechos Humanos y las recomendaciones son uno de los más importantes instrumentos de que puede valerse para ello.
Si la recomendación se limita a enumerar hechos y a citar normas jurídicas, el Ombudsman pasará inadvertido y su labor será intrascendente y la recomendación constituirá sólo un trámite más.
En el caso del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Yucatán no sólo no ha cumplido con el objetivo primordial de la Comisión, sino que incluso ha habido abuso de autoridad, burocratismo, dilación en los trámites, falta de profesionalismo en la investigación, falta de seguimiento a las recomendaciones e incluso falta de claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Además, incumpliendo atribuciones de su mandato legal, en ninguna de las 26 recomendaciones emanadas de la Presidencia, no se ha solicitado la reparación del daño (económico y/o moral), lo cual exime a la administración pública de una parte muy importante de su responsabilidad para con la sociedad.
Con esta actitud por parte del licenciado Jorge Victoria Maldonado, en su carácter de presidente se ha favorecido la impunidad y la perpetuación de prácticas lesivas ?algunas incluso delictivas? por parte de numerosos servidores públicos y con ello la desprotección y la vulnerabilización de amplios sectores de la población del estado.
Ante esta situación el presidente de la Comisión ha recibido llamadas de atención no sólo por parte de los consejeros Olga Moguel Pereyra; Guillermo Alonso Angulo y Alejandro Seguí Cisneros, quienes elaboraron un informe serio y profundo sobre la situación que vive la Comisión, el cual presentaron a la Presidencia, para tratar de resolver el problema; sino también por parte de la ciudadanía quienes han manifestado su inconformidad ante su desempeño. Sin embargo, no ha habido respuesta positiva por parte del representante de la Comisión, tan es así que los Consejeros antes mencionados prefirieron incluso presentar su renuncia, manifestando especial preocupación por la institución, ante la irresponsabilidad con la que el presidente de la Comisión está llevando a cabo su función pública.
Por ello ante una situación de esta naturaleza, el juicio político es una herramienta con la que cuenta la ciudadanía para someter a escrutinio a un servidor público que esté señalado de violar las leyes y de incumplir el servicio que le fue encomendado. Es un medio de control ciudadano que se encuentra regulado por los artículos 98 a 101 de la Constitución estatal y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, que obliga a las diputadas y diputados a recibir y analizar las demandas, someter a proceso al servidor público y, en su caso, sancionarlo por incumplir con el mandato que le fue encomendado.
Por los hechos mencionados esta Cámara de Diputados no puede estar ajena al tema del adecuado funcionamiento de las instituciones de Derechos Humanos, menos ahora que éstas se hacen indispensables ante el clima de violencia y arbitrariedad que se vive en el país. Las Comisiones Públicas debieran ser, por tanto, un dique al autoritarismo y en esa tesitura, el actuar de quienes las presiden debe ser escrutado cuando esa labor de defensa no se esté efectuando adecuadamente. No nos hagamos cómplices de la impunidad y cumplamos con nuestra labor como representantes ciudadanos.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso del estado de Yucatán para que admita la demanda de juicio político presentada por diversas organizaciones civiles en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán y con ello se de cumplimiento a lo establecido en la Constitución del estado de Yucatán y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días 24 del mes de marzo de dos mil nueve.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INVITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA A INFORMAR SOBRE DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN EN TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Una cualidad esencial que define a los Parlamentos u órganos legislativos como responsables y efectivos en su quehacer, es su forma o manera proactiva de atender y desahogar los asuntos que son materia de su ámbito competencial.
Repetidas veces la Cámara de Diputados en su función ha mostrado esa característica, pero en otras ocasiones ?hay que reconocerlo? su intervención ha sido reactiva.
Quiero recordarles que con motivo de las inundaciones en Tabasco, presenté dos proposiciones con punto de acuerdo.
Una de ellas durante noviembre de 2007, y la otra a finales de septiembre de 2008, con el objeto de citar a comparecer a los ciudadanos Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, y José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, para que informaran detalladamente sobre las acciones que se emprendieron en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, para contener los efectos de la inundación que enfrentó el de Tabasco. También, para que dichos servidores públicos informaran respecto a los criterios de inversión en obras de infraestructura, y la aplicación detallada de los montos económicos presupuestados y ejercidos para dar cumplimiento a dicho programa.
Asimismo, presenté una proposición para que esta Cámara de Diputados exhortara al Poder Ejecutivo federal, a fin de agilizar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender el estado de emergencia en Tabasco y Veracruz. Así como, para que se invitara a comparecer al ciudadano José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que informara sobre los avances del proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del sur, en especial del sistema Grijalva-Usumacinta en Tabasco; además de las medidas que dicha dependencia estaba tomando para evitar inundaciones en esa entidades.
No obstante, que dichas proposiciones se desahogaron parcialmente, en razón de que ahora que estamos en los primeros meses de este complicado año 2009, aún existe gran incertidumbre y temor en el pueblo tabasqueño de que las inundaciones de los años anteriores, se vuelvan a repetir.
Al no tener conocimiento preciso de lo que se hizo y de lo que se está realizando en los niveles federal y estatal por parte de las autoridades competentes en materia hídrica y de protección civil, los tabasqueños exigimos desde ahora y en el marco del Plan Hídrico Integral para Tabasco, se nos den a conocer de manera continua y permanente, todas y cada una de las acciones y medidas aplicables para evitar futuras inundaciones.
Habría que preguntar de nueva cuenta si ya tienen respuesta algunas interrogantes para saber y evaluar el desempeño no sólo de las Comisiones Nacional del Agua y Federal de Electricidad sino también del gobierno del estado de Tabasco.
Los tabasqueños necesitamos saber ¿Qué se ha hecho en materia de evaluación de riesgo? ¿Existe ya un diseño a nivel federal o local que permita poner en marcha planes de desalojo y de educación a la población vulnerable? ¿Qué se ha hecho por parte del gobierno estatal con relación a la planeación del uso de la tierra? ¿Cómo se ha apoyado hasta el día de hoy a la población que fue afectada gravemente por las inundaciones y que perdieron sus hogares, muebles e incluso hasta el equilibrio psicoemocional? ¿Ya existe la norma oficial aplicable para la operación y eficaz funcionamiento de las presas en el país?
En suma, se está aplicando al pie de la letra el Plan Hídrico Integral de Tabasco? ¿Qué garantías tenemos los tabasqueños para no volver a sufrir los estragos de una nueva inundación?
Porque sabemos que dentro de los objetivos específicos de dicho Plan, se encuentra el manejo integral de las cuencas de los ríos Grijalva, Samaría, Carrizal, La Sierra, Pichucalco y Usumacinta; la optimización de la operación del sistema hidroeléctrico de la cuenca alta del río Grijalva; el desarrollo de criterios para el ordenamiento territorial y reubicación de población de zonas de riesgo.
Y que como acciones urgentes, se estableció la conclusión de las obras iniciadas entre noviembre de 2007 y abril de 2008, consistentes en 11 deslizamientos de márgenes del río que requieren reubicación de viviendas en la zona urbana; 38 deslizamientos en la zona urbana (márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva); reparación, rehabilitación y mejora de 160 kilómetros de bordos; así como la conclusión de la estructura de control en el río Carrizal.
No hay que esperar a que los tabasqueños volvamos a tener el agua otra vez hasta el cuello, para que esta Legislatura asuma hasta su término el compromiso por brindar todo su respaldo al pueblo noble y afanoso de Tabasco, y ejerza plenamente sus facultades para hacer rendir cuentas de cara a la sociedad a todo servidor público, cuando la ocasión y la norma así lo exija, tal y como es el caso que nos ocupa.
No olvidemos que la pasada inundación en mi entidad, provocó que más de un millón de tabasqueños resultaran damnificados y que casi el 80 por ciento de su territorio que comprende alrededor de 700 mil casas y grandes extensiones de cultivo, quedara sumergido en el agua afectándose a empresas y tierras agrícolas y ganaderas; situación que como ya sabemos, constituye hasta la fecha una pérdida económica sin precedente.
De ahí que los tabasqueños no vamos a tolerar que los recursos económicos destinados para la construcción de las obras que prevengan y mitiguen los riesgos de inundación, dejen de aplicarse o se distraigan indebidamente a otros fines. Ya que como sabemos de de acuerdo a un boletín de la Conagua del 28 de junio de 2006, el Proyecto Integral Contra Inundaciones de la Planicie de los Ríos Grijalva?Usumacinta, contemplaba acciones del 2003 al 2006 por un monto estimado de 2 mil 60 millones de pesos, de los cuales mil 483 millones eran federales y 577 millones estatales.
Como se sabe, a pesar de la gran cantidad de recursos que se destinaron para este Programa Integral, fue un rotundo fracaso.
Por lo anterior expuesto, me permito solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ponga a la consideración del Pleno como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, invita al José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe a esta soberanía sobre las medidas y acciones en materia hidráulica que se han o se están implantado, así como aquellas que se están realizando en coordinación con el gobierno de Tabasco para prevenir y mitigar el riesgo de futuras inundaciones en el corto, mediano y largo plazo; en general, para que se den a conocer con detalle los avances y resultados del Plan Hídrico Integral de Tabasco en sus aspectos técnicos y financieros.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2009.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A IMPLANTAR ACCIONES PARA RESOLVER EL CONFLICTO EXISTENTE ENTRE LOS LOCATARIOS DE PLAZA MILLENIUM Y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATÉLITE, SA DE CV, RESPECTO DEL FIDEICOMISO 2070, CONTRATADO ANTE AQUELLA INSTITUCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO FABIÁN FERNANDO MONTES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Hace unos años, en el municipio de Tlanepantla de Baz se inició un proyecto por la Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, que consistía en la construcción de un centro comercial que llevaría el nombre de Plaza Millenium, cuyo propósito principal era lograr la reubicación de las personas que ejercían el comercio ambulante en las calles centrales del centro histórico del municipio, para ello en marzo de 2004 se estableció un fideicomiso entre Banobras-ayuntamiento-Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, por el cual se ofertaron mil 453 locales a los comerciantes ambulantes y donde además se les ofreció a los comerciantes que accedieran a ser reubicados que se les daría facilidades para que pagaran mediante un enganche y parcialidades mensuales.
Del mismo modo, la Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, al promocionar la venta de los locales a los comerciantes ambulantes e interesados mediante volantes, espectaculares en las calles aledañas y por los propios vendedores se establecía que el proyecto de la Plaza Millenium, a decir de los locatarios contaría con un paradero de transporte público anexo a las instalaciones, cines en funcionamiento, banca comercial y un centro de diversión Bingo. En la actualidad los locatarios aducen que han existido diversos incumplimientos contractuales de las condiciones señaladas anteriormente, ello aunado a que a decir de éstos al momento de firmar los contratos de compra-venta de los locales, únicamente se les entrego una copia del contrato y no les fue informado por ningún medio de los pormenores del fideicomiso.
Actualmente existe un descontento generalizado entre los locatarios de la plaza, ya que consideran que la Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, les ha causado en gran perjuicio económico al dejar inconclusas las obras de la plaza y no cumplir con los servicios que a decir de los locatarios contemplaría el proyecto de la Plaza Millenium, por lo que se considera que la institución fiduciaria, en este caso el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC Banobras, podría aportar en su condición de fiduciaria, y por su puesto en el ámbito de sus atribuciones a que tanto los locatarios como la constructora cumplan con las obligaciones contraídas en el contrato y ejecuten eficazmente los fines del fideicomiso, toda vez que la finalidad de este es brindar transparencia, seguridad y control en el manejo de los recursos aportados al fideicomiso, así como el cumplimiento de los fines y la defensa de éste.
Por consiguiente me permito proponer a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, implante acciones tendentes a resolver el conflicto existente entre los locatarios de la Plaza Millenium y la Constructora y Promotora Satélite, SA de CV, respecto del fideicomiso 2070 contratado ante Banobras.
Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Sesión del honorable Congreso de la Unión el 24 de marzo de 2009.
Diputado Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A DESTITUIR AL TITULAR DEL CENTRO SCT EN TLAXCALA, ASÍ COMO A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Alberto Amaro Corona, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día de hoy, hago uso de esta tribuna para plantear un asunto concreto que, si bien ocurre en el estado de Tlaxcala, es de nuestra competencia no sólo porque hechos similares acontecen en el resto de la república, sino porque tienen relación directa con las acciones realizadas por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entiddad.
A finales de 2008, el secretario de Comunicaciones y Transportes nombró al licenciado Marco Tulio Munive Temoltzin, como director del Centro SCT en Tlaxcala, después de la destitución del arquitecto Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano.
A partir de la designación de Munive, el Centro SCT se ha convertido en una dependencia ineficiente, irregular y poco transparente en la cual impera la demora, el entorpecimiento en la atención y resolución de asuntos y actos presumiblemente marcados por la corrupción.
La deficiente e irregular administración de Marco Tulio Munive Temoltzin, ha generado un reclamo generalizado de los usuarios de los servicios que presta el Centro SCT, situación que amenaza la estabilidad de esa dependencia. La falta de capacidad, de compromiso, responsabilidad y experiencia en sus funciones y las de sus colaboradores cercanos es el sello que caracteriza a esta importante institución.
En repetidas ocasiones se han acercado al suscrito un gran número de ciudadanos tlaxcaltecas y prestadores del servicio con el fin de solicitar apoyo para destrabar y agilizar diversos trámites y servicios solicitados ante esta institución, manifestando su inconformidad derivada de la falta de atención y responsabilidad por parte del titular y del personal que labora en esta institución, haciendo énfasis en la negligencia y corrupción con que conducen su actuación.
Un claro ejemplo de la irregularidad con que conducen su actuación los funcionarios del Centro SCT es el que tiene que ver con el viejo problema que arrastra la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV. En el año 2005, el Centro SCT diseñó un Programa de Regularización del Servicio Público de Autotransporte Federal, en el cual participó esta organización cumpliendo plenamente los requisitos que exigía dicho programa. Sin embargo no reconoció el cumplimiento y hasta el día de hoy la empresa no ha recibido ninguna justificación legal a la negativa por parte del Centro SCT. Se trata de un claro abuso de autoridad y de una desactualizada forma de entender la vida pública, pues hoy toda función pública debe ser transparente.
Es importante mencionar que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, desde el año 2006 tuvo problemas internos respecto de qué socio tendría la representación legal de la sociedad, cuestión que de acuerdo a las leyes mercantiles y notariales, ha quedado resuelta. En diversas fechas y mediante oficio se informó al Centro SCT Tlaxcala el cambio de los integrantes del consejo de administración, los nombres de los nuevos integrantes; se hizo del conocimiento a la institución que a partir del nombramiento del nuevo consejo quedaba, por lo tanto, sin efectos el nombramiento del anterior presidente, de nombre Antonio Román Sánchez; y se solicitó se reconociera la personalidad del nuevo representante, señor Esiquio Pérez Tlamintzi, a lo que el Centro SCT requirió la exhibición de la documentación que acreditara dicha personalidad, lo cual se cumplió en tiempo y forma.
Ahora bien, a pesar de que Esiquio Pérez Tlamintzi, quien es el nuevo presidente del consejo de administración ha cumplido y exhibido toda la documentación que acredita su personalidad ante el Centro SCT, no ha logrado que esta institución otorgue el permiso para la prestación del servicio de transporte público federal de autotransporte de pasajeros, y ocho inclusiones, que la Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, ha venido solicitando desde el año 2005; más aún, el actual director Marco Tulio Munive Temolzin, sin ningún argumento legal prohibió de manera arbitraria a esta empresa continuar con el trámite que con tanto esmero han venido solicitando. Contrario a ello esta dependencia sigue tolerando y dando facilidades de acceso al otro grupo de personas que se ostentan como integrantes de un consejo de administración que hace años quedo revocado y que han incurrido en diversas irregularidades en coordinación y complicidad con el titular del Centro SCT. Ese grupo lo dirige Antonio Román Sánchez.
A pesar de que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, ha tenido diversas reuniones con el director general del actual Centro SCT Tlaxcala, no han podido llegar a acuerdos ni soluciones, incluso ellos reconocen que no tienen injerencia al interior de cualquier sociedad anónima, sólo verificar que se cumplan con los requisitos para dar trámite a la solicitud correspondiente, requisitos que han cumplido en su totalidad, pero que el Centro SCT ha hecho caso omiso con el único fin de beneficiar y favorecer a Antonio Román Sánchez, del cual obtiene lucros indebidos para su persona y de sus colaboradores, manteniendo a esa institución sumida en la corrupción, la burocracia y la falta de transparencia.
Esta situación ha obligado a que la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, SA de CV, haya presentado diversos recursos legales para intentar hacer valer lo que a su derecho corresponde. Es el caso que se han visto en la necesidad de presentar recursos administrativos de revisión y han solicitado la intervención de las autoridades centrales, las cuales han dado la razón a la empresa mencionada.
Resulta por demás sospechoso que los distintos titulares del Centro SCT Tlaxcala han tomado la decisión de intervenir en un conflicto interno de una empresa y, más grave aún, que se hayan inclinado hacia la parte que legalmente no tiene representación, como se prueba en los oficios, constancias de asambleas, intervenciones de las autoridades centrales, entre otras. Por supuesto, la única excepción fue la del ingeniero Manuel Cázares, quien fue probo e imparcial en el despacho de los asuntos de su competencia.
Queda claro que la empresa prestadora de servicios tiene como único fin operar en el marco de la legalidad para así poder seguir trabajando en beneficio de sus familias y de su comunidad, a través del servicio de autotransporte federal de pasajeros. Es incomprensible que un funcionario público maltrate a los prestadores de servicios con los que tiene la obligación legal de tratar todos los días.
El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que todo servidor público tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Asimismo el artículo 36 del Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala las atribuciones de los titulares de los Centros SCT, las cuales en el caso que nos ocupa no se han cumplido.
Asimismo el artículo 9 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrasporte Federal, señala que la resolución correspondiente a las solicitudes sobre permisos que presente cualquier ciudadano o sociedades legalmente constituidas deberá emitirse en un plazo que no exceda de 30 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá exceder de 45 días naturales. En los casos que señale el reglamento, si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable.
Tal como se desprende de los artículos antes citados, resulta por demás evidente que este servidor público en el corto plazo de ejercicio de su encargo, ha realizado un trabajo deficiente, haciendo caso omiso de los ordenamientos que regulan su actuación, incumpliendo con la representación delegada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con las principales labores de aplicación, supervisión de los diversos servicios de comunicaciones y transportes, construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones.
Nosotros como máximo órgano de representación popular no podemos hacer caso omiso de esta denuncia ciudadana. En tal razón y por los elementos aquí expuestos, es que los invito a solidarizarse con los ciudadanos y prestadores de servicios de transporte del estado de Tlaxcala, y los exhorto a unirse a este punto de acuerdo para que sea votado de manera favorable, con el carácter de urgente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a que, de manera inmediata, proceda a la destitución del titular del Centro SCT en el estado de Tlaxcala y realice las diligencias necesarias en aras de investigar y, en su caso, sancionar las acciones irregulares y presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de dicho funcionario, afectando lastimosamente a los prestadores de servicios en el sector del transporte.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL IFE QUE REALICE LOS CAMBIOS DE LAS CREDENCIALES DE ELECTOR EN LOCALIDADES DE CHIAPAS CREADAS A PARTIR DEL PROCESO DE REMUNICIPALIZACIÓN DE 1999, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR ORTIZ DEL CARPIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Víctor Ortiz del Carpio, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar el siguiente punto de acuerdo, sustentado en lo expuesto a continuación:
Antecedentes
Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos y propuestas del gobierno federal, del estado de Chiapas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, contenidos en el Documento 3.2 relativo a acciones y medidas para Chiapas, suscrito en San Andrés Larráinzar con fecha 16 de febrero de 1996, se concertó la reforma municipal para incorporar, de manera auténtica y fiel, los contenidos de la diversidad pluriétnica, pluricultural y social del estado de Chiapas.
En el estado de Chiapas varias comunidades de las zonas Norte, Altos y Selva no tenían acceso a los servicios de salud, educación, procuración y administración de justicia, en virtud de la lejanía de las cabeceras municipales y por lo accidentado de la geografía de los territorios que la habitaban.
Por ello, como una medida eficaz para poder llevar desarrollo y progreso a las comunidades de las zonas mencionadas, especialmente las de la población mayoritariamente indígena, donde la histórica marginación y atraso originados por una inadecuada atención a sus legítimos reclamos, fue necesario llevar a cabo el proyecto de remunicipalización.
De esta manera en el año de 1999 el Gobierno del estado de Chiapas, llevó a cabo el proceso de remunicipalización, el cual inicio formalmente con la creación del Consejo y Comisión Estatal de Remunicipalización del Estado de Chiapas, según consta en el decreto publicado el 12 de julio de 1998, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en su publicación numero 34.
A fin de continuar el proceso de remunicipalización el 22 de abril de 1999 el gobernador hizo entrega al honorable Congreso del Estado las iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas y el decreto para la creación de los primeros siete municipios, así como las consecuentes iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral.
Posteriormente el 27 de julio de 1999 el H. Congreso del Estado aprobó la iniciativa para la creación de siete nuevos municipios, a saber: Benemérito de las Américas, segregado del entonces territorio del municipio de Ocosingo; Aldama, segregado del entonces territorio del municipio de Chenalhó; Marqués de Comillas, segregado del entonces territorio del municipio de Ocosingo; San Andrés Duraznal, segregado del entonces territorio del municipio de Simojovel de Allende; Santiago el Pinar, segregado del entonces territorio del municipio de Larráinzar; Maravilla Tenejapa, segregado del entonces territorio del municipio de Las Margaritas; y Monte Cristo de Guerrero, segregado del entonces territorio del municipio de Ángel Albino Corzo.
El 28 de julio de 1999 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 41, segunda sección, el decreto que crea a los siete nuevos municipios, el cual modificó el espacio político administrativo del territorio chiapaneco.
Consideraciones
El municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado Mexicano.
A diez años de dicho proceso, el Instituto Federal Electoral no ha actualizado el catálogo general de electores y el padrón electoral, ante los ciudadanos de los municipios creados por el proceso de remunicipalización, y por tanto, no se les ha expedido su credencial con fotografía para votar con los nuevos datos.
La credencial de elector ha cumplido su función en los procesos electorales, al identificar plenamente al votante, lo que es socialmente significativo en la medida que es fuente de certeza y garantía de confianza democrática.
Pero su importancia ha rebasado las metas para la que fue creada, ya que actualmente es requisito indispensable para identificar la procedencia y residencia del ciudadano, por lo que en este aspecto los mexicanos que viven en los municipios de nueva creación, no pueden acreditar su pertenencia al municipio del que forman parte, ya que siguen llevando los datos del municipio al que pertenecían anteriormente, por lo que se encuentran en desventaja de los demás mexicanos en cuanto a los trámites que realicen ante las instituciones del gobierno federal y estatal. Ya que esta identificación es motivo de controversia en los procesos administrativos de las instituciones del país.
De conformidad al inciso a) del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), es obligatorio que la credencial de elector contenga cuando menos los siguientes datos: entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio.
Por ello, la solución para esta situación es que el Instituto Federal Electoral convoque a una campaña intensa en la ciudadanía para la actualización de los datos personales y se expida una nueva credencial de elector acorde a la remunicipalización generada por el proceso.
Por lo anterior, nos permitimos someter ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a su autonomía, exhorta, al Instituto Federal Electoral para que realice la actualización de los datos en las credenciales de elector con fotografía para votar, en los municipios de Benemérito de las Américas, Aldama, Marqués de Comillas, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Maravilla Tenejapa y Monte Cristo de Guerrero; del estado de Chiapas, creados como municipios nuevos a partir del proceso de remunicipalizacion en el año de 1999, en el estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS A FIN DE FRENAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LAS MUJERES, EL EMPLEO PRECARIO E INFORMAL Y EL AUMENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO FEMENINO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes a fin de frenar el empobrecimiento de las mujeres, el empleo precario e informal y el aumento de la tasa de desempleo femenino ante la crisis económica, con base en las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. constitucional establece la igualdad de hombres y mujeres y garantiza la protección del Estado de ambos géneros, sin embargo, cuando se diseñan las políticas públicas tendientes a fomentar el adelanto de las personas, éstas no consideran a las mujeres porque se parte de una idea de neutralidad que no se materializa en el bienestar del género femenino, a pesar de que los tratados internacionales y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, has sido en el sentido de diferenciar la aplicación en ambos géneros a fin de medir su impacto social.
Por otra parte, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres así como otras leyes correlativas, establecen claramente que el Estado debe velar por garantizar el adelanto y bienestar de ambos géneros sin distinción y discriminación alguna, lo que significa para el Estado su deber de garantizar el acceso al empleo, la educación, la salud, la vivienda, los salarios y el acceso a pensiones justas.
En ésta época de crisis, pese a lo mandatado por nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias, la vulnerabilidad de las mujeres sigue siendo patente ya que ellas están siendo las más afectadas, principalmente porque se encuentran en empleos residuales porque aún existe una amplia falta de oportunidades para que puedan acceder a la educación y capacitación adecuadas para el empleo, y así ser más competitivas; aunado a lo anterior, su situación de desventaja se hace más complicada por los bajos salarios, los despidos y el desempleo, ya que suele considerarse que son únicamente los hombres las cabezas de las familias, sin tomar en cuenta la diversidad y las nuevas organizaciones nucleares de las familias en nuestro país.
Ante el aumento de los precios, las mujeres tienen menores posibilidades de acceder a algunos de los servicios básicos o productos de línea blanca para aliviar las tareas en el hogar, por lo cual, se sobrecarga su trabajo domestico en detrimento de su bienestar y el de su familia, al contar con menor tiempo para atenderla y realizar mayor esfuerzo para su debida atención.
Aunque la desigualdad de género en el campo laboral, siempre ha estado presente al percibirse como algo normal, esto no es, ni debe continuar siendo así, pues este fenómeno mundial de crisis cíclica, se está agravando precipitadamente, ya que las mujeres son las que siempre sufren con mayor rapidez las secuelas de la crisis y son quienes se recuperan más lentamente, debido a diversas externalidades como el abandono o la migración del varón del seno familiar, por esta razón, se enfrentan a la reducción diaria tanto del ingreso como de su poder adquisitivo.
Frente a la tasa de desempleo actual y una nueva disminución de los salarios, las mujeres se están viendo en la necesidad de recurrir a otras opciones de supervivencia y buscar ingresos alternativos en el sector informal; lo que degenera, entre otras cosas, en la precariedad laboral, un control débil sobre su escasa propiedad así como de los pocos recursos con los que pueda contar, sin considerar la carencia de seguridad social, de ingresos estables, así como de la posibilidad de acceder al sistema de pensiones que le garantice un vejez digna; lo cual, la coloca en una situación de más alta de vulnerabilidad en relación con los varones, más aún, si los ciclos de las crisis continúan siendo tan profundas como la que estamos viviendo.
Aunque en los últimos años se ha incorporado a las mujeres al mercado laboral y en la toma de decisiones en las empresas y el sector público, con cierta mejoría, en la mayoría de las veces están rezagadas por la falta de capacitación o la discriminación y el acoso laboral; por lo tanto, los empleos que ocupan, son los que pagan menores salarios además de ser los de menor jerarquía, dicha situación les lleva a mantener una estabilidad precaria en el lugar de trabajo, lo que las incapacita para buscar una movilidad que les permita mejorar sus condiciones de vida laboral y social; aunado a lo anterior, la irracionalidad e insensibilidad de los empleadores públicos o privados, tienden a despedir principalmente a las trabajadoras que ocupan los escalafones de más bajos salarios y donde la gente de menores recursos se refugia.
Actualmente, cada vez es más frecuente escuchar la frase lapidaria del destino al que están supeditadas millones de mujeres: "En crisis y, además mujer", dicha frase está relacionada con el incremento en la tasa de desempleo de las mujeres en comparación con los hombres; esta realidad, es grave, sobre todo si tomamos en consideración las recientes declaraciones de los responsables de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido que ante la crisis financiera 22 millones de personas en todo el mundo, perderán sus empleos, ante esta preocupante situación, hicieron un urgente llamado a eliminar el aumento alarmante del aumento de las brechas de género que están agudizando la desigualdad social en las naciones donde la crisis es más profunda.
Si establecemos el comparativo a nivel regional, para apreciar la magnitud del problema, en América Latina, la actual crisis financiera, puede originar que tan sólo en este año, aproximadamente 24 millones de personas queden desempleadas y de esas cifras entre 40 por ciento y 50 por ciento existe la posibilidad que sean mujeres, por lo que la tendencia del desempleo femenino, llegue a un 7.4 por ciento frente a un 5.3 por ciento de hombres desempleados.
No es difícil apreciar que en América Latina, continúa prevaleciendo un fuerte sesgo cultural andrógino que en algunas empresas es más acentuado, dicho fenómeno continúa ocasionando que se le siga dando preferencia laboral al hombre al momento de aplicar estrategias de despido de empleados, principalmente porque se considera que las mujeres son una fuerza de trabajo de segunda y que sus aportes económicos, son solamente un complemento de los del jefe del hogar. Sin embargo, dichas apreciaciones así como las circunstancias reales son muy diferentes, debido a que en la mayoría de las familias, ambos trabajan y los datos indican que cerca de un tercio de los hogares está a cargo de una mujer.
En este sentido, la situación en México, no es menos alarmante, ya que a pesar de que el 26 por ciento de los hogares están siendo sostenidos por una mujer, en recientes declaraciones de algunos funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, señalaron que la tasa de desempleo entre mujeres creció en aproximadamente medio punto porcentual por encima al de los hombres, lo que coloca a nuestro país en el lugar 115 de entre 135 países, en lo referente al rezago laboral femenino.
La igualdad de género, como lo han señalado diversos organismos internacionales, debe ser un principio fundamental en todas las acciones emprendidas y en cualquier respuesta política del gobierno, ya que los efectos de la crisis económica, están superando el ámbito femenino en el mercado laboral, el social, económico y el ámbito familiar, en consecuencia, se está impactando automáticamente la estabilidad de toda la sociedad; por estas razones, se deben tomar las medidas necesarias para que en las políticas de estabilización económica, la construcción de infraestructuras y la creación de empleos, se incorpore a las mujeres a fin de proporcionarles mejores condiciones de vida para ellas y sus dependientes.
A pesar de que esta por publicarse la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, que permitirá que las empresas puedan certificarse en igualdad de oportunidades, salarios, ascensos, capacitación y permanencia en el trabajo; es urgente mientras tanto, que se implementen políticas de equidad en las empresas, que permita mejorar no solo su productividad, sino el desarrollo económico del país, lo que se verá reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos.
Con base en los razonamientos anteriores, ésta soberanía hace un exhorto urgente al Ejecutivo federal, para que realice las acciones necesarias que frenen la pobreza, el desempleo de las mujeres y el fenómeno del trabajo informal femenino, para que los efectos nocivos de la crisis, no sigan afectando de manera profunda la vida de las mujeres y sus familias.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. Se Exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que tome las medidas urgentes para frenar el empobrecimiento de las mujeres, el empleo precario e informal y el aumento en la tasa de desempleo femenino ante la actual crisis económica.
Segundo. Se Exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a que realice las acciones necesarias para que sean implementadas políticas de igualdad en las empresas; se evite el despido masivo de mujeres en los diversos sectores productivos tanto públicos como privados y se evite el incremento del empleo precario así como el aumento del trabajo informal femenino.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SHCP, A LA SE Y A LA CNBV A INSTAURAR LAS QUINCE MEDIDAS NECESARIAS PARA APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A FIN DE COMPENSAR Y AMINORAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La situación económica en México es preocupante y su deterioro se ha profundizado, no sólo por la crisis del sistema financiero internacional, con mayor énfasis en los Estados Unidos de América, sino también por los grandes problemas y distorsiones que presenta nuestro mercado interno como son altas tasas de interés, fuertes presiones inflacionarias y cambiarias, especulación financiera, bajo nivel de ahorro y crédito, bajos niveles oferta crediticia y de inversión, desempleo y pérdida del poder adquisitivo, En suma, pérdida creciente de la actividad económica, todo ello resultado de una regulación insuficiente y de una débil y tardía intervención del Estado mexicano.
La estabilidad económica es endeble y en este contexto las expectativas de crecimiento y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de la economía mexicana son francamente adversas, sobre todo cuando tenemos fuertes presiones inflacionarias y cambiarias. El índice de precios reporta una inflación acumulada en 2008 de 6.53%, más del doble de la estimación original de la Secretaria de Hacienda1 y la más alta desde 2001; y el tipo de cambio ha acumulado una depreciación de más de 60 por ciento de agosto de 2008 a marzo de 2009.
El consumo interno está cayendo y a nivel desagregado la actividad económica sigue perdiendo ritmo, en el segundo semestre de 2008 cerraron 5,200 empresas de varias ramas industriales, con las consecuencias negativas en el nivel de empleo, como referente, durante 2008 perdieron su trabajo poco más de 450 mil personas2 y se reporta una desocupación de más de dos millones de personas en nuestro país.
De acuerdo con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para este 2009 se tiene previsto un crecimiento negativo del producto interno bruto (-2.8%), a pesar de que estas instituciones habían diagnosticado que la crisis financiera de los Estados Unidos de Norteamérica no repercutiría de manera importante en la economía de nuestro país.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores debemos actuar de forma inmediata solicitando al titular del Ejecutivo federal y a las instancias encargadas implementar urgentemente apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas de México.
Estas medidas beneficiarían a más de 4 millones de empresas3. No hacerlo, implicaría contravenir lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto principal la promoción del desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.
Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.
Ante esta situación tan incierta, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presenta ante esta Soberanía una adición a las medidas contracíclicas implementadas por el Ejecutivo federal y de esta forma, adelanta de manera responsable algunos lineamientos y propuestas para que nuestra economía y en especial las micro, pequeñas y medianas empresas puedan compensar los efectos de la crisis financiera internacional y cuenten con las posibilidades de fortalecer nuestro mercado y generar empleo e ingreso suficiente para las y los mexicanos.
Mediante esta proposición, Nueva Alianza reconoce como urgente y necesario el apoyo y la promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de hacer posible en México el crecimiento económico, la disminución de las inequidades, propiciando igualdad de oportunidades para nuestros habitantes, manteniendo y ampliando las fuentes de empleo para generar el mejor entorno para la inversión.
Sin olvidar que, un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas para posibilitar el desarrollo económico, político y social en un contexto estable y democrático4.
Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presento a esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones, flexibilicen los requisitos y garantías solicitadas a la micro, pequeñas y medianas empresas en materia de créditos con la banca comercial, posibilitando con ello mayores niveles de inversión, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, la constitución de nuevas y la consolidación de las ya existentes.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones, establezcan lineamientos para que la banca comercial otorgue las mayores facilidades posibles a las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder a créditos oportunos, eliminando la contratación de contraprestaciones de parte de los bancos que otorgarían en su caso el crédito, como apertura de cheques, tarjetas de crédito y seguros entre otros.
Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen la viabilidad de constituir a la banca de desarrollo y en específico, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, como banca de primer piso, con facultades para manejar capital de riesgo. Lo anterior con la finalidad de obtener más recursos que permitan financiar de manera ágil y de manera expedita a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Cuarto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las medidas necesarias para que la banca comercial disminuya su diferencial entre tasas pasivas y activas para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que actualmente las tasas de interés activas que se cobran a Éstas empresas fluctúan entre el 20 y 28% anual.
Quinto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus atribuciones y como parte de las medidas de apoyo y fomento industrial, consideren como prioritarias y estratégicas a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sexto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y como parte de las medidas de apoyo al fomento industrial, instrumenten como medida obligatoria la compra a las micro, pequeñas y medianas empresas, de al menos el 30 por ciento de los insumos que demandan las grandes empresas nacionales públicas y privadas, con el fin de apoyar su crecimiento, de tal manera que éstas se integren a las cadenas abastecimiento y producción tanto del sector público como del privado.
Séptimo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus atribuciones, incentiven la compra de bienes y servicios nacionales ofertados por micro, pequeñas y medianas empresas por parte del sector público. es urgente que las grandes empresas públicas y privadas incrementen la demanda de bienes y servicios proporcionados por las micro, pequeñas y medianas empresas.
Octavo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones, otorguen facilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas para tener acceso a procesos tecnológicos que posibiliten la reducción de costos e incrementen su productividad.
Noveno. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones, autoricen las ampliaciones presupuestarias y de las metas del "Fondo Pymes5", para otorgar de manera permanente apoyos a los proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Décimo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus atribuciones y en concordancia con la planeación nacional, otorgue las facilidades necesarias para que a las micro, pequeñas y medianas empresas suscriban convenios en materia de apoyo, fomento y desarrollo con los tres órdenes de gobierno.
Décimo Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones, suscriba acuerdos con particulares y coordine las acciones necesarias de apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas.
Décimo Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Pública y de Economía para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan con recursos al Sistema para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Décimo Tercero. Se exhorta a las y los titulares de las gubernaturas de los estados y del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan el Consejo Estatal y del Distrito Federal de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para apoyar el desarrollo de las mismas.
Décimo Cuarto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en un término de 15 días naturales, informen a esta Soberanía de las medidas implementadas como respuesta al contenido del presente punto de acuerdo.
Décimo Quinto. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que lleve a cabo un seguimiento puntual de las 12 medidas que integran este acuerdo e informe al Pleno de los resultados en un tiempo máximo de 20 días naturales.
Notas
1. Criterios Generales de Política Económica para 2009.
2. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
3. Datos de la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa.
4. Kaufman, Kraay y Zordo (2000) La Gobernabilidad es fundamental, del análisis a la acción. Finanzas y Desarrollo, FMI, pag. 10
5. El fondo pyme, apoya a las mipymes mexicanas mediante proyectos con gran impacto estatal, regional y sectorial, el apoyo es dirigido a un número determinado de empresas mediante un organismo intermedio y con el apoyo del sector privado, académico, el gobierno estatal u otros participantes que aportan recursos al proyecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes marzo de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A ADECUAR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, SU MARCO NORMATIVO A FIN DE QUE HACERLO CONGRUENTE CON ÉSTA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal sin partido de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto a los Congresos de los estados para que, con fundamento en el artículo cuarto transitorio la Ley General para el Control del Tabaco, adecuen su marco normativo con la finalidad de que sean congruentes con la ley en mención.
Consideraciones
El derecho a la salud es una garantía de toda persona en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tal motivo, el pasado 26 de febrero de 2008 se aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, la cual entró en vigor en todo el País el 28 de agosto de 2008. En dicha norma se establece la prohibición de fumar en los lugares cerrados con acceso a la gente, sean públicos o privados, con la finalidad de proteger los derechos de los no fumadores.
Esta nueva ley tiene como antecedente que el tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera prevenible, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, quien promueve los ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.
Asimismo, en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Control de Tabaco se establece: "El Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente ley".
Ese hecho no ha ocurrido, al parecer a los Congresos de los estados no les importa la salud de los no fumadores y han dejado fuera de su agenda legislativa este tema; si bien es cierto, existen Estados como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roa, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, que ya contaban con una ley para proteger la salud de los no fumadores, también lo es que nunca la hicieron ni la han hecho cumplir, constituyen pues letra muerta como muchas otras leyes, por lo cual les corresponde adecuar su marco normativo en base a la actual Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor el 28 de agosto del año pasado.
Todos hemos sido testigos de que en la mayoría de los estados de la república, la ley en comento no es cumplida eficazmente tanto por las propias autoridades estatales como por los propietarios de aquéllas áreas físicas cerradas con acceso al público, todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social quedó prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco, incluso las oficinas de gobierno ya sean estatales o federales.
La mayoría de los Congresos locales han dejado de un lado en su agenda legislativa este tema, lo que produce mayor desidia por parte de los mismos ciudadanos de cumplir con esta nueva ley.
Tenemos que precisar que esta es una ley federal y por consiguiente de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, como lo establece el artículo primero de dicha ley.
Existen opiniones de investigadores y sociólogos de que esta ley antitabaco constituye letra muerta por dos razones básicas: "la timidez de gobiernos para aplicar la ley una vez establecida, y la debilidad con que los no fumadores exigen el cumplimiento de sus derechos; lo que no ayuda a que se cumpla una normatividad existente".
La apatía de los gobiernos locales para cumplir la ley antitabaco se ha transmitido a la sociedad, la cual se demuestra pasiva y complaciente con los fumadores, porque no les exige respetar su derecho a un ambiente libre de humo.
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que el mismo 28 de agosto de 2008, fecha en que entró en vigor la ley, también entraba en operación la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, que dará seguimiento a la ley federal en la materia y que dentro de sus facultades está la de implantar y dar vigencia a la ley general contra tabaco en todo el país y que no se ha conseguido.
Por tales motivos este punto de acuerdo tiene como finalidad que los Congresos estatales con fundamento en el artículo cuarto transitorio la Ley General para el Control del Tabaco adecuen su marco normativo con la finalidad de que sean congruentes con la misma ley.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Congresos de los estados para que con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General para el Control del Tabaco adecuen su marco normativo con la finalidad de que sea congruente con la misma ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL IMSS, A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A GARANTIZAR A LOS CHOFERES Y PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO LOS DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD QUE LES CORRESPONDEN, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW KURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, exija que los transportistas de todo el país cumplan con sus obligaciones obrero-patronales y les exija las aportaciones a que tienen derecho sus trabajadores, con objeto de que éstos reciban la seguridad social y prestaciones que les corresponde como asalariados, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, con ese objetivo el Congreso de la Unión, a expedido leyes sobre el trabajo, las cuales rigen por una parte a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo.
Sin embargo, aún es constante escuchar que diversos ámbitos laborales se encuentran plagados de irregularidades en beneficio de los contratantes y en perjuicio de los trabajadores, donde los empresarios aprovechándose de la necesidad y situación que viven las personas que requieren de un trabajo digno que les ayude a solventar sus necesidades, lo que los obliga muchas veces a la aceptación de trabajos con salarios y horarios no previstos por las leyes mexicanas, siendo este el caso de los chóferes y prestadores de servicios de autotransporte privado como lo pudieran ser taxis, colectivos y camiones suburbanos, quienes realizan jornadas de trabajo de más de 10 horas con el propósito de reunir el dinero del pago de la cuenta al concesionario o empresa transportista, la gasolina y finalmente allegarse de una cantidad que resuelva en algo su situación diaria.
De la misma forma es sabido, que los chóferes de autotransporte privado no cuentan con seguridad social y mucho menos con un sistema de pensiones basado esencialmente en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, razón por la cual, considero que se debe requerir inmediatamente tanto a las autoridades laborales, como al propio Instituto Mexicano del Seguro Social para que realicen acciones coordinadas para estar en posibilidades de exigirle a las empresas y particulares concesionados por las distintas entidades de la República, que cumplan con todas sus obligaciones obrero-patronales para con los chóferes, y dado el caso se multe o sancione conforme a la legislación correspondiente a quienes no brinden a estos las condiciones mínimas que se prevén en la leyes laborales y de seguridad social.
Por otra parte, mucho se ha dicho que el reglamento de la reformada Ley del IMSS, que desde el mes de diciembre dio al Instituto mayores atribuciones en materia de fiscalización de las empresas, le brindará atribuciones para lograr ejercer una agresiva fiscalización, misma que resulta necesaria para resolver este problema con el sector del transporte privado en nuestro país y en particular prevenir y combatir la corrupción, entendida ésta en su sentido más amplio, es decir, deshonestidad de los concesionarios como la negligencia, ineficiencia o incapacidad de los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para identificar estos abusos y aplicar sanciones.
Ahora bien, en cuanto al nuevo sistema de pensiones basado esencialmente en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tutelado principalmente por las Leyes del Seguro Social, cada asegurado es propietario de una cuenta individual de ahorro para el retiro en donde se acumulan durante su vida laboral las cuotas y aportaciones del propio asegurado, de su patrón y del gobierno. Luego entones, si el artículo 2o.1 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado.
Resulta incuestionable que al encontrarse en juego derechos laborales consagrados en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX,2 de la Constitución General de la República, deben ventilarse como una prestación laboral más del régimen de seguridad social ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes resultan competentes para conocer de tales conflictos.
Los artículos 12, fracción I y 21 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, correlativos de los numerales 12, fracción I y 18 de la Ley del Seguro Social en vigor, disponen, en esencia, respectivamente, que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que presten a otras un servicio remunerado, personal y subordinado; y que los trabajadores tienen derecho de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, su inscripción, la cual, en términos de los artículos 19, fracción I, de la Ley del Seguro Social abrogada, y 15, fracción I, de la legislación actual, es obligación de los patrones. En esta tesitura, si el trabajador reclama su inscripción ante el Seguro Social con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley, y en el juicio acredita la existencia del vínculo laboral con un patrón, se actualiza la obligación de éste de inscribir a sus trabajadores ante el aludido instituto; y si no lo hizo, aquél puede hacerlo motu proprio ante el instituto, en términos del artículo 18 de la ley vigente; o bien, por la vía jurisdiccional.
Desafortunadamente, los chóferes y prestadores de servicios de transporte particular no siempre están en posibilidades de exigirle a su patrón todos estos derechos inherentes a su trabajo, ya sea por miedo a perder su trabajo y tal vez su única fuente de ingresos o por las amenazas de los propios concesionarios, quienes dan a trabajar sus vehículos de forma clandestina e ilegal. Quedando los trabajadores al arbitrio de las autoridades que por negligencia o ineficiencia no atienden esta problemática.
Lo cierto es que podemos asegurar que se advierte la existencia de la relación obrero patronal, la cual sería fácilmente reconocida por las autoridades, ya que esta se prueba con:
a) La obligación del trabajador de prestar un servicio material o intelectual o de ambos géneros;
b) El deber del patrón de pagar a aquél una retribución; y
c) La relación de dirección y dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón; no constituyendo la simple prestación de servicios, conforme a una retribución específica, por sí sola una relación de trabajo, en tanto no exista el vínculo de subordinación, denominado en la ley con los conceptos de dirección y dependencia; esto es, que aparezca de parte del patrón un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia de parte de quien realiza el servicio, de conformidad con el artículo 134, fracción III, del Código Obrero.
Además de que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
En este contexto, considero el tema de la protección laboral de los chóferes y prestadores de estos servicios una prioridad, ya que no podemos permitir que un gran número de trabajadores sean víctimas de tratos ilegales y violatorios de sus garantías laborales.
No obstante los problemas por los que atraviesa este país, es necesario prestar atención a este sector por lo que no debemos permitir que los mexicanos que se encuentran en esta citación sigan viendo sin seguridad social, por el simple hecho de estar condicionados por empleadores sin escrúpulos.
Como legisladores debemos ser enérgicos y solidarios con los chóferes y prestadores de servicios que se encuentren en esta situación y en congruencia de nuestro dicho velar por ellos, y que las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social realicen acciones como la de solicitar a las entidades y dependencias estatales encargadas de controlar, registrar y concesionar los servicios de autotransporte privado como lo pudieran ser taxis, colectivos y camiones suburbanos, a efecto de estar en posibilidades de requerirles a las empresas y particulares que cumplen con sus obligaciones obrero-patronales, y dado el caso se multe o sancione conforme a la legislación correspondiente
Como ya se dijo es nuestro deber garantizar el respeto pleno de los derechos laborales de todos y cada uno de los mexicanos, por lo que requerimos brindarles nuestro apoyo para dignificar y defender sus intereses, no puede ser que a la fecha haya mexicanos que piensen que pueden estar por encima de nuestras instituciones y lo que es peor se aprovechen de la situación económica de las personas sujetándolos a horarios inapropiados y sin las prestaciones y seguridad social que les corresponde.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a fiscalizar, en coordinación con sus delegaciones, fiscalice en el ámbito de sus atribuciones, la situación laboral que guardan los chóferes y empleados de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y sean sancionados conforme a la ley aplicable quienes no cumplan con sus obligaciones y aportaciones patronales.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que inicie una investigación sobre los casos en que los concesionarios de la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en los Estados de la República y en el Distrito Federal, entre ellos los servicios de transporte colectivo y de transporte público individual de pasajeros no cumplan con sus obligaciones patronales.
Tercero. Se exhorta a los Gobernadores de los Estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de su Secretaría, Entidad o Dependencia de Transporte y Vialidad que le corresponda formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del Transporte, a efecto de poner a disposición de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, sus delegaciones y la Procuraduría de Prevención del Trabajo el padrón actualizado de las concesiones otorgadas de prestación de servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga.
Cuarto: Se exhorta a los representantes de los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia analice, actualice y promuevan soluciones para subsanar los conflictos laborales en lo referente a el incumplimiento de obligaciones patronales; a fin de otorgar a los chóferes y empleados de los concesionarios de los prestadores de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga, entre ellos los servicios de transporte colectivo y de transporte público individual de pasajeros, la seguridad de que cuenten con seguridad social y prestaciones de ley que a cada trabajador le corresponden.
Quinto. En su momento, se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Notas
1. Artículo 2o. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
2. Artículo 123. ...
A. ...
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
...
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SSP A APLICAR EL BENEFICIO DE LA PRELIBERACIÓN A LOS CIUDADANOS CIRILO AMBROSIO ANTONIO, GREGORIO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ O RICARDO MARTÍNEZ HENRÍQUEZ, URBANO RUIZ CRUZ O FÉLIX PEDRO HERNÁNDEZ JUÁREZ Y ARNULFO O ESTANISLAO RAMÍREZ SANTIAGO, INTERNOS EN EL PENAL DE IXCOTEL, OAXACA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA Y CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permitin someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública federal para que por medio del titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, proceda a la aplicación conforme a derecho del beneficio a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Oaxaca ha sido escenario de diversos movimientos sociales, cuyo origen son las enormes desigualdades que persisten entre su población donde conviven 16 grupos étnicos que comparten su riqueza humana, social y cultural. Esta diversidad, paradójicamente, es un factor que por incapacidad de los gobiernos estatales y federales se refleja en el subdesarrollo de estos pueblos y comunidades originarias.
Lamentablemente, el reflejo de este subdesarrollo ha llegado a manifestarse en expresiones violentas que han atentado contra la seguridad de las personas y de las instituciones, tal es el caso de los acontecimientos en La Crucecita, Huatulco, Oaxaca, en agosto de 1996, cuando hizo su aparición, de forma violenta atacando a destacamentos de seguridad pública, un grupo armado denominado Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
Este escenario, provocó que el gobierno del estado de Oaxaca diera inicio a la represión en contra del pueblo de San Agustín Loxicha, por lo que encarcelaron a más de 150 personas, librando más de 200 órdenes de aprensión. Entre ellas, las de 12 indígenas loxichas que actualmente se encuentran recluidos en los penales de Ixcotel y Etla, de Oaxaca.
A más de 12 años del conflicto que afectó a la región de los Loxicha, cuatro de los indígenas sentenciados a una pena de 13 años y 6 meses de prisión, y que conforme a derecho deberían estar gozando del beneficio de la preliberación, fundamentada en los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aún se encuentran recluidos en el penal de Ixcotel. Estos indígenas son los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago.
En los cuatro casos la sentencia fue dictada con fecha 11 de marzo del 2004, por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Toca Penal número 226/2003, por los delitos anteriormente descritos y conforme al tiempo que han pasado recluidos y a la sentencia del juez, ya han cumplido más de tres quintas partes de la condena que la ley fija para tener derecho al beneficio de la preliberación. Además de que con fecha 4 de agosto de 2005, se cumplió con el pago de la reparación del daño.
No obstante que el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el cual tiene la misión de ser la instancia de la Secretaría de Seguridad Pública federal que coadyuve a la preservación del estado de derecho, con el establecimiento y coordinación de la política penitenciaria de prevención del delito y readaptación social, en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, de manera extemporánea, presentó un recurso de revisión contra la sentencia que concedía el beneficio de la preliberación, que el juez admitió y ordenó que se fuera al tribunal colegiado para que este decidiera si procede su estudio o no, a pesar de la extemporaneidad del recurso, demostrando la mala fe de la dependencia federal en la violación de los derechos que tienen los indígenas loxichas.
Es lamentable que una institución federal proceda, como lo hace ahora, en contra de un proceso sustentado en derecho y que protege los beneficios de la legislación a favor de las comunidades y pueblos indígenas. En el mismo sentido los responsables de la aplicación de esta legislación deberían de estar sumamente preocupados, ya que estos indígenas loxichas han cumplido con la sentencia correspondiente, pero el estado de derecho parece que no existe para ellos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía para que de urgente y obvia resolución se proceda a aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, instruya y proceda a la aplicación conforme a los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del beneficio a la preliberación de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, en Oaxaca.
Segundo. Se solicita, en un plazo no mayor de 30 días, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, presente a la Cámara de Diputados, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, un informe de la situación que los indígenas loxichas Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el penal de Ixcotel, en Oaxaca, no han sido beneficiados con la preliberación con base en los artículos 84 del Código Penal Federal, 540 y 541 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2009.
Diputados: Othón Cuevas Córdova, Carlos Martínez Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR A TRAVÉS DE LA SEP Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DIRIGIDO A DETERMINAR LAS BASES DE OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORES ESCUELAS, SIGNADO CON OAXACA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL VIRGEN CARRERA Y DANIEL GURRIÓN MATÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados Víctor Manuel Virgen Carrera y Daniel Gurrión Matías, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Oaxaca del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La educación, es uno de los principales motores de desarrollo de un país, ya que ésta juega un papel central en el progreso y en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las personas.
En este sentido, uno de los elementos esenciales para el mejor aprovechamiento de la educación es una adecuada infraestructura física y espacios óptimos destinados a la impartición de ésta.
Bajo este criterio, en 2007, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008, con el objeto de regular y certificar la calidad de la infraestructura física educativa, pública y privada, a través de lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y habilitación de inmuebles, así como establecer los criterios de coordinación y cooperación de los tres niveles de gobierno en la materia.
Entendiéndose por infraestructura física educativa "los muebles e inmuebles destinados ala educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación".
Asimismo, creó el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), como un organismo público descentralizado encargado de emitir las disposiciones normativas y llevar a cabo los programas en la materia, en colaboración y coordinación con las autoridades locales y a través de los mecanismos legales correspondientes.
En este sentido, en enero de este año, el estado al que representamos, signó con el Inifed el convenio de coordinación para determinar las bases de operación y ejecución de las acciones de inversión para la rehabilitación de los espacios destinados a la educación que imparte el estado en su nivel básico, en el marco del Programa Mejores Escuelas.
Programa que a nivel nacional cuenta este año con un presupuesto de 1 mil 920 millones de pesos aproximadamente, los cuales serán distribuidos en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, recursos que se ejercen a través, en este caso, del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed).
En dicho convenio se estableció la forma de operación y participación tanto del instituto nacional como del organismo estatal, el cual fue informado que el programa operaría mediante el otorgamiento de un subsidio federal que sería entregado a organizaciones de "participación social", el cual sería administrado por el Inifed, con la supervisión de los institutos estatales, para lo cual se firmaría un convenio interno que hasta la fecha no ha sido firmado por falta de voluntad por parte del organismo federal.
Asimismo se informó que dicho programa iniciaría en el mes de febrero previa capacitación que personal especializado del Inifed proporcionaría a trabajadores del organismo estatal, el cual se encargaría de supervisar el funcionamiento del programa, lo cual tampoco se ha llevado a cabo.
Aunado a lo anterior, y en un claro incumplimiento de lo estipulado en el Convenio de colaboración signado, el Inifed publicó la convocatoria pública a empresas dedicadas al ramo de la construcción para que en el marco del Programa Mejores Escuelas, participen en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, dejando a un lado la participación de los organismos estatales de toda planeación.
Nos parece importante destacar que la importancia del tema educativo y por ende de la infraestructura física educativa, requiere de la participación adecuada de los tres niveles de gobierno.
Por ello, vemos indispensable que se respete el espíritu de cooperación y coordinación de las acciones que se llevan a cabo en este rubro desde su proceso de planeación, la identificación de los planteles educativos que se verán favorecidos, las convocatorias respectivas, la supervisión de la ejecución del programa hasta la total terminación de los planteles atendidas, respetando lo establecido en los instrumentos legales correspondientes.
Lo que no puede seguir sucediendo, es que los convenios de colaboración que el gobierno federal firma con los gobiernos estatales, en esta y en otras materias, se queden en pactos de buenas intenciones y que no se informe ni se dé participación a las entidades federativas por medio de las instancias estatales de las acciones, que en un tema de la relevancia como es la educación, se llevan a cabo.
Hacemos un llamado para que se eviten actitudes centralistas por parte del gobierno federal y no se apliquen recursos y ejecuten obras sin tomar en cuenta las necesidades específicas que en infraestructura educativa estatal se tienen. Por el contrario, debemos fomentar un trabajo articulado, eficiente y armónico que nos permita asegurar mejores condiciones en el área educativa, con la intervención coordinada y constante de todas las instancias gubernamentales.
Por lo anteriormente expresado, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, se cumpla cabalmente con el Convenio de Coordinación que tiene por objeto determinar las bases de operación y ejecución de acciones en el marco del Programa Mejores Escuelas, signado con el estado de Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, las acciones de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio educativo nacional, se lleven a cabo de manera coordinada y en colaboración con los diferentes órdenes de gobierno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputados: Víctor Manuel Virgen Carrera, Daniel Gurrion Matías (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDESOL Y A SU DELEGADO ESTATAL A SOLUCIONAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EL PROBLEMA DE POBREZA ALIMENTARIA EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciado Ernesto Cordero Arroyo, y al titular de de la delegación estatal de dicha secretaría, ingeniero Huberto Aldaz Hernández, a solucionar el problema de pobreza alimentaria en el estado de Oaxaca mediante el presupuesto asignado al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las consecuencias de la pobreza en un país se miden en distintas dimensiones. La de mayor importancia es el daño que ocasiona a millones de personas en la salud, educación y cultura.
Desde el punto de vista de las sociedades, la pobreza extrema y la marginación conduce a la desocialización de las personas y a la creación de condiciones propicias para las conductas delictivas, genera un mercado político para la demagogia y el autoritarismo y, en algunas zonas, para el narcotráfico. La pobreza está, por lo tanto, entre las causas de problemas de seguridad nacional y hemisférica.
En nuestro país se habla de tres tipos de pobreza: La alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio. La alimentaria: es entendida como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria (que consta aproximadamente de 80 artículos, y en ocasiones, algunos servicios), aún haciendo uso de todo el ingreso lo disponible del hogar.
La de capacidades: es cuando ni con todo el ingreso, se puede adquirir la canasta alimentaria y efectuar gastos necesarios en salud y educación. Y la de patrimonio: cuando ni con todo el ingreso se puede adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y/o transporte.
En el último estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval) de mapas de pobreza en México, el estado de Oaxaca se encuentra entre los más afectados por esta problemática social, después de Chiapas y Guerrero.
Fuente: Noticias de Oaxaca.2
Este estudio refleja la enorme inequidad de nuestro país, pues mientras que en Baja California, la población con pobreza patrimonial representa el 9.2%; en Chiapas, es el 75.7 % la población que se encuentra en este rubro. No es posible que en un mismo país existan tales contrastes.
Es necesario abordar esta problemática con una visión institucional, multidisciplinaria, con políticas públicas reales y que no sólo se piense, sino que se lleven a la práctica soluciones y no querer atacar el problema desde una postura asistencialista o paternalista que poco ayuda.
México como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe de cumplir con el Art. 25 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice:
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.2
Oaxaca ha sido un estado en el que su población históricamente ha sufrido de pobreza, desnutrición, marginación, ya es tiempo que hagamos caso a estas necesidades imperantes, que miremos a todos los mexicanos con los mismos ojos. Que no sólo nos demos cuenta de las problemáticas sociales de nuestros estados, sino que hagamos algo por remediarlas.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa el 12 de marzo del presente año en San Luis Potosí, ratificó su compromiso de ayudar a la gente más pobre del país para, como dice el lema de su gobierno, "vivir mejor".
Las palabras textuales del señor presidente fueron: "Estoy convencido de que todos los actos del gobierno, si se tienen que justificar, es para que la gente viva mejor. Esa debe ser la razón, y mientras más pobre se es, más se necesita la ayuda", puntualizó.3
Por esto que hago el presente exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro de su agenda ponga con letras negras, las necesidades alimenticias que sufre gran parte de nuestros compatriotas y podamos interactuar para buscar soluciones en conjunto y de forma integral.
Por lo anteriormente expuesto es que presente ante esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciado Ernesto Cordero Arroyo, y al titular de de la delegación estatal de dicha secretaría, ingeniero Huberto Aldaz Hernández, a solucionar el problema de pobreza alimentaria en el estado de Oaxaca mediante el presupuesto asignado.
Notas
1. Velázquez , Luis Ignacio."En pobreza alimentaria 4 de cada 10". Noticias de Oaxaca; Primera Plana, Lunes 16 de Marzo de 2009.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ONU.
3. Notimex. Ratifica Calderón su compromiso de ayudar a los más pobres de México. Vanguardia
Dado en el Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD Y A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS A REALIZAR MEDIANTE LOS VERIFICADORES DE VIGILANCIA SANITARIA LAS ACCIONES DE CONTROL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal sin partido de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se requiera al secretario de Salud para que, a través de los verificadores de vigilancia sanitaria a que se refiere la Ley General para el Control del Tabaco, realicen las acciones de control y vigilancia sanitaria en los estados de la República para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley en mención.
Consideraciones
El derecho a la salud es una garantía constitucional de toda persona, en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tal motivo, el pasado 26 de febrero de 2008 aprobamos la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor en todo el país el 28 de agosto de 2008. En dicha norma se establece la prohibición de fumar en lugares cerrados con acceso a la gente, sean públicos o privados, con la finalidad de proteger los derechos de los no fumadores.
Esta nueva ley tiene como antecedente que el tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera prevenible, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, quien promueve los ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.
Pero todos nosotros hemos sido testigos presenciales de que en la mayoría de los estados de la República la ley en comento no es cumplida eficazmente, tanto por la propias autoridades estatales como por los propietarios de aquéllas áreas físicas cerradas con acceso al público, todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social quedó prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco.
Así, la mayoría de los congresos locales han dejado de lado en su agenda legislativa este tema, lo que produce mayor desidia por parte de los ciudadanos para cumplir la nueva ley.
Tenemos que precisar que esta es una ley federal y por consiguiente de utilidad pública, y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, como lo establece el artículo primero de dicha ley.
Existen opiniones de investigadores y sociólogos de que esta ley antitabaco constituye letra muerta por dos razones básicas: "la timidez de gobiernos para aplicar la ley una vez establecida, y la debilidad con que los no fumadores exigen el cumplimiento de sus derechos; lo que no ayuda a que se cumpla la normatividad existente".
La apatía de los gobiernos locales se ha transmitido a la sociedad, la cual se demuestra pasiva y complaciente con los fumadores, porque no les exige respetar su derecho a un ambiente libre de humo.
Cabe mencionar que antes de que entrara en vigor esta ley, existían estados en los que su marco legal ya contemplaba una legislación para proteger la salud de los no fumadores. Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; los cuales hasta el día de hoy no trabajan por hacer cumplir la ley antitabaco.
Esto se debe a la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales no han realizado una labor que concientice a la población respecto al número de fumadores pasivos que llegan a morir cada año; además de dejar de promover y vigilar el cumplimiento de la ley antitabaco; si bien es cierto que aun no se cuenta con el reglamento, la norma ya es plenamente efectiva, por lo que es una obligación cumplirla y respetarla.
El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que el 28 de agosto de 2008, fecha en que entró en vigor la ley, también entró en operación la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, que dará seguimiento a la ley federal en la materia y que entre sus facultades está implantar y dar vigencia a la Ley General Contra Tabaco en todo el país. Cosa que no se ha logrado.
Existen lugares que según la nueva ley deben ser considerados áreas libres de humo, como restaurantes, bares, discotecas, mercados, terminales de autobuses, transporte público, centros de trabajo y escuelas -públicas y privadas- de nivel básico, medio básico y medio superior; además de autobuses urbanos y foráneos, taxis y cualquier transporte colectivo, oficinas públicas y privadas, incluso el recinto legislativo y las oficinas que albergan, donde no se respeta el derecho de los no fumadores. Por falta de información respecto de la ley antitabaco, o simplemente porque la autoridad no ha hecho las gestiones necesarias en los gobiernos locales para exigir su cumplimiento.
Se sabe que se han puesto en marcha operativos sorpresa en lugares públicos como restaurantes y bares para verificar que se cumpla la Ley General para el Control del Tabaco, los cuales comenzaron en Querétaro, pero en la mayoría de los estados del país no se han realizado, por lo que los dueños de los espacios 100 por ciento libres de humo no sólo no toman en cuenta la ley, sino que desconocen su contenido.
Por tales motivos, este punto de acuerdo tiene como propósito que la Secretaría de Salud, haciendo uso de las facultades que le otorgan los artículos 3, fracción XIV, de la Ley General de Salud; y 38 de la Ley General para el Control del Tabaco, verifique el cumplimiento de esta nueva ley en todos los lugares libres de humo de los estados de la República Mexicana, con la finalidad de proteger el derecho de los no fumadores.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, y a los gobiernos de los estados, que, a través de los verificadores de vigilancia sanitaria a que se refiere el artículo 38 de la Ley General para el Control del Tabaco, se realicen las acciones de control y vigilancia sanitaria en los estados de la República Mexicana, a efecto de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la ley.
México, DF, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE Y A LA SEP A REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES ANTE LA ONU PARA QUE EL MURAL FRATERNIDAD, DEL PINTOR OAXAQUEÑO RUFINO TAMAYO, SEA RESTAURADO CON LA MAYOR BREVEDAD Y SE GARANTICE SU PRESERVACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones pertinentes ante la Organización de las Naciones Unidas para que el mural Fraternidad del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo sea restaurado a la brevedad posible y se garantice su preservación, al tenor de la siguientes
Consideraciones
A través del tiempo, la importancia del muralismo mexicano ha destacado en el ámbito internacional. Prueba de ello es la obra del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, cuyas creaciones lo han situado como uno de grandes pintores clásicos del siglo pasado.
A lo largo de su importante trayectoria, el maestro Rufino Tamayo logró, como pocos artistas, plasmar en su obra formas nutridas de color que conjuntan de manera armónica sus raíces prehispánicas con las tradiciones y rasgos populares mexicanos, logrando su trascendencia gracias a su valioso legado.
Destaca entre sus obras el mural Fraternidad, realizado en 1968 para ser expuesto en el pabellón mexicano de la Feria Internacional de San Antonio, Texas, el cual representa el deseo del maestro Tamayo de que la fraternidad prevalezca entre los seres humanos. Con ese ánimo, de posteriormente a su exhibición, el mural fue donado por el maestro Tamayo y su esposa, en nombre del gobierno mexicano, a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, atendiendo a que la obra refleja la misión y espíritu que rige a este organismo internacional y como una muestra de amistad entre ambos países.
Si bien es cierto que en sus primeros tiempos las autoridades de la ONU le concedieron una gran importancia a la obra al colocarla en un lugar privilegiado, como lo es el vestíbulo, también lo es que con el paso de los años el mural del maestro Tamayo ha venido sufriendo el descuido y el maltrato por parte de las autoridades responsables del organismo, lo que le ha provocado un serio deterioro.
En este orden de ideas, si bien es necesario tener presente que el mural fue donado por el gobierno mexicano a la Organización de las Naciones Unidas para ser expuesto de manera permanente en el edificio sede del organismo, también es necesario considerar que se trata de una pieza única del arte mexicano que ha sufrido daños y debe ser sometida a un proceso de restauración para asegurar su conservación.
Por ello es preciso que el gobierno mexicano, en el marco de los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país como lo son la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial. Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), encamine acciones ante la Organización de Naciones Unidas para impulsar la preservación de dicha obra antes de que el paso del tiempo ocasione la destrucción irreparable del mural.
En palabras del filósofo Ramón Xirau, la obra de Rufino Tamayo "no está hecha para enseñar, sino para revelar. Tamayo no cuenta ni describe, dice, no convence, sino inspira". Gracias a la luz y el color, Tamayo creó una obra de riqueza incomparable en el panorama de arte universal, los mexicanos no podemos ni debemos cerrar los ojos ante la destrucción de una obra extraordinaria cuyo autor ha sido ampliamente reconocido y honrado nacional e internacionalmente.
No debemos tampoco soslayar nuestra responsabilidad como legisladores de velar por el patrimonio cultural que nos pertenece, impulsando desde esta Soberanía acciones comprometidas con su protección y preservación incluso más allá de nuestras fronteras.
Todos los mexicanos compartimos una misma historia y cultura, como elementos constitutivos de la nación que tenemos, en ese sentido, además de su inestimable valor estético, la obra del maestro Rufino Tamayo, forma parte del patrimonio cultural de los mexicanos y desempeña un papel clave en la construcción de nuestra identidad social. No abandonemos los esfuerzos para rescatar el mural Fraternidad, herencia de un valioso artista mexicano.
En razón de todos los argumentos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones pertinentes ante las autoridades correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas para que el mural Fraternidad del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo que se encuentra ubicado en el edificio central de dicha organización en Nueva York, Estados Unidos de América, sea restaurado a la brevedad posible y se garantice su preservación.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de marzo de 2009.
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A PROFUNDIZAR EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Estamos en pleno año electoral, han terminado las precampañas y el país se encuentra hundido en una doble crisis: la económica y la de seguridad pública. Está claro que la sola existencia de las crisis demuestra y evidencia el mal gobierno del Partido Acción Nacional. Pero no es nada más el gobierno federal, sino muy especialmente los gobiernos estatales panistas. El caso que una vez más nos ocupa es el de Tlaxcala.
Ya lo habíamos denunciado en esta misma tribuna que, de acuerdo con información publicada el pasado 12 de agosto de 2008 por el periodista Lemic Madrid, del periódico Excélsior, un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que "las organizaciones delictivas han convertido al estado de Tlaxcala en el mayor centro de victimización en materia de secuestro".
El caso es que en 2007 se registraron 596 secuestros en el país: 164 corresponden a Tlaxcala, es decir, 27 por ciento; y en el primer trimestre de 2008, se registran 41 secuestros. Esta realidad sucede en el estado más pequeño del país, con una población de 1 millón de habitantes.
Hoy sabemos por el periódico La Jornada de Oriente que reseña el informe de la Auditoría Superior de la Federación de que el gobierno de Tlaxcala incumplió con el convenio en materia de seguridad pública que firmó con la Secretaría de Seguridad Pública federal, pues además de no haber gastado la totalidad de los recursos, "prevalece una deficiente planeación y programación, evaluación y capacitación del personal policial, adquisición de armamento y equipo en la entidad".
Entre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se identifica un subejercicio de 13 millones 178 mil pesos, que representa 17.8 por ciento del total del gasto autorizado para 2007.
¿Por qué si el principal problema del país es la inseguridad, el gobierno panista de Héctor Ortiz se atreve a no ejercer recursos aprobados para paliar el problema?
Los hechos son muchos, pero dice la autoridad fiscalizadora que "los subejercicios revelan que los recursos del fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (Foseg) no se sujetan a una estrategia de gestión que programe de manera eficiente su aplicación, ya que, no obstante las necesidades insatisfechas en los diferentes ejes del sistema, no se utilizan plenamente las asignaciones autorizadas, lo que se confirma por el hecho de que a junio de 2008 (cuando la ASF practicó dicha auditoría) aún se contaba con disponibilidades que ascendían a 10 millones 493 mil 600 pesos".
Es decir, el gobierno panista de Héctor Ortiz no cuenta con una estrategia de gestión que le permita programar de manera eficiente la aplicación del gasto. El problema es que quienes pagan los costos de un gobierno panista que no sabe gobernar son los ciudadanos. Los ciudadanos que, además de inseguridad, carecen de empleo.
Un dato que denota el interés gubernamental para combatir el problema es el que se refiere a que, con base en datos proporcionados a la ASF por el secretariado ejecutivo del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala, se desprende que en el estado 97.4 por ciento de los evaluados no se encuentra capacitado para cumplir con esta función, ya que, de acuerdo con el examen que les practicaron respecto a las técnicas de la función policial, la cual está encaminada a determinar las habilidades físicas y destrezas, tales como armamento y tiro policial, capacidad física, defensa policial, detención y conducción de probables responsables, entre otras cualidades, "sólo 2.6 por ciento obtuvo una calificación mayor o igual a 70 puntos en una escala de 10 a 100". Téngase presente que los efectivos de seguridad en Tlaxcala son 2 mil 941.
Otra vez preguntamos ¿en qué consiste la acción responsable del Partido Acción Nacional de cara a la ciudadanía? ¿Cómo explican los gobiernos panistas los gastos en publicidad frente a su incapacidad para gobernar y construir políticas públicas? ¿Cuáles son las acciones responsables de Héctor Ortiz en Tlaxcala?
La misma fuente periodística da cuenta de que 48.7 por ciento de los mil 375 efectivos revisados, y que representan casi 50 por ciento del total de los uniformados, no son aptos para el cargo, pues enfrentan problemas psicológicos que requieren desde apoyo psicológico de carácter preventivo hasta una evaluación en la materia más profunda, según una evaluación de personalidad practicada que consiste en identificar las características psicodiagnósticas que demanda el puesto y el nivel idóneo de capacidad intelectual.
Pero no solamente hay carencia de estrategia de gestión de aptitud psicológica de técnicas de la función policial sino que, de acuerdo con la revisión médica a 989 policías preventivos realizada por el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, da cuenta que 52.2 por ciento de ellos "reportó algún tipo de padecimiento", amén de que 61.9 por ciento de los policías tiene sobrepeso de más de 10 kilogramos, lo que incide en su rendimiento.
El problema no termina ahí. Resulta que otra de las graves deficiencias que detectó la ASF fue en el rubro de equipamiento, pues existe deterioro en el armamento, ya que de las 2 mil 715 armas existentes a 2007 en la otrora Subsecretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social, mil 17 son obsoletas o sus condiciones de funcionamiento son apenas regulares.
La parte final de esta cadena de irregularidades tiene que ver con la situación salarial. Según la misma fuente de información, la Auditoría Superior de la Federación identifica en el rubro de sueldos que un policía preventivo tiene que vivir con un salario promedio de 4 mil 424 pesos mensuales, un cabo de policía con 4 mil 776.5, un sargento con 5 mil 313 pesos, un subcomandante con 6 mil 485.1 pesos, un comandante de grupo con 7 mil 769 pesos y un comandante operativo con 13 mil 607.8 pesos.
Compañeros diputados, las últimas encuestas que evalúan la confianza en las instituciones señalan con mucha claridad que las instituciones fundamentales del Estado mexicano han caído en la confianza de los ciudadanos.
Quiero decirles que es nuestro deber enaltecer la vida institucional. No es posible aceptar que un gobierno estatal como el panista de Tlaxcala haga caso omiso de la gravedad de un problema nacional y se atreva a incurrir en subejercicios imputables a una incapacidad gubernamental de administrar y construir políticas públicas.
Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al auditoría superior de la Federación profundizar en las en las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de seguridad pública en el estado de Tlaxcala y , en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento del convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a rendir un informe detallado sobre el cumplimiento que ha dado el gobierno de Tlaxcala, respecto al convenio que en materia de seguridad han firmado ambas instancias en 2007 y 2008, en atención a los resultados negativos de su aplicación que afectan a la ciudadanía.
Tercero. Se exhorta al honorable Congreso de Tlaxcala a realizar, en su calidad de poder constituido y en el marco del equilibrio de poderes, una revisión de la legislación local vigente, así como de la política de seguridad estatal y sus resultados en 2007 y 2008, como muestra de compromiso social.
México, DF, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A LOS AYUNTAMIENTOS Y A LAS EMPRESAS SOLIDARIAS CON EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES MEXICANAS A BRINDAR APOYO INTEGRAL A LA CHARRERÍA PARA SU PRESERVACIÓN, RECONOCIMIENTO PÚBLICO, FOMENTO Y DIFUSIÓN, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, integrantes del pleno de la Comisión de Juventud y Deporte, Elizabeth Morales García, Salvador Barajas del Toro, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, José Inés Palafox Núñez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Alma Xóchil Cardona Benavídez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez, Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García, Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en los siguientes
Considerandos
Hoy la charrería está en grave riesgo, entre otras causas, por la escasez y pérdida de espacios para la práctica de esta tradición, el encarecimiento de los insumos necesarios para este deporte; el complejo control sanitario, que dificulta el tránsito de los caballos charros a lo largo y ancho de la República Mexicana; la constante deserción de los artesanos que manufacturan los enseres para este deporte; el mínimo conocimiento y reconocimiento públicos a las aportaciones a la sociedad, tanto históricas como actuales; y la casi nula difusión de las actividades de la charrería en los medios masivos de comunicación, entre otros factores negativos.
Para ayudar a revertir estas condiciones adversas, los diputados de esta XL Legislatura tenemos en nuestras manos la aportación de soluciones que contribuyan a frenar los fenómenos de transculturización, aculturización e inculturización que afectan a todas las tradiciones de nuestro país y a la charrería en especial. Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte consideramos que es indispensable fortalecer y fomentar esta herencia histórica y cultural hecha deporte, pues de lo contrario perderemos esta expresión de identidad que aporta una forma de vida, plena de valores distintivos del mexicano en su paso por la historia.
México es un país con una gran riqueza de tradiciones que permanentemente se reviven por toda su geografía. Estas manifestaciones culturales han ido forjando la idiosincrasia nacional a través del tiempo, dotando al país de un acervo cultural incalculable.
En efecto, el charro encarna la imagen que en su devenir histórico distingue e identifica a México dentro y fuera de sus fronteras. Delfín Sánchez Juárez lo describe transitando por la historia a lomos de su caballo como "Una figura señera que es presente y que es pasado. El que aprisiona los toros al extremo de su lazo. El que manejó la lanza cuando se llamó chinaco. El que cargó 30-30 siendo revolucionario. El que abandonó el terruño para volverse soldado cada vez que de la patria volvió a escucharse el reclamo. Es la esencia de la tierra. Es el grito campirano. El símbolo de la historia. Es el centauro? ¡Es el charro!".
Los conquistadores trajeron consigo el caballo. Su silla estaba diseñada para la guerra y su técnica disponía al corcel para el uso de la espada y la lanza. Los indígenas tenían prohibición de montar a caballo, bajo pena de muerte. El aumento de la población demandó a su vez el de ganado vacuno y caballar, por lo que la corona española pronto otorgó permisos o licencias para el uso del noble bruto en las labores del campo mexicano. Así, los indígenas y los mestizos imprimieron cambios sustanciales: la silla de guerra se transformó en silla de trabajo y el uso de la garrocha se enriqueció con el manejo de la reata, por lo que fue menester dotar a la silla de una polea para utilizar la soga, lo que ocasionó que se desarrollara una verdadera escuela mexicana de equitación. Ésta ejecutaría los movimientos del caballo en los cuartos traseros de éste, a diferencia de toda la escuela europea, que hasta la fecha lo sigue haciendo sobre el tren delantero de la cabalgadura.
Para cubrirse, el jinete nacional usa el cuero o gamuza, por ser material durable y accesible en aquellos tiempos; en sus trajes se observan las adaptaciones a chaqueta, pantalones, sombreros y botas que reflejan el barroquismo nacional, pleno de ornato: primero, con vistosos amarres de cuero e hilo y luego incorporando poco a poco el uso de adornos y botonaduras de plata.
Con el paso de los años, los jinetes mexicanos desarrollan una forma peculiar de ser, montar y vestir, que hará describir a Bernardo de Balbuena en su obra Grandeza mexicana, la notable, distintiva y elegante monta de los centauros nacionales.
Estos hombres desarrollan una personalidad con rasgos propios y surge un espíritu recio, forjado en la lucha diaria por las faenas realizadas al lomo de sus caballos; los jinetes acuñan un gran señorío que fomenta su amor a la libertad y a su tierra. Las faenas propias del campo, en especial para el manejo y transportación del ganado, los enseñan a trabajar en equipo, desarrollando una gran amistad y solidaridad que les da espíritu y orgullo de pertenencia a su grupo. Las grandes jornadas y trayectos motivan la camaradería dentro de un ambiente de respeto y alegría que fortalece la unión entre ellos: viven, cantan, trabajan, afrontan peligros, corren aventuras y dan a la palabra el sello profundo del honor y la lealtad, se auxilia al débil y al caminante, al desvalido y al menesteroso; de ahí, como consecuencia, esa forma de vivir se sintetiza en un solo concepto: la caballerosidad.
Transcurre el virreinato y las circunstancias de la colonia hacen que estos grupos con tan especial práctica de valores perciban pronto las ideas de una patria libre e independiente, que los lleva a ocupar lugar protagónico en la guerra de Independencia. Por mencionar algunos, Morelos había crecido en la arriería; los Bravo, los Galeana, Pedro Moreno y una legión interminable de recios personajes nutrirán las filas insurgentes, distinguiéndose como jinetes intrépidos, valerosos y atentos al llamado de la patria.
México va en busca de su propia identidad y destino y así se da la lucha contra la intervención, defendiendo el territorio con excepcional patriotismo. En la guerra de Reforma destacan los valerosos chinacos, enfundados en calzoneras de cuero y manta, que enfrentan con valor la intervención francesa, escribiendo páginas de gloria con la caballería, que aporta sacrificio y sangre para la definición del México de hoy. En la Revolución de 1910 participan los jinetes mexicanos de sombrero ancho, sillas charras, reata en el fuste, machete en la silla y carabina 30-30 en la mano, para abrir paso a una época de definición en la libertad para todos, especialmente para los desposeídos.
Durante cuatro siglos el jinete mexicano no sólo desarrolla una monta y atuendo propios, sino que éstos poco a poco lo identifican, de manera universalmente aceptada, como el charro, concepto que liga y define nacional e internacionalmente la figura de México.
Del siglo XVI al XX las suertes charras se practican primero como trabajo, luego como recreo y finalmente se reglamentan y se califica, tomando en cuenta la destreza, elegancia y eficacia de las faenas, convirtiéndose en deporte. En 1921 surge la primera asociación de charros y, con ella, la charraría organizada como deporte competitivo.
Antes, a finales del siglo XIX, surgen figuras que llevan al extranjero la presencia de los charros con su peculiar monta y vestimenta: en la primera mitad del siglo XX los viajes a Europa de destacados exponentes de la charrería, como Andrés, Antonio y Audomaro Becerril, siguen el ejemplo que en 1890 diera Ponciano Díaz, el "Charro Torero", de conquistar los públicos de Europa, Norte y Sudamérica, inmortalizando así la figura del charro en el extranjero.
La charrería en su conjunto va reuniendo con el paso de los siglos la aportación de múltiples objetos que producen artesanos especializados: orfebres, herreros, arrendadores, sastres, talabarteros; fabricantes de sogas, sombreros, rebozos, corbatas, sarapes, mantillas, riendas, etcétera. Paralelamente a la alta valía creativa que dichos artesanos imprimen a sus piezas, se fomenta la actividad económica al dar empleo a estos artistas que, con su trabajo y creatividad, sostienen a un gran número de familias mexicanas. La charrería genera incontables piezas de valor artístico incalculable, inspira obras literarias en prosa y verso, además de múltiples investigaciones históricas, antropológicas y etnográficas; la pintura, la fotografía y la cinematografía generan una profusa producción que capta el valor estético y cultural de la tradición que aquí nos ocupa; la música y la danza también reciben el impacto cautivador de esta herencia adquirida con el paso de los siglos.
Al organizarse la charrería como deporte, se suma la vertiginosa irrupción de la delicada y estética participación de la mujer en la fiesta charra. En la segunda mitad del siglo XX se aprecia el creciente espectáculo de grupos de damas a caballo, vestidas con trajes de rancheras, de vistosos colores, holanes, pasamanería, moños, encajes y sombrero ancho, integrándose poco a poco la mujer como elemento indispensable de la charrería. La tenaz preparación y superación de estas amazonas, que desarrollan un espectáculo ecuestre a base de formar figuras efímeras de objetos femeninos, por medio de evoluciones, movimientos entrelazados, cambios de trayectoria, montando sus caballos a mujeriegas, ejecutando sus movimientos con ritmo, maestría y uniformidad, todo ello perfecciona el espectáculo, hasta el punto en que se opta por calificar a los equipos de ejecutantes y nace entonces, en 1982, un deporte femenino, que engalanará y enriquecerá la fiesta charra.
La escaramuza se suma, con dilecta elegancia, colorido, valor y riqueza, a este deporte representativo de México. Hay que resaltar que varios de estos conjuntos ecuestres mexicanos han llevado su arte y presencia a múltiples países, los cuales se han deleitado con este espectáculo, que acompañado de música mexicana muestra trajes de charras y rancheras, derrochando alegría, belleza y femineidad.
Lamentablemente, la charrería, que era distintiva e indiscutible promotora cultural de México, ha sido desplazada de las antes señeras comitivas que acompañaban a nuestros mandatarios en visitas a otras naciones, pues no sólo se acordaban compromisos comerciales o políticos, sino que se integraban expresiones artísticas y deportivas que fortalecían la percepción positiva de nuestra nación. Los nuevos tiempos integran a las comitivas a empresarios, ciertamente una visión positiva, pero cada vez incluyen menos artistas, deportistas, embajadores culturales.
Así pues, la charrería es la tradición y herencia hecha deporte, que los jinetes mexicanos cultivan y acrecientan desde el siglo XVI, deporte mexicano que comprende la ejecución de faenas campiranas, con la práctica de valores como cortesía, libertad, alegría, valor y caballerosidad, así como un gran amor a la Patria, que lleva al charro a participar en las guerras de Independencia, de intervención, de Reforma y en la Revolución. Con su vestimenta, monta, arreos y axiología se forja una imagen distintiva de México, aceptada nacional e internacionalmente.
Organizadas por la Federación Mexicana de Charrería, A C, y sus asociados, prácticamente todos los días se celebran charreadas en toda la república: durante todo el año son efectuados múltiples campeonatos, torneos, festivales, concursos y exhibiciones, tanto de escaramuzas como de equipos de varones y de charro completo, en este caso, un solo individuo que ejecuta todas las suertes de la charrería.
Todas estas actividades, en particular el campeonato nacional, los estatales, los regionales y otros promueven una gran derrama económica, pues fomentan el turismo, estimulan los negocios locales y alientan el consumo de los productos de cada región. Las múltiples actividades culturales que las acompañan permiten a su vez que se aprecien y consuman todo tipo de producciones artísticas, inspiradas en la charrería. Los constantes eventos charros abren plazas de trabajo para la industria de la construcción, tanto para edificación como para el mantenimiento de las instalaciones. La ocupación de caballerangos, maestros e instructores, veterinarios, arrendadores y artesanos, además de transportistas y proveedores de diversos servicios, se estimula con el funcionamiento cotidiano de los grupos de escaramuzas y charros.
Es pertinente señalar que en otros países en donde se dan manifestaciones culturales similares los gobiernos procuran fomentar estas tradiciones. En Argentina, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se reactivó la casi desaparecida práctica de las suertes ecuestres de los gauchos; y en Uruguay se apoya y estimula su correspondiente regional. En Chile, la participación de los guasos recibe especial atención de su gobierno y participan de manera preponderante en diversas fiestas nacionales, como las de la Independencia. En Perú, los chalanes, ataviados de lino y seda, siguen desarrollando su fiesta criolla bajo los auspicios de las autoridades de ese país. En el vecino país del norte, Estados Unidos de América, la fiesta del rodeo tiene gran apoyo y amplia cobertura en los medios masivos de difusión, con lo que incluso ha logrado permear en algunas poblaciones mexicanas.
Con el fin de que esta herencia cultural de tradición hecha deporte se preserve y difunda en nuestra patria, se sugiere el apoyo y fomento de la charrería, para lo que señalamos algunos puntos de especial relevancia.
1. Apoyo a la solicitud de reconocimiento de la charrería como patrimonio cultural nacional y, en su caso, como patrimonio intangible de la humanidad.
El 16 de noviembre de 1972 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Con tal espíritu, la responsabilidad solidaria de la comunidad de naciones señaló la importancia de diversos bienes culturales, que se han convertido en un patrimonio común de todos los pueblos; por tanto, el deterioro o desaparición de tales bienes constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio cultural de la humanidad.
Después de registrar monumentos arqueológicos o de relevancia histórica e incluir zonas y bellezas naturales, la UNESCO percibe la necesidad de promover la preservación del gran patrimonio de la humanidad, por lo que incorpora las tradiciones y producción de grupos culturales, de comunidades locales, etnias y demás conglomerados que aportan los aspectos más importantes de la cultura viva y de la tradición. Así, se incluyen lenguas, música, costumbres, tradiciones, prácticas artesanales, sistemas de valores, artes interpretativas, lo cual forma un riquísimo mosaico de producciones que hoy integra el concepto de patrimonio cultural intangible.
Para la salvaguarda de este sector del patrimonio universal, la UNESCO ha recomendado que se mantengan vivas en su concepto original estas expresiones culturales, mediante las tareas de documentación, registro y archivo, así como por medio del fomento de su revitalización y transmisión entre generaciones. Desde 1989, la UNESCO emitió la recomendación sobre la protección de la cultura y el folclore nacionales.
Como figuras para revitalizar y mantener la cultura inmaterial, la UNESCO ha sugerido a los gobiernos, entre otras cosas, los reconocimientos oficiales de estas producciones, la protección jurídica, el otorgamiento de deducciones fiscales y subvenciones. De manera especial, ha instado a las autoridades a introducir la cultura inmaterial en los planes de estudios educativos, así como a promover festivales, concursos y programas de televisión.
La Federación Mexicana de Charrería, AC, que agrupa a 350 escaramuzas, integradas por 4 mil damas charras y 900 asociaciones, con un total de 16 mil charros en México y Estados Unidos de América, presentó el 2 de octubre de 2007, ante la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la formal solicitud de inscribir a la charrería dentro de las producciones de cultura popular mexicana, que por su riqueza histórica, artística y axiológica cuenta con los elementos y requisitos para formar parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad, reconocido por la UNESCO.
Por lo anterior, se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con el respaldo de la iniciativa privada, se apoye y conduzca el proceso formal del mencionado registro, preservación y difusión de los antecedentes, orígenes y componentes de la charrería, como deporte y expresión sociocultural, a fin de garantizar su permanencia, además de conducir y apoyar el reconocimiento mencionado.
2. Inclusión de la charrería en los libros de texto gratuitos de la educación primaria sobre la Historia de México, para conocimiento gradual de los alumnos.
Tomando en consideración la sugerencia emitida por la UNESCO a los gobiernos respecto a la inclusión de las expresiones culturales intangibles en los planes de estudio de los países integrantes, caracterizadas por sus raíces históricas, por sus valores espirituales y étnicos, para salvaguardar y promover tales expresiones culturales, recomendamos como medida de relevancia el incluir a la charrería en los libros de texto gratuitos.
En efecto, el conocimiento gradual de la presencia de los hombres de a caballo en la historia patria constituye un auxiliar, tanto pedagógico como de identidad nacional, para integrar a los niños en la aceptación y veneración de su pasado histórico. La guerra de Independencia, la lucha contra las intervenciones extranjeras, la guerra de Reforma y la Revolución Mexicana no pueden explicarse sin la presencia de los intrépidos jinetes, que con silla mexicana, reata, machete, lanza o carabina otorgaron, al lomo de sus corceles, la ofrenda a la patria en sus luchas libertarias y de definición de rumbo ante la historia, para legar el México de hoy y de mañana a las generaciones por venir.
El conocimiento dosificado y paulatino de la monta, vestimenta y arte surgido del mágico influjo de la charrería en la cultura mexicana requiere, para preservarse, del contacto y conocimiento desde la primera infancia. El perfil de los valores practicados por los grupos de jinetes a través de la historia transmite una imagen de los mexicanos que con valor, alegría, solidaridad, espíritu de equipo, respeto y caballerosidad hicieron de su código de honor una forma de vida.
Pese a la avalancha de modas y patrones extranjeros, la figura del charro es punto de identidad de las pasadas y, todavía, de las actuales generaciones, pues su distintiva vestimenta, monta y producción cultural se advierten en la música, danza, pintura, escultura, fotografía, cinematografía y demás creaciones artísticas que han forjado entre las naciones del mundo el reconocimiento de México en la figura del charro.
Incluir a la charrería en los libros de texto de todos los años de la educación primaria, con contenidos acordes con cada etapa, fortalecerá el aprendizaje de la historia nacional y reforzará la adquisición y consolidación de los valores sociales e individuales, como la honradez, el honor, la lealtad, la caballerosidad, la responsabilidad social, el amor y orgullo por México, el respeto a la naturaleza y al medio ambiente.
3. Fomento del deporte de la charrería como práctica popular y espectáculo que fortalece los vínculos de unión histórica de los mexicanos, así como la integración familiar.
Por ser la charrería una herencia transmitida de generación en generación, ha quedado la huella en este deporte, no sólo de una campirana recreación con llamativa competencia, sino como un espectáculo en el que aflora la presencia indiscutible de la patria mexicana.
Debido a múltiples factores que se acentúan por efecto de la globalización, la sociedad recibe por los medios masivos de comunicación otras expresiones, en especial del deporte ecuestre, rodeadas de música, lenguaje y formas de vida ajenos a México. Dichas expresiones se producen con la eficacia de la mercadotecnia y la publicidad, rodeadas de otros contenidos históricos, sociales y económicos que, por los vastos escenarios y la inclusión de grandes masas atraídas por el negocio de los espectáculos, han traído como consecuencia la erosión a base de sofisticados impactos de las tradiciones mexicanas.
Por lo anterior, sumado a la reducción de espacios para la práctica de este deporte, la charrería ha visto mermadas sus posibilidades de formación y fomento, por lo que exhortamos al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los municipales, así como a las empresas y organizaciones de la sociedad civil, a apoyar la difusión y práctica del deporte de la charrería.
Es conveniente para el país que la población, y en especial los niños y jóvenes, reciban la información adecuada para acudir a las charreadas y actividades culturales de la charrería para que conozcan este deporte y, quienes se interesen, aprendan sus fundamentos, mediante programas y acciones coordinadas entre la Federación Mexicana de Charrería, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los institutos del deporte de las entidades y los municipios, así como los demás organismos federales, estatales y municipales, en la esfera de su competencia.
De manera concreta, para fortalecer a la charrería como práctica deportiva organizada, fomentar en los niños y jóvenes su afición activa y para llevar a más amplios sectores de la población los eventos charros, se solicita al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se incluya a la charrería en el programa de deportes de la Olimpiada Nacional para abrir un escenario que, por su amplia difusión, motivaría una promoción de alto impacto de esta tradición mexicana. Asimismo, solicitamos que las organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la máxima autoridad colegiada del deporte mexicano, tengan a bien aprobar la inclusión de la charrería en la mencionada Olimpiada Nacional.
Por otra parte, como aportación para el mejor desarrollo de las habilidades de coordinación de nuestros niños y jóvenes, así como una sencilla y accesible opción recreativa, proponemos la inclusión del floreo y manejo de la reata en los programas de educación física de primaria y secundaria, para lo cual, las asociaciones de charros ubicadas en la periferia de los centros educativos podrían colaborar en la capacitación de profesores e instructores y, en algunos casos, con la enseñanza directa a los alumnos y deportistas.
Por otra parte, para frenar y contrarrestar la brutal transculturización que padece el país, se propone se establezca un programa formal de difusión de la charrería como deporte formativo de los valores sociales e individuales que fortalezcan los vínculos familiares y sociales. Tales actividades deben ser diseñadas adecuadamente para llegar desde los niños hasta los adultos mayores, con especial énfasis hacia la actividad femenina. Al respecto, debe incluirse la participación de organizaciones deportivas y cívicas, así como el invaluable apoyo de los medios masivos de comunicación. Ejemplo de la viabilidad de estas campañas es el trabajo que se percibe en la Televisión Mexiquense; en algunos diarios deportivos, como el Esto, que dedica diariamente una plana completa a la charrería, y en la difusión que Televisa aporta con cierta frecuencia.
4. Apoyo a los artesanos de equipo y artículos charros.
La elaboración de artículos charros no es sólo una necesidad para la práctica de este deporte, sino que constituye una actividad económica y artesanal que es necesario preservar y fortalecer.
Debido a las condiciones económicas actuales y a que la práctica y afición a la charrería no son masivas, la actividad artesanal de este ámbito ha visto frenado su crecimiento y además se corre el peligro de que, por aspectos generacionales, se pierda la herencia de los grandes artesanos.
Por ello, se propone la preservación y fomento de las artesanías vinculadas con la charrería, mediante diversas acciones coordinadas que estimulen la producción, exposición, comercialización y exportación de esta invaluable expresión artística y actividad económica, para lo cual se solicita la participación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, y de Economía; el Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes; el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Nacional Financiera; Bancomext; los gobiernos locales y otros organismos públicos y privados competentes para favorecer la preservación y el crecimiento del sector, mediante
a) Acciones conjuntas de los gobiernos y las instituciones de promoción cultural y de educación superior para la preservación de las artesanías vinculadas con la charrería y evitar la mixtificación.
b) Creación de un programa de capacitación de nuevas generaciones de artesanos charros.
c) Patrocinios de empresas para crear escuelas de artesanía.
d) Promoción por medio de ferias y exposiciones, sin intermediarios que abusen de sus transacciones, sino a través de un organismo coordinador que vigile y asesore en las ventas de los productos.
e) Integración a mercados especializados, facilitando el uso y posesión de espacios a costos accesibles, donde puedan ofrecer sus productos al turismo local y extranjero.
f) Incentivos fiscales.
g) Un programa y los apoyos correspondientes para exportar artesanía charra.
h) Organizar actos públicos, nacionales y locales, de apoyo a las artesanías charras.
i) Cualquiera otra acción que contribuya a los fines de fomento de las artesanías charras.
5. Asegurar la situación legal de todos los lienzos charros del país como espacios deportivos.
Como elemento primordial para preservar la práctica del deporte de la charrería es menester que existan los lienzos charros, es decir, las instalaciones en las que se practica este deporte.
Debido a que el precio del suelo en ciudades y centros de población en donde la gente acude a ver la ejecución de suertes charras sube día con día por la demanda inmobiliaria, estas instalaciones tienden a desaparecer, lo que hace necesario instaurar regímenes de uso para estos terrenos, que permitan su permanencia en los grandes centros urbanos. Se requiere también el interés por mantenerlos en condiciones adecuadas para la práctica del deporte y el servicio al público que acude a ver este espectáculo, sin que tales construcciones y terrenos cambien de uso y finalidad.
Salvo contadas excepciones que no rebasan el 5 por ciento de las agrupaciones que practican este deporte, el régimen constitutivo de las agrupaciones charras es bajo la forma de asociación civil y por tanto sin fines de lucro, destinadas a utilizar la totalidad de sus ingresos para los fines de la práctica deportiva.
Fundamentalmente, el régimen legal con el que funcionan estas instalaciones se da de la siguiente manera:
a) Lienzos propiedad de particulares, sociedades o personas físicas.
b) Uso en comodato de terrenos e instalaciones de propiedad federal, estatal, municipal o ejidal.
c) Arrendamiento de terrenos e instalaciones de propiedad federal, estatal, municipal o particular.
d) Otros tipos de tenencia irregular que permiten el uso de terrenos de propiedad particular, estatal, federal o ejidal.
La práctica del deporte charro depende en un altísimo porcentaje del auxilio que las autoridades federales, estatales, municipales y ejidales brindan a este deporte. La enorme demanda de terrenos urbanos para explotación inmobiliaria o de servicios ocasiona que estas autoridades soliciten de manera cada vez mayor la devolución de terrenos e instalaciones que las asociaciones civiles charras tienen en uso. Este fenómeno pone en peligro de extinción la práctica de este deporte por la enorme dificultad de contar con capital privado para comprar terrenos, edificar lienzos y mantenerlos.
No es posible plantear iniciativas de preservación y fomento a la charrería, y especialmente para que su aprendizaje y capacitación llegue a múltiples sectores de la sociedad, sin que existan terrenos e instalaciones para hacerlo.
Con el fin de contribuir a la solución de estos problemas se propone
a) Que en los municipios en los que ello sea factible, se destine cuando menos un espacio suficiente como reserva territorial para la construcción, mediata o inmediata, de instalaciones para la charrería.
b) Que todas las autoridades competentes coadyuven coordinadamente para preservar las actuales instalaciones utilizadas para la charrería.
6. Simplificar los procedimientos y normas de sanidad animal para facilitar la movilización de los caballos charros.
La posesión de caballos sanos es de vital importancia para la charrería y los otros deportes ecuestres. Esto interesa tanto a los propietarios de los caballos y los deportistas que los utilizan para la ejecución de sus suertes, como a las dependencias del gobierno de México encargadas de vigilar el estado sanitario de las diferentes especies animales, productivas y no productivas, que ingresan o salen del país o que se movilizan dentro del territorio nacional.
Los charros y los jinetes de los otros deportes ecuestres están conscientes de lo importante que es mantener a los equinos libres de enfermedades que comprometan su desempeño en la competencia y, en el peor de los casos, su vida; por ello, apoyan las normas y los esfuerzos de las autoridades competentes por vigilar el traslado de animales con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Sin embargo, es innecesario y complejo tener que tramitar documentos que certifiquen el estado zoosanitario de los caballos cada vez que son movilizados, sobre todo para aquellas asociaciones y equipos que tienen que cumplir compromisos de competencia semanalmente, en ocasiones hasta dos días por semana, por lo que sus costos se incrementan considerablemente o los trámites se complican, sobre todo en los casos siguientes:
? Cuando la zona del país a la que pertenece el equipo carece de una asociación o unión ganadera que facilite tales trámites.
? Cuando la ubicación de los médicos veterinarios certificados para expedir dichos documentos es muy lejana.
? Cuando se desconoce la ruta para llegar al lugar de la competencia y por tanto se ignora la presencia de casetas de inspección zoosanitaria.
? Cuando el caballo tiene que permanecer en el lugar de competencia más de 5 días porque participa en distintas fases de un campeonato, torneo o festival, o por necesidades de adaptación y recuperación para desempeñarse bien y, debido a que la vigencia del certificado zoosanitario es de 5 días, es necesario tramitar nuevos documentos.
En consecuencia, se propone, en lo correspondiente a la charrería
? Adhesión de los charros a un organismo de certificación, como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, para poder crear centros de certificación zoosanitaria. La representación sería por conducto de la Federación Mexicana de Charrería y su estructura, que podrían proponer y contar con médicos veterinarios certificados o con cédula profesional para la expedición de los documentos necesarios.
? Que los caballos de las asociaciones se integren a un sistema de cartillas o pasaportes que permitan su identificación cada vez que tengan que ser motivo de inspección o aprobación.
? Que, con apoyo en el método de identificación, así como constancia de prácticas adecuadas de medicina preventiva expedida por el médico veterinario responsable y, en caso necesario, la realización de pruebas de diagnóstico que descarten la presencia de ciertas enfermedades, sea posible expedir certificados zoosanitarios con vigencia mayor, que caducarían en cuanto el animal cambie definitivamente de región o propietario.
Lo anterior favorecería la salud de los caballos, pues ante la necesidad de contar con un certificado zoosanitario de cierta vigencia, se fortalecerían las prácticas de medicina preventiva apropiadas.
7. Iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte para promover la preservación y fomento de la charrería.
Próximamente, en el marco del proceso de revisión integral de la Ley General de Cultura Física y Deporte que la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara conduce coordinadamente con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y con la participación de la comunidad deportiva y la opinión de la sociedad en general, los integrantes del órgano legislativo propondrán a esta soberanía el reconocimiento expreso de la charrería como deporte nacional, de preservación y fomento prioritarios, igual que los juegos y deportes autóctonos y tradicionales y las actividades deportivas para las personas con discapacidad y para los integrantes de las etnias indígenas del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, a los ayuntamientos, las organizaciones sociales y a las empresas solidarias con el desarrollo social y la preservación de nuestras tradiciones a efecto de que, en los ámbitos de sus respectivas responsabilidades y atribuciones, brinden apoyo integral a la charrería para su preservación, reconocimiento público, fomento y difusión, mediante las siguientes acciones propuestas:
a) Impulso al reconocimiento de la charrería como patrimonio cultural nacional y promoción para que sea registrado como patrimonio intangible de la humanidad.
b) Fomento de la charrería como práctica y espectáculo deportivos populares de interés público, su inclusión en la Olimpiada Nacional y el aprovechamiento del floreo en los programas de educación física.
c) Inclusión de la charrería en los libros de texto gratuitos de la educación primaria.
d) Apoyo a los artesanos fabricantes de equipo y artículos charros.
e) Preservar los lienzos charros del país como espacios deportivos y creación de reservas territoriales para su destino a este deporte.
f) Simplificar los procedimientos y normas de sanidad animal en los traslados de los caballos charros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputados: Elizabeth Morales García, Salvador Barajas del Toro, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jorge Luis de la Garza Treviño, Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, José Inés Palafox Núñez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Alma Xóchil Cardona Benavídez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez, Carlos Alberto Navarro Sugich, Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García, Emilio Ulloa Pérez, José Luis Aguilera Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LAS DEL DISTRITO FEDERAL A DAR UN TRATO RESPETUOSO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD Y A PRESTARLES EL APOYO NECESARIO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las tareas legislativas de la comisión que represento es impulsar el deporte de los mexicanos; y, por ende, no podemos dejar de lado a los deportistas que, aun con una discapacidad, se desenvuelven en éste ámbito. Hay que precisar que contamos con grandes deportistas que en las pasadas Olimpiadas Paralímpicas de Beijing, dieron gala de su entereza y pundonor, son dignos representantes de nuestra nación que han logrado con su esfuerzo y dedicación que el nombre de México se escriba en los anales gloriosos de estos juegos. Ante esto, lo menos que podemos hacer es reconocerles, e incentivar en la juventud mexicana la práctica y desarrollo del deporte para que, siguiendo el ejemplo de estos valientes, no se limiten y exploten sus capacidades.
Según la Organización Mundial de la Salud, se considera discapacitada la persona que presenta una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. En México 2.3 millones de personas sufren alguna discapacidad.
No puedo dejar pasar la oportunidad para hacer una comparación, el balance de la delegación olímpica mexicana fue de 3 medallas, 2 de oro, y 2 bronces (que por ser en parejas cuenta como una). Cada una de estas fue festejada, aplaudida y exaltada por los medios que dieron seguimiento a las competencias. Hubo transmisiones especiales, seguimiento estricto, y horas de análisis del logro. Se hacían enlaces con las comunidades de origen de los atletas, la comunidad llenaba plazas a primeras horas de la mañana pendiente del resultado de sus atletas. Cuando al fin se dieron a conocer los resultados, todo fue algarabío, llamada presidencial al atleta con la respectiva felicitación, declaraciones de los dirigentes del deporte exaltando las cualidades de los jóvenes atletas, empresas patrocinadoras que ofrecían becas a los campeones por miles de pesos. Me pregunto, ¿a caso vale más una medalla de un atleta sin discapacidad que la de uno con discapacidad? En el plano deportivo, por tradición México ha obtenido mejores resultados en las olimpiadas alternas para discapacitados que en las regulares; pese a que cada cuatro años esto se comprueba, siempre es la misma historia: nulo apoyo, olvido y desaliento es lo que la sociedad mexicana y el gobierno envían a sus atletas.
En la antigua Roma era común lanzar a los bebés recién nacidos con alguna anormalidad a las aguas del Tiber; las madres o padres no eran juzgados o condenados por esto, incluso estaba bien visto, ya que por el pensamiento de la época un hijo mal formado o incapacitado representaba una carga social.
Durante el oscurantismo, los incapaces mentales eran tachados de endemoniados, los padres consideraban el nacimiento de un hijo discapacitado como un castigo divino. Hoy, las cosas son mejores; sin embargo, la aceptación, los derechos y oportunidades para una persona con discapacidad son escasos. Lo peor es que no reconocemos los logros que por mérito propio una persona con estas características pueda tener. La educación sobre la discapacidad se ha desarrollado mucho, pero queda camino por avanzar.
La Organización de las Naciones Unidas presentó en 1994 las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. México aceptó este documento, pero en la práctica estas normas son poco atendidas y respetadas. La falta de comprensión a personas ciegas, el poco equipamiento público para personas sordas, el casi nulo esquema arquitectónico en las calles de las ciudades para personas en sillas de ruedas o muletas, hacen de la vida diaria del discapacitado una lucha diaria.
Poco a poco se adquiere conciencia de los derechos y exigencias de este conglomerado de la población. Sin embargo, resulta paradójico que, por ejemplo, se emprendan fuertes campañas de ayuda a través del Teletón, y se dé una cobertura tan pobre a los Juegos Paralímpicos. Cuando los medios de comunicación pueden ser un puente entre los logros de los atletas paralímpicos y la población.
Nadie está exento de sufrir alguna enfermedad o accidente que afecte de por vida el uso de algún sentido, o que de un día se vea atado a una silla de ruedas. Nadie tiene asegurado tener hijos sanos. Desarrollar, participar y apoyar acciones concretas en apoyo a una cultura de respeto de los imposibilitados.
El recientemente desaparecido Gilberto Rincón Gallardo, quien llegó incluso a ser candidato presidencial, fue cabeza de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación. En su recuerdo, nos encontramos con un señor serio, retraído, parco pero firme en sus convicciones, lúcido en sus palabras, firme en sus convicciones, bravío en sus posturas, enérgico en sus demandas de justicia e igualdad. Recordemos que al señor Gallardo le faltaron sus dos brazos.
La sociedad mexicana, una vez más, da muestra de su falta de valores al reconocer insuficientemente los logros de la delegación paralímpica. Las televisoras y medios de comunicación muestran su cara mercantilista y superficial al no dar por lo menos un espacio igual y cobertura completa a cada uno de los logros de la delegación mexicana. Los atletas paralímpicos mexicanos logran cada cuatro años darle a México la alegría que la sociedad acepta parca y limitadamente.
Por otra parte, tenemos conocimiento, por voz de los propios involucrados, que los institutos del deporte no les dan su valor y apoyo.
Justo es que la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados interceda por estos grandes deportistas que son muestra de voluntad y ahínco. Motivo por el cual se exhorta a las autoridades deportivas de todas y cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal a que traten al atleta con discapacidad con respeto y presten el apoyo necesario en el desarrollo de su actividad deportiva, en igualdad de condiciones.
Por lo anterior; y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades deportivas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que traten al atleta con discapacidad con respeto y presten el apoyo necesario para el desarrollo de su actividad deportiva, en igualdad de condiciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de marzo de 2009.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL SEGUIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, ASÍ COMO A LA INSTAURACIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS A FIN DE PROTEGER A LOS COMUNICADORES EN RIESGO DEBIDO AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Gerardo Priego Tapia, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Como es por todos sabido, la violencia en el país ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en algunas entidades del sureste y del norte del país, por citar ejemplos, los estados de Guerrero, Oaxaca ó Chihuahua y Sinaloa, respectivamente.
Aunque la violencia que sufre el país es producto de numerosos factores y procesos sociales, es un fenómeno que no podemos quitar de nuestra atención, demanda nuestra vigilancia y sobretodo nuestra acción.
Es preciso reconocer que el fenómeno de la violencia se da en diversos ámbitos y estratos sociales de la vida nacional, lo cual demanda innegablemente de políticas públicas y decisiones en razón de Estado que conduzcan a su erradicación y castigo.
Uno de los sectores que más han sido golpeados por este lamentable fenómeno es el de los periodistas y el de aquellas personas involucradas en los medios de comunicación. Este sector que ésta dedicado a construir el proceso de información y difusión para la sociedad.
A fin de contextualizar la gravedad de la violencia que padecen los periodistas derivada de su labor de informar a la sociedad, es preciso mencionar que en los últimos diez años se han cometido 46 homicidios en contra de este gremio, cifra avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el mismo periodo, se han iniciado alrededor de 495 expedientes, los cuales se encuentran radicados en la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, averiguaciones originadas por agravios a periodistas; esta cantidad se eleva a 755 pre-expedientes para el mismo periodo, según la CNDH.
Aunque el número de agresiones por si sólo causa gran preocupación, la naturaleza de las agresiones también es de llamar la atención, éstas van desde intimidaciones y amenazas, hasta secuestros exprés, robo y homicidios. Lo anterior ocurre desde antes del periodo que se ha referido en el presente documento.
Esta situación se ha agravado en el presente año, puesto que según diversos datos, las agresiones cometidas en contra de quienes ejercen la actividad periodística han aumentado considerablemente y de continuar ésta tendencia, el número de agresiones alcanzará cantidades alarmantes.
Dicho fenómeno se ha dado en mayor proporción en periodistas que dedican su trabajo a líneas de investigación relacionadas con la delincuencia organizada o con redes de poder, lo cual atenta claramente contra el ejercicio de la actividad periodística plena.
Diversas organizaciones dedicadas a la libertad de expresión realizan conteos al respecto de las agresiones sufridas por periodistas, entre ellas destacan Articulo XIX, que enumera 53 agresiones; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene cerca de 20 pre-expedientes; así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que cuenta alrededor de 28 agresiones durante el presente año. Es preciso señalar que el intervalo de las cifras es amplio, pero ambos limites indican una creciente tendencia de las cifras, lo cual demanda toda nuestra atención.
Además de los fenómenos que se dan en paralelo a este tipo de actos de violencia, es preciso mencionar que dichos actos inhiben la participación social y la construcción y aprovechamiento de información de interés general; los anteriores, elementos sin duda alguna necesarios para el desarrollo de una sociedad que aspira a consolidar un sistema político democrático y participativo.
Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas, mediante las Procuradurías Estatales de Justicia, así como al Poder Ejecutivo federal, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, a reforzar, en el marco de sus respectivas atribuciones, el seguimiento y atención de los delitos cometidos contra periodistas; así como a instaurar medidas precautorias a fin de proteger a los comunicadores en riesgo debido al ejercicio de su profesión.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a continuar la vigilancia de la situación de los periodistas agredidos en el país en el presente año, así como del curso de sus denuncias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE EL DESEMPEÑO Y LOS MÉRITOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE AERONÁUTICA CIVIL Y DE ASA, ASÍ COMO DE SU FAMILIAR RECIENTEMENTE NOMBRADO COMANDANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Alberto Amaro Corona, diputado federal ala LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta semana hemos conocido un reportaje periodístico, que publica la revista Emeequis sobre la situación de la aviación civil mexicana. Se trata de una denuncia pública, documentada sobre la constante corrupción que confunde los intereses públicos con los intereses de los particulares. En medio de esta historia, como en muchos otros casos, están los funcionarios que responden a intereses privados y nunca, ni por asomo, a los intereses públicos que deben defender y hacer valer. Este es el drama que se presenta como la desgracia de la historia nacional.
Las denuncias consisten en que el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta hace unos meses, capitán Gilberto López Meyer, pues hoy fue premiado con el cargo de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, expidió permisos, certificó y validó a las escuelas o llamados centros de capacitación y adiestramiento de pilotos, sobrecargos y mecánicos aeronáuticos que difícilmente cumplen con los reglamentos y normas que exige la Ley de Aviación Civil.
La propia publicación señala como ejemplo la Escuela de Aviación Civil Hernández Moreno, que es dirigida por Carlos Hernández Smith y que ofrece las carreras de piloto aviador privado y comercial, oficial de operaciones aeronáuticas y sobrecargo de aviación. Se trata de una "escuela" instalada en una casa de dos plantas. La planta baja es utilizada para estacionar el vehículo del director y un cuarto sirve de oficinas centrales. En la planta alta, se encuentra un pequeño juego de sala. Al costado un salón con mesas y sillas de plástico. Una televisión, un pizarrón blanco y posters de aviones son los únicos indicios de que ahí existe una escuela de aviación. En esta escuela no hay computadoras, ni equipo aeronáutico ni nada más.
"Así luce la Escuela de Aviación Civil y Centro de Capacitación Aeronáutico que autorizó el entonces director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, el 26 de mayo del 2004, según consta en documentos oficiales, mediante el permiso número L-61 de funcionamiento y operación de Centro de Capacitación y Adiestramiento, otorgado por tiempo indefinido, que además fue firmado por el director de Seguridad Aérea, Jesús Moreno Bautista."
El ejemplo es de la mayor relevancia si tenemos presente que los 5 mil 800 aviones que operan diariamente, tienen la responsabilidad de transportar a 46 millones de pasajeros en vuelos comerciales al año.
Es muy preocupante que el gobierno federal presuma el servicio civil de carrera y sea omiso e irresponsable en un área que demanda la máxima seguridad nacional y altas calificaciones y profesionalismo de todo el personal que se desempeña en estas áreas tan sensibles.
Según Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, asegura que, cada año, un promedio de 200 personas se gradúan como pilotos de aviación privados y comerciales en los centros de capacitación aeronáutica que existen en todo el país. ¿Y de todos esos pilotos, cuántos están debidamente capacitados? Un 25 por ciento. Muchas escuelas tienen permiso pero no tienen instalaciones, o tienen instalaciones pero no tiene permiso.
Otra de las aristas de la seguridad aérea es la inspección y verificación de vuelos. Es el caso que a sus 70 años, Alberto Guevara Lira tiene trabajo como inspector y verificador aeronáutico de vuelos reales y en simulador, en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Este capitán piloto, quien encabeza la lista de 16 inspectores y verificadores aeronáuticos de vuelos reales y en simulador, de la DGAC, tiene cancelada su licencia de piloto del servicio público y las autoridades la presentan como vigente. Pero no es el único caso. Existen otros diez pilotos de la DGAC que tienen vencida su licencia por haber rebasado los 65 años de edad y son los inspectores y verificadores de vuelos que más exámenes aplicaron en territorio nacional y en el extranjero en 2008.
De los 749 exámenes que se aplicaron para certificar pilotos, estos inspectores y verificadores, de entre 65 y 74 años de edad, realizaron 710 pruebas, lo cual es totalmente contrario a la Ley de Aviación Civil la cual señala que al cumplir los 65 años de edad se vence, de forma automática, la licencia de piloto del servicio público.
Pero nada dice sobre la necesidad de que dichos verificadores de vuelos sean verificados en su conocimiento de las nuevas tecnologías aeronáuticas. Las autoridades aeronáuticas reportan como vigentes licencias de transporte público ilimitado cuando debieron reportarlas como revocadas. Así consta en un documento expedido por la DGAC con fecha de 17 de diciembre del 2008.
Pongo el énfasis en que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la unidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargada de aplicar la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad en el sector aéreo.
La lista de inspectores y verificadores aeronáuticos de vuelos reales y en simulador coincide con el grupo de instructores que durante el año pasado acapararon las mayores asignaciones como instructores y verificadores de pilotos. Asignaciones que van de la mano con el pago de honorarios económicos. Son 11 instructores y verificadores que más exámenes aplicaron el año pasado en territorio nacional y en el extranjero.
De los 749 exámenes, ellos realizaron 710 pruebas. De acuerdo con los "Lineamientos internos para comisiones, viáticos nacionales y extranjeros y pasajes de la SCT 2008", los funcionarios reciben tarifas de hasta 450 dólares o 450 euros diarios.
Otro aspecto de la mayor trascendencia se refiere a que en el sexenio de Vicente Fox y la administración de Felipe Calderón, el entonces director de Aeronáutica Civil extendió permisos para la operación de líneas aéreas de bajo costo. Como ocurrió con la empresa Aerolíneas Mesoamericanas, SA de CV, mejor conocida como "Alma de México". López Meyer permitió que el administrador de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Héctor Raúl García Fox, apareciera como apoderado de la línea aérea. La aerolínea de bajo costo, que inició operaciones el 8 de junio del 2006, propiedad del empresario Carlos Peralta Quintero, no pudo solventar sus operaciones y se declaró en quiebra el 7 de noviembre del 2008.
De acuerdo con el acta constitutiva de Alma de México, desde el 16 de enero del 2006, Héctor Raúl García Fox formó parte del Comité de Recursos Humanos de las Aerolíneas Mesoamericanas. García Fox se desempeñó como director de Administración de la DGAC, del primero de abril del 2003 al 30 de junio del 2006.
Entre paréntesis, hay que decir que Héctor González Weeks, quien fuera director comercial de la quebrada aerolínea Alma, de abril del 2006 a septiembre de 2007, fue designado en los últimos días de enero de 2009, como nuevo Director General de Aeronáutica Civil, el cargo que dejó López Meyer.
Pero también vale la pena decir que la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico autorizaron la salida de aviones de Aerolíneas Mesoamericanas del territorio nacional rumbo a Canadá sin haber cancelado las matrículas mexicanas ante el Registro Aeronáutico Mexicano, a pesar de estar en suspensión de operaciones, tener deudas de combustible y de navegación con la SCT.
El pasado 7 de noviembre, la aerolínea solicitó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) coadyuvar a conciliar los intereses de los acreedores, empleados y proveedores.
Quien no corrió con la misma suerte de Alma de México fue la aerolínea Aviacsa: la SCT le embargó hace unos días, 13 aviones por incumplimiento de pago de 300 millones de pesos. En los dos últimos años suspendieron operaciones por adeudos millonarios con la SCT: Líneas Aéreas Azteca, Aerocalifornia, A Volar y Nova Air, ATA y Alma de México.
En la misma línea de trabajo, hay que señalar que el titular del Ejecutivo federal había declarado en campaña que no habría familiares suyos en su gobierno; sin embargo, el sorpresivo nombramiento de Mario Agustín Calderón García, como comandante del Aeropuerto Internacional de Toluca nos lleva a varios cuestionamientos.
Lo primero que se debe decir es sobre la historia de éste familiar de Felipe Calderón. Resulta que en octubre de 2005, Mario Agustín Calderón García había logrado ahorrar lo suficiente y dejaba de ser un trabajador de Aquatech Car Wash Systems, en el que ganaba poco más de 700 dólares a la quincena con todo y tiempo extra, para convertirse en el dueño de un modesto negocio de lavado de autos: Mario’s Interior Clearing; cerraba así sus esfuerzos desde que llegó a California en 2001, luego de dejar de manera súbita su natal Michoacán.
Ya se había establecido en el ramo cuando, de pronto, su vida dio un nuevo giro, regresó a México hace siete meses y desde septiembre de 2008 ocupa el cargo de comandante del aeropuerto internacional de Toluca.
El nombramiento lo hizo López Meyer a pesar de que durante su campaña electoral el propio presidente Calderón Hinojosa se comprometió a que en su mandato "no trabajará ningún familiar mío en el gobierno federal".
Mario Agustín Calderón García nació el seis de abril de 1963, en Morelia, Michoacán. Es hijo de Mario Calderón Cerda y de Josefina García García. Su padre fue primo de Luis Calderón Vega, a su vez padre del presidente Felipe Calderón. El vínculo ha sido confirmado por los propios familiares.
Pero además del parentesco, lo que más preocupa es la competencia profesional. Según la documentación que obra en poder de la Dirección General de Aeronáutica Civil registra que el último curso de aeronáutica civil que tomó fue hace 20 años, en Morelia: "Seguridad Aeroportuaria, Dirección General de Aeronáutica Civil, 1989".
En la documentación que Mario Calderón presenta a las autoridades mexicanas llaman la atención dos licencias expedidas por el servicio aeronáutico mexicano: una es de piloto privado de ala fija y la otra de oficial de operaciones de aeronaves.
Lo raro es que las licencias, ambas firmadas por Fernando Antillón Valenzuela, entonces director general de Aeronáutica Civil, se expidieron en junio y mayo de 2002, cuando Mario Calderón se dedicaba a trabajar en un lavado de autos en Sacramento. En su currículum, no presenta ningún documento oficial que acredite los últimos cursos de capacitación que certificaron sus licencias aeronáuticas, cuya fecha de vencimiento fue el 6 de agosto de 2003.
Todo lo que hasta aquí se ha referido, es información que representa en sí misma una denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de diversos delitos e infracciones administrativas y, además, un grave problema de falta de ética, de transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas en el desempeño público. Es inadmisible que este poder del Estado mexicano no se pronuncie unánimemente para reclamar una amplia explicación ante los legisladores y ante la opinión pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento de la ética del servicio público y de la imperiosa necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos y al poder legislativo, rinda a la brevedad un informe detallado sobre el desempeño y los méritos de los funcionarios públicos responsables de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como de su familiar, recientemente nombrado comandante del aeropuerto internacional de Toluca.
México, DF, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL, ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL, A IMPLANTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de las diputadas de este mismo Grupo Parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia contra la mujer, es definida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, señalando que es toda aquella "basada en la diferencia de género, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada".
Por otra parte, la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW (1979), es el fundamento internacional para el logro de la igualdad de la mujer. Se convirtió legalmente en acuerdo vinculante el 3 de septiembre de 1981. Para enero de 1997 había sido ratificada por 155 países. La Recomendación General 19, que es la que se refiere al tema de la violencia, fue formulada en 1992, pues en un principio la CEDAW no hizo referencia explícita a la violencia contra las mujeres, lo que dificultó el enfoque del problema desde la perspectiva de los Derechos Humanos y provocó la formación de una coalición mundial de 900 organizaciones de mujeres, que presionaron con éxito para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera la violencia de género como una violación fundamental de los Derechos Humanos. La región de América Latina y el Caribe es la primera y la única región en el mundo en la que todos los países han adoptado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
En mayo de 1996 la cuadragésima novena Asamblea Mundial de la Salud reconoció mediante la resolución WHA49.25, que la prevención de la violencia contra la mujer es una prioridad de salud pública e incorporó entre sus recomendaciones las formuladas un par de años antes en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín.
A pesar de los anteriores instrumentos internacionales en materia de protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales de todas las mujeres, la violencia en contra de las mismas representa para nuestro país, un delicado factor de violencia social, lo que se traduce en graves problemas de salud pública, de violación de Derechos Humanos, de Justicia Social; que terminan en la evidente comisión de delitos, en cuya comisión se producen conflictos que comprenden la violencia psicológica, la violencia física, la sexual y la económica.
La violencia contra las mujeres es un problema cuya atención debe representar un asunto de interés colectivo, pues afecta a toda la sociedad por múltiples razones, como son: por el impacto que tiene sobre la salud y sobre el desarrollo social del país, y porque una mínima conciencia de justicia social así lo demanda, a fin de evitar la proliferación de problemas sociales, ya que existen estudios que han demostrado que un número importante de delincuentes son personas que han vivido en el seno de familias violentas, y que la violencia familiar se reproduce en las familias de generación en generación.
La violencia en contra de las mujeres tiene diversas repercusiones económicas para el hogar debido a la utilización de servicios de salud y aún en la actividad productiva de la mujer. Es de llamar la atención que el 3.8 por ciento de las mujeres agredidas hayan tenido que hospitalizarse o ser operadas lo cual señala la severidad de la agresión sufrida.1
Por otro lado, el maltrato físico tiene además del impacto emocional y físico, repercusiones económicas que se expresan no solamente en la utilización de servicios de salud sino en la actividad productiva de la mujer. En este orden de ideas y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, el 6.9 por ciento de las mujeres agredidas se ha visto en la necesidad de cambiar de trabajo y 5.4 por ciento ha perdido su trabajo alguna vez como consecuencia de la violencia sufrida.
El efecto del maltrato no sólo tiene efectos en la pérdida o cambio del trabajo para la mujer, sino que también impone otros costos en la actividad productiva a través del ausentismo laboral, lo que generalmente se acompaña de la pérdida del ingreso correspondiente. Además un 9.6 por ciento de las mujeres víctimas de violencia falta a su trabajo. Un 16.6 por ciento de mujeres habían perdido más de 10 o más días de trabajo, 21 por ciento perdieron de 4 a 8 días, 17.9 por ciento en promedio tres días, y el 44.4 por ciento de 1 a 2 días.
Pocas veces el ser víctima de violencia o maltrato es motivo de búsqueda de apoyo legal, así, solamente el 18.6 por ciento de las mujeres agredidas buscan este tipo de apoyo, siendo la falta de confianza uno de los motivos más frecuentes por el que las mujeres no buscan ayuda.
Aun cuando el tema haya ganado un mayor reconocimiento en el espacio público, las agresiones contra las mujeres sigue constituyendo un tabú social y cultural: siendo considerada muchas veces como algo normal, lo cual se tiende a ocultar. El ocultamiento y muchas veces la negación del problema están tan fuertemente arraigados en la sociedad, que tocan en primer lugar a las propias víctimas. Esto se manifiesta en el hecho de que la mayoría de las mujeres, al ser consultadas sobre el problema, reportan no sufrirlo.
En general las mujeres toleran diferentes formas de violencia durante muchos años. Las mujeres que viven en relaciones violentas, además, suelen estar bajo la prohibición de frecuentar gente o incluso de salir de la casa, excepto para lo estrictamente relacionado con su papel de madre y ama de casa, por lo que su aislamiento se hace crítico, alimentando el círculo de la violencia.
El problema requiere de una gran campaña de sensibilización respecto del mismo por parte de las autoridades competentes, en la que intervengamos todos los integrantes de la sociedad y el Estado mexicano, estableciéndose mecanismos de coordinación para superar la gran disparidad de compromisos entre las diferentes instituciones por las que una mujer debe pasar en su trayectoria de búsqueda de solución al problema de la violencia
A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para erradicar las agresiones contra las mujeres, las acciones emprendidas aún no son suficientes. De acuerdo con encuestas de la Secretaría de Salud, en los últimos cinco años los casos aumentaron 12 por ciento y 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido algún tipo de maltrato. Además, de 189 casos en los que se integraron expedientes penales en el último año, las autoridades federales sólo han consignado siete ante los juzgados.2
Aunado a lo anterior existen agentes del Ministerio Público de algunas entidades que proceden con actitudes machistas, los cuáles se suman a estereotipos difundidos por los medios masivos de comunicación y a la propia desigualdad de las legislaciones estatales. En lo que va del año, el Instituto Nacional de las Mujeres ha recibido un promedio de 60 llamadas telefónicas diarias (3 mil 510 en dos meses) de víctimas que requieren apoyo psicológico, jurídico o médico. En todo 2008 la institución atendió 22 mil llamadas.3
De los telefonemas recibidos durante enero y febrero, 73 por ciento de las mujeres denunciaron maltrato psicológico, 78 por ciento de los casos ocurrieron en el ámbito familiar y en 68 por ciento de ellos el esposo o la pareja fue el generador de la violencia. De las mujeres que llamaron en busca de apoyo, 21 por ciento eran profesionistas y 20 por ciento, amas de casa. Según datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, de 2003 a 2008 aumentó el porcentaje que padeció alguna agresión por parte de su pareja. En ese periodo la cifra pasó de 21.5 por ciento a 33 por ciento.
En vista de lo anterior, se hace necesaria que tanto las instituciones de salud del gobierno federal, así como sus similares en las entidades federativas y el Distrito Federal, en coordinación con las instituciones de Procuración de Justicia de los Estados, implementen a la brevedad programas y campañas tendentes a combatir la violencia en contra de las mujeres, el cuál comprenda aspectos como son el de la capacitación y formación de recursos humanos, fomentando además la denuncia de tan denigrante acto en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, y que de igual forma lacera la dignidad de toda la sociedad mexicana.
Por lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal y los de las entidades federativas y del Distrito Federal; así como a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia estatales y del Distrito Federal a implantar en el ámbito de sus respectivas competencias, programas y campañas para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el cual comprenda la capacitación y formación de recursos humanos que brinden atención adecuada a las víctimas, fomentando además la denuncia de tan denigrante ilícito.
Notas
1. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/violencia/siv1/doctos/envim03.pdf
2. http://www.eluniversal.com.mx/primera/32601.html
3. Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A APLICAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 DESTINADOS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Miguel Ángel Solares Chávez, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal a incrementar la incorporación de planteles de educación pública al Programa Escuelas de Tiempo Completo, en especial en la delegación Xochimilco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1994, el ahora Programa de Escuelas de Tiempo Completo inició de manera incipiente en el Distrito Federal y en unas cuantas entidades federativas. Con el tiempo fue transformándose en una alternativa educativa en el marco de las recomendaciones de la UNESCO, para mejorar la calidad de los servicios de educación pública, particularmente aquella dirigida a los niños y jóvenes de sectores sociales vulnerables, a fin de cerrar la brecha de inequidad en términos de conocimiento y desarrollo de competencias.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo está en vías de consolidación en todo el país, pues actualmente está presente en los planteles educativos de alrededor de 21 entidades federativas, incluido el Distrito Federal.
Un aspecto fundamental del Programa de Escuelas de Tiempo Completo es apoyar a las familias y fortalecer su participación en la tarea educativa de las escuelas, lo que implica para las escuelas y las familias una participación corresponsable, desde sus ámbitos de competencia y funciones, en favor de la calidad educativa.
Pero un beneficio central de este programa es que ofrece la posibilidad de atender necesidades sociales relacionadas con los cambios en la estructura familiar por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En concreto, para las madres que así lo deseen, esta alternativa educativa permite dejar a sus hijos en la escuela hasta las 6 de la tarde, donde les proporcionan actividades para su desarrollo educativo y alimentación.
Además, de acuerdo con las Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2008, el Programa Escuelas de Tiempo Completo está dirigido a escuelas públicas de educación básica, preferentemente las que atienden población en condiciones desfavorables en contextos urbano marginales, indígenas o migrantes, las que ya operan en horario ampliado y las que presentan bajos resultados educativos.
Estos dos últimos enfoques del programa adquieren mayor relevancia en estos momentos en que el país atraviesa por una de las crisis económicas más agudas, cuyos efectos se han dejado sentir con mayor gravedad en los sectores en condiciones económicas y sociales adversas, de manera primordial en el sector femenino; pues una de sus consecuencias inmediatas ha sido el aumento del número de mujeres que está buscando incorporarse al mercado laboral, particularmente en el sector informal.
Datos recientemente divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que aún cuando sólo 42 por ciento de las mujeres forma parte del mercado laboral, en 15 años se duplicó el número de hogares con jefatura femenina al pasar de 2.8 a 5.7 millones entre 1990 y 2005.
El caso del Distrito Federal tiene características especiales, pues se ubica entre las entidades con mayor proporción de mujeres que laboran y además de que casi la tercera parte de los hogares están encabezados por una mujer. Esta situación, provoca que mujeres en esas condiciones enfrenten una vulnerabilidad con efectos múltiples, que se traducen en el desarrollo educativo y social de sus hijos.
En ese contexto, el Programa Escuelas de Tiempo Completo viene a ser un instrumento de gran apoyo a las madres trabajadoras y a las familias de escasos recursos que habitan en la Ciudad de México, donde la delegación Xochimilco registra un importante sector de la población en esas condiciones.
En la actualidad, lamentablemente, en la delegación Xochimilco sólo existe una escuela de tiempo completo, cuando en otras delegaciones con mayor potencial económico y social hay un promedio de cinco plantes de tiempo completo. Este señalamiento no quiere decir, de ninguna manera, que se reduzca a esas demarcaciones las escuelas de ese tipo.
Por el contrario, el espíritu de esta proposición es que sean incorporados más plantes educativos al programa, no sólo en el Distrito Federal sino en todo el país, con el fin de de garantizar que el conjunto de nuestras escuelas públicas de educación básica cuenten con los beneficios del programa encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y, a la vez, se apoye a las familias de escasos recursos y a la madres trabajadoras en el desarrollo educativo de sus hijos.
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en la Ciudad de México corresponde a la Administración Federal de Servicios Educativos seleccionar el número y las escuelas a incorporar en el multicitado programa. Esto es así, porque como es del conocimiento público continúa como asignatura pendiente la descentralización de los servicios de educación básica al gobierno del Distrito Federal, los cuales actualmente son prestados por esa dependencia de la Secretaría de Educación Pública.
Ciertamente, la propuesta de incorporar más escuelas al programa requiere recursos, pero es de destacar que en esta Legislatura los distintos grupos parlamentarios hemos unido esfuerzos para incrementar el presupuesto educativo. En este tenor, es pertinente mencionar que para el ejercicio fiscal 2009, el Programa Escuelas de Tiempo Completo tiene recursos aprobados por 500 millones de pesos, 200 de los cuales forman parte de los incrementos adicionales aprobados por este pleno de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Administración Federal de Servicios en el Distrito Federal a incrementar la incorporación de planteles públicos de educación básica de la delegación Xochimilco al Programa Escuelas de Tiempo Completo, de conformidad con sus atribuciones y a lo establecido en las vigentes reglas de operación del referido programa.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reasignar recursos adicionales al Programa Escuelas de Tiempo Completo, a efecto de incrementar el número de planteles públicos de educación básica, preferentemente en zonas económica y socialmente consideradas en situación de vulnerabilidad y/o marginalidad urbana o rural.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL, ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL A INTENSIFICAR LOS PROGRAMAS Y LAS CAMPAÑAS PARA PREVENIR EL TABAQUISMO, ASÍ COMO A BRINDAR TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA POBLACIÓN QUE LO PADECE, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de las diputadas de este mismo Grupo Parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública, debido a que los daños a la salud asociados al consumo del tabaco causan más de medio millón de muertes, tan sólo en el continente americano. En México existe una masa poblacional cada vez mayor en los grupos de edad media y avanzada, en los cuales las tasas de morbimortalidad relacionadas con el inicio del tabaquismo en edades tempranas son altas. Estos elementos introducen al tabaquismo en el escenario de las diez principales causas de mortalidad en México y los convierten en un problema prioritario de salud pública.
Estudios probabilísticos basados en las pautas de consumo actuales, señalan que para el año 2025 el tabaco será causa de más de diez millones de muertes en el mundo. El hábito de fumar se ha asociado no sólo con el cáncer pulmonar, sino con el de labios, lengua, boca, laringe, faringe, esófago y vejiga, más aún, con enfermedades del corazón. Asimismo, causa padecimientos respiratorios como la bronquitis y enfisema.
Hay más mortalidad entre quienes comenzaron a consumir cigarros alrededor de los 15 años de edad, que entre los que lo hicieron después de los 25 años. A lo anterior hay que considerar que los individuos que conviven con fumadores e inhalan el humo tienen un riesgo elevado de contraer cáncer.
No cabe duda de que el fumar es un hábito nocivo que pone en peligro la salud de todos los mexicanos. Asimismo, es preciso señalar que los menores de edad que empiezan a fumar antes de los 15 años desarrollan más posibilidades a futuro de ser adictos a drogas o al alcohol, por lo que es importante evitarles el consumo de tabaco.1
Hoy día, aproximadamente 31 millones de mexicanos están expuestos de manera voluntaria o involuntaria a los daños a la salud causados por el tabaco, lo que representa poco menos de la tercera parte de la población total de México.2
A pesar de que actualmente se conocen los daños a la salud causados por el vicio del tabaquismo, el mismo continúa en ascenso por nuestro país. Adicionalmente al grave problema de salud pública que representan por su vinculación de manera importante con la incapacidad o muerte prematura de las personas, las adicciones conllevan enormes costos sociales, tanto en lo individual como en lo familiar. Representan una causa importante de ausentismo laboral o escolar y un fuerte impacto en la economía familiar.
En nuestro país mueren diariamente 153 personas por enfermedades asociadas con el tabaquismo, y fallecen de igual forma más de 53 mil personas fumadoras al año, por enfermedades asociadas al tabaquismo. De acuerdo con estadísticas oficiales, la edad de las personas que experimentan y hacen un uso frecuente de esta droga está disminuyendo. De esta forma, los niños y los adolescentes son la población que se encuentra en mayor peligro para usar y abusar del tabaco.3
Se encuentra con frecuencia que los adultos de entre 35 y 40 años que iniciaron su adicción al tabaco en la adolescencia, llegan a padecer enfermedades propias de la tercera edad, como son: deterioro de la actividad respiratoria, problemas cardiovasculares, gastritis, obesidad e hipertensión, entre otras. De igual forma el tabaquismo a temprana edad puede afectar el desarrollo pulmonar, el cual concluye entre los 16 y 18 años. Estimaciones del sector salud indican que en México hay cerca de un millón de fumadores que son menores de 18 años, por lo que para el año 2020 podrían morir 100 mil personas a causa del tabaquismo.4
Hay zonas en el país donde se localizan niños de 10 años que ya fuman. Hoy en día el tabaquismo es la peor epidemia del mundo más que la fiebre amarilla o la influencia y es la responsable de más muertes que el VIH, el alcoholismo, los accidentes, los homicidios, los suicidios y la tuberculosis. Las adicciones son un grave problema en el campo de la salud pública, que requieren de acciones amplias y coordinadas en las que deben de estar incluidos los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.
Incluso en el ámbito internacional, existen loables esfuerzos, que se suman a las acciones para el control del tabaquismo, como son los emprendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual contribuye a dar cumplimiento a los compromisos que suscribió México durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998 y en la X Conferencia Mundial sobre el Tabaco y Salud, realizada en China en 1997.
En razón de todo lo antes expuesto, se hace necesario intensificar las campañas y programas gubernamentales, para un combate eficaz, permanente y contundente a la adicción del tabaquismo, el cual debe comprender los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios), toda vez que las graves consecuencias que genera el tabaquismo, tiene efectos colectivos sobre toda la población mexicana.
Por lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que intensifiquen, en el ámbito de sus respectivas competencias, los programas y campañas para prevenir el tabaquismo; así como para que brinden tratamiento y rehabilitación a la población que padece dicha adicción.
Notas
1. http://www.el-universal.com.mx/notas/487264.html
2. http://www.senado.gob.mx/
3. http://www.cij.gob.mx/Paginas/MenuIzquierdo/InformacionPara/Padresy%20Madres/tabaco
4. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/323836.tabaquismo-amenaza-juvenil.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A CONSIDERAR UN FONDO EXTRAORDINARIO EN EL ACTUAL EJERCICIO PRESUPUESTAL DESTINADO A REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS DE LA FRONTERA SUR, FORMADAS POR CHIAPAS, CAMPECHE, TABASCO Y QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Martín Ramos Castellanos, diputado de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, representante del décimo distrito del estado de Chiapas, y presidente de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos del sur-sureste de México, con base en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente resolución, somete a la consideración de este Pleno, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que considere un fondo extraordinario en el actual ejercicio presupuestal destinado a la realización de estudios y proyectos ejecutivos para el desarrollo de la zona de la frontera sur conformada por Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, al tenor de los siguientes.
Antecedentes
Durante décadas, se ha estado postergando la solución al desarrollo de la frontera sur de México que conforman las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo sin tomar en cuenta sus características físicas, recursos naturales y humanos, antes bien, se ha, fomentado el regionalismo excluyente, lo cual denota que la población de una región, vea con cierto recelo a las demás regiones y esto suscita cierto bloqueo al integrarse con todas y cada unas de las actividades económicas y productivas de las demás, en vez de generarse cierta competencia que derivaría en un mejoramiento de la capacidad y calidad de producción, esto hace que las diferentes ramas económicas de cada región estén dispersas y, por lo tanto, el crecimiento sea inequitativo.
La forma como se han diseñado y aplicado los programas de desarrollo económico y social en las zona de la frontera sur, han sido de muy poco alcance, quizá por que la visión que se tiene de las diferentes regiones, es que son excluyentes o incompatibles. En vez de complementarias.
El atraso de la región frontera sur ha representado un freno para las otras que presentan un mayor crecimiento, siendo que son regiones con muchos recursos naturales que explotados racionalmente pueden dar un impulso a la entidad y a la federación.
El olvido y la postergación de políticas tendentes a integrar las diferentes regiones, provocará que continuemos con una conducta errática en las diferentes ramas productivas, económicas y sociales del país, lo cual deriva que exista un gran numero de pobladores quienes sufren el flagelo de la pobreza, quienes se verán obligados a emigrar hacia a lugares donde esperan encontrar más y mejores oportunidades de vida, oportunidades que evidentemente no encontraron en sus sitios de origen.
Consideraciones
Se debe impulsar la visión integral de todas las actividades regionales de la frontera sur, para crear un plan que contemple la vinculación de todos y cada una de las regiones, tomando en cuenta sus recursos naturales y humanos, por que sólo de esa manera, se podrá diseñar un plan que dé cauce a un crecimiento económico duradero.
Es importante que se consideren, como se menciona anteriormente, las características específicas de cada región para armonizarla con el medio ambiente, pues muchas veces las acciones que se han llevado a cabo en la actividad productiva han acabado con ecosistemas muy valiosos, por lo que es importante tomar en cuenta éste aspecto.
La convergencia regional, sólo será posible, si se disminuye la desigualdad del ingreso, se aumenta la calidad del capital humano, se desarrolle un plan integral que aproveche la infraestructura del país y así ser más competitivos con el exterior, debemos contar con información importante, que ayude a diseñar programas que recoja experiencias de todos y aplicarlas en los sitios que lo necesiten.
Los recursos en comento se podrán destinar a estudios, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, relacionadas con acciones preventivas, de apoyo a la emergencia o a la rehabilitación y mejora, que correspondan a situaciones vinculadas o que sean consecuencia de fenómenos naturales, mismos que de forma mediata irán mejorando la calidad de vida de los habitantes.
Atendiendo a éste último señalamiento, reitero que no debemos perder de vista que el sur del país ha sido la región más devastada por fenómenos naturales y actualmente bastante afectada por cuestiones sociales de migración, narcotráfico, inseguridad que han desestabilizado y frenado el desarrollo de la frontera sur del país.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58,59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que considere un fondo extraordinario en el actual ejercicio presupuestal destinado a la realización de estudios y proyectos ejecutivos para el desarrollo de las zonas de la frontera sur conformadas por Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2009.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A VIGILAR Y APLICAR MEDIANTE LA SEMARNAT Y LA PROFEPA LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EVITAR EL DAÑO AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA DEL CERRO DE LA AGUJA, EN COAHUAYANA, MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL VILLICAÑA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rafael Villicaña García, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Michoacán es privilegiado por contar con una importante riqueza natural, territorio en el cual se han asentado y florecido civilizaciones como la cultura purépecha, quienes han considerado éste suelo como la madre que les da la vida y quien les provee lo necesario para su desarrollo, habitantes que en retribución, han hecho un uso sustentable de los recursos naturales, sabiendo que se les da solamente en préstamo y deberán sucederlo a sus hijos de la misma forma y calidad en que ellos lo recibieron.
Coahuayana es un municipio de Michoacán que se localiza al suroeste del estado, a una altura de 30 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el estado de Colima y el municipio de Chinicuila, al sur con el Océano Pacífico y el municipio de Aquila y al oeste con el estado de Colima.
El clima es tropical con lluvias en verano y restringidas en la época veraniega, últimamente se ha venido dando un cambio drástico en cuanto a lluvias, ahora se presentan lluvias entre los meses de junio a noviembre y, ocasionalmente en diciembre, contemplando una precipitación pluvial anual de 1,162.9 milímetros, contando que en los últimos 10 años, según datos del honorable ayuntamiento de Coahuayana (2005), se ha venido decreciendo hasta 800 milímetros y presentando una temperatura media anual que oscila entre los 18 y los 32.5 grados centígrados.
La vegetación existente es natural. En las partes más verdes de esta comunidad, se cuenta con un esquema variado con selva mediana subcaducifolia, selva baja espinosa, vegetaciones secundarias arbóreas arbustivas donde predominan algunas especies como las siguientes: mojo (Brasimum alicastum), cuajiote (Brucera simaruba), huisache y selva baja caducifolia con vegetación secundaria al norte de la comunidad y al sureste con vegetación secundaria arbustiva, áreas de pastizales.
Las áreas conocidas como El Saucito y el Cerro de La Aguja, éste último, el punto más alto de Coahuayana, constituyen la microcuenca más importante, ya que capta y provee la mayor cantidad del agua que abastece a los pobladores de éste municipio para consumo humano y agrícola; la relevancia por conservar éste ecosistema es tal, toda vez que constituye una zona de transición natural entre el ecosistema de la selva y el bosque de pino y encino y actúa como un mecanismo regulador de los ciclos del agua. Además, estos bosques contribuyen a equilibrar fenómenos climáticos globales como el efecto invernadero y el calentamiento global mediante la captación e inmovilización de dióxido de carbono lo cual es muy significativo en la medida que se trata de vegetación de acelerado crecimiento gracias al clima tropical. Estos bosques son el último refugio de especies animales en peligro de extinción como la nutria de río (Lontra longicaudis), los langostinos de agua dulce (Macrobrachium spp), los loros o pericos (Amazona finschi y oratrix) el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y el pavo de monte o "choncho" (Meleagris ocellata) el cual de hecho ya se consideraba extinto pero que aún se encuentra en ese lugar. Así pues, los impactos a este frágil e importante ecosistema resultan imposibles de medir.
En últimas fechas, se ha dado a conocer, las intenciones de la empresa minera Ternium, de explotar y echar andar, en éste municipio Michoacano, específicamente sobre las áreas a que me he referido, el proyecto minero denominado La Colomera, con el que se pretende extraer hierro en las inmediaciones de las áreas antes mencionadas. Se conoce además que dicha empresa ya ha realizado trabajos de exploración, para lo cual, ya han derribado árboles con más de cien años de antigüedad de diversas especies de cedro, rosamoradas, mojos, ceibas y otras, provocando con esto derrumbes que han afectado el río a donde han ido a parar miles de toneladas de lodo y piedras además de los aceites que utilizan las máquinas, maniobras que cuentan con la oposición de los habitantes del municipio y se desconoce si ésta empresa está cumpliendo con la norma y cuenta con los permisos necesarios de las diversas instancias del gobierno.
No debe permitirse el supuesto "desarrollo económico" o la "generación de empleos" a costa del deterioro del medio ambiente, no debe permitirse la inversión de capitales y la explotación de los recursos naturales en beneficio de las grandes empresas, ya que los beneficios monetarios serán siempre para éstas, dejando en estos lugares contaminación, pobreza y despojo a quienes originalmente han vivido o aprovechado sustentablemente estas zonas, sin contar con el daño global que ya se está presentando en todo el planeta.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a vigilar y aplicar, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la normatividad vigente para evitar el daño ambiental en la microcuenca del Cerro de la Aguja, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, debido a la explotación minera que se pretende realizar por parte de la empresa Ternium en el proyecto minero "La Colomera".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo del 2009.
Diputado Rafael Villicaña García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU INICIATIVAS PARA QUE SE CONSIDEREN TERRORISTAS LOS GRUPOS MEXICANOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ, RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan se someta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. El 15 de septiembre de 2008, en el zócalo de la ciudad de Morelia, Michoacán, un grupo de la delincuencia organizada utilizó el terrorismo como método de presión política. La colocación de granadas en contra de población inocente para "infundir dolor y miedo más allá de las víctimas inmediatas y producir alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad y socavar las instituciones del Estado", no puede ser considerado más que como un acto terrorista.
2. Los nuevos enemigos del Estado, llámense traficantes de estupefacientes, tratantes de seres humanos, extorsionadores, secuestradores, traficantes de armas, contrabandistas, perpetran matanzas por doquier, ya sea en Chihuahua, Mérida, Morelia, Tijuana o Ciudad Juárez.
La gravedad de la situación está mostrando las insuficiencias de los mecanismos institucionales y materiales con los que cuenta el Estado mexicano para hacer frente a la delincuencia organizada y para garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Además, las instituciones de nuestro país han permitido altos niveles de corrupción, que dan forma a alianzas tácitas o explícitas entre actores políticos y empresas privadas con organizaciones criminales.
3. De acuerdo con estudios generados por especialistas en temas de narcotráfico, 63 por ciento de los gobiernos municipales en México han sido "infiltrados, corrompidos o feudalizados" por grupos criminales dedicados a cometer diversos tipos de delitos complejos, ligados todos a la delincuencia organizada. Adicionalmente, las mafias mexicanas tienen conexión con otras que operan en 47 naciones, y, como país, México se sitúa en el quinto lugar con más delincuencia organizada en el mundo. Esta grave situación no sólo impacta la seguridad pública, sino en la seguridad nacional y democrática del país.
4. México aprobó y promulgó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), y 46 por ciento de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción, (Convención de Mérida),* ambas en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, la gran mayoría de las normas contenidas en los dos instrumentos internacionales no han sido todavía plasmadas en la legislación nacional, situación que debilita las capacidades del Estado para combatir a la delincuencia organizada.
5. Una de las debilidades de la lucha contra el crimen organizado en México es su escasa incidencia sobre el dinero generado ilícitamente y que aumenta el poderío del hampa. El Estado mexicano tiene insuficiencias institucionales para poner en práctica programas de prevención financiera y del delito. Dependencias, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no realizan investigaciones preventivas en los bancos, ni aportan insumos de inteligencia suficientes para impulsar causas penales a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada que permita dar seguimiento a las transacciones financieras y a las situaciones patrimoniales de las organizaciones criminales y sus caras visibles.
Así, la creación de controles patrimoniales en México, a través de unidades de investigación patrimoniales en cada entidad federativa, sigue siendo una agenda pendiente y una condición necesaria para comenzar a introducir medidas audaces que frenen este proceso de infiltración, corrupción y posterior feudalización en los gobiernos estatales y en el poder político federal.
6. Ante estos nuevos y enormes desafíos, diversos especialistas han señalado la necesidad de establecer los vínculos institucionales a nivel internacional que garanticen una mayor cooperación en materia de combate a la delincuencia transnacional. El marco multilateral puede otorgar al Estado mexicano mayores capacidades institucionales para combatir de manera eficaz las actividades ilícitas operadas por la delincuencia organizada. La pertinencia de llevar a cabo acciones en estos ámbitos se probó con la captura de 175 miembros del cártel del Golfo en Estados Unidos de América e Italia, a fines de octubre de 2008.
7. En la opinión pública se ha generado un estado de ánimo para que los grupos criminales que ejercen la delincuencia organizada sean considerados, a nivel internacional, como grupos terroristas.
8. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una serie de resoluciones destinadas a reforzar la prevención y el combate a actos de terrorismo, independientemente de sus motivaciones. Las resoluciones han establecido, entre otras cosas, la elaboración de una lista mundial de organizaciones terroristas. Del mismo modo, se han hecho llamamientos a los Estados para que cualquier persona que apoye, facilite, participe o intente participar en la financiación, preparación o comisión de acciones terroristas o dé refugio a sus responsables, sea juzgada o extraditada.
9. Estas resoluciones del organismo multilateral por excelencia han establecido también la creación de un grupo de trabajo integrado por todos los miembros del Consejo de Seguridad, que recomienda medidas prácticas contra los terroristas, como congelar sus bienes, detener y procesar a miembros de personas jurídicas ligadas a organizaciones terroristas, impedir que se desplacen de un país a otro, y evitar que adquieran armas. Se ha establecido también un fondo internacional para indemnizar a las víctimas de actos de terrorismo y a sus familias, y cuyos recursos provienen, en parte, de los bienes confiscados a organizaciones o grupos terroristas.
10. Se ha mencionado de manera insistente en nuestro país la necesidad de promover la inclusión de los grupos criminales que participan en actividades de delincuencia organizada, los cuales han decidido utilizar métodos terroristas, en el padrón de organizaciones terroristas formulado por las Naciones Unidas. Se trata de que las organizaciones criminales mexicanas, que han utilizado el terror como método de acción, sean equiparadas con otras organizaciones terroristas mundiales y, de esta forma, la comunidad internacional podrá emprender una lucha frontal contra éstas, buscando no sólo congelar sus bienes y recursos, sino aislándolas de su entorno. El Estado mexicano, para hacer frente a la delincuencia organizada, debe hacer una a la cooperación internacional como una vía adecuada que contribuya a combatir a estos criminales.
Por lo expuesto, ponemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a denunciar, en el marco de la participación de México en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, a las organizaciones criminales mexicanas como responsables de cometer actos de terrorismo, y sean incluidas en la lista mundial de organizaciones terroristas, a fin de que se utilicen contra éstas todos los mecanismos institucionales en el derecho internacional para combatirlas, incluyendo todos los convenios, tratados y la cooperación internacional contra el terrorismo.
Segundo. Se exhorta asimismo a los diversos actores del Estado mexicano a llevar a cabo las acciones conducentes para incorporar en los diversos ordenamientos jurídicos la normatividad de las Convenciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), y de la Convención contra la Corrupción (Convención de Mérida), aprobadas por la ONU.
Nota
* Buscaglia, Edgardo, "Causas de los altos indicadores de corrupción y delincuencia organizada en México: medidas correctivas", en Claudia Cruz Santiago (coordinadora), Mejores prácticas internacionales en materia de combate a la impunidad y la corrupción, México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática-Cámara de Diputados, 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
Diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Raymundo Cárdenas Hernández, José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, José Jacques y Medina (rúbricas).
